SUMARIO

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ASISTENCIA

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del registro de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 275 diputadas y diputados; por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez (a las 11:24 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Martes 23 de septiembre de 2008.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Mesa Directiva.

Dos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Del Congreso de Colima.

De la Junta de Coordinación Política.

Solicitud de particular

Del ciudadano Tomás López Alonso, por el que solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración de la Cruz Oficial de la Orden de Isabel la Católica, que le otorga el Reino de España. (Turno a Comisión)

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que informa que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes de Comercio Exterior en el mes de agosto de 2008, únicamente dieron destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquella que no es transferible a Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Oficios de la Cámara de Senadores

Con el que remite iniciativa que reforma y adiciona la Ley Federal de Derechos, presentada por el senador Luis Alberto Coppola Joffroy, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Dos con los que remite puntos de acuerdo relativos al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2009, presentados por senadores de diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)

Comparecencia de los secretarios de Gobernación, y de Seguridad Pública, y del procurador general de la República, para el desahogo del análisis del Segundo Informe de Gobierno del presidente de la república, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en materia de política interior.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ésta ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves dieciocho de septiembre de dos mil ocho, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia del diputado César Duarte Jáquez

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 286 diputadas y diputados, a las 11 horas con 57 minutos del jueves 18 de septiembre de 2008, el Presidente declara abierta la sesión.

En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensa la lectura al orden del día, al acta de la sesión anterior y aprueba esta última.

Se recibe invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, a la ceremonia cívica del 19 de septiembre de 2008 en el asta de la Plaza de la Solidaridad, con motivo del izamiento de bandera en honor de los caídos en los sismos ocurridos en el Distrito Federal el 19 de septiembre de 1985. Se designa comisión de representación.

La Junta de Coordinación Política expone a consideración del Pleno:

En votación económica, la asamblea aprueba los cambios solicitados.

Presidencia de la diputada Martha Hilda González Calderón

En votación económica, la asamblea autoriza los cambios solicitados.

La Secretaría da lectura a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo al desahogo de las proposiciones con punto de acuerdo en materia de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 registradas en el orden del día. En votación económica, la asamblea lo aprueba.

Remiten oficios las secretarías de:

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

Se recibe proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades de los gobiernos federal, estatal y municipal, a que trabajen coordinadamente en la reubicación de la infraestructura ferroviaria de Morelia, Michoacán, suscrita por los diputados José Luis Espinosa Piña y Felipe Díaz Garibay , del Partido Acción Nacional. Se turna a la Comisión de Transportes.

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo al desahogo de las proposiciones con punto de acuerdo en materia de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, la Secretaría da lectura a éstas, para que en el Proyecto de Presupuesto de Egreso de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para:

La delegación Azcapotzalco, suscrita por el diputado Ramón Pacheco Llanes , del Partido de la Revolución Democrática.

Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

A las 12 horas con 31, se instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de 421 diputadas y diputados.

En votación económica, la asamblea autoriza dar lectura a los siguientes encabezados de dictámenes negativos de las comisiones:

La asamblea aprueba los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

La Secretaría da lectura al dictamen negativo con punto de acuerdo de la Comisión de Transportes, que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Fomento para el Uso de la Bicicleta en Zonas Metropolitanas. Se otorga el uso de la tribuna al diputado Gerardo Villanueva Albarrán , del Partido de la Revolución Democrática, en contra. En votación económica, la asamblea no lo aprueba y se devuelve a la comisión.

Con base en el inciso a) del resolutivo primero del acuerdo aprobado el 11 de septiembre, relativo al desahogo del análisis del Segundo Informe de Gobierno del presidente de la república, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en materia de política exterior, política económica y política social, el Presidente otorga el uso de la palabra durante la primera ronda de intervenciones para referirse a la política social, a los diputados: Santiago Gustavo Pedro Cortés , de Alternativa; Blanca Luna Becerril , de Nueva Alianza; Pablo Leopoldo Arreola Ortega , del Partido del Trabajo; Verónica Velasco Rodríguez , del Partido Verde Ecologista de México; Martha Angélica Tagle Martínez , de Convergencia; Sara Latife Ruiz Chávez , del Partido Revolucionario Institucional; Ana Yurixi Leyva Piñón , del Partido de la Revolución Democrática y Francisco Javier Paredes Rodríguez , del Partido Acción Nacional. En la segunda ronda intervienen los diputados: Armando García Méndez , de Alternativa; Blanca Luna Becerril , de Nueva Alianza; Joaquín Humberto Vela González , del Partido del Trabajo; Luis Alejandro Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México; Ramón Valdés Chávez , de Convergencia;

Presidencia del diputado José Luis Espinosa Piña

Jorge Toledo Luis , del Partido Revolucionario Institucional; Holly Matus Toledo , del Partido de la Revolución Democrática y Martín Óscar González Morán, del Partido Acción Nacional.

Presidencia del diputado César Duarte Jáquez

Durante la tercera ronda participan los diputados: Adolfo Escobar Jardinez , del Partido Acción Nacional; Mayra Gisela Peñuelas Acuña , del Partido Revolucionario Institucional; Miguel Ángel Solares Chávez , del Partido de la Revolución Democrática y Rubí Laura López Silva , del Partido Acción Nacional. El Presidente instruye, de conformidad con el numeral 5 del artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, remitir la versión estenográfica al presidente de la república para su conocimiento.

La Cámara de Senadores remite:

a) Minutas con proyecto de decreto que reforman:

b) Tres puntos de acuerdo relativos al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, presentados por senadores de los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional. Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

c) Acuerdo por el que el Senado de la República, condena enérgica y categóricamente los hechos perpetrados contra la población civil en Morelia, Michoacán, el 15 de septiembre. De enterado. Se remite a la Junta de Coordinación Política.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

Se reciben proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

La Secretaría da lectura a comunicación de la Junta de Coordinación Política, por la que solicita modificar el orden de presentación de las iniciativas inscritas por el Partido de la Revolución Democrática en el orden del día de esta sesión. En votación económica, la asamblea otorga tal solicitud y se concede la palabra al diputado Andrés Lozano Lozano , del Partido de la Revolución Democrática, para la presentación de las iniciativas con proyecto de decreto:

El Presidente clausura la sesión a las 15 horas con 43 minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el martes 23 de septiembre de 2008 a las 11 horas.»

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Aprobada el acta. Continúe la Secretaría.

DICTAMENES NEGATIVOS DE PUNTOS DE ACUERDO

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Mesa Directiva

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo, en sentido negativo, que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria el 22 de septiembre del año en curso, de las siguientes comisiones:

Distrito Federal

Salud

Solicito a ustedes, lo hagan del conocimiento de la honorable asamblea.

«Dictamen de la Comisión del, sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a aceptar y cumplimentar la recomendación número 16/2006, emitida por la Comisión de Derechos Humanos local, relativa al plantón en el corredor Reforma-centro histórico

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión del sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:

I. Antecedentes

1. Con fecha 13 de marzo de 2007, el diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubón, a aceptar y cumplimentar la recomendación 16/2006, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, relativa al plantón en el corredor Reforma-centro histórico.

2. Ese mismo día, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo con la Comisión del de la honorable Cámara de Diputados.

3. En su proposición, el diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, señala:

• Debido al bloqueo se impidió la libre circulación por las avenidas Reforma, Bucareli y Juárez, violándose el derecho al libre tránsito.• Se solicitó que se restableciera el orden en la Ciudad de México, a efecto de que los ciudadanos pudieran circular libremente por la ciudad, pues dicho plantón implicó severos problemas para trasladarse a sus trabajos y domicilios, entre otros.• Las autoridades del Gobierno del Distrito Federal se abstuvieron de ejercitar sus atribuciones y aplicar las normas correspondientes para retirar los bloqueos, a fin de que el tránsito vial se restableciera y los ciudadanos pudieran circular sin problemas. • La implantación de rutas alternas para el tránsito vehicular, así como la comunicación a la ciudadanía de la existencia de dichos trayectos.• Acciones tendientes al diálogo y la comunicación con los dirigentes de los manifestantes para resolver lo conducente.• Dotación de servicios básicos de salud, sanidad y seguridad a los manifestantes, a fin de mantener condiciones de higiene y evitar así la propagación de epidemias, insalubridad o crecimiento del índice delictivo en las zonas afectadas.• Si bien es cierto que estas acciones fueron importantes, no pudieron evitar las afectaciones sufridas por los habitantes y transeúntes de esa entidad, ya que no se salvaguardaron plenamente sus derechos humanos, tal y como quedó manifestado con la presentación de 904 quejas y mil 551 aportaciones de ciudadanos que se vieron afectados por los bloqueos.

II. Consideraciones de la comisión

Primera. Esta comisión considera que tanto la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal como el Gobierno del Distrito Federal ejercieron, en su momento, las atribuciones que, sobre el asunto, tenían, emitiendo las recomendaciones que se consideraron necesarias, en el primer caso, y respondiendo que las acciones recomendadas ya se habían cumplido y que se había priorizado el diálogo, en el segundo caso.

Segunda. En razón de que ha transcurrido un año y cuatro meses desde que se levantó el plantón motivo de la proposición a dictamen, siendo el 15 de septiembre del 2006 cuando ocurrió tal suceso, esta dictaminadora considera que el punto de acuerdo de referencia quedó sin materia, más aún porque los hechos y la recomendación sucedieron en la administración pasada.

Con base en los antecedentes y consideraciones señaladas, las y los legisladores integrantes de la Comisión del nos permitimos poner a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubón, a aceptar y cumplimentar la recomendación 16/2006 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, relativa al plantón en el corredor Reforma-centro histórico, presentada por el diputado Obdulio Ávila Mayo , por tratarse de un asunto que ha quedado sin materia, según consta en las consideraciones del presente dictamen.

«Dictamen de la Comisión del, respecto a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a instaurar en el Presupuesto de Egresos del DF las partidas destinadas a las zonas colindantes con la Cámara de Diputados

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 39, párrafo 1, 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión del someten a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 17 de enero de 2007, la diputada Ruth Zavaleta Salgado , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo por el que esta soberanía exhorta al Gobierno del Distrito Federal a instaurar, con la mayor brevedad, las partidas destinadas al mejoramiento y al mantenimiento urbano y a la seguridad pública en las zonas aledañas a la Cámara de Diputados, establecidas en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 2007.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados instruyó se turnase dicha proposición a la Comisión del para el análisis y la elaboración del dictamen correspondiente.

3. La proposición con punto de acuerdo, materia del presente dictamen, plantea como punto resolutivo el siguiente:

• Proposición con punto de acuerdo de la Mesa Directiva para exhortar al Ejecutivo federal y al Gobierno del Distrito Federal a que proyecten un incremento en el Presupuesto de Egresos de la Federación y del Distrito Federal, respectivamente, para el ejercicio fiscal de 2007.• Proposición con punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Gobierno del Distrito Federal a proyectar un incremento en el Presupuesto de Egresos de la Federación y del Distrito Federal, respectivamente, para el ejercicio fiscal de 2007. -- Colocación y arreglo de luminarias en calles, parques y jardines;-- Instalación, operación y mantenimiento de cámaras en red que cubrirían las zonas circunvecinas del Palacio Legislativo de San Lázaro;-- Adquisición, operación y mantenimiento de unidades móviles para la seguridad pública en la zona, objeto de este dictamen;-- Instrumentación de una campaña de información sobre prevención del delito y cultura cívica;-- Incremento del número de efectivos policiales pie-tierra en la zona;-- Mejora de áreas verdes, carpeta asfáltica, guarniciones, banquetas, alumbrado público, balizamiento y señalamientos, cuyas obras están a cargo de la delegación Venustiano Carranza; y-- Fortalecimiento de las acciones de justicia cívica del Ministerio Público y de la Policía Judicial del Distrito Federal en la zona.

La nota señala que el jefe delegacional Julio César Moreno afirmó que ``es un recurso federal que nos aprobó el Congreso de la Unión desde el año pasado''.

II. Consideraciones

Primera. De las proposiciones mencionadas en el inciso f) del punto 3 de los antecedentes de este dictamen, sólo consta la aprobación de manera económica de la proposición con punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, presentada el 18 de diciembre de 2006, instruida para ser comunicada en la misma fecha y publicada en la Gaceta Parlamentaria el 20 de diciembre del mismo año. ²

Segunda. En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, aprobado por la Cámara de Diputados, específicamente en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Ramo General 33, ``Aportaciones federales para entidades federativas y municipios'', no se detectó el monto por 247 millones 143 mil 300 pesos a los que hace alusión la proposición objeto del presente dictamen.

Es decir, el monto que debió incluirse en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, ya concluido, cuyo ejercicio la proponente pretendía que se exhortara, no fue incluido en el decreto aprobado por esta Cámara de Diputados.

Tercera. No obstante no haber sido considerado en el Presupuesto federal, la Asamblea Legislativa incluyó en el transitorio séptimo del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal de 2007 la obligación del gobierno de la ciudad para destinar 247 millones 143 mil 300 pesos del Ramo 33 en los términos señalados en el antecedente 3 inciso i) de este dictamen.

Es decir, la Asamblea Legislativa reguló un Presupuesto federal no incluido por la Cámara de Diputados en ese mismo año.

Cuarta. Al analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, se observó que en el Ramo 23, ``Previsiones salariales y económicas'', se establece una partida de 250 millones de pesos para infraestructura ``en la demarcación territorial donde se asientan los Poderes Legislativo y Judicial''.

Quinta. La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal informó que para el ejercicio del monto señalado en el punto anterior, se debería cumplir con lo que se estableciera en el convenio que, para tal efecto, deberían celebrar el Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, una vez transferidos los recursos de la federación al Distrito Federal, éstos fueran ejercidos por la propia delegación Venustiano Carranza. Hasta el 18 de marzo del presente año dicho convenio se encontraba en proceso de protocolización según la comunicación oficial turnada a esta comisión por el Gobierno del Distrito Federal, reseñada en el numeral 5 de los antecedentes.

Sexta. De acuerdo con la declaración del jefe delegacional de Venustiano Carranza mencionada en el antecedente 6 de este dictamen, el 3 de junio de 2008 dicha delegación ya había recibido los 250 millones de pesos presupuestados por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal de 2008, por el mismo concepto que el planteado para el presupuesto de 2007.

Séptima. En conclusión, derivado de las seis consideraciones anteriores, no procede exhortar al Gobierno del Distrito Federal a instaurar, con la mayor brevedad, las partidas destinadas al mejoramiento, mantenimiento urbano y seguridad pública en las zonas aledañas a la Cámara de Diputados, establecidas en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2007, ya que se incluyeron sin fondos determinados en el presupuesto federal de ese año. En todo caso, la partida similar dispuesta en el Presupuesto de 2008 ya fue entregada a la delegación Venustiano Carranza.

Con base en los antecedentes y consideraciones señaladas, los integrantes de la Comisión del nos permitimos poner a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que esta soberanía exhorta al Gobierno del Distrito Federal a instaurar, con la mayor brevedad, las partidas destinadas al mejoramiento, mantenimiento urbano y seguridad pública en las zonas aledañas a la Cámara de Diputados establecidas en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2007 por encontrarse sin materia, de conformidad con las consideraciones expresadas en el presente dictamen.

Notas: 1 Valdez, Llich. Citada, 3 de junio de 2008. Disponible en internet: www.reforma.com.2 Diario de los Debates, año 1, sesión 36, del 19 de diciembre de 2006, y Gaceta Parlamentaria, año X, número 2156, del miércoles 20 de diciembre de 2006. En esta proposición, la Junta de Coordinación Política hizo suya bajo los mismos términos la proposición con punto de acuerdo suscrita por integrantes de la Mesa Directiva el 14 de diciembre de 2006.

«Dictamen de la Comisión del, relativo a la proposición con punto de acuerdo para exhortar al jefe del Gobierno del Distrito Federal a iniciar las acciones necesarias para regularizar la problemática que enfrenta el ejido Poblado Xochimilco

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión del sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 22 de diciembre de 2004, el diputado Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, una proposición con punto de acuerdo para exhortar al jefe de Gobierno del Distrito Federal a iniciar las acciones necesarias para regularizar la problemática que enfrenta el ejido Poblado Xochimilco.

2. Ese mismo día la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión del.

3. La proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen plantea, en su único resolutivo, que el jefe de Gobierno del Distrito Federal:

4. Dicho resolutivo propuesto se basa en los siguientes antecedentes:

5. En sus considerandos, el proponente manifiesta:

6. Con fecha 7 de marzo del 2008 esta dictaminadora solicitó información al Gobierno del Distrito Federal respecto del tema que nos ocupa, recibiendo dos respuestas:

Ley Agraria Artículo 22. El órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios.El comisariado ejidal llevará un libro de registro en el que asentará los nombres y datos básicos de identificación de los ejidatarios que integran el núcleo de población ejidal correspondiente. La asamblea revisará los asientos que el comisariado realice conforme a lo que dispone este párrafo.Artículo 23. La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos:I. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido;II. Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones;III. Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de sus miembros;IV. Cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de poderes y mandatos;V. Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras de uso común;VI. Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido;VII. Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización;VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios;IX. Autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad, en los términos del artículo 75 de esta ley;X. Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común así como su régimen de explotación;XI. División del ejido o su fusión con otros ejidos;XII. Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia;XIII. Conversión del régimen ejidal al régimen comunal;XIV. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva; yXV. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido.Artículo 25. La asamblea deberá celebrarse dentro del ejido o en el lugar habitual, salvo causa justificada. Para ello, deberá expedirse convocatoria con no menos de ocho días de anticipación ni más de quince, por medio de cédulas fijadas en los lugares más visibles del ejido. En la cédula se expresarán los asuntos a tratar y el lugar y fecha de la reunión. El comisariado ejidal será responsable de la permanencia de dichas cédulas en los lugares fijados para los efectos de su publicidad hasta el día de la celebración de la asamblea.La convocatoria que se expida para tratar cualesquiera de los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, deberá ser expedida por lo menos con un mes de anticipación a la fecha programada para la celebración de la asamblea.Si el día señalado para la asamblea no se cumplieran las mayorías de asistencia requeridas para su validez, se expedirá de inmediato una segunda convocatoria. En este caso, la asamblea se celebrará en un plazo no menor a ocho ni mayor a treinta días contados a partir de la expedición de la segunda convocatoria.Artículo 26. Para la instalación válida de la asamblea, cuando ésta se reúna por virtud de primera convocatoria, deberán estar presentes cuando menos la mitad más uno de los ejidatarios, salvo que en ella se traten los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23, en cuyo caso deberán estar presentes cuando menos tres cuartas partes de los ejidatarios.Artículo 31. De toda asamblea se levantará el acta correspondiente, que será firmada por los miembros del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia que asistan, así como por los ejidatarios presentes que deseen hacerlo. En caso de que quien deba firmar no pueda hacerlo, imprimirá su huella digital debajo de donde esté escrito su nombre.Cuando exista inconformidad sobre cualesquiera de los acuerdos asentados en el acta, cualquier ejidatario podrá firmar bajo protesta haciendo constar tal hecho.Cuando se trate de la asamblea que discuta los asuntos establecidos en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, el acta deberá ser pasada ante la fe del fedatario público y firmada por el representante de la Procuraduría Agraria que asistan a la misma e inscrita en el Registro Agrario Nacional.Artículo 148. Para el control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental derivados de la aplicación de esta ley funcionará el Registro Agrario Nacional, como órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria, en el que se inscribirán los documentos en que consten las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal. El registro tendrá además una sección especial para las inscripciones correspondientes a la propiedad de sociedades.Reglamento de la Ley Agraria en materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Artículo 60. Las actas que se levanten de las Asambleas a que se refiere el artículo 80 de este reglamento, se remitirán para su inscripción al Registro. Dichas actas servirán de base para la expedición de los certificados y títulos correspondientes.Artículo 61. El Registro verificará que tales actas contengan los siguientes elementos:I. Fecha de convocatoria;II. Lugar y fecha de celebración de la Asamblea;III. Participantes en la Asamblea, debiéndose especificar el número total de ejidatarios asistentes a la misma y el porcentaje que éste representa del total de ejidatarios;IV. Orden del día que especifique los puntos a tratar en la Asamblea;V. Acuerdos recaídos sobre cada uno de los asuntos comprendidos en el orden del día, con indicación del sentido de la votación y la expresión del porcentaje correspondiente;VI. Firma o, en su caso,- huella digital de los integrantes del Comisariado, del Consejo de Vigilancia, del Presidente y Secretario de la Asamblea, del representante de la Procuraduría y del fedatario público yVII. Certificación del fedatario público asistente a la Asamblea, de que lo asentado en el acta corresponde a lo tratado en la misma, en les términos del penúltimo párrafo del artículo 8º de este reglamento.Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional Artículo 25. Las delegaciones tendrán las siguientes atribuciones:I. Ejercer la función registral mediante la calificación, inscripción y la certificación de los asientos de los actos y documentos objeto de registro;II. Inscribir los siguientes actos y documentos:a) Las resoluciones judiciales o administrativas a través de las cuales se constituyan, modifiquen o extingan los núcleos agrarios;b) El testimonio de la escritura pública de la constitución de un ejido;c) Las actas de delimitación, destino y asignación de las tierras al interior de los núcleos agrarios;d) Los decretos de expropiación, sus actas de ejecución, en su caso, las resoluciones de reversión, así como los convenios de ocupación previa sobre tierras ejidales o comunales;e) Los títulos primordiales de comunidades;f) Los planos generales e internos de los núcleos agrarios;g) Los acuerdos de asamblea relativos a la conversión del régimen ejidal al comunal y viceversa; fusión y división de ejidos; cambio de destino de tierras de uso común; adopción de dominio pleno; aportación de tierras de uso común a sociedades; permuta de derechos parcelarios y de incorporación de tierras al régimen ejidal y la terminación del régimen ejidal;h) Los contratos de asociación o aprovechamiento que celebren los núcleos agrarios o los ejidatarios y comuneros respecto de sus tierras, cuando así lo soliciten, así como el otorgamiento del usufructo en garantía a que se refiere el artículo 46 de la Ley;i) Los acuerdos contenidos en las actas relativas a la elección o remoción de los órganos ejidales y comunales, así como el otorgamiento de poderes y mandatos, cuando así lo solicite el interesado;j) Los reglamentos internos de ejidos y estatutos comunales;k) El acta constitutiva de las formas asociativas para la explotación de parcelas con destino específico y sus modificaciones;l) El acta de constitución de la junta de pobladores y su reglamento cuando así se solicite;m) El acta de instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva;n) La transmisión de derechos individuales por sucesión, la enajenación de derechos sobre tierras de uso común y de derechos parcelarios, así como la renuncia de derechos sobre tierras ejidales;o) El acta de aceptación y separación de ejidatarios, así como el reconocimiento de posesionarios;p) Los certificados de derechos sobre tierras de uso común y los parcelarios;q) Las actas constitutivas de las uniones de ejidos y comunidades, de las asociaciones rurales de interés colectivo, de las sociedades de producción rural, de las uniones de sociedades de producción rural, de las sociedades de solidaridad social y de las federaciones de sociedades de solidaridad social y, en su caso, las modificaciones que sufran en su estructura y objeto social las referidas personas morales;r) La solicitud de los terrenos denunciados como baldíos;s) Las declaratorias de los terrenos nacionales, así como los títulos que se originen;t) Los reglamentos internos de las colonias agrícolas y ganaderas, los títulos de propiedad que se expidan por la adopción del dominio pleno, los cambios y los traslados de derechos sobre dichas tierras y los acuerdos de cancelación, yu) Los demás documentos que contengan actos jurídicos que conforme a la Ley y sus reglamentos, deban inscribirse.III. Integrar y remitir a la Dirección General de Registro los expedientes relativos a la aportación de tierras de uso común a sociedades civiles o mercantiles; a la adopción de dominio pleno de ejidos y colonias agrícolas y ganaderas, y la terminación del régimen ejidal, para efectos de su calificación y autorización para su inscripción;IV. Efectuar cuando proceda, la reposición de los folios y, en su caso, las rectificaciones y anotaciones preventivas en los asientos regístrales, así como llevar a cabo las tildaciones a que hubiere lugar;V. Llevar el inventario de las listas de sucesión que depositen los ejidatarios y comuneros;VI. Llevar a cabo el control, expedición y entrega de los certificados y títulos que prevé la Ley, así como la destrucción de éstos, cuando así proceda;VII. Cancelar cuando proceda conforme a derecho, la inscripción de los certificados parcelarios, de derechos de uso común, los planos internos o de grandes áreas y censos ejidales;VIII. Proporcionar orientación a los usuarios que lo soliciten sobre los requisitos de procedibilidad en materia de registro;IX. Llevar a cabo la edición y publicación del Boletín Registral, conforme a los lineamientos que emita la Dirección General de Titulación y Control Documental;X. Notificar periódicamente a las direcciones generales competentes, los avances programáticos y estadísticos, resultado de la regularización en la tenencia de la tierra y el control documental;XI. Resguardar los sistemas de información y archivo;XII. Proporcionar la información o apoyos relativos que sean requeridos al Registro por dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, Gobiernos Estatal o Municipal, o por los núcleos agrarios;XIII. Solicitar a las autoridades federales, estatales y municipales la información estadística, documental, técnica, catastral y de planificación que requiera para el mejor desempeño de sus actividades;XIV. Coordinarse, en términos de los acuerdos y convenios respectivos, con los gobiernos de cada Entidad Federativa, notarios públicos, corredores públicos, oficinas de catastro, registros públicos de la propiedad y del comercio y demás dependencias federales, estatales o municipales cuyas funciones le sean afines;XV. Mantener actualizado estadísticamente el Historial Agrario, a través de la captura de la información de las acciones que modifiquen la estructura agraria;XVI. Ejecutar los trabajos técnicos, topográficos y cartográficos para la integración de los expedientes de los predios rurales que con base en la Ley y sus reglamentos corresponda realizar;XVII. Realizar los trabajos de integración y actualización del catastro rural de acuerdo a los lineamientos que se emitan;XVIII. Revisar, validar, certificar y actualizar los planos internos de los ejidos, los individuales de las tierras parceladas, los de uso común y asentamiento humano, así como expedir copia certificada de los mismos;XIX. Remitir los materiales fotogramétricos, así como los medios magnéticos de los productos topográficos y cartográficos a la Dirección General de Catastro Rural, yXX. Compilar y clasificar las leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y demás disposiciones legales relacionadas con la esfera de competencia del Registro.Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal Artículo 48 Bis. Corresponde a la Dirección General de Asuntos Agrarios del Distrito Federal fungir como una unidad de consulta, coordinación, concertación y ejecución de acciones, para la inmediata atención de asuntos y conflictos en materia agraria, así como la realización de estudios y acciones que permitan la promoción de políticas que fomenten la actividad agraria en el Distrito Federal y cuenta con las siguientes atribuciones:I. Coadyuvar a la atención integral de las demandas campesinas, proponiendo programas y acciones dirigidas a su solución;II. Promover la coordinación entre el sector agrario y la Administración Pública, para procurar la regularización de la propiedad rural;III. Ejecutar las políticas en materia agraria de la Administración Pública, con relación a la tenencia de la tierra;IV. Asesorar y atender a los poseedores rurales, así como a las organizaciones que éstos conformen, en los trámites relativos a la regularización de sus tierras, así como para gestionar, preparar y ejecutar proyectos de capacitación agraria para propietarios y poseedores rurales;V. Emitir opinión, sobre la ubicación de predios, que sirvan para determinar si los mismos se encuentran en terrenos rurales;VI. Coadyuvar con la Dirección General de Regularización Territorial, así como con la Coordinación para la Regularización Territorial de la Tenencia de la Tierra, para que inicien el procedimiento correspondiente para la regularización de la propiedad rural;VII. Coordinarse con la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, en el seguimiento de los programas y acciones del fomento agropecuario para el Distrito Federal;VIII. Promover la celebración de convenios entre las dependencias de la Administración Pública y las organizaciones de propietarios rurales del Distrito Federal para el apoyo y fomento en materia agraria;IX. Intervenir como una instancia conciliadora que permita solucionar los conflictos en materia agraria;X. Promover convenios de coordinación en materia agraria entre las dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal y del Distrito Federal;XI. Integrar un sistema de información agraria que dé a conocer las necesidades de ese sector en el Distrito Federal;XII. Elaborar estudios para realizar el diagnóstico de las necesidades de organización y capacitación agraria, así como proponer las políticas para el desarrollo de ese sector; yXIII. Analizar la problemática a la que se enfrenten los grupos y núcleos agrarios del Distrito Federal y emitir opinión sobre alternativas de solución.

II. Consideraciones de la comisión

Primera. Del asunto expuesto por el proponente y la transcripción de la normatividad correspondiente, se desprende que su competencia corresponde a las autoridades agrarias nacionales, tanto al Registro Agrario Nacional, la Secretaría de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria y, en su caso los Tribunales Agrarios.

Segunda. De los hechos que refiere el proponente como posiblemente constitutivos de delito, en su momento debieron ser puestos en conocimiento de la autoridad investigadora y persecutora de los delitos, el Ministerio Público, de lo cual no se menciona si ocurrió o no.

Tercera. Los servidores públicos que señala el proponente como presumiblemente responsables de haber cometido hechos delictivos, como consta de la respuesta dada por la Dirección de Asuntos Agrarios de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, dejaron de serlo en las fechas indicadas, por lo que su responsabilidad dejó de ser oficial para ser del orden común.

Cuarta. Con base en los antecedentes y consideraciones señaladas, las y los legisladores integrantes de la Comisión del señalamos que la proposición con punto de acuerdo para exhortar al jefe de Gobierno del Distrito Federal a que inicie las acciones necesarias para regularizar la problemática que enfrenta el ejido Poblado Xochimilco es improcedente, por lo que debe desecharse, por lo que nos permitimos poner a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar al jefe de Gobierno del Distrito Federal a que inicie las acciones necesarias para regularizar la problemática que enfrenta el ejido Poblado Xochimilco, presentada por el diputado Jorge Triana Tena, por tratarse de un asunto que excede de las facultades jurídicas y políticas de la honorable Cámara de Diputados.

«Dictamen de la Comisión de Salud, respecto a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Chihuahua a implantar acciones tendentes a garantizar a los habitantes del estado el acceso a los programas de salud relativos a la atención, prevención y terminación del tratamiento de la tuberculosis, con miras a erradicarla

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la honorable Cámara de Diputados, LX Legislatura, le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo de Chihuahua a implantar, de manera oportuna, acciones que garanticen a los habitantes del estado el acceso equitativo y urgente de los programas de salud relativos a la atención, prevención y terminación del tratamiento de la tuberculosis con miras a erradicarla. Presentada por la diputada María Soledad Limas Frescas , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Los integrantes de esta comisión, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1 y 3; 43, 44, 45, numeral 6, inciso e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

Con fecha 30 de abril de 2008, la diputada María Soledad Limas Frescas , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo de Chihuahua a implantar, de manera oportuna, acciones que garanticen a los habitantes del estado el acceso equitativo y urgente de los programas de salud relativos a la atención, prevención y terminación del tratamiento de la tuberculosis, con miras a erradicarla.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó dicha propuesta a la Comisión de Salud para su estudio, por lo que, llegado el momento, emite el siguiente dictamen.

II. Contenido de la proposición

La promovente señala que en Chihuahua la tuberculosis no es aún una enfermedad derrotada: cada día cobra vidas y, por tanto, es obligación del Ejecutivo local garantizar la atención, prevención y terminación del tratamiento, con miras a erradicarla, con el conocimiento de que es una enfermedad infecciosa que a nivel comunitario es controlable y al individual curable, y que existen variedades resistentes al tratamiento tradicional.

Conforme datos plasmados en la exposición de motivos, las acciones tomadas por gobiernos anteriores permitieron que durante los últimos 10 años la morbilidad por tuberculosis pulmonar mantuviera una tendencia estacionaria durante la primera mitad de la década, ascendente a partir de 1994, alcanzando una cifra máxima de 20.6 casos por 100 mil habitantes en 1998, para descender hasta 15.6 casos por 100 mil habitantes en 2000.

Continua exponiendo que ``en la actualidad se registran 16.2 casos nuevos y 3.2 defunciones por tuberculosis pulmonar por cada 100 mil habitantes, lo que indica un crecimiento de 0.6 por ciento de la enfermedad con relación a 2000. Asimismo, hay acumulados 400 casos de tuberculosis farmacorresistentes, los cuales requieren acciones específicas y más costosas''.

También señala que, según datos estatales, en 2005 se registraron 522 casos de tuberculosis, siendo las ciudades con más casos registrados Chihuahua y Juárez, por tener mayor índice de población; la sierra Tarahumara es aún más vulnerable por las condiciones sociales y climáticas, de tal manera que a la fecha los índices de contagio han ido en constante aumento.

Asimismo, señala que es necesario se redoblen esfuerzos para combatirla, pues si una persona no concluye su tratamiento, pone en riesgo la salud de sus familiares, compañeros de trabajo o cualquier persona que conviva de manera estrecha con ella, ya que es posible el contagio de manera directa.

Por otro lado, se pone en riesgo la vida del paciente, debido a que esta infección puede ocasionar problemas graves como insuficiencia respiratoria, diseminación de la infección hacia órganos vitales y finalmente la muerte.

Por ello, para la promovente, es urgente que una persona contagiada por la tuberculosis acabe su tratamiento y que al final de éste le sea expedido un certificado médico que conste el alta del paciente, previniendo y controlando la enfermedad, ya que de esa manera se reducen los riesgos de enfermar y de morir por ésta.

Lo anterior, en virtud de que las personas que no concluyen su tratamiento o que han sido tratadas en forma inadecuada pueden quedar infectadas e infectar a otras. Estos casos crónicos a menudo llevan el bacilo en los pulmones, que se han vuelto resistentes a las drogas antituberculosis, y, al infectar a otras, éstas contarán con la misma resistencia a la droga. Cuando la enfermedad se desarrolla en tales casos, es mucho más costoso y difícil tratarla que una tuberculosis normal, y con mayor posibilidad de ser fatal.

Por todo lo anterior, la diputada propone, con este punto de acuerdo, que la población tenga acceso al diagnóstico y al tratamiento de la enfermedad, que se aseguren la atención de excelencia mediante un diagnóstico efectivo y la curación segura con tratamiento estrictamente supervisado y asimismo concluido.

III. Consideraciones

Primera. En primer término, sin duda, los integrantes de la comisión valoramos la inquietud y preocupación de la diputada María Soledad Limas Frescas , en relación con la tuberculosis en Chihuahua. No obstante, es menester señalar que, desde su título y fundamentos legales que arguye la proponente, propicia cierta confusión, pues entendemos que la preocupación es con respecto a toda la población del estado; no obstante, al consignar que su propuesta es con fundamento en el artículo 2, apartado B, de nuestra Constitución, nos lleva a entender que su propuesta se refiere sólo a los grupos indígenas del estado, concretamente a los localizados en la sierra Tarahumara. No obstante, con la mejor disposición, la entenderemos referida a toda la población del estado, incluidos, por supuesto, los grupos indígenas del estado.

Segunda. Con datos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, la tuberculosis es causada por la bacteria Micobacterium tuberculosis, también llamado bacilo de Koch.

Es una enfermedad grave que daña principalmente los pulmones, aunque puede estar también en pleura, ganglios, genitales, riñones, sistema nervioso, huesos, articulaciones, corazón, piel, intestinos, laringe, peritoneo y ojos. Afecta a todas las edades, principalmente a los mayores de 15 años de edad. Es igual en hombres que en mujeres. Un enfermo sin tratamiento contagia a 10 o 15 personas en un año. Y advierte que, siguiendo el tratamiento adecuado y de manera integral, es curable. Asimismo que, sin tratamiento, 50 por ciento de enfermos muere en un periodo de 5 años. Y que el riego se incrementa en pacientes con bajo peso, desnutridos, contagiados con VIH-sida, diabéticos, con insuficiencia renal, cáncer, silicosis, gastrectomizados o con abuso de drogas.

Asimismo, señala que la tuberculosis se contagia, de una persona enferma a otra sana, a través de la inhalación de pequeñas gotas de saliva esparcidas en el aire ambiental. La dispersión de secreciones respiratorias en el ambiente se propicia cuando una persona enferma tose, estornuda, escupe, habla, canta o arroja saliva, ya que contiene una gran cantidad de bacilos responsables de la tuberculosis.

El propio instituto también señala que si el enfermo no es tratado adecuadamente o no concluye el tratamiento corre el riesgo de no curarse, tener una recaída o, lo que es peor, generar resistencia a los medicamentos, lo cual implica reducir a menos de la mitad la posibilidad de cura. Esto último, siempre y cuando existan los medicamentos.

Finalmente señala que la tuberculosis se pude prevenir de dos formas: la primera, identificando oportunamente a los enfermos y asegurando su total curación para no contagiar a otras personas; y, la segunda, aplicando la vacuna BCG a todos los niños desde el nacimiento.

Y que en el mundo y en México se considera el problema de la tuberculosis como muy grave, pues se estima que, a nivel mundial, 8 millones de personas la padecen y hasta 2.5 millones mueren. Y, en México, a la fecha, se identifican anualmente15 mil casos nuevos, muriendo 2 mil en ese mismo lapso. De éstos, 10 por ciento se asocian con el VIH-sida, y 15 por ciento con diabetes confirmada.

Tercera. En el caso concreto de Chihuahua, las autoridades de esa entidad refieren, lo que la promovente también consigna, que en el estado, al igual que en el resto del mundo y que el país, aún se padece tuberculosis. Que en 2005 se presentaron 522 casos y la ciudades con mayores problemas fueron las de Chihuahua y Ciudad Juárez, por sus características demográficas, al igual que en la sierra Tarahumara; achacando, estos casos, al abandono del tratamiento por parte de los pacientes.

Cuarta. Por otra parte, el sistema nacional de salud, bajo la coordinación de la Secretaría de Salud, en el caso de la tuberculosis, ha desplegado un amplio programa y acciones a nivel nacional con el propósito de ofrecer a la mayoría de la población, y en especial a los grupos más vulnerables de la sociedad, el acceso a los servicios y tratamientos que permitan prevenir, atender y erradicar este grave problema de salud.

Quinta. Por ello, Chihuahua se ha incorporado al Programa de Acción Tuberculosis 2007-2012, en el marco del Programa Nacional de Salud y el programa Alto a la Tuberculosis, los cuales están compuestos por equipos multidisciplinarios e interinstitucionales y cuentan con la participación de todas las entidades federativas para fortalecer las alianzas estratégicas contra la tuberculosis.

Sexta. No obstante, esta comisión considera necesario mejorar el sistema de información, consolidando sectorialmente el registro de casos y su vigilancia epidemiológica, en lo que respecta a la morbilidad, de acuerdo a información proporcionada por la Dirección General de Servicios de Salud del estado, en un comparativo nacional, avalado por el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, se observa un franco descenso en el número de casos y defunciones, respectivamente, con una tasa de morbilidad de 6.42 en el estado, llegando a 2.11 en 2005. Por otra parte, la tasa de mortalidad estatal observada en 1995 fue de 23.08, disminuyendo a 15.1 en 2005. Ambas tasas son por cada 100 mil habitantes.

Séptima. A la fecha, Chihuahua, en cuanto al acceso para el diagnostico y tratamiento de esta enfermedad, y el sistema de salud, a través de los servicios de salud, ofrecen la detección oportuna gratuita por medio de baciloscopias (estudio de flema) en todos los centros de salud del estado, realizándose, el año pasado, 30 mil 751, con un incremento de más del doble en los últimos 7 años.

En cuanto a la prevención, la Secretaría de Salud del estado, mediante la aplicación de la vacuna BCG, en 2007 alcanzó una cobertura sectorial de 99.39 por ciento en menores de 1 año (42 mil 388 dosis) y de 99.87 por ciento en menores de 5 años (287 mil 137 dosis).

Esta cobertura la realiza la Secretaría del Salud del estado con personal capacitado para implantar, de manera gratuita, el programa Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado, el cuál es implantado para prevenir la farmacorresistencia del bacilo.

Octava. En adición a lo anterior, la Secretaría de Salud del estado realiza una constante investigación básica y epidemiológica con la finalidad de una mejora continua de los programas para prevenir y erradicar dicha enfermedad.

De esta forma, y por todo lo anterior, los integrantes de la comisión consideramos que los programas y acciones nacionales y estatales vigentes atienden y satisfacen la preocupación de la diputada María Soledad Limas Frescas . Por tanto, con base en la normatividad y las atribuciones conferidas a esta comisión, sometemos ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados, LX Legislatura, el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo de Chihuahua a implantar, de manera oportuna, acciones que garanticen a los habitantes del estado el acceso equitativo y urgente de los programas de salud relativos a la atención, prevención y terminación del tratamiento de la tuberculosis con miras a erradicarla, presentada por la diputada María Soledad Limas Frescas , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 30 de abril de 2008.

«Dictamen de la Comisión de Salud, sobre el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa y a la Secretaría de Salud a llevar a cabo medidas de seguridad en rastros, carnicerías y tiendas de autoservicio para realizar monitoreos permanentes y expedir certificados de explotaciones pecuarias libres de clembuterol

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud fue turnada para su estudio y posterior dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa y a la Secretaría de Salud a llevar a cabo medidas de seguridad en rastros, carnicerías y tiendas de autoservicio para realizar monitoreos permanentes y expedir certificados de explotaciones pecuarias libres de clembuterol, a cargo del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que le otorgan los artículos 39, numerales 1 y 3, 43, 44 y 45 y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente:

Metodología

La comisión encargada del análisis y dictamen del punto de acuerdo mencionado anteriormente desarrolló su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

I. Antecedentes

En sesión celebrada el 8 de abril de 2008 el Pleno de la Cámara Diputados, el diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , en nombre propio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo a fin de exhorta a la Sagarpa y a la Secretaría de Salud a llevar a cabo medidas de seguridad en rastros, carnicerías y tiendas de autoservicio para realizar monitoreos permanentes y expedir certificados de explotaciones pecuarias libres de clembuterol.

Con fecha 30 de abril de 2008, la Mesa Directiva de este órgano legislativo turnó la mencionada proposición a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

El diputado promoverte comienza la exposición de motivos de su punto de acuerdo comentando que desde el comienzo de la utilización de los animales como proveedores de alimentos para los seres humanos, el hombre ha buscado una continua mejora de la productividad. Las mejoras en el rendimiento de las producciones animales conseguidas en los últimos años son espectaculares, debido al uso desmedido de productos químicos, pero a cambio de ello se han afectado la biodiversidad y, peor aún, la salud de los consumidores. Los primeros datos que se tienen sobre el empleo de betaagonistas como promotores del crecimiento datan de los años ochenta.

Una de las principales preocupaciones del diputado firmante es que aunque la toma de conciencia generalizada sobre el deterioro ambiental fue ampliamente mostrada desde finales de los años ochenta, en la actualidad las tendencias de deterioro se mantienen y se repiten los errores del pasado: suelos infectados con nitratos, agua contaminada con antibióticos, y carne contaminada con clembuterol.

Como referencia a algunos de los principales síntomas que la carne contaminada con clembuterol origina en los humanos, el promovente menciona los siguientes: temor, nerviosismo, taquicardia, fibrilación cardiaca, cefalea, insomnio, incremento de la presión sanguínea, vértigos, náuseas, dolor de pecho, aumento de la sudoración, boca seca y calambres musculares, que duran en promedio 40 horas.

Algunas de las consideraciones expresadas por el diputado promovente indican que las intoxicaciones detectadas en nuestro país han sido producidas por el consumo de hígado con residuos de clembuterol. En un periodo de cinco años (2002-2006) se registraron 192 brotes de intoxicación por clembuterol, con un total de mil 300 casos sin presentar hasta el momento defunciones. Específicamente en Chiapas, Jalisco y Veracruz se ha encontrado mayor presencia de uso de clembuterol en la alimentación de ganado bovino.

Para finalizar el diputado Arnulfo Elías Cordero busca con su punto de acuerdo las siguientes acciones:

III. Consideraciones

Primera. Las dependencias mencionadas en el punto de acuerdo en cuestión, llevan a cabo acciones, dentro del ámbito de su competencia, para la erradicación del uso del clembuterol.

Segunda. La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en coordinación con las autoridades estatales encargadas de la regulación sanitaria, realizan visitas de verificación para el muestreo de carne de bovino para la detección de clembuterol en rastros, carnicerías y tiendas de autoservicios, si llega a detectarse una muestra de esta sustancia, se realizan las acciones de seguimiento que permitan identificar al introductor o ganadero responsable de la contaminación con el fin de retroalimentar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para que en el ámbito de su competencia, aplique las medidas correspondientes.

Tercera. Durante 2008 se ha realizado, por parte de la Cofepris, la toma de 270 muestras de carne de las cuales 19 resultaron positivas a clembuterol, lo anterior fue notificado por la Cofepris a la Sagarpa para lo conducente.

Cuarta. Por ultimo el pasado 25 de julio del 2007, fue publicada la Ley Federal de Sanidad Animal, la cual viene a reforzar las acciones tomadas por las secretarías antes mencionadas, y cuya finalidad es fijar las bases para: el diagnóstico, prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas que afectan a los animales; procurar el bienestar animal; regular las buenas prácticas pecuarias aplicables en la producción primaria y establecimientos Tipo Inspección Federal dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano. Así como también establece sanciones las cuales serán administrativas, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delitos.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan el artículo 73, fracción XVI, y el último párrafo del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, emitimos el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa y a la Secretaría de Salud a llevar a cabo medidas de seguridad en rastros, carnicerías y tiendas de autoservicio para realizar monitoreos permanentes y expedir certificados de explotaciones pecuarias libres de clembuterol, a cargo del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentada el 8 de abril del 2008.

«Dictamen de la Comisión de Salud, respecto a la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud y a la Conagua, a investigar los altos índices de contaminación con arsénico en el agua potable de la región de los Altos de Jalisco

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, LX Legislatura, fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud y a la Conagua, para que investiguen los altos índices de contaminación con arsénico en el agua potable de la región de los Altos de Jalisco, presentada por la diputada Martha Angélica Romo Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Los integrantes de esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1o. y 3o.; 43; 44; 45, numeral 6, inciso e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

El 30 de abril de 2008, la diputada Martha Angélica Romo Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud y a la Conagua, para que investiguen los altos índices de contaminación con arsénico en el agua potable de la región de los Altos de Jalisco.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, turnó dicha propuesta a la Comisión de Salud para su estudio, por lo que llegado el momento, emite el siguiente dictamen.

II. Contenido de la proposición

La diputada promovente, basa su proposición en un artículo publicado el 31 de octubre de 2006, en la Revista Panamericana de Salud Pública, en donde se dio a conocer un estudio en donde su objetivo principal era determinar el grado de contaminación con arsénico del agua potable en la región de los Altos de Jalisco y estimar el nivel de exposición que enfrentan los habitantes de esa zona. El estudio se realizó en 129 pozos, de 17 cabeceras municipales de la región.

El resultado de esta investigación, fue que en 44 (34 por ciento) de los 129 pozos, se encontraron concentraciones de arsénico superiores al límite de 25 mg/l, establecido en la norma nacional mexicana. Las concentraciones media de arsénico total en los 129 pozos estuvieron entre 14,7 mg/l y 101,9 mg/l. Las mayores concentraciones se hallaron en las muestras de agua recolectadas en los pozos de Mexticacán (262,9 mg/l), Teocaltiche (157,7 mg/l) y San Juan de los Lagos (113,8 mg/l).

De lo anterior se concluyó que si se toma en cuenta la concentración general de todos los pozos de cada una de las ciudades, la concentración media de arsénico fue superior a lo establecido en la norma oficial mexicana. La concentración media general en las 17 ciudades fue superior al valor de 10 mg/l establecido en los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud.

Esto representa que, de acuerdo con la Semades (Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable de Jalisco), todos los municipios de las regiones Altos norte y Altos sur presentan problemas de contaminación de agua superficial; la ingestión continua de arsénico puede afectar a la salud y causar enfermedades de la piel, trastornos gastrointestinales, daños neurológicos, problemas cardiovasculares y afecciones hematológicas, así como hidroarsenicismo crónico regional endémico o hacre , cuyos síntomas que comienzan a aparecer luego de varios años de ingerir agua contaminada son lesiones en la piel, tumores malignos cutáneos y, en ocasiones, cáncer en órganos internos como el pulmón, estómago y vías urinarias, entre otros. Una vez que el arsénico se instala en el organismo ya no se puede extraer.

Por ello, la diputada Romo Jiménez estima pertinente y necesario que la Secretaría de Salud y la Conagua de Jalisco, investiguen los elevados índices de contaminación con arsénico en el agua potable de la región de los Altos de Jalisco.

III. Consideraciones

Primera. Los integrantes de la comisión dictaminadora consideramos valioso y de suma importancia, para el asunto que nos ocupa, referir el dictamen que el 14 de diciembre de 2004, las Comisiones de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; de Salud y Seguridad Social; de Federalismo y Desarrollo Municipal; de Desarrollo Regional; de Ciencia y Tecnología; y de Recursos Hidráulicos, del Senado, emitieron con respecto del punto de acuerdo por el que se exhortaba a los titulares de las Secretarías de Salud, Educación, y Gobernación; a los gobernadores y legislaturas de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas; a los responsables de los organismos operadores del agua, estatales y municipales; a los representantes estatales y o regionales de la Comisión Nacional del Agua y a los delegados de la Procuraduría Federal del Consumidor en los estados de referencia, para que en el ámbito de sus respectivas facultades y atribuciones, se atendiera, sancionara y, en su caso, se legislaran las causas-efectos en la salud pública y en los seres humanos por el consumo de agua para beber y cocinar alimentos con altas concentraciones de fluor y arsénico u otros contaminantes, presentada por el senador Francisco Fernández de Cevallos Urueta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con el respaldo de los senadores de todos los grupos parlamentarios representados en el Senado de la República.

Resolviendo de manera ampliada lo siguiente:

Segunda. Asimismo, con respecto de esta seria e importante preocupación que plantea la diputada promovente, los integrantes de la comisión dictaminadora, deseamos advertir que, en fecha reciente, la Gerencia de Saneamiento y Calidad del Agua, de la Comisión Nacional del Agua, realizó un importante estudio que denominó Riesgo sanitario ambiental por la presencia de arsénico y fluoruros en los acuíferos de México , cuyos resultados confirman la información de la diputada y lamentablemente reitera la problemática que pretendía resolver el acuerdo del Senado; mismo que referimos en nuestra primera consideración de este dictamen; y, además, evidencia de nueva cuenta que este delicado problema no es exclusivo de Jalisco, sino que afecta, de manera significativa y grave, a no menos de 10 estados de la república, incluido por supuesto Jalisco; y a más de 6.4 millones de habitantes de esos estados del país, de los cuales el 45.6 por ciento son niños y adolescentes entre 0 y 19 años de edad (2.91 por ciento de persona). Por estas razones, en sus conclusiones, la autora de este estudio estima necesario que todos los responsables formulen replanteamientos de sus estrategias y asuman las más adecuadas para abatir este grave problema de salud pública.

Tercera. Además de lo señalado, en el caso muy concreto de Jalisco, se logró la siguiente información referida a las acciones más recientes sobre el caso:

Una vez que se identificaron los sistemas de abastecimiento con problemas de contaminación, la autoridad sanitaria estatal, realizó el informe de los resultados encontrados y se exhorto a que se tomaran las medidas correspondientes para solucionar el problema a las autoridades municipales y organismos responsables.

Así pues, sirvan estas consideraciones para respetuosamente señalar que la propuesta de la diputada Romo Jiménez restringida a Jalisco no es de aprobarse. No obstante, dada la envergadura y la trascendencia de su contenido; así como para valorar aún más la intención y propuesta de la diputada, los integrantes de esta comisión dictaminadora estimamos que la propuesta de la diputada debería ser reiterada dándole el alcance nacional que amerita; y que, por supuesto, como lo señalamos en nuestras consideraciones, sea atendida de manera integral con la participación de los gobiernos, las entidades, y las instancias operativas que amerita la situación; demandando además enérgicamente, la ejecución inmediata y efectiva de las acciones que eviten la evolución y progreso de este serio y delicado problema para la salud pública en general y para la de los niños y jóvenes en particular.

Por lo anteriormente expuesto, con base a la normatividad y atribuciones conferidas a esta comisión dictaminadora de Salud, sometemos ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados, LX Legislatura, el siguiente:

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional del Agua, para que investiguen los altos índices de contaminación con arsénico en el agua potable de la región de los Altos de Jalisco, presentada el 30 de abril de 2008 por la diputada Martha Angélica Romo Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

«Dictamen de la Comisión de Salud, respecto a la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Salud a revisar la Norma Oficial Mexicana NOM-072-SSA1-1993, a fin de incluir como requisito de las etiquetas de medicamentos su denominación distintiva y genérica en sistema braille

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la honorable Cámara de Diputados, LX Legislatura, fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a revisar la Norma Oficial Mexicana NOM-072-SSA1-1993, a fin de incluir como requisito de las etiquetas de medicamentos su denominación distintiva y genérica en sistema braille.

Los integrantes de esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1 y 3, 43, 44, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

Con fecha 6 de septiembre de 2007, el diputado José Gildardo Guerrero Torres , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a revisar la Norma Oficial Mexicana NOM-072-SSA1-1993, a fin de incluir como requisito del etiquetado de medicamentos su denominación distintiva y genérica en sistema braille.

En la misma fecha la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó dicha proposición a la Comisión de Salud para su estudio, por lo que, llegado el momento, emite el siguiente dictamen:

II. Contenido de la proposición

En relación con el problema de discapacidad visual que presenta nuestro país y que, de acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivienda del año 2000 publicado por el INEGI, 1 millón 795 mil 300 personas padecen algún tipo de discapacidad en México, de las cuales 500 mil padece discapacidad visual, el diputado José Gildardo Guerrero Torres propone que esta honorable Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Salud a revisar la Norma Oficial Mexicana NOM-072-SSA1-1993, referente al etiquetado de medicamentos, con objeto de que en ella se establezca como requisito para las fábricas y laboratorios que procesan medicamentos o productos biológicos para uso humano, etiquetar con el sistema braille, los medicamentos de origen nacional y extranjero, así como muestras médicas, en sus denominaciones distintiva y genérica, respectivamente.

III. Consideraciones

El sistema braille es, ante todo, un alfabeto. No se trata de un idioma. Mediante braille pueden representarse todas las letras y los signos de puntuación, los números, la grafía científica, los símbolos matemáticos, la música, etcétera.

El braille consiste generalmente en celdas de seis puntos en relieve, organizados como una matriz de tres filas por dos columnas, que convencionalmente se numeran de arriba a abajo y de izquierda a derecha. La presencia o ausencia de puntos permite la codificación de los símbolos.

Mediante estos seis puntos se obtienen 64 combinaciones diferentes. La presencia o ausencia de punto en cada posición, determina de qué letra se trata.

Puesto que estas 64 combinaciones resultan claramente insuficientes, se utilizan signos diferenciadores especiales que, antepuesto a una combinación de puntos, convierten una letra en mayúscula, bastardilla, número o nota musical. En el braille español los códigos de las letras minúsculas, la mayoría de los signos de puntuación, algunos caracteres especiales y algunas palabras se codifican directamente con una celda, pero las mayúsculas y números son representados además con otro símbolo como prefijo.

Con la introducción de la informática, el braille ha sido ampliado de nuevo a un código de ocho puntos, de tal manera que una letra individual puede ser codificada con una sola celda, pudiendo representar una celda cualquier carácter ASCII. Las 256 combinaciones posibles de los ocho puntos están codificadas según el estándar Unicode.

El braille puede ser reproducido usando una plancha y un punzón, de forma que cada punto es generado desde el dorso de la página, escrito en una imagen a la inversa (como la que se obtiene al mirar por un espejo), hecho a mano o impreso con una máquina de escribir braille, por una impresora braille conectada a una computadora, o mediante un dispositivo Braille.

Existen diversos métodos de transcripción braille, conocidos como ``Grado 1'', ``Grado 2'' y ``Grado 3''.

El braille de ``Grado 1'' es el sistema de transcripción más empleado, sustituye las notaciones tinta del original por las correspondientes en braille.

Los sistemas de transcripción correspondientes a los grados 2 y 3 son conocidos como estenotipia. Su principio rector es el de economizar caracteres para ahorrar espacio, puesto que éstos no se pueden alterar --como en el caso de la tinta-- en cuanto al tamaño.

Es importante señalar que, a pesar de que el Braille está pensado para ser el principal sistema de lectura y escritura para personas ciegas, por ejemplo en el Reino Unido existen dos millones de gente con problemas de vista y se estima que sólo entre 15 mil y 20 mil utilizan el sistema braille.

Las nuevas generaciones prefieren, en lugar de este sistema, el texto electrónico, ya que es más portátil y les permite además comunicarse con amistades y familiares. Las nuevas tecnologías han propiciado que inclusive exista actualmente un debate abierto para hacer más atractivo el braille, y conseguir personas capaces de enseñarlo.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en México existen 250 mil personas que padecen ceguera total, aparte de miles más que sufren debilidad visual; sin embargo, lo anterior no implica que de ese universo el total utilice el sistema braille.

De hecho, y como se mencionaba con antelación, es una minoría la que puede enseñar a leer con sistema braille y con el avance tecnológico cada vez es menos necesario para el desarrollo de los ciegos en la sociedad.

Además de lo señalado es necesario mencionar que la impresión en alfabeto braille requiere maquinaria muy específica, ya que, como señalamos, se requiere un punzón y la escritura se elabora en columnas de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.

Para la impresión en sistema braille se requiere de material especial, incluyendo impresoras, papel, software, etcétera, que debido a su especificidad tiene un costo elevado, el cual, según investigaciones de mercado, se vio incrementado a principios del presente año, ya que en general es importado de Europa.

Sabemos que el costo, si se aprueba el punto de acuerdo en sus términos, correría a cargo de los particulares a quienes se le exija esta medida; sin embargo, el incremento se vería inevitablemente reflejado en el precio final, ya que terminarán absorbiéndolo las instituciones de salud o los particulares.

Debido a lo anterior, consideramos que, a pesar de que es loable la intención del promovente, el balance costo beneficio para la población resulta negativo, por lo que consideramos inviable la aprobación del punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo que establecen los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numerales 6 y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Salud ponen a consideración de esta honorable ásamela el siguiente:

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a revisar la Norma Oficial Mexicana NOM-072-SSA1-1993, a fin de incluir como requisito del etiquetado de medicamentos su denominación distintiva y genérica en sistema braille.

«Dictamen de la Comisión de Salud, sobre el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Semarnat, a la Profepa, al gobierno de Coahuila y al ayuntamiento de Torreón a reubicar a las familias que viven en las colonias aledañas a la compañía Met-Mex Peñoles, pues se consideran inhabitables por ser zonas de alto riesgo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud fue turnada para su estudio y posterior dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Semarnat, a la Profepa, al gobierno de Coahuila y al ayuntamiento de Torreón a reubicar a las familias que viven en las colonias aledañas a la compañía Met-Mex Peñoles, pues se consideran inhabitables por ser zonas de alto riesgo, a cargo del diputado Jesús Vicente Flores Morfín , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que le otorgan los artículos 39, numerales 1 y 3, 43, 44 y 45 y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los miembros de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente:

Metodología

La comisión encargada del análisis y dictamen del punto de acuerdo mencionado anteriormente desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

I. Antecedentes

En sesión celebrada el 30 de abril de 2008 por el Pleno de la Cámara de Diputados, el diputado Jesús Vicente Flores Morfín , a nombre propio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Salud, a la Semarnat, a la Profepa, al gobierno de Coahuila y al ayuntamiento de Torreón a reubicar a las familias que viven en las colonias aledañas a la compañía Met-Mex Peñoles, pues se consideran inhabitables por ser zonas de alto riesgo.

Con esa misma fecha, la Mesa Directiva de este órgano legislativo turnó la mencionada proposición a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

El diputado promovente parte su proposición con punto de acuerdo de un artículo publicado en la Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica de junio del 2006, donde se revela los resultados de un estudio realizado sobre la contaminación por plomo en un área comprendida dentro de un radio de 2.8 kilómetros alrededor de la fundidora no ferrosa Met-Mex Peñoles, considerada una de las mas grandes de Latinoamérica, este estudio tuvo como finalidad el predecir los posibles niveles de plomo en sangre de los niños de edades comprendidas entre 1 y 2 años.

Como refiere el diputado firmante, ante la presencia de más de dos mil nuevos casos de niños envenenados, que son habitantes de Torreón Coahuila, de las colonias de alrededor de la compañía Met-Mex Peñoles, y que viven en suelos contaminados con plomo en cantidades hasta de 8 mil partes por millón, suelos que son inhabitables por la alta contaminación por plomo, cadmio y arsénico que han perpetrado daño a la salud pública.

Es por esto que el diputado Jesús Vicente Flores Morfín , para el rescate de la salud pública y la prevención del envenenamiento de las generaciones futuras, exhorta a las autoridades de la Secretaría de Salud, Semarnat, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al gobierno de Coahuila, así como al del municipio de Torreón a que se inicien --de manera inmediata y coordinada-- la reubicación de los niños y sus familias que viven en el área de riesgo, que corresponden a las colonias Primero de Mayo, Eduardo Guerra y Luis Echeverría, por las lesiones causadas en el cerebro, en el desarrollo físico y mental, anemias, trastornos auditivos, en el comportamiento, y déficit de atención entre otros, sin omitir que la exposición a cadmio y arsénico que acompañan al plomo en su proceso industrial que representan riesgos como el cáncer entre otros.

III. Consideraciones

Como establece la proposición en cuestión, a las secretarias en mención les corresponde como parte de sus atribuciones, proteger la salud y el medio ambiente de los estragos causados por la contaminación del ambiente.

En lo referente a la Secretaría de Salud, en la Ley General de Salud, establece que es materia de salubridad general, la prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre.

Así también el Instituto Nacional de Ecología, através de la Dirección General del Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental, conjuntamente con la Semarnat, realiza estudios e investigaciones para identificar y caracterizar con detalle los problemas de contaminación atmosférica, y que a partir de la información generada se diseñen e implementen eficazmente las políticas y medidas necesarias para el control y mejoramiento de la calidad del ambiente, esto en coordinación con las autoridades estatales y municipales.

Los gobiernos de las entidades federativas coadyuvan, en el ámbito de sus competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que se celebren con la secretaria correspondiente, las acciones necesarias para apoyar las antes mencionas.

Sin embargo, en ningún ordenamiento que se incluya en el marco jurídico de alguna de estas dependencias, se encuentra la facultad de realizar una reubicación de un sector de población, así como tampoco la de expropiación de un predio, este procedimiento administrativo corresponde a otro órgano de gobierno distinto a estas dependencias.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan el artículo 73, fracción XVI, y el último párrafo del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, emitimos el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Semarnat, a la Profepa, al gobierno de Coahuila y al del municipio de Torreón a reubicar a las familias que viven en las colonias aledañas a la compañía Met-Mex Peñoles, pues se consideran inhabitables por ser zonas de alto riesgo, a cargo del diputado Jesús Vicente Flores Morfín , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 30 de abril de 2008.

«Dictamen de la Comisión de Salud, respecto al punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a expedir una norma oficial mexicana que establezca lineamientos para prevenir, tratar y controlar las enfermedades mentales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud fue turnada para su estudio y posterior dictamen la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Salud para que expida una norma oficial mexicana que establezca los lineamientos a seguir para prevenir, tratar y controlar las enfermedades mentales.

La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que le otorgan los artículos 39, numerales 1 y 3, 43, 44 y 45 y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los miembros de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente metodología:

I. Antecedentes

En sesión celebrada el 30 de abril de 2008 por el Pleno de la Cámara de Diputados, el diputado Jorge Quintero Bello , a nombre propio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Salud a que expida una norma oficial mexicana que establezca los lineamientos a seguir para prevenir, tratar y controlar las enfermedades mentales.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de este órgano legislativo turnó la mencionada proposición a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

Según lo establece el diputado promovente en la exposición de motivos, el presupuesto que regularmente se ha destinado para la atención de la salud mental en nuestro país representa un 0.85 por ciento de lo proyectado para este rubro. Esta cifra contrasta con la recomendación dada por la Organización Mundial de la Salud, que es de un 10 por ciento del presupuesto total para salud. Estos números reflejan el poco interés que tradicionalmente ha tenido nuestro país en materia de salud mental.

Conforme a los datos explícitos en dicha exposición de motivos, la salud mental es una de las principales amenazas para el desarrollo y progreso de México. Enfermedades como la depresión se han convertido paulatinamente en un problema de salud pública; se estima que para el año 2020 será la segunda causa de años de vida saludable perdidos a escala mundial y la primera en países desarrollados.

Sin lugar a dudas este hecho, según lo marca el diputado firmante, representa un gran avance para el tratamiento de estos padecimientos. Sin embargo, se debe atender a otro rezago de similar importancia. Ante el descuido y desinterés por la salud mental en nuestro país, el marco regulatorio en la materia ha carecido de rigurosidad y de precisión en cuanto los alcances, límites y prospectivas de la salud mental en México.

Actualmente, la demanda por los servicios de salud mental va en claro aumento. Según datos del Programa de Acción en Salud Mental del año 2002, cuatro millones de adultos presentan depresión; medio millón padece esquizofrenia, un millón de personas tiene epilepsia; y, al menos un diez por ciento de la población mayor de 65 años padece alzheimer. A estos padecimientos debemos agregar la aparición de nuevos trastornos de conducta, tales como la anorexia y bulimia, que progresivamente se van extendiendo e implican una amenaza para el desarrollo psicosocial del país.

De continuar la tendencia, podemos prever que en los próximos 10 años la demanda de servicios de salud mental en México constituirá una de las principales presiones para el sistema de salud. La solitaria implementación de un programa de salud mental como el ya referido, no garantiza una efectiva atención a este importantísimo problema de salud pública. A la par de estas acciones se debe contar con un marco regulatorio capaz de contener todas las presiones y aristas que implica tan delicada atención.

No existe dentro de la Ley General de Salud un tratamiento adecuado para el rubro de salud mental. Los artículos 72 a 77 señalan las prerrogativas tendientes a regular las enfermedades mentales en el país, el contenido de estos artículos resulta laxo frente a la lucha titánica que progresivamente se irá gestando contra las enfermedades mentales.

Aunada a esta carencia, dentro de la Ley General de Salud tampoco existe una norma oficial en donde se contemple todos los aspectos relativos a las enfermedades mentales. Estamos en tiempo propicio para dotar de seguridad normativa a nuestro Sistema de Salud en materia de enfermedades mentales.

Se requiere establecer claramente los lineamientos a seguir para prevenir, tratar y controlar las enfermedades mentales; de igual forma esta norma debe establecer una definición particular de enfermedad mental y una lista clasificatoria de las mismas; y por último sería deseable que la NOM estableciera los criterios a seguir para otorgar información y atención especial a los pacientes que las presenten.

La facultad de emitir reglamentos y normas oficiales es exclusiva del Poder Ejecutivo. De conformidad con lo señalado en el artículo 13, inciso A, apartado I, es al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaria de Salud, a quien le corresponde la facultad de dictar las normas oficiales mexicanas a que quedará sujeta la prestación, en todo el territorio nacional, de servicios de salud en materias de salubridad general.

III. Consideraciones

En la actualidad en México se cuenta con la Norma Oficial Mexicana para la Prestación de Servicios de Salud en Unidades de Atención Integral Hospitalaria Médico Psiquiátrica (NOM-025-SSA2-1994), en vigor desde 1994, que tiene el objeto de uniformar criterios de operación, actividades, actitudes del personal de las unidades que prestan servicios de atención hospitalaria médico-psiquiátrica, la cual se proporcionará en forma continua e integral, con calidad y calidez. Además, la prestación de los servicios de salud mental se sujeta a las siguientes Normas Oficiales Mexicanas:

Sin embargo, estas últimas regulan aspectos generales de la atención médica e incluyen lo relativo a pacientes con trastornos mentales.

La atención integral de un paciente con enfermedad mental abarca diversos aspectos, no solo la atención hospitalaria. Este ultimo aspecto ha sido ponderado por mucho tiempo en nuestro país, dejando la atención medico psiquiátrica fragmentada y por ende desvinculada de la red de servicios de salud general.

En congruencia con los compromisos establecidos en la Declaración de Caracas y la Declaración de Brasilia, que consideran los servicios integrales con base comunitaria, con el propósito de llevar a cabo la trasformación estructural de las instituciones psiquiátricas y crear condiciones que favorezcan la integración social del paciente, mediante una red de establecimientos con funciones de prevención, hospitalización breve y reintegración social, para la erradicación del modelo asilar de hospitalización.

Esta base retomada en el Programa Sectorial de Salud 2007-2012, que incluye la línea de acción de fortalecer el Sistema Nacional de Atención en Salud Mental a través de las siguientes acciones:

Evidentemente estas acciones requieren de un marco regulatorio más allá de lo que las normas oficiales mexicanas mencionadas pueden sustentar, ya que el actual marco jurídico esta desprovisto de esta visión comunitaria, además de no hacer especificaciones en cuanto a la atención ambulatoria, o a la rehabilitación psicosocial o bien en cuanto a la hospitalización breve y menos aún en cuanto a contemplar aspectos referentes a la protección social de los pacientes psiquiátricos.

Es necesario contar con marco jurídico basado en la evidencia científica, acorde con las actuales políticas y programas de salud mental, pero resulta a todas luces insensato considerar que toda la gama de acciones para atender las enfermedades mentales, así como su clasificación, los procesos de prevención, abordaje, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, estándares y criterios de la práctica médica y de toda persona en contacto con la atención de un paciente con enfermedad mental puedan concentrarse en el cuerpo de una norma.

Por lo anterior, resulta insensato, considerar que únicamente con la revisión y actualización de la NOM-025-SSA2-1994, se responda a las exigencias requeridas para la atención a la salud mental integral.

Compartimos la preocupación del promovente, sin embargo consideramos que la propuesta incurre en vaguedad toda vez que el DSM-IV TR, que es el catálogo que publica la Asociación Americana de Psiquiatría y que incluye un listado de todos los desordenes mentales así como los criterios para su diagnóstico y divide a las enfermedades mentales en cinco diferentes niveles de acuerdo al desorden de que se trate, encontrándose en constante actualización, sólo es tomado como una guía para el tratamiento de las enfermedades mentales, por lo que resulta ilógico pensar que con una Norma Oficial se integre todo el aspecto de atención integral de un universo de padecimientos mentales.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan el artículo 73, fracción XVI, y el último párrafo del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, emitimos el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Salud expida una norma oficial mexicana que establezca los lineamientos a seguir para prevenir, tratar y controlar las enfermedades mentales, presentada por el diputado Jorge Quintero Bello integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 30 de abril de 2008.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos. Continúe la Secretaría.

PRESUPUESTO DE EGRESOS, 2009

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- IV Legislatura.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por este conducto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 50, fracciones IV, V y VIII, y 58, fracción XVII, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el Pleno de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal a incluir para el ejercicio fiscal 2009 una partida presupuestal etiquetada destinada a cubrir los gastos inherentes a la realización de un programa de limpia y mejoramiento de barrancas en la ciudad de México, específicamente en la delegación Álvaro Obregón; asimismo, instrumentar técnicas de captación de agua de lluvia y el saneamiento y mantenimiento de los brazos de río existentes en la Ciudad de México.

Sírvase encontrar anexo al presente copia del punto de acuerdo en comento para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

«Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal a incluir para el ejercicio fiscal 2009 una partida presupuestal etiquetada destinada a cubrir los gastos inherentes a la realización de un programa de limpia y mejoramiento de barrancas en la ciudad de México, específicamente en la delegación Álvaro Obregón; asimismo, instrumentar técnicas de captación de agua de lluvia y el saneamiento y mantenimiento de los brazos de río existentes en la Ciudad de México.

Diputado Presidente de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

El sucrito diputado, Humberto Morgan Colón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso j), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 42, fracción XIV, y 46, fracción I, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción I, y 17, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, somete a consideración de esta Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal a incluir para el ejercicio fiscal 2009 una partida presupuestal etiquetada destinada a cubrir los gastos inherentes a la realización de un programa de limpia y mejoramiento de barrancas en la ciudad de México, específicamente en la delegación Álvaro Obregón; asimismo, instrumentar técnicas de captación de agua de lluvia y el saneamiento y mantenimiento de los brazos de río existentes en la Ciudad de México, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1 . Las barrancas son elementos físicos importantes que mantienen el equilibrio ecológico en la ciudad de México. Consecuencia de su existencia es la regulación del clima y la captación de aguas pluviales. Constituyen el hábitat natural de diversos ejemplares de la vida silvestre, y; ayudan a amortiguar los contaminantes que existen en el ambiente.

2 . Las barrancas son lugares inestables y frágiles: si llegan a perder su cubierta vegetal, la erosión de los suelos se vuelve un peligro para todos a partir del desgajamiento de sus taludes y laderas, aunado a que el incremento en la velocidad del agua que escurre por su cauce, genera problemas de inundaciones. El daño que una barranca puede producir a la infraestructura y equipamiento urbano es sencillamente gigantesco.

Cuando se encuentran habitadas, las edificaciones sirven de barreras en donde se acumula humedad y se restringe el libre flujo de agua; de presentarse alguna fuerte precipitación, la acción de aquélla en su afán por encontrar salidas es capaz de destruir cualquier tipo de construcción y, en casos más críticos, acabar con vidas humanas.

3 . Nos preocupan todas las barrancas y cauces hidráulicos del Distrito Federal, pero hemos observado el estado lamentable en el que se encuentran muchos puntos de las barrancas ubicadas al poniente del mismo.

Se estima que en el Distrito Federal existen 99 sistemas de barrancas distribuidos en 15 microcuencas, las cuales en su mayoría se están en el sur y surponiente del Distrito Federal, específicamente en ocho delegaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, y concentrándose un mayor número de éstas en la delegación Álvaro Obregón, con un total de 16 barrancas.

4 . Actualmente las barrancas del Distrito Federal enfrentan procesos de deforestación, erosión y contaminación, convirtiéndose en basureros y focos de infección, presentando daños en su infraestructura hidráulica de drenaje sanitaria. La presencia abundante de basura provoca fuertes problemas de contaminación que atentan contra la salud pública.

5 . Durante la época de lluvias, las barrancas se ven aún más afectadas, debido principalmente a que ocurren deslaves que ponen en riesgo la seguridad patrimonial y física de las personas que las habitan.

6 . Las actividades que se desarrollan en las barrancas, ajenas a su vocación natural, repercuten directamente sobre el funcionamiento del ecosistema de la región, causando daños al medio ambiente, al equilibrio natural de la zona, así como la generación de riesgos para la integridad de la población asentada en sus inmediaciones.

7 . La limpieza inmediata de estos sitios es fundamental para el ambiente capitalino en su totalidad.

Sencillamente las funciones ambientales vitales de estos lugares no pueden seguir deteriorándose más.

Y no solo es suficiente retirar la basura de la barranca, sino mantener limpia ésta, por lo que es preciso considerar las condiciones topográficas los accesos vehiculares, las rutas de camiones recolectores y la disponibilidad vecinal.

Por lo anteriormente citado, es importante que la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal cuente con más presupuesto para reforzar acciones dirigidas a la protección que requieren estos espacios, en específico los localizados en la delegación Álvaro Obregón.

El presente punto de acuerdo se sustenta en los siguientes

Considerandos

Primero . Que conforme al artículo 5o. de la Ley Ambiental del Distrito Federal, las barrancas se definen como una depresión geográfica que, por sus condiciones topográficas y geográficas, se presenta como hendiduras y sirven de refugio de vida silvestre, de cauce de los escurrimientos naturales de ríos, riachuelos y precipitaciones pluviales que constituyen una de las zonas importantes del ciclo hidrológico y biogeoquímico; son todas diferentes y únicas, con características muy peculiares cada una.

Segundo. Que el artículo 6o. de la Ley Ambiental del Distrito Federal establece:

Tercero . Que en el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, publicada el 12 de enero de 1994, se define a la barrancas profundas como ``una hendidura pronunciada que se forma en el terreno, por el flujo natural del agua en que la profundidad es mayor a cinco veces la anchura''; son sitios bellísimos en cuya formación la naturaleza invirtió años y años.

Cuarto. Que por la importancia ambiental y social que revisten las barrancas es necesario que las autoridades del Distrito Federal implanten programas de trabajo y destinen un mayor número de recursos para ejecutar acciones de limpieza y recuperación, siendo esta situación verdaderamente prioritaria.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se pone a consideración de esta Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal a incluir para el ejercicio fiscal 2009 una partida presupuestal etiquetada destinada a cubrir los gastos inherentes a la realización de un programa de limpia y mejoramiento de barrancas en la ciudad de México, específicamente en la delegación Álvaro Obregón; asimismo, instrumentar técnicas de captación de agua de lluvia y el saneamiento y mantenimiento de los brazos de río existentes en la Ciudad de México.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- IV Legislatura.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente del Congreso de la Unión.--- Presente.

Por este conducto, y con fundamento por lo dispuesto en los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 50, fracciones IV, V, VIII, y 58, fracción XVII, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el Pleno de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se incluya, para el ejercicio fiscal de 2009, una partida presupuestal etiquetada destinada a cubrir los gastos inherentes a la realización del festival internacional Ollín Kan de las Culturas en Resistencia, que organiza la delegación Tlalpan de la Ciudad de México.

Sírvase encontrar, anexo al presente, copia del punto de acuerdo en comento para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

«Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se incluya para el ejercicio fiscal de 2009 una partida presupuestal etiquetada destinada a cubrir los gastos inherentes a la realización del festival internacional Ollín Kan de las Culturas en Resistencia, que organiza la delegación Tlalpan de la Ciudad de México

Honorable Asamblea:

El suscrito, diputado Humberto Morgan Colón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 2, 3, fracción II, inciso b), 73, fracción IV, 122, apartado C, Base Primera, fracción V, incisos l) y o), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 42, fracciones XXVI y XXX, y 46, fracción 1, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción II, y 17, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, somete a la consideración de esta Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se incluya para el ejercicio fiscal de 2009 una partida presupuestal etiquetada destinada a cubrir los gastos inherentes a la realización del festival internacional Ollín Kan de las Culturas en Resistencia, que organiza la delegación Tlalpan de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes

Antecedentes

La esencia del ser humano encuentra diferentes formas de manifestación que son reflejo fiel del alma que, por un sinnúmero de medios y de manera irremediable, escapa de su cuerpo para dar vida a las más bellas expresiones artísticas y culturales que caracterizan su capacidad creadora.

En su paso por el mundo, el hombre se ha definido por su afán transformador. Es por ello que desde lo más recóndito del tiempo se ha ocupado de crear las maneras más inimaginables y originales, tratando de plasmar en ellas sus sentimientos, su forma peculiar de ver el mundo y su interpretación de la realidad.

La profunda sensibilidad del ser humano, su capacidad de abstracción, su intensidad y su espiritualidad han dado como resultado la producción de una infinidad de creaciones artísticas y, al mismo tiempo, de una gran variedad de expresiones culturales.

Es necesario decir que todo aquello creado por el hombre puede ser denominado cultura, no sólo esa fracción de expresiones descritas como las bellas artes. Es por ello que las danzas más enraizadas de alguna civilización, las expresiones gráficas, la revelación musical diversa, la manifestación escrita u oral, etcétera, conforman el infinito umbral cultural humano.

La necesaria promoción y difusión de proyectos culturales, que conjugan las más vastas expresiones artísticas, constituyen el acercamiento a un México diverso, que acepta, comparte e intercambia una parte de su cultura con todos aquellos que tengan algo que decir, mostrar u obsequiar a la nuestra.

El festival internacional de las culturas en resistencia Ollin Kan ha demostrado ser, hasta la fecha, un ejemplo claro de esta comunión entre nuestro país y otros grupos humanos que traen a nosotros una muestra de su magnificencia.

La delegación Tlalpan es escenario y crisol de un encuentro de expresiones culturales que, pese a la dinámica ineludible del mundo actual, han resistido el vasallaje de la globalización.

Ollín Kan, vocablo originario de la cosmogonía náhuatl, significa lugar en movimiento, y se ha propuesto como principal misión conjugar aquellas comunidades milenarias que han sobrevivido a lo largo del tiempo y que han logrado preservar sus raíces ante la inmensa penetración cultural.

Desde sus orígenes, el festival Ollín Kan se ha integrado con una programación internacional donde las expresiones dancísticas y musicales propias de las tradiciones antiguas asiáticas, africanas, europeas y americanas son partícipes.

La concepción de este festival radica en dotar a la Ciudad de México de un sinfín de posibilidades multiculturales de todo el mundo para conceptualizar de otra manera su ideología, como la música de fusión y la étnica que se ha desarrollado a lo largo de cientos de años.

El festival internacional Ollín Kan de las Culturas en Resistencia es un evento propositivo donde se comunican y dialogan aquellos pueblos que han sabido conservar sus raíces, cultivando sus rituales y enalteciendo sus tradiciones.

De África al Mediterráneo, del mar Egeo al mar Negro, del medio oriente al subcontinente indio, del sudeste asiático al el extremo oriente, en fin, todos los rincones del mundo se reúnen en nuestro país a intercambiar su cultura.

El piano, la guitarra, gaitas y hasta el sonido electrónico funden las raíces arraigadas de cada cultura, y dan cabida a expresiones nuevas y crecientes que darán identidad a futuras generaciones, siendo dicho festival una muestra ejemplar de aquellos pueblos que preservan y protegen sus tradiciones.

El festival es un punto de encuentro entre pueblos que brindan un reflejo de su cultura como música y danzas originarias de cada uno de los continentes.

Es por ello que Tlalpan, mediante este festival, tiene la misión fundamental de difundir las culturas y tradiciones de estos pueblos, y así ha ocurrido en las cinco emisiones (2004, 2005, 2006, 2007 y 2008) de dicho evento, donde diversos artistas han participado.

En la última emisión, durante cuatro semanas participaron 63 grupos de diferentes países y regiones del mundo, y 62 grupos de 17 estados de nuestro país.

Temas como la migración forzada y sin derechos, las continuas agresiones a los movimientos indígenas, la violencia contra las mujeres y las soluciones militares a los conflictos sociales que ocurren --no sólo en nuestro país sino a nivel mundial-- son cuestiones que fueron discutidas con la participación de destacados académicos, artistas plásticos, activistas sociales, músicos, intelectuales y más de 150 asociaciones. Producto de ello, surgieron diversas ideas y reflexiones que construirían un mundo mejor.

Dentro de las instituciones que participaron se encuentra el Gobierno del Distrito Federal, la delegación Tlalpan, la Secretaría de Cultura y de Turismo, y Tv UNAM. En cuanto a las instancias internacionales participaron el Ministerio de Cultura de Cuba, el instituto CAMOIS, el Instituto de Gobierno de Lisboa, el instituto Ramón Llull de Cataluña, entre otras. Las embajadas que participaron fueron las Embajadas de la República de Cuba, de Venezuela, de Costa Rica, de Turquía, de Polonia, de Irlanda, de Paraguay, de Bolivia, de Nueva Zelanda, etcétera. Finalmente, entre los patrocinadores se encontraron Tv Azteca, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, General Motors, entre otros.

El presente punto de acuerdo se sustenta bajo los siguientes

Considerandos

Primero. Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que México es parte, establece que toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural y tiene derecho a la educación, y que los Estados parte deberán adoptar, para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, las medidas necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.

Segundo. Que el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción IV, establece que son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados

Tercero. Que la fracción XXI del artículo 10 de la Ley Orgánica de esta Asamblea Legislativa nos otorga la atribución de comunicarnos con los otros órganos locales de gobierno, los órganos autónomos locales y federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de su mesa directiva, la comisión de gobierno o sus órganos internos de trabajo, según el caso, de conformidad con lo dispuesto en las leyes correspondientes.

Esperamos que este punto de acuerdo sea aprobado para que la ciudadanía tenga mayor acceso a esta clase de cultura y que de esta manera pueda disfrutar, en cada una de sus delegaciones, de programación cultural y artística de la más alta calidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone a esta Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Único. Se solicita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se incluya, para el ejercicio fiscal de 2009, una partida presupuestal etiquetada destinada a cubrir los gastos inherentes a la realización del festival internacional Ollín Kan de las Culturas en Resistencia, que organiza la delegación Tlalpan de la Ciudad de México.

PRESUPUESTO DE EGRESOS, 2009

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del Estado de Colima.--- LV Legislatura.--- 2006-2009.

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- México, DF

Por este conducto nos permitimos informarle que, en sesión extraordinaria celebrada con esta fecha, los diputados de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima aprobaron el acuerdo cuyos resolutivos señalan:

Se le comunica en vía de petición y para los efectos de ley correspondientes, remitiéndose como anexo copia del citado acuerdo.

«H. Congreso del Estado de Colima.--- LV Legislatura.--- 2006-2009.

Secretarios de la Permanente del Congreso del Estado.--- Presentes.

Los integrantes de la honorable Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, fracción I, de la Constitución Política del estado; 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 127 de su Reglamento, someten a consideración de esta asamblea el presente acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Que el estado de Colima cuenta con una población total de 567 mil 996 habitantes; de éstos, solamente 56 por ciento cuenta con seguridad social a través del IMSS, mediante el régimen ordinario, y 9.4 por ciento del ISSSTE. Al número de colimenses que gozan de acceso a los servicios de salud y atención médica dada su condición laboral, se suma 32 por ciento de la población que también tiene acceso a los servicios de salud mediante el Seguro Popular. De tal suerte, la cobertura que alcanzan los tres principales esquemas de manera conjunta en el estado es de 98 por ciento, mientras que el promedio nacional es de 79 por ciento. Cuantitativamente, con ello parecería que la atención es suficiente; no obstante, se observan problemas de desabasto en insumos, en la falta de permanencia y continuidad de los servicios de salud, particularmente respecto a la población rural de los 10 municipios de la entidad, lo que implica que casi 69 mil colimenses no tengan la atención necesaria.

Por otra parte, se observa en la localidad que en las comunidades rurales no se cuenta con una organización comunitaria que contribuya a la transformación positiva de las condiciones de vida y en salud, ya que algunas de esas comunidades conservan costumbres indígenas por el asentamiento de grupos náhuatl, purépecha, mixteco y zapoteco, donde prevalecen un bajo nivel educativo, analfabetismo e insuficiencia de servicios públicos.

Además de esta problemática social y de salud pública persistente en la entidad; es necesario atender de forma integral a los grupos más vulnerables, como los niños, los adolescentes y las mujeres, debido a que hay en las comunidades rurales alcoholismo, drogadicción, violencia intrafamiliar, incesto, comercio sexual infantil, enfermedades de transmisión sexual y amplia incidencia de embarazos en adolescentes. Todo ello se puede contrarrestar mediante el programa federal IMSS-Oportunidades.

IMSS-Oportunidades es un programa del gobierno federal administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que otorga servicios integrales de salud a la población de escasos recursos económicos que viven en zonas rurales apartadas, o urbano-marginadas que no cuentan con acceso a la seguridad social. Este programa también ejecuta acciones de educación y desarrollo social, fortalece la capacidad autogestiva de los mexicanos y atiende de manera comprometida la insuficiencia de necesidades en salud pública de la población, teniendo como factor esencial la participación comunitaria como modelo de atención integral de la salud de los ciudadanos.

Como se mencionó, el programa es financiado con recursos federales y administrado por el IMSS, teniendo una trayectoria de 30 años de trabajo, en beneficio de la población indígena y campesina de todas las zonas marginadas en México. Actualmente, el programa federal IMSS-Oportunidades opera en 17 entidades federativas y tiene presencia en mil 356 municipios y en 17 mil 430 localidades del país. De hecho, cubre 72 por ciento de los 125 municipios identificados por la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal como ``de bajo índice de desarrollo humano''. A la fecha, compañeros legisladores, el programa en comento atiende de forma gratuita y sin distinción a 10. 2 millones de mexicanos, que equivalen a 2.6 millones de familias mexicanas. De éstas, 96 por ciento habita en localidades rurales, siendo 32. 7 por ciento familias indígenas.

IMSS-Oportunidades, como programa del gobierno federal, cuenta con 69 hospitales rurales, 3 mil 548 unidades médicas rurales y 225 equipos de salud móviles para la atención de localidades con menos de 500 habitantes en el ámbito nacional. El programa articula sus acciones de beneficio social mediante el Programa de Desarrollo Humano en Oportunidades, a fin de promover el desarrollo de capacidades, generando igualdad de oportunidades en familias de pobreza extrema.

De la misma forma, el programa IMSS-Oportunidades opera con un modelo de atención integral hacia la salud, sustentando la participación en más de 17 mil médicos, enfermeras y paramédicos que trabajan en conjunto con más de 270 mil voluntarios de las mismas comunidades, que actúan como vínculo con las unidades médicas, enfrentando sus principales daños y riesgos con un enfoque integral de prevención a través del Prevenimss rural. Aplica estrategias también de alto impacto en comunicación educativa y en transferencia de tecnología aplicada al medio rural.

En algunas entidades federativas, como Chiapas y Oaxaca, la atención que brinda el programa federal IMSS-Oportunidades ha sido determinante, pues plantea un esquema diferente de atención a la población por encima del programa del Seguro Popular. En ese sentido, IMSS-Oportunidades dedica servicios médicos a más de un tercio de mexicanos que viven en estos dos estados.

En los 17 estados que cuentan con el programa federal IMSS-Oportunidades, el presupuesto proviene de recursos federales del ramo 19, que son aportaciones hacia la seguridad social determinadas por el titular del Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por otra parte, el programa también recibe recursos económicos a través del ramo 12 hacia la salud, conforme al número de familias beneficiarias en el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, atendidas por IMSS-Oportunidades dirigidas a zonas urbanas de los estados.

Como legisladores, uno de los compromisos que tenemos con nuestros representados en Colima es incentivar y gestionar apoyos suficientes ante los otros niveles de gobierno, en pro de generar la salud y el bienestar social como compromiso ineludible con el pueblo, que nos extendió su confianza a través del voto.

Resulta entonces indispensable que nuestra entidad cuente con los recursos necesarios para lograr que el programa federal IMSS-Oportunidades opere con viabilidad hacia la ciudadanía colimense, sobre todo hacia la clase campesina e indígena de los 10 municipios del estado.

Y esto es importante porque, de contarse con la cobertura de este programa federal en Colima, se beneficiarían la entidad y las comunidades rurales de los otros dos estados vecinos, Michoacán y Jalisco, debido a que se encuentran en los límites colindantes y territoriales en nuestra entidad.

Por los razonamientos vertidos, y en mi carácter de diputado integrante de la Quincuagésima Quinta Legislatura del estado, en base en lo establecido en los artículos 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, fracción I, de la Constitución Política del estado; 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 127 de su Reglamento, presento a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Artículo Primero. Esta soberanía se pronuncia por exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se asignen recursos adicionales al programa federal IMSS-Oportunidades en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, con objeto de que dichos recursos puedan implantarse al estado de Colima. Se comunica el presente acuerdo al presidente de la república para los efectos legales a que diere lugar.

Artículo Segundo. Se solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que en la discusión sobre la asignación presupuestal de recursos del ejercicio fiscal de 2009 se considere de urgente necesidad el estado de Calima para que cuente con el programa federal IMSS-Oportunidades, destinándose recursos económicos adicionales para su ejecución en la entidad.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Emilio Gamboa Patrón , coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Aprobados. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Aprobados. Continúe la Secretaría.

CONDECORACIONES

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Sanatorio Español.--- Beneficiencia Española de La Laguna.

Honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

El motivo de la presente es solicitar permiso para portar la condecoración Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, que su majestad, el rey de España, ha tenido a bien concederme en la última promoción de honores.

Lo anterior, ya que como ciudadano mexicano es mi deber cumplir con lo establecido en relación con las condecoraciones de otros países. Asimismo, me permito anexar copia certificada del acta de nacimiento, currículo y copia de identificación con fotografía.

Agradeciendo a ustedes su atención, quedo a sus órdenes.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Túrnese a la Comisión de Gobernación.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera, me permito hacer de su conocimiento que el Servicio de Administración Tributaria, por conducto de las autoridades aduaneras locales competentes, en agosto de 2008 únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y la que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

De los bienes reportados como destinados por dichas autoridades aduaneras se informa en relación anexa.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Túrnese a la Comisión de Economía.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Luis Alberto Coppola Joffroy, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal de Derechos.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados, y se anexa.

«Secretarios de la Mesa Directiva del Senado de la República.--- Presentes.

El suscrito, Luis Alberto Coppola Joffroy, senador de la república, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal de Derechos, en razón de la siguiente

Exposición de Motivos

El turismo es hoy día un importante instrumento para el crecimiento económico de los países que tienen la posibilidad de explotarlo y aprovecharlo. Además, contribuye al desarrollo regional y al abatimiento de la pobreza en las zonas que se benefician directamente de él.

En el caso de nuestro país, ocupamos el octavo lugar a nivel mundial en lo que a número de visitantes extranjeros se refiere. El número de turistas que vinieron a nuestro país en 2007 fue de casi 21.5 millones.

En cuanto al producto interno bruto, el turismo representa el 7.7 por ciento, generando alrededor de 2 millones 300 mil empleos.

Por otro lado, México es uno de los principales destinos de cruceros turísticos a nivel mundial. Ofrece una gran variedad de atractivos, entre los cuales se encuentran zonas arqueológicas e históricas, bellezas naturales, playas, actividades deportivas, entre otros. Brinda, asimismo, la hospitalidad y la calidez de los mexicanos.

Existen, en nuestro país, varios puertos que ya han logrado su consolidación como destinos importantes de cruceros. Tal es el caso de Cozumel, que se encuentra en el primer lugar a nivel mundial por el número de barcos y de pasajeros que recibe.

Hay otros, como Cabo San Lucas y La Paz, Baja California Sur; Manzanillo, Colima; Acapulco y Zihuatanejo, Guerrero; Puerto Vallarta, Jalisco; Huatulco, Oaxaca; por mencionar sólo algunos, que ya gozan de prestigio y fama como lugares de interés mundial.

En estos puertos consolidados, son miles las familias cuyo sustento depende de la llegada de este tipo de embarcaciones que benefician a un sin fin de prestadores de servicios turísticos, restauranteros, comerciantes y a todos aquéllos que tienen algo qué ofrecer a quienes visitan estos lugares.

Sin embargo, existen también otros puertos emergentes en estados como Tabasco, Sonora, Baja California y Chiapas, por mencionar algunos de los principales que se encuentran en vías de consolidación y que han invertido en infraestructura y en servicios para poder beneficiarse también de la derrama económica que representa cada arribo de un crucero a sus costas.

Tanto en los puertos ya consolidados como lo que están buscando hacerlo, los incentivos y el apoyo que se les brinde resultan fundamentales para mantenerse, en el caso de los primeros, y para desarrollarse, en el caso de los segundos.

Se estima, según información del Banco de México, que en 2000 el número de pasajeros de cruceros que arribaron a nuestro país fue de 3.5 millones. La derrama económica en ese año fue alrededor de 200 millones de dólares. En 2007, la llegada de personas por esta vía casi se duplicó, al igual que la derrama económica que fue de 487 millones de dólares.

Lo anterior demuestra que el turismo de cruceros es un sector que presenta un gran dinamismo año con año, y que su crecimiento ha sido mayor que el de la industria turística en general a nivel mundial.

El gasto promedio por pasajero que baja de un crucero en un puerto mexicano es de aproximadamente 71 dólares.

Lo anterior demuestra la importancia que tiene actualmente este segmento de la actividad turística para nuestro país, pero también la que puede llegar a tener en beneficio de millones de mexicanos si se le apoya y se le brindan los incentivos necesarios para lograr su crecimiento.

En octubre de 2007, ambas Cámaras del Congreso de la Unión aprobaron el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre del mismo año. Este decreto estableció, en el artículo 8o. de la ley, un cobro de 56 pesos por concepto de derecho de no inmigrante (DNI) a los pasajeros de cruceros que arriben a nuestro país.

El párrafo final del mencionado artículo 8o. dispone que el importe de lo recaudado será destinado 95 por ciento a los municipios en proporción al número de visitantes que arriben a los puertos situados en cada municipio, a fin de ser aplicado en obras de infraestructura y programas de conservación, mantenimiento, limpieza y vigilancia de las zonas costeras, con base en los convenios que al efecto se celebren con las entidades federativas y los municipios respectivos, y 5 por ciento al Instituto Nacional de Migración.

En los artículos transitorios del mencionado decreto se estableció que este nuevo derecho comenzaría a cobrarse a partir del 1 de julio de 2008, lo cual no sucedió pues, ante las dificultades logísticas para llevar a cabo su recaudación y las afectaciones que ello generaría a los municipios receptores, el Ejecutivo federal emitió un decreto, de fecha 30 de junio de 2008, para aplazar la entrada en vigor de este derecho, eximiendo de dicho pago ``a los extranjeros que bajo la característica migratoria de visitantes locales arriben a puertos marítimos situados en el territorio nacional durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2008''.

El principal argumento que el Ejecutivo federal otorgó para tomar esta medida fue que ``para efectuar el cobro del derecho que nos ocupa, sería necesario que en los módulos migratorios con que cuenta el Instituto Nacional de Migración, situados en los puertos marítimos del país, se llevara a cabo el cobro del derecho respectivo junto a la revisión individual de los pasajeros de los cruceros turísticos, lo que ocasionaría largas filas para prestar los servicios migratorios, dado que la capacidad promedio de transporte de los cruceros turísticos es alrededor de mil 800 personas, lo que implicaría varias horas para concluir ese procedimiento y, por ende, causaría molestias a los pasajeros de los cruceros turísticos y afectaría colateralmente a las líneas navieras''.

En el paquete económico propuesto por el Ejecutivo federal, en 2005, también se propuso una medida similar que no prosperó por considerar que, al ser México el principal destino internacional de cruceros, la imposición de mayores costos podría derivar en una disminución de la demanda, y se trasladaría a otros destinos más competitivos en términos de precio, además de que la tributación para este segmento ya es considerable.

Cabe mencionar que la competencia que se da entre las empresas que ofrecen cruceros turísticos es muy grande y que cada vez existen más ofertas de destinos. Muchos de estos destinos han llegado a ofrecer incentivos fiscales a las compañías navieras con tal de que sus barcos paren ahí y, con ello, se beneficie a sus habitantes.

La región en la que se encuentra nuestro país es particularmente difícil pues competimos con los puertos del Caribe y, cada vez en mayor medida, con los que se sitúan en Centro y Sudamérica. Además, somos vecinos del mercado emisor de turistas de cruceros más grande del mundo, que son Estados Unidos de América, lo cual debemos de aprovechar al máximo.

La competitividad es entonces un factor fundamental para el desarrollo de la industria de cruceros y sólo se puede lograr generando las condiciones que promuevan e incentiven su crecimiento, no imponiendo obstáculos y dificultades.

Actualmente esta industria enfrenta una serie de factores que no existían cuando el Congreso de la Unión aprobó este DNI para cruceristas, tales como la recesión económica en Estados Unidos de América, los elevados precios del petróleo y los combustibles, y los altos precios de los alimentos. En el caso particular de México, otro factor en contra de la industria es la inseguridad que se vive en el país y que genera una disminución en la llegada de turistas extranjeros.

Hay que tomar en cuenta que, en materia de turismo, y sobre todo en el caso de los cruceros, la competitividad se puede perder muy fácilmente pues es una industria muy frágil que no tiene fronteras.

Es necesario que los municipios receptores de cruceros reciban recursos que les permitan ofrecer mejores servicios a sus visitantes, además de infraestructura moderna y funcional. Sin embargo, lo anteriormente expuesto hace necesario que se reconsidere la viabilidad de cobrar un derecho que definitivamente resultará contraproducente para mantener a México como uno de los principales destinos de cruceros, pero también para lograr que los puertos que aún no se han consolidado puedan beneficiarse de este tipo de turismo.

Se ha dicho que el turismo de cruceros compite de manera desleal con los servicios turísticos permanentes como son los hoteles, sin embargo, no son bienes sustitutos, se trata de mercados diferentes que buscan distintas opciones de entretenimiento.

Es por estas razones que me permito proponer ante esta asamblea la derogación de la fracción IX y del párrafo final del artículo 8 de la Ley Federal de Derechos, para que no se cobre el derecho de no inmigrante a los visitantes locales --categoría migratoria en la que se encuentran los pasajeros de cruceros-- y una adición al artículo 16 del mismo ordenamiento, para hacerlo congruente con los artículos anteriores y que no se cobren derechos de internación al país a dichos visitantes locales.

Por todo lo anterior, me permito someter a la elevada consideración del honorable Congreso de la Unión, por su conducto, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se derogan la fracción IX y el párrafo final del artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos.

Artículo 8o.

Artículo 16. Los asilados políticos, refugiados, visitantes locales y visitantes distinguidos no pagarán los derechos por internación al país, ni por reposición de documentos, establecidos en los artículos precedentes de esta sección.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Gabino Cué Monteagudo, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó propuesta con punto de acuerdo para solicitar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se asignen recursos suficientes a Sistema de Protección Social en Salud, y en particular al estado de Oaxaca, a fin de mejorar la calidad de los servicios de salud de la población abierta.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados, la que se anexa.

«Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.--- Presente

El suscrito, Gabino Cué Monteagudo, senador del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura del Senado de la República, en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía propuesta con punto de acuerdo para solicitar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se asignen recursos suficientes para el Sistema de Protección Social en Salud, y en particular para el estado de Oaxaca, a fin de mejorar la calidad de los servicios de salud de la población abierta, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Si aspiramos a que México cuente con niveles de desarrollo humano sustentables y el acceso en igualdad de condiciones a las oportunidades, debemos procurar que todos y cada uno de los mexicanos disfruten de los indicadores de bienestar básicos, como la educación, la vivienda, la alimentación y la salud.

De hecho, el artículo 4o. constitucional señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Sin embargo, realidad es muy distante. Sobre todo cuando cientos de mexicanos, los que viven en pobreza extrema y marginación, mueren por falta de atención médica.

Cierto es que en la actualidad se realizan importantes avances en la materia. De hecho, uno de los retos de este gobierno es lograr la universalización de los servicios de salud. Se tiene como meta que para 2011 se logre la cobertura universal. Empero, para lograrlo se requiere una inversión estratégicamente planificada y que año con año registre un incremento considerable.

Así pues, se requiere contar con un sistema de salud integrado y universal que garantice el acceso a servicios básicos de salud a toda la población, sobre todo a la que no cuenta con seguridad social; y que sea financieramente sustentable.

Sin embargo, uno de los factores que lo impiden es la cuestión presupuestaria, debido a que como país hemos invertido insuficientemente en salud, de ahí el bajo presupuesto per cápita que se destina en la materia, además de la mala distribución de los recursos entre las instituciones, entidades federativas y rubros de gasto, y la inversión insuficiente en infraestructura, atención especializada, ambulatoria y hospitalaria.

Por ello, para alcanzar una verdadera igualdad de oportunidades, es necesario asegurar el acceso universal a servicios de salud efectivos y de calidad.

Oaxaca ocupa el tercer lugar nacional en pobreza extrema y rezago social. Tan sólo 983 mil 487 de sus 3 millones 506 mil 821 habitantes son derechohabientes de alguna institución pública de salud; los restantes son atendidos por instituciones de asistencia social o privadas. Ello significa que alrededor de 80 por ciento de la población carece de servicios médicos seguridad social.

El estado de Oaxaca concentra 58 de los municipios más pobres del país, además de que el grueso de la población es de bajos ingresos, por lo que contraer una simple gripe puede representar un gran desajuste en la economía familiar.

La carencia de clínicas de atención médica genera grandes problemáticas sociales y descontento social, como ocurrió en la región del istmo-Papaloapan, donde gran parte de la población es indígena y rural y no cuenta con otro servicio médico que el que se proporciona en el hospital rural del IMSS-Oportunidades número 37, situado en Matías Romero, Oaxaca, y que hace poco tiempo fue escenario de una confrontación y protesta por personal médico que se manifestaba y denunciaba las enormes carencias con que opera la institución.

Ése es sólo un ejemplo de las carencias de personal médico, de infraestructura, de materiales de curación, de equipo y de medicamentos con que operan muchas unidades médicas rurales, lo que afecta la prestación de servicios de salud de calidad y pone en grave peligro la salud de la población oaxaqueña.

La población que no cuenta con seguridad social está obligada a utilizar los servicios de los centros de asistencia social, en los que por lo general escasean materiales y medicamentos, y el personal es insuficiente, además de que no se cuenta con especialistas. Todo ello se traduce en atención inadecuada y deficiente. Además, repercute en las condiciones de bienestar y salud de la población.

Pese a lo anterior, las fórmulas de asignación de presupuesto para los rubros de salud en Oaxaca siguen siendo insuficientes e inicuas en comparación con otros estados de la república que presentan mejores índices de población con seguridad social, como sucedió en 2004 cuando, ``considerando sólo a la población que no tiene seguridad social, Oaxaca obtuvo fondos por casi 382.77 pesos per cápita y Nuevo León, pese a sus mejores condiciones de salud, 2 mil 289 pesos por habitante'' (Cimac, Oaxaca. Urge aumentar gasto para salud materna en Oaxaca, 2004).

En pocas palabras, el presupuesto asignado para satisfacer las necesidades de cobertura del Sistema de Protección Social en Salud para Oaxaca es insuficiente.

Por ello es prioritario que se destinen recursos presupuestarios suficientes para lograr la universalización de los servicios de salud en todo el país, procurando dotar de mayores recursos a los estados que presentan importantes rezagos en la prestación de servicios médicos y en la cobertura de atención.

La carencia de recursos afecta a los grupos más vulnerables: mujeres, niños y ancianos, por lo que no es de extrañar que Oaxaca presente los primeros lugares de muerte materna y desnutrición infantil.

Solicito su solidaridad para que la propuesta que hoy se presenta sea tomada en cuenta, ya que de ser aprobado un incremento en el presupuesto destinado a los servicios de salud en Oaxaca se estarían abatiendo los rezagos sociales, aminorando la iniquidad y la injusticia social; y se ampliaría la cobertura de los servicios de salud, disminuyendo con ello los índices de mortalidad materno-infantil y mejorando las condiciones de vida de la población; asimismo, deben reforzarse los esfuerzos en la prevención de enfermedades.

En mérito de lo anterior, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar en la discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 la asignación de recursos suficientes para el Sistema de Protección Social en Salud, y en particular para el estado de Oaxaca, a fin de mejorar la calidad de los servicios de salud de la población abierta.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Javier Obregón Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a destinar, en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, mayores recursos al sector pesquero del país, sobre todo al sector social y de infraestructura pesquera, mediante programas específicos.

La Presidencia dispuso que dicha propuesta se turnara a la Cámara de Diputados, la cual se anexa.

«Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a destinar, en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, mayores recursos al sector pesquero del país, sobre todo al sector social y de infraestructura pesquera, mediante programas específicos

El que suscribe, Francisco Javier Obregón Espinoza, senador por el estado de Baja California Sur a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a destinar, en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, mayores recursos al sector pesquero del país, sobre todo al sector social y de infraestructura pesquera, mediante programas específicos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las condiciones económicas y sociales que vive el país, aunadas a la baja en la productividad nacional, exigen de las diversas instancias de gobierno acciones de fondo que transformen estructuralmente la economía nacional.

La pesca y la acuacultura son actividades que, mediante una adecuada política por parte del gobierno federal pueden constituir un puntal del desarrollo nacional por cuanto significan para la generación de más y mejores empleos y, en lo social, desempeñar un papel fundamental en el combate a la pobreza y a una mejor alimentación de los mexicanos.

El artículo 27 constitucional, en su fracción XX, establece que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población del campo el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional.

Asimismo, la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable, en su artículo primero, señala como objeto de ésta promover el desarrollo rural sustentable del país, propiciar un ambiente adecuado, considerando el desarrollo rural sustentable como de interés público, ya que éste incluye la planeación y organización de la producción, su industrialización y comercialización, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural.

En el Plan Nacional de Desarrollo se señala --en su única mención a la pesca-- que el potencial pesquero de México no ha sido explotado de manera integral con responsabilidad y visión, y que con más de tres millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva, la extensión de sus costas colocan a México en el noveno lugar mundial, lo cual le permite contar con un significativo potencial pesquero, tanto por su diversidad como por los volúmenes de pesca presentes en sus zonas marítimas.

Asimismo, resalta que esa abundancia biológica de los mares mexicanos puede traducirse en riqueza pesquera y generadora de empleos, siendo oportuno que su potencial sea explotado atendiendo los principios de sustentabilidad y respeto al ambiente.

Además de la pesca, la acuacultura y la maricultura son actividades que también demandan un impulso, ante su desarrollo aún incipiente.

Señala como objetivo elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas costeras y como estrategia impulsar la modernización integral del sector pesquero para hacerlo competitivo en el mercado internacional.

El Presupuesto de Egresos de la Federación constituye el instrumento de desarrollo más importante con que cuenta el gobierno federal para orientar la actividad económica nacional. Por ello, es importante que en éste se induzca a que el gasto público contribuya a detonar las potencialidades del país.

De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable, que incluye la pesca, los recursos destinados al sector en el Presupuesto de Egresos de la Federación deberán integrarse dentro del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, mediante la aplicación de recursos crecientes para la población campesina y pesquera del país.

No obstante que los recursos destinados por la Cámara de Diputados a la pesca y la acuacultura cada año son insuficientes para dar respuesta a las grandes demandas del sector, los que se han aprobado fueron subejercidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en amplios márgenes o ejercidos con amplia discrecionalidad, por lo que no se han aplicado para lo que fueron destinados.

De acuerdo con los decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación de los años recientes y sus anexos, se aprobaron recursos por los siguientes montos:

Lamentablemente la Sagarpa sólo ejerció un promedio de mil 500 millones de pesos anuales, ejerciéndose de manera incompleta programas tan importantes como inspección y vigilancia, apoyo en combustible a pescadores ribereños, empleo temporal, acuacultura rural, reconversión pesquera del Golfo de México, infraestructura pesquera, sanidad acuícola, sustitución de motores, entre otros, además que se dejaron de atender nuevos programas pesqueros para regiones deprimidas o de otorgar apoyos a la pesca ribereña, incumpliéndose así el texto constitucional.

Es necesario señalar que este subejercicio presupuestal en cada año agudiza la pobreza y el desamparo que sufren cientos de miles de pescadores del país, a lo cual se aúna que este sector es, lamentablemente, el que menos beneficios recibe de los programas sociales gubernamentales.

Para el sector pesquero son casi inexistentes los programas de vivienda, de empleo temporal, por citar algunos, no obstante que la fracción XX del artículo 27 constitucional establece que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral.

Con el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 el sector pesquero sufrió un grave retroceso porque se le redujeron sustancialmente los recursos respecto de los tres ejercicios fiscales anteriores. De acuerdo con el dictamen aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2007 se le destinaban mil 728 millones de pesos, pero a través de una fe de erratas posterior se redujeron a mil 725.5 millones de pesos, que descontados los 220.5 millones de pesos del Instituto Nacional de la Pesca, sólo se aprobaron para el sector pesquero mil 505 millones de pesos (mdp), la cantidad más baja de los últimos años, bajo la siguiente distribución programática:

Presupuesto para pesca 2007 Decreto 28 Fe erratas

de diciembre

Programa diesel pesquero y acuícola ------ 93.6 mdp Dar continuidad a los apoyos 591.5 mdp 553.8 mdp al sector pesqueroProgramas Pesqueros 650 mdp 608.6 mdp Inspección y Vigilancia 266 mdp 249.0 mdp Total 1,507.5 mdp 1,505.5 mdp

Sin embargo, cuando la Sagarpa publicó el calendario de gasto de los recursos asignados a cada unidad, destina 216.7 millones de pesos al Instituto Nacional de la Pesca y mil 388.6 millones de pesos a la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, con lo cual redujo a ésta 116.9 millones de pesos a lo aprobado por la Cámara de Diputados, no obstante que la Sagarpa recibió la totalidad de los 58 mil 384.7 millones de pesos que le fueron aprobados en el propio Decreto de Presupuesto de Egresos para 2007.

A pesar de los recursos aprobados en el decreto de Presupuesto de Egresos para el sector pesquero, en los convenios de coordinación para el desarrollo rural sustentable que celebraron el gobierno federal y cada entidad federativa ese año, a través de los cuales se establece la forma de distribución de los recursos para el sector pesquero por estado, la Sagarpa aporta los siguientes recursos, agrupados en cuatro rubros:

De este análisis se evidencia que se aplicaron menos recursos a los aprobados en el Presupuesto de Egresos de 2007, además de que los programas que se aprobaron por la Cámara de Diputados no coinciden con la distribución que realizó la Sagarpa, y que como producto de esa distribución, la cantidad de recursos que recibió el sector social de la pesca fue casi nulo.

A Alianza para el Campo, el único programa que existe en el presupuesto para abatir los graves rezagos del sector pesquero, sólo se aplicaron 398 millones de pesos, contra 700 millones aplicados en el año 2005, con los cuales es imposible cubrir las necesidades para proyectos productivos, infraestructura para el desarrollo, planes de acción para el ordenamiento pesquero y acuícola, acuacultura rural, reconversión productiva del Golfo de México, reducción del esfuerzo pesquero, modernización de flota o formulación de estudios, que son los componentes de ese programa.

Además, sólo se destinan 56 millones de pesos para apoyo en combustibles a los pescadores ribereños, el 8 por ciento de los apoyos que recibió por ese concepto el resto del sector pesquero.

Qué bueno que se apoye a los empresarios pesqueros que generan el 71 por ciento de la producción pesquera nacional, sobre todo en un momento delicado para la flota mayor, para compensarlos por la caída histórica en los precios del camarón y las bajas capturas mundiales en el caso del atún, pero creemos que de la misma manera se debe apoyar a los pescadores ribereños. Si dividimos 56 millones de pesos entre 300 mil pescadores ribereños, reconocidos por la autoridad, significa que cada pescador del país sólo recibe 186 pesos al año.

¿Cómo destinar sólo 19 millones de pesos en todo el país para sanidad acuícola, cuando tenemos una gran necesidad de mejorar la calidad de nuestros productos pesqueros y para ser más competitivos?

¿Cuántos recursos se aplican a inspección y vigilancia, a infraestructura pesquera, a conservación y mantenimiento de centros acuícolas o a fortalecer las subdelegaciones de pesca en las entidades federativas, que han sido literalmente abandonadas? Por eso es fundamental que la Cámara de Diputados etiquete recursos para el sector social de la pesca y para cada uno de los rubros que la Sagarpa ha abandonado.

Queda claro que una cosa es la que se aprueba y otra la que se aplica. ¿De qué sirve entonces el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación? ¿Dónde queda la voluntad del Legislativo? ¿Cómo se resolverá este problema que perjudica al pescador mexicano? ¿Qué tiene que hacer el Legislativo para modificar esta práctica ilegal del Ejecutivo?

Continuando con la inercia presupuestal de reducir recursos a la pesca nacional, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) presentado por el Ejecutivo federal para el sector pesquero en 2008 fue de mil 574.1 millones de pesos (mdp), y en 2009 es de mil 851.4 millones de pesos. Con ello se confirma el desinterés por fortalecer a este sector, además que su integración previene la intención de hacerlo más discrecional, al presupuestarse en sólo tres subprogramas.

Proyecto de PEF para 2008

Alianza para el Campo-Pesca 755.6 mdpUso sustentable de recursos naturales-pesca 419.2 mdpGasto Administrativo-Conapesca 399.3 mdp

Total 1,574.1 mdp

Proyecto de PEF para 2009

Pesca 491.0 mdpAcuacultura, sustitución de motores y otros 540.0 mdpPesca 20.0 mdp.Conapesca (Administrativo) 800.4 mdp

Total 1,851.4 mdp

No es posible que mientras la agricultura y la ganadería cuentan con un extenso número de planes en el Programa Especial Concurrente, la pesca cuente con sólo dos programas sustantivos, cuando es una actividad económica de la misma naturaleza e importancia que aquellas, y no sólo una rama de la producción agropecuaria, como se le trata en el propio proyecto de Presupuesto.

En materia de competitividad, en el proyecto de PEF para 2009 se establecen en un solo rubro los apoyos que se otorgarán en diesel agropecuario y marino y gasolina ribereña, sin que se conozcan las cantidades para cada uno, cuando su ejercicio y distribución son diferentes.

No obstante que la nueva Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable establece la obligación de disponer recursos fiscales en el Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola, el Promar, que es el instrumento previsto para promover la creación y operación de esquemas de financiamiento para la conservación, incremento y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, la investigación, el desarrollo y transferencia de tecnología, en beneficio de los productores pesqueros y acuícolas, no se establece nada al respecto en la propuesta presupuestal del Ejecutivo federal.

Con esta nueva ley, que aprobó recientemente esta legislatura, publicada el 24 de julio de 2007, y que entró en vigor el 22 de octubre del mismo año, se establecen atribuciones a las diversas instancias de gobierno y, como parte sustancial de ellas, al gobierno federal corresponde establecer nuevas políticas de atención al sector, sin que el proyecto de Presupuesto 2009 se refiera a ellas, cuando el Presupuesto de Egresos debe ser uno de los instrumentos a través de los cuales debiera impulsarse ese objetivo.

Por otra parte, es preocupante el rezago existente en obras de dragado y de protección (escolleras), ya que se han acumulado muchos años otorgándose presupuestos insuficientes para atender las necesidades que presentan los sistemas lagunarios costeros en ambos litorales del país, importantes ecosistemas que son patrimonio de la nación y que de su salud dependen los beneficios en el orden ambiental, en la salud de la población avecindada, la navegabilidad, la disponibilidad de recursos hidráulicos para las actividades derivadas como la acuacultura y desde luego para la actividad pesquera, por tanto, reflexionando que el problema es de tal magnitud y que la Conapesca atiende sólo parcialmente y a un ritmo que no permite que el saneamiento se dé a la velocidad que se genera el azolve, la contaminación y la disminución de los servicios ambientales de cada cuerpo de agua, por lo que es importante contar con los recursos mínimos indispensables para implantar un programa de saneamiento de las lagunas costeras de México.

México registra un considerable atraso social en las comunidades de pescadores asentados a lo largo de los sistemas lagunares costeros, la causa es la falta de infraestructura pesquera y, en el mejor de los casos, esta escasa infraestructura opera de manera deficiente requiriendo rehabilitación y mantenimiento, el incremento de esta infraestructura complementaria constituida básicamente por atracaderos, centros de acopio y redes de frío mejorarían las condiciones de operación y seguridad de las embarcaciones ribereñas y propiciarían condiciones para generar valor agregado a los productos capturados, lo que contribuirá a mejorar las condiciones socioeconómicas del sector pesquero rural.

Por ello, consideramos que se requiere etiquetar de manera directa en infraestructura pesquera para el ejercicio fiscal de 2009 un presupuesto de, cuando menos, 250 millones de pesos, a fin de dar respuesta a las grandes demandas del sector y atender los altos rezagos en materia de dragado, desazolve, aperturas de boca-barras, construcción de escolleras, conservación y mantenimiento de centros acuícolas, estudios físicos, de impacto ambiental y proyectos de ingeniería, principalmente.

Por todo lo anterior, consideramos que es necesario que la Cámara de Diputados apruebe mayores recursos para el sector pesquero, en cantidades cuando menos similares a las que fueron aprobadas en años anteriores a 2007, estableciendo en planes específicos del programa especial concurrente el destino de dichos recursos, con el fin de evitar su ejercicio discrecional.

No estamos de acuerdo en la postura del Ejecutivo federal de que se reduzcan los programas, principalmente en la materia pesquera, porque es una forma más de promover la discrecionalidad del Ejecutivo en la aplicación del gasto y de suprimir la posibilidad de apoyar al sector social.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esa honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión a asignar, en el proceso de discusión y aprobación del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009 mayores recursos para el sector pesquero de los que contiene la propuesta del Ejecutivo federal, en cantidades cuando menos similares a las aprobadas en los tres años anteriores a 2007, fortaleciendo los recursos destinados a Alianza para el Campo en su vertiente pesquera, porque representa el único programa para apoyos al sector, principalmente para el ámbito social, ya que la mayoría de los beneficiarios se encuentran en zonas de alta marginación.

Segundo. Asimismo, se exhorta a la Colegisladora a incorporar, en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, el destino específico de los recursos que se aprueben para el sector pesquero, estableciendo al menos los siguientes programas: proyectos productivos, inspección y vigilancia, reconversión pesquera del Golfo de México, programa nacional de acuacultura rural, Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola Promar; Fondo de Contingencias Climatológicas-Pesca; infraestructura pesquera y sanidad acuícola; asimismo, para sustitución de motores, empleo temporal, proyectos productivos en áreas naturales protegidas, promoción del consumo de productos pesqueros, programa de conservación y mantenimiento de centros acuícolas, así como para diesel marino y gasolina ribereña, con el fin de evitar el ejercicio discrecional de dichos recursos.

Tercero. De acuerdo con las prioridades señaladas por la Cámara de Diputados de dar preferencia al gasto público en materia de infraestructura, se exhorta a la colegisladora a etiquetar de manera directa para el ejercicio fiscal 2008 un presupuesto cuando menos de 250 millones de pesos para infraestructura pesquera, a fin de dar respuesta a las grandes demandas del sector pesquero y acuícola del país y atender los altos rezagos en materia de dragado, desazolve, aperturas de boca-barras, construcción de escolleras, conservación y mantenimiento de centros acuícolas, estudios físicos, de impacto ambiental y proyectos de ingeniería, principalmente.

Cuarto. Se le exhorta además a aprobar mayores recursos para el Instituto Nacional de la Pesca, destinados a fortalecer los programas de investigación pesquera nacional.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Damos la más cordial bienvenida a la mesa directiva de la Asociación Nacional de Notariado Mexicano, que nos acompañan en esta sesión.

ANALISIS DEL II INFORME DE GOBIERNO. POLITICA INTERIOR

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Para dar cumplimiento al acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión celebrada el 11 de septiembre de 2008, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 de la Constitución Policía de los Estados Unidos Mexicanos, y 7o., numeral 4, de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, comparecen los ciudadanos Juan Camilo Mouriño Terrazo,secretario de Gobernación; Genaro García Luna,secretario de Seguridad Pública; Eduardo Medina Mora Icaza, procurador general de la República, a fin de ampliar el análisis correspondiente al Segundo Informe de Gobierno del presidente de los Estados Unidos Mexicanos en materia de política interior.

Se encuentran en el salón de recepción de esta Cámara de Diputados los ciudadanos Juan Camilo Mouriño Terrazo, Genaro García Luna y Eduardo Medina Mora Icaza.

Se designa en comisión, para recibirlos e introducirlos en este recinto, a los siguientes diputados: al presidente de la Comisión de Gobernación, al presidente de la Comisión de Seguridad Pública y al presidente de la Comisión de Justicia, así como a los ciudadanos coordinadores de los grupos parlamentarios que así lo deseen.

Se pide cumplan su cometido.

(La comisión cumple su cometido)

Se pide a la Secretaría leer el acuerdo parlamentario aprobado en la sesión del 11 de septiembre de 2008 por la Cámara de Diputados, que norma el procedimiento para esta comparecencia.

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se cita a comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la República, en el marco del desahogo del análisis del Segundo Informe de Gobierno del presidente de la república, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en materia de política interior

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 7, 33 y 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. Que el 1 de septiembre de 2008, fecha de inicio del actual periodo de sesiones, el licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el Congreso de la Unión su Segundo Informe de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Que el artículo 7, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que las Cámaras analizarán el informe presentado por el presidente de la república y que dicho análisis se desarrollará clasificándose por materias: política interior, política social, política económica y política exterior.

Tercero. Que los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica, establecen que es la Junta de Coordinación Política la expresión de la pluralidad de la Cámara de Diputados y el órgano en que se impulsan entendimientos y convergencias políticas a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

Cuarto. Que los integrantes de este órgano de gobierno, en el ánimo de ampliar y profundizar el análisis en materia de política interior que el Pleno celebró en la sesión del martes 9 de septiembre del presente año, han acordado celebrar las comparecencias materia del presente acuerdo.

Con base en los considerandos expuestos y con fundamento en los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 7, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados, en el marco de lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 4 del artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acuerda citar a Juan Camilo Mouriño Terrazo, secretario de Gobernación, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, y Eduardo Medina Mora Icaza, procurador general de la República, para que comparezcan ante el Pleno el martes 23 de septiembre de 2008, a las 11:00 horas, a efecto de ampliar el análisis correspondiente al Segundo Informe de Gobierno del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en materia de política interior.

Segundo. La sesión prevista en el resolutivo anterior se desarrollará conforme al procedimiento de preguntas-respuestas:

Tercero. Las preguntas se realizarán de la siguiente manera:

Cuarto. Los grupos parlamentarios registrarán ante la Presidencia de la Mesa Directiva, con toda oportunidad, los nombres de los diputados que participarán en la sesión.

Quinto. La Junta de Coordinación Política, en su oportunidad, someterá a la consideración del Pleno los mecanismos para regular el procedimiento que seguirá la pregunta por escrito a que se refiere el segundo párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sexto. Notifíquese al Ejecutivo federal el presente acuerdo.

Séptimo . Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, diputado. En este acto...

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Diputada Batres... Sonido a la curul de la diputada Valentina Batres.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Diputado presidente, quiero pedirle que se lea el artículo 69 constitucional, para que se le dé lectura concreta al segundo párrafo de este artículo, y después de su lectura se proceda a tomar protesta de decir verdad de lo que aquí hablen los secretarios y el procurador hoy presentes.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Pido a la Secretaría dar lectura al artículo 69 constitucional.

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : Dice así:

Artículo 69. En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la república presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus Cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al presidente de la república ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informe bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de ésta facultad.

Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, secretario.

En este acto, la Cámara de Diputados continuará el análisis de tres temas fundamentales de la agenda nacional: el estado que guardan la política interior, la seguridad pública y el sistema de justicia.

Hoy los ojos de la nación están puestos en el ejercicio republicano que Legislativo y Ejecutivo debemos desarrollar en un ambiente de respeto y tolerancia, como el que debe prevalecer permanentemente entre poderes, que la sociedad mexicana demanda.

Esperamos de este acto de rendición de cuentas responsabilidad y claridad por parte de los funcionarios comparecientes y que mediante las respuestas a los cuestionamientos de los legisladores obtengamos elementos que nos permitan tomar decisiones en estos temas.

La Cámara de Diputados continuará impulsando las reformas legales que permitan el perfeccionamiento de nuestro marco jurídico para preservar el estado de derecho, que es sustento de nuestra vida social.

Asimismo, destinará mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año los recursos necesarios para fortalecer la seguridad pública y la tarea que implica el combate al crimen organizado.

Refrendamos nuestro propósito común: regresar a la ciudadanía la tranquilidad y la confianza que México demanda.

Hago del conocimiento de los funcionarios que comparecen ante esta soberanía bajo protesta de decir verdad, de conformidad con el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos... Diputado Ríos Camarena.

El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena (desde la curul): La diputada Batres solicitó que se leyera el texto del artículo 69 constitucional, particularmente el párrafo segundo. Es claro que este artículo es de reciente ingreso a su vigencia y que no existe una reglamentación adecuada ni jurídicamente válida. Sin embargo, aceptamos como bueno ---porque así debe ser--- el acuerdo parlamentario de los coordinadores, pero en él no se establece con claridad la protesta que deben rendir en este momento los señores invitados frente al pleno de esta soberanía.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Diputada Batres. Diputada Claudia Cruz, enseguida de la diputada Batres.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Para que no le conteste lo mismo que me ha contestado a mí, al diputado Ríos Camarena, quisiera entonces que quedara mucho más claro que lo que usted acaba de leer es el apercibimiento a los funcionarios públicos que hoy se encuentran en este recinto, para rendir cuentas y que se encuentran, quieran o no, en la condición de que lo que digan está bajo protesta de decir verdad, y que no es un acto voluntarioso, sino constitucionalmente están obligados a hacerlo.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Diputada Claudia Cruz.

La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago (desde la curul): Gracias, señor presidente.

En el mismo sentido de mis compañeros, yo apoyo totalmente la propuesta. Me parece que tiene que ser un acto solemne el de ellos al rendir protesta ante este pleno, en primer lugar.

En segundo lugar, yo quiero plantear un asunto que me parece que usted debería reconsiderar, ya que la Junta de Coordinación Política no lo hizo.

Me parece que nosotros, los diputados, fuimos votados por esta nación y, por tanto, los actos para darle una solemnidad y una verificidad a este evento. Debemos tomar la tribuna para tomar la palabra y hacer nuestra participación, en términos de equilibrio de poderes, desde la tribuna. No desde nuestras bancas.

Me parece que es lo correcto y que usted pueda, con la Mesa Directiva, corregir este error que cometió la Junta de Coordinación Política. Muchas gracias.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Señor presidente, me parece muy claro el artículo 69, y estamos coincidiendo con la interpretación que ha hecho el diputado Ríos Camarena y la diputada Valentina Batres.

Y, por otra parte, hay un acuerdo firmado por todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

El artículo 69 establece con claridad ---y hay conciencia en los funcionarios--- de la responsabilidad que adquieren al comparecer a esta soberanía. Yo le suplicaría, señor presidente, en ánimo de superar estas diferencias ---que en el fondo no existen---, que se procediera a respetar el orden del día y que diéramos curso a la comparecencia, que es a lo que hemos venido en esta sesión.

Creo que su decisión ha sido correcta. Ya se dio lectura al artículo correspondiente y suplicaría que procediéramos a desahogar el orden del día. Muchas gracias, señor presidente.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, diputado. La diputada Valentina Batres.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Más allá de la forma en cómo se haga obligatorio o se haga clara la obligatoriedad de decir ---bajo protesta de decir verdad--- todo lo que los funcionarios nos vayan a contestar, quiero también sumarme a la propuesta de la diputada Claudia Cruz, y decirle, presidente diputado, que aquí es nuestra casa somos nosotros, los 500 diputados, los representantes populares que escogió la ciudadanía mexicana.

Aquí, durante dos años de legislatura, hemos subido a tribuna a hacer uso de la palabra para nuestras intervenciones. Y me parece que es un signo que no adelanta progreso, equilibrio, democracia, sino que exhibe iniquidad, sometimiento, supeditación de quien hoy no viene de visita, sino viene a rendir cuentas.

Me parece que en un acto de dignificar el trabajo legislativo, los diputados que hagamos uso de la palabra no necesitamos pedirlo, pero le pedimos a usted que haga las gestiones necesarias para garantizar que hagamos uso de la palabra en la tribuna. Ésta es nuestra casa. Ése es el lugar donde damos los mensajes, nuestras intervenciones. No tenemos por qué aceptar el anonimato de las 500 curules de este lado del pleno.

Por eso le pido, presidente diputado, le insisto, que antes de empezar esta comparecencia se rectifique y garantice usted el buen desempeño de los diputados, como ha sido, y que no por este evento suframos tres pasos gigantescos hacia atrás.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Señor presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, diputada. El diputado Portilla ha pedido la palabra.

El diputado Manuel Portilla Diéguez : Gracias, diputado presidente. Solamente para comunicarle que el acuerdo ya se votó por este pleno y se tiene que respetar. Creo que, en aras de que funcione y de darle claridad a este proceso democrático, sigamos adelante conforme al orden del día. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : A ver, diputado Alfredo Ríos Camarena.

El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena (desde la curul): Son temas distintos. Uno tiene que ver con ese vacío de reglamentación constitucional que no establece la norma clara. Exijo que los señores invitados protesten conducirse bajo verdad, porque así lo señala la Constitución. Y esta soberanía está en el derecho de tener una relación válida con el Ejecutivo. No se trata de faltarle al respeto a nadie; siempre hemos sido complacientes y atentos con los invitados del Ejecutivo federal, pero cumplamos la Constitución.

Si no hay reglamento, pido en este momento que esta soberanía en todo caso lo vote, si no quieren que se tome la protesta, que no se tome, pero propongo que se vote. Ése es un tema.

El otro es de mero procedimiento. En los temas parlamentarios se usa desde la curul o no, a mí no me importa de dónde hablo, lo que me importa es lo que digo.

Pero finalmente pido que se vote en este momento o se haga la protesta de los señores invitados como una exigencia de un diputado.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Diputada Claudia Cruz.

La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago (desde la curul): Gracias, señor presidente. Creo que una parte esencial de lo que son las comparecencias, evidentemente son los dichos de cada uno y, en efecto, decir que ``bajo protesta de decir verdad declaran'' es muy importante. El acto de solemnidad es importante en lo que tiene que ver con la declaración del derecho.

Me parece importante también volver a insistir en que nosotros sí debemos tomar la tribuna para la participación nuestra. ¿Por qué? Porque es guardar los equilibrios de la nación. El Ejecutivo federal está en la tribuna. Nosotros, el Poder Legislativo tenemos que estar en la tribuna; eso es guardar los equilibrios. Señor presidente, le vuelvo a solicitar que la Mesa Directiva repare todo este asunto.

La Junta de Coordinación Política... puede ser que nuestros coordinadores se hayan equivocado. Nosotros, los diputados, estamos planteando hoy que usted, como presidente y la Mesa Directiva, simple y llanamente repare este asunto que no tiene nada que ver con modificar el orden del día. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, diputada. El diputado Larios.

El diputado Héctor Larios Córdova (desde la curul): Gracias, presidente.

El segundo párrafo del artículo 69 constitucional establece con claridad que la comparecencia de los funcionarios se hace bajo la modalidad, bajo protesta de decir verdad. Independientemente de que exista formalidad o no, están sujetos a esta obligación de comparecer bajo protesta de decir verdad.

Sugiero, presidente, que se someta a consideración el acuerdo de la Junta de Coordinación Política y que adicionalmente se les solicite a los secretarios comparecientes que en su primera intervención ratifiquen esta disposición de comparecer bajo protesta de decir verdad.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, diputado Larios.

Les pido que se pongan de pie... ciudadano Juan Camilo Mouriño Terrazo, secretario de Gobernación. Les pido se pongan de pie todos los presentes.

(Puestos todos los presentes de pie)

Ciudadano Juan Camilo Mouriño Terrazo, secretario de Gobernación; ciudadano Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública; ciudadano Eduardo Medina Mora Icaza, procurador general de la República, en los términos de lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿protestan ustedes decir verdad ante la honorable Cámara de Diputados, a la que comparecen con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno presentado por el ciudadano presidente de la república, del estado que guarda la administración pública federal, enterando ustedes de los alcances y consecuencias de ello?

El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo; el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora Icaza; y el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna: Sí, protesto.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Si así no lo hicieren, que la nación se los demande.

Para dar cumplimiento, hasta por tres minutos, al punto tercero del acuerdo, los grupos parlamentarios han inscrito para la primera ronda de preguntas y respuestas a los siguientes diputados:

Obdulio Ávila Mayo , del Partido Acción Nacional; Aleida Alavez Ruiz , del PRD; César Camacho Quiroz , del PRI; Elías Cárdenas Márquez , de Convergencia; Francisco Elizondo Garrido , del Partido Verde; María Mercedez Maciel, del Partido del Trabajo; Silvia Luna Rodríguez , de Nueva Alianza; y Elsa Conde Rodríguez, de Alternativa.

Tiene el uso de la palabra la diputada Claudia Cruz, desde la curul, de nuevo.

La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago (desde la curul): Sí, presidente, muchísimas gracias.

Quiero agradecer que usted haya reparado el asunto de que estos señores funcionarios puedan, en efecto, hoy rendir su declaración bajo protesta de decir verdad, pero yo solicité que los diputados pudiéramos estar en la tribuna. Insisto, es un acto solemne y se tiene que reparar en el equilibrio de poderes.

No podemos realizar una reunión simple y llanamente, como si fuera de trabajo. En efecto, la solemnidad del acto, que acaban incluso ellos de protestar, implica que nosotros, los diputados, podamos tomar la tribuna para hacer nuestros cuestionamientos.

Le pido, por favor, presidente, que la Mesa Directiva, con usted, puedan reparar también este asunto. Muchísimas gracias, y que lo pueda someter en todo caso a consideración del pleno.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Compañera, la solicitud que usted hace ha sido votada previamente por el pleno en el acuerdo parlamentario, y establece que es desde la curul, hasta por tres minutos. Ha sido un asunto que ya ha sido agotado por el pleno.

Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Obdulio Ávila Mayo .

El diputado Obdulio Ávila Mayo : Ciudadanos secretarios de despacho, la bancada de Acción Nacional, por mi conducto, les da la más cordial bienvenida a este ejercicio democrático de rendición de cuentas.

Mi pregunta es al secretario de Gobernación. Desde su toma de posesión, el presidente Calderón declaró la guerra al crimen organizado. Comprendemos y apoyamos este esfuerzo, pero la visibilidad de actos de violencia nos obliga a preguntarnos lo siguiente.

¿A qué se debe que hayamos llegado a esta situación que genera zozobra en la población? ¿Está en peligro la gobernabilidad del país? ¿Cuál es la meta de esta guerra? ¿Existen indicadores de éxito o fracaso de la estrategia? ¿Qué ventaja ha tenido sacar a las calles al Ejército para combatir a los delincuentes?

Asimismo, el presidente ha insistido en la necesidad de que todas las instancias de procuración de justicia del Estado mexicano se coordinen adecuadamente para poder hacer un frente común y, sin embargo, se habla mucho de que existen importantes problemas de falta de coordinación e, incluso, de falta de estrategia en las dependencias federales, cuyos titulares hoy, por cierto, comparecen ante esta soberanía.

Como Poder Legislativo se ha atendido la convocatoria del Ejecutivo federal para un acuerdo nacional de seguridad, de justicia y legalidad, que nos obliga a todos y establece compromisos concretos.

¿Cuál es el nivel de coordinación que existe en el gabinete de seguridad y qué acciones se están tomando para mejorarla? ¿Qué garantiza que los objetivos planteados en el acuerdo mencionado no serán sólo una expresión de buenas intenciones?

¿Ante los últimos acontecimientos en Morelia, señor secretario, es necesario un cambio en la estrategia de combate al narcotráfico? Algunas voces han llegado a señalar que para evitar más muertes es necesario pactar con el narcotráfico. En el PAN nos oponemos a esto. ¿Usted qué piensa?

Finalmente, secretario, en Acción Nacional respaldamos firmemente, sin regateos ni titubeos, al presidente Calderón.

Esperamos que el Congreso, siendo el recinto donde los adversarios se reúnen para debatir y acordar, dé muestra hoy de su capacidad para hacer política de Estado y no política partidista para pactar por la nación. México, lo requiere.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Adelante,secretario de Gobernación, para dar respuesta a la pregunta que se le hace.

El secretario Juan Camilo Mouriño Terrazo: Con su permiso, diputado presidente.

En primer lugar, y coincidiendo con el propósito que usted ha señalado de esta comparecencia, agradezco la oportunidad de comparecer ante esta soberanía y rendir cuentas del estado que guarda la administración pública, como ya ha sido entregado en el informe de gobierno, y poder ampliar al respecto.

Respecto a la pregunta, yo le diría, diputado, que hay un objetivo claro, un objetivo de recuperar para cada familia mexicana la paz, la tranquilidad y la seguridad que nos demanda. Que ese objetivo claro, que fue anunciado desde el principio de la administración, no es producto de una coyuntura o de un evento en particular, sino de la plena conciencia que existe en el gobierno del presidente Calderón desde el inicio de su administración: que este tema es el más importante y que tiene que ser atendido con toda la fuerza del Estado.

También le informo, señor diputado, que si ciertamente los operativos conjuntos son la parte más vistosa de la estrategia, no es la única. La estrategia es integral y tiene cinco ejes. Por supuesto sí, el uso del Ejército para combatir a la delincuencia en aquellos lugares donde nos desafía claramente para querer controlar territorialmente a nuestro país. En eso hemos echado mano de las instituciones del Estado que mayor fortaleza tienen, con mayor capacidad, la capacidad logística, operativa y la capacidad en armamento para poder combatirlos, y estas instituciones son las de las Fuerzas Armadas.

Pero que, al mismo tiempo, existe un eje de la estrategia que va enfocado a fortalecer institucionalmente a las demás instancias que son responsables de la seguridad y de la procuración de justicia; una estrategia que fortalece por un lado, por la vía legislativa, y en eso hay que reconocer el trabajo de esta soberanía al haber aprobado las reformas constitucionales en materia legal, de seguridad y de justicia; y una estrategia que tiene que ver con el fortalecimiento institucional, por la vía de presupuesto, de inversión en tecnología y de ampliar las capacidades de cada una de estas instituciones.

Una estrategia integral que tiene un componente social, que ataca la parte de prevención y que también nos permite recuperar tejido social y espacios públicos que hoy están dominados por la delincuencia.

Una estrategia integral que tiene también un componente de desmantelar sus redes operativas, financieras y logísticas, y ahí hemos tenido resultados sin precedentes, no nada más en nuestro país sino en el mundo entero, en decomisos de droga, de dinero, de armamento.

Y una estrategia integral que también tiene un componente de cooperación internacional porque la delincuencia no reconoce fronteras geográficas y actúa en coordinación, de la misma manera en nuestro país que en otros países del mundo, y por ello la necesidad de hacerlo integralmente y también en la cooperación internacional.

Por último, termino diciendo, diputado, que no hay cabida a un pacto con el narcotráfico; que hay una decisión firme del gobierno de enfrentarlo y que lo habremos de hacer con toda la fuerza del Estado y con el apoyo de los demás órdenes y poderes del Estado mexicano.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, secretario. Tiene el uso de la palabra la diputada Aleida Alavez Ruiz, por el PRD.

La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Con el permiso de la Presidencia.

Señor secretario, por gobernabilidad se entiende ``la capacidad del gobierno para legitimar sus decisiones con base en el empeño eficaz de sus funciones''.

Hoy, a dos años de entrar por la puerta trasera para asumir de manera ilegítima la titularidad del Poder Ejecutivo federal, podemos afirmar que la administración calderonista ha abonado el camino de la ingobernabilidad en el país.

El actuar ilegal e irresponsable, deshonesto, parcial y sin ética ha propiciado la falta de construcción de acuerdos, la ausencia de apoyo por parte de actores políticos y de una gran parte de la sociedad.

Como responsable de la política interior, ha contribuido a la permanencia del autoritarismo y de la corrupción en nuestro país, al debilitamiento de la democracia. Lo único estable es el modelo económico que ahonda la desigualdad social, el fortalecimiento del crimen organizado y la violencia e inseguridad pública.

Es en este último rubro la tan sonada frase de ``no me va a temblar la mano'', de su superior jerárquico, que sólo se aplica a los luchadores sociales, pero no contra la delincuencia organizada y las corporaciones policiales, las cuales, usted mismo ha reconocido, están infiltradas por los criminales.

La ingobernabilidad del país queda al descubierto por la ineficiencia de las acciones de la administración calderonista. Basta decir, según cifras de expertos de Naciones Unidas, que cerca de 60 por ciento de los municipios del país viven a la sombra del crimen organizado, 23 mil millones de dólares en ganancias de la delincuencia organizada y sólo 230 decomisados. En otras palabras, ineficacia de 99 por ciento.

México ocupa el cuarto sitio en multimillonarios y tiene a uno de los tres hombres más ricos del mundo. En contraste, cerca de 70 millones de connacionales se encuentran en condiciones de sobrevivencia.

Los resultados de su política económica nos imponen recomponer la ruta, no con millonarias campañas publicitarias a costa del erario. Es necesario un verdadero pacto de salvación nacional que frene el empobrecimiento y la inseguridad del pueblo.

Es urgente el llamado a la unidad nacional, pero no aquel para encubrir la corrupción, la impunidad y la injusticia social. Hacemos un llamado para la elaboración de un nuevo modelo económico.

Acaso éste no es el momento para reencauzar los 200 mil millones de pesos que ustedes proponen para gasto corriente para garantizar el acceso de los jóvenes a la educación con becas y más recursos a las universidades, aumentar el presupuesto destinado al campo con precios de garantías y subsidios al fertilizante, la construcción de tres refinerías en el país para dejar de importar gasolina.

Para un real paso de salvación nacional, no de unidad ---como ustedes le llaman--- se requiere un examen autocrítico de este gobierno que empiece con una renovación en el servicio público, o sea, su salida, y se sancione a todos los funcionarios corruptos.

Exigimos, a nombre de todo el pueblo que se manifestó en una consulta pública nacional, que retiren la reforma energética privatizadora. Los titulares del poder político somos responsables de cambiar el modelo económico y social del país para una verdadera unidad nacional.

Secretario, ¿el gobierno que representa está dispuesto a suscribir el pacto nacional de salvación, cuyos ejes rectores sean el cambio de la política económica y social? Por el alto compromiso con la nación, esperamos que así sea.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Tiene el uso de la palabra el ciudadanosecretario de Gobernación, para dar respuesta.

El secretario Juan Camilo Mouriño Terrazo: Con su permiso, señor diputado presidente.

Agradezco la pregunta de la diputada. Yo diría, en primer término, ha hablado usted, señora diputada, de la gobernabilidad, y ciertamente todos debemos procurarla; es función del Estado mexicano y es, sin duda, una responsabilidad del gobierno federal y de la secretaría bajo mi responsabilidad.

Y hablar de gobernabilidad precisamente tiene que ser en el entendido de que no podemos evitar que en un país tan disperso, diverso como el nuestro, haya inconformidades, manifestaciones, puntos de vista distintos. Y en ese sentido el reto no está en que éstas no existan, sino el poder canalizarlas por la vía de las instituciones. El poder atenderlas con oportunidad y el poder estar presentes para no dejar que los conflictos vayan creciendo.

Y en eso hemos trabajado desde el principio de la administración, y seguimos haciéndolo desde la propia secretaría y el gobierno federal en su conjunto. Y yo diría que la premisa del gobierno sobre la gobernabilidad, y la premisa del gobierno sobre la necesidad de construir acuerdos ha funcionado en lo que va de la administración. Y esta soberanía no nada más es testigo, sino es partícipe de ello.

Estamos ante la legislatura, sin duda, más productiva de la época moderna en nuestro país. Una legislatura que ha encontrado solución a problemas añejos. Y que ni el diálogo, la discusión, el análisis profundo de los diversos temas y de las propuestas provenientes de los diversos partidos políticos, ha encontrado cómo dar solución a estos problemas.

Me parece que el diálogo se traduce precisamente en este tipo de acuerdo. Me parece que la disposición que ha mostrado el gobierno de la república ha permitido también la construcción de estos acuerdos. Acuerdos en el Legislativo y acuerdos con la sociedad. Acuerdos como el que se alcanzó con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación por la Alianza Educativa.

O acuerdos como el que recientemente se dio a conocer y se firmó por los tres órdenes de gobierno y por los tres Poderes de la Unión junto con la sociedad organizada, para dar solución, para hacer compromisos concretos, para ponerle tiempo y responsables en este Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Estamos ciertos, señora diputada, de que la mejor manera de encontrar soluciones para México es dialogando. Y en ese sentido le digo: que sí, que el gobierno está dispuesto a dialogar con todas las fuerzas políticas respecto a la situación que vive nuestro país, y a actuar en consecuencia. Está dispuesto a dialogar sobre los grandes temas que nos quedan pendientes y encontrar las mejores soluciones escuchando las opiniones de todos.

Ésa ha sido la premisa desde el inicio y ésa sigue siendo la premisa que hoy reiteramos ante esta legislatura. Los acuerdos dan solución, la política es precisamente el arte de construirlos, y ése ha sido y siempre seguirá siendo la disposición del gobierno del presidente Felipe Calderón.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, secretario.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : ¿Falta algún diputado o alguna diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 426 diputadas y diputados.

Quienes no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para hacerlo por cédula. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, diputada secretaria.

ANALISIS DEL II INFORME DE GOBIERNO. POLITICA INTERIOR

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : A continuación tiene el uso de la palabra el diputado César Camacho Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado César Octavio Camacho Quiroz (desde la curul): Gracias, señor presidente.

Deficiencia, demagogia y desorden son tres pinceladas que pintan de cuerpo entero el combate a la delincuencia en esta administración; es la trilogía del desamparo. Ese desamparo sentido por 70 por ciento de los mexicanos ---según una encuesta de ayer---. Desamparo que se acrecienta cuando el atemorizado presidente de la república, con una mezcla de cinismo y evasión, dice que se suma a los reclamos ciudadanos, cuando el destinatario es el poder público, muy especialmente él. Señores, es evidente que su desempeño ha sido deficiente y los resultados magros.

En muchos sitios el poder público ha sido lamentablemente desplazado. No son tierra de nadie, pues ante la timidez, la complacencia o la complicidad del gobierno hoy son tierra de los criminales.

Qué pena que hoy la nota roja sea la principal materia prima de los noticieros. En el trabajo operativo de lo que puede acusárseles es de lentitud; y si hay incapacidad para reaccionar, peor aún para accionar.

Es desesperanzador advertir que frente a un acto terrorista sobre el que ---por cierto--- legislamos hace año y medio quedaron pasmados y en estado catatónico. Ustedes han expresado que el modelo de seguridad pública está agotado; no obstante, no han sido capaces de sugerir otro, eficaz y esperanzador.

A los datos. Según el informe, el año pasado fueron condenadas 48 mil 300 personas, pero el Consejo de la Judicatura Federal dice que fueron 17 mil sentencias menos. El Ejecutivo acepta que 6 de cada 10 delitos permanecen impunes, aunque el Judicial afirma que son 8 de cada 10. Señor procurador, ¿quién miente?

En otra parte se dice que hubo un incremento de averiguaciones previas en delitos contra la salud; pero en otra página se asegura que tales delitos se redujeron 10.7 por ciento. Aquí no hay duda que quien miente es la Procuraduría, pero cuál es el dato incorrecto.

Por cierto; ¿tienen ustedes la cifra de cuánta gente ha salido del país? ¿Cuántos capitales han huido y cuántos otros no han llegado a raíz de la inseguridad?

En otro apartado. Hace casi un año el presidente promulgó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, e insistió en que resultaba importante. Dijo que se iniciaba una lucha frontal en contra la explotación sexual y laboral de un sector vulnerable de la población. También que establecería un programa para combatir el tercer delito más rentable, cuyas víctimas, en más de 80 por ciento, son niñas y mujeres. Aunque esto, bueno, sonó bien.

Y en los transitorios, dicho de paso, se establecieron 120 días para expedir un reglamento y crear una comisión intersecretarial. Es evidente que el tiempo ha transcurrido y ni lo uno ni lo otro. Como resultado de que el Ejecutivo no ha cumplido no hay una sola consignación por ese abominable crimen, y cada año más de 100 mil menores de edad siguen siendo objeto de explotación. Según el INEGI, bien se le puede llamar a esto ``justicia demagógica''.

Lo último, una perlita jurídica. La reforma de la justicia penal ordena la creación de una instancia de coordinación para implantar el sistema acusatorio. En ello debemos intervenir los tres poderes, aunque inopinadamente, y sin base jurídica, es decir, contra la ley, el presidente ya nombró a un flamante secretario técnico. Ahora falta ver si tiene fundamento para trabajar.

En último lugar, ¿cuál será, señores, especialmente señor procurador, el punto en el que la inseguridad se convertirá en ingobernabilidad? ¿Cuántos muertos para accionar, de una vez por todas? Deficiencia demagógica y desorden es el triste saldo de hoy.

Ya nos enteramos, lo leímos, lo vimos, lo escuchamos, que no van a renunciar. Eso significa que tienen voluntad, aunque, por supuesto, es insuficiente. Se necesita cuando menos capacidad y agallas; ¿tienen?

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Tiene el uso de la palabra el ciudadano procurador general de la República.

El procurador Eduardo Medina-Mora Icaza: Con su permiso, señor presidente.

En primer lugar, agradezco en lo que vale, que es mucho, la oportunidad de comparecer ante la honorable Cámara de Diputados para hacer la glosa del Segundo Informe de Gobierno del presidente de la república.

Saludo con mucho aprecio al señor diputado César Camacho, y agradezco sus comentarios y preguntas.

Ciertamente que la seguridad es la obligación más importante que el Estado tiene frente a sus ciudadanos. Y está claro para la administración del presidente Calderón, como está claro para todos los que tenemos el privilegio de participar como servidores o funcionarios en el Estado mexicano, todos, que ésta es la gran deuda que el Estado tiene para con sus ciudadanos.

Y sobre esta base se ha definido a esta lucha contra la inseguridad, contra la delincuencia organizada, por el rescate del derecho de los mexicanos, de sus familias, de nuestras comunidades, para vivir en paz, para vivir en tranquilidad como objetivo último.

Y sobre esta base se ha planteado una estrategia perfectamente articulada en términos del diagnóstico, en términos de los componentes y de las secuencias, para arrebatar, para quitar a estos grupos el enorme poder económico, el enorme poder de fuego y de intimidación con el que han secuestrado el derecho de los mexicanos a vivir en paz.

En este esfuerzo, en esta batalla, todos los elementos al alcance del Estado mexicano tienen que comprometerse. Sobre esta base, el objetivo es rescatar territorios. Es decir, poner fuerza pública de otras fuentes, de otros lugares, precisamente para romper el espacio geográfico de impunidad en el que estos grupos se desarrollan. Y, sobre esa base, poder reconstruir a las instituciones que son responsables, primordialmente, de entregar el servicio de la seguridad pública. Transformar un problema que es hoy, sin duda, de seguridad nacional, en un problema de seguridad pública.

Ciertamente, diputado Camacho, el esfuerzo ha sido muy significativo, y le aseguro que los funcionarios que servimos y tenemos el privilegio de servir a esta administración, en particular los de la Procuraduría General de la República... pero estoy cierto también que todos los que participamos en el gabinete de seguridad no sólo tenemos la capacidad y ---como usted dice--- las agallas, sino la determinación y el compromiso con México, con nuestras familias, con nuestras comunidades y con el privilegio de ser servidores públicos.

La designación de un secretario técnico para atender los apoyos que se requieren a las entidades federativas y a la federación en la implantación de la trascendentísima reforma constitucional, que ustedes aprobaron, ha sido hecha, precisamente, en consulta con los liderazgos de cada una de las bancadas de esta Cámara, con los liderazgos de la Cámara de Senadores, con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial.

Desde luego, tenemos que formular la instancia en los términos que plantea el artículo undécimo transitorio de la reforma correspondiente.

Por el tiempo agotado, es cuanto. Con mucho gusto le hago llegar, señor diputado, los detalles de las preguntas que usted nos hace.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, señor procurador. Tiene el uso de la palabra el diputado Elías Cárdenas Márquez, por Convergencia.

El diputado Elías Cárdenas Márquez (desde la curul): Gracias, señor presidente.

Mi pregunta es para el titular de la Secretaría de Gobernación. Señor secretario, si algo ha caracterizado a la administración de Felipe Calderón es la falta de inteligencia. Es decir, la recolección de información, su procesamiento y explotación, para anticipar la magnitud, las características y el origen de los riesgos y las amenazas internas y externas a la nación; lo que permitiría instrumentar acciones certeras para garantizar la seguridad nacional.

Sobran ejemplos de la incapacidad del actual gobierno en los temas que afectan a la seguridad nacional, poniendo en peligro permanente a la sociedad, ya sea ante los desastres naturales, y ahí están Tabasco y Chiapas; o sus amenazas; o ante amenazas como el narcotráfico o los grupos armados, ahí están Morelia y los ataques a las instalaciones de Pemex.

La finalidad de los servicios de inteligencia es la previsión de la amenaza, el posibilitar llevar adelante acciones preventivas. Es clara la incapacidad de usted, como responsable del Cisen, para anticipar y evitar eventos como los señalados.

Y me queda claro que una de las causas es que este gobierno está más preocupado por proteger los negocios que a los ciudadanos, amén de su supina ineptitud para definir un concepto moderno e integral de la seguridad nacional, que debe ser para todos, no solamente para quienes más tienen.

Qué decir de su falta de compromiso con las reformas que el sistema de inteligencia requiere. No ha querido transformar el viejo y desgastado andamiaje institucional en el que descansa la llamada ``inteligencia'' del gobierno.

Lejos de cumplir su función de identificar, prever y desactivar las amenazas a la seguridad nacional, en un marco institucional y democrático, el Cisen sigue siendo una oficina dedicada al espionaje de los adversarios; sirve a intereses particulares y para la protección de unos cuantos.

Seguramente usted puede tener en su escritorio el expediente completo de mi persona en este preciso momento. Yo mismo lo tengo, aunque indudablemente no tiene ni idea de quién o quiénes perpetraron la artera y cobarde masacre de Morelia.

En el apartado 3.1 del informe de la secretaría a su cargo no hay una sola mención de las razones por las que han fallado en anticipar las amenazas a la seguridad nacional; ya no digamos un esbozo de un concepto integral de ella. Ni Calderón ni usted están cumpliendo la Ley de Seguridad Nacional.

Ahí se habla de un proceso de reestructuración del Cisen, sin definir el rumbo ni especificar los avances. No existen. Por eso yo le pregunto por qué no ha podido este gobierno diseñar un sistema de inteligencia moderno e integral, al servicio de la seguridad nacional, que prevea y prevenga acontecimientos como los descritos.

Y por qué la secretaría no se ha comprometido con la reestructuración integral de los sistemas de inteligencia que permita contar con un aparato de seguridad nacional, propio de un Estado democrático. Si no puede, ya sabe. Gracias.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Tiene el uso de la palabra el ciudadanosecretario de Gobernación, para dar respuesta.

El secretario Juan Camilo Mouriño Terrazo: Muchas gracias por la pregunta, señor diputado.

Diría, en primer término, que el Cisen es el órgano de inteligencia civil en nuestro país, y que es necesario para combatir la criminalidad y para garantizar la seguridad nacional.

En ese sentido, tiene un objetivo claro, el propósito que ha anunciado la administración respecto a su reestructuración: transformarlo en ese órgano de inteligencia con un alto grado de eficacia en su operación que contribuya a preservar la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado mexicano, y a dar sustento a la gobernabilidad democrática y a fortalecer el estado de derecho.

Tenemos claro el propósito. Y también tenemos claro ---y lo dijimos desde el inicio de la administración--- que para el tamaño del reto que enfrentamos, y que dimos cuenta del mismo al poner en marcha los operativos y anunciar la lucha frontal contra la delincuencia organizada, eran insuficientes las capacidades del Cisen, y que había necesidad de reforzarlo.

En este análisis y en este objetivo contamos con la comprensión del Poder Legislativo, que ha aprobado incrementos en los presupuestos del Cisen, precisamente con el ánimo de fortalecerlo.

Y se está fortaleciendo en dos vías. Primero, fortalecer la parte de equipo, la parte tecnológica, la parte de herramientas. Y en ello se ha hecho buena parte de la inversión que ha aprobado este Poder Legislativo.

Otra parte tiene que ver con la contratación de más agentes y poder tener, con ello, un despliegue territorial más amplio. Estar más cerca de donde la información se genera y poder dar al Cisen la capacidad de obtener esta información y ponerla al servicio del Estado mexicano, de sus objetivos, para salvaguardar la seguridad nacional.

Es cierto que es todavía insuficiente y que seguimos trabajando en el fortalecimiento del mismo. Por ello, en el presupuesto que se ha puesto a consideración de esta soberanía y que sería discutido en las próximas semanas, viene una vez más presupuesto etiquetado para el Cisen. De tal suerte que continúe su fortalecimiento en lo tecnológico y también para hacer definitivas las más de 600 plazas que por contrato se llevaron a cabo el año pasado, y poder cumplir su función.

Es cierto también que, más allá del propio Cisen, hay otra parte de la estrategia que tiene que ser fortalecida y acelerada para contar con mejor información y hacerlo a tiempo.

Y ello quedó acreditado en el Acuerdo Nacional por la Seguridad en uno de los compromisos para fortalecer la Plataforma México, y también para acelerar el ingreso a ésta de todas las entidades federativas y todos los municipios. De tal suerte que podamos contar con la información que genera cada una de las instituciones de seguridad en este país, ordenarla y ponerla al servicio de la nación y de su lucha y prioridad.

Estamos trabajando precisamente en la inquietud que usted manifiesta, diputado. Y lo seguiremos haciendo absolutamente convencidos de que la inteligencia es fundamental para cumplir el objetivo de recuperar la paz, la tranquilidad y la seguridad de las familias mexicanas.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, secretario. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Elizondo Garrido, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Francisco Elizondo Garrido : Gracias, presidente.

Sean ustedes bienvenidos, secretarios, procurador general de la República, a la Cámara de Diputados. Mi pregunta va dirigida al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.

Todos sabemos los muy lamentables y desastrosos hechos ocurridos en Michoacán. En ese contexto le pregunto, señor secretario, como uno de los responsables de mantener la estabilidad interior del país, si considera usted que los actos acontecidos en Morelia, Michoacán, fueron un hecho aislado o forman parte de una nueva estrategia del crimen organizado para responder a los operativos del gobierno. Al mismo tiempo, le pregunto qué medidas preventivas se están tomando para prevenir que se cometan nuevamente este tipo de actos.

Señor secretario, consideramos que los hechos del pasado 15 de septiembre pueden ser el inicio de una nueva etapa en esta lucha emprendida por el gobierno mexicano, y es importante para nosotros saber qué están haciendo las instituciones a las que les hemos confiado la tarea de garantizar la seguridad de los mexicanos.

El Partido Verde, desde el ámbito legislativo, presentó una reforma integral para combatir el delito de secuestro. También hemos presentado diversas iniciativas de ley para hacer frente al crimen organizado, porque estamos conscientes de que el tema que hoy más preocupa a los mexicanos es el de la inseguridad.

Señor secretario ---cambiando de tema---, como sabemos, la dependencia a su cargo es responsable de atender otras materias que, por desgracia, están causando pérdidas humanas y materiales. Me refiero de manera específica a los fenómenos meteorológicos que en años recientes se han intensificado a consecuencia del cambio climático. Como ejemplos tenemos las inundaciones que afectaron Tabasco y el deslizamiento de tierra en la comunidad de Juan de Grijalva, Chiapas, ocurridos a finales de 2007.

En algunas ocasiones, durante la atención de este tipo de fenómenos meteorológicos hemos evidenciado descoordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales. Incluso, se ha llegado a presentar en este Congreso puntos de acuerdo para exhortar a las dependencias del gobierno federal a liberar los recursos del Fondo de Desastres Naturales, a quitar esas barreras burocráticas, porque lo importante es hacer frente a estas situaciones de emergencia. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el año en curso se perfila para ser uno de los más propensos a los desastres naturales.

Sólo en el primer semestre de este año ha ocurrido un total de 400 eventos meteorológicos en el mundo, que han provocado decesos y cuantiosos daños materiales. En este contexto le pregunto, señor secretario, de acuerdo con la información que tiene la dependencia a su cargo, ¿qué medidas preventivas se están adoptando para minimizar sus efectos? ¿Cómo se puede hacer más eficiente la entrega de los recursos del Fonden para ayudar a los damnificados por desastres naturales? Queremos saber cuáles son los elementos más importantes del Programa Nacional de Protección Civil.

Sabemos que la situación heredada por el gobierno anterior arrojó un clima de grave inestabilidad en el país. Sin embargo, en el Partido Verde Ecologista de México, integrado en su mayoría por jóvenes, tenemos confianza en usted para fortalecer la secretaría a su cargo y hacer frente a los problemas del país. Por sus respuestas, muchas gracias.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el ciudadanosecretario de Gobernación.

El secretario Juan Camilo Mouriño Terrazo: Muchas gracias, diputado Elizondo, por sus comentarios. En primer término, le diría que evidentemente lo ocurrido en Michoa-cán, los hechos lamentables y cobardes ocurridos en Michoacán, son un nuevo desafío del crimen organizado hacia el Estado mexicano, y ante ello tenemos que responder.

Sin duda, lo ocurrido muestra qué tan dispuestos están estos grupos criminales para mantener el estado de cosas que tanto los benefició durante tanto tiempo. El estado de cosas que les permitió ampliar su capacidad de maniobra, su capacidad de corromper, su capacidad de actuar, su capacidad de estar en el marco de la impunidad.

Precisamente ante este desafío el Estado tiene que responder y tenemos que sumar fuerzas. No podemos titubear, porque lo que quieren provocar, precisamente, es una discusión sobre si debe el Estado seguir adelante o si es tiempo de replantear o, incluso, de replegarnos.

Tenga la seguridad, diputado, que hay una absoluta convicción en que debemos seguir adelante y así lo habremos de hacer y que es necesario, para combatirlos, este frente común y de unidad al que ha convocado el presidente y al que hay respondido favorablemente todos los grupos parlamentarios y todos los partidos en nuestro país.

Respecto al segundo tema, el de protección civil que tanto preocupa al Estado mexicano y que ha sido una preocupación reiterada del Partido Verde Ecologista de México, porque tiene precisamente su origen en el no cumplimiento o la no conciencia suficiente respecto al daño ambiental y lo que esto genera.

Efectivamente, como usted lo ha dicho, cada vez son más los fenómenos meteorológicos que afectan a nuestro país y cada vez lo hacen con mayor virulencia y, por tanto, el Estado tiene que estar listo para responder.

Le diría que hay tres etapas en la parte de protección civil: una claramente preventiva a donde se enfoca el programa nacional publicado, precisamente para hacer conciencia en un mayor número de mexicanos del riesgo que les supone vivir en la región en que lo hacen y también a sabiendas, señores legisladores, de que ya no es predecible el poder determinar el lugar específico donde existe el riesgo.

Hemos visto este mismo año cómo zonas del país, donde históricamente no había este tipo de problemas, han sido afectadas con consecuencias lamentables. Estamos enfocándonos a la parte preventiva.

La segunda etapa es la etapa de la actuación durante la emergencia y ahí ha sido claro que México ha adquirido una amplia experiencia al respecto y que se ha podido actuar con oportunidad.

Respecto a la inquietud particular que manifiesta hemos tomado medidas para reducir en 200 por ciento la aplicación de los recursos en la etapa de emergencia, para resolver lo inmediato: despensas, cobijo, albergues, medicinas.

Y la tercera etapa es la etapa de reconstrucción para poder por un lado reponerles a las familias lo que han perdido y en eso hemos tomado una serie de medias para reponer lo perdido durante las emergencias, pero también para reponer la infraestructura dañada y sobre todo para hacer las obras de infraestructura que nos eviten los riesgos en el futuro.

En esa etapa hay más complicaciones burocráticas y efectivamente estamos trabajando en la revisión de las reglas de aplicación de la etapa de reconstrucción para hacerla mucho más fácil, mucho más ágil e iniciar las obras de reconstrucción y las obras que eviten eventos similares en el futuro a la brevedad posible. Estamos conscientes del reto y estamos trabajando para resolverlo, señor diputado.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, señor secretario. En representación del Partido del Trabajo, tiene el uso de la palabra la diputada María Mercedez Maciel Ortíz.

La diputada María Mercedes Maciel Ortíz (desde la curul): Gracias, diputado presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados.

Ciudadano secretario de Gobernación, el régimen panista anterior profundizó los problemas que el país venía padeciendo. Ustedes hoy han seguido el mismo camino. De esta manera México es hoy un país que se está deshaciendo, que está inmerso en el caos porque el narcotráfico está fuera de control y la delincuencia ha rebasado totalmente al Estado. Nos encontramos indefensos ante las mafias. Los secuestros abarcan a todos los sectores de la sociedad. Los policías federales y locales están infiltrados por organizaciones delictivas altamente sofisticadas.

En suma, el Estado ya no le garantiza nada al pueblo mexicano, y la esperanza de un cambio no se puede depositar en ustedes. Mientras a los gobernantes les importe más la gestión de los negocios familiares, en detrimento de la buena gestión de los asuntos públicos, no se podrán garantizar los mínimos de bienestar del pueblo.

Y no hay buena gestión, señor secretario, porque hoy el gobierno más que gobierno es un club de amigos. En la dinámica de la seguridad de la sociedad estamos frente al hecho incontrovertible de que los muertos los pone la sociedad, el Ejército y los policías. En cambio ustedes, los funcionarios, están bien protegidos.

Los beneficiarios de los ilícitos también pierden vidas, con lo que pagan el costo de su actividad. Hasta hace poco tiempo los funcionarios se espantaban cuando se decía que en México estábamos llegando a una vida como la de Colombia. Hoy lo afirmamos, hoy México está colombianizado.

Es correcto, desde las fuerzas de derecha e izquierda hemos dicho no a los pactos con los narcos; pero quiero decirle, señor secretario, que tampoco nadie debe de estar en las nóminas de los narcos.

Hace unos días, en Tijuana apareció una manta donde seguramente un grupo delincuencial habla y hace una denuncia anónima mediante una manta colgada en un puente, y ahí decía: ``el gobierno federal, estatal y municipal está en la nómina del Chapo Guzmán''.

Señor secretario de Gobernación, ésa es una denuncia de las que ustedes han pedido. Investíguenlas.

No puedo tampoco dejar de mencionar los hechos acontecidos en Tijuana, en la penitenciaría del estado, y también parte de su responsabilidad es la de dar las garantías a todos los ciudadanos para que vivamos con nuestros derechos garantizados.

Fueron decenas de muertos los que también ahí cayeron; se violaron las garantías individuales de los familiares y de los presos. Hoy todavía es hora que la sociedad mexicana no sabe ni siquiera cuántos muertos con exactitud fueron.

Fuimos testigos todos nosotros y a mí, como mujer, me estruja el corazón ver cómo les disparaban con balas los policías a los presos que les aventaban piedras. Así sean delincuentes, hay que respetar las garantías individuales.

El fracaso de la política interior es patente. ¿Piensan seguir aplicando el mismo esquema, señor secretario? Yo le diría que si es eso, espero muy pronto su renuncia. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Compañera diputada, le pido que nos precise, ya que previamente había registrado usted la pregunta a la Secretaría de Seguridad Públicay ahorita en sus comentarios la amplió...

Es al secretario de Gobernación. Tiene el uso de la palabra el ciudadano secretario de Gobernación.

El secretario Juan Camilo Mouriño Terrazo: Gracias, diputado presidente.

Escuché con atención su intervención, señora diputada Maciel. En primer lugar, la afirmación de que el narcotráfico está fuera de control, yo diría que el narcotráfico está luchando por controlar territorio en el país, por controlar las plazas y precisamente, desafiando al Estado en todas sus representaciones, y eso es lo que da origen, justificación y causa a la lucha decidida que estamos llevando a cabo en contra de estos grupos delincuenciales.

También ha dicho y tenemos coincidencia porque lo hemos admitido y es un diagnóstico del cual partimos, de que las policías están infiltradas y que mientras las policías estén infiltradas no podemos, a plenitud, garantizar la seguridad, y tampoco gozar de la confianza de los ciudadanos.

Por ello, hemos puesto énfasis en este punto en particular en el acuerdo nacional recientemente alcanzado y es algo en lo que venían trabajando las instancias federales desde el comienzo. Me parece importante destacar que se incluyó en el acuerdo, porque en este tema en particular necesitamos todos avanzar al mismo ritmo, con el mismo objetivo y en los mismos tiempos, porque si en este tema dejamos desequilibrios o huecos, éstos son precisamente ocupados por la delincuencia. Si un estado de la república está pasando a control de confianza a sus policías y el estado vecino no lo hace al mismo tiempo, insisto, y al mismo ritmo, muy probablemente quien no pase en una policía será contratado en el estado vecino, y así sucesivamente.

Por ello la importancia de poner éste como uno de los ejes centrales en el propio acuerdo y en la estrategia que ha sido aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Y hablábamos antes de que esta estrategia tiene sus cinco ejes en la integralidad y uno de ellos precisamente tiene que ver con el fortalecimiento institucional.

Nos queda claro que recuperar la confianza ciudadana en gran medida depende de ello, y por tanto, este fortalecimiento tiene que ver también con crear un modelo policiaco, un modelo de formación policiaca que nos permita garantizar ciertos estándares para la contratación de policías en todo el país y que, además, éstos tengan garantía de que pueden llevar a cabo un proyecto de vida dedicándose a ser servidores públicos, prestando sus servicios en alguna institución de seguridad pública o de procuración de justicia.

Darles la perspectiva de vida desde su contratación hasta su jubilación, nos parece, es un elemento también fundamental de la estrategia y en ella estamos trabajando.

El ataque al narcotráfico, diputada, con toda convicción y firmeza, absolutamente claros, de que ésta es la demanda principal de los ciudadanos, y se han dado resultados; resultados como haber asegurado 65 toneladas de cocaína, lo que equivale a 195 millones de dosis de cocaína que hemos retirado de las calles de nuestro país.

Este trabajo lo estamos haciendo absolutamente convencidos de que es necesario hacerlo por México y no por ninguna otra razón. Simplemente analizar los datos de la última Encuesta Nacional de Adicciones nos pone en alerta sobre la necesidad de combatir al narcotráfico y al narcomenudeo en nuestro país, que cada vez está afectando a un mayor número de familias y a la sociedad en su conjunto.

Por último, respecto a los hechos de Tijuana en la penitenciaría que usted denuncia, hay ya una investigación en curso y, efectivamente, si hubo violaciones a las garantías individuales o los derechos humanos, habrá, por supuesto, que llevar ante la justicia a los responsables.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, señor secretario. A continuación tiene el uso de la palabra la diputada Silvia Luna Rodríguez, de Nueva Alianza.

La diputada Silvia Luna Rodríguez (desde la curul): Con el permiso de la Presidencia.

Compañeros legisladores, secretarios del gabinete, las diputadas y los diputados de Nueva Alianza expresamos nuestra más profunda preocupación y rechazamos terminantemente cualquier acto que atente contra la sociedad civil.

Lo ocurrido en Michoacán no fue solamente un atentado para los morelianos, sino también un agravio para todos los habitantes de este país. El uso de la violencia con granadas de fragmentación en contra de la sociedad civil es ya, por sí, un grave atentado en contra del Estado mexicano.

Este mensaje fatídico, planeado y dirigido contra la población civil, ha agudizado el problema de la inseguridad pública, aunado a los atentados, secuestros y delincuencia organizada, que son parte ya de lo cotidiano.

Ahora más que nunca el Estado mexicano necesita de todos para la defensa de nuestra nación. Como parte de la solución, los Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno debemos mantener una estrecha colaboración y comunicación, y actuar bajo las propias responsabilidades, con una visión de Estado, dejando de lado las diferencias ideológicas y colores partidistas. Cerrar filas ante este flagelo.

Es necesario asumir todos, desde el discurso hasta las acciones, los compromisos con México. Seamos autocríticos, y manifestemos la determinación de vigilar y de exigir. Pero como legisladores no renunciemos a la facultad que la ciudadanía nos confió.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos conscientes de todos los desafíos y tareas pendientes y nos comprometemos a vigilar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales por parte de las autoridades del país. Y desde nuestra esfera, entendiendo el sentido de corresponsabilidad que tenemos, los legisladores que integramos este grupo parlamentario pasamos del discurso a las acciones legislativas. En breve presentaremos proyectos que contribuyan a resolver este grave problema.

Señor secretario, ¿con qué medidas la Secretaría de Gobernación garantizará a la sociedad civil la prevención de futuros atentados, como el del 15 de septiembre? Por su respuesta, gracias.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el ciudadanosecretario de Gobernación.

El secretario Juan Camilo Mouriño Terrazo: Con su permiso, diputado presidente.

Diputada Luna, en primer lugar quiero agradecer y reconocer el posicionamiento que, dentro de la pregunta, hace su grupo parlamentario.

Sin duda el país vive tiempos complejos, desafíos inéditos que requieren, como bien lo ha dicho, pasar del discurso a la acción. Pero que también requieren de la voluntad y de la suma de todos, y cada uno asumir la responsabilidad que le toca.

Incluso antes, señora diputada, de los lamentables hechos usted ha referido, y en función de otras expresiones de la violencia y de la delincuencia en nuestro país, ya se había logrado hacer conciencia suficiente ---precisamente por la participación de la sociedad y la presión de los ciudadanos--- en todas las autoridades, en los distintos órdenes y niveles de gobierno, en los distintos Poderes de la Unión para poder llegar a un acuerdo concreto: ponerle compromisos responsables y tiempos.

Y con ello avanzar con firmeza, con claridad y con prontitud hacia una solución mucho más integral para combatir la delincuencia en cualquiera de sus expresiones.

En ese acuerdo, como bien lo ha dicho, asume la responsabilidad y va por delante el Ejecutivo federal, que no elude la parte que nos corresponde. Y de los compromisos firmados somos, sin duda, el poder, la entidad que mayor cantidad de los mismos asume y se responsabiliza de cara a los ciudadanos.

Pero también asumen compromisos concretos los otros poderes, incluyendo éste. Siete compromisos para que en este periodo legislativo se lleve a cabo una serie de reformas que son sumamente importantes en la lucha, y sin las cuales lo que se aprobó constitucionalmente y que ha sido ya reconocido en una intervención anterior, y también lo ha hecho ya el procurador, la importantísima reforma constitucional, en materia de seguridad y justicia, no puede ser aplicada en los hechos hasta en tanto no tengamos la reformas a las leyes secundarias que nos permitan hacer uso de estas herramientas y capacidades de las cuales ustedes nos han dotado.

Por ello lo importante de avanzar en este periodo legislativo y concluir la Ley de Coordinación para el Sistema de Seguridad Pública y también leyes que se han presentado ya ante el Senado de la República en materia de justicia; su aprobación es, sin duda, sumamente importante.

También, como lo decía el presidente de la Cámara en su primera intervención, es importante que, asumiendo todos que ésta es la más alta prioridad y que es tarea del Estado garantizar la seguridad, acompañemos el discurso con acciones concretas, y estas acciones concretas requieren de presupuesto.

Por ello, el presidente de la república ha enviado mayor presupuesto para las instancias de seguridad, y esperamos contar con el respaldo de esta soberanía en el ánimo de dar a este tema la más alta prioridad y acompañarlo con los recursos necesarios para implantar las medidas que se han de llevar a cabo.

Trabajamos, pues, con el marco normativo actual, pero a sabiendas de que pronto contaremos con mejores herramientas y capacidades, y la respuesta para garantizar que en el futuro no existan eventos como el que se llevó a cabo en Michoacán es dar cumplimiento a la brevedad a los acuerdos y compromisos firmados. Esto dotará al Estado, en todos sus órdenes y expresiones, de las herramientas suficientes para combatir a la delincuencia, incluso, en este tipo de expresión.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, secretario. Tiene, a continuación, el uso de la palabra, la diputada Elsa Conde Rodríguez, de Alternativa.

La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (desde la curul): Gracias, señor presidente.

Mi pregunta es para el señor procurador. Según los reportes a nuestro alcance, el 1 de septiembre la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó a su dependencia que se habían recibido amenazas de atentados con granadas de fragmentación para la noche del grito de independencia.

El 8, 12, 13 y el mismo 15 de septiembre se recibieron las mismas amenazas y nuevamente la dependencia a su cargo fue informada. Es decir, en todos los casos, tanto la Procuraduría General de la República, como el propio Cisen, fueron puntualmente informados por la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

Quisiera saber, en su dependencia, ¿quién recibió la información? ¿Estaba usted enterado de estos reportes? ¿Qué instancia la profesó? ¿Y cuál fue el reporte de inteligencia criminal que usted recibió? ¿En qué fecha? ¿Con qué número de oficio o en qué documento? ¿Cuáles eran sus conclusiones?

Ante la gravedad de los reportes, ¿qué medida planeó usted y qué instrucciones ordenó con base en el análisis de la información que le fue remitida a su dependencia? ¿En qué oficios? ¿A quiénes ordenó actuar? ¿Y de qué manera? ¿Cómo explica usted lo que documenta la prensa, acerca de la escasa presencia federal antes del atentado?

Para terminar, señor procurador, tener información y no actuar es negligencia. Por eso le pregunto, señor procurador, adicionalmente, ¿de qué se ríe, señor procurador? ¿De qué se ríe?

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el señor licenciado Eduardo Medina Mora, procurador general de la República.

El procurador Eduardo Medina-Mora Icaza: Muchísimas gracias a la diputada Elsa Conde Rodríguez, por su pegunta.

Señalo, diputada, que la tarea que el artículo 102 de la Constitución y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República dan al Ministerio Público es la de investigar y perseguir delitos.

Sobre esa base, cuando hay una noticia criminal, es decir, cuando hay una información, una denuncia que refiere hechos delictivos que han sido consumados, entra la competencia de la Procuraduría General de la República.

Yo no tengo noticia de que haya habido denuncia ante el Ministerio Público Federal, en ningún documento, en ningún oficio, como usted lo señala. Además, si se refería a hechos delictivos que hubiesen tenido lugar, entonces se tendría que atender en el marco del convenio de colaboración que existe entre la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, como lo hacemos cotidianamente.

¿Cuáles son las competencias que se actualizan? En cualquier caso sumar nuestras capacidades, nuestro despliegue y nuestra competencia en la investigación de delitos. Precisamente la tarea preventiva tiene como marco los grupos de coordinación de seguridad, en los que participan todas las instancias de seguridad estatales y las instancias de seguridad federales. Pero cada una, obviamente, en los términos de su competencia.

Debo decirle que, desde el momento mismo en que ocurrieron los hechos, se ha trabajado de manera conjunta con la Procuraduría General de Justicia de Michoacán. He tenido oportunidad de hablar ampliamente y en numerosas ocasiones con el señor gobernador, con el señor procurador general de Justicia. Ayer mismo tuvimos una reunión por la noche de más de dos horas para revisar todas las líneas de investigación.

La Procuraduría General de la República recibió el desglose correspondiente el 17 de septiembre, por parte de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán.

Como le digo, nuestra obligación, nuestra tarea es la de investigar y perseguir delitos, y eso es exactamente lo que hacemos. Lo hacemos en conjunto y en colaboración con las autoridades de las Procuradurías locales.

Hemos definido como una política general, en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que la distinción entre delitos del orden común y delitos del orden federal no ha de ser, bajo ninguna circunstancia, un obstáculo para que todos estos hechos delictivos los trabajemos de manera conjunta, precisamente para llegar a la verdad jurídica de los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

Este hecho, ése es el compromiso de la Procuraduría General de la República, no quedará impune. Gracias.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias al señor procurador.

Para iniciar la segunda ronda tiene el uso de la palabra la diputada María de los Ángeles Jiménez del Castillo , del Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos.

La diputada María de los Ángeles Jiménez del Castillo (desde la curul): Gracias, señor presidente.

Buenos días, señores secretarios. Sean ustedes bienvenidos.

Señor secretario de Seguridad Pública, ya anteriormente lo había felicitado por el trabajo que ha hecho. Lo vuelvo a felicitar por el trabajo que está haciendo.

Hoy es importante que sepa que la mayoría de los mexicanos no entendemos por qué el gobierno federal, los gobiernos estatales y los municipales no se han podido coordinar para realizar las acciones de prevención y control de la delincuencia. Y deducimos que esto es así porque ella sigue creciendo.

No entendemos por qué se ha tenido que firmar, el pasado 21 de agosto, el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, si existe en nuestra Constitución el mandato de coordinarse ---esto es en el artículo 21, como usted ya sabe---, y ahí dice: ``El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública''.

Además, existe una ley que también las obliga a coordinarse mediante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde en cada reunión se toman acuerdos.

¿Por qué entonces se tiene que firmar un acuerdo para ello? ¿Es acaso que la Constitución no es un instrumento suficiente para obligar a los gobiernos a coordinarse? ¿O acaso el Sistema Nacional de Seguridad Pública tampoco cumple su función? ¿Qué pasa, señor secretario?

Nos enteramos que algunas bandas de criminales han penetrado los cuerpos de policía. Algunas instituciones o algunos policías han incursionado en el negocio del secuestro o el narcotráfico. La corrupción sigue. Y ¿qué hace el gobierno para tener mejores policías, policías comprometidos con la sociedad, policías de vocación?

¿Por qué suceden casos como el de Lorena González? ¿Son suficientes los controles de confianza implantados hasta hoy?

Cada día, antes de salir de nuestra casa nos preguntamos si regresaremos a ella o si la encontraremos como la dejamos al salir. Si al enviar a nuestros hijos a la escuela los volveremos a ver. Esto nos da miedo.

Por eso les pedimos a los gobiernos en el tema de seguridad pública no sólo que se coordinen; les pedimos resultados. Sabemos que la primera respuesta que el ciudadano busca es en el municipio, la que el municipio le puede dar.

Este año hemos asignado, por primera vez, recursos especiales para ellos, a unos directamente por medio del Subsemun, y a otros etiquetados mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

Según su perspectiva, señor secretario, ¿con ello lograremos tener mayor seguridad en las calles? ¿Qué tanto se ha comprometido y asumido su responsabilidad cada ayuntamiento? ¿Qué tanto ha logrado comprometer el gobierno federal a los municipios para que los recursos sean eficaces?

Y le comento, señor secretario, que después de estar tan cerca de los cuerpos de seguridad pública ---como es mi caso--- estoy de acuerdo con el presidente Calderón, en que sólo unidos sociedad y gobierno podremos combatir a la delincuencia y lograr sentirnos seguros al actuar.

Y nosotros, como diputados federales, parte importante del gobierno de México, tenemos el compromiso de dar resultados a la sociedad. El compromiso no sólo es de ustedes; todos debemos cooperar para lograr el México que merecemos. Por sus respuestas, muchas gracias, señor secretario.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Tiene el uso de la palabra el licenciado Genero García Luna,secretario de Seguridad Pública, para dar respuesta.

El secretario Genaro García Luna: Con gusto, presidente diputado.

Agradezco la oportunidad de comparecer en este honorable recinto legislativo. Agradezco la pregunta, señora diputada María de los Ángeles Jiménez.

Respecto a cuál es el esquema con el que el acuerdo nacional prevé la coordinación entre estados, municipios y la federación, en particular con la policía. Debo precisar que el acuerdo nacional es una gran herramienta que por primera vez determina responsables, tiempos y metas para el cumplimiento de un objetivo sustantivo que es la seguridad pública.

Para ello, el acuerdo plantea el fortalecer la parte institucional de policía municipal, estatal y federal, bajo un esquema integral que articule las capacidades que hoy tenemos los tres órdenes de gobierno y con esquemas superiores en tecnología, en control de confianza, en logística operativa y, por supuesto, con indicadores de medición.

Sin duda, este acuerdo es una gran herramienta para dar seguimiento a lo que ya sabemos todos, y en ese sentido debo precisarle que estamos trabajando para dar cumplimiento a cada uno de ellos y, sin duda, vamos a cumplir los que tenemos precisados en el ámbito federal.

La parte de depuración. Quisiera explicarle que hemos trabajado en varias vertientes. Hay un rezago histórico en las policías. Tenemos un deterioro estructural de años en la parte del perfil policial.

Hemos trabajado para transformar el modelo de policía bajo un esquema nuevo, con nuevas capacidades de control de confianza. Hemos escalado capacidades para exámenes de toxicología, para exámenes psicológicos, para exámenes poligráficos, de entorno social y patrimonial. Y luego también señalar que hemos trabajado para cambiar un proyecto de vida para la policía.

Hoy tenemos policías cuyo perfil personal limita las capacidades técnicas para combatir el crimen. Necesitamos potenciar sus capacidades, tanto en lo individual como en la parte colectiva de las policías.

Para ello hemos trabajado en un nuevo proyecto ---que pronto estará a su disposición--- de ley donde definimos el alcance de la policía en tecnología, en capacidades de investigación policial, en capacidades de operación en el terreno operativo y en todo el despliegue. Y algo muy importante, en escalar a la ley en un esquema de control de confianza obligatorio para cada nivel de policía en todo el país.

Esta precisión obliga a cambiar lo que hoy tenemos fáctico, discrecional, de la policía, donde se limita sólo a una evaluación, que es referencial y no obligatoria en todo el país. Para ello, insisto, hemos trabajado de manera insistente en la nueva metodología, procesos, sistemas, para cambiar el modelo de policía.

Respecto al Fofemun, Fondo Federal para Municipios, efectivamente, este fondo aprobado por el Congreso permite llevar recursos directos a los municipios para combatir la corrupción, cambiar el esquema operativo de las policías municipales, dotarlas de capacidad técnica operativa y logística de patrullas, uniformes, cascos para la parte operativa, chalecos antibalas y algo muy importante: por primera vez van indicadores de medición tanto en la aplicación del gasto como en la operación.

Buscamos tener una ecuación que articule y defina el alcance policial con la capacidad de respuesta a la comunidad.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, señor secretario. A continuación tiene el uso de la palabra la diputada Valentina Batres Guadarrama, por el Partido de la Revolución Democrática, PRD.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Contra mi aceptación haré uso de la palabra desde esta curul.

Es el colmo, el PAN no esta dispuesto a rendir cuentas ni a los representantes populares. El Segundo Informe de Gobierno es un documento burocrático, cínico y ajeno a la rea-lidad de los mexicanos.

La seguridad y el estado de derecho se reducen a la protección de los derechos de propiedad. No existen los otros derechos y libertades de los mexicanos o no merecen ser tutelados. Sólo 7 de las 84 quejas que recibió la CNDH no fueron atendidas.

La seguridad pública y la procuración de justicia arrojan datos administrativos inconexos, no resultados. Las 86 mil 615 órdenes ministeriales y judiciales no dicen cuántos detenidos ni de qué delitos. De las 3 mil 394 denuncias en la PFP, no se indican cuántas se resolvieron.

El único resultado visible es que de cada 100 delitos cometidos, sólo 34 terminan en condena, 66 por ciento quedan impunes. Además, hay cifras incoherentes o mentirosas. Dicen que se detuvo a 7 mil 132 personas más que el año anterior ligados al narcotráfico. Sin embargo, la cifra que dan es que pasamos de 215 mil a 217 mil presos.

En una página se dice que se presentaron 11 mil 230 quejas contra servidores públicos federales de seguridad, de la PGR y de Gobernación. Pero en otra página se mencionan 100 quejas más de Seguridad Pública y el doble de PGR.

Con cinismo se acepta que en 2007 se cometieron aproximadamente 197 millones de actos de corrupción, que implicaron un costo de 27 mil 186 millones de pesos, equivalentes a una cuarta parte de lo que costaría sacar de la pobreza extrema a Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

Las omisiones del informe son graves. La gran corrupción no aparece, ni Mario Marín ni sus protegidos pederastas, ni Elba Esther Gordillo ---que parece la secretaria de Educación---, ni Ulises Ruiz, ni los hijos de Martha, ni Carlos Romero Deschamps, ni Hildebrando, Gil Díaz, etcétera.

Bueno, el propio secretario de Gobernación, que firma contratos ilegales, viene ahora a responder por la política interior. No existen tampoco los mineros, las mujeres de Ciudad Juárez, los ex braceros, Atenco, Oaxaca, La Parota, los periodistas asesinados y desaparecidos, los maestros inconformes, la normal de Ayotzinapa, los migrantes, los desaparecidos forzados, los pederastas, el sometimiento de las mujeres triquis.

Todo esto es lo que provoca desunión, y más todavía los intentos de vender el petróleo, patrimonio de todos. Unidad es resolver los problemas, unidad es ver por todos los mexicanos, unidad también es resolver nuestro pasado.

En unos días cumplirá 40 años la masacre de Tlatelolco y la guerra sucia sigue impune. En conclusión, siguen sin entender las causas de la ingobernabilidad y de la inseguridad, siguen queriendo sustituir desarrollo social por militarización; impunidad por justicia.

Por los mexicanos que han muerto víctimas de la inseguridad, por la falta de visión de Estado y por el buen gobierno que merecemos los mexicanos, hago eco de la marcha de blanco del 28 de agosto.

Juan Camilo Mouriño, Genaro García Luna, Eduardo Medina Mora, no necesitamos preguntarles nada ni necesitamos 100 días para saberlo; está claro, no pueden, renuncien ya. Todavía estamos a tiempo, salvemos a México.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Compañera diputada, le pido que precise a qué funcionario solicita la respuesta.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Qué bueno que me hace esa pregunta, diputado presidente. Como he dicho en la última frase, no necesitamos preguntarles nada, necesitamos que renuncien ya en este momento.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, diputada. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Armando Biebrich Torres, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Carlos Armando Biebrich Torres (desde la curul): Con su permiso, señor presidente.

Señor secretario de Gobernación, tengo dos reflexiones que hacer, la primera es en materia de la reciente reforma electoral, y la segunda, a la gobernabilidad del país.

En forma tangencial, el señor presidente en su informe se refiere al reto electoral de 2009, al que iremos con inéditas reglas electorales. Como usted sabe o debe saber, el que no se haya reformado y adecuado a la Constitución la Ley Federal de Radio y Televisión no exime a la dependencia a su cargo del deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanen, como protestó hacerlo al tomar posesión de su encargo en los términos a que obliga el artículo 128 constitucional, y no está por demás recordar, acaba usted de protestar ante esta soberanía, de conducirse con verdad en sus respuestas.

Ojalá también protestara responder las preguntas que se le formulen, porque muchas las ha evadido.

Nosotros, como legisladores, y en particular los del Partido Revolucionario Institucional, asumimos la autocrítica que nos corresponde por la omisión legislativa de no haber completado las reformas a la legislación secundaria a que nos obliga la Constitución; sin embargo, esta omisión no exime al Poder Ejecutivo de responsabilidades.

Señor secretario, ¿cómo va a actuar usted ante las reiteradas y sistemáticas violaciones a la Constitución y a las leyes, de parte de los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, especialmente cuando el Instituto Federal Electoral agote sus atribuciones de amonestar, multar y cancelar programas, que es el límite de su facultad sancionadora?

Una vez que éste ocurra, corresponderá de manera indubitable, al Poder Ejecutivo, imponer la sanción extrema que ese hecho de desacato merece, consistente en cancelar concesiones y permisos a los medios de comunicación. ¿Cómo se va a conducir usted, señor secretario?

¿Sabe usted, señor secretario, cómo lo ve y lo juzga la nación en su desempeño? ¿Sabe usted, señor secretario, que su trayectoria más se acerca a su capacidad para hacer negocios que a la conducción de la política interior del país?

En materia de gobernabilidad, señor secretario, quiero decirle, si la ineficiencia en cualquier actividad es condenable, en política es fatal, porque mina al Estado y a su capacidad para resolver los grandes problemas que enfrenta el país.

Señor secretario, la ingobernabilidad que tenemos...

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Compañeros, está haciendo uso de la palabra en el turno que ha tocado al orador. Les suplico que permitan desahogarlo.

El diputado Carlos Armando Biebrich Torres (desde la curul): Señor secretario, los problemas de ingobernabilidad que tenemos han resultado sumamente gravosos para el país. Así lo demuestran los constantes conflictos sin resolver. Manifestaciones de maestros en Morelos, encadenados al Palacio de Gobierno, y sin vías de solución o de diálogo que permita conciliar reclamos, con la única realidad de niños sin escuela.

También lo es así la suspensión de clases de maestros durante varios meses en Quintana Roo; la impunidad campeante a lo largo y a lo ancho del territorio nacional; la circunstancia de vivir en condiciones de excepción; en fin, señor secretario.

Usted ha señalado ---lo acaba de decir--- que la gobernabilidad implica atender con oportunidad los problemas. Pregunto, ¿con qué oportunidad se ha atendido la pérdida de competitividad del país, el creciente desempleo, la imagen de violencia, la fuga de capitales y el desamparo de varios sectores de la población?

Me anticipo a su respuesta: no hay duda, la ingobernabilidad que vivimos lacera brutalmente el desempeño, la paz y la estabilidad de la nación. Gracias por su respuesta, señor secretario.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el ciudadanosecretario de Gobernación.

Compañeros diputados, les pido de la manera más atenta conservar el orden en el pleno. Continúe, señor secretario.

El secretario Juan Camilo Mouriño Terrazo: Muchas gracias, diputado presidente. Habré de dar respuesta a los comentarios del diputado Biebrich. En primer lugar, la reforma...

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Permítame, señor secretario.

Les pido, señores diputados, mantener el orden. Estamos en el desahogo. Tendrán su momento, para, cada quien, hacer el cuestionamiento que considere prudente en los espacios que han sido asignados para ello. Continúe, señor secretario.

El secretario Juan Camilo Mouriño Terrazo: Gracias, diputado presidente.

Decía yo que habré de responder a los cuestionamientos que se han hecho por parte del diputado Biebrich. En primer lugar, respecto a la reforma electoral, que como él comenta, fue aprobada por esta Cámara de Diputados y que tiene un componente importante precisamente en lo que se refiere a radio y televisión.

Sin embargo, como él lo ha indicado, el proceso quedó inconcluso y hay adecuaciones en las leyes secundarias que no se hicieron o no se han terminado de legislar.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Suplico, señor secretario, que suspenda un momento su intervención.

Esta Presidencia invita a todos los diputados a ocupar sus curules y guardar silencio para escuchar con atención la explicación que está dando en este momento a las preguntas que se han planteado.

Les suplico, compañeros diputados... cumplamos el formato que ha sido votado por nosotros mismos y ajustemos con orden las inquietudes que tenemos que hacer en el momento preciso. Señores diputados, les pido prudencia y mantener el orden en el pleno.

Continúe, señor secretario.

El secretario Juan Camilo Mouriño Terrazo: Gracias, diputado presidente.

Continúo. Decía...

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Compañeros diputados, entendemos inquietudes que pueden ustedes expresar de esa manera, pero les pido se sometan al acuerdo parlamentario en el que se establecen todos los formatos y que nosotros mismos los hemos votado, compañeros diputados.

Continúe, señor secretario.

El secretario Juan Camilo Mouriño Terrazo: Gracias, presidente.

Continúo la respuesta. He dicho que existe todavía materia pendiente por legislar, pero también estamos conscientes de que se inicia ya un proceso electoral y tenemos que hacer uso de las facultades de la propia secretaría para responder ante este proceso electoral y a los que existen en los estados y el proceso federal del próximo año.

En ese sentido diría que no hemos eludido la responsabilidad, señor diputado, señores legisladores. Hemos cooperado con el Instituto Federal Electoral y lo seguiremos haciendo a petición de las propias autoridades del instituto.

Hemos puesto a disposición del instituto los tiempos correspondientes para que sea éste el único administrador de los tiempos de los partidos y así se hará una vez iniciado el proceso electoral.

Hemos dado asistencia técnica a las autoridades del IFE para coadyuvar al cumplimiento de la legalidad. Se ha otorgado...

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Permítame, señor secretario.

Compañeros diputados, hago de nueva cuenta un llamado. Los ojos de la nación están atentos a esta comparecencia, un hecho y un evento tan importante como el que hoy discutimos. Es de elemental importancia que guardemos el debido respeto a los tiempos que cada quien tenemos tanto para hacer preguntas como para responderlas.

Les pido, señores diputados, que se ajusten a los tiempos que han sido establecidos y ustedes pueden plantear de manera libre sus inquietudes en los tiempos asignados para ello.

De favor les pido que ocupen sus curules y mantengan el orden para desahogar esta comparecencia.

Continúe, señor secretario.

El secretario Juan Camilo Mouriño Terrazo: Gracias, presidente.

Continúo. Se le ha otorgado al IFE la ampliación de presupuesto solicitada para cumplir los requerimientos de la reforma electoral y, en su caso y cuando así competa, no tenga la menor duda que habrá de actuar la secretaría a mi cargo, dado el cargo normativo vigente.

Respecto al tema de gobernabilidad, señor diputado, le quiero decir que la secretaría bajo mi encargo ha atendido los 227...

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Permítame, señor secretario. Diputado Carlos Chaurand.

El diputado Carlos Chaurand Arzate (desde la curul): Para una moción, señor presidente. Con el debido respeto pediría a mis compañeros del PRD que nos permitan escuchar la respuesta que el secretario está dando a una interrogante del PRI.

Entendemos su molestia con el secretario, pero les pedimos respeto a nosotros. Nosotros hicimos una pregunta, el señor está bajo protesta de decir verdad, pero no nos dejan escuchar lo que está diciendo y si necesitamos proceder, no vamos a poderlo hacer porque no podemos escuchar.

Con el debido respeto, compañeros, les pedimos que dejen terminar esta intervención y después griten lo que quieran. Gracias.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Compañeros diputados, les pido de la manera más atenta atender el llamado del diputado Chaurand, que sí reclama él precisamente el derecho que se tiene de atender la respuesta que ha planteado el grupo parlamentario que hizo por medio del diputado Carlos Armando Biebrich.

Adelante, señor secretario.

El secretario Juan Camilo Mouriño Terrazo: Señor diputado, simplemente una pregunta de procedimiento: ¿tendría yo el tiempo para dar respuesta completa a las preguntas realizadas por el Grupo Parlamentario del PRI?

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Solicito a la Secretaría que reponga el tiempo para que de nueva cuenta inicie la respuesta por el tiempo suficiente para concluir la respuesta. Les pido de favor, diputados, que se sometan al acuerdo parlamentario y mantengan el orden en el recinto.

El secretario Juan Camilo Mouriño Terrazo: Gracias, diputado presidente.

Inicio la respuesta a los planteamientos realizados por el Grupo Parlamentario del PRI. En primer lugar respecto a la ley electoral aprobada por esta soberanía y que sin duda es una de las grandes reformas alcanzadas en lo que va de esta legislatura, y sus efectos, particularmente en materia de radio y televisión.

Estamos claros, como él lo ha dicho, en que queda materia legislativa pendiente para adecuar la legislación secundaria al marco constitucional aprobado; pero también estamos claros de que en tanto esa materia legislativa no se resuelva hay obligación de hacer cumplir la Constitución y hacer cumplir lo que ustedes determinaron para garantizar la certidumbre, la equidad y la participación democrática en los próximos procesos electorales, tanto locales como en el federal del próximo año.

En ese sentido, no eludimos la responsabilidad, señor diputado. De hecho, hemos cooperado con el Instituto Federal Electoral y lo seguiremos haciendo, a petición de las propias autoridades de este instituto.

Se han puesto a disposición del instituto los tiempos correspondientes para que sea éste el único administrador de los tiempos de los partidos. Y así se hará también con los tiempos oficiales, una vez iniciado el proceso electoral.

Hemos dado asistencia técnica a las autoridades del IFE para coadyuvar en el cumplimiento de la legalidad. Y se le ha otorgado a este instituto la ampliación del presupuesto que han solicitado para, precisamente, cumplir los requerimientos derivados de la reforma aquí aprobada.

En su caso, cuando así competa, no tengan la menor duda. El gobierno federal y la secretaría a mi cargo habrán de actuar si hay violaciones en función del marco normativo vigente.

Respecto a la parte de gobernabilidad que usted señala, he dicho que el gobierno federal entiende la responsabilidad que le compete respecto a la gobernabilidad y actúa en consecuencia.

En el periodo del cual se informa, señor diputado, la Secretaría de Gobernación ha atendido 100 por ciento de los conflictos que se le han presentado, 227, y ha logrado una solución definitiva a 155 de ellos, cerca de 70 por ciento.

Se han logrado resolver conflictos que desde hace décadas se venían suscitando. Por ejemplo, el conflicto entre la Sección XXII de Oaxaca y el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Se logró la convocatoria para nueva elección de directiva, que se llevará a cabo el próximo fin de semana.

El de Jalatlaco, Estado de México, o el de Coahuayutla, Guerrero, al igual que muchos otros que son, insisto, conflictos que hay que estar a tiempo para atender y para resolver.

Trabajamos por estar presentes, canalizar institucionalmente los conflictos y dar solución a aquello que, desde el gobierno federal, tenemos la responsabilidad de resolver.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, señor secretario. Tiene el uso de la palabra la diputada Layda Elena Sansores San Román, por Convergencia.

La diputada Layda Elena Sansores San Román (desde la curul): Secretarios del gabinete de seguridad, ustedes son enviados de Calderón. Él es constitucionalmente...

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Compañeros diputados, los llamo de nueva cuenta al orden. No se escucha la pregunta que está planteando nuestra compañera diputada, a quien se le ha concedido la palabra y está precisamente en el tiempo que le corresponde.

La diputada Layda Elena Sansores San Román (desde la curul): Pero está bien, señor presidente. Es más importante la respuesta auténtica que están dando en representación de los ciudadanos...

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Hágala en su tiempo, diputada, aproveche su espacio. Por favor, desahogue su pregunta.

La diputada Layda Elena Sansores San Román (desde la curul): Sí. Lo que ellos necesiten, está bien.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra.

La diputada Layda Elena Sansores San Román (desde la curul): Decía yo que a ellos los envía Calderón. Pero que mientras le vayan diciendo que él no tiene ninguna autoridad moral para convocar a la unidad, cuando él fue el que vino del ``haiga sido como haiga sido'' y el que vino a alentar el encono entre los mexicanos. Pero además, cuando tiene un cuate al frente del gabinete de seguridad.

El secretario de Gobernación representa, personifica la corrupción y la impunidad en las más altas esferas del poder al amparo del cuatismo, y eso es una burla. Por eso le piden la renuncia; que se entienda y que se comprenda.

Calderón no tiene credibilidad, y la única unidad que él ha conseguido es la de los grupos de interés, los señores del dinero. De esos que seguramente ayudaron a que llegara a Los Pinos... ven y cuando te toque, tú hablas.

Cuando los líderes sindicales corruptos lo obligan a pagar facturas, y ahí lo tienen de rodillas. Porque mucha mano dura, pero a ellos no se las aplica.

Para pedir unidad hay que contar primero con la confianza de los mexicanos y la confianza no se decreta, no se declara.

Como dicen en tierras michoacanas, ahí le dicen a Calderón: ``han pasado suficientes montas para saber quién tiene patas de charro''. Y en dos años, spots, discursos, dinero y más dinero, soldados y más soldados, pero no llega al fondo, no combate la impunidad ni la corrupción, y ése es el eje.

Secretario de Seguridad, el dinero del narco ---y usted lo sabe--- fluye desde los callejones hasta los altos centros financieros. Y sabe que esto se puede, porque hay políticos, hay militares, hay empresarios que están en el negocio.

Una vez, hace 11 años, arrestaron a altos mandos del Ejército y de la política. Usted dijo en el Senado que no pacta con narcos criminales. Le pregunto ---y no se vaya con rollos--- nombres ---y ojalá que la lista que le pasen sea larga--- nombres de militares, de las altas esferas de representantes de grandes grupos financieros que hayan sido encarcelados durante su gestión por delincuencia organizada.

¿O es que hoy este país sólo tiene políticos, empresarios y militares inmaculados? De este lado los narcocriminales y de este otro lado los narcoángeles, aquí adentro del gobierno.

Y hablando de limpias en la institución de seguridad. En el caso de la subdirectora de Robos y Secuestros ---y esto me ha quitado el sueño---usted, me queda hoy claro, usted no encubrió al subsecretario; el subsecretario lo encubrió a usted y por eso es que no lo corre.

¿O qué, él iba a dar una conferencia sin informarle de un asunto tan delicado? Yo le pregunto: ¿actuó sola, sin cómplices dentro de la institución? ¿Cuántas Lorenas más están con usted? ¿Es inepto usted o es corrupto? Ésa se la dejo optativa. Calderón y ustedes no combaten el crimen, lo administran.

Y la última pregunta...

Con todos han sido tolerantes, compañeros, incluso con los secretarios, así es que les pido respeto aunque les saque urticaria lo que les digo.

¿Por qué estar sujetos a las directrices de Estados Unidos? Hoy hay voces autorizadas que hablan de abrir un debate sobre la legalización de las drogas. Con presupuesto superior, ellos no han podido o no han querido resolver el problema. Hay nuevas drogas, más consumidores, los adictos se van a las cárceles, ahí nadie se rehabilita, los millones que se gastan para combatirlo podrían dedicarse a la prevención, información, rehabilitación.

Una propuesta de México de legalización induciría a Estados Unidos a ver el asunto con otra óptica. Y en el Congreso de Estados Unidos hay quienes han manifestado su interés por el tema.

Estamos ya redactando un documento para enviarlo ---y espero que otros diputados se adhieran--- para ver si es posible hacer un trabajo en conjunto.

Decía García Márquez ---y ya termino--- que no es imaginable el fin del narcotráfico sin la legalización de la droga. El narcotráfico es un negocio sin corazón, y es hora de definiciones.

Le pido su opinión comprometida con la legalización de las drogas, o qué otra estrategia y quiénes la pueden dirigir, porque ya se vio claro que ustedes no pueden. Pero mientras, dígale a Calderón, mientras renuncian, que cuántos muertos más, cuánto tiempo más, cuántas Morelias más. Gracias.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el ingeniero Genaro García Luna,secretario de Seguridad Pública.

El secretario Genaro García Luna: Con gusto, presidente; con su permiso.

Diputada Layda, gracias por su pregunta, y con todo gusto voy a dar respuesta a ella.

En principio, le preciso que el combate ha sido frontal a todos los grupos criminales. Está el registro de este combate. Usted lo precisaba, ha sido duro, ha implicado, sin duda, recurso humano como el eje de este combate, porque ha sido un esquema permanente y sistemático.

Lo segundo, debo precisarle que no distinguimos si son policías, militares o ex policías o ex militares; el combate es frontal y en ese sentido cualquier delincuente que esté al margen de la ley será combatido sin excepción.

El esfuerzo hasta hoy ---y así está en cifras oficiales--- ha sido muy importante; no tiene precedentes en el sistema operativo. Como usted puede ver, hoy se ha tenido en estados específicos, un combate entre estado, municipio y la federación importante.

En ese sentido debo precisarle que en el tema particular de la señora Lorena González, como usted precisaba, le indico que, a petición expresa del gobierno del Distrito Federal, se remitió un mandamiento ministerial, y fue la autoridad federal quien detuvo a Lorena González, y la puso a disposición de la autoridad del Distrito Federal.

Debo decirle que esa disposición permanente para combatir la corrupción ha sido un esquema sistemático, un esquema cuya convicción es total. Hoy estamos trabajando para llevar a la ley un esquema obligatorio donde toda la policía del país, sin excepción, sea objeto de evaluación y seguimiento permanente en control de confianza.

Sin duda, hay mucho por hacer, tenemos que retomar el esquema que ya comentábamos en la policía, cambiar perfiles, cambiar sistemas, cambiar metodologías para seguimiento y evaluación, pero hoy debo reiterarle el compromiso de convicción plena del gobierno federal para combatir la corrupción.

Respecto a la pregunta específica para legislar las drogas, debo decirle que es objeto de análisis, sin duda, y que habrá que estudiarlo a fondo. Ha habido experiencias en todo el mundo donde hay pros y contras en ese sentido. Se requiere un estudio específico para valorar el alcance, el impacto para los mexicanos de sí o no aprobar esta propuesta, de legislar en el uso de drogas.

Yo sólo puedo decirle que en el caso nuestro hemos estudiado con algunos países, en particular de Europa, esta referencia, y por supuesto yo creo que debe estar sujeta a una evaluación permanente, y ustedes son el foro específico plural que permite tener ese análisis. Gracias, diputada.

La diputada Layda Elena Sansores San Román (desde la curul): ¿Y los nombres, secretario? No me contestó mi pregunta.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : No se puede establecer diálogo, compañera diputada.

Continuamos. Tiene el uso de la palabra el diputado Antonio Xavier López Adame , del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Antonio Xavier López Adame (desde la curul): Gracias. Con su venia, diputado presidente.

Quiero decirles primero, señores secretarios, señor procurador, que en el Partido Verde estamos convencidos de que en un ejercicio de rendición de cuentas como éste no se viene a dar aplausos definitivamente, pero tampoco hacer manifestaciones, y sí señalamientos muy precisos.

Por eso mi pregunta para usted, señor procurador Eduardo Medina Mora, no vamos a insistir en las cifras o los datos críticos, pues es de todos conocida la situación de impunidad que priva en todo el país, en lo que sí vamos a insistir es en los resultados.

Ante esta grave crisis de seguridad e impunidad, y frente a las acciones violentas y cobardes de grupos del crimen organizado, en el Partido Verde reconocemos la necesidad de que el Estado mexicano mantenga la unidad y de que todas las autoridades actuemos en conjunto para impedir que los criminales le roben la tranquilidad a los mexicanos.

En el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad se ha propuesto que diversas dependencias elaboren proyectos de iniciativas para que el Ejecutivo federal las presente ante el Congreso.

No obstante, si vamos a sumar esfuerzos es preciso, también, que sumemos proyectos e ideas a fin de alcanzar mejores resultados. Y es que en el ámbito nacional observamos que no existe una adecuada coordinación entre la Procuraduría General de la República y las Procuradurías estatales.

En muchas ocasiones los casos que son jurisdicción de la Procuraduría General de la República y que son remitidas a las estatales no son atendidos con diligencia y viceversa. Frente a esta falta de una adecuada coordinación, ante la desconfianza ciudadana hacia las policías, la actividad criminal de bandas organizadas que, como ha señalado ya el Ejecutivo federal, está migrando a otras fuentes de ingreso como el secuestro y la extorsión. Me permito preguntarle, señor procurador, ¿está usted de acuerdo con que el delito de privación ilegal de la libertad sea exclusivamente de competencia federal?

Considero que la falta de coordinación ha hecho también que se diluya la responsabilidad de combatir este tipo de ilícito frente a la ciudadanía. Por eso le reitero la pregunta, procurador: ¿la Procuraduría General de la República se considera suficientemente capaz como para ser depositaria de la confianza, así como de los reclamos de la sociedad en el tema del delito del secuestro?

Si no es así; si desde ese punto de vista hacer que el delito de privación ilegal de libertad no es una solución, explíquenos entonces cómo va a hacer usted para mejorar la coordinación con las Procuradurías estatales, siendo que dicha coordinación ha brillado por su ausencia durante décadas.

Ahora bien. Los diputados del Partido Verde coincidimos con la necesidad de atacar financieramente al crimen organizado. Nuestro grupo parlamentario presentó, hace más de un año y medio, una propuesta de iniciativa de Ley Federal de Decomiso, a fin de regular precisamente la extinción del dominio y sabemos que el Poder Ejecutivo entregará a este Congreso su propia propuesta en estos días.

Por ello, me permito preguntarle si en la propuesta de ley para regular la extinción del dominio que enviará el Ejecutivo, ya se tiene contemplado el destino de dichos recursos. ¿Estaría usted de acuerdo en que dichos bienes sean administrados y subastados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, pero que se reintegren al presupuesto federal para que de conformidad con lo que establece la Constitución sea esta Cámara de Diputados la que vote el destino que deberán tener los recursos millonarios decomisados?

¿No considera usted que ingresando los recursos obtenidos por decomisos al proceso presupuestario que establece la Constitución habrá mayor transparencia en el manejo de dichos recursos provenientes de actividades ilícitas, en lugar de la discrecionalidad y la opacidad que hoy persiste?

Por sus respuestas puntuales, señor procurador. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el licenciado Eduardo Medina Mora Icaza, procurador general de la República.

El procurador Eduardo Medina-Mora Icaza: Muchísimas gracias al señor diputado Antonio Xavier López, del Partido Verde, por su pregunta.

Desde luego estamos absolutamente de acuerdo con usted, señor diputado, que sólo con la unidad podremos realmente cambiar el estado de cosas; unidad de propósitos, precisamente para rescatar, para las familias y los ciudadanos mexicanos, como hemos dicho, la paz y la tranquilidad.

Yo quiero señalarle que el nivel de coordinación entre la Procuraduría General de la República y las Procuradurías Generales de Justicia de los estados es muy bueno, muy intenso; operamos en el seno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. En esta conferencia nos reunimos, al menos cuatro veces por año de manera nacional y numerosas veces en términos de los grupos regionales para atender problemáticas específicas.

Tenemos una red privada que conecta a todos los señores procuradores de Justicia de los estados, con todos los funcionarios de la Procuraduría General de la República y estamos en contacto cotidiano.

Hemos llegado a la conclusión, evidente por otra parte, de que sólo sumando capacidades, atribuciones y despliegues podemos realmente hacer una diferencia para los ciudadanos. Los procuradores del país estamos comprometidos a ganarnos esto que la Constitución señala como nuestro papel, el de ser realmente una representación social.

En materia de secuestro, en el seno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia discutimos y analizamos la estrategia nacional e integral contra el delito de secuestro.

Lo aprobamos en nuestra reunión celebrada en Monterrey el 11 y el 12 de septiembre y como decisión unánime de esta conferencia, la elevamos a la consideración del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su última sesión celebrada el pasado 19, que fue aprobada también por unanimidad, por todos los señores gobernadores, el jefe del Gobierno del Distrito Federal y todos los integrantes de este Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Esta estrategia nacional tiene como ejes básicos: el establecimiento de unidades especializadas en el combate al secuestro en todas y cada una de las entidades federativas bajo un criterio homogéneo, la construcción común de una plataforma informática y tecnológica para tener todos los elementos a nuestro alcance, tareas de prevención del delito, cambios en el marco normativo.

En ese sentido, propondremos a esta soberanía una reforma a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, precisamente para hacer posible que este Congreso establezca una Ley General contra el Delito de Secuestro y, además, a las Procuradurías locales las atribuciones correspondientes.

La ley que se ha propuesta a consideración del Congreso para la extinción de dominio, deriva de la reforma constitucional que el constituyente permanente aprobó este mismo año; va en muchos sentidos de manera paralela a lo que su partido había propuesto, pero se ajusta puntualmente a lo que el constituyente permanente aprobó como reforma constitucional en esta materia, para privar a los que cometen delitos en delincuencia organizada, secuestro y otros delitos graves, de los bienes y productos que sean instrumento, objeto y producto de estos delitos. Es cuanto. Muchísimas gracias, diputado.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, señor procurador. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Silvano Garay Ulloa, por el Partido del Trabajo.

El diputado Silvano Garay Ulloa (desde la curul): Gracias, señor presidente.

Señor secretario de Seguridad Pública, la secretaría a su cargo tiene, entre otras cosas, la función de prevenir la comisión de delitos de orden federal, y no ha cumplido cabalmente su tarea.

Antes al contrario, es el caso que los delitos contra la salud, pues una encuesta nacional de adicciones arroja datos que son alarmantes. En seis años se eleva el consumo de cocaína en 50 por ciento. Esto es, en los últimos cuatro años del gobierno anterior y en dos del presente.

El número de personas que experimentan drogas crece en 28 por ciento. Nuestros jóvenes empiezan a consumir drogas a menor edad. Estos datos explican por qué el narcotráfico es una actividad económicamente muy rentable y que no le importa la salud de los jóvenes ni lo que tengan que hacer para comprar su nefasta mercancía. Por eso afirmamos que ha fallado el aspecto de prevención de delito.

Por nuestras aduanas entran en el país los armamentos de las bandas de delincuentes, que en muchos casos superan la capacidad de fuego del Ejército y de las corporaciones policiacas.

También ingresan cargamentos de droga, provenientes de Colombia, de otros países, para ser consumidas aquí o de paso rumbo a Estados Unidos.

Nuestro Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considera que hay que poner mayor atención y esfuerzo en la prevención del delito. Sin embargo, no nos pasa inadvertido que las corporaciones policiacas han sido infiltradas por la delincuencia, es el caso de Lorena González, que así lo demuestra.

Para tener un diagnóstico preciso de en dónde nos encontramos, es necesario depurar a los cuerpos policiacos. Resulta vergonzante que la policía municipal de Torreón, Coahuila, municipio gobernado por el PAN, esté al servicio del narcotráfico. Lo mismo ocurre en muchos estados de la república.

Los propósitos del acuerdo nacional del 21 de agosto, de legalidad, de justicia, no podrán ser cumplidos si no se depuran los cuerpos policiacos y se encarcela a quienes sirven a la delincuencia.

Señor secretario, las estadísticas demuestran que no hay estrategia para combatir la delincuencia, por lo que preguntamos: ¿van a continuar con una política que no lleva a ningún lado, en la que los muertos los ponemos la sociedad? Gracias, por su respuesta.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, compañero diputado. Tiene uso de la palabra el ingeniero Genaro García Luna,secretario de Seguridad Pública, para dar respuesta.

El secretario Genaro García Luna: Gracias, diputado, por la pregunta. Debo precisar que el esquema integral para combatir el crimen prevé el escalamiento de capacidades muy superiores para aduanas. Sin duda un tema importante en este esfuerzo para combatir el crimen es frenar el flujo de armas que hay, norte-sur, en el país.

Para ello hemos articulado capacidades nuevas con aduanas, con la policía federal, donde se fortalece el despliegue territorial en la frontera norte y además ---también debo señalarlo---, con un esquema superior, un despliegue territorial de las Fuerzas Armadas para evitar este flujo que existe de tráfico de armas.

Sin duda requiere tecnología, requiere nuevas capacidades en sistemas, en detección, y para ello estamos trabajando. Debo decir que es un tema en el que somos coadyuvantes, la parte específica la tienen en las aduanas. Sin embargo, en este esfuerzo combinado que tenemos de sumar capacidades, la policía federal ha dispuesto un sistema importante para el esquema de frontera norte.

Usted hace referencia al tema de Lorena González; ya lo explicaba con anterioridad. El caso de esta señora, la policía federal fue quien la detuvo, la puso a disposición de la autoridad del DF. Y debo reiterar, en la medida en que combatamos la corrupción, sin duda, habrá más delincuentes que detectemos y que combatamos en toda las policías del país.

No es una patente propia de alguna policía, es un esquema de deterioro que ha permeado a todo el país, en todas las policías. Reiterar la convicción plena de combatir este fenómeno y, por supuesto, esta visión prevé ---ya lo he señalado--- una nueva ley donde se obligue a controles específicos de toxicología, de entorno social, patrimonial de cada policía.

Por último, en la parte del acuerdo nacional, reitero, que es un gran instrumento que tiene la comunidad, el gobierno, el Poder Judicial, el Congreso para poder potenciar las capacidades de cada institución y fortalecer lo que hoy tenemos en modelo de seguridad pública de todo el país.

La seguridad pública debe ser una política de Estado, donde todos tengamos una responsabilidad específica y, por supuesto, este acuerdo distingue responsables, metas y tiempos. Gracias.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, señor secretario. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Jacinto Gómez Pasillas, por Nueva Alianza.

El diputado Jacinto Gómez Pasillas (desde la curul): Diputado presidente, con su permiso.

Ciudadano Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, desafortunadamente ser policía en México significa tener un empleo de alto riesgo, mal pagado y con un estigma social de corrupción.

Este empleo se ha convertido en una actividad secundaria que se abandona en cualquier momento que se tiene otra opción de trabajo. Las corporaciones policiacas siempre tienen vacantes y la necesidad de personal propicia que los requisitos de admisión sean laxos.

La percepción de la mayoría de los propios policías municipales, estatales y federales de que no creen lograr un crecimiento profesional ni personal ni tener los estímulos y garantías para una profesión de alto riesgo.

Con base en documentos de la Secretaría de Seguridad Pública federal que obran en la propia Comisión de Seguridad Pública de esta Cámara, hasta abril pasado había 349 mil 163 elementos de las policías de todos los órdenes de gobierno, incluyendo de tránsito y bancaria. Es decir, hay 343 policías, aproximadamente, por cada 100 mil habitantes en todo el país.

Del total de policías en ejercicio, y esto es un dato preocupante, también, porque tiene que ver con lo mismo, 56.15 por ciento tienen escolaridad básica. Hay 0.81 sin escolaridad, hay 13.7 por ciento con bachillerato y sólo 18 por ciento tienen licenciatura con titulo o pasantía.

Cabe reconocer que existen elementos policiacos honestos que tienen vocación de servicio, dispuestos a cumplir con el cometido de protección a la sociedad. Sin embargo, también hay infiltrados, que son los que responden a intereses perversos en colusión con grupos criminales en el territorio nacional.

Por ello, en Nueva Alianza recomendamos replantear y rediseñar legal y administrativamente a los cuerpos de seguridad pública, para un efectivo, coordinado y eficaz sistema nacional de seguridad pública. Y hacer de la carrera policial un medio de vida digno, mejorando la educación, la capacitación, el salario y las condiciones de trabajo y equipamiento, tanto de los policías en servicio como para los nuevos elementos.

El reto es desarrollar una policía profesional, depurada, preparada, capaz y honesta. El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza presentará una iniciativa que propone elevar el nivel de educación de nuestros policías, así como su salario y prestaciones. Lo cual creemos que se verá reflejado en una mejor calidad de vida para ellos. Del mismo modo comprenderá, como un requisito de ingreso a los futuros policías, mayor grado académico.

Sabemos que son muchos los factores que hay que atender y atacar para revertir la grave situación de inseguridad que vive en nuestro país en la actualidad...

Estoy próximo a terminar, presidente.

Pero, sin duda, es en la policía donde deben centrarse muchas de las esperanzas de la sociedad mexicana en revertir la situación de inseguridad. En un marco de coordinación y comunicación de todos los cuerpos policiacos que se da, actualmente, con deficiencia.

En este sentido, ciudadano secretario, quisiéramos saber, concretamente, ¿qué acciones están llevando a cabo o se planea implantar en la secretaría a su cargo para elevar el nivel de escolaridad, preparación, salarios y prestaciones en la policía?, genéricamente hablando. Para que ésta sea plenamente profesional, depurada de malos elementos y blindada contra infiltraciones de los grupos criminales. Por sus respuestas, gracias.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Muchas gracias, diputado. Tiene uso de la palabra el ingeniero García Luna,secretario de Seguridad Pública.

El secretario Genaro García Luna: Con su permiso, presidente.

Gracias, diputado Jacinto Gómez Pasillas . Muchas gracias, primero por la oportunidad de explicar este punto que es tan importante y que usted refiere, y comparto su perspectiva y la visión que usted plantea.

Debo decirle que un eje importante para transformar el esquema de seguridad pública del país es la policía. En todo el mundo, países que tienen vanguardia en seguridad pública tienen policías eficaces, honestos, honorables y tienen un esquema de vida donde el policía sí tiene todo un proyecto de vida que garantiza su estancia, su desarrollo, su educación, su salario, y en México hoy tenemos un modelo que no responde a esa lógica.

Por ello hemos trabajado ya durante año y medio en transformar el modelo de policía en todo el país bajo tres premisas: la primera de ellas ligada con el perfil policial que usted refiere.

En principio, estamos reclutando cuadros nuevos de policía con nuevos perfiles de educación superior para el caso de la policía federal, y estamos impulsando con fondos federales el esquema de reclutamiento para policías municipales y estatales con mejor perfil de educación, y para ello estamos inclusive planteando un esquema de ley donde se defina el ingreso para cada policía.

También debo precisar que estamos buscando potencial, capacidades que tienen los policías en todo el país, bajo un esquema de capacitación permanente para cada nivel.

Debo precisar que hubo que crear sistemas nuevos, sistemas de vanguardia para interconectar las policías de los municipios, de los estados y de la federación bajo un esquema integral que alinee capacidades e inteligencia operacional en todo el país. Para ello hemos formado nuevos esquemas y protocolos de operación para cada policía; hemos creado un plan rector de educación policial que estamos a punto de liberar para todo el país.

Creamos instancias superiores de formación para las policías, tanto federales como estatales y municipales, y estamos a punto de echar a andar un esquema importante de formación policial que incorpora un sistema integral de desarrollo policial, justo ---y espero que sea en esta sesión y con el apoyo de ustedes--- que se pueda legislar un proyecto de ley donde se definen los ejes que usted refería, vienen señalados en principio ingreso, permanencia, desarrollo en todo el país, de la policía.

También se precisan esquemas de disciplinas para cada nivel de gobierno en la policía, control de confianza obligatorio para cada policía, esquemas de formación desde su origen hasta el final en su carrera policial y algo muy importante; coordinación eficaz y obligatoria en todos los niveles de gobierno para la policía. Este esquema sin duda es un parteaguas para transformar el modelo de policía del país que México requiere y que estamos construyendo. Y para ello, sin duda, lo que usted refiere y precisa es una nueva ley que obligue este cambio de fondo en el modelo de policía.

Estamos a punto de mandar al Congreso esta nueva ley, estamos afinándola con los señores gobernadores para tener alcance en todo el país, y por supuesto atender de fondo en la parte estructural el cambio de policía en todo el país. Gracias, diputado.

Presidencia de la diputada Martha Hilda González Calderón

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Muchas gracias, señor secretario. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Aída Marina Arvizu Rivas, del Grupo Parlamentario de Alternativa.

La diputada Aída Marina Arvizu Rivas (desde la curul): Gracias, presidenta.

Señor secretario de Gobernación, debe ser usted una de las personas más informadas de la gravedad de la situación que hoy vive nuestro país, y en el caso de Michoacán parece que alguien está diciendo mentiras, el gobierno federal o el gobierno de Michoacán.

Lo que sí es una verdad es que nos cae como una losa, es que han comenzado a morir mexicanos y mexicanas inocentes frente al terrorismo que empieza a desplegar el crimen organizado y la sensación de precariedad y desprotección se extiende por todo el país.

Informado como está, debe saber que para un sector importante de la ciudadanía, de la cual los legisladores somos representantes, desde hace algún tiempo usted ya no es la persona indicada para ocupar el cargo de secretario de Gobernación, entre otras cosas, porque fue nombrado en un contexto distinto donde el acento estaba puesto en la reforma energética, en la reforma de Pemex, y usted era la persona idónea.

Hoy las cosas han cambiado. Que se sepa, no tiene experiencia en materia de seguridad pública o de seguridad nacional o en materias afines, donde hoy debe ponerse el acento y el esfuerzo de su secretaría.

Por el reto que representa para el Estado mexicano el crimen organizado para un sector cada vez más importante de la ciudadanía, insisto, es difícil imaginar que pueda usted coordinar eficientemente el gabinete de Seguridad.

Como sabe, en la batalla contra el crimen organizado el gobierno del presidente Calderón cuenta sin regateos ni condiciones con el apoyo que podamos darle desde este grupo parlamentario. Por eso, porque apoyamos sin restricciones al gobierno federal en esta lucha, quiero preguntarle directamente ---y disculpe la franqueza de mi actitud--- en nombre de ese sector que duda de usted: en el contexto actual, ¿cuáles son las razones por las que considera que hoy sigue siendo todavía un apoyo al trabajo del presidente como secretario de Gobernación?

¿No se ha planteado usted en algún momento en lo más profundo de su conciencia que precisamente por su cercanía con el presidente Calderón y por el bien del proyecto que comparte con él, ha llegado la hora de que dé un paso al costado y le permita al presidente fortalecer esta crucial área de trabajo gubernamental?

El afán de mi pregunta, señor secretario, no es pedirle su renuncia ---honestamente se lo digo porque no es mi facultad---, sino saber si todos los que estamos comprometidos en la lucha contra el crimen organizado somos realmente conscientes de la extrema gravedad de la situación actual y estamos genuinamente dispuestos a trabajar por México. A veces hacerse a un lado es una señal de patriotismo. Por su respuesta, muchas gracias.

Presidencia del diputado César Horacio Duarte Jáquez

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la palabra el señorsecretario de Gobernación, licenciado Juan Camilo Mouriño Terrazo.

El secretario Juan Camilo Mouriño Terrazo: Gracias, diputado presidente.

Agradezco la pregunta de la diputada Arvizu, en primer lugar. También agradezco el respaldo manifiesto a través de su persona respecto a la necesidad de cerrar filas y desde la trinchera de cada uno, poner la parte que nos corresponde y con ello hacer un solo frente común en contra de la delincuencia.

Y sí, diputada, estoy absolutamente consciente de la gravedad del problema; del reto y el desafío que enfrentamos e, insisto, este gobierno está consciente no en función de los hechos recientemente ocurridos, sino está consciente desde que hizo un diagnóstico de la situación del país incluso antes de entrar a la administración y desde el primer día que tomó protesta la actual administración.

Por tanto, en función de ello, y como consecuencia, desde el principio pusimos éste como el más alto tema en prioridad y fuimos consecuentes. Me quedan claras sus inquietudes y le contesto que también soy un mexicano absolutamente comprometido con la función que desempeño y absolutamente resuelto a ser parte de la solución del problema.

Lo importante en ello, en este esfuerzo, no es asumir atribuciones que le corresponden a otras instancias del propio gobierno federal; para ello está la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Como usted bien ha dicho, se trata de un esfuerzo de coordinación en lo que se refiere a la Secretaría de Gobernación y en ello trabajamos todos los días. Coordinación al interior del propio gabinete; coordinación también con los demás órdenes de gobierno; coordinación con gobernadores y alcaldes para lograr acuerdos; coordinación y diálogo para encontrar en las propuestas de cada uno de los distintos grupos parlamentarios o de los gobernadores mismos, las coincidencias que nos permitan avanzar y discutir con claridad también sobre las diferencias.

Estando conscientes del reto que se enfrenta y de la necesidad de ---en este frente común--- cerrar filas y trabajar todos juntos con el mismo objetivo, le digo que desde la Secretaría de Gobernación seguiremos trabajando al servicio de México, conscientes y en función del objetivo que hemos planteado: recuperar la paz, la tranquilidad y la seguridad para cada familia. Ésa es la responsabilidad de todo el Estado y en esa responsabilidad la secretaría a mi cargo seguirá haciendo la parte que le corresponde.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, señor secretario.

Para iniciar la siguiente ronda, se concede el uso de la palabra a la diputada Dora Alicia Martínez Valero , del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

La diputada Dora Alicia Martínez Valero (desde la curul): Gracias, presidente, buenas tardes.

Señor procurador, en los últimos años los mexicanos hemos visto con preocupación el incremento de la inseguridad, el consumo de las drogas, la violencia, la impunidad y la industria del secuestro.

Las consecuencias no sólo atentan contra la vida, la libertad o el patrimonio de hombres, mujeres y niños en todo el país, sino el severo impacto psicológico que deja secuelas y que, en algunos casos, se requieren años de asistencia de profesionales para superar los impactos de ver amenazada su integridad. Y pareciera, desgraciadamente, que nos hemos acostumbrado a vivir intranquilos.

La falta de denuncia por el temor de las familias de perder sus seres queridos y la escasa credibilidad en la actuación de las corporaciones encargadas de la investigación y el combate de estos lacerantes delitos contribuye a que, en buena parte, los delitos perpetrados no puedan combatirse con oportunidad. Todo ello hace que la impunidad, para quienes se dedican a estas actividades ilícitas, sea alarmante.

Advertimos también que hay una participación cada vez más recurrente de miembros y ex miembros de los cuerpos de seguridad en todos los niveles de gobierno, que encabezan, se asocian o brindan protección a bandas delincuenciales.

Reconocemos también que hay éxitos en el combate a la delincuencia organizada. Los cárteles que operan en México no han salido bien librados de esta guerra, pero consideramos que su capacidad de fuego y reacción ha golpeado severamente las estructuras policiacas de la república.

Durante estos meses se han realizado 24 mil 811 consignaciones con detenidos, y eso hace evidente la lucha contra el crimen. Sin embargo, resulta ineficiente para la población.

No podemos admitir que se deje ver con tanta claridad la falta de coordinación que existe entre los titulares de las dependencias encargadas de seguridad y justicia, en todos los órdenes de gobierno.

Es claro, procurador, que a 20 meses de iniciada la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada la violencia se manifiesta en formas más crudas: atenta contra civiles inocentes, como en el caso de Morelia.

Contra el narcotráfico y la delincuencia organizada reconocemos también la coordinación que existe entre la Procuraduría, a su cargo, y la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes en una misión de seguridad han logrado incautar una cantidad récord de narcóticos, y capturar importantes capos de la droga.

Sabemos que el compromiso de todos los servidores públicos que trabajan en las instancias de procuración de justicia es recuperar la confianza de los ciudadanos. Queremos que la labor del Estado sea percibida por la sociedad de manera positiva, entendiendo que nosotros somos aliados de los ciudadanos.

Por eso, señor procurador, solicito que me responda cuáles son los resultados y los saldos que hasta ahora arroja la lucha contra el narcotráfico.

Ante los resultados de la reciente Encuesta Nacional de Salud y el incremento en las adicciones, coméntenos: ¿cuál es el verdadero impacto del narcotráfico y qué representa para el Estado esta lucha? ¿Se descuidó el combate al secuestro en esta administración por dar prioridad al combate al narcotráfico? ¿Cuáles son los aspectos esenciales de la estrategia nacional e integral contra el secuestro aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Pública?

Y por último, señor procurador, vemos que en el proyecto de Presupuesto de 2009 hay un fuerte incremento, de 35 por ciento, para su dependencia. ¿En qué piensa utilizar estos recursos? Por sus respuestas, muchas gracias.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el licenciado Eduardo Medina Mora, procurador general de la República.

El procurador Eduardo Medina-Mora Icaza: Muchísimas gracias a la diputada Dora Alicia Martínez Valero , por su pregunta.

Me parece que en efecto, el esfuerzo de combate a la delincuencia organizada es uno de los elementos que genera mayor apoyo entre la ciudadanía. Necesitamos quitarle a estos grupos el enorme poder económico, de fuego y por consecuencia, de intimidación, de destrucción de instituciones, de destrucción de nuestra paz y tranquilidad ciudadanas.

Los resultados que se han obtenido en esta administración, en este punto no tienen precedentes. Solamente quisiera destacarle algunos de los más relevantes, en lo que es el comparativo de 2008 respecto de 2007, de enero a agosto.

En detenidos, tenemos a esta fecha, al final de agosto, 16 mil 907, con 24.4 por ciento más que el año anterior; en vehículos terrestres, 5 mil 142, con 89.9 por ciento más que el año anterior; en vehículos marítimos, 83, con 20.3 por ciento más que el año anterior; en vehículos aéreos, 228, o sea 812 por ciento más que el año anterior; armas cortas, 4 mil 604, o sea 73.1 por ciento más que el año anterior; armas largas, 6 mil 216, o sea 133.9 por ciento más que el año anterior; municiones, 1 millón 153 mil, 161 por ciento más que el año anterior; granadas, 809, o sea 323 por ciento más que el año anterior.

En moneda nacional, 48 millones 699 mil pesos, 43.7 por ciento más que el año anterior; en dólares, si no se considera el aseguramiento al narcotraficante chino en marzo del año anterior, tenemos un aumento de 800 por ciento, para llegar a 80 millones de dólares en lo que va de este año.

Los resultados en este sentido han sido acumulativos e importantes en términos de quitarles a estos grupos capacidades, la posibilidad de generación de ingresos.

En materia de secuestro, quiero decirle, diputada, que todos los procuradores del país y todos los gobernadores y miembros del gabinete federal hemos convenido en una estrategia nacional e integral contra el delito de secuestro. Aquí está.

Esta estrategia es muy puntual en términos de los procedimientos que tenemos que seguir par formar unidades de especialidad en combate al secuestro, tanto en el ámbito federal como en cada entidad federativa; unidades que tienen áreas ministeriales y áreas policiales especializadas, compuestas con personal que haya pasado no sólo los exámenes de confianza, sino además, acredite las capacidades y habilidades que se requieren para atender de manera especializada el combate a este delito.

Estamos ciertos de que con unidades de propósito, con un modelo homogéneo, vamos a tener ciertamente éxito. Lo que necesitamos es tener precisamente un enfoque más puntual al combate a este delito, que es, como usted lo ha señalado, el que más flagela, el que más afecta a la dignidad de las personas. La estrategia está ahí, la voluntad está ahí.

Le aseguro, diputada, que los responsables de estas materias, tanto en las Procuradurías como en las policías de todo el país, estamos plenamente comprometidos y de acuerdo en cuál es el esquema que vamos a seguir para este propósito y los resultados estarán ahí, se lo garantizo. Gracias.

Presidencia del diputado José Luis Espinosa Piña

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Gracias, señor procurador general de la República. Ahora es turno de la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por tres minutos.

La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago : Muchas gracias, señor presidente. Si me permite un momento. Si antes pudiéramos hacer un minuto de silencio, por el niño Ángel Uriel Herrera García, quien falleció el sábado a consecuencia de la granada que se colocó en el acto de aniversario del 15 de septiembre en Morelia, Michoacán.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Se solicita a los presentes ponerse de pie para guardar un minuto de silencio.

(Minuto de silencio)

Tomen asiento por favor. Gracias.

La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. La pregunta es para el secretario de Seguridad Pública.

Señor Genaro Luna, usted ha venido planteando una serie de propuestas que tienen que ver con la unificación de la policía. Me parece que hay una incongruencia entre las grandes modificaciones constitucionales que hicimos hace unos meses en esta Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, ya que parte de lo que usted está planteando ---y me parece que no ha entendido--- tiene que ver con que se viola el estado de derecho.

Usted sabe que nosotros tenemos un pacto constitucional. Ese pacto constitucional obliga a cada uno de los estados que hicieron y ejercieron ese pacto a que tengan el control de su propia policía.

Creo que una parte fundamental de lo que ha estado planteando en esa gran propuesta que usted ha estado colocando desde hace algunos meses, prácticamente, en este régimen mexicano, en la federación, con la participación constitucional de los poderes, tanto municipales, estatales y federales, lo que se hace es que las políticas públicas nacionales en la materia deben ser reforzadas y apoyadas para permitir precisamente el desarrollo de las corporaciones policiales, en los tres órdenes de gobierno.

Pero de ninguna manera, señor secretario, nosotros vamos a permitir, por lo pronto ---y se lo digo y se lo anuncio de una vez--- que ustedes vayan a querer avasallar y lograr el sometimiento de toda la fuerza policiaca en un solo mando.

No vamos a colocar el poder de lo que tendría que ser la policía, aunada a cada uno de sus municipios, sus estados y la federación. No vamos a apoyar esa propuesta porque es un poder que nunca ha existido en nuestro país.

Me parece que usted se ha equivocado y ha invertido muchos recursos públicos de la secretaría para que su propuesta vaya avanzando. Vengan y discútanla aquí con nosotros; no lo hagan en los medios de comunicación. Me parece que no le ha quedado claro de qué manera está constituido el régimen mexicano.

Además, entre parte de las propuestas que usted está planteando en esta unificación de la policía, coloca una serie de facultades que le corresponden al Ministerio Público, que es el asunto de la investigación.

Hasta donde yo sé ---y si estoy mal, que me recuerden mis compañeros de la Comisión de Justicia--- en la reforma constitucional jamás modificamos que el Ministerio Público perdiera esa facultad.

La Secretaría de Seguridad Pública, la policía, no puede tener esa facultad. Tiene que apoyar, en todo caso, a la policía, que es lo que estamos queriendo colocar, una policía de investigación que coadyuve al Ministerio Público para realizarla.

O de qué se trata. De hacer actos como los que solían hacerse en Estados Unidos, como lo que hizo Edgar Hoover, que durante 50 años en el FBI utilizó la información para hacer chantajes a los políticos, para presionarlos, como ha estado sucediendo.

Cómo se explica que el modelo de unificación y autonomía técnica de policías que usted propone sea compatible con este marco constitucional en los Estados Unidos Mexicanos, incompatible con el estado de derecho moderno, donde sean los fiscales los que dirijan jurídica y operativamente a las policías durante las investigaciones, de acuerdo con la experiencia de las mejores prácticas internacionales de todo país avanzado.

Otro asunto que me parece importante recalcar es que en el combate a la corrupción no existe todavía unidad o mecanismo de control en contra de la delincuencia organizada y mucho menos contra la corrupción de funcionarios públicos. Y no hay más que decirlo. Existe ahí, por ejemplo, la banda de La Flor, que hace tres años existía y ustedes no sé que han estado haciendo para esa investigación y qué denuncias se han realizado sobre eso.

Cuál es el número, por ejemplo, de la investigación interna, que usted debió haber abierto, para el asunto de la señora Lorena González, quien era integrante de la PFP y que estuvo involucrada en los hechos de secuestro del niño Martí.

Ustedes vinieron aquí a comparecer bajo protesta de decir verdad. Esta comparecencia está en realidad plagada tanto de omisiones dolosas como también de mentiras. Las han estado diciendo aquí.

Me parece que es importante que el pueblo de México sepa de esto. Por lo pronto, yo sí anuncio y aviso que en esta comparecencia...

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Diputada, le solicito que concluya; el tiempo acordado ya se agotó.

La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago (desde la curul): Termino, señor presidente. Como a todo mundo le ha dado tiempo, también démelo a mí. Permítame, voy a concluir.

Nosotros estamos informando a este Congreso que vamos a iniciar el procedimiento de juicio político, ya que aquí, por omisión, se han estado diciendo mentiras, y han estado omitiendo información de manera dolosa los funcionarios del Ejecutivo federal. Muchas gracias.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Gracias, diputada. Tiene la palabra elsecretario de Seguridad Pública.

El secretario Genaro García Luna: Con su permiso, presidente.

Diputada, gracias por la pregunta. En principio quiero decirle que no sé a qué ley se refiera, o a qué propuesta se refiera, pero en ninguna está lo que usted refiere. La propuesta que se hace es generar sistemas que articulen capacidades de los municipios, los estados y la federación para el combate al crimen. En ninguna se plantea un esquema centralizado de policía en el país. La propuesta que estamos trabajando y que hemos afinado con los señores gobernadores es un esquema donde tengamos un solo sistema de datos de orden criminal en todo el país.

Un solo sistema de registro policial tanto para policías municipales, estatales y federales, donde tengamos alcance completo en su registro estadístico en todo el país. Un solo sistema de kárdex para delincuentes tanto del fuero común como federales en todo el país. Un Centro Nacional de Control de Confianza para certificar y tener alcance de seguimiento, de ingreso y permanencia de todos los policías del país. Y por último, en este rubro, decirle que homologar no es avasallar.

Un reto histórico para el país es que México cuente con policías profesionales capaces, honestos, honorables, profesionales en el sentido de la investigación, con capacidades superiores para combatir el crimen y en ello, señora diputada, estamos trabajando.

En ningún caso se prevé unificar una policía nacional, como supongo que usted lo refiere; en ningún caso se prevé suplir al Ministerio Público. En sentido contrario, se prevé formar cuadros de policías con capacidades superiores a la investigación policial para recabar evidencia y sumar evidencia dentro de la indagatoria que el Ministerio Público integra y tiene monopolio para integrar la indagatoria y de consignar nueva policía.

Respecto a la parte de combate a la corrupción, ya lo comentábamos, y sin duda es una materia que tenemos que seguir trabajando en muchos frentes. Por supuesto un tema importante, y usted lo refiere, es el alcance para el seguimiento de funcionarios públicos de todos lo niveles para evitar que se desvíen o que se involucren en la parte criminal.

Y para ello, justo lo que estamos trabajando, analizando, con los señores gobernadores, es un esquema donde tengamos capacidades superiores para el seguimiento en el ingreso, permanencia y retiro de todos los policías del país, tanto municipales, estatales y federales. En ninguna propuesta, en ninguna referencia, en ninguna, aclaro, está lo que usted refiere, señora diputada.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Gracias por su respuesta, señor secretario. A continuación tiene el uso de la palabra la diputada Patricia Villanueva Abraján, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos.

La diputada Patricia Villanueva Abraján (desde la curul): Señor secretario de Seguridad Pública, fin primordial del Estado es garantizar la sana convivencia social; esto es la seguridad pública, cuya función tiene la institución que usted dirige.

Hoy más que nunca la seguridad de las familias mexicanas ha sido trastocada. A casi dos años de gobierno lo que vemos es una sociedad aterrada, desmoralizada, que sale a la calle clamando justicia como última esperanza antes de tomarla por propia mano. El sistema de seguridad no tiene rumbo. No ofrece resultados. Vivimos una tremenda descomposición social. Una sociedad en crisis produce una nación en crisis. No hay credibilidad.

Ya el crimen organizado no tan sólo atenta contra los diferentes cuerpos de seguridad pública o entre grupos delictivos de intereses antagónicos. Ahora, la ciudadanía es su blanco directo, ya de manera selectiva, mediante los secuestros, o bien de manera general, como los hechos lamentables que de forma inédita y cruel acontecieron el pasado 15 de septiembre en Michoacán.

Es verdaderamente preocupante el hoyo negro en materia de profesionalización de los cuerpos policiales. El embate al crimen organizado le ha costado a los mexicanos, tan sólo en lo que va de 2008, más de 3 mil muertes, 32 por ciento más que en 2007.

Con estas cifras todavía se atreven a decir que le estamos metiendo goles a la delincuencia, lo que hoy es incompetencia. Usted ha pregonado crear una policía con estándares internacionales de confiabilidad y eficiencia, cuya estrategia sea la de prevención y combate al delito, basada en la inteligencia policial.

En el informe se registra que se han capacitado 26 mil 600 elementos en activo y han pasado por la evaluación de control y confianza 3 mil 500 más y, sin embargo, los resultados que tenemos son cuerpos de seguridad reactivos, carentes del más mínimo trabajo de inteligencia policial para prevenir el delito.

Por ello observamos operativos fallidos, donde se confunde a los ciudadanos con delincuentes. Se han vuelto comunes los allanamientos policiacos en domicilios de familias mexicanas que se sienten exhibidas y agredidas. Pero, qué podemos esperar si no se puede precisar siquiera si una persona pertenece o no a la institución que representa.

Le pregunto, señor secretario, sea sincero y díganos si podemos contar con una policía que esté capacitada para enfrentar los nuevos retos de la seguridad pública. Díganos si tiene una estrategia para ello. Las líneas más visibles del sistema de seguridad son la corrupción, la impunidad, la falta de inteligencia y estrategia, derivadas de la infiltración de las organizaciones delictivas en los cuerpos de seguridad. Usted mismo ha declarado la existencia de policías con estilo de vida de millonarios ante grados de corrupción inauditos.

Le pregunto, ¿cómo sería posible así el funcionamiento de una policía nacional? ¿Cómo podemos tener credibilidad en las evaluaciones que hace el Centro Nacional de Control de Confianza? ¿Cuándo saldrá de su inoperancia el Cisen, para que le contribuya en el trabajo de inteligencia?

Resulta cotidiano observar en los medios de comunicación que cada vez que se desintegra algún grupo delictivo, se descubre que quienes los dirigen son policías en activo o recientemente dados de baja.

Por ello le pregunto, secretario, ¿cuándo perdieron la brújula del Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública para inscribir la identidad y la cédula familiar de los elementos que se incorporan a los cuerpos de seguridad, y con ello evitar que policías cesados se contraten en otras corporaciones?

En el propio informe se corrobora que 92 por ciento de las acciones contra el combate a la delincuencia organizada lo enfrentan las Fuerzas Armadas. Entonces, le pregunto, ¿para qué ha servido, señor secretario, la inversión millonaria que ha tenido la institución a su cargo? ¿Por qué debemos confiar cuando no existen resultados? Esto no es un asunto de fe. Es un asunto de eficiencia.

De antemano sé que no tiene respuestas, pero espero sus comentarios.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Gracias, diputada. Tiene la palabra el señorsecretario de Seguridad Pública, por tres minutos.

El secretario Genaro García Luna: Señor presidente, con su permiso.

Gracias, señora diputada, por su pregunta. Y bien, como usted sabe... usted fue procuradora del estado de Oaxaca, y compartimos experiencias comunes en tareas para combatir el crimen.

Sin duda, y hemos reiterado, un reto importante es transformar el modelo de policía para este país, es incrementar capacidades técnicas para la policía en el combate al crimen, es cambiar el perfil policial con deterioro histórico. Hoy se encuentra en este esquema actual de descomposición y que, sin duda, requiere un nuevo precepto para este esfuerzo.

Comparto su perspectiva en términos de que tenemos que transformar el esquema que hoy tenemos de policía. Y para ello estamos trabajando en tres vertientes:

Primero, que ya comentábamos, la propuesta de llevar a ley la obligación en todo el país, de tener un esquema de control y confianza que registre exámenes de psicología, psicométricos, poligráficos, entorno social y patrimonial que corresponda a nivel de ingreso de cada policía con su modo de vida.

Segundo. La parte de desarrollo policial con un proyecto de vida para cada policía. Hoy, el país no cuenta con un esquema que le dé garantía de proyecto de vida a un policía de bien que quiera tener una carrera de eficiencia, de honorabilidad, en un marco profesional.

Por ello, esta propuesta plantea crear un plan rector de educación policial, donde el policía tenga acceso a educación desde el inicio de su formación hasta el retiro de su carrera policial.

También se plantean nuevos esquemas en sistemas para datos de inteligencia operativa, nuevos esquemas de operación para la policía, metodología, procesos, unificación y homologación de procesos de operación policial para cada etapa, y sin duda ---debo decirlo--- requiere un nuevo perfil de ingreso de la policía.

El plan para esta etapa de evolución ya arrancó en principio con un fondo federal, ya lo comentábamos, el Subsemun, que ustedes aprobaron, que es un fondo dirigido a los municipios y que prevé cinco ejes: combate a la corrupción, cómputo de confianza, capacitación, logística operativa, para equipamiento policial y, algo nuevo que es muy importante, indicadores de medición en la operación y eficiencia policial.

Estos fondos prevén armar un modelo nuevo de policía en los municipios y coadyuvar con los estados en el esquema integral de seguridad pública. También los fondos federales del FASP y del Foseg tienen sus vertientes y esos ejes para formar cuadros nuevos, capacitarlos, para incrementar sus capacidades técnicas y operación en todo el país.

La inversión en el caso federal se ha centrado esencialmente para incrementar la capacidad en la policía federal, en su plantilla de operación.

Debo decir que en la policía federal éramos 11 mil elementos al inicio de este gobierno. Hoy tiene la policía federal 26 mil, y el esfuerzo de tener más despliegue territorial obedece justo a eso, a sumar capacidades con los estados y los municipios en el combate al delito.

Un eje importante ---y usted lo refería--- son los sistemas de inteligencia para los policías. En este sentido hemos trabajado para armar un nuevo sistema basado en capacidades nuevas que se alinean en un solo esquema, tanto para policías municipales, como estatales y federales, y este esquema está a punto de liberarse ya en el ámbito nacional. Hoy tenemos ya un alcance superior de 80 por ciento y estamos a punto de liberar todos los esquemas de inteligencia operacional para cada policía dentro del país. Gracias.

Presidencia del diputado César Horacio Duarte Jáquez

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, señor secretario. Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado José Manuel del Río Virgen, por Convergencia.

El diputado José Manuel del Río Virgen (desde la curul): Gracias, presidente.

Quiero dirigirme al señor procurador, si me lo permite, presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Adelante, diputado.

El diputado José Manuel del Río Virgen (desde la curul): Señor procurador, voy a tratar dos temas. El primero es respecto a los hechos delictivos que se han cometido en contra de la nación, particularmente en el caso de la plataforma Usumacinta, que chocó contra una plataforma fija; hubo 23 muertos; no hay nadie en la cárcel. Lo mismo pasó con Quetzalcóatl, ahí en Minatitlán; y también pasó en los estallidos de Álamos, donde hubo tres muertos, y ha pasado en otras partes y nadie está en la cárcel, nadie de Pemex, nadie de ninguna empresa, nadie que responda y se haga justicia a los familiares.

El caso de la plataforma Usumacinta es verdaderamente escandaloso. Ni siquiera conocemos el informe del premio Nobel, Mario Molina, que se había tomado como referente o que se tomaría como referencia para poder hacer justicia a quienes ahí fallecieron, sobre todo, a sus familiares.

Por otro lado, señor procurador general de la República, hoy nadie puede atreverse a afirmar que estamos ganando la guerra contra los delincuentes; es más, usted ha dicho que hay un escalamiento en la sociedad.

Hemos transitado, procurador, de una estrategia de procuración de justicia basada más en la esperanza de que los delincuentes se acaben entre ellos, que un proyecto integral que incluya investigación, persecución, captura y sentencia de los criminales.

Se nos mencionó que el recrudecimiento de la violencia, en casi todos los rincones del país, se debía a la reacción de las bandas delincuenciales ante la efectividad de los operativos, de la procuración de justicia y de las fuerzas armadas.

También, nos dijeron, se trataba de una disputa entre las bandas delincuenciales. Pero no. Ya no se trata de una guerra entre narcotraficantes. Las armas que entran por las aduanas del país y por los 3 mil kilómetros de frontera que tenemos hoy sirven a las bandas delincuenciales.

Es decir, no agarramos a nadie. Es más, lo doloroso aquí es el correr de la sangre de hombres, mujeres y niños que nos han ubicado en un escenario donde los ciudadanos se encuentran cautivos entre la violencia delincuencial y, también, con toda sinceridad procurador, la incapacidad para que podamos alcanzar la justicia.

Las redes del narcotráfico y las bandas de secuestradores no las podemos detener, ya ni hablemos de las grandes bandas que introducen las armas, de los que envían los coches robados al extranjero. Nada, todo saldo negativo. ---Termino, presidente.

El 21 de agosto suscribimos el acuerdo, se suscribió el Acuerdo Nacional de Seguridad, justo el periodo elegido por el gobierno para lanzar la gran cruzada para la delincuencia. Es la etapa de más violencia, usted no me va a negar esto.

El 18 de agosto, 21 muertos en Chihuahua; 14 en Creel, por cierto donde incluso murió un niño en un baile, donde fue terrible aquello. Hasta ahora, se sabe que los asesinos no tenían ninguna relación con bandas criminales. El 29 de agosto, Mérida, Yucatán, 11 cuerpos sin cabeza. Cómo es posible que los asesinos tengan la calma para cercenar cabezas y tirar cuerpos sin que sean molestados por nadie.

Procurador, el 15 de septiembre lo de Morelia. Ustedes han tenido que admitir que 80 por ciento de los policías, y agentes incluso, están corrompidos. Al terrorismo en Morelia no le busquemos más explicaciones: es una manifestación más oscura del grado de descomposición que vivimos.

Desde que se firmó el Acuerdo Nacional de Seguridad el país ya no es el mismo. A partir de esa fecha se han llevado a cabo 107 ejecuciones, incluido Chihuahua, Sinaloa, Veracruz, otros casos. Es más, para los ricos, ni sus autos blindados ni sus escoltas les sirven. A todos les va por igual ---terminó, presidente---. Son 3 mil 15 ejecuciones, señor procurador.

¿Cuándo tendremos justicia en el caso del tema de la plataforma Usumacinta? ¿Cuándo podemos saber que pasó realmente con el contrato de Blue Marine y que la Auditoría Superior de la Federación aclaró que había un sobreprecio de 40 mil dólares diarios? ¿Cuándo sabremos, señor procurador, de la nueva estrategia que necesitamos los mexicanos para que se nos otorgue la justicia que consigna la Constitución General de la República? Gracias, presidente; gracias, procurador.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : De nada, diputado. Tiene uso de la palabra el señor licenciado Eduardo Medina Mora, procurador general de la República.

El procurador Eduardo Medina-Mora Icaza: Muchas gracias. Con su permiso, diputado presidente.

Agradezco al señor diputado José Manuel del Río Virgen por su cuestionamiento. Quiero decirle en primer lugar, con relación al accidente en la plataforma Usumacinta, precisamente en la sonda de Campeche, nosotros iniciamos la averiguación previa el 29 de octubre de 2007, contra quien resultara responsable por los hechos que pudieran ser constitutivos de los delitos de homicidio, daño en propiedad ajena, y así se inscribió por incompetencia, que planteó a la Procuraduría General de la República su correspondiente de Campeche. Como usted señala, este siniestro ocasionó la muerte de 22 trabajadores y daños materiales significativos a Pemex.

En lo que hace a la averiguación previa ---que es distinto de la opinión técnica del Premio Nobel, Mario Molina---, el dictamen pericial se encomendó a la Universidad Nacional Autónoma de México, que lo ha rendido ya, y se está en espera de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se pronuncie respecto al daño ambiental para entonces estar en aptitud de resolver la indagatoria.

El hecho de que haya, evidentemente, consecuencias lamentabilísimas como la muerte de personas y desde luego los daños materiales, tiene que verse de una manera muy puntual en términos de si hay, primero, responsabilidades administrativas, negligencia por parte de algún funcionario; y después, de haberlas, si éstas son o no constitutivas de delito, es decir, si además de estos hechos imputables a personas concretas, pueden ser o no constitutivas de delito. Sobre esto versa la indagatoria.

A esta fecha la indagatoria continúa en trámite, pero en breve podrá resolverse. Le aseguro que la Procuraduría no va a fabricar culpables; va a analizar con todo cuidado si de los hechos y de los dictámenes periciales se desprenden conductas constitutivas de delito, y sobre esa base actuará en consecuencia.

En lo que hace a los temas que usted plantea, ciertamente que a partir de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, a pesar de que se han registrado en efecto hechos lamentabilísimos, sobre los cuales por cierto hay resultados concretos.

La investigación a propósito de los hechos en Creel, Chihuahua, que desahoga la Procuraduría General de Justicia de ese estado en colaboración con la Procuraduría General de la República, tiene avances significativos con personas identificadas, y podremos ---creo--- actuar en breve plazo.

Respecto a las decapitaciones en Mérida ha habido personas detenidas precisamente por la policía federal, consignadas ya ante juzgadores federales, y ha habido nuevas detenciones y nuevas líneas de investigación. Precisamente trabajamos este caso también en coordinación con la Procuraduría General de Justicia de Yucatán.

En Morelia hemos desahogado innumerables diligencias, también en conjunto con la Procuraduría General de Justicia de Michoacán. Aquí tenemos dos hipótesis básicas: si se trata de este grupo que ha flagelado, que ha secuestrado en muchos sentidos la tranquilidad y la paz de los michoacanos y de otros ciudadanos de estados circunvecinos, La Familia; o se trata de una acción del grupo de Los Zetas, que ahora disputa esta demarcación junto con este grupo. Estamos en este momento haciendo las diligencias correspondientes y no descartamos ninguna hipótesis con relación al grupo que pudiera ser responsable.

La violencia en Chihuahua y en Sinaloa, en Baja California, se ha reducido a partir de la firma del acuerdo, se ha reducido muy claramente en agosto respecto de niveles sin precedentes en julio, y sobre esta base nosotros pensamos que la violencia no se va a comportar regresivamente simplemente a partir de expresiones de voluntad política; se va a reducir a partir de quitarles capacidades operativas, logísticas, armas, detenciones a estos grupos, que como he señalado ya, tenemos una acumulación muy significativa en términos de reducción de capacidad.

El compromiso del gobierno federal está ahí, la coordinación con las entidades federativas está ahí. Y estamos ciertos de que vamos a ganar esta batalla para recuperar la paz y la tranquilidad de los mexicanos.

La batalla no se va a ganar hasta que los ciudadanos mexicanos podamos tener la convicción que de nuevo vivimos en normalidad. Hasta ese momento podremos sentirnos de alguna manera satisfechos, en el sentido de que hemos transformado un problema de seguridad nacional en un problema de seguridad pública. Es cuanto. Gracias, diputado.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, señor procurador. Tiene el uso de la palabra la diputada Verónica Velasco Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Verónica Velasco Rodríguez (desde su curul): Gracias, señor presidente.

Voy a evitar leer mi intervención, toda vez que las interrogantes han sido ya formuladas. Me dirigiré entonces al señor secretario de Seguridad Pública. Don Genaro, mientras todos nosotros estamos aquí sentados, escuchando datos y cifras más o menos precisas, y descalificándonos unos a los otros, hay allá afuera un niñito de nueve años que ha sido secuestrado. Para garantizar a sus padres que aún vivía, les han sido enviadas su dos orejitas y, hace unos días, una serie de fotos con imágenes del niño brutalmente golpeado.

Seguramente hoy como él, en este momento y en este país, existen muchos otros menores que no solamente han sido privados de su libertad, sino que están siendo golpeados y violados, y muy seguramente algunos ---como lo hemos visto--- terminarán siendo asesinados.

Señor secretario, le pregunto, desde un punto de vista personal, ¿cree usted excesiva la condena a pena de muerte para estos responsables que, por la violencia que emplean, reflejan no solamente su imposibilidad de readaptarse socialmente, sino su grandísimo desprecio a la vida? Le agradecería que la respuesta fuera solamente sí o no.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la palabra el señorsecretario de Seguridad Pública, ingeniero Genaro García Luna.

El secretario Genaro García Luna: Gracias, presidente.

Gracias, diputada, por la referencia y por la pregunta. En principio quiero a usted decirle que mi convicción para el tema de secuestros es un tema que requiere todo el esfuerzo del Estado mexicano para combatirlo. Con un caso que exista de secuestro es suficiente para que todos ---sin excepción--- pongamos lo mejor de nosotros mismos, lo que tengamos como capacidades de Estado para combatirlo.

La pena de muerte ha sido motivo de debate en diferentes foros, inclusive en varios países, y ha sido una fórmula mixta. Hay países donde ha sido un esquema ejemplar, y mucho en Asia en particular. Y hay también experiencias donde no ha sido la respuesta directa a este fenómeno.

Yo, a usted, le diría que en principio tenemos que garantizar que ningún secuestrador tenga derecho a libertad previa con ventajas jurídicas de preliberación. Hemos planteado la importancia de evitar que un secuestrador pueda salir de la cárcel, argumentando buena conducta o argumentando alguna ventaja legal para tener su liberación.

Sin duda un delincuente de ese perfil, que mutila, no merece estar en la calle. Por ello el gobierno federal ha propuesto un esquema donde se plantee la cadena perpetua a los secuestradores.

Y en el tema de debate específico de la pena de muerte, yo creo que esta referencia o este análisis sí tiene y conlleva diferentes aristas. Por lo pronto, yo insistiría en tener alcance permanente, total, de evitar que un secuestrador tenga ventajas jurídicas para la preliberación.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, secretario. A continuación tiene el uso de la palabra el señor diputado don Rubén Aguilar Jiménez, por el Partido del Trabajo.

El diputado Rubén Aguilar Jiménez : Señor procurador general de la República. En esta comparecencia se expresa la necesidad de que la intervención general de respuestas ubique la personalidad, la calidad de ustedes en el sentido de que finalmente son cabeza del sistema jurídico nacional, para efectos de la seguridad, para cuestiones de carácter policiaco y para cuestiones de responder en cosas que hoy resultan graves para la república.

De alguna manera, considerando que es índice natural en la sociedad la existencia de la delincuencia o los actos irregulares de los ciudadanos, lo relevante hoy es que los índices de delincuencia en nuestro país son verdaderamente aterradores.

Una sociedad o una institucionalidad enferma al grado que no hay seguridad ni en los alrededores de quienes tienen el poder, es la característica general que debe ser atendida y esto requiere necesariamente la conducción por parte del sistema general de seguridad en el país, de todos los niveles de gobierno y de la instancia federal, evidentemente con responsabilidad para toda la República y para toda la institucionalidad en el sentido de formular necesariamente respuestas en sentido positivo y no estar necesariamente atrás de los hechos.

El pasado viernes la Procuraduría General de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecen las reglas para el ofrecimiento y la entrega de recompensas y recompensas periódicas.

En nuestra opinión, éste es un instrumento que no va a rendir buenos frutos en su totalidad, en virtud de que la ciudadanía, en las características actuales del gobierno, no tendría confianza en quién recibe la denuncia y que los datos de identificación puedan luego ser filtrados a los propios delincuentes, proviniendo esta información precisamente de los órganos de seguridad gubernamental.

¿Cómo van entonces a resolver el problema de la confianza de las ciudadanía, hoy que está pidiendo el auxilio de la ciudadanía mediante la denuncia? Ésta es una responsabilidad que se tiene, evidentemente, que resolver por parte de la institucionalidad y darle seguridad a la sociedad para que colabore con las instituciones y con la justicia oficial.

Necesita estar complementado este acuerdo con una respuesta evidente. Además es necesario que no caigamos en la cultura de la delación, toda vez que podría esto significar el hecho de que entonces los órganos de gobierno podrían atenerse entonces a esperar solamente la denuncia y no a perfeccionar su función.

Si estamos hablando de que éste es un aparato que debe justificar su existencia, si la dirección del gobierno federal debe justificar su existencia, efectivamente en positivo, con un plan de acción y no esperando efectivamente que haya respuestas a los hechos que concatenadamente suceden uno a uno.

De alguna manera esto obliga a exigir a la institucionalidad un plan general que persiga, que busque la solución del delito, efectivamente, independientemente de las denuncias de los ciudadanos.

En este sentido debemos mencionar que el Poder Legislativo ha estado a la altura al dotar al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y a la propia Procuraduría, que usted preside, de los instrumentos legales que le permitan realizar adecuadamente su tarea.

En términos de lo que establece el artículo 21 de nuestra norma fundamental, a la Procuraduría le corresponde la persecución de los delitos; a partir de las denuncias que se les presenten inician la labor de investigación del Ministerio Público.

Deben iniciar entonces, institucionalmente, acciones para conocer los delitos, aunque nadie les pida actuar, porque es su obligación general de su función proveer, exactamente, actos desde el poder público para resolver ese problema de perfeccionamiento de la sociedad, evitando no la presencia en un pelea por territorios de bandas de delincuentes, sino la necesaria acción oficial para resolver el problema de que este territorio nacional no sea el territorio de los delincuentes.

En noviembre del año pasado, en Tamaulipas, fue asesinado Juan Antonio Guajardo, quien fue candidato del PT a la presidencia de Río Bravo. Él hizo acusaciones directas de la infiltración del narcotráfico en la política.

¿Nos podrán informar, señor procurador si como resultado de las denuncias públicas de este político ha sido detenida o sujeta a proceso alguna persona, o si siquiera se ha realizado una investigación?

Esto nos obliga a decir, bueno, realmente se ha tapado el ataúd en la tumba y a otra cosa. Este gobierno se olvida, como en este caso, de muchos otros que están sucediendo, puesto que son tantos que efectivamente, ni siquiera capacidad tendrán de estar acumulando información para sistematizarla y para responder oficialmente, con toda la capacidad de todas las policías del país, dirigidas en un sistema nacional de seguridad pública, que ustedes tienen obligación de dirigir inteligentemente.

Esperamos que las denuncias anónimas que se presenten no corran la misma suerte que las realizadas por Juan Antonio Guajardo.

Hoy preguntamos cuál es el plan general de este gobierno para toda la república, en el uso de la capacidad instalada de miles y miles de policías, que deben efectivamente ser revisados en la confianza, que deben efectivamente ser revisados y capacitados en su inteligencia, pero que deben ser usados de manera necesaria, natural, con la capacidad que tiene todo el sistema político mexicano, todas las instituciones, en perfeccionar y en controlar y efectivamente en la sociedad las cosas para que no haya tantos delincuentes haciendo cosas comunes todo los días, como algo ordinario en nuestra sociedad. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias. Tiene el uso de la palabra el licenciado Eduardo Medina Mora, procurador general de la República.

El procurador Eduardo Medina-Mora Icaza: Muchísimas gracias al señor diputado Aguilar Jiménez, por su pregunta.

Desde luego, diputado, la preocupación que compartimos todos los mexicanos, ciertamente, la que nos compromete a los funcionarios es la observación de los índices de delincuencia y la necesidad de construir un verdadero sistema integral de seguridad, un sistema integral que no sólo debe partir de la base de instituciones más sólidas, de una estrategia que quite la capacidad a los grupos criminales de dominar y controlar territorios, de destruir instituciones, de privatizar instancias de seguridad locales.

Para que sea integral este plan, requiere sin duda no sólo más y mejor Estado, más y mejores instituciones de seguridad y de procuración de justicia, sino también y sobre todo más y mejores ciudadanos, mejor ciudadanía.

La ciudadanía, los ciudadanos, tenemos la responsabilidad de coadyuvar, de denunciar, de poner en conocimiento de la autoridad la información que pudiera llegar a nosotros respecto de hechos delictivos. Éste es el propósito de este acuerdo de recompensas y pagos periódicos por recompensas.

Se trata de generar incentivos para que los ciudadanos pongan a disposición de la autoridad estas informaciones y también que si son parte o han tenido contacto con organizaciones criminales, puedan hacer delación.

Ése es uno de los instrumentos centrales de la Ley Federal de Combate a la Delincuencia Organizada. Precisamente los testigos colaboradores, que son personas que han formado parte de la estructura delictiva y quieren obviamente reivindicarse con la sociedad y poner en conocimiento de la autoridad esta materia.

La autoridad federal conoce de los delitos por cualquier vía; no necesita denuncias. Muy pocos son los delitos federales que se inician por denuncia; se inician de oficio cuando se tiene acceso a la noticia criminal.

De manera que un esquema de recompensas lo que permite hacer es generar incentivos, precisamente para que las personas pongan a disposición de la autoridad información, que de otra suerte no harían.

Los sistemas y los procedimientos, como está claramente detallado en el propio acuerdo, publicado precisamente el día 19, garantizan y prevén los mecanismos que puedan salvaguardar obviamente la seguridad de las personas, de la misma manera en que se utilizan estos mecanismos para los testigos colaboradores.

Sobre esta base quiero decirle que hasta ahora el esquema del acuerdo ha tenido resultados. Hemos tenido muchas informaciones, a propósito de los acontecimientos de Morelia, pero vamos a hacer rápidamente, en breve, ofertas de recompensas también para la captura de figuras muy relevantes de las principales organizaciones delincuenciales del país. Esto tiene fundamento en la Ley contra la Delincuencia Organizada y tiene fundamento en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Finalmente, le señalo, con relación al homicidio del ex diputado Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, que además era candidato a la presidencia municipal de Río Bravo, Tamaulipas, que desde el momento mismo de los hechos se inició la averiguación previa.

Se ha allegado muchísima información sobre el particular. Hemos capturado personas que tenemos la certidumbre de que han tenido participación en el homicidio de este diputado, aunque no podemos imputarles las conductas concretas porque no tenemos la evidencia, pero sí tenemos la información de inteligencia que permita relacionar su acción criminal con el homicidio del diputado Guajardo Anzaldúa.

Vamos a continuar con el esfuerzo hasta poder consignarlos por esos hechos, aunque los tengamos consignados por otros hechos, obviamente criminales, cometidos en esta zona. No vamos, ciertamente, a cejar en nuestro esfuerzo en este sentido. Muchísimas gracias, diputado.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, señor procurador. Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, hasta por tres minutos, para exponer sus preguntas.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca : Gracias, señor presidente.

Antes de dar inicio, tengo una duda que ojalá pudieran aclararme, y es en función de este nuevo formato, porque no entiendo los alcances cuando se dan y dejan de ser supuestos las preguntas que no quedaron contestadas, y en el caso de cuando son preguntas concretas se contesta en términos de tesis o teorías que no corresponden propiamente a una pregunta específica.

Eso, presidente, ojalá que lo pudiera aclarar, porque en este nuevo formato que hemos legislado también habría que valorar cuál es el alcance que le quisimos imprimir los propios legisladores. Tengo esas dudas, señor presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Señor diputado, el formato fue planteado por los grupos parlamentarios y votamos precisamente ese acuerdo. En ese momento fue la posibilidad de la discusión; de enriquecerlo o haberlo perfeccionado. Ahorita estamos sujetos al acuerdo tomado y, por tanto, estamos en su desahogo, señor diputado.

Si hubiera mayores preguntas, considero que pueden hacerlas de manera escrita a los señores funcionarios, y estoy cierto que pueden tener respuesta de manera formal por ellos. Así que tiene el uso de la palabra, señor diputado, por tres minutos, para sus preguntas.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca : Gracias, presidente.

En ese sentido, mucho agradecería a la Mesa Directiva, que es la responsable de interpretar los ordenamientos jurídicos, que me lo pudiera hacer llegar, que no tiene nada que ver con la materia de cómo se aprobó, por qué se aprobó.

Mi pregunta es otra. Es una ley y debe tener un alcance jurídico. La parte de los acuerdos parlamentarios y en función de cómo se dan éstos, no tiene nada que ver con el alcance de la interpretación y de lo que el legislador quiso imprimir en el texto que ahora es derecho positivo mexicano.

Por eso, mucho le agradeceré que me pudieran hacer llegar, en su momento, la interpretación que da la Mesa Directiva al marco jurídico que ahora regula, como derecho positivo mexicano, este formato, este mecanismo, este procedimiento.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Así se hará, señor diputado. Se inicia su tiempo.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca : Gracias, es usted muy amable.

Bienvenidos, señores encargados de despacho. Como todos saben, las cosas, las acciones, los eventos los hacemos los humanos. En ese sentido necesitamos conocer y saber quiénes somos los que hacemos las cosas. Antes las discusiones eran los qué, después los cómo y ahora es los con quién.

El procurador general de la República fue un eficiente colaborador de las más altas élites empresariales y de los organismos públicos que reconoce el derecho positivo mexicano, hasta que se incorporó como responsable en el Cisen, de 2002 a 2005. Y, posteriormente, de septiembre de 2005 en adelante, como secretario de Seguridad Pública y, a la postrimería, procurador general de la República.

En su desempeño dentro del Cisen lo acompañó el ahora secretario de Seguridad Pública. Y desde entonces tenían planteada un área estratégica para combatir la venta, o el tráfico, o trasiego de las armas que de suyo es ilegal en el país y que no necesariamente pasan por la infraestructura que tienen las aduanas.

Sabemos muy bien cómo, en el uso de otros mecanismos, el contrabando bronco no pasa por las aduanas, se dejan caer en aviones; en fin, drogas, armas y una serie de elementos con las más altas tecnologías. Pero bueno, esta situación nos obliga a ayudar a gobernar. Y el currículo del procurador así lo refleja, y debemos concurrir en su ayuda para que su desempeño sea eficaz y eficiente.

¿Cómo ha venido ayudando Nueva Alianza a gobernar, a que tengamos una sociedad en armonía y en paz en la que viva la fortaleza educativa y cultural? Lo primero que hemos hecho es presentar una modificación a la Ley General de Población, para que sepamos quiénes entran, cómo entran, cuándo entran, para qué entran, en qué entran y cómo salen en nuestras dos fronteras terrestres.

Situación en la que hemos sido absolutamente omisos y en la que no vamos en concordancia con los protocolos mínimos de cualquier otro país, en donde primero checan identidad y después mercancías.

En este sentido, quisiéramos saber la opinión que tiene el procurador respecto del porqué no se checa primero la identidad de todos los que entran y salen del país por la vía terrestre, y solamente se refleja el cuidado de las mercancías.

Adicionalmente, le pregunto por qué en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 no se refleja esto que hemos venido denunciando desde que inició la presente administración, y ahora tenemos el país lleno de kaibiles, maras salvatruchas, zetas, etcétera.

Pregunto también al procurador cuál es el fundamento jurídico en el que se basan las Fuerzas Armadas para ejercitar acciones que no les competen, más cuando presentamos conjuntamente con diputados de Acción Nacional una iniciativa que modificaría los criterios de los estados o del estado de excepción que contempla la Constitución?

El lavado de dinero. En esta materia tenemos todo lo que va de la presente administración haciendo la denuncia pública de los reportes del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, marzo de 2007 y marzo de 2008, en los que nos acusan de ser un país lavador de dinero. Y tenemos prometido desde hace más de un año presentar sendas iniciativas sobre la materia.

El sector financiero es el más desregulado, inclusive para efectos de inversión extranjera. Y en el argot ---cosa que rechazamos profundamente--- ya se dice que el no haber hecho nada durante el sexenio pasado y en lo que va de la presente administración ---porque el lavado de dinero se da en las instituciones financieras y en las empresas mercantiles--- podría estar relacionado con apellidos similares.

Yo le voy a entregar ahorita, señor procurador, las carátulas de ambos reportes. Le voy a entregar también el link del Departamento de Estado, del Tesoro de Estados Unidos, que nos lleva a más de 300 empresas mexicanas acusadas por otros países, y principalmente por Estados Unidos, de estar relacionadas con la delincuencia organizada o el lavado de dinero. Y si eso lo llevamos a sus socios, nos lleva a más de 3 mil acciones en las que el Estado mexicano debería estar iniciando averiguaciones previas y teniendo resultados sobre la materia. Y por más que lo hemos preguntado, no hemos tenido respuesta sobre el particular...

Presidencia de la diputada Martha Hilda González Calderón

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Le pido, por favor, que concluya.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Con mucho gusto, presidenta. En los términos de los demás compañeros... le solicito que tome el tiempo de ellos, y no fueron conminados en los términos que usted lo hace conmigo. Pero con mucho gusto estaré por concluir en un momento.

Para aplicar criterio y ayudar necesitamos algo concreto, no estar en el gerundio y en el transitivo, señor procurador, de en qué periodo de sesiones ordinarias presentarán ustedes las iniciativas a las que, como gobierno, como Poder Ejecutivo con derecho de iniciativa, han venido en trabajo de comisiones en el gerundio y en el transitivo, diciendo que las presentarán. Y han pasado dos periodos ordinarios y no lo han hecho.

¿Qué entiende por el término jurídico conexidad jurídica? Ya que las consignaciones que elaboran sus agentes del Ministerios Público distan mucho de entender este concepto y su alcance.

¿Por qué si afirman que hay ciudadanos que rentan a delincuentes sus casas o edificios, y presumen ustedes tener conocimiento del hecho, no los denuncian por encubrimiento o de perdida por evasión y elusión fiscales? ¿Por qué afirmó, señor procurador, que son las policías las que están fallando y no el Estado mexicano? ¿Cómo es esa interpretación que tiene usted del Estado mexicano? ¿Está dispuesto...

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Le pido que concluya, por favor.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Está dispuesto, señor procurador, como usted lo sabe ---usted es un hombre culto, letrado, preparado---, el gasto pasa por educación, y la generación de la sociedad que queremos y los ciudadanos y los mexicanos del futuro pasan por la educación... y no necesariamente con un incremento de 84 por ciento en comunicación social vía gasto, cuando de suyo tienen los tiempos oficiales.

¿Estaría usted dispuesto, en lo que se refiere a su dependencia, si usaran exclusivamente los tiempos oficiales y lo que tiene etiquetado para los spots, que no necesariamente reflejan todos los resultados que quisiéramos, porque lo negativo también es resultado de su estrategia, que pudiera utilizarse en educación?

Por último, le comento que en Nueva Alianza va a encontrar aliados que, basados en la ley, pugnen por un gobierno eficiente, y que sea el debate de las ideas y de los argumentos ---no necesariamente los chiflidos que nosotros no emitimos cuando otros exponen sus ideas--- lo que determine quién gobierne.

Instituciones sólidas que nos permitan la procuración de justicia, porque un buen gobierno es aquel que su área de procuración de justicia es el que menos carga de trabajo debe tener, porque entonces las políticas públicas están en armonía y dando resultados.

Entonces, o sus colaboradores no entienden el marco jurídico o no necesariamente entienden las instrucciones que le ha dado el señor procurador. Le entregaré copia de mi participación y de los documentos que soportan mi dicho.

Presidencia, muchas gracias por su consideración, al igual que a las otras bancadas. Señor procurador, por sus respuestas, muchas gracias.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Tiene el uso de la palabra el licenciado Eduardo Medina Mora Icaza, procurador general de la República.

El procurador Eduardo Medina-Mora Icaza: Muchas gracias.

Al señor diputado Manuel Cárdenas Fonseca le saludo con aprecio. Espero, desde luego, el documento y los anexos a que usted se refiere.

Desde luego que el tema de armas es un tema fundamental. Hemos planteado con mucha contundencia, precisamente a la autoridad de Estados Unidos, la necesidad de revisar el marco regulatorio que en ese país existe para la venta de armas.

Sabemos que la segunda enmienda de la Constitución estadounidense que permite a los ciudadanos y residentes adquirir armas es un elemento central del esquema de normas de convivencia que los estadounidenses han elegido para sí mismos, y eso es absolutamente rescatable.

Lo que está claro, como lo hemos planteado directamente ante muchos legisladores en el Congreso de Estados Unidos, es que la segunda enmienda no fue diseñada para armar grupos delincuenciales en el extranjero, como de hecho sucede. Las armas pasan por el numerosísimo flujo de vehículos y personas que transitan por la frontera entre Estados Unidos y México: 230 mil vehículos por día.

Hemos logrado ya, en lo que va de este año, por primera vez, hacer enderezar casos judiciales en Estados Unidos contra distribuidores de armas en ese país, que claramente han estado involucrados en el contrabando de armas hacia México.

Un vendedor de armas en Phoenix, que en tres meses vendió 600 AK-47 a residentes y ciudadanos estadounidenses que rentaron su identidad, pero que terminaron en manos del Cártel del Pacífico.

Tenemos otros dos casos también emblemáticos en Texas. Tenemos seis casos más que han sido construidos, precisamente a partir del intercambio de información con las autoridades estadounidenses.

Nosotros estamos mejorando la lógica de atención en las aduanas mexicanas. En breve plazo, al menos 10 por ciento de los vehículos que cruzan de norte a sur serán sujetos de revisión obligatoria en el sitio de la aduana, y no cuando ellos manifiesten que van a cruzar más allá de la milla o del kilómetro 20.

Las Fuerzas Armadas Mexicanas tienen plenas facultades para actuar, en coadyuvancia con la autoridad civil, en materia de seguridad pública. Tienen responsabilidad en seguridad interior. La interpretación que la Suprema Corte de Justicia ha hecho en ocho jurisprudencias distintas sustenta esta atribución.

Esto no quiere decir que las instituciones de Seguridad Pública hayan de ser militares. El artículo 21 de la Constitución claramente señala que deberán ser instancias civiles, pero esto no obsta para que las instancias militares actúen en apoyo de la autoridad civil en el cumplimiento de esta tarea.

Estamos planteando el proyecto de ley contra el lavado de dinero que precisamente va dirigido específicamente a las transacciones en efectivo. Yo creo que el sector financiero tiene una regulación bastante sofisticada. Por eso encontramos un cúmulo muy importante de efectivo, precisamente en las operaciones de delincuentes organizados del narcotráfico, y sabemos cuánto dinero entra: 10 mil millones de dólares que se quedan en México como un flujo neto derivados del narcotráfico.

Tenemos que atacar las transacciones en efectivo que usted conoce bien en su estado: las transacciones en bienes raíces, las transacciones en vehículos automotrices que se pagan en efectivo. La ley va, irá dirigida precisamente hacia acotar este tipo de transacciones, y tratar con eso de reducir el espacio para el lavado de dinero.

Todas las empresas que han sido sancionadas por la OFAC, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro, en Estados Unidos, son sujetas de averiguación previa en México y son trabajos que se han hecho paralelos. Hemos consignado muchísimos casos de lavado de dinero alrededor, no sólo de las investigaciones mexicanas, sino del intercambio de información muy intenso con la autoridad estadounidense.

Quedo en espera de su documento, diputado. Muchísimas gracias por la oportunidad.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Muchas gracias, señor procurador.

Para iniciar la cuarta ronda de oradores, si ustedes me permiten quisiera hacer una observación: esta Presidencia apela al cumplimiento de las reglas que nosotros mismos aceptamos, en los tiempos de las intervenciones de quienes están participando. No porque se tenga consideración y tolerancia, y se permita ampliar el tiempo, ésta deba ser una regla que necesariamente tenga que ser incumplida.

Esta Presidencia, reitero, invita a los señores diputados y participantes, que haciendo gala de capacidad de síntesis, se limiten al tiempo que fue autorizado para estas comparecencias.

Dicho lo anterior, pasamos ---como decía--- a la cuarta ronda. Se le concede el uso de la palabra al diputado René Lezama Aradillas , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado René Lezama Aradillas (desde la curul): Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi pregunta es para el secretario de Seguridad Pública, el ingeniero Genaro García Luna.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública se creó en 1995. Durante el trienio de 1996 a 1999, como alcalde de Tehuacán, pude participar en diferentes reuniones del Consejo Estatal de Seguridad Pública durante la gestión de Manuel Bartlett, en Puebla; y durante el sexenio del presidente Zedillo, en dos reuniones de seguimiento del Consejo Nacional. Y desde entonces he escuchado que para combatir la inseguridad se requiere la coordinación de los distintos órdenes de gobierno y de las diferentes dependencias encargadas.

Quiero enfatizar en que siempre escuché el término coordinación, no avasallamiento, no subyugación. También que se requería una base de datos única de fichas delincuenciales, que era necesaria una base de datos nacional de servidores públicos encargados de nuestra seguridad, que se debían homologar tanto la capacitación de todas las policías como certificar la confianza que depositamos en ellas.

Los reportes que conocemos nos indican que durante los 2 primeros años de esta administración se ha decomisado al narcotráfico una cantidad de cocaína equivalente a la decomisada durante los 12 años anteriores; casi la misma cantidad de vehículos terrestres que durante las 2 administraciones anteriores juntas; que en tan sólo 2 años se le ha quitado a la delincuencia más del doble de aviones que en los 12 años previos; que se ha detenido en tal sólo 2 años a más delincuentes relacionados con el tráfico de drogas que en los 2 sexenios pasados.

Asimismo, que en el sexenio de 1994 a 2000 se decomisaron poco más de 728 mil dólares y en el sexenio de 2000 a 2006 se les decomisaron algo más de 29 millones de dólares, y en lo que va de este gobierno se les ha decomisado ya más de 278 millones de dólares a la delincuencia organizada.

Pero si tenemos también en cuenta que hay 10 policías estatales y municipales por cada uno de los policías federales, ¿qué es lo que está faltando, señor secretario?

¿Por qué en la pasada reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en agosto en Palacio Nacional, volvimos a escuchar que lo que se requiere es coordinación entre fuerzas y entre órdenes de gobierno, certificación de la confianza de los elementos de Seguridad Pública, bases únicas de registros delincuenciales, etcétera?

¿Por qué, señor secretario García Luna, después de 13 años no se han implantado esas mismas soluciones, propuestas desde entonces? ¿Por qué la delincuencia ha evolucionado más rápido que las corporaciones obligadas a combatirlas? ¿Qué se debe hacer para que las corporaciones policiacas recuperen la ventaja tecnológica y la capacidad de fuego sobre el crimen organizado?

Los mexicanos exigimos seguridad. Los mexicanos queremos que el gobierno brinde un ambiente seguro para el desarrollo. Y cuando digo ``gobierno'' me refiero a los tres órdenes de gobierno y a los tres poderes de nuestra república; me refiero al orden federal y sus instituciones, pero también me refiero a los gobiernos estatales y municipales. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el ingeniero Genaro García Luna.

El secretario Genaro García Luna: Gracias, presidenta.

Gracias, diputado por la pregunta. Debo precisar que ha sido una herramienta importante el Sistema de Seguridad Pública Nacional debido a que ha permitido ir articulando el esfuerzo, tanto en el ámbito federal, como en el estatal y el municipal.

Hoy el reto es que este esquema que tenemos de coordinación y de operación tome la vanguardia que hay en tecnología para garantizar, tanto en operación en el orden ministerial y policial como en la policía municipal, estatal y federal.

Debo decirle que ---como usted efectivamente lo señala--- cuando se creó el sistema se previó la referencia de coordinar, de generar base de datos, de generar sistemas, de generar protocolos comunes, pero no se previó un esquema vinculante que obligara a cada autoridad a generar este registro o esa operación o ese esquema de coordinación.

Justo ahí es donde va el cambio que planteamos. El nuevo esquema de ley para el sistema, para que se obligue un esquema de coordinación eficaz y obligatoria, para que tengamos esos esquemas formales de formación y educación policial en todo el país, para tener esquemas completos e integrales de control de confianza para cada nivel de policía ---estatal, municipal y federal---, para crear un sistema de desarrollo policial y un plan rector de educación policial en todo el país, y algo muy importante, un régimen disciplinario para toda la policía.

Esta referencia que usted hace en términos del sistema, sin duda, tiene que ver con lo que había en México en tecnología en esa época, en capacidades y sistemas que teníamos. Hoy la vanguardia en comunicaciones, en tecnología, permite tener un solo sistema de datos, voz y comunicación en todo el país en línea.

Por ello hemos planteado un sistema único de datos criminales para todo el país, donde estemos interconectados estados, federación y municipios, para tener de manera formal, explícita, alcances superiores en el combate al delito.

Además, algo que usted refería, que es importante tener un esquema integral, total, de registro policial para todo el país, para municipio, estados y federación. Y un kárdex, relacionado con delincuentes de orden común y federal.

Respecto a lo territorial, debo precisar que, efectivamente, la masa de policía en el país corresponde a policías municipales y estatales. La federación sólo tiene 5.4 por ciento de la policía de todo el país. Por ello, la importancia es sumar capacidades con los municipios y los estados para combatir el crimen.

Sin duda, una fórmula importante para este esquema implica la alineación de capacidades y esfuerzos para los municipios, el estado y la federación en un solo eje. Y ello lo plantea la nueva propuesta de Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Gracias.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Gracias, ingeniero Genaro García Luna. Tiene el uso de la palabra el diputado Camerino Eleazar Márquez Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Camerino Eleazar Márquez Madrid (desde la curul): Muchas gracias, señora presidenta.

Señor secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para muchos mexicanos la crisis de seguridad pública no es sino la expresión más dolorosa de la crisis política y económica que vive hoy la realidad de nuestro pueblo mexicano.

Estamos ante la peor crisis del estado de derecho y de sus instituciones. Sabemos que la incapacidad, la corrupción y la impunidad son la guerra general de este gobierno. Esta crisis se debe a años de corrupción y, sobre todo, a la falta de oportunidades para millones de jóvenes mexicanos.

Más de 5 millones de jóvenes de este país no tienen una opción laboral ni en educación y mucho menos en el mercado. Creemos que es fundamental que se atiendan las causas para erradicar este problema, que hoy es la prioridad de los mexicanos.

En lo que respecta al gasto en materia de seguridad pública, todos conocemos que ha sido a la Secretaría de Seguridad Pública a la que más se ha incrementado, tanto en 2006 como en 2007, y ahora tiene previstos 19 mil 711 millones de pesos. ¿Para qué quieren más recurso señor, secretario, si no fueron capaces de ejercerlos, pues tuvieron subejercicios? Hasta el 30 de junio de 2008 no se habían ejercido 70 por ciento de dichos recursos.

Muy probablemente habrá un aumento significativo en el presupuesto destinado a seguridad pública. Nosotros pensamos que las áreas de prevención social del delito y de participación ciudadana, así como el dirigir a fortalecer a los gobiernos municipales, debe ser parte prioritaria de estos recursos.

Usted, señor secretario, ¿a qué parte de su dependencia considera el aumento de este presupuesto? Señor, secretario, ¿con qué lógica se incrementa el presupuesto de Seguridad Pública, si está infiltrada esta secretaría, si no ha tenido la capacidad de ejercerlo adecuadamente? Ayer un senador le preguntaba que esta secretaría coexiste con el enemigo.

Podría también decirnos, señor procurador, ¿cuáles son las cifras reales del secuestro? Si bien es cierto, hay instituciones ciudadanas que han hecho estudios al respecto, que señalan que durante 2007 se realizaron más de 6 mil 500 secuestros.

Podría decirnos, señor secretario, ¿cómo vamos a superar el lugar que tenemos, el segundo lugar en secuestros, después de Colombia? Y finalmente, ¿qué mecanismos y que formas de operación y coordinación se tendrán con los responsables norteamericanos que habrán de aplicar la llamada Iniciativa Mérida en nuestro país?

Se pretende, entre otras, la instalación de oficinas de investigación, de espionaje de Estados Unidos, y aumento o instalación de agregados militares o del comando norte directamente en nuestro territorio.

Para concluir, ante este formato que no comparto, quisiera preguntarle, señor Camilo Mouriño, ¿podría usted explicarle al pueblo de México qué hacía el 16 de septiembre viendo el desfile militar desde un balcón presidencial, mientras el país estaba inmerso en una crisis de miedo, incertidumbre e inseguridad? Por sus respuestas, muchas gracias.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Tiene el uso de la palabra el ingeniero Genaro García Luna,secretario de Seguridad Pública.

El secretario Genaro García Luna: Gracias, presidenta.

Gracias, señor diputado, gracias por sus preguntas.

Respecto al esquema de los tiempos para el uso del gasto debo precisarle que éstos están de acuerdo con el calendario aprobado y la gran mayoría de las licitaciones culminan justo en el segundo semestre del año corriente.

Por ello, a lo que se refiere en términos de gasto debo decirle que en el sentido inverso su aplicación está en términos de eficiencia, dirigido en gran medida al tema de recursos personales para policía federal, y algo muy importante, para consolidar y escalar las capacidades de tecnología y sistemas para todo el país, tanto de policía municipal, estatal y federal en sistemas de operación para combatir el crimen.

El gasto que hoy tenemos en el ámbito federal en seguridad está dirigido para fortalecer la participación de la policía federal, para fortalecer la tecnología que hoy tenemos para combatir el crimen y algo muy importante también, para incrementar subsidios para municipios y estados en la parte de seguridad.

Debo precisar que estamos trabajando también con los gobernadores para poder observar cómo poder dirigir estos recursos y que éstos vayan etiquetados a acciones específicas de contrato y confianza, de operación, de logística operativa, de equipamiento y también de combate a la corrupción.

Sin duda, el esquema para aplicar el gasto implica la atención de un fenómeno integral en seguridad, que tiene que ver con la educación, desarrollo social, salud y seguridad. Por ello, en este rubro hemos trabajado para integrar un esquema con el área de educación, desarrollo social y salud, para tener programas tanto en escuelas, con un programa llamado ``Escuela Segura'', también en recuperar espacios públicos para recuperar espacios que hoy la delincuencia intenta tener bajo su control.

Un tema muy importante, el tema de salud vinculado con adicciones. Sin duda se requiere una visión integral en el combate y por ello estamos haciendo esquemas de trabajo integral en varias vertientes ya señaladas.

Bajo el esquema que se refiere de la coordinación de la Iniciativa Mérida, debo decirle que está basada en un esquema de corresponsabilidad, donde estamos exigiendo que ellos en su territorio hagan la parte que les corresponde, principalmente en la frontera norte mexicana, sur de Estados Unidos, en la detección y la capacidad de evitar el flujo de armas para México.

Hemos insistido en que pongan esquemas de contención y de detección de armas para evitar que éstas fluyan a México y por supuesto, estamos trabajando para incrementar capacidades propias en la detección y combate a este fenómeno.

No hay referencia y así estamos trabajando para que así sea, de aquellos que intenten o pretenden tener en México áreas, oficinas de investigación o de espionaje, el esquema se refiere nada más a un esquema de corresponsabilidad para tener alcance en recursos técnicos compartidos para el combate al crimen.

En ese sentido, el trabajo que hoy hemos realizado con base en esta premisa es crear indicadores de medición nuestros, para tener alcance y eficiencia operacional en todo el país, para tener mayor capacidad en el combate al delito. Gracias.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Muchas gracias, ingeniero Genaro García Luna. Tiene el uso de la palabra el diputado José Jesús Reyna García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado José Jesús Reyna García (desde la curul): Muchas gracias.

Señor secretario de Gobernación, los hechos del 15 de septiembre en Morelia modificaron la agenda política del país ---esperamos que al igual, la del Ejecutivo federal---. Obligan a una reflexión sobre los posibles riesgos de cara al proceso federal y locales electorales de 2009; medidas eficaces que inhiban los recursos provenientes del narcotráfico y al narcotráfico mismo; medidas precisas y sanciones drásticas, desde el retiro del candidato y hasta el del partido político mismo.

Este es un asunto de Estado, no es un asunto únicamente de los partidos políticos. ¿Se tiene alguna estrategia? ¿Está en práctica o estamos esperando que se ponga alguna a funcionar?

La Secretaría de Gobernación tiene, entre otras facultades, las de llevar las relaciones con los Poderes de la Unión, con los órdenes de gobierno y conducir la política interior. En el ámbito de la política interior en la práctica cotidiana prevalecen, se agudizan y multiplican los conflictos sociales, los de carácter religioso también y, por si fuera poco, los de la delincuencia organizada y los que practican el terror en la ciudadanía.

Estamos lejos de vivir una democracia de calidad, tanto en la esfera económica como en la social y la política. Vivimos en una democracia defectuosa en donde la exclusión en todos los órdenes es evidente; donde la dominación por los grupos fácticos de poder rebasa a los legalmente instituidos; una democracia en donde los derechos civiles tienen una garantía sólo parcial. El ambiente interior del país es innegablemente de ingobernabilidad.

Es evidente que la Secretaría de Gobernación no ha hecho lo que le corresponde para favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales. ¿Cuáles acciones? No se ven, no se conocen, no se sienten, ha emprendido para fomentar el desarrollo político, para contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas. En fin, para que se mantengan las condiciones de gobernabilidad democrática.

Por otra parte, el gobierno federal ha formulado llamados a la unidad y a la coordinación. Sin embargo, no existe una congruencia en la conducción política para que, en el marco de los principios federalistas de la república, se fortalezcan las acciones coordinadas entre órdenes de gobierno.

El gobierno federal mantiene una estrategia de centralización de recursos y programas. Las reglas de operación invaden la soberanía de los estados y la autonomía de los municipios.

El gobierno y la fracción parlamentaria del PAN se han opuesto a la revisión del articulado del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. En tanto la fracción parlamentarias del PRI ha actuado con responsabilidad en el Congreso, el PAN, algunos legisladores y hasta delegados federales han iniciado una cruzada sin la mínima reciprocidad de ética y responsabilidad política en contra de los gobiernos de oposición.

No olvidemos que una buena política debe impulsar también a las áreas sociales y económicas. La pregunta es en este contexto: ¿está el Ejecutivo federal realmente dispuesto y sabe cómo llegar a un nuevo acuerdo, a un nuevo pacto entre las fuerzas políticas, los Poderes de la Unión y los órdenes de gobierno para evitar los riesgos no sólo de la inseguridad pública, sino en general de la irrupción social generada por la pobreza y la desigualdad?

Señor secretario, las preguntas que he formulado no reclaman cifras, no reclaman datos. Le pido, le ruego una respuesta directa. Sólo se requiere conocimiento, oficio y sensibilidad política. Una respuesta que no sean de las que se dan leyendo las notas preparadas por los asesores.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Muchas gracias, diputado José Jesús Reyna García. Tiene el uso de la palabra el licenciado Juan Camilo Mouriño Terrazo,secretario de Gobernación.

El secretario Juan Camilo Mouriño Terrazo: Con su permiso, diputada presidenta.

Respecto a las preguntas que ha formulado el diputado Reyna, me permito decir lo siguiente:

En primer término, el riesgo del dinero del narcotráfico en campañas, por supuesto, es un riesgo latente y por supuesto que también coincidimos en su afirmación, señor diputado, de que para evitarlo se requiere la participación de todos los actores.

Un acuerdo entre los partidos políticos, un acuerdo también desde las propias instancias de gobierno y en ello, por supuesto, estamos en la mejor disposición de construirlo y hemos escuchado y reconocido la voluntad de las fuerzas políticas para avanzar en esta materia.

Diría que hay que avanzar en las dos vías, en la vía de ver los mecanismos desde el propio Legislativo que nos permita tener herramientas que eviten las candidaturas ligadas al narcotráfico y también por la vía de los acuerdos políticos que usted ha señalado, que son absolutamente necesarios ante la inmediatez ya del proceso electoral del próximo año y que está formalmente por iniciarse en los próximos meses.

Respecto al segundo tema, la gobernabilidad democrática, que ha sido reiterada en este recinto durante las distintas participaciones de los grupos parlamentarios. Hemos definido a la misma no como el lograr que no existan manifestaciones o inconformidades sociales, sino el tener la capacidad de atenderlas y de conducirlas, desde la perspectiva del gobierno de tener la posibilidad de dar respuesta a estas demandas cuando está dentro del ámbito del propio Poder Ejecutivo federal.

Y trabajamos para construir esta gobernabilidad democrática. Hemos dicho ya el número de conflictos que han llegado a la Secretaría de Gobernación y cuántos hemos podido resolver, pero también le informo a esta soberanía que hemos trabajado con las entidades federativas para poder detectar a tiempo y junto con los titulares del Ejecutivo en cada una de estas entidades, poder detectar a tiempo los focos de alarma, los focos de alerta y actuar con prontitud y actuar con oportunidad.

Y en ese sentido son 61 jornadas que hemos llevado a cabo en las entidades para, entre los dos ámbitos de gobierno, poder definir estos conflictos a tiempo y atenderlos.

Le recuerdo, señor diputado, que si ciertamente la gobernabilidad es una responsabilidad que recae directamente sobre la Secretaría de Gobernación, también lo es que es una responsabilidad de todos los actores políticos y de todos quienes tiene un desempeño al frente de algunos de los Poderes del Estado o de alguno de los órdenes de gobierno, y en ello, insisto, trabajamos para coordinarnos con todos los demás actores y con todos los demás poderes y órdenes del Estado.

Respecto a la disposición para un nuevo pacto y con ello atender las causas de fondo que dan origen en muchas ocasiones a la delincuencia, también lo hemos dicho aquí, que el gobierno está dispuesto a escuchar las propuestas, a discutirlas con apertura y a encontrar la mejor manera para dar solución al origen que es en gran medida la desigualdad y la pobreza, que siguen siendo el problema principal que enfrenta nuestro país.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Muchas gracias, señor secretario. Tiene el uso de la palabra el diputado Alberto Esteva Salinas, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

El diputado Alberto Esteva Salinas : Muchas gracias, ciudadana presidenta.

Usted, ciudadano secretario de Gobernación, hoy inició su intervención diciendo que la mejor forma de combatir la ingobernabilidad es dialogando los temas pendientes. También dijo que la política es el arte de construir acuerdos.

Nosotros queremos, ciudadano secretario, preguntarle si verdaderamente está dispuesto el gobierno federal, a través de su persona, en su carácter de secretario de Gobernación, a constituirse como interlocutor para orientar y dar una solución al conflicto minero que subsiste en el país. Este conflicto lo heredó la presente administración, de la pasada, y no lo ha atendido debidamente dejando correr tanto tiempo sin ninguna explicación.

Quién se beneficia, nos preguntamos los mexicanos, de que no se haya llegado a algún acuerdo en todo este tiempo. Por qué no ha sido castigado el grupo México, si se ha demostrado que no atiende ni corrige las pésimas condiciones de inseguridad, ni de salud o contaminación, en las minas y en las plantas industriales del país, y está comprobado que ha sido culpable de fraudes y violaciones a las leyes de países como en Estados Unidos el caso de Asarco, o en Perú, que le han ameritado incluso la pérdida de las concesiones?

¿Por qué el gobierno de México protege a esta empresa y nunca ha escuchado a los dirigentes del Sindicato Nacional de Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de México? ¿Cómo se pueden tomar decisiones sin escuchar a las dos partes en conflicto?

¿Por qué no se ha dado entrada a las denuncias que se presentaron por parte del sindicato contra los que falsificaron firmas, obtuvieron documentos falsos, usurparon funciones y cometieron abusos de autoridad?

¿Por qué una debida aplicación de justicia y respeto al estado de derecho se ha convertido en meros instrumentos de persecución política, arbitraria e ilegal? Es tiempo de terminar de manera integral con este conflicto.

¿Por qué no se ha atendido a las viudas de Pasta de Conchos y no hay personas detenidas por la negligencia e irresponsabilidad en esta tragedia, donde todavía se encuentran sepultados bajo los escombros de la mina 63 de los 65 que perdieron la vida?

De igual forma, no hay que olvidar que las conclusiones de una comisión especial que se conformó en esta soberanía tienen un documento donde señalan responsabilidades. No se ha atendido, está pendiente y no hay todavía ningún planteamiento por parte del gobierno federal.

Hemos insistido en que usted, como secretario de Gobernación, debe constituirse como principal promotor e interlocutor en este conflicto. El secretario de Trabajo desafortunadamente se ha sumido como un empleado de los grupos empresariales en este caso concreto, en el conflicto minero.

Por eso, de acuerdo con la Ley Orgánica, ciudadano secretario, en el artículo 27 se establece que es la facultad del titular de la Secretaría de Gobernación convocar y resolver estos conflictos, que no son laborales. Este es un conflicto de carácter político, que se ha derivado en un conflicto también económico y social.

Hay tres minas en huelga, como usted sabe: Cananea, Sombrerete y Taxco. Además, está el asunto de la toma de nota, que eso podríamos dejarlo de lado temporalmente, pero sí es necesario establecer esa comunicación.

¿Está usted dispuesto a dar una fecha, una hora, para que sea en la Secretaría de Gobernación el inicio de estos trabajos, que entiendo que ya usted está debidamente informado, y con el detalle, de cómo atender el conflicto? Es la pregunta concreta.

Respecto al derecho que nos asiste ---el derecho parlamentario---, le exigimos al secretario de Seguridad Pública, la fracción parlamentaria de Convergencia, que dé respuesta con los nombres que le solicitó la diputada Layda Sansores, de los que están involucrados en esta mafia política, políticos...

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Le solicito concluir.

El diputado Alberto Esteva Salinas (desde la curul): Empresarios, militares, que se mueven en las altas esferas del poder, que han sido encarcelados durante su gestión.

Si no pacta, como dijo usted, ciudadano secretario, con narcos, ¿sí lo hace entonces con la mafia política?

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se le concede el uso de la palabra al licenciado Juan Camilo Mouriño Terrazo,secretario de Gobernación.

El secretario Juan Camilo Mouriño Terrazo: Gracias, diputada presidenta.

Diputado Esteva, en primer lugar reitero lo que aquí he afirmado: soy un convencido del diálogo, y de que el diálogo es la forma en la que se logran los acuerdos, y que con los acuerdos se da solución a los grandes problemas que enfrenta México. Ésa es la premisa con que trabaja la Secretaría de Gobernación y el gobierno federal, en su conjunto.

Siempre hemos mostrado voluntad y disposición para atender los conflictos, y ésta no ha sido la excepción. Lo que no podemos poner en la mesa del diálogo es el apego estricto a la ley y el actuar con base en el marco jurídico existente. En ese sentido, es la única limitante que pondríamos en la mesa para poder dialogar con amplitud respecto a este tema.

¿Quién se beneficia de que no exista un acuerdo? Claramente, no se beneficia México. El país requiere la inversión en el sector minero y los trabajadores mineros requieren también de esta inversión y de contar con ello con más puestos de trabajo e ir avanzando en su propio proyecto de vida.

No se beneficia a la gente ni en Cananea ni en Sombrerete ni en Taxco; por el contrario, no nada más son los mineros que están sin actividad productiva y de trabajo, sino las zonas económicamente afectadas por el paro de estas minas, como es el caso, más claro que los otros, de Cananea en el estado de Sonora.

Estamos trabajando también, señor diputado, en poder suplir la actividad económica, por lo menos de manera temporal y en tanto el conflicto se resuelve en este municipio de Cananea, de tal suerte que tengan otras alternativas de economía y de derrama durante este paro que se ha prolongado en demasía.

No podría yo coincidir en la aseveración de que el gobierno ha actuado con arbitrariedad, puesto que el gobierno lo ha hecho conforme a los mecanismos jurídicos con los que cuenta y, en todo caso, ha sido ya intermediario en el conflicto y no hemos escuchado solamente a una de las partes, sino a las dos, y hemos tratado de que lleguen a acuerdos sensatos, sin hasta la fecha haberlo logrado.

El gobierno federal es absolutamente respetuoso de los trabajadores mineros y de sus derechos, al igual que de todos los trabajadores en el país, pero no podemos obligar a alguna de las partes a hacer algo más allá de lo que la propia ley le señala.

Respecto a Pasta de Conchos, evidentemente el gobierno federal lamenta lo ocurrido, pero no puedo coincidir con su afirmación de que no se ha atendido a los familiares de las víctimas.

Precisamente la comisión que se ha formado en esta legislatura solicitó una reunión de trabajo en la Secretaría de Gobernación y fue atendida personalmente para escuchar directamente a los familiares de las víctimas.

El problema es que lo que se nos pide no es posible llevarlo a cabo, y no porque lo diga el gobierno federal, señor diputado, sino porque así lo dictaminaron varias instancias distintas técnicas, expertas, entre las que se incluyen la UNAM, el Poli y muchas otras que dicen que es imposible reabrir la mina para ir en búsqueda de los cuerpos que permanecen ahí, como usted lo ha señalado, y que sería de alto riesgo para los propios familiares o para los mineros que entraran a tratar de recuperar los cuerpos de sus compañeros de trabajo.

Hemos actuado ajustados a la ley y hemos actuado con el principio irrestricto de respeto a los derechos laborales y también hemos tratado de que sea el diálogo y la búsqueda de acuerdos lo que dé solución y seguiremos haciéndolo. No renunciamos a ésa que es nuestra convicción, señor diputado.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se concede el uso de la palabra al diputado Manuel Salvador Salgado Amador, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Manuel Salvador Salgado Amador (desde la curul): Muchas gracias, diputada presidenta.

El tema de la corrupción de los cuerpos policiacos ya lo tocaron varios de nuestros compañeros diputados, pero me gustaría hacer reflexiones para presentar algunas interrogantes al señor secretario de Seguridad Pública.

La depuración de los cuerpos policiacos y el combate a la corrupción en su interior ha sido un tema prioritario para la secretaría a su cargo; sin embargo, existen servidores públicos que se incorporaron a la policía federal sin presentar evaluación de control de confianza y sin cumplir requisitos mínimos de ingreso. Peor aún destaca la presencia de servidores públicos a quienes se les vincula con el crimen organizado, como a Lorena Hernández, detenida por su presunta participación en el secuestro de Fernando Martí, como aquí se mencionó.

Señor secretario, pareciera que la corrupción al interior de las corporaciones policiacas y la permanencia de los malos elementos son una realidad que sigue vigente, no sólo en el ámbito local, sino también en el federal, lo que pone en grave peligro a la sociedad, que ha sido rehén de la delincuencia.

Ante una problemática seria y creciente requerimos medidas firmes por parte del Estado. Por ello hemos propuesto la aplicación de la pena de muerte a los servidores o ex servidores públicos de corporaciones de seguridad, Ejército, Marina o agentes del Ministerio Público que participen en un secuestro.

Lo anterior no sólo por la constante participación de servidores públicos en delitos de secuestros, sino también porque ha sido evidente que el modelo de control de confianza que aplica la secretaría a su cargo es altamente confiable y rigurosamente aplicada.

Consideramos que las medidas propuestas no son suficientes. También hemos propuesto una ley federal contra el delito de secuestro. Fue presentada por mi partido durante la Comisión Permanente y ahí proponemos la creación de la carrera policial, como elemento básico y obligatorio, para la formación de los integrantes de la policía federal antisecuestros y la aprobación rigurosa de los exámenes de control de confianza, con el propósito de depurar los cuerpos policiacos y garantizar a la ciudadanía la confiabilidad en sus elementos.

Señor secretario, ¿cuándo va a eliminar la discrecionalidad en la selección, promoción y permanencia del personal? Le pregunto: ¿no le parece que los procesos de control de confianza de la secretaría a su cargo no están inhibiendo conductas ajenas a la función policial, y mucho menos están sancionando con oportunidad cualquier desviación de los policías federales? A este respecto le pido que nos detalle cuáles son sus propuestas para corregir la deficiencia.

Por otra parte, en las entidades federativas se cometen más de 90 por ciento de los delitos y 96 por ciento de los reos están recluidos en centros penitenciarios estatales, del Distrito Federal y municipales, con más de 50 por ciento de sobrepoblación.

¿Por qué en términos reales, respecto del presupuesto aprobado en 2008, sólo se aumenta 10 por ciento del FASP y cerca de 50 por ciento al ramo de seguridad pública, cuando sólo 8 por ciento de los delitos que se cometen en el país son del fuero federal y la policía federal representa 5 por ciento de la fuerza nacional de policía?

En ese escenario le pregunto, señor secretario, ¿no le parece que debemos destinar mayores recursos que permitan a las entidades federativas y al Distrito Federal mayor efectividad en el combate frontal a la inseguridad?

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Tiene el uso de la palabra el ingeniero Genaro García Luna,secretario de Seguridad Pública.

El secretario Genaro García Luna: Gracias, presidenta.

Diputado Manuel Salvador, respecto al tema de confianza, preciso que efectivamente ---ya lo señalamos--- estamos escalando las capacidades que hoy tenemos para evaluar en los sectores que señalábamos: toxicología, psicométrico, poligráfico, entorno social y patrimonial a todos los policías.

Faltan buen número de policías por evaluar. Estamos trabajando para que con esta capacidad que hoy tenemos podamos tener alcance completo. Sin duda, todo el tema de control de confianza, implica una certificación y estamos trabajando para que todos aquéllos que tengan que ver con la evaluación de policías estén certificados internacionalmente y haya una garantía de que todo policía evaluado tenga en principio la seguridad de que no es un delincuente.

También voy a decirle que estamos trabajando para tener un esquema de más alcance para cuidar que el policía no se desvíe y que una vez que sea evaluado no encuentre oportunidad para delinquir.

Para ello hemos generado sistemas, procesos, metodología, que hoy buscamos llevar a ley para que sean obligatorios en todo el país para policías municipales, estatales y federales. Creemos que en gran medida mucho de lo que hoy tenemos de corrupción se debe también a la falta de procedimientos y metodología obligatoria en todo el país.

Respecto al tema de recursos del FASP, este año se incrementó la propuesta para el gasto corriente que tenemos, en 10 por ciento promedio, y traemos más o menos 2 mil 500 millones de pesos en propuesta para gasto corriente y operativo en todo el país en policía.

También debo precisar que tenemos un subejercicio de casi 8 mil millones de pesos en todo el país, y que estamos buscando cómo generar mecanismos eficientes para tener ese gasto y potenciar las capacidades tanto de los municipios como de los estados y la federación.

Por último, diputado Esteva, le reitero la convicción plena de que yo no pacto ni pactaré con ningún grupo delictivo criminal. Y los nombres a que hacen referencia, todos ellos están en indagatorias y en los procesos respectivos, tanto en el Ministerio Público como en la parte de juicios legales. Gracias.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Muchas gracias, señor secretario.

Informo a esta honorable asamblea que iniciamos la quinta ronda de participaciones. Tiene la palabra la diputada Omeheira López Reyna , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos, para formular su pregunta. Solicito activar el micrófono desde su curul.

La diputada Omeheira López Reyna (desde la curul): Muchísimas gracias, señora presidenta.

Formularé mis preguntas al secretario de Gobernación. Un tema de especial preocupación es el respeto a los derechos humanos, porque un combate firme y duradero al crimen organizado solamente puede ser garantizado si se respetan los derechos de toda la población. No hay seguridad sin derechos humanos.

La CNDH ha emitido 38 recomendaciones a autoridades federales en materia de derechos humanos, por lo que es obvio que la defensa nacional ocupa un lugar importante.

Preocupa también que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha planteado la necesidad de revisar la normatividad interna en asuntos relacionados con agravio a periodistas, ya que entre 2006 y agosto de 2008 se han registrado 260 casos de agresiones a periodistas, la mayoría de ellos de índole estatal. Deja a México en el segundo lugar en Latinoamérica ---enseguida de Cuba, como el país más peligroso--- y a nivel mundial el segundo lugar, enseguida de Irak.

Por lo que le preguntaría, ¿cuáles son las acciones que el gobierno federal ha tomado para garantizar la seguridad de los periodistas y la libertad de expresión?

¿Cómo se piensa blindar el combate al crimen organizado con una política asertiva en defensa de los derechos humanos? Y, ¿cuántas recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el gobierno mexicano han sido respondidas satisfactoriamente? Así como también los acuerdos que México ha suscrito en favor de los derechos humanos, en especial contra la violencia a las mujeres.

Y por último, ¿qué elementos novedosos pudiera considerarse que ofrece el Programa Nacional de Derechos Humanos para atender toda la problemática nacional que enfrentamos en esa materia? Gracias.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Gracias, diputada. Tiene la palabra el licenciado Juan Camilo Mouriño Terrazo, hasta por tres minutos, para dar respuesta.

El secretario Juan Camilo Mouriño Terrazo: Muchas gracias, diputada presidenta.

Agradezco mucho su pregunta, diputada Omeheira. En primer lugar quiero partir de la premisa, y de la convicción de este gobierno, del respeto absoluto, de la convicción del respeto absoluto a los derechos humanos.

Me parece también importante aclarar que existe en el ambiente una falsa disyuntiva entre si procurar la justicia, si combatir a la delincuencia o respetar los derechos humanos. Me parece que son dos actividades que pueden perfectamente hacerse en paralelo al mismo tiempo, que no están entre sí confrontadas.

Me parece que sí hay absoluta convicción de la necesidad de luchar contra la criminalidad. La misma debe de existir y existe respecto al respeto a los derechos humanos.

Y en ese sentido, y como bien lo ha dicho usted, señora diputada, este gobierno ha recibido, en el periodo que se informa, 38 recomendaciones a sus distintas instituciones del gobierno federal. Hemos ya aceptado 34 en sus términos y estamos dando cumplimiento a las mismas; las otras 4 se están analizando y están a tiempo de ser aceptadas por las instancias del gobierno federal en el entendido de que la instrucción del presidente de la república ha sido, desde el inicio de su administración, el aceptar y atender las recomendaciones de esta institución, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Respecto al programa que usted menciona, efectivamente el pasado 29 de agosto publicamos el Programa Nacional de los Derechos Humanos. Y quiero decir que no nada más es para acreditar el compromiso del gobierno con el tema, sino además, para recoger ahí la participación, la opinión y la contribución de distintas organizaciones de la sociedad dedicadas a garantizar el respeto de los derechos humanos.

Participaron en su elaboración 39 organizaciones de la sociedad civil y también académicos y especialistas. Entre otros, participó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, a la que usted ha hecho referencia en su intervención. Y participaron, por parte del gobierno, 30 distintas dependencias que cuentan con áreas directamente involucradas en la defensa de los derechos humanos.

Por cierto, le comento que una de las acciones que se ha tomado en la Secretaría de la Defensa y en la Secretaría de Marina, precisamente por esta preocupación que usted señala, ha sido la de crear áreas específicas sobre los derechos humanos en cada una de estas dependencias, tanto para fomentar la materia como para atender las recomendaciones cuando éstas se han llevado a cabo.

Por último ---termino--- respecto a los periodistas y su legítima preocupación en la necesidad de garantizar la libertad de expresión. Una reiterada inquietud por parte de los gremios de periodistas y de las organizaciones que los agrupan ha sido la de federalizar el delito contra periodistas, para que sea directamente la autoridad federal la que persiga a quienes delinquen o atentan contra esta actividad y, con ello, contra la libertad de expresión.

Es una convicción del gobierno federal atender esta inquietud. Y en las próximas semanas, en este periodo ordinario, hemos hecho el compromiso de presentar ante esta soberanía una iniciativa de ley en la materia para actuar con mayor prontitud en los delitos que se cometan contra quienes realizan esta profesión.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Gracias, secretario. Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Santos Arreola, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por tres minutos, para formular su pregunta. Actívese el micrófono de su curul.

El diputado Francisco Javier Santos Arreola (desde la curul): Primero de cuentas, quisiera comentar que me parece que el formato aprobado para estas comparecencias no es el indicado, y ojalá que en la ley que se vaya a generar para este nuevo formato del informe presidencial se incluya un mecanismo que posibilite la intervención mucho más directa y más concisa con cada uno de los representantes del Poder Ejecutivo.

Señor procurador, hace unos días en la firma del convenio de seguridad de Palacio Nacional, el señor Martí nos planteaba varios comentarios muy puntuales que hicieron estremecer a todos los ahí presentes. Y el mensaje que lanzó fue para todos los que estábamos ahí. Es muy famosa ya su frase de ``renuncia'', donde cada uno de los políticos que puede hacer uso de ella la acoge y la usa. Pero hay otra que nos hablaba de la corrupción, y en ésa nos decía que ser corrupto también es cobrar un sueldo sin hacer el trabajo.

Yo le pregunto, señor procurador, si la Policía Federal Preventiva hoy es la que tiene a su cargo la Dirección General de Secuestros, qué hace la Procuraduría, a su cargo, ya que esta responsabilidad hoy ya no la tiene la Procuraduría, que usted dirige.

Hace unos días la DEA hizo un pronunciamiento donde decía que era prioridad para el gobierno estadounidense perseguir a Los Zetas, por su carácter violento en el país. Le pediría que me conteste si también es la postura del gobierno mexicano, o si no lo es.

Siguiente pregunta. La señora Lorena González, hoy famosa por ser integrante de La Flor, y que era integrante de la Procuraduría, a su cargo, y que luego también fue integrante de la Policía Federal Preventiva, y que luego ya no sabían dónde quedó la bolita. ¿Esta señora acreditó los controles de confianza de la Procuraduría, a su cargo? ¿Por qué se permitió que saliera de la Procuraduría y además ingresara a la Policía Federal Preventiva?

Usted conoce al señor Benito Roa, director de Secuestros de la Policía Federal Preventiva. Es un hombre ---ya nos ha dicho el señor secretario--- muy preparado en esta materia, un hombre de preparatoria abierta que debe ocho materias al día de hoy y que ---según nos dice--- es el único erudito en este país para combatir el secuestro. ¿Usted comparte su opinión, o cree que hay otras personas que tienen el perfil para combatir el secuestro en nuestro país?

Y por último, de acuerdo con las indagatorias que ha llevado usted en la Procuraduría, ¿qué nos puede decir del caso del señor Millán? ¿Lo pusieron? Hay información de que fue puesto por propio personal de la Policía Federal Preventiva, ya que la última llamada que él recibió fue del destacamento del Toreo de Cuatro Caminos, en el Estado de México. Gracias.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Tiene la palabra el licenciado Eduardo Medina Mora Icaza, hasta por tres minutos, para dar respuesta.

El procurador Eduardo Medina-Mora Icaza: Muchísimas gracias, señor diputado Francisco Javier Santos, respecto a los temas que nos plantea. Muchas gracias.

En efecto, en el acto de firma del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, don Alejandro Martí hizo un reclamo como víctima, como padre doliente pasando por una tragedia de gran envergadura, y nos dio una enorme lección, yo diría, ciudadana, moral, de una enorme estatura.

Creo que nuestro país ha ganado, en Alejandro Martí, a alguien que va a quedar claramente comprometido por poner sus recursos, sus capacidades, para buscar mejores esquemas de solución.

Y sobre esta base, uno de los esquemas que él planteaba era lo que usted señala, precisamente, la corrupción. La corrupción en la Procuraduría General de la República ha sido un objetivo central, fundamental, en nuestro esfuerzo por la modernización de la institución y esto, desde luego, pasa por los controles de confianza, pasa por el cribado del personal que realiza las tareas ministeriales, periciales, pero ciertamente la acreditación de control de confianza no basta.

Se requiere un sistema de trabajo, un modelo de operación que dé a cada quien claridad absoluta de lo que tiene que hacer, indicadores, mecanismos de supervisión, incentivos, consecuencias cuando estos indicadores no se cumplen.

A veces no es sólo que una persona tenga proclividad a tener una conducta desviada de la normatividad. Hay que acotar los márgenes de discrecionalidad, precisamente, para evitar el error y evitar la corrupción.

Hemos dicho que la corrupción es un error doloso que no sólo sucede porque alguien tiene proclividad a cometerlo, sino porque el sistema se lo permite o a veces se lo induce.

Ésta es la aproximación que tenemos en el combate a la corrupción en la Procuraduría, la modernización de procedimientos que tiene como eje la tecnología, los procedimientos y la gente, y sobre esta base lo hacemos.

Estados Unidos, en efecto, ha dado un golpe muy importante al Cártel del Golfo en la distribución de drogas. Déjenme decirles que nosotros, en la administración, hemos detenido, a la fecha, a más de 6 mil 600 miembros del Cártel del Golfo.

El esfuerzo ha sido muy significativo y ciertamente continuaremos combatiendo a éste y a todos los cárteles, a todas las organizaciones que pretenden arrebatarnos nuestro derecho a vivir en paz. Vamos a continuar acotando sus capacidades operacionales y logísticas, y vamos a continuar deteniendo a las personas que lo integran.

En la policía federal, me consta, hay personal de la mayor capacidad para la atención de la tarea de secuestro. Los funcionarios que están a cargo de esta materia ahora ---me parece--- son los más competentes, los más potentes en este punto.

Y sobre esta base hemos definido, no solamente en el ámbito federal, entre la policía federal y la Procuraduría General de la República, sino entre todas las Procuradurías y las instancias policiales, la estrategia nacional e integral contra el secuestro que define, con toda precisión, qué tareas corresponden al Ministerio Público, qué tareas corresponden a la policía.

La investigación de los delitos, lo dice claramente el artículo 21 de la Constitución, ``corresponde al Ministerio Público y a las policías, actuando estas últimas bajo la conducción y el mando del primero en esta función''.

Las unidades especializadas antisecuestro son encabezadas, precisamente, por los fiscales antisecuestro. Pero no pueden, obviamente, suplantar la tarea de los peritos, suplantar la tarea de los policías; es una tarea de integración de capacidades, de especialización y eso es precisamente lo que estamos haciendo.

Estoy cierto, como ya lo hemos acreditado a partir de la firma del acuerdo del 21, que tendremos resultados, precisamente, porque tenemos enfoque, porque tenemos procedimientos, porque tenemos herramientas tecnológicas. Muchas gracias, diputado por su pregunta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos.

El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros (desde la curul): Con su venia, señora presidenta.

Señor ingeniero Genaro García Luna. Los mexicanos entendemos a la perfección el llamado de nuestro presidente de la república plasmado en su propuesta de Presupuesto, para que la dependencia a su cargo sea la que mayor incremento de recursos reciba, a cambio de recuperar el derecho de todos a vivir sin miedo.

Las dudas, señor secretario, comienzan cuando nos damos cuenta de que de 9 mil 800 millones de los que dispuso usted en 2006, hoy se pretende pasar a 31 millones; es decir, 3 veces más.

Me queda claro que sin recursos no hay posibilidad de triunfo, pero debemos reconocer que los miles de millones ya autorizados no le han dado a la sociedad beneficio alguno. Se arroga la percepción de que, en el caso de la secretaría a su cargo, mayor inversión no es garantía de buenos resultados. Por ello el aumento presupuestal debe revisarse a profundidad en comparación con los resultados obtenidos a la fecha.

Los mexicanos tenemos ya tiempo escuchándolo decir que se debe recuperar la tranquilidad, que se requiere un cambio estructural, una visión integral, que refuerce la educación, la salud, el empleo, para combatir de raíz a la inseguridad. Pero en los hechos parece que lo que es necesario puede esperar, tornándose en una incongruencia que al final siempre afecta a la población.

Por lo expuesto, le pregunto lo siguiente:

1. Sólo para el programa de implantación de operativos para la prevención y la disuasión del delito en 2008 se le otorgaron más de 7 mil millones de pesos, sin que sepamos a ciencia cierta los resultados obtenidos. Ahora se propone incrementar a 13 mil 500; es decir, 85 por ciento más.

¿Este incremento sustantivo significa que se espera todavía mayor criminalidad? ¿Cómo puede saber cuántos operativos va a realizar? ¿Dónde los va a necesitar? ¿Cuál va a ser el objetivo? ¿Cuántos vehículos y cuántos elementos se van a utilizar? ¿Qué criterio se usó para determinar este incremento?

2. Dándole indebidamente vuelta a la ley se creó una instancia de coordinación mediante un acuerdo interno en la que se subordinó el mando de la policía investigadora, la AFI, a la Policía Federal Preventiva.

Aunque se violó la ley, de qué sirvió esta decisión para mejorar el desempeño de esta policía, dejando desprotegido al Ministerio Público.

3. Usted mismo ha comentado que 94.6 por ciento del estado de fuerza de la policía corresponde a los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, y solamente 5.4 por ciento a la policía federal.

Entonces, ¿por qué centralizar el presupuesto, dejando a los municipios únicamente 1 por ciento? ¿Podría explicarnos los criterios que le hiciera llegar a esta asignación? Y más importante aún, señor secretario, ¿estaría usted de acuerdo en modificar esta ecuación para dar paso a un verdadero federalismo, para que el recurso de seguridad pública sea más excitativo y normado por la ley?

4. Es evidente que los sacrificios presupuestales que se harán para fortalecer la secretaría a su cargo tendrán un impacto en la economía de las familias mexicanas, dados los pobres resultados.

¿Por qué creerle que vale la pena sacrificar los recursos para educación, infraestructura carretera, salud y el campo en plena crisis alimentaria, para fortalecer sus estrategias carentes de resultados?

5. Se puede interpretar como una falta de capacidad para resolver la problemática actual que el crimen organizado cada vez actúe con mayor violencia: decapitados, actos subversivos y ahora actos terroristas, como el caso en Morelia.

En esta disputa de poder y en los constantes atentados contra el Estado mexicano y a 30 días de haberse firmado el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, ¿qué resultados concretos se han tenido? ¿Cuál es su compromiso ante la sociedad mexicana de regresarle la tranquilidad de la que se ha despojado?

Por último, que quede claro: ningún regateo de recursos para la seguridad pública; sí orden para su presupuesto. Los mexicanos le preguntamos, señor secretario, ¿es problema de recursos o de capacidad? Por sus respuestas concretas a ellas, muchas gracias.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Gracias, diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros. Tiene la palabra el ingeniero Genaro García Luna, hasta por tres minutos, para dar respuesta.

El secretario Genaro García Luna: Gracias, presidenta.

Gracias, diputado Landeros. Debo precisarle que la seguridad pública tiene una perspectiva de Estado. Todo tiene una responsabilidad y, por supuesto, la nuestra la asumimos y enfrentamos con toda contundencia.

Debo precisarle, en términos de gasto asignado, que son ustedes los que determinaron el monto del fondo municipal para que sea éste la adscripción a los municipios y por supuesto estamos convencidos de la importancia de aplicar recursos a los municipios y a los estados para generar capacidades superiores, tanto en la operación policial como en los sistemas de inteligencia para combatir el crimen.

Respecto al esquema que usted refiere de la coordinación, debo decirle, señor diputado, que no es así. El artículo 6o. del reglamento de esta secretaría prevé y dispone una instancia de coordinación de la policía federal, y ésta también se apoya en el artículo 10 de la Ley de la Policía Federal Preventiva, que dispone un esquema de coordinación; coordinación para sumar capacidades de las policías federales.

En ningún momento, bajo ninguna premisa, se busca o se pretende distraer o desproteger al Ministerio Público; en sentido contrario, todas las policías del país, todas, señor diputado, todas, son auxiliares del Ministerio Público en todo el país. Es decir, se suman capacidades para tener mayor alcance en la generación de capacidades para recuperar evidencia a favor de la investigación, y por supuesto, sea el Ministerio Público el que tenga más capacidades para integrar las indagatorias.

Respecto al presupuesto, comentaba hace un momento que tenemos un subejercicio en el fondo federal, el Foseg, de casi 8 mil millones de pesos. Sin duda, esto obedece a diferentes variables de las cuales también debo asumir que estamos trabajando para agilizar los procedimientos para que se pueda disponer de estos recursos en todo el país y sean estos recursos que tengan aplicación directa en los estados y en los municipios.

Le reitero, no es cuestión de fe, es de resultados. Debo decirle que no hay precedente de la Policía Federal en resultados operativos en la historia de sus capacidades para combatir el crimen. No hay ni aseguramientos, ni detenidos, ni nadie asegurado; no existe precedente de esa operación, y esto está ahí dentro de las indagatorias y dentro de los registros que hay, oficiales, de detenciones y aseguramientos en todo el país.

Por último, le reitero mi convicción plena de la función de desempeño, y por supuesto que la eficiencia no está limitada a los recursos. La eficiencia suma capacidades, talento, responsabilidad, sin duda recursos para que esto se pueda llevar a cabo, pero, sobre todo, la convicción de servir y proteger a la comunidad. Gracias, diputado.

Presidencia del diputado César Horacio Duarte Jáquez

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, secretario.

Proceda la Secretaría a leer el acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica el resolutivo tercero del acuerdo por el que se cita a comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados a los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública, y al procurador general de la República, en el marco del desahogo del análisis del Segundo Informe de Gobierno del presidente de la república, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, en materia de política interior, aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el 11 de septiembre de 2008.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 7, 33 y 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes

Consideraciones

Primero. Que el 11 de septiembre de 2008, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo por el que cita a comparecer a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública y al procurador general de la República, en el marco del análisis del Segundo Informe de Gobierno del presidente de la república, en materia de política interior.

Segundo. Que dicho acuerdo establecía que la sesión se celebraría el 23 de septiembre del presente año, así como el formato con el que se desarrollaría.

Tercero. Que los integrantes de este órgano de gobierno, consideraron pertinente realizar una modificación al formato que establece el acuerdo citado.

Con base en las consideraciones expuestas y con fundamento en los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 7, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Se modifica la sexta ronda del resolutivo tercero del acuerdo aprobado el 11 de septiembre, para quedar como sigue:

Sexta ronda: Grupo Parlamentario del PAN, Grupo Parlamentario del PRD, Grupo Parlamentario del PRI y Grupo Parlamentario del PAN.

Segundo. Se suprime la séptima ronda de preguntas a la que hace referencia el resolutivo tercero del acuerdo aprobado el 11 de septiembre, en su lugar se realizará una ronda de posicionamientos por parte de los siguientes grupos parlamentarios: PRI, PRD y PAN.

Las intervenciones se realizarán desde la tribuna y tendrán una duración de hasta cinco minutos cada una, no habiendo réplica por parte de los funcionarios del Ejecutivo federal.

Tercero. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si es de aprobarse el acuerdo. Las diputada y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Aprobado.

En consecuencia, para iniciar la sexta ronda se concede el uso de la palabra al diputado Felipe Díaz Garibay , del Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos, desde su curul.

El diputado Felipe Díaz Garibay : Gracias, señor presidente.

Señor procurador, el fenómeno del narcotráfico es una de las principales preocupaciones actuales en todo el mundo. Este problema no es exclusivo de nuestro país ni es un fenómeno aislado en el contexto internacional. El crimen se ha globalizado.

Las bandas que actúan en nuestro país están íntimamente relacionadas ya con organizaciones criminales de otros países. Nuestra ubicación geográfica es utilizada por los grupos delictivos con el propósito de llegar a la frontera norte, generando que los movimientos delincuenciales pasen por casi todos los estados de la república, sembrando a su paso mucho temor y nerviosismo en la población.

Las ganancias millonarias en dólares que deja este mercado ilícito de drogas han sido, y siguen siendo, el principal acicate para la proliferación de las bandas dedicadas a esta actividad ilícita. Los cárteles del narcotráfico amplían su radio de acción hacia el secuestro, la trata de personas y el tráfico de armas, agravando aún más la inseguridad y los niveles de violencia que padece la ciudadanía.

Nuestros niños y jóvenes están amenazados por la proliferación del narcomenudeo, que se extiende en forma inexorable por todo el país. Con preocupación, vemos que la magnitud del problema no sólo ha crecido, sino también se ha diversificado. Se han incrementando los tipos de enervantes y, desde luego, el número de consumidores crece día con día.

La ya muy lastimada sociedad mexicana sabe que para resolver las cosas no basta con el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, porque el problema en sí tiene connotaciones más profundas. Por ello fue necesario llegar al ámbito de la reforma legislativa.

El compromiso de todos los servidores públicos, que trabajan en las instancias de procuración de justicia, debe ser recuperar la confianza de los ciudadanos y la labor del Estado debe ser percibida por la sociedad de manera positiva, entendiendo que nosotros somos aliados de los ciudadanos.

Por ello, hace unos meses la LX Legislatura del Congreso de la Unión aprobó las reformas constitucionales para establecer en el país el nuevo sistema de justicia social penal y de seguridad pública. Se inicia con ello una etapa de transformación de las instituciones responsables de la procuración e impartición de justicia que permitirá agilizar los procesos penales, actuar con transparencia, imparcialidad y honestidad; garantizar los derechos de las víctimas y reforzar el combate a la delincuencia.

No será una tarea fácil, enfrentaremos inercias y resistencias, particularmente de quienes lucran con la justicia y rea-lizan prácticas negativas que obstaculizan la buena impartición de ésta.

Por todo ello, señor procurador, quisiéramos que usted nos respondiera lo siguiente:

1. Dado el carácter global del problema del narcotráfico, cuál es su diagnóstico sobre la transformación de los patrones de este ilícito en los países en donde las bandas delincuenciales locales actúan o tienen alguna participación, considerando, desde luego, la manera en que están impactando estos cambios en la actuación de los grupos delincuenciales que operan en nuestro país y los alcances del trabajo conjunto de los gobiernos nacionales para combatir con eficacia este ilícito, sobre todo en el ámbito regional continental.

2. De qué manera impacta a la Procuraduría General de la República, en sus distintos órganos, la puesta en vigor de la reforma al sistema de justicia penal en el aspecto presupuestario como en su financiamiento y su manera de ver esa eficiencia y eficacia, en la impartición de justicia tan exigida ya por los ciudadanos.

3. Cuáles son las acciones específicas que ha emprendido la dependencia para poner en marcha el cumplimiento de la reforma.

4. En los últimos años México no ha salido bien librado en los estudios que ha hecho la Organización de las Naciones Unidas en materia de impartición de justicia. Por ello, díganos en qué tiene que cambiar el Ministerio Público para tener mucha mayor eficiencia que la que tiene actualmente y cuál será la estrategia para garantizar al mexicano un verdadero estado de derecho.

Por sus respuestas, muchas gracias.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el licenciado Eduardo Medina Mora, procurador general de la República.

El procurador Eduardo Medina-Mora Icaza: Muchas gracias al señor diputado Felipe Díaz Garibay por sus preguntas. Plantea temas de la mayor importancia, sin duda.

En efecto, el negocio del narcotráfico es transnacional por naturaleza, es global, como usted lo señala. Ha habido cambios muy importantes en la estructura de los mercados, en términos, sobre todo, de los estimulantes, con mercados emergentes, con cambios dramáticos en la estructura de generación de valor.

En Estados Unidos ha bajado el consumo de cocaína y se ha sustituido por consumo de otros estimulantes, especialmente metanfetaminas.

Europa surge como el mercado emergente de cocaína. El mercado europeo, al mayoreo paga el doble de precio que el mercado estadounidense: por kilogramo de cocaína paga 45 mil euros, frente a 25 mil dólares.

Nuestro país, sin duda, ha tenido un impacto muy importante a partir de estos cambios. En primer lugar, porque los ingresos de las organizaciones criminales que hacían el trasiego de droga desde Sudamérica hacia Estados Unidos, se ha reducido en volumen y en valor.

En segundo lugar, porque la acción del gobierno de México ha hecho, en relación con estos temas, que mucho del flujo se regrese a la ruta tradicional del Caribe y se reduzca el flujo por el territorio nacional. Esto también ha impactado los ingresos de estas organizaciones, que han experimentado cierta involución criminal hacia otras actividades, como usted mismo lo señalaba: la trata de personas, el secuestro y otras actividades.

Sobre esta base hemos logrado que México deje de ser un jugador relevante en el mercado de las metanfetaminas. Primero, desmantelando la red más importante de tráfico de precursores químicos en el hemisferio occidental, la del chino Zhenly Ye Gon, que traía más de 100 toneladas al año a nuestro país. Además, cambiando la fórmula de los medicamentos antigripales que utilizaban seudoefedrina, y ahora utilizan fenilefrina.

Esto ha provocado que la metanfetamina en el mercado mexicano haya subido más de 100 por ciento el precio al consumidor y en Estados Unidos, en promedio, desde enero de 2007 a la fecha, más de 83 por ciento, con caídas en la pureza de 35 por ciento. Es decir, México ya no es un abastecedor relevante de metanfetaminas.

Esto genera otros desafíos, sobre todo por la diversificación criminal y geográfica de las organizaciones que se dedican al narcotráfico.

La reforma al sistema de justicia tiene un impacto fundamental en la Procuraduría General de la República. En términos de habilidades, en términos de estructuras, en términos de proceso.

El nuevo programa, que se llama ``PGR a la Vanguardia'' o ``Justicia Efectiva para Todos'', va precisamente dirigido a poner en línea digitalmente a la disposición de todos los Ministerio Público los mecanismos, las herramientas, para aumentar su efectividad, reducir su margen de discrecionalidad, por consecuencia, reducir el margen de error y de corrupción. Aquí estamos invirtiendo buena parte del aumento presupuestal en el año próximo.

Ciertamente, las acciones que tenemos que implantar en el cumplimiento de la reforma, en materia de justicia, presentan un desafío enorme a la Procuraduría General de la República, pero en general a todo el sistema de procuración e impartición de justicia en el país. Muchas gracias, diputado, por la oportunidad.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, señor procurador. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Ángel Arellano Pulido, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Miguel Ángel Arellano Pulido (desde la curul): Antes que nada, quiero expresar mi más enérgica protesta por el formato utilizado en esta comparecencia de servidores públicos, al igual que los compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, mi intervención y mis preguntas van dirigidas al licenciado Eduardo Medina Mora, procurador general de la República.

Como michoacano, no puedo dejar pasar la oportunidad de pedirle que se redoblen los esfuerzos para esclarecer y se castigue a los responsables del criminal acto terrorista del 15 de septiembre, perpetrado en la ciudad de Morelia. Y también para que, éste, de ninguna manera quede impune. Sus resultados no sólo dañaron a la sociedad michoacana, sino que involucran a todo el país.

Tenemos conocimiento que la indagatoria que se inició en Michoacán ya fue atraída por la Procuraduría General de la República. Entonces, preguntaríamos, ciudadano procurador, si podría usted informarnos al respecto. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer? ¿En qué consiste la atención que legalmente debe dar la dependencia a su cargo a las víctimas y ofendidos de esos, desde todos los puntos de vista, condenables hechos delictuosos?

Es inobjetable que la seguridad pública, la procuración de justicia y el combate a la delincuencia son temas de la agenda nacional. Y que la percepción social sobre los resultados dista mucho del informe estadístico y el mensaje triunfalista del gobierno federal, que a la fecha no ha definido una verdadera política criminológica integral para atender el fenómeno de la creciente y cada vez más violenta delincuencia.

Ciudadano procurador, de conformidad con el artículo 21 de nuestra Carta Magna, corresponde al Ministerio Público la investigación de los delitos y ahora a las policías, bajo la supervisión y mando de aquél.

Sin embargo, en los operativos que realiza el Ejército Mexicano y la Policía Federal Preventiva en todo el país ingresan a domicilios sin la orden de cateo correspondiente, detienen a personas sin ninguna orden judicial y no los acompaña ningún agente del Ministerio Público Federal.

Para ilustrar con un ejemplo, sólo en Michoacán hay cerca de 200 quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por violaciones a la ley fundamental y a los derechos humanos, por los delitos de violación, lesiones, abuso de autoridad, entre otros. Y como se trata de delitos que se persiguen de oficio, ¿qué está haciendo la dependencia a su cargo para subsanar esta irregularidad?

¿Se puede combatir a la delincuencia con actos ilegales? ¿Por qué la Procuraduría General de la República no está al frente de estos operativos? La impunidad y la corrupción siguen siendo uno de los problemas más fuertes de la procuración de justicia. Los mexicanos necesitamos resultados a grandes cuestionamientos derivados de lo que diariamente vemos.

¿Por qué las armas y explosivos pasan a México sin discriminación alguna? ¿Qué está haciendo la Procuraduría en este sentido? ¿Qué está haciendo la Procuraduría para limpiar su policía, evitar actos de corrupción y retomar la confianza de la gente? Y en ese sentido, ¿por qué sólo se habla de exámenes de control de confianza a los cuerpos policiacos? ¿Qué, acaso éstos no tienen superiores jerárquicos que deberían responder a las irregularidades que también cometen? ---Termino, señor presidente.

La semana pasada el secretario de Salud del gobierno federal dio a conocer los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, donde se destaca que el consumo de cocaína se duplicó; y las anfetaminas, crack y heroína muestran una tendencia importante de crecimiento.

Esto es reflejo de que no es suficiente la reacción coactiva del Estado hacia los delincuentes. Es indispensable la prevención social y atender las verdaderas causas que originan el fenómeno delictivo.

Ciudadano procurador, ¿qué está haciendo el gobierno federal y la Procuraduría para atender esta causas? Quisiéramos conocer concretamente los programas y acciones emprendidos para ver resultados que la sociedad reclama.

En el PRD entendemos y estamos de acuerdo con el ataque frontal a la delincuencia, pero no a costa de la violación a los derechos fundamentales. Para eso existen técnicas de investigación científica, inteligencia policial, la criminología, etcétera. No estamos de acuerdo en resolver el problema sólo con acciones coactivas. Necesitamos implementar la prevención social del delito y políticas públicas de carácter social que atiendan las causas que los originan, que atiendan a los más pobres y necesitados, que muchas veces son víctimas de la delincuencia, que siempre los utiliza. Por su atención y respuestas, muchas gracias.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Tiene el uso de la palabra el señor procurador general de la República.

El procurador Eduardo Medina-Mora Icaza: Gracias, diputado presidente.

Muchas gracias al señor diputado Miguel Ángel Arellano Pulido , a quien saludo también con mucho aprecio. En primer lugar, le señalo que, en efecto, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada atrajo la indagatoria federal que se había abierto en la delegación de la Procuraduría en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Continuamos trabajando conjuntamente con la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, que conoce de los delitos del orden común relacionados con los hechos acaecidos en la plaza Melchor Ocampo, en la noche del 15 de septiembre último. Tenemos comunicación diaria, cotidiana.

Ayer tuvimos una reunión de casi dos horas con el señor procurador general de Justicia del estado y aquí, como en todos los casos, Miguel Ángel, no podemos, creo yo, avanzar en la resolución de los casos si no sumamos nuestras capacidades, nuestros despliegues, nuestras competencias.

Y eso es precisamente lo que estamos haciendo en Michoacán. Este delito, Miguel Ángel, no va a quedar impune. Éste es el compromiso del Estado mexicano, es el compromiso de todos los funcionarios y servidores públicos que tenemos responsabilidad en esta investigación.

Quiero señalar también que no hay en la percepción, en la narrativa, en el discurso del gobierno federal, ningún tipo de triunfalismo. Hay el reconocimiento de la gravedad de la circunstancia que enfrentamos, de la complejidad de la problemática y sí, desde luego, del compromiso, de la asertividad, de la determinación para ganar esta batalla y recuperar la normalidad, la paz, el orden, la legalidad.

En efecto, el artículo 21 de la Constitución, en los términos en los que fue aprobado en la reforma constitucional, da al Ministerio Público y a las policías, la responsabilidad de investigar los delitos. Y al Ministerio Público la responsabilidad de conducir y mandar a las policías en esta investigación.

El Ejército, la policía federal, cualquier autoridad puede hacer una detención en flagrancia. Cualquier ciudadano ---y no necesita ir acompañado de un agente del Ministerio Público--- tiene claro que puede poner a disposición de la autoridad competente, con los elementos correspondientes para que ésta pueda en su caso actuar y completar la averiguación previa y consignar ante autoridad jurisdiccional.

También se puede, en los términos de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, evitar la consumación de un ilícito ingresando a un domicilio particular.

No se puede, obviamente, hacer justicia, generar seguridad violando los derechos humanos. Los derechos humanos y su respeto no es sólo, señor diputado, una exigencia ética y jurídica; es una exigencia de eficacia operacional. Porque si las policías, si el Ejército, si el Ministerio Público pierden el respeto de la ciudadanía, pierden la capacidad de ser efectivos.

Por esta razón todas estas actividades se realizan a partir de procedimientos específicos que no necesariamente implican el acompañamiento físico del Ministerio Público, en todas y cada una de estas tareas.

Cuando se presenten quejas en la comisión estatal, si éstas son puestas del conocimiento de la autoridad federal y hay funcionarios públicos federales involucrados, nosotros ---en todos los casos--- abrimos averiguación previa y actuamos en consecuencia. Así lo hemos hecho en todos los casos cuando se acredita obviamente una conducta que es constitutiva de delito.

Sobre esta base, se trata de un esquema de coordinación. Por eso en Michoacán operan las Bases de Coordinación de Operación Mixta, donde vienen policías, agentes del Ministerio Público local y del Ministerio Público federal y elementos del Ejército y de la policía federal.

No puedo estar más de acuerdo con usted, que solamente con el respeto y las armas de la ley y el respeto a las garantías individuales y los derechos humanos es como el Estado mexicano ganará esta batalla. Y le aseguro, Miguel Ángel, que la vamos a ganar juntos. Gracias.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, señor procurador. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Alberto Amador Leal, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Narcizo Alberto Amador Leal (desde la curul): Gracias, señor presidente.

Señor procurador, no escuché de usted la respuesta a la pregunta de mi compañero diputado César Camacho, respecto al incumplimiento presidencial de sus obligaciones en materia de trata de personas.

Además de los servicios migratorios, tenemos un grave problema del sistema aduanal y ambos fenómenos de corrupción, impunidad, improvisación están directamente vinculados, sea por el tráfico de personas, de armas, de mercancías a la cuestión del crimen organizado y a la seguridad nacional.

Mi pregunta: ¿se han abandonado desde el área administrativa, se han descuidado desde la Secretaría de Gobernación los servicios migratorios, y desde la Secretaría de Hacienda el sistema aduanal?

Pues no nos queda más que el papel que usted pueda cumplir en las indagaciones, en las investigaciones, en el fincamiento de responsabilidades, señor procurador, a los servidores públicos, que claramente tienen un marco de impunidad. ¿Cuáles son los resultados, señor procurador, de las investigaciones realizadas a este respecto?

Otro tema es el del control de los órganos de información e inteligencia. A los tradicionales órganos del Cisen, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina, habrán proliferado muchos más, creo que dos o tres en la Secretaría de Seguridad Pública, en los estados y hasta en los municipios. Desde luego, la propia Secretaría de Hacienda con su sistema de inteligencia.

¿Existe, señor procurador, un registro de los órganos de información e inteligencia, y de los instrumentos técnicos utilizados para obtener información de comunicaciones privadas? ¿Cuántas solicitudes de intersección de comunicaciones privadas han sido obsequiadas por el Poder Judicial durante el ejercicio que se informa? ¿Cuáles son los controles sobre su ámbito de aplicación? ¿Quién y cómo se controla la información obtenida de la intervención de comunicaciones privadas que no tengan relación directa con el asunto que se indaga? ¿Existe un archivo, un registro? ¿En qué tiempo se destruyen estos documentos? ¿Quién los resguarda y quién lo verifica?

Se ha hablado del conflicto de intereses entre la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública. El propio presidente de la República lo reconoció, pero quizá con una mala información de lo que está sucediendo.

Y dijo el presidente que es un problema de competencia entre dos dependencias que buscan tener mejores resultados. Yo quisiera pensar que no es una cuestión personal; creo que tanto usted como el secretario de Seguridad Pública son profesionales, aunque desde luego hay una competencia por los recursos, por el control de área, de regiones, etcétera; de información misma.

El problema, señor procurador, es más de fondo. ---Me permite, señor presidente, concluir.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Concluya, diputado.

El diputado Narcizo Alberto Amador Leal (desde la curul): Había que abrevar en la historia. La Constitución de 1857 separaba las funciones claramente de las policías de la Procuraduría y la Fiscalía de la Nación en el ámbito, estas últimas, de la Suprema Corte de la Nación.

La reforma de 1900 transfiere la Procuraduría al Poder Ejecutivo. Y la Constitución de 1917, después de un gran debate, suma la Procuraduría y la Fiscalía en una sola instancia. Las leyes secundarias promulgadas en 1931 son objetadas, por cierto, en un debate intenso de don Luis Cabrera, que les recomiendo a ambos funcionarios darle una revisada.

Entonces el problema es que tenemos que completar la reforma de justicia penal y de seguridad y volver al esquema original de la Constitución de 1857. No es posible un modelo policial con facultades de excepción, con la Fiscalía o la Procuraduría dependientes del Ejecutivo y con facultades mermadas.

Mi pregunta es: ¿está el Ejecutivo federal, en su carácter de colegislador al presentar iniciativas, dispuesto a una reforma constitucional que vaya al problema de fondo? Muchas gracias.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra, para responder, el señor licenciado Eduardo Medina Mora, procurador general de la República.

El procurador Eduardo Medina-Mora Icaza: Muchísimas gracias, diputado presidente.

En primer lugar, siendo ésta mi última intervención, quisiera agradecer la oportunidad de acudir a esta soberanía a discutir estos temas tan importantes de la seguridad y la justicia. Para mí, sin duda, constituye un privilegio. Saludo además, con apreció, a don Alberto Amador Leal , quien tiene una vasta experiencia en estos temas.

Quiero decirle, diputado, que me parece que ---desde luego--- en términos de los temas que se habían preguntado y que simplemente el tiempo no nos permitía atender, de la pregunta del diputado César Camacho, a propósito de trata y tráfico de personas.

En lo que va de 2008 hemos iniciado averiguaciones previas en relación con tráfico de menores, de 32 frente a 19 del año pasado, con un aumento del 68.4 por ciento; despachadas 43 con un aumento del 168.8 por ciento; personas detenidas 20, con un aumento del 300 por ciento; menores liberados, 4. Además, esto es en el ámbito de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

En el ámbito de la Fiscalía Especializada para Delitos contra las Mujeres y Trata de Personas, se han iniciado 85 averiguaciones previas, 60 por ciento más que el año anterior; en trámite tenemos 109.53 por ciento más que el año anterior; despachadas, 47 por ciento más que el año anterior; y tramitadas 150, con un 54 por ciento más que el año anterior.

De manera que, a partir de la promulgación de la ley, claro que hemos puesto recursos, compromiso, esfuerzo y procedimientos, detrás de eso. Además hemos atendido muchísimos casos en asesoría jurídica y emocional en esta fiscalía especializada; 123 por ciento más que el año anterior en asesoría jurídica, con mil 532 casos; y 113 por ciento más en asesoría o apoyo emocional, con mil 773 casos.

Además, hemos atendido casos de niñas y mujeres desaparecidas, 95 en lo que va de este año; 93.8 por ciento de aumento. Y mujeres localizadas y niñas localizadas, 50; con 257 por ciento de aumento. Esto es, como la Procuraduría General de la República da prioridad precisamente a este tema tan relevante de la trata de personas.

Por otra parte en lo que hace al control de órganos de investigación; podemos señalarle que en lo que hace propiamente a la intervención de comunicaciones privadas, la Procuraduría General de la República, en los términos de la Ley contra la Delincuencia Organizada, que establece que ``exclusivamente el Ministerio Público podrá realizar con la autorización judicial correspondiente''.

Hemos, entre 2007 y 2008, intervenido 392 líneas telefónicas con autorización judicial; los contenidos y destinatarios de estas intervenciones no se pueden informar porque corresponden a averiguaciones previas, la documentación se conserva en averiguación previa.

Adicionalmente a esto, se han realizado intervenciones de comunicaciones privadas con autorización judicial, por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional en los términos de la ley de la materia. No tengo el dato preciso, pero entiendo que había 25 órdenes judiciales otorgadas hasta agosto pasado y éstas también se conservan en los archivos, tampoco son materias que puedan divulgarse.

En el caso del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la diferencia es que el resultado de estas intervenciones no puede ser utilizada como prueba, que es la naturaleza de la intervención que realiza la autoridad ministerial. Y sobre esta base desarrollamos la tarea en términos de control.

Hay un control jurisdiccional y la información se integra en las averiguaciones previas; se conserva en éstas bajo secreto.

En cuanto al debate respecto del rediseño institucional, pues obviamente eso está sujeto a la soberanía que el Congreso de la Unión pueda plantear. El Ejecutivo federal piensa que el esquema actual es el pertinente.

Pensamos que un Ejecutivo federal sin la capacidad de una Procuraduría que tenga la responsabilidad de investigar y perseguir los delitos sería impertinente en este momento, sobre todo, frente a la circunstancia delincuencial que enfrentamos.

Muchísimas gracias, diputado. Muchísimas gracias a esta honorable Cámara de Diputados, por la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes. Gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Muchas gracias, señor procurador. Para concluir esta última ronda de preguntas tiene el uso de la palabra el diputado Jesús de León Tello, del Partido Acción Nacional.

El diputado Jesús de León Tello (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Mi cuestionamiento será para el secretario de Gobernación.

Señor secretario, el tema central de su comparecencia ha sido sobre la principal preocupación de todos los mexicanos, que es tanto la seguridad como la gobernabilidad de nuestro país.

El pasado agosto se suscribió el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Existen antecedentes de que este tipo de acuerdos, lamentablemente, se quedaron en un conjunto de buenas intenciones y que no resolvieron los problemas estructurales que padecen las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia en nuestro país.

Si bien es cierto que el gobierno federal ha emprendido un combate histórico a la delincuencia, esto no ha sido suficiente. Por eso, en este contexto, los legisladores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional le preguntamos, señor secretario, ¿qué esperamos los mexicanos ver en los próximos meses y años a partir de los acuerdos que ahí se suscribieron?

¿Cómo, desde su competencia, su secretaría, es posible consolidar el fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano, especialmente las concurrentes en materia de seguridad interior?

Señor secretario, el gobierno federal y esta Cámara se han esforzado por transferir más recursos a las entidades federativas. Lamentamos la falta de compromiso de algunas de ellas para el combate a la delincuencia, tan es así que en algunas han dejado de ejercer recursos para el combate a la inseguridad.

La coordinación entre municipios, estados y federación debe ser una realidad. ¿Cómo abonará y cómo se implementará por parte del gobierno federal esta coordinación?

Señor secretario, hay diputados en este recinto que renuncian a dar un mejor futuro para México. Hay diputados que buscan renuncias para esconder su incapacidad de dialogar. Hay diputados que dicen salvar a México y renuncian a su principal obligación, que es la de legislar. Por eso, las diputadas y los diputados de Acción Nacional le pedimos no dar un paso atrás en la consolidación y el fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano.

Por sus respuestas, de antemano, señor secretario, muchas gracias.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el señorsecretario de Gobernación, licenciado Juan Camilo Mouriño Terrazo.

El secretario Juan Camilo Mouriño Terrazo: Gracias, diputado presidente.

Gracias, diputado, por su intervención, por su respaldo y apoyo. En primer lugar, respecto al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que como bien comenta, existe precedente de algunos acuerdos que tenían ---sin duda--- el mismo objetivo, pero que tienen diferencias fundamentales que me gustaría destacar, que básicamente son tres.

Primero, quiénes suscriben el acuerdo. Como nunca en México, este acuerdo lo firman los tres Poderes de la Unión, lo firman los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil organizada, sindicatos y medios de comunicación, es decir, el alcance, la fuerza de los signantes, es mucho más amplia que cualquier acuerdo que se haya signado en el pasado.

En segundo lugar, y a diferencia de otros acuerdos, en éste existen compromisos concretos: 74 con 100 acciones específicas. Y en cada uno de ellos existe un plazo y existe un responsable. Y ello tampoco tiene precedente en los acuerdos previamente signados.

Y en tercer lugar, incorpora un elemento imprescindible en la lucha contra la delincuencia y recoge lo que es el México actual: es el elemento de la participación ciudadana.

El elemento de que la vigilancia del cumplimiento del mismo y de la observancia de la eficacia de las instituciones de seguridad pública, en el cumplimiento del acuerdo y en el cumplimiento de su tarea, estará ahora en manos de organizaciones y de organismos de la sociedad civil. Que sin duda esto ayudará a que se cumplan y a que demos todos resultados.

Respecto a las garantías de que todos cumplamos lo que el acuerdo establece y de que sean también las entidades federativas las que avancen al mismo ritmo y con el mismo objetivo, me parece que hay dos temas fundamentales que destacar.

En primer lugar, el propio contenido del acuerdo, que tiene compromisos concretos, específicos para las entidades federativas.

Y en segundo, la discusión de las leyes segundarias, que se habrán de discutir en esta soberanía. Las leyes secundarias en justicia y particularmente las leyes en materia de coordinación de seguridad pública. Porque esto hará que quede, ya en ley, la obligación de todos de ir al mismo ritmo, de cerrar los huecos, de cerrar los desequilibrios. Y tapar, con ello, la posibilidad de que sean ocupados los delincuentes.

Ésta es la garantía que tendremos del cumplimiento del acuerdo, y del cumplimiento y la buena coordinación entre todas las entidades federativas entre la propia federación. Pero aprovecho esta última intervención y concluyo agradeciendo la oportunidad de comparecer ante esta soberanía.

Me parece también oportuno aprovechar para decirle, señor diputado, que coincidimos. Que no habremos de dar un paso atrás, porque esa es la exigencia de la sociedad. Porque tenemos sí un reto y un desafío, pero que se convierte al mismo tiempo en una oportunidad para ponernos de acuerdo en los temas relevantes para el país. Y la ciudadanía nos exige hacer a un lado las cuestiones ideológicas y partidistas, y formar un solo frente en común y en unidad, y cerrarle el espacio a la delincuencia y a la criminalidad.

Asimismo, en la oportunidad para vencer desde esta soberanía, para seguir trasformando al país y buscar los acuerdos, las coincidencias y las grandes soluciones a los temas pendientes que todavía tiene nuestro México.

En ese sentido, hay toda la disposición y voluntad del gobierno del presidente Calderón por seguir trabajando con ustedes, señoras diputadas y señores diputados, y dar solución y respuesta a las exigencias de cada familia de mexicanos. Muy buenas tardes y muchas gracias.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Muchas gracias, señor secretario. A continuación se concede el uso de la palabra al señor diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos, desde la tribuna. Y con ello desahogaremos la última ronda de posicionamientos.

El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya (desde la curul): Señor presidente, señores secretarios, el tema de justicia y de seguridad no tiene colores, ni tampoco partido. Sobre todo porque en ella va de por medio la libertad, la vida, la propiedad y la paz de todos los mexicanos, entre ellos nuestras familias.

Considero, señores secretarios, que independientemente del partido en el poder, nada haría más feliz a este pleno y a este foro de la nación que escuchar un buen informe y que en su presencia fuera aplaudida por todos nuestros compañeros.

Sin embargo, el triste panorama nacional lleno de crímenes, secuestros, asaltos, terrorismo jamás visto en número, hace imposible brindarles un aplauso. Por el contrario, es nuestro deber, como representantes del pueblo de México, decirles que en concepto de mi grupo parlamentario, del PRI, los resultados que nos presentan lamentablemente no pueden ser aprobados, y menos aún cuando de sus respuestas no se avizora un rayo de esperanza sino un ocaso y un futuro triste y desalentador.

Se agrega a este panorama dantesco que vive el pueblo de México en materia de ingobernabilidad, injusticia e inseguridad, la falta de oficio y respeto a la legalidad de parte de instancias del Ejecutivo. Por ello resulta imposible para ustedes contestar con certeza las preguntas que se les han formulado, y en consecuencia, en representación de mi grupo parlamentario expreso, en primer término al señor procurador, que no quedó completa la respuesta al diputado César Camacho en lo referente a la designación del secretario técnico para el seguimiento de la reforma constitucional.

El reclamo no fue por falta de cortesía, sino por falta de legalidad en la designación de la cual el señor presidente no tenía facultades, y de no ser así, señor procurador, basta mostrar si usted tiene la disposición, que así lo justifique. Por eso no podemos menos que denunciar esta ilegalidad que reprobamos.

Por otra parte, señor procurador, y lo digo con todo respeto porque los he acompañado, he convivido con ustedes en los temas de seguridad, pero no puedo dejar de señalar todos los problemas que está viviendo nuestro país y decirle a usted que efectivamente yo he visto que tiene agallas y que tiene valentía y también la gente que colabora con usted, pero también se necesitan agallas y responsabilidad para reconocer la corrupción de policías, de agentes del Ministerio Público, que lejos de defender al pueblo de México muchas veces se coluden con la delincuencia, y no podemos confiar ya en ellos.

Señor procurador, se requieren también agallas y valor para reconocer en lo que nos hemos equivocado, en los errores en que hemos incurrido y corregir las acciones, así como cortar a los elementos corruptos que traicionan a México y traicionan a la Procuraduría.

En cuanto al señor secretario de Gobernación, debió aclarar con más contundencia si va a llevar hasta sus últimas consecuencias las sanciones de cancelación de concesiones, multas y lo concerniente al desacato al régimen de publicidad, tomando las medidas legales que corresponden, desde ahora, conforme lo ha solicitado nuestro compañero Biebrich.

En verdad es muy corto el tiempo que nos dan para poder señalar todos los problemas que estamos viviendo, pero también quiero expresar que a Patricia Villanueva le faltaron muchas contestaciones. Señor secretario de Seguridad, ¿dónde encontró los 16 mil policías federales que dice que están cuidando a nuestro país?

Sabemos muy bien que muchas ciudades de la república ya no los quieren, quieren al Ejército porque están llenos de problemas. ¿Qué pasa con esa policía federal? Definitivamente es penoso que nuestras fuerzas militares tengan que intervenir por la falta de capacidad de estas policías.

A Gerardo Vargas también se le mencionó que en el Foseg hay subejercicios y que no se ha cumplido por parte de los municipios. Ésta es una facultad de usted, señor secretario, darle seguimiento, porque los acuerdos fueron dictados.

Yo les pregunto a los tres señores funcionarios, en esta tribuna y frente al pueblo de México, ¿cuál es el compromiso que asumen?

Señor secretario de Seguridad, usted con certeza y franqueza y amistad me dijo: ``vamos a resolver esto en dos años''. Ojalá que así fuera.

Yo quiero preguntar a los tres, ¿a qué se comprometen con el pueblo de México? ¿Cuántos años faltan para acabar con esta inseguridad?

Señor procurador, usted tiene ocho años y no hemos visto el final del túnel. Ojalá que muy pronto podamos, para gloria de todos los mexicanos, contar con ese logro y entonces sí les vamos a aplaudir a todos. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el señor diputado David Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado David Mendoza Arellano (desde la curul): Con su permiso, señor presidente.

Señores secretarios, señor procurador, realmente lamentamos que hayan eludido responder puntualmente las preguntas que fueron formuladas por los compañeros de mi grupo parlamentario.

Sólo se puede hablar de gobernabilidad cuando las instituciones del gobierno actúan eficazmente cumpliendo sus objetivos. De lo que se trataba hoy era de conocer qué tanto han cumplido ustedes su responsabilidad, y voy a lo siguiente: la Secretaría de Gobernación tiene la responsabilidad de mantener, entre otras, la paz social en el país. La pregunta de los mexicanos es: ¿estamos gozando de paz social?

La Secretaría de Seguridad Pública debe preservar la libertad, el orden, la paz pública, salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, además de prevenir la comisión de delitos. La pregunta es: ¿los mexicanos nos sentimos seguros, sentimos que nuestro patrimonio y nuestra integridad, y la de nuestras familias y de nuestros hijos, se está realmente salvaguardando? Desde luego que la respuesta es ``no''. Ahí están las percepciones de la sociedad expresadas en los indicadores de opinión pública.

En la PGR nos encargaremos de los datos. El análisis del informe que ha entregado el Ejecutivo federal en materia de seguridad nos muestra claramente por qué se han incrementado los secuestros, el narcotráfico, el lavado de dinero. Y por qué las bandas del crimen organizado se han fortalecido y han incrementado su capacidad de operación. Se los quiero decir con sus propios datos.

Señor secretario de Gobernación, en el Programa Sectorial de Gobernación ustedes reconocen que México alcanzó en 2007 sólo 30.3 por ciento en estabilidad política y ausencia de violencia; es decir, en política interior estamos en 30 por ciento.

En avance de cultura y gobernabilidad democrática ustedes reconocen que estamos a la mitad del camino; es decir, en 2007 alcanzamos 51 por ciento y en 2008 52 por ciento.

El señor procurador ha reconocido que en México se lava dinero en alrededor de 10 mil millones de dólares. Hoy ha declarado ante esta asamblea que su capacidad de incautar es de 80 millones de dólares; es decir, menos de 1 por ciento, por lo que la PGR es 99 por ciento ineficiente en atacar la red financiera de la delincuencia organizada. Si esa es nuestra capacidad, ¿cómo pensamos que la delincuencia va a disminuir, si queda intacta su red financiera?

En este mismo rubro, informan ustedes que de 203 averiguaciones previas que se han abierto por este delito, sólo se han obtenido 4 sentencias condenatorias. La pregunta es si eso al señor procurador le deja satisfecho.

En erradicación de cultivos ilícitos se ha presentado una baja considerable. En el presente sexenio, de 2006 a 2008, pasó de 47 mil 51 hectáreas a 14 mil 678. Eso es lo que ha disminuido, según los datos que ustedes nos han proporcionado.

El sistema penitenciario, cuyo objeto principal es la readaptación social, es de todos conocido que en realidad se ha convertido en una escuela de la delincuencia y centro de operación de grupos delictivos. Y cómo no, si el Segundo Informe de Gobierno refleja que de una población total de 218 mil 30 internos, sólo se reincorporaron a la sociedad ---según los datos--- 19 personas en 2007 y 12 en lo que va del presente año.

Pero además, si nos fuéramos a lo que debieran estar haciendo, que es proporcionar educación y trabajo en los penales, en capacitación de educación básica y nivel medio superior, así como para el trabajo, sólo se inscribieron en 2007, 3 mil 201 internos de los 218 mil. Este año subió un poquito, a 3 mil 362 reclusos. Es decir, poco menos de 2 por ciento. Por lo cual es obvio que la readaptación social no existe o prácticamente es nula.

¿Cómo se ha de abatir la corrupción y la impunidad si por cada 100 averiguaciones previas sólo se dictaron 12 sentencias condenatorias en 2007 y 9 en 2008; o sea, 9 por cada 100.

O bien, ¿cómo se habla de controlar y sancionar prácticas corruptas si se ha inhabilitado solamente a 9.4 de funcionarios y se ha destituido solamente a 3.8, cuando se han presentado denuncias? Quiere decir que todo lo demás ha sido denunciado, pero ha sido perdonado.

En la práctica, México no tiene una procuración pronta ni expedita en materia de justicia. Se queda sólo en un eslogan. Tenemos un promedio mensual de denuncias del ámbito federal de 11 mil 410 casos, que por cierto, señor procurador, esta cifra prácticamente ya alcanzó a la registrada en 2007 donde por cada 100 de esas denuncias sólo se consignó a 0.3 por ciento y se obtuvieron sentencias a sólo 9 personas.

Otro dato que es importante: ¿cómo quieren que la ciudadanía tenga confianza en el Ministerio Público si el tiempo para integrar una averiguación previa, en promedio, según lo reportado en el Segundo Informe de Gobierno, es de 216 días; es decir, más de 3 meses de ventaja para los delincuentes.

Los problemas que enfrentan las dependencias a su cargo no se van a resolver con incrementos al presupuesto en el área de Comunicación Social. Tampoco con campañas espectaculares de imagen y de medios.

Los nulos resultados reflejados en el Segundo Informe de Gobierno exigen de ustedes mayores resultados, y si bien no es tiempo de repartir culpas, también es cierto que se deben asumir responsabilidades.

Y voy a lo que ha dicho, para cerrar, el secretario de Gobernación. Se puede la unidad siempre y cuando haya acuerdos. Por ello, nuestra visión de acuerdo nacional, señor secretario, incluye no solamente el rubro de seguridad, sino un amplio acuerdo que abarque el cambio de modelo económico y el respeto a las garantías individuales.

El PRD propone modificar la estrategia del combate a la delincuencia. En días pasados aquí hemos presentado un conjunto de iniciativas al respecto.

Coincidimos en que se deben asignar mayores recursos al combate a la delincuencia, pero éstos deben ser orientados al perfil, a la profesionalización de los cuerpos policiacos, a su certificación y a la coordinación en las instituciones para hacer más eficientes el sistema de información y el combate directo a los grupos delictivos.

El exhorto que la sociedad le ha hecho al gobierno mediante esa gran movilización y después de las palabras dichas en la reunión del Acuerdo Nacional por la Seguridad, lo hacemos nuestro. Si en el corto plazo no se obtienen resultados que reviertan las cifras de este informe de gobierno, los titulares de las secretarías y de la Procuraduría, pensamos nosotros, por ética, deberían renunciar para permitir que una nueva estrategia en la materia restituyera la confianza de la sociedad en las instituciones. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, diputado. Por último, para cerrar con la ronda de posicionamientos, se concede el uso de la palabra al diputado Cristián Castaño Contreras, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado Cristián Castaño Contreras : C on el permiso de la Presidencia.

Señoras legisladoras y señores legisladores, hemos dado inicio a un procedimiento constitucional que seguramente se abundará en los siguientes días, para satisfacer todas las inquietudes, dudas y observaciones que tengan los integrantes de este órgano camaral.

Señores secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública, señor procurador de la República, ha quedado evidente, por lo que está pasando a lo largo y ancho del país, que la política de seguridad pública y de seguridad nacional ha pasado a ser una prioridad para el Estado mexicano y para la sociedad entera.

El reto implica unidad de propósito de todos los actores políticos y sociales en tiempos en que la familia mexicana está siendo atacada sin cuartel por las drogas, el secuestro, el homicidio, el robo y tantos ilícitos que sin escrúpulos están perpetrando las bandas del crimen organizado y la delincuencia.

Los legisladores de Acción Nacional decimos que es inadmisible que haya voces que pretendan lucrar políticamente con esta crisis de seguridad que sufre nuestro país.

Nadie tiene derecho de buscar miserablemente un voto con la sangre de nuestros muertos. Nadie tiene derecho a tomar como bandera política el justo reclamo y profundo dolor de un padre ante la pérdida de su hijo a manos de criminales. No se nos olvide que su proclama también nos señala y exige de manera implacable.

Si los integrantes de esta Cámara y del Congreso General de la República no pueden cumplir su misión constitucional de preservar el estado de derecho en el país, entonces, a dejar el puesto y la responsabilidad no cumplida. Responsabilidad que también somete a cada gobernador de cada entidad de la república, a cada alcalde del país. Nadie puede eximir su parte de responsabilidad para ejecutar y coordinar una política de Estado en materia de seguridad interior.

Significa la obligación de exigir a los 21 mil policías federales y a los casi 360 mil policías estatales y municipales que, como patriotas, cumplan su responsabilidad legal, civil y política de proteger a cada niño y a cada niña, futuro de la patria; a la juventud esperanzadora; a la madre de familia, que con miedo sale todos los días a llevar a sus hijos a la escuela; a los padres, hoy temerosos por la impunidad; a nuestros abuelos, tantas veces vulnerables.

La sociedad mexicana está reclamando a todos, sin excepción. Más cuando de antemano sabemos que el crimen organizado y la delincuencia se ostentan como daltónicas, pues no distingue colores políticos ni ideologías.

La misión de México requiere la voluntad, sin duda, de todas las expresiones políticas, de todos los poderes públicos y de los tres niveles de gobierno.

Vimos con furia e indignación cómo individuos que no tienen derecho a ostentarse como mexicanos fueron capaces de atentar con instrumentos terroristas, asesinar y herir a decenas de compatriotas en una tierra gobernada en sus tres niveles de autoridad, con la mayor pluralidad política expresada en nuestro país. ¿A cuál de ellos, señores, quieren señalar con dedo flamígero?

Nos queda claro que si no existe unidad de propósito y voluntad de acuerdo entre las fuerzas políticas en todos los niveles de gobierno, el reto de enfrentar a los enemigos de México será infructuoso.

Como infructuoso, engañoso y trágico es para nosotros que en la culminación de nuestro proceso democrático haya voces que susurran a diestra y siniestra que lo mejor para México es regresar al pasado, al autoritarismo denigrante, al voluntarismo presidencialista, para engendrar de nueva cuenta lo más perverso del poder político, con el pretexto de darle una condicionada paz a México.

Ya vivimos esa historia. Historias del pasado donde además, que no se nos olvide, desde los pasillos del poder y en los túneles oscuros de la autoridad se negociaba y se pactaba con el crimen y sus secuaces.

Irónico y profundamente incongruente es que haya voces aquí, y afuera, que con el verbo encendido y violento exijan a las instituciones del Estado mexicano cumplir a cabalidad su encomienda constitucional, cuando al mismo tiempo han mandado a esas instituciones a las que exigen literalmente al diablo. Y cuando a la Constitución y a las leyes que nos rigen las han pretendido tirar al basurero de la historia.

Para nosotros, señores secretarios y procurador general de la República, no hay duda de que es un reto sin precedente el del Estado mexicano el que hoy enfrenta, especialmente para la protección de nuestras familias. Pero nosotros no le apostamos a la regresión autoritaria ni a la negociación pestilente con quien se pretende apoderar de México por medio del delito, ni le apostamos a la destrucción de las instituciones de la nación.

Nosotros le apostamos y apoyamos todo lo que haga el gobierno de México para la edificación plena del estado de derecho. Deseamos instituciones fortalecidas en la ley y suficientemente efectivas en la construcción de políticas de Estado en materia de seguridad. ---Termino, señor presidente.

Seguiremos, como hasta ahora, refrendando nuestro apoyo al presidente de la república, sin regatear ningún esfuerzo en lo que concierne a enfrentar este cáncer que ya ha envenenado a parte de nuestra patria y que valientemente se le está enfrentando. Como lo hicimos respaldando las reformas de seguridad y de justicia discutidas en la Cámara de Diputados. Y, en consecuencia, así lo haremos también en materia presupuestal para darle al Estado lo necesario para cumplir su misión.

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional no buscará votos miserablemente lucrando con el dolor de México. Buscará regresarle a la patria la frase que se erigió como esencia de nuestra historia: ``La patria es primero''. Y lo haremos con todo mexicano, con todo demócrata, con todo ciudadano que quiera devolverle a México su rostro de nación con esperanza.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, diputado.

Este ejercicio inédito habrá de servir, sin duda, a los miembros del Congreso, de esta soberanía para las distintas responsabilidades que habremos de tomar en los días por venir.

Por más de 6 horas ha habido más de 72 intervenciones; 38 han sido de diputados y 34 de los funcionarios que hoy han atendido el llamado de esta soberanía. Este ejercicio republicano fortalece al Poder Legislativo y construye mejores puentes de diálogo y de entendimiento entre los Poderes de la Unión.

De conformidad con lo que establece el artículo 7o., numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al titular del Poder Ejecutivo federal.

Se pide a la comisión encargada de acompañar a los ciudadanos Juan Camilo Mouriño Terrazo, secretario de Gobernación; Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública; y Eduardo Medina Mora Icaza, procurador general de la República, que lo hagan cuando ellos decidan abandonar el recinto.

Continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a leer el orden del día de la próxima sesión.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Jueves 25 de septiembre de 2008.

Sesión solemne para develar la inscripción con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda ``A los Constituyentes de 1857''.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica que con motivo del 243 aniversario del natalicio del generalísimo José María Morelos y Pavón, tendrá lugar el 30 de septiembre a las 10:00 horas.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez (a las 17:43 horas): Se levanta la sesión y se cita a la sesión solemne que tendrá lugar el próximo jueves 25 de septiembre, a las 11:00 horas, para develar la inscripción con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados de la leyenda ``A los Constituyentes de 1857''. Y al terminar, a sesión ordinaria. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9: 30 horas.

--------------- O ---------------

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 6 horas 19 minutos.
• Quórum a la apertura de sesión: 275 diputados.
• Asistencia al cierre de registro: 426 diputados.
• Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado: 1.
• Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1.
• Toma de protesta de los ciudadanos Juan Camilo Mouriño Terrazo,secretario de Gobernación; Genaro García Luna,secretario de Seguridad Pública; y Eduardo Medina-Mora Icaza, procurador general de la República, de decir verdad durante su comparecencia ante el pleno.
Oradores que participaron durante la sesión: 85PAN-10, PRD-10, PRI-12, Convergencia-5, PVEM-5, PT-3, Nueva Alianza-3, Alternativa-2, Juan Camilo Mouriño Terrazo, secretario de Gobernación-13, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública-11, Eduardo Medina-Mora Icaza, procurador general de la República-11.
• Se recibió:
• 1 comunicación de la Mesa Directiva, en relación con dictámenes negativos con los que se desechan proposiciones de puntos de acuerdo;
• 2 oficios de la Asamblea Legislativa delDistrito Federal, con los que remite acuerdos relativos al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009;
• 1 oficio del Congreso del estado de Colima, con el que remite acuerdo relativo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009;
• 2 oficios de la Junta de Coordinación Política, con los que comunica cambios en la integración de las Comisiones Especial de la defensa de los derechos sociales de acceso al agua y la protección de ambientes acuáticos; de Desarrollo Metropolitano; de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; de Comunicaciones; de Desarrollo Social; Especial del Café; de Justicia; de Defensa Nacional; de la Función Pública; de Seguridad Pública; Especial de prospectiva para la definición del futuro de México; de Ciencia y Tecnología; de Fomento Cooperativo y Economía Social; de Atención a Grupos Vulnerables; Bicamaral del Sistema de Bibliotecas; de Turismo; de Agricultura y Ganadería; Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur sureste de México; de Derechos Humanos; Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación; del Comité de Competitividad; Especial de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago; Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión; de Participación Ciudadana; de Marina; de Presupuesto y Cuenta Pública; y de Hacienda y Crédito Público;
• 1 comunicación del ciudadano Tomás López Alonso, con la que solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración de la Cruz Oficial de la Orden de Isabel la Católica, que le otorga el Reino de España;
• 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que informa que la Administración General de Aduanasno asignó mercancías provenientes de comercio exterior en el mes de agosto de 2008, únicamente dieron destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquella que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes;
• 1 iniciativa de senador del PAN;
• 2 oficios de la Cámara de Senadorescon los que remite acuerdos relativos al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009.
• Dictámenes aprobados:
• 1 de la Comisión del, con el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al jefe del Gobierno delDistrito Federal, licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubón, a aceptar y cumplimentar la recomendación 16/2006 emitida por la Comisión de Derechos Humanos delDistrito Federal, relativa al plantón en el corredor Reforma-Centro Histórico;
• 1 de la Comisión del, con el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que esta soberanía exhorta al Gobierno delDistrito Federala instaurar con la mayor brevedad las partidas destinadas al mejoramiento y mantenimiento urbano y seguridad pública en las zonas aledañas a la Cámara de Diputados, establecidas en el Presupuesto de Egresos delDistrito Federalpara el Ejercicio Fiscal de 2007. Por encontrarse sin materia;
• 1 de la Comisión del, con el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar al jefe del Gobierno delDistrito Federala iniciar las acciones necesarias para regularizar la problemática que enfrenta el ejido Poblado Xochimilco;
• 1 de la Comisión de Salud, con el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo de Chihuahua, para implantar de manera oportuna acciones tendentes a garantizar a los habitantes del estado, el acceso equitativo y urgente a los programas de salud relativos a la atención, prevención y terminación del tratamiento de la tuberculosis con miras a erradicarla;
• 1 de la Comisión de Salud, con el que se desecha la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacióny a la Secretaría de Saluda llevar a cabo medidas de seguridad en rastros, carnicerías y tiendas de autoservicio para realizar monitoreos permanentes y expedir certificados de explotaciones pecuarias libres de clembuterol;
• 1 de la Comisión de Salud, con el que se desecha la proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Salud, y a la Comisión Nacional del Agua, a investigar los altos índices de contaminación con arsénico en el agua potab1e de la región de los Altos de Jalisco;
• 1 de la Comisión de Salud, con el que se desecha proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Salud, a revisar la Norma Oficial Mexicana NOM-072-SSAl-1993, a fin de incluir como requisito de las etiquetas de medicamentos su denominación, distintiva y genérica, en sistema braille;
• 1 de la Comisión de Salud, con el que se desecha la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, al gobierno de Coahuila y al ayuntamiento de Torreón a reubicar a las familias que viven en las colonias aledañas a la compañía Met-Mex Peñoles, pues se consideran inhabitables por ser zonas de alto riesgo;
• 1 de la Comisión de Salud, con el que se desecha la proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Saluda expedir una norma oficial mexicana que establezca los lineamientos a seguir para prevenir, tratar y controlar las enfermedades mentales.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

•
Aguilar Jiménez, Rubén (PT).
•
Alavez Ruiz, Aleida (PRD).
•
Amador Leal, Narcizo Alberto (PRI).
•
Arellano Pulido, Miguel Ángel (PRD).
•
Arvizu Rivas, Aída Marina (Alternativa).
•
Ávila Mayo, Obdulio (PAN).
•
Batres Guadarrama, Valentina Valia (PRD) .
•
Biebrich Torres, Carlos Armando (PRI).
•
Camacho Quiroz, César Octavio (PRI).
•
Cárdenas Fonseca, Manuel (Nueva Alianza).
•
Cárdenas Márquez, Elías (Convergencia).
•
Castaño Contreras, Cristián (PAN).
•
Chaurand Arzate, Carlos (PRI).
•
Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe (Alternativa).
•
Cruz Santiago, Claudia Lilia (PRD).
•
De León Tello, Jesús (PAN).
•
Del Río Virgen, José Manuel (Convergencia).
•
Díaz Garibay, Felipe (PAN).
•
Duarte Jáquez, César Horacio (PRI).
•
Elizondo Garrido, Francisco (PVEM).
•
Esteva Salinas, Alberto (Convergencia).
•
Garay Ulloa, Silvano (PT).
• García Luna, Genaro (Secretario de Seguridad Pública) .
•
Gómez Pasillas, Jacinto (Nueva Alianza).
• Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles (PAN).
•
Larios Córdova, Héctor (PAN).
•
Lezama Aradillas, René (PAN).
•
López Adame, Antonio Xavier (PVEM).
•
López Reyna, Omeheira (PAN).
•
Luna Rodríguez, Silvia (Nueva Alianza).
•
Maciel Ortiz, María Mercedes (PT).
•
Márquez Madrid, Camerino Eleazar (PRD).
•
Martínez Valero, Dora Alicia (PAN).
• Medina-Mora Icaza, Eduardo (Procurador General de la República).
•
Mendoza Arellano, David (PRD).
• Mouriño Terrazo, Juan Camilo (Secretario de Gobernación).
• Portilla Diéguez, Manuel (PVEM).
•
Reyna García, José Jesús (PRI).
•
Ríos Camarena, Alfredo Adolfo (PRI).
•
Rivera Bedoya, Juan Francisco (PRI).
•
Rodríguez Prats, Juan José (PAN).
•
Salgado Amador, Manuel Salvador (PVEM).
•
Sansores San Román, Layda Elena (Convergencia).
•
Santos Arreola, Francisco Javier (PRD).
•
Vargas Landeros, Gerardo Octavio (PRI).
•
Velasco Rodríguez, Verónica (PVEM).
•
Villanueva Abraján, Patricia (PRI).
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 106
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 74
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 128
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 126
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 96
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 72
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 69, 70, 86
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 87
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 75
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 108
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 77
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 134
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 89
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 83
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 70, 71, 72, 99
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 130
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 103
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 125
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 69, 72
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 79
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 116
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 94
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 85, 91, 94, 96, 101, 102, 105, 112, 113, 118, 123
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 95
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 84
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 71
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 111
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 92
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 119
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 82
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 80
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 113
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 98
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 76, 84, 93, 98, 104, 107, 110, 121, 126, 127, 129
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 133
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 73, 74, 78, 79, 81, 82, 88, 89, 97, 115, 117, 119, 131
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 71
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 114
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 70, 71
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 132
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 70
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 118
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 90
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 120
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 122
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 105
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Interior: 101

ASISTENCIA


DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 2, NUMERAL 2, INCISO C, DEL REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS, SE PUBLICA LA SIGUIENTE LISTA DE ASISTENCIA DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS


SECRETARÍA GENERAL


GRUPO PARLAMENTARIO	ASISTENCIA	ASISTENCIA POR CÉDULA	ASISTENCIA COMISIÓN OFICIAL	PERMISO MESA DIRECTIVA	INASISTENCIA JUSTIFICADA	INASISTENCIAS	TOTAL
ALT	177	7	8	2	0	13	207
PRD	106	7	4	3	0	7	127
PRI	92	4	2	5	0	3	106
CONV	17	1	0	0	0	0	18
PVEM	14	1	1	0	0	1	17
PT	7	1	0	2	0	1	11
NA	8	1	0	0	0	0	9
ALT	5	0	0	0	0	0	5
TOTAL	426	22	15	12	0	25	25

Nota: Las diferencias que existen entre las listas de asistencias y el número de votos puede variar conforme a los diputados presentes al momento de la votación.

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SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino	INASISTENCIA
2 Aguilar López José Alejandro	ASISTENCIA
3 Alcalde Virgen Moisés	ASISTENCIA
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges	ASISTENCIA
5 Álvarez Bernal María Elena	ASISTENCIA
6 Amezola Fonceca Gerardo	ASISTENCIA
7 Antuña Batista Fidel	ASISTENCIA
8 Aranda Orozco Gerardo	ASISTENCIA
9 Arellano Arellano Joel	ASISTENCIA
10 Arenas Guzmán Margarita	ASISTENCIA
11 Arizméndi Uribe Efraín	ASISTENCIA
12 Armendáriz García Pedro	ASISTENCIA
13 Arredondo Ibarra Salvador	ASISTENCIA
14 Arredondo Velázquez Jesús	OFICIAL COMISIÓN
15 Ávila Mayo Obdulio	ASISTENCIA
16 Barradas Miravete Gregorio	ASISTENCIA
17 Barrios Rodríguez Juan Enrique	ASISTENCIA
18 Bello Pérez Alfonso Othón	ASISTENCIA
19 Berber Martínez Antonio	OFICIAL COMISIÓN
20 Bermúdez Viramontes Andrés	INASISTENCIA
21 Bolaños Aguilar Edmundo Javier	CÉDULA
22 Borrego Estrada Felipe	ASISTENCIA
23 Bracho González Carlos Augusto	ASISTENCIA
24 Buganza Salmerón Gerardo	ASISTENCIA
25 Campos Galván María Eugenia	ASISTENCIA
26 Carbajal Méndez Liliana	ASISTENCIA
27 Cárdenas Sánchez Esmeralda	ASISTENCIA
28 Cardona Benavidez Alma Xóchil	ASISTENCIA
29 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto	ASISTENCIA
30 Castaño Contreras Cristián	ASISTENCIA
31 Castro De la Rosa Osiel	ASISTENCIA
32 Castro Muñoz Juan de Dios	ASISTENCIA
33 Ceja Romero Ramón	ASISTENCIA
34 Collado Lara Beatriz	ASISTENCIA
35 Contreras Coeto José Luis	ASISTENCIA
36 Corral Aguilar María Mercedes	ASISTENCIA
37 Cuen Garibi Marcela	ASISTENCIA
38 Curiel Preciado Leobardo	ASISTENCIA
39 Chávez García Daniel	ASISTENCIA
40 Dávila Fernández Adriana	ASISTENCIA
41 Dávila García Francisco	ASISTENCIA
42 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	ASISTENCIA
43 De la Torre Sánchez José	ASISTENCIA
44 De León Tello Jesús	ASISTENCIA
45 Degante Romero Silvia Emilia	ASISTENCIA
46 Del Toro del Villar Tomás	ASISTENCIA
47 Del Valle Toca Antonio	ASISTENCIA
48 Del Villar Sosa Sonia Leslie	ASISTENCIA
49 Delgado Oscoy Alejandro Enrique	ASISTENCIA
50 Denegre Vaught Ramírez Rosaura Virginia	ASISTENCIA
51 Deschamps Falcón Ángel Rafael	ASISTENCIA
52 Díaz García José Antonio	ASISTENCIA
53 Díaz Garibay Felipe	ASISTENCIA
54 Díaz Gordillo Martha Cecilia	ASISTENCIA
55 Díaz Mena Joaquín Jesús	ASISTENCIA
56 Díaz de León Torres Leticia	ASISTENCIA
57 Domínguez Servién Francisco	ASISTENCIA
58 Duck Núñez Edgar Mauricio	ASISTENCIA
59 Enríquez Flores Armando	ASISTENCIA
60 Escaroz Soler Gerardo Antonio	ASISTENCIA
61 Escobar Jardinez Adolfo	PERMISO MESA DIRECTIVA
62 Espinosa Piña José Luis	ASISTENCIA
63 Félix Holguín Armando Jesús	ASISTENCIA
64 Felton González Carlos Eduardo	ASISTENCIA
65 Fernández Cabrera Adrián	ASISTENCIA
66 Fernández Ugarte Ma. del Carmen	ASISTENCIA
67 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro	OFICIAL COMISIÓN
68 Flores Grande Arturo	ASISTENCIA
69 Flores Morfín Jesús Vicente	ASISTENCIA
70 Fraile García Francisco Antonio	ASISTENCIA
71 Franco Cazarez Ricardo	ASISTENCIA
72 Fuentes Ortíz José Guillermo	ASISTENCIA
73 García González Carlos Alberto	CÉDULA
74 García Müller Martha Margarita	ASISTENCIA
75 García Reyes Ángel Humberto	ASISTENCIA
76 García Reyes Beatriz Eugenia	ASISTENCIA
77 García Vivián Raúl	ASISTENCIA
78 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes	INASISTENCIA
79 Gómez Leyva Silvio	ASISTENCIA
80 González Betancourt Jorge Justiniano	OFICIAL COMISIÓN
81 González Martínez María Gabriela	ASISTENCIA
82 González Morán Martín Oscar	ASISTENCIA
83 González Roaro Benjamín Ernesto	ASISTENCIA
84 González Ruiz Felipe	ASISTENCIA
85 González Sánchez Ma. Dolores	INASISTENCIA
86Gudiño Ortíz Francisco Javier	OFICIAL COMISIÓN
87 Guerrero Torres José Gildardo	ASISTENCIA
88 Gutiérez Aguilar Miguel Ángel	ASISTENCIA
89 Gutiérrez Lagunes María Victoria	ASISTENCIA
90 Hernández Núñez Elia	ASISTENCIA
91 Hurtado Pérez Nelly Asunción	INASISTENCIA
92 Iragorri Durán Enrique	ASISTENCIA
93 Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles	ASISTENCIA
94 Jiménez Ramos María Esther	ASISTENCIA
95 Joaquín Coldwell Addy Cecilia	ASISTENCIA
96 Lagunes Viveros Violeta del Pilar	ASISTENCIA
97 Landero Gutiérrez Alejandro	ASISTENCIA
98 Landeros González Ramón	ASISTENCIA
99 Lara Compeán David	ASISTENCIA
100 Larios Córdova Héctor	ASISTENCIA
101 Laviada Hernández Iñigo Antonio	ASISTENCIA
102 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio	ASISTENCIA
103 Leura González Agustín	ASISTENCIA
104 Lezama Aradillas René	ASISTENCIA
105 Limas Frescas María Soledad	ASISTENCIA
106 Lizaola de la Torre Alonso Manuel	ASISTENCIA
107 López Cisneros José Martín	ASISTENCIA
108 López Reyna Omeheira	ASISTENCIA
109 López Silva Rubí Laura	ASISTENCIA
110 Lujano Nicolás Christian Martín	ASISTENCIA
111 Maawad Robert Luis Xavier	ASISTENCIA
112 Macías Zambrano Gustavo	ASISTENCIA
113 Madrazo Limón Carlos	ASISTENCIA
114 Magallón Arceo Leonardo Melesio de J.	ASISTENCIA
115 Malagón Ríos Martín	INASISTENCIA
116 Maldonado González David	CÉDULA
117 Manuell-Gómez Angulo Dolores De María	ASISTENCIA
118 Martínez Valero Dora Alicia	ASISTENCIA
119 Medellín Varela Antonio	ASISTENCIA
120 Medina Macias Alma Hilda	ASISTENCIA
121 Medina Rodríguez Delber	ASISTENCIA
122 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia	ASISTENCIA
123 Mejía García Luis Alonso	ASISTENCIA
124 Méndez Meneses Apolonio	ASISTENCIA
125 Mendoza Morales Lucía Susana	ASISTENCIA
126 Mohamar Dainitin Oscar Miguel	ASISTENCIA
127 Mollinedo Hernández Agustín	ASISTENCIA
128 Monraz Ibarra Miguel Ángel	ASISTENCIA
129 Montes Sánchez Fabián Fernando	CÉDULA
130 Montiel Luis Lariza	ASISTENCIA
131 Mora Cuevas Marisol	ASISTENCIA
132 Morales Ramos José Nicolás	ASISTENCIA
133 Moreno Álvarez Mario Eduardo	CÉDULA
134 Morgan Franco Rocío del Carmen	ASISTENCIA
135 Muñoz Serrano José Antonio	ASISTENCIA
136 Murillo Flores Francisco Javier	ASISTENCIA
137 Murillo Torres José Luis	ASISTENCIA
138 Navarro Sugich Carlos Alberto	INASISTENCIA
139 Nordhausen González Jorge Rubén	INASISTENCIA
140 Noriega Blanco Vigil María Nieves	ASISTENCIA
141 Ochoa López Nabor	ASISTENCIA
142 Olvera Higuera Edgar Armando	ASISTENCIA
143 Orozco Ruiz Velazco Marco Heriberto	ASISTENCIA
144 Ortega Martínez Ma. del Pilar	ASISTENCIA
145 Ortíz Hernández Eduardo	ASISTENCIA
146 Oviedo Oviedo Ernesto	ASISTENCIA
147 Padilla Orozco Raúl Alejandro	CÉDULA
148 Palafox Núñez José Inés	INASISTENCIA
149 Paredes Rodríguez Francisco Javier	ASISTENCIA
150 Parra Jiménez Dolores María del Carmen	ASISTENCIA
151 Parra Noriega Luis Gustavo	ASISTENCIA
152 Pérez Cuéllar Cruz	ASISTENCIA
153 Pérez de Tejada Romero Diana Carolina	ASISTENCIA
154 Peyrot Solís Marco Antonio	OFICIAL COMISIÓN
155 Plascencia Alonso Francisco Javier	ASISTENCIA
156 Priego Tapia Gerardo	ASISTENCIA
157 Pulido Pecero Pedro	ASISTENCIA
158 Quintero Bello Jorge	ASISTENCIA
159 Ramírez Barba Ector Jaime	ASISTENCIA
160 Ramírez Corral Ivette Jacqueline	ASISTENCIA
161 Ramírez Pech Edgar Martín	ASISTENCIA
162 Ramírez Villarreal Gustavo	ASISTENCIA
163 Ramos Covarrubias Héctor Manuel	ASISTENCIA
164 Reyes López Carlos Armando	ASISTENCIA
165 Rincón Vargas Mirna Cecilia	INASISTENCIA
166 Rivera Rivera José Guadalupe	ASISTENCIA
167 Rivero Rivero Rolando	ASISTENCIA
168 Rodríguez Ahumada Luis Fernando	ASISTENCIA
169 Rodríguez Jiménez Ricardo	ASISTENCIA
170 Rodríguez Prats Juan José	ASISTENCIA
171 Rodríguez Uresti Enrique	ASISTENCIA
172 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana	ASISTENCIA
173 Rojas Hernández Laura Angélica	CÉDULA
174 Román Isidoro Demetrio	ASISTENCIA
175 Romo Jiménez Martha Angélica	ASISTENCIA
176 Rubio Chávez José Ignacio Alberto	ASISTENCIA
177 Rueda Gómez Francisco	PERMISO MESA DIRECTIVA
178 Ruiz Velasco de Lira Ernesto	ASISTENCIA
179 Salas Contreras Marcos	ASISTENCIA
180 Salazar Madera Mario Alberto	ASISTENCIA
181 Salum del Palacio Jorge Alejandro	ASISTENCIA
182 Sánchez Díaz de Rivera Antonio	ASISTENCIA
183 Sánchez Domínguez Alejandro	ASISTENCIA
184 Sánchez Gil Carlos René	ASISTENCIA
185 Sánchez Juárez Claudia	ASISTENCIA
186 Sánchez Trujillo José Víctor	ASISTENCIA
187 Sandoval Munguia Juan Manuel	OFICIAL COMISIÓN
188 Serrato Castell Luis Gerardo	ASISTENCIA
189 Shej Guzmán Sara	ASISTENCIA
190 Solano Muñoz José de Jesús	ASISTENCIA
191 Stefanonni Mazzocco Martín	ASISTENCIA
192 Tamayo Herrera Yadhira Yvette	INASISTENCIA
193 Torres Gómez Artemio	INASISTENCIA
194 Torres Herrera Víctor Manuel	OFICIAL COMISIÓN
195 Torres Torres Carlos Alberto	ASISTENCIA
196 Valenzuela García María Guadalupe	INASISTENCIA
197 Valladolid Rodríguez Antonio	ASISTENCIA
198 Vasconcelos Rueda Antonio	ASISTENCIA
199 Vázquez Martínez Alberto	ASISTENCIA
200 Vega Corona Antonio	ASISTENCIA
201 Velázquez Gutiérrez José Guillermo	ASISTENCIA
202 Verástegui Ostos César Augusto	ASISTENCIA
203 Verdín Saldaña Jaime	ASISTENCIA
204 Victoria Alva Juan	ASISTENCIA
205 Vieyra Olivares Adriana Rebeca	ASISTENCIA
206 Villanueva Arjona Juan Manuel	ASISTENCIA
207 Zambrano Elizondo Javier Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 177
Asistencias por cédula: 7
Asistencias comisión oficial: 8
Permiso Mesa Directiva: 2
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 13
Total diputados: 207





PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1 Aguirre Alcaide Victor	INASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida	ASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio	ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón	PERMISO MESA DIRECTIVA
5 Alonso Flores Lourdes	ASISTENCIA
6Wilfrido Alonso Razo Humberto	ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos	ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa	CÉDULA
9 Álvarez Ramón Silbestre	PERMISO MESA DIRECTIVA
10 Amaro Corona Alberto	ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene	ASISTENCIA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel	ASISTENCIA
13 Arreola Calderón Juan Dario	ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando	ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia	ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana	ASISTENCIA
17 Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh	ASISTENCIA
18 Brito González Modesto	INASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier	ASISTENCIA
20 Cárdenas Hernández Raymundo	ASISTENCIA
21 Catarino Crispín Secundino	ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora	ASISTENCIA
23 Condado Escamilla Cuitlahuac	INASISTENCIA
24 Contreras Julián Maricela	ASISTENCIA
25 Cruz Santiago Claudia Lilia	ASISTENCIA
26 Cuevas Córdova Othón	ASISTENCIA
27 Chávez García Higinio	ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix	CÉDULA
29 De la Rosa García Juan Hugo	ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado	ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel	ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique	ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana	INASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz	ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime	ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica	ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César	ASISTENCIA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro	ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael	ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo	ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo	INASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí	ASISTENCIA
43 González Garza Javier	ASISTENCIA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio	ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis	ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene	CÉDULA
47 Hernández Hernández Sergio	ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier	ASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín	ASISTENCIA
50 Nohelia Ibarra Franquez Sonia	ASISTENCIA
51 Jacques y Medina José	ASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia	ASISTENCIA
53 Klimek Alcaráz Octavio Adolfo	ASISTENCIA
54 Landero López Pedro	ASISTENCIA
55 Lemarroy Martínez Juan Darío	PERMISO MESA DIRECTIVA
56 Leyva Piñón Ana Yurixi	ASISTENCIA
57 Lizárraga Peraza Víctor Manuel	ASISTENCIA
58 López Barriga Erick	ASISTENCIA
59 López Becerra Santiago	ASISTENCIA
60 López Rojas Alberto	ASISTENCIA
61 López Torres Ma. Soledad	ASISTENCIA
62 Lozano Lozano Andrés	ASISTENCIA
63 Luna Munguía Alma Lilia	OFICIAL COMISIÓN
64 Márquez Madrid Camerino Eleazar	ASISTENCIA
65 Márquez Tinoco Francisco	ASISTENCIA
66 Martínez Hernández Alejandro	ASISTENCIA
67 Martínez Martínez Carlos Roberto	ASISTENCIA
68 Martínez Martínez Francisco	ASISTENCIA
69 Martínez Padilla Hugo Eduardo	INASISTENCIA
70 Martínez Vargas Octavio	ASISTENCIA
71 Matías Alonso Marcos	ASISTENCIA
72 Matus Toledo Holly	ASISTENCIA
73 Mayans Canabal Fernando Enrique	ASISTENCIA
74 Mendoza Arellano David	ASISTENCIA
75 Mendoza Flores Roberto	ASISTENCIA
76 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio	ASISTENCIA
77 Mendoza Mendoza Irineo	ASISTENCIA
78 Monreal Ávila Susana	ASISTENCIA
79 Montalvo Rojas Victorio Rubén	ASISTENCIA
80 Morales Manzo Jesús Ricardo	ASISTENCIA
81 Morales Sánchez Efraín	CÉDULA
82 Morales Vázquez Carlos Orsoe	ASISTENCIA
83 Narcía Álvarez Héctor	ASISTENCIA
84 Navarro López Carlos Ernesto	ASISTENCIA
85 Navarro Quintero Miguel Ángel	ASISTENCIA
86 Ojeda Hernández Concepción	ASISTENCIA
87 Oliva Fragoso Silvia	ASISTENCIA
88 Orcí Martínez Juan Adolfo	ASISTENCIA
89 Ortega Martínez Antonio	ASISTENCIA
90 Ortiz Magallón Rosario Ignacia	OFICIAL COMISIÓN
91 Pacheco LLanes Ramón Félix	ASISTENCIA
92 Pedraza Chávez Isidro	ASISTENCIA
93 Pedrozo Castillo Adrián	CÉDULA
94 Peña Damacio Efraín	ASISTENCIA
95 Peña Sánchez Miguel Ángel	ASISTENCIA
96 Pérez Cruz Raciel	ASISTENCIA
97 Pulido Santiago Celso David	ASISTENCIA
98 Ramos Becerril Rafael Plácido	ASISTENCIA
99 Ramos Castellanos Martín	ASISTENCIA
100 Rasgado Corsi Gloria	ASISTENCIA
101 Ríos Gamboa Raúl	INASISTENCIA
102 Romero Gutiérrez Odilón	ASISTENCIA
103 Ruíz Sánchez Salvador	ASISTENCIA
104 Saavedra Coronel José Antonio	ASISTENCIA
105 Salinas Pérez Josefina	ASISTENCIA
106 San Martín Hernández Juan Manuel	CÉDULA
107 Sánchez Cabrales Rafael Elías	ASISTENCIA
108 Sánchez Camacho Alejandro	ASISTENCIA
109 Sánchez Camacho David	ASISTENCIA
110 Sánchez Ramos Francisco	ASISTENCIA
111 Sánchez Valdéz Eva Angelina	ASISTENCIA
112 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc	ASISTENCIA
113 Santos Arreola Francisco Javier	ASISTENCIA
114 Solares Chávez Miguel Ángel	ASISTENCIA
115 Soriano Sánchez Rosa Elva	CÉDULA
116 Soto Sánchez Antonio	ASISTENCIA
117 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso	OFICIAL COMISIÓN
118 Torres Baltazar María Elena	ASISTENCIA
119 Trejo Pérez Pablo	OFICIAL COMISIÓN
120 Ulloa Pérez Emilio	ASISTENCIA
121 Vallejo Estevez Mario	ASISTENCIA
122 Varela López Víctor Gabriel	ASISTENCIA
123 Villanueva Albarrán Gerardo	ASISTENCIA
124 Villicaña García Rafael	ASISTENCIA
125 Zavaleta Salgado Ruth	ASISTENCIA
126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto	ASISTENCIA
127 Zepeda Hernández Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 106
Asistencias por cédula: 7
Asistencias comisión oficial: 4
Permiso Mesa Directiva: 3
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 7
Total diputados: 127





PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico	ASISTENCIA
2 Aguilar Diego	ASISTENCIA
3 Aguilar Solís Samuel	ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas	ASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio	ASISTENCIA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo	ASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel	ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto	ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel	INASISTENCIA
10 Badillo Martínez Roberto	OFICIAL COMISIÓN
11 Barajas Del Toro Salvador	ASISTENCIA
12 Barajas López Ramón	ASISTENCIA
13 Barba Hernández Alfredo	ASISTENCIA
14 Beltrán Montes Israel	ASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique	ASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio	ASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando	ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis	ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando	ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio	ASISTENCIA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo	ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés	ASISTENCIA
23Cárdenas Del Avellano Enrique	ASISTENCIA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo	ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl	ASISTENCIA
26 Colín Guadarrama María Mercedes	ASISTENCIA
27 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías	ASISTENCIA
28 Chaurand Arzate Carlos	ASISTENCIA
29De la Garza Treviño Jorge Luis	ASISTENCIA
30 Díaz Athié Antonio de Jesús	ASISTENCIA
31 Díaz Solorzano Elmar Darinel	ASISTENCIA
32 Domínguez Domínguez Nemesio	PERMISO MESA DIRECTIVA
33 Duarte Jáquez César Horacio	ASISTENCIA
34 Escajeda Jiménez José Rubén	ASISTENCIA
35 Escalante Jasso Aracely	ASISTENCIA
36 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías	ASISTENCIA
37 Estefan Chidiac Charbel Jorge	ASISTENCIA
38 Flores Sandoval Patricio	OFICIAL COMISIÓN
39 Fuentes Téllez Octavio	ASISTENCIA
40 Gamboa Patrón Emilio	ASISTENCIA
41 Garza Garza Horacio Emigdio	ASISTENCIA
42 Gebhardt Garduza Yary del Carmen	PERMISO MESA DIRECTIVA
43 Gloria Requena Tomás	ASISTENCIA
44 Gómez Lugo Elda	ASISTENCIA
45 González Calderón Martha Hilda	ASISTENCIA
46 González Salum Miguel Ángel	CÉDULA
47 González Zarur Mariano	ASISTENCIA
48 Guerrero García Javier	ASISTENCIA
49 Guerrero Juárez Joel	ASISTENCIA
50 Herrera Ale Juana Leticia	ASISTENCIA
51 Herrera Coyac Wenceslao	ASISTENCIA
52 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando	CÉDULA
53 Lagunes Gallina Gerardo	CÉDULA
54 Lescieur Talavera Jorge Mario	ASISTENCIA
55 López Balbuena Guillermina	ASISTENCIA
56 Madrid Tovilla Arely	ASISTENCIA
57 Martínez Rocha Arturo	ASISTENCIA
58 Martínez Rodríguez Lorena	ASISTENCIA
59 Méndez Lanz Víctor Manuel	INASISTENCIA
60 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso	ASISTENCIA
61 Merodio Reza Lilia Guadalupe	ASISTENCIA
62 Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl	ASISTENCIA
63 Montalvo Gómez Pedro	PERMISO MESA DIRECTIVA
64 Morales García Elizabeth	CÉDULA
65 Mota Hernández Adolfo	ASISTENCIA
66 Muñoz Serna Rogelio	ASISTENCIA
67 Murat José	ASISTENCIA
68 Ochoa González Arnoldo	ASISTENCIA
69 Ojeda Camacho Gilberto	ASISTENCIA
70 Olivares Monterrubio Alejandro	ASISTENCIA
71 Olivares Ventura Héctor Hugo	ASISTENCIA
72 Ordaz Jiménez Ismael	ASISTENCIA
73 Orihuela Bárcenas José Ascención	ASISTENCIA
74 Orihuela Trejo José Amado	INASISTENCIA
75 Ortiz Del Carpio Víctor	ASISTENCIA
76 Ortiz Proal Mauricio	ASISTENCIA
77 Padilla Gutiérrez Héctor	ASISTENCIA
78 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz	PERMISO MESA DIRECTIVA
79 Palma César Víctor Samuel	ASISTENCIA
80 Parás González Juan Manuel	ASISTENCIA
81 Partida Guzmán Martha Rocío	ASISTENCIA
82 Patrón Montalvo Jesús Manuel	ASISTENCIA
83 Peñuelas Acuña Mayra Gisela	ASISTENCIA
84 Pérez Valdés Daniel	ASISTENCIA
85 Pinete Vargas María del Carmen	ASISTENCIA
86 Quiñones Canales Lourdes	ASISTENCIA
87 Ramírez Martínez José Edmundo	ASISTENCIA
88 Ramírez Stabros Jesús	ASISTENCIA
89 Reyna García José Jesús	ASISTENCIA
90 Ríos Camarena Alfredo Adolfo	ASISTENCIA
91 Rivera Bedoya Juan Francisco	ASISTENCIA
92 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda	ASISTENCIA
93 Rojas Gutiérrez Carlos	ASISTENCIA
94 Ruíz Chávez Sara Latife	ASISTENCIA
95 Salas López Ramón	PERMISO MESA DIRECTIVA
96 Sánchez Hernández Eduardo	ASISTENCIA
97 Sandoval Paredes Sergio	ASISTENCIA
98 Serrano Escobar Enrique	ASISTENCIA
99 Sosa Castelán Gerardo	ASISTENCIA
100 Toledo Luis Jorge	ASISTENCIA
101 Vargas Landeros Gerardo Octavio	ASISTENCIA
102 Vega Ortíz María Oralia	ASISTENCIA
103 Velasco Pérez Juan Carlos	ASISTENCIA
104 Villa Villa Isael	ASISTENCIA
105 Villanueva Abraján Patricia	ASISTENCIA
106 Zatarain González Carlos Ernesto	ASISTENCIA
Asistencias: 92
Asistencias por cédula: 4
Asistencias comisión oficial: 2
Permiso Mesa Directiva: 5
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 3
Total diputados: 106





CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan	ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis	ASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías	ASISTENCIA
4 Castellanos Hernández Félix	ASISTENCIA
5 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús	ASISTENCIA
6 Chanona Burguete Alejandro	ASISTENCIA
7 Del Río Virgen José Manuel	ASISTENCIA
8 Esteva Salinas Alberto	ASISTENCIA
9 Godoy Cárdenas Jorge	ASISTENCIA
10 López Lena Cruz Humberto	ASISTENCIA
11 Salvatori Bronca María del Carmen	ASISTENCIA
12 Samperio Montaño Juan Ignacio	CÉDULA
13 Sansores San Román Layda Elena	ASISTENCIA
14 Tagle Martínez Martha Angélica	ASISTENCIA
15 Uscanga Cruz Robinson	ASISTENCIA
16 Valdés Chávez Ramón	ASISTENCIA
17 Varela Lagunas Tomás José Luis	ASISTENCIA
18 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc	ASISTENCIA
Asistencias: 17
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 18





PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio	ASISTENCIA
2 Bellizzia Rosique Pascual	ASISTENCIA
3 Cobo Terrazas Diego	CÉDULA
4 Elizondo Garrido Francisco	ASISTENCIA
5 Estrada González Faustino Javier	INASISTENCIA
6 González Martínez Jorge Emilio	ASISTENCIA
7 Lavara Mejía Gloria	ASISTENCIA
8 López Adame Antonio Xavier	ASISTENCIA
9 Manrique Guevara Beatriz	OFICIAL COMISIÓN
10 Notholt Guerrero Alan	ASISTENCIA
11 Portilla Dieguez Manuel Salvador	ASISTENCIA
12 Puente Salas Carlos Alberto	ASISTENCIA
13 Ramírez Cerda Ana María	ASISTENCIA
14 Rodríguez Luis Alejandro	ASISTENCIA
15 Salgado Amador Manuel Salvador	ASISTENCIA
16 Sesma Suárez Jesús	ASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica	ASISTENCIA
Asistencias: 14
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 17





PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén	PERMISO MESA DIRECTIVA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo	ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo	INASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime	ASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano	ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis	ASISTENCIA
7Maciel Ortiz Ma. Mercedes	ASISTENCIA
8 Peregrino García Abundio	ASISTENCIA
9 Romero Guzmán Rosa Elia	ASISTENCIA
10 Solís Parga Rodolfo	PERMISO MESA DIRECTIVA
11 Vela González Joaquín Humberto	CÉDULA
Asistencias: 7
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 2
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 11





NUEVA ALIANZA
1 Arriola G. Mónica T.	ASISTENCIA
2 Cárdenas Fonseca Manuel	ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel	ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto	ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto	ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel	ASISTENCIA
7 Luna Becerril Blanca	ASISTENCIA
8 Luna Rodríguez Silvia	ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma	CÉDULA
Asistencias: 8
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 9





ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina	ASISTENCIA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe	ASISTENCIA
3 García Méndez Armando	ASISTENCIA
4 Hernández Valadés Delio	ASISTENCIA
5 Pedro Cortés Santiago Gustavo	ASISTENCIA
Asistencias: 5
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 5



1 Acosta Dávila Constantino 2 Bermúdez Viramontes Andrés 3 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes 4 González Sánchez Ma. Dolores 5 Hurtado Pérez Nelly Asunción 6 Malagón Ríos Martín 7 Navarro Sugich Carlos Alberto 8 Nordhausen González Jorge Rubén 9 Palafox Núñez José Inés 10 Rincón Vargas Mirna Cecilia 11 Tamayo Herrera Yadhira Yvette 12 Torres Gómez Artemio 13 Valenzuela García María Gloria Guadalupe Faltas por grupo: 13

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS



PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 Aguirre Alcaide Victor
2 Brito González Modesto
3 Condado Escamilla Cuitlahuac
4 Díaz Contreras Adriana
5 García Rodríguez Víctor Hugo
6 Martínez Padilla Hugo Eduardo
7 Ríos Gamboa Raúl
Faltas por grupo: 7





PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 Ayala Almeida Joel
2 Méndez Lanz Víctor Manuel
3 Orihuela Trejo José Amado
Faltas por grupo: 3





PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Diputado
1 Estrada González Faustino Javier
Faltas por grupo: 1





PARTIDO DEL TRABAJO
Diputado
1 Cantú Garza Ricardo
Faltas por grupo: 1