Diario de los Debates

organo oficial de la camara de diputados
del congreso de los estados unidos mexicanos
Poder Legislativo Federal, LX Legislatura
Correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio
Director General de
Crónica Parlamentaria
Gilberto Becerril Olivares
Presidente

Diputado César Duarte Jáquez
Director del
Diario de los Debates
Jesús Norberto Reyes Ayala
Año III
México, DF, miércoles 1 de abril de 2009
Sesión No. 21

SUMARIO


DICTAMENES NEGATIVOS DE PUNTOS DE ACUERDO

Comunicación de la Mesa Directiva en relación con dictámenes negativos con los que se desechan proposiciones de puntos de acuerdo de las comisiones de: .

Economía, por la que se solicita la comparecencia del titular de la Administración General de Aduanas para que informe sobre la importación de pseudoefedrina.

Educación Pública y Servicios Educativos, y de Salud, para exhortar a diversas autoridades a fin de incorporar especialistas en salud mental para la atención de niñas, niños y adolescentes que padezcan una situación de maltrato físico o mental.

Marina, y Presupuesto y Cuenta Pública, para solicitar al titular del Ejecutivo federal que asigne a la Secretaría de Marina recursos económicos extraordinarios para la adquisición de equipo bélico y se refuercen las medidas de seguridad en instalaciones estratégicas de la sonda de Campeche.

Relaciones Exteriores, relativa a la no acreditación en Cuba de corresponsales de diversos periódicos.

Turismo, por la que se solicita a la Comisión de Turismo de esta soberanía que integre una subcomisión plural para que realice un análisis y evaluación en la industria de cruceros y en la economía de los lugares donde arriban éstos.

Se instruye su publicación y el archivo de los expedientes como asuntos totalmente concluidos de los dos dictámenes discutidos.

DIPUTADA QUE SOLICITA LICENCIA

Comunicación de la diputada Layda Elena Sansores San Román con la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas por la tercera circunscripción plurinominal.

Desde sus respectivas curules, mencionan la actuación de la diputada Sansores San Román los diputados:

Alejandro Chanona Burguete.

María del Carmen Salvatori Bronca.

José Manuel del Río Virgen.

Mónica Fernández Balboa.

Se aprueba.

DIPUTADA QUE SOLICITA LICENCIA

Comunicación de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros con la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas por el IX distrito electoral del estado de Puebla. Aprobado.

DIPUTADAS SUPLENTES QUE SE INCORPORAN

El Presidente designa comisión que acompañe a las ciudadanas Olivia Verónica Utrilla Nieto y María Eugenia Patiño Sánchez, diputadas federales suplentes electas en el I y XXI distritos electorales de los estados de Morelos y de México respectivamente, en el acto de rendir su protesta de ley.

COMISIONES LEGISLATIVAS

Dos oficios de la Junta de Coordinación Política con los que comunica cambios en la integración de las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de Participación Ciudadana, de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de Presupuesto y Cuenta Pública, de Desarrollo Rural, y de Cultura. Aprobados.

Oficio de la Junta de Coordinación Política con el que comunica cambios en la integración de la Comisión Especial encargada de vigilar el correcto uso de los recursos federales, estatales y municipales en el proceso electoral federal de 2009. De enterado.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que envía el segundo informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

REUNION MEXICO - G-20

Se refieren a la participación de México en el G-20 los diputados:

Jacinto Gómez Pasillas.

María Mercedes Maciel Ortiz.

Manuel Salvador Salgado Amador.

Alejandro Chanona Burguete.

Enrique Cárdenas del Avellano.

REUNION MEXICO - G-20

Continúan sobre el tema los diputados:

Juan Nicasio Guerra Ochoa.

Susana Sarahí Carrasco Cárdenas.

DIPUTADA QUE SOLICITA LICENCIA

Comunicación de la diputada Araceli Escalante Jasso con la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas en la tercera circunscripción plurinominal. Se aprueba.

COMISIONES LEGISLATIVAS

Oficio de la Junta de Coordinación Política con el que comunica cambios en la integración de las Comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social, de la Función Pública, de Seguridad Social, de Justicia, de Gobernación, Especial para la Reforma del Estado, del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, y en el Grupo de Amistad con Montenegro. Aprobados.

PERMISO PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

Primera lectura de dos dictámenes de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto que conceden permisos a cuatro ciudadanos para prestar servicios diversas representaciones diplomáticas.

LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION

Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Radio, Televisión y Cinematografía con punto de acuerdo por el que se desecha iniciativa presentada el 17 de febrero de 2005 con proyecto de decreto que adiciona el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL - CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

Dictamen de las Comisiones Unidas de la Función Pública y de Gobernación con punto de acuerdo por el que se desecha iniciativa presentada el 18 de septiembre de 2007 con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

LEY GENERAL DE SALUD

Dictamen de la Comisión de Salud con punto de acuerdo por el que se desecha iniciativa presentada el 25 de octubre de 2007 con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 177 de la Ley General de Salud.

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS - LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA

Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Desarrollo Social con punto de acuerdo por el que se desecha iniciativa presentada el 20 de abril de 2004 con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos y un párrafo al artículo 6 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con punto de acuerdo por el que se desecha iniciativa presentada el 16 de noviembre de 2006 con proyecto de decreto que reforma el artículo 39, párrafo dos, fracción XXV, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con punto de acuerdo por el que se desecha iniciativa presentada el 20 de marzo de 2007 con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con punto de acuerdo por el que se desecha iniciativa presentada el 18 de mayo de 2007 con proyecto de decreto que reforma el artículo 39, fracción XLI, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con punto de acuerdo por el que se desechan cuatro iniciativas con proyectos de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con punto de acuerdo por el que se desecha iniciativa presentada el 25 de octubre de 2007 con proyecto de decreto que reforma el artículo 39, fracción XL, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Dictamen de la Comisión de Economía con punto de acuerdo por el que se desecha iniciativa presentada el 1o. de febrero de 2008 con proyecto de decreto que reforma el artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial.

LEY GENERAL DE EDUCACION

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con punto de acuerdo por el que se desecha minuta recibida el 30 de octubre de 2007 con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XIII y XIV al artículo 75 y III al artículo 76 de la Ley General de Educación.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con punto de acuerdo por el que se desecha minuta recibida el 9 de octubre de 2006 con proyecto de decreto que adiciona los párrafos cuatro al siete del artículo 133 y se adiciona un artículo 136 a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

LEY GENERAL DE EDUCACION

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con punto de acuerdo por el que se desecha minuta recibida el 10 de noviembre de 2005 con proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 7 y adiciona dos párrafos al artículo 2 de la Ley General de Educación.

LEY PARA LA COORDINACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con punto de acuerdo por el que se desecha minuta recibida el 5 de septiembre de 2006 con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 21 y 23 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.

Se aprueban en conjunto los anteriores 14 dictámenes; archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos. Respecto a los dos últimos dictámenes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, se instruye su remisión a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

COMISIONES LEGISLATIVAS

Oficio de la Junta de Coordinación Política con el que comunica cambios en la integración de la Comisión de Transportes. Aprobado.

PROGRAMA DE ATENCION A ADULTOS MAYORES DE 70 AÑOS Y MAS

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social con punto de acuerdo sobre la proposición presentada en la sesión del 30 de abril de 2008 por la que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a enviar a esta soberanía el padrón detallado de beneficiarios del Programa de Atención a Adultos Mayores de 70 Años y Más.

ROBO DE ENERGIA ELECTRICA Y DE PETROLEO

Dictamen de la Comisión de Justicia con punto de acuerdo relativo a la proposición presentada en la sesión del 30 de abril de 2008 para exhortar a la Procuraduría General de la República informar de las acciones emprendidas en contra del robo de energía eléctrica y de petróleo, así como sus derivados.

TRATA DE PERSONAS

Dictamen de la Comisión de Justicia con punto de acuerdo referente a la proposición presentada en la sesión del pasado 3 de marzo por la que esta soberanía respalda y suscribe la Declaración de Tabasco, signada en el marco del segundo Seminario Internacional Mejores prácticas para combatir la trata de personas, celebrado los días 26 y 27 de febrero de 2009 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACION DE JUSTICIA

Dictamen de la Comisión de Justicia con punto de acuerdo respecto de la proposición presentada en la sesión del pasado 17 de febrero por la que se exhorta a los procuradores de la República y de Justicia de las entidades federativas y del Distrito Federal a actualizar el marco jurídico del actuar de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

POBLACION INDIGENA

Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos con punto de acuerdo referente a la proposición presentada en la sesión del 30 de abril de 2008 por la que se solicita al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como a los titulares de los organismos de derechos humanos de cada una de las entidades federativas a implementar programas de capacitación en la materia dirigidos al personal de las instituciones policiales de los municipios, con presencia de población indígena.

MIGRANTES CENTROAMERICANOS

Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos con punto de acuerdo sobre la proposición presentada en la sesión del 30 de abril de 2008 por la que se exhorta a las autoridades a respetar los derechos humanos de los migrantes centroamericanos.

PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS

Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos con punto de acuerdo referente a la proposición presentada en la sesión del 11 de diciembre de 2008 por la que se exhorta a los Congresos de las entidades federativas a armonizar su legislación con los tratados internacionales en materia de discriminación y protección de los derechos humanos.

DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS

Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos con punto de acuerdo respecto a la proposición presentada en la sesión del 13 de diciembre de 2007 por la que se exhorta al Poder Ejecutivo federal y a los ejecutivos locales a continuar respetando y garantizando la labor que realizan las y los defensores de los derechos humanos en México.

REGLAMENTO DE LA LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA

Dictamen de la Comisión de Energía con punto de acuerdo relativo a la proposición presentada en la sesión del 8 de abril de 2008 por la que se exhorta al Ejecutivo federal a actualizar el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

EDUCACION BASICA-EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Dictamen de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Salud con punto de acuerdo atinente a la proposición presentada en la sesión del 26 de abril de 2007 por la que se exhorta a las autoridades educativas y sanitarias de los tres órdenes de gobierno a fortalecer los programas para prevenir las adicciones en los niños y jóvenes que cursan la educación básica y media superior.

DIA NACIONAL PARA ERRADICAR LA POBREZA

Dictamen de la Comisión de Gobernación con punto de acuerdo sobre la proposición presentada en la sesión del 11 de diciembre de 2008 por la que se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que declare el 20 de enero de cada año como Día Nacional para Erradicar la Pobreza.

INDUSTRIA PETROQUIMICA

Dictamen de la Comisión de Energía con punto de acuerdo relativo a la proposición presentada en la sesión del 20 de noviembre de 2004 por la que se exhorta a la Secretaría de Energía a definir de manera urgente los términos en que se habrán de concretar los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Sectorial de Energía 2007-2012 para reactivar la industria petroquímica nacional.

Se aprueban en conjunto los anteriores 12 dictámenes; comuníquense.

ESTADO DE TABASCO

Se recibe del diputado Silbestre Alvarez Ramón proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y Alimentación y la Comisión Nacional de Pesca implemente un plan de rescate para las zonas afectadas por la plaga del pez plecos, en el estado de Tabasco. Se turna a la Comisión de Pesca.

ESTADO DE YUCATAN

Se recibe de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Yucatán a admitir la demanda de juicio político presentada en contra del licenciado Jorge Victoria Maldonado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

ATLETAS CON DISCAPACIDAD

Se recibe del diputado José Luis Aguilera Rico proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades deportivas de las entidades federativas y del Distrito Federal a dar un trato respetuoso a los atletas con discapacidad y a prestarles el apoyo necesario en el desarrollo de sus actividades. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.

LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO - CITIGROUP-BANAMEX

Se recibe del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados acuerda interponer controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el Poder Ejecutivo federal por actos que violan lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito, en el caso Citigroup-Banamex. Se turna a la Mesa Directiva.

EMPRESAS FERROCARRILERAS

Se recibe del diputado Santiago López Becerra proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a prorrogar el permiso para el uso de radiofrecuencias a empresas ferrocarrileras. Se turna a la Comisión Comunicaciones.

ESTADO DE OAXACA

Se recibe del diputado Carlos Roberto Martínez Martínez proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno federal a instruir a las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que investiguen sobre el proyecto denominado ``México indígena'' en pueblos y comunidades de la región zapoteca, al norte del estado de Oaxaca. Se turna a la Comisión de Gobernación, con opinión de la Comisión de Asuntos Indígenas.

SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA

Se recibe de diputados del Partido Acción Nacional proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a establecer criterios claros de estructura, funcionamiento y atención en los servicios de terapia intensiva. Se turna a la Comisión de Salud.

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Se recibe del diputado Armando García Méndez proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a dictar las medidas conducentes a efecto de que se traslade el Archivo General de la Nación a un edificio apropiado, situado en un lugar que reúna las características necesarias para la conservación científica de los documentos que en él se guardan y evitar su desintegración. Se turna a la Comisión de Gobernación.

ESTADO DE MEXICO

Se recibe del diputado Armando García Méndez proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo del estado de México a erigir un monumento a la memoria del doctor Gustavo Baz Prada en el paseo Tollocan, municipio de Toluca, estado de México. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

ALIMENTOS PARA EL CONTROL DEL PESO CORPORAL

Se recibe del diputado Armando García Méndez proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud a informar a los ciudadanos los nombres y marcas de alimentos, bebidas y nieves que tengan como substituto del azúcar edulcolorantes que puedan ser consumidos por diabéticos y epilépticos o por personas que deseen controlar el peso corporal sin riesgo para la salud. Se turna a la Comisión Salud.

volumen ii

GENERACION DE EMPLEOS

Se recibe de integrantes de las Comisiones Especial de prospectiva para la definición del futuro de México, y de Economía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implementar una política de diseño integral, a efecto de impulsar la competitividad de las empresas y la generación de empleos. Se turna a la Comisión de Economía.

DISTRITO FEDERAL

Se recibe del diputado Moisés Gil Ramírez proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a revisar la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal en lo relativo al sector turismo y al incremento en los niveles de desempleo. Se turna a la Comisión de Turismo.

REGIMEN DE PROTECCION ESPECIAL DEL MAIZ

Se recibe de la diputada Beatriz Manrique Guevara proposición con punto de acuerdo relativa al régimen de protección especial del maíz. Se turna a las Comisiones Unidas de la Función Pública y de Agricultura y Ganadería.

POLITICA ECONOMICA

Se recibe del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las secretarías de Economía y de Trabajo y Previsión Social a implementar el plan integral que reactive la economía, frene el desempleo e impulse la ocupación en el país. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía, y de Trabajo y Previsión Social.

ESTADO DE CHIAPAS

Se recibe del diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez proposición con punto de acuerdo por la que se solicita la comparecencia del Gerente Estatal de Correos de México en Chiapas para informar sobre las anomalías relativas a la violación a los paquetes con faltantes de peso y contenido denunciadas por la ciudadana Mercedes Chacón Magchun, en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas. Se turna a la Comisión de Comunicaciones.

MAGDALENA GARCIA SOTO

Se recibe del diputado Camerino Eleazar Márquez Madrid proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al juez tercero en materia penal Miguel Hernández Bautista a observar, en la sentencia que dicte a la ciudadana Magdalena García Soto, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a lo ocurrido en el estado de Oaxaca. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos.

PRECIO DEL DIESEL

Se recibe del diputado Rafael Franco Melgarejo proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo federal a reducir y mantener, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el precio del diesel y alcanzar acuerdos sobre tarifas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

REPUBLICA DE VENEZUELA

Se recibe del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez proposición con punto de acuerdo para condenar el antisemitismo, el racismo y otras formas de discriminación y agresión racial y de manera especial el ataque a la Sinagoga Maripérez en Caracas, Venezuela el pasado 30 de enero de 2008. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

SISTEMA BANCARIO

Se recibe del diputado Manuel Cárdenas Fonseca proposición con punto de acuerdo por la que se solicita a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Procuraduría General de la República que informen respecto de la capitalización que diversos bancos han efectuado, así como las repercusiones jurídicas al respecto. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

INSTITUTO NACIONAL DE ARTE E HISTORIA

Se recibe de la diputada Aurora Cervantes Rodríguez proposición con punto de acuerdo por la que se solicita la comparecencia del director del Instituto Nacional de Arte e Historia para que informe respecto de los problemas referidos a su gestión en dicho Instituto. Se turna a la Comisión de Cultura.

DISTRITO FEDERAL

Se recibe de la diputada María Gabriela González Martínez proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a ordenar el retiro de los sellos de suspensión de actividades de las obras del paso a desnivel en Ferrocarril de Cuernavaca y Ejército Nacional, en la delegación Miguel Hidalgo. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

SISTEMA FERROVIARIO

Se recibe del diputado Santiago López Becerra proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno a señalar en los atlas o mapas de riesgo que los derechos de vía, las vías férreas, los patios de maniobra y la estaciones del sistema ferroviario mexicano son zonas de alto riesgo y se tomen las medidas apropiadas. Se turna a la Comisión de Transportes.

CENTROS DE CAPACITACION POLICIACA FEDERALES Y ESTATALES

Se recibe del diputado Miguel Angel Macedo Escartín proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, en el ámbito de su competencia, investigue los centros de capacitación policiaca federales y estatales. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

TARIFAS ELECTRICAS

Se recibe del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal proposición con punto de acuerdo relativa a los incrementos en el pago del consumo de energía eléctrica. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

ESTADO DE OAXACA

Se recibe del diputado Othón Cuevas Córdova proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Gobierno del Estado de Oaxaca que firme el convenio de colaboración para resarcir el daño causado a los socios defraudados por Sacriputla, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, en cumplimiento de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

BANCO NACIONAL DE MEXICO

Se recibe de la diputada Mónica Fernández Balboa proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cancelar el permiso para operar al Banco Nacional de México. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

ADUANAS

Se recibe del diputado Alberto Amaro Corona proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a instruir a la Dirección General de Aduanas para que vigile el desempeño de los funcionarios que laboran en las aduanas y se fortalezcan los programas y medidas de protección a los pequeños empresarios y al migrante. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Se recibe del diputado Alberto Amaro Corona proposición con punto de acuerdo relativo a la designación del ciudadano Juan Molinar Horcasitas como nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes. Se turna a la Comisión de Gobernación.

INDUSTRIA SIDERURGICA

Se recibe del diputado Rolando Rivero Rivero proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al Ejecutivo federal que a través de la Secretaría Economía realice los ajustes necesarios a la política arancelaria en materia de productos siderúrgicos importados, con objeto de proteger la industria nacional. Se turna a la Comisión de Economía.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Se recibe del diputado Alberto Amaro Corona proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a destituir al titular del Centro SCT en Tlaxcala, así como a investigar y, en su caso, sancione los presuntos actos de corrupción y negligencia por parte de dicho funcionario. Se turna a la Comisión de Transportes.

ESTADO DE OAXACA

Se recibe del diputado Othón Cuevas Córdova proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública a proceder a la preliberación de los ciudadanos Cirilo Ambrosio Antonio, Gregorio Enríquez Martínez, Ricardo Martínez Henríquez, Urbano Ruiz Cruz, Félix Pedro Hernández Juárez y Arnulfo Estanislao Ramírez Santiago, internos en el Penal de Ixcotel, Oaxaca. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

ESTADO DE TLAXCALA

Se recibe del diputado Alberto Amaro Corona proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a profundizar en las investigaciones de las irregularidades detectadas en la ejecución de los programas de seguridad pública en el estado de Tlaxcala. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

Se recibe del diputado Alberto Amaro Corona proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo federal a rendir un informe detallado sobre el desempeño y los méritos de los funcionarios públicos responsables de las Direcciones Generales de Aeronáutica Civil y de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, así como de su familiar, recientemente nombrado comandante del aeropuerto internacional de Toluca. Se turna a la Comisión de Transportes.

EDUCACION BASICA - ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES Y COMPUTACION

Se recibe del diputado Sergio Hernández Hernández proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a incluir en los programas de educación básica la enseñanza del idioma inglés y computación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

ESTADO DE TLAXCALA

Se recibe del diputado Alberto Amaro Corona proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Subcomisión de Examen Previo, formada por las Comisiones de Gobernación y de Justicia, que atienda y elabore el dictamen correspondiente a la demanda de juicio político en contra del gobernador del estado de Tlaxcala. Se turna a la Subcomisión de Examen Previo.

PROGRAMA 70 Y MAS

Se recibe del diputado Sergio Hernández Hernández proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a revisar las reglas de operación del Programa 70 y Más, a fin de flexibilizarlas y adecuarlas a la realidad que afronta la población objetivo. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

ESTADO DE TLAXCALA

Se recibe del diputado Alberto Amaro Corona proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a investigar las irregularidades detectadas en la ejecución de los programas de educación pública en el estado de Tlaxcala. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

Se recibe de la diputada Ana María Ramírez Cerda iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a fin de que los trabajadores del estado tengan acceso a préstamos hipotecarios y financiamiento para vivienda. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda.

LETRAS DE ORO

Se recibe de la diputada María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil iniciativa con proyecto de decreto para ordenar el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro por bloques históricos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

LEY PARA EL CONSUMO SUSTENTABLE DE BOLSAS DE USO FRECUENTE

Se recibe de diputados del Partido Verde Ecologista de México iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para el Consumo Sustentable de Bolsas de Uso Frecuente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

Se recibe del diputado Manuel Cárdenas Fonseca iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en relación con la Ley de Ingresos y el decreto de Presupuesto de Egresos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

Se recibe del diputado Miguel Angel Macedo Escartín iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 30 Bis, fracción XXVI, y adicionan las fracciones XXVII y XXVIII del Título Segundo, Capítulo Segundo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que la Secretaría de Seguridad Pública establezca una serie de reglamentos y acciones que prevengan de manera eficaz la comisión de delitos relacionados con las publicaciones y transmisiones relacionadas con la pornografía infantil. Se turna a la Comisión de Gobernación.

ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL

Se recibe de la diputada María del Consuelo Argüelles Arellano iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la figura de administrador municipal como auxiliar del ayuntamiento. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

La diputada Ana Elisa Pérez Bolaños presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a fin de establecer un plan de manejo de los residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, así como los productos eléctricos y electrónicos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

LEY FEDERAL DE SANIDAD VEGETAL

El diputado Juan Victoria Alva presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo siete de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, respecto a residuos de plaguicidas y el fomento para el uso y desarrollo de fertilizantes orgánicos. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El diputado Leonardo Magallón Arceo presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 27, 38 y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de que los partidos políticos incluyan ciudadanos no militantes del partido en sus listas de representación proporcional. Se turna a la Comisión de Gobernación.

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL

El diputado Jesús Ricardo Morales Manzo presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 40 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, sobre el tiempo de respuesta a solicitudes de información. Se turna a la Comisión de la Función Pública.

ARTICULO 102 CONSTITUCIONAL - LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El diputado Neftalí Garzón Contreras presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en materia laboral. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos.

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

El diputado Santiago López Becerra presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo cuarto transitorio a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, sobre la industria de la pirotecnia. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional.

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

El diputado Daniel Gurrión Matías presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para la modernización, construcción y adquisición de embarcaciones, mediante la utilización de materiales económica y ecológicamente sustentables. Se turna a la Comisión de Pesca.

LEY DE EXPROPIACION

El diputado Manuel Salgado Amador presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. y adiciona un artículo 2o. Bis a la Ley de Expropiación, a fin de que previamente a la expedición del decreto de expropiación el particular interesado sea escuchado por la autoridad administrativa. Se turna a la Comisión de Gobernación.

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

El diputado Jacinto Gómez Pasillas presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, respecto a los recursos crediticios para financiar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Se turna a la Comisión de Economía.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en relación con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Se turna a la Comisión de Justicia.

LEY DEL BANCO DE MEXICO

El diputado Obdulio Avila Mayo presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Banco de México, a fin de facultar a la Junta de Gobierno del Banco de México para analizar, discutir y aprobar la minuta de la sesión de ésta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DE AGUAS NACIONALES

Se recibe de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a fin de dotar a la Comisión Nacional del Agua de facultades para celebrar convenios de colaboración con los gobiernos estatales, a efecto de otorgar capacitación y adiestramiento para el mejoramiento de sistemas de riego y el correcto aprovechamiento del agua, dirigidos a mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren organizadas en proyectos productivos. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

Se recibe de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 10 y 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el propósito de impedir cualquier forma de maltrato físico o psicológico por motivo de edad, género, estado físico o condición social de personas adultas mayores e incorporar en los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos, la difusión del respeto de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA - LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Se recibe del diputado Jericó Abramo Masso iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Unica y 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, respecto a la deducibilidad de las colegiaturas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

REFORMA LABORAL

Se recibe del diputado Cruz Pérez Cuellar solicitud de excitativa a las comisiones de Trabajo y Previsión Social, Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública para que dictaminen iniciativas con proyecto decreto que reforman diversas leyes relativas a la reforma laboral. Se remite a las comisiones mencionadas.

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

Se recibe del diputado José Nicolás Morales Ramos solicitud de excitativa a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores para que dictamine iniciativa con proyecto decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se remite al Senado de la República.

LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

Se recibe de integrantes de la Comisión Especial de seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros solicitud de excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que dictamine iniciativa con proyecto decreto que adiciona un inciso d) a la fracción III del artículo 5 de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Se realiza la excitativa correspondiente.

ORDEN DEL DIA

De la próxima sesión.

LISTA DE ASISTENCIA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE SESION Presidencia de la diputada Martha Hilda González Calderón



ASISTENCIA

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de la Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 252 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón (a las 11:52 horas): Se abre la sesión.



ORDEN DEL DIA

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Miércoles 1o. de abril de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Mesa Directiva.

Licencia de las diputadas Layda Elena Sansores San Román y Violeta del Pilar Lagunes Viveros .

Protestas de ciudadanas diputadas.

De la Junta de Coordinación Política.

Oficio de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite el Segundo Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. (Turno a Comisión)

Posicionamiento relativo a la participación de México en el G-20, a cargo de los grupos parlamentarios.

Iniciativas

Que reforma el artículo 69 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Ana María Ramírez Cerda , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

De decreto, para ordenar el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro por bloques históricos, a cargo de la diputada María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Que expide la Ley para el Consumo Sustentable de Bolsas de Uso Frecuente, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, a cargo del diputado Juan Victoria Alva , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Leonardo Magallón Arceo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 40 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado Jesús Ricardo Morales Manzo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona tres artículos transitorios al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, a cargo de la diputada Valentina Batres Guadarrama , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Daniel Gurrión Matías , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. y adiciona un artículo 2o. Bis a la Ley de Expropiación, a cargo del diputado Manuel Salgado Amador, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Jacinto Gómez Pasillas , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley Federal de Austeridad, a cargo de la diputada Valentina Batres Guadarrama , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Banco de México, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 208 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Rosario Ortiz Magallón , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 17 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 80 y 83 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, suscrito por integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a cargo del diputado Neftalí Garzón Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 10 y 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo Nacional para el Fomento del Empleo y la Capacitación de los Jóvenes Mexicanos y adiciona un artículo 229 a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado José Francisco Melo Velázquez , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales en Posesión de Órganos Públicos, suscrita por los diputados Obdulio Ávila Mayo y Luis Gustavo Parra Noriega , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 12 de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Gilberto Ojeda Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Miguel Ángel Macedo Escartín , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5o. de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Leticia Díaz de León Torres y José Guadalupe Rivera Rivera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Puertos, a cargo del diputado Marco Antonio Peyrot Solís , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 74 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 14 Bis 4 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Hilda Areli Narváez Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Rueda Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Alejandro Landero Gutiérrez , Carlos Alberto Torres Torres y Luis Gustavo Parra Noriega , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 12 y 19 de la Ley de Seguridad Nacional, suscrita por las diputadas Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez y Lizbeth Evelia Medina Rodríguez , de los Grupos Parlamentarios de los Partidos: Revolucionario Institucional y Acción Nacional, respectivamente. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo del diputado José Ignacio Rubio Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Consuelo Argüelles Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 84 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Ramón Barajas López , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 71 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Eugenia Campos Galván , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Lariza Montiel Luis , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1411 del Código de Comercio, a cargo del diputado Felipe Díaz Garibay , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5, 6 y 30 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Beatriz Collado Lara , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, denominado Abasto y Soberanía Alimentaria, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada Ana Elisa Pérez Bolaños , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 44 y adiciona un artículo transitorio a la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por los diputados José Luis Murillo Torres y Gustavo Ramírez Villarreal , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo cuarto transitorio a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo del diputado Santiago López Becerra , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 73, 76 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados José Jesús Reyna García y Mauricio Ortiz Proal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo de la diputada Silvia Luna Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1o. de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y los artículos 10, 11 y 113 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por los diputados José Jesús Reyna García y Mauricio Ortiz Proal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 36 y 59 de la Ley Aduanera, suscrita por las diputadas Yadhira Yvette Tamayo Herrera , Leticia Díaz de León Torres y Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Regulatoria para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a cargo del diputado Othón Cuevas Córdova , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 43 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo del diputado José Rosas Aispuro Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María del Carmen Valenzuela Staats, Julieta Pacheco Gómez y Ernesto de la Cruz Jiménez para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, y en su Consulado en Hermosillo, Sonora.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Sergio Romero Escalante, para prestar servicios en la Embajada de la República Federal de Alemania en México.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que expide la Ley para el Desarrollo de la Sociedad de la Información.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 41 de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo segundo transitorio y un artículo tercero transitorio al decreto por el que se declaran reformado el párrafo Cuarto y adicionados los párrafos quinto y sexto, y se recorre el orden de los últimos dos párrafos del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2005.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 12, fracciones I y XII, de la Ley de Asistencia Social.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona la fracción IV al artículo 64 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma el inciso D del artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que adiciona un inciso j al artículo 30 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma los artículos 23 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 163 y noveno transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de las Leyes Federales: de Responsabilidad Patrimonial del Estado y de Procedimiento Contencioso Administrativo.

De las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de Extradición Internacional.

De la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que expide la Ley de Depósito Legal.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma el artículo 72 de La Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona un Título Vigésimo Séptimo al Código Penal Federal, denominado ``De los delitos cometidos contra la libertad de expresión''.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto para inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda ``Junta de Zitácuaro''.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Salvador Alvarado.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Marcos Shemaría Zlotorynski, para desempeñar el cargo de cónsul honorario del Estado de Israel en la Ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en el estado de Jalisco.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Enrique Dau Flores y Víctor Sarquis Sade para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Cedro Nacional, que les otorga el Gobierno del Líbano.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Guillermo Galván Galván, Manuel Víctor Estrada Ricardez, Eduardo Ibarrola Nicolín, Leonardo Ayala Torres, Jorge Calvillo Ordoñez, y Patricia Espinosa Cantellano para aceptar y usar condecoraciones que les confieren en diversos grados el Gobierno de la República de Guatemala; la Fuerza Aérea de la República de Guatemala; los Gobiernos de la República de Honduras, de la República del Perú y de la República de El Salvador, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Jaime Font y Gutiérrez Solana, Sioshin Murakami Terauchi, Kazushige Sekiguchi Hoshino, Alejandro Santana Alcaraz, Patricia Romo Aguirre, Luz María Dalila Aldana Aranda para aceptar y usar condecoraciones que les confieren en diferentes grados los Gobiernos del Reino de España, de Japón y de la República Francesa, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Rodrigo Germán Espino González, Mauricio Leonardo López Burgos y Juan Ignacio Solano Terrazas para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en su Consulado en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desa-rrollo Social a enviar a esta soberanía el padrón detallado de beneficiarios del Programa de Atención a Adultos Mayores de 70 Años y Más.

De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo para exhortar a la PGR a informar sobre las acciones emprendidas en contra del robo de energía eléctrica y de petróleo, así como sus derivados.

De la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo por los que la Cámara de Diputados ratifica su compromiso con la protección del libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de las personas; respalda y suscribe la Declaración Tabasco, signada en el marco del segundo seminario internacional Mejores prácticas para combatir la trata de personas.

De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República, de las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas y del Distrito Federal, actualizar el marco jurídico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se solicita al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como a los titulares de los organismos de derechos humanos en cada una de las entidades federativas que implementen programas de capacitación en la materia dirigidos al personal de las instituciones policiales de los municipios, con presencia de población indígena.

De la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las autoridades a respetar los derechos humanos de los migrantes centroamericanos.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas a armonizar su legislación con los tratados internacionales en materia de discriminación y protección de los derechos humanos.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal y a los Ejecutivos locales a continuar respetando y garantizando la labor que realizan las y los defensores de los derechos humanos en México.

De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo Federal a actualizar el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las autoridades educativas y sanitarias de los tres órdenes de gobierno a fortalecer los programas para prevenir las adicciones en los niños y jóvenes que cursan educación básica y media superior.

De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que declare el 20 de enero de cada año como Día Nacional para Erradicar la Pobreza.

De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a definir de manera urgente los términos en que se habrán de concretar los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Sectorial de Energía 2007-2012.

Dictámenes negativos

De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con puntos de acuerdo que desechan iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Radio, Televisión y Cinematografía, con puntos de acuerdo que desechan iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

De las Comisiones Unidas de la Función Pública y de Gobernación, con puntos de acuerdo que desechan la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo que desechan la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 177 de la Ley General de Salud.

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Energía, y de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo que desechan la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos y un párrafo al artículo 6o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo que desechan la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39, párrafo 2, fracción XXV, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo que desechan la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo que desechan la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XLI, numeral 2, del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo que desechan la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39, fracción XL, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo que desechan la minuta con proyecto de Decreto que reforma el artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo que desechan la minuta con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XIII y XIV al artículo 75 y III al artículo 76 de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo que desechan la minuta con proyecto de decreto que adiciona los párrafos cuatro al siete del artículo 133 y se adiciona un artículo 136 a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo que desechan la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 7o. y adiciona dos párrafos al artículo 2o. de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo que desechan la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 21 y 23 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que a través de la Sagarpa y de la Conapesca aplique un plan de rescate para las zonas afectadas por la plaga del pez plecos, en el estado de Tabasco, suscrito por los diputados Silbestre Álvarez Ramón y Carlos Orsoe Morales Vázquez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de Yucatán a admitir la demanda de juicio político presentada en contra del licenciado Jorge Victoria Maldonado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Alternativa. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades deportivas de las entidades federativas y del Distrito Federal a dar un trato respetuoso a los atletas con discapacidad y a prestarles el apoyo necesario en el desarrollo de sus actividades, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados acuerda interponer controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el Poder Ejecutivo federal, por actos que violan lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito, en el caso Citigroup-Banamex, a cargo del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, formalice la prórroga del permiso para el uso de radiofrecuencias a empresas ferrocarrileras, a cargo del diputado Santiago López Becerra , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a instruir a la Segob, a la SRE, a la Semarnat Y al Conacyt para que indaguen, en el ámbito de su competencia, sobre el proyecto de investigación denominado ``México Indígena'' e informen sobre ello a esta soberanía, a cargo del diputado Carlos Roberto Martínez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que establezca criterios claros de estructura, funcionamiento y atención en los servicios de terapia intensiva, suscrito por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a dictar las medidas conducentes a efecto de que se traslade el Archivo General de la Nación a un edificio apropiado, situado en un lugar que reúna las características necesarias para la conservación científica de los documentos que en él se guardan, a fin de evitar su desintegración, a cargo del diputado Armando García Méndez , del Grupo Parlamentario de Alternativa. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo del estado de México a ordenar la erección de un monumento a la memoria del doctor Gustavo Baz Prada en el paseo Tollocan, municipio de Toluca, a cargo del diputado Armando García Méndez , del Grupo Parlamentario de Alternativa. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Salud a informar a la ciudadanía los nombres y marcas de alimentos, bebidas y nieves en los que se sustituya el azúcar por edulcolorantes que puedan ser consumidos por diabéticos y epilépticos o por personas que deseen controlar el peso corporal, sin riesgo para la salud, a cargo del diputado Armando García Méndez , del Grupo Parlamentario de Alternativa. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implementar una política de diseño integral, a efecto de impulsar la competitividad de las empresas y la generación de empleos, suscrito por integrantes de las Comisiones Especial de prospectiva para la definición del futuro de México, y de Economía. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF a revisar la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal en lo relativo al sector turismo y al incremento en los niveles de desempleo, a cargo del diputado Moisés Gil Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al régimen de protección especial del maíz, a cargo de la diputada Beatriz Manrique Guevara , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la publicación de la NOM-046-SSA2-2005. ``Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención'', a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres poderes del estado de Chihuahua a respetar el fuero constitucional del legislador local Roberto Lara, a cargo del diputado Carlos Armando Reyes López , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a las compras anticipadas de la cosecha de maíz del ciclo primavera-verano en el estado de Sinaloa, a cargo del diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a investigar a través de la CNBV y de la Condusef las irregularidades en las que han incurrido diversas instituciones de crédito en la zona fronteriza, respecto a cuentas de cheques en dólares, a cargo del diputado Enrique Serrano Escobar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a diseñar y aprobar, en coordinación con el Congreso de la Unión, un plan de distribución del gasto público que amortigüe los efectos negativos de la recesión económica en el país, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Trabajo y Previsión Social a implantar un plan integral que reactive la economía, frene el desempleo e impulse la ocupación en el país, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se invita al titular de la Conagua a informar sobre diversas acciones en materia hidráulica que se realizan en el estado de Tabasco, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de Poder Ejecutivo federal a mantener a través de la SHCP, de manera temporal, el impuesto empresarial a tasa única en 16.5%, en tanto se reactiva la economía del país, a cargo del diputado José Rosas Aispuro Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCJN que nombre comisionados especiales para que averigüen los hechos que constituyen graves violaciones de las garantías individuales de la población que permanente o temporalmente reside o habita en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Dora Alicia Martínez Valero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades del estado de Durango a resolver el problema de drenaje y agua contaminada en el municipio de Poanas, en específico en Villita de San Atenógenes, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar a través de la Sener y de Pemex la construcción dentro del estado de Tamaulipas de la nueva refinería prevista en el Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura, a cargo del diputado Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del gerente estatal de Correos de México en Chiapas, a fin de que informe sobre las anomalías relativas a la violación a los paquetes con faltantes de peso y contenido, denunciadas por la ciudadana Mercedes Chacón Magchun, en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, a cargo del diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar las reglas de operación de la Sagarpa, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de diciembre de 2008 y eliminar el Comité Técnico Nacional, a cargo del diputado Héctor Padilla Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la titular de la Sener a informar a esta soberanía sobre los aerogeneradores instalados en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial plural para analizar los niveles de subsidios otorgados en el 2008 a los consumidores en las diferentes tarifas eléctricas, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir las disposiciones reglamentarias y administrativas señaladas en el decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2008, a cargo del diputado Eduardo Sánchez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a los programas y centros de estudios de género en las instituciones de educación superior nacionales y estatales, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que exhorte al Consejo General del IFE a unificar criterios o, en su caso, establecer reglas claras y que éstas se cumplan a cabalidad en cuanto la difusión y utilización de los logros de los programas sociales en la publicidad por cualquier medio de comunicación de las campañas electorales por parte de los partidos políticos, a cargo de la diputada Guillermina López Balbuena , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Infonavit a cesar el hostigamiento contra sus derechohabientes y replantear opciones de pago que respeten los derechos de seguridad y previsión social que rigen en la materia, a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la CFE a investigar la legalidad de los procesos internos y los trámites que se requieren a los usuarios para la celebración de convenios, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Ángulo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la SHCP y del gobernador del Banco de México para que informen sobre las medidas tomadas para detener la depreciación de la moneda nacional y atenuar la actual crisis financiera, a cargo del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Dirección General del IMSS a ampliar el cuadro de medicamentos disponible en las unidades médicas, así como de los materiales que permitan una atención adecuada y pertinente en caso de urgencias, tratamiento y curaciones de los derechohabientes, a cargo del diputado Ramón Barajas López , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a brindar a través de la Segob y del Instituto Nacional de Migración mayor seguridad en las rutas de migrantes y elaborar una base de datos con los nombres de los centroamericanos que fallecen en territorio nacional, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a destinar a través de la Sagarpa una partida presupuestal extraordinaria para sufragar los rezagos técnicos y materiales de la producción pesquera artesanal en todos y cada uno de los puertos, costas y zonas pesqueras de nuestro país, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar acciones inmediatas que eviten el alza en el precio del diesel, a cargo de la diputada Elizabeth Morales García , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo local y al Congreso del estado de Oaxaca a realizar las acciones correspondientes a fin de derogar el cobro del impuesto por reemplacamiento vehicular a los habitantes de dicha entidad, a cargo del diputado José Francisco Melo Velázquez , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a los responsables de las dependencias competentes, de manera destacada a la SHCP y a la Sedesol, para que pongan en marcha acciones que blinden los programas sociales con el fin de enfrentar la actual crisis económica mundial, a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a atraer a través de la PGR, por conducto de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, la denuncia presentada por el periodista Carlos Javier Velazco Molina, debido a las agresiones sufridas en el estado de Oaxaca, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que apruebe una partida presupuestaria para el ejercicio fiscal 2010 destinada a atender los problemas de expropiación de los ejidos colindantes con la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, a cargo del diputado Nemesio Domínguez Domínguez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y al director del Fonatur a reivindicar el dominio directo del ex convento de Santa Catarina de Sena, Oaxaca, debido a que por mandato constitucional es patrimonio de la nación, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal y demás autoridades competentes a realizar las gestiones correspondientes para el cierre definitivo del relleno sanitario Bordo Poniente, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al juez tercero en materia penal Miguel Hernández Bautista a observar, en la sentencia que dicte a la ciudadana Magdalena García Soto, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suscrita por los diputados Camerino Eleazar Márquez Madrid y Daisy Selene Hernández Gaytán , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SSP a implementar un programa integral en materia de derechos humanos que comprenda lineamientos de respeto, protección, garantía y promoción de los mismos, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reducir y mantener a través de la SHCP el precio del diesel y alcance acuerdos sobre tarifas, a cargo del diputado Rafael Franco Melgarejo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para condenar el antisemitismo, el racismo y otras formas de discriminación y agresión racial y de manera especial el ataque a la sinagoga Maripérez en Caracas, Venezuela, el 30 de enero de 2008, suscrita por los diputados Javier Calzada Vázquez y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública a llevar a cabo un análisis del impacto de la crisis en los ingresos y niveles de gasto y proponer las modificaciones y reorientaciones que deben hacerse al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, a cargo de la diputada Valentina Batres Guadarrama , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a realizar estudios sobre el límite de velocidad establecido en las autopistas del país, a cargo del diputado Gildardo Guerrero Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de que la Cámara de Diputados brinde un reconocimiento público al general Raúl Esquivel Carvajal, primer superintendente del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, a cargo del diputado Rafael Plácido Ramos Becerril , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la SHCP y de la PGR que informen a esta soberanía sobre la capitalización que diversos bancos han efectuado, así como las repercusiones jurídicas al respecto, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular del INAH, para que informe respecto de los problemas referidos a su gestión como director de dicho Instituto, suscrito por los diputados Aurora Cervantes Rodríguez y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se invita al gobernador del Banco de México a informar a esta soberanía sobre las políticas de compra-venta de dólares que dicha Institución ha efectuado durante los últimos meses, a cargo del diputado Jesús Alcántara Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a informar sobre las diversas irregularidades existentes en las casas hogar que operan en la Ciudad de México, a cargo del diputado Eduardo Sánchez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a establecer un programa orientado al peligro y el uso irresponsable de redes socializadoras de Internet, a cargo del diputado Miguel Ángel Macedo Escartín , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT y a Telecomunicaciones de México que informen a esta soberanía sobre el estado en que se encuentran o terminaron los contratos de seguros de vida o de retiro de Aseguradora Hidalgo, hoy Met Life, contratados en 1975 y subsecuentes para los trabajadores y ex trabajadores de Telecomm, a cargo del diputado Othón Cuevas Córdova , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar a través de la SRE, de la Segob, de la SHCP, de la STPS y de la Ssa las condiciones en que opera el comité técnico del Fideicomiso que Administra el Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a ordenar el retiro de los sellos de suspensión de actividades de las obras del paso a desnivel en Ferrocarril de Cuernavaca y Ejército Nacional, en la delegación Miguel Hidalgo, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía manifiesta su enérgica desaprobación a las declaraciones de la titular de la SRE en las que señala los estados de Baja California, Chihuahua y Sinaloa como la meca y zonas exclusivas del país afectados por la violencia y la inseguridad pública, a cargo del diputado Enrique Serrano Escobar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Titular de la STPS a vigilar y ordenar las medidas de seguridad e higiene industriales necesarias para la protección de los trabajadores de la construcción en diversos tramos carreteros de la autopista Durango-Mazatlán, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a aplicar a través de la SCT y de la Semarnat las medidas necesarias para que en la construcción y operación del puerto de Punta Colonet se salvaguarde de contaminación lumínica al cielo nocturno del estado de Baja California, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador, al Congreso local y al órgano de fiscalización del estado de Puebla para que rindan información relacionada con la Fiscalía Especial contra Pederastas, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a crear una unidad de género dentro de la estructura administrativa de la Comisión, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que suspenda la aplicación del horario de verano en tanto no se demuestren la disminución anual del consumo de electricidad y el ahorro acumulado desde su establecimiento, a cargo del diputado Juan Darío Lemarroy Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INEGI a presentar a esta soberanía los resultados obtenidos en VIII Censo Agropecuario 2007, a cargo del diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés , del Grupo Parlamentario de Alternativa. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a llevar a cabo las gestiones para que el humedal La Lagunita de El Naranjo, en el Municipio de Ensenada, Baja California, sea decretado área natural protegida e inscrito en la lista de sitios Ramsar, suscrito por los diputados Lucía Susana Mendoza Morales y Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a adoptar las medidas para que la SHCP otorgue un 10 por ciento de subsidio directo a la tarifa de cobertura que los distribuidores de gas natural contrataron con Pemex, a cargo del diputado Enrique Serrano Escobar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a integrar la averiguación previa para determinar la probable comisión de delitos cometidos por Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler, así como por los involucrados en los hechos, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del gobernador del Banco de México para que informe respecto de la cantidad de dólares que se han vendido a instituciones de crédito, en apoyo de la divisa mexicana, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza y suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno a señalar en los atlas o mapas de riesgo que los derechos de vía, las vías férreas, patios de maniobra y estaciones del sistema ferroviario mexicano, son zonas de alto riesgo y se tomen las medidas apropiadas, a cargo del diputado Santiago López Becerra , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a adecuar una nueva fórmula que fije una tarifa eléctrica especial, destinada al consumo de los inmuebles donde se practican actos de culto público, a cargo del diputado José Luis Blanco Pajón , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sedesol a participar con las diversas organizaciones sociales, empresariales, educativas y con la sociedad en el establecimiento de programas que ayuden a solucionar la problemática de los niños de la calle en el estado de Oaxaca, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a agilizar a través de la Semarnat el trámite de autorización en materia de impacto ambiental de los proyectos de infraestructura carretera, ferroviaria y otros, aprobados en el PEF 2009, a cargo del diputado Luis Xavier Maawad Robert , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la CNDH que realice una investigación a los centros de capacitación policiaca federales y estatales en el ámbito de su competencia, a cargo del diputado Miguel Ángel Macedo Escartín , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar a través de las dependencias correspondientes cursos y talleres de información a nuestros migrantes con oportunidad de invertir, para dar a conocer los programas en que pueden participar de manera productiva en función del potencial y vocación productiva de sus regiones de origen, a cargo del diputado Miguel Rivero Acosta , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la SEP a incrementar el presupuesto para el establecimiento de programas que ayuden a asociaciones para solucionar la problemática de los niños de la calle en el estado de Oaxaca, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las treinta y una entidades federativas y del Distrito Federal a reducir la tasa del impuesto sobre nóminas, a cargo del diputado Fidel Antuña Batista , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a los incrementos en el pago del consumo de energía eléctrica, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a evitar que se incrementen los costos del peaje en las autopistas del país, a cargo del diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a modificar, dentro del ámbito de sus facultades, el acuerdo de fecha 25 de septiembre de 2000, relativo a la vigencia de placas de todos los vehículos que circulan en territorio nacional, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz . (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a ordenar el retiro de los sellos de suspensión de actividades del paso a desnivel en Ferrocarril de Cuernavaca y Ejército Nacional, Delegación Miguel Hidalgo, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la solicitud de diversa información al secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, suscrito por las diputadas María Gabriela González Martínez y Rosaura Denegre Vaught Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la solicitud de diversa información al Secretario de Obras del Gobierno del Distrito Federal, suscrito por las diputadas María Gabriela González Martínez y Rosaura Denegre Vaught Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT sobre el canje de placas para los ejercicios fiscales de 2009 a 2012, suscrita por los diputados Fidel Antuña Batista , Federico Bernal Frausto y Carlos Armando Reyes López , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las treinta y una entidades federativas y del Distrito Federal a suspender la aplicación del impuesto sobre nóminas, durante el presente año, suscrita por los diputados Carlos Armando Reyes López , Fidel Antuña Batista y Federico Bernal Frausto , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, así como a la CNDH a investigar el homicidio del reportero Paul Ibarra Ramírez y seguir de cerca el intento de homicidio de la periodista Liliana Merchán, respectivamente, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Oaxaca a firmar el convenio de colaboración para resarcir el daño causado a los socios defraudados por Sacriputla, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, en cumplimiento de la Ley que Crea el fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, a cargo del diputado Othón Cuevas Córdova , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y suscrito por diputados de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a aplicar una política exterior basada en los principios de la Doctrina Estrada, a cargo del diputado Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría General de esta soberanía que incluya en el centro de desa-rrollo infantil Antonia Nava de Catalán a los hijos de las madres trabajadoras que prestan sus servicios de apoyo secretarial a los Grupos Parlamentarios, a cargo del diputado Felipe Díaz Garibay , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implementar políticas y programas de acción que permitan combatir la falta de oportunidades y de empleo que enfrentan los jóvenes al culminar sus estudios profesionales, a cargo de la diputada Aracely Escalante Jasso , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la SEP a flexibilizar, por única vez, los requisitos para que los hijos de inmigrantes mexicanos que han retornado a territorio nacional durante los últimos cuatro meses puedan acceder fácilmente a la educación en los diversos grados educativos y planteles oficiales del país, a cargo del diputado José Nicolás Morales Ramos , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la SE y a la Sener, así como a la CFE a reestructurar las tarifas eléctricas de Mexicali, Baja California, y San Luis Río Colorado, Sonora, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a las campañas de comunicación social del gobierno federal y de propaganda política del Partido Acción Nacional, mediante las cuales hacen promoción de sus logros en abierta violación a las normas electorales y a la civilidad política, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Juventud y Deporte hace un reconocimiento expreso a la ciudadana Lorena Ochoa Reyes, por su exitosa trayectoria deportiva, a cargo del diputado Octavio Fuentes Téllez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y del Senado de la República a descontar el 10 por ciento de la dieta neta total mensual incluyendo los apoyos para actividades legislativas de diputados y senadores, así como el 10% de la percepción neta total mensual de los servidores públicos de mando del Congreso de la Unión, a cargo del diputado Jacinto Gómez Pasillas , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INAH a tomar las medidas necesarias a fin de detener o impedir obras sin autorización en la zona arqueológica de Mezquitic de la Magdalena, municipio de San Juan de los Lagos, a cargo de la diputada Martha Angélica Romo Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a cancelar el permiso a Banamex para operar como banco, suscrita por los diputados Mónica Fernández Balboa , Aleida Alavez Ruiz , Rafael Elías Sánchez Cabrales y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a vigilar a través de la Dirección General de Aduanas el desempeño de los funcionarios de esos establecimientos y se fortalezcan los programas y medidas de protección a los pequeños empresarios y al migrante, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la designación del ciudadano Juan Molinar Horcasitas como nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía externa su beneplácito ante la postura asumida por la Presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, en torno a la necesidad de poner fin a las redadas y la separación de las familias de los migrantes, así como por el trabajo que realiza el Caucus Hispano, que busca mejorar las políticas de migración y que beneficiarán a ciudadanos mexicanos que radican en esa nación, suscrito por los diputados Antonio Valladolid Rodríguez , José Jacques y Medina , José Edmundo Ramírez Martínez y José Nicolás Morales Ramos , de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, y Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob y a la SEP que exhorten a las religiones, sectas o cultos que se encuentran en nuestro país a ajustarse a lo dispuesto en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público respecto a la rendición de honores a nuestros símbolos patrios, a cargo de la diputada Martha Angélica Romo Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, al secretario del Trabajo y Previsión Social y al secretario de Hacienda y Crédito Público a otorgar un aumento salarial de emergencia tanto a los salarios mínimos generales como a los contractuales, así como a los de los trabajadores al servicio del Estado, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que realice a través de la Secretaría Economía los ajustes necesarios a la política arancelaria en materia de productos siderúrgicos importados, con el objeto de proteger la industria nacional, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a los criterios de otorgamiento de permisos para la posesión de armas de fuego por parte de particulares, a cargo del diputado Miguel Ángel Macedo Escartín , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a las campañas de comunicación social del gobierno federal basadas en la estrategia ``Vivir mejor'', mediante las cuales se induce el voto a favor del Partido Acción Nacional, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos a intervenir ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social para que dictamine tres iniciativas relativas a la tutela de los derechos laborales de las niñas, niños, jóvenes discapacitados, adultos mayores, indígenas y mujeres, entre otros, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que esta soberanía interponga controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de actos del Poder Ejecutivo federal, consistentes en el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a cargo de la diputada Adriana Díaz Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a someter a revisión el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, a fin de incorporar las disposiciones necesarias para poner en práctica lo establecido en la norma de referencia y los tratados internacionales en materia de trata de personas, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos a implementar acciones tendientes a resolver el conflicto entre locatarios de la Plaza Millenium y la Constructora y Promotora Satélite, SA de CV, respecto del fideicomiso 2070 contratado ante Banobras, a cargo del diputado Fabián Fernando Montes Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta al titular de la SCT a destituir al titular del Centro SCT en Tlaxcala e investigar y, en su caso, sancionar los presuntos actos de corrupción y negligencia cometidos por dicho funcionario, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al IFE que realice los cambios en las credenciales de elector de diversos municipios de Chiapas, creados como nuevos a partir del proceso de remunicipalización en 1999, a cargo del diputado Víctor Ortiz del Carpio , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta al Ejecutivo federal a tomar medidas a fin de frenar el empobrecimiento de las mujeres, el empleo precario e informal y el aumento en la tasa del desempleo femenino ante la crisis económica, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la SHCP y a la SE, así como a la CNBV a instaurar las quince medidas necesarias para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, con la finalidad de compensar y aminorar los efectos negativos de la crisis financiera internacional en nuestro país, a cargo del diputado Jacinto Gómez Pasillas , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos de los estados a adecuar su marco normativo, con fundamento en el artículo cuarto transitorio de la Ley General para el Control del Tabaco, con la finalidad de que sea congruente con esa ley, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz . (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS, a la Procuraduría de la Defensa del trabajo y a los gobiernos de los estados a garantizar a los choferes y prestadores de servicio de transporte privado los derechos laborales y de seguridad que les corresponden, a cargo del diputado Daniel Ludlow Kuri , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSP a se proceda a aplicar, conforme a derecho, el beneficio de preliberación de los ciudadanos Cirilo Ambrosio Antonio, Gregorio Enríquez Martínez o Ricardo Martínez Henríquez, Urbano Ruiz Cruz o Félix Pedro Hernández Juárez y Arnulfo o Estanislao Ramírez Santiago, internos en el Penal de Ixcotel, Oaxaca, suscrito por los diputados Othón Cuevas Córdova y Carlos Martínez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cumplir, a través de la SEP y del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, el convenio de coordinación que tiene por objeto determinar las bases de operación y ejecución de acciones en el marco del programa Mejores Escuelas, signado con el estado de Oaxaca, suscrito por los diputados Víctor Manuel Virgen Carrera y Daniel Gurrión Matías , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol y al titular de la delegación estatal de dicha secretaría a solucionar el problema de pobreza alimentaria en Oaxaca, a través del presupuesto asignado, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Salud y a los gobernadores de los estados a realizar, a través de los verificadores de vigilancia sanitaria, las acciones de control y vigilancia en los estados de la República a efecto de exigir el cumplimiento de los dispuesto en la Ley General para el Control del Tabaco, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz . (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE y a la SEP a realizar las gestiones pertinentes ante la ONU para que el mural Fraternidad, del pintor oaxaqueño Rufino Tamayo, sea restaurado con la mayor brevedad y se garantice su preservación, a cargo del diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a se profundizar en las investigaciones de las irregularidades detectadas en la ejecución de los programas de seguridad pública en el estado de Tlaxcala, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al seguimiento y atención de los delitos cometidos contra periodistas, así como la instauración de medidas precautorias a fin de proteger a los periodistas en riesgo debido al ejercicio de su profesión, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta al Ejecutivo federal a rendir un informe detallado sobre el desempeño y los méritos de los funcionarios públicos responsables de las Direcciones Generales de Aeronáutica Civil y de ASA, así como de su familiar, recientemente nombrado comandante del aeropuerto internacional de Toluca, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los secretarios de Salud del gobierno federal y de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como a los procuradores generales de Justicia de los estados y del Distrito Federal a implementar programas y campañas para prevenir la violencia en contra de las mujeres, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a aplicar los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, destinados al programa Escuelas de Tiempo Completo, a cargo del diputado Miguel Ángel Solares Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los secretarios de Salud del gobierno federal y de las entidades federativas y del Distrito Federal a intensificar los programas y campañas para prevenir el tabaquismo y brindar tratamiento y rehabilitación a la población que padece dicha adicción, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a considerar un fondo extraordinario en el actual ejercicio presupuestal destinado a la realización de estudios y proyectos ejecutivos para el desarrollo de las zonas de la frontera sur, conformadas por los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo, a cargo del diputado Martín Ramos Castellanos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta al Ejecutivo federal a vigilar y aplicar, a través de la Semarnat y de la Profepa, la normatividad vigente para evitar el daño ambiental en la microcuenca del Cerro de la Aguja, municipio de Coahuayana, Michoacán, a cargo del diputado Rafael Villicaña García , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a promover iniciativas en el Consejo de Seguridad de la ONU, con el fin de que las organizaciones mexicanas que participan en actividades relacionadas con la delincuencia organizada sean consideradas como terroristas, suscrito por los diputados Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , Raymundo Cárdenas Hernández , José Alfonso Suárez del Real y José Jacques y Medina , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a incluir en los programas educativos del nivel básico la enseñanza del idioma inglés y de computación, a cargo del diputado Sergio Hernández Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas y al jefe del Gobierno del Distrito Federal a diseñar e implementar, en el ámbito de sus atribuciones, un plan estratégico en materia de prevención de riesgos ante los fenómenos hidrológicos provocados por el calentamiento global, así como programas y acciones oportunas de protección civil, a cargo de la diputada Ana Elisa Pérez Bolaños , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Subcomisión de Examen Previo --formada por las Comisiones de Gobernación, y de Justicia-- a atender y elaborar el dictamen correspondiente a la demanda de juicio político en contra el gobernador del estado de Tlaxcala, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a cumplir los compromisos firmados el 21 de marzo de 2006 respecto a la disminución de tarifas eléctricas en las ciudades de Mexicali, Baja California, y San Luis Río Colorado, Sonora, suscrito por los diputados Pablo Leopoldo Arreola Ortega , Ramón Félix Pacheco Llanes y José Antonio Almazán González , de los Grupos Parlamentarios de los Partidos del Trabajo y de la Revolución Democrática, respectivamente. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del Estado de Baja California a efecto de que en su legislación se establezca de manera explícita el acoso sexual y la reparación del daño, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a revisar las reglas de operación del Programa 70 y Más, a fin de flexibilizarlas y adecuarlas a la realidad que afronta la población objetivo, a cargo del diputado Sergio Hernández Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implementar acciones para el fortalecimiento de los programas para prevenir y atender las adicciones entre la juventud mexicana, a cargo del diputado Víctor Manuel Virgen Carrera , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del Estado de Chihuahua a dictaminar las iniciativas con perspectiva de género y las relativas para establecer la paridad, respetando los acuerdos tomados para su aprobación, suscrita por diputadas de diversos Grupos Parlamentarios. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a emitir un acuerdo para que el transporte pesado o de doble remolque que transita por las carreteras federales sinuosas o de las conocidas como B2 lo haga conforme a cierta programación de días y horas en que exista menor tránsito de vehículos convencionales, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz . (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la situación de agresiones en contra de las defensoras y defensores de derechos humanos en México, suscrita por las diputadas Omeheira López Reyna y Alliet Mariana Bautista Bravo , integrantes de la Comisión de Derechos Humanos. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que a través de la Sagarpa y del Senasica y por medio de la SE y del Centro Nacional de Metrología y Normalización se expida con la mayor brevedad una NOM de estándares de calidad mínimos para la importación, empaque, embalaje, transporte y especificaciones sanitarias de productos y subproductos cárnicos frescos, refrigerados o congelados para consumo humano, a cargo de la diputada Martha Angélica Romo Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, a los de las entidades federativas y del Distrito Federal a mejorar las condiciones laborales de los elementos de seguridad penitenciaria, federales y locales, a cargo del diputado Miguel Ángel Macedo Escartín , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a poner en operación el Registro Público Vehicular, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a investigar las irregularidades detectadas en la ejecución de los programas de educación pública en el estado de Tlaxcala y, en su caso, a aplicar las sanciones correspondientes al titular del Ejecutivo estatal, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Hidalgo a restablecer y respetar de manera irrestricta las garantías individuales en esa entidad, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al director del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, a fin de crear la norma oficial mexicana para las enfermedades crónicas socialmente invisibles, a cargo de la diputada Eva Angelina Sánchez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a integrar diversas fechas en el calendario nacional de salud para que sean considerados días de concientización de la salud, a cargo de la diputada Eva Angelina Sánchez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión plural que investigue los desvíos de recursos públicos por parte del Poder Ejecutivo del estado de Tabasco con motivo de la entrega del denominado bono de fatiga laboral, a cargo del diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE a reajustar sus tarifas en consumo de la luz eléctrica en la zona donde se encuentran las presas Miguel Alemán y Miguel de la Madrid, en la cuenca del Papaloapan, a cargo del diputado Víctor Manuel Virgen Carrera , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Excitativas

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a solicitud del diputado Cruz Pérez Cuéllar , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Al Senado de la República, a solicitud del diputado José Nicolás Morales Ramos , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de integrantes de la Comisión Especial de seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros.

Agenda política

Relativa a la situación poselectoral en el estado de Hidalgo, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efemérides

Relativa al Día de la Bandera, celebrado el 24 de febrero, a cargo del diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al Día Mundial del Agua, celebrado el 22 de marzo, a cargo del diputado Moisés Gil Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»



ACTA DE LA SESION ANTERIOR

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.

Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes treinta y uno de marzo de dos mil nueve, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia del diputado César Duarte Jáquez

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las 12 horas con 1 minuto del martes 31 de marzo de 2009, con la asistencia de 325 diputadas y diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensa la lectura del orden del día, del acta de la sesión anterior y de la misma manera la aprueba.

Se reciben contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados de:

• La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, relativo al proyecto carretero Bolaños, Huejuquilla el Alto, Jalisco. Se turna a la Comisión de Transportes para su conocimiento.
• La Procuraduría General de Justicia de Guerrero, relativo a la desaparición forzada y ejecución de dos integrantes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos, en Guerrero. Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

La Junta de Coordinación Política pone a consideración de la asamblea el alta del diputado Carlos Ernesto Zatarain González como secretario de la Comisión de Pesca. En votación económica, se aprueba.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto del:

• Ejecutivo federal, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
• Congreso de Tabasco, que reforma la fracción VI del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite la información relativa a los montos del endeudamiento interno neto; el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondiente al mes de febrero de 2009. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Quedan de primera lectura, una vez que la asamblea la dispensa en votación económica, los siguientes dictámenes con proyecto de decreto de las comisiones de:

a) Justicia, que adiciona un Título XXVII al Código Penal Federal, denominado ``De los delitos cometidos contra la libertad de expresión''.

b) Economía, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio.

c) Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para:

• Inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda ``Junta de Zitácuaro''.
• Inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Salvador Alvarado.

d) Gobernación, que concede permiso a los ciudadanos:

• Marcos Shemaría Zlotorynski para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del Estado de Israel en Guadalajara, con circunscripción consular en Jalisco.
• Enrique Dau Flores y Víctor Sarquis Sade para aceptar y usar la condecoración ``La Orden del Cedro Nacional'', que les otorga el gobierno del Líbano.
• Guillermo Galván Galván, Manuel Víctor Estrada Ricardez, Eduardo Ibarrola Nicolín, Leonardo Ayala Torres, Jorge Calvillo Ordoñez y Patricia Espinosa Cantellano para aceptar y usar condecoraciones que les confieren en diversos grados el gobierno de la República de Guatemala; la Fuerza Aérea de la República de Guatemala; los gobiernos de la República de Honduras, de la República del Perú y de la República de El Salvador, respectivamente.
• Jaime Font y Gutiérrez Solana, Sioshin Murakami Terauchi, Kazushige Sekiguchi Hoshino, Alejandro Santana Alcaráz, Patricia Romo Aguirre, Luz María Dalila Aldana Aranda para aceptar y usar condecoraciones que les confieren en diferentes grados los gobiernos del Reino de España, del Japón y de la República Francesa, respectivamente.
• Rodrigo Germán Espino González, Mauricio Leonardo López Burgos y Juan Ignacio Solano Terrazas, para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América, en México y en su Consulado en Ciudad Juárez Chihuahua, respectivamente.

A las 12 horas con 14 minutos se instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia, con un registro de 352 diputadas y diputados.

El Presidente informa a la asamblea que a las puertas del salón de sesiones se encuentra la ciudadana Dolores del Socorro Rodríguez Sabido, diputada federal suplente, electa en el IV distrito electoral de Yucatán, quien acompañada de una comisión de cortesía, rinde la protesta de ley y entra en funciones de inmediato.

Desde sus respectivas curules, los diputados José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Partido de la Revolución Democrática y Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del Partido Revolucionario Institucional, solicitan guardar un minuto de silencio en memoria de la profesora Griselda Álvarez Ponce de León, primera gobernadora en México. La Presidencia instruye a la asamblea ponerse de pie para tal efecto.

En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensa la lectura de los siguientes dictámenes con proyecto de decreto de las comisiones:

• De Puntos Constitucionales, que adiciona un inciso a) a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se concede el uso de la tribuna, en los términos del artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos al diputado Juan José Rodríguez Prats , del Partido Acción Nacional, para fundamentar el dictamen en nombre de la comisión. Interviene en pro el diputado Cesar Octavio Camacho Quiroz, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica, la asamblea considera el asunto suficientemente discutido. El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 335 votos en pro, uno en contra y ninguna abstención. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
• Unidas de Puntos Constitucionales, y de la Función Pública que reforma y adiciona los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se concede el uso de la tribuna, en los términos del artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a los diputados Raymundo Cárdenas Hernández , del Partido de la Revolución Democrática y José Guillermo Velázquez Gutiérrez , del Partido Acción Nacional, para fundamentar el dictamen en nombre de las comisiones. Fijan la posición de su respectivo grupo parlamentario los diputados: María Mercedes Maciel Ortiz , del Partido del Trabajo; José Manuel del Río Virgen , de Convergencia; Alfredo Adolfo Ríos Camarena , del Partido Revolucionario Institucional, quien solicita la lectura del párrafo noveno del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y acepta interpelación del diputado del Río Virgen; Enrique Cárdenas del Avellano , del Partido Revolucionario Institucional; José Francisco Melo Velázquez , de Convergencia; Mario Enrique del Toro, del Partido de la Revolución Democrática y Carlos Alberto Torres Torres , del Partido Acción Nacional. En votación económica, se considera suficientemente discutido. El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 365 votos en pro, 1 en contra y 2 abstenciones. Pasa al Senado de la República para los efectos de la fracción e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• De Atención a Grupos Vulnerables, que adiciona el inciso m) a la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social. En votación económica se considera suficientemente discutido. El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por trescientos veintisiete votos. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
• De Ciencia y Tecnología, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología. Se concede el uso de la Tribuna, en los términos del artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos al diputado Jesús Vicente Flores Morfín , del Partido Acción Nacional, para fundamentar el dictamen en nombre de la comisión. Interviene en pro el diputado Jaime Verdín Saldaña , del Partido Acción Nacional. En votación económica, la asamblea considera el asunto suficientemente discutido en lo general. El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 329 votos. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
• De Hacienda y Crédito Público, que adiciona la fracción sexta Bis al artículo ciento cuatro de la Ley del Mercado de Valores. En votación económica, la asamblea considera el asunto suficientemente discutido. El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 279 votos en pro y una abstención. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
• De Hacienda y Crédito Público, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general. El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 311 votos en pro y una abstención. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
• De Hacienda y Crédito Público, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y la fracción X del artículo 5o. de la Ley Orgánica de Nacional Financiera. En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general. El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 308 votos en pro y una abstención. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
• De Hacienda y Crédito Público, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley sobre el Contrato de Seguro y de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general. El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 302 votos en pro, 3 contra y una abstención. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
• De Gobernación, que expide la Ley Federal de Archivos. Se concede el uso de la tribuna, en los términos del artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos al diputado César Octavio Camacho Quiroz , del Partido Revolucionario Institucional, para fundamentar el dictamen en nombre de la comisión. Presenta moción suspensiva el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Partido de la Revolución Democrática, que se desecha en votación económica. Interviene en pro el diputado Carlos Madrazo Limón , del Partido Acción Nacional. El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 241 votos en pro, 55 en contra y una abstención. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
• De Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que expide el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados. Se concede el uso de la tribuna, en los términos del artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos al diputado Jorge Mario Lescieur Talavera , del Partido Revolucionario Institucional, para fundamentar el dictamen en nombre de la comisión y propone modificaciones mediante adendum. Interviene el diputado Javier González Garza , del Partido de la Revolución Democrática. Desde sus respectivas curules, los diputados Lescieur Talavera, realiza precisiones alusivas a la exposición del diputado González Garza; Adrián Fernández Cabrera , del Partido Acción Nacional, solicita la lectura del artículo 47, del proyecto de reglamento y del adendum presentado por el diputado Lescieur Talavera y la Presidencia así lo instruye y el diputado González Garza, realiza comentarios. En votación económica la asamblea acepta las propuestas de modificaciones. Interviene en pro la diputada Layda Elena Sansores San Román , de Convergencia, quien acepta interpelación del diputado Gerardo Aranda Orozco , del Partido Acción Nacional; y José Antonio Muñoz Serrano , del Partido Acción Nacional. En votación económica la asamblea considera el asunto suficientemente discutido en lo general y en lo particular. El Presidente declara aprobado el proyecto de decreto por 292 votos en pro, ninguno en contra y una abstención. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
• De Gobernación, que reforma y adiciona el artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. En votación económica la asamblea lo considera suficientemente discutido en lo general. El Presidente declara aprobado el proyecto de decreto por 262 votos en pro, ninguno en contra y 2 abstenciones. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

El Presidente informa a la asamblea que a las puertas del salón de sesiones, se encuentra el ciudadano Sergio Rojas Carmona, diputado federal suplente, electo en el XXIX distrito del estado de México, quien acompañado de una comisión de cortesía, rinde la protesta de ley y entra en funciones de inmediato.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

La Presidencia clausura la sesión a las 17 horas con 11 minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 1 de abril de 2009 a las 11:00 horas.»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Aprobada el acta. Continúe la Secretaría con las comunicaciones.



DICTAMENES NEGATIVOS DE PUNTOS DE ACUERDO

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.---Mesa Directiva

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo, que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes comisiones:

Economía

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita la comparecencia del titular de la Administración General de Aduanas para que informe sobre la importación de pseudoefedrina.

Educación Pública y Servicios Educativos y de Salud

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades a fin de incorporar especialistas en salud mental para la atención de niñas, niños y adolescentes que padezcan una situación de maltrato físico o mental.

Marina y Presupuesto y Cuenta Pública

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular del Ejecutivo federal que asigne a la Secretaría de Marina recursos económicos extraordinarios para la adquisición de equipo bélico y se refuercen las medidas de seguridad en instalaciones estratégicas de la Sonda de Campeche.

Relaciones Exteriores

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo relativa a la no acreditación en Cuba de corresponsales de diversos periódicos.

Turismo

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita a la Comisión de Turismo de esta soberanía que integre una subcomisión plural para que realice un análisis y evaluación en la industria de cruceros y en la economía de los lugares donde arriban éstos.

Solicito a ustedes que lo hagan del conocimiento de la honorable asamblea.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de abril del 2009.--- Diputado César Duarte Jáquez (rúbrica), Presidente.»

«Dictamen de la Comisión de Economía, relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Administración General de Aduanas para que informe sobre la importación de pseudoefedrina

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a esta LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictaminen la proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Administración General de Aduanas para que informe sobre la importación de pseudoefedrina, a cargo del diputado Mauricio Ortiz Proal , del Grupo Parlamentario del PRI.

Esta comisión con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos d), e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen basándose en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el día 26 de abril de 2008, los secretarios de ésta dieron cuenta al Pleno de la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Administración General de Aduanas para que informe sobre la importación de pseudoefedrina, suscrita por el diputado Mauricio Ortiz Proal , del Grupo Parlamentario del PRI, para someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión.

Segundo. Que el Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Economía''.

Tercero. El legislador propone lo siguiente:

• Se solicita la comparecencia ante la Comisión de Economía del Administrador General de Aduanas, ingeniero Juan José Bravo Moisés, a fin de que informe a esta comisión, y a través de ella al Pleno de esta soberanía, respecto de la modificación de los registros de importación de pseudoefedrina, sustancia que se utiliza tanto para la fabricación de medicamentos como de metanfetaminas (droga sintética).

Consideraciones

Primera. Que con base a los antecedentes indicados la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas, se abocó a dictaminar la proposición con punto de acuerdo de referencia.

Segunda. Que la pseudoefedrina es usada para aliviar el malestar nasal causado por los resfríos, las alergias y la fiebre del heno, y también se usa para aliviar la congestión y la presión en los senos paranasales.

Tercera. Que la pseudoefedrina pertenece a una clase de medicamentos llamados agentes simpaticomiméticos que son usados como descongestivos nasales, funciona al provocar un estrechamiento de los vasos sanguíneos en las hinchadas membranas de la mucosa nasal, para reducir la congestión nasal y permitir el drenaje de los senos paranasales.

Cuarta. Que la pseudoefedrina puede provocar efectos secundarios, tales como agitación y malestar estomacal, pero algunos efectos secundarios pueden ser graves como nerviosismo, mareos, dificultad para dormir, dolor de estómago, vómitos, dificultad para respirar, frecuencia cardiaca irregular o más rápida que el ritmo normal, debilidad, palpitaciones, temblores incontrolables en partes de su cuerpo, e inclusive alucinaciones.

Quinta. Que la efedrina está clasificada en el artículo 4, fracción I, de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y Comprimidos (LFCPQPQEM), ya que son fundamentales para producir narcóticos, al incorporar a éstos su estructura molecular.

Sexta. Que el artículo 3, fracción XXIV, de la Ley General de Salud (LGS) establece que, en los términos de esa norma, es materia de salubridad general el control sanitario de productos y servicios y de su importación y exportación.

Séptima. Que por control sanitario se entiende el conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo, verificación y en su caso, aplicación de medidas de seguridad y sanciones, que ejerce la Secretaría de Salud.

Octava. Que el artículo 17 de la LGS dispone que es competencia del Consejo de Salubridad General dictar medidas contra la venta y producción de substancias tóxicas, así como las que tengan por objeto prevenir y combatir los efectos nocivos de la contaminación ambiental en la salud.

Novena. Que el artículo 17 Bis de la LGS establece que la Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios que conforme a esa norma, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables corresponden a dicha dependencia, además de proponer al secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos sanitarios así como su instrumentación en materia de sustancias tóxicas o peligrosas para la salud, materias primas y aditivos que intervengan en la elaboración de los productos anteriores, así como elaborar y expedir las normas oficiales mexicanas relativas a los productos de su competencia, ejerciendo el control sanitario sobre dichos productos en lo referente a su importación y exportación.

Décima. Que el artículo 376 de la LGS establece que requieren registro sanitario los medicamentos, estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos que los contengan; equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos, estos últimos en los términos de la fracción VI del artículo 262 de esta Ley, así como los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas. Asimismo, menciona que registro sólo podrá ser otorgado por la Secretaría de Salud, éste tendrá una vigencia de 5 años, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 378 de esta ley, dicho registro podrá prorrogarse por plazos iguales, a solicitud del interesado, en los términos que establezcan las disposiciones reglamentarias. Si el interesado no solicitara la prórroga dentro del plazo establecido para ello o bien, cambiara o modificara el producto o fabricante de materia prima, sin previa autorización de la autoridad sanitaria; ésta procederá a cancelar o revocar el registro correspondiente, a lo que el primer periodo de gracia se prorrogará hasta 2010, y ese año todos los productos tendrán que haber cumplido el requisito.

Décima Primera. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero del acuerdo por el que se establecen medidas de protección en materia de salud humana para prevenir el uso y consumo de pseudoefedrina y efedrina, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2008, se prohíbe toda importación de medicamentos o cualquier insumo para la salud que haya sido elaborado utilizando como uno de sus componentes o aditivos las sustancias pseudoefedrina y efedrina, con la excepción con excepción del sulfato de efedrina en su forma farmacéutica de solución inyectable o para la fabricación de ésta, así como la importación de las sustancias mencionadas como materia prima o bajo cualquier otro concepto.

Décima Segunda. Que a raíz de la publicación de este decreto, únicamente se autorizó la importación de sulfato de efedrina en su forma farmacéutica de solución inyectable o para la fabricación de ésta, así como la importación de las sustancias mencionadas como materia prima o bajo cualquier otro concepto, y en estos casos la autorización deberá ser otorgada por el comisionado federal para la Protección Contra Riegos Sanitarios (Cofepris), y el ejercicio de dicha facultad no podrá ser delegada a ningún funcionario de nivel jerárquico inferior.

Décima Tercera. Que además, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto del acuerdo de referencia, todo proceso de importación, tanto de materia prima como de producto terminado deberá suspenderse.

Décima Cuarta. Que se instruyó a la Cofepris, para que cancele todos los permisos de importación que estén por ejercerse, con excepción del sulfato de efedrina en su forma farmacéutica de solución inyectable o para la fabricación de ésta. Asimismo, se notificó que si algún lote de pseudoefedrina, efedrina o producto terminado que contenga pseudoefedrina o efedrina, es introducido al país dado su avanzado proceso de importación, deberá procederse a su destrucción en los términos de lo dispuesto por el numeral quinto del acuerdo referido, debiendo dar el aviso a que se refiere el mismo, de manera inmediata a la Cofepris.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Economía somete al pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Administración General de Aduanas para que informe sobre la importación de pseudoefedrina, suscrita por el diputado Mauricio Ortiz Proal , del Grupo Parlamentario del PRI.

Segundo. Archívese el presente asunto como asunto como totalmente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de febrero de 2009.
La Comisión de Economía, diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica en contra), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso, Narcizo Alberto Amador Leal , Antonio Berber Martínez (rúbrica), Carlos Alberto García González , Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Martín Malagón Ríos (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica), Octavio Martínez Vargas , Susana Monreal Ávila , Alicia Rodríguez Martínez (rúbrica en contra), Mauricio Ortiz Proal (rúbrica en contra), Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez , Raúl Ríos Gamboa , Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez , Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho , Alberto Amaro Corona , Joaquín Humberto Vela González , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

«Dictamen de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Salud, sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades en materia de maltrato físico o mental

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Salud de la Cámara de Diputados, LX Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades a incorporar especialistas en salud mental para la atención de niños y de adolescentes que padezcan una situación de maltrato físico o mental, presentada por la diputada Juana Leticia Herrera Ale , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Las comisiones dictaminadoras, con fundamento en los artículos 72, fracción D, y 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1 y 3, 43, 44, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen:

I. Antecedentes

1. En sesión ordinaria del 24 de abril de 2008, la diputada Juana Leticia Herrera Ale , del Grupo Parlamentario del PRI, presentó ante el Pleno, con carácter de urgente resolución, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades a incorporar especialistas en salud mental para la atención de niños y de adolescentes que padezcan una situación de maltrato físico o mental.
2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Salud, para estudio y posterior dictamen.
3. Con fecha 8 de julio de 2008, el pleno de la Comisión de Salud aprobó el proyecto de dictamen, en sentido negativo, sobre el punto de acuerdo en comento y lo envió el 14 de noviembre de 2008 a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para consideración y análisis.

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Como parte de sus consideraciones, la diputada proponente sostiene que, históricamente, los niños han sido víctimas de violencia en todas las formas conocidas; y que desde entonces han sido mutilados, golpeados, vejados y explotados.

Por esta razón, indica, en 2001 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó un estudio sobre la violencia contra los niños, la cual con frecuencia se esconde y a menudo es socialmente aprobada en todo el mundo. El estudio resulta el primer intento por documentar la realidad mundial de la violencia contra los menores. Representa el primer paso para evaluar lo que se ha hecho para detenerla.

En México, la Secretaría de Salud formuló un informe nacional sobre violencia y salud, que fue presentado en abril de 2007 y compila investigaciones del UNICEF, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el DIF, el Instituto Federal Electoral y del Sistema Nacional de Información en Salud, los cuales, entre otras cosas, señalan que México es uno de los países más violentos contra los niños.

Asimismo, que entre los países miembros de la OCDE, México, Estados Unidos y Portugal reportan el número más alto de niños muertos por maltrato. También, de acuerdo con ese informe, entre 1991 y 2002 se registraron 7 mil 351 homicidios contra menores de 15 años. En cuanto a 2005, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) consignó 677 homicidios contra menores. En todos éstos, las causas más recurrentes fueron el ahorcamiento, la estrangulación y la sofocación. Menciona también que entre 2000 y 2002 el DIF recibió un promedio de 4 casos de maltrato infantil al día: resultó responsable la madre en 47 por ciento de los casos, mientras que en 29 por ciento fue el padre.

En su argumentación, la diputada Herrera Ale refiere lo señalado por la investigadora Elena Azaola, quien advierte que, además de los homicidios, hay otro tipo de violencia que es menos visible y dramática, pero que implica dosis cotidianas de dolor que causan severos daños y disminuyen de manera drástica las posibilidades de tener una vida sana y plena. Es ése el caso, dice, de los insultos, los apodos, el silencio y la indiferencia. Y sostiene que la escuela y el hogar son los lugares más peligrosos para los niños menores de 14 años, pues en ambos círculos se emplean golpes y agresiones psicológicas ``para disciplinar'', además de casos de abuso sexual ``que son el reflejo del autoritarismo''.

La diputada refiere que numerosos estudios señalan que el maltrato físico produce daños corporales y emocionales, lo que repercute necesariamente en el ámbito social.

En cuanto a las consecuencias psicológicas, refiere que los niños que sufren maltrato físico tienen mayores dificultades para el desempeño escolar, el autocontrol, la valoración de su imagen y el establecimiento de relaciones sociales. Que las consecuencias emocionales de largo plazo pueden resultar devastadoras, pues estos niños tienen mayor riesgo de vincularse y depender del alcohol y de las drogas. Asimismo, que entre los daños que pueden presentarse en su relación social, aunque menos visibles, se encuentran la dificultad para establecer amistad, las escasas habilidades de conocimiento y lenguaje, la desconfianza en los otros, la complacencia excesiva con figuras de autoridad, y tendencia a resolver de manera violenta problemas interpersonales. Por ello, los especialistas han insistido en que el maltrato infantil afecta a las familias y a las comunidades.

Finalmente, advierte la diputada Herrera Ale, en el país, en términos jurídicos los menores están protegidos, pero en la práctica resultan de los grupos más vulnerables. Por ello considera necesaria su propuesta a fin de implantar medidas de prevención y vigilancia para detener las prácticas de maltrato, tanto físicas como psicológicas, de que son víctimas los menores.

III. Consideraciones

Primera. Considerando el estudio del secretario general de la ONU sobre violencia contra la niñez; el Informe Nacional sobre Violencia y Salud, de la Secretaría de Salud; el estudio La infancia cuenta en México 2005, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, y más de igual importancia, todos los cuales han dirigido sus esfuerzos a hacer efectivos los preceptos de la Convención de los Derechos del Niño, y abonar a que ``la niñez debe estar plenamente preparada para una vida independiente y en sociedad y ser educada en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, y en particular en espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad''; y que también reconocen que la violencia existe en todos los países, independientemente de las culturas, clases sociales, niveles educativos, ingresos y origen étnico; y en especial contra la niñez en diferentes contextos: familia, escuelas, lugares de trabajo, comunidad y otros.

Segunda. Los integrantes de las comisiones dictaminadoras coincidimos con la diputada promovente respecto a su preocupación referida al maltrato infantil en el mundo y particularmente en nuestro país. Ese fenómeno denigrante se evidencia a través de abundantes cifras y números que hablan de tan degradante actitud de la sociedad contemporánea. De tales cifras, por su cotidianeidad y por ser del dominio público, en esta ocasión sólo reiteraremos, para el país, las que refirió el representante de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante el acto de la presentación en México del estudio del secretario general de la ONU sobre la violencia contra la niñez en abril de 2007, tomados de la consulta infantil y juvenil efectuada por el Instituto Federal Electoral en 2000, la cual reportó que 21 por ciento de los niños de entre 6 y 17 años dijo ser víctima de golpes o insultos en el hogar.

Una proporción igual (21 por ciento) afirmó ser víctima de golpes o insultos en la escuela y 14 por ciento dijo serlo en su entorno comunitario. De acuerdo con la Encuesta de Violencia Intrafamiliar de 1999, realizada por el INEGI, en el Distrito Federal aproximadamente 38 por ciento de los niños y los adolescentes menores de 19 años vivían en hogares donde hay violencia emocional, 6 por ciento en hogares con intimidación, 5 por ciento con violencia física y cerca de 1 por ciento donde había violencia sexual.

Tercera. Los integrantes de las dictaminadoras reiteramos que la atención y solución radical de este problema social y de salud, como el de muchos otros que individual y socialmente nos aquejan, no es posible asumirlas, una vez más, de forma parcial y paliativa. Nos referimos a que esta situación, de origen multifactorial, reclama la acción, los presupuestos, la disposición, la actitud, y el ejercicio de muy diversas autoridades oficiales y privadas, programas, acciones y ejercicio de especialistas diversos para implantar acciones integrales que superen de forma efectiva los atavismos, las deficiencias, las carencias y la pérdida de valores y de principios que han desembocado en tan perversas actitudes deshumanizantes y de desintegración social.

Cuarta. Sin duda, en los planos internacional y nacional, con relación a los derechos de la infancia y de la juventud abundan la legislación, la normatividad y los programas públicos y los privados que pretenden la protección, el apoyo y el desarrollo de los niños y los jóvenes de cada uno de los países, sin que el nuestro sea la excepción. Pero, como en muchos otros casos se ha dicho y visto, el problema radica en la enorme dificultad, real o premeditada, de la viabilidad de su ejecución y cabal cumplimiento.

Quinta. Las comisiones dictaminadores reiteramos que la detección de la violencia contra los infantes requiere un cierto nivel de entrenamiento y una considerable sensibilidad hacia las necesidades individuales y culturales de los pacientes o víctimas.

Es menester también un amplio grado de continuidad para prevenir reincidencias y asegurar un cambio permanente. Esto, siempre que se conjuguen los factores concomitantes con las transformaciones y modificaciones que favorezcan el cambio integral en los planos individual y colectivo.

Sexta. Por todo lo anterior, y con absoluto respeto del trabajo legislativo propuesto y su noble propósito, que coincide con el interés superior del niño y sin olvidar que la violencia puede detenerse y prevenirse, las comisiones dictaminadoras estiman que el punto de acuerdo, en lo particular, promueve una atención parcial y carece de precisión con relación a los entes y las autoridades que propone que atiendan su sugerencia. Es una propuesta abierta, enviada a diversas áreas, con propuestas no sólidas.

Para atender la detección y prevención del maltrato infantil, propone que los pasantes de la carrera de psicología sean asignados a las ``diversas instancias'', lo que resulta muy difícil de atender, entre otras razones, por el escaso número de pasantes de psicología y, más aún, de la especialidad que requiere el planteamiento propuesto, que contrasta con el abrumador número que puede demandar, en realidad, la asignación de éstos a las ``instancias'' que sugiere.

Por tanto, los integrantes de las dictaminadoras consideramos que la propuesta no es viable, ya que es poco precisa y fracciona la atención integral que la violencia contra los niños y los jóvenes demanda.

Por los expuesto, las comisiones dictaminadoras someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, LX Legislatura, los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades a incorporar especialistas en salud mental para la atención de niños y de adolescentes que padezcan una situación de maltrato físico o mental, presentada por la diputada Juana Leticia Herrera Ale , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 24 de abril de 2008.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2009.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Leobardo Curiel Preciado , Delber Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo , Abundio Peregrino García (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres , Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Faustino Javier Estrada González , Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), María Gabriela González Martínez (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro , Sergio Hernández Hernández , Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Adolfo Mota Hernández , Francisco Javier Murillo Flores (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez, Sagrario María del Rosario Ortiz Montoro (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán , José Luis Varela Lagunas (rúbrica).
La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe , Ricardo Cantú Garza , Maricela Contreras Julián , María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina , Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes , Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena , Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo , Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García , Gilberto Ojeda Camacho , Martha Rocío Partida Guzmán , Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García .»

«Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina, y de Presupuesto y Cuenta Pública, referente a la proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular del Ejecutivo federal que asigne a la Secretaría de Marina recursos económicos extraordinarios para la adquisición de equipo bélico y se refuercen las medidas de seguridad en instalaciones estratégicas de la sonda de Campeche

A las Comisiones Unidas de Marina y de Presupuesto, y Cuenta Pública de esta LX Legislatura fue turnada, para estudio y dictamen, proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular del Ejecutivo federal que asigne a la Secretaría de Marina recursos económicos extraordinarios para la adquisición de equipo bélico y se refuercen las medidas de seguridad en instalaciones estratégicas de la sonda de Campeche para prevenir un posible ataque terrorista.

Las Comisiones Unidas de Marina, y de Presupuesto y Cuenta Pública, en uso de las facultades otorgadas en los artículos 39, numeral 1 y 2, fracción XXII, 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, procedieron a realizar un estudio y análisis de la proposición con punto de acuerdo enviada para estudio y dictamen, con base en los siguientes antecedentes y considerandos.

Antecedentes

1. En sesión celebrada en fecha 11 de abril de 2007, el diputado Marco Antonio Peyrot Solís , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular del Ejecutivo federal que asigne a la Secretaría de Marina recursos económicos extraordinarios para la adquisición de equipo bélico y se refuercen las medidas de seguridad en instalaciones estratégicas de la sonda de Campeche para prevenir un posible ataque terrorista.

2. Mediante oficio número DGPL 60-II-3-588, la Mesa Directiva de la LIX Legislatura turnó la proposición con punto de acuerdo de referencia a las Comisiones Unidas de Marina, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para estudio y dictamen, y que ahora se emite con base en los siguientes

Considerandos

Primero. Que la proposición con punto de acuerdo turnada a estas comisiones unidas, para estudio y dictamen, tiene como objetivo exhortar al Ejecutivo federal a extremar las medidas de seguridad, implantadas en las instalaciones estratégicas de la sonda de Campeche, a fin de prevenir un ataque terrorista, y solicitar al Ejecutivo federal que asigne de forma inmediata a la Secretaría de Marina recursos económicos extraordinarios por la cantidad de 2 mil 200 millones de pesos, con cargo a los recursos que se generen por excedentes petroleros, a fin de que se adquiera el equipo bélico necesario que considere esta secretaría para reforzar las medidas de seguridad en las instalaciones estratégicas de la sonda de Campeche.

Segundo. Que la seguridad nacional vela por la protección y preservación del interés colectivo, evitando en lo posible cualquier riesgo o amenaza a la integridad física de la población y de las instituciones. Actualmente, el terrorismo es considerado, también en nuestro país, como una verdadera amenaza a la seguridad nacional.

Tercero. Que el 8 de febrero de 2007 se difundió en Internet una publicación de Al Qaeda en la que se lanza una amenaza en contra de México, Canadá y Venezuela, ya que son éstos los mayores abastecedores de petróleo a Estados Unidos de América y con esto obtendrían la disminución de las importaciones estratégicas de energéticos que realiza este país y, de esta manera, asfixiar su economía.

Cuarto. Que estas comisiones, al entrar al estudio de la materia, establece que la presente proposición con punto de acuerdo queda sin materia, dado que con fecha 12 de noviembre del presente año, con 449 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008 por un monto total de 2 billones 569 mil 450 millones 200 mil pesos, de los cuales 656 mil 514 millones 168 mil 303 pesos se destinarán al gasto de ramos administrativos y 47 mil 774 millones 883 mil 887 pesos a organismos autónomos.

Quinto. Que a la Secretaría de Marina-Armada de México, para el ejercicio fiscal de 2008, se le asignó un presupuesto de 13,420.2 millones de pesos, lo que representa un aumento de 18.4 por ciento de variación real sobre el aprobado para el presente año, incremento reflejado en una alta de 2,468.9 millones de pesos, en referencia con el de 2007.

Por lo expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas de Marina, y de Presupuesto y Cuenta Pública emiten el siguiente

Acuerdo

Primero. La proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular del Ejecutivo federal que asigne a la Secretaría de Marina recursos económicos extraordinarios para la adquisición de equipo bélico y se refuercen las medidas de seguridad en instalaciones estratégicas de la sonda de Campeche, presentada por el diputado Marco Antonio Peyrot Solís el 11 de abril de 2006, quedó sin materia debido a que el objetivo esencial ha quedado cubierto con la aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2008.

Segundo. Por tanto, se solicita se archive el expediente como asunto concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2008.
La Comisión de Marina, diputados: José Manuel del Río Virgen (rúbrica), presidente; Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Marco Antonio Peyrot Solís (rúbrica en contra), José Luis Blanco Pajón (rúbrica), secretarios; Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Gerardo Buganza Salmerón , Adrián Fernández Cabrera , Leonardo Magallón Arceo (rúbrica), Luis Alonso Mejía García (rúbrica), Nabor Ochoa López , Pedro Pulido Pecero , Víctor Manuel Torres Herrera , Juan Victoria Alva , Maribel Luisa Alva Olvera (rúbrica), Higinio Chávez García (rúbrica), Cuitláhuac Condado Escamilla, Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Luis Ricardo Aldana Prieto , Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Mariano González Zarur (rúbrica), Arturo Martínez Rocha (rúbrica), Jorge Toledo Luis (rúbrica), Faustino Javier Estrada González (rúbrica), Félix Castellanos Hernández (rúbrica).
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputados: Raúl Alejandro Padilla Orozco , presidente; Édgar Martín Ramírez Pech, Carlos Altamirano Toledo (rúbrica), Érick López Barriga (rúbrica), Susana Monreal Ávila (rúbrica), Joel Ayala Almeida , Javier Guerrero García (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido , Alejandro Chanona Burguete , Ricardo Cantú Garza , Mónica Arriola, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica), secretarios; Adolfo Escobar Jardinez (licencia), Alejandro Enrique Delgado Oscoy , Amador Campos Aburto (rúbrica), Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), Artemio Torres Gómez (rúbrica), Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica), Celso David Pulido Santiago (rúbrica), Charbel Jorge Estefan Chidiac , Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Enrique Iragorri Durán , Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Francisco Javier Calzada (rúbrica), Francisco Rueda Gómez (rúbrica), Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica), Jorge Emilio González Martínez , Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), José Alejandro Aguilar López , Juan Adolfo Orcí Martínez , Liliana Carbajal Méndez , Mario Alberto Salazar Madera (rúbrica), Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Moisés Alcalde Virgen , Pablo Trejo Pérez .»

«Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, relativo a la no acreditación de corresponsales de diversos periódicos en Cuba

Honorable Asamblea:

La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

El 26 de abril de 2007, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron una proposición con punto de acuerdo por la que se condena la no acreditación en Cuba de los corresponsales César González Calero, del periódico El Universal de México; Stephen Gibbs, de la BBC de Londres; y Gary Marx, del diario The Chicago Tribune de Estados Unidos, toda vez que esto implica una violación del derecho a la libertad de expresión.

En esa fecha, la Mesa Directiva de la honorable asamblea turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Relaciones Exteriores, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

La Comisión de Relaciones Exteriores presenta el dictamen de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

1. La proposición con punto de acuerdo funda su interés en los hechos, suscitados en Cuba durante febrero de 2007, referentes a la notificación por el Centro de Prensa Internacional* a la no acreditación periodística de tres corresponsales.
2. La medida fue aplicada contra los profesionales César González Calero, del periódico mexicano El Universal; Stephen Gibbs, de la cadena de televisión británica BBC; y Gary Marx, del diario estadounidense The Chicago Tribune.

3. La libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión. Además, es instrumento indispensable mediante el cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información.

4. Para la Comisión de Relaciones Exteriores, el derecho a la libertad de expresión es esencial para mantener una verdadera y significativa comprensión y cooperación entre las naciones. No obstante, considera que la situación ocurrida hace un año carece de vigencia en la relación bilateral actual México-Cuba.

Por lo expuesto, la comisión somete a consideración de esta soberanía los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo a la no acreditación de corresponsales de diversos periódicos en Cuba por considerarse extemporánea.

Segundo. Archívese como asunto totalmente concluido.

Nota: *El Centro de Prensa Internacional constituye una dirección subordinada al Ministerio de Relaciones Exteriores que, con personalidad jurídica propia, atiende lo referente a la prensa extranjera. Se encarga de otorgar las visas a los periodistas que visitan Cuba y brinda atención a los corresponsales permanentes y representantes de medios especializados acreditados en el país.
Cámara de Diputados, Comisión de Relaciones Exteriores, a 10 de diciembre de 2008.
La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados: Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), presidente; María Eugenia Campos Galván (rúbrica en contra), Óscar Miguel Mohamar Dainitin, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), Mario Enrique del Toro, Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica), Rodolfo Solís Parga (rúbrica), secretarios; Samuel Aguilar Solís , Alliet Mariana Bautista Bravo , César Camacho Quiroz (rúbrica), María Elena Álvarez Bernal (rúbrica), Ariel Castillo Nájera , Alejandro Chanona Burguete , Felipe Díaz Garibay (rúbrica), Édgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica), María Dolores González Sánchez (rúbrica), José Jacques y Medina (rúbrica), Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), José Murat, José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez , Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Lourdes Quiñones Canales (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández , Rosaura Virginia Denegre Vaught Ramírez (rúbrica), Antonio Soto Sánchez , Artemio Torres Gómez (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar .»

«Dictamen de la Comisión de Turismo, respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a ésta que integre una subcomisión plural para que realice un análisis y evaluación del efecto del derecho por servicio migratorio en el turismo en la industria de cruceros y en la economía de los lugares donde arriban

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita a este órgano legislativo que integre una subcomisión plural para que realice un análisis y evaluación del efecto negativo del derecho por servicio migratorio en el turismo, en la industria de cruceros y en la economía de los lugares donde arriban los cruceros turísticos.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, y 45, numerales 6 --incisos e) y f)-- y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58, 60, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen, que se realiza bajo lo siguiente:

Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Cámara de Diputados, el 11 de diciembre de 2008 el diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Turismo de esta soberanía que integre una subcomisión plural para que realice un análisis y evaluación del efecto negativo del derecho por servicio migratorio en el turismo, en la industria de cruceros y en la economía de los lugares donde arriban los cruceros turísticos.

Segundo. En esta misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante el oficio número DGPL 60-II-1-2047 acordó que se turnará la propuesta citada a la Comisión Turismo, para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido de la proposición

a. El diputado proponente hace referencia a que el turismo en México está sufriendo una delicada pérdida de su dinamismo y competitividad. De acuerdo con el índice del Foro Económico Mundial, entre 2007 y 2008, retrocediendo del lugar 49 al 55 en el índice global.

b. Asimismo el que propone menciona que lo dicho anteriormente es motivado por la crisis económica de Estados Unidos de América, principal mercado emisor de turistas para México y por los altos precios del petróleo, que han afectado tanto al turismo como a la industria de cruceros; pues tan sólo por combustible el incremento, que fue del 2 por ciento en el 2007, se ha elevado significativamente a 16 por ciento en 2008.

c. El diputado Lizárraga Peraza afirma que, en lo que respecta específicamente a la industria de cruceros, tenemos que en México las tarifas y costos son más caros que en países competidores de la región del Caribe, y junto con este panorama, en la Ley Federal de Derechos 2009 se propone la obligación de un pago de 25 pesos por pasajero, para verificar trámites migratorios a las embarcaciones turísticas.

d. Finalmente, el diputado del Partido de la Revolución Democrática que realiza este exhorto asevera que, de llegarse a este extremo, indudablemente el resultado sería complicar más la regulación actual; favorecer a las naciones competidoras; perjudicar notablemente las posibilidades de fortalecimiento que tenga nuestro país en este ramo; reducir la oferta de empleo, e incidir en el detrimento de las comunidades y su economía.

Consideraciones

I. La que dictamina considera que México se ha convertido en uno de los destinos favoritos de los cruceristas en todo el mundo; prueba de ello es que más de 10 millones de turistas llegan anualmente a sus costas a bordo de embarcaciones internacionales, caracterizadas por decenas de diversiones a bordo como casinos, tiendas, gimnasios, shows, centros de baile y una vasta gastronomía, es por ello que diversas dependencias federales y empresas privadas han estudiado el fenómeno de los cruceros y todo lo relacionado con esta industria, incluyendo los ingresos que generan y el efecto negativo que tienen en nuestro país.

II. La dictaminadora, tras un amplio estudio sobre el exhorto del proponente, el cual contempla el integrar una subcomisión plural que realice un análisis y evaluación del efecto negativo del derecho por servicio migratorio en el turismo, en la industria de cruceros y en la economía de los destinos de los cruceros, encontró que ya existe una dependencia que lleva a cabo este trabajo de análisis, lo anterior con fundamento en el reglamento interior de la Secretaría de Gobernación, sección V, en donde se establecen las atribuciones y obligaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), el cual, tiene por objeto (artículo 55) la planeación, ejecución, control, supervisión, evaluación y análisis todos los flujos migratorios, así como el ejercicio de la coordinación con las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que concurren en la atención y solución de los asuntos relacionados con la materia.

III. De igual forma, dentro de este instituto existen unidades de apoyo, denominadas Coordinaciones de Delegaciones del INM, las cuales realizan actividades específicas de planeación e investigación además de ser los encargados de recabar la información estadística y en base a ella, formulan visiones a corto, mediano y largo plazo en distintos temas, como es el caso del flujo migratorio de turistas extranjeros y cruceros.

IV. Asimismo, esta dictaminadora investigó que dentro de las atribuciones de estas coordinaciones, según el artículo 66 de su reglamento, se contempla, el estudiar la problemática migratoria y administrativa de las delegaciones regionales, tomando en cuenta la derrama económica por los servicios migratorios que se prestan a los turistas extranjeros y su impacto en el país.

V. Finalmente, esta dictaminadora considera inviable integrar una subcomisión para realizar un análisis de un tema, el cual ya es estudiado por parte de un organismo público, como el Instituto Nacional de Migración y sus coordinaciones regionales, además de que esta comisión cuenta con los indicadores y estudios que realiza este instituto.

En mérito de lo antes expuesto, la comisión de turismo se permite someter a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Comisión de Turismo de esta soberanía que integre una subcomisión plural para que realice un análisis y evaluación del efecto negativo del derecho por servicio migratorio en el turismo, en la industria de cruceros y en la economía de los lugares donde arriban los cruceros turísticos.

Segundo. Archívese el presente asunto como tal y definitivamente concluido.

La Comisión de Turismo, diputados: Octavio Martínez Vargas (rúbrica), presidente; Francisco Dávila García (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Amador Campos Aburto (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez , José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), secretarios; Ana María Ramírez Cerda (rúbrica), Armando Enríquez Flores , Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui , Carlos Eduardo Felton González (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo (rúbrica en contra), Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica), Joel Guerrero Juárez , Benjamín Hernández Silva (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale , Addy Cecilia Joaquín Coldwell (rúbrica), Del Villar Sosa Sonia Leslie, María Soledad López Torres (rúbrica en contra), Francisco Márquez Tinoco (rúbrica), Gilberto Ojeda Camacho , Juan Adolfo Orcí Martínez (rúbrica), José Ascensión Orihuela Bárcenas, Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), Sara Shej Guzmán (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares , Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos. Continúe la Secretaría, por favor.



DIPUTADA QUE SOLICITA LICENCIA

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputado de la LX Legislatura

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito dirigirme a usted para solicitarle muy atentamente que sea el conducto para someter a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, mi solicitud para separarme del cargo de diputada federal a la LX Legislatura, por tiempo indefinido, a partir del 1 de abril de 2009.

Agradezco de antemano su atención y aprovecho para saludarle cordialmente.

Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2009.--- Diputada Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario Convergencia.»

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen (desde la curul): Presidenta, ¿me permite? El diputado, la diputada y su servidor queremos hacer uso de la palabra.

El diputado Alejandro Chanona Burguete (desde la curul): ... Presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Sonido a la curul del diputado Chanona, por favor.

El diputado Alejandro Chanona Burguete (desde la curul): Ciudadana presidenta, quiero, en nombre del Grupo Parlamentario de Convergencia, expresar en el marco de este pleno, de este poder soberano, nuestro más profundo reconocimiento a la labor desarrollada por la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario hasta ayer, Layda Sansores.

Layda Sansores se caracterizó por la defensa intransigente, valiente y sólida de sus ideas, y hoy toma la determinación de irse a la trinchera del Movimiento Nacional por la Defensa del Petróleo, de la Economía Popular y la Soberanía.

Hoy la recibimos en la mañana en el pleno para hacerlo, en particular, y hoy en el pleno ante la voz pública, ante la máxima tribuna queremos rendirle un homenaje a Layda Sansores. Muchas gracias, presidenta. Agradezco la atención de todos.

La diputada María del Carmen Salvatori Bronca (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Sonido a la curul de la diputada Carmen Salvatori.

La diputada María del Carmen Salvatori Bronca (desde la curul): Gracias, presidenta; con su permiso.

Igualmente, respaldando lo dicho por mi coordinador. Quiero hacer un reconocimiento a la labor y al trabajo de una mujer, diputada, con ese impulso, ese trabajo, esa decisión, esa valentía. Creo que independientemente de que estemos o no de acuerdo con las posturas y con las actitudes, yo creo que es un ejemplo como diputada, como mujer. De las 125 diputadas que somos en la LX Legislatura, ella se distinguió por su valentía, por su coraje, por su convicción, que es de reconocerse.

Y como mujer reconozco su trabajo y me uno a ese beneplácito como una mujer ejemplar y una diputada que se distinguió por ese gran trabajo. Y esperemos que en las próximas legislaturas haya mujeres decididas con ese compromiso, por el bien de México. Muchas gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Gracias, diputada. En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

El diputado José Manuel del Río Virgen (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Antes, diputada secretaria, sonido a la curul del diputado Del Río Virgen.

El diputado José Manuel del Río Virgen (desde la curul): Presidenta, le agradezco esta oportunidad.

Para muchos legisladores y para muchas legisladoras fue un privilegio haber trabajado en esta legislatura con la diputada Layda Sansores San Román . La verdad, con toda sinceridad lo digo, a algunos puede no gustarles su posición. Lo cierto es que a muchísimas personas de este país, muchísimas personas de este país utilizaron su voz para decir la verdad que muchos mexicanos no pueden decir.

Felicito a la diputada Layda Sansores y a su suplente, el diputado Aníbal Ostoa, que tomará protesta mañana; seguirá el mismo rumbo de Convergencia y fortalecerá el privilegio de ser diputado federal, hablando con toda la verdad. Gracias, presidenta.

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Sonido a la curul de la diputada Mónica Fernández Balboa.

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Gracias, presidenta.

En el mismo sentido, para sumarme al reconocimiento, al trabajo de la diputada Layda Sansores, una gran compañera en quien muchos diputados del Grupo Parlamentario del PRD reconocemos valentía, fortaleza, amor por México y por las causas justas. Nos dio a todos, muchas veces, ejemplo de lo que es ser una persona leal a sus creencias, leal y comprometida con las causas de los más desprotegidos, y solamente desearle mucho éxito en su nueva encomienda y reconocer el trabajo de esta legisladora en esta legislatura. Gracias.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Layda Elena Sansores San Román para separarse de sus funciones como diputada federal electa por la tercera circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Aprobados. Comuníquense. Continúe la Secretaría.



DIPUTADA QUE SOLICITA LICENCIA

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a usted para solicitarle muy atentamente que sea el conducto para someter a consideración del Pleno de la Cámara mi solicitud de licencia para separarme del encargo de diputada federal de la LX Legislatura, por tiempo indefinido, a partir del 2 de abril del año en curso.

Cordialmente
Palacio Legislativo, a 31 de marzo de 2009.--- Diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros para separarse de sus funciones como diputada federal electa en el IX distrito electoral de Puebla, a partir del 2 de abril de 2009.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Aprobados. Comuníquense.



DIPUTADAS SUPLENTES QUE SE INCORPORAN

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se encuentran a las puertas de este recinto las ciudadanas Olivia Verónica Utrilla Nieto y María Eugenia Patiño Sánchez, diputadas federales electas en el primero y el vigésimo primero distritos de Morelos y delEstado de México, respectivamente.

Se designa en comisión para que las acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones a los diputados Ivette Jacqueline Ramírez Corral , José Luis Murillo Torres , Lucía Beristáin Enríquez , Juan Victoria Alva , José Rosas Aispuro Torres y José Francisco Melo Velázquez .

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : Se pide a la comisión cumplir este encargo.

(La comisión cumple su encargo)

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : Se invita a los presentes ponerse de pie.

(Puestos de pie todos los presentes)

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Ciudadanas Olivia Verónica Utrilla Nieto y María Eugenia Patiño Sánchez,¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputadas que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

Las ciudadanas Olivia Verónica Utrilla Nieto y María Eugenia Patiño Sánchez: Sí, protesto.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Si así lo no hicieren, que la nación se los demande.



COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Héctor Larios Córdova , coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado José de Jesús Solano Muñoz cause alta como integrante de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
• Que el diputado José de Jesús Solano Muñoz cause baja como integrante en la Comisión de Participación Ciudadana.
• Que el diputado Carlos Alberto García González cause alta como integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
• Que el diputado Mario Alberto Salazar Madera cause baja como secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
• Que el diputado Mario Alberto Salazar Madera cause alta como integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
• Que el diputado Mario Alberto Salazar Madera cause baja como integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
• Que el diputado Mario Alberto Salazar Madera cause alta como secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
• Que la diputada Rosa Elena Galván Valles cause alta como integrante de la Comisión de Desarrollo Rural.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Palacio Legislativo, México, DF, a 30 de marzo de 2009.--- Diputado Javier González Garza (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso Generar de los Estados Unidos Mexicanos y 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera cause alta como presidente en la Comisión de Cultura, en sustitución del diputado con licencia Emilio Ulloa Pérez , a partir del 1 de abril de 2009.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Palacio Legislativo, México, DF, a 31 de marzo de 2009.--- Diputado Javier González Garza (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Aprobados. Comuníquense.

Quiero destacar la presencia de alumnos y maestros de la escuela secundaria técnica número 6, Sor Juana Inés de la Cruz, y del Cebetis número 18 de Angangueo, Michoacán, que hoy nos visitan por invitación de nuestro compañero el diputado José Luis Espinosa Piña . Sean ustedes bienvenidos. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento solicitado por la diputada Marina Arvizu Rivas , coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa.

• Que el diputado Armando García Méndez cause baja como integrante en la Comisión Encargada de vigilar el correcto uso de los recursos federales, estatales y municipales en el proceso electoral federal de 2009.
• Que la diputada Marina Arvizu Rivas cause alta como integrante en la Comisión Encargada de vigilar el correcto uso de los recursos federales, estatales y municipales en el proceso electoral federal de 2009.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Palacio Legislativo, México, DF, a 30 de marzo de 2009.--- Diputado Javier González Garza (rúbrica), Presidente.»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : De enterada.



PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Por instrucciones del presidente de la República y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Planeación, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir el segundo informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 31 de marzo de 2009.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Presidencia de la República.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6o. de la Ley de Planeación, adjunto, me permito enviar el segundo informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y los programas sectoriales, que dan cuenta de las acciones y resultados alcanzados en 2008 por medio de los 5 ejes de política pública del referido plan: estado de derecho y seguridad, economía competitiva y generadora de empleos, igualdad de oportunidades, sustentabilidad ambiental y democracia efectiva, y política exterior responsable.

Reitero a usted las seguridades de mi invariable respeto y la más alta consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, a 27 de marzo de 2009.--- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica), Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se turna a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública.



REUNION MEXICO - G-20

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : El siguiente punto del orden del día es el posicionamiento relativo a la participación de México en el G-20.

Se han registrado para referirse al tema los siguientes diputados: por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, Jacinto Gómez Pasillas ; por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Ricardo Cantú Garza ; por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Luis Alejandro Rodríguez ; por el Grupo Parlamentario de Convergencia, Alejandro Chanona Burguete ; por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Cárdenas del Avellano ; por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Juan Guerra Ochoa; y por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Juan José Rodríguez Prats .

En atención a esta lista, se concede el uso de la palabra al diputado Jacinto Gómez Pasillas , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por siete minutos.

El diputado Jacinto Gómez Pasillas : Con su permiso, diputada presidenta.

Los líderes de las economías más desarrolladas y de las denominadas emergentes, entre las cuales se encuentra México, se reunirán el 2 y el 3 de abril en Londres, con el propósito de analizar y proponer alternativas que logren despejar los obstáculos a la recuperación de la crisis global.

El G-20, así denominado, asume una responsabilidad histórica, pues la magnitud de la crisis que enfrentamos demanda, sin duda, cambios estructurales en las instituciones financieras internacionales. Bretton Woods muestra su agotamiento, el actual paradigma que empujó la liberación y desregulación de los mercados ha mostrado su fracaso y es urgente un nuevo modelo.

En su momento, México dejó clara su posición en torno al origen de la crisis, siendo ésta resultado de un periodo prolongado de crecientes desequilibrios económico-globales, un exceso de liquidez y un mayor apetito por activos.

Así como por una laxa regulación y supervisión del sistema financiero, sustentada en la falsa premisa de la autorregulación, y en la capacidad limitada de los organismos financieros internacionales de velar de manera efectiva por la salud del sistema financiero mundial.

Esta grave crisis, al revés de crisis anteriores, surge del mundo desarrollado. En la búsqueda de soluciones es de enorme relevancia...

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Perdón, discúlpeme, señor orador.

Les pido, por favor, respeto y atención al orador que está haciendo el posicionamiento a nombre de su grupo parlamentario. Continúe el orador.

El diputado Jacinto Gómez Pasillas : Gracias.

En la búsqueda de soluciones es de enorme relevancia la participación de las economías emergentes, pues nuestra integración económica nos hace más vulnerables a las caídas de las economías desarrolladas.

¿Por qué es importante esta reunión? Sencillo, porque los países que integran el denominado G-20, más España y Holanda, representan 85 por ciento del producto interno bruto mundial. Por ello, de lo que hagan o dejen de hacer dependen, entre otras cosas, millones de puestos de trabajo en todo el mundo.

México asiste a este importante evento con la obligación de exigir mayor representatividad en las discusiones y las decisiones sobre la reforma de la estructura financiera internacional.

Es esencial que nuestro país participe en el debate sobre cómo responder a la crisis. Junto con otras economías emergentes, llevamos años reclamando mayor representatividad en los organismos financieros internacionales. Hoy la magnitud de la crisis que enfrentamos es paradójicamente el motivo que nos brinda la oportunidad de participar con un mayor protagonismo en la toma de decisiones.

México debe capitalizar su asistencia a la Cumbre de Londres para promover que en la nueva estructura financiera internacional y en los organismos multilaterales tengamos mayor presencia y que se les dé a los gobiernos mejores instrumentos para regular los mercados a partir de un nuevo marco regulatorio internacional.

Desde la Cumbre de Washington, celebrada en noviembre del año pasado, los líderes del G-20 se comprometieron a trabajar juntos para restaurar el crecimiento mundial y conseguir las reformas que necesita el sistema financiero, algo que debería estar delineado antes del 31 de marzo, con un plan de acción que incluyera la adopción, a escala nacional, de medidas de estímulo fiscal para hacer frente a la recesión y la puesta en marcha de colegios de supervisores para controlar a los bancos más importantes del mundo y que son causa fundamental del problema.

Creemos que de esta reunión deberán salir decisiones más firmes y consolidadas que van a influir, y mucho, en la vida cotidiana de nuestras naciones. Por eso es importante que la posición de México sea firme en la defensa y promoción de acciones que además de incidir en la recuperación de la economía mundial, consideren mayores apoyos para que las economías emergentes recuperen el crecimiento, que se estimule el crédito y se vigile con mayor rigor a las entidades financieras internacionales y que se den respuestas a la crisis actual para la más pronta solución, sentando las bases de reformas que impidan su reproducción en el futuro. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Gracias, compañero diputado.

Compañeras diputadas y compañeros diputada, queremos destacar la presencia en este salón de sesiones de un grupo de integrantes de la Federación de Mujeres de Shanghai, encabezado por su vicepresidenta, la señora Li Rong, invitadas al Encuentro de equidad y género, mujeres de China y México, organizado por la Comisión de Equidad y Género. Les damos la más cordial bienvenida y les deseamos éxito durante su estancia en nuestro país.

Se concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Cantú Garza ... hubo un cambio: a la diputada María Mercedes Maciel Ortiz , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada María Mercedes Maciel Ortiz : Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, como se sabe, el 2 de abril de este año se reunirá en la ciudad de Londres, Inglaterra, el Grupo de los 20 países más industrializados y en desarrollo, para tratar de encontrar una solución a la crisis económica mundial.

Como lo hicieron en 1931 en Londres las naciones capitalistas más poderosas de ese entonces, ahora se reunirán en ese mismo lugar para buscar una salida viable para todos los países del mundo.

Esta crisis es más aguda y profunda que la de 1929, sin que se sepa cuánto durará. Han empezado a aflorar en todos los países algunas consecuencias visibles de esta crisis, como son decremento de la producción, baja de las exportaciones y del flujo de remesas, creciente desempleo, déficit comercial y fiscal, nula o escasa generación de empleos, cierre de empresas, paros técnicos, quiebra de instituciones de crédito en Estados Unidos y Europa y el incremento de la delincuencia y la violencia en general.

Para muchos analistas esta crisis representa la fase terminal de la modalidad neoliberal de acumulación financiera; por tanto, requiere de una solución global integral que implicará cambiar a este fracasado, salvaje y esclavista sistema económico. Ese cambio tiene que pasar por modificar la relación entre el Estado y el mercado, porque este último no resolvió los problemas estructurales de la economía; por el contrario, creó más pobreza y desigualdad social.

También se debe cambiar la relación entre el sistema financiero y las empresas para que las instituciones de crédito se aboquen a financiar a la producción a partir de requisitos que el Estado les imponga para evitar que se dediquen a la especulación, como ocurrió con los derivados.

Privilegiar la propiedad pública sobre la propiedad privada, es decir, anteponer el interés general al interés particular, adecuar una nueva relación entre el Estado, el capital y los trabajadores, así como con la sociedad civil para democratizar a las instituciones públicas.

Entre las naciones y los organismos multilaterales para favorecer el desarrollo de los países más pobres, entre las economías nacionales y la economía mundial para que haya igualdad, entre los países subordinados y los países centrales en temas cruciales como el financiamiento, el acceso a los mercados, las relaciones monetarias y cambiarias, el intercambio científico y tecnológico, así como la concepción del progreso material y el desarrollo humano y social, de tal modo que haya una distribución racional de la riqueza para evitar la desigualdad social.

Algunas de esas acciones son las que están llevando a cabo los países más exitosos actualmente, como China, India, Rusia y los países del sudeste de Asia.

El Partido del Trabajo tiene claro que para que esta modalidad económica se universalice se tiene que desmantelar la hegemonía del bloque neoliberal en cada país, particularmente en Estados Unidos. Esto lleva tiempo, no es un asunto menor, porque afectará privilegios y los neoliberales serán una bestia herida que defenderán a capa y espada sus intereses y presionarán a los gobiernos ricos para obtener cuantiosos recursos financieros.

Por tanto, encontrar solución a esta crisis llevará tiempo y aplicar la solución a la misma también llevará tiempo. ¿Qué están haciendo actualmente los gobiernos en el mundo para superar la crisis, empezando por Estados Unidos, que es el centro de esta crisis y líder del capitalismo mundial? Vemos tibios intentos de respuesta a estos cuestionamientos.

Están aplicando medidas que intentan estimular a las empresas y a las familias, impulsar el consumo, así como resolver la insolvencia de las instituciones de crédito. Pero no ataca los problemas de fondo de esta crisis y en tanto esto no suceda no será resuelta, será de larga duración y de mayor profundidad.

En síntesis, esta crisis requiere la cooperación de todos los pueblos del mundo, de la imaginación y creatividad de los participantes y una agresiva actitud para encarar los problemas.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tiene serias dudas de que Calderón tenga el talento y las habilidades que requieren los participantes de este foro. Más aún, los mexicanos requerimos que Calderón vaya a Londres y asuma una posición soberana y no entreguista en los temas económicos y financieros que se aborden.

A pesar de que él dice contar con el mejor equipo económico del mundo, hasta ahora las acciones que ha emprendido para intentar mitigar las consecuencias de esta crisis han sido tardías, ineficientes, insuficientes y de nula efectividad.

Prueba de nuestra aseveración es que en los programas nacionales que ha promovido desde el 1 de diciembre a la fecha, relativos al empleo, estímulos a las empresas y desa-rrollo de infraestructura, de tibias propuestas de reforma fiscal, la reforma al sistema de pensiones, ninguno ha dado resultados dignos de mención.

Otra prueba irrefutable de su incapacidad lo representa el anuncio que hizo a los mexicanos de que se construiría una nueva refinería, y a pesar del tiempo transcurrido no se ha hecho nada, ni siquiera sabemos en qué lugar se debe construir. Es más, el país necesita tres refinerías y en la mente de Calderón sólo existe una.

Más aún, en la coyuntura que implicó el rescate de Citi- bank en Estados Unidos, el gobierno de aquella nación adquirió 36 por ciento del capital de ese grupo bancario, con el que Banamex quedó integrado a la propiedad de ese gobierno, violentando el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito en nuestro país.

Contrario a lo que las circunstancias exigían, Calderón y su equipo han estado buscando fundamentar jurídicamente una acción antijurídica, para permitir que nuestra ley bancaria sea violada.

Debemos recordar que el inicio de la no reconocida crisis, Calderón y su equipo hablaban y sostenían que había fortalezas y blindajes creados para casos como el que estamos viviendo, y así mitigar el efecto en los bolsillos de los mexicanos.

Los legisladores del Partido del Trabajo consideramos que no va a tener la autoridad moral suficiente para presentarse en un foro multinacional a proponer soluciones cuando en su propia casa no las tiene. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Gracias, diputada Maciel Ortiz.

Queremos saludar a los alumnos del grupo de historia del Colegio Mercedes, nivel preparatoria, quienes vienen acompañados por la profesora María Guadalupe Ramírez Ornelas, invitados por nuestro compañero diputado Rolando Rivero Rivero . Sean ustedes bienvenidos a este recinto.

Asimismo, saludamos a alumnos y maestros del Instituto Mexicano Regina, Asociación Civil, invitados por la diputada María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil .

Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Salvador Salgado Amador , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Manuel Salvador Salgado Amador : Gracias, compañera diputada presidenta.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, como es sabido por todos mañana, 2 de abril, México estará en el grupo donde se reúnen las mayores economías del mundo, el G-20. Sin duda, estas reuniones entre países industrializados y emergentes replantearán los problemas que enfrentamos con la crisis y las soluciones sobre el modelo económico que seguimos.

Desde el ámbito y responsabilidad que le corresponde, México se siente plenamente comprometido con los países que han resentido más fuertemente la crisis. En esto se ha dicho ya que acudirá el jefe del Ejecutivo federal con la premisa de promover reformas a las instituciones financieras internacionales y demandar más créditos para las economías más afectadas por la crisis.

Lo que no se ha dicho es que las reuniones de G-20 sólo serán importantes para obtener más recursos para el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y que a su vez, servirán para multiplicar mecanismos de prestatarios; pero no, no resolverán el fondo del problema económico.

En este tema, las economías más golpeadas por esta crisis coinciden en preguntar: ¿qué, está pasando inadvertido el establecer mecanismos eficaces de integración regional? La cuestión del sí y cuándo pudo o debieron haberse adoptado medidas para sancionar a los causantes de esta crisis sigue siendo debatible.

Lo que ya no debe estar a debate es el tomar medidas para evitar que los costos sociales de la crisis se profundicen. Este asunto debe ser valorado y atendido de manera inmediata, empezando por el tema del precio de nuestros productos de exportación, la inflación y el camino hacia la recuperación.

Por ello, más que alertar sobre las políticas proteccionistas que impulsan algunos países, el Partido Verde Ecologista de México puede aprovechar esta oportunidad para promover homogeneidad en las políticas fiscales y monetarias para afrontar la amenaza de una recesión global.

También para destacar que las medidas arancelarias y los subsidios agudizan la caída del comercio internacional y retardan la recuperación económica. Demandar, también, acciones concretas para fortalecer los sistemas financieros y evitar la especulación financiera.

Para exhortar a que las autoridades del sistema financiero tomen medidas para evitar que se configuren fondos buitres donde, aprovechándose de la precariedad y las dificultades económicas de algunos países, se recurra a endeudamientos inmanejables o desventajosos para las economías.

Más que seguir a China debemos promover que es esencial que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se conviertan en instituciones más democráticas capaces de desplazar los temores de una profundización de la crisis que vivimos.

Coincidimos en que es importante promover la adopción coordinada de todas las medidas anticíclicas posibles, pero más importante aún debe ser promover la inversión intensiva e infraestructura bajo una amplia modificación regulatoria en materia de competencia y apertura de mercado.

Así que debemos advertir que estas alternativas, todas, son débiles y balbuceantes, por lo que deben ser apoyadas por ambas instituciones y puestas en la agenda de las naciones del G-20.

Por ello esperamos que dentro del llamado a la unidad que Estados Unidos ha puesto en la mesa, se consensuen grandes políticas de estímulo a la innovación, de recompensa a la investigación y de prioridad a las altas tecnologías, porque sólo con estas medidas rentabilizaremos económica y socialmente los esfuerzos inversores públicos y privados por salir adelante de esta crisis.

En efecto, si se produjera una crisis más profunda, podemos estar seguros de que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial reaparecerían en primer plano como prestamistas; pero las instituciones con que cada país sustenta su modelo económico, y en última instancia su sistema financiero, enfrentarían un reto mayor: demandar mayores recursos vía impuestos a una población empobrecida y carente de oportunidades.

Es momento, pues, de reconocer que el modelo económico no está funcionando bien; que las instituciones, si bien están debilitadas, prosiguen con su agenda neoliberal, y si al margen de esto, por segunda ocasión ante esta coyuntura nos prometen un crecimiento económico, debemos recordar que los pueblos y los gobiernos desean un cambio real, que como gobernados no vamos a contentarnos sólo con promesas o propuestas de proyectos en el futuro y por tanto, estamos más que nunca atentos a lo que está sucediendo en el resto del mundo.

Por lo que a nosotros nos toca, el Partido Verde exhorta a que trabajemos muy duro, amigos legisladores, para que la Cámara logre los cambios que sustentan el desarrollo nacional y aprovechemos esta oportunidad histórica de ir más lejos, y así como el presidente está promoviendo la Agenda Verde en el G-20, demostremos que éste es un asunto que al interior del país nos interesa, y atendámoslo juntos y unidos por México. Muchas gracias, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Chanona Burguete.

El diputado Alejandro Chanona Burguete : Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la idea de la omnipotencia del mercado, que no debía ser alterado por ninguna regla, por ninguna intervención pública, esa idea de la omnipotencia del mercado, sepan ustedes, era descabellada. La idea de que los mercados siempre tienen la razón es descabellada.

Estas palabras, que podrían ser suscritas por cualquier dirigente o intelectual de izquierda, fueron pronunciadas por Nicolas Sarkozy, presidente de derecha de Francia, en ocasión de una reunión de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea, en noviembre del año pasado. En esa reunión, la derecha movida a la izquierda, los mandatarios adoptaron, entre otros, los siguientes compromisos:

1. Elaborar soluciones a largo plazo para reformar el sistema financiero internacional. Reto del G-20.

2. Ninguna institución financiera, ningún segmento de mercado deberá escapar a una regulación apropiada o al menos a la vigilancia.

3. El nuevo sistema financiero internacional debe basarse en los principios de responsabilidad y transparencia.

Subrayo esto último por la crisis ética de la globalización.

En diciembre, y sin que se le diera mucha difusión, hubo un encuentro entre Japón, China y Corea del Sur para crear un frente asiático muy importante, unido, en efecto, para luchar contra la crisis y devolver la estabilidad al sistema financiero internacional.

El mismo Sarkozy, el primer ministro Gordon Brown, de la Gran Bretaña, y el presidente alemán, Horst Köhler, quien además es ex director del Fondo Monetario Internacional, han hablado de convocar a una nueva conferencia de Bretton Woods para diseñar un nuevo sistema financiero internacional. Ése sería el gran tema del G-20.

Por qué dicen esto Sarkozy, Brown y Köhler. Es algo muy simple, compañeras y compañeros: para dar cristiana sepultura a lo que ya está muerto; es decir, el paradigma de un mercado que ha fracasado aquí y en cualquier lugar del mundo.

El presidente Obama en su discurso de toma de posesión también confesó: ``Hemos vivido una era en la que a menudo las ganancias a corto plazo eran apreciadas, más que la prosperidad a largo plazo. Se desmanteló la reglamentación a favor de la utilidad fácil y rápida y a costa de un mercado saludable''. Ya vemos cómo llega, con qué paquete llega al G-20.

Mañana los representantes de las 20 principales economías desarrolladas y emergentes, en donde a pesar de todo está la nuestra, se reunirán en Londres. Con base en lo que ya he planteado es muy fácil predecir cuál será el espíritu que prevalecerá en ese encuentro. Subrayo: se harán compromisos para reestructurar el sistema financiero mundial, mientras que se promoverá regular los mercados al interior de los países. Vamos a ver si están a la altura de las circunstancias, incluido nuestro país.

En ese contexto, también veremos algo muy importante: la disputa de dos modelos para atacar la crisis, el modelo Obama y el modelo de la Unión Europea. Veamos si tienen el talento para rebasar sus diferencias.

El tema fundamental ---y no es teórico---, compañeras y compañeros, es que el Estado está de regreso de entre las cenizas de una crisis cuyas dimensiones cada vez son más amplias, que vienen y pronostican momentos muy difíciles no sólo este año, sino particularmente para 2010.

El Estado debe asumir como responsabilidad directa e irrenunciable la forma de una nueva estructura social, perogrullada, menos inicua. ¿Estamos a la altura de ese compromiso en México?

A esta cumbre ---entrando en materia--- México acude como una de las peores economías que se encontrarán en Londres. Veamos por qué; fundamentémoslo, no solamente señalemos. Es un tema que rebasa el tema del buen comportamiento de los indicadores macroeconómicos. Ahí está uno de los temas fundamentales de lo que debe hacer México en el G-20.

¿Por qué digo que es una de las menos preparadas y de las peores economías que van a este encuentro? Por el deterioro de las condiciones de vida de los mexicanos. Es una de las sociedades más desiguales y excluyentes de todos los países del G-20.

Aquí coexisten ---para mayor abundamiento--- uno de los tres hombres más ricos del planeta y, al mismo tiempo, millones y millones de personas que sobreviven con menos de 20 pesos diarios.

La defensa a ultranza del mercado ha sido el pretexto para la acumulación ofensiva de riqueza en pocas manos, y que en esta sala eventualmente algunos, por acción o por omisión, están procreando.

Según la Cepal, la situación actual de la desigualdad en México es peor que la de 1984, cuando no existía ---miren ustedes--- la apertura externa de la economía. Las empresas públicas y la Banca no se habían privatizado y tampoco existía una reducción del déficit público y un control de la inflación.

Por eso, precisamente por eso, en Estados Unidos, en Europa, en la Cuenca del Pacífico y en muchos países de América Latina, la discusión, subrayo, ya no es el retorno del Estado. El tema es cuál es la profundidad y la dirección de esa intervención. Se delinean soluciones locales a un problema que se acepta, es de dimensiones globales.

El Estado se debe recuperar para poner orden al mercado. Ése es el reto del G-20. La reconstrucción de los mercados internos, la protección de la planta productiva y la defensa de los empleos son prioridades en todos lados, menos en México. La apuesta aquí es tomar medidas de carácter electorero en lugar de cambios de fondo. Ahí está la revisión de la aplicación del gasto público anticíclico que aprobamos recientemente en el paquete de 2009.

Sin ir más lejos, el presidente del empleo, título que hoy suena a ironía, llega a la capital británica presumiendo la tasa de desocupación abierta más alta desde el año 2000, que, según Inegi, llegó a febrero de este año al 5.3 por ciento. Podemos apreciar que la autoridad moral con la que llega el gobierno mexicano a esta cumbre es esencialmente nula.

Yo me pregunto y les pregunto: ¿cómo proponer reformas al sistema financiero mundial cuando aquí se ha sido incapaz de dotar cambios radicales para combatir, en efecto, el paradigma Estado-mercado que ya fracasó por todas las latitudes del mundo? Ya fracasó aquí, ya fracasó allá.

Que quede claro: me refiero a cambios a favor de quienes menos tienen y no a las contrarreformas que buscan mantener o a presentar privilegios en una sociedad esencialmente polarizada.

Voy rumbo al final de mi participación, presidenta.

¿Qué podemos esperar de la reunión del G-20? Quizá lo más importante sea la toma de conciencia de que es necesario un cambio de paradigma Estado-mercado, por uno en el que la regulación a favor de la protección a los ciudadanos sea lo más importante.

El afán de lucro de las grandes corporaciones que desataron esta crisis debe dar lugar a la solidaridad internacional y a la responsabilidad compartida, para un desarrollo global más equitativo e incluyente.

El cambio de paradigma Estado-mercado deberá incluir respuestas a la amenaza del calentamiento global, un desa-rrollo responsable que tienda a garantizar el bienestar de quienes han sido excluidos en este planeta, que son la gran mayoría de los más de 6 mil millones de habitantes.

México ha sugerido a la comunidad internacional un fondo verde; extraña propuesta de un gobierno que no ha hecho suficiente ni siquiera con este programa de sustitución de electrodomésticos. No ha hecho suficiente por evitar que seamos el duodécimo país responsable en emisiones de gases efecto invernadero, con 1.5 por ciento a nivel mundial.

En cuanto al cambio en las instituciones financieras, que es otro reto del G-20, recordemos que, ante el fracaso de la Conferencia Económica Mundial de 1933 -por cierto también celebrada en Londres-, Keynes expresó que las soluciones solamente eran posibles con la insistencia de una potencia única o un grupo de potencias afines.

Con visionarios como Keynes, Bretton Woods -en efecto- fue posible gracias a la hegemonía de Estados Unidos. Ahí viene otro reto del G-20. Esperemos, a contrario sensu, que la nueva estructura económica mundial tenga su origen en un compromiso multilateral basado en la corresponsabilidad para la solución de los problemas globales.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la fracción parlamentaria de Convergencia estima que más allá de los acuerdos que pueda adoptar el G-20, obligados a mirar, subrayo, más hacia su interior que hacia el exterior, lo cierto es que a despecho de la derecha y sus aliados ---lo subrayo--- el Estado en muchas partes del mundo está de regreso. Esperemos que pronto su intervención sea a favor. ¿De qué? De lo más elemental, compañeras y compañeros: del bienestar, la igualdad y la inclusión de todos los mexicanos. Les puedo asegurar que no hay opciones. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Gracias, diputado.

Queremos saludar a invitados de la delegación Miguel Hidalgo, y a estudiantes y habitantes de Veracruz que hoy nos acompañan por invitación de la diputada María Gabriela González Martínez y el diputado Agustín Mollinedo Hernández . Sean todos ustedes bienvenidos.

Tiene el uso de la palabra el diputado Enrique Cárdenas del Avellano , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Enrique Cárdenas del Avellano : Con su permiso, señora presidenta.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, México tiene una larga tradición diplomática. Desde nuestro inicio como nación, México privilegió la diplomacia para dirimir los conflictos con otras naciones.

Después de las traumáticas invasiones norteamericana y francesa, la frase acuñada por Juárez: ``Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz'', es una de las premisas de la política exterior de nuestro país.

Por ello, la participación de las organizaciones internacionales tiene una virtud para nuestro país; podemos estar en las tareas fundamentales de las relaciones multilaterales y mantener un apego al derecho internacional sobre los principios de no intervención y autodeterminación de las naciones.

Hay una tradición, a partir de la posguerra, en llevar a mecanismos de discusión asuntos de competencia internacional que difícilmente pudieran resolverse en la ONU o en los agrupamientos continentales.

Dos elementos han marcado esta nueva forma de ejercer la diplomacia internacional: el cambio en el equilibrio mundial y el agrupamiento de las naciones en bloques regionales, que dieron pauta a una voz nueva en el concierto internacional a los países en desarrollo.

Para dar cabida a un mundo multipolar se han desarrollado mecanismos multilaterales que permiten ahora que vivamos como bloques multinacionales, como la Unión Europea, como el TLC de América del Norte, y así generar consensos.

Los mecanismos que antes fueron planteados como el respaldo de alguno de los dos grandes bloques, de Estados Unidos y la URSS, como el Grupo de los 77 o el Grupo de los Países no Alineados, se han ido sustituyendo por mecanismos donde la diplomacia mundial ha tenido que forjar otras formas de atender los asuntos multilaterales.

Desde este agrupamiento surgió el G-15 en 1989, integrado con países de Latinoamérica, África y Asia, alrededor de metas comunes para estimular el crecimiento y la prosperidad de los países más desarrollados que crearon el G-8, que desde 1988 se reúnen Estados Unidos, Japón, Alemania Occidental, Italia, Francia, Reino Unido, Canadá y Rusia.

La formación del Grupo de los 20 fue prevista en la reunión Cumbre del G-7 realizada en Colón, en junio de 1999, con el objetivo de estudiar, examinar y promover las deliberaciones entre los principales países industriales y de los mercados emergentes sobre aspectos de política que guarda la relación con la promoción de la estabilidad financiera internacional y procura abordar aspectos que van más allá de las responsabilidades de una sola organización.

Todos estos mecanismos multilaterales son importantes, pero en particular el G-20 tiene relevancia, porque lleva a los países del G-8 a compartir sus posturas con los países emergentes.

México está ahí por su importancia estratégica como economía número 14. Su participación en este grupo tiene que ver con la importancia económica de nuestro país y en el mundo.

En la última reunión del G-20, en noviembre de 2008, han salido dos cuestiones fundamentales. Se puso fin a un periodo de casi 40 años, en el cual Estados Unidos consideraba que el dólar era su moneda, pero también el problema del resto del mundo, y se puso término a tres decenios de los cuales numerosos países occidentales consideraban que el Estado era el problema, no la solución.

En el marco del G-20 se ha contenido ya la tendencia desreguladora con la que se había enfocado durante los últimos 30 años. La actividad de los mercados financieros, al conocer que la búsqueda de los rendimientos cada vez más elevados, la relajación de la gestión de riesgos, la complejidad y opacidad de los productos financieros, el excesivo endeudamiento, la ligereza de las normas preventivas o la incapacidad de reguladores y supervisores nacionales, para hacerse a una idea de los riesgos latentes y sus ramificaciones sistemáticas, se encuentran en la raíz de la crisis mundial.

Además, en este foro las principales economías del mundo se comprometieron a poner en marcha medidas de estímulo, destinadas a impulsar el crecimiento. Hoy hay en el mundo una expectativa desconcentrada en el funcionamiento de estos mecanismos multilaterales.

Establecer una agenda de trabajo global y colectivo para salir de la crisis. El G-20 identificó acciones en su última reunión, que son muy importantes para nuestro país. La transparencia de los balances, los efectos procíclicos de las normas contables, la adecuación de los marcos regulatorios, la supervisión de actores y productos, hasta ahora no están sometidos a ellas.

Los requisitos de fondos propios para evitar el excesivo endeudamiento, la gestión de riesgos, la regulación de las agencias de calificación de riesgo, o la cooperación internacional de la supervisión de entidades trasnacionales o de gestión de crisis.

México tiene la obligación de hacer, sobre todo en esos asuntos, propuestas para buscar un acuerdo en la Cumbre de Londres. Nuestra postura es que la participación de México en esta reunión del G-20 deba impulsar la redistribución del poder en las instituciones financieras surgidas de Bretton Woods, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, o en las instituciones más modernas como el Foro para la Estabilidad Financiera, por sus siglas en inglés FSF, para que los países emergentes dispongan de una representación más acorde con su peso e influencia en la economía mundial.

Nuestro país, como la totalidad de las economías emergentes, está sufriendo los efectos de esta crisis. Nuestra postura es que México, en la política de Estado, donde estamos involucrados los Poderes de la Unión, asuma la emergencia de construir un sistema financiero mejor regulado y supervisado.

Un sistema donde el apalancamiento se atenga a los determinados límites, en el que los derivados a los hedge funds estarán sometidos a mayores transparencias y control, donde la valoración de los riesgos sea más rigurosa y la coordinación entre supervisores produzca una mayor capacidad de detección y corrección de riesgos, incluidos los de carácter sistemático.

El plan de acción delineado por la cumbre del G-20, de Washington, es una gran oportunidad para que nuestro país asuma una postura destacada. En esta agenda se plantea el fortalecimiento de la transparencia, de la regulación y la cooperación internacional y mercados financieros; la reforma del Fondo Monetario Internacional y la reforma del Banco Mundial así como de los bancos regionales de desa-rrollo.

Mi grupo parlamentario, el Partido Revolucionario Institucional, sostiene que México debe recuperar su posición mundial con una política de mayor visibilidad, liderazgo regional y apegándonos a los principios históricos de nuestra diplomacia. Su intervención debe ser firme en la definición de las nuevas reglas, y las instituciones y órganos encargados de velar por la estabilidad financiera internacional.

Ésa debe ser la postura de esta soberanía y esperamos que el Ejecutivo informe a los legisladores de sus avances en su participación en estos importantes mecanismos multilaterales. Por su atención, muchísimas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Gracias, diputado.



REGISTRO DE ASISTENCIA

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados, con el permiso del diputado Juan Guerra.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : ¿Falta algún diputado o alguna diputada por registrar su asistencia?

Ciérrese el sistema electrónico.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 384 diputadas y diputados.

Quienes no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.



REUNION MEXICO - G-20

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa : Con su permiso, ciudadana presidenta.

Compañeras y compañeros, está fuera de discusión la importancia de que México asista a estas reuniones de las economías más desarrolladas y de las economías emergentes, aunque algunas, como la mexicana, creo que podrían ser descendentes, pero que así se les llama en el léxico internacional.

Pero las preguntas que deben flotar en el aire es: ¿a qué va México a esa reunión? ¿Qué propósitos, qué objetivos, qué tareas, qué intereses animan la visita, la presencia de Calderón en esa tan importante reunión para el mundo?

Sarkozy dice claramente que quiere resultados, que quiere una nueva regulación de las finanzas en el mundo. En México, no hemos escuchado qué es lo que realmente quiere el gobierno de Calderón.

Con una nueva regulación de las finanzas, se está poniendo en cuestión hasta el patrón dólar, que sirve de reservas monetarias a las economías del mundo. Es un asunto también ya planteado por China y, obviamente, el tipo, el carácter de los criterios y funcionamiento, y de préstamos y apalancamientos que dan los organismos financieros internacionales.

Está claro lo que está peleando Sarkozy, y en México, como no se dice nada por lo que vemos, pues fue a pedir prestado 30 o 40 mil millones al Fondo Monetario Internacional y, por lo que sale hoy en los periódicos, fue a pedir que los extranjeros vengan a apoyarnos; ni siquiera a invertir, ni siquiera porque les convenga, porque necesitamos apoyo en materia de petróleo.

Lo que no está claro es cuál es la agenda de nuestro país. Por años hemos padecido una regulación y un tutelaje del Fondo Monetario Internacional, donde nuestros secretarios de Hacienda, antes de ser avalados en México, son avalados por organismos internacionales. Van y hacen su diplomado en el Fondo Monetario Internacional, van y ocupan alguna posición y luego son las mejores autoridades financieras para este país.

Por años organismos como el Fondo Monetario Internacional nos han exigido que mantengamos una política de mercado abierta, que no planifiquemos economía, que no veamos crecimiento económico, que no pensemos en mercado interno porque tampoco debemos tener economía nacional.

Y hemos sido los más obedientes, los más disciplinados, los más cumplidores. Luego nos quejamos de que los países desarrollados son demasiado proteccionistas y les hemos querido dar hasta lecciones de cómo nosotros sí somos dogmáticos del mercado y seguimos a pie juntillas todas las recomendaciones del Fondo Monetario, que no se aplican en los países y en las economías desarrolladas.

Hoy todo indica que es la misma mentalidad, esa mentalidad de subordinación, esa mentalidad de acatamiento, esa mentalidad que nos hace empleados hasta de estos organismos los que enarbola allá el señor Calderón, porque aunque no dice nada, los hechos están.

Y si lo relacionamos con las iniciativas que nos manda aquí, aquí nos está mandando modificar la Ley de Adquisiciones y de Obras Públicas para que no haya contenido nacional, para que las cosas se compren en el extranjero.

Es decir, esta política es un sometimiento. Cuando el mundo discute otras cosas, aquí lo que se dice es: hay que seguir siendo los más aplicados, y perdón, damos pena ajena. Vamos hasta a mendigar allá préstamos que se pueden solicitar de otras esferas, pero parece ser que ésa es la lógica.

Luego no falta quien aquí, en un afán justificatorio, diga: oye, pero la crisis nos llegó de fuera. Y cómo no, si todo lo que producimos es para exportarlo a Estados Unidos y ese mercado está comprimido; si dependemos de importaciones de Estados Unidos de las pocas cosas que hacemos. Pues de dónde podía llegar, cuando no hay una industria nacional, cuando no hay una economía nacional.

¿Y por qué se devalúa nuestra moneda? Pues porque no hay activos en este país que soporten el valor de esa moneda, aunque haya reservas.

Puntualizo que me parece muy grave que sigamos sin tener objetivos y sin tener una política económica. En lugar de estar pensando que la crisis es una oportunidad para desa-rrollarnos, en lugar de ir a defender que el fondo y los organismos financieros internacionales no sigan imponiendo medidas draconianas a la hora de otorgar préstamos, en lugar incluso de estar pensando cómo se desarrolla nuestra industria nacional y cómo somos más competitivos en el mundo, y qué aspectos en ese sentido discutimos, francamente, lo digo así, no es más que una pena enorme.

Se va a pedir dinero, no para la industria nacional, no para hacer una economía nacional, para seguir subsidiando el saqueo de dólares de este país que están saqueando los bancos que están en manos extranjeras.

Y cuando ahorita están violentando la ley, aquí el secretario de Hacienda lo que ve es cómo los protege más, en lugar de ver una oportunidad de que mexicanos puedan tener esos bancos, de que sirvan para un desarrollo, lo que se está viendo es cómo se protegen más.

El Banco de México nos miente en que en las reservas no hay peligro. Hoy esa solicitud de crédito de 30 mil a 40 mil millones de dólares nos revela que estamos en un peligro de quedarnos sin reservas, y el apalancamiento es precisamente para inhibir el saqueo que está ocurriendo con bancos españoles o con bancos de Estados Unidos.

En lugar de ver cómo el asunto energético puede ser una palanca de desarrollo nacional, el señor Felipe Calderón va a implorar que nos apoyen, como si los empresarios estuvieran para apoyar y no para ganar, y no para ver si les conviene o no la inversión.

Entonces las preguntas que yo les hago, al partido que gobierna son: ¿a qué va el señor Calderón, si no es a dar pena ajena? ¿Cuáles son las propuestas de este país? ¿Hacia dónde va este país?

Quisieran que la crisis fuera solamente un mal sueño, una pesadilla. Mañana se despiertan y México sigue siendo el país dependiente, subordinado al Fondo Monetario Internacional y que Estados Unidos nos salve, por eso recurrimos tanto a discursos como: ``Oye, qué está haciendo Barack Obama''. No aprendemos lo que dijo la abuela de Barack Obama, keniana, cuando le preguntaron: ¿oye, cómo le va a ir a Kenia? Pues él es de Estados Unidos y yo de Kenia, creo que es la misma cosa.

Sigue la cultura en el gobierno de ver quién los salva, porque no tienen ni idea, ni rumbo, ni propósito, y todavía no sabemos a qué va el señor Calderón y cuáles son sus propuestas, que no sea dar pena ajena de ir a pedir prestado, a implorar apoyos también que nos salven las petroleras británicas. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Tiene el uso de la palabra la diputada Susana Sarahí Carrasco Cárdenas.

La diputada Susana Sarahí Carrasco Cárdenas : Gracias, presidenta.

La participación de México en la Cumbre del G-20, en Londres, significa una gran oportunidad para discutir y deliberar en conjunto países industrializados y economías emergentes diversas alternativas, especialmente para paliar los graves efectos de la crisis global en los países.

Se trata, sin duda, de un momento importante para la definición multilateral de estrategias comunes, hacia la complejidad de los mercados financieros, su protección y el papel que jugarán las instituciones financieras internacionales.

Hay quienes con corta visión quisieran el aislamiento para México y dejar de participar en este tipo de foros y cumbres, que parecieran meros actos de diplomacia. Sin embargo, nosotros pensamos que no podemos ni debemos, por ningún motivo, asumir una posición de confinamiento u ostracismo, especialmente cuando la crisis nos compete o nos afecta a todos los miembros de la comunidad mundial.

No es posible, en estos momentos, solamente mirar los toros desde la barrera, es oportuno acudir a la Cumbre del G-20, a cumplir con una agenda propositiva como lo es la de México; que los países industrializados, principalmente, establezcan políticas fiscales y monetarias más agresivas para impulsar la demanda agregada; que los programas de reestructuración de los sistemas financieros se instrumenten de una manera más expedita.

De igual forma se pretende apoyar decididamente a los organismos financieros internacionales: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, y otros bancos regionales de desarrollo, para que desarrollen nuevos instrumentos más flexibles y dotarlos de los recursos financieros suficientes para prestar a los países emergentes y a los países en desarrollo.

México ha planteado la necesidad de establecer reglas y principios que promuevan la solidez del capital de las instituciones, que permitan a las instituciones financieras estar en posición de hacer frente a futuros periodos de estrés y den certeza a los mercados financieros, así como ampliar el perímetro de la regulación a las instituciones e instrumentos con poca o nula regulación.

En primera instancia, se deben identificar los riesgos específicos y determinar el órgano internacional que deberá ser responsable de establecer las reglas y principios para evitar efectos negativos. También, ha planteado la necesidad de establecer lineamientos claros para la regulación de las agencias calificadoras de crédito como regulación secundaria de instituciones financieras que dependen de su confiabilidad.

Se ha planteado en México la necesidad de establecer un código de conducta para prestadores de servicios financieros para nuestro país. Este rubro tiene importancia significativa, ya que enmarcaría los principios de la relación entre una institución financiera y sus clientes.

También se busca, a partir de la cumbre, mejorar los esquemas de regulación y supervisión de mercados, productos e instituciones financieros, así como fortalecer los esquemas de cooperación internacional en esta materia.

Y no podemos dejar a un lado por su relevancia otros temas, tales como el de la agenda verde, que el presidente Calderón defenderá en la cumbre para continuar con los compromisos de los países en materia ambiental. El de mantener los compromisos de los países donantes para contribuir a alcanzar las metas de desarrollo del milenio, para reiterar el compromiso para mantener mercados abiertos y el rechazo a cualquier forma de proteccionismo.

¿A alguien le parecen menores estos temas? ¿Alguien cree que la búsqueda de alternativas para abatir las crisis financieras no es importante? ¿O la protección al medio ambiente a nivel global, o por parte de las naciones consideradas como las más industrializadas, que desde la misma forma son las que más han dañado al planeta?

Hablemos de México. Para nosotros la crisis financiera que afecta los bolsillos de los mexicanos al interior y de los que están en el extranjero no es un asunto para minimizarse. El gobierno mexicano debe, sin duda alguna, ser parte de las estrategias para combatir el problema.

Mucho se ha dicho que esta crisis por la que atravesamos daña en mayor medida a las familias de menores ingresos. Por ello no podemos quedarnos de brazos cruzados y quedarnos a nuestra suerte mientras los demás países acuerdan sistemas de protección y fortalecimiento a las finanzas y las economías.

De la misma forma, debemos ser copartícipes con las naciones industrializadas o emergentes para ver hacia adelante y que los frutos del diálogo y el consenso se vean reflejados en nuestra economía interna, en el dinamismo del mercado y en la solidez de las divisas.

De igual forma, a los legisladores del PAN no nos parecen menos importantes los asuntos medioambientales; por el contrario, sabemos que se trata de los temas del siglo XXI, y son los problemas que debemos encarar de forma contundente y cohesionada.

De nada sirven los esfuerzos regionales como los que hacen México u otros países, si el resto del orbe no pone de su parte en la definición y puesta en marcha de estrategias mundiales.

Debemos entender que hay la posibilidad en estos foros, porque México es visto en el exterior como un país con gran potencial de desarrollo, a diferencia de aquellos que en el interior ven las cosas de forma pesimista. Debemos aprovechar las oportunidades que tenemos para dar nuestra voz y enriquecernos de las experiencias de unos y otros.

Debemos ser conscientes de las ventajas que esto significa, porque creemos que es mejor participar en la toma de decisiones que simplemente ser receptores de los acuerdos ajenos. Dejemos a un lado las visiones retrógradas y aspiremos convencidos de ello a fortalecer a México con todos los instrumentos que haya a nuestra disposición. Gracias.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Gracias, diputada. Continúe la Secretaría.



DIPUTADA QUE SOLICITA LICENCIA

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por este conducto, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar licencia por tiempo indefinido para separarme de mi cargo como diputada federal a partir del 2 del mes y año en curso.

Lo hago de su conocimiento para los efectos a que haya lugar, con el propósito de que se realicen todos los trámites conducentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente
Palacio Legislativo, a 1 de abril de 2009.--- Diputada Aracely Escalante Jasso (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Aracely Escalante Jasso para separarse de sus funciones como diputada federal electa en la tercera circunscripción plurinominal, a partir del 2 de abril de 2009.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Aprobados. Comuníquense. Continúe la Secretaría.



COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• Que el diputado Rafael Plácido Ramos Becerril cause baja como integrante en las Comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social, de la Función Pública, de Seguridad Social, y del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.
• Que el diputado Moisés Gil Ramírez cause alta como integrante en la Comisión de Justicia.
• Que el diputado Moisés Gil Ramírez cause alta como integrante en la Comisión de Gobernación.
• Que el diputado Moisés Gil Ramírez cause alta como integrante en la Comisión de la Función Pública.
• Que el diputado Moisés Gil Ramírez cause alta como secretario en la Comisión Especial para la Reforma del Estado.
• Que el diputado Moisés Gil Ramírez cause alta como presidente en el Grupo de Amistad México-Montenegro.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Palacio Legislativo, México, DF, a 1 de abril de 2009.--- Diputado Javier González Garza (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Aprobados.



PERMISO PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de dictámenes.

En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

En oficio de fecha 17 de marzo de 2009, la Secretaría de Gobernación solicitó el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María del Carmen Valenzuela Staats, Julieta Pacheco Gómez y Ernesto de la Cruz Jiménez puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en su Consulado en Hermosillo, Sonora.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 26 de marzo del año en curso se turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en su Consulado en Hermosillo, Sonora, serán de carácter administrativo, y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional y en el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana María del Carmen Valenzuela Staats para prestar servicios como ayudante de visas en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Julieta Pacheco Gómez para prestar servicios como investigadora en el Consulado de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Ernesto de la Cruz Jiménez para prestar servicios como asistente de seguridad en el Consulado de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 27 de marzo de 2009.
Por la Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Cristián Castaño Contreras , Valentina Valia Batres Guadarrama , Alberto Amador Leal , Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante , Antonio Xavier López Adame , Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres , César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega , Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez , Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado 19 de marzo del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Sergio Romero Escalante pueda prestar servicios como chofer en la Embajada de la República Federal de Alemania en México.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 26 de marzo se turnó a la suscrita comisión, para estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que el peticionario acredita la nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el interesado prestará en la Embajada de la República Federal de Alemania en México serán como chofer; y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del Apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Sergio Romero Escalante para prestar servicios como chofer en la Embajada de la República Federal de Alemania en México.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 27 de marzo de 2009.
La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Cristián Castaño Contreras , Valentina Valia Batres Guadarrama , Narcizo Alberto Amador Leal , Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante , Antonio Xavier López Adame , Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Antonio Xavier López Adame , Ricardo Cantú Garza (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres , César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega , Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez , Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

Es de primera lectura.



LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes negativos relativos a iniciativas.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza a que sólo se lean los encabezados.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza a que sólo se lean los encabezados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se autoriza. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Radio, Televisión y Cinematografía, con puntos de acuerdo que desechan la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión

Honorable Asamblea:

Con fundamento en las facultades conferidas en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 60, 65, 87, 88, 93, 94 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones de Gobernación, y de Radio, Televisión y Cinematografía dictaminan la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un párrafo segundo, uno tercero y uno cuarto al artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, presentada por el diputado Pablo Gómez Álvarez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con base en los siguientes

Antecedentes

I. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 17 de febrero de 2005, el diputado Pablo Gómez Álvarez , del Grupo Parlamentario del PRD, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo, uno tercero y uno cuarto al artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, que fue turnada a la Comisión de Gobernación para estudio y dictamen.
II. El 22 de febrero de 2005, la Presidencia de la Mesa Directiva de la de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión ordenó la ampliación de turno de la iniciativa en comento a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Radio, Televisión y Cinematografía.
III. En sesión plenaria del 27 de marzo de 2008, los integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía aprobaron el presente dictamen.
IV. En sesión plenaria del 18 de marzo de 2009, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen.

Contenido de la iniciativa

1. La iniciativa tiene por objeto que en la Ley Federal de Radio y Televisión se establezca que en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) se definan los horarios y las condiciones de transmisión de los programas de partidos políticos y propone que el Instituto Federal Electoral sea la autoridad competente para la aplicación de dicha norma.

2. Asimismo, plantea que sólo los partidos políticos, a través de la autoridad electoral, puedan contratar lapsos en radio y televisión.

3. Finalmente, establece que la inobservancia del precepto propuesto será considerada incumplimiento del título de concesión correspondiente.

4. La multicitada iniciativa propone que el artículo indicado sea adicionado en los siguientes términos:

Artículo Único. Se adicionan un párrafo segundo, uno tercero y uno cuarto al artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:
Artículo 59. (...)

Dentro del tiempo señalado en el presente artículo se llevarán a cabo las emisiones de radio y televisión que correspondan a los partidos políticos, de conformidad con las normas, especificaciones, fechas, horarios y demás características determinadas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y por el Instituto Federal Electoral.

Dentro de la programación de las estaciones de radio y canales de televisión sólo se incluirán emisiones de carácter electoral y preelectoral contratadas por los partidos políticos con la autorización expresa de los órganos electorales de la federación y las entidades federativas, por lo que dichas estaciones y canales no podrán otorgar servicios a los particulares o a cualquier persona moral sobre las materias señaladas.

La no observancia del presente artículo por parte del concesionario será considerada falta de cumplimiento de la concesión.

Una vez establecidos los antecedentes y analizada la iniciativa que nos ocupa, se llega a las siguientes

Consideraciones

Primera. Un tema fundamental que debe analizarse inicialmente es el relativo al orden jurídico. Resulta de gran importancia para la ciencia del derecho, la problemática relacionada con los principios referentes a la ordenación de un conjunto de normas. La ciencia del derecho tiene como una de sus tareas establecer y determinar los principios o reglas conforme a los cuales un conjunto de normas forman un orden o sistema, pues el derecho se presenta a ella para su consideración, no como una norma aislada sino constituyendo pluralidades, conjuntos específicos cuyas relaciones recíprocas deben ser establecidas o definidas.

Así, el sistema normativo se forma por una pluralidad de ordenamientos que regulan específicamente cada una de las materias a que ellos se refieren. Hay disposiciones que se interrelacionan, toda vez que el conjunto de cuerpos normativos forman, precisamente, ese sistema.

La norma de que depende la validez de todas las demás que integran el sistema jurídico es la llamada ``norma fundamental'', que constituye la unidad misma del sistema. En el país, la ``norma fundamental'' es justamente la Constitución General, en la que se establecen los procesos de creación de las normas inferiores, generales o individuales.

De ese modo, del texto de la ley suprema se desprende la existencia de diversas ramas del derecho; entre ellas, la del derecho público, en la que se sitúan el derecho electoral y el de las comunicaciones. En este último se encuentra una rama dedicada a la radiodifusión.

Dado que estas dos materias guardan estrecha relación con el objeto de la iniciativa que se dictamina, es necesario establecer sus definiciones para estar en aptitud de entender su naturaleza y alcances.

Establecer una definición válida universalmente es imposible, como acontece con otras materias, pues siempre habrá criterios diferentes que deben ser respetados. Sin embargo, tomando como punto de referencia las opiniones doctrinales que, en su mayoría, se han emitido sobre los temas que nos ocupan, podemos afirmar lo siguiente:

El derecho electoral es el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso electivo de los órganos representativos y de las decisiones ciudadanas expresadas a través de la democracia semidirecta o participativa. Ahora bien, el derecho electoral no es sólo el conjunto de normas que regulan la simple emisión del sufragio, sino que también una serie de actos, etapas, instrumentos, actores y organismos son parte de la normatividad de la materia.

Por otra parte, el derecho de la radiodifusión es el conjunto de normas jurídicas que regulan el servicio de radiocomunicaciones cuyas emisiones se destinan a ser recibidas directamente por el público en general. En estos términos se encuentra definido el concepto de servicio de radiodifusión o difusión de señales, de conformidad con el Reglamento de Telecomunicaciones y los criterios emitidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de la que México es Estado parte.

Segunda. El decreto que reforma los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122, adiciona el artículo 134 y deroga el tercer párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, establece que el `` Instituto Federal Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales...'', lo cual obedece a una redistribución de los tiempos de Estado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 41, numeral 3, de la Constitución General de la República. Esta reforma refiere, precisamente, al artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, materia del presente dictamen.

De igual forma, el Título Tercero, Capítulo Primero, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008, establece las bases sobre las que los partidos políticos tienen derecho al uso de los medios de comunicación social.

Derivado de lo anterior, y en acato del mandato constitucional en comento, la ley de la materia, es decir, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, contiene las disposiciones por las que se regula el acceso permanente de los partidos políticos a los medios de comunicación como una prerrogativa que la misma Constitución Política les confiere.

Es evidente que el derecho de los partidos políticos a utilizar gratuitamente los servicios de las estaciones de radio y televisión abiertas obedece a la necesidad de promover la cultura democrática en el país. A partir de esta prerrogativa que la Constitución confiere a los partidos políticos, se establece una relación entre las normas de derecho electoral y las que regulan el derecho de la radiodifusión, sin perder de vista que se trata de ordenamientos jurídicos cuyo objeto de regulación es completamente distinto, no obstante la interrelación que pueda darse entre ellos.

En virtud de lo anterior, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Radio, Televisión y Cinematografía consideran que los cambios propuestos en la iniciativa han sido satisfechos por la reforma constitucional, así como por la publicación del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que ha quedado sin materia.

Por lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Radio, Televisión y Cinematografía someten a consideración del Pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo, uno tercero y uno cuarto al artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, formulada por el diputado Pablo Gómez Álvarez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y presentada ante el Pleno de esta soberanía el 17 de febrero de 2005.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 18 de marzo de 2009.
La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Humberto Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Cristián Castaño Conteras (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica en abstención), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Antonio Xavier López Adame , Layda Elena Sansores San Román (rúbrica en abstención), Ricardo Cantú Garza , secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Jesús de León Tello , María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra , Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández , María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Raciel Pérez Cruz , José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola , Rosa Elva Soriano Sánchez , Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, diputados: Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), presidenta; Rocío del Carmen Morgan Franco (rúbrica), José Antonio Díaz García , Eduardo Sánchez Hernández (rúbrica), Moisés Félix Dagdug Lützow (rúbrica), Humberto López Lena Cruz , Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), secretarios; Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), Salvador Arredondo Ibarra (rúbrica), Israel Beltrán Montes (rúbrica), Andrés Bermúdez Viramontes , Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández , María de Jesús Martínez Díaz , Leonardo Melesio de Jesús Magallón Arceo (rúbrica), Aracely Escalante Jasso (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Neftalí Garzón Contreras (rúbrica), Enrique Iragorri Durán , David Maldonado González , Delber Medina Rodríguez , Elizabeth Morales García , Ramón Félix Pacheco Llanes (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Gloria Rasgado Corsi , Raúl Ríos Gamboa , María Elena Torres Baltazar (rúbrica), Rodolfo Solís Parga (rúbrica), Jaime Verdín Saldaña (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reservan para su votación en conjunto.



LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL - CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Dictamen de las Comisiones Unidas de la Función Pública, y de Gobernación, con puntos de acuerdo que de-sechan la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Función Pública, y de Gobernación, de la LX Legislatura les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Estas comisiones unidas, con fundamento en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de las iniciativas de referencia, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

1. El 18 de septiembre de 2007, el diputado Luis Gustavo Parra Noriega , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
2. En esa misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Función Pública, y de Gobernación, para su estudio y análisis correspondiente.
3. El 8 de octubre de 2008 los diputados integrantes de la Comisión de la Función Pública aprobaron el presente dictamen.
4. El 18 de marzo de 2009 los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa que se dictamina tiene como objetivo primordial reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales estableciendo en un capítulo las obligaciones, en materia de transparencia, a que se verán sujetos los partidos y agrupaciones políticas, reconociendo a los partidos políticos como entidades de interés público que tienen a su cargo tareas complejas que impactan tanto en la esfera pública, como en la privada.

Por ello, el iniciante establece que la aprobación de la reforma constitucional en materia electoral por parte del Congreso de la Unión, representa un significativo avance en el fortalecimiento de la democracia mexicana, al establecer reglas orientadas a conducir los procesos electorales con estricta observancia a los principios de certeza, imparcialidad, transparencia, equidad y legalidad.

Que la reforma electoral establece las bases constitucionales para que, a través de la legislación secundaria, se desa-rrollen los mecanismos necesarios para consolidarse, y demanda que exista armonización entre las disposiciones jurídicas en materia electoral.

Argumenta además que dicha iniciativa servirá como un importante elemento para consolidar la reforma electoral, promoviendo que exista transparencia en los partidos políticos, y representa un avance significativo en los sistemas de control de los mismos, en lo que se refiere al ejercicio de su actividad; reconociendo en todo momento a los partidos políticos como instituciones fundamentales en la vida democrática del país, en quienes los ciudadanos depositan su confianza para ser representados, por lo que su eventual aprobación dará cumplimiento a un reclamo ciudadano plenamente justificado.

Consideraciones

Primera. Es cierto que con la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el 11 de julio del 2002, se registró un avance en el cumplimiento de ajustar la legislación nacional para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas por parte del gobierno federal. Esta norma generó un impacto positivo respecto al quehacer gubernamental; además de crear los procedimientos, inexistentes hasta ese momento, mediante los cuales se garantizaría el acceso de toda persona que así lo requiriera a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal.

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé como sujetos obligados a los Poderes de la Unión, a los órganos constitucionales autónomos, a los tribunales administrativos federales y a cualquier otro órgano federal, y respecto a los partidos políticos, en el artículo 11, sólo establece que:

Los informes que presenten los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales al Instituto Federal Electoral, así como las auditorías y verificaciones que ordene la Comisión de Fiscalización de los Recursos Públicos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, deberán hacerse públicos al concluir el procedimiento de fiscalización respectivo.

Cualquier ciudadano podrá solicitar al Instituto Federal Electoral la información relativa al uso de los recursos públicos que reciban los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales.

Segunda. La reforma al artículo 6o. constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2007 en materia de transparencia, constituye un gran avance para la democratización del; debido a que gracias a esta reforma constitucional se establece la existencia de los estándares mínimos que deben organizar la materia, dejando a la federación, los estados y el Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia, la capacidad para establecer las instituciones y determinar las políticas públicas que garanticen el ejercicio del derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas.

En el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de la Función Pública de la Cámara de Diputados respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció que:

La reforma propuesta no exime a los partidos políticos de sus obligaciones de acceso a la información y transparencia, ni a ninguna otra figura de autoridad pública o de interés público. Significa que las leyes que las regulan (por ejemplo el Código de Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales a los partidos políticos; la Ley de Entidades Paraestatales en el caso de los fideicomisos que cobran forma de institución; la Ley de Instituciones de Crédito en el caso de los fideicomisos bajo la forma de contratos; o la Ley de Fomento a las Actividades de Desa-rrollo Social realizadas por Organizaciones Civiles) deben desarrollar y traducir, en sus peculiaridades específicas, las bases mínimas constitucionales que se proponen con la adición.

Tercera. Mediante el decreto que reforma los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre del 2007, se actualizó la materia electoral para establecer reglas para conducir los procesos electorales con respeto a los principios de certeza, imparcialidad, transparencia, equidad y legalidad; y se establecieron las bases constitucionales para que, a través de la legislación secundaria, se desarrollen los mecanismos necesarios para consolidarse; de este modo, el artículo tercero transitorio del mencionado decreto de reforma establece que:

El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes federales en un plazo máximo de treinta días naturales contados a partir del inicio de la vigencia de este decreto.

Cuarta. Derivado de lo anterior, el 14 de enero de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en cuyo cuerpo normativo cuenta con un Capítulo Quinto, que se titula ``De las obligaciones de los partidos políticos en materia de transparencia'', que comprende del artículo 41 al 45 del mismo.

Capítulo Quinto De las obligaciones de los partidos políticos en materia de transparencia

Artículo 41
1. Toda persona tiene derecho a acceder a la información de los partidos políticos, de conformidad con las reglas previstas en este código y las que, en lo conducente, resulten aplicables conforme al reglamento del Instituto Federal Electoral en la materia.
2. Las personas accederán a la información de los partidos a través del Instituto Federal Electoral, mediante la presentación de solicitudes específicas.
3. El reglamento establecerá los formatos, procedimientos y plazos para desahogar las solicitudes que se presenten sobre la información de los partidos políticos.
4. Cuando la información solicitada tenga el carácter de pública y no obre en poder del instituto, debiendo estarlo, éste notificará al partido requerido para que la proporcione en forma directa al solicitante, dentro del plazo que señale el reglamento. El partido de que se trate informará al instituto del cumplimiento de esta obligación.
5. Cuando la información solicitada se encuentre disponible en la página electrónica del instituto, o en la del partido de que se trate, se le notificará al solicitante para que la obtenga en forma directa, salvo que el interesado la requiera en forma impresa o en medio digital.
6. Los partidos políticos están obligados a publicar en su página electrónica, por lo menos, la información especificada en el presente capítulo.
Artículo 42
1. La información que los partidos políticos proporcionen al instituto o que éste genere respecto a los mismos, que sea considerada pública conforme a este código, estará a disposición de toda persona a través de la página electrónica del instituto.
2. Se considera información pública de los partidos políticos:
a) Sus documentos básicos;
b) Las facultades de sus órganos de dirección;
c) Los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general, aprobados por sus órganos de dirección, que regulen su vida interna, las obligaciones y derechos de sus afiliados, la elección de sus dirigentes y la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular;
d) El directorio de sus órganos nacionales, estatales, municipales, del Distrito Federal, y en su caso, regionales, delegacionales y distritales;
e) El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que se refiere el inciso anterior, y de los demás funcionarios partidistas;
f) Las plataformas electorales y programas de gobierno que registren ante el instituto;
g) Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren, o de participación electoral que realicen con agrupaciones políticas nacionales;
h) Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular;
i) Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a sus órganos nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal, durante los últimos cinco años y hasta el mes más reciente, así como los descuentos correspondientes a sanciones;
j) Los informes, anuales o parciales, de ingresos y gastos, tanto ordinarios como de precampaña y campaña; el estado de situación patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores; la relación de donantes y los montos aportados por cada uno. Todo lo anterior, una vez concluidos los procedimientos de fiscalización establecidos por este código. Los partidos podrán hacer pública la información a que se refiere este inciso antes de que concluyan los procedimientos referidos, sin que ello tenga efectos en los mismos.
k) Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que hayan causado estado;
l) Los nombres de sus representantes ante los órganos del instituto;
m) El listado de las fundaciones, centros o institutos de investigación o capacitación, o cualquier otro, que reciban apoyo económico permanente del partido político;
n) El dictamen y resolución que el consejo general del instituto haya aprobado respecto de los informes a que se refiere el inciso j) de este párrafo; y
o) La demás que señale este código, o las leyes aplicables.
Artículo 43
1. Los partidos políticos deberán mantener actualizada la información pública establecida en este capítulo, y la demás que este código considere de la misma naturaleza, proporcionándola al instituto con la periodicidad y en los formatos y medios electrónicos que aquél determine en acuerdos de carácter general.
Artículo 44
1. No será pública la información relativa a los procesos deliberativos de los órganos internos de los partidos; la correspondiente a sus estrategias políticas y de campañas electorales; la contenida en todo tipo de encuestas por ellos ordenadas, así como la referida a las actividades de naturaleza privada, personal o familiar, de sus afiliados, dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular.
2. Será considerada confidencial la información que contenga los datos personales de los afiliados, dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, salvo los contenidos en los directorios establecidos en este capítulo y en las listas de precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, que solamente contendrán el nombre completo y otros datos personales que autorice el interesado;
3. Se considerará reservada la información relativa a los juicios en curso, de cualquier naturaleza, en que los partidos políticos sean parte, hasta que se encuentren en estado de cosa juzgada.
Artículo 45
1. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este capítulo será sancionado en los términos que dispone el presente código...

Como podemos observar, en el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales ya se establecen reglas precisas respecto a la obligación de los partidos políticos en materia de transparencia, lo cual fue una decisión acertada, ya que definidos por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

Por esto, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no es ni era de aplicación directa para estos entes; aunque es cierto que ejercen recursos públicos por su propia naturaleza y régimen jurídico, por lo cual resultó necesario regular esta materia referida a los partidos políticos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Quinta. Derivado de la expedición del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las reformas planteadas han colmado el vacío legal que existía en la materia, lo anterior en razón de que las propuestas del diputado Luis Gustavo Parra Noriega sobre las obligaciones de transparencia en los partidos políticos fueron consideradas plenamente en el Capítulo quinto del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, disponiendo que los interesados accedan a esa información a través del Instituto Federal Electoral, señalando la obligación de los partidos de poner a disposición de éste, así como de hacer público a través de sus propios portales en Internet, la información que detalla el Código Electoral; en este sentido, estas comisiones unidas consideran que la propuesta de reforma del diputado Parra Noriega fue atendida con la expedición del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado en el Diario Oficial de la Federación en enero de 2008.

Sexta. Cabe señalar que en la sesión del 2 de septiembre de 2008, la Comisión de la Función Pública aprobó un proyecto de dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, presentada por el diputado Alejandro Enrique Delgado Oscoy , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y que se refiere al mismo tema que le preocupa al diputado Luis Gustavo Parra Noriega .

La comisión dictaminadora determinó que la modificación al primer párrafo del artículo 11 fuera el siguiente:

Artículo 11. Los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales, sin perjuicio de que sean públicas las auditorías y verificaciones que ordene la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos al concluir el procedimiento de fiscalización respectivo, deberán cumplir con las disposiciones que en materia de transparencia y acceso a su información establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como las previstas sobre estos rubros en el reglamento que expida el Instituto Federal Electoral.
Cualquier ciudadano podrá solicitar al Instituto Federal Electoral, la información relativa al uso de los recursos públicos que reciban los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales.

La reforma del artículo 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental fue aprobada en la Cámara de Diputados con 298 votos en pro y 1 abstención, el martes 7 de octubre de 2008, pasando a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de Función Pública, y de Gobernación; con base en las atribuciones legales y reglamentarias con las que cuenta, ponen a su consideración el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por el diputado Luis Gustavo Parra Noriega el 18 de septiembre de 2007.

Segundo. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 18 de marzo de 2009.
La Comisión de la Función Pública, diputados: Benjamín Ernesto González Roaro (rúbrica), presidente; José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Jesús Ricardo Morales Manzo (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez , Alma Edwviges Alcaraz Hernández (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo (rúbrica), Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica), Carlos Armando Biebrich Torres , María Eugenia Campos Galván , Andrés Carballo Bustamante , José de la Torre Sánchez (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), Adriana Díaz Contreras , Arturo Flores Grande (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Lariza Montiel Luís (rúbrica), Carlos Orsoe Morales Vázquez , Alan Notholt Guerrero (rúbrica), Héctor Padilla Gutiérrez , Rafael Plácido Ramos Becerril , Marcos Salas Contreras (rúbrica), Ramón Valdez Chávez (rúbrica).
La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Cristian Castaño Contreras (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Antonio Xavier López Adame , Layda Elena Sansores San Román (rúbrica, abstención), Ricardo Cantú Garza , secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Jesús de León Tello , María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra , Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández , María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola , Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reservan para su votación en conjunto.



LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo que desechan la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 177 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LX Legislatura fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 177 de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del PAN.

La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que le otorga el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, numerales 1o. y 3o., 43, 44, 45 numeral 6, inciso e) y f), y de los demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen de acuerdo con la siguiente metodología

I. Antecedentes

El 25 de octubre de 2007 se presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 177 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del PAN. En esa misma fecha, la iniciativa se publicó en la Gaceta Parlamentaria.

Con fecha 8 de noviembre de 2007, la Mesa Directiva turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

La iniciativa con proyecto de decreto tiene por objeto promover la disponibilidad, el conocimiento y uso de dispositivos tecnológicos que permitan rehabilitar o compensar una o más limitaciones de las personas que sufren cualquier tipo de discapacidad. Se buscan condiciones más justas y positivas para este sector de la población.

La iniciativa está contextualizada en las estipulaciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (en adelante, la Convención), de la cual México forma una parte fundamental, por ser el país que propuso su realización.

III. Consideraciones

Comprendiendo la preocupación del promovente por lograr mejores condiciones para las personas que sufren alguna discapacidad y de dar cumplimiento a los compromisos de México ante la Convención, los diputados integrantes de la comisión dictaminadora hemos realizado un análisis a fondo de la propuesta, tomando como principales consideraciones las siguientes:

Primera. La iniciativa analizada aborda un tema prioritario para lograr condiciones de mayor igualdad en nuestro país, al tiempo de combatir la discriminación y los prejuicios que culturalmente han mermado el desarrollo de aquellos que padecen alguna discapacidad.

La publicación en el año 2005 de la Ley General para las Personas con Discapacidad es una muestra del interés que tiene el Estado mexicano para asegurar un marco normativo adecuado para las personas con discapacidad; sin embargo, no se puede considerar que todo esta resuelto. Aún es posible promover condiciones más justas y positivas para este sector de la población; para ello es necesario revisar y fortalecer la legislación vigente para adecuarla a las necesidades actuales.

Además, los procesos de habilitación y rehabilitación que requieren las personas con discapacidad no solamente involucran la atención médica, sino que deben incluir un complejo y nutrido grupo de actividades que se extienden hasta el ámbito laboral y educativo.

Segunda. La iniciativa que se estudia, toma como base el artículo 26 inciso 3 de la Convención:

``Los Estados parte promoverán la disponibilidad, el conocimiento y el uso de tecnologías de apoyo y dispositivos destinados a las personas con discapacidad, a efectos de habilitación y rehabilitación''.

Por consiguiente, el proponente considera necesario incluir expresamente este precepto en la legislación mexicana, y por ello adiciona el segundo párrafo al artículo 177 de la Ley General de Salud:

Artículo 177. ...
Asimismo, promoverán la disponibilidad, el conocimiento y uso de dispositivos tecnológicos que permitan rehabilitar o compensar una o más limitaciones de dichas personas.

Los principales beneficios de la adición propuesta serían: contribución al fortalecimiento del marco normativo, impulso a los preceptos de la Convención, y sobre todo, apoyo a las personas con alguna discapacidad, para que logren su habilitación y rehabilitación, en términos ocupacionales y sociales.

Tercera. Algunas observaciones que la Secretaría de Salud elaboró al respecto de la presente iniciativa son:

El artículo 26 inciso 3 de la Convención, citado previamente, ya se encuentra implantado en diversas disposiciones de la Ley General de Salud y en la Ley General de las Personas con Discapacidad.

La Ley General de Salud ya tiene contempladas la educación para la rehabilitación, y la atención integral de discapacitados, según se establece en el artículo 174:

Artículo 174. La atención en materia de prevención de invalidez y rehabilitación de inválidos comprende:
I. La investigación de las causas de la invalidez y de los factores que la condicionan;
II. y III. ...
IV. La orientación educativa en materia de rehabilitación a la actividad colectiva en general, y en particular a las familias que cuenten con algún inválido, promoviendo al efecto la solidaridad social.
V. La atención integral de los inválidos, incluyendo la adaptación de las prótesis, órtesis y ayudas funcionales que requieran;
...

Por su parte, la Ley General de las Personas con Discapacidad retoma el objetivo de promover la disponibilidad de dispositivos tecnológicos, como se muestra en el artículo 7:

Artículo 7. Las personas con discapacidad tienen derecho a servicios públicos para la atención de su salud y rehabilitación integral. Para estos efectos, las autoridades competentes del sector salud, en su respectivo ámbito de competencia, realizarán las siguientes acciones:
I. a III. ...
IV. Construir, a través de los mecanismos institucionales que determine cada orden de gobierno, bancos de prótesis, órtesis ayudas técnicas y medicinas de uso restringido, facilitando su gestión y obtención a la población con discapacidad de escasos recursos; y fomentar la creación de centros asistenciales, temporales o permanentes, donde las personas con discapacidad intelectual sean atendidas en condiciones que respeten su dignidad.

Bajo estas consideraciones, la Secretaría de Salud determinó que los objetivos de las reformas propuestas en la iniciativa analizada, ya están contempladas en la legislación mexicana y no es necesario darles mayor énfasis.

Después de analizar la exposición de motivos de la iniciativa y la opinión de la Secretaría de Salud, esta Comisión determinó que la iniciativa no debía aceptarse en los términos propuestos.

Cuarta. Inicialmente, la subcomisión predictaminó el proyecto de decreto en sentido negativo; sin embargo, en la reunión plenaria del 8 de abril de 2008, el proponente de la iniciativa solicitó que el predictamen fuera reconsiderado, lo cual fue aprobado por votación mayoritaria de los integrantes de la comisión.

Con la finalidad de conservar el espíritu de la iniciativa, se elaboró una nueva propuesta de redacción del proyecto de decreto:

Artículo 177. ...
Las autoridades antes mencionadas promoverán y facilitarán la disponibilidad, conocimiento, uso y adaptación de dispositivos tecnológicos, tales como prótesis, órtesis y ayudas funcionales, además de tecnologías de habilitación y rehabilitación de cualquier tipo de invalidez.

La nueva redacción fue revisada en reunión especial de la subcomisión, con el Departamento Jurídico de la Secretaría de Salud, el 23 de julio de 2008. En la reunión se concluyó que la nueva redacción tampoco era viable.

Quinta. Esta comisión dictaminadora analiza actualmente la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, a cargo del senador Guillermo Tamborrell, la cual también aborda el tema de discapacidad, y reforma, entre otros, el artículo 177 de la Ley General de Salud; por lo cual, la aprobación de la presente iniciativa interferiría con el trámite de la minuta.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud ponemos a consideración de la asamblea los siguientes:

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 177 de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 8 de noviembre de 2007.

Segundo. Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Maricela Contreras Julián , María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena , María Mercedes Maciel Ortiz , Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica en contra), Holly Matus Toledo , Fernando Enrique Mayans Canabal , Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García , Gilberto Ojeda Camacho , Jorge Quintero Bello , José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reservan para su votación en conjunto.



LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS - LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Energía, y de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo que desechan la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos y un párrafo al artículo 6o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Energía, y de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LIX Legislatura, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos, y un párrafo al artículo 6 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; presentada por los diputados Pablo Bedolla López, Rebeca Godínez y Bravo y José Adolfo Murat Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estas comisiones someten a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo a la iniciativa antes mencionada, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

1. En sesión celebrada el 20 de abril de 2004, se presentó la iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos, y un párrafo al artículo 6 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; por los diputados Pablo Bedolla López, Rebeca Godínez y Bravo y José Adolfo Murat Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó el trámite: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Energía, y de Desa-rrollo Social.

Contenido de la iniciativa

Señalan los diputados proponentes que la Ley General de Asentamientos Humanos establece que el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano de los centros de población tenderán a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, mediante la estructuración interna de los centros de población y la dotación suficiente y oportuna de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos.

La planeación y regulación del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano de los centros de población forman parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática, como una política sectorial que coadyuva al logro de los objetivos de los planes nacional, estatal y municipal de desarrollo.

La planeación es concurrente entre la federación, las entidades federativas y los municipios, de acuerdo con la competencia que determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la iniciativa objeto del presente dictamen se señala que para cumplir con los fines establecidos en el párrafo tercero del artículo 27 constitucional en materia de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, el ejercicio del derecho de propiedad, de posesión o cualquier otro derivado de la tenencia de bienes inmuebles ubicados en dichos centros, se sujetará a las provisiones, reservas, usos y destinos que determinen las autoridades competentes, en los planes y programas de desa-rrollo urbano aplicables.

A su vez, la Ley General de Asentamientos Humanos dispone que las áreas y predios de un centro de población, cualquiera que sea su régimen jurídico, están sujetos a las disposiciones que en materia de ordenación urbana dicten las autoridades, conforme a dicho ordenamiento y demás disposiciones jurídicas aplicables. Para la ejecución de acciones de conservación y mejoramiento de los centros de población, se deja a los estados la facultad de legislar en materia de desarrollo urbano para establecer disposiciones respecto a la dotación de servicios, equipamiento o infraestructura urbana en áreas carentes de ellas.

La iniciativa en comento señala que el crecimiento desordenado de los polos de desarrollo industrial, comercial y habitacional ha generado una mayor demanda de energía eléctrica, motivo por el cual la infraestructura instalada ha sido rebasada para otorgar, en calidad y cantidad suficientes, este servicio. Asimismo, dotar de energía eléctrica a asentamientos irregulares ha propiciado que se dejen de atender los sectores que crecen ordenadamente, conforme a los planes de desarrollo urbano.

Por lo anterior, en esta iniciativa se apunta que es indispensable que la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios, sobre todo de energía eléctrica, sea vinculada con las estrategias de ordenamiento territorial y urbano ordenado y, por tanto, imperativo que las autoridades en la materia consideren los programas federales, estatales y municipales en materia de desarrollo urbano. Ello con el fin de atender uno de los factores que contribuyen a la problemática de la insuficiente infraestructura para la distribución de energía eléctrica, ya que los recursos para la dotación de servicios se distribuyen entre los asentamientos humanos regulares e irregulares.

Consideraciones de las comisiones unidas

1. Que la generación, transmisión y abasto de energía eléctrica influye directamente sobre el desarrollo del país ya que tiene impacto sobre la calidad de vida de la población e incide en el grado de competitividad de la planta productiva nacional.
2. El acceso al servicio público de electricidad en el país ha crecido significativamente en las últimas décadas, a grado tal que alcanzó más del 94.7 por ciento de la población nacional conectada a la red eléctrica, por lo que se considera d los más altos de América Latina. Aún así, en términos absolutos, alrededor de cinco millones de mexicanos no cuentan con acceso a dicho servicio, la mayoría de ellos se encuentra en comunidades rurales aisladas.
3. Se prevé que la evolución del consumo crecerá a una tasa promedio cercana al 6.3 por ciento para el periodo 2001--2010. En consecuencia, el sistema eléctrico nacional requerirá de 27 mil 357 mega vatios para los próximos diez años.
4. El sistema eléctrico responde a lo dispuesto en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los cuales se establece que la Nación dispone de la facultad exclusiva para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica y la regulación de sus aplicaciones para otros propósitos.
5. Desde su nacionalización en 1960, la industria eléctrica ha sido manejada de manera exclusiva por el Estado, a través de la Comisión Federal de Electricidad ( CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC).
6. En 1975 se expidió la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en la que se reitera el precepto de que todas las actividades encaminadas a la prestación de este servicio únicamente podían ser efectuadas por el Estado bajo una estructura industrial verticalmente integrada. A ese ordenamiento jurídico se le introdujeron diversas reformas, en diciembre de 1992, con el objeto de abrir nuevas oportunidades de participación a los inversionistas privados en actividades de generación de energía eléctrica que no constituyen servicio público, a través de un régimen de permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía, organismo técnico--consultivo desconcentrado de la Secretaría de Energía, creado por ley en 1995.
7. En diciembre de 1993 se publicó el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, con objeto de reglamentar la ley en lo referente a la prestación del servicio público y a las actividades previstas en la misma que no se consideren servicio público y uso temporal de la red del sistema eléctrico nacional.
8. Mediante decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 2001, se modificaron algunas reglas por las que se permite a los que gozan de permisos de autoabastecimiento y cogeneración, enajenar excedentes a CFE o LFC, sin convocatoria y para cualquier monto de sobrantes.
9. El artículo 4 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica señala que ``la prestación del servicio público de energía eléctrica comprende:
I. La planeación del sistema eléctrico nacional;
II. La generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica, y;
III. La realización de todas las obras, instalaciones y trabajos que requieran la planeación, ejecución, operación y mantenimiento del sistema eléctrico nacional''.
10. La Ley General de Asentamientos Humanos es una legislación de naturaleza concurrente, en la que los tres órdenes de gobierno, en la esfera de sus respectivas competencias, establecen las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos irregulares y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.
11. Con respecto a la adición propuesta en el artículo 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos, cabe mencionar que se inscribe en el capítulo VIII de dicha ley, relativo al fomento del desarrollo urbano.
12. En particular, el artículo 52 es relativo a las atribuciones de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Desarrollo Social para que las instituciones de crédito no autoricen operaciones contrarias a la ley y para que ambas se coordinen con el propósito de que las acciones e inversiones de las dependencias y entidades de la administración pública federal cumplan, en su caso, con lo dispuesto en esta ley.
13. La iniciativa en comento plantea que la expansión del sistema eléctrico nacional se realice observando los planes estatales y municipales en materia de desarrollo urbano.
14. La presente iniciativa, sin embargo, supeditaría incorrectamente la labor de la CFE al consentimiento de los gobiernos estatales y municipales para la realización de nuevas obras, instalaciones, trabajos de operación, distribución, venta y mantenimiento del sistema eléctrico nacional.
15. Asimismo, restringiría la actual obligación de la CFE de proporcionar la instalación del servicio público de energía eléctrica indistintamente a la población que habita en zonas urbanas y rurales.
16. De aprobarse el planteamiento contenido en la iniciativa objeto del presente dictamen, se pondría en riesgo la expansión del sistema eléctrico nacional.

Por las razones y argumentos vertidos en las consideraciones anteriormente expuestas y las conclusiones que derivan de ellas, las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Energía, y de Desarrollo Social emiten el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos, y un párrafo al artículo 6 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, presentada por los diputados Rebeca Godínez y Bravo, Pablo Bedolla López y José Adolfo Murat Macías, el 20 de abril de 2004.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, marzo de 2009.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; David Figueroa Ortega (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez , Ismael Ordaz Jiménez , Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas , Juan Ignacio Samperio Montaño , Joaquín Humberto Vela González , Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas , secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís , José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez , Ramón Ceja Romero (rúbrica), Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa , Javier Guerrero García (rúbrica), José Martín López Cisneros (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz (rúbrica), José Murat, Miguel Ángel Navarro Quintero , Raúl Alejandro Padilla Orozco (rúbrica), Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio , Faustino Soto Ramos , Pablo Trejo Pérez (rúbrica).
La Comisión de Energía, diputados: David Maldonado González (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González (rúbrica), Alonso Manuel Lizaola de la Torre , Ramón Félix Pacheco Llanes (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales (rúbrica), Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas (rúbrica), José Antonio Arévalo González (rúbrica), Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica), Salvador Arredondo Ibarra (rúbrica), Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (rúbrica), Luis Alonso Mejía García (rúbrica), Óscar Miguel Mohamar Dainitin, Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), Rolando Rivero Rivero (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica), José Antonio Almazán González (rúbrica), Moisés Félix Dagdug Lützow (rúbrica), David Mendoza Arellano (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Mónica Fernández Balboa (rúbrica), Pedro Landero López (rúbrica), Octavio Fuentes Téllez (rúbrica), Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez , Arturo Martínez Rocha , Mariano González Zarur (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González (rúbrica).
La Comisión de Desarrollo Social, diputados: Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), presidente; Rubí Laura López Silva (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica), Mario Mendoza Cortés (rúbrica), Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica), Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica), Silvio Gómez Leyva (rúbrica), secretarios; Claudia Gabriela Caballero Chávez , Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Beatriz Collado Lara (rúbrica), José Luis Contreras Coeto (rúbrica), Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez (rúbrica), Raúl García Vivián (rúbrica), Martín Óscar González Morán (rúbrica), Sergio Hernández Hernández (rúbrica), María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Marcos Matías Alonso (rúbrica), Nabor Ochoa López (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica), Carlos Sánchez Barrios (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Antonio Sánchez Díaz de Rivera , Sergio Sandoval Paredes , Jorge Toledo Luis (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez .»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reservan para su votación en conjunto.



LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo que desechan la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39, párrafo segundo, fracción XXV, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

Con fecha 16 de noviembre de 2006, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, tuvo a bien turnar a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, una iniciativa para reformar el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

Esta comisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 40 numeral 2 inciso b), 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo analizado su contenido, somete a la consideración de esta soberanía el proyecto de dictamen en sentido negativo conforme a los siguientes

Antecedentes

En fecha 16 de noviembre de 2006, los diputados, Luis Fernando Rodríguez Ahumada y Gerardo Antonio Escaroz Soler , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar el artículo 39, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de cambiar el nombre de la actual Comisión de Pesca, por el de Pesca y Acuacultura.

La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, año IX, número 2134, jueves 16 de noviembre de 2006.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que la iniciativa fuera turnada a esta comisión para su estudio y dictamen.

En sesión celebrada el 20 de noviembre de 2007, del Pleno de la Cámara de Diputados, se dio cuenta de la solicitud del diputado Gerardo Escaroz Soler , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para que se excite a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a fin de que emita el dictamen de la iniciativa que reforma el artículo 39, párrafo 2, fracción XXV, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 16 de noviembre de 2006.

La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: ``De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para que emita el dictamen correspondiente''.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa en comento propone que de manera expresa, se considere el concepto de acuacultura, en la denominación de la actual Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, en consonancia con la Ley General de Pesca y Acuacultura sustentables. De tal manera que de aprobarse la propuesta, la actual Comisión de Pesca cambiaría su nomenclatura a la de Comisión de Pesca y Acuacultura.

Consideraciones

La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la iniciativa enunciada en los antecedentes de este dictamen, de acuerdo a lo que señala el artículo 71, párrafo dos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Corresponde a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, conocer, analizar y dictaminar la iniciativa marcada con el número 11, que obra en los expedientes de la comisión, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 numeral 2 enciso b), 45 numeral 6 incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Como bien señala la iniciativa en su exposición de motivos, la Comisión de Pesca en la actualidad desempeña la función de evaluación y control de las actividades pesqueras y acuícolas, que corresponden a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Lo mismo señala su Programa anual de trabajo 2006-2007, publicado en Gaceta Parlamentaria, número 2197, martes 20 de febrero de 2007.

Las diversas reformas a la Ley Orgánica del Congreso, promovidas con el fin de incrementar el número de comisiones, han dado como resultado la separación de comisiones como la de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, creada en 1999 con la aprobación de la Ley Orgánica actual, pero que la reforma de octubre de 2000 disgregó, dando origen nuevamente a la Comisión de Pesca y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a pesar de que la Ley Orgánica, en el artículo 39, párrafo 3, señala que las comisiones se deben corresponder con las dependencias y entidades de la administración pública federal, y no con organismos desconcentrados como es el caso de Conapesca, que por su propia naturaleza no goza de una personalidad jurídica ni de patrimonio propios, como ocurre con las dependencias o entidades. Por lo que en todo caso, la Comisión de Pesca debería pertenecer a otra que se llamara Comisión de Agricultura, Ganadería, Desa-rrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Por otro lado, también es competente para conocer sobre el tema de la acuacultura la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por lo que no sería conveniente acotar el tema en la actual Comisión de Pesca.

En tal sentido, esta dictaminadora considera que de aprobarse la iniciativa en cuestión se abonaría a una limitación de competencias de otras comisiones, como la de Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al desorden que existe en el número, nombres y competencias de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, respecto a las dependencias y entidades del Ejecutivo federal.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LX Legislatura, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma el artículo 39, párrafo 2, fracción XXV, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Luis Fernando Rodríguez Ahumada y Gerardo Antonio Escaroz Soler , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, el día dieciocho del mes de marzo de 2009.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados: Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), María Elena Álvarez Bernal (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), Elías Cárdenas Márquez , Jorge Luis de la Garza Treviño (rúbrica), Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Rutilio Cruz Escandón Cadenas (rúbrica), Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), María de los Ángeles Jiménez del Castillo , Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Víctor Samuel Palma César (rúbrica), Martha Rocío Partida Guzmán (rúbrica), Ana Elisa Bolaños Pérez (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), José Guillermo Velázquez Gutiérrez .»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reservan para su votación en conjunto.



LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo que desechan la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

Con fecha 20 de marzo de 2007, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados tuvo a bien turnar a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias una iniciativa para reformar el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

Esta Comisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 40, numeral 2, inciso b), 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo analizado su contenido, somete a la consideración de esta soberanía el proyecto de dictamen, en sentido negativo, conforme a los siguientes

Antecedentes

La diputada Lourdes Quiñones Canales , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha 20 de marzo de 2007.

La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2216-I, el martes 20 de marzo de 2007.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que la iniciativa fuera turnada a esta comisión para su estudio y dictamen.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa propone modificar el artículo 39 de la Ley Orgánica, con el fin de integrar al listado de comisiones ordinarias una Comisión de Protección Civil en la Cámara de Diputados.

Lo anterior, señala la propuesta, es en atención a que en nuestro país se requieren órganos que agilicen el trabajo legislativo y que se tomen medidas para salvaguardar la seguridad de millones de mexicanos. Es de importancia primordial tener y promover una cultura de la prevención para reducir los efectos de los desastres en el país.

Consideraciones

La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la iniciativa enunciada en los antecedentes de este dictamen, de acuerdo con lo que señala el artículo 71, párrafo dos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Corresponde a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias conocer, analizar y dictaminar la iniciativa marcada con el número 29, que obra en los expedientes de la comisión, conforme a lo dispuesto por los artículos 40, párrafo 2, inciso a) y, 45, párrafo 6, incisos e) y f), y párrafo 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Las diversas reformas a la Ley Orgánica del Congreso, promovidas con el fin de incrementar el número de comisiones, sobre todo en la Cámara de Diputados, han dado como resultado la proliferación de estos órganos en su carácter ordinario de manera desproporcionada, a pesar de que la misma Ley Orgánica, en el artículo 39, párrafo tres, señala que las comisiones se deben corresponder con las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Como bien señala la iniciativa, durante el ejercicio de la LVI Legislatura se aprobó la creación de una comisión especial de protección civil, con el objetivo de coadyuvar a la creación de la legislación en la materia, hecho que dio origen al nacimiento de la Ley General de Protección Civil, así como del Sistema Nacional de Protección Civil. Antes de concluir aquella legislatura, se propuso que la comisión se convirtiera en un órgano legislativo de carácter permanente. Sin embargo, en el análisis de la propuesta se consideró que no era necesario otorgarle dicha permanencia, puesto que los objetivos motivo de su origen, estaban cumplidos.

Por otro lado, corresponde a la Comisión de Gobernación atender los asuntos relacionados con la protección civil, que son materia de la Secretaría de Gobernación, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 27, fracción XXIV; así como con la Ley General de Protección Civil, artículo 12. Lo anterior significa que actualmente el tema que ocupa a la iniciativa aquí dictaminada está atendido en las comisiones de gobernación de ambas Cámaras y no sólo en la de Diputados, como lo expone la propuesta.

Por otra parte, de acuerdo con un estudio administrativo y financiero de las implicaciones que tendría la creación de una comisión ordinaria, elaborado por la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de esta Cámara de Diputados, el impacto económico en el presupuesto es considerable, debido a que se requiere contar con recursos (financieros, humanos, materiales) mensuales que ascienden a 274 mil 39.00 pesos (doscientos setenta y cuatro mil treinta y nueve pesos, cero centavos, moneda nacional), así como con la suma anual de 3 millones 741 mil 348.00 pesos (tres millones setecientos cuarenta y un mil trescientos cuarenta y ocho pesos, cero centavos, moneda nacional).

Por último, consideramos que la aprobación de esta iniciativa abonaría en el desorden que existe en el número, nombres y competencias de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, respecto a las dependencias y entidades del Ejecutivo federal.

Por todo lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LX Legislatura sometemos a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa para reformar el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Lourdes Quiñones Canales , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, el día dieciocho del mes de marzo de 2009.
La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados: Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), presidente; María Elena Álvarez Bernal (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), secretarios; Elías Cárdenas Márquez (rúbrica), Jorge Luis de la Garza Treviño (rúbrica), Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Rutilio Escandón Cadenas (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín , Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo, Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Víctor Samuel Palma César (rúbrica), Marta Rocío Partida Guzmán (rúbrica), Ana Elisa Pérez Bolaños (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), José Guillermo Velázquez Gutiérrez .»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reservan para su votación en conjunto.



LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo que desechan la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XLI, numeral 2, del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados tuvo a bien turnar a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XLI al numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de constituir una comisión ordinaria de asuntos mineros, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

La comisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 40, numeral 2, inciso b), 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo analizado su contenido, somete a consideración de esta soberanía el proyecto de dictamen en sentido positivo conforme a los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión de la Comisión Permanente con fecha 18 de mayo de 2007, el diputado Modesto Brito González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, suscribió iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XLI al numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Carlos Ernesto Navarro López .

Segundo. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de esta honorable asamblea turnó a esta comisión el asunto mencionado para su respectivo, estudio, análisis y dictaminación.

Contenido

1. El legislador en la exposición de motivos afirma que la industria minera nacional vive momentos de importancia que deben ser atendidos, tal como la crisis que ésta sufrió en el periodo comprendido de 1997 a 2003 y que perduró hasta 2005 cuando los precios de los metales y minerales aumentaron.

2. De tal manera que en los últimos años el sector minero tuvo un repunte en sus actividades y las inversiones en éste aumentaron aproximadamente 900 millones de dólares. Sin embargo, esto no se ha reflejado en las micro y pequeñas empresas mineras que requieren hoy de créditos y soluciones para el incremento de su mercado.

3. Así también expone problemas de zonas específicas, como el caso de la minera San Javier, del estado de San Luis Potosí; la empresa trasnacional Lusmin, en el estado de Guerrero; y otros como el de la mina Pasta de Conchos.

4. Que expone la existencia de conflictos laborales para los trabajadores, daño y riesgo de trabajo por exposición a materiales tóxicos, así como diversificar y producir nuevos productos, crédito e incremento en la inversión, seguridad para los trabajadores y sus familias, capital y nuevas tecnologías, así como mercados internos y externos, y apoyo fundamental a las pequeñas y medianas empresas mineras, desde la extradición, transformación y elaboración final del producto.

5. Por tal motivo, la actividad minera mexicana debe ser atendida y estudiada, y así conocer de parte de los sectores involucrados su realidad y proponer en todo caso las transformaciones legales consensuadas necesarias para el sector minero.

Establecidos los antecedentes, el contenido y los argumentos de la iniciativa motivo de este dictamen, los miembros de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, que lo suscriben, exponemos las siguientes

Consideraciones

I. La comisión considera que las diversas reformas a la Ley Orgánica del Congreso, promovidas con la finalidad de incrementar el número de comisiones, sobre todo en la Cámara de Diputados, han dado como resultado la proliferación de estos órganos en su carácter ordinario de manera desproporcionada, a pesar de que en la misma Ley Orgánica, en el artículo 39, párrafo tres, se señala que las comisiones se deben corresponder con las dependencias y entidades de la administración pública federal.

II. Por lo anterior, en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se establece que la Secretaría de Economía, dentro del despacho de asuntos, es quien formula y conduce las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país; regula promueve y vigila la comercialización, distribución y consumo de bienes y servicios.

III. Establece la política de industrialización, distribución y consumo de productos minerales, entre otros, en coordinación con las dependencias competentes; estudia, proyecta y determina los aranceles y fija los precios oficiales, escuchando la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; estudia y determina las restricciones para los artículos de importación y exportación, y participa con la mencionada secretaría en la fijación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos al comercio exterior.

IV. Estudiar y determinar mediante reglas generales, conforme a los montos globales establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los estímulos fiscales necesarios para el fomento industrial, el comercio interior y exterior y el abasto, incluyendo los subsidios sobre impuestos de importación y administrar su aplicación, así como vigilar y evaluar sus resultados.

V. De conformidad con los párrafos anteriores, la comisión considera que el propósito de la iniciativa no es viable, toda vez que en la propia Ley Minera se establece, en el artículo 1o., que la presente ley es reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia minera y sus disposiciones son de orden público y de observancia en todo el territorio nacional. Su aplicación corresponde al Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Economía, a quien en lo sucesivo se le denominará la secretaría.

VI. Verbigracia que aclara que dentro de la conformación de comisiones ordinarias de la honorable Cámara de Diputados, la Comisión de Economía es la encargada de esta materia, toda vez que dicha comisión tiene la tarea de lograr una economía nacional fuerte, generadora de empleos bien pagados, con crecimiento sustentable y bienestar social generalizado.

Creando, modificando y proponiendo los instrumentos económico-jurídicos que fortalezcan el mercado con certeza jurídica, libre de concurrencia, logrando mayor inversión y competitividad. A su vez, esta comisión, por medio de subcomisiones, atiende objetivos generales y específicos que engloban temas relacionados, es decir, se divide en aquéllas que estudian el desarrollo económico y social.

VII. Ergo, la aprobación de esta iniciativa abonaría en el desorden que existe en el número, nombres y competencias de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, respecto a las dependencias y entidades del Ejecutivo federal.

VIII. Por todo lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LX Legislatura, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto.

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XLI, numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Modesto Brito González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron los integrantes de la comisión el 18 de marzo de 2009.
La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados: Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), presidente; María Elena Álvarez Bernal (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), secretarios; Elías Cárdenas Márquez (rúbrica), Jorge Luis de la Garza Treviño (rúbrica), Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Rutilio Escandón Cadenas (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín , Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo, Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Víctor Samuel Palma César (rúbrica), Martha Rocío Partida Guzmán (rúbrica), Ana Elisa Pérez Bolaños (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), José Guillermo Velázquez Gutiérrez .»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reservan para su votación en conjunto.



LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con puntos de acuerdo que desechan cuatro iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes Federales de Derechos, y de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fueron turnadas, para su estudio y dictamen, diversas iniciativas que reforman disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 40 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55, fracción II, 56, 60, 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a consideración de la honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

A) En sesión celebrada, con fecha 14 de diciembre de 2006, por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa que reforma los artículos 19 y 31 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Con la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva turnó con número de oficio D.G.P.L. 60-II-2-293 a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la iniciativa en comento para su estudio y respectivo dictamen.
B) En sesión celebrada, con fecha 8 de marzo de 2007, por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el diputado Moisés Alcalde Virgen , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa que reforma los artículos 19 y 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Con la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva turnó con número de oficio D.G.P.L. 60-II-5-599 a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la iniciativa en comento para su estudio y respectivo dictamen.
C) En sesión celebrada, con fecha 29 de marzo de 2007, por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el diputado Andrés Carballo Bustamante , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa que reforma los artículos 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que fue turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública requiriendo opinión de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.
Con la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva turnó con número de oficio D.G.P.L. 60-II-3-540 a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la iniciativa en comento para su estudio y respectivo dictamen.
El 27 de noviembre de 2007 se recibió oficio número CFF/P/188/07 de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo por medio del cual remite copia de la opinión aprobada por la mayoría de sus integrantes.
D) En sesión celebrada, con fecha 27 de agosto de 2008, por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, de Convergencia, y del Trabajo, presentaron iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de las Leyes Federales de Derechos, y de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de crear un programa de acción inmediata el fortalecimiento de Pemex, en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2009.

Con la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva turnó con número de oficio CP2R2A.-2462 a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, sólo la parte correspondiente a la proposición de crear un programa de acción para el fortalecimiento de Pemex.

Contenido de las iniciativas

En el caso de la iniciativa identificada en el apartado anterior en el inciso A) la reforma propone modificar en la fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria la estructura del destino de los ingresos excedentes que resultan de la Ley de Ingresos distintos a los que tienen destino específico así, como de los excedentes que por ingresos propios obtienen las entidades. En el caso del artículo 31 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria propone modificar la fórmula para el cálculo del precio internacional de la mezcla mexicana de petróleo.

En el caso de la iniciativa identificada en el apartado anterior en el inciso B) la reforma propone modificar la fracción IV del artículo 19 así como el 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a efecto de fusionar el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas con el de Estabilización de los Ingresos Petroleros para crear un Fondo Estratégico Petrolero.

En el caso de la iniciativa identificada en el apartado anterior en el inciso C) la reforma propone modificar la fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a efecto de reducir del 10 al 8 por ciento la fracción de ingresos excedentes del petróleo a Programas y Proyectos de Inversión para destinarlo a municipios relacionados con Petróleos Mexicanos en sus actividades de exploración, explotación o conducción para ser aplicados al mejoramiento ecológico y daño social que pueda causar la paraestatal.

En el caso de la iniciativa identificada en el apartado anterior en el inciso D) la propuesta es crear un programa de acción inmediata el fortalecimiento de Pemex, en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2009.

Como se desprende de su contenido las iniciativas mencionadas anteriormente coinciden en la reforma de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con la finalidad de cambiar el destino de los ingresos excedentes remanentes a que hace referencia dicha fracción y la última en crear un programa específico para fortalecer a Pemex.

Consideraciones de las iniciativas

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destaca la preocupación e interés de los diputados promoventes para desarrollar una legislación eficiente y moderna que atienda las necesidades financieras así como presupuestarias del sector público y especialmente para las finanzas de Petróleos Mexicanos.

Las cuatro iniciativas en dictamen proponen modificaciones a la fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria por lo que inmediatamente se tratara este aspecto.

La fracción IV del artículo en análisis regula el destino de los ingresos excedentes derivados del último párrafo de la fracción I del mismo numeral que, resultan ser: excedentes de ingresos autorizados por la Ley de Ingresos o propios de las entidades.

En este sentido las iniciativas proponen modificaciones en incremento o decremento a sus porcentajes, su fusión, o inversión, de los Fondos ahí establecidos que son: 1) el de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas; 2) para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos; y 3) de Estabilización de Ingresos Petroleros y para Programas y Proyectos de Inversión en Infraestructura y Equipamiento de las Entidades Federativas, todas esas propuestas con la finalidad de otorgar a Petróleos Mexicanos mayor solvencia para asignaciones en infraestructura y solventar responsabilidades ya de seguridad social o por daños al medio ambiente.

Al respecto, la comisión que dictamina estima y observa que esos objetivos fundamentales para fortalecer a Petróleos Mexicanos fueron atendidos e incorporados en la reciente reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria aprobada por el Congreso de la Unión el 21 de octubre del año en curso al modificar el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 19 al incrementar los porcentajes de las reservas de 1.875 a 3.25 para los Fondos de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos mientras que de 3.75 a 6.50 para el de Estabilización de Ingresos Petroleros y para Programas y Proyectos de Inversión en Infraestructura y Equipamiento de las Entidades Federativas.

En el mismo sentido de fortalecer a Petróleos Mexicanos en inversiones para infraestructura cabe resaltar que incluso el Artículo Tercero Transitorio del decreto de la reforma aludida, regula que los recursos acumulados al cierre del 2008 en el Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos se destine a financiar la construcción de una nueva refinería en territorio nacional.

Como se señaló en el apartado anterior, otra iniciativa de reforma somete a consideración modificar el artículo 31 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria cuyo contenido regula el mecanismo para la determinación del precio internacional de la mezcla de petróleo mexicano. La iniciativa en comento estima que la fórmula establecida en dicho artículo solamente funciona como parámetro para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proponga su cotización ante el Congreso de la Unión pero que en modo alguno lo somete pues este debe realizarlo atendiendo a las necesidades presupuestales del momento vía Ley de Ingresos.

Del análisis que realiza la comisión dictaminadora estima que la regulación de la fórmula contenida por el artículo 31 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria constituye un importante avance en las finanzas públicas y otorga certeza al incorporar tres elementos objetivos para su determinación: el promedio de los diez ejercicios anteriores, las cotizaciones a futuro del petróleo esperadas para un período mayor a tres años y las cotizaciones esperadas para el ejercicio presupuestario relevante; criterios expuestos, y consultables en extenso, en el dictamen que expide la Ley vigente que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria número 1709-IV del 10 de marzo de 2005.

Por otra parte, cabe hacer mención que en la práctica efectivamente la fórmula contenida en el artículo 31 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sirve solamente como indicativo presentado por el Ejecutivo federal ante esta soberanía. Sólo para citar los dos casos previos aprobados por esta LX Legislatura en el Ejercicio Fiscal 2007 el Ejecutivo federal presentó una proyección de cotización de 42.5 dólares de Estados Unidos de América por barril de petróleo (dpb) mientras que el Congreso de la Unión aprobó en la Ley de Ingresos de la Federación 42.80 dpb. El mismo caso se presentó para el Ejercicio Fiscal de 2008 ocasión en que se presentó una cotización de 46.6 dpb, mientras que el Congreso de la Unión aprobó en la Ley de Ingresos 49 dpb.

Los datos anteriores son importantes para reiterar que el parámetro que envía el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nunca se le ha reputado como normativo y antes bien siempre se ha considerado y tenido como meramente indicativo para que este Congreso de la Unión tome y apruebe una decisión que siempre ha beneficiado al pueblo mexicano.

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, someten a la consideración de ésta honorable asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desechan las iniciativas mencionadas en el apartado ``Antecedentes'' que tienen que ver con el fortalecimiento a Pemex.

Segundo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a 3 marzo del 2009.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputados: Raúl Alejandro Padilla Orozco (rúbrica), presidente; Édgar Martín Ramírez Pech (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo (rúbrica), Érick López Barriga, Susana Monreal Ávila (rúbrica), Joel Ayala Almeida , Javier Guerrero García (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Ricardo Cantú Garza , Mónica Arriola, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica), secretarios; Adolfo Escobar Jardines, Amador Campos Aburto (rúbrica), Alejandro Enrique Delgado Oscoy , Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), Artemio Torres Gómez (rúbrica), Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica), Celso David Pulido Santiago (rúbrica), Charbel Jorge Estefan Chidiac , Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Enrique Iragorri Durán , Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez (rúbrica), Francisco Rueda Gómez , Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica), Jorge Emilio González Martínez , Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), José Alejandro Aguilar López , Juan Adolfo Orcí Martínez (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez , Mario Alberto Salazar Madera (rúbrica), Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Moisés Alcalde Virgen , Pablo Trejo Pérez .»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reservan para su votación en conjunto.



LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo que desechan la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39, fracción XL, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados tuvo a bien turnar a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la iniciativa que reforma el artículo 39, fracción XL, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de cambiar el nombre de la actual Comisión de Vivienda por el de Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

Esta comisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 40, numeral 2, inciso b), 45 numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo analizado su contenido, somete a la consideración de esta soberanía el proyecto de dictamen conforme a los siguientes:

Antecedentes

Primero. El 25 de octubre de 2007, la diputada Patricia Castillo Romero , del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa que reforma el artículo 39, fracción XL, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de cambiar el nombre de la actual Comisión de Vivienda, por el de Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Segundo. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de ésta honorable asamblea turnó a ésta comisión el asunto antes mencionado para su estudio y dictamen.

Contenido

1. La legisladora afirma que la primera función de la vivienda es proporcionar un espacio seguro y confortable para resguardarse; el derecho a la vivienda tiene en nuestro país profundas raíces históricas. La Constitución de 1917, en su artículo 123, fracción XII, estableció la obligación de los patrones de proporcionar a sus trabajadores viviendas cómodas e higiénicas.

2. Durante las últimas décadas, la tasa anual de crecimiento de la población en México ha mostrado una tendencia continua a la baja, llegando a ubicarse, a mediados de los noventa, en 1.8 por ciento. De acuerdo con el Conteo General de Población y Vivienda de 1995 la población del país era de 91 millones de habitantes y, en la actualidad, el Consejo Nacional de Población estima que es de más de 100 millones.

3. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 1995 el parque habitacional ascendió a 19.4 millones de viviendas, mientras que la demanda mínima de vivienda para ese mismo año fue de 22.2 millones, lo que significó un déficit de 2.8 millones de viviendas. Además, 47 por ciento de las familias reside en viviendas que cuentan con dos o menos habitaciones, y 4.6 millones de viviendas presentan condiciones inadecuadas de habitabilidad.

4. Las acciones humanas, en este caso el desarrollo urbano, causan efectos colaterales. Los estudios de desarrollo urbano y urbano-ambiental consisten en el análisis de las consecuencias predecibles. Dichos análisis permiten a las autoridades dictaminar si la autorización de una obra será en detrimento al desarrollo y planeación urbana o si su realización es de carácter benéfico.

5. Es finalmente en las ciudades donde pronto se concentrará la mayor parte de la población del planeta y tal vez sea irreversible. Sólo en los últimos 20 años de este siglo --y ya pasó más de la mitad-- se ha estimado que la población mundial se incrementará en mil 600 millones de personas, y de estos casi mil millones se asentará en las áreas urbanas de los países en desarrollo. En consecuencia, los asentamientos humanos, en particular las ciudades, y el manejo que hagamos de ellos, constituyen un factor fundamental para la viabilidad de procesos sustentables de desa-rrollo.

6. La legisladora asegura que resulta obsoleto que dentro del Poder Legislativo se tenga contemplada la Comisión de Vivienda, ya que con base en los motivos expuestos en la presente iniciativa, es de vital importancia realizar adecuaciones para estar a tono con las modificaciones que se han efectuado a través de la historia y lograr una coherencia lógica en el marco jurídico.

Consideraciones

I. La comisión considera que las diversas reformas a la Ley Orgánica del Congreso, promovidas con el fin de incrementar el número de comisiones, sobre todo en la Cámara de Diputados, han dado como resultado la proliferación de estos órganos en su carácter ordinario de manera desproporcionada, a pesar de que la misma ley orgánica, en el artículo 39, párrafo tres, señala que las comisiones deben corresponder con las dependencias y entidades de la administración pública federal.

II. Por lo anterior, el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que la Secretaría de Desarrollo Social es quien formula, conduce y evalúa la política general de desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza; en particular, la de asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda.

III. La comisión considera que la propuesta del legislador no es viable; toda vez que el artículo 39 de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara de Diputados cumpla sus atribuciones constitucionales y legales, y la Cámara de Diputados contará con comisiones ordinarias que se mantienen de legislatura a legislatura.

IV. Tal es el caso de la Comisión de Desarrollo Social, entre sus objetivos esenciales está actualizar la legislación que rige las actividades de gobierno y sociedad en materia de desarrollo social, buscando, en todo momento, que contribuyan de manera efectiva a erradicar la pobreza en sus diversas manifestaciones.

V. De ahí que la promoción de la acción pública en beneficio de los más necesitados y, específicamente de quienes forman parte de los grupos en pobreza extrema o que se ubican en la categoría de grupos vulnerables, haga necesaria la participación de la comisión en el análisis y seguimiento de los programas de desarrollo social, así como la oportuna y decisiva formulación de propuestas en torno a su contenido y orientación.

VI. En estricto sentido, los objetivos de la propuesta, por cuanto al cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente en zonas de crecimiento urbano, están atendidos por ser competencia de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y por la de Desarrollo Social.

VII. Por otra parte, como ya se apuntó, la Comisión de Desarrollo Social es competente para conocer sobre el de-sarrollo urbano, tomando en cuenta que su materia debe empatarse con los asuntos que atiende la Secretaría de De-sarrollo Social, enumerados en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En este sentido, no sería conveniente acotar el tema en la actual Comisión de Vivienda.

VIII. Por último, consideramos que la aprobación de esta iniciativa abonaría en el desorden que existe en el número, nombres y competencias de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, respecto a las dependencias y entidades del Ejecutivo federal.

Por todo lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LX Legislatura, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa para reformar el artículo 39, fracción XL, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; suscrita por la diputada Patricia Castillo Romero , del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, el 18 de marzo de 2009.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados: Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), presidente; María Elena Álvarez Bernal (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), Elías Cárdenas Márquez (rúbrica), Jorge Luis de la Garza Treviño (rúbrica), Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Rutilio Escandón Cadenas (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo, Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Víctor Samuel Palma César (rúbrica), Martha Rocío Partida Guzmán (rúbrica), Ana Elisa Pérez Bolaños (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), José Guillermo Velázquez Gutiérrez .»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reservan para su votación en conjunto.



LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Dictamen de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo que desechan la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LX Legislatura, fue turnada, para estudio y dictamen, minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial, enviada por el Senado de la República el 1 de febrero de 2008.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos d), e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y dictamen de la minuta descrita, con base en los siguientes

Antecedentes

Primero. El 1 de febrero de 2008, los Secretarios de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, correspondiente a la LX Legislatura, dieron cuenta de la minuta que remitió el Senado de la República.

Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Economía''.

Tercero. La minuta en estudio corresponde a una iniciativa promovida por el diputado Jorge Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 7 de marzo de 2006, en la LIX Legislatura, y la Presidencia de la Mesa Directiva de esta soberanía acordó turnarla a la Comisión de Economía para estudio y dictamen.

Cuarto. La Comisión de Economía de la LIX Legislatura dictaminó la iniciativa descrita ``a favor con observaciones'' en su sesión celebrada el 20 de abril de 2006. Posteriormente, el Pleno de la Cámara de Diputados, en su sesión del 26 de abril de 2006, aprobó dicho dictamen con 324 votos en pro y 5 abstenciones, y se turnó al Senado de la República para efectos constitucionales.

Quinto. El 11 de diciembre de 2007, el Senado de la República aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se desechaba la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial, con dispensa de su segunda lectura, aprobándose por 86 votos y 16 abstenciones, devolviéndola a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 72 constitucional.

Sexto. Finalmente el 1 de febrero de 2008, los Secretarios de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, correspondiente a la LX Legislatura, dieron cuenta de la minuta que remitió el Senado de la República, y el Presidente acordó dar el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Economía''.

Consideraciones

Primera. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas, se abocó a dictaminar la minuta.

Segunda. Que en 2000, México insertó cambios jurídicos institucionales y de política a su programa regulatorio, con objeto de poner en práctica las recomendaciones clave mediante reformas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se institucionalizó un programa amplio de mejora regulatoria que extendió la política en este ámbito.

Tercera. Que la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) tiene por objeto promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos, favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles, proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención, diseños industriales, marcas, publicación de nombres comerciales, regulación de secretos industriales y prevenir actos que atenten contra la propiedad industrial, entre otros.

Cuarta. Que el trámite de registro de una marca se entiende de buena fe y, en este sentido, requerir que se acredite a una persona que actúa en nombre de otra, ya sea física o moral, para reparar a ésta un beneficio, resulta innecesario. La omisión de este requisito es intrascendente jurídicamente, pues no es causal de invalidez del correspondiente registro, como se prevé en el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Quinta. Que el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados eliminó el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 181, situación que no se encuentra considerada en la iniciativa.

En el segundo párrafo del proyecto de referencia se establece que

En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente, sin embargo, bastará con una copia simple de la constancia de registro, si el poder se encuentra inscrito en el registro general de poderes establecido por el instituto.

Sexta. Que se supone necesario el párrafo de dicho artículo, que pasaría a ser segundo párrafo una vez adicionados los dos planteados por el proyecto. Al eliminarse el descrito párrafo, las reformas planteadas por la iniciativa no tendrían razón de ser, puesto que el beneficio que se otorga a los particulares se entiende como una excepción a lo incluido en el párrafo eliminado.

Séptima. Que los integrantes de la Comisión de Economía que dictamina comparten los motivos expresados por la colegisladora y reconocen y concluyen que el proyecto legislativo fue despojado de su valiosa propuesta, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consideran que el proyecto carece de los elementos que le permitirían continuar con su vida procesal.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Economía presenta el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial, remitida por el Senado de la República el 1 de febrero de 2008.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2009.
La Comisión de Economía, diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal , Antonio Berber Martínez , Carlos Alberto García González , Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Martín Malagón Ríos (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica), Octavio Martínez Vargas , Susana Monreal Ávila , Alicia Rodríguez Martínez (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal (rúbrica), Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez , Raúl Ríos Gamboa , Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho , Alberto Amaro Corona , Joaquín Humberto Vela González , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reservan para su votación en conjunto.



LEY GENERAL DE EDUCACION

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo que desechan la minuta con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XIII y XIV al artículo 75, y III al artículo 76 de la Ley General de Educación

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada, para estudio y análisis correspondiente, la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XIII y XIV al artículo 75 y III al artículo 76 de la Ley General de Educación.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al examen de la minuta descrita, y somete a consideración de esta asamblea el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 26 de octubre de 2004, el diputado José Antonio Cabello Gil, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XIII y XIV al artículo 75 y III al artículo 76 de la Ley General de Educación.
2. Con fecha 18 de abril de 2006 se presentó el dictamen a discusión en la Cámara de Diputados y fue aprobado por 362 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención. En la misma fecha, la minuta fue enviada a la Cámara de Senadores, para efectos del inciso a) del artículo 72 constitucional.
3. Con fecha 20 de abril de 2006 fue presentada al Pleno de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión la minuta de la Cámara de Diputados. La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dictó turno a las Comisiones Unidas de Educación y Cultura, y de Estudios Legislativos, para estudio y dictamen.
4. Con fecha 27 de abril de 2006 se presentó el dictamen a discusión al Pleno del Senado de la República. Fue aprobado con modificaciones por 78 votos a favor, por lo cual la minuta fue regresada a la Cámara de origen para nueva revisión.
5. Con fecha 5 de septiembre de 2006 se recibió la minuta en la Cámara de Diputados, para efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.
6. Con fecha 20 de septiembre de 2007 se presentó el dictamen a discusión al Pleno de la Cámara de Diputados. Fue aprobado con modificaciones por 360 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En la misma fecha, la minuta fue enviada a la Cámara de Senadores, para efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.
7. El 25 de septiembre de 2007, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores devolvió, sin trámite alguno, el expediente y la minuta en comento.
8. El 30 de octubre de 2007, la minuta fue recibida en la Cámara de Diputados y turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para análisis.

II. Consideraciones de la comisión

Desde la presentación del proyecto en comento y a lo largo del trámite legislativo, ambas Cámaras lo han considerado de un espíritu loable, cuyo objetivo principal es atender la problemática de la prescripción y administración de fármacos peligrosos por sus efectos adictivos en centros escolares a educandos que presentan ``síntomas de hiperactividad y déficit en la atención''.

El debate entre ambas Cámaras ha versado principalmente respecto a la prescripción de dichos fármacos, sin receta, diagnóstico profesional o autorización de los padres o tutores por los prestadores de servicios educativos a los estudiantes, ya que en ocasiones, y en virtud de los efectos secundarios que dichos fármacos generan, estos problemas pueden tener sus causas en factores psicosociales o físicos que pueden ser tratados con estrategias pedagógicas, psicológicas, nutricionales, de apoyo familiar y de otro tipo.

La minuta enviada por el Senado a la Cámara de Diputados el 27 de abril de 2006 proponía la siguiente redacción:

Artículo 75. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos
I. a XII. ...
XIII. Administrar a los educandos, sin previa prescripción médica o consentimiento informando a los padres o tutores, medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes; y
XIV. Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a niñas, niños y adolescentes que presenten problemas de aprendizaje o conducta en el aula o la escuela; condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a tratamientos médicos específicos; presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas, que no sean oficiales, para la atención de problemas de conducta o aprendizaje de los educandos.
...

Respecto del texto propuesto por el Senado, es de señalar que estos cambios autorizarían a los prestadores de servicios educativos a administrar, con el consentimiento ``informado'' de los padres o tutores, medicamentos sin prescripción médica, incluso psicotrópicos o estupefacientes que pueden producir dependencia, o incluso poner en peligro la salud de los educandos.

De conformidad con los artículos 240, 241, 242 y 251 de la Ley General de Salud, sólo pueden prescribir estupefacientes y psicotrópicos los profesionales de la salud expresamente señalados y en los términos siguientes:

Artículo 240. Sólo podrán prescribir estupefacientes los profesionales que a continuación se mencionan, siempre que tengan título registrado por las autoridades educativas competentes, cumplan las condiciones que señalan esta ley y sus reglamentos y los requisitos que determine la Secretaría de Salud:
I. Los médicos cirujanos;
II. Los médicos veterinarios, cuando los prescriban para la aplicación en animales; y
III. Los cirujanos dentistas, para casos odontológicos.
Los pasantes de medicina, durante la prestación del servicio social, podrán prescribir estupefacientes, con las limitaciones que la Secretaría de Salud determine.
Artículo 241. La prescripción de estupefacientes se hará en recetarios especiales, que contendrán, para su control, un código de barras asignado por la Secretaría de Salud, o por las autoridades sanitarias estatales, en los siguientes términos:
I. Las recetas especiales serán formuladas por los profesionales autorizados en los términos del artículo 240 de esta ley, para tratamientos no mayores de treinta días; y
II. La cantidad máxima de unidades prescritas por día deberá ajustarse a las indicaciones terapéuticas del producto.
Artículo 242. Las prescripciones de estupefacientes a que se refiere el artículo anterior sólo podrán ser surtidas por los establecimientos autorizados para tal fin.
Los citados establecimientos recogerán invariablemente las recetas o permisos, harán los asientos respectivos en el libro de contabilidad de estupefacientes y entregarán las recetas y los permisos al personal autorizado por la Secretaría de Salud, cuando él lo requiera.
Únicamente se surtirán prescripciones de estupefacientes cuando procedan de profesionales autorizados conforme al artículo 240 de esta ley y que contengan los datos completos requeridos en las recetas especiales y las dosis cumplan las indicaciones terapéuticas aprobadas.
...
Artículo 251. Las sustancias psicotrópicas [...] requerirán para su venta o suministro al público receta médica que contenga el número de la cédula profesional del médico que la expida, la que deberá surtirse por una sola vez y retenerse en la farmacia que la surta, de acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de Salud.

En virtud de los numerales mencionados, la Cámara de Diputados señaló en el dictamen, aprobado el 20 de septiembre de 2007, su preocupación respecto a los cambios propuestos por el Senado, ya que el decreto aprobado con modificaciones por esta colegisladora y devuelto al Senado en abril de 2006 señalaba prohibir a los prestadores de servicios educativos administrar medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes, sin prescripción médica, como establece la Ley General de Salud, y debiendo contar además con el pleno consentimiento de los padres o tutores por tratarse de menores de edad.

El 20 de septiembre de 2007, la Cámara de Diputados reenvió a la colegisladora, de acuerdo con el inciso e) del artículo 72 constitucional, la minuta con proyecto de decreto con las siguientes modificaciones del numeral de referencia:

Artículo 75. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos
I. a XII. ...
XIII. Administrar a los educandos, sin previa prescripción médica y consentimiento informado de los padres o tutores, medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes; y...

Sin embargo, el 25 de septiembre de 2007, el expediente y la minuta en comento fueron devueltos por la Mesa Directiva del Senado, sin trámite por comisiones dictaminadoras, por lo que esta colegisladora realizó una segunda valoración de los argumentos de la Cámara de Senadores.

No obstante el detallado análisis realizado por la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos a la minuta del Senado, esta dictaminadora reitera que no puede aprobar un decreto que contraviene la Ley General de Salud por permitir la administración de medicamentos psicotrópicos sin seguir los señalamientos de dicho ordenamiento.

Ahora bien, la comisión dictaminadora está consciente de que, de aprobar dicho decreto y remitirlo al Ejecutivo federal, para efectos del inciso a) del artículo 72 constitucional, éste sería probablemente desechado y devuelto nuevamente a la Cámara de Diputados, en virtud de que su promulgación significaría violaciones de la Ley General de Salud.

La minuta en cuestión no debe aprobarse, dado que la Cámara de Senadores, en su carácter de revisora, no aceptó los cambios propuestos por la de Diputados.

Por lo expuesto, en cumplimiento del inciso d) del artículo 72 constitucional, así como del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de fecha de 20 de enero de 2009 que instruye a las comisiones ordinarias a dictaminar las minutas pendientes, a fin de que sean presentadas en el próximo periodo ordinario de sesiones, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura somete a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XIII y XIV al artículo 75 y III al artículo 76 de la Ley General de Educación, en los términos que establece la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Archívese el expediente relativo como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2009.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Ariel Castillo Nájera , Leobardo Curiel Preciado (rúbrica), Delber Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Faustino Javier Estrada González , Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), María Gabriela González Martínez (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro (rúbrica), Sergio Hernández Hernández (rúbrica), Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Adolfo Mota Hernández , Francisco Javier Murillo Flores (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Sagrario María del Rosario Ortiz Montoro (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán (rúbrica), José Luis Varela Lagunas (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reservan para su votación en conjunto.



LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo que desechan la minuta con proyecto de decreto que adiciona los párrafos cuarto a séptimo del artículo 133, y el artículo 136 a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, tuvo a bien turnar a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la minuta proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos 4 al 7 del artículo 133 y se adiciona un artículo 136 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta comisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40 numeral 2 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo analizado su contenido, somete a la consideración de esta soberanía la propuesta de dictamen con observación conforme a los siguientes

I. Antecedentes

A) En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año, realizada el 5 de septiembre de 2006, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dio cuenta de la minuta proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos 4 al 7 del artículo 133 y se adiciona un artículo 136 a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

B) La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la turnó a esta comisión, que la recibió el 9 de octubre del 2006.

C) La minuta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2088-I, del martes 5 de septiembre de 2006, Anexo I.

II. Contenido de la minuta

La minuta propone:

1. Dar reconocimiento jurídico y cauce legal a las publicaciones de divulgación de las actividades de cada una de las cámaras, llamadas gacetas, que actualmente ya funcionan.
2. Establecer genéricamente los documentos que deben ser publicados en ellas.
3. Reconocer la autonomía de cada una de las Cámaras para establecer la periodicidad de estas publicaciones.
4. Establecer la obligatoriedad de la difusión de las gacetas tanto por escrito como en versión electrónica.
5. Asentar a los responsables de su edición y difusión.
6. Obligar a la publicación de los dictámenes a las iniciativas de ley o decreto que se vayan a discutir y votar por el pleno con 72 horas de antelación al inicio de la sesión correspondiente, salvo que se presente solicitud fundada y motivada ante el Presidente de la Mesa Directiva, aprobada por dos terceras partes de los legisladores presentes.
7. Obligar a las Cámaras a establecer sistemas de información electrónica --como el Internet-- para difundir actividades e información relevante, y para que los ciudadanos ejerzan su derecho de acceso a la información pública y presenten propuestas, opiniones y sugerencias respecto de los asuntos bajo estudio o dictamen en las Cámaras.
8. Posibilitar a las comisiones a utilizar este sistema de información electrónica para realizar consultas públicas o auscultaciones sobre los asuntos bajo su estudio o en proceso de dictamen.
9. Dar el carácter meramente informativo a los datos o documentos que se difundan por los medios electrónicos y eliminar cualquier valor legal u oficial.

B) Tales propuestas se sustentan en los siguientes argumentos:

1. Las Cámaras del Congreso de la Unión requieren de un instrumento destinado a organizar y estructurar de manera institucional la información que se genere en las actividades legislativas.
2. Lo relativo a la Gaceta Parlamentaria en el Senado de la República se rige a través de un acuerdo parlamentario presentado a la consideración del Pleno el 13 de marzo de 2001.
3. Los acuerdos parlamentarios son una práctica que tiene por objeto complementar las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la vida del Congreso de la Unión.

III. Consideraciones y análisis

La minuta proyecto de decreto, cumple con los requisitos formales que exige la práctica parlamentaria: se formuló por escrito, se presentó con un título, presenta el texto legal que propone y señala la vigencia del decreto.

Si bien en la actualidad, las gacetas parlamentarias --tanto de la Cámara de Diputados, como la de la Cámara de Senadores-- son valiosos instrumentos de divulgación de las actividades legislativas, su regulación ha obedecido más al acuerdo parlamentario --que recoge la forma en que se dan los acontecimientos-- antes que a un orden jurídico establecido.

La minuta propone corregir problemas de indefinición normativa respecto de su contenido, elaboración, impresión, divulgación, así como regular la estructura administrativa responsable.

Por cuanto hace a la Cámara de Senadores, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que aprueba las Reglas Provisionales en Relación con la Gaceta del Senado, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el martes 24 de octubre del 2006, le permite a la colegisladora contar con el orden jurídico que pretendía en la minuta enviada; cabe observar además que en términos del artículo Primero Transitorio estas reglas provisionales deberán formar parte del contenido de la iniciativa del Reglamento de la Cámara de Senadores que en su momento se presente al Pleno de la colegisladora.

IV. Conclusiones y propuestas

Toda vez que se trata de un proyecto de decreto en materia de facultades comunes entre ambas cámaras y la Cámara de Senadores ha ejercido la facultad que le otorga el artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos al crear una norma jurídica que resuelve un asunto de su competencia, para cumplir con las atribuciones que le son propias, el contenido y alcance de la minuta, por cuanto hace a la Cámara de Diputados ha quedado sin materia.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LX Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de esta asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos 4 al 7 del artículo 133 y se adiciona un artículo 136 a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en la sesión del dieciocho de marzo del año dos mil nueve.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados: Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), María Elena Álvarez Bernal (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), Elías Cárdenas Márquez (rúbrica), Jorge Luis de la Garza Treviño (rúbrica), Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Rutilio Cruz Escandón Cadenas (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín , Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo, Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Víctor Samuel Palma César (rúbrica), Martha Rocío Partida Guzmán (rúbrica), Ana Elisa Bolaños Pérez (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), José Guillermo Velázquez Gutiérrez .»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reservan para su votación en conjunto.



LEY GENERAL DE EDUCACION

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo que desechan la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 7o. y adiciona dos párrafos al artículo 2o. de la Ley General de Educación

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada, para estudio y análisis correspondiente, minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Educación, en materia de prevención de la discriminación de niños con VIH-sida, a cargo de la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, LIX Legislatura.

En ese tenor, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo establecido en los artículos 39, 44 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 56, 60, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

a) El 13 de abril de 2004 fue presentada ante el Pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 7o. y se agregan dos párrafos al artículo 2o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, LIX Legislatura.
b) Con esa misma fecha, la iniciativa fue turnada, para estudio y dictamen, a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos que, en reunión plenaria del 20 de julio de 2004, emitió dictamen por la afirmativa.
c) El dictamen fue presentado y aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados en sesión celebrada el 22 de septiembre de 2004 y remitido como minuta al Senado de la República para efectos constitucionales.
d) Con fecha 10 de febrero del 2005, la Mesa Directiva lo turnó a las Comisiones de Educación, de Cultura, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, para estudio y dictamen.
e) Con fecha 8 de noviembre de 2005, el dictamen elaborado por las Comisiones de Educación, de Cultura, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, fue presentado en sesión plenaria y aprobado con modificaciones.
f) La minuta se devolvió a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se recibió en la Cámara de Diputados el 10 de noviembre de 2005. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades legales, turnó la minuta a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

II. Contenido de la minuta

El dictamen del Senado señala que el objetivo de la reforma es reforzar en el ámbito educativo los principios de igualdad frente a la ley y no discriminación, reconocidos y garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

También busca ``impulsar, desde el ámbito escolar y educativo, el cumplimiento al derecho a la protección de la salud contenido en el artículo cuarto constitucional, para remontar el desconocimiento por parte de niños y jóvenes sobre los efectos y riesgos de fenómenos cómo las adicciones, del ejercicio desinformado de la sexualidad, el sedentarismo y una alimentación desequilibrada, que cada día se generalizan más aumentando el riesgo de enfermedades emergentes''.

En este sentido, la colegisladora señala lo siguiente:

1. Que coincide en la preocupación por la presencia de actos discriminatorios en el acceso a los servicios de educación a niños con capacidades diferentes o portadores del VIH-sida.
2. Que el rechazo y discriminación a los niños portadores de sida o con diferentes discapacidades en los planteles escolares provienen en parte de la ignorancia sobre los mecanismos de transmisión del VIH, la falta de claridad en la ley que norma la materia, así como las carencias de infraestructura y condiciones que permitan atenderlos con calidad.
3. Que se reivindica el derecho de esta población a inscribirse en las escuelas del sistema educativo nacional, en condiciones semejantes a todos los sujetos. Es obligación de las autoridades proveer al sistema educativo nacional de la infraestructura y personal para auxiliar a las escuelas y maestros en la atención especializada de esta población.
4. Que coincide plenamente con el contenido del proyecto de decreto de la minuta enviada por la Cámara de Diputados.

III. Cambios realizados por la Cámara de Senadores

Del análisis y valoración de la minuta enviada al Senado por esta Cámara de Diputados, la colegisladora consideró conveniente formular sólo una modificación, consistente en una precisión en la redacción del texto con el que se reforma la fracción X del artículo 7o. En el siguiente cuadro comparativo se detalla la modificación propuesta por el Senado:

Minuta

Único. Se reforma fracción X del artículo 7o. y se adicionan dos párrafos al artículo 2o. de la Ley General de Educación para quedar como sigue:
Artículo 2o. ...
...
...
Ningún estudiante será objeto de discriminación, sanción o expulsión motivada por su origen étnico, género, condición social, religión, capacidades diferentes, afecciones físicas o mentales, condiciones de salud, preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.
La autoridad educativa estará obligada en todo momento a dotar a las escuelas de la infraestructura física, el personal especializado y todos los elementos necesarios para la atención de esta población o para canalizarlos a las instituciones adecuadas cuando el caso lo requiera.
Artículo 7o. ...
I. a IX. ...
X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos para crear conciencia sobre la preservación de la salud, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios, así como promover la educación para la salud;
XI. a XII. ...

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. La Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, en coordinación con las demás dependencias del sector, en un término no mayor a dos años contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, y de conformidad con los recursos que para dicho efecto se aprueben en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, ampliarán la infraestructura necesaria para la atención en las escuelas regulares de los niños con capacidades limitadas y para la atención de los niños portadores del VIH, así como la necesaria para su atención en instituciones especializadas cuando el caso lo amerite.
Artículo Tercero. La Secretaría de Educación Pública determinará los criterios para la distribución de personal, materiales y útiles complementarios para la atención educativa de esta población.

Proyecto de decreto del Senado

Único. Se reforma fracción X del artículo 7o. y se adicionan dos párrafos al artículo 2o. de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 2o. ... ... ...
Ningún estudiante será objeto de discriminación, sanción o expulsión motivada por su origen étnico, género, condición social, religión, capacidades diferentes, afecciones físicas o mentales, condiciones de salud, preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.
La autoridad educativa estará obligada en todo momento a dotar a las escuelas de la infraestructura física, el personal especializado y todos los elementos necesarios para la atención de esta población o para canalizarlos a las instituciones adecuadas cuando el caso lo requiera.
Artículo 7o. ...
I. a IX. ...
X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos para crear conciencia sobre la preservación de la salud, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y promover la educación para la salud;
XI. a XII. ...

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. La Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, en coordinación con las demás dependencias del sector, en un término no mayor a dos años contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, y de conformidad con los recursos que para dicho efecto se aprueben en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, ampliarán la infraestructura necesaria para la atención en las escuelas regulares de los niños con capacidades limitadas y para la atención de los niños portadores del VIH, así como la necesaria para su atención en instituciones especializadas cuando el caso lo amerite.
Artículo Tercero. La Secretaría de Educación Pública determinará los criterios para la distribución de personal, materiales y útiles complementarios para la atención educativa de esta población.

IV. Consideraciones de la comisión

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, después de analizar la minuta en cuestión, reconoce que se trata de una propuesta con una clara intención loable, ya que busca beneficios para los niños y jóvenes que, por razones étnicas, de salud u otra, son susceptibles de discriminación no sólo en las escuelas del sistema educativo nacional, sino en los diversos ámbitos de la sociedad actual.

Sin embargo, es importante mencionar que la iniciativa presentada y dictaminada por la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura, cuya minuta fue posteriormente revisada y dictaminada por el Senado en la misma LIX Legislatura, contenía desde su origen diversos problemas de fondo que pasaron inadvertidos para las colegisladoras.

Los problemas de fondo identificados por esta comisión se detallan a continuación:

1. Respecto a la incorporación de un cuarto párrafo al artículo 2o. de la Ley General de Educación, que a la letra dice

Ningún estudiante será objeto de discriminación, sanción o expulsión motivada por su origen étnico, género, condición social, religión, capacidades diferentes, afecciones físicas o mentales, condiciones de salud, preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.
Es indispensable señalar que en el artículo 8 de la Ley General de Educación se establece que en la educación impartida por el Estado los estudiantes no pueden ser objeto de ningún tipo de discriminación; de manera más específica, en la fracción III se señala que, además, se evitarán los privilegios de cualquier tipo.
Artículo 8. El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan, así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan, se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos; las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos y la discriminación, especialmente la ejercida en contra de las mujeres. Además
I. y II. ...
III. Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.
Por esta razón, la propuesta de reforma se considera redundante y demasiado específica para el texto de una ley general.

2. Respecto a la adición de un quinto párrafo en el mismo artículo 2o., que a la letra dice

La autoridad educativa estará obligada en todo momento a dotar a las escuelas de la infraestructura física, el personal especializado y todos los elementos necesarios para la atención de esta población, o para canalizarlos a las instituciones adecuadas cuando el caso lo requiera.

Como puede observarse, el texto de este párrafo está ligado con el que se propone como cuarto, pues se orienta a establecer la obligación de la autoridad educativa de brindar atención especial a la población cuyas características relacionadas con su ``origen étnico, género, condición social, religión, capacidades diferentes, afecciones físicas o mentales, condiciones de salud, preferencias sexuales o cualquier otra'', la conviertan en susceptible de discriminación. Sobre este quinto párrafo, es indispensable señalar dos cuestiones:

a) No hay suficiente claridad respecto a cuáles son las características que debería tener la oferta educativa para atender adecuadamente a los grupos de población que se mencionan; por citar un ejemplo, no queda claro el tipo de formación del personal especializado destinado a atender las diferencias de religión, sobre todo considerando que la educación en nuestro país es laica.
A juicio de esta comisión, más que precisar una obligación del Estado, el párrafo propuesto generaría serias confusiones para su aplicación. En este sentido, esta comisión subraya la necesidad de que lo establecido en las leyes no genere incertidumbre al introducir preceptos poco claros.
b) La obligación del Estado de atender de manera especial a los grupos minoritarios de la población se encuentra contenida en el texto vigente de la Ley General de Educación, razón por la cual la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos considera redundante tal reforma. Así, en el Capítulo III, ``De la Equidad en la Educación'', se establece entre otras disposiciones las siguientes:
Artículo 32. Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.
Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja.
Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:
...
V. Otorgarán apoyos pedagógicos a grupos con requerimientos educativos específicos, tales como programas encaminados a recuperar retrasos en el aprovechamiento escolar de los alumnos;
...
Adicionalmente, los artículos 38 y 39 señalan lo siguiente:
Artículo 38. La educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas del país, así como de la población rural dispersa y grupos migratorios.
Artículo 39. En el sistema educativo nacional queda comprendida la educación inicial, la educación especial y la educación para adultos.
De acuerdo con las necesidades educativas específicas de la población, también podrá impartirse educación con programas o contenidos particulares para atender dichas necesidades.

3. La reforma propuesta para la fracción X del artículo 7o. es la siguiente:

X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos para crear conciencia sobre la preservación de la salud, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y promover la educación para la salud;

A juicio de la comisión, la propuesta resulta una reiteración de la primera frase del párrafo (subrayada en el texto). Por tanto, la comisión considera no procedente la propuesta.

4. Además de las consideraciones anteriores, es necesario destacar que el marco legal que prohíbe la discriminación en nuestro país es amplio. En el párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece lo siguiente:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Asimismo, el sentido de la propuesta está considerada --con mayor precisión e integralidad-- en más de 10 normas vigentes, entre otras el Código Penal Federal; la Ley de Asistencia Social; la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura; la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal, en materia común y para toda la república en materia federal; la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley para prevenir la Trata de Personas; y la Ley General de Salud.
A un nivel más general, en la Convención sobre los Derechos del Niño se establece que todas las acciones relacionadas con la infancia deberán tener como consideración prioritaria el interés superior del niño, y sus derechos deben garantizarse sin discriminación de ningún tipo.
En suma, la comisión considera que el marco legal vigente ya considera preceptos claros y precisos en diversas leyes, cuyo objeto es prevenir la discriminación, abuso y explotación en contra de cualquier persona. Sin embargo, estamos conscientes que la práctica de estos vicios sociales no solo es un problema de leyes, sino del diseño e implementación de políticas públicas que contribuyan paso a paso a erradicar esta práctica, arraigada profundamente en las sociedades.

De acuerdo con las consideraciones anteriormente expuestas, y reconociendo el trabajo y la intención de la propuesta de la diputada Ortiz Domínguez, la comisión considera que la minuta es redundante, toda vez que --como ha quedado demostrado-- las propuestas carecen de claridad y precisión, además de que actualmente el Estado mexicano cuenta con la normatividad y herramientas jurídicas suficientes para atender el problema de la discriminación. Así, se concluye que la minuta en cuestión no es de aprobarse.

Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Artículo Primero. Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 7o. y se adicionan dos párrafos al artículo 2 de la Ley General de Educación, remitida el 10 de noviembre de 2005.

Artículo Segundo. Se devuelve a la Cámara de Senadores para los efectos de la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2009.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Ariel Castillo Nájera , Leobardo Curiel Preciado (rúbrica), Delber Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Faustino Javier Estrada González , Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), María Gabriela González Martínez , Benjamín Ernesto González Roaro (rúbrica), Sergio Hernández Hernández (rúbrica), Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Adolfo Mota Hernández , Francisco Javier Murillo Flores (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Sagrario María del Rosario Ortiz Montoro (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán (rúbrica), José Luis Varela Lagunas (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reservan para su votación en conjunto.



LEY PARA LA COORDINACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo que desechan la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 21 y 23 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura le fue turnada, para su estudio y análisis, la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 21 y 23 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, en materia de financiamiento.

De conformidad con lo enunciado en los artículos 71 y 72 constitucionales, y 39, 43, 44 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 56, 60, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se procedió al análisis de la mencionada minuta, presentando a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 15 de diciembre de 2005 fue presentada al Pleno de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto por el senador Fernando Gómez Esparza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona disposiciones de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, en materia de financiamiento público para este nivel educativo.
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva dictó turno a las Comisiones Unidas de Educación, de Cultura y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.
3. La Cámara de Senadores discutió el dictamen en la sesión del jueves 27 de abril de 2006, el cual se aprobó por 75 votos y se procedió a dar turno a esta colegisladora.
4. El 5 de septiembre de 2006 se publicó la minuta en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados y en esa misma fecha se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su estudio y dictamen.

II. Descripción de la minuta

La Cámara de Senadores expresó su coincidencia con la preocupación manifestada en la iniciativa, en el sentido de que es necesario fortalecer el financiamiento de las instituciones de educación superior y universidades públicas, así como enfrentar de manera integral el problema del otorgamiento de recursos públicos a éstas; por ello la necesidad de contar con criterios claros y ampliamente compartidos para el otorgamiento del subsidio.

La minuta señala que el conjunto de universidades estatales recibe, en promedio el 33 por ciento del subsidio por parte del Gobiernos local y el 67 por ciento de la Federación. Sin embargo, cada una percibe un subsidio diferenciado, determinado por los acuerdos entre los gobiernos federal y estatales, pero sobre todo limitados por las asignaciones proporcionadas por las entidades a sus universidades públicas.

La Cámara de Senadores señala que no existen criterios objetivos para la asignación del subsidio público, sino un trato desigual entre las instituciones públicas de educación superior federales y sus semejantes en los estados. La colegisladoras señala que el presupuesto es básicamente inercial, sin que hasta la fecha priven criterios objetivos para su determinación y distribución.

Respecto al modelo actual de subsidio a las universidades públicas, los legisladores consideran que ha resultado limitado, toda vez que no atiende las diferencias entre las instituciones respecto a las proporciones maestro-alumno, personal-alumnos o programas-personal-alumno, gastos de operación, entre otras.

Aunado a esto, consideran que los recursos que han recibido las universidades públicas en los últimos años no corresponden a sus esfuerzos de evaluación, autoevaluación y reforma, sino que paradójicamente han reforzado la política con base en criterios de desempeño y la desigual competencia por los recursos.

La minuta de la colegisladora observa que en las instituciones de educación superior se han acumulado necesidades no cubiertas de nuevas y mejores instalaciones, edificios, talleres, laboratorios, equipos y acervos bibliográficos y se ha incrementado de manera continua el personal académico y administrativo. Un sistema de mayores dimensiones y con crecientes niveles de calidad implica necesariamente mayores costos.

Respecto a estos mayores costos, se refieren a los presupuestos provenientes de las fuentes públicas de financiamiento como ``insuficientes para la operación de las instituciones de educación superior'', y a los recursos para inversión como ``rezagados''.

Finalmente, la minuta presenta el siguiente cuadro comparativo que contiene los cambios aprobados en la Cámara de Senadores, respecto del texto vigente de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior:

III. Consideraciones generales de la comisión

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados coincide en términos generales con la colegisladora, al reconocer que los recursos públicos asignados a las instituciones de educación superior y universidades deben estar sujetos a criterios claros y objetivos.

Esta comisión dictaminadora comprende la preocupación del Senado de la República respecto a la insuficiencia de los recursos públicos para satisfacer las necesidades de las instituciones de educación superior; entiende la inquietud de expresar que el presupuesto público y los programas para asignación de recursos extraordinarios son limitados para la operación de las UPES.

Asimismo, coincidimos en que es muy importante contar con un mecanismo de asignación de recursos públicos para las instituciones públicas de educación superior, que observe consideraciones claras y determinables y que privilegie siempre las prioridades nacionales; más aún en las condiciones actuales donde existe una gran desigualdad entre el origen de recursos de las Instituciones. En algunas dominan las transferencias federales y en otras las estatales, acentuando la desigualdad en el sistema y generando incentivos negativos en el financiamiento.

No obstante lo anterior, esta comisión considera que el tema del financiamiento en la educación superior pública es un tema complejo y multifactorial, por lo que el simple hecho de añadir una lista de nuevos criterios en la Ley para la Coordinación de la Educación Superior no resuelve el problema planteado, sino que podría generar más confusión y ambigüedad. Además, se considera que el texto vigente de esta Ley es más preciso en los criterios que la propuesta de la colegisladora, y ya contempla de manera general los criterios propuestos por el Senado.

Esta comisión considera que la asignación de recursos federales a las instituciones de educación superior, responde a un sistema de planeación el cual se describe en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 26 y 74 fracción IV; en la Ley de Planeación en sus artículos 3, párrafo segundo, 6, 16, fracción III, y 27; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en sus artículos 5, 7 y 25; Ley General de Educación en su artículo 25; Ley para la Coordinación de la Educación Superior en sus artículos 21, 23, 24, 25 y 26.

Así también, la asignación de recursos a las instituciones de educación superior, es el resultado de los criterios preestablecidos en los procesos de planeación, indicadores, metas, programas y proyectos, de conformidad en la leyes señaladas en el párrafo anterior, así como los programas que impulsa el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública, como son el de Mejoramiento del Profesorado; Integral de Fortalecimiento Institucional; Integral de Fortalecimiento al Posgrado; y el Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales con Evaluación y Acreditación, entre otros, para los cuales se otorgan recursos extraordinarios a las instituciones de educación superior que cumplan con los requisitos y reglas específicas.

Por otra parte, es importante señalar que en el tema de financiamiento la Cámara de Diputado ha tomado medidas específicas que están contribuyendo a que el proceso de financiamiento sea más objetivo y transparente. Ello, a través de la creación de diversos Fondos Concursables. Así, en 2006 existían tres fondos participables; los denominados fondo de apoyo a reformas estructurales, fondo para el reconocimiento de plantilla y el modelo de asignación adicional por medio de la formula CUPIA.

Las asignaciones a los tres fondos en el ejercicio 2006 fueron por mil 499 millones 630 mil 845 pesos; mientras que para el inicio del ejercicio 2009, los fondos cuentan con 3 mil 100 millones de pesos, que representa un crecimiento del 106.7 por ciento.

En el transcurso de la LX Legislatura se han creado cuatro fondos más; el fondo de ampliación de la oferta educativa a nivel superior, el fondo de apoyo para saneamiento financiero de las universidades públicas estatales con evaluación por debajo de la media nacional en subsidio por alumno; el fondo de incremento de matrícula y el fondo de consolidación para las universidades públicas estatales con evaluación y universidades públicas estatales con evaluación y acreditación.

En resumen, los fondos participables para las universidades públicas estatales con evaluación y universidades públicas estatales con evaluación y acreditación se incrementaron en 346.78 por ciento, pasando de 1 mil 499 millones 630 mil 845 pesos en 2006 a 6 mil 700 millones de pesos en 2009; como se muestra en la tabla siguiente:

En suma, esta comisión considera que la creación de fondos de concurso y de programas sujetos a reglas de operación han resultado en una estrategia importante para avanzar hacia un financiamiento más objetivo y transparente para las Universidades Públicas Estatales con Evaluación. Cabe señalar que del presupuesto federal total en educación superior y posgrado, que en 2009 es del orden de los 78 mil millones de pesos, los fondos y programas concursables ascienden a casi 16 mil millones de pesos, lo que representa un 20 por ciento.

Por lo anterior, reiteramos que el solo hecho de enlistar más criterios en la Ley materia de este dictamen, no contribuye a lograr los objetivos que se plantean en las consideraciones de la colegisladora. Así, entendiendo y estando de acuerdo con el espíritu de la propuesta del Senado, esta comisión considera que la redacción presentada por la Cámara de Senadores no abona a crear un sistema más objetivo y transparente, y solo contribuiría a una mayor burocratización del proceso presupuestario.

IV. Consideraciones particulares de la comisión

En cuanto a las modificaciones especificas que plantea el decreto de la colegisladora, esta comisión considera que en lo que corresponde a la propuesta de eliminación de la fracción segunda del artículo 21, es importante conservar en la ley el derecho que las instituciones tienen para poder llevar a cabo programas que incrementen sus recursos propios. Ello estaría en línea con la fracción VII del artículo 3o. constitucional en lo referente a las atribuciones de las instituciones autónomas para gobernarse a sí mismas.

Por otra parte, la propuesta de redacción del Senado establece que para la asignación de recursos federales a las instituciones públicas de educación superior:

[...] se deberán tomar en cuenta los acuerdos adoptados en los espacios de reunión y confluencia de las universidades públicas e instituciones afines en conjunto con la autoridad educativa nacional.

Al respecto, esta comisión dictaminadora considera que esta redacción presentaría algunas imprecisiones en la Ley de Coordinación para la Educación Superior, ello porque no se especifica cuáles serían los mencionados ``espacios de reunión y confluencia''. Además, el Presupuesto de Egresos de la Federación, a través del cual se asignan recursos a las universidades públicas, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por lo que la citada propuesta no se considera jurídicamente viable.

Asimismo, cabe resaltar que en el proceso presupuestal, la Cámara de Diputados toma en cuenta los proyectos, propuestas y peticiones que oportunamente se hacen llegar a las respectivas comisiones. Estos proyectos y propuestas son analizados detalladamente con base en lo establecido en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece una de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, que a la letra dice:

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
I. a III. ...
IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.

Así pues, se concluye adecuado conservar la redacción vigente del artículo 21 de la Ley en comento, por lo tanto la propuesta de modificación se considera inviable.

En lo referente al artículo 23, esta Comisión Dictaminadora coincide con el Senado de la República en que los criterios sobre los cuales la Federación debe realizar la asignación de recursos destinados a las instituciones de educación superior deben ser claros y determinables.

Sin embrago, el texto aprobado por la Cámara de Senadores incluye diversos criterios para la asignación de recursos que pueden considerarse ambiguos y otros que se consideran redundantes, tales como la institucionalización, la suficiencia, la corresponsabilidad, el reconocimiento al desempeño institucional y la competitividad, entre otros.

Al respecto, los integrantes de esta comisión dictaminadora, después de una valoración de cada uno de los criterios, concluimos que algunos requieren claridad o que ya se encuentran contenidos en el texto vigente.

Cabe señalar que la redacción propuesta por el Senado deja fuera criterios importantes contenidos en el texto vigente, tales como las ``prioridades nacionales'', la ``participación de las instituciones en el desarrollo del sistema de educación superior'', la ``planeación institucional'', los ``programas de superación académica y de mejoramiento administrativo'' y el ``conjunto de gastos de operación previstos''. De esta manera, consideramos que los criterios de ``institucionalización y desempeño institucional'' pueden generar más confusión que la claridad que buscan aportar.

Por su parte, el criterio de ``suficiencia'' es uno de carácter aspiracional, que se define concretamente como la capacidad o la aptitud para el buen ejercicio de una determinada labor. De esta definición, establecida por la Real Academia Española, se desprende que se trata de un concepto que requiere mayor precisión.

Por su parte, el criterio de ``transparencia'' ha adquirido, desde hace casi diez años, relevancia en la vida democrática del país, en razón de la importancia que tiene el acceso de toda persona a la información pública; de esta manera en junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, misma que en la fracción XIV del artículo 3o. obliga a las universidades autónomas a informar acerca de la utilización de recursos que les son asignados conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación. La fracción referida, a la letra dice:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I a XIII...
XIV. Sujetos obligados:
a) al c)...
d) Los órganos constitucionales autónomos;
e) ...

En virtud de la fracción mencionada, las instituciones de educación superior y universidades autónomas dan a conocer a la sociedad, en sus respectivos portales de transparencia (en cumplimiento a la Ley de Transparencia e Información Pública del estado correspondiente), información relacionada con la institución en la que se incluyen datos de nóminas, pagos, recursos públicos, presupuestos, etcétera.

Se considera que el criterio de transparencia es un elemento implícitamente plasmado en la ley como condicionante para determinar la asignación de recursos, de manera que no es posible distinguir si la transparencia sería una condicionante para la recepción de recursos, o es un lineamiento. Más aún, las universidades autónomas están ya obligadas por una ley federal a cumplir con los estándares de transparencia; es decir, la transparencia de las universidades públicas no es opcional, es un mandato.

En virtud de las Consideraciones anteriores, esta Comisión Dictaminadora concluye que no es de aprobarse la presente minuta, por lo que se propone a esta honorable Asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 21 y 23 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, enviada el 5 de septiembre de 2006.

Segundo. Se devuelve a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2009.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Leobardo Curiel Preciado (rúbrica), Delber Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Faustino Javier Estrada González , Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), María Gabriela González Martínez (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro (rúbrica), Sergio Hernández Hernández (rúbrica), Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Adolfo Mota Hernández , Francisco Javier Murillo Flores (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Sagrario María del Rosario Ortiz Montoro (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán (rúbrica), José Luis Varela Lagunas (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reservan.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Ciudadana presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

En lo que se refiere a los dos últimos dictámenes, devuélvanse a la Cámara de Senadores para los efectos de la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Le pido a la Secretaría que lea el oficio de la Junta de Coordinación Política.



COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Héctor Larios Córdova , coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado Enrique Iragorri Durán cause baja como secretario de la Comisión de Transportes.
• Que el diputado Felipe González Ruiz cause baja como integrante para ocupar la secretaría de la Comisión de Transportes.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Palacio Legislativo, México, DF, a 31 de marzo de 2009.--- Diputado Javier González Garza (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Aprobada.



PROGRAMA DE ATENCION A ADULTOS MAYORES DE 70 AÑOS Y MAS

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : El siguiente punto del orden del día es el de dictámenes a discusión con puntos de acuerdo.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se lean los encabezados.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se lean los encabezados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se autoriza.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Desa-rrollo Social a enviar a esta soberanía el padrón detallado de beneficiarios del Programa de Atención a Adultos Mayores de 70 Años y Más

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente proyecto de dictamen.

Antecedentes

El treinta de abril de dos mil ocho, el diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó un punto de acuerdo por el que exhorta al secretario de Desarrollo Social a enviar a esta Cámara de Diputados información relacionada con el padrón de de beneficiarios del Programa de Atención a Adultos Mayores de 70 Años y Más; las reglas de operación de éste; los resultados de la aplicación del plan; y para que, en términos del artículo 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se cree una comisión especial de seguimiento y evaluación de los programas sociales, conformada de manera plural con objeto de vigilar que los recursos asignados a los diferentes programas sociales se ejerzan en tiempo y forma.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Desarrollo Social, y fue entregada a este órgano colegiado el veintiuno de mayo de dos mil ocho, para su análisis y dictamen, en lo correspondiente al exhorto al titular de la Secretaría de Desarrollo Social para enviar a esta Cámara de Diputados información relacionada con el padrón de beneficiarios del Programa de Atención a Adultos Mayores de 70 Años y Más; sus reglas de operación y, los resultados obtenidos de la aplicación del programa.

Contenido del punto de acuerdo

Exhortar al secretario de Desarrollo Social para que envíe a esta soberanía:

1. El padrón detallado de beneficiarios del Programa de Atención a Adultos Mayores de 70 Años y Más, con objeto de dar certidumbre y transparencia al ejercicio de los recursos públicos.
2. Las reglas de operación del programa mencionado, a fin de que el público en general conozca de manera clara y detallada el mecanismo a través del cual pueden ser beneficiados con dicho programa social.
3. El resultado de los avances de la implementación de dicho programa, desde su puesta en funcionamiento y hasta la fecha.

Consideraciones

El artículo 27 de la Ley General de Desarrollo Social establece la obligatoriedad de integrar el padrón de los programas de desarrollo social a fin de asegurar su equidad y eficacia.

En cuanto al Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, Sección II, éste regula lo relativo a los padrones de beneficiarios de los programas de desarrollo social, particularizando, en su artículo 18, el contenido que debe reconocerse en estos instrumentos de política social, en los que se registrarán las personas beneficiarias, los apoyos que reciben y la información sociodemográfica que se requiera para la correcta operación de los programas, las evaluaciones de su efecto y la planeación para el desarrollo social. Asimismo, ese artículo establece, en su párrafo tercero, la obligatoriedad de la Secretaría de emitir los lineamientos para la constitución, actualización, autenticidad, inalterabilidad, seguridad y difusión de la información del padrón de beneficiarios.

En este marco, la Secretaría de Desarrollo Social tiene publicado, en su página de Internet, un padrón de beneficiarios del Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 Años y Más en Zonas Rurales, que no cumple, en su conformación, los lineamientos establecidos por esta dependencia; esto es, no contiene datos esenciales que identifiquen al beneficiario: el sexo, fecha de nacimiento, domicilio completo, estado civil, entre otros, información que está considerada por los lineamientos como de carácter obligatorio, lo que impide dar certidumbre y transparencia al ejercicio de los recursos públicos de este programa, tal como señala en su propuesta el diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo , por lo que es de considerarse como procedente la propuesta que ha formulado este diputado.

En cuanto a las reglas de operación de este programa, en términos de la fracción IX del artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Social, en su página de Internet, mantiene abiertas al público en general las reglas publicadas en el Diario Oficial de la Federación del día 29 de diciembre de 2008, por lo que no hay motivo para solicitarlas, conforme al planteamiento que ha formulado el diputado proponente.

Por lo que respecta al resultado de los avances de la implementación del programa, desde su puesta en funcionamiento y hasta la fecha, que el diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo propone solicitar, mediante exhorto a la Secretaría de Desarrollo Social, cabe señalar que el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entre otras cosas, establece que

``Las dependencias y las entidades a través de su dependencia coordinadora de sector, deberán enviar trimestralmente a la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones correspondientes, turnando copia a la Secretaría y a la Función Pública, informes sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como informes sobre el cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño previstos en las reglas de operación, incluidos los correspondientes a los convenios formalizados con las organizaciones a que se refiere el artículo 178 de este reglamento. Dichos informes se deberán presentar a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre, salvo en el caso de programas que operen en zonas rurales aisladas y de difícil acceso, que cuenten con las autorizaciones de las Comisiones para remitir la información en un plazo distinto''.

Sobre este asunto, cabe señalar que esta comisión dictaminadora ha recibido los informes de los programas a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social sobre el presupuesto ejercido y entregado a los beneficiarios a nivel capítulo y concepto de gasto, de los cuales la Comisión de Desarrollo Social de esta Cámara de Diputados, en su momento, ha realizado las observaciones pertinentes sobre los informes recibidos.

Por las consideraciones expuestas, y después de haber analizado la propuesta del diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo , la Comisión de Desarrollo Social, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al secretario de Desarrollo Social a enviar a esta soberanía con la mayor brevedad el padrón detallado de beneficiarios del Programa de Atención a Adultos Mayores de 70 Años y Más, en los términos de los lineamientos para la integración, operación y mantenimiento de los padrones de los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social, con objeto de dar certidumbre y transparencia al ejercicio de los recursos públicos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2009.
La Comisión de Desarrollo Social, diputados: Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), presidente; Rubí Laura López Silva (rúbrica), Silvio Gómez Leyva (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López (rúbrica), Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica), Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica), Mayra Gisela Peñuelas Acuña (rúbrica), secretarios; Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Beatriz Collado Lara (rúbrica), José Luis Contreras Coeto (rúbrica), Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez (rúbrica), Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Raúl García Vivián , Martín Óscar González Morán (rúbrica), Sergio Hernández Hernández (rúbrica), María Esther Jiménez Ramos , Marcos Matías Alonso (rúbrica), Nabor Ochoa López , Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Jorge Quintero Bello , Sara Latife Ruiz Chávez , Carlos Sánchez Barrios (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido. Se reserva para su votación económica en conjunto.



ROBO DE ENERGIA ELECTRICA Y DE PETROLEO

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Dictamen de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo para exhortar a la PGR a informar de las acciones emprendidas contra el robo de energía eléctrica y de petróleo, así como sus derivados

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Para exhortar a la PGR y a la PGJ del Distrito Federal a crear en el ámbito de sus competencias fiscalías especializadas en materia de robo de energía eléctrica y combustibles.

Antecedentes

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados en fecha 30 de abril del 2008 fue presentada la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la PGR y a la PGJ del Distrito Federal a crear en el ámbito de sus competencias fiscalías especializadas en materia de robo de energía eléctrica y combustibles por el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva del Grupo Parlamentario de Convergencia.

En esa misma fecha la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turno dicha proposición a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido del punto de acuerdo

El proponente expresa que uno de los factores que han contribuido al déficit de las finanzas de las paraestatales es el robo de los energéticos, que en México se considera como uno de los delitos federales más frecuentes, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública federal, pero hasta la fecha no se ha logrado frenar, sino que por el contrario continúa incrementándose cada año, intensificándose en todo el país.

Señala que el robo de energía eléctrica, cuesta aproximadamente 2 mil millones de dólares anuales, que representa un 10 por ciento de los ingresos totales de la Comisión Federal de Electricidad, y un 30 por ciento en el caso de Luz y Fuerza del Centro. La primera ( CFE), comercializa electricidad a 80 millones de mexicanos y diferentes zonas del país podemos observar este tipo de fraude, por ejemplo en la División Golfo Centro (conformada por Tampico, Mante, Ciudad Victoria, Matehuala, San Luis Potosí, Río Verde, Valles y Huejutla), en tres años (2005-2007), se perdieron 21 millones 775 mil 379 pesos por robo de energía eléctrica, siendo 2005 el año más crítico, porque tuvo pérdidas por 12 millones 409 mil 119 pesos, como consecuencia de que 3 mil 580 personas decidieron robarse la energía eléctrica a través de diablitos.

A pesar de la vigilancia federal, en 2006, más de 800 personas incurrieron de nuevo en el delito, por ello se estima que las pérdidas alcanzaron los 6 millones de pesos. Durante 2007 se detectaron 870 casos de robo de energía eléctrica en la zona, lo que representó para la CFE una merma económica de 3 millones 366 mil 260 pesos.

Asimismo, refiere que la compañía de Luz y Fuerza del Centro distribuye y comercializa la energía eléctrica a más de 20 millones de habitantes, ubicados en el Distrito Federal, estado de México, Morelos, Hidalgo y Puebla, y sus perdidas ascendieron en 2006 a 32.48 por ciento, de este porcentaje, alrededor de 18.1 puntos porcentuales correspondieron a pérdidas no técnicas originadas por asentamientos irregulares, comercio informal (auto-conexión clandestina ``diablitos'', con o sin equipo de medición), la alteración del medidor (por su cuenta o auxiliados por trabajadores corruptos), facturación alterada y errores en la toma de lecturas, lo que representa un costo para LFC de 15 mil millones de pesos anuales.

Por otro lado, asevera que el robo de combustible en Pemex, asciende aproximadamente a 5 mil millones de dólares por año, sin incluir el contrabando que impacta directamente al fisco. Durante 2007 se detectaron 323 tomas clandestinas en los ductos de Pemex, cifra que representa la más alta. Las entidades que concentran el 82 por ciento del robo en la red de ductos según la Asociación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Lubricantes, son: Veracruz con 57 por ciento, Chihuahua 6 por ciento, estado de México 5 por ciento, Puebla 5 por ciento, Morelos 3 por ciento, Oaxaca 3 por ciento, Sinaloa 3 por ciento y 18 por ciento se engloba en otros.

De estas tomas clandestinas, expresa que se detectó que 296 se realizan a ductos de Pemex Refinación (269 estaban en forma hermética y 27 fuera de control), 17 en oleoductos de Pemex Exploración y Producción y 10 en líneas de Pemex Gas y Petroquímica Básica.

Consideraciones

La comisión dictaminadora estudió la proposición objeto de este dictamen y coincidió con el proponente en que la problemática del robo tanto de energía eléctrica como de petróleo y sus derivados es un gran problema que aqueja a la nación y que la Procuraduría General de la República es a quien le corresponde realizar la investigación correspondiente para evitar este delito, sin embargo no tenemos información necesaria para poder establecer la necesidad de una fiscalía especial, por lo que consideramos pertinente primero solicitar la información correspondiente a la Procuraduría General de la República, para saber si tiene algún programa ya establecido para la investigación del delito aquí planteado.

Por otro lado el proponente expresa la necesidad que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal también sea exhortada para la creación de una fiscalía especial para el delito aquí comentado en lo que a su materia corresponda. Esta comisión dictaminadora no comparte esta propuesta ya que el robo de energía eléctrica como de petróleo y sus componentes es un delito del fuero federal, por lo que no es procedente esta solicitud.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Justicia se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República informe a esta soberanía de las acciones emprendidas en contra del robo de energía eléctrica y de petróleo, así como sus derivados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2008.
La Comisión de Justicia, diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada , Carlos Alberto Navarro Sugich , Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda , Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), secretarios; Mónica Arriola, Alliet Mariana Bautista Bravo , Luis Enrique Benítez Ojeda , Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Jesús de León Tello , José Manuel del Río Virgen , Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Arturo Flores Grande (rúbrica), Silvano Garay Ulloa , Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Andrés Lozano Lozano , Omeheira López Reyna (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Jesús Ricardo Morales Manzo , Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso , Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega , Alfredo Adolfo Ríos Camarena , Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido. Se reserva para su votación en conjunto.



TRATA DE PERSONAS

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Dictamen de la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo por los que la Cámara de Diputados ratifica su compromiso con la protección del libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de los individuos; y suscribe la Declaración Tabasco, signada en el marco del segundo seminario internacional Mejores prácticas para combatir la trata de personas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respalda y suscribe la Declaración Tabasco, signada en el marco del segundo seminario internacional Mejores prácticas para combatir la trata de personas , celebrado el 26 y 27 de febrero de 2009, en de Villahermosa, Tabasco.

Antecedentes

En sesión celebrada el 3 de marzo de 2009por la Cámara de Diputados, el diputado César Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respalda y suscribe la Declaración Tabasco, signada en el marco del segundo seminario internacional Mejores prácticas para combatir la trata de personas , celebrado el 26 y 27 de febrero de 2009, en Villahermosa, Tabasco.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido

El proponente señala que la trata de personas es una de las violaciones más graves a los derechos humanos, pues se trata de un delito que atenta contra la dignidad del ser humano y su derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Refiere que el 26 y el 27 de febrero del presente año se llevó a cabo el segundo seminario internacional Mejores prácticas para combatir la trata de personas , en Villahermosa, Tabasco. Dicho evento fue convocado por el gobierno de Tabasco, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, A C, con el propósito de compartir experiencias, conocimientos y estrategias en la prevención y combate de este delito en distintos países.

Afirma que los titulares de las instituciones convocantes firmaron la Declaración Tabasco, asumiendo un compromiso irrenunciable con la defensa y protección de los derechos humanos, por lo que no hay nada que justifique los tratos crueles o infamantes contra las personas, en particular contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. Asimismo, se comprometieron a hacer un llamado a todas las instituciones públicas y privadas del país para, entre otras cosas:

a) Reconocer que la trata de personas es una de las mayores amenazas contra los derechos humanos en México, así como un peligro para la cohesión social.
b) Generar acciones de prevención de la trata de personas, así como de otras conductas delictivas que facilitan su comisión.
c) Impulsar programas específicos para la atención de víctimas, construcción de refugios y albergues especiales.
d) Implementar acciones para el establecimiento de sistemas oportunos de atención, información y prevención de trata de personas.

Consideraciones

La Comisión de Justicia realizó el estudio y análisis del planteamiento contenido en la proposición con punto de acuerdo objeto de este dictamen, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el mismo.

Esta comisión coincide con el proponente en que la trata de personas amerita sumar esfuerzos, capacidades y recursos, a fin de combatirla enérgicamente; no sólo en cuanto a prevención, persecución y sanción se refiere, sino también en lo relativo a la protección de víctimas y su rehabilitación, para atender este fenómeno integralmente.

Sobre la materia, es importante destacar que los integrantes de esta comisión participaron activamente en el proceso de dictaminación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, publicada el 27 de noviembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, esfuerzo que logró la aprobación unánime de todos los grupos parlamentarios. Así, el Congreso de la Unión dotó al Estado de un instrumento legislativo moderno y acorde con los tratados internacionales suscritos por nuestro país.

Por su parte, el Poder Ejecutivo también tiene un papel fundamental; en este sentido, es conveniente señalar que dicha ley le asigna la obligación de expedir el reglamento respectivo y crear una comisión intersecretarial, conformada por los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes, de Relaciones Exteriores, de Seguridad Pública, del Trabajo y Previsión Social, de Salud, de Desarrollo Social, de Educación Pública, de Turismo y de la Procuraduría General de la República.

Por su parte, entre las tareas de la comisión intersecretarial está elaborar y poner en práctica el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, el cual deberá incluir, cuando menos, las políticas públicas en materia de prevención y sanción de la trata de personas, así como la protección y atención a las víctimas del delito.

En este orden de ideas, es de suma trascendencia resaltar que el reglamento de la ley de la materia fue publicado por el Ejecutivo Federal el 27 de febrero.

Por todo lo anterior, esta Comisión de Justicia, coincide con el iniciante en que la Cámara de Diputados, dado su compromiso en el combate a la trata de personas, debe respaldar y sumarse a la Declaración Tabasco, signada en el marco del segundo seminario internacional Mejores prácticas para combatir la trata de personas , celebrado el 26 y 27 de febrero de 2009, en Villahermosa, Tabasco.

Por lo anterior, esta Comisión de Justicia

Acuerda

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ratifica su compromiso con la protección del libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de las personas, y se compromete a continuar revisando el marco jurídico en la materia, a fin de perfeccionarlo mediante las reformas legales que contribuyan a tal propósito.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respalda y suscribe la Declaración Tabasco, signada en el marco del segundo seminario internacional Mejores prácticas para combatir la trata de personas , celebrado el 26 y 27 de febrero de 2009, en Villahermosa, Tabasco.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2009
La Comisión de Justicia, diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido , Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán , Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), secretarios; Mónica Arriola, Alliet Mariana Bautista Bravo , Luis Enrique Benítez Ojeda , Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Patricia Castillo Romero , Raúl Cervantes Andrade (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Jesús de León Tello , Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Arturo Flores Grande , Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Andrés Lozano Lozano , Omeheira López Reyna , (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Jesús Ricardo Morales Manzo (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Édgar Armando Olvera Higuera, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido. Se reserva para su votación económica en conjunto.



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACION DE JUSTICIA

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Dictamen de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los procuradores generales de la República, y de Justicia de las entidades federativas y del Distrito Federal a actualizar el marco jurídico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura le fue turnada, para su estudio y dictamen, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República y a los de las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas y del Distrito Federal a actualizar el marco jurídico del actuar de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

Antecedentes

En sesión celebrada por la honorable Cámara de Diputados en fecha 17 de febrero de 2009 fue presentada la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República y a los de las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas y del Distrito Federal a actualicen el marco jurídico del actuar de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, presentada por la diputada Yari del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido del punto de acuerdo

La proponente establece que los estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 9 de octubre de 2003, los cuales son el marco regulatorio de los trabajos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, integrada por los titulares de las instituciones de procuración de justicia del país, y cuyo instrumento normativo se aprobó en la sesión plenaria del 7 de febrero de 2003 por 25 procuradores generales y 7 subprocuradores.

De conformidad con el referido estatuto, señala que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia es coordinada por el Procurador General de la República, el cual ha venido desarrollando sus actividades al amparo de los lineamientos establecidos en dichos estatutos, que contemplan regir sus actividades de operación y coordinación interinstitucional de conformidad con la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2001-2006, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Sistema Nacional de Identificación Criminal y el Subsistema, entendido como complementario, para el Sistema Nacional de Seguridad Pública; todo ello conforme al artículo 2 de los estatutos.

Expresa la diputada que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, como órgano de promoción y coordinación de esfuerzos de todas las instancias de procuración de justicia en el país, debe generar acciones de investigación y persecución de los delitos, su combate, así como la prevención de éste, y que dentro de sus atribuciones está la de reformar sus estatutos, a fin de adecuar, actualizar e instrumentar las políticas públicas sobre la procuración nacional de justicia, con apoyo en el artículo 36 de los referidos estatutos.

No obstante, señala la iniciante, los estatutos mencionados se encuentran desfasados, dado que en los años 2008 y 2009 se han expedido reformas a nuestro marco jurídico, que inciden en la procuración de justicia, por lo que estima de la mayor relevancia que el marco jurídico que rige la actuación de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia sea actualizado.

Consideraciones

La Comisión de Justicia realizó el estudio y análisis del planteamiento contenido en la proposición con punto de acuerdo objeto de este dictamen, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el mismo.

Como bien refiere la promovente, durante el 2008 y el presente año han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación múltiples ordenamientos jurídicos, así como importantes reformas aprobadas por el Congreso de la Unión, tales como el Programa Sectorial de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia para el periodo 2007-2012; la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal; la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y reformas y adiciones a diversas leyes en materia penal, denominada comúnmente como ``miscelánea penal''.

Por lo anterior, esta Comisión de Justicia coincide con la proponente en cuanto a la necesidad de adecuar el marco jurídico interno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en lo que corresponda, a fin de armonizar tales disposiciones con la legislación vigente en la materia, y así generar una mejor coordinación y actuación en las instituciones dedicadas a la primordial tarea de la procuración de justicia.

Por lo anterior, esta Comisión de Justicia

Acuerda

Único. Se exhorta respetuosamente al procurador general de la República y a los procuradores generales de Justicia de las entidades federativas y del Distrito Federal a actualizar el marco jurídico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, a fin de armonizar tales disposiciones con las recientes reformas ya vigentes en materia penal, en la parte que corresponda.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2009.
La Comisión de Justicia, diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido , Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán , Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), secretarios; Mónica Arriola, Alliet Mariana Bautista Bravo , Luis Enrique Benítez Ojeda , Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero , Raúl Cervantes Andrade (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Jesús de León Tello , Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Arturo Flores Grande , Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Andrés Lozano Lozano , Omeheira López Reyna (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Jesús Ricardo Morales Manzo (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Édgar Armando Olvera Higuera, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido. Se reserva para su votación económica en conjunto.



POBLACION INDIGENA

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se solicita al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a sus homólogos en las entidades federativas a implantar programas de capacitación en la materia dirigidos al personal de las instituciones policiales de los municipios con presencia de población indígena

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6, e incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículo 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

1. La Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Derechos Humanos, para estudio y dictamen, con opinión de la Comisión de Asuntos Indígenas, la proposición con punto de acuerdo para solicitar al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como a los organismos en cada una de las entidades federativas de derechos humanos, que implanten programas de capacitación en la materia, dirigidos al personal de las instituciones policiales de los municipios con presencia de población indígena, presentado por la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 30 de abril de 2008.

2. Con fecha 6 de noviembre de 2008, la Comisión de Asuntos Indígenas remitió a esta Comisión de Derechos Humanos opinión en sentido positivo de la proposición con punto de acuerdo.

Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales de derechos humanos implanten programas de capacitación dirigidos al personal de instituciones policiales de los municipios con presencia de población indígena, así como a custodios de los centros penitenciarios del país, a efecto de proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos del país.

Consideraciones

Los diputados de la Comisión de Derechos Humanos apreciamos los usos y costumbres de todos los pueblos indígenas del país y coincidimos con la intención de los legisladores que modificaron la Constitución Política para hacer un reconocimiento pleno a los indígenas, en los artículos 1o., 2o., 4o., 18 y 115. Fue un paso muy importante para avanzar en la construcción de una nueva relación entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad.

El artículo 2o. de la Carta Magna se refiere a los derechos de pueblos y comunidades indígenas, en el Apartado A, y a las obligaciones de la federación, los estados y los municipios para con ellos, en el Apartado B. Además, reconoce la composición pluricultural de la nación, se considera la definición legal de pueblo y comunidad indígena, la libre determinación y autonomía y se señalan los derechos indígenas que pueden ejercerse en el marco de la Constitución y las leyes respeto al pacto federal y a la soberanía de los estados.

Las culturas indígenas poseen maneras propias de ver y entender el mundo, así como formas específicas de organización y cohesión social, por ello coincidimos con la promovente en la necesidad de capacitar, a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales de derechos humanos, al personal de instituciones policiales de los municipios con presencia de población indígena, en el ámbito de sus respectivas competencias. Lo anterior para tener una atención y comprensión por parte de estos servidores públicos para con los pueblos indígenas, ya que en lo general para el resto de la población los indígenas son invisibles, simplemente no los ven y mucho menos los conocen, de ahí que es conocido por todos la multiplicidad de violaciones a los derechos humanos a los indígenas.

Con este esfuerzo de capacitación se busca no vulnerar sus garantías individuales. Es importante tener en cuenta que en México las normas jurídicas que reconocen derechos específicos a los indígenas no siempre se hacen efectivas y tampoco se observan en los procedimientos judiciales. Los factores que provocan este problema son diversos, van desde el desconocimiento de su existencia o contenido, a la velada discriminación, pasando, en ocasiones, por la falta de normas de procedimiento para asegurar su observancia.

Como dijimos antes, la falta de respeto a las garantías individuales y sociales y a los derechos de los indígenas no sólo son factores que producen injusticia para individuos y grupos, también constituyen un severo obstáculo para su desarrollo integral y sustentable, el cual no podrá darse sin seguridad ni certeza jurídica.

En las diputadas y los diputados de la Comisión de Derechos Humanos existe la profunda convicción de que sólo a través del respeto y la comprensión de las diferencias podremos lograr un México más igualitario.

Por lo que en la Comisión de Derechos Humanos, en coincidencia con la opinión de la Comisión de Asuntos Indígenas, aprobamos el punto de acuerdo.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Derechos Humanos somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como a los titulares de los organismos de derechos humanos en cada una de las entidades federativas, implantar programas de capacitación, dirigidos al personal de las instituciones policiales de los municipios con presencia de población indígena, así como a los custodios de los centros penitenciarios del país, a efecto de proteger los derechos fundamentales de todas y todos los ciudadanos del país sin distingo alguno.

Salón de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 18 de febrero de 2009.
La Comisión de Derechos Humanos, diputados: Omeheira López Reyna (rúbrica), presidenta; Arturo Flores Grande (rúbrica), María Dolores González Sánchez (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica), María Mercedes Maciel Ortiz (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo , secretarios; Alberto López Rojas , Eva Angelina Sánchez Valdez, Adriana Dávila Fernández (rúbrica), Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), Martha Cecilia Díaz Gordillo (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez (rúbrica), Rutilio Cruz Escandón Cadenas , Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero (rúbrica), Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), Sonia Nohelia Ibarra Franquez, José Jaques y Medina, María Soledad Limas Frescas (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), José Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez , Jesús Humberto Zazueta Aguilar , José Antonio Almazán González .»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido. Se reserva para su votación económica en conjunto.



MIGRANTES CENTROAMERICANOS

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las autoridades a respetar los derechos humanos de los migrantes centroamericanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, e incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículo 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

A las Comisión de Derechos Humanos le fue turnada, para su estudio y dictamen, el expediente número DGPL 60-II-4-1440, que contiene la proposición con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades a respetar los derechos humanos de los inmigrantes centroamericanos, presentado por el diputado José Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 30 de abril de 2008.

Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

Que la Cámara de Diputados manifieste su repudio por lo ocurrido en el municipio de San Francisco Ixhuatán, Oaxaca, formulando un llamado al Instituto Nacional de Migración para que se conduzca con legalidad y pleno respeto a los derechos humanos de los inmigrantes, además de exhortar a la CNDH para que investigue los hechos de los días 2 y 3 de febrero de 2008 en los estados de Oaxaca.

Finalmente, se exhorta al INM a realizar acciones y convenios con la CNDH para que los operativos que se implanten sean supervisados por representantes de la CNDH para que vigilen y garanticen el respeto a los derechos fundamentales de los inmigrantes.

Consideraciones

La diputadas y los diputados de la Comisión de Derechos Humanos nos oponemos a cualquier acto de violencia que se ejerza contra persona alguna, y nos pronunciamos por el respeto pleno de los derechos humanos de todo individuo, por lo cual los actos de violencia en contra de migrantes centroamericanos suscitados en el municipio de San Francisco Ixhuatán, Oaxaca, el pasado 2 de febrero de 2008, por autoridades del Instituto Nacional de Migración, elementos del Ejército y de la Marina nacionales y diferentes corporaciones policiacas del estado vulneran la dignidad humana de los migrantes, según consta en los testimonios recibidos de las personas agredidas, los cuales narra el diputado en la propuesta del punto de acuerdo, cuyos hechos de violencia suscitados, que de ninguna manera se pueden pasar por alto, las arbitrariedades y abusos cometidos.

Coincidimos con el diputado promovente en que la migración es un fenómeno social de enorme trascendencia en la vida nacional de México. Somos un país de origen, tránsito y destino de trabajadores migrantes y sus familias. En este contexto, el tema migratorio debe ser una prioridad nacional que es necesario revisar a fondo para que no se cometan estos excesos de autoridad.

Recordemos que nuestros connacionales han sufrido también de violencia y discriminación; nuestros migrantes han sido víctimas de un trato inhumano y degradante. Que nos obliga a instaurar medidas humanitarias y a hacer eficientes los programas especiales que atienden a los inmigrantes que se encuentran en nuestro territorio.

Por lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados manifiesta su rechazo por lo ocurrido en el municipio de San Francisco Ixhuatán, Oaxaca, el pasado 2 de febrero en contra de inmigrantes centroamericanos, y exhorta al Instituto Nacional de Migración a conducirse de acuerdo con la ley y pleno respeto a los derechos fundamentales de los inmigrantes.

Segundo. La Cámara de Diputados formula excitativa a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que investigue esos hechos y promueva con el Instituto Nacional de Migración la realización de las acciones y convenios necesarios para que en los operativos existan permanentemente representantes de dicho organismo que vigilen el pleno respeto de los derechos fundamentales de los inmigrantes.

Salón de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 18 de febrero de 2009.
La Comisión de Derechos Humanos, diputados: Omeheira López Reyna (rúbrica), presidenta; Arturo Flores Grande (rúbrica), María Dolores González Sánchez (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica), María Mercedes Maciel Ortiz (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo , secretarios; Alberto López Rojas , Eva Angelina Sánchez Valdez, Adriana Dávila Fernández (rúbrica), Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), Martha Cecilia Díaz Gordillo (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez (rúbrica), Rutilio Cruz Escandón Cadenas , Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero (rúbrica), Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), Sonia Nohelia Ibarra Franquez, José Jacques y Medina , María Soledad Limas Frescas (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), José Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez , Jesús Humberto Zazueta Aguilar , José Antonio Almazán González .»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido. Se reserva para su votación económica en conjunto.



PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de las entidades federativas a armonizar su legislación con los tratados internacionales en materia de discriminación y protección de los derechos humanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos, con fundamento en los artículos 39, y 45 numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículo 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a la honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

A la Comisión de Derechos Humanos le fue turnado para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos estatales para que armonicen su legislación con los tratados internacionales en materia de discriminación y protección de los derechos humanos, presentada por el diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 11 de diciembre de 2008.

Consideraciones

La última década del siglo anterior, cobró especial importancia para nuestro país ya que en estos tiempos se hizo evidente la desatención y discriminación a los grupos vulnerables, este reclamó se originó principalmente por la sociedad civil organizada, poniéndose de manifiesto actos de rechazo, intolerancia y discriminación a los desiguales por no ser como los demás, si bien estos actos se dieron a conocer en los años 90, por todos es conocido la situación de abandono y rechazo para este grupo social en todos los tiempos y que aún persisten en nuestros días.

La discriminación en el Estado se extiende hacia otros grupos vulnerables de la sociedad como las personas con discapacidad, a quienes se les niega el derecho al trabajo excluyéndolos de la sociedad; los indígenas que por su raza y sus costumbres la sociedad los relega; las personas adultas mayores que por su edad la sociedad los rechaza dejándolos fuera de diversos sectores productivos; la discriminación hacia las mujeres, basada en usos y costumbres de la sociedad y los migrantes, quienes sufren innumerables abusos al cruzar ilegalmente por el país, entre otros.

Del ejercicio realizado por la sociedad civil se obtuvieron importantes modificaciones legislativas con la finalidad de aminorar éstas agresiones y trato diferenciado, siendo la más importante la modificación al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establece: ``Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.'' así como, en algunos casos una ley específica para reafirmar y hacer valer sus derechos como persona, como ejemplo tenemos a la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores, la Ley General para las Personas con Discapacidad, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, entre otras en la materia.

Estas son las bases jurídicas para darle igualdad a los desiguales y para promover una cultura de respeto, tolerancia y no discriminación a los grupos sociales que se encuentran en desventaja.

Sabemos que existen modificaciones pendientes a diversos ordenamiento que confirmen la igualdad de derechos para todos por ello las diputadas y los diputados de la Comisión de Derechos Humanos coincidimos con el diputado promovente en la necesidad de homologar las legislaciones estatales con los tratados internacionales en materia de discriminación y protección de los derechos humanos, la comisión se pronuncia a favor del respeto pleno y absoluto de los derechos humanos de la persona sin importar su condición, por lo que esta homologación a los ordenamientos es una acción afirmativa a favor de quienes más lo necesitan y es la oportunidad de continuar avanzando para erradicar todo acto de discriminación y para que formemos a ciudadanos respetuosos de la dignidad humana sin importar su condición. Logrando esta homologación podremos realizar trabajos de coordinación en los tres órdenes de gobierno a favor de estos grupos sociales.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Derechos Humanos, somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas para que inicien o cumplan en su totalidad con el proceso de armonización de su legislación con los tratados internacionales en materia de discriminación y protección de los derechos humanos.

Salón de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 18 de febrero de 2009.
La Comisión de Derechos Humanos, diputados: Omeheira López Reyna (rúbrica), presidenta; Arturo Flores Grande (rúbrica), María Dolores González Sánchez (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica), María Mercedes Maciel Ortiz (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo , secretarios; Alberto López Rojas , Eva Angelina Sánchez Valdez, Adriana Dávila Fernández (rúbrica), Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), Martha Cecilia Díaz Gordillo (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez (rúbrica), Rutilio Cruz Escandón Cadenas , Patricia Obdulia Castillo Romero (rúbrica), Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), Sonia Noelia Ibarra Fránquez , José Jacques y Medina , María Soledad Limas Frescas (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), José Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez , Jesús Humberto Zazueta Aguilar , José Antonio Almazán González .»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido. Se reserva para su votación económica en conjunto.



DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos federal y estatales a continuar respetando y garantizando la labor que realizan los defensores de los derechos humanos en México

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

A la Comisión de Derechos Humanos fue turnado, para estudio y dictamen, el expediente número D.G.P.L. 60-II-2-1183, que contiene la proposición con punto de acuerdo relativo a la labor que realizan los defensores de los derechos humanos, presentada por la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 13 de diciembre de 2007.

Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

Que el titular del Poder Ejecutivo federal garantice y respete la labor que realizan los defensores de los derechos humanos en México, con base en lo establecido en la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de promover y proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente reconocidos, de la Organización de las Naciones Unidas.

Consideraciones

Los defensores de derechos humanos son un grupo de personas que, de manera individual o desde una colectividad, dedican esfuerzos a contrarrestar y denunciar las violaciones de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Los diputados de la Comisión de Derechos Humanos reconocemos y valoramos el trabajo que se realiza en defensa de los derechos humanos; en particular, el reconocimiento es para quienes, lejos de cualquier interés, hacen suya la defensa de un derecho vulnerado en la construcción de un país que se precie de encaminarse al respeto de los derechos humanos, por lo que no pueden tolerarse agresiones contra esos defensores.

El Estado y la sociedad debemos ser garantes de que quienes defienden a otros que se encuentran en desventaja o en estado de indefensión no encuentren cerrazón para la atención o menoscabado alguno de sus derechos humanos con vulneración de la dignidad humana.

Para una mejor defensa y protección de los grupos o personas denominados ``vulnerables'', han surgido organizaciones no gubernamentales (ONG), como entidades de carácter privado, con fines y objetivos humanitarios, de atención social, creadas en forma independiente de los gobiernos.

Las ONG han desarrollado actividades que inciden en las políticas públicas sociales, y ello contribuye a un contrapeso sano y necesario a las acciones de gobierno.

Las ONG han tomado un papel relevante, pues presentan frentes para la defensa de los derechos humanos, con la formulación de la denuncia de injusticias, y son escuchadas. Con ello han ganado espacios en los medios de comunicación, en los centros educativos. Constituyen ya un punto de referencia como fuente de consulta.

Por ello, los diputados de esta comisión coincidimos con la promovente en el sentido de que las autoridades deben fomentar el respeto de los defensores de los derechos humanos. Sin embargo, estimamos que este llamamiento atañe a los tres órdenes de gobierno porque de nada serviría que únicamente en un orden se respeten estos derechos y en los otros no.

Tan es así, que el Ejecutivo federal ha hecho suyo el compromiso ineludible en el respeto de estos organismos para compartir tareas con ellos a fin de garantizar los derechos humanos de sus gobernados, lo cual se constata con los objetivos, las estrategias y las líneas de acción que contiene el Programa Nacional de los Derechos Humanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 2008, y que en su parte conducente dice:

Objetivo. Fortalecer la perspectiva de derechos humanos en la elaboración de las políticas públicas de la administración pública federal.
Estrategia. Garantizar los espacios de participación efectiva y segura de la sociedad civil en la elaboración de las políticas públicas de la APF.
Líneas de acción:
• Fortalecer los mecanismos de interlocución y participación de la sociedad civil en la Comisión de Política Gubernamental en materia de Derechos Humanos;
• Definir los supuestos y las modalidades en que se deba otorgar protección especial a los defensores de los derechos humanos;
• Establecer un protocolo específico que permita la investigación de actos ilícitos cometidos contra defensores de derechos humanos;
• Fomentar la capacitación de las organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos; y
• Promover apoyos de diversa índole para que las organizaciones de la sociedad civil lleven a cabo proyectos para la promoción y defensa de los derechos humanos.

Al tenor de ese objetivo, de carácter federal, establecido en el Programa Nacional de Derechos Humanos, los diputados de la Comisión de Derechos Humanos estimamos necesario ampliar al resolutivo la exhortación a los Ejecutivos locales, además de la palabra continuar, toda vez que la labor realizada por el Ejecutivo federal en materia de derechos humanos se refleja en el Programa Nacional de Derechos Humanos con acciones encaminadas a tutelar la garantía y respeto de los derechos humanos. En coincidencia con la diputada promovente, todos queremos que se den los esfuerzos de una política de integración y respeto de los derechos humanos. Por ello, la Comisión de Derechos Humanos aprueba, en sentido positivo, el presente punto de acuerdo.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Derechos Humanos somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de los Poderes Ejecutivos federal y locales a continuar respetando y garantizando la labor que realizan los defensores de los derechos humanos en México, con base en lo establecido en la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de promover y proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, de la Organización de las Naciones Unidas.

Salón de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 18 de febrero de 2009.
La Comisión de Derechos Humanos, diputados: Omeheira López Reyna (rúbrica), presidenta; Arturo Flores Grande (rúbrica), María Dolores González Sánchez (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica), María Mercedes Maciel Ortiz (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo , secretarios; Alberto López Rojas , Eva Angelina Sánchez Valdez, Adriana Dávila Fernández (rúbrica), Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), Martha Cecilia Díaz Gordillo (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez (rúbrica), Rutilio Cruz Escandón Cadenas , Patricia Obdulia Castillo Romero (rúbrica), Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), Sonia Nohelia Ibarra Franquez, José Jaques y Medina, María Soledad Limas Frescas (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), José Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez , Jesús Humberto Zazueta Aguilar , José Antonio Almazán González .»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido. Se reserva para su votación económica en conjunto.



REGLAMENTO DE LA LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Dictamen de la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a actualizar el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

Honorable Asamblea:

Los integrantes de la Comisión de Energía, correspondiente a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e, ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la honorable asamblea el presente dictamen de conformidad con los siguientes

I. Antecedentes

Primero. En la sesión celebrada por el Pleno de la Cámara de Diputados, el 8 de abril de 2008, fue presentada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que se actualice el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, suscrita por el diputado Carlos Armando Reyes López , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Segundo. En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Energía con opinión de la Comisión de Recurso Hidráulicos.

II. Contenido y objeto de la proposición

La preocupación central del proponente es la sustentabilidad en el uso de los recursos hidrológicos.

En el contenido de su proposición con punto de acuerdo, el diputado Carlos Armando Reyes López menciona que el uso racional y eficiente del agua se encuentra amenazado por diversos factores, entre los que destacan el crecimiento poblacional, el desarrollo industrial, la deforestación y la conversión e impulso de ecosistemas para uso agrícola y ganadero.

En una carta del proponente a la Presidencia de la Comisión de Energía se señala que ``se ha detectado un problema social y ecológico a partir de la sobre explotación de los mantos acuíferos''.

También hace mención de diversas acciones que se han realizado para permitir un uso racional y eficiente del agua. Para ello distingue las nuevas reglas de operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en el sector agrícola; así como el decreto de 27 de febrero de 2008 mediante el que se otorgan facilidades administrativas a los usuarios de aguas nacionales para regularizarse en el tema de extracción, explotación y uso del agua.

El razonamiento subyacente en la proposición del diputado Reyes es la siguiente: puesto que dicha explotación ilegal requiere de energía eléctrica y ésta es proporcionada por la Comisión Federal de Electricidad sin ninguna restricción, la Comisión Federal de Electricidad debe condicionar la prestación del servicio a quienes lo requieran para la extracción de agua del subsuelo de modo que sólo se proporcione a quienes detenten legítimamente las autorizaciones de la Comisión Nacional del Agua. Así, al tiempo que se cuidaría el equilibrio ambiental, se haría racional la explotación de los mantos freáticos.

De manera implícita, el diputado Reyes considera las medidas ya adoptadas insuficientes por sí mismas, por lo que considera que establecer el requisito antes señalado para los solicitantes de energía eléctrica para riego contribuiría a solucionar el problema. Para el efecto, propone un punto de acuerdo en los siguientes términos:

``Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo, para que en el ámbito de sus facultades, se realice la actualización del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, con la finalidad de que sea considerada que la prestación del servicio para la extracción de agua para riego, bombeo y rebombeo estará sujeto a la tenencia del titulo de concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, otorgado por la Comisión Nacional del Agua o, en su caso, la acreditación de los derechos de posesión precaria o sentencias agrarias favorables definitivas.''

III. Consideraciones

Primera. Los integrantes de la Comisión Energía comparten con el diputado proponente la inquietud por el dispendio y uso inadecuado de los recursos hidrológicos del país y la necesidad de tomar medidas urgentes ante la problemática alrededor de este recurso, que puede resumirse de la siguiente manera: la baja eficiencia en el uso del agua, el crecimiento poblacional desproporcionado y la poca disponibilidad de agua, ocasionan que el recurso sea insuficiente en algunas zonas, que las fuentes de abastecimiento subterráneas estén sobre explotadas y que en muchas regiones del país, la calidad natural del agua se haya deteriorado. (Semarnat, Programa Nacional Hídrico 2007-2012, página 15.

Segunda. Esta dictaminadora considera que la modificación del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para que se considere como requisito para la prestación del servicio de energía eléctrica para la extracción de agua para riego, bombeo y rebombeo la tenencia del titulo de concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales es insuficiente para el logro de los objetivos que se persiguen.

Sin embargo, se estima conveniente que sea el propio Ejecutivo, toda vez que se encuentra en su esfera de competencia, el que estime la pertinencia y eficacia de la medida propuesta y por ello, se modifica la redacción del punto de acuerdo propuesto por el diputado Reyes.

Tercera. En la Ley de Aguas Nacionales se prevén facultades para que el Ejecutivo federal promueva actividades de coordinación entre los diversos órdenes de gobierno y dependencias para el cumplimiento y vigilancia de la citada ley (fracción I del artículo 5).

Lo anterior, con la finalidad de lograr que efectivamente se cumpla la normatividad vigente y se identifique el uso, explotación y aprovechamiento de aguas nacionales sin contar con un título de concesión o asignación para tales efectos. Así, se podrán ejercer las facultades de sanción correspondientes y se permitirá excluir de la prestación del servicio solicitado a quienes se encuentran al margen de la Ley de Aguas Nacionales.

Por lo anterior, la Comisión de Energía modifica la proposición del diputado Reyes a fin de exhortar al Ejecutivo federal para que realice las acciones necesarias para la coordinación entre la Comisión Federal de Electricidad y las autoridades del agua con la finalidad de identificar a los solicitantes del servicio de suministro de servicio de energía eléctrica en actividades de extracción de agua para riego, bombeo y rebombeo, y con ello evitar que se otorgue el servicio a quienes no cumplan con los requisitos consistentes en tener una concesión o asignación para tal efecto o, en su caso, acreditar los derechos de posesión o propiedad, a través de cualquier medio permitido por la ley.

Por los razonamientos ya expuestos con antelación, la Comisión de Energía estima que no es de aprobarse en los términos propuestos el punto de acuerdo del diputado Carlos Armando Reyes López . Sin embargo, esta Comisión de Energía estima que dada la importancia que reviste la sustentabilidad que debe prevalecer en la explotación del agua, es de considerar la propuesta. No sin antes modificar su redacción, de conformidad con las consideraciones anteriores, con el fin de propiciar que el objetivo que persigue la proposición adquiera viabilidad.

En consecuencia, la Comisión de Energía formula los siguientes

Acuerdos

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en uso su facultad reglamentaria, considere la pertinencia de incluir como un requisito adicional para la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica que presta la Comisión Federal de Electricidad en actividades de extracción de agua para riego, bombeo y rebombeo el de tener una concesión o asignación para tal efecto o, en su caso, acreditar los derechos de posesión o propiedad, a través de cualquier medio permitido por la ley.

Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, promueva la coordinación de las actividades entre la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional del Agua y demás autoridades competentes en la materia, con la finalidad de fortalecer sus funciones de vigilancia de los recursos hídricos para que su uso, explotación o aprovechamiento se realice en forma sustentable.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 marzo de 2009.
La Comisión de Energía, diputados: David Maldonado González (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González (rúbrica), Alonso Manuel Lizaola de la Torre , Ramón Félix Pacheco Llanes (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales (rúbrica), Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas (rúbrica), José Antonio Arévalo González , Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica), Salvador Arredondo Ibarra (rúbrica), Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (rúbrica), Luis Alonso Mejía García (rúbrica), Óscar Miguel Mohamar Dainitin, Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), Rolando Rivero Rivero (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica), José Antonio Almazán González (rúbrica), Moisés Félix Dagdug Lützow (rúbrica), David Mendoza Arellano (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Mónica Fernández Balboa (rúbrica), Pedro Landero López (rúbrica), Octavio Fuentes Téllez (rúbrica), Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez , Arturo Martínez Rocha , Mariano González Zarur (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y pasa para su votación económica en conjunto.



EDUCACION BASICA- EDUCACION MEDIA SUPERIOR

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Dictamen de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las autoridades educativas y sanitarias de los tres órdenes de gobierno a fortalecer los programas para prevenir las adicciones en los niños y los jóvenes que cursan la educación básica y media superior

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Salud les fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades educativas y sanitarias de los tres órdenes de gobierno a fortalecer los programas para prevenir las adicciones en los niños y jóvenes que cursan la educación básica y media superior, a cargo del diputado Carlos Augusto Bracho González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Estas comisiones codictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 45 numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 56, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la honorable asamblea, el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En sesión ordinaria de la honorable Cámara de Diputados del 26 de abril de 2007 se presentó la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a las autoridades educativas y sanitarias de los tres órdenes de gobierno a fortalecer los programas para prevenir las adicciones en los niños y jóvenes que cursan la educación básica y media superior, suscrita por el diputado Carlos Augusto Bracho González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de dicho Órgano Legislativo turnó la proposición de referencia a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Salud para su estudio y dictaminación.

3. Con fecha 6 de noviembre de 2008 la Comisión de Salud remitió un proyecto de dictamen en sentido positivo sobre el punto de acuerdo en comento aprobado por el pleno de ésta a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su consideración y análisis.

II. Descripción de la proposición con punto de acuerdo

En el apartado ``Consideraciones'' de la proposición en análisis el diputado promovente comenta que las personas que consumen algún tipo de droga pertenecen a los niveles socioeconómicos medio y bajo y se encuentran entre los 12 y 15 años de edad.

Asimismo, argumenta que se necesita crear conciencia en los niños para que desde su formación se encuentren informados acerca de las adicciones y lo que conllevan, para que, con ello, al llegar a la adolescencia, la etapa de mayor vulnerabilidad, tengan la decisión de rechazar con conocimiento de causa cualquier situación que se presente de esta índole.

Por lo anterior, propone exhortar a las autoridades educativas y sanitarias federales, estatales y municipales a fortalecer, en el ámbito de su competencia, los programas ya existentes para prevenir las adicciones en los niños y jóvenes que cursen la educación básica y media superior.

III. Consideraciones de las comisiones codictaminadoras

Estas codictaminadoras coinciden con el diputado promovente en que las adicciones son un problema de salud pública en nuestro país.

Debido al bajo nivel de percepción del riesgo existente en el consumo de tabaco y alcohol, que es un precursor importante del consumo de drogas, especialmente si el inicio del consumo de estas sustancias es a edades tempranas, muchos jóvenes caen en la drogadicción.

Según los resultados arrojados por la encuesta en la Ciudad de México sobre el uso de drogas entre la comunidad escolar, realizada en 2003 y que se encuentra publicada por el Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic), se generó un incremento en el consumo de éstas en el periodo 2000-2003, esto es, del 14.7 por ciento al 15.2 por ciento, incrementando el consumo de marihuana, manteniéndose el de los inhalables y tranquilizantes y decreciendo el de la cocaína.

En lo que respecta al consumo de drogas por género, se incrementó por parte de las mujeres (con tendencia al consumo de tranquilizantes) y se mantuvo estable en hombres. En cuanto a preferencias sobre la droga a consumir el primer lugar lo ocupa la marihuana y le siguen los inhalables, tranquilizantes y la cocaína.

Por su parte, el informe del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (Sisvea) de 2006, a través de información recabada en los centros de tratamiento no gubernamentales, arroja que de los consumidores que inician con marihuana el 7.7 por ciento continúa con ella como único consumo y el 92.3 por ciento, pasa a una segunda droga (cocaína con 28.0 por ciento); y de los que pasaron a una segunda droga, el 73.2 por ciento continúa con una tercera (cocaína 21.4 por ciento, cristal 17.7 por ciento y heroína 14.5 por ciento).

Por otra parte, se indica que en los Centros de Integración Juvenil 23 mil 363 pacientes solicitaron ayuda, de los cuales 23.6 por ciento era consumidor de cocaína, 11.7 por ciento marihuana, 10.0 por ciento inhalables y 7.8 por ciento estimulantes.

El informe del SISVEA concluye que se deben impulsar las acciones específicas de prevención y protección a los grupos más vulnerables, tomando en cuenta que el porcentaje de abatimiento en las adicciones sigue en aumento.

Es importante señalar que la prevención debe iniciarse desde la infancia y la niñez, no sólo durante la adolescencia. A esta tarea tenemos que destinar los mayores recursos humanos posible.

Prevenir es actuar, adelantarse a los fenómenos que no son sencillos de erradicar. Por ello, la prevención es la mejor recomendación para evitar el paso de los adolescentes por el mundo de las adicciones.

En este sentido, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos presentó al Pleno de la honorable Cámara de Diputados el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 7 de la Ley General de Educación, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 2008 en los siguientes términos:

Artículo 7º. ...
De la I. a la IX....
X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos, para crear conciencia sobre la preservación de la salud, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias ;

Además, estas Comisiones Codictaminadoras están consientes de que la Secretaría de Salud, a través del Conadic, cuenta con un Programa Nacional contra las Adicciones, por ello, se estima oportuno aprobar el punto de acuerdo para que el gobierno federal fortalezca las acciones para la prevención de las adicciones, no sólo dentro del sector salud, sino que dichas acciones sean ampliadas al sistema educativo nacional.

Por lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Salud de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión someten a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al secretario de Salud a ejecutar eficazmente, a través del Consejo Nacional contra las Adicciones, las acciones de prevención y combate a las adicciones tomando en consideración los resultados del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, con especial atención a los grupos vulnerables.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la secretaria de Educación Pública a llevar a cabo en el Sistema Educativo Nacional acciones conjuntas con las autoridades sanitarias a fin de fortalecer los programas que tengan como objeto la prevención y combate de las adicciones.

Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal a destinar el Presupuesto suficiente que permita a las autoridades sanitarias y educativas fortalecer los programas destinados a la prevención y combate de las adicciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2009.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Leobardo Curiel Preciado , Delber Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo , Abundio Peregrino García (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres , Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Faustino Javier Estrada González , Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), María Gabriela González Martínez (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro , Sergio Hernández Hernández , Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Adolfo Mota Hernández , Francisco Javier Murillo Flores (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez, Sagrario María del Rosario Ortiz Montoro (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán , José Luis Varela Lagunas (rúbrica).
La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez , María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Juan Abad de Jesús , Margarita Arenas Guzmán , Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Maricela Contreras Julián , María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes , Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena , Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García , Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica), Gilberto Ojeda Camacho (rúbrica), Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica en conjunto.



DIA NACIONAL PARA ERRADICAR LA POBREZA

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que declare el 20 de enero como Día Nacional para Erradicar la Pobreza

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura fue turnada, para estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a declarar el 20 de enero como Día Nacional para Erradicar la Pobreza.

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha 11 de diciembre de 2008, el diputado Gerardo Priego Tapia , de Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en uso de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a declarar el 20 de enero como Día Nacional para Erradicar la Pobreza.
II. En la misma fecha, 11 de diciembre de 2008, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que la proposición con punto de acuerdo fuera turnada a la Comisión de Gobernación para el dictamen correspondiente.
III. Con fecha 4 de marzo de 2009, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el proyecto de dictamen correspondiente.

Contenido de la propuesta

En la exposición de motivos, el texto de la proposición con punto de acuerdo señala:

1. El 22 de diciembre de 1992, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 17 de octubre de cada año como Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, mediante la resolución número 47/196.
2. La declaración del Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza Extrema tiene por objeto sensibilizar a los Estados parte respecto a la necesidad de erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países, lo cual es una prioridad del desarrollo.
3. En México, 45 millones de habitantes viven en la pobreza, por lo cual se hace necesario crear conciencia de la necesidad de combatirla. Según el Informe de pobreza en México 2007, elaborado por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la pobreza en 2005 se encontraba en niveles similares a los de 1992, con 47 por ciento de la población en pobreza patrimonial, mientras que 18.2 por ciento de la población se mantenía en la pobreza alimentaria. Se advierten además grandes desigualdades entre las regiones del país.
4. Hay avances importantes en la cobertura de servicios básicos, y la política social ha mejorado. Sin embargo, los esfuerzos aún no son suficientes para erradicar la pobreza en el país.
5. Un esfuerzo importante para combatir la pobreza en México fue la promulgación de la Ley General de Desa-rrollo Social, publicada el 20 de enero de 2004 en el Diario Oficial de la Federación, la cual sintetiza la voluntad de los legisladores de todos los partidos políticos para que México cuente con un marco jurídico que atienda de manera integral el desarrollo social.
6. En reconocimiento del gran esfuerzo de los legisladores de dotar al país de una ley que permita coordinar los esfuerzos encaminados a abatir la pobreza en México, se propone el 20 de enero, fecha de la publicación de la Ley General de Desarrollo Social en el Diario Oficial de la Federación, como el día nacional en que se realicen acciones que combatan y erradiquen la pobreza.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la propuesta, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados exponemos las siguientes

Consideraciones

1. El 22 de diciembre de 1992, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución número 47/196, por la que se propuso al 17 de octubre como el como el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza.
2. La resolución propuso a los Estados miembros de la ONU dedicar el día y promover, según proceda en el contexto nacional, las actividades concretas de erradicación de la pobreza y de la indigencia.
3. Igualmente, la resolución invita a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a ayudar a los Estados en las actividades nacionales para la observancia del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, con atención especial a los problemas de los pobres e indigentes.
4. La observancia del 17 de octubre como Día Internacional de Erradicación de la Pobreza tiene antecedentes en el mismo día de 1987, cuando 100 mil personas congregadas en la Plaza Trocadéro, París, lugar de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se reunieron para dar honor a las miles de víctimas de la pobreza extrema, de la violencia y del hambre. Allí se proclamó que la pobreza es una violación de los derechos humanos fundamentales y se afirmó la necesidad de promover y respetarlos.
5. Con esa convicción, el Día Internacional de Erradicación de la Pobreza es una oportunidad de los Estados parte de la ONU para fortalecer su lucha y para que las personas que viven en la pobreza tengan más oportunidades, dando también la participación a los pobres para que, en la celebración de ese día, contribuyan con su experiencia de vida a la erradicación de la pobreza.
6. En el marco de la resolución de la Asamblea General de la ONU número A/RES/197, del 31 de marzo de 1993, por el que se define la cooperación internacional para la erradicación de la pobreza, se anima a todos los países a poner en marcha estrategias y programas nacionales para erradicar la pobreza que estén especialmente orientados a los sectores más pobres de la sociedad y entrañen una participación más activa de las colectividades beneficiarias en la concepción, la ejecución, las actividades complementarias y la evaluación de proyectos concretos relativos a la erradicación de la pobreza.
7. La resolución número A/RES/197 destaca la importancia de las políticas nacionales, incluidas las presupuestarias eficaces, a fin de movilizar y asignar recursos internos para erradicar la pobreza mediante el establecimiento de programas de empleo y generación de ingresos, con particular referencia a los hogares cuya cabeza de familia sea la mujer, la ejecución de programas de seguridad alimentaria, la salud, enseñanza, vivienda y población y el fortalecimiento de los programas nacionales de desarrollo de la capacidad.
8. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza a todos los habitantes de la república el goce de derechos como la educación obligatoria, la protección de la salud, el ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar personal y colectivo, la protección de la niñez y los grupos vulnerables, el derecho al trabajo, y el disfrute de la vivienda digna y decorosa, además de otros de índole social que son incluidos en los derechos humanos fundamentales.
9. La Ley General de Desarrollo Social, publicada el 20 de enero de 2004 en el Diario Oficial de la Federación, tiene por objeto garantizar el ejercicio pleno de los derechos sociales, de manera que se garantice el desarrollo integral de la población, a través de la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, el artículo 1 del mencionado ordenamiento establece:
Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto
I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social;
II. Señalar las obligaciones del gobierno, establecer las instituciones responsables del desarrollo social y definir los principios y lineamientos generales a que debe sujetarse la política nacional de desarrollo social;
III. Establecer un sistema nacional de desarrollo social en el que participen los gobiernos municipales, de las entidades federativas y el federal;
IV. Determinar la competencia de los gobiernos municipales, de las entidades federativas y federal en materia de desarrollo social, así como las bases para la concertación de acciones con los sectores social y privado;
V. Fomentar el sector social de la economía;
VI. Regular y garantizar la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas sociales;
VII. Determinar las bases y fomentar la participación social y privada en la materia;
VIII. Establecer mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas y acciones de la política nacional de desarrollo social; y
IX. Promover el establecimiento de instrumentos de acceso a la justicia, a través de la denuncia popular, en materia de desarrollo social.
10. El artículo 11 de la ley en comento señala la política nacional de desarrollo, que tiene como objetivo propiciar condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así como la superación de la discriminación y la exclusión social, promoviendo el desa-rrollo económico.
11. Dicha política nacional de desarrollo dará atención a las zonas de atención prioritarias donde se registren altos índices de pobreza y marginación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley General de Desa-rrollo Social:
Artículo 29. Se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social establecidos en esta ley. Su determinación se orientará por los criterios de resultados que para el efecto defina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que esta ley señala y deberá en todo tiempo promover la eficacia cuantitativa y cualitativa de los ejecutores de la política social.
12. Los artículos 36 y 37 de la Ley General de Desarrollo Social señalan que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social tiene la facultad y responsabilidad de establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, los cuales serán de aplicación obligatoria para las entidades y las dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social.
13. El 30 de octubre de 2008, el comunicado de prensa número 004/2008 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social hizo público el Informe de evaluación de política de desarrollo social de México 2008, un diagnóstico de desarrollo social a partir de los años noventa que señala los siguientes avances: el aumento de la cobertura de servicios básicos, especialmente para la población con menores ingresos, y de la esperanza de vida al nacer, además de la reducción de los niveles de pobreza entre 1996 y 2006; el aumento del gasto social; la ampliación de las capacidades básicas de las familias más pobres y los programas Oportunidades y Seguro Popular, que han contribuido a apoyar a las familias que no tienen acceso a los sistemas de seguridad social formal.
14. Sin embargo, el informe mencionado señala que México tiene que hacer frente a los siguientes retos: 44.7 millones de personas vivían en pobreza en 2006; la reducción de la pobreza, entre 1992 y 2006, ha sido relativamente lenta; el crecimiento económico per cápita del país ha sido muy bajo; el empleo formal no ha crecido suficientemente, pero el informal sí y de manera importante; los salarios reales promedio prácticamente no han cambiado en 14 años; un número importante de mexicanos no cuenta con acceso a la seguridad social; y el avance en la reducción de la mortalidad infantil y, en especial, de la mortalidad materna ha sido muy lento, agudizándose en zonas de alta marginación.
15. Las estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social reportaron que en 2005, la entidad con mayor porcentaje de población en situación de pobreza de patrimonio era Chiapas, con 75.7 por ciento de los habitantes en esa situación, seguido de Guerrero, con 70.2 por ciento; Oaxaca, con 68.0; y Tabasco y Durango, con 59.4 por ciento.
16. Como la pobreza es un fenómeno que impide el de-sarrollo integral de las naciones e implica, eventualmente, un riesgo para la seguridad nacional, esta comisión considera viable la propuesta del diputado Gerardo Priego Tapia para que el 20 de enero, fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Desarrollo Social, se celebre el Día Nacional para Erradicar la Pobreza, que reforzará los propósitos que la Asamblea General de la ONU ha tenido al declarar el 17 de octubre como Día Internacional de Erradicación de la Pobreza.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a declarar al 20 de enero como Día Nacional para Erradicar la Pobreza, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 4 de marzo de 2009.
La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Humberto Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Cristián Castaño Conteras, Valentina Valia Batres Guadarrama , Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Ricardo Cantú Garza , secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres , César Octavio Camacho Quiroz , Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Jesús de León Tello , María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Raciel Pérez Cruz , José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola , Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez , Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y pasa para su votación económica en conjunto.



INDUSTRIA PETROQUIMICA

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Dictamen de la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a definir de manera urgente los términos en que habrán de concretarse los objetivos, las estrategias y las líneas de acción del Programa Sectorial de Energía 2007-2012

Honorable Asamblea:

Las Comisión de Energía de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen de conformidad con los siguientes

I. Antecedentes

Primero. En la sesión celebrada por el Pleno de la Cámara de Diputados el 30 de noviembre de 2004 fue presentada la proposición con punto de acuerdo a fin de que se exhorte al Ejecutivo federal a establecer, a través de las Secretarías de Energía, de Economía, y de Hacienda y Crédito Público una política de precios en materia de precursores petroquímicos e insumos energéticos que permita hacer competitiva la industria química nacional y preserve y genere empleos y desarrolle las cadenas productivas en que incide directamente, a cargo del diputado Humberto Cervantes Vega, a nombre de diputados federales por el estado de Nuevo León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: ``Túrnese a las Comisiones de Energía, de Economía, y de Hacienda y Crédito Público''.

Tercero. El 7 de febrero de 2007, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos aprobó el acuerdo por el que se establecen los lineamientos del programa de resolución de las proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante la LIX Legislatura y pendientes de aprobación, que fue publicado el 12 de febrero de 2007 en la Gaceta Parlamentaria.

En dicho acuerdo se establecieron diversos criterios para que las comisiones ordinarias procedieran a analizar las proposiciones con punto de acuerdo que les fueron turnadas como comisión única o en la que aparezcan en primer lugar en el turno de comisiones unidas. Por esta razón, la proposición que aquí se dictamina quedó para dictamen exclusivo de la Comisión de Energía y fueron separadas de este proceso las de Economía, y de Hacienda y Crédito Público.

II. Contenido y objeto de la proposición

Inician los proponentes exponiendo la situación de la industria química, de lo cual destacan los siguientes señalamientos:

1. Las industrias química y petroquímica nacionales elaboran una extensa variedad de productos, los cuales son empleados en más de 40 sectores industriales;
2. Aproximadamente 63 mil 800 familias, dependen de la industria química en virtud de los 492 mil empleos que generan en 471 plantas de toda la cadena productiva;
3. Durante el periodo 1995-2003, la industria química sufrió un grave retroceso. Su producción disminuyó 20.6 por ciento, ya que elaboró únicamente 17.7 millones de toneladas durante 2003, al tiempo que la producción de petroquímicos en PEMEX disminuyó 56 por ciento en ese mismo lapso;
4. Las importaciones de productos químicos se han duplicado y cubren hoy en día un poco más de la mitad del consumo nacional, lo que generó durante 2003 un déficit comercial de 6 mil millones de dólares (mdd), al importar 10 mil 800 mdd y exportaciones por 4 mil 800 mdd;
5. La inversión en la industria química disminuyó de 977 mdd en 1996, a 811 mdd en 2002, lo que representa un retroceso del 17 por ciento;
6. Como consecuencia de lo anterior, se calcula que en el periodo 1995-2003 se perdieron cerca del 50 por ciento de los empleos directos.

La situación crítica por la que atraviesa la industria química nacional obedece, de acuerdo con los proponentes, a la fijación de una política de precios de los precursores petroquímicos y energéticos inadecuada, con base en los precios del gas natural en la costa del Golfo de los Estados Unidos de América, que son los más elevados del mundo.

Se hace referencia en la exposición de motivos a que el etano, componente del gas natural, es el principal insumo petroquímico para la industria a nivel mundial. Este hidrocarburo se utiliza para la elaboración de etileno y posteriormente una gran cantidad de derivados que son utilizados más adelante en los procesos productivos para la elaboración de diversos productos de consumo industrial y general.

Se señala en la proposición que más del 70 por ciento de la industria petroquímica está anclada a este importante insumo, al cual se le da un precio como energético y no como insumo petroquímico, como sí se le da en el resto del mundo.

Así, se asigna el costo más alto al principal insumo que la industria utiliza, al ser considerado como energético, con las consecuentes repercusiones en productividad y competitividad, considerando que Pemex es el único proveedor.

La proposición que aquí se dictamina se centra en el objetivo de reformular la política de precios del etano, diferenciándolo como insumo petroquímico de su uso como combustible. Los argumentos expuestos en las consideraciones inician excluyendo del problema el precio de gas natural del precio de uno de sus componentes, el etano.

De acuerdo con los proponentes, la determinación de un precio competitivo para el etano, no representaría ninguna afectación para el erario público ya que actualmente Pemex Gas Petroquímica Básica es el único productor; y Pemex Petroquímica, el único consumidor;

De acuerdo con la proposición en comento, al contar con un ``esquema adecuado de precios'' para el etano la industria química nacional estaría en posibilidad de preservar su planta productiva, mantener los empleos que genera y, por su efecto en la cadena productiva, sostener a las familias que dependen de la industria; recuperar el potencial de de-sarrollo de la industria química, ya que se atraerían inversiones directas; invertir el signo de la balanza comercial del sector con el aumento gradual de las exportaciones.

De acuerdo con el proponente la fijación de un precio competitivo para el etano no representa un sacrificio para el erario, ya que Pemex Gas y Petroquímica Básica es el único productor; y Pemex Petroquímica, el único consumidor.

De esta manera, los diputados proponentes presentan el siguiente acuerdo:

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a establecer, a través de las Secretarías de Energía, de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus respectivas competencias, una política de precios adecuada en materia de precursores petroquímicos e insumos energéticos que utiliza la Industria Química Nacional.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a fijar, por conducto de las Secretarías de Energía, de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, un precio competitivo en términos globales para el etano, en función del porcentaje de éste que sea estimado como insumo petroquímico, individualmente considerado y no referenciado al precio del gas natural y que permita hacer competitiva la industria química nacional y preservar y generar empleos y desarrollar las cadenas productivas en que incide directamente.
Tercero. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, en términos de lo establecido en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, deberá comunicar a esta Cámara de Diputados las acciones que realicen las secretarías de despacho, señaladas en este punto de acuerdo, en el proceso de atención de sus contenidos.

III. Consideraciones

Al respecto, cabe hacer las siguientes consideraciones:

Primera. Pemex Petroquímica es el último de los eslabones en la cadena de negocios en los que participa Pemex. Su actividad fundamental es la producción de petroquímicos no básicos, derivados de la primera transformación del metano, etano, propano y naftas de los que se obtienen productos como los polietilenos, el cloruro de vinilo y oxido de etileno, que a su vez son insumos utilizados por la planta productiva nacional para producir bienes diversos.

Petróleos Mexicanos, al igual que las principales compañías petroleras verticalmente integradas, directa o indirectamente, utilizan precios de transferencia ligados al mercado, es decir, consideran el costo de oportunidad de productos y servicios.

Pemex Gas y Petroquímica Básica recupera etano de los campos de explotación y lo entrega a Pemex Petroquímica para la elaboración de etileno y sus derivados. En esta transacción, se aplican precios de transferencia que reflejan tanto las condiciones de oferta y demanda en el mercado local, como el costo de oportunidad de cada producto en el mercado internacional.

Las razones principales para utilizar un sistema de precios de transferencia ligado a mercado son las siguientes:

• Maximizar el valor de la empresa en su conjunto;
• Asegurar la correcta toma de decisiones de operación e inversión;
• Reflejar el valor creado en cada división e identificar ineficiencias y oportunidades de mejora;
• Dar transparencia y simplicidad al sistema de precios de transferencia, y
• Cumplir con regulaciones de comercio internacional y fiscales

Proceder de otra manera, es decir fijando precios de transferencia basados en costos de producción, provocaría pérdidas y decisiones no eficientes de la empresa, pues no se reflejaría el valor creado en cada línea de negocio (subsidiaria) ni se podrían identificar ineficiencias u oportunidades de mejora.

Esto es así ya que si se fija un precio inferior al de referencia internacional se estarían subsidiando estos bienes --el etano en este caso-- y si se ofreciera a un precio superior al de referencia la empresa estaría obteniendo una renta monopólica que no le pertenece.

Segunda. Esta consideración económica se fundamenta jurídicamente, además, en lo que señala el Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales que en el artículo 26 indica que los precios y tarifas de las entidades paraestatales se fijarán conforme a criterios de eficiencia económica y saneamiento financiero y que, por ello, los precios y tarifas de los bienes y servicios susceptibles de comercializarse internacionalmente, se fijarán considerando los prevalecientes en el mercado internacional de estos productos.

Tercera. En 2006, el precio del etano en Coatzacoalcos es 19 por ciento menor que los precios del etano petroquímico en nuestro mercado de influencia --la costa norteamericana del Golfo de México, por lo que no constituye un obstáculo para la cadena etano-etileno-derivados.

Si bien es cierto que el etano es un precursor importante para la industria petroquímica, no es así en cuanto a la afirmación de que la situación crítica por la que atraviesa la industria química nacional obedece a la ``fijación de una política de precios de los precursores petroquímicos y energéticos inadecuada...'' Se trata, sin duda, de una problemática mucho más compleja.

Son varios los factores que obstaculizan la reactivación de la industria petroquímica mexicana, tan sólo en cuanto a su infraestructura y capacidad de proceso, Pemex Petroquímica cuenta con ocho complejos petroquímicos, con una capacidad instalada de 12.6 millones de toneladas de productos petroquímicos por año.

Actualmente se tienen 16 plantas fuera de operación por falta de competitividad, de mercado o falta de materia prima, las cuales siguen siendo parte de los activos de Pemex Petroquímica. El cierre obedece a que su operación no genera ingresos suficientes para cubrir ni siquiera los costos variables.

Cuarta. En el Programa Sectorial de Energía 2007-2012, se plantea como objetivo elevar la exploración, producción y transformación de hidrocarburos de manera sustentable.

Para el efecto, se estableció la estrategia 1.3.8, en la cual se establece que se habrá de promover la integración de la industria petroquímica nacional con la petroquímica básica a cargo del Estado, para atraer inversión complementaria a esta rama industrial y aprovechar la disponibilidad de hidrocarburos en el país.

Parte de dicha estrategia son las siguientes líneas de acción:

• Revisar, en forma integral, la petroquímica de Pemex, impulsando la modernización tecnológica y de economía de escala de las cadenas rentables para reducir los costos de producción, tener procesos más eficientes, mayor integración con las etapas posteriores y un mejor cuidado del medio ambiente.
• Establecer mecanismos que promuevan una mayor participación de inversión complementaria en los procesos productivos del sector petroquímico.
• Propiciar la certidumbre jurídica y operativa para asegurar la vigencia de contratos de largo plazo que aseguren la recuperación de la inversión en actividades de transformación.
• A mediano plazo, impulsar los cambios jurídicos que permitan la integración de las cadenas productivas con seguridad jurídica, a fin de activar la industria petroquímica en forma sustentable.

La Comisión de Energía está de acuerdo en que la industria petroquímica atraviesa desde hace ya muchos años por una situación difícil y que es necesario que el gobierno defina a la brevedad las políticas que permitan superarla a partir de lo que ha diagnosticado en el Programa Sectorial de Energía.

La Comisión de Energía considera que la modificación de la política de precios de transferencia es la más adecuada, si bien no la única, si se busca la reactivación de esta rama industrial con criterios de eficiencia.

Por los argumentos económicos y jurídicos antes señalados, esta comisión formula el siguiente

IV. Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Energía a definir de manera urgente los términos en que se habrán de concretar los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Sectorial de Energía 2007-2012, a fin de lograr la reactivación de la industria petroquímica nacional, atraer inversión a esta rama industrial, elevar su productividad, hacerla más competitiva y aprovechar la disponibilidad de hidrocarburos en el país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, marzo de 2009.
La Comisión de Energía, diputados: David Maldonado González (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González (rúbrica), Alonso Manuel Lizaola de la Torre , Ramón Félix Pacheco Llanes (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales (rúbrica), Luis Ricardo Aldana Prieto , José Ascensión Orihuela Bárcenas (rúbrica), José Antonio Arévalo González (rúbrica), Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica en contra), Salvador Arredondo Ibarra (rúbrica), Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (rúbrica), Luis Alonso Mejía García (rúbrica), Óscar Miguel Mohamar Dainitin, Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), Rolando Rivero Rivero (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Yadhira Ivette Tamayo Herrera (rúbrica), José Antonio Almazán González (rúbrica), Moisés Félix Dagdug Lützow (rúbrica), David Mendoza Arellano (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Mónica Fernández Balboa (rúbrica), Pedro Landero López (rúbrica), Octavio Fuentes Téllez (rúbrica), Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez , Arturo Martínez Rocha , Mariano González Zarur (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y pasa para su votación económica en conjunto.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Aprobados los puntos de acuerdo, comuníquense.



ESTADO DE TABASCO

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : La Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo con el que se solicita al Ejecutivo federal que mediante la Sagarpa y la Conapesca implante un plan de rescate para las zonas afectadas por la plaga del pez plecos, en Tabasco, suscrito por los diputados Silbestre Álvarez Ramóny Carlos Orsoe Morales Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que implante mediante la Sagarpa y la Conapesca un plan de rescate de las zonas afectadas por la plaga del pez plecos en Tabasco, suscrita por los diputados Silbestre Álvarez Ramón y Carlos Orsoe Morales Vázquez , del Grupo Parlamentario del PRD

Silbestre Álvarez Ramón y Carlos Orsoe Morales Vázquez , diputados federales por Tabasco y Chiapas, respectivamente, miembros del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, en el que se solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, se implemente un plan urgente de rescate para los cuerpos de aguas que recorren Tabasco y demás zonas afectadas por la plaga del pez plecos, y un plan de apoyo para las víctimas de este problema.

Consideraciones

El sureste mexicano vive un problema que se ha convertido no sólo en una seria amenaza ambiental sino también social y económica para la región. La causa de esta grave situación se debe a que a lo largo de los últimos años, por desatención o descontrol, se permitió colonizar ríos, cuencas, lagos, presas y vertientes de esta zona del país con una plaga de peces llamados plecostomus o plecos, conocidos popularmente como pez diablo o limpiapeceras, originarios de la cuenca del Amazonas. Sudamérica.

El calificativo de pez diablo no sólo se debe a las diversas particularidades de su morfología y fisiología sino a su comportamiento y relación con el hábitat donde se desa-rrolla, que hace de estos peces actores un potencial invasivo pernicioso para su entorno.

Las causas que para que este pez haya inundado nuestros cuerpos de aguas epicontinentales son diversas; entre ellas, la más frecuente es el escape al medio silvestre desde las unidades de producción acuícola donde se cultivan y de las instalaciones que utilizan los importadores comerciales. Aunque también, según denuncias ciudadanas, su introducción por parte de la Comisión Federal de Electricidad como agentes de control biológico para mantener limpias las presas, o a través de la liberación por coleccionistas y aficionados de los acuarios.

Fue en 1995 cuando se detectaron por primera vez en México. Hoy se encuentran a lo largo y ancho de Tabasco, Chiapas, Campeche, Veracruz, Oaxaca y Michoacán, entre otras localidades del país.

La necesidad de atención urgente sobre esta plaga tiene que ver con tres ámbitos principales. Por un lado, ambiental: su presencia ocasiona una fuerte afectación al ecosistema, esto debido a que no tienen muchos depredadores. La poca movilidad de estos peces y su tamaño resultan atractivos para algunas aves, pero su reacción defensiva, que consiste en levantar sus fuertes espinas dorsales, termina matándolas. A estos peces se les ha responsabilizado de la muerte masiva de pelícanos en otras latitudes del mundo. Existen registros de que han lastimado manatíes, a los cuales ahuyentan con su comportamiento agresivo, incluso se ha llegado a registrar ataques contra seres humanos. Lo más preocupante de esto es que a otras especies, algunas de ellas endémicas, de diversas formas, entre las que destacan la ingestión incidental de sus huevos y la competencia por algas y detritus.

Además, es posible que sean portadores de enfermedades y parásitos. Por otra parte, sus hábitos alimenticios resultan en la resuspensión del sedimento, y en cambios en el tamaño y la distribución de las partículas en el fondo. Al desplazarse en grandes cardúmenes, cuando se alimentan dañan y arrancan la vegetación nativa, la cual a menudo es utilizada como fuente de alimento, sitio de anidación o refugio de otras especies endémicas. Generalmente las comunidades de algas cambian su composición, de algas verdes dominantes a comunidades de diatomeas, o de éstas a comunidades de algas verdiazules, tóxicas para varias especies de invertebrados y vertebrados.

Los plecos, al anidar cavan galerías de hasta metro y medio de profundidad, desplazando enormes cantidades de sedimento, toneladas en muchos casos, con lo que perturban la estabilidad de las riveras, aumentan su erosión e incrementan significativamente la turbidez, lo que afecta de manera importante la calidad del agua.

En el ámbito económico, un ejemplo de los estragos causados por estos peces es la devastación de la otrora más importante pesquería de agua dulce de México (incluso, alguna vez fue reportada como la más importante de Latinoamérica), la de tilapias y carpas en la presa de Infiernillo, que llegó a registrar producciones de cerca de 20 mil toneladas al año.

Las tilapias exóticas fueron la fuente más importante de recursos económicos, sobrepasando las ganancias de las actividades agrícolas en la región. Sin embargo, un manejo inadecuado, incluyendo la pesca de individuos juveniles antes de que alcanzaran su madurez reproductiva y la sobrepesca, así como la contaminación, condujeron al descenso gradual en la pesquería. Y un factor determinante que agravó esta situación económica es la presencia de los plecos.

En lo social, este impacto en la economía y en la principal fuente de ingresos de los pescadores de la región ha generado la ruina de muchas familias que han perdido el sustento familiar.

En la actualidad, entre 70 y 80 por ciento de la captura de tilapia se ha sustituido por, al menos, tres especies de plecos y algunos probables híbridos, lo que significa pérdidas por un monto aproximado de 8 millones de pesos al año, y un costo social importante al dejar desempleados o subempleados a centenares de familias que se dedican a la pesca.

Estos peces causan severos daños en las redes de pesca, al grado que los pescadores tienen que desecharlas; además, representan una amenaza para la salud, ya que lo que se pesca es abandonado en las orillas, descomponiéndose al aire libre. Otra de las implicaciones sociales que ha traído consigo el severo descenso de esta pesquería es la migración de jóvenes hacia los Estados Unidos.

Tabasco es la entidad que sirve como muestra de esta catástrofe. Se ha convertido en una de las principales entidades del país que padece las consecuencias de esta plaga. La gravedad de este asunto ha sido documentada, no sólo por los medios de comunicación locales, sino por instituciones académicas como las universidades estatales del sureste, y la Universidad Nacional Autónoma de México.

Es urgente un plan que permita controlar a esta plaga que afecta el ecosistema, la economía y la vida de muchos mexicanos; sobre todo a quienes tienen como vía de sustento la pesca. Por ser un asunto que afecta a diversas entidades del país, es necesario que esta soberanía participe en la solución de este problema.

Por tal motivo, a nombres de las miles de personas afectadas, y por nuestro medio ambiente, pido que esta Cámara solicite al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, un plan urgente de control y rescate para combatir esta plaga de peces, conocidos como peces diablo. Además, generar un programa de apoyo para las familias pesqueras afectadas, para que puedan paliar este problema mientras se resuelve.

Por lo antes expuesto, propongo a esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicite al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, un plan urgente de control y rescate para combatir la plaga de peces, conocidos como peces diablo. Además, generar un programa de apoyo para las familias pesqueras, de tabasco y demás zonas afectadas, para que puedan paliar este problema mientras se resuelve.

Diputados: Silbestre Álvarez Ramón , Carlos Orsoe Morales Vázquez (rúbricas).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Pesca.



ESTADO DE YUCATAN

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario Alternativa, proposición con punto de acuerdo que exhorta al Congreso de Yucatán a que admita la demanda de juicio político presentada en contra del licenciado Jorge Victoria Maldonado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos delEstado de Yucatán.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Yucatán a admitir la demanda de juicio político presentada contra el licenciado Jorge Victoria Maldonado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de dicho estado, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Alternativa

La suscrita integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

El día 5 de febrero del presente año, 12 organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los Derechos Humanos en el estado de Yucatán (Codhey) presentaron, ante la Oficialía Mayor del Congreso del estado de Yucatán, formal demanda de juicio político en contra del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, licenciado Jorge Victoria Maldonado. Dicha demanda fue presentada por ``las graves y reiteradas violaciones a la ley y reglamento de la Comisión''.

Según los demandantes, las acciones y omisiones de la Comisión son graves, e implican una violación reiterada a su propia ley y reglamento y hacen que el servicio público que debe prestar esa importante institución sea deficiente, en perjuicio de la sociedad yucateca. Entre las principales violaciones señaladas en la demanda están: grave rezago en la tramitación de las quejas, recomendaciones que tardan más de 3 años en emitirse, los plazos que tiene para resolver quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos, un procedimiento ineficiente al momento de realizar investigaciones, presión a las víctimas para que concilien con las autoridades, insensibilidad, incapacidad y negligencia de sus funcionarios, ausencia de publicidad, ausencia de informes especiales y recomendaciones generales a pesar de la existencia de patrones sistemáticos de violaciones a derechos humanos en la entidad, carencia de médicos especializados para valorar a víctimas de tortura y otros malos tratos, investigaciones basadas en informes de las autoridades responsables, y ausencia de medidas reparadoras del daño, entre muchas otras.

Todas las conductas y omisiones documentadas y señaladas son atribuibles al licenciado Jorge Victoria Maldonado, presidente de la Comisión, pues sus decisiones, políticas y desatenciones son las que han impedido la consolidación de la Comisión como un espacio que sea efectivamente una defensoría del pueblo.

Incluso las reiteradas violaciones del presidente de la Comisión estatal de Derechos Humanos del estado a su propia ley, a su reglamento y a los Principios de París, y directrices internacionales que rigen el actuar de los organismos públicos de derechos humanos, llevaron a que tres de los cuatro Consejeros Consultivos de esa institución pública de Derechos Humanos a renunciar en noviembre del año pasado, situación que exhibe la gravedad de la situación que impera en el organismo público de derechos humanos del estado de Yucatán. La renuncia de Olga Moguel, Alejandro Seguí y Guillermo Alonso presentada ante el Congreso del estado, se debió a la existencia de deficiencias y omisiones graves por parte del titular de la Comisión en el ejercicio de sus funciones lo que hace ineficiente su trabajo y afecta negativamente el de la misma Comisión.

La Constitución del estado de Yucatán establece en su artículo 98 que se impondrá mediante juicio político las sanciones correspondientes a los servidores públicos, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos o de su buen despacho.

De igual manera establece que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones.

También en su artículo 99 establece que el Presidente de la Comisión estatal de Derechos Humanos si es sujeto de juicio político.

A su vez la Constitución ampara que cualquier ciudadano bajo su responsabilidad y mediante la presentación de las pruebas correspondientes puede formular la denuncia de juicio político ante el Congreso del estado. Y que corresponde a este dar el curso correspondiente a la denuncia y en su caso sancionar, destituir o inhabilitar al servidor público.

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán en su artículo 12 dispone que una vez recibida y ratificada por el Oficial Mayor la denuncia de juicio político, dentro de los tres días naturales siguientes se turnará de inmediato a la Comisión de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales para que dictamine: si la conducta atribuida es procedente; si el indiciado es sujeto de juicio político conforme a la ley; si la denuncia es procedente y por lo tanto iniciar el procedimiento respectivo.

Sin embargo, a casi dos meses de haberse presentado la demanda antes señalada, ni la Oficialía Mayor del Congreso del estado ni la Comisión de Puntos Constitucionales han dado respuesta a la solicitud ni admitido la demanda, hecho que contraviene la normatividad de la entidad antes citada, pues esos dos órganos legislativos sólo deben de verificar que se cumplan con los requisitos mínimos establecidos por la ley, no hacer un análisis del fondo del asunto, situación que en su momento correspondería a la comisión instructora. Esto sin duda es una violación no sólo a la ley sino a la Constitución misma, por parte del Congreso local.

A pesar de lo anterior, no sólo no se ha recibido la denuncia para llevar a cabo una investigación seria de los hechos, sino que el 22 de diciembre del año pasado, a través de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, el H. Congreso del estado emitió la convocatoria para iniciar el proceso de elección de los candidatos a Consejeras y Consejeros de la Comisión de Derechos Humanos, sin tomar en consideración los argumentos emitidos por los anteriores Consejeros y el malestar ya manifiesto por parte de la ciudadanía yucateca.

Consideraciones

En todo organismo público cuyo eje sean los Derechos Humanos, el objetivo primordial es la representación y la tutela de los intereses y los derechos de los habitantes frente a actos, u omisiones o abusos de la administración pública. En consecuencia, las actividades de mayor importancia son la atención de las quejas y la emisión de recomendaciones.

Si bien las recomendaciones no son vinculatorias, y por lo tanto no obligan en sentido jurídico a sus destinatarios, constituyen una importante llamada de atención para éstos, que debe ser atendida y cumplida, ya que la Comisión es un órgano de la sociedad y defensor de ésta.

La fuerza que deben tener las recomendaciones está basada en el respeto que le merezca a la sociedad la Comisión por sus actuaciones de alto nivel técnico y profesional, por el prestigio que tenga el organismo --ganado por el desempeño impecable de sus directivos-- por la excelencia formal y de fondo de las propias Recomendaciones y por su dedicación constante e incondicional a la defensa de los Derechos Humanos.

Las recomendaciones deben ser en esencia públicas ya que deben poner en evidencia ante la sociedad en su conjunto a la autoridad que ha violado derechos fundamentales. Uno de los propósitos esenciales del Ombudsman es la formación de convicciones en torno a la protección y promoción de los Derechos Humanos y las recomendaciones son uno de los más importantes instrumentos de que puede valerse para ello.

Si la recomendación se limita a enumerar hechos y a citar normas jurídicas, el Ombudsman pasará inadvertido y su labor será intrascendente y la recomendación constituirá sólo un trámite más.

En el caso del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Yucatán no sólo no ha cumplido con el objetivo primordial de la Comisión, sino que incluso ha habido abuso de autoridad, burocratismo, dilación en los trámites, falta de profesionalismo en la investigación, falta de seguimiento a las recomendaciones e incluso falta de claridad y transparencia en el manejo de los recursos públicos. Además, incumpliendo atribuciones de su mandato legal, en ninguna de las 26 recomendaciones emanadas de la Presidencia, no se ha solicitado la reparación del daño (económico y/o moral), lo cual exime a la administración pública de una parte muy importante de su responsabilidad para con la sociedad.

Con esta actitud por parte del licenciado Jorge Victoria Maldonado, en su carácter de presidente se ha favorecido la impunidad y la perpetuación de prácticas lesivas --algunas incluso delictivas-- por parte de numerosos servidores públicos y con ello la desprotección y la vulnerabilización de amplios sectores de la población del estado.

Ante esta situación el presidente de la Comisión ha recibido llamadas de atención no sólo por parte de los consejeros Olga Moguel Pereyra; Guillermo Alonso Angulo y Alejandro Seguí Cisneros, quienes elaboraron un informe serio y profundo sobre la situación que vive la Comisión, el cual presentaron a la Presidencia, para tratar de resolver el problema; sino también por parte de la ciudadanía quienes han manifestado su inconformidad ante su desempeño. Sin embargo, no ha habido respuesta positiva por parte del representante de la Comisión, tan es así que los Consejeros antes mencionados prefirieron incluso presentar su renuncia, manifestando especial preocupación por la institución, ante la irresponsabilidad con la que el presidente de la Comisión está llevando a cabo su función pública.

Por ello ante una situación de esta naturaleza, el juicio político es una herramienta con la que cuenta la ciudadanía para someter a escrutinio a un servidor público que esté señalado de violar las leyes y de incumplir el servicio que le fue encomendado. Es un medio de control ciudadano que se encuentra regulado por los artículos 98 a 101 de la Constitución estatal y por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la entidad, que obliga a las diputadas y diputados a recibir y analizar las demandas, someter a proceso al servidor público y, en su caso, sancionarlo por incumplir con el mandato que le fue encomendado.

Por los hechos mencionados esta Cámara de Diputados no puede estar ajena al tema del adecuado funcionamiento de las instituciones de Derechos Humanos, menos ahora que éstas se hacen indispensables ante el clima de violencia y arbitrariedad que se vive en el país. Las Comisiones Públicas debieran ser, por tanto, un dique al autoritarismo y en esa tesitura, el actuar de quienes las presiden debe ser escrutado cuando esa labor de defensa no se esté efectuando adecuadamente. No nos hagamos cómplices de la impunidad y cumplamos con nuestra labor como representantes ciudadanos.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Congreso del estado de Yucatán para que admita la demanda de juicio político presentada por diversas organizaciones civiles en contra del licenciado Jorge Victoria Maldonado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán y con ello se dé cumplimiento a lo establecido en la Constitución del estado de Yucatán y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de marzo de dos mil nueve.--- Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Junta de Coordinación Política.



ATLETAS CON DISCAPACIDAD

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió del diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Convergencia, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades deportivas de las entidades federativas y delDistrito Federala que se le dé un trato con respeto al atleta con discapacidad y se le preste el apoyo necesario en el desarrollo de sus actividades deportivas.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades deportivas de las entidades federativas y a las del Distrito Federal a dar un trato respetuoso a los atletas con discapacidad y a prestarles el apoyo necesario en el desarrollo de sus actividades deportivas, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, José Luis Aguilera Rico , diputado federal del Grupo Parlamentario de Convergencia, integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una de las tareas legislativas de la comisión que represento es impulsar el deporte de los mexicanos; y, por ende, no podemos dejar de lado a los deportistas que, aun con una discapacidad, se desenvuelven en éste ámbito. Hay que precisar que contamos con grandes deportistas que en las pasadas Olimpiadas Paralímpicas de Beijing, dieron gala de su entereza y pundonor, son dignos representantes de nuestra nación que han logrado con su esfuerzo y dedicación que el nombre de México se escriba en los anales gloriosos de estos juegos. Ante esto, lo menos que podemos hacer es reconocerles, e incentivar en la juventud mexicana la práctica y desarrollo del deporte para que, siguiendo el ejemplo de estos valientes, no se limiten y exploten sus capacidades.

Según la Organización Mundial de la Salud, se considera discapacitada la persona que presenta una restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. En México 2.3 millones de personas sufren alguna discapacidad.

No puedo dejar pasar la oportunidad para hacer una comparación, el balance de la delegación olímpica mexicana fue de 3 medallas, 2 de oro, y 2 bronces (que por ser en parejas cuenta como una). Cada una de estas fue festejada, aplaudida y exaltada por los medios que dieron seguimiento a las competencias. Hubo transmisiones especiales, seguimiento estricto, y horas de análisis del logro. Se hacían enlaces con las comunidades de origen de los atletas, la comunidad llenaba plazas a primeras horas de la mañana pendiente del resultado de sus atletas. Cuando al fin se dieron a conocer los resultados, todo fue algarabío, llamada presidencial al atleta con la respectiva felicitación, declaraciones de los dirigentes del deporte exaltando las cualidades de los jóvenes atletas, empresas patrocinadoras que ofrecían becas a los campeones por miles de pesos. Me pregunto, ¿a caso vale más una medalla de un atleta sin discapacidad que la de uno con discapacidad? En el plano deportivo, por tradición México ha obtenido mejores resultados en las olimpiadas alternas para discapacitados que en las regulares; pese a que cada cuatro años esto se comprueba, siempre es la misma historia: nulo apoyo, olvido y desaliento es lo que la sociedad mexicana y el gobierno envían a sus atletas.

En la antigua Roma era común lanzar a los bebés recién nacidos con alguna anormalidad a las aguas del Tiber; las madres o padres no eran juzgados o condenados por esto, incluso estaba bien visto, ya que por el pensamiento de la época un hijo mal formado o incapacitado representaba una carga social.

Durante el oscurantismo, los incapaces mentales eran tachados de endemoniados, los padres consideraban el nacimiento de un hijo discapacitado como un castigo divino. Hoy, las cosas son mejores; sin embargo, la aceptación, los derechos y oportunidades para una persona con discapacidad son escasos. Lo peor es que no reconocemos los logros que por mérito propio una persona con estas características pueda tener. La educación sobre la discapacidad se ha de-sarrollado mucho, pero queda camino por avanzar.

La Organización de las Naciones Unidas presentó en 1994 las Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad . México aceptó este documento, pero en la práctica estas normas son poco atendidas y respetadas. La falta de comprensión a personas ciegas, el poco equipamiento público para personas sordas, el casi nulo esquema arquitectónico en las calles de las ciudades para personas en sillas de ruedas o muletas, hacen de la vida diaria del discapacitado una lucha diaria.

Poco a poco se adquiere conciencia de los derechos y exigencias de este conglomerado de la población. Sin embargo, resulta paradójico que, por ejemplo, se emprendan fuertes campañas de ayuda a través del Teletón, y se dé una cobertura tan pobre a los Juegos Paralímpicos. Cuando los medios de comunicación pueden ser un puente entre los logros de los atletas paralímpicos y la población.

Nadie está exento de sufrir alguna enfermedad o accidente que afecte de por vida el uso de algún sentido, o que de un día se vea atado a una silla de ruedas. Nadie tiene asegurado tener hijos sanos. Desarrollar, participar y apoyar acciones concretas en apoyo a una cultura de respeto de los imposibilitados.

El recientemente desaparecido Gilberto Rincón Gallardo, quien llegó incluso a ser candidato presidencial, fue cabeza de la Comisión Ciudadana de Estudios Contra la Discriminación. En su recuerdo, nos encontramos con un señor serio, retraído, parco pero firme en sus convicciones, lúcido en sus palabras, firme en sus convicciones, bravío en sus posturas, enérgico en sus demandas de justicia e igualdad. Recordemos que al señor Gallardo le faltaron sus dos brazos.

La sociedad mexicana, una vez más, da muestra de su falta de valores al reconocer insuficientemente los logros de la delegación paralímpica. Las televisoras y medios de comunicación muestran su cara mercantilista y superficial al no dar por lo menos un espacio igual y cobertura completa a cada uno de los logros de la delegación mexicana. Los atletas paralímpicos mexicanos logran cada cuatro años darle a México la alegría que la sociedad acepta parca y limitadamente.

Por otra parte, tenemos conocimiento, por voz de los propios involucrados, que los institutos del deporte no les dan su valor y apoyo.

Justo es que la Comisión de Juventud y Deporte de esta Cámara de Diputados interceda por estos grandes deportistas que son muestra de voluntad y ahínco. Motivo por el cual se exhorta a las autoridades deportivas de todas y cada una de las entidades federativas y del Distrito Federal a que traten al atleta con discapacidad con respeto y presten el apoyo necesario en el desarrollo de su actividad deportiva, en igualdad de condiciones.

Por lo anterior; y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito pone a consideración de este Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las autoridades deportivas de las entidades federativas y del Distrito Federal para que traten al atleta con discapacidad con respeto y presten el apoyo necesario para el desarrollo de su actividad deportiva, en igualdad de condiciones.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 24 de marzo de 2009.--- Diputado José Luis Aguilera Rico (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte.



LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO - CITIGROUP-BANAMEX

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió del diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados acuerda interponer controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra el Poder Ejecutivo federal, por actos que violan lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito, en el caso Citigroup-Banamex.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados acuerda interponer controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el Poder Ejecutivo federal por actos que violan el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito en el caso Citigroup-Banamex, a cargo del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado a la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 23, numeral I, incisos f) y l), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno proposición con punto de acuerdo con objeto de que la Cámara de Diputados interponga controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo federal, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. Citigroup, afectado por la crisis hipotecaria en Estados Unidos, reportó en enero una pérdida de 8 mil 290 millones de dólares en el cuarto trimestre y se dividió en dos entidades para separar las transacciones bancarias de sus operaciones de correduría.

Segunda. El gobierno norteamericano ha inyectado recursos que le otorgan el 36 por ciento del capital de Citigroup que a su vez posee el 99.86 por ciento del capital de Grupo Financiero Banamex, que al mismo tiempo registra una tenencia accionaría del 99.99 por ciento en Banco Nacional de México (Banamex).

Tercera. Banamex representa el 90 por ciento del Grupo Financiero Banamex, que fue adquirido por Citigroup en 2001. Es uno de los bancos más grandes en México y uno de los más rentables.

Cuarta. Mientras Citigroup está pasando por uno de sus peores momentos, Banamex está floreciendo; el año pasado reportó ganancias superiores a 880 millones de dólares, mientras que Citigroup registró pérdidas por unos 28 mil millones de dólares en los últimos cinco trimestres.

Quinta. En el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicada el 18 de julio de 1990, se establece que ``no podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad''.

Sexta. El jueves 19 de marzo en un comunicado denominado ``implicaciones de los programas de apoyo implementados por gobiernos extranjeros con motivo de la crisis global sobre el sistema financiero nacional'' la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece que el conglomerado Citigroup podrá mantener bajo su control a Banamex. En la medida en que el rescate realizado por el gobierno de Estados Unidos y su participación accionaría sólo busca proteger el sistema financiero y a sus clientes.

Se toma nota del interés del Gobierno de los Estados Unidos para proteger su sistema financiero y ciudadanos, pero esta acción deliberada no puede ser interpretada por Hacienda al tenor de que ``por tanto, tales medidas no responden a una intención deliberada de participar en la banca y menos aún de intervenir en el sistema financiero mexicano''.

Asimismo en el inciso a) de dicho comunicado se aduce que:

``a) La norma no abarca casos de emergencia derivados de crisis globales, ni la participación mayoritaria de inversión extranjera.
La prohibición establecida en el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito data de hace más de 20 años, en un contexto en que la inversión extranjera sólo se permitía de manera minoritaria y no consideraba los escenarios generados por una profunda crisis económica mundial. En consecuencia, los preceptos vigentes, dada su generalidad y antigüedad, no alcanzan a regular la situación actual del sistema financiero mexicano, en donde ya se permite la participación extranjera al cien por ciento, ni los escenarios de emergencia que enfrenta el sistema financiero internacional''.

De esa forma para la Secretaría de Hacienda una ley de 20 años es obsoleta y puede ser violada.

Séptima. En teoría el fundamento jurídico legal en que se sustenta, la violación al artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito, se relaciona con lo establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en particular en los artículos 1403 y el 1410, que según algunos analistas permiten la inversión de Estados Unidos y Canadá en bancos mexicanos y viceversa.

Octavo. En el Capítulo XIV Servicios Financieros artículo 1410 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se plantea que:

1. Nada de lo dispuesto en esta parte del tratado se interpretara como impedimento para que una parte adopte o mantenga medidas razonables por motivos prudenciales, tales como:
a) Proteger a inversionistas, depositantes, participantes en el mercado financiero, tenedores o beneficiarios de pólizas o personas acreedoras de obligaciones fiduciarias a cargo de una institución financiera o de un prestador de servicios financieros transfronterizos;
b) Mantener la seguridad, solidez, integridad o responsabilidad financiera de instituciones financieras o de prestadores de servicios financieros transfronterizos; y
c) Asegurar la integridad y estabilidad del sistema financiero de una parte.
2. Nada de lo dispuesto en esta parte del tratado se aplica a medidas no discriminatorias de aplicación general, adoptadas por una entidad pública en la conducción de políticas monetarias o de políticas de crédito conexas, o bien, de políticas cambiarias. Este párrafo no afectara las obligaciones de una parte derivadas del artículo 1106, ``requisitos de desempeño'' en inversión respecto a las medidas cubiertas por el capitulo XI, ``inversión'' o del artículo 1109, ``transferencias''.
3. El artículo 1405, ``trato nacional'', no se aplicará al otorgamiento de derechos de exclusividad que haga una parte a una institución financiera, para prestar uno de los servicios financieros a que se refiere el artículo 1401(3)(a), ``ámbito de aplicación y extensión de las obligaciones''.
4. No obstante el artículo 1109(1), (2) y (3), ``transferencias'', en los términos de su incorporación a este capítulo, y sin limitar el campo de aplicación del artículo 1109(4), en los términos de su incorporación a este capítulo, una parte podrá impedir o limitar las transferencias de una institución financiera o de un prestador de servicios financieros transfronterizos a, o en beneficio de, una filial o una persona relacionada con dicha institución o con ese prestador de servicios, por medio de la aplicación justa, no discriminatoria y de buena fe de medidas relacionadas con el mantenimiento de la seguridad, solidez, integridad o responsabilidad financiera de instituciones financieras o de prestadores de servicios financieros transfronterizos. Este párrafo se entiende sin prejuicio de cualquier otra disposición de este tratado que permita a una parte restringir transferencias.

Noveno . En este sentido al contrario de lo que se puede aducir del artículo 1410 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se plantea el carácter ``discrecional'' en el marco de sus leyes e interés nacional que tienen cada uno de los tres gobiernos, para establecer las medidas y los recursos prudenciales necesarios y suficientes en materia financiera, para mantener la estabilidad y la salud de su sistema financiero, y que en cualquier caso, cuando dicho artículo se refiere al trato nacional se alude a particulares y no a gobiernos. Es por tal motivo que se requiere iniciar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva sobre dicho disentimiento.

Décimo. La controversia constitucional representa un instrumento de control amplio de la constitucionalidad de los actos del poder público de muy diversa índole. Así, el artículo 105 constitucional establece la facultad de la Suprema Corte de Justicia para resolver las controversias constitucionales que se susciten entre dos poderes de la Federación, sobre la constitucionalidad de sus actos o la emisión y promulgación de normas generales. En este sentido, el Congreso de la Unión o cualquiera de sus Cámaras, están facultados para interponer el recurso en contra del acto del Ejecutivo federal que estima inconstitucional.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda interponer controversia constitucional contra el Poder Ejecutivo federal por los actos que violan lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito, en el caso Citigroup-Banamex.

Segundo. Se instruye al Presidente de Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, interponga ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la controversia constitucional contra los actos del Ejecutivo señalados en el presente punto de acuerdo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo de 2009. --- Diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Mesa Directiva.



EMPRESAS FERROCARRILERAS

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió del diputado Santiago López Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportesa que formalice la prórroga del permiso para el uso de radiofrecuencias a empresas ferrocarrileras.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a formalizar la prórroga del permiso de empresas ferrocarrileras para el uso de radiofrecuencias, a cargo del diputado Santiago López Becerra , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado en la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

El sistema de transporte ferroviario en México es uno de los pilares de la transportación de bienes a través de todo el territorio, dada la extensión de sus recorridos y el bajo costo de sus servicios. Asimismo, constituye la base de la actividad exportadora y de comercio general del país con nuestro principal socio comercial.

Para su correcto funcionamiento, técnicamente el ferrocarril requiere un sistema de intercomunicación interna eficiente basado en la utilización de radiofrecuencias que constituyen una red privada de éstas. Sin esa red, sería sumamente difícil el funcionamiento de los ferrocarriles. De ahí la importancia de su sistema de intercomunicación.

Actualmente, las empresas ferroviarias que operan en el país enfrentan problemas, no técnicos sino administrativo-legales, con sus respectivas redes internas de radiocomunicación.

A partir de 1995, mediante la reforma del cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dio inicio el proceso de privatización del sistema ferroviario mexicano, al permitir la participación de los particulares. Ese año fue publicada la Ley Reglamentaría del Servicio Ferroviario que, en el artículo cuarto transitorio, estableció que Ferrocarriles Nacionales de México (FNM) continuaría administrando y operando los ferrocarriles mexicanos hasta que la SCT otorgara las concesiones y los permisos correspondientes.

Hasta ese momento, FNM tenía la asignación de bandas de frecuencias para su uso. Cuando fueron concretadas las concesiones del servicio ferroviario a particulares, éstos continuaron utilizando dichas frecuencias respectivas.

En 1996, la SCT autorizó a FNM integrar en un solo documento los diversos permisos y autorizaciones otorgados para instalar y operar una red privada de telecomunicaciones, así como el cambio de algunas de sus frecuencias permisionadas. En 1997, la secretaría asignó a FNM bandas de frecuencias para uso oficial a efecto de instalar y operar esa red privada de telecomunicaciones.

La autorización de 1996, que ya incluía y beneficiaba las empresas ferroviarias privadas, tuvo una vigencia de 10 años, por lo que venció en 2006. Incluso, en ese último año, la SCT autorizó a FNM efectuar la cesión parcial de los derechos derivados del permiso para la instalación y operación de la red privada mencionada en favor de las empresas ferroviarias.

De tal manera, esas empresas se encuentran operando las radiofrecuencias que les fueron cedidas por FNM; técnicamente no hay problema. Sin embargo, formalmente no se les ha otorgado la prórroga correspondiente, lo que las deja en una indefinición jurídica inconveniente.

Al parecer no hay objeción legal ni técnica por las autoridades correspondientes para que la prórroga sea autorizada, pero ésta no se ha llevado a cabo.

Con base en lo anterior, creemos procedente que tal indefinición sea subsanada a efecto de proporcionar certeza jurídica a las empresas involucradas y garantizar con ello el estado de derecho en el país, como fundamento para fomentar la inversión productiva que requerimos.

En virtud de lo señalado, propongo a esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al secretario de Comunicaciones y Transportes a formalizar la prórroga del permiso para el uso de radiofrecuencias a empresas ferrocarrileras.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar a esta soberanía sobre los avances de dicho proceso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo de 2009.--- Diputado Santiago López Becerra (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Comunicaciones.



ESTADO DE OAXACA

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió del diputado Carlos Roberto Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal a que instruya a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Semarnat, así como al Conacyt a que investiguen, en el ámbito de su competencia, sobre el proyecto de investigación denominado ``México Indígena'' e informen en breve a esta soberanía.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a instruir a la Segob, a la SRE, a la Semarnat y al Conacyt para que indaguen en el ámbito de su competencia sobre el proyecto de investigación México Indígena e informen en breve a esta soberanía, a cargo del diputado Carlos Roberto Martínez Martínez , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Carlos Roberto Martínez Martínez , diputado por Oaxaca en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración del Pleno proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, con base en los siguientes

Antecedentes

1. En agosto de 2006, un grupo de geógrafos de la Universidad de Kansas llegó a las comunidades de San Miguel Tiltepec, San Juan Yagila, Santa Cruz Yagavila y Santa María Zoogochi, al norte de Oaxaca, con la finalidad de presentar a las comunidades el proyecto México Indígena y solicitar facilidades para realizar su investigación en la región de la sierra Juárez.

2. El proyecto de investigación México Indígena constituye el prototipo de las Expediciones de Bowman de la Sociedad Estadounidense de Geógrafos (American Geographic Society, AGS), coordinada por el director de investigaciones de la Oficina de Estudios Militares Extranjeros (Foreign Military Studies Office, FMSO), el teniente coronel Geoff Demarest. Los equipos de investigadores del proyecto estaban liderados por el presidente de la AGS, Jerome Dobson, y el profesor de la Universidad de Kansas Peter Herlihy. Para realizar sus expediciones de Bowman, la AGS y las universidades colaboradoras envían grupos de geógrafos al extranjero para colectar datos geográficos con módulos de GPS y mapas existentes, y encuestas para explorar el terreno cultural. A partir de estos datos se construyen sistemas de información geográfica (SIG) a multiescala. Hasta ahora las expediciones de Bowman se han realizado en México, las Antillas, Colombia y Jordania.

3. Entre 2005 y 2008, los investigadores del proyecto México Indígena han trabajado en dos regiones (San Luis Potosí y la sierra Juárez de Oaxaca), estudiando los efectos del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) en comunidades indígenas. Hay que notar que Oaxaca es uno de los últimos reductos de la República Mexicana, donde la mayoría de comuneros se negaron a entrar en el Procede. 1

4. La expedición México Indígena representa la colaboración entre la AGS, la Universidad de Kansas, la Universidad de Carleton, Canadá, y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

5. Dicho proyecto esta financiado por la FMSO, perteneciente al Departamento de Defensa de Estados Unidos. El financiamiento se llevó a cabo al amparo del contrato de la empresa armamentista y de inteligencia militar Radiance Technologies.

6. Sospechamos que la FMSO proporciona información a una base de datos, la Biblioteca Mundial de Información Básica (World Basic Information Library), que es parte integral del Sistema del Terreno Humano (Human Terrain System, HTS), una estrategia de contrainsurgencia del Ejército de Estados Unidos que ha sido diseñada por la misma FMSO. Los países donde se ha utilizado el HTS desde 2006 con fines militares son Afganistán e Irak.

7. Desde el inicio la investigación del equipo de geógrafos causó desconfianza en las comunidades de Santa Cruz Yagavila y Santa María Zoogochi, que abandonaron el proyecto, por lo que el equipo de México Indígena centró sus actividades en las comunidades de San Miguel Tiltepec y San Juan Yagila, en la región zapoteca conocida como ``Rincón de la Sierra Juárez''.

8. El proyecto México Indígena terminó de realizar los mapas de las comunidades zapotecas de San Miguel Tiltepec y San Juan Yagila antes de noviembre de 2008 y los publicaron por Internet. En contradicción con la pretensión de transparencia del proyecto, el único idioma que se utiliza en su página web es el inglés, que no es comprendido por las comunidades participantes, que hablan principalmente zapoteco y algunos español.

9. En noviembre de 2008 se presentó Peter Herlihy y John Kelly, del equipo de México Indígena, a una reunión de la Unión de Comunidades Cafetaleras Unidad Progreso y Trabajo (UCC), para anunciar que habían terminado los mapas de Yagila y Tiltepec e invitar a otras comunidades de esa organización a que realizaran trabajos similares, mencionando que este trabajo se había hecho con la colaboración de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, Oaxaca, SC (Unosjo), lo cual fue desmentido en esa reunión.

10. Después de la reunión de la UCC mencionada, la Unosjo, SC, inició una investigación para saber qué había detrás de proyecto México Indígena, dándose cuenta de que el proyecto es parte de una investigación geográfica mayor, Expediciones de Bowman, auspiciada y financiada por la FMSO, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, entre otras instituciones.

11. Antes que se entregaran los mapas a las comunidades, éstos ya se habían publicado en Internet; y nunca se informó a las comunidades que se entregarían reportes sobre los trabajos realizados en ellas a la FMSO.

12. Adicionalmente a los mapas publicados por el equipo de México Indígena, se construyó una base de datos donde se encuentran los nombres de los comuneros, asociados a la localización geográfica de sus parcelas, el uso que se da a la tierra formal o informalmente y otros datos a los que no se puede acceder por Internet. Aunque el presidente de la AGS, Jerome Dobson, comenta en su carta 2 que la comunidad de Yagila insistió que no se publican los nombres de comuneros, éstos siguen siendo utilizados en presentaciones del proyecto México Indígena. 3

13. Según lo dicho por los responsables del equipo México Indígena, son múltiples los usos que se pueden dar a este tipo de mapas (sin especificar si los usos son comerciales, militares u otros). Adicionalmente, los mapas pueden montarse sobre el programa de Google Herat, y prácticamente cualquier gente puede acceder a esta información; aunque sólo podrán decodificar la información que está plasmada en zapoteco (toponimias) los integrantes de la comunidad o quienes tengan la capacidad de traducirlos, como los especialistas en lingüística de la FMSO.

14. Las comunidades con que la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, Oaxaca, trabaja están en contra de que se sigan realizando ese tipo de proyectos en la sierra Juárez, y la Unosjo, SC, se deslinda completamente del trabajo que ha realizado el equipo de México Indígena. La Unosjo, SC, hace un llamado a las comunidades indígenas del país y del mundo a no dejarse sorprender con ese tipo de investigaciones, que expropian las tradiciones de las comunidades y de los pueblos, sin su consentimiento previo informado, ya que pueden ser utilizados en su contra en el futuro.

15. El reporte del equipo de geógrafos detalla que el director de investigaciones del FMSO, quien coordina las Expediciones de Bowman, teniente coronel Geoff Demarest, visitó la comunidad de Tancuime, en San Luis Potosí, y otros lugares investigados por el proyecto México Indígena entre el 9 y el 14 de julio de 2005. 4 La participación de agencias militares estadounidenses que financian investigaciones en territorio mexicano y la presencia de representantes militares como la de Geoff Demarest sin el conocimiento oficial del Estado mexicano pueden constituirse como una violación de la soberanía nacional.

Consideraciones

Las comunidades de la sierra Juárez de Oaxaca no hicieron ninguna solicitud de ese tipo de investigaciones, sino que los investigadores las convencieron para que se realizaran. Por tanto, las investigaciones realizadas no tuvieron como origen una necesidad de las comunidades. Los investigadores del proyecto México Indígena diseñaron el método de investigación para recabar los mapas que contienen toponimias e informaciones culturales y geográficas.

Lo que apareció como un proyecto en beneficio de las comunidades deja ahora a muchos de los participantes con la sensación de haber sido víctimas de un acto de geopiratería.

La consulta previa a los pueblos indígenas es un indicador de la interculturalidad conforme al principio del respeto de la diversidad y el reconocimiento de sus derechos específicos, plasmados en el convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

La consulta previa implica

1. Informar sobre las características del proyecto o de la actividad que se desea realizar en territorio indígena.
2. Conocer el punto de vista y las expectativas de participación de los PI (concepto de territorio/desarrollo).
3. Concertar los términos de realización de los proyectos garantizando la participación: beneficios (concepto de calidad de vida y bienestar: no de corto plazo y basados en el mercado), monitoreo de los efectos ambientales y sociales.
4. Considerar la lengua nativa como elemento en el dialogo a través de una buena interpretación.

La consulta previa está ligada a la capacidad de los pueblos indígenas de ejercer la autonomía, ligada al derecho al territorio y a la capacidad de acceder a espacios democráticos.

En distintos medios de comunicación y a través de Internet, el presidente de la AGS, Jerome Dobson, circuló información de que la comunidad de Tiltepec está conforme con los resultados de la investigación. 5

A través de su agente de policía municipal y de su presidente del comisariado de bienes comunales, los señores Rogelio Hernández y Bernardino Montaño Mendoza, la comunidad de Tiltepec manifestó completo desacuerdo con la investigación en una conferencia de prensa, el 17 de marzo de 2009. Las autoridades comunales exigen además a los responsables del proyecto México Indígena que se abstengan de hacer cualquier uso de la información obtenida en su comunidad, que devuelvan toda la información que obtuvieron, que la eliminen inmediatamente de Internet y que la destruyan de manera inmediata y que den prueba de ello.

Por los motivos señalados, manifiesto al Congreso de la Unión el completo desacuerdo de la comunidad de San Miguel Tiltepec con la investigación realizada porque no hubo consulta previa y la participación del FMSO del Departamento de Defensa de Estados Unidos y de Radiance Technologies quedó ocultada, igual que los verdaderos fines de la investigación y los usos que se daría a la información obtenida.

Con ese tipo de investigación que se realiza en las comunidades indígenas se viola la soberanía nacional y se ``abre un frente para una eventual intervención estadounidense'' en el país.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar que se someta a consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno federal a instruir a las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para que investiguen en el ámbito de su competencia sobre el proyecto de investigación México Indígena, e informen en breve a esta soberanía; asimismo, garanticen los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas, en especial las de San Miguel Tiltepec, San Juan Yagila, Santa Cruz Yagavila y Santa María Zoogochi, situadas en la región zapoteca, al norte de Oaxaca.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que informe en breve a esta soberanía sobre el financiamiento del proyecto de investigación México Indígena y explique los resultados de éste.

Notas: 1 http://web.ku.edu/~mexind/AGS%20Y%20Mexico%20Indigena_espa%F1ol.ppt,cuadra 7, cuadro 242 FMSO Web report del proyecto México Indígena (http://web.ku. edu/~mexind/FMSO_WebReport.doc Project status report for july, 2005).3 Presentación del proyecto en español que se puso en la página web de México Indígena en la primera semana de febrero de 2009:http://web.ku.edu/~mexind/AGS%20y%20Mexico%20Indigena_espa%F1ol.ppt4 FMSO Web report del proyecto México Indígena (http://web.ku. edu/~mexind/FMSO_WebReport.doc Project status report for july, 2005).5 www.amergeog.org/newsrelease/dobson-oaxaca09.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo de 2009.--- Diputado Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Gobernación con opinión de la Comisión de Asuntos Indígenas.



SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Saludpara que establezca criterios claros de estructura, funcionamiento y atención en los servicios de terapia intensiva, suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a establecer criterios claros de estructura, funcionamiento y atención en los servicios de terapia intensiva, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados federales Ector Jaime Ramírez Barba , José Antonio Muñoz Serrano , Fernando Enrique Mayans Canabal , Juan Abad de Jesús , Efraín Morales Sánchez , Efraín Arizmendi Uribe , Daniel Dehesa Mora , Ángel Humberto García Reyes , Roberto Mendoza Flores , Miguel Ángel Navarro Quintero y Jorge Quintero Bello , integrantes de la Comisión de Salud de esta Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que establezca criterios claros de estructura, funcionamiento y atención en los servicios de terapia intensiva para los pacientes de los establecimientos destinados a la prestación de servicios de atención médica en todo el territorio nacional, así como las condiciones mínimas de infraestructura, equipamiento, recursos humanos y técnicos que deberán reunir dichos establecimientos para prestar los servicios de esta especialidad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Tradicionalmente México se ha encontrado a la vanguardia de la investigación y atención de diversos padecimientos contribuyendo al conocimiento médico mundial, en ese contexto no son pocas las contribuciones de destacados profesionales médicos en muchas de las especialidades de la ciencia médica.

El caso de la denominada medicina intensiva no es la excepción, en cuyo marco los intensivistas mexicanos han sido pioneros de la especialidad en Iberoamérica, como ejemplifica la fundación de la Asociación Mexicana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva en 1973, que al día de hoy tiene presencia en las principales ciudades de la República Mexicana y agrupa a más de mil 400 especialistas en la rama, inspirando la fundación de asociaciones profesionales en España y toda América Latina.

La importancia de esta especialidad médica es indiscutible, gracias a la atención especializada en las unidades de terapia intensiva, se han rehabilitado desde 1960 un sinnúmero de pacientes en todo el mundo, que de otra manera perderían la vida en ausencia de un monitoreo adecuado o una infraestructura técnica y de recursos humanos insuficiente. La medicina intensiva, a diferencia de la atención médica suministrada a los pacientes en un servicio de urgencias, tiene como propósito suministrar el soporte vital a los sistemas orgánicos en los pacientes que están críticamente enfermos, quienes generalmente requieren supervisión y monitorización intensiva, actividad que exige una profesionalización y condiciones de infraestructura y equipamiento al más alto nivel, para responder adecuadamente a cualquier condición que ponga en riesgo la vida de los pacientes.

Los pacientes que requieren cuidados intensivos incluyen aquellos que han sufrido traumas graves, producto de accidentes o eventos violentos, así como aquellos que sufren cardiopatía isquémica, infartos o enfermedades coronarias, gran número de ellos en edad productiva. De igual manera, corresponde a la unidad de terapia intensiva de los establecimientos hospitalarios atender a quienes han recibido un trasplante de órganos, los pacientes en recuperación de cirugía mayor, de cáncer o de corazón abierto; por ello, generalmente requieren soporte en muy diversos rubros que involucran frecuentemente a especialistas en diversas ramas médicas, a fin de proporcionar una atención integral.

Los cuidados intensivos generalmente sólo se ofrecen a pacientes cuya condición sea potencialmente reversible y que tengan posibilidad de sobrevivir con la ayuda de los cuidados intensivos. No obstante, los enfermos críticos están cerca de la muerte y, por tanto, el resultado de ésta intervención es fundamental para el suministro de tratamientos adecuados que permitan superar dicha condición, frente a un gran número de padecimientos, consumiendo un alto porcentaje del presupuesto de los hospitales, aunque con la satisfacción de reintegrar hasta en un 90 por ciento a los pacientes a una vida activa.

En México el Sistema Nacional de Salud tiene como función principal garantizar la prestación de servicios de salud a la población que lo demande, en condiciones de calidad, eficiencia y equidad. Para tal propósito es necesario que las instituciones de salud de los sectores público, social o privado cumplan con los requisitos para el funcionamiento correcto de los servicios, así como el cumplimiento de las características y perfiles idóneos para otorgar la atención médica en condiciones adecuadas.

El caso de las unidades de terapia intensiva en nuestro país ha sido la excepción, pues no se cuenta con lineamientos que obliguen a cumplir con mínimos indispensables a los establecimientos para la prestación de estos servicios de salud. La atención en unidades especializadas permite disminuir los costos de un tratamiento inadecuado; sin embargo, muchos establecimientos no cuentan con la infraestructura adecuada para brindar tales servicios.

Esta situación constituye un riesgo importante para los pacientes internos en las unidades de terapia intensiva en los ámbitos neonatal, pediátrico y de adultos, de establecimientos para la prestación de servicios de salud que no cumplen con condiciones mínimas de calidad y seguridad.

Una normativa adecuada permitiría garantizar capacidades técnicas, profesionales y de infraestructura mínimos requeridos para estas áreas especializadas, a niveles internacionalmente aceptados, a fin de reducir los tiempos de hospitalización, eventos adversos y afrontar los requerimientos que nuestro país demandará, en virtud del envejecimiento de la población y la actividad productiva.

Por lo expuesto, me permito presentar a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que establezca criterios claros de estructura, funcionamiento y atención en los servicios de terapia intensiva para los pacientes de los establecimientos destinados a la prestación de servicios de atención médica en todo el territorio nacional, así como las condiciones mínimas de infraestructura, equipamiento, recursos humanos y técnicos que deberán reunir dichos establecimientos para prestar los servicios de esta especialidad.

Diputados: Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Efraín Morales Sánchez , Juan Abad de Jesús , Efraín Arizmendi Uribe , Daniel Dehesa Mora , Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Roberto Mendoza Flores , Miguel Ángel Navarro Quintero , Jorge Quintero Bello (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Salud.



ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió del diputado Armando García Méndez, de Alternativa, proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a que dicte las medidas conducentes a fin de que se traslade el Archivo General de la Nacióna un edificio apropiado, ubicado en un lugar que reúna las características necesarias para la conservación científica de los documentos que en él se guardan, para evitar su desintegración.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a dictar las medidas conducentes a trasladar el Archivo General de la Nación a un edificio apropiado, con las características necesarias para garantizar la conservación científica de los documentos y evitar su desintegración, a cargo del diputado Armando García Méndez , del Grupo Parlamentario de Alternativa

El suscrito, diputado Armando García Méndez , del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, con fundamento en lo previsto en los artículos del 58 al 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a ordenar que sea trasladado el Archivo General de la Nación a un edificio construido en lugar apropiado y que reúna las características aconsejadas por la ciencia, para la conservación de los documentos valiosos, guardados en tal archivo, incluyéndose la digitalización y otros adelantos tecnológicos, para que puedan ser consultados en red y evitar su desintegración.

Antecedentes

El Archivo General de la Nación fue fundado en 1823 con el nombre de Archivo General y Público de la Nación, habiéndose instalado por primera vez en el Palacio Nacional. Su idea de formarlo fue del virrey Revillagigedo, quien desde 1790 inició las labores para formarlo con documentos de la Secretaría del Virreinato.

En la actualidad, depende de la Secretaría de Gobernación y representa un considerable esfuerzo para poner en manos de los interesados, investigadores históricos, principalmente los riquísimos fondos del mayor repositorio documental mexicano.

En 1982 el gobierno consideró conveniente concentrar en un solo edificio los documentos varios que se encontraban dispersos en archivos y se aprobó la recientemente desocupada penitenciaría de Lecumberri para su instalación, después de haberse efectuado las adecuaciones convenientes y necesarias.

En el Archivo General de la Nación se guardan inapreciables y valiosos documentos relacionados con la Independencia, la Reforma y la Revolución de 1919, los cuales, por ahora, están en peligro de desintegrarse por el paso del tiempo, pero principalmente por la pésima ubicación del edificio que los guarda, ya que tal construcción está a dos metros por abajo del nivel de la calle. Es como si estuviera en el fondo de una alberca, según define la doctora Patricia Galeana, quien fuera su directora general.

Un edificio, para que preserve los documentos, no debe tener fluctuaciones de humedad, de temperatura, ni tener aire contaminado, es el caso del lugar en donde se sitúa actualmente, ya que éste le resta vida a los documentos.

Dados los avances científicos y tecnológicos, el Archivo General de la Nación debe situarse en lugar apropiado, a efecto de permitir que sus documentos puedan ser digitalizados, que se puedan consultar en red y no se manipulen. Esto le daría una mayor duración, tal vez indefinida, a los valiosos documentos que guarda.

En mérito a lo expuesto, Alternativa Socialdemócrata y el suscrito, diputado federal, con fundamento en los artículos del 58 al 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía expedir el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a girar sus respetables órdenes, en el ámbito de la colaboración entre poderes, a los secretarios de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público a efecto de que el Archivo General de la Nación sea trasladado a un edificio que tenga los elementos modernos necesarios para la adecuada conservación de los valiosos documentos que albergue, incluyéndose los adelantos científicos y tecnológicos conocidos como digitalización o que se conozcan en lo futuro, para que puedan consultarse en red y no se manipulen, para cuyo efecto se asignen los fondos necesarios para este traslado que es de inaplazable necesidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2009.--- Diputado Armando García Méndez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Gobernación.



ESTADO DE MEXICO

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió del diputado Armando García Méndez, de Alternativa, proposición con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo del estado de México a que ordene la erección de un monumento a la memoria del doctor Gustavo Baz Prada, en el Paseo Tollocan, municipio de Toluca,Estado de México.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo del estado de México a ordenar la erección de un monumento en memoria del doctor Gustavo Baz Prada en el Paseo Tollocan, en Toluca, a cargo del diputado Armando García Méndez , del Grupo Parlamentario de Alternativa

El suscrito, diputado Armando García Méndez , del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, con fundamento en los artículos 58 al 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del estado de México a ordenar la erección de un monumento de proporciones adecuadas en el Paseo Tollocan, municipio de Toluca, estado de México, en memoria del ilustre mexicano y mexiquense doctor Gustavo Baz Prada.

Antecedentes

Es de sobra conocida la trayectoria del doctor Gustavo Baz Prada (1894-1987), quien fuera en dos ocasiones gobernador del estado de México (1914 y 1957), cirujano de renombre internacional, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y, al mismo tiempo, director de la Escuela Médico Militar. Asumió la presidencia de la Academia de Medicina; en 1938 fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); en 1940, secretario de Salubridad y Asistencia. Habiendo iniciado la construcción del Centro Médico Nacional, organizó los Hospitales del Niño, y de Nutrición, y ejecutó un plan de 37 hospitales en todo el país.

En 1952 fue nombrado director de la Industria Químico Farmacéutica; miembro desde 1964 del Consejo Superior de Salubridad y presidente del Hospital de Jesús. Durante 26 años (1920 a 1946) se dedicó a la docencia en la UNAM. Fue miembro del consejo consultivo del IEPES del Partido Revolucionario Institucional en 1972 y senador por el estado de México de 1976 a 1982. Obtuvo la medalla Belisario Domínguez. Falleció en la ciudad de México el 13 de octubre de 1987.

Difícil, casi imposible, igualar el historial de tan preclaro ciudadano mexiquense. El doctor Gustavo Baz Prada, junto con el jurisconsulto de relieve internacional doctor Isidro Fabela y con el profesor Carlos Hank González, son el triunvirato más ilustre del estado de México. Fabela y Hank ya tienen un monumento digno en la capital de mi estado, sólo falta el del doctor Baz, para reconocerle y honrarlo por sus méritos, que trascienden a todo el ámbito de la República Mexicana.

En mérito a lo expuesto, con fundamento en las disposiciones legales citadas, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de México a ordenar la erección de un monumento, digno del personaje a perpetuar su memoria, del doctor Gustavo Baz Prada, ínclito mexicano y mexiquense, en el Paseo Tollocan, municipio de Toluca, estado de México.

Palacion Legislativo, a 31 de marzo de 2009.--- Diputado Armando García Méndez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Junta de Coordinación Política.



ALIMENTOS PARA EL CONTROL DEL PESO CORPORAL

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió del diputado Armando García Méndez, de Alternativa, proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Saluda que informe a la ciudadanía los nombres y marcas de alimentos, bebidas y nieves que tengan sustituto del azúcar por edulcorantes que puedan ser consumidos por diabéticos y epilépticos, o por personas que deseen controlar el peso corporal, sin riesgo para la salud.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Salud a informar a los ciudadanos sobre los nombres y las marcas de alimentos, bebidas y nieves con edulcorantes inocuos para diabéticos, epilépticos o personas que deseen controlar su peso, a cargo del diputado Armando García Méndez , del Grupo Parlamentario de Alternativa

El suscrito, diputado Armando García Méndez , del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, con fundamento en los artículos 58,59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esa soberanía proposición con punto de acuerdo a efecto de que se exhorte al secretario de Salud a dar a conocer, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación y en periódicos de circulación nacional, cuáles de los alimentos y bebidas conocidas como lights tienen en realidad las características de sustituir los azúcares por edulcorantes, que puedan ser consumidas por enfermos de diabetes o epilepsia o por personas que deseen controlar el peso corporal, y prohibir la venta y retirar del mercado aquellos productos que, anunciándose con tales características, no la tengan.

Exposición de Motivos

De poco tiempo atrás se han venido anunciando alimentos, bebidas, nieves, de los cuales se dice que no contienen, o contienen en bajos porcentajes, azúcares, los cuales, por prescripción médica, no deben consumir los enfermos de diabetes o epilepsia; o en último caso, por personas que desean controlar el peso corporal.

Se dice que en tales alimentos y bebidas --sobre todo las carbonatadas--, conocidas como lights, se ha sustituido el azúcar por otros edulcorantes artificiales, tales como la sacarina, el aspartame, etcétera. Pero por los resultados en algunas personas se duda que efectivamente contengan los edulcorantes sustitutos que se dice, lo cual resulta un engaño y un atentado contra la salud de quienes los toman.

¿En realidad los productos cuyos nombres comerciales son, entre otros, sacarina, Canderel, Nutra Sweet, Sweet' s, pueden ser consumidos, sin riesgo, por los diabéticos o epilépticos o simplemente personas que desean controlar su peso? ¿Es cierto que el aspartame ha sido aprobado por la American Academy of Family Physicians Fundation de Estados Unidos de América? ¿Hay alguna norma mexicana que reglamente estos productos?

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley General de Salud.

En mérito a lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones legales arriba expresadas, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al secretario de Salud a informar a la ciudadanía los nombres y marcas de alimentos, bebidas y nieves que tengan sustituido el azúcar por edulcorantes que puedan ser consumidos por diabéticos o epilépticos o por personas que deseen controlar el peso corporal, sin riesgo para la salud, y, en su caso, prohibir la venta de los productos que no tengan esas características. Dicha información será publicada en el Diario Oficial de la Federación y en periódicos y revistas de circulación nacional.

Palacio del Poder Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2009.--- Diputado Armando García Méndez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Salud.



GENERACION DE EMPLEOS

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a que implante una política de diseño integral a fin de impulsar la competitividad de las empresas y la generación de empleos, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de Prospectiva para la Definición del Futuro de México y de la Comisión de Economía.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar una política de diseño integral a fin de impulsar la competitividad de las empresas y la generación de empleos, suscrita por integrantes de las Comisiones Especial de prospectiva para la definición del futuro de México, y de Economía

Los que suscriben, diputados federales de la LX Legisladora del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, párrafo 1, inciso c); 42, párrafo 1, y 43, párrafos 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde hace varias décadas la competitividad de las empresas mexicanas se ha basado en estrategias de costo y calidad 1 , sin embargo el entorno económico actual obliga a replantearse nuevas estrategias, nuevas formas de actuar y de pensar. Hoy más que nunca el diseño como innovación juega un papel importante en la economía de las empresas y en consecuencia en la macro economía de los países.

El diseño, en cualquiera de sus especialidades, es el eslabón entre la creatividad y la innovación; innovación que se ve reflejada a través de la capacidad de una empresa para diseñar, desarrollar y patentar productos y servicios con un alto valor agregado. El diseño es por lo tanto, un proceso basado en el pensamiento estratégico, cuyo objetivo es la concepción de productos, mensajes visuales, espacios y servicios, para generar ventajas competitivas por medio del incremento del valor2

El diseño en sociedades avanzadas juega un papel importante en la productividad de las empresas, en el desempeño de los gobiernos y organizaciones, así como en el incremento de la calidad de vida de los ciudadanos3. El diseño es indudablemente un elemento estratégico en el desarrollo económico y social de una nación.

Debido a la globalización que hoy vivimos, un gran número de países están afrontando nuevas condiciones de desa-rrollo. Para alcanzar este objetivo, diversos gobiernos han implantado Políticas de Diseño 4 , en el que el diseño es considerado una herramienta estratégica que propicia la competitividad y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. El diseño de forma estratégica posibilita la diferenciación de los productos, mejora la producción, reduce costos, crea una identidad e imagen favorable y cuida y preserva el medio ambiente.

México es uno de los principales actores de esta nueva dinámica mundial al haber firmado un gran número de acuerdos comerciales que permiten a sus empresas llegar a nuevos mercados, pero nuestros mercados también se han vuelto los de otros, por lo que competir con precio y calidad ya no es suficiente.

Las empresas mexicanas deben entonces buscar nuevas formas de ser competitivas, deben ser creativas, deben ser innovadoras, deben por lo tanto, aprovechar el ingenio de su gente y es que este nuevo orden mundial afecta a cualquier empresa, sin importar su tamaño o el sector productivo en el que se desenvuelva.

A pesar de ser México un país que se ha caracterizado por el ingenio de su gente no hemos desarrollado instrumentos, programas o políticas públicas que alienten la explotación positiva de ese talento a través del uso y aplicación del diseño. El Foro Económico Mundial, FEM, y el Instituto Internacional para la Administración del Desarrollo, IMD, ambos en Suiza, señalan que la productividad es determinante en la competitividad de un país y esto se confirma al ver los índices de competitividad alcanzados por México en los últimos años, de donde pasamos del lugar 33 en el año 2000 al 53 en el 2006. Como un ejemplo de dicha situación es lo acontecido en el sector de la industria textil donde su contribución del PIB manufacturero paso de 4.0 por ciento al -0.1 por ciento 5 .

Actualmente en el Índice de Competitividad Global 2008-2009, publicado por el Foro Económico Mundia 6 , México alcanzo la posición 52 de los 131 países analizados, pero su retroceso se hizo más evidente en el rubro de innovación, donde ocupó el lugar 71, seguido de su desempeño en educación superior y capacitación, parámetro donde retrocedió al lugar 72.

A pesar de que el bajo desempeño competitivo de México, se hecho evidente en los últimos años, la aportación de la llamada ``Economía Creativa'' al Producto Interno Bruto Mexicano, PIB, es de casi el 7 por ciento; porcentaje superior al alcanzado por el PIB total de México pero inferior al monto mundial que es casi del 9 por ciento 7 .

Esto nos permite afirmar que el elemento ausente entre la creatividad y la innovación es el diseño. Podemos señalar que el mexicano es un pueblo creativo pero no innovador, por lo que hace falta entonces sumar el factor conocimiento. Consideramos entonces que una forma de poder articular estos tres elementos es a través del establecimiento de una Política Nacional de Diseño.

La experiencia internacional ha demostrado que, bien llevada a cabo, una política de diseño permite aprovechar la creatividad de sus habitantes para elevar su calidad de vida. Dos son los casos históricos más sobresalientes, el primero corresponde a Inglaterra, país que bajo la administración de Winston Churchill creara en 1944 el Consejo Británico de Diseño, organismo enfocado a la promoción del diseño y la reconstrucción de la industria británica. 8

El segundo caso lo conforma Japón, coincidentemente una isla también, que a falta de recursos naturales como petróleo y acero, así como de un espacio suficiente para la ganadería, ha tenido que importar una gran cantidad de materias primas, las cuales a través del diseño son transformadas en productos y servicios de alto valor agregado, por ejemplo, automóviles, aparatos eléctricos e instrumental médico, entre otros. La carencia de estos recursos y la sensibilidad de su gente llevó al gobierno japonés a establecer en 1928 una serie de organismos civiles y estatales que aseguraran la cultura del diseño, ya para 1959 se desarrolla entonces la primera política de diseño, misma que después de varias reformas es replanteada nuevamente en 1993. Es importante mencionar que así como Inglaterra y Japón lideran las iniciativas de políticas de diseño en Europa y Asia, Canadá hace lo mismo en el continente americano pues en 1961, su gobierno aprobó un acta constitutiva que apoyaba la creación del Consejo Nacional del Diseño y el organismo: ``Diseño Canadá''.

Recientemente en Europa continental, las naciones escandinavas se han abocado a implementar políticas nacionales de diseño, siendo Dinamarca y Finlandia los países más avanzados. El primero de ellos, estableció su primera política de diseño en 1997 y la más reciente en el 2005, mientras que Finlandia lo hacía en el año 2000 con miras al 2005. Actualmente en Asia, Japón y Corea han replanteado sus políticas, mientras que Taiwán, Indonesia y Tailandia han implantado diversos planes e iniciativas en las cuales a través del diseño se busca alcanzar mayor desempeño macroeconómico, continua difusión cultural y un mayor bienestar para sus habitantes 9 .

Países como Finlandia, Dinamarca, Singapur, Japón, Holanda, Nueva Zelanda y Corea, se encuentran dentro de los 25 países más prósperos, según el nivel de competitividad alcanzado en 2006, cuyos gobiernos han establecido programas o políticas de diseño cuyos instrumentos de ejecución han sido, entre otros, la implantación de centros de diseño.

Los centros de diseño son entidades de apoyo a los programas y políticas de innovación y diseño emprendidos por los gobiernos; la función principal de estos centros es promover el uso de diseño en las empresas, particularmente entre las Pequeñas y Medianas Empresas, Pymes, así como de la promoción y reconocimiento de los mejores diseños generados por éstas. Uno de los objetivos intrínsecos de los centros es generar una cultura del diseño en los diversos ámbitos de las empresas y en los diversos tipos de empresas, ya sean estas del ramo manufacturero, comercial y de servicios, y es que todas las compañías sin excepción alguna requieren del diseño no solo para crecer sino para defender su posición en el mercado. Dentro de las principales funciones de los centros de diseño de Inglaterra, Dinamarca, Barcelona, Corea, Taiwán, y Japón, destacan las siguientes:

• Asistencia técnica, ofreciendo asesoría especializada en el desarrollo de nuevos productos, tanto en el proceso como en la concepción del producto mismo, así como en el diseño de las comunicaciones necesarias para informar e identificar los atributos de estos nuevos productos, negocios e inclusive empresas.
• Servicios de información, los cuales tienen la capacidad de ofrecer información relacionada con tendencias de mercado, nuevas tecnologías y ofertas exportables, así como de ser el vínculo de comunicación entre los empresarios con empresarios, y estos con la comunidad de diseño.
• Promoción del diseño, los cuales difunden por diversos medios y acciones los beneficios de la aplicación del diseño y el impacto que éste tiene en los negocios y la calidad de vida de la población es tarea de los centros promotores de diseño. En la medida que esto se haga más las empresas y particularmente las PyMES se moverán de estrategias de costo a estrategias de diferenciación y alta segmentación donde el valor agregado es más percibido por el cliente.
• Entrenamiento técnico de alto nivel, el cual se encarga de la capacitación constante sobre el cómo competir con diseño en un entrono altamente demándate y globalizante es necesaria para mantener presencia en los mercados y expandir los nichos de mercado.
• Gestión de negocios, en los cuales la gran mayoría de los centros funcionan como asesores en la gestión de las actividades empresariales de las empresas que acuden a ellos, a fin de apoyar la realización de trámites ante instancias gubernamentales locales o federales.

En cuanto a los países latinoamericanos, Argentina, Brasil, Colombia, y Chile han establecido programas de diseño y diversos centros de diseño tanto metropolitanos, regionales e inclusive federales, los cuales actúan como brazo ejecutor de esas políticas o programas de diseño. Cabe destacar que Brasil ha sido el más adelantado en usar el diseño estratégicamente ya que cuenta con una industria manufacturera pujante que lo mismo le demanda diseñar zapatos, que aviones y automóviles, entre otros productos. Para asegurar su desarrollo productivo y competitividad internacional, el gobierno brasileño estableció a finales de los años 80´s su primer programa de diseño y posteriormente en 1995 el ``Programa Brasileño de Diseño''. Recientemente y con el objetivo de perfilar a ese país cómo el líder en el uso y aplicación del diseño en Latinoamérica, su gobierno lanzó en 2001 un nuevo programa llamado ``Via-Design'' con la meta central de promover el uso del diseño en las PyMES locales.

Al ser el diseño un elemento presente en nuestra vida cotidiana, la política de diseño puede tener un impacto positivo en los 5 ejes temáticos propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012. Sin embargo, dentro de los ejes de economía competitiva; igualdad de oportunidades; así como desarrollo sustentable, el diseño puede tener un mayor impacto en el corto y mediano plazo, con objetivos alcanzables al 2012.

En el país existe un Centro Promotor de Diseño, el cual es un fideicomiso constituido por instituciones públicas y de la iniciativa privada como Nacional Financiera, Banco Nacional de Comercio Exterior, la Secretaría de Economía, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, IBM y Mexinox, cuya misión es generar ventajas competitivas, como innovación y valor agregado a los productos y servicios, incrementando la competitividad con especialistas que conforman un grupo interdisciplinario. Sin embargo, y ante la embestida de países asiáticos como China, se hace necesario replantear la estrategia a seguir para hacer frente a la competencia e impulsar la productividad y la competitividad de las empresas mexicanas.

Es por esto que resulta necesario adoptar como país programas y actividades tendientes a impulsar una Política de Diseño para México y hacer una evaluación profunda de aquellas instituciones públicas encargadas de impulsar esta política con el fin de revisar si se están cumpliendo con sus objetivos y que el recurso asignado está siendo utilizado de forma tal que ayude a la consecución de los objetivos planteados.

Por estas razones, los suscritos diputados, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a implantar programas y actividades tendentes a impulsar una política de diseño integral, en la cual se establezcan los principios, objetivos y estrategias que permitan impulsar la competitividad de las empresas y la generación de empleos a partir de políticas y lineamientos que contemplen la aplicación de diseño a través de aspectos tecnológicos, económicos, ambientales, culturales y de promoción que contribuyan a reforzar el desarrollo sustentable del país.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a revisar el funcionamiento del organismo público denominado Centro Promotor de Diseño México, con el propósito de valorar sus resultados y analizar la efectividad de sus procesos internos.

Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal a revisar si las funciones y atribuciones del Centro Promotor de Diseño México, están alineados a centros similares establecidos en países de vanguardia, haciendo frente a los nuevos retos de la globalización y verificar que cumpla a cabalidad con los requerimientos y necesidades de apoyo al sector productivo del país.

Cuarto. Se exhorta a Ejecutivo federal a que el Centro Promotor de Diseño México, presente a esta soberanía un informe actualizado del apoyo que ha brindado a las empresas del país.

Notas: 1 Frias Julio, The Strategic Role of Industrial Designers developing innovative products, PhD Thesis, Nottingham University Business School, England 2005.2 Bruce Margaret y Bessant John, Design in Business, Strategic Innovation through Design , The Design Council and Prentice Hall, England, 2002.3 Heskett John, El diseño en la vida cotidiana , Gustavo Gili, Barcelona 20044 Frías Julio, El diseño de una Política de Diseño, a! diseño, No.90, México D.F., Junio 2008.5 Datos de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, del IMSS, y de la WTA.6 World Economic Forum , The Global Competitiveness Report 2008-2009, Suiza 2008. 7 Revista Este País , paginas 10-15, México D.F. Julio del 2008.8 Acceso en línea: http://www.designcouncil.org.uk/en/Design-Council/1/What-we-do/Our-history/, Noviembre 11, 2008.9 Heskett John, idem .
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2009.
La Comisión Especial de prospectiva para la definición del futuro de México, diputados: Javier Martín Zambrano Elizondo , Alberto Amador Leal , Esmeralda Cárdenas Sánchez , Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo , Alejandro Enrique Delgado Oscoy , Jesús Vicente Flores Morfín , Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante , Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo , Josefina Salinas Pérez, Juan Ignacio Samperio Montaño , Gerardo Sosa Castelán (rúbricas)
La Comisión de Economía, diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas , secretarios; Jericó Abramo Masso, Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Antonio Berber Martínez (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum , Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Martín Malagón Ríos (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica), Octavio Martínez Vargas , Susana Monreal Ávila , José Amado Orihuela Trejo , Mauricio Ortiz Proal , Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica), Raúl Ríos Gamboa , Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho , Alberto Amaro Corona , Joaquín Humberto Vela González , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Economía.



DISTRITO FEDERAL

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió del diputado Moisés Gil Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa delDistrito Federala que revise la Ley de Establecimientos Mercantiles delDistrito Federalen lo relativo al sector turismo y al incremento en los niveles de desempleo.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF a revisar la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal en cuanto al sector turismo y al incremento del desempleo, a cargo del diputado Moisés Gil Ramírez , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, licenciado Moisés Gil Ramírez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad conferida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 58 y 59, y demás ordenamientos aplicables, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, a efecto de exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a revisar la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, en virtud de su imprecisión respecto a la responsabilidad atribuida al Gobierno del Distrito Federal y a los órganos político administrativos para salvaguardar la economía popular y el empleo, así como la exigüidad de la normatividad en materia de promoción del turismo y la cultura de modificación de los patrones que determinan hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la salud y el uso óptimo de los servicios consumidos, proponiendo para ello adicionar un párrafo a los artículos 38, y 39, y reformar el artículo 44 de la citada ley, lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

Aunque no es algo nuevo la recesión de México, los inversionistas han reaccionado ante la amenaza de una mayor agudización de la contracción de la economía mexicana en 2009, vislumbrando un crecimiento económico limitado, que amenaza con el incremento del desempleo y la pobreza.

Tomando en cuenta el panorama desalentador de la crisis actual y los efectos de las reformas estructurales para acelerar el crecimiento, la reciente Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, produce sensaciones de malestar entre los inversionistas, por las expectativas que frenan el consumo, la inversión, el gasto e incluso las importaciones; en este sentido, los costos que representan para muchos individuos los cambios de empleo o la necesidad de adaptarse a nuevas condiciones de producción, tienen un efecto multiplicador en la agudización de las variables económicas.

La volatilidad económica (medida por la desviación estándar del crecimiento de los últimos cinco años), la inflación o la distribución del ingreso, son variables macroeconómicas que podrían incidir en la satisfacción de condiciones de existencia. En esta lógica, el empleo tiene una influencia positiva, considerable y significativa en todas las dimensiones de la satisfacción personal.

La Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, vigente a partir del 25 de febrero de 2009 hace alusión a lo antes expuesto, ya que al abrogar la anterior Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, provocó la reforma y adición de diversas disposiciones en el ámbito local, ocasionando la pérdida masiva de empleos, en un momento, donde la economía nacional se ve vulnerada por el contexto financiero mundial, además de que provocó en los trabajadores de establecimientos afectados por la citada ley, una carencia en la satisfacción de necesidades materiales de existencia y su obligatoria correspondencia con el desarrollo social y la satisfacción personal.

Los elementos que afectan la economía popular de la citada ley, se contemplan en sus artículos 38 y 39, al modificar los horarios de prestación de servicios para establecimientos con licencias ordinaria o con impacto zonal. En estos artículos, el mayor perjuicio es para la clase trabajadora que se vulnera ante el incremento de despidos, y el sector turismo, que disminuye la atracción de visitantes, por la carencia de variedad en la oferta turística nocturna. Cabe hacer mención de que la nueva ley no contempló como medida para ponerse en marcha un plan de culturización ciudadana que modifique los patrones de consumo de bebidas alcohólicas y control de fumadores y determine sus hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la salud, como se hace en otros países, principalmente en Europa; en este sentido, sólo se traslada el establecimiento mercantil de la regulación gubernamental, a la clandestinidad.

Citando a la encuesta polietápica ``Perfil del turista que visita la Ciudad de México'', realizada por el Gobierno del Distrito Federal y la Universidad Autónoma Metropolitana, en febrero de 2009, las personas nacionales que visitan la capital entre los rangos de 24 a 35 años ascienden a 30 por ciento del total, y contando el rango entre 24 y 41 años, se eleva hasta el 44.25 por ciento, cifra que comprende las edades con mayor afluencia a eventos nocturnos. Tomando en cuenta los motivos principales para viajar a la Ciudad de México, la respuesta como primera opción respecto al placer o diversión ocupan el 11.75 por ciento, tan sólo por debajo del 33.25 por ciento con motivos de trabajo y negocios, y 30.75 por ciento que visitan a sus familiares o amigos; como respuesta de segunda opción el placer o diversión obtuvo el 7.25 por ciento sólo detrás de la visita a familiares o amigos que indican un 11.50 por ciento. Del total de encuestados, el 29.75 por ciento se aloja en hoteles; con la ley operable en el Distrito Federal, se afecta también de manera indirecta a la ocupación hotelera local.

Respecto a la afluencia de turistas internacionales, el 39.86 por ciento visita la Ciudad de México por placer o diversión, siendo ésta el principal motivo de estancia en nuestro país; el rango de edad de turistas entre 24 y 35 años es de 28.67 por ciento, y si se toma en cuenta entre 24 y 41 años, asciende a 42.66 por ciento, como segunda opción de respuesta la cultura ocupa el primer lugar con 10.49 por ciento y el placer o diversión se coloca en un segundo plano con el 6.99 por ciento. La muestra de encuestados indicó que el 55.94 por ciento se alojó en hoteles, los cuales prefirieron en su mayoría los situados en el centro histórico, con un 31.47 por ciento visitantes que pasan entre 4 y 7 noches hospedados en la ciudad. El mayor número de turistas, proviene de California, Alemania, Francia, España y Ontario, aunque existe mucha presencia de ciudades de los Estados Unidos de América.

La Secretaría de Turismo del Distrito Federal considera como categorías para diversión nocturna las siguientes zonas de alto impacto turístico: Aeropuerto--Foro Sol, Centro Histórico--Alameda, Chapultepec--Polanco, Condesa--Roma, Coyoacán, Iztapalapa--Central de Abasto, norte--Basílica de Guadalupe, Periférico Sur--Ajusco, Santa Fe--Desierto de los Leones, Tlalpan--Taxqueña, Torre Mayor--Zona Rosa, y World Trade Center--San Ángel--Ciudad Universitaria, aunque la mayoría de los establecimientos se concentran en la Zona Rosa, San Ángel, Centro Histórico, Polanco, Roma o Condesa, albergando una buena cantidad de negocios, que regularmente son concurridos todos los días, registrando mayor afluencia los viernes y sábados, aunque muchos funcionan a partir del miércoles.

Los ingresos por turismo en México a enero de 2009 registraron mil 192 millones de dólares, contra mil 289 millones de dólares en enero de 2008, lo que representa una pérdida de 97 millones de dólares respecto al mismo mes del año anterior. Esta situación pone en evidencia que, a pesar de los resultados generalmente buenos del turismo mexicano, existen condiciones de fuerte competencia internacional que pueden afectar el comportamiento de los flujos turísticos, debido principalmente a una modificación progresiva de los patrones de comportamiento y las expectativas de la demanda.

El turismo, es cada vez más visto como un sector de actividades con grandes virtudes, tanto por su capacidad de impulsar una mayor relación con el resto del mundo, como por su potencial en la generación de divisas, por la creación de empleos, y por sus aportaciones potenciales para el de-sarrollo de las regiones rezagadas.

Quizá el aspecto más relevante que merece ser señalado es que la forma de concebir el turismo en México merece una mutación importante en los conceptos, la forma de actuar de los empresarios y la regulación del Estado mexicano en la materia. El diagnóstico de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal va en el sentido de evidenciar la urgencia de modificar las pautas de operación del modelo turístico. Si bien es imprescindible valorizar lo hecho en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al mismo tiempo es esencial plantear que ciertas orientaciones del pasado han perdido sentido en el estado actual del mundo, mientras que ciertas acciones, entre las cuales aquéllas que han apoyado la diversificación del modelo turístico, merecen ser reforzadas y volverse, en algunos casos, líneas prioritarias para el futuro cercano.

La ley en muchos apartados presenta una ambigüedad normativa, derivada de la falta de justificación de sus artículos; ejemplo de ello es la proscripción para exigir pagos por concepto de propina, gratificación, cubierto o conceptos semejantes, sin determinar la obligatoriedad de los establecimientos a contratar de conformidad con la ley a sus empleados. Asimismo, la ley establece que por la contravención a sus disposiciones, dará lugar al aseguramiento de las bebidas alcohólicas, imposición de sanciones económicas, suspensión temporal de actividades, clausura de establecimientos mercantiles y la revocación de las licencias de funcionamiento, de las declaraciones de apertura, permisos, o autorización, pero deja muy abierta la ejecución al Reglamento de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, posibilitando la corrupción de funcionarios de los órganos políticos administrativos o del Gobierno del Distrito Federal, que muchas veces sólo enfatiza en una supervisión. En el mismo sentido, el artículo 44 de la ley operable en el Distrito Federal afecta en la derrama económica de la entidad, al prescindir de atractivos turísticos como la barra libre, sin haberse legislado debidamente sobre el servicio prestado con los controles necesarios para eliminar la competencia desleal, la venta de bebidas adulteradas y la supervisión adecuada de instancias gubernamentales.

Es importante reconocer al mismo tiempo los aciertos de la ley, por mencionar algunos, la obligatoriedad de accesibilidad y disponibilidad de preservativos a los usuarios, y la clausura permanente de negocios que produzcan y expendan bebidas adulteradas, con sustancias químicas que puedan afectar la salud del consumidor u otro tipo de productos de baja calidad u origen desconocido, sujetándose al procedimiento de revocación de oficio de las licencias.

Sin embargo, la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal se convierte también en una variable liberadora de mano de obra, que ante el desabasto de oferta de empleo, provoca flujos migratorios hacia el interior de la república o al extranjero. El desempleo abierto ocasionado tiene dos rasgos universales: de manera característica presenta tasas más elevadas entre los jóvenes que en el resto de la población, quienes son despedidos por falta de experiencia y nivel de estudios principalmente. Asimismo, los niveles que registra el desempleo abierto entre las mujeres es mayor que entre los hombres; la combinación de edad y sexo da por resultado que la tasa de desempleo abierto en las mujeres de 12 a 19 años puede llegar a ser hasta tres veces mayor que la tasa general de desempleo, como llegó a ocurrir en México a nivel urbano en 1997. Son las redes familiares las que sustituyen la seguridad social y en ellas ciertos miembros pueden correr riesgos y aprovechar oportunidades, mientras otros garantizan la continuidad del funcionamiento de esa red.

El desempleo abierto no tiene que ver con la riqueza o pobreza de un país, sino con la flexibilidad o rigidez, eficiencia o ineficiencia de sus mercados laborales; así se entiende a la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal con un carácter muy rígido, que imposibilita la inversión y la permanencia del empleo, lo cual obliga a su revisión y adecuación.

En el presente punto de acuerdo, se han plasmado una serie de orientaciones consideradas como decisivas para alcanzar el escenario de consolidación del turismo al cual se anhela. Independientemente de la revisión detallada de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal se puede afirmar que es central para el desarrollo de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, que el modelo de turismo nocturno se vuelva cada vez más competitivo, adecuándose a nuevas orientaciones del mercado, aprovechando las tecnologías de punta, etc. Sigue siendo, uno de los pilares del turismo local, pero por otra parte, se quiere propiciar un cambio de mentalidades hacia la comprensión de que la diversificación es esencial: no se puede pensar que el turismo de la Ciudad de México mantenga su capacidad de crecimiento si no se da un espacio relevante al impulso a otras formas de ``hacer turismo'', expresión que implica tanto la perspectiva del consumidor que anhela un turismo diferente y diversificado, como la visión del empresario que puede encontrar en un hacer turismo diferente, fuentes renovadas de expansión de sus actividades.

Si las orientaciones anteriores son, en cierta forma, la punta de lanza del planteamiento de la revisión de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, existen otros dos por lo menos, que son igualmente relevantes: en primer lugar, es esencial revalorizar el papel que juega en la economía, el mercado interno del turismo; en segundo lugar, no es posible pensar que el desarrollo del turismo hacia un modelo rectificado y por ende más competitivo, podrá lograrse sin el apoyo efectivo del Estado mexicano. En este caso, es central que el apoyo no vuelva a derivar en formas intervencionistas, sino en un apoyo de tipo ``facilitador'', de concertación y de orientación, tal y como se plantea en esta propuesta.

El modelo de desarrollo turístico de la Ciudad de México se debe componer de aspectos relacionados con la oferta y la demanda, como atractivos, planta turística e infraestructuras asociadas, promoción y comercialización, así como su aprovechamiento para responder a problemas coyunturales y estructurales del país, por ejemplo impacto en la balanza comercial, empleos, ocupación de territorios y seguridad nacional, entre otras.

En cuanto al objetivo rector, el modelo turístico del Distrito Federal se centró en la generación de divisas, aunque estuvieron presentes otros dos elementos en el discurso y la argumentación de la importancia del turismo como actividad estratégica del estado: la creación de empleos y el de-sarrollo regional.

Respecto a los criterios de diseño urbano, las zonas turísticas se separan de la zona habitacional para la población. En las políticas locales, se da prioridad a las primeras, tanto en lo concerniente a los servicios públicos, como de entretenimiento y paisaje urbano, provocando una dicotomía que resulta contraproducente para los habitantes locales, pues generalmente la infraestructura de la zona local termina por resultar insuficiente, tanto por el crecimiento poblacional que genera la migración hacia estos destinos, como por la presión de las instalaciones de los servicios turísticos.

La participación de las grandes empresas: líneas aéreas, hoteleras (cadenas y empresas constructoras) y touroperadores, cuyo poder de interlocución a través de asociaciones o inclusive en lo particular, dado el peso específico de cada una de ellas, ha ganado el liderazgo en la concepción de las políticas y el acceso a apoyos institucionales. Las pequeñas y medianas empresas, cuya contribución al turismo es muy importante en servicios diversos a la hotelería, tienen una deficiente cultura empresarial y capacidad de interlocución y organización, que los ha puesto en una situación de desventaja, que deberán resolver. En cuanto a la participación del sector público, tradicionalmente, el turismo ha sido una actividad altamente dependiente e intervenida por el Estado.

En concordancia con lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en los términos que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos legales aplicables, a revisar la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, en virtud de su imprecisión respecto a la responsabilidad atribuida al Gobierno del Distrito Federal y a los órganos político administrativos, para salvaguardar la economía popular y el empleo, así como la exigüidad de la normatividad en materia de promoción del turismo y la cultura de modificación de los patrones que determinan hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la salud y el uso óptimo de los servicios consumidos, proponiendo para ello adicionar un párrafo a los artículos 38, y 39, y reformar el artículo 44 de la citada ley, en los términos siguientes;

Artículo 38. ...
...
...
Los horarios de venta o distribución de bebidas alcohólicas para salones de fiestas y restaurantes, podrán ser modificados hasta las 4:00 horas de jueves a sábado, de acuerdo con un estudio previo sobre la importancia por derrama económica que generan a las finanzas del Distrito Federal, realizado por la unidad responsable en el órgano político administrativo.
Artículo 39. ...
...
En zonas con alto impacto turístico avaladas por la Secretaría de Turismo del Distrito Federal, los horarios de servicio serán de las 10:00 horas a las 5:00 horas del día siguiente, y el horario de venta de bebidas alcohólicas será a partir de las 10:00 a las 4:30 horas.
Artículo 44. Queda estrictamente prohibida la modalidad de barra libre o cualquier promoción similar, a todos los establecimientos con licencias ordinaria o especial, que no comprueben ante el órgano político administrativo correspondiente, la procedencia legal de las bebidas alcohólicas, así como la operación de sus servicios sin elementos de competencia desleal, acreditada por la Procuraduría Federal del Consumidor.
En los lugares donde exista cuota de admisión general o se cobre el pago por derecho de admisión, no se podrá exentar el pago del mismo ni hacer distinción en el precio, en atención al género o cualquier otra forma de distinción.
...
...
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2009.--- Diputado Moisés Gil Ramírez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Turismo.



REGIMEN DE PROTECCION ESPECIAL DEL MAIZ

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió de la diputada Beatriz Manrique Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, proposición con punto de acuerdo relativo al régimen de protección especial del maíz.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Proposición con punto de acuerdo, relativo al régimen de protección especial del maíz, a cargo de la diputada Beatriz Manrique Guevara , del Grupo Parlamentario del PVEM

Beatriz Manrique Guevara , integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La introducción de maíz transgénico en México está comprobada desde 2001 y hasta la fecha ha sido ampliamente documentada en 8 ocasiones, esto a pesar de que aún no están autorizadas las siembras experimentales. 1

La siembra de maíz transgénico en nuestro país, sin importar la finalidad, ignora el principio precautorio referido en el Protocolo de Cartagena, que fue ratificado por México en 2002 y entró en vigor en 2003.

Artículo 1o. De conformidad con el enfoque de precaución que figura en el Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del protocolo es contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana y centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos.

Adicionalmente, en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2005, se establece que el maíz está sujeto a un régimen de protección especial.

Artículo 2. Para cumplir su objeto, este ordenamiento tiene como finalidades
XI. Determinar las bases para el establecimiento caso por caso de áreas geográficas libres de OGM, en las que se prohíba y aquellas en las que se restrinja la realización de actividades con determinados organismos genéticamente modificados, así como de cultivos de los cuales México sea centro de origen, en especial del maíz, que mantendrá un régimen de protección especial.

La importancia de que el maíz tenga un régimen de protección especial es aún mayor si consideramos que nuestro país es centro de origen de esta planta. En el artículo 86 de la misma Ley de Bioseguridad se indica que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) establecerán en los acuerdos que expidan las medidas necesarias para la protección de dichas especies y áreas geográficas.

Para dar cumplimiento a la Ley de Bioseguridad, el 10 de noviembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial el acuerdo por el que se publican las conclusiones contenidas en los estudios del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), para determinar los centros de origen y centros de diversidad genética de maíz en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

Posteriormente, el 15 de noviembre de 2006, la Sagarpa publicó el aviso por el que se establece el régimen de protección especial del maíz para el caso de liberaciones experimentales de maíz modificado genéticamente, en función del acuerdo previamente citado. 2

Reforzando estas disposiciones oficiales, el Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados fue publicado el 19 de marzo de 2008 en el Diario Oficial, y señala lo siguiente con respecto al maíz:

Artículo 65. El régimen de protección especial del maíz se conformará por las disposiciones jurídicas relativas a la bioseguridad que establezca la autoridad.
Transitorio Octavo. Dentro de los sesenta días siguientes a la entrada en vigor de este reglamento, la Semarnat y la Sagarpa deberán emitir las disposiciones jurídicas relativas a la bioseguridad que conformen el régimen de protección especial a que se refiere el artículo 2, fracción XI, de la ley, que sean necesarias para resolver las solicitudes de permiso de liberación de maíz.

La Semarnat y la Sagarpa podrán solicitar opinión a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) respecto a la formulación de las disposiciones jurídicas señaladas en el párrafo anterior.

Las solicitudes de permiso de liberación del maíz serán resueltas por las secretarías competentes conforme a lo señalado en el párrafo primero de este artículo.

Con la finalidad de cumplir con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el 4 de abril de 2008 Sagarpa presentó ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) el anteproyecto titulado ``Acuerdo por el que se establecen las disposiciones jurídicas relativas a la bioseguridad que conforman el régimen de protección especial del maíz, necesarias para resolver las solicitudes de permisos de liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado'' y su respectiva manifestación de impacto regulatorio. 3

El 30 de abril de 2008 el Consejo Consultivo Científico (CCC) de la Cibiogem realizó los siguientes comentarios al anteproyecto, en su carácter de órgano de consulta obligatoria: 4

• Es sólo una parte de lo que debiera ser el régimen de protección especial del maíz, por lo que el documento bajo consulta en la Cofemer resulta bastante vago, incompleto e inconsistente con el espíritu de la Ley de Bioseguridad, puesto que no garantiza plenamente que en el caso de liberación del maíz al ambiente se logre la seguridad objetivo de la ley.
• Expresa solamente una parte de lo que debe ser un sistema integral de protección del maíz, ya que no especifica, por ejemplo, la diferencia entre maíz liberado experimentalmente en ensayos piloto o la liberación comercial, aspecto que es fundamental aclarar en un régimen de protección del maíz.
• La disposición ``cuarta'' deja a los promoventes la declaración sobre las liberaciones de maíz y especificación de las características que impidan o limiten su uso alimentario, lo que deja en indefensión la bioseguridad.
• En el Capítulo V, artículo XIII, se estipula que ``Sagarpa y Semarnat deben inspeccionar vigilar en las zonas de liberación de manera sistemática el cumplimiento de los términos y condicionantes establecidos en los permisos de liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado''. Aquí podemos hacer una serie de preguntas, tales como ¿cuáles son los mecanismos para asegurar el cumplimiento?, ¿cuáles son las consecuencias en caso de incumplimiento?, ¿existe la capacidad institucional para llevar a cabo esta inspección y vigilancia? La vaguedad del documento no nos permite contestar tales cuestionamientos.
• En el Capítulo VI, artículo XV, se establece ``en donde la Sagarpa y la Semarnat hayan determinado la presencia no permitida de material genéticamente modificado en razas y parientes silvestres del maíz, deberán establecer medidas para eliminar, controlar o mitigar dicha presencia''. Nos preguntamos como el CCC, ¿cuáles son los mecanismos que llevarían a un control o mitigación de dicha presencia? La duda surge del hecho de que a la fecha no se han atendido con seguimiento formal las contaminaciones confirmadas en Oaxaca, Puebla, Distrito Federal y el norte del país.
• El documento no refleja los compromisos adquiridos por nuestro país en el Protocolo de Cartagena que, como sabemos, tiene su origen en la Convención sobre Biodiversidad de Río, que hace hincapié en la protección de especies como es el maíz, que tiene a nuestro país como centro de origen y diversidad genética.
• Emplea un lenguaje bastante vago que no logra acotar las partes obligadas por tal régimen ni designa a las autoridades competentes. Esta vaguedad otorga a la autoridad administrativa un amplio margen de acción que va en contra de la Ley de Bioseguridad que le da origen.
• No refleja en su contenido las recomendaciones hechas en el informe de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA). Este CCC considera que es muy importante que dichas recomendaciones se reflejen en el documento.
• Con relación al Plan de Desarrollo 2007-2012, el documento no atiende uno de los considerandos fundamentales que es preservar la variabilidad de los organismos vivos de los ecosistemas terrestres y marinos, y en particular de los maíces locales.
• No es posible aceptar un documento como éste, que contiene una regla tan general como la contenida en el transitorio IV que señala que ``el presente acuerdo se podrá modificar o revisar conforme se genere y se actualice la información científica y técnica'', ya que esto llevaría a una inseguridad en las cláusulas.

Bajo estas consideraciones, el CCC concluye que el anteproyecto no protege las variedades criollas del maíz, y que se requiere un programa integral de uso, manejo, conservación e investigación en este rubro. Adicionalmente, durante el procedimiento regulatorio, Cofemer recibió 6 mil 760 comentarios, los cuales entregó a la Sagarpa para ser analizados y tomados en consideración, para modificación del anteproyecto.

El 21 de mayo de 2008, la Cofemer presentó a la Sagarpa el dictamen total no final, correspondiente al anteproyecto antes citado. 5 El documento contiene diversas observaciones, entre las cuales se solicita mayor información para dar claridad a los artículos del proyecto.

A este dictamen total no final, la Sagarpa presentó su respuesta el 10 de diciembre de 2008. 6 Dicha respuesta indica los siguientes razonamientos:

1. El régimen de protección especial del maíz previsto en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados debe otorgar al gobernado la certeza de contener un conjunto de normas de carácter general que otorgue pleno cumplimiento a la ley de merito, y no únicamente un simple cuerpo normativo sobre aspectos técnicos y operativos cuya existencia obedece a los constantes avances de la tecnología.
2. Por tal motivo, se estima oportuno que el régimen de protección especial del maíz conste en el propio Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, toda vez que dicho reglamento es por naturaleza un conjunto de normas y reglas, ordenadas sistemáticamente, de naturaleza administrativa, obligatoria y de vigencia permanente, que de no ser así podría interpretarse como potestativa su observancia, y, por ende, la ley que intenta hacer aplicable no lo sería, lo que haría nugatoria la voluntad legisladora.
3. Por tal motivo se reconsideró transitar de un acuerdo, como primeramente fue pensado, hacia un ejercicio reglamentario, debido a la necesidad de emitir principios de observancia general, impersonales, objetivos y obligatorios, que resultan necesarios para proveer la instrumentación y aplicación de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Con esta respuesta, la Sagarpa convirtió el acuerdo original en una reforma al Reglamento de la Ley de Bioseguridad. Al día siguiente, la Cofemer emitió el dictamen final del anteproyecto, aprobando las modificaciones al Reglamento. 7 De este modo, la reforma fue aprobada y el decreto fue publicado en el Diario Oficial el 6 de marzo de 2009.

Por tal motivo diversas organizaciones civiles manifestaron que el proceso careció de transparencia, puesto que el anteproyecto se presenta originalmente como un ordenamiento independiente (un acuerdo), y concluye con un proyecto de reforma al Reglamento de la Ley de Bioseguridad, que debería estar sujeto a una nueva consulta pública. Adicionalmente, las organizaciones manifiestan que la reforma pasa por alto los numerosos comentarios y propuestas enviadas en el proceso de consulta. 8

Así pues, estas evidencias señalan que no se siguió adecuadamente el proceso de mejora regulatoria considerado en el Título Tercero de la Ley de Procedimiento Administrativo, el cual tiene como objeto dar transparencia a los cambios regulatorios de las dependencias de la administración pública federal.

Otra irregularidad detectada es que el cambio del acuerdo por la reforma al reglamento se realizó sin tomar en cuenta el objetivo original del régimen de protección especial del maíz, establecido en el reglamento antes de la reforma. Esto es importante, debido a que cada proyecto tiene especificaciones técnicas diferentes que deben ser tomadas en consideración dentro de un lineamiento técnico-jurídico.

Además, se destaca que el acuerdo contenía 17 artículos normativos y 4 artículos transitorios, de los cuales sólo fueron incluidos 4 en la reforma al reglamento.

Debido a las inconsistencias señaladas anteriormente en el proceso de mejora regulatoria, el Partido Verde Ecologista de México propone como primer resolutivo de la presente proposición exhortar a la Secretaría de la Función Pública a verificar la transparencia del procedimiento.

Por otra parte, el decreto recién publicado resta importancia al régimen de protección especial del maíz, puesto que deroga el artículo octavo transitorio (previamente reproducido) del reglamento, de modo que todo el marco legislativo referente al régimen de protección especial del maíz queda reducido a los artículos que adiciona el propio decreto.

Adicionalmente, observamos que en el contenido del decreto se presentan varias ambigüedades, previamente señaladas por el CCC del Cibiogem. Consideramos que la más grave de ellas es la siguiente:

Artículo 72. En los casos en que las autoridades determinen la presencia no permitida de material genéticamente modificado en razas, variedades y parientes silvestres de maíz, deberán establecer medidas para eliminar, controlar o mitigar dicha presencia. Para el caso de las razas y variedades, la atribución corresponderá a la Sagarpa, y para el caso de los parientes silvestres, a la Semarnat.

Esta disposición es técnicamente imposible de cumplir, puesto que una vez detectada la contaminación de variedades nativas de maíz con secuencias transgénicas, no existen mecanismos para eliminar (entendiéndose como revertir) la presencia de dicho material genético en la población afectada. Adicionalmente, el CCC señala que a la fecha no existen reportes rigurosos que demuestren que se haya dado seguimiento formal a los casos de contaminación de maíces de Oaxaca, Puebla, Distrito Federal y en el norte del país.

La redacción del decreto sugiere que la Sagarpa elaboró la propuesta con base en los intereses de empresas transnacionales como Monsanto, que en repetidas ocasiones ha mostrado interés por iniciar plantaciones comerciales de maíz transgénico en México, la más reciente de ellas fue anunciada justo un día antes de la publicación del decreto en el Diario Oficial. 9

Como dato complementario, el 10 de marzo de 2009, el secretario de la Sagarpa, Alberto Cárdenas Jiménez , acompañado por el titular de la Cibiogem, Ariel Álvarez Morales, informaron en conferencia de prensa que la secretaría tiene 25 solicitudes de empresas nacionales y extranjeras para cultivo experimental de maíz genéticamente modificado. Los funcionarios afirmaron que se impulsará con responsabilidad el ingreso de México hacia la producción de organismos genéticamente modificados, al mismo tiempo que se realizarán una serie de acciones para proteger a nuestras semillas criollas. 10

En este informe, los funcionarios no dieron mayores detalles sobre las empresas solicitantes, ni tampoco sobre las medidas para protección de los maíces criollos; por ello, el segundo resolutivo de la proposición es solicitar mayor información al respecto.

En atención a lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía somete a consideración del honorable Pleno la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a verificar la transparencia del procedimiento de mejora regulatoria del anteproyecto del acuerdo por el que se establecen las disposiciones jurídicas relativas a la bioseguridad que conforman el régimen de protección especial del maíz, el cual culminó con el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2009.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a presentar a esta soberanía un informe detallado acerca de las solicitudes recibidas para cultivo experimental de maíz genéticamente modificado, así como de las medidas y acciones que se tomarán para proteger a los maíces criollos ante la introducción de estas variedades genéticamente modificadas.

Notas: 1 Aleira Lara, 2007. ``Casos de contaminación de cultivos de maíz transgénico en México''. http://www.greenpeace.org/raw/content/mexico/prensa/reports/contaminaci-n-por-ogms-en-mexi.pdf2 http://www.cofemermir.gob.mx/uploadtests/11865.59.59.1.REGIMEN%20ESPECIAL%20DE%20PROTECCION.DOC3 http://www.cofemermir.gob.mx/inc_lectura_regioncontentall_ text.asp?submitid=152504 http://www.apps.cofemer.gob.mx/expediente/v99/_B000802493.pdf5 http://www.apps.cofemer.gob.mx/expediente/v99/_COFEME.08.1307.pdf6 http://www.cofemermir.gob.mx/uploadtests/17108.59.59.1.ZZ-RESP-COFEM-ACUE-RLBOGM-V3.doc7 http://www.apps.cofemer.gob.mx/expediente/v99/_COFEME.08.3768.pdf8 Greenpeace México. ``Con una farsa quieren eliminar el régimen de protección especial del maíz''. 17 de diciembre de 2008. http://www .greenpeace.org/mexico/news/con-una-farsa-legaloide-quiere
9 ``Régimen de protección del maíz frena millonaria inversión en México''. El Economista. 5 de marzo de 2009. http://eleconomista. com.mx/notas-online/negocios/2009/03/05/regimen-proteccion-maiz-frena-millonaria-inversion-mexico10 Boletín Sagarpa número 057/09. ``México se afianza en seguridad alimentaria: ACJ''. 10 de marzo de 2009.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 18 de marzo de 2009.--- Diputada Beatriz Manrique Guevara (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a las Comisiones Unidas de la Función Pública, y de Agricultura y Ganadería.



POLITICA ECONOMICA

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía, y de Trabajo y Previsión Social a que implanten un plan integral que reactive la economía, frene el desempleo e impulse la ocupación en el país.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los secretarios de Economía, y del Trabajo y Previsión Social a implantar un plan integral que reactive la economía, frene el desempleo e impulse la ocupación en el país, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del PRD

Fernando Enrique Mayans Canabal , diputado federal a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

En el 2000 los Estados de la Organización de las Naciones Unidas se comprometieron a reducir la pobreza mundial a la mitad antes de 2015, a rebajar el número de personas desnutridas, y a garantizar mejor asistencia médica y un medio ambiente sostenible.

Sin embargo, la crisis económica y financiera en la que se encuentran sumergidas las economías del mundo, incluida la de México, va a impedir la materialización de estas metas conocidas como los Objetivos del milenio .

Es evidente que una de las herramientas indispensables para abatir o revertir la pobreza son las políticas públicas encaminadas a la generación de empleo, pero también lo que estas circunstancias de turbulencia económica mundial están produciendo efectos de una magnitud inesperada para muchos gobiernos, como el nuestro.

Uno de los terrenos en el que ya empezamos a padecer los estragos de este desequilibrio global, es precisamente el empleo.

Basta revisar algunas estimaciones recientes, como la que realizó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que advierte en su informe Tendencias globales de empleo 2009 que ``la crisis económica mundial producirá un aumento espectacular del número de personas que engruesen las filas de desempleados, trabajadores pobres y trabajadores con empleos vulnerables''. Además de precisar que, de profundizarse la desaceleración económica mundial, este año se sumarían 51 millones de personas al desempleo en el mundo; con lo que la tasa de desempleo mundial pasaría de 6 por ciento en 2008 a 7.1 por ciento en este año; en el escenario más pesimista; y en uno optimista, el desempleo en el mundo podría agregar de 18 a 30 millones de personas en el presente año.

Por lo que respecta a Latinoamérica, se reporta un avance en la tasa de desempleo de 7.2 por ciento en 2008, a 7.3 por ciento en 2009, que equivaldría a una pérdida de 1.5 a 2.4 millones de empleos.

Cabe señalar, que en cuanto a las cifras relativas al número de trabajadores pobres, es decir, a las personas que no ganan lo suficiente para mantenerse a sí mismos y a sus familias por encima del umbral de la pobreza, de 2 dólares al día por persona, la OIT estimó que podría aumentar hasta alcanzar un total de mil 400 millones, lo cual representaría casi la mitad (45 por ciento) de los trabajadores del mundo, de ellos, 20 por ciento se concentrarían en Latinoamérica.

Por lo que se refiere a México, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tan sólo en diciembre de 2008 la tasa de desempleo México ascendió a 4.32 por ciento de la población económicamente activa; esto es, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al cierre de 2008 alrededor de un millón 960 mil personas no tuvieron empleo.

Además, al cierre del año pasado alrededor de 3 millones 330 mil personas estuvieron subocupadas; es decir, realizaron una doble jornada laboral para aumentar ingresos.

Por su parte, la Secretaría del Trabajo informó que el año pasado se perdieron puestos de trabajo en el sector formal de la economía, sobre todo en los sectores manufacturero y de la construcción. En suma, en todo 2008 la tasa de desempleo se ubicó en 3.99 por ciento de la población económicamente activa, en promedio; cifra comparable con la tasa de 3.70 por ciento de 2007.

Considerando que para este año analistas económicos prevén que se perderán 200 mil plazas adicionales, como consecuencia de la baja en el producto interno bruto, nos urge como país el diseño y la aplicación inmediata de un programa en específico que atienda el desempleo; si ya no es posible generar las fuentes de empleo que el país requería antes de esta crisis económica, cuando menos recuperar los empleos perdidos hasta ahora y proteger los existentes.

Si las estadísticas nos reflejan perdidas en los sectores manufacturero y de la industria, pongamos atención y otorguemos prioridad a estas áreas laborales para implementar la política pública y los ajustes presupuestales para impulsar el empleo en ellas. Es el momento histórico para superar y poner fin a una etapa en el que la política neoliberal y privatizadora contribuyó a la generación de desempleo, injusticia, deterioro y desesperanza.

De este panorama complejo y catastrófico que se vislumbra, inauguremos un nuevo periodo de progreso y bienestar a través del impulso e implementación de medidas que garanticen el ejercicio pleno del derecho al trabajo de los mexicanos, para contener los efectos de esta crisis que se vislumbran desoladores.

No hay condiciones en este momento para mostrar optimismo cuando el propio Instituto Mexicano del Seguro Social ya ha informado que durante 2008 fueron desafiliados, al quedarse sin empleo, 37 mil 535 trabajadores; y que esa cifra resulta del ajuste final de los empleos generados y perdidos a lo largo del año; ya que tan sólo en diciembre pasado, ya como consecuencia de la crisis, el número de trabajadores desafiliados del seguro social fue de 345 mil 372.

Tampoco se trata de ser pesimista, pero debemos analizar la magnitud del problema con objetividad. El Foro Económico es una alternativa importante de la cual debemos rescatar propuestas para actuar ante esta emergencia económica que ha desfondado la industria y el comercio, pero sobre todo el empleo.

Decir que México tiene los elementos para enfrentar o aguantar la crisis, mejor que en el pasado, tal como lo expresó Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México, es apostarle a mantener una posición de relajamiento o satisfacción, como la que el gobierno ha mostrado desde hace bastante tiempo y en el que para millones de mexicanos la crisis ha estado siempre presente.

La pregunta que le debemos hacer a quienes han pretendido conducir correctamente la economía y las finanzas del país es ¿ a diferencia de la crisis del 95, hoy se tiene mayor margen de maniobra por el hecho de que no nos hemos quedado sin reservas; y por lo tanto no acudiremos a solicitar préstamos al Fondo Monetario Internacional y al gobierno estadounidense como una salida a la emergencia? ¿No existen otras medidas urgentes para atenuar la crisis, como el fomento de una política de los estímulos fiscales para las empresas, además de la disminución de las tasas de interés y la expansión del gasto en programas de infraestructura?

Compañeras y compañeros diputados. La realidad económica es apremiante, por lo que hay que sumar esfuerzos en el diseño de los planes, programas y acciones que se vayan a aplicar para mitigar los efectos de la crisis económica.

No bastan las medidas contempladas en el Acuerdo Nacional en favor de la Economía Familiar y el Empleo para evitar que el desempleo se salga de control. Urge la puesta en marcha de un programa integral que coordine acciones, no sólo de los tres niveles de gobierno sino de los sectores privado y social.

Si ya se ha pronosticado que este 2009 será un año de recesión; el 2010, de estabilización, y hasta 2011 el año cuando se verá la recuperación de la actividad económica en el país, entonces, aceleremos la elaboración y aplicación de un programa anti crisis en materia de empleo que prevea acciones de corto, mediano y largo plazo, con el objetivo de apoyar y mitigar los impactos negativos.

Por lo antes expuesto, pido a la Presidencia de la Mesa Directiva que someta a la consideración del pleno, como de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . Esta Cámara de Diputados exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Trabajo y Previsión Social para que, en uso pleno de sus atribuciones, inicien y anuncien de inmediato un proceso de recepción de propuestas, en el que se convoque a los sectores privado y social, y en el que se revisen y consideren las emitidas en el foro legislativo México ante la crisis; a efecto de que se estudie y proyecte un plan integral que reactive la economía, frene el desempleo e impulse la ocupación en el país.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2009--- Diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía y de Trabajo y Previsión Social.



ESTADO DE CHIAPAS

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió del diputado Fernel Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo, con el que se solicita la comparecencia del gerente estatal de Correos de México en Chiapas, a fin de que informe sobre las anomalías relativas a la violación de los paquetes con faltantes de peso y contenido, denunciadas por la señora Mercedes Chacón Magchun, en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del gerente estatal de Correos de México en Chiapas sobre la violación de paquetes con faltantes de peso y contenido denunciada por la ciudadana Mercedes Chacón Magchun en Comitán de Domínguez, a cargo del diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

No puedo hacer caso omiso y mucho menos callarme ante una situación de injusticia que se hace a una ciudadana trabajadora que de manera honrada y, sobre todo, honesta se gana un sueldo para subsistir; me refiero a la ciudadana Mercedes Chacon Megchun, que actuando de manera honrada se dio cuenta de algunas irregularidades que se llevaban a cabo al interior de las oficinas de Correos de México; quienes ocupamos este Servicio confiamos en que lo que se envía llegue a su destino tal cual, pero la ciudadana Mercedes, trabajadora de esta institución, al considerar que no era honesto que ``dentro del organismo se estuviera recibiendo paquetería con faltante de peso y contenido'', paquetes procedentes de Estados Unidos, aun cuando ya había mucha molestia de los usuarios y estaban reclamando esas anomalías, debido a eso denunció tales hechos a los medios de comunicación; me refiero a TV Azteca, el día 24 de marzo del 2008, de lo cual los directivos, al darse a saber, de manera molesta se le formuló a la ciudadana Mercedes un acta administrativa el día 28 de abril, motivada por la presunta irregularidad que incurrió al denunciar los hechos; lo cual trajo como consecuencia la terminación de la relación de trabajo con el Servicio Postal Mexicano a conveniencia de los directivos. Estos hechos denunciados se han hecho público en varios medios de comunicación en varias partes del país, por lo que esta honorable Cámara de Diputados no puede permitir que esto continúe.

Señores diputados: no es posible que en estos momentos estemos actuando de esa manera; al contrario, debemos apoyar y defender a quienes denuncian los hechos de impunidad que se dan no sólo en esta dependencia, sino en cualquier otra, y hacer pagar a los responsables de tales hechos para evitar la corrupción; por ello, mi preocupación en este caso de que se deje impune, y como siempre, el que dice la verdad sale perjudicado por así convenir a los intereses de unos cuantos; no podemos dejar pasar este hecho, que espero que sea escuchado y premiemos la honestidad y el valor de la ciudadana Mercedes, donde justamente se restituya a su trabajo y se investigue estos hechos dentro del Servicio Postal Mexicano y se castigue a quienes resulten responsables.

Por lo anterior expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al doctor Andrés Casco Flores, director general de Correos de México, a notificar al ciudadano Bernardo López Vázquez, gerente estatal de Correos de México en Chiapas para que comparezca ante esta honorable Cámara de Diputados, a fin de informar las anomalías por la violación a los paquetes con faltantes de peso y contenido y específicamente lo que se denuncio por parte de la ciudadana Mercedes Chacón Magchun a los medios de comunicación en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, febrero de 2008.--- Diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Comunicaciones.



MAGDALENA GARCIA SOTO

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió proposición con punto de acuerdo que exhorta al juez tercero en materia penal, Miguel Hernández Bautista, a que la sentencia que dicte a la ciudadana Magdalena García Soto observe la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suscrita por los diputados Camerino Eleazar Márquez Madridy Deisy Selene Hernández Gaytán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al juez tercero en materia penal en Oaxaca, Miguel Hernández Bautista, a observar en la sentencia que dicte a la ciudadana Magdalena García Soto la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suscrita por los diputados Camerino Eleazar Márquez Madrid y Deisy Selene Hernández Gaytán, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, Camerino Eleazar Márquez Madrid y Deisy Selene Hernández Gaytán, diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al juez tercero en materia penal en Oaxaca a observar en el caso del colegio San Felipe la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y al gobernador de dicho estado a presentar a la asamblea el informe de cumplimiento de la recomendación número 004/2008 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del 5 de febrero de 2008, con base en las siguientes

Consideraciones

1. Que en la averiguación previa número 191/DS/2007, interpuesta por la ciudadana Leticia Valdés Martell, radicada en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Mujer de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, en la que se consigna el abuso sexual de su hijo, de cuatro años de edad, alumno de segundo grado de preescolar del colegio San Felipe, de la ciudad de Oaxaca;

2. Que las acusaciones de la ciudadana apuntan a Adán Salvador Pérez y Hugo Gabriel Constantino García, presuntos abusadores del hijo. Además, señala a la maestra Magdalena García de ser una de las cómplices de los violadores, y a Yolanda León Ramírez, directora y dueña del colegio, de cómplice;

3. Que la Procuraduría de Justicia del estado giró órdenes de aprehensión contra los implicados, tras acreditarse el delito de violación en agravio del hijo de la querellante;

4. Que, derivado de las órdenes de aprehensión contra Salvador Pérez y Hugo Gabriel Constantino García, presuntos responsables de los delitos cometidos en agravio del menor, y la profesora Magdalena García Soto, acusada de ser cómplice, los tres sujetos mencionados interpusieron los correspondientes juicios de amparo con objeto de quedar en libertad y frenar el proceso en su contra;

5. Que el 21 de mayo de 2008, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso de violación del menor de cuatro años en el colegio San Felipe de Oaxaca porque, como víctima, tiene a su favor no sólo las garantías que le otorga la Constitución sino las que tutelan los acuerdos internacionales. Los ministros decidieron atraer los amparos para determinar si la actuación judicial contra los presuntos responsables protege los derechos de la víctima.

6. Que el 29 de octubre de 2008, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de ministros, denegó el amparo interpuesto a los presuntos responsables del abuso sexual contra el menor;

7. Los ministros resolvieron que el agente del Ministerio Público en la entidad no integró de manera correcta el expediente del caso, por lo que ordenaron mantener vigente la orden de aprehensión contra los involucrados;

8. Que a la Cámara de Diputados no corresponde prejuzgar sobre la existencia de delitos o probable responsabilidad de los presuntos implicados. Los órganos de procuración y justicia competentes deben decidir respecto a la situación legal de los acusados.

9. Sin embargo, dada la naturaleza del caso, amerita que los órganos jurisdiccionales impartan una justicia pronta y expedita, con estricto arreglo a derecho.

Por lo anterior, en nuestra calidad de diputados federales sometemos a consideración de la asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al juez tercero en materia penal en Oaxaca, Miguel Hernández Bautista, a efecto de que al dictar sentencia en el proceso que se sigue a la ciudadana Magdalena García Soto, observe los lineamientos marcados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenidos en la resolución del 29 de octubre de 2008, observando en plenitud todas las garantías, los derechos, la protección y la tutela que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Segundo. Se exhorta al gobernador constitucional de Oaxaca a presentar a esta asamblea el informe de cumplimiento de la recomendación número 004/2008 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del 5 de febrero de 2008.

Dado en el Palacio Legislativo, a 17 de febrero de 2009.--- Diputados: Deisy Selene Hernández Gaytán, Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbricas).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos.



PRECIO DEL DIESEL

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió del diputado Rafael Franco Melgarejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a que mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicoreduzca y mantenga el precio del diesel y alcance acuerdos sobre tarifas.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reducir y mantener a través de la SHCP el precio del diesel, y a alcanzar acuerdos sobre tarifas, a cargo del diputado Rafael Franco Melgarejo , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Desde agosto del año pasado la situación económica, tanto del país como de prácticamente el mundo entero se ha deteriorado ostensiblemente. En México no hay sector productivo y social que no acuse los efectos negativos de la desaceleración económica, en tanto que las condiciones de las finanzas públicas empiezan a mostrar dificultades.

En esta situación, sectores productivos como los productores agropecuarios, transportistas de pasajeros y de carga, la marina mercante nacional y el sector de la pesca comercial en todo el país han visto afectada su capacidad de trabajo debido al incremento constante, excesivo e injustificado en el precio del diesel, que es uno de sus principales insumos productivos.

Como resultado del hecho de que este combustible es de uso generalizado en el transporte de personas y mercancías, su precio tiene incidencia en el precio de prácticamente todos los bienes producidos y transportados en el país, incluidos obviamente los de la canasta básica, de tal manera que los elevados precios del diesel se reflejan en la tasa inflación.

Desde el principio de este 2009, pescadores de todo el país emprendieron un paro de actividades en protesta por los incrementos al precio de este combustible, pero se presentaron también problemas de transportistas urbanos y suburbanos en los estados de Tabasco, Veracruz y Jalisco por los mismos motivos.

Asimismo, integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) han señalado el peligro existente de que por el diesel caro pudiera haber pérdida de empleos en el sector del transporte; y, como es del conocimiento general, los transportistas afiliados a la confederación Nacional de Transportistas Urbanos y Semiurbanos de la República Mexicana, con otras seis asociaciones de transportistas de todo el país han anunciado la realización de un paro nacional de 24 horas para el próximo 16 de febrero. Esto representa un problema, además de económico, de tipo social que no debemos permitir que se agudice.

La medida anunciada por el Ejecutivo federal de reducir el incremento en el precio del diesel a sólo 25 por ciento del incremento que se venía aplicando es insuficiente, no resuelve el problema del costo del transporte.

Sabemos que en las circunstancias actuales de desaceleración económica el problema del precio del diesel es complejo, cualquier decisión tendrá efectos tanto positivos como negativos. Si se reduce el subsidio a su precio y éste continúa incrementándose, habría menor gasto fiscal por ese concepto y, en consecuencia, tenderían a mejorar las finanzas públicas al mismo tiempo que se pagaría por este combustible un precio más realista.

Pero simultáneamente se presentarían dos efectos adversos, por una parte, se incrementa en alguna medida el costo del transporte de todas las mercancías y de las personas lo que se traduce en mayor inflación, por otra parte, puede dar pie a la pérdida de empleos, lo cual en las condiciones actuales del país sería lamentable e irresponsable.

El gobierno enfrenta un dilema, o busca finanzas que tiendan momentáneamente al equilibrio o genera mayor inflación y desempleo, con los problemas sociales que llevan aparejados.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la medida anunciada por el Ejecutivo --reducir el incremento en el precio del diesel a sólo 25 por ciento del incremento previo-- el erario nacional dejará de percibir ingresos por 9 mil 600 millones de pesos, y si el precio se congelara totalmente -es decir, que ya no se incremente ni siquiera en ese 25 por ciento como lo estamos pidiendo- dejaría de percibir 3 mil 734 millones de pesos adicionales.

¿Cómo se utilizarían de manera más eficiente esos 3 mil 734 millones de pesos? Si el gobierno continúa reduciendo el subsidio al precio del diesel y por tanto éste sigue aumentando, recaudará esta cantidad que no sabemos en qué los gastará.

Pero si mantiene el subsidio actual, y de esta manera sostiene el precio del diesel congelado, esa cantidad previsiblemente afectará favorablemente en las actividades de transporte y en el empleo de ese sector productivo en todo el país. Creemos que este último es el mejor uso que se le puede dar a esa cantidad de dinero.

Sólo que lo previsible habría que concretarlo.

Asegurémonos de que ese dinero no sólo sostenga los niveles de ganancias de los transportistas, sino que los usuarios finales del servicio se beneficien del hecho de que las tarifas del transporte en general no se eleven y no se eleve la inflación. Los transportistas deberán comprometerse a no elevarlas tarifas mientras el precio del diesel se mantenga sin cambios.

En virtud de lo anteriormente señalado, propongo a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero . La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a instruir al secretario de Hacienda y Crédito Público a fin de que reduzca y mantenga el precio del diesel.

Segundo . Asimismo, para que el secretario de Hacienda y Crédito Público atienda a los representantes de los usuarios de diesel y se alcancen acuerdos sobre tarifas de transporte.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2009.--- Diputado Rafael Franco Melgarejo (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.



REPUBLICA DE VENEZUELA

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió proposición con punto de acuerdo para condenar el antisemitismo, el racismo y otras formas de discriminación y agresión racial y, de manera especial, el ataque a la sinagoga Maripérez, en Caracas, Venezuela, el pasado 30 de enero de 2008, suscrita por los diputados Javier Calzada Vázquez y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Proposición con punto de acuerdo, para condenar el antisemitismo, el racismo y otras formas de discriminación y agresión racial, especialmente el ataque perpetrado el 30 de enero de 2008 contra la sinagoga Maripérez, en Caracas, Venezuela, suscrita por los diputados Javier Calzada Vázquez y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, Francisco Javier Calzada Vázquez y José Alfonso Suárez del Real, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la soberanía proposición con punto de acuerdo.

Antecedentes

1. Los presidentes de Argentina, de la República Federativa de Brasil y de la República Bolivariana de Venezuela firmaron en Costa de Sauípe, Brasil, el pasado 16 de diciembre de 2008, una declaración en la que manifiestan su preocupación porque a comienzos del tercer milenio un sinfín de seres humanos siguen siendo víctimas del racismo, la discriminación e intolerancia religiosa, en particular el antisemitismo y el antiislamismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia.
2. Entre los hechos particularmente graves que se han suscitado en los últimos días, relacionados con agresiones raciales, está el ataque a la sinagoga Maripérez de Caracas, la noche del viernes 30 de enero de este año, cuando individuos ingresaron al recinto para profanar el altar principal que guarda el Séfer Torá, que es el objeto más sagrado del pueblo judío y robar diversos objetos de culto, además de escribir en los muros injurias racistas.
3. El gobierno venezolano ha detenido a los responsables, quienes serán sometidos a juicio, de acuerdo con las leyes de ese país soberano. Además ha hecho una condena explícita y firme de estos hechos.
4. Sin embargo, este ataque es una advertencia de que el debate político de temas como los conflictos entre Israel y Palestina debe desarrollarse con el mayor de los cuidados, a fin de que en naciones latinoamericanas como México y Venezuela, que cuentan con amplias y respetables comunidades judías e islámicas, no se aviven, fomenten o toleren sentimientos contra ninguna raza ni confesión religiosa.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados expresa su más enérgica condena a toda forma de antisemitismo, racismo y otras formas de discriminación y agresión racial y de manera especial condena el ataque a la sinagoga Maripérez en Caracas, Venezuela, el 30 de enero de 2008.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2009.--- Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez (rúbrica), diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguiler (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la comisión de Relaciones Exteriores.



SISTEMA BANCARIO

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió del diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, proposición con punto de acuerdo con el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la Procuraduría General de la República, que informen a esta soberanía respecto de la capitalización que diversos bancos han efectuado, así como las repercusiones jurídicas al respecto.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la SHCP y de la PGR que informen a esta soberanía respecto a la capitalización que han efectuado diversos bancos y a las correspondientes repercusiones jurídicas, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, diputado Manuel Cárdenas Fonseca , integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta como asunto de urgente y obvia resolución proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al secretario de Hacienda y Crédito Público y al procurador general de la República que informen a esta soberanía respecto a la capitalización que diversos bancos han efectuado, así como las repercusiones jurídicas al respecto, conforme a las siguientes

Consideraciones

El capital de un banco provee una red de seguridad para absorber un cierto nivel de pérdidas inesperadas sin afectar negativamente los intereses de los depositantes. El capital provee protección a los depositantes a través de las siguientes dos formas: i) en el caso de situaciones adversas al banco, el capital tiene capacidad para absorber las pérdidas, por ejemplo, a través del no pago de dividendos a los accionistas o cupones de instrumentos híbridos; y ii) en el caso de liquidación de una entidad financiera el capital tiene menor grado de prelación que los depositantes.

El capital regulatorio es denominado ``capital neto'' por las normas mexicanas, y está formado por una parte básica y otra complementaria. Dentro del capital básico se admiten ``los instrumentos de capitalización bancaria con flujos no acumulativos, es decir, en los que el emisor tenga la opción de que estos devenguen rendimientos. El monto computable como capital básico tendrá un límite de 15 por ciento de la parte básica, sin incluir a tales instrumentos'' ( Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

Para que dichos instrumentos híbridos, que allí se denominan instrumentos de capitalización bancaria con flujos no acumulativos, computen en la proporción básica del capital, deben contar con autorización de la secretaría y la opinión de la comisión y el Banco de México. Asimismo, deben tener, como características, un plazo mínimo de 10 años en el caso que no sean de conversión obligatoria en certificados de aporte patrimonial (plazo que puede ser extendido por la secretaría); una prelación inferior a la deuda subordinada; valor nominal pagadero al vencimiento; y no tener garantías específicas por parte del emisor. El monto total de las emisiones de los instrumentos de capitalización bancaria no convertibles computará como capital con excepción del segundo año inmediato anterior y el año inmediato anterior al vencimiento en los cuales únicamente se considerará el 50 por ciento y el 20 por ciento respectivamente del saldo correspondiente.

En lo referido a la parte complementaria, se establece que se integrará por

a) Los instrumentos de capitalización bancaria no incluidos en la parte básica y los que tengan rendimientos acumulativos, es decir, aquéllos en los que el emisor tiene la opción de diferir el pago de dichos rendimientos y las obligaciones subordinadas de conversión obligatoria;
b) Las obligaciones subordinadas no convertibles o de conversión voluntaria a capital hasta por un monto que no exceda del cincuenta por ciento de la parte básica.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y Valores (CNBV) sobre el índice de capitalización (Icap) de las instituciones de banca múltiple a septiembre, las bajas son ligeramente menores respecto al mes previo.

No obstante, de acuerdo con las reglas de carácter general a las que se refiere el artículo 134 Bis de la Ley Instituciones de Crédito, mejor conocida como acciones correctivas tempranas, los 43 bancos que actualmente integran el sistema financiero mexicano registran un Icap superior a 10 por ciento exigido por lo que se sitúan en la categoría I.

El índice de capitalización, que mide la relación entre el capital neto y los activos sujetos a riesgo, es una medición de la solvencia de un banco. La recomendación del Banco de Pagos Internacionales, entidad que agrupa a bancos centrales y reguladores de todo el mundo, es que el índice de capitalización sea no menor a 8 por ciento.

Según la CNBV, el índice de capitalización promedio del sistema bancario se situó en febrero, en todos los casos, arriba del nivel mínimo recomendado internacionalmente. En BBVA Bancomer fue de 16.06 por ciento; en Banamex, de 16.26; y en Santander, de 13.03 por ciento, por citar a los bancos más grandes de los que operan en el país.

Aun con esta solidez financiera, el crecimiento del crédito, en especial dada la estrategia actual de la banca en México de canalizar más financiamiento a estratos de ingreso entre 3 mil y 5 mil pesos al mes y sin experiencia en el manejo de crédito, ha puesto la atención de analistas en la evolución de la morosidad.

Standard and Poor's, la principal firma de calificación de valores en el mundo, comentó que a lo largo del último año el sistema bancario en México registró un aumento de los activos con problema, especialmente entre el tercer y cuarto trimestre, cuando el incremento en este rubro fue de 8 por ciento.

La Secretaría de Hacienda detectó que en las últimas semanas bancos establecidos en México trasladaron liquidez a sus matrices en el extranjero, a fin de hacer frente a la crisis que afecta los sectores financieros del mundo, sostuvo el jefe de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el marco del décimo Seminario internacional de prevención de lavado de dinero y financiamiento al narcotráfico. Ahí explicó que el modelo de la banca en México se compone por instituciones subsidiarias de los bancos extranjeros y en coyunturas difíciles como la actual trasladan liquidez para solventar sus crisis.

Ya sean créditos o intercambios, o sea cual sea la forma en que se documenten las transferencias, la ley mexicana prevé que no se podrán hacer ese tipo de operaciones de liquidez por montos superiores a 50 por ciento del capital neto de las instituciones.

En febrero pasado entró en vigor una modificación a la legislación para evitar que se extralimiten las transferencias de recursos y de esa manera se garantiza la capitalización permanente de la banca en México.

Adicionalmente, muchas instituciones bancarias que tienen su matriz en el extranjero, aún cuando están operando en nuestro país como instituciones mexicanas, recibieron en los últimos meses aportaciones a su capital y rescate con recursos provenientes de gobiernos extranjeros.

Por lo expuesto y fundado, solicito que, mediante el trámite de urgente y obvia resolución, la Cámara de Diputados emita los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión solicita al secretario de Hacienda y Crédito Público y al procurador general de la República que expliquen, fundada y motivadamente, las acciones de capitalización que han efectuado las instituciones de banca múltiple que operan en el país.

Segundo. Que señalen con precisión bajo qué criterios y preceptos legales fueron autorizadas dichas capitalizaciones, sus montos y las instituciones de crédito que las realizaron.

Tercero. Que expliquen quiénes autorizaron dichas transferencias de liquidez a sus matrices en el extranjero, así como los motivos para determinar a unos bancos sobre otros.

Cuarto. Que estas autoridades -- Secretaría de Hacienda y Crédito Público--, en su carácter de coordinadora sectorial y encargada de normar la operación bancaria, y la Procuraduría General de la República, en su carácter de abogado de la nación, nos informen fundando en derecho su respuesta, si la capitalización de los bancos con matriz en el extranjero que recibieron aportaciones de capital convertibles a acciones y, en su caso, toma de asiento y decisiones en los consejos de administración, violan o no las disposiciones jurídicas del derecho positivo mexicano.

Quinto. Que aclaren a esta soberanía los motivos para negar a grupo financiero Banorte una capitalización aun cuando la calificación otorgada a éste por Standard and Poor's lo coloca en posición para la autorización.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2009.--- Diputado Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.



INSTITUTO NACIONAL DE ARTE E HISTORIA

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió proposición con punto de acuerdo con el que se solicita la comparecencia del titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que informe respecto de los problemas referidos a su gestión como director de dicho instituto, suscrita por los diputados Aurora Cervantes Rodríguezy José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del director general del INAH para que informe respecto a los problemas referidos a su gestión al frente de dicha institución, suscrita por los diputados Aurora Cervantes Rodríguez y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del PRD

Los diputados federales José Alfonso Suárez del Real y Aguilera y Aurora Cervantes Rodríguez , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura, con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Uno de los temas que mueven las voluntades y conciencias de todos los mexicanos es la protección y uso de nuestro patrimonio. Esta soberanía atestiguó los debates apasionados en torno a la explotación de nuestra riqueza petrolera, y la firme voluntad que quedó manifiesta de conservar este energético como un bien de la nación. El caso de la riqueza cultural no puede ser una excepción.

Sin embargo, aunque la nación se integra en el imaginario cultural y se afirma en las realidades creadas por la cultura, la enorme riqueza cultural de todos los mexicanos se encuentra en vilo. Existen problemas de apropiación indebida, tráfico ilícito, robo de bienes culturales y destrucción. Para contrarrestar estos efectos, México creó organismos como el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Recientemente, el caso de Teotihuacan ha estado en los titulares de los periódicos nacionales, debido al espectáculo de luz y sonido Resplandor teotihuacano , el cual ha sido erróneo tal y como lo reconoció públicamente el arqueólogo Roberto García Moll, presidente del Consejo de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) el 12 de enero en sesión de trabajo con legisladores

Entre los temas que han provocado una crisis en la ejecución del espectáculo de luz y sonido Resplandor teotihuacano está la abdicación de las funciones que por ley son conferidas al INAH, al no revisar los proyectos ni el desa-rrollo de las obras que autoriza.

La auditoría de desempeño aplicada por la Auditoría Superior de la Federación en 2006 al INAH arroja algunos problemas que, de no corregirse, podrían poner en crisis al instituto; aún más, nuestro patrimonio fósil, arqueológico e histórico quedaría en la incuria total, con lo que podríamos dejar en riesgo zonas y sitios de importancia nacional; y en algunos casos como el de Teotihuacán perderíamos declaratorias de zonas y sitios patrimonio cultural de la humanidad. El dictamen de la Auditoría Superior de la Federación no deja lugar a dudas:

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto a la muestra antes señalada, el Instituto Nacional de Antropología e Historia no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, presupuestación, adjudicación, contratación y ejecución de las operaciones examinadas, como se precisa en los resultados con observación que se presentan en el apartado correspondiente de este informe.

Hemos investigado en el Analítico Funcional Programático Económico, que desde hace dos años existen programas prioritarios como la adquisición de terrenos en zonas arqueológicas prioritarias; los proyectos interdisciplinarios de incorporación de comunidades en zonas arqueológicas (Teotihuacán, Tajín, Monte Albán, Zempoala). Es importante para esta soberanía conocer el estado de los programas y desarrollo de las instituciones culturales federales y, sobre todo, coadyuvar en el ejercicio de la transparencia, el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables y el ejercicio pleno de las facultades conferidas por ley a las instituciones culturales como el INAH.

A esto se debe que el artículo 93 constitucional establezca de manera precisa la obligación de los funcionarios del gobierno federal para comparecer ante esta soberanía:

Artículo 93. Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

Cualquiera de las Cámaras podrá citar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República, así como a los directores y administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas de participación estatal mayoritaria, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades.

Después de los informes de gobierno, las comparecencias tienen una obligatoriedad no sólo por la necesidad de informar a un poder autónomo de la nación como el Congreso, sino por la necesidad democrática de informar públicamente el estado de las finanzas y el desarrollo de las instituciones del Estado, más aún si se considera que dicha información es fundamental para la ciudadanía, que debe conocer el nivel de desarrollo de las políticas públicas y el honesto desempeño de funciones de los titulares de las instituciones de gobierno.

Es así que solicitamos a esta soberanía que se cite al titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, licenciado Alfonso de Maria y Campos Castelló, para que esclarezca problemas referidos a su gestión como director del INAH, y explique a esta soberanía la manera en que está solventando las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y la forma en que está cumpliendo sus recomendaciones; de no ser así, qué tipo de acciones tiene previstas.

Debe considerarse que el Instituto Nacional de Antropología e Historia realiza labores prioritarias en el resguardo e investigación de nuestro patrimonio arqueológico e histórico, que tiene una cobertura que abarca la totalidad de la República Mexicana y que los problemas referidos en este punto de acuerdo guardan importancia nacional. El riesgo para nuestro patrimonio es evidente, tanto por los problemas generados por el abandono de programas prioritarios, en los que la federación ha invertido cuantiosos recursos, financieros, laborales, programáticos y físicos del INAH, como la adquisición de terrenos en zonas arqueológicas prioritarias y los proyectos interdisciplinarios de incorporación de comunidades en zonas arqueológicas (Teotihuacán, Tajín, Chichen Itzá, Monte Albán, Zempoala); el abandono de este último programa es una de las razones por las que han estallado conflictos sociales -que ya produjeron muertos- en las comunidades de Chicontepek, Tulum, Toniná. Debemos conocer las medidas que se toman para resolver esta situación por medio de la comparecencia del titular del INAH.

Por todo lo anterior, sometemos este punto de acuerdo a la consideración del Pleno, y solicitamos que sea considerada de urgente u obvia resolución la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se cita a comparecer al director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, licenciado Alfonso de Maria y Campos Castelló, para que informe detalladamente la situación que guardan los problemas referidos a su gestión como director del INAH: acerca de las posibles omisiones a los exhortos del Congreso, así como a los resolutivos y recomendaciones del informe de la Comisión de Cultura sobre el programa regional de desarrollo turístico del corredor Teotihuacán-Acolman-Otumba-San Martín-Axapusco-Nopaltepec, y en particular al proyecto Resplandor teotihuacano ; el aparente abandono de programas prioritarios cono el de adquisición de terrenos en zonas arqueológicas prioritarias y los proyectos interdisciplinarios de incorporación de comunidades en zonas arqueológicas (Teotihuacán, Tajín, Chichen Itzá, Monte Albán, Zempoala); los conflictos sociales en zonas arqueológicas como Palenque, Tulum, Chicultik, Toniná; además, que exponga a esta soberanía la manera en que el INAH está solventando las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y la forma en que está cumpliendo con sus recomendaciones; de no ser así, qué tipo de acciones tiene previstas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2009.--- Diputados: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , Aurora Cervantes Rodríguez (rúbricas).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se turna a la Comisión de Cultura.



DISTRITO FEDERAL

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió de la diputada María Gabriela González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo que exhorta al jefe del Gobierno delDistrito Federala que ordene el retiro de los sellos de suspensión de actividades de las obras de paso a desnivel en Ferrocarril de Cuernavaca y Ejército Nacional, en la delegación Miguel Hidalgo.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a ordenar el retiro de los sellos de suspensión de actividades de las obras del paso a desnivel en Ferrocarril de Cuernavaca y Ejército Nacional, en la delegación Miguel Hidalgo, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, María Gabriela González Martínez , diputada federal a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta honorable asamblea con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al ciudadano jefe de Gobierno del Distrito Federal a ordenar, en el ámbito de sus facultades, el retiro de los sellos de suspensión de actividades del paso a desnivel en Ferrocarril de Cuernavaca y Ejército Nacional, ubicado en el órgano político-administrativo denominado Miguel Hidalgo, bajo los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 6 de junio del año 2008, mediante oficio número DGODU/1808/2008, se remitió un oficio al licenciado Raúl Armando Quintero, secretario de Transporte y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal (Setravi), por parte de la Dirección General de Obras y de Desarrollo Urbano (DGODU) de la delegación Miguel Hidalgo, a cargo del Arquitecto Luis Eduardo Vallejo Moreno; en el cual se remitían para su consideración de la Setravi, los planos de los proyectos de vialidades que a continuación se relacionan:

1. Palmas-Monte Altai
2. Palmas-Monte Tabor
3. Palmas-Cerro Pichagua
4. Palmas-Cofre de Perote
5. Avenida Ejército Nacional y Ferrocarril de Cuernavaca

Lo anterior, a efecto de que se revisaran y autorizaran las obras y proseguir con los trámites de validación de impacto ambiental e impacto urbano.

2. Con fecha 12 de junio del año 2008 el director general de Obras y Desarrollo Urbano de la delegación Miguel Hidalgo envío los planos (en planta y secciones transversales) de los proyectos de vialidades referidas con anterioridad.

3. El 7 de julio del año 2008, mediante el número de Oficio DGODU/2107/2008, la DGODU remitió a la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, el proyecto ejecutivo de la obra de pasos deprimidos Reforma-Bosques, así como el catálogo de conceptos del mismo, para la validación y comentarios de la secretaría.

4. Con fecha 9 de julio fueron remitidos a la Setravi los planos de proyecto básico, donde se atendían las observaciones hechas por la secretaría para las intersecciones, y con fecha 4 de agosto de 2008, se recibió por parte del director general de Obras Públicas del Gobierno del Distrito Federal, los comentarios y observaciones del proyecto ejecutivo de obra de pasos deprimidos Palmas-Reforma-Bosques.

5. Mediante el número de oficio DGODU/2250/2008, de fecha 21 de julio del año 2008, la DGODU de la delegación Miguel Hidalgo remitió a la Setravi, para su validación los proyectos básicos de las obras referidas en el numeral primero del presente punto de acuerdo.

6. Con fecha 22 de julio del año 2008, la Dirección de Planeación y Vialidad de la Setravi, en contestación a los oficios DGODU/2136/2008 y DGODU/2250/2008, de fecha 9 de julio y 21 de julio, respectivamente, comunicó a la delegación Miguel Hidalgo que después de revisar los planos de los proyectos se concluía lo siguiente:

Si bien dichos planos contemplan las adecuaciones y correcciones indicadas en nuestro similar DGPV/1949/08, del 24 de junio del actual representan una entrega parcial del proyecto geométrico definitivo de la ingeniería básica, por lo que, para estar en condiciones de emitir el visto bueno relativo al proyecto de las cinco intersecciones antes mencionadas por parte de esta secretaría, nos deberán proporcionar el faltante de la documentación que integre la totalidad de la ingeniería básica para cada intersección, de acuerdo a la siguiente relación:

Ingeniería básica

1. Estudios fundamentales de ingeniería de tránsito (volúmenes vehiculares actuales y de proyecto, volúmenes peatonales, con su clasificación correspondiente en las horas de máxima demanda matutina y vespertina, condiciones de estacionamiento de la intersección en estudio, etcétera).
2. Soluciones a los pasos peatonales que se requieran.
3. Documento de la justificación técnica-económica.
4. Documento del análisis beneficio/costo para la vida útil de servicio del proyecto.
5. Plano topográfico y de instalaciones (subterráneas, elevadas y superficiales.
6. Localización de bancos de nivel (ubicación y elevación).
7. Planta general de trazo con su referenciación correspondiente.
8. Geometría suplementaria (planta de gálibos).
9. Perfiles y proyectos de rasantes.
10. Secciones de construcción.
11. Secciones niveladas.
12. Proyecto Definitivo de señalamiento horizontal y vertical.
13. Proyecto de desvío de tránsito y protección de obras.
14. Proyecto urbano.

7. Con fecha 23 de agosto de 2008, la DGODU de Miguel Hidalgo recibió un oficio por parte de la Dirección General de Obras Públicas, en donde se indican observaciones a los planos del proyecto ejecutivo de la obra de pasos inferiores en Paseo de las Palmas con sus intersecciones, Monte Altai, Monte Tabor, Cerro Pichagua, Cofre de Perote y Ferrocarril de Cuernavaca. Asimismo, en dicho oficio se indicaba atender lo siguiente:

1. Levantamiento Topográfico.
2. Proyecto geométrico.
3. Proyecto Estructural.
4. Proyecto de señalamiento horizontal y vertical.
5. Estudio de impacto ambiental.
6. Proyecto de instalaciones hidráulicas.

8. Mediante oficio DGPV/2667/08, de fecha 19 de agosto del año 2008, la Dirección General de Planeación y Vialidad de la Setravi, comunicó a la delegación Miguel Hidalgo que dictaminaba favorablemente lo correspondiente al proyecto geométrico de la ingeniería básica.

9. El 6 de octubre de 2008, la delegación Miguel Hidalgo signó oficialmente, y después de haber cumplido con la normatividad aplicable, con autoridades del Gobierno del Distrito Federal un convenio para edificar un deprimido vial en los cruces de las avenidas Palmas-Reforma-Bosques y el distribuidor vial en Ejército Nacional en su cruce con Ferrocarril de Cuernavaca.

10. Con fecha 3 de febrero de 2009, mediante oficio SMA/DGRA/DEIA/00220/2009, suscrito por Alejandro Rafael Nyssen Ocaranza, director general de Regulación Ambiental, se tuvo por cumplidos los puntos del acuerdo SMA/DGRA/DEIA/6873/2008 del 18 de diciembre de 2008, ordenando en su resolutivo Tercero entre otras cosas lo siguiente:

``Tercero. Infórmese a la delegación Miguel Hidalgo que, conforme a lo solicitado, se podrá realizar el proyecto denominado ``Distribuidor vial avenida Ejército Nacional-Ferrocarril de Cuernavaca, situado en la delegación Miguel Hidalgo, en dos etapas constructivas, consistiendo la primera en la construcción del puente en la avenida Ferrocarril de Cuernavaca que se compondrá de las secciones A, con longitud de cuatrocientos noventa y seis metros (497.00 m), y B, con longitud de cuatrocientos sesenta y dos metros (462 m), albas con un ancho promedio de ocho punto cincuenta metros (8.50 m), para la cual esta Dirección General de Regulación Ambiental no tiene inconveniente en que se inicie .''
(...)

Asimismo, el punto resolutivo del oficio mencionado señalaba que:

``... con la finalidad de garantizar la integridad física de los ductos de Pemex y de gas natural, deberá establecer una distancia mínima de un metro entre estos y las zonas de excavación y/o perforación...)

Por lo anterior expuesto, el 13 de febrero del año en curso, comenzaron los trabajos preparatorios de obra, realizándose el confinamiento de la zona de obra ubicada en la avenida Ferrocarril de Cuernavaca entre las calles de Ejército Nacional y Homero, así como el inicio de preparación del terreno.

11. El día 17 de febrero la delegación Miguel Hidalgo recibió la notificación del acuerdo dictado por el juez décimo segundo de distrito en materia administrativa del Distrito Federal el 13 de los corrientes, en el juicio ordinario federal número 5/2008, para que en un término de tres días informará respecto al cumplimiento dado a las medidas cautelares otorgadas mediante el auto del 10 de diciembre de 2008. Asimismo, se precisa que mediante acuerdo de 22 de enero de 2009, el Juez Federal citado, al responder una denuncia de violación a la suspensión promovida por el Liceo Franco Mexicano, AC, aclaró que ``el efecto de dichas medidas (cautelares) consistió en paralizar sólo aquéllos trabajos del distribuidor vial que afectara los indicados poliductos, mas no la suspensión total de tales trabajos'' (sic). Asimismo, el Juez federal en el auto que se notificó aclaró que

``a la fecha no se ha demostrado que haya violación a las medidas cautelares otorgadas por este juzgado mediante proveído del 10 de diciembre de 2008''.

12. El 20 de febrero del año 2009, la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal suspendió los trabajos del paso a desnivel en Ferrocarril de Cuernavaca y Ejército Nacional al considerar que se trata de una obra de alto riesgo, la Secretaría anunció que tal medida tendrá efecto en tanto las autoridades delegacionales no respondan las observaciones realizadas para garantizar que la obra sea segura para los habitantes de la zona. La secretaría de protección civil del Gobierno del Distrito Federal señaló que la suspensión se trata de una medida de seguridad, que se realiza con fundamento en el artículo 96 de la Ley de Protección Civil, que a la letra señala:

Capítulo II Medidas de Seguridad

Artículo 96. Cuando una situación de riesgo inminente implique la posibilidad de una emergencia o desastre, las autoridades competentes podrán adoptar de conformidad con las disposiciones legales aplicables las siguientes medidas de seguridad, con el fin de salvaguardar a las personas, sus bienes y entorno:
I. El aislamiento temporal, parcial o total del área afectada;
II. La suspensión de trabajos, actividades y servicios;
III. La evacuación de inmuebles; y,
IV. La clausura permanente de establecimientos mercantiles; y
V. Las demás que sean necesarias para llevar a cabo la protección civil.

Asimismo, podrán promover la ejecución de las medidas de seguridad ante la autoridad competente en los términos de las leyes respectivas.

Considerandos

1. Que conforme a la fracción LII del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, corresponde a los titulares de los órganos político-administrativos de cada demarcación territorial:

LII. Construir, rehabilitar y mantener puentes, pasos peatonales y reductores de velocidad en las vialidades primarias y secundarias de su demarcación, con base en los lineamientos que determinen las dependencias centrales

2. Que los pasos inferiores o deprimidos no son obras gigantescas, que alteren la fisonomía de la infraestructura urbana. Son obras prácticas y sencillas que ayudan a dar una mayor fluidez al tránsito. Son una solución urbana usual en las grandes ciudades de todo el mundo.

3. Que entre las ventajas de los deprimidos podemos encontrar: que reduce el congestionamiento y el tráfico fluye más rápido, existen menores tiempos de traslado, no se altera la fisonomía de una vía, hay menor contaminación, lo que disminuye estrés y ruido.

4. Que, como se observa en los antecedentes del presente punto de acuerdo, las obras que integran la primera etapa de las soluciones viales en las avenidas Ejército Nacional y Ferrocarril de Cuernavaca, no tienen impedimento legal alguno para su ejecución, ya que la delegación Miguel Hidalgo cuenta con todas las autorizaciones, permisos y licencias correspondientes, y satisfacen plenamente los requerimientos en materia de protección civil para la seguridad de los vecinos de la zona.

5. Que a pesar de contar con las autorizaciones por parte de las autoridades competentes del Distrito Federal, así como del Gobierno Federal, con fecha 20 de febrero de 2009, siendo aproximadamente las 15 horas con 3 minutos, se constituyó en Ferrocarril de Cuernavaca y Ejército Nacional personal de la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal para dar cumplimiento a lo ordenado en la Resolución Administrativa contenida en el oficio SPC/SCPPP/DGP/347/2009, de fecha 19 de febrero de 2009, suscrita por el director general de Prevención de la Secretaría de Protección Civil, procediendo a suspender los trabajos en dicha zona, colocando sellos de suspensión de actividades en la periferia de la zona confinada.

6. Que la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal carece de facultades para suspender obras públicas, ya que el artículo 96 de la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal en que fundamenta su actuar, no contempla la suspensión de obras públicas, además de que indebidamente motivan la resolución argumentando que es para garantizar la continuidad de los servicios de gas natural, productos petrolíferos, preservar las líneas de conducción a base de fibra óptica, líneas de alta tensión eléctrica, de infraestructura hidráulica, sin que en la obra en proceso, concretamente por lo que hace al tramo suspendido en la diligencia, afecte dichos servicios o exista riesgo alguno.

7. Que asimismo, tal como se anota en el antecedente número 10 del presente punto de acuerdo, el oficio número SMA/DGRA/DEIA/00220/2009, se señala que la Dirección General de Regulación Ambiental no tenía inconveniente en que se iniciarán las obras del proyecto denominado ``Distribuidor Vial Avenida Ejército Nacional-Ferrocarril de Cuernavaca, ubicado en la delegación Miguel Hidalgo''. Asimismo, el punto resolutivo del oficio mencionado señalaba que con la finalidad de garantizar la integridad física de los ductos de PEMEX y Gas Natural, se debería establecer una distancia mínima de un metro entre estos y las zonas de excavación y/o perforación.

8. Que el juez décimo segundo de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, señaló que no se habían demostrado por parte de la delegación violaciones a las medidas cautelares, por lo anterior, y debido a la suspensión llevada a cabo el 20 de febrero de los corrientes, se conjetura que el proceder de las autoridades responde a una serie de actos ilegales, arbitrarios y claramente politizados, del gobierno capitalino en contra de la delegación Miguel Hidalgo, toda vez que sin motivar y fundamentar su actuar suspenden una obra que ha transitado por una serie de trámites administrativos, con objeto de certificar una obra, y contar con los permisos y autorizaciones requeridas para su ejecución.

9. Que las autoridades del Gobierno del Distrito Federal deben informar a la Comisión del de esta soberanía su actuación con respecto a las autorizaciones para la ejecución de las obras públicas denominadas soluciones viales del distribuidor vial avenida Ejército Nacional-Ferrocarril de Cuernavaca, en la delegación Miguel Hidalgo, a efecto de que no se sigan obstaculizando obras legales y transparentes.

Por lo expuesto, someto a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al ciudadano jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, a realizar, en el ámbito de sus facultades, lo siguiente:

a) Instruya a la Secretaría de Protección Civil a que retire la suspensión de actividades del proyecto ``Distribuidor vial avenida Ejército Nacional--Ferrocarril de Cuernavaca'', situado en el órgano político-administrativo denominado Miguel Hidalgo.
b) Informe de manera pormenorizada a la Comisión del de esta soberanía sobre el fundamento legal aplicado para la suspensión de actividades del proyecto de obra pública denominado distribuidor vial avenida Ejército Nacional--Ferrocarril de Cuernavaca, ubicado en la delegación Miguel Hidalgo.
c) Informe de manera pormenorizada si la autoridad tiene conocimiento de posibles actos de violencia registrados durante la ejecución de las obras en el distribuidor vial avenida Ejército Nacional--Ferrocarril de Cuernavaca.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2009.--- Diputada María Gabriela González Martínez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se turna a la Comisión del.



SISTEMA FERROVIARIO

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió del diputado Santiago López Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno a que señalen en los atlas o mapas de riesgo que los derechos de vía, las vías férreas, patios de maniobra y estaciones del Sistema Ferroviario Mexicano son zonas de alto riesgo y se tomen las medidas apropiadas.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno a señalar en los ``atlas (o mapas) de riesgo'' que los derechos de vía, las vías férreas, los patios de maniobras y las estaciones del sistema ferroviario mexicano son zonas de alto riesgo, y a tomar las medidas apropiadas, a cargo del diputado Santiago López Becerra , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Los desastres naturales ocurren en cualquier momento y en cualquier lugar del país, la mayoría de manera impredecible, lo que causa grandes daños materiales y amenaza la seguridad de amplios grupos de la población. Sus consecuencias pueden en alguna medida preverse, lo cual permite reducir el nivel de vulnerabilidad para los asentamientos humanos, principalmente en aquellas regiones que han sido identificadas como de alto riesgo.

Algo similar ocurre con las actividades humanas, sus efectos en el medio ambiente y en la seguridad de las personas y bienes son aspectos que deben ser controlados para minimizar las consecuencias de un eventual accidente, a través de la calificación de las acciones socio-organizativas que pudieran causarlos y el señalamiento de las zonas en donde esas actividades se realizan.

Si bien los desastres naturales no son evitables, los acusados por las actividades humanas sí se pueden prever, tal es el caso de lo relacionado con la industria ferroviaria del país, que realiza sus actividades en un ``derecho de vía'' propiedad de la nación, que tiene como función principal la construcción, conservación, ampliación, protección y, en general, el uso adecuado de una vía general de comunicación ferroviaria, por lo que es un área de seguridad para las operaciones ferroviarias y para las poblaciones por donde circulan los trenes.

No obstante, la rápida y en ciertos casos no regulada urbanización de las ciudades del país, la falta de inversión en infraestructura urbana y la carencia de una respuesta adecuada a la demanda ciudadana de vivienda, han provocado una lenta pero continua ocupación irregular de ese derecho de vía, lo que puede constituir un fenómeno perturbador que origina riesgo, emergencia y desastre, no sólo por el daño a bienes y personas, sino también por la probable interrupción de un servicio público estratégico.

En virtud de lo señalado, propongo a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los tres órdenes de gobierno para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, señalen en los ``atlas'' o ``mapas de riesgo'' que los derechos de vía, las vías férreas, patios de maniobras y estaciones del sistema ferroviario mexicano son zonas de alto riesgo y se tomen las medidas apropiadas para evitar su ocupación con fines distintos al servicio público de transporte.

Segundo. Asimismo, exhorta respetuosamente a los tres órdenes de gobierno para que en el ámbito de sus respectivas competencias, califiquen la ocupación irregular de los derechos de vía del Sistema Ferroviario Mexicano, como un fenómeno perturbador que origina riesgo y desastre y, se tomen medidas apropiadas para evitar su ocurrencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2009.--- Diputado Santiago López Becerra (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Transporte.



CENTROS DE CAPACITACION POLICIACA FEDERALES Y ESTATALES

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió del diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo con el que se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanosque realice una investigación a los centros de capacitación policiaca, federales y estatales, en el ámbito de su competencia.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la CNDH que investigue en el ámbito de su competencia a los centros federales y estatales de capacitación policiaca, a cargo del diputado Miguel Ángel Macedo Escartín , del Grupo Parlamentario del PRD

Miguel Ángel Macedo Escartín , en mi carácter de diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática a la LX legislatura, suscribo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la presente proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que realice una investigación a los centros de capacitación policiaca federales y estatales en el ámbito de su competencia, a través de las siguientes

Consideraciones

En la actualidad, en la República Mexicana se han suscitado excesos en la capacitación que se da a los cuerpos públicos de seguridad, tal es el caso registrado en la ciudad de León, Guanajuato, donde fue público que elementos del Grupo Especial Táctico emplearon prácticas de tortura en contra de sus compañeros como parte de su ``entrenamiento'', ya hace algunos meses.

La tortura y este tipo de excesos en el entrenamiento son inadmisibles en una sociedad que pretende lograr una mejor relación con sus policías, y es, a todas luces, una violación a los derechos humanos.

El asunto fue atraído por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de acuerdo con su facultad del Artículo 60 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dado que se trata de un asunto de gran relevancia que ha trascendido el ámbito estatal.

Actualmente existen unas mil 661 corporaciones policiales en todo el país, dos de ellas federales (Policía Federal Preventiva y Agencia Federal de Investigación), además de una corporación por cada entidad federativa y otra más en cada uno de los dos mil municipios del país; por lo que es necesario que los centros de capacitación policial estatales y federales sean visitados por la CNDH para vigilar que en ninguno de estos centros ocurran violaciones a los derechos humanos

Los ciudadanos necesitan una policía eficiente, que tenga una efectiva coordinación operativa táctica, que no se obstaculice entre sí al bloquear información; que combine el combate a la delincuencia con técnicas de inteligencia, cumpliendo así con una de sus principales misiones, que es la prevención del delito, pero a la vez que respete los derechos humanos.

Como legisladores tenemos que hacer firme nuestra postura de que bajo ninguna circunstancia se permita que la tortura y otras técnicas arcaicas formen parte de los ``entrenamientos'' de los cuerpos de seguridad públicos federales y estatales.

Ante este Pleno someto a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que realice visitas a los centros de capacitación policiaca federales y estatales, con el objetivo principal de verificar que no se violen derechos humanos en el adiestramiento de a los cuerpos de seguridad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2009.--- Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.



TARIFAS ELECTRICAS

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo relativo a los incrementos en el pago del consumo de energía eléctrica.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Proposición con punto de acuerdo, relativo a las alzas de la electricidad, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del PRD

Fernando Enrique Mayans Canabal , diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Actualmente, alrededor de 5 millones de usuarios de Luz y Fuerza del Centro (LFC) son afectados con incrementos constantes en sus facturaciones del consumo de energía eléctrica, las cuales tienen aumentos bimestrales que llegan a ser superiores a 200 por ciento, como resultado de la política gubernamental de retiros de subsidios a los consumidores domésticos, implantada desde hace seis años por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Parte de este problema que subsiste en el incremento tarifario se debe en parte a que el 6 de febrero del año 2002 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expidió un acuerdo mediante el cual ajusta, modifica y reestructura las tarifas de energía eléctrica para uso doméstico, eliminando casi totalmente el subsidio con que contaban hasta antes de esa fecha.

En un comunicado de prensa de fecha 7 de febrero de ese año, la Secretaría de Energía informaba sobre la disminución en los subsidios a tarifas eléctricas, por lo que sostuvo que la medida no afecta al 75 por ciento de la población; los subsidios sólo serán canalizados a familias de escasos recursos; los ingresos se destinarán para asegurar el suministro de electricidad; se establecerá un programa de financiamiento para los usuarios de zonas cálidas.

Se informaba además, que a causa del rezago de las tarifas eléctricas y con el propósito de evitar un mayor deterioro financiero en las empresas de este sector, el gobierno federal tomaba la decisión de reducir el subsidio a las tarifas de energía eléctrica para uso doméstico. La finalidad de esta medida, se decía era permitir a las empresas obtener recursos adicionales que serían utilizados para su inversión en los procesos de generación, transmisión y distribución de electricidad, así como para el mantenimiento de las plantas y la ampliación y modernización del sistema eléctrico nacional, todo ello, para enfrentar con eficiencia los retos que impone el dinámico crecimiento de la demanda, así como mejorar la calidad del servicio que se ofrece a los usuarios.

Desafortunadamente para México, después de siete años vemos que el cumplimiento de estos propósitos sigue estando muy distante de alcanzar.

Por otra parte, el pasado 26 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo con el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, el cual tiene impacto únicamente en la industria; de esta forma habría que preguntar ¿hasta cuándo se va a beneficiar a los consumidores de energía eléctrica de uso doméstico, sobre todo de aquéllos que habitan en los estados más afectados por las catástrofes naturales y golpeados por la crisis económica, como Chiapas, Veracruz y Tabasco?

Con todas estas acciones gubernamentales sólo podemos corroborar que la política de tarifas eléctricas seguida por la pasada y presente administraciones no dio ni está dando los resultados esperados, ya que el esquema tarifario sigue rezagado frente a sus costos.

Lo anterior contrasta con las subvenciones que se han otorgado y que han favorecido a los grandes consorcios comerciales e industriales.

Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas señalan que debido a lo anterior se dan los excesivos cobros a miles de usuarios.

Por su parte, los consumidores no tienen otra opción al reclamar que suscribir un convenio para pagar en parcialidades o abonar al contado para no perder el suministro eléctrico. Es evidente, que esta situación mantiene a los usuarios en un estado pleno de indefensión.

De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor cada año se presentan mil 300 quejas en promedio en contra de Luz y Fuerza del Centro, de las cuales la mayoría son por los excesivos precios del servicio.

Cabe decir que todas las tarifas, desde las subsidiadas hasta las que no lo están, experimentan un alza mensual según a la inflación y el incremento en los precios de los combustibles, por lo que siempre la facturación irá en aumento.

Actualmente, en el consumo de uno a 75 kilowatts/hora (KWh) mensuales el precio es de 65 centavos y en los adicionales se eleva a 77 centavos, pero al consumir de 76 a 125 KWh el precio es 1.07 pesos, y el adicional se duplica a 2.29 pesos por KWh. Pero si el consumidor tiene un consumo promedio mensual mayor a 250 KWh durante el último año se le aplica la tarifa denominada Doméstica de Alto Consumo (DAC), la cual no tiene subsidio, y el usuario deberá pagar 3.37 pesos por KWh, es decir, 213.37 por ciento más, según la tarifa establecida hasta octubre de 2008. Para dar una idea de la equivalencia de un KWh, éste corresponde a mil vatios o mantener encendidos durante una hora 10 focos de 100 vatios.

En este contexto se inscriben los cobros ``exorbitantes'' a usuarios de LFC por el consumo de energía eléctrica y que tienen como principal explicación el retiro del subsidio a las tarifas residenciales. Así, miles de usuarios presentan inconformidades por las abruptas variaciones en sus recibos, pero sólo les queda pagar o que se les suspenda el servicio.

Compañeras y compañeros diputados: desde la modificación efectuada hace seis años se favoreció a los grandes grupos industriales y comerciales en detrimento de los consumidores domésticos, al establecerse una nueva política de subsidios en la que la Secretaría de Hacienda determinó que a mayor consumo de electricidad de los hogares el subsidio sería menor y así se fijó la tarifa DAC.

En contraste, a lo derivado del cambio realizado por la SHCP en 2002 y que afecta a la mayor parte de la población de usuarios domésticos de LFC, ahora los industriales nuevamente son beneficiados con el acuerdo recientemente publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Como representantes populares, no podemos seguir tolerando esta situación en donde las irregularidades tanto en la operación y funcionamiento de las empresas públicas encargas de suministrar energía eléctrica, así como en el cobro abusivo e intolerable de las tarifas del servicio de energía eléctrica, se están incrementando y mermando considerablemente a las economías familiares, y sobre todo de las más desprotegidas.

Por lo expuesto, me permito solicitar a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados que someta a consideración del Pleno, como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Única. Esta honorable Cámara de Diputados de acuerdo con el principio de colaboración de los poderes, exhorta a los directores de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro, con el objeto de que informen sobre las acciones que se han implementado a efecto de evitar los cobros excesivos por el consumo doméstico de energía eléctrica; así como para dar atención y solución a las múltiples quejas de los consumidores por dichos cobros y por el ineficiente servicio que se presta por dichos organismos.

Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus atribuciones, emprenda a la brevedad las acciones pertinentes, a fin de que se fijen mediante un acuerdo descuentos a las tarifas de servicio doméstico, considerando sus condiciones sociales y económicas que les impide solventar el pago normal de las mismas. Para tal efecto, deberá tomar en cuenta el ingreso promedio de los usuarios o consumidores fijado en salarios mínimos; así como las zonas o regiones del país que tienen identificado un mayor índice de marginación, principalmente la del sur sureste, en la que se encuentran estados como Veracruz, Chiapas y Tabasco.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cinco días del mes de marzo de dos mil nueve.--- Diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.



ESTADO DE OAXACA

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió del diputado Othón Cuevas Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Oaxaca a que firme el convenio de colaboración para resarcir el daño causado a los socios defraudados por Sacriputla, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, en cumplimiento de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Oaxaca a firmar el convenio de colaboración a fin de resarcir el daño causado a los socios defraudados por Sacriputla, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, en cumplimiento de la Ley que crea el fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, a cargo del diputado Othón Cuevas Córdova , del Grupo Parlamentario del PRD, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el suscrito, diputado Othón Cuevas Córdova , integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno constitucional de Oaxaca a cumplir la obligación impuesta en el artículo 10 de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, con relación al fraude cometido por la persona moral Sacriputla, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, que operó en el estado de Oaxaca, y firme el convenio de colaboración para resarcir el daño causado a más de mil 500 socios afectados, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los instrumentos que las comunidades rurales tienen para el ahorro, financiamiento de proyectos y otros servicios financieros son las sociedades de ahorro y préstamo. Este tipo de mecanismos, en los recientes años, se multiplicaron ante la necesidad de las personas por contar con instituciones financieras accesibles y con presencia en sus comunidades. Lamentablemente, muchas de ellas fueron operadas sin los debidos lineamientos legales y sus responsables incurrieron en diversos delitos como el fraude y el abuso de confianza.

Estos hechos se han presentado sobre todo en comunidades de alta marginación como es la mixteca oaxaqueña, donde los ahorradores son principalmente familiares de migrantes que se encuentran en Estados Unidos de América. Uno de estos hechos fraudulentos fue el realizado por la persona moral denominada Sacriputla, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, constituida el 9 de marzo de 2001 en Putla de Guerrero, Oaxaca, con sucursales en Santiago Juxtlahuaca, ciudad de Tlaxiaco, San Juan Mixtepec y Santiago Nuyoo, de la misma entidad federativa.

5 años después de seguir operando, el 29 de mayo de 2006, los administradores y empleados principales de la cooperativa abandonaron las oficinas administrativas, llevándose el ahorro de más de mil 500 socios, por un total de más de 160 millones de pesos. Situación que claramente afectó a los cientos de ahorradores, creando con ello una situación que a la fecha es insostenible para la gran mayoría de ellos, además del efecto económico que provocó en la región el robo de estos recursos.

Posteriormente, y conforme al procedimiento jurídico que se desprende de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, específicamente lo relativo al artículo 10 que dice ``la aplicación de los recursos federales destinados al pago de ahorradores estará condicionada a la suscripción de convenios que realice la fiduciaria, en cumplimiento de los fines del fideicomiso creado por esta ley, con los gobiernos de las entidades federativas en donde residan dichos ahorradores. Se invitará a las entidades federativas que tengan sociedades objeto de esta ley dentro de su circunscripción territorial, a firmar dichos convenios, en los que se establecerán los montos de aportación de ambas partes.

Una vez suscrito el convenio con la entidad federativa de que se trate y aportados los recursos por parte de ésta, se aplicarán los recursos federales respecto de ésta, con independencia de la firma de otros convenios''.

Con fecha 13 de octubre de 2007 se declaró disuelta la persona moral Sacriputla, SC de RL, nombrándose liquidadores en términos de los artículos 234, 235, 236 y 237 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, protocolizándose dicho acto ante notario público de la ciudad de Tlaxiaco, en Oaxaca, tomando posesión del cargo en noviembre del mismo año.

Como parte de las acciones de los afectados, un grupo de ahorradores representativo conformado por los ciudadanos Federico Aguilar Aguilar, Felícitas Aurelia Ramírez Paz, María de los Ángeles Zafra Guzmán, Florencio Gracida Martínez, Cirilo Reyes Rosario, Juan Rodríguez Santiago y Pedro Rolando Quero Méndez, realizaron diversas gestiones como dirigir un escrito a la Presidencia de la República solicitando el apoyo para la recuperación de los ahorros.

Derivado de ello, el 28 de mayo de 2007 se llevó a cabo una reunión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, encabezados por la licenciada María Antonieta Paz, titular de la Unidad de Banca y Ahorro, así como del licenciado Guillermo Barnes García, titular del Fideicomiso Pago, sin la presencia de algún representante del gobierno de Oaxaca, siendo que ya había sido notificado conforme al procedimiento legal correspondiente y había confirmado su asistencia en dicha reunión, demostrando un total desinterés por la crítica situación de los socios defraudados.

De esta reunión se concretó el acuerdo para iniciar el procedimiento de conformidad a la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedad y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, en la cual se mandata la disolución, liquidación y la auditoria a la persona moral que ya se encuentra en poder de la Secretaría de Economía de Oaxaca y de la que se deduce que corresponde al gobierno de Oaxaca aportar la cantidad de 33 millones 500 mil pesos dentro del marco de un convenio que debería de firmar con el fidecomiso pago, sin que hasta la fecha se haya llevado a cabo, lo que ayudaría a resarcir hasta en 70 por ciento los ahorros de los afectados.

Este grupo de ahorradores acudieron en fechas pasadas a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de esta Cámara, tal como lo demuestra oficio número CIGQ/950/07, turnándose esta petición al Congreso de Oaxaca, donde días después fueron recibidos y turnados a la Comisión de Derechos Humanos del mismo órgano legislativo local, sin que hayan tenido respuesta favorable.

Adicionalmente, y como resultado de la gestión ante la Presidencia de la República, el 14 de junio de 2007 se envío un escrito a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, por parte de la Dirección de Audiencias y Atención a Organizaciones Sociales de la misma presidencia, manifestando que a pesar del envío de diversas peticiones por escrito al gobierno de Oaxaca, no fue sino hasta finales de octubre de 2008, casi dos años y medio después del fraude, que el secretario general de gobierno del estado solicitó a la Secretaría de Finanzas incluyera los 33 millones 500 mil pesos que cubrirían la parte correspondiente al gobierno estatal, situación que, sin embargo, no fue atendida. Tampoco el Congreso del estado hizo valer sus facultades de incluir tal cantidad de dinero en el Presupuesto de Egresos de 2009, para resolver el problema social planteado.

Finalmente, y como consecuencia de las gestiones, y a casi tres años del fraude de la cooperativa, la crítica situación de los socios cooperativistas duerme el sueño de los justos en las Comisiones de Presupuesto, Programación y Cuenta Pública, y de Derechos Humanos del Congreso de Oaxaca, con base en el argumento de que no existen recursos para atender esta grave situación de índole social que afecta principalmente a mujeres jefas de familia, amas de casa y pequeños comerciantes de una de las regiones que tiene un alto índice de migración y de pobreza, como lo es la mixteca alta oaxaqueña, por lo que solicito a esta soberanía su apoyo para atender, de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno de Oaxaca, que encabeza el ciudadano Ulises Ruiz Ortiz, a cumplir con la obligación impuesta en el artículo 10 de la Ley que crea el Fidecomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, con relación al fraude cometido por la persona moral Sacriputla, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, que operó en el estado de Oaxaca.

Segundo. Se exhorta al gobierno de Oaxaca a firmar el convenio de colaboración para resarcir el daño causado a más de mil 500 socios afectados por Sacriputla, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, aportando la cantidad 33 millones 500 mil pesos al fideicomiso pago, en un plazo no mayor de 30 días, para que cumpla dicha ley.

Tercero. Se solicita a las Comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura constituyan un grupo plural de trabajo para dar seguimiento y coadyuvar en la solución definitiva del fraude cometido por Sacriputla, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2009.--- Diputados: Othón Cuevas Córdova , Tomás José Luis Varela Lagunas , Elías Cárdenas Márquez , Carlos Roberto Martínez Martínez , Diódoro Humberto Carrasco Altamirano , Marcos Matías Alonso , Irma Piñeyro Arias , Javier González Garza , Leonardo Melesio Magallón Arceo, José Luis Espinosa Piña , Dolores de María Manuell-Gómez Angulo , Aída Marina Arvizu Rivas , Cristián Castaño Contreras , Elsa Guadalupe Conde Rodríguez, Rubén Aguilar Jiménez , Silvano Garay Ulloa , Rodolfo Solís Parga , Carlos Augusto Bracho González , Yolanda Mercedes Garmundia Hernández, Benjamín Hernández Silva , María del Carmen Salvatori Bronca , José Francisco Melo Velázquez , Francisco Antonio Fraile García , José Guadalupe Rivera Rivera , Felipe González Ruiz , Arturo Flores Grande (rúbricas).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.



BANCO NACIONAL DE MEXICO

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicoa que cancele el permiso a Banamex para operar como banco, suscrita por los diputados Mónica Fernández Balboa, Aleida Alavez Ruiz, Rafael Elías Sánchez Cabralesy José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a cancelar el permiso de Banamex para operar como banco, suscrita por los diputados Mónica Fernández Balboa , Aleida Alavez Ruiz , Rafael Elías Sánchez Cabrales y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, Mónica Fernández Balboa , Rafael Sánchez Cabrales, Aleida Alavez Ruiz y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura, en uso de las facultades que confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permiten presentar ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por medio del cual se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cancelar el permiso de Banamex para operar como banco, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Independientemente de la negociación a que se llegue y que permitiría que el gobierno de Estados Unidos se quedara con un porcentaje accionario del Citigroup, que oscilaría entre 25 y 40 por ciento de las acciones del gigante, las autoridades mexicanas deben cancelar el permiso de Banamex para operar como banco.

Lo anterior, en virtud de que el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito establece claramente que ``no podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad''.

De esa manera, resulta obvio que al convertirse formalmente el gobierno estadounidense en uno de los principales accionistas del Citigroup, que es a su vez el dueño y principal accionista de Banamex, se estaría violando abiertamente el artículo referido, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estaría obligada a cancelar la autorización que Banamex tiene para ejercer funciones de banca en México.

De hecho, la participación del gobierno estadounidense sería de una magnitud equivalente a la de una nacionalización parcial del grupo bancario, ya que no sólo tendría entre 25 y 40 por ciento del capital de Citigroup sino que también participaría en el proceso de toma de decisiones, ya que las acciones, independientemente del porcentaje con que participe el gobierno estadounidense, le darían el derecho a ``voto en las asambleas''.

Pese a que la inyección de recursos por el gobierno estadounidense hacia Citigroup se ha realizado a través de ``obligaciones convertibles'' por un monto de aproximadamente 45 mil millones de dólares, lo que representa en estos momentos una participación de 8 por ciento en el capital de este consorcio financiero, es un hecho indiscutible que en este momento el gobierno estadounidense ya tiene una participación en el ``capital'' de Citigroup y, por tanto, participa en el capital social de la filial mexicana (Banamex), por lo que no debe haber duda alguna de que se viola flagrantemente el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Eso, en teoría, obligaría a las autoridades mexicanas a ``intervenir formalmente a Banamex'' en tanto se opta por buscar ``nuevos accionistas'' que no tengan ningún impedimento de ley para operar Banamex; o bien, llevar a cabo una estatización formal del banco, en virtud de que ni el gobierno de Estados Unidos, ni la FED ni las autoridades supervisoras estadounidenses pueden, de acuerdo con lo establecido en las leyes mexicanas, participar en ``el capital social de las instituciones de banca múltiple en México''.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a su consideración, como de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cancelar el permiso de Banamex para operar como banco.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2009.--- Diputados: Mónica Fernández Balboa , Rafael Elías Sánchez Cabrales , Aleida Alavez Ruiz , José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbricas).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.



ADUANAS

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió del diputado Alberto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicoa que mediante la Dirección General de Aduanas vigile el desempeño de los funcionarios que laboran en las aduanas y se fortalezcan los programas y medidas de protección a los pequeños empresarios y al migrante.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a vigilar a través de la Dirección General de Aduanas el desempeño de los funcionarios que laboran en las aduanas, y a fortalecer los programas y las medidas de protección de los pequeños empresarios y del migrante, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Alberto Amaro Corona , diputado de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del Pleno de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La globalización integra las economías del mundo, haciendo que el intercambio de bienes y servicios sea una de las formas de aumentar la riqueza por medio de un sano y vigoroso comercio internacional.

Las aduanas, en ese contexto, son infraestructura fundamental para el intercambio comercial con el resto del mundo, las cuales desempeñan un papel preponderante ya que, por su naturaleza, ejercen control y restringen los bienes transportados internacionalmente.

En el caso de México, pese a que hay múltiples ordenamientos en la materia, un plan de modernización aduanera, un plan estratégico aduanero bilateral y diversas autoridades que intervienen en la regulación del sistema aduanero, el esfuerzo ha sido poco, ya que se requiere una plataforma sólida para profundizar en la modernización de las aduanas y orientarlas como facilitadoras de la competitividad, del control y de la seguridad que contribuyan al aumento de los ingresos en el proceso de exportación y en el de importación, favoreciendo el combate del contrabando, la piratería, la corrupción y la no discriminación.

En el país, las aduanas, en lugar de funcionar como filtros para asegurar la vigilancia de los tratados, acuerdos y códigos vigentes, sirven como coladeras para desplazar todas la mercancías legales, las ilegales y las que no cumplen los estándares de calidad ni los códigos de comercio hacia los canales de distribución en la República Mexicana.

Hasta antes de la liberalización comercial que inició México al insertarse en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio --o GATT por sus siglas en inglés--, en 1986, el proteccionismo imperante fue un pretexto para el auge de la fayuca, esa mercancía pasada de contrabando desde Estados Unidos para ponerla a la mano de los consumidores que deseaban conocer las novedades electrónicas que se usaban allá.

Después de la liberalización comercial en una primera fase de desgravación arancelaria en 1986 y luego con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 con los acuerdos de una eliminación calendarizada de aranceles entre México, Estados Unidos y Canadá, la circulación de las mercancías experimentó un auge nunca antes visto, cifra que puede corroborarse en la cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de la balanza comercial de México a partir de 1994.

La caída de la muralla de aranceles y la aceleración comercial coinciden en el tiempo con el aumento de la corrupción en México, el auge incontenible de la economía informal, los incrementos del contrabando, el tráfico humano, la virulencia del narcotráfico y los cargamentos de armas.

La corrupción que se ha anidado en las aduanas nos lleva a la reflexión de que México no estaba preparado para una acelerada apertura de las fronteras sin contar primero con modernas garitas y un personal de calidad. La ausencia de códigos de ética, la falta de juramentos de lealtad y de asumir una responsabilidad que no permite flaquear ante los sobornos han hecho mella con el tiempo.

Todo lo negativo que le ha pasado al país coincide con la puesta en vigor del TLCAN. Es increíble, pero en 12 años México y los mexicanos somos totalmente diferentes, los males como el contrabando y el narcotráfico dominan en acuerdo con las bandas criminales, el tráfico de personas y de indocumentados pasan por los mismos canales por los que entran las mercancías legales, ilegales y las no declaradas. Nuestras prioridades incluso son distintas.

El área de estudios sociales de la Cámara de Diputados revela que, en el Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras-Textil-Vestido, ``58 por ciento del mercado nacional de prendas de vestir es abastecido por canales ilegales (contrabando, robos y productos confeccionados en México sin el pago de impuestos). La producción nacional suministra 20 por ciento''.

El contrabando incluye tanto el contrabando ``bronco'' (introducción de mercancías extranjeras en el país sin pasar por las aduanas) como el ``documentado'' (introducción de mercancías mediante falsa declaración de origen, subvaluación, clasificación arancelaria incorrecta o mal uso de los programas Pitex, Maquila y Prosec, para evadir el pago de impuestos o las cuotas compensatorias correspondientes, entre otros).

En las aduanas, la corrupción es de tal magnitud, que personajes ligados a la delincuencia organizada son atendidos de manera especial por el dispendio de sobornos que ofrecen, no así los días miles de migrantes mexicanos, que son tratados de la peor forma.

Mientras que en las 48 aduanas del país ocurren abusos de diversos tipos y magnitudes, que incluyen discriminación y maltrato de miles de mexicanos que buscan hacer negocios transparentes y productivos e intentan comercializar sus mercancías para beneficio de la economía nacional, funcionarios de esos aforos fiscales se dedican a tratar como reyes a diversos personajes involucrados en la delincuencia organizada, debido a la enorme corrupción que hay en esos recintos, dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En las aduanas, dichos contrastes son más que evidentes: hay personajes que pueden enriquecerse con el chantaje monetario en complicidad con funcionarios aduanales y, por el contrario, cada día suceden miles de casos de migrantes mexicanos que son tratados de la peor forma por personal de aduanas. ¿Su delito? No tener enormes cantidades de dinero para sobornarlos.

Como muestra, un botón: como resultado de la consulta pública ¿Cómo te fue en tu visita a México?, realizada el 29 de septiembre de 2008 en varias ciudades de la frontera del país, se recabaron las principales inconformidades de los migrantes, las cuales fueron enviadas a las dependencias correspondientes (SHCP, y Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Relaciones Exteriores).

Arturo Lavín, coordinador regional del programa Paisano, informó que entre las mayores quejas que se expusieron en esa deliberación destacan el trato discriminatorio que reciben los connacionales al pasar por las aduanas mexicanas. La segunda queja de importancia en el tema fue sobre los trámites para entregar algún presente de los migrantes a personas en México, ``los cuales son demasiado complicados y tardados''.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados informó que en el periodo vacacional de diciembre de 2008 se recibieron 26 denuncias de migrantes por abuso en las aduanas al ingresar en México; en su mayoría por el ``cobro'' de una cuota de entre 100 y 150 dólares de manera ilegal. Aseguró que la corrupción en las aduanas llega a tal grado, que el propio Consejo de Seguridad Pública reconoció que por ellas ingresan ilegalmente las armas en el país. La mayoría de las quejas se recibieron porque los agentes aduanales exigieron a los migrantes una cuota de 100 dólares para no molestarlos, si viajaban en automóvil, y de 150 si lo hicieron en camioneta.

Compañeros legisladores: los casos de discriminación de migrantes, el maltrato de pequeños empresarios que exportan e importan sus productos y la obstaculización de negocios en favor de la economía nacional son las reales actividades de estos elefantes blancos llamados ``aduanas''. Es necesario hacer un mayor esfuerzo en la erradicación de prácticas de corrupción por el personal de las aduanas y de oficiales de policía, particularmente en su relación con paisanos que viajan a México desde Estados Unidos.

Mientras no se metan en orden esas oficinas gubernamentales ni se profesionalice, capacite y se haga más riguroso el proceso de reclutamiento y selección del personal administrativo y la supervisión de los oficiales fiscales al momento de su reclutamiento, seguirán actuando con impunidad, en perjuicio de miles de ciudadanos.

Por lo expuesto y fundado, con carácter de urgente resolución, someto ante el Pleno de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de que en la Dirección General de Adunas se establezcan los criterios y lineamientos necesarios a fin de evitar que el personal administrativo y operativo que trabaja en las aduanas cometa actos de corrupción, de contrabando, de piratería, retención alevosa e injustificada de mercancía y discriminación contra pequeños empresarios que realizan actividades económicas permanentemente y de paisanos que regresan a México.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública federal a establecer en coordinación con las dependencias de seguridad pública estatal y, en su caso, municipales los criterios y lineamientos necesarios a fin de evitar que los oficiales de policía y auxiliares cometan actos de corrupción, de contrabando, de extorsión, de piratería y discriminación contra pequeños empresarios permanentemente y de paisanos que regresan a México.

México, DF, a 12 de marzo de 2009.--- Diputado Alberto Amaro Corona (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.



SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió del diputado Alberto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo relativo a la designación de Juan Molinar Horcasitas como nuevosecretario de Comunicaciones y Transportes.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Proposición con punto de acuerdo, relativo a la designación del ciudadano Juan Francisco Molinar Horcasitas como secretario de Comunicaciones y Transportes, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo atendiendo a las siguientes

Consideraciones

El sector que está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene que ver con la seguridad nacional en sentido amplio. Se trata de toda la infraestructura carretera, portuaria y aeroportuaria; y de las telecomunicaciones que incluyen la radio, la televisión, los servicios de mensajería y las nuevas tecnologías de la información. Un sector que reclama profesionales con argumentos técnicos para innovar y modernizar con sentido social y de desarrollo.

El desempeño de Luis Téllez Kuenzler, a lo largo de dos años, está marcado por la corrupción y el servicio descarado a intereses privados y no públicos. Una de las mejores formas de ver la calidad de su trabajo y los intereses que protegió se pueden verificar en el sector de la aviación civil. El llamado caso Mouriño fue más un montaje mediático para fortalecer la figura política de Luis Téllez y que, al final, no logró convencer con la hipótesis del accidente. La información al respecto es basta, profunda y seria.

La decisión de Felipe Calderón de relevar a Luis Téllez obedece a una estrategia partidista de conservar la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados y cerrar filas con el Partido Acción Nacional. Se trata de la unión descarada entre partido y gobierno, sin rubores ni rumores. En esa necesidad política encuadra muy bien la figura de Juan Molinar Horcasitas.

Juan Molinar Horcasitas fue un serio académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y luego del Colegio de México. Más tarde se vinculó al Partido Acción Nacional que lo hizo director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, y después Consejero Electoral de la institución. Su paso por esa institución central de la democracia mexicana está marcada por los intentos de derrocar al entonces consejero presidente y de formar bloques para entorpecer decisiones. Sus motivaciones eran claramente partidistas.

Una vez que dejó el IFE, Molinar Horcasitas llegó a la Subsecretaría de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación de la mano de su entonces amigo Santiago Creel; defenestrado de esa posición, se hizo diputado plurinominal del Partido Acción Nacional donde trabajó de cerca tanto de Carlos Medina Plascencia como del actual dirigente nacional, Germán Martínez Cázares. La alegría y el furor con que celebró el nombramiento de su ex colaborador, lo llevó a darle una amplia difusión en los medios de comunicación.

El líder nacional del PAN lo llevó a la titularidad del Instituto Mexicano del Seguro Social y ahora lo coloca en una posición estratégica para sus propósitos partidarios con los concesionarios de la radio y la televisión. En virtud de que no han guardado las formas de la civilidad política, el líder nacional del PAN se ufana del panismo y de la lealtad de Juan Molinar Horcacitas.

En virtud de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la dependencia con mayores recursos en empleo temporal y que, sobre todo, tendrá la última palabra en las faltas en las que incurran los concesionarios y permisionarios de la radio y la televisión, es claro que su activismo será estar sobre las decisiones de las autoridades electorales.

En días pasados se aprobaron reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, que buscaban armonizarla con las reformas al artículo 41 constitucional y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sin embargo, el nuevo artículo 107 de la Ley de Radio y Televisión resultó inarmónico con el artículo 354, pues una vez que el Consejo General del IFE hace del conocimiento de la SCT sobre las infracciones graves y reiteradas, en su caso, de algún concesionario y permisionario, la propia SCT debe informar al propio Consejo General de las medidas que se hayan tomado. Esta última obligación no quedó establecida en la Ley de Radio y Televisión.

Esta situación es preocupante pues hasta el momento la autoridad electoral no ha mostrado la suficiente organización para cumplir el mandato del nuevo marco electoral que coloca al IFE como el administrador único de los tiempos del Estado en radio y televisión. La tarea de pautar y monitorear los 23.4 millones de espots en todo el tiempo electoral ha resultado más que una fortaleza, una debilidad para el IFE.

En este sentido, estamos ciertos de que el protagonismo de Juan Molinar Horcacitas se ve estimulado ante el evidente vacío legal y el poco eficaz papel de administrador de tiempos en radio y televisión por parte del IFE. Y por supuesto, concientes de que su nombramiento obedece a su militancia panista y a su lealtad a ese partido político.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, con carácter de urgente resolución, someto ante el Pleno de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcacitas, se conduzca con estricto apego a las obligaciones y responsabilidades que le señalan la ley aplicable al sector, y sea respetuoso de las competencias exclusivas del Instituto Federal Electoral en su relación con los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, por el bien de la democracia.

Segundo. Se exhorta al dirigente del Partido Acción Nacional a que respete las tareas de gobierno y no apele a la lealtad panista del nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcacitas, y lo obligue a invadir las competencias exclusivas del Instituto Federal Electoral en su relación con los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, en una demostración de imprudencia política por el necio afán de conservar el poder.

Tercero. Se exhorta al Instituto Federal Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que hagan valer la ley en las resoluciones y sentencias, que tengan que ver con infracciones reiteradas por parte de los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, en materia electoral.

Cuarto. Se exhorta a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para vigilar el uso de los recursos públicos federales, estatales y municipales durante el proceso electoral federal de 2009, para que contribuya a la vigilancia y seguimiento de las facultades que competen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia de radio y televisión para que no invada las facultades exclusivas del Instituto Federal Electoral.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2009.--- Diputado Alberto Amaro Corona (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Gobernación.



INDUSTRIA SIDERURGICA

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió del diputado Rolando Rivero Rivero, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo con el que solicita al Ejecutivo federal, mediante la Secretaría de Economía, que realice los ajustes necesarios a la política arancelaria en materia de productos siderúrgicos importados, con el objeto de proteger la industria siderúrgica nacional.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que a través de la Secretaría de Economía realice los ajustes necesarios a la política arancelaria en materia de productos siderúrgicos importados para proteger la industria nacional, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Rolando Rivero Rivero , diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, a realizar los ajustes necesarios a la política arancelaria en materia de productos siderúrgicos importados, con el propósito de proteger la industria siderúrgica nacional; al tenor de las siguientes

Consideraciones

La profundización de la crisis financiera internacional está generando una recesión en la economía global, con importantes impactos en los diferentes sectores de la economía.

En el mundo abundan los programas y campañas para consumir productos nacionales e incluso regionales. Lamentablemente, en Latinoamérica pasamos de un modelo basado en las importaciones y en el proteccionismo excesivo --de los cincuenta a los setenta- a un modelo frívolo, importador, basado en el dogma de que la apertura al mercado internacional, sin, política industrial y tecnológica, podría convertirnos en exportadores y productores competitivos

Hoy, cuando la demanda internacional se desploma, el entorno se vuelve proteccionista y se seca el crédito y la inversión extranjera; las exportaciones caen rápidamente, pero las importaciones no ceden al mismo paso, dada la costumbre de importar y la deteriorada capacidad de producción nacional, en ausencia de políticas, instituciones y funcionarios experimentados de fomento

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la producción industrial del país registró una caída de 6.7 por ciento en diciembre de 2008, con lo cual reportó una contracción de 1.3 por ciento durante el año pasado, y con ello tuvo su peor desenvolvimiento de los últimos siete años.

En términos anuales, la producción de los cuatro componentes del sector industrial tuvo severos declives en comparación con los registrados en el mismo mes de 2007. Así, la industria manufacturera cayó 6.6 por ciento; la de la construcción 7.1; la minería 6.7 y la generación de electricidad, agua y gas se contrajo 5.3 por ciento.

Bajo este escenario, la industria siderúrgica es una de las más afectadas, dado que las características estructurales de la industria siderúrgica la convierten en un sector de alta vulnerabilidad ante coyunturas económicas como la actual. Dicha vulnerabilidad está dada por la elevada ocupación de mano de obra de la industria y su cadena de valor metalmecánica, por ser una actividad intensiva en capital y tecnología, por su elevada inserción en el comercio internacional (40 por ciento de la producción mundial), y por la histórica propensión a verse afectada por acciones de comercio desleal en situaciones recesivas.

La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero, realizó un análisis del impacto de esta crisis global e identificó las siguientes alertas, haciendo un llamado urgente a la acción de las autoridades.

1 Actualmente existe una enorme sobre oferta de producción de acero en el mundo. Esta situación se verá agravada por que los principales aumentos de capacidad proyectados en el mundo se localizan en países exportadores netos de acero. Según World Steel Association, hasta 2010 se terminarán proyectos en China y la Comunidad de Estados Independientes por 207 millones de toneladas. Este aumento representa, aproximadamente, tres veces la producción actual total de América Latina.
2. El impacto de la recesión económica sobre la siderurgia tendrá características diferentes a las crisis anteriores, por el creciente rol de China, aproximadamente 38 por ciento de la producción mundial de acero. También es de preocupación su política de aumentos de capacidad siderúrgica; la alta participación del Estado en la propiedad de las empresas productoras de acero, la existencia de políticas gubernamentales orientadas a promover exportaciones mediante estímulos financieros y fiscales, y prácticas de comercio desleal (subsidios directos e indirectos, y dumping).
3. Hay que destacar el agresivo crecimiento de las exportaciones chinas rusas e hindúes hacia nuestro país, tanto de productos de acero como de la cadena metalmecánica. De acuerdo al Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero, las exportaciones chinas de productos siderúrgicos hacia Latinoamérica aumentaron un 23 por ciento ,aproximadamente, en 2008; mientras que las ventas chinas al resto del mundo disminuyeron, en parte como consecuencia de las acciones de defensa de mercados aplicadas por varios países del mundo, como por ejemplo Estados Unidos. Además, el valor de las exportaciones chinas de productos de la cadena metalmecánica hacia América Latina aumentó un 35 por ciento, aproximadamente, en 2008.

Ante la gravedad de la crisis económica, la siderurgia mexicana debe blindarse ante los impactos negativos de la crisis que ya están presentes en el sector. Por lo antes mencionado, es de carácter urgente hacer un llamado al gobierno federal para que implemente políticas para minimizar el impacto de esta crisis en el sector y para agilizar los mecanismos para la defensa de los mercados domésticos. Por tal motivo, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, a evaluar la posibilidad de realizar ajustes a la política arancelaria en materia de productos siderúrgicos importados, con objeto de proteger la industria siderúrgica nacional.

Segundo. Se exhorta a esta misma secretaría para que entregue a esta soberanía un reporte sobre la viabilidad de esta propuesta, en un plazo no mayor a 30 días hábiles.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2009.--- Diputado Rolando Rivero Rivero (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Economía.



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió del diputado Alberto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la SCT a que destituya al titular del Centro SCT en Tlaxcala; asimismo, a que investigue y, en su caso, sancione los presuntos actos de corrupción y negligencia por parte de dicho funcionario.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes a destituir al titular del Centro SCT en Tlaxcala, así como a investigar y, en su caso, sancionar los presuntos actos de corrupción y negligencia de dicho servidor público, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Alberto Amaro Corona , de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El día de hoy, hago uso de esta tribuna para plantear un asunto concreto que, si bien ocurre en el estado de Tlaxcala, es de nuestra competencia no sólo porque hechos similares acontecen en el resto de la república, sino porque tienen relación directa con las acciones realizadas por el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la entiddad.

A finales de 2008, el secretario de Comunicaciones y Transportes nombró al licenciado Marco Tulio Munive Temoltzin, como director del Centro SCT en Tlaxcala, después de la destitución del arquitecto Juan de la Cruz Alberto Cano Cortezano.

A partir de la designación de Munive, el Centro SCT se ha convertido en una dependencia ineficiente, irregular y poco transparente en la cual impera la demora, el entorpecimiento en la atención y resolución de asuntos y actos presumiblemente marcados por la corrupción.

La deficiente e irregular administración de Marco Tulio Munive Temoltzin, ha generado un reclamo generalizado de los usuarios de los servicios que presta el Centro SCT, situación que amenaza la estabilidad de esa dependencia. La falta de capacidad, de compromiso, responsabilidad y experiencia en sus funciones y las de sus colaboradores cercanos es el sello que caracteriza a esta importante institución.

En repetidas ocasiones se han acercado al suscrito un gran número de ciudadanos tlaxcaltecas y prestadores del servicio con el fin de solicitar apoyo para destrabar y agilizar diversos trámites y servicios solicitados ante esta institución, manifestando su inconformidad derivada de la falta de atención y responsabilidad por parte del titular y del personal que labora en esta institución, haciendo énfasis en la negligencia y corrupción con que conducen su actuación.

Un claro ejemplo de la irregularidad con que conducen su actuación los funcionarios del Centro SCT es el que tiene que ver con el viejo problema que arrastra la empresa Unificación Vanguardista de Permisionarios Tlaxcala-Puebla, SA de CV. En el año 2005, el Centro SCT diseñó un Programa de Regularización del Servicio Público de Autotransporte Federal, en el cual participó esta organización cumpliendo plenamente los requisitos que exigía dicho programa. Sin embargo no reconoció el cumplimiento y hasta el día de hoy la empresa no ha recibido ninguna justificación legal a la negativa por parte del Centro SCT. Se trata de un claro abuso de autoridad y de una desactualizada forma de entender la vida pública, pues hoy toda función pública debe ser transparente.

Es importante mencionar que la empresa Unificación Vanguardista de Permisionarios Tlaxcala-Puebla, SA de CV, desde el año 2006 tuvo problemas internos respecto de qué socio tendría la representación legal de la sociedad, cuestión que de acuerdo a las leyes mercantiles y notariales, ha quedado resuelta. En diversas fechas y mediante oficio se informó al Centro SCT Tlaxcala el cambio de los integrantes del consejo de administración, los nombres de los nuevos integrantes; se hizo del conocimiento a la institución que a partir del nombramiento del nuevo consejo quedaba, por lo tanto, sin efectos el nombramiento del anterior presidente, de nombre Antonio Román Sánchez; y se solicitó se reconociera la personalidad del nuevo representante, señor Esiquio Pérez Tlamintzi, a lo que el Centro SCT requirió la exhibición de la documentación que acreditara dicha personalidad, lo cual se cumplió en tiempo y forma.

Ahora bien, a pesar de que Esiquio Pérez Tlamintzi, quien es el nuevo presidente del consejo de administración ha cumplido y exhibido toda la documentación que acredita su personalidad ante el Centro SCT, no ha logrado que esta institución otorgue el permiso para la prestación del servicio de transporte público federal de autotransporte de pasajeros, y ocho inclusiones, que la Unificación Vanguardista de Permisionarios Tlaxcala-Puebla, SA de CV, ha venido solicitando desde el año 2005; más aún, el actual director Marco Tulio Munive Temolzin, sin ningún argumento legal prohibió de manera arbitraria a esta empresa continuar con el trámite que con tanto esmero han venido solicitando. Contrario a ello esta dependencia sigue tolerando y dando facilidades de acceso al otro grupo de personas que se ostentan como integrantes de un consejo de administración que hace años quedo revocado y que han incurrido en diversas irregularidades en coordinación y complicidad con el titular del Centro SCT. Ese grupo lo dirige Antonio Román Sánchez.

A pesar de que la empresa Unificación Vanguardista de Permisionarios Tlaxcala-Puebla, SA de CV, ha tenido diversas reuniones con el director general del actual Centro SCT Tlaxcala, no han podido llegar a acuerdos ni soluciones, incluso ellos reconocen que no tienen injerencia al interior de cualquier sociedad anónima, sólo verificar que se cumplan con los requisitos para dar trámite a la solicitud correspondiente, requisitos que han cumplido en su totalidad, pero que el Centro SCT ha hecho caso omiso con el único fin de beneficiar y favorecer a Antonio Román Sánchez, del cual obtiene lucros indebidos para su persona y de sus colaboradores, manteniendo a esa institución sumida en la corrupción, la burocracia y la falta de transparencia.

Esta situación ha obligado a que la empresa Unificación Vanguardista de Permisionarios Tlaxcala-Puebla, SA de CV, haya presentado diversos recursos legales para intentar hacer valer lo que a su derecho corresponde. Es el caso que se han visto en la necesidad de presentar recursos administrativos de revisión y han solicitado la intervención de las autoridades centrales, las cuales han dado la razón a la empresa mencionada.

Resulta por demás sospechoso que los distintos titulares del Centro SCT Tlaxcala han tomado la decisión de intervenir en un conflicto interno de una empresa y, más grave aún, que se hayan inclinado hacia la parte que legalmente no tiene representación, como se prueba en los oficios, constancias de asambleas, intervenciones de las autoridades centrales, entre otras. Por supuesto, la única excepción fue la del ingeniero Manuel Cázares, quien fue probo e imparcial en el despacho de los asuntos de su competencia.

Queda claro que la empresa prestadora de servicios tiene como único fin operar en el marco de la legalidad para así poder seguir trabajando en beneficio de sus familias y de su comunidad, a través del servicio de autotransporte federal de pasajeros. Es incomprensible que un funcionario público maltrate a los prestadores de servicios con los que tiene la obligación legal de tratar todos los días.

El artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos señala que todo servidor público tendrá la obligación de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. Asimismo el artículo 36 del Reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes señala las atribuciones de los titulares de los Centros SCT, las cuales en el caso que nos ocupa no se han cumplido.

Asimismo el artículo 9 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotrasporte Federal, señala que la resolución correspondiente a las solicitudes sobre permisos que presente cualquier ciudadano o sociedades legalmente constituidas deberá emitirse en un plazo que no exceda de 30 días naturales, contado a partir de aquél en que se hubiere presentado la solicitud debidamente requisitada, salvo que por la complejidad de la resolución sea necesario un plazo mayor, que no podrá exceder de 45 días naturales. En los casos que señale el reglamento, si transcurrido dicho plazo no se ha emitido la resolución respectiva, se entenderá como favorable.

Tal como se desprende de los artículos antes citados, resulta por demás evidente que este servidor público en el corto plazo de ejercicio de su encargo, ha realizado un trabajo deficiente, haciendo caso omiso de los ordenamientos que regulan su actuación, incumpliendo con la representación delegada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como con las principales labores de aplicación, supervisión de los diversos servicios de comunicaciones y transportes, construcción, modernización y conservación de infraestructura carretera, aeroportuaria, portuaria y de comunicaciones.

Nosotros como máximo órgano de representación popular no podemos hacer caso omiso de esta denuncia ciudadana. En tal razón y por los elementos aquí expuestos, es que los invito a solidarizarse con los ciudadanos y prestadores de servicios de transporte del estado de Tlaxcala, y los exhorto a unirse a este punto de acuerdo para que sea votado de manera favorable, con el carácter de urgente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, con carácter de urgente resolución, someto ante el Pleno de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes a que, de manera inmediata, proceda a la destitución del titular del Centro SCT en el estado de Tlaxcala y realice las diligencias necesarias en aras de investigar y, en su caso, sancionar las acciones irregulares y presuntos actos de corrupción y negligencia por parte de dicho funcionario, afectando lastimosamente a los prestadores de servicios en el sector del transporte.

México, DF, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2009.--- Diputado Alberto Amaro Corona (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Transportes.



ESTADO DE OAXACA

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió proposición con punto de acuerdo que exhorta a la SSP a que se proceda a la publicación conforme a derecho del beneficio a la preliberación de los ciudadanos Cirilo Ambrosio Antonio, Gregorio Enríquez Martínez, Ricardo Martínez Henríquez, Urbano Ruiz Cruz, Félix Pedro Hernández Juárez y Arnulfo Estanislao Ramírez Santiago, internos en el penal de Ixcotel, Oaxaca, suscrito por los diputados Othón Cuevas Córdovay Carlos Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSP a aplicar el beneficio de la preliberación a los ciudadanos Cirilo Ambrosio Antonio, Gregorio Enríquez Martínez o Ricardo Martínez Henríquez, Urbano Ruiz Cruz o Félix Pedro Hernández Juárez y Arnulfo o Estanislao Ramírez Santiago, internos en el penal de Ixcotel, Oaxaca, suscrita por los diputados Othón Cuevas Córdova y Carlos Martínez Martínez , del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados Othón Cuevas Córdova y Carlos Martínez Martínez , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permitin someter a la alta consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública federal para que por medio del titular del órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, proceda a la aplicación conforme a derecho del beneficio a la preliberación de los ciudadanos Cirilo Ambrosio Antonio, Gregorio Enríquez Martínez o Ricardo Martínez Henríquez, Urbano Ruiz Cruz o Félix Pedro Hernández Juárez y Arnulfo o Estanislao Ramírez Santiago, internos en el penal de Ixcotel, Oaxaca, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Oaxaca ha sido escenario de diversos movimientos sociales, cuyo origen son las enormes desigualdades que persisten entre su población donde conviven 16 grupos étnicos que comparten su riqueza humana, social y cultural. Esta diversidad, paradójicamente, es un factor que por incapacidad de los gobiernos estatales y federales se refleja en el subdesarrollo de estos pueblos y comunidades originarias.

Lamentablemente, el reflejo de este subdesarrollo ha llegado a manifestarse en expresiones violentas que han atentado contra la seguridad de las personas y de las instituciones, tal es el caso de los acontecimientos en La Crucecita, Huatulco, Oaxaca, en agosto de 1996, cuando hizo su aparición, de forma violenta atacando a destacamentos de seguridad pública, un grupo armado denominado Ejercito Popular Revolucionario (EPR).

Este escenario, provocó que el gobierno del estado de Oaxaca diera inicio a la represión en contra del pueblo de San Agustín Loxicha, por lo que encarcelaron a más de 150 personas, librando más de 200 órdenes de aprensión. Entre ellas, las de 12 indígenas loxichas que actualmente se encuentran recluidos en los penales de Ixcotel y Etla, de Oaxaca.

A más de 12 años del conflicto que afectó a la región de los Loxicha, cuatro de los indígenas sentenciados a una pena de 13 años y 6 meses de prisión, y que conforme a derecho deberían estar gozando del beneficio de la preliberación, fundamentada en los artículos 84 del Código Penal Federal, 540 y 541 del Código Federal de Procedimientos Penales y 16 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, aún se encuentran recluidos en el penal de Ixcotel. Estos indígenas son los ciudadanos Cirilo Ambrosio Antonio, Gregorio Enríquez Martínez o Ricardo Martínez Henríquez, Urbano Ruiz Cruz o Félix Pedro Hernández Juárez y Arnulfo o Estanislao Ramírez Santiago.

En los cuatro casos la sentencia fue dictada con fecha 11 de marzo del 2004, por el Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en el Toca Penal número 226/2003, por los delitos anteriormente descritos y conforme al tiempo que han pasado recluidos y a la sentencia del juez, ya han cumplido más de tres quintas partes de la condena que la ley fija para tener derecho al beneficio de la preliberación. Además de que con fecha 4 de agosto de 2005, se cumplió con el pago de la reparación del daño.

No obstante que el órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, el cual tiene la misión de ser la instancia de la Secretaría de Seguridad Pública federal que coadyuve a la preservación del estado de derecho, con el establecimiento y coordinación de la política penitenciaria de prevención del delito y readaptación social, en estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos, de manera extemporánea, presentó un recurso de revisión contra la sentencia que concedía el beneficio de la preliberación, que el juez admitió y ordenó que se fuera al tribunal colegiado para que este decidiera si procede su estudio o no, a pesar de la extemporaneidad del recurso, demostrando la mala fe de la dependencia federal en la violación de los derechos que tienen los indígenas loxichas.

Es lamentable que una institución federal proceda, como lo hace ahora, en contra de un proceso sustentado en derecho y que protege los beneficios de la legislación a favor de las comunidades y pueblos indígenas. En el mismo sentido los responsables de la aplicación de esta legislación deberían de estar sumamente preocupados, ya que estos indígenas loxichas han cumplido con la sentencia correspondiente, pero el estado de derecho parece que no existe para ellos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicitamos a esta soberanía para que de urgente y obvia resolución se proceda a aprobar los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita al comisionado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública federal, instruya y proceda a la aplicación conforme a los artículos 84 del Código Penal Federal, 540 y 541 del Código Federal de Procedimientos Penales y 16 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, del beneficio a la preliberación de los ciudadanos Cirilo Ambrosio Antonio, Gregorio Enríquez Martínez o Ricardo Martínez Henríquez, Urbano Ruiz Cruz o Félix Pedro Hernández Juárez y Arnulfo o Estanislao Ramírez Santiago, internos en el penal de Ixcotel, en Oaxaca.

Segundo. Se solicita, en un plazo no mayor de 30 días, al comisionado de Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Seguridad Pública federal, presente a la Cámara de Diputados, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, un informe de la situación que los indígenas loxichas Cirilo Ambrosio Antonio, Gregorio Enríquez Martínez o Ricardo Martínez Henríquez, Urbano Ruiz Cruz o Félix Pedro Hernández Juárez y Arnulfo o Estanislao Ramírez Santiago, internos en el penal de Ixcotel, en Oaxaca, no han sido beneficiados con la preliberación con base en los artículos 84 del Código Penal Federal, 540 y 541 del Código Federal de Procedimientos Penales y 16 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de marzo de 2009.--- Diputados: Othón Cuevas Córdova , Carlos Martínez Martínez (rúbricas).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.



ESTADO DE TLAXCALA

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió del diputado Alberto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Agencia de Seguridad Federal a que profundice las investigaciones de las irregularidades detectadas en la ejecución de los programas de seguridad pública en Tlaxcala.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a profundizar en las investigaciones de las irregularidades detectadas en la ejecución de los programas de seguridad pública en Tlaxcala, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Estamos en pleno año electoral, han terminado las precampañas y el país se encuentra hundido en una doble crisis: la económica y la de seguridad pública. Está claro que la sola existencia de las crisis demuestra y evidencia el mal gobierno del Partido Acción Nacional. Pero no es nada más el gobierno federal, sino muy especialmente los gobiernos estatales panistas. El caso que una vez más nos ocupa es el de Tlaxcala.

Ya lo habíamos denunciado en esta misma tribuna que, de acuerdo con información publicada el pasado 12 de agosto de 2008 por el periodista Lemic Madrid, del periódico Excélsior, un informe del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que ``las organizaciones delictivas han convertido al estado de Tlaxcala en el mayor centro de victimización en materia de secuestro''.

El caso es que en 2007 se registraron 596 secuestros en el país: 164 corresponden a Tlaxcala, es decir, 27 por ciento; y en el primer trimestre de 2008, se registran 41 secuestros. Esta realidad sucede en el estado más pequeño del país, con una población de 1 millón de habitantes.

Hoy sabemos por el periódico La Jornada de Oriente que reseña el informe de la Auditoría Superior de la Federación de que el gobierno de Tlaxcala incumplió con el convenio en materia de seguridad pública que firmó con la Secretaría de Seguridad Pública federal, pues además de no haber gastado la totalidad de los recursos, ``prevalece una deficiente planeación y programación, evaluación y capacitación del personal policial, adquisición de armamento y equipo en la entidad''.

Entre las irregularidades que detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se identifica un subejercicio de 13 millones 178 mil pesos, que representa 17.8 por ciento del total del gasto autorizado para 2007.

¿Por qué si el principal problema del país es la inseguridad, el gobierno panista de Héctor Ortiz se atreve a no ejercer recursos aprobados para paliar el problema?

Los hechos son muchos, pero dice la autoridad fiscalizadora que ``los subejercicios revelan que los recursos del fideicomiso Fondo de Seguridad Pública (Foseg) no se sujetan a una estrategia de gestión que programe de manera eficiente su aplicación, ya que, no obstante las necesidades insatisfechas en los diferentes ejes del sistema, no se utilizan plenamente las asignaciones autorizadas, lo que se confirma por el hecho de que a junio de 2008 (cuando la ASF practicó dicha auditoría) aún se contaba con disponibilidades que ascendían a 10 millones 493 mil 600 pesos''.

Es decir, el gobierno panista de Héctor Ortiz no cuenta con una estrategia de gestión que le permita programar de manera eficiente la aplicación del gasto. El problema es que quienes pagan los costos de un gobierno panista que no sabe gobernar son los ciudadanos. Los ciudadanos que, además de inseguridad, carecen de empleo.

Un dato que denota el interés gubernamental para combatir el problema es el que se refiere a que, con base en datos proporcionados a la ASF por el secretariado ejecutivo del Consejo Consultivo Estatal de Seguridad Pública de Tlaxcala, se desprende que en el estado 97.4 por ciento de los evaluados no se encuentra capacitado para cumplir con esta función, ya que, de acuerdo con el examen que les practicaron respecto a las técnicas de la función policial, la cual está encaminada a determinar las habilidades físicas y destrezas, tales como armamento y tiro policial, capacidad física, defensa policial, detención y conducción de probables responsables, entre otras cualidades, ``sólo 2.6 por ciento obtuvo una calificación mayor o igual a 70 puntos en una escala de 10 a 100''. Téngase presente que los efectivos de seguridad en Tlaxcala son 2 mil 941.

Otra vez preguntamos ¿en qué consiste la acción responsable del Partido Acción Nacional de cara a la ciudadanía? ¿Cómo explican los gobiernos panistas los gastos en publicidad frente a su incapacidad para gobernar y construir políticas públicas? ¿Cuáles son las acciones responsables de Héctor Ortiz en Tlaxcala?

La misma fuente periodística da cuenta de que 48.7 por ciento de los mil 375 efectivos revisados, y que representan casi 50 por ciento del total de los uniformados, no son aptos para el cargo, pues enfrentan problemas psicológicos que requieren desde apoyo psicológico de carácter preventivo hasta una evaluación en la materia más profunda, según una evaluación de personalidad practicada que consiste en identificar las características psicodiagnósticas que demanda el puesto y el nivel idóneo de capacidad intelectual.

Pero no solamente hay carencia de estrategia de gestión de aptitud psicológica de técnicas de la función policial sino que, de acuerdo con la revisión médica a 989 policías preventivos realizada por el Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud, da cuenta que 52.2 por ciento de ellos ``reportó algún tipo de padecimiento'', amén de que 61.9 por ciento de los policías tiene sobrepeso de más de 10 kilogramos, lo que incide en su rendimiento.

El problema no termina ahí. Resulta que otra de las graves deficiencias que detectó la ASF fue en el rubro de equipamiento, pues existe deterioro en el armamento, ya que de las 2 mil 715 armas existentes a 2007 en la otrora Subsecretaría de Seguridad Pública y Readaptación Social, mil 17 son obsoletas o sus condiciones de funcionamiento son apenas regulares.

La parte final de esta cadena de irregularidades tiene que ver con la situación salarial. Según la misma fuente de información, la Auditoría Superior de la Federación identifica en el rubro de sueldos que un policía preventivo tiene que vivir con un salario promedio de 4 mil 424 pesos mensuales, un cabo de policía con 4 mil 776.5, un sargento con 5 mil 313 pesos, un subcomandante con 6 mil 485.1 pesos, un comandante de grupo con 7 mil 769 pesos y un comandante operativo con 13 mil 607.8 pesos.

Compañeros diputados, las últimas encuestas que evalúan la confianza en las instituciones señalan con mucha claridad que las instituciones fundamentales del Estado mexicano han caído en la confianza de los ciudadanos.

Quiero decirles que es nuestro deber enaltecer la vida institucional. No es posible aceptar que un gobierno estatal como el panista de Tlaxcala haga caso omiso de la gravedad de un problema nacional y se atreva a incurrir en subejercicios imputables a una incapacidad gubernamental de administrar y construir políticas públicas.

Por lo expuesto y fundado, con carácter de urgente resolución, someto ante el Pleno de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al auditoría superior de la Federación profundizar en las en las irregularidades detectadas en la ejecución de los programas de seguridad pública en el estado de Tlaxcala y , en su caso, se apliquen las sanciones correspondientes por el incumplimiento del convenio firmado con la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública Federal a rendir un informe detallado sobre el cumplimiento que ha dado el gobierno de Tlaxcala, respecto al convenio que en materia de seguridad han firmado ambas instancias en 2007 y 2008, en atención a los resultados negativos de su aplicación que afectan a la ciudadanía.

Tercero. Se exhorta al honorable Congreso de Tlaxcala a realizar, en su calidad de poder constituido y en el marco del equilibrio de poderes, una revisión de la legislación local vigente, así como de la política de seguridad estatal y sus resultados en 2007 y 2008, como muestra de compromiso social.

México, DF, a 24 de marzo de 2009.--- Diputado Alberto Amaro Corona (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió del diputado Alberto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a que rinda un informe detallado sobre el desempeño y los méritos de los funcionarios públicos responsables de las Direcciones Generales de Aeronáutica Civil y de ASA, así como de su familiar recientemente nombrado comandante del aeropuerto internacional de Toluca.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta al Ejecutivo federal a rendir un informe detallado sobre el desempeño y los méritos de los servidores públicos encargados de las Direcciones Generales de Aeronáutica Civil y de ASA, así como de su familiar recientemente nombrado comandante del aeropuerto internacional de Toluca, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Alberto Amaro Corona , diputado federal ala LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Esta semana hemos conocido un reportaje periodístico, que publica la revista Emeequis sobre la situación de la aviación civil mexicana. Se trata de una denuncia pública, documentada sobre la constante corrupción que confunde los intereses públicos con los intereses de los particulares. En medio de esta historia, como en muchos otros casos, están los funcionarios que responden a intereses privados y nunca, ni por asomo, a los intereses públicos que deben defender y hacer valer. Este es el drama que se presenta como la desgracia de la historia nacional.

Las denuncias consisten en que el titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil hasta hace unos meses, capitán Gilberto López Meyer, pues hoy fue premiado con el cargo de director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, expidió permisos, certificó y validó a las escuelas o llamados centros de capacitación y adiestramiento de pilotos, sobrecargos y mecánicos aeronáuticos que difícilmente cumplen con los reglamentos y normas que exige la Ley de Aviación Civil.

La propia publicación señala como ejemplo la Escuela de Aviación Civil Hernández Moreno , que es dirigida por Carlos Hernández Smith y que ofrece las carreras de piloto aviador privado y comercial, oficial de operaciones aeronáuticas y sobrecargo de aviación. Se trata de una ``escuela'' instalada en una casa de dos plantas. La planta baja es utilizada para estacionar el vehículo del director y un cuarto sirve de oficinas centrales. En la planta alta, se encuentra un pequeño juego de sala. Al costado un salón con mesas y sillas de plástico. Una televisión, un pizarrón blanco y posters de aviones son los únicos indicios de que ahí existe una escuela de aviación. En esta escuela no hay computadoras, ni equipo aeronáutico ni nada más.

``Así luce la Escuela de Aviación Civil y Centro de Capacitación Aeronáutico que autorizó el entonces director general de Aeronáutica Civil, Gilberto López Meyer, el 26 de mayo del 2004, según consta en documentos oficiales, mediante el permiso número L-61 de funcionamiento y operación de Centro de Capacitación y Adiestramiento, otorgado por tiempo indefinido, que además fue firmado por el director de Seguridad Aérea, Jesús Moreno Bautista.''

El ejemplo es de la mayor relevancia si tenemos presente que los 5 mil 800 aviones que operan diariamente, tienen la responsabilidad de transportar a 46 millones de pasajeros en vuelos comerciales al año.

Es muy preocupante que el gobierno federal presuma el servicio civil de carrera y sea omiso e irresponsable en un área que demanda la máxima seguridad nacional y altas calificaciones y profesionalismo de todo el personal que se desempeña en estas áreas tan sensibles.

Según Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas, asegura que, cada año, un promedio de 200 personas se gradúan como pilotos de aviación privados y comerciales en los centros de capacitación aeronáutica que existen en todo el país. ¿Y de todos esos pilotos, cuántos están debidamente capacitados? Un 25 por ciento. Muchas escuelas tienen permiso pero no tienen instalaciones, o tienen instalaciones pero no tiene permiso.

Otra de las aristas de la seguridad aérea es la inspección y verificación de vuelos. Es el caso que a sus 70 años, Alberto Guevara Lira tiene trabajo como inspector y verificador aeronáutico de vuelos reales y en simulador, en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Este capitán piloto, quien encabeza la lista de 16 inspectores y verificadores aeronáuticos de vuelos reales y en simulador, de la DGAC, tiene cancelada su licencia de piloto del servicio público y las autoridades la presentan como vigente. Pero no es el único caso. Existen otros diez pilotos de la DGAC que tienen vencida su licencia por haber rebasado los 65 años de edad y son los inspectores y verificadores de vuelos que más exámenes aplicaron en territorio nacional y en el extranjero en 2008.

De los 749 exámenes que se aplicaron para certificar pilotos, estos inspectores y verificadores, de entre 65 y 74 años de edad, realizaron 710 pruebas, lo cual es totalmente contrario a la Ley de Aviación Civil la cual señala que al cumplir los 65 años de edad se vence, de forma automática, la licencia de piloto del servicio público.

Pero nada dice sobre la necesidad de que dichos verificadores de vuelos sean verificados en su conocimiento de las nuevas tecnologías aeronáuticas. Las autoridades aeronáuticas reportan como vigentes licencias de transporte público ilimitado cuando debieron reportarlas como revocadas. Así consta en un documento expedido por la DGAC con fecha de 17 de diciembre del 2008.

Pongo el énfasis en que la Dirección General de Aeronáutica Civil es la unidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes encargada de aplicar la vigilancia y el cumplimiento de la normatividad en el sector aéreo.

La lista de inspectores y verificadores aeronáuticos de vuelos reales y en simulador coincide con el grupo de instructores que durante el año pasado acapararon las mayores asignaciones como instructores y verificadores de pilotos. Asignaciones que van de la mano con el pago de honorarios económicos. Son 11 instructores y verificadores que más exámenes aplicaron el año pasado en territorio nacional y en el extranjero.

De los 749 exámenes, ellos realizaron 710 pruebas. De acuerdo con los ``Lineamientos internos para comisiones, viáticos nacionales y extranjeros y pasajes de la SCT 2008'', los funcionarios reciben tarifas de hasta 450 dólares o 450 euros diarios.

Otro aspecto de la mayor trascendencia se refiere a que en el sexenio de Vicente Fox y la administración de Felipe Calderón, el entonces director de Aeronáutica Civil extendió permisos para la operación de líneas aéreas de bajo costo. Como ocurrió con la empresa Aerolíneas Mesoamericanas, SA de CV, mejor conocida como ``Alma de México''. López Meyer permitió que el administrador de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Héctor Raúl García Fox, apareciera como apoderado de la línea aérea. La aerolínea de bajo costo, que inició operaciones el 8 de junio del 2006, propiedad del empresario Carlos Peralta Quintero, no pudo solventar sus operaciones y se declaró en quiebra el 7 de noviembre del 2008.

De acuerdo con el acta constitutiva de Alma de México, desde el 16 de enero del 2006, Héctor Raúl García Fox formó parte del Comité de Recursos Humanos de las Aerolíneas Mesoamericanas. García Fox se desempeñó como director de Administración de la DGAC, del primero de abril del 2003 al 30 de junio del 2006.

Entre paréntesis, hay que decir que Héctor González Weeks, quien fuera director comercial de la quebrada aerolínea Alma, de abril del 2006 a septiembre de 2007, fue designado en los últimos días de enero de 2009, como nuevo Director General de Aeronáutica Civil, el cargo que dejó López Meyer.

Pero también vale la pena decir que la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Dirección General Adjunta de Transporte y Control Aeronáutico autorizaron la salida de aviones de Aerolíneas Mesoamericanas del territorio nacional rumbo a Canadá sin haber cancelado las matrículas mexicanas ante el Registro Aeronáutico Mexicano, a pesar de estar en suspensión de operaciones, tener deudas de combustible y de navegación con la SCT.

El pasado 7 de noviembre, la aerolínea solicitó al Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (Ifecom) coadyuvar a conciliar los intereses de los acreedores, empleados y proveedores.

Quien no corrió con la misma suerte de Alma de México fue la aerolínea Aviacsa: la SCT le embargó hace unos días, 13 aviones por incumplimiento de pago de 300 millones de pesos. En los dos últimos años suspendieron operaciones por adeudos millonarios con la SCT: Líneas Aéreas Azteca, Aerocalifornia, A Volar y Nova Air, ATA y Alma de México.

En la misma línea de trabajo, hay que señalar que el titular del Ejecutivo federal había declarado en campaña que no habría familiares suyos en su gobierno; sin embargo, el sorpresivo nombramiento de Mario Agustín Calderón García, como comandante del Aeropuerto Internacional de Toluca nos lleva a varios cuestionamientos.

Lo primero que se debe decir es sobre la historia de éste familiar de Felipe Calderón. Resulta que en octubre de 2005, Mario Agustín Calderón García había logrado ahorrar lo suficiente y dejaba de ser un trabajador de Aquatech Car Wash Systems, en el que ganaba poco más de 700 dólares a la quincena con todo y tiempo extra, para convertirse en el dueño de un modesto negocio de lavado de autos: Mario's Interior Clearing; cerraba así sus esfuerzos desde que llegó a California en 2001, luego de dejar de manera súbita su natal Michoacán.

Ya se había establecido en el ramo cuando, de pronto, su vida dio un nuevo giro, regresó a México hace siete meses y desde septiembre de 2008 ocupa el cargo de comandante del aeropuerto internacional de Toluca.

El nombramiento lo hizo López Meyer a pesar de que durante su campaña electoral el propio presidente Calderón Hinojosa se comprometió a que en su mandato ``no trabajará ningún familiar mío en el gobierno federal''.

Mario Agustín Calderón García nació el seis de abril de 1963, en Morelia, Michoacán. Es hijo de Mario Calderón Cerda y de Josefina García García. Su padre fue primo de Luis Calderón Vega, a su vez padre del presidente Felipe Calderón. El vínculo ha sido confirmado por los propios familiares.

Pero además del parentesco, lo que más preocupa es la competencia profesional. Según la documentación que obra en poder de la Dirección General de Aeronáutica Civil registra que el último curso de aeronáutica civil que tomó fue hace 20 años, en Morelia: ``Seguridad Aeroportuaria, Dirección General de Aeronáutica Civil, 1989''.

En la documentación que Mario Calderón presenta a las autoridades mexicanas llaman la atención dos licencias expedidas por el servicio aeronáutico mexicano: una es de piloto privado de ala fija y la otra de oficial de operaciones de aeronaves.

Lo raro es que las licencias, ambas firmadas por Fernando Antillón Valenzuela, entonces director general de Aeronáutica Civil, se expidieron en junio y mayo de 2002, cuando Mario Calderón se dedicaba a trabajar en un lavado de autos en Sacramento. En su currículum, no presenta ningún documento oficial que acredite los últimos cursos de capacitación que certificaron sus licencias aeronáuticas, cuya fecha de vencimiento fue el 6 de agosto de 2003.

Todo lo que hasta aquí se ha referido, es información que representa en sí misma una denuncia de hechos que pueden ser constitutivos de diversos delitos e infracciones administrativas y, además, un grave problema de falta de ética, de transparencia, profesionalismo y rendición de cuentas en el desempeño público. Es inadmisible que este poder del Estado mexicano no se pronuncie unánimemente para reclamar una amplia explicación ante los legisladores y ante la opinión pública.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, con carácter de urgente resolución, someto ante el Pleno de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, en cumplimiento de la ética del servicio público y de la imperiosa necesidad de rendir cuentas a los ciudadanos y al poder legislativo, rinda a la brevedad un informe detallado sobre el desempeño y los méritos de los funcionarios públicos responsables de las Direcciones Generales de Aeronáutica Civil y de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, así como de su familiar, recientemente nombrado comandante del aeropuerto internacional de Toluca.

México, DF, a 24 de marzo de 2009.--- Diputado Alberto Amaro Corona (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Transportes.



EDUCACION BASICA - ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES Y COMPUTACION

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió del diputado Sergio Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo que exhorta a la SEP a que incluya en los programas educativos de nivel básico, la enseñanza del idioma inglés y la computación.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a incluir en los programas educativos del nivel básico la enseñanza del idioma inglés y de computación, a cargo del diputado Sergio Hernández Hernández , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Sergio Hernández Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, a efecto de exhortar a la Secretaría de Educación Pública a incluir en los programas de educación básica la enseñanza del idioma inglés y de computación, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En más de una ocasión he presentado propuestas de solución a las diversas problemáticas que enfrenta actualmente el sector educativo, pues estoy convencido de que éste es determinante para el desarrollo del país, al proporcionar a la población las herramientas necesarias para afrontar exitosamente los nuevos retos que impone el mundo globalizado, pero, más importante aún, al permitirle generar las condiciones que ayuden a disminuir las brechas de desigualdad entre los ciudadanos.

Aunado a lo anterior, en 2009 contar con una formación educativa sólida e integral, será un elemento indispensable y la mejor defensa contra el desempleo que está generando la reciente crisis económica internacional, pues según los resultados del más reciente estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), denominado ``Panorama Laboral 2008'', los países de América Latina y el Caribe se verán afectados principalmente en la reducción de la demanda de las exportaciones, la caída de los precios de las materias primas, el alza de los costos de capital y contracción del crédito, así como la reducción de los envíos de remesas y la menor demanda de servicios turísticos.

Por todos es bien sabido que la educación es un derecho fundamental reconocido desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por nuestra Constitución Política.

No podemos negar los grandes esfuerzos realizados por el Estado mexicano para mejorar la cantidad y la calidad de la educación, pues según la evaluación Educación para Todos realizada en el 2000, México ha avanzado considerablemente en los rubros de alfabetización y cobertura de la educación básica; sin embargo, se observa que subsiste aún una abundante discriminación de géneros y que la calidad de la educación no cubre los aspectos elementales que nos permitan generar alumnos competitivos en el ámbito nacional e internacional, lo que quiere decir que se está negando a los niños y jóvenes el acceso a las nuevas tecnologías y a los conocimientos necesarios para poder encontrar empleos bien remunerados.

Como consecuencia de las deficiencias de nuestro sistema educativo, podemos concluir que México continuará retrocediendo en materia de competitividad, generando profesionistas con un elevado grado de frustración sin posibilidades de competir en el actual mundo globalizado, lo que acrecentará las brechas de desigualdad y la pobreza existentes hasta nuestros días.

Ante este panorama, debemos estar conscientes que no basta con centrar nuestros esfuerzos en destinar presupuestos crecientes todos los años para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación, sino que debemos destinar parte de estos recursos para complementar nuestros programas educativos con materias alternativas como inglés y computación , que proporcionen a las futuras generaciones los elementos mínimos necesarios para afrontar los grandes retos que plantea actualmente un mundo en crisis y globalizado, y que les facilite el acceso a empleos bien remunerados.

En la actualidad, no podemos negar que el inglés se ha convertido en un requisito indispensable para insertarse adecuadamente en el ámbito laboral, además de ser una valiosa herramienta para acceder a la información vía internet, permitiéndole a nuestros jóvenes contar con análisis objetivos y formarse sus propios criterios respecto de la realidad nacional e internacional. Sin duda alguna, el inglés se ha convertido en el idioma más hablado a nivel mundial como segunda lengua, instituyéndose como el idioma oficial de los negocios y del turismo.

Por esta razón, es urgente que adoptemos dentro de los programas educativos del nivel básico, la enseñanza del idioma inglés y computación con carácter obligatorio, toda vez que los niños tienen mucha mayor facilidad para asimilar e incorporar nuevos conocimientos a esa edad de manera natural. Es obligación del estado sentar las bases para la formulación de políticas públicas para el manejo acertado de las nuevas tecnologías y su introducción en los centros educativos y es nuestro deber como legisladores el proporcionar los medios necesarios para que esto se lleve a cabo.

Es elemental pensar que los sistemas, programas y políticas educativas deben ser dúctiles a fin de que puedan cambiar permanentemente y adaptarse a las nuevas exigencias del mundo globalizado, pues de no hacerlo se estaría frente a sistemas, programas y políticas públicas obsoletas e insuficientes para la formación de las nuevas generaciones, permitiendo a las autoridades educativas y a los maestros simular como que se realizan esfuerzos loables para mejorar la calidad, cuando en la realidad no puede haber tal mejora, cuando los alumnos no tienen acceso a los conocimientos básicos que les permita ser competitivos para asegurar el empleo en este mundo globalizado.

Una realidad innegable es que las fallas de nuestro sistema educativo mexicano han sido una clave para la subsistencia de las enormes y lacerantes desigualdades sociales, mientras que en los países desarrollados como Francia, Suiza, los Estados Unidos de América o los países en vías de de-sarrollo como India, China, etcétera, las escuelas han sido el principal generador de nuevas y mejores oportunidades, que a su vez han sentado condiciones de igualdad para todos los alumnos, sin importar su procedencia.

Otra consecuencia de la globalización es la ampliación sustancial del concepto de analfabetismo, pasando de la definición clásica de la persona que no sabe leer ni escribir o que a pesar de su habilidad para leer y escribir no tiene la capacidad para entender las ideas y conceptos planteados, a la persona que no tiene las habilidades suficientes para leer, escribir y comunicarse en inglés como segunda lengua y a quien no maneja adecuadamente las computadoras el Internet, pues la combinación de ambas la aísla totalmente del conocimiento en un mundo globalizado, pero sobre todo le cierra las puertas en el mercado laboral, comercial, del conocimiento, del turismo, la cultura y otros, generando al mismo tipo de exclusiones que ha generado durante siglos el analfabetismo tradicional.

Lo más grave es que según el estudio denominado ``Internet y sociedad urbana'', en México una de cada cinco personas en las áreas urbanas del país tienen acceso regular a Internet, mientras que solamente dos de cada diez personas en condición de marginación no tienen acceso a la red; Además, si a lo anterior sumamos que en México sólo el 9 por ciento de la población haba un segundo idioma, 1 del cual el 86 por ciento se enfoca en el inglés, podemos concluir sin lugar a dudas que nuestro sistema educativo no está proporcionando a las futuras generaciones las herramientas mínimas necesarias para acceder y ser competitivos en las oportunidades laborales y de negocios que genera el mundo globalizado del siglo XXI y, por tanto, está contribuyendo directamente a la subsistencia de esas desigualdades que el Estado mexicano ha intentado superar desde diversos frentes.

Para reafirmar la importancia que tiene para el desarrollo el conocimiento de la lengua inglesa, encontramos en el estudio denominado ``Resultados por la falta de capacidades lingüísticas en las empresas sobre la economía europea'' que las compañías europeas pierden numerosos mercados debido a la falta de competencia lingüística, estimando que el 11 por ciento de las pequeñas y medianas empresas exportadoras sufren y pierden contratos por esta razón. Además, el estudio demuestra que las empresas que mejoran sus competencias lingüísticas son mejores y más capaces de explorar las oportunidades comerciales dentro de la unión europea y a nivel mundial.

Consciente de esto, la Unión Europea ha desarrollado acciones tendentes a promover el aprendizaje de lenguas extranjeras, catalogando las competencias lingüísticas como una de las ocho competencias clave que cada joven europeo debe tener al momento en el que termine la educación obligatoria, motivo por el cual los programas educativos de la Unión Europea han hecho del aprendizaje de lenguas extranjeras una prioridad, destinando en el 2007 a este rubro 9 millones de euros.

Para ejemplificar la importancia del inglés en los países de la unión europea, se muestra la siguiente tabla:

• Como resultado de lo anterior es que a la fecha, en términos generales el 42 por ciento de los jóvenes europeos de 15 a 25 años hablan, leen y comprenden el inglés.
• 56 por ciento de los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea hablan otro idioma.
• 28 por ciento de los ciudadanos habla 2 idiomas además de su lengua materna.
• 11 por ciento domina cuando menos tres idiomas aparte de su lengua materna.
• Desde la década de los años noventa, diversas multinacionales europeas y japonesas (Phillips, SFK, Matsushita Electric, etcétera) han adoptado el inglés como el idioma interno de la empresa.

En el caso de México, el aprendizaje del inglés y computación son fundamentales para el intercambio comercial, no solamente por la vecindad que existe con los Estados Unidos de América y Canadá, sino porque en el ámbito económico México generó en el 2007 por concepto de exportación de mercancías 271 mil 990 millones de dólares y por concepto de importación una derrama de 296 mil 275 millones de dólares, acaparando el 82.2 por ciento nuestro comercio los Estados Unidos de América , seguido del 5.3 por ciento por 27 países de la Unión Europea. Lo anterior según consta en el informe Perfiles comerciales 2008 de la Organización Mundial de Comercio y Bancomex.

Igualmente, el Informe sobre el comercio mundial 2008 de la OMC indica que el dominio del inglés como idioma común para los negocios y el empleo adecuado de las nuevas tecnologías de la información, favorece en forma directa la participación activa de los países en las redes de negocios, producción y distribución de mercancías.

En este sentido, no podemos dejar de tomar en cuenta el caso de India como un ejemplo claro de la importancia de apostar al mejoramiento de la educación para el desarrollo, donde el sistema educativo nacional implementó la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua obligatoria, reconociéndola en su Constitución como su segunda lengua natal, dándole la calidad de ``lengua oficial asociada''. Gracias a esta acción el inglés permeó en la vida cotidiana y actualmente no puede evadirse su uso en las grandes ciudades, convirtiéndose en la actualidad en la primera lengua de las nuevas generaciones que cuentan con un elevado grado educativo.

En India, igual que en el mundo, las personas que tienen conocimientos básicos del inglés solo pueden acceder a trabajos limitados y quienes no cuentan ni con los conocimientos básicos son prácticamente imposibles de emplear, además de que no pueden comunicarse eficientemente con otros ni ayudar a sus hijos con las tareas básicas de la escuela y no gozan de los beneficios de la vida cultural de India.

Este mismo ejemplo se reproduce en países como Turquía, que gracias a sus reformas educativas la enseñanza del inglés se convirtió en la primera lengua extranjera obligatoria en las escuelas públicas, seguida del francés o alemán como segunda lengua. Estos idiomas se imparten desde la primaria.

No se puede negar que gracias a esta política educativa, el inglés se ha convertido en el puente entre los países desa-rrollados del mundo con los países subdesarrollados, que actualmente han pasado a ser considerados en vías de de-sarrollo, como es el caso de India y Turquía.

En México, desde hace varios años han surgido propuestas para que el inglés y la computación sean materias obligatorias en todos los niveles de la educación básica; sin embargo, a la fecha estas propuestas no se han concretado.

En este sentido, sería aventurado negar los grandes esfuerzos y logros de las autoridades educativas, los legisladores, maestros y padres de familia tendientes a mejorar la educación; muestra clara de lo anterior se concentra en la Alianza por la Calidad de la Educación, que parte del imperativo de hacer de la educación pública un factor de justicia y equidad, fundamento de una vida de oportunidades, desarrollo integral y dignidad para todos los mexicanos, para lo cual propone implementar diversas acciones, entre las que se encuentra la Modernización de los Centros Escolares mediante el equipamiento con conectividad de centros escolares en 155 mil aulas para el 2012, adicionales a las existentes y tendentes a cubrir el 75 por ciento de la matrícula educativa, además de equipar con computadoras a maestros que logren su certificación de competencias digitales. Como es lógico, para lograrlo se capacitará a los maestros y alumnos en el uso de tecnologías de la información y la comunicación para favorecer el desarrollo de competencias y habilidades. Según este acuerdo, en 2008 se equiparía a los profesores y pondría a prueba y experimentación 4 modelos de tecnología que, a partir del ciclo escolar 2009 se generalizarían.

Así, según el último informe de las autoridades educativas, a la fecha se han instalado 200 aulas secundarias generales y técnicas para la prueba piloto, logrado la conectividad e Internet en 144 aulas y la instalación de contenidos en 59, sin que se haya puesto a prueba y se hayan podido evaluar los resultados de los modelos tecnológicos implementados.

En relación a la enseñanza del idioma inglés desde preescolar y promoción de la interculturalidad se estableció el compromiso de iniciarlo a partir del ciclo escolar 2008-2009 y generalizarla a partir del ciclo 2010-2011.

A la fecha se tiene la versión final de estándares y programas de estudio de inglés para 3o. de preescolar, 1o. y 2o. de primaria, se cuenta con 758 asesores técnico pedagógicos capacitados en el dominio de lenguas indígenas, se firmó el acuerdo interinstitucional e interestatal para certificar docentes en el dominio de la lengua en Campeche, Quintana Roo y Yucatán y se tiene una propuesta de curso en línea Interculturalidad en Educación, dirigido a directivos y supervisores de zonas indígenas, sin que a la fecha se haya podido implantar el programa piloto para la enseñanza del idioma inglés.

Por nuestra parte, los diputados de esta LX Legislatura aprobamos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 más de 91 millones de pesos destinados al Programa Nacional de Inglés en Educación Básica, además de canalizar recursos por 26 millones de pesos a las escuelas normales rurales, que deberán destinar parte de ese monto a cursos de inglés para los escolares de esos planteles.

A pesar del gran esfuerzo realizado con la coordinación de diversos sectores, podemos concluir que uno de los principales retos es el de definir, dentro de la política y los programas educativos , una política para la enseñanza obligatoria de inglés y de computación en las escuelas públicas en toda la educación básica, partiendo de la premisa de que el aprendizaje de los idiomas debe lograrse a tempranas edades, esto es, desde la educación inicial, acompañado del desarrollo de la formación continua de los profesores de escuelas en el dominio de lenguas extranjeras y de sistemas de computación.

Diputadas y diputados: el aprendizaje de otros idiomas abre las puertas para mejorar las oportunidades laborales y mejorar la calidad de vida de las personas. Por esto es que la importancia de contar con el dominio del inglés se ha incrementado considerablemente debido a que ésta es la lengua estándar para comunicarse, informarse, emplearse y hacer negocios en todo el mundo, al grado de que el inglés se ha convertido en la lengua oficial de las compañías trasnacionales o de cualquier empresa con deseos de exportar y expandir sus oportunidades de negocios.

No podemos negar que las inequidades en los recursos escolares son similares a las inequidades sociales y económicas originadas del estatus de las personas, lo que significa que los niños son sujetos de una doble discriminación, pues se ven obligados a enfrentar escasos recursos en casa y también en la escuela, que tarde o temprano se traducen en desigualdades laborales, económicas y sociales.

Ante esto, no podemos más que afirmar que la educación es el elemento clave para construir el futuro de México. Por lo cual debe quedar claro que es en la fortaleza de los sistemas educativos es en donde radica la diferencia entre los países industrializados y los países subdesarrollados o en vías de desarrollo , por lo que nosotros, en nuestra calidad de legisladores federales, tenemos el enorme compromiso de fortalecer al sector educativo, dotándolo permanentemente de recursos públicos suficientes para el cumplimiento de sus objetivos y ordenamientos jurídicos modernos que le permitan adaptarse a las exigencias actuales.

En este tenor, me permito proponer a la honorable Cámara de Diputados la proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, que de acuerdo a la facultad exclusiva que le otorga el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación, para determinar los planes y programas de estudios de preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República, incluya en ellos la enseñanza de inglés y computación para dichos niveles educativos.

Nota: 1 Encuesta realizada en abril de 2007 por Mitofsky sobre el conocimiento de las lenguas extranjeras en México.
Dado en el Palacio Legislativo, a 26 de marzo de 2009.--- Diputado Sergio Hernández Hernández (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.



ESTADO DE TLAXCALA

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió del diputado Alberto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Subcomisión de Examen Previo, formada por las comisiones ordinarias de Gobernación, y de Justicia, a que atiendan y elaboren el dictamen correspondiente a la demanda de juicio político en contra del gobernador de Tlaxcala.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Subcomisión de Examen Previo a atender y elaborar el dictamen correspondiente a la demanda de juicio político contra el gobernador de Tlaxcala, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Alberto Amaro Corona , diputado federal a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

1. El diputado federal Alberto Amaro Corona presentó denuncia de juicio político en contra del gobernador de Tlaxcala el 2 de octubre del 2008, ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados.

2. El 3 de octubre de 2008 la Secretaría General turnó la denuncia de juicio político al presidente de la Comisión de Gobernación y marcó copia a los coordinadores de todos los grupos parlamentarios y al presidente de la Comisión de Justicia.

3. Una vez que la Comisión de Gobernación recibió el turno del expediente del juicio político en contra del gobernador de Tlaxcala, acudimos el 1 de diciembre a las oficinas de esta comisión para verificar el estado de la denuncia de juicio político y se nos informó que debido a la discusión y aprobación del presupuesto, el pleno de la subcomisión no había podido sesionar, pero que tenían diversos asuntos por resolver y que posiblemente sesionarían en el mes de enero. Asimismo, solicitamos copia simple del acuerdo mediante el cual se hizo el traslado de la Secretaría General a la subcomisión, la cual nos fue negada, con el argumento de que se trata de un trámite interno.

4. En los meses de enero, febrero y marzo en diversas fechas y horarios hemos insistido a esta subcomisión sobre la urgencia de resolver a la brevedad esta denuncia por la trascendencia e importancia de su contenido. El caso es que a más de seis meses los integrantes de las Comisiones de Gobernación, y de Justicia no tienen el tiempo, ni la disposición para sentarse a estudiar, analizar y resolver este tipo de asuntos.

5. Debe poner especial atención esta Cámara de Diputados a la irregular forma de administrar del gobernador del estado y la necesidad de investigar su responsabilidad respecto al abuso de poder, el nepotismo, el regalo de bienes públicos a particulares, el amiguismo, la creación artificial de partidos ``bonsái'' afines al gobernador, la falta de transparencia y las amenazas y agresiones a candidatos, reporteros y a todas aquellas personas contrarias al proyecto del gobernador, lo cual hacen de Tlaxcala un estado de total anarquía, en el cual la democracia, la división de poderes, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y nuestra Carta Magna simplemente no existen.

6. Han transcurrido desde entonces seis meses, durante los cuales no se han logrado avances sustantivos, no se ha realizado el análisis previo del caso, no existe aún ninguna resolución y mucho menos se ha realizado el juicio político en contra de Héctor Israel Ortiz Ortiz por las violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

7. A todos debiera preocupar que en el estado más pequeño del país, aún funcione con los vicios del pasado, como si se tratara de un auténtico virreinato, tal es el caso que:

a) En el estado de Tlaxcala el nepotismo es apreciado como algo natural, tal es así, que en la estructura de gobierno y en la Universidad Autónoma de Tlaxcala encontramos un sinnúmero de familiares y amigos, quienes se encuentran en puestos clave y de alto nivel.
b) La compra de un inmueble pagado con recursos públicos para regalarlo a un particular, el cual tiempo después se convirtió en un hospital privado de nombre Humánitas, que celebró un convenio con el gobierno de Tlaxcala, a fin de que los trabajadores de esta administración gocen de los servicios médicos y hospitalarios de esa institución; otro ejemplo es el Centro Expositor de Tlaxcala, el cual era utilizado como recinto de actos oficiales, y hoy está convertido en un bar, el cual lleva por nombre Discoteca-Bar, Rumba-Café.
c) La asignación de contratos de obras y licitaciones públicas, por medio de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, la cual exige a las empresas participar en las licitaciones para simular que se realizan de manera transparente, pero al final adjudica las obras a las empresas de reciente creación que presentan ofertas más altas y obviamente ligadas a funcionarios, tales como el distribuidor vial en el crucero Tlaxcala-Santa Ana, de acuerdo con la licitación número 58004002-014-06.
d) En Tlaxcala los programas sociales locales y federales son utilizados con fines político-electorales, ejemplo de ello son los comicios electorales de noviembre del dos mil siete, en donde los únicos beneficiados por los programas fueron trece asociaciones que se identifican y apoyan el proyecto del mandatario y algunos otros a los que se les condicionó el apoyo registrándolos en las redes ciudadanas del gobernador; por cierto conformadas por los propios funcionarios del gobierno, quienes seleccionan y eligen con criterios políticos a los beneficiarios de los programas sociales, además de obligarlos a promover activamente el voto a favor de sus candidatos.
e) Finalmente es importante mencionar que el gobierno de Tlaxcala se encuentra en último lugar a nivel nacional, de acuerdo con una exhaustiva evaluación que realizó la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. En la evaluación que fue aplicada a 29 estados y a la federación, Tlaxcala salió reprobado en términos de transparencia y rendición de cuentas.

Es claro que en Tlaxcala no existe una verdadera división de poderes, ni un sistema democrático que pueda hacer contrapeso al poder electo, mediante el cual se pueda asegurar la protección de la libertad de acción y ejercicio de derechos de los individuos frente a la prepotencia del estado.

8. La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece con soberana claridad las responsabilidades constitucionales de las comisiones legislativas para emitir resoluciones, dictámenes, opiniones, informes, y resoluciones en sus artículos 39 y 45, sobre todo cuando se trata de imputaciones o fincamiento de responsabilidades, así como de juicio político y declaración de procedencia a los servidores públicos.

9. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece en el Capítulo II, artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 el procedimiento que habrá de seguir la Subcomisión de Examen Previo en los casos que se presentan demandas de juicio político. De manera ejemplar se establece en el artículo 12, inciso c), que la Subcomisión de Examen Previo procederá en un plazo no mayor a treinta días hábiles a determinar la procedencia o desecamiento de la demanda de juicio político. Este plazo venció el pasado 14 de noviembre de 2008.

10. Los hechos que en su momento motivaron la denuncia siguen vigentes, y más aún, se debe considerar que las conductas del gobernador del estado de Tlaxcala, contrarias a las instituciones democráticas y al respeto de los principios constitucionales son un hecho permanente que estamos seguros está pervirtiendo el proceso electoral federal en el estado y, sobre todo, está poniendo en riesgo el futuro del desarrollo del estado y el de las nuevas generaciones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, con carácter de urgente resolución, someto ante el Pleno de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Subcomisión de Examen Previo conformada por las Comisiones de Gobernación, y de Justicia para que, de conformidad con los artículos 39, numerales 1 y 2, y 45, numeral 6, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos atiendan y elaboren el dictamen correspondiente a la demanda de juicio político en contra del gobernador del estado de Tlaxcala, Héctor Israel Ortiz Ortiz, por la salud de la república, de la vigencia del nuevo federalismo y de la democracia mexicana.

México, Distrito Federal, a 26 de marzo de 2009.--- Diputado Alberto Amaro Corona (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Subcomisión de Examen Previo.



PROGRAMA 70 Y MAS

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió del diputado Sergio Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Sedesol a que revise las Reglas de Operación del Programa 70 y Más, a fin de flexibilizarlas y adecuarlas a la realidad que afronta la población objetivo.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a revisar las Reglas de Operación del Programa 70 y Más para flexibilizarlas y adecuarlas a la realidad de la población objetivo, a cargo del diputado Sergio Hernández Hernández , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Sergio Hernández Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, a efecto de exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a revisar las reglas de operación del programa 70 y Más, a fin de flexibilizarlas y adaptarlas a la realidad que afronta la población objetivo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Por todos es bien conocido que en México millones de habitantes viven en condiciones de pobreza --en sus distintas clasificaciones-- y diariamente tienen que afrontar las consecuencias que acarrea este terrible mal, como son la desigualdad, marginación, injusticia social, discriminación, hacinamiento, inseguridad, insalubridad, migración y más grave aún, la imposibilidad de acceder a mejores condiciones de vida, determinada en muchos de los casos por el mínimo o nulo ingreso económico de las personas, haciendo imposible el acceso a los bienes y servicios indispensables para su desarrollo y truncando las aspiraciones de las nuevas generaciones de acceder a un mejor futuro.

Es así que la política social en México está encaminada a brindar protección a los grupos más vulnerables, subsanar las deficiencias en la oferta de servicios básicos e infraestructura, desarrollar las capacidades básicas de las personas, asegurar un entorno regional propicio para el desarrollo, fortalecer los mecanismos de inversión y de protección ante riesgos, sobre todo para las personas más pobres, retirar las barreras que impiden que la población en pobreza acceda a opciones de ingreso a través del empleo y el autoempleo.

Ante esta realidad y partiendo de los objetivos planteados por la política social del país en las últimas décadas se han realizado grandes esfuerzos para equiparar las condiciones de vida de los mexicanos, mediante el desarrollo y la implementación de diversos programas sociales focalizados a los sectores con mayor grado de vulnerabilidad, con el objeto de garantizar un acceso equitativo a las oportunidades tanto educativas como de nutrición y en salud, sentando las bases para acceder a las condiciones mínimas para una vida digna y en el mejor de los casos, lograr el desarrollo de la población y el progreso de México.

De acuerdo con el último conteo censal del Inegi, en México existen alrededor de 7 millones de adultos mayores de 60 años, quienes registran elevados niveles de analfabetismo y un menor grado de instrucción, lo que constituye un obstáculo para su desarrollo, realización personal, pero sobre todo para su bienestar. En este sentido se clasifica al grupo de los adultos mayores como población en ``riesgo social'', derivado principalmente del avance de su edad y las limitaciones físicas o mentales, la insuficiencia en la cobertura de los servicios de seguridad social y la deficiente atención a la salud, su condición étnica y su situación de dependencia, entre otras. 1

Es una realidad que los adultos mayores en México se encuentran en condiciones de marginación y pobreza, padecen los rezagos sociales de sus comunidades e imposibilitados para encontrar fuentes de ingresos.

En este sentido y preocupados por el bienestar de los adultos mayores, los diputados del PRD impulsamos en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2007 la creación del Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 Años que Vivan en Zonas Rurales, para lo cual logramos la aprobación de 6 mil 250 millones de pesos que se han ido incrementando en los presupuestos posteriores, con la finalidad de dar atención a un mayor número de beneficiarios, siendo tal la aceptación y el éxito del programa, que se han modificado en diversas ocasiones las reglas de operación con el objetivo de ampliar los requisitos de elegibilidad y cobertura del mismo.

Actualmente el programa se aplica en las localidades de hasta 30 mil habitantes beneficiando a 1.8 millones de adultos mayores de 70 años.

A pesar de los grandes beneficios que este tipo de programas ha dado a la población objetivo y de la permanente actualización de las reglas de operación, aún subsisten fallas en la operación de los mismos que deben ser subsanadas, con la finalidad de garantizar que los apoyos económicos lleguen verdaderamente a los adultos mayores y evitar el desvío de recursos públicos para fines distintos a los programados.

Ejemplo de lo anterior es el hecho de muchos beneficiarios del programa pierden sus apoyos mensuales por la imposibilidad física de asistir al lugar y en la fecha que corresponde o el desconocimiento y desconfianza de enviar a alguien en su representación por los recursos, derivado principalmente por el deterioro físico que conllevan los años, las condiciones de salud, pero sobre todo por el alto grado marginación y el aislamiento de sus comunidades de los lugares de cobro.

En este sentido y según las reglas de operación, en el caso de que el adulto mayor no acuda un mes en la fecha, lugar y hora señalados por las autoridades para recibir su apoyo, deberá presentarse en las oficinas para realizar el reclamo de los recursos anteriores, presentando un escrito que deberá contener los datos básicos del beneficiario, que son nombre, firma, domicilio y periodo que reclama , situación que resulta prácticamente imposible de realizar ante las desigualdades en que se encuentran nuestros adultos mayores y que además puede derivar en el desvío de importantes recursos públicos que en su conjunto, pudieran sumar grandes cantidades económicas que no fueron aplicadas para lo que fueron etiquetadas.

Por lo anterior, es fundamental que las reglas de operación de este programa atiendan a las características particulares de sus beneficiarios, toda vez que la población objetivo --adultos mayores de 70 años en localidades de hasta 30 mil habitantes-- enfrenta innumerables desventajas frente a otros grupos sociales, agudizando las condiciones de pobreza, analfabetismo, aislamiento y marginación de las que son objeto, incrementando así su dependencia a estos recursos y la dificultad para lograr el cobro de éstos.

Ante ello, es indispensable que los servidores públicos que se encargan de la operación del programa 70 y Más, tengan la sensibilidad de la necesidad que tienen nuestros adultos mayores de recibir mensualmente sus recursos y sobre todo de las enormes desventajas que éstos tienen que afrontar diariamente, proporcionándoles los formatos impresos y apoyándoles en la medida de lo posible a su llenado, para facilitarles el cobro.

En éste tenor, me permito proponer a esta honorable Cámara de Diputados la proposición con los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a modificar las reglas de operación del programa 70 y Más, a fin de que los operadores del programa proporcionen obligadamente a los adultos mayores los formatos de reclamo de recursos no cobrados y apoyen, en la medida de lo posible, el llenado de los éstos.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar a esta soberanía a cuánto ascienden los recursos públicos que no son cobrados ni reclamados por los beneficiarios y qué destino se les da.

Nota: 1 Encuesta de los Adultos Mayores en México realizada en el 2005. Perfil sociodemográfico al inicio del siglo XXI, página 7.
Dado en el Palacio Legislativo, a 31 de marzo de 2009.(rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.



ESTADO DE TLAXCALA

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió del diputado Alberto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que investigue las irregularidades detectadas en la ejecución de los programas de Educación Pública en Tlaxcala y, en su caso, aplique las sanciones correspondientes al titular del Ejecutivo estatal.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a investigar las irregularidades detectadas en la ejecución de los programas de educación pública en Tlaxcala; y, en su caso, a aplicar las sanciones correspondientes al titular del Ejecutivo estatal, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo atendiendo a las siguientes

Consideraciones

Tlaxcala se encuentra en una situación que debiera preocupar a los legisladores de todos los partidos políticos. En octubre del año pasado presenté una denuncia de juicio político ante la Secretaría General de esta honorable Cámara de Diputados y es el momento que la Comisión de Gobernación no ha dado cumplimiento a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. La denuncia da cuenta del estilo de gobernar de Héctor Ortiz Ortiz, cuya administración se caracteriza por la corrupción, la falta de respeto a la división de poderes, el nepotismo, el uso privado de los bienes públicos, entre otras.

La opinión pública nacional ya conoce que Tlaxcala es el estado que registra mayor número de secuestros en el país, la entidad federativa con menor competitividad económica y tiene los más bajos indicadores de transparencia y rendición de cuentas. Pero también es cierto que entre los ciudadanos y las comunidades de Tlaxcala es un secreto a voces que hay un abuso de poder y solamente son los amigos y familiares del gobernador los que tienen derecho al de-sarrollo, mientras que las grandes mayorías están en la pobreza.

¿Cuáles pueden ser los alcances de un gobernador como Héctor Ortiz, en una temporada electoral? De cara al inicio de las campañas políticas, confirmamos la clase de gobierno que hay en Tlaxcala; ahora, a través de la educación. A pesar de que se siente orgulloso de la Universidad de Tlaxcala, todos sabemos que es una de las instituciones de educación superior menos transparente del país; incluso la sigue controlando el gobernador, a través de su hermano.

La Jornada de Oriente nuevamente ha dado cuenta del informe de la Auditoría Superior de la Federación de que el gobierno de Tlaxcala, a través del secretario de Educación Pública del estado, Miguel Ángel Islas, mantuvo en 2007 las canonjías a las secciones 31 y 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

La irregularidad detectada por la Auditoría Superior de la Federación, es por el pago a aviadores, por erogaciones a docentes que están comisionados en diversas representaciones sindicales y por cubrir con recursos federales obligaciones propias de la administración estatal, entre otras, y que representa 311 millones 785 mil 300 pesos en la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal por parte del gobierno de Tlaxcala en 2007.

No es la primera vez que el órgano superior de fiscalización identifica una irregularidad de esa naturaleza. Ahora lo hace de una manera más escandalosa y preocupante. Resulta que estas deficiencias representan en los hechos un incremento de casi 900 por ciento con respecto al monto observado a la cuenta pública de 2006, cuando la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala incurrió en irregularidades y omisiones por 35 millones 990 mil 400 pesos.

¿Por qué es posible que Miguel Ángel Islas Chío disponga de recursos para el pago de presuntos salarios y prestaciones a favor de, al menos, 243 aviadores, así como a 216 profesores que incumplen una función educativa, en virtud de estar comisionados en diversas representaciones sindicales, laborando en otras dependencias o bien ocupando un cargo de elección popular?

La auditoría detectó anomalías por un monto de 20 millones 181 mil pesos, derivado de que 87 maestros están comisionados, y 39 millones 661 mil 300 pesos por cubrir indebidamente el salario quincenal a 216 docentes a favor de los integrantes de las secciones 31 y 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como al Justo Sierra.

La fuente periodística señala que el órgano fiscalizador detectó otra erogación global anual por 10 millones 206 mil 600 pesos por pagos a 33 personas que no justifican su asignación temporal al centro de trabajo, de comisionados a otras 186 dependencias y 37 trabajadores que están laborando en dependencias que no son afines a los objetivos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, y 4 millones 496 mil 700 pesos por pagos a 32 empleados que de forma simultánea ocuparon un cargo de elección popular.

En este tipo de señalamientos, el Pleno de esta Cámara de Diputados debe actuar de manera responsable y hacer valer la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y no permitir que funcionarios de elección popular sean cómplices de la corrupción magisterial que está cada vez más documentada en los tres órdenes de gobierno.

En estos 32 casos ``se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, al Estado en su hacienda pública federal, por un monto de 4 millones 496 mil 716.09 pesos, más los intereses generados por los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal para la realización de mil 225 pagos a 32 empleados que de forma simultánea ocuparon un cargo de elección popular, incumpliendo las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Educación y Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado''.

Por otro lado, el pago a empleados comisionados a tareas sindicales es indebido y así lo detectó la auditoría, por lo que hay un probable daño a la hacienda pública federal por un monto de 26 millones 492 mil 255.16 pesos, más los intereses generados ``por haber destinado recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal para la realización de 7 mil 282 pagos a 243 personas no localizadas durante las visitas físicas a centros de trabajo, donde los responsables de los centros educativos no identificaron a dichas personas y manifiestan que no han laborado en el mismo, en incumplimiento de los artículos 26 y 49, párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal; 13, fracción I, de la Ley General de Educación; 44, fracción VI, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado'', entre otros ordenamientos legales.

El gobierno panista de Héctor Ortiz y su alianza con el magisterio nacional no cuidaron las formas y la Auditoría Superior de la Federación detectó que la principal anomalía en la que incurrió la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala es la disposición de recursos federales para cubrir la obligación estatal que trajo consigo la descentralización de la educación para adultos, o bien para el salario de 3 mil 252 trabajadores que laboran en planteles cuyo sostenimiento corresponde al estado.

Lo que dice el órgano de fiscalización al respecto es que ``se observó un probable daño o perjuicio, o ambos, al Estado en su hacienda pública federal, por un monto de 205 millones 698 mil 551.53 pesos, por haber destinado recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal para la realización de 32 mil 770 pagos a 3 mil 252 trabajadores adscritos en 251 centros de trabajo cuyo sostenimiento es estatal, en incumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal y al Código Financiero para Tlaxcala y sus municipios''.

Las otras irregularidades se refieren a que la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala dispuso indebidamente de 5 millones 740 mil 4 pesos; desvió recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal para otorgar diversos apoyos a los sindicatos magisteriales por un monto de 2 millones 250 mil 900 pesos; ocupó 3 millones 440 mil 600 pesos para mantenimiento de escuelas, 40 mil pesos en apoyos para la asociación de padres de familia y 9 millones en apoyos a estudiantes de nivel superior; se constató que se realizaron 5 mil 245 pagos a 461 prestadores de servicios, identificados en las nóminas con el concepto 5, por un importe total de 17 millones 940 mil 500 pesos, los cuales carecen de contratos de honorarios y la dependencia no presentó documentación que aclare las actividades que desarrollaron durante el ejercicio en revisión; realizó 8 mil 598 pagos a 319 prestadores de servicio por un importe total 5 millones 69 mil 500 pesos; y, en coordinación con la Secretaría de Finanzas del estado, no reportó el uso y destino de 5 millones 139 mil 300 pesos por productos financieros que generaron, en 2007, los 2 mil 756 millones 159 mil 400 pesos que integraron el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.

Yo le pregunto a los miembros de esta legislatura ¿se trata de una acción responsable del gobernador Ortiz en alianza con Elba Esther Gordillo? ¿Cómo explican los gobiernos panistas esa falta de interés y compromiso con la educación? ¿Cuáles son las acciones responsables de Héctor Ortiz frente a los ciudadanos tlaxcaltecas que además de pobres no tienen acceso a la educación?

Compañeros diputados, como tlaxcalteca comprometido con mi pueblo, los invito a que veamos con cuidado y responsabilidad este tipo de conductas políticas que lastiman a los ciudadanos y no las permitamos por más tiempo.

Veo con mucha preocupación que el gobierno estatal panista de Tlaxcala ha sido rector de una universidad pública y hace uso inmoral de los recursos destinados a la educación que, por cierto, debiera ser la principal política pública.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, con carácter de urgente resolución, someto ante el Pleno de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero . Se exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación para que profundice en las irregularidades detectadas en la ejecución de los programas de educación pública en Tlaxcala y, en su caso, se apliquen las sanciones correspondientes por el incumplimiento y violación a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Educación.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública Federal a que, en el ámbito de sus competencias, rinda un informe detallado sobre el uso de los recursos públicos destinados a Tlaxcala, a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal y que presuntamente han sido aplicados de manera indebida por parte de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala.

Tercero. Se exhorta al gobernador de Tlaxcala para que, en el ámbito de sus responsabilidades, rinda un informe detallado sobre el uso de los recursos públicos destinados a Tlaxcala a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, y que presuntamente han sido aplicados de manera indebida por parte de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala.

Cuarto. Se exhorta al Congreso de Tlaxcala para que, en su calidad de poder constituido y en el marco del equilibrio de poderes, cite al titular de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala para que rinda un informe detallado sobre el uso de los recursos públicos destinados a Tlaxcala a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.

México, DF, a 31 de marzo de 2009.--- Diputado Alberto Amaro Corona (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Auditoría Superior de la Federación.

La diputada Laura Angélica Rojas Hernández (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Sonido a la curul de la diputada Laura Angélica Rojas.

La diputada Laura Angélica Rojas Hernández (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Solamente para hacer una invitación a todos los diputados y las diputadas para que puedan visitar a los legisladores infantiles hoy entre las dos y las tres de la tarde en el lobby del edificio E, y mañana también; han estado preguntando los legisladores infantiles que quién es su diputado, y tienen mucho interés en poder saludarlos. Así que ojalá que se den un espacio para saludarlos. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Gracias. Los diputados han escuchado su invitación, diputada.

Queremos saludar y agradecer la presencia en este salón de sesiones de un grupo de integrantes de la Asociación de Redactores, Reporteros de Prensa, Chiapas, Asociación Civil, que asisten a la Cámara invitados por la diputación federal del PRI por Chiapas. La Cámara de Diputados les da la más cordial bienvenida.



LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : La Presidencia recibió de la diputada Ana María Ramírez Cerda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Iniciativa que reforma el artículo 69 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Ana María Ramírez Cerda , del Grupo Parlamentario del PVEM

Ana María Ramírez Cerda , diputada integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 4, párrafo 5; 71, fracción II; y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El 31 de marzo de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expide la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Uno de los principales aportes de esta nueva ley es el incremento notable de los recursos en el fondo de la vivienda, que hace posible que un mayor número de trabajadores del Estado tengan la oportunidad de adquirir un patrimonio.

Sin embargo, se ha detectado que muchos trabajadores del Estado, especialmente los policías locales y trabajadores municipales, continúan sin tener acceso a los derechos que otorga el ISSSTE, incluyendo el Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE).

La nueva Ley del ISSSTE señala que los trabajadores municipales y policías locales tienen derecho a los servicios del ISSSTE, siempre y cuando la instancia celebre convenio con este instituto:

Artículo 1. La presente ley es de orden público, de interés social y de observancia en toda la República, y se aplicará a las dependencias, entidades, trabajadores al servicio civil, pensionados y familiares derechohabientes, de:

VIII. Los gobiernos de las demás entidades federativas de la República, los poderes legislativos y judiciales locales, las administraciones públicas municipales, y sus trabajadores, en aquellos casos en que celebren convenios con el instituto en los términos de esta ley.

Dentro de estos servicios del ISSSTE, todos los trabajadores tienen derecho ineludible al financiamiento de vivienda:

Artículo 4. Se establecen con carácter obligatorio las siguientes prestaciones y servicios:
I. Préstamos hipotecarios y financiamiento en general para vivienda, en sus modalidades de adquisición en propiedad de terrenos o casas habitación, construcción, reparación, ampliación o mejoras de las mismas; así como para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos;

En el caso de trabajadores temporales o por honorarios, la ley les otorga los mismos derechos que a los trabajadores de planta:

Artículo 6. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:
XXIX. Trabajador, las personas a las que se refiere el artículo 1 de esta ley que presten sus servicios en las dependencias o entidades, mediante designación legal o nombramiento, o por estar incluidas en las listas de raya de los trabajadores temporales, incluidas aquéllas que presten sus servicios mediante contrato personal sujeto a la legislación común, que perciban sus emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por contrato, o que estén incluidos en las listas de raya, siempre y cuando hayan laborado una jornada completa, de acuerdo con las condiciones generales de trabajo, y el contrato sea por un periodo mínimo de un año.

Sin embargo, los trabajadores por honorarios son derechohabientes después de cumplir un año de servicio. Su incorporación será gradual:

Transitorio

Cuadragésimo tercero. A las personas que presten sus servicios a las dependencias o entidades mediante contrato personal sujeto a la legislación común, que perciban sus emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por contrato, o que estén incluidos en las listas de raya, siempre y cuando hayan laborado una jornada completa de acuerdo con las condiciones generales de trabajo y hayan laborado por un periodo mínimo de un año, se les incorporará integralmente al régimen de seguridad social con la entrada en vigor de esta ley.
Asimismo, se les incorporará con los tabuladores aplicables en la dependencia o entidad en que presten sus servicios, mediante un programa de incorporación gradual, que iniciará a partir del primero de enero de 2008, dentro de un plazo máximo de cinco años. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los lineamientos para su incorporación.

La legislación mexicana también otorga otras opciones, en el caso de que un municipio decida no inscribir a sus trabajadores al régimen obligatorio del ISSSTE. La Ley del Seguro Social establece que en municipio puede adherirse a este régimen, en un sistema de aportaciones tripartitas, similar al del ISSSTE:

Artículo 13. Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio:
V. Los trabajadores al servicio de las administraciones públicas de la federación, entidades federativas y municipios que estén excluidas o no comprendidas en otras leyes o decretos como sujetos de seguridad social.

Mediante convenio con el instituto se establecerán las modalidades y fechas de incorporación al régimen obligatorio, de los sujetos de aseguramiento comprendidos en este artículo.

Dichos convenios deberán sujetarse al reglamento que al efecto expida el Ejecutivo federal.

Adicionalmente, el artículo 123 constitucional, apartado B, fracción XIII, establece que si un municipio lo considera conveniente, puede crear un sistema complementario de seguridad social, para garantizar que su personal tenga acceso a estos derechos:

Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.

Después de este análisis, se observa que existe un alto margen de discrecionalidad de las autoridades federales, estatales y municipales para inscribir a sus trabajadores en cualquiera de los tres regímenes anteriores, y que en los casos de trabajadores, como los policías locales, la situación es difícil de transparentar.

En consecuencia, con la finalidad de mejorar el acceso de los policías locales y trabajadores municipales a las facilidades para obtener vivienda, es necesario que uno de los tres regímenes sea aplicable de forma obligatoria, en los casos en que los otros dos no tengan efecto.

Bajo estos argumentos, consideramos que es necesaria una reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para dar viabilidad a la presente propuesta, sin alterar las características de los regímenes del ISSSTE, del Instituto Mexicano del Seguro Social y los sistemas complementarios.

Con esta reforma, los trabajadores del estado de todo tipo, podrán tener acceso a préstamos hipotecarios y financiamiento para vivienda, con lo cual tendrán mayores facilidades para adquirir un patrimonio.

Por lo anteriormente expuesto, la legisladora que suscribe, integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 69 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Único. Se reforma el artículo 69 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 69. En los casos de los trabajadores al servicio de las administraciones públicas de la federación, las entidades federativas y los municipios que estén excluidos o no comprendidos en otras leyes o decretos como sujetos de seguridad social, la autoridad correspondiente tendrá la obligación de solicitar al instituto la celebración de convenios de coordinación y colaboración. Las dependencias y entidades públicas y privadas proporcionarán al instituto la información estadística, censal y fiscal necesaria, para el mejor desarrollo de sus objetivos.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para efectos de cumplimiento del artículo 69 de la presente ley, la autoridad correspondiente contará con un período máximo de 6 meses a partir de la fecha de contratación del trabajador para solicitar al instituto la celebración del convenio de coordinación y colaboración.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 1 de abril de 2009.--- Diputada Ana María Ramírez Cerda (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda.



LETRAS DE ORO

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : La Presidencia recibió de la diputada María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto para ordenar el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro por bloques históricos.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Iniciativa de decreto, para ordenar por bloques históricos el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, a cargo de la diputada María Nieves Noriega Blanco Vigil, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone a esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto para ordenar por bloques históricos el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Desde los inicios de nuestro país como nación independiente, los actores políticos buscaron cimentar las bases para la formación de una identidad nacional. Se buscó forjar una nación con personalidad jurídica propia e identidad social, un gobierno representativo y federal, con división de poderes y con garantías individuales.

El Muro de Honor tuvo su origen el 19 de julio de 1823, cuando, al consumarse la Independencia, en el Salón de Cortes, hoy Salón Parlamentario de Palacio Nacional, el Congreso Mexicano aprobó el decreto: ``Declaración en honor de los primeros héroes libertadores de la nación y los que los siguieron...'', e instruyó para inscribir sus nombres con letras de oro en dicho salón. Es así como fueron colocados, para honrar y premiar los servicios prestados a la patria durante los once años de la Guerra de Independencia, los primeros 13 nombres: Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo, José María Morelos, Mariano Matamoros, Leonardo Bravo, Miguel Bravo, Hermenegildo Galeana, José Mariano Jiménez, Javier Mina, Pedro Moreno y Víctor Rosales.

A lo largo de 185 años las distintas legislaturas han plasmado 74 inscripciones en letras de oro con los nombres de héroes e instituciones, frases y hechos históricos, con el deseo de que sean reconocidos y que permanezcan en la memoria de la nación.

Esta variedad inscrita en el Muro de Honor a lo largo de tantos años precisa un ordenamiento histórico que contemple una visión cronológica y didáctica, que pueda ser apreciada por los propios legisladores, los visitantes al recinto y el público en general.

Actualmente, en el Palacio Legislativo el Muro de Honor está formado por una superficie de cantera colocada en el extremo superior de la pared frontal, en la que se encuentra la célebre frase del presidente Benito Juárez: ``Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz''.

Bajo esta frase se encuentran las siguientes inscripciones, en un primer bloque horizontal: Heroico Colegio Militar, A los Constituyentes de 1917, A los Defensores de Veracruz de 1914, y Heroica Escuela Naval Militar.

En un segundo bloque horizontal, los nombres de Antonia Nava, Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez, Mariana R. del Toro de Lazarín y Carmen Serdán.

Más abajo se encuentran cinco bloques verticales de cantera, colocados justo detrás de la tribuna de la Cámara, desde donde la Mesa Directiva preside las sesiones; de estos bloques el central es más ancho y está precedido por los nombres de Cuauhtémoc, último emperador azteca, y del tlatoani texcocano Nezahualcóyotl, así como por otra frase célebre, esta vez, del insurgente Vicente Guerrero: ``La Patria es primero''.

En este bloque central se encuentran dos enormes banderas nacionales, una de izquierda a derecha y otra de derecha a izquierda, que en el centro se enlazan con un moño tricolor colocado justo bajo la representación escultórica en cantera del Escudo Nacional.

En cada uno de los cuatro bloques verticales localizados a los costados se encuentran inscritos, los nombres de personajes ilustres de nuestra historia, y de instituciones, sin una secuencia histórica.

De izquierda a derecha y de arriba abajo, el primer bloque contiene los siguientes nombres: Miguel Hidalgo, Mariano Abasolo, José Mariano Jiménez, Ignacio López Rayón, Miguel Barragán, Servando Teresa de Mier, Juan Álvarez, Santos Degollado, Ignacio de la Llave, José María Arteaga, Universidad Nacional Autónoma de México, Francisco I. Madero, Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas del Río, A los Heroicos Defensores de Cuautla en 1812.

En el segundo bloque están: Juan Aldama, Miguel Bravo, Pedro Moreno, Nicolás Bravo, Miguel Ramos Arizpe, Valentín Gómez Farías, Benito Juárez, Ignacio Zaragoza, A los Defensores de Puebla de Zaragoza en 1862 y 1863, Instituto Politécnico Nacional, Ricardo Flores Magón, Aquiles Serdán, Francisco Villa, Isidro Fabela, Genaro Estrada, Justo Sierra Méndez, Alfonso García Robles.

En el tercer bloque se encuentran: Ignacio Allende, Leonardo Bravo, Francisco Xavier Mina, Guadalupe Victoria, Víctor Rosales, A los Constituyentes de 1854, A los Niños Héroes de Chapultepec, Margarita Maza de Juárez, Mariano Escobedo, A los Vencedores de Querétaro en 1867, Defensores de la Patria de 1846-1848, Batallón de San Patricio, Belisario Domínguez, Emiliano Zapata, Francisco J. Múgica, Vicente Lombardo Toledano.

En el cuarto bloque están José María Morelos, Mariano Matamoros, Hermenegildo Galeana, Andrés Quintana Roo, Vicente Guerrero, A los Constituyentes de Apatzingán, Pedro Sáinz de Baranda, Ponciano Arriaga, Melchor Ocampo, Francisco Zarco, Ignacio Manuel Altamirano, Venustiano Carranza, Felipe Carrillo Puerto, A los Legisladores Mártires de 1913 y Sor Juana Inés de la Cruz.

Esta distribución carece, como podemos ver, de un orden lógico, histórico, cronológico o didáctico. No contiene un discurso integrado y claro en cada uno de los bloques en los que se encuentra dividido y esto provoca confusión y sobre todo carece de un mensaje preciso de lo que se quiere transmitir.

El muro con los nombres de héroes nacionales, instituciones y personajes reconocidos por sus méritos en favor de la patria, merece un ordenamiento, con una visión cronológica y didáctica que distinga eventos históricos según su importancia.

Compañeras y compañeros legisladores, es por ello que vengo a proponer un nuevo orden para el muro de honor de este recinto parlamentario, con el que se dará un mensaje claro en cuanto a la importancia de las diversas formas de acción en favor de la patria que ha reconocido esta soberanía, que incluye desde personajes anteriores a la formación del país como un Estado libre e independiente hasta los más recientes. Asimismo se resaltará la labor de los constituyentes y de las instituciones en diversas épocas.

Con base en los argumentos expuestos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto

Único. Ordénese el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro por bloques temáticos e históricos, con base en la siguiente propuesta:

1. Que en la parte superior se conserve al apotegma de Benito Juárez, entrecomillado y haciendo mención al autor.
2. Que en el primer renglón se coloquen las menciones a los Constituyentes de diversas épocas, dando así mayor peso al quehacer de esta soberanía, y en el siguiente renglón sean colocadas las instituciones militares y académicas.
3. Que en el bloque central, donde se encuentran el escudo y las banderas, se conserve la frase de Vicente Guerrero ``La Patria es primero'', entrecomillada y con el nombre del autor, y que se coloquen debajo de ella las menciones de grupos de defensores y mártires de la patria.
4. Que en los cuatro bloques laterales se coloquen por orden cronológico todos los nombres de los personajes incluidos hasta la fecha en este Muro de Honor, con una lectura de arriba hacia abajo, iniciando por el bloque de izquierda a derecha.
5. Que se unifique la estructura de las frases, con o sin el principio ``A los''.
6. Que se modifique el nombre de Francisco Javier Mina, en virtud de que se ha demostrado que el nombre correcto era Xavier Mina.
7. Que se incluya el nombre de Leandro Valle, ya que se emitió el decreto correspondiente para su inscripción en el Muro de Honor el 29 de febrero de 1988.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en coordinación con la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias definirán la fecha, el orden del día y el protocolo de la sesión solemne que debe llevarse a cabo para cumplir con lo señalado en el artículo único de este decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2009.--- Diputada María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil .»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.



LEY PARA EL CONSUMO SUSTENTABLE DE BOLSAS DE USO FRECUENTE

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : La Presidencia recibió iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para el Consumo Sustentable de Bolsas de Uso Frecuente, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Iniciativa que expide la Ley para el Consumo Sustentable de Bolsas de Uso Frecuente, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PVEM

Francisco Elizondo Garrido , Luis Alejandro Rodríguez , Manuel Salvador Salgado Amador y Diego Cobo Terrazas , integrantes de la LX Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante el Pleno de la honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Las bolsas de polietileno, conocidas como ``bolsas de plástico'', aparecieron en la década de 1970, y de inmediato se convirtieron en el instrumento más utilizado por millones de personas para cargar lo que compran.

Las bolsas de plástico que frecuentemente utilizamos en los centros comerciales se fabrican a partir de combustibles fósiles, los cuales pueden tardar hasta 400 años en degradarse y, además, al descomponerse desprenden sustancias tóxicas al ambiente y a la salud humana.

En el país, el consumo de bolsas plásticas en las tiendas departamentales y de servicios se ha incrementado exponencialmente, originando un problema ambiental grave causado por el inadecuado tratamiento y gestión de las bolsas de polietileno como residuos sólidos urbanos.

La contaminación blanca constituye una de las principales causas de contaminación por disposición final de residuos sólidos. De hecho, las bolsas de plástico, en especial las de polietileno, una vez terminada su vida útil terminan en ríos y cuerpos de agua; o bien, quedan dispuestas en tiraderos a cielo abierto, donde frecuentemente son quemadas. En consecuencia, durante ese proceso liberan miles de sustancias tóxicas, conocidas como dioxinas y furanos.

Diversos materiales nos permiten fabricar bolsas de uso frecuente, como el almidón --material compostable, reciclable y reutilizable-- y la papa --material bioplástico, biodegradable y desintegrante--, que al degradarse no genera materiales tóxicos. Otra opción son las elaboradas a partir de biopolímeros con base de maíz o remolacha.

Las ventajas de este tipo de bolsas estriban en que ahorran recursos fósiles en su producción y evitan que, transcurridos 90 días, 90 por ciento del dióxido de carbono se desprenda. En México se estima que por cada 4 mil 250 millones de bolsas que se producen, hay una emisión de 58 mil 500 toneladas de bióxido de carbono que se van a la atmósfera.

Empresas socialmente responsables, líderes en el sector servicios de supermercado, han promovido el compromiso activo con el ambiente, en especial con la reducción de gases con efecto invernadero a través de la introducción de bolsas reutilizables que, estiman las iniciativas, logran que se reduzcan 6 mil 392 toneladas de gases de efecto invernadero, causantes del calentamiento global.

El consumo per cápita de bolsas de plástico en el país tuvo un incremento de 100 por ciento en los últimos años, pues todo lo que adquirimos se envuelve en ese material, que tarda hasta 100 años en degradarse.

La comunidad internacional también se ha preocupado por el volumen que representan las bolsas de plástico como residuo sólido. Por ello ha impulsado instrumentos para desincentivar su uso. Incluso, en países como China esta prohibido su uso. Algunos ejemplos en la comunidad internacional son los siguientes:

Australia. Las prohíbe en algunas comunidades.
Bangladesh. Prohíbe el uso, la venta y la fabricación.
Sanciona con 10 euros a quien utilice una bolsa de plástico.
Sanciona con 10 años de cárcel a quien las fabrique.
Canadá. Prohíbe repartir o vender bolsas plásticas de un único uso en las tiendas en Winnipeg, so pena de multa por mil dólares canadienses.
Se impuso un impuesto de tres centavos canadienses para cada bolsa de plástico que los vendedores repartiesen.
China. Prohíbe la producción de bolsas ultrafinas.
Prohíbe el uso de bolsas en los supermercados.
Estados Unidos. Las prohíbe en San Francisco.
España. Se ha propuesto que para 2010 estén prohibidas.
Francia. Como parte de su evaluación de la propuesta de ley sobre la orientación agrícola, se integró una enmienda que prohíbe la venta o la distribución de bolsas y envases plásticos no biodegradable a partir del 1 de enero de 2010.
Israel, Taiwán y Singapur. Evalúan la posibilidad de prohibir su uso.
Kenya. Pretende prohibir bolsas de plástico ligeras y gravar las más gruesas.
Sudáfrica. Estableció un impuesto.
Reino Unido. El gobierno y más de 20 cadenas de tiendas y supermercados llegaron a un acuerdo para reducir en 25 por ciento el efecto ambiental de las bolsas plásticas para finales de 2008, mediante incentivos para minimizar su uso entre los clientes.

Cada mexicano tiene un consumo per cápita anual de 20 kilogramos de plástico, en 2000 el consumo era de apenas 10. De tal forma, el país es uno de los principales consumidores, que enfrenta una desorganización y descontrol del volumen de producción, entrega y circulación de estos bienes, particularmente por la diversidad de sitios donde se proveen bolsas, desde mercados, tianguis o tiendas de autoservicio hasta papelerías y tlapalerías.

Consideramos indispensable establecer responsabilidades que permitan desincentivar el uso de bolsas de polietileno, ya que de cada 10 que se utilizan 9 son de plástico, y en consecuencia se estima que consumimos más de 20 millones de bolsas al día.

Por todo lo anterior, considerando que las opciones para que las empresas en general, productoras, vendedoras o comercializadoras de bolsas plásticas transite a la producción, venta y enajenación de bolsas más compatibles con el ambiente, deben contar con incentivos, igual que los establecimientos que hacen uso de ellas como residuo, proponemos la Ley para el Consumo Sustentable de Bolsas de Uso Frecuente, como un instrumento de política ambiental viable para todos los sectores involucrados.

En la iniciativa no se establecen prohibiciones o limitaciones de ningún tipo para el sector servicios, ya que consideramos que es más útil que gravar con el cobro de impuestos la participación conjunta de los sectores público y privado en el esquema de responsabilidad compartida.

El Partido Verde fija un régimen de transición para que los establecimientos usen bolsas biodegradables o reutilizables y propone algunas medidas para reducir su uso y fomentar su reemplazo por otras más respetuosas del ambiente y, al mismo tiempo, inhibe su utilización en los consumidores.

Por lo expuesto, los que suscriben, Francisco Elizondo Garrido y Luis Alejandro Rodríguez , diputados a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para garantizar lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o., párrafos tercero, cuarto, sexto, séptimo y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, someten a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley para el Consumo Sustentable de Bolsas de Uso Frecuente

Artículo Único. Se expide la Ley para el Consumo Sustentable de Bolsas de Uso Frecuente, para quedar como sigue:

Artículo 1o. Se declaran de orden público e interés general las disposiciones de esta ley, que se refieren a la protección del ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos de polietileno y plásticos en el territorio nacional.

La presente tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona al ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención en la generación de residuos, su valorización y disposición final.

Artículo 2o. Se prohíbe en todo el territorio nacional la enajenación a título gratuito de bolsas de polietileno y de cualquier otro material plástico convencional por el que se elaboren bolsas plásticas, utilizadas y entregadas por supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general para transporte de productos o mercaderías, siempre que tengan por finalidad un solo uso.

Se prohíbe la enajenación de bolsas de polietileno y de cualquier otro material plástico convencional por el que se elaboren bolsas plásticas, utilizadas y entregadas por supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general que no cuenten con algún mensaje o leyenda alusiva a concienciar al individuo sobre la adecuada disposición de residuos o referencia sobre su efecto en el ambiente.

Artículo 3o. Los titulares de los establecimientos comprendidos en la presente ley deberán proceder al reemplazo progresivo de las bolsas plásticas a partir de 2009 por materiales que permitan su reutilización, sean degradables o biodegradables por el ambiente en un breve periodo.

Artículo 4o. Lo establecido en esta ley lo será sin perjuicio de las disposiciones referentes en las Leyes Generales del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Artículo 5o. Toda persona, física o moral, que venda o entregue por cualquier título bolsas de plástico deberán progresivamente reemplazar por materiales degradables, biodegradables o que permitan su reutilización, considerando en ello los materiales que resulten compatibles con la minimización del daño y deterioro ambiental.

Artículo 6o. Toda persona física o moral que fabrique o produzca bolsas destinadas a los fines citados en el artículo segundo deberán adecuar su tecnología para abastecer a los establecimientos que conforme a los artículos primero y segundo se encuentren en el ámbito subjetivo de aplicación de la presente ley.

Artículo 7o. La presente ley no será aplicable cuando por cuestiones de asepsia, higiene o salud las bolsas de polietileno y cualquier otro material plástico convencional deban ser utilizadas para contener bienes que por su naturaleza o propiedades no resulte factible la utilización de un sustituto degradable o biodegradable en términos compatibles con la minimización de su efecto.

Artículo 8o. Se establece el fondo de apoyos para la sustitución tecnológica de bolsas, el cual se formará de los recursos que al efecto disponga el Ejecutivo federal como parte de la estrategia para el control de residuos y el combate del cambio climático, cuyo monto no podrá ser inferior a las previsiones de cualquiera de los programas de apoyo destinados en el Fondo Pyme.

Artículo 9o. Se establece una estrategia para el control de estos residuos a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual tendrá por objeto establecer mecanismos para el reemplazo, desarrollo e implantación de sustitución de los materiales citados en los artículos 2o. y 3o.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales expedirá los requisitos de elegibilidad para ser beneficiarios del fondo de apoyos para la sustitución tecnológica de bolsas, el cual financiará las opciones para el futuro de sustitución y reemplazo de bolsas de plástico por materiales degradables o biodegradables.

En ningún caso podrán establecerse como beneficiarios del fondo citado en el artículo precedente las personas, físicas o morales, que no cuenten con un sistema de depósito reembolso de bolsas plásticas.

Artículo 10. Corresponderá a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Secretaría de Economía, establecer los plazos y las condiciones para la efectiva aplicación de la presente ley, los que nunca excederán de tres años a partir de su promulgación, teniendo en cuenta a tales efectos los sectores público y privado, las cámaras empresariales y las empresas del sector.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, conforme al principio de responsabilidad compartida, se coordinará con las otras dependencias y entidades de la administración pública federal para realizar en conjunto:

1. Campañas de difusión y concienciación sobre el uso racional del material no degradable o no biodegradable, para el envase y la contención de los productos comercializados en dichos establecimientos.
2. Invitar a otras empresas relacionadas con la comercialización de productos a adecuarse a las exigencias de la presente ley.
3. Informar y capacitar a los destinatarios de esta ley sobre las opciones que pueden sustituir los plásticos por materiales biodegradable, asistiéndolas de forma gratuita e inmediata ante sus requerimientos.

Artículo 11. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá recomendar a la de Economía tomar medidas para que en los lugares donde se comercialicen o distribuyan por cualquier título bolsas plásticas se informe a los consumidores sobre las disposiciones a que se refiere la presente ley.

La Secretaría de Economía, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, determinará la calidad que deberán ofrecer las bolsas plásticas para los consumidores de los establecimientos mercantiles. A tales efectos, se expedirán normas oficiales mexicanas adecuadas para cada uso.

Artículo 12. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales definirá y fijará los criterios para determinar la degradabilidad o biodegradabilidad de los productos sujetos a certificación en términos que resulten compatibles con esta ley y, en lo general, contará con facultades de fiscalización respecto a su cumplimiento.

La violación de las normas contenidas en la presente ley o en su reglamentación constituye infracciones administrativas graves, por lo que no se dispensarán la aplicación de sanciones a los infractores.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se fija como plazo máximo a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para realizar la adecuación a la presente reforma, y presentar el respectivo reglamento, el de dos años.

Tercero. Se interpretan supletoriamente las Leyes Generales del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y General de Salud, en las definiciones a que aludan los enunciados de la presente ley.

Cuarto. Se fija como plazo calendario para la sustitución progresiva de bolsas plásticas por opciones con mayor capacidad de biodegradación o degradación al ambiente el periodo 2009-2015, para concluir en su mayor parte la sustitución.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 31 de marzo de 2009.--- Diputados: Francisco Elizondo Garrido , Luis Alejandro Rodríguez , Manuel Salvador Salgado Amador , Diego Cobo Terrazas (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.



LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió, además, del diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Iniciativa que reforma el artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Manuel Cárdenas Fonseca , diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los insuficientes resultados obtenidos en el crecimiento económico de nuestro país en los últimos años nos obligan, como legisladores, a buscar alternativas que posibiliten reconducir el esquema de regulación jurídico-económica de la economía, con el fin de rehabilitar y fortalecer el proceso de desarrollo del país.

Esta situación de bajo nivel de crecimiento 1 y pérdida de competitividad refleja que existen serios problemas en la economía mexicana, en especial, resultado de los desequilibrios fiscales y financieros, los cuales se manifiestan en el bajo perfil de la dinámica económica, la pérdida de patrimonio del Estado y el alto nivel de vulnerabilidad de nuestra economía.

Las crecientes deudas y pasivos reflejan que tenemos una economía sumamente vulnerable, dependiente del exterior y con una caída creciente en índices de productividad y competitividad, según diversos organismos internacionales, como el Foro Económico Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Reconociendo esto, y con el fin de evitar que sigan creciendo los desequilibrios en los diferentes ámbitos de la vida económica, debemos propiciar cambios legislativos que permitan monitorear la situación real de todos los pasivos y, en especial, del déficit estructural, para así determinar la situación patrimonial real del Estado mexicano.

Recordemos que el déficit estructural es el resultante de sustraer del déficit total los efectos provenientes de los ciclos económicos. En este sentido el déficit estructural responde más a las condiciones de estructura, resultado de la política fiscal, cuyos efectos en la economía tendrían un carácter de mayor permanencia 2 .

Por lo anterior, es fundamental incorporar en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria el concepto, medición y proyección del déficit estructural, con el fin de estimarlo en función del producto potencial de la economía, lo cual posibilitaría una mayor transparencia y se enriquecería la Ley de Ingresos y el decreto de Presupuesto de Egresos, dándoles mayor consistencia.

La estimación del déficit estructural en el corto y mediano plazo permitiría conocer la estructura real de las finanzas públicas del país, y se habilitaría al Estado para instrumentar medidas contracíclicas durante las fases en las cuales la economía entra en desaceleración o recesión, especialmente sin que el gasto del gobierno tenga que ajustarse para respetar el tope de un déficit fiscal preestablecido.

En este sentido, la participación del Estado en la economía mexicana debe garantizar no sólo finanzas públicas consistentemente sanas sino, sobre todo, un crecimiento económico real sostenible y sustentable como consecuencia de la evolución estable de sus indicadores macroeconómicos.

Es precisamente en este sentido que, como integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, comprometido con el estudio e implementación de cambios legislativos dirigidos hacia una mejoría social; y preocupado por el pobre desempeño de la economía nacional, propongo la siguiente iniciática con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Único. Se reforman las fracciones III y IV del artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 16. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaborarán con base en objetivos y parámetros cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes indicadores del desempeño, los cuales, junto con los criterios generales de política económica y los objetivos, estrategias y metas anuales, en el caso de la administración pública federal, deberán ser congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan del mismo, e incluirán, cuando menos:

I. Las líneas generales de política económica;
II. Los objetivos anuales, estrategias y metas;
III. Las proyecciones de las finanzas públicas, incluyendo el déficit estructural y los requerimientos financieros del sector público con las premisas empleadas para las estimaciones. Las proyecciones abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán anualmente en los ejercicios subsecuentes, y
IV. Los resultados de las finanzas públicas, incluyendo el déficit estructural y los requerimientos financieros del sector público, que abarquen un periodo de los últimos cinco años y el ejercicio fiscal en cuestión.

Los criterios generales de política económica deberán incluir dentro de sus indicadores el producto potencial de la economía y explicarán las medidas de política fiscal que se utilizarán para el logro de los objetivos, las estrategias y metas, así como las acciones que correspondan a otras políticas que impacten directamente en el desempeño de la economía. Asimismo, se deberán exponer los costos fiscales futuros de las iniciativas de ley o decreto, relacionadas con las líneas generales de política a que se refiere este artículo, acompañados de propuestas para enfrentarlos.

En los criterios a que se refiere el párrafo anterior se expondrán también los riesgos relevantes para las finanzas públicas, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: 1. El Producto Interno Bruto presenta la siguiente trayectoria: en el 2001 nulo crecimiento: (0.0 por ciento); 2002 (0.8 por ciento); 2003 (1.4 por ciento); 2004 (4.2 por ciento) y 2005 (3.0 por ciento). Los datos reflejan la variación porcentual real anual. Ver VI Informe de gobierno del presidente Vicente Fox Quesada , ``Crecimiento con Calidad''. Páginas. 113-115. De acuerdo a Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el crecimiento del producto interno bruto en 2006 fue de (4.8 por ciento), 2007 de (3.3 por ciento), 2008 (1.8 por ciento) y para el 2009 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el Banco de México esperan un crecimiento negativo de (-1.8 por ciento).2. Este enfoque lo han utilizado el Fondo Monetario Internacional, la Organización para La Cooperación y Desarrollo Económicos y la Comisión Económica para América Latina, para estimar el déficit estructural de algunas economías.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 10 de marzo de 2009.--- Diputado Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.



LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió del diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Miguel Ángel Macedo Escartín , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Miguel Ángel Macedo Escartín , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el articulo 30 Bis, fracción XXVI, y adiciona las fracciones XXVII y XXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La pornografía infantil constituye un problema de dimensión internacional, que se ha amplificado con la irrupción de nuevas tecnologías que han transformado las pautas de producción y difusión de este tipo de material.

La transformación de la producción y difusión de la pornografía infantil en general, y particularmente aprovechando el nuevo escenario que facilita las nuevas tecnologías, abre interrogantes al derecho de diversa consideración.

De una parte, la transnacionalidad del fenómeno obliga a buscar consenso sobre las necesidades de tutela, concretamente en aspectos como la tipificación de la denominada pornografía infantil virtual, la pornografía pseudoinfantil, la posesión para el consumo o, en último término, la edad de los menores. En este debate debe situarse asimismo la polémica sobre la responsabilidad de los intermediarios.

Se denomina pornografía infantil a toda representación de menores de edad de cualquier sexo en conductas sexualmente explícitas. Puede tratarse de representaciones visuales, descriptivas (por ejemplo, en ficción) o incluso sonoras. 1

Pornografía es un término ambiguo y difícil de delimitar. Mucha gente podría incluir en esta categoría representaciones gráficas o pictóricas no fotográficas o incluso textos escritos, pero por lo general estos medios no son incluidos dentro de la definición de pornografía infantil porque no implican necesariamente la participación de un menor en su creación. Tradicionalmente se consideran como pornografía infantil a aquellas representaciones fotográficas o fílmicas en formatos digital o analógico de menores de edad de cualquier sexo en conductas sexualmente explícitas, ya sea solos o interactuando con otros menores de edad o con adultos.

La red ha nacido bajo los designios de la anomia jurídica, no existe un estatuto jurídico sobre Internet. Puede indicarse que la ausencia de regulación jurídica, de límites y de control sobre los flujos de información son algunas de las notas características básicas de esta autopista de la información.

En Internet no existe la figura de una autoridad máxima como un todo, nadie gobierna Internet, no existe una entidad que diga la última palabra, no está bajo el control de ninguna empresa y, de hecho, son los propios usuarios quienes asumen la responsabilidad de su funcionamiento. Cada red integrante de Internet tiene sus propias reglas. 2

La pornografía infantil constituye un problema de dimensión internacional, que se ha amplificado con la irrupción de nuevas tecnologías que han transformado las pautas de producción y difusión de este tipo de material.

Se consideran normalmente dos tipos de pornografía: imágenes que no son sexualmente explícitas pero que incluyen niños desnudos, en posturas erotizantes; e imágenes que muestran a niños involucrados en actividades sexuales explícitas. El uso de la infancia en la producción de pornografía constituye un acto claro de explotación sexual.

Las nuevas tecnologías han modificado sustancialmente la naturaleza de la pornografía. Las cámaras digitales y las grabadoras de video facilitan una producción fácil y de costo reducido, así como un menor riesgo de detección, ya que no es necesario procesar el material en establecimientos especializados como requiere la fotografía convencional. La reproducción también ha mejorado: las imágenes digitalizadas no envejecen ni pierden su calidad al copiarlas, la distribución del material pornográfico se ha convertido ahora en algo fácil, barato y rápido mediante Internet. La naturaleza especial de la red de redes, su carácter global que suprime los límites tradicionales de las leyes nacionales, ha convertido la detección y persecución de este tipo de delitos en algo notablemente difícil.

De acuerdo con Ecpat Internacional en el informe global de monitoreo de las acciones en contra de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes realizado en la Ciudad de México, indica que México es considerado el segundo país en el mundo con mayor producción de pornografía infantil, pero la tenencia o posesión de material pornográfico infantil no esta sancionada por las leyes. 3

La impunidad contribuye al incremento de la oferta de material pornográfico infantil, ya que su venta se vuelva abierta y pública, como ocurre en Tepito y La Merced, en la Ciudad de México, indica el informe.

Según las estadísticas de la Policía Federal Preventiva, la explotación sexual de menores de edad a través de Internet se incrementa aceleradamente, por lo que ya ocupa el tercer lugar en la lista de delitos cibernéticos, después de los fraudes y las amenazas. 1

Tan sólo en enero de 2004, se registraron 72 mil 100 sitios de pornografía sexual de menores de edad, mientras que a inicios de 2006 ya había más de 100 mil sitios.

De acuerdo con el texto, hasta 2003 la Policía Cibernética de México tenía la clasificación de imágenes de pornografía infantil en Internet en cuatro rangos: de cero a 4 años, de 4 a 8, de 8 a 12 y de 12 a 17, grupo en el que predominaban las imágenes pornográficas. 4

No obstante, el primer cuatrimestre de 2004 se creó un nuevo rango como consecuencia del visible aumento en la detección de imágenes de pornografía con bebés, por lo que la nueva categoría comprende a niñas y a niños de cero a 1 año de edad, ya que se registró un incremento de 5 por ciento en fotografías e imágenes de abuso de recién nacidos, subraya el informe.

En México se cuenta con la Policía Cibernética que constituye una de las medidas adoptadas para la detección de este tipo de abusos dentro de la red. Tiene como fin primordial detectar a los sujetos que se dedican a este tipo de explotación sexual comercial, valiéndose de Internet para hacerlo.

La policía cibernética opera realizando patrullajes antihacker mediante un banco de datos integrado por grupos mexicanos; su objetivo es fiscalizar este tipo de delitos en el ciberespacio. Su creación se debe al incremento de organizaciones en la red que promueven la corrupción infantil.

Los crímenes cometidos en agravio de menores a través de una computadora y otros medios han tenido un incremento sin precedentes, tanto en México como en el mundo, derivado de la velocidad del desarrollo tecnológico y con las crecientes oportunidades de acceso a Internet.

La red ha sido utilizada por organizaciones criminales que promueven y transmiten pornografía infantil; también se sabe de las operaciones de bandas internacionales de prostitución que utilizan sistemas informáticos.

Es de vital importancia tomar en consideración los en los siguientes ordenamientos para valorar la presente iniciativa:

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que ha sido mayoritariamente ratificada por los Estados, entre ellos México, señala

Artículo 34. Los Estados parte se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados parte tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir
a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;
b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;
c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.

Código Penal Federal

Artículo 202. Comete el delito de pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, quien procure, obligue, facilite o induzca, por cualquier medio, a una o varias de estas personas a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados, con objeto de videograbarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o privada de telecomunicaciones, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos. Al autor de este delito se le impondrá pena de 7 a 12 años de prisión y de 800 a 2 mil días multa.

A quien fije, imprima, videograbe, fotografíe, filme o describa actos de exhibicionismo corporal o lascivos o sexuales, reales o simulados, en que participen una o varias personas menores de 18 años o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo, se le impondrá la pena de 7 a 12 años de prisión y de 800 a 2 mil días multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito.

La misma pena se impondrá a quien reproduzca, almacene, distribuya, venda, compre, arriende, exponga, publicite, transmita, importe o exporte el material a que se refieren los párrafos anteriores.

Artículo 202 Bis. Quien almacene, compre, arriende el material a que se refieren los párrafos anteriores, sin fines de comercialización o distribución, se le impondrán de 1 a 5 años de prisión y de 100 a 500 días multa. Asimismo, estará sujeto a tratamiento psiquiátrico especializado.

En lo anterior queda demostrado que tenemos que proteger a la infancia de la explotación y abusos sexuales de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y que ha quedado plasmado en nuestro Código Penal Federal, pero que no es suficiente para prevenir estos ilícitos en contra del menor.

Necesitamos que de las facultades de la Secretaria de Seguridad Pública se modifique y adicionen las fracciones propuestas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en el artículo 30 Bis, para añadir que se establezcan una serie de reglamentos y acciones que prevengan de manera eficaz la comisión de delitos relacionados con las publicaciones y transmisiones que se dan en las redes de comunicación publica, en donde el Estado garantice el normal desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.

No sólo debemos fijarnos en material pornográfico infantil sino también en todos aquellos contenidos en general que no provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público.

En tal virtud, y toda vez que resulta importante adoptar medidas legislativas al respecto y cumplir con los compromisos que tenemos con la sociedad, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto de modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo Único. Se modifica el artículo 30 Bis, fracción XXVI, y se adicionan las fracciones XXVII y XXVIII del Titulo Segundo, Capítulo Segundo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Título Segundo De la Administración Pública Centralizada

Capítulo II De la Competencia de las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

Artículo 30 Bis. A la Secretaria Secretaría de Seguridad Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I a XXVI. ...
XXVII. Elaborar reglamentos y acciones que prevengan de manera eficaz la comisión de delitos relacionados con las publicaciones y transmisiones que se dan por proveedores, servidores, administradores y usuarios de archivos de datos en la red publica de telecomunicaciones, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos, con la finalidad de proteger el normal desarrollo de los niños, las niñas y los adolescentes.
XXVIII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

Transitorios

Único. El decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: 1 Wikipedia, ``Pornografía infantil'', http://es.wikipedia.org/wiki/Pornograf%C3%ADa_infantil2 Morales Fermín, ``Pornografía infantil e Internet'', http://www. uoc.edu/in3/dt/20056/3 Ecpat Internacional, ``Informe global de monitoreo de las acciones en contra de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes'', http://www.ecpat.net/eng/A4A_2005/PDF/Americas/Global_Monitoring_Report-MEXICO.pdf4 Secretaría de Seguridad Pública Federal, Policía Cibernética, http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/appmanager/pcibernetica/desk?_nfls=false & _pageLabel=
Palacio Legislativo de San Lázaro, marzo de 2009.--- Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Gobernación.



ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió de la diputada María del Consuelo Argüelles Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Consuelo Argüelles Arellano , del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, María Consuelo Argüelles Arellano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El municipio libre es parte constitutiva de la estructura política y del desarrollo social de la nación; más aún, es considerado como la célula básica y piedra angular de la función del gobierno en la sociedad y expresión de tradiciones políticas con una larga continuidad en nuestra historia contemporánea.

Jurídicamente, es concebido como la base de la división territorial y de la organización política del Estado y como persona de derecho público investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución General de la república, cuyo precepto resume su naturaleza social y su capacidad de promover la unidad política, administrativa y territorial de la vida nacional, siendo su última reforma el 28 de octubre de 1999, la cual tuvo por objeto diversas modificaciones en materia de organización, integración y funcionamiento institucional del municipio, reconociéndolo como auténtico órgano de gobierno, ampliando su marco de atribuciones y competencias, creando un nuevo orden administrativo orientado a una mayor eficacia del ejercicio gubernamental a su cargo.

A pesar de la citada reforma, cuando se generan nuevas formas de decisión, de control y de programación en los municipios, el principal obstáculo para su aplicación se encuentra en el propio municipio, mediante un cuerpo administrativo anticuado, dominado por prácticas en donde priva la discrecionalidad de la decisión y la centralización casi absoluta de los procesos administrativos, lo que se traduce en el retraso de actualización de los ayuntamientos en la materia.

Como consecuencia de los cambios y transformaciones que se han suscitado en los últimos años, la figura del municipio se ha visto envuelta en procesos cuya velocidad de cambio es mucho mayor que su propia dinámica e inercia político administrativa, siendo un espacio poco abordado en propuestas y creación de alternativas de solución a la problemática de carácter administrativo que presentan. 1

Tanto la reforma del Estado como la simplificación administrativa y la modernización nacional, son procesos que impactan al municipio, tanto a nivel de gobierno como a nivel administrativo, considerando en este sentido a los funcionarios que laboran en ellos como las personas que desempeñan sus labores al menos como director de departamento o de área, lo que los sitúa en servidores públicos que toman decisiones, encontrando aquí gran parte del problema para que los municipios puedan realmente salir del atraso en el cual se encuentran inmersos.

En la actualidad se requieren cambios a fondo dentro del gobierno y la administración municipal, siendo imprescindible la modernización y profesionalización del sistema de administración, implantando estructuras institucionales que respondan a las diversas demandas de los ciudadanos.

Por ello, la presente iniciativa propone establecer dentro del marco constitucional la figura del administrador municipal como parte de la estructura de las autoridades municipales, la cual, en la actualidad opera de manera exitosa en varios países de América Latina y Europa. Así, en Estados Unidos de América, como resultado de la necesidad de enfrentar la crisis de administración municipal, se crea la figura del administrador, siendo Carolina del Sur la primera en implantar dicha figura en 1912, 2 el cual se encarga de ejecutar la políticas públicas locales que emanan del cabildo, encargándose a su vez de preparar cuestiones presupuestarias, reclutar y contratar al personal, así como prestar sus servicios como asesor principal del cabildo. Cabe señalar que dichas facultades las realiza con aprobación previa de este último, sin tratar de ninguna manera de quitarle facultades al alcalde, sino por el contrario, potencializar la capacidad política de este en todo sentido.

De igual manera, en Argentina existe la figura del administrador municipal, prevista en la legislación vigente de la provincia de Córdoba, estableciendo que el gobierno de la comisión podrá designar fuera de su seno un funcionario que, con el nombre de administrador municipal, tendrá a su cargo la ejecución y control de las funciones administrativas que determinen las ordenanzas que con ese objeto se dicten. 3

A su vez, en Alemania existe la figura de administrador municipal, el cual es elegido por el consejo municipal, que asume la función de jefe de la administración municipal, siendo un funcionario de carácter temporal nombrado por un determinado periodo, siendo su función la dirección ejecutiva de la administración. 4

En la actualidad en varios municipios la implantación de esta figura comienza a posicionarse en las agendas políticas locales, por lo que se considera necesario establecer su creación en el artículo 115 constitucional, a la luz de las facultades otorgadas al municipio para establecer las bases generales de la administración pública municipal, siendo el eje fundamental la voluntad de las autoridades, así como el apoyo de la ciudadanía, al haber libertad político-jurídica para la creación de modelos administrativos que faciliten la profesionalización de los gobiernos municipales.

El propósito de la creación del administrador municipal en nuestro país es establecer un cambio al esquema organizacional, enfocado a brindar apoyo técnico y asesoría al presidente municipal, así como a los regidores, coordinando este la comunicación entre el cabildo y el personal del ayuntamiento, instrumentando y dando seguimiento a las decisiones del presidente municipal y el cabildo, mediante la elaboración de recomendaciones sobre las necesidades que se presentan en el ayuntamiento y entender el efecto de respuesta a esas necesidades. 5

Dentro de las funciones que realizará el administrador municipal se encuentran operar, dirigir y supervisar la prestación de los servicios públicos a la comunidad; preparar el presupuesto y ponerlo a consideración del cabildo para su aprobación y modificación; evaluar, reclutar y controlar al personal con base en las políticas, normas y reglamentos aprobados por el cabildo; presentar informes periódicos al cabildo para análisis y aprobación; asesorar al cabildo en temas relacionados con su trabajo, implantar proyectos, programas y cambios aprobados por el cabildo; dar seguimiento a sus decisiones y las del presidente municipal; coordinar la comunicación entre el cabildo y el personal del ayuntamiento; diseñar y elaborar planes, estudios, recomendaciones y políticas para atender las necesidades que se presentan en el ayuntamiento por parte de la comunidad, así como supervisar la calidad de los servicios municipales y de apoyo técnico y administrativo de la organización municipal, para lo cual, será necesario que dicha autoridad recaiga en un profesional de la administración, con conocimientos y habilidades administrativas de personal, programas, proyectos y recursos financieros, con capacidad de manejar y administrar trabajo en equipo, el cual será propuesto al Cabildo por una organización experta de selección de personal.

Es de indicar que la figura del administrador municipal dependerá directamente del cabido en su conjunto, ejecutando políticas y lineamientos de este último, manteniendo el control en la calidad de los servicios municipales y de apoyo técnico y administrativo de la organización, funcionando el administrador como punto de coordinación, facilitación y comunicación clara con las autoridades que tomarán la decisión final.

Es necesario adecuar a nuestra realidad social, política y económica, la disposición considerada en nuestra Carta Magna que regula el funcionamiento político, administrativo y financiero del municipio, con el propósito de armonizar oportunamente los instrumentos legales aplicables al desempeño de sus facultades y atribuciones inherentes a su competencia.

Mediante la creación del administrador municipal en nuestro país se asegurara el cabal cumplimiento de los fines y propósitos del municipio, tal y como fue concebido, en aras de fortalecer la función a su cargo, así como la responsabilidad de quienes lo representan.

La realidad que en general vive nuestro municipio no puede alterar su esencia, y para que pueda cumplir con sus fines, es necesario que su organización surja de un sistema que permita la participación de todos en la tarea política municipal, lo cual implica no sólo la vigilancia, el encauzamiento y la dirección de los intereses públicos, sino la función eminentemente política, la designación de mandatarios de la comunidad local y el ejercicio mismo de su autoridad para lograr el bien común.

Con base en lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforman los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 115. ...

I. ...
...
...
...
...
II. ...
...
...
a) Las bases generales de la administración pública municipal, entre las cuales podrá establecerse la figura de administrador municipal como auxiliar del ayuntamiento en el ejercicio sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas. Asimismo establecerán las bases generales de su procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;
b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al municipio por un plazo mayor al periodo del ayuntamiento o, de ser el caso, para designar al administrador municipal;
c) a e) ...
III. ...
a) a i)...
...
...
...
IV. ...
a) a c) ...
...
...
...
...
V. ...
a) a i)...
...
VI. a X. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de los estados, cuya determinación sea la incorporación de la figura de administrador municipal, deberán prever en las leyes respectivas los municipios que, atendiendo a criterios de densidad poblacional, ingresos económicos y estructura administrativa, contarán con esta figura.

Notas: 1 Hernández Torres, Misael, Administración municipal en México, retos y perspectivas, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.2 E. Chávez, Jaime, El administrador municipal, International City County Management Association.3 Acosta D. Eduardo, El administrador municipal en la agenda del gobierno, Segundo Congreso Argentino de Administración Pública, Sociedad y Estado.4 López Pulido, Joan Pere, El gerente municipal. 5 Op. cit. Infra.
Palacio Legislativo, a 24 de marzo de 2009.--- Diputada María Consuelo Argüelles Arellano (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.



LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Tiene la palabra la diputada Ana Elisa Pérez Bolaños, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos.

La diputada Ana Elisa Pérez Bolaños : Con la venia de la Presidencia.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, hoy día la sobreproducción de equipos electrónicos, como televisores, estéreos, computadoras y celulares, ha provocado que el tiempo de renovación de éstos sea cada vez más breve. Se calcula que cada dos años y medio se adquiere un nuevo equipo o aparato, siendo esto un factor detonante en cuanto a costos e impactos ambientales.

¿Algunos de nosotros sabemos cuál es el destino final de estos aparatos electrónicos una vez desechados? Esta pregunta tiene varias respuestas. Nuestra frontera norte se ha convertido en un tiradero de desechos eléctricos y electrónicos. Sin embargo, estos desechos, en términos de volumen, equivale aproximadamente a 50 por ciento de lo que se produce anualmente, y éstos siguen sin contar con el manejo y tratamiento adecuados.

El problema con esta clase de desechos consiste en que al no tratarse o manejarse de modo adecuado, constituyen una peligrosa carga tóxica que amenaza la salud y el medio ambiente.

De acuerdo con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, los residuos peligrosos se definen como aquellos que poseen algunas de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que les confiere peligrosidad, así como envases, recipientes embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieren a otros sitios, de conformidad como lo establece esta ley.

La legislación existente no ofrece experiencia alguna en la efectiva aplicación del concepto de responsabilidad extendida del productor-importador que lo conjunte con los esfuerzos emprendidos en la materia por parte del gobierno, por lo que todavía hace falta una señal decidida por parte de los diferentes sectores en cuanto a su disposición y compromiso por impulsar un plan de manejo sostenible y ambientalmente adecuado de los productos tecnológicos, eléctricos y electrónicos, una vez que estos hayan caído en desuso y puedan ser considerados como peligrosos.

Tal como lo apunta el artículo 42 de la ley citada, la responsabilidad del manejo y disposición final de los residuos peligrosos corresponde a quien los genera; por tanto, es indispensable que prevalezca el principio de responsabilidad compartida de corresponsabilidad.

Este principio es fundamental para poder establecer los mecanismos de gestión y manejo de estos residuos. De hecho es factible que empresas que ya están de alguna manera metidas en el reciclaje y la recuperación de materiales amplíen sus servicios y empiecen a gestionar residuos eléctricos y electrónicos.

Por ejemplo, a partir de 2006, en la Unión Europea los fabricantes de equipos electrónicos no pueden comercializar sus productos dentro de este continente si contienen plomo, mercurio, cadmio, cromo, entre otros, en cantidades superiores a las dictadas por la comunidad internacional en la materia competente.

Existen marcas pioneras en el manejo de la gestión ambiental al fabricar computadoras ecológicas con una placa de circuitos carentes de halógenos y antimonio. Es decir, han comenzado a retirar los materiales tóxicos de sus ordenadores; y a partir de este año eliminarán las sustancias para retardar el fuego basados en bromo y los PVC.

Asimismo, han participado en el lanzamiento de una nueva directiva en la Unión Europea denominada ``basura de equipos eléctricos y electrónicos'', la cual obliga a la recolección y reciclaje de residuos electrónicos. En México, sin embargo, en el mejor de los casos, los artefactos terminan apilados en bodegas o simplemente van a parar a la basura o a los rellenos sanitarios.

Datos arrojados por la consultora Ipsos Mori revelaron que de mil encuestados en el país sólo 43 por ciento de ellos sabían que las computadoras y otros aparatos eléctricos contienen materiales peligrosos para la salud y el entorno.

Por su parte, el consumidor debe comprometerse a que los desechos de equipos o aparatos, después de cumplir una vida útil, lleguen a una disposición adecuada y ambientalmente amigable que no dañe su propia salud; y, las empresas, obligarse a manejar y procesar los residuos de la mejor manera posible, preferiblemente con tecnología de punta para así garantizar el cierre de los ciclos de los materiales a través de una gestión responsable y sostenible.

En Nueva Alianza estamos convencidos que la promoción y concertación con representantes de organismos privados y sociales en relación a la formulación y empleo de los planes de manejo, pertinentes para los distintos residuos que generen y sean de su competencia, es una de las tareas primordiales a emprender en aras de un desarrollo ambiental sustentable que dé rumbo y certeza a las futuras generaciones.

Por ello, los residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, así como los productos eléctricos y electrónicos de fabricantes cuando sean considerados como peligrosos, deben ser previstos en el artículo 31, como sujetos a un plan de manejo.

En mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, por las consideraciones expuestas y fundadas, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción VI al artículo 31 de la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos.

Único. Se adiciona una fracción VI al artículo 31 de la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos, y se recorre subsecuentemente la numeración de la fracción VI y siguientes vigentes, para quedar como sigue:

Artículo 31. Estarán sujetos a un plan de manejo los siguientes residuos peligrosos: los productos usados, caducos, retirados del comercio o que se desechen y estén clasificados como tales en la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Fracción VI. Desechos tecnológicos, eléctricos y electrónicos, cuando sean considerados peligrosos.

Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada Ana Elisa Pérez Bolaños , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Ana Elisa Pérez Bolaños , diputada integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LX Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Televisores, estéreos, computadoras y celulares son sólo algunos de los objetos que se renuevan cada vez con mayor frecuencia. Se calcula que, en promedio, cada 2.5 años se adquiere un nuevo equipo o aparato; lo que conlleva costos e impactos definitivos tanto al medio ambiente como a la salud de los habitantes. No obstante, nadie sabe qué pasa y en dónde terminan cuando ya no son utilizados.

Es ampliamente sabido que Estados Unidos tira sus desechos tecnológicos, eléctricos y electrónicos, en territorio mexicano. Sin embargo, esta basura, que en términos de volumen equivale a aproximadamente 50 por ciento de lo que se produce cada año en equipos nuevos 1 , sigue sin contar con el manejo y tratamiento 2 adecuados, debido a la poca atención que se le presta a los componentes que la integran, así como a los generadores. 3

Según datos de la US Environmental Protection Agency , en el país se tiran al año unos 134.5 millones de computadores, así como 348.9 millones de otro tipo de electrónicos. En todo el continente, el desecho anual es calculado en aproximadamente 583.8 millones de unidades. 4

Materiales como los retardantes de flama bromados y el plástico policloruro de vinilo, mejor conocido como PVC 5 , tradicionalmente han sido usados en equipos eléctricos o de cómputo. El problema con este tipo de desechos consiste en que al no tratarse o manejarse de modo adecuado, constituyen una peligrosa carga tóxica que amenaza la salud y el medio ambiente. 6

De acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, los residuos peligrosos son ``aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases 7 , recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que se establece en esta ley.''

Empero, en su manejo, la legislación existente no ofrece experiencia alguna en la efectiva aplicación del concepto de responsabilidad extendida del productor --importador--, que lo conjunte con los esfuerzos emprendidos en la materia por parte del gobierno, por lo que todavía hace falta una señal decidida, por parte de los diferentes sectores, en cuanto a su disposición y compromiso por impulsar un plan de manejo 8 sostenible y ambientalmente adecuado de los productos tecnológicos, eléctricos y electrónicos, una vez que estos hayan caído en desuso y puedan ser considerados peligrosos (también contemplados como basura electrónica o e-waste ). Tal como lo apunta el artículo 42 de la Ley citada: ``la responsabilidad del manejo y disposición final 9 de los residuos peligrosos corresponde a quien los genera''. Por tanto, es indispensable que prevalezca el principio de responsabilidad compartida 10 -de corresponsabilidad- en la materia.

Como oportunamente señala el artículo 27 de esta misma ley, los planes de manejo se establecerán, entre otros fines y objetivos, para instaurar esquemas de manejo en los que aplique este principio de responsabilidad compartida entre los distintos sectores involucrados.

Debido a las características tan particulares de la basura electrónica que pudiera ser considerada peligrosa, y a las pocas experiencias internacionales desarrolladas hasta el momento, es indispensable enfatizar el principio anteriormente referido, que abarque los principales aspectos de la gestión y manejo de este tipo de residuos. De hecho, es bastante común que empresas que ya están, de alguna manera, metidas en el reciclaje y la recuperación de materiales, amplíen sus servicios y empiecen a gestionar residuos eléctricos y electrónicos.

Por ejemplo, a partir de 2006, en la Unión Europea los fabricantes de equipos electrónicos no pueden comercializar sus productos dentro de este continente si contienen plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, bifenilos polibrominados y éteres de difenilo policromado en cantidades superiores a las dictadas por la comunidad internacional competente en la materia. 11

Por su parte, Estados Unidos invierte grandes cantidades de dinero en el reciclaje de estos productos, 12 mientras China e India los destruye. A su vez, Japón está tomando medidas similares a las de la Unión Europea en su lucha contra el uso de sustancias dañinas en eléctricos y demás equipos de cómputo y electrónicos.

Existen marcas pioneras en el manejo de la gestión ambiental que fabrican un ordenador ecológico con placa de circuitos carentes de halógenos y antimonio. Por su parte, encontramos otras marcas que han comenzado a retirar los materiales tóxicos de sus ordenadores, y a partir de este año eliminarán las sustancias para retardar el fuego basadas en bromo y los PVC. 13 Asimismo, han participado en el lanzamiento de una nueva directiva de la Unión Europea denominada WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), la cual obliga a la recolección y reciclaje de residuos electrónicos.

Empresas preocupadas por el medio ambiente tienen planes formales para liberar sus procesos de fabricación de sustancias que puedan contener plomo. 14 Otras más contribuyen con la fabricación de monitores para computadora llamados Magic Green, los cuales emiten aniones con carga positiva para crear un ambiente favorable a la salud, que purifique el aire e incremente el nivel de endorfinas para liberar el estrés. 15

``En México, en el mejor de los casos, los artefactos terminan apilados en bodegas, basureros tecnológicos o simplemente van a parar a la basura y a los rellenos sanitarios. Datos arrojados por la consultora Ipsos Mori revelaron que de mil encuestados en el país, sólo 43 por ciento de ellos sabía que las computadoras y otros aparatos electrónicos contienen materiales peligrosos para la salud y el entorno.'' 16

Por tal motivo, el gobierno, por su lado, debe encargarse de determinar las condiciones marco del sistema y proveer las regulaciones necesarias, leyes y normas, en el mejor interés de todos los actores involucrados. Tiene que comprometerse con un efectivo y sustentable plan de manejo de residuos peligrosos y productos usados, caducos, retirados del comercio o que se desechen y que estén clasificados como tales en la norma oficial mexicana correspondiente, tal y como lo señala el artículo 31 de la ley citada. Dentro de los mismos, se deberán incluir los desechos tecnológicos, eléctricos y electrónicos, cuando sean considerados peligrosos, ya que pueden causar serios daños tanto ambientales como de salubridad general.

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos normalmente se dividen en tres categorías: línea blanca (refrigeradores, hornos, cocinas, lavadoras, etcétera), línea gris (celulares y equipos informáticos como teclados, ratones o CPU) y línea marrón (televisores, equipos de música y de video). Como se mencionó con anterioridad, gran parte de estos aparatos contienen piezas con plomo, cadmio, mercurio, cromo y otros componentes que pueden causar severos daños a la salud humana si no son tratados de forma adecuada.

Posibles impactos sobre la salud

• Cromo. Puede dañar el ADN y causar defectos genéticos. Es irritante de los ojos, la piel y las vías respiratorias.

Efectos tóxicos.

• Plomo. Daños al sistema nervioso, cardiovascular, endocrino y riñones. Problemas en el desarrollo mental y físico en niños y fetos.
Acumulación en ecosistema. Presenta efectos tóxicos en flora, fauna y microorganismos
• Mercurio. Daños cerebrales y en riñones.
Se acumula con organismos vivos al disolverse con el agua.
• Cadmio. Daña los riñones y el hígado. Provoca desmineralización ósea y cáncer.
Es bioacumulativo, persistente y tóxico.
• Retardantes de inflamación bromados. Pueden afectar la fertilidad, además de ser cancerígenos y neurotóxicos.
En un vertedero, pueden ser volátiles, solubles, bioacumulativos y persistentes. Su incineración genera dioxinas y furanos.
Fuente: Estrategia para el manejo integrado y sostenible de los residuos de equipos electrónicos en Costa Rica , 2003-2007.

Por su parte, el consumidor debe comprometerse a que los desechos de equipos o aparatos, después de cumplir su vida útil, lleguen a una disposición adecuada y ambientalmente amigable, que no dañe su propia salud. Y las empresas, obligarse a manejar y procesar los residuos de la mejor manera posible, preferiblemente con tecnología de punta, para así garantizar el cierre de los ciclos de los materiales, a través de una gestión responsable y sostenible.

Cabe resaltar que para manejar de manera exitosa un sistema de gestión de residuos peligrosos, provenientes de equipos o aparatos tecnológicos, eléctricos y electrónicos, es necesario tener una distribución transparente de las responsabilidades de todos los actores involucrados, puesto que cada uno tiene su rol en el procedimiento.

Pese a que actualmente existe entre los responsables de la administración pública, de las empresas privadas y en algunos sectores de la sociedad, la sensación de que es necesario hacer algo para detener este creciente flujo hacia vertederos o incineradoras, en la práctica, como ya se dijo, las medidas que se empiezan a adoptar están dirigidas casi en exclusiva al reciclado 17 . Claro reflejo de ello es capítulo IV de la ley en comento, sobre el manejo integral de los residuos peligrosos.

De igual modo, de acuerdo a Nico Krukenberg, directivo de una empresa de renombre alemana, entre los grandes problemas sin resolver de los electrónicos está la separación de sus componentes y el modo de tratarlos, ya que cuentan con partes muy disímiles o se componen de varios materiales que no se mezclan entre sí, lo que hace que el proceso de gestión integral 18 sea difícil y costoso.

No obstante, la misma Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que marca, en su artículo 54, que ``se deberá evitar la mezcla de residuos peligrosos con otros materiales o residuos para no contaminarlos y no provocar reacciones, que puedan poner en riesgo 19 la salud, el ambiente o los recursos naturales.'' Y que además, la federación, entidades federativas y municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias y según proceda, y con el fin de proteger la salud, prevenir y controlar la contaminación ambiental producida por el manejo de los residuos, deberán promover la suscripción de convenios con los grandes generadores 20 para que formulen e instrumenten los planes de manejo de los residuos que arrojen. Asimismo, de diseñar e instrumentar programas para incentivarlos a reducir su generación (usando tecnología limpia y no tóxica) y someterlos a un manejo integral. 21 y 22

Como claramente señala el artículo 46 de la ley referida, los grandes generadores de residuos peligrosos, entre otros deberes, están obligados a someter a consideración de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, así como llevar una bitácora y presentar un informe anual acerca de la generación y modalidades de manejo a las que sujetaron sus residuos.

Esto, vinculado a lo que señalan los artículos 36 y 96 de la misma ley, en cuanto a que el gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus atribuciones y con los propósitos antes citados, integrarán órganos de consulta en los que participen entidades y dependencias de la administración pública, instituciones académicas, de investigación y desarrollo tecnológico, organizaciones sociales y empresariales -representantes de los sectores industrial, comercial y de servicios-, asociaciones profesionales y de consumidores, y redes intersectoriales relacionadas con el tema, que tendrán funciones de asesoría, evaluación y seguimiento en la materia, así como para que tomen parte en los procesos destinados a clasificar los residuos, planificar el desarrollo de la infraestructura para su manejo y desarrollar las propuestas técnicas de instrumentos normativos y de otra índole que ayuden a lograr los objetivos ya descritos.

Cabe destacar que también el artículo 60 hace alusión al tema, observando que ``los representantes de los distintos sectores sociales participarán en la formulación de planes y acciones que conduzcan a la prevención, reducción o eliminación de emisiones de contaminantes orgánicos persistentes en el manejo de residuos, de conformidad con las disposiciones de esta ley, y en cumplimiento de los convenios internacionales en la materia de los que México sea parte.''

En Nueva Alianza estamos convencidos de que la promoción y concertación con representantes de organismos privados y sociales, en relación a la formulación y empleo de los planes de manejo pertinentes para los distintos residuos que generen y sean de su competencia, es una de las tareas primordiales a emprender, en aras de un desarrollo ambiental sustentable que de rumbo y certeza a las futuras generaciones.

Por ello, los residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, así como los productos eléctricos y electrónicos de fabricantes, cuando sean considerados peligrosos, deben ser contemplados en el artículo 31, como sujetos de un plan de manejo.

En mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, por las consideraciones expuestas y fundadas, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Único. Se adiciona una fracción VI al artículo 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y se recorre subsecuentemente su numeración de la fracción VI y siguientes vigentes, para quedar como sigue:

Artículo 31. Estarán sujetos a un plan de manejo los siguientes residuos peligrosos y los productos usados, caducos, retirados del comercio o que se desechen y que estén clasificados como tales en la norma oficial mexicana correspondiente:

I. a V. ...
VI. Desechos tecnológicos, eléctricos y electrónicos cuando sean considerados peligrosos.
VII. a XVI. ...
Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: 1. Acosta Vázquez, Nelly. El Universal , agosto de 2005. 2. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos define tratamiento como ``procedimientos físicos, químicos, biológicos o térmicos, mediante los cuales se cambian las características de los residuos y se reduce su volumen o peligrosidad''. 3. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos define generador como ``persona física o moral que produce residuos, a través del desarrollo de procesos productivos o de consumo''. 4 . Ibid. 5. Revisar cuadro de posibles impactos sobre la salud. 6. http://www.teorema.com.mx/articulos. 7. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos define envase como ``el componente de un producto que cumple la función de contenerlo y protegerlo para su distribución, comercialización y consumo''. 8. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos define plan de manejo como ``instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la valorización de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos específicos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, con fundamento en el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos, diseñado bajo los principios de responsabilidad compartida y manejo integral, que considera el conjunto de acciones, procedimientos y medios viables e involucra a productores, importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de subproductos y grandes generadores de residuos, según corresponda, así como a los tres niveles de gobierno. 9. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos define disposición final como ``acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al ambiente y las consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas y sus elementos''. 10. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos define responsabilidad compartida como ``principio mediante el cual se reconoce que los residuos sólidos urbanos y de manejo especial son generados a partir de la realización de actividades que satisfacen necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor tipo producción, proceso, envasado, distribución, consumo de productos; y que, en consecuencia, su manejo integral es una corresponsabilidad social y requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos, y de los tres órdenes de gobierno, según corresponda, bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social. 11. Ibid. 12. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos define producto como ``bien que generan los procesos productivos a partir de la utilización de materiales primarios o secundarios. Para los fines de los planes de manejo, un producto envasado comprende sus ingredientes o componentes y su envase''. 13. http://www.baquia.com. 14. Fabricación libre de plomo: Las primeras ofertas libres de plomo consisten en módulos tradicionales de tecnología de memoria DDR para canal independiente, seguido por el modelo DDR SO-DIMM y módulos para servidor, todos los productos estarán dentro del proyecto Green Initiative. 15. http://www.teorema.com.mx/articulos. 16. Con información de El Universal , México. 17. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos define reciclado como ``transformación de los residuos a través de distintos procesos que permiten restituir su valor económico, evitando así su disposición final, siempre y cuando esta restitución favorezca un ahorro de energía y materias primas sin perjuicio para la salud, los ecosistemas o sus elementos''. 18. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos define gestión integral de residuos como ``conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación, para el manejo de residuos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región''. 19. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos define riesgo como ``probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la exposición a un material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana, en los demás organismos vivos, en el agua, aire, suelo, en los ecosistemas, o en los bienes y propiedades pertenecientes a los particulares''. 20. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos define gran generador como ``persona física o moral que genere una cantidad igual o superior a 10 toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida. 21. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos define manejo integral como ``las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social''. 22. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos define programas como ``serie ordenada de actividades y operaciones necesarias para alcanzar los objetivos de esta ley''.
Dado en el Palacio Legislativo de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 26 de marzo de 2009.--- Diputada Ana Elisa Pérez Bolaños (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Gracias, diputada.Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.



LEY FEDERAL DE SANIDAD VEGETAL

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Tiene la palabra el diputado Juan Victoria Alva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley Federal de Sanidad Vegetal.

El diputado Juan Victoria Alva : Con su venia, señora presidenta.

El suscrito, diputado Juan Victoria Alva , integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII Bis al artículo 7o. de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, con base en la siguiente exposición de motivos:

Uno de los problemas más urgentes de nuestro tiempo es el del acceso a los alimentos. Por ello la agricultura es un componente predominante de la economía mundial. Si bien la mecanización de la agricultura en muchos países ha reducido la parte de la población que trabaja en ese sector, la necesidad acuciante de producir alimentos en cantidad suficiente ha repercutido en las prácticas agrícolas de todo el mundo; ha originado una expansión hacia tierras marginales normalmente asociada a la agricultura de subsistencia.

En otros casos la necesidad de alimentos ha llevado al crecimiento del riego y a una utilización cada vez mayor de fertilizantes y plaguicidas, con el fin de lograr y mantener rendimientos superiores al aumento de la demanda.

Para restituir los niveles de materia orgánica del suelo es necesario el uso de fertilizantes orgánicos, con el fin de expandir la capacidad de retención de nutrientes en el complejo arcillo húmico del suelo, es decir, para incrementar la asimilación de los nutrientes minerales procedentes de las reservas de suelo o incorporados mediante la fertilización.

Los fertilizantes orgánicos se fabrican a partir de estiércol, se enriquecen con microelementos y se realiza una desinfección para eliminar las semillas de malas hierbas y hongos patógenos. Cuando la fermentación ha concluido, se tamizan para separar restos inertes como piedras, plásticos, pajas, etcétera, y finalmente se muelen para homogeneizar el producto.

El uso indiscriminado de fertilizantes industriales con altos niveles de fosfatos y de urea ha impactado negativamente en los campos agrícolas, reduciendo paulatinamente su fertilidad y los rendimientos por hectárea que se necesitan para ser competitivos en los mercados internacionales.

Esta sustitución coloca en desventaja a los productores nacionales, ya que además de que el fertilizante industrial se cotiza en dólares siendo muy caro para los agricultores mexicanos, los componentes para su fabricación son dañinos, lo que a la larga perjudica a los productores agrícolas.

Recojo esta inquietud que me han externado los floricultores de Villa Guerrero, donde incluso han nacido niños con malformaciones genéticas asociadas al uso de estos productos, así como de los productores de papa en Tenango del Valle y Zinacantepec, en el Estado de México, que también manifiestan preocupación por el uso que tienen que hacer de fertilizantes.

Ahora bien, aunque a finales de 2008 se quitó el impuesto para la importación de la materia prima para la elaboración de fertilizantes, con la finalidad de promover incentivos y elevar la producción de fertilizantes nacionales, esto difícilmente se verá reflejado en una reducción en el precio de los fertilizantes a corto plazo.

Por otra parte, existen diversos ejemplos exitosos sobre la utilización de fertilizantes de origen orgánico, fabricado conforme a las normas oficiales mexicanas expedidas para tal fin, como es el caso del melón, en Torreón, Coahuila. En este lugar los productores utilizaron fertilizante a base de extractos orgánicos en los municipios de Matamoros y Viesca, obteniendo magníficos resultados.

En otro caso, el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, del Instituto Politécnico Nacional, desarrolló a finales de 2003 un fertilizante a base de hongos conocidos como endomicorras, que se dan en forma abundante en la región de Guasave, Sinaloa. Estos hongos contienen propiedades biofertilizantes, las cuales se han utilizado en el cultivo de jitomate, teniendo como resultado mayor rendimiento del suelo y productividad.

Es necesario que el estado desarrolle programas de información en el sector agrícola para el manejo de fertilizantes con componentes orgánicos. Es importante promover y fomentar, también, esquemas de financiamiento a las empresas y a productores de fertilizantes orgánicos, para que su uso se realice mediante procedimientos científicos y con una producción adecuada para competir en el mercado nacional, sin sobrecargar la tierra con productos químicos.

Asimismo, es importante la capacitación técnica entre los productores para el uso de este tipo de material orgánico, en beneficio de una intensificación de la producción, sin continuar secando las tierras o hacerlas menos fértiles.

Por lo expuesto, y con la finalidad de promover el uso de fertilizantes orgánicos, presento a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII Bis al artículo 7o. de la Ley Federal de Sanidad Vegetal

Artículo primero. Se adiciona la fracción VIII Bis al artículo 7o. de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, para quedar como sigue:

Artículo 7o. Son atribuciones de la Secretaría en materia de sanidad vegetal.

VIII. Regular las especificaciones mediante las cuales deberán desarrollarse los estudios de campo para el establecimiento de los límites máximos de residuos de plaguicidas que establezca la autoridad competente en la materia.

VIII Bis. Promover, mediante la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas y Sustancias Tóxicos, el fomento para el uso y desarrollo de fertilizantes orgánicos como alternativa para disminuir los altos niveles de contenidos químicos en la tierra y en beneficio de los productores rurales.

Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de abril de 2009. Atentamente, diputado Juan Victoria Alva .

Señora presidenta, solicito a usted respetuosamente que se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 7 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, a cargo del diputado Juan Victoria Alva , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Juan Victoria Alva , integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona un párrafo VIII-Bis al artículo 7 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los problemas más urgentes de nuestro tiempo es el del acceso a los alimentos, por ello la agricultura es un componente predominante de la economía mundial. Si bien la mecanización de la agricultura en muchos países ha reducido la parte de la población que trabaja en ese sector, la necesidad acuciante de producir alimentos en cantidad suficiente ha repercutido en las prácticas agrícolas de todo el mundo. En muchos países esta presión ha originado una expansión hacia tierras marginales, normalmente asociada a la agricultura de subsistencia.

En otros casos, la necesidad de alimentos ha llevado a la expansión del riego y a una utilización cada vez mayor de fertilizantes y plaguicidas con el fin de lograr y mantener rendimientos superiores al crecimiento de la demanda, para restituir los niveles de materia orgánica del suelo, es necesario el uso de fertilizantes orgánicos con el fin de aumentar la capacidad de retención de nutrientes en el complejo arcillo-húmico del suelo, es decir, para incrementar la asimilación de los nutrientes minerales procedentes de las reservas del suelo o incorporados mediante la fertilización.

Los fertilizantes orgánicos se fabrican a partir de estiércol, se enriquecen con micro elementos y se realiza una desinfección para eliminar las semillas de malas hierbas y hongos patógenos, cuando la fermentación ha concluido, se tamizan para separar restos inertes como piedras, plásticos, pajas, etc. y finalmente se muelen para homogeneizar el producto.

El uso indiscriminado de fertilizantes industriales con altos niveles de fosfatos y de urea, han impactado negativamente en los campos agrícolas, reduciendo paulatinamente su fertilidad y los rendimientos por hectárea que se necesitan para ser competitivo en los mercados internacionales.

Esta situación coloca en desventaja a los productores nacionales, ya que además de que el fertilizante industrial se cotiza en dólares, siendo muy caro para los agricultores mexicanos, los componentes para su fabricación son dañinos, lo que a la larga perjudica a los productores agrícolas mexicanos.

Recojo esta inquietud, que me han externado los floricultores de Villa Guerrero, donde incluso han nacido niños con malformaciones genéticas asociadas al uso de estos productos, así como de los productores de papa en Tenango del Valle y Zinacantepec, en el estado de México, que también manifiestan preocupación por el uso que tienen que hacer de fertilizantes.

Ahora bien, aunque a finales de 2008 se quitó el impuesto para la importación de la materia prima para la elaboración de fertilizante, con la finalidad de promover incentivos y elevar la producción de fertilizantes nacionales, esto difícilmente se verá reflejado en una reducción en el precio de los fertilizantes en el corto plazo.

Por otra parte, existen diversos ejemplos exitosos sobre la utilización de fertilizantes de origen orgánico fabricado conforme a las Normas Oficiales Mexicanas expedidas para tal fin, como lo es el caso del melón en Torreón, Coahuila. En este lugar, productores utilizaron fertilizante con base en extractos orgánicos en los municipios de Matamoros y Viesca, obteniendo magníficos resultados.

En otro caso, el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional del Instituto Politécnico Nacional, desarrolló a finales del 2003, un fertilizante a base de hongos conocidos como endomicorras, que se da en forma abundante en la región de Guasave, Sinaloa, y que contienen propiedades biofertilizantes, las cuales se han utilizado en el cultivo de jitomate, teniendo como resultado mayor rendimiento del suelo y productividad.

Además, es necesario que el Estado desarrolle programas de información en el sector agrícola para el manejo de fertilizantes con componentes orgánicos, es importante promover y fomentar también esquemas de financiamiento a las empresas y a productores de fertilizantes orgánicos para que su uso se realice mediante procedimientos científicos y con una producción adecuada para competir en el mercado nacional sin sobrecargar la tierra con productos químicos.

Asimismo, es importante la capacitación técnica entre los productores para el uso de este tipo de material orgánico en beneficio de una intensificación de la producción sin continuar secando las tierras o hacerlas menos fértiles.

Es por lo anteriormente expuesto y con la finalidad de promover el uso de fertilizantes orgánicos, presento a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo VIII-Bis al artículo 7 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal

Artículo Único. Se adiciona un párrafo VIII-Bis al artículo 7 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, para quedar como sigue:

Artículo 7. Son atribuciones de la secretaría en materia de sanidad vegetal:

I. a VII. ...
VIII. Regular las especificaciones bajo las cuales se deberán desarrollar los estudios de campo para el establecimiento de los límites máximos de residuos de plaguicidas que establezca la autoridad competente en la materia;
VIII-Bis. Promover mediante la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas y Sustancias Tóxicas, el fomento para el uso y desarrollo de fertilizantes orgánicos, como alternativa para disminuir los altos niveles de contenidos químicos en la tierra y en beneficio de los productores rurales.
Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2009.--- Diputado Juan Victoria Alva (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Gracias, diputado. Instruyo a la Secretaría que se inserte, como ha sido su petición, íntegro en el Diario de los Debates. Ytúrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.



CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Tiene la palabra el diputado Leonardo Magallón Arceo, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputado Leonardo Magallón Arceo : Con su venia, señora presidenta.

El que suscribe, diputado federal Leonardo Magallón Arceo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LX Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que le otorga lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, conforme a la siguiente exposición de motivos:

Hablar hoy día del proceso de transformación de la vida política del país implica necesariamente hablar del concepto de participación ciudadana, que a su vez está estrechamente vinculado con el de democracia participativa, entendida ésta como un sistema de gobierno en el cual se establecen mecanismos de participación ciudadana y elecciones libres.

Por otro lado, la representación ciudadana es el sistema mediante el cual se logra que las minorías tengan representatividad en los órganos de gobierno, así como el carácter universal del voto y la igualdad de los efectos que debe reconocérsele. Es necesario abrir una nueva perspectiva del sistema de representación en el que efectivamente sea plena la participación de todos los ciudadanos.

En el afán de que los ciudadanos no pertenecientes a un partido puedan acceder en igualdad de condiciones que los militantes de uno de éstos a los cargos de elección por representación proporcional, y para que éstos se encuentren representados en las esferas de toma de decisiones, son necesarias las reformas legales que permitan hacer de esta premisa una realidad.

Ante la omisión de nuestra Constitución Política sobre la permisión o prohibición de las candidaturas independientes y la legalidad del artículo 218 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece que corresponde exclusivamente a los partidos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular por la vía de representación proporcional, la propuesta de integrar en las listas regionales de cada uno de los partidos políticos para designar a los diputados plurinominales a ciudadanos no militantes de algún partido político, de acuerdo con lo establecido en su normatividad interna, para la postulación de candidatos.

Sería una manera más rápida para que éstos ocuparan un lugar dentro de alguna de las Cámaras del Poder Legislativo. De esta manera la presente iniciativa viene a presentar un nuevo modelo de participación ciudadana, fortaleciendo la intervención real de los ciudadanos para enriquecer la participación como el eje de desarrollo, permitiendo la mejora del ejercicio democrático a través de estos procesos.

Por ello propongo establecer la obligatoriedad a los partidos políticos para que en el registro de candidaturas de representación proporcional sea integrado el 10 por ciento de ciudadanos no militantes de algún partido político, invitados y propuestos por los mismos partidos, lo cual colocaría a la ciudadanía sin partido en la posibilidad de participar directamente en la vida política nacional.

Esta reforma es resultado de la facultad reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tenemos los legisladores para regular la forma en la que los ciudadanos sin partido pueden participar legítimamente en la integración de los órganos de representación.

Asimismo, no sólo representa ventajas a nivel político sino que coadyuvará al marco de transformación hacia una sociedad más equitativa, dando oportunidad a los ciudadanos de tener presencia apartidista en los órganos legislativos y de esta manera actuar con libertad para conocer de primera mano el desarrollo y evolución jurídica del país, y fiscalizar, sin compromiso partidista, a los órganos e instituciones del Estado.

Estamos convencidos de que con la aprobación de esta iniciativa se permitirá que los ciudadanos se involucren en la toma de decisiones, libres de compromiso partidista, fortaleciendo la voz del pueblo para incrementar la posibilidad de gestión del bien común.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 71, facción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración del honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 135 de la propia Constitución, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Primero. Se adiciona un nuevo inciso e), recorriéndose los subsecuentes, al artículo 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

e) El procedimiento para la integración de ciudadanos no militantes del partido a sus listas de representación proporcional.

f) La obligación de presentar una plataforma electoral para cada elección en que participe, sustentada en su declaración de principios y programas de acción.

g) La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral durante la campaña en la que participe.

h) Las sanciones aplicables a los afiliados que infrinjan sus disposiciones y los correspondientes medios y procedimientos de defensa, así como los órganos partidarios permanentes encargados de la sustitución y resolución de las controversias.

1. Las instancias de resolución de conflictos internos nunca serán más de dos, a fin de que las resoluciones se emitan de manera pronta y expedita.

Segundo. Se adiciona un nuevo inciso t), recorriéndose los subsecuentes, al artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 38. ...

t) Integrar sus listas de representación proporcional con 10 por ciento de ciudadanos no militantes del partido político, siempre y cuando éstos reúnan los requisitos constitucionales de elección.

u) Cumplir las obligaciones que este código les establece en materia de transparencia y acceso a la información.

v) Las demás que establezca este código.

Tercero. Se adiciona el numeral 2 al artículo 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 220. ...

2. El quinto lugar de cada segmento será ocupado por el candidato no militante del partido a que se refiere el artículo 38, inciso t).

Transitorio. Único. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo expuesto, agradezco mucho su atención. Es cuanto, señora presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Leonardo Magallón Arceo, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Leonardo Magallón Arceo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le otorga lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Hablar del proceso de transformación de la vida política en el país, implica necesariamente hablar del concepto de participación ciudadana , que a su vez está estrechamente vinculado con el de democracia participativa, entendida ésta como un sistema de gobierno en el cual se establecen mecanismos de participación ciudadana y elecciones libres en la que se eligen gobernantes, este sistema de gobierno incluye una estrecha relación entre ciudadanos y gobernantes en la toma de decisiones.

Por otro lado, la representación ciudadana es el sistema mediante el cual se logra que las minorías tengan representatividad en los órganos de gobierno, así como el carácter universal del voto y la igualdad en los efectos que debe reconocérseles, es necesario abrir una nueva perspectiva del sistema de representación en el que efectivamente sea plena.

A fin de que los ciudadanos sean plenamente respetados y logren tener representatividad en este órgano de gobierno, sin importar mayor interés que el expresado por la ciudadanía, quien al final es la única titular de la soberanía y todo poder público debe constituirse para su beneficio.

Por ello, la participación, por la que todos luchamos, debe entenderse como la intervención de todo ciudadano en la que no haya diferencias que coloquen en una situación desventajosa frente a otros, como sucede en la representación por medio de partidos políticos.

Para la concreción del desarrollo equitativo y democrático del conjunto social, se requiere una participación directa y real de personas que no pertenezcan a ningún partido político, dando apertura a la incorporación de estos ciudadanos en el Congreso.

En el afán de que los ciudadanos no pertenecientes a un partido puedan acceder en igualdad de condiciones que los militantes de uno de estos, a los cargos de elección por representación proporcional, y para que éstos se encuentren proporcionalmente representados en las esferas de toma de decisiones, son necesarias las reformas legales que permitan hacer de esta premisa la realidad que ha superado el discurso.

Ante la omisión en la Constitución Política sobre la permisión o prohibición de las candidaturas independientes, y la legalidad del artículo 218 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que establece que corresponde exclusivamente a los partidos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular por la vía de la representación proporcional, la propuesta de integrar en las listas regionales de cada uno de los partidos políticos para designar a los diputados plurinominales a ciudadanos no militantes de algún partido político, de acuerdo con lo establecido en su normatividad interna para la postulación de candidatos, sería una manera más rápida para que estos ocuparan un lugar dentro de alguna de las Cámaras del Poder Legislativo.

De tal suerte, el artículo 27 del Cofipe indicará que en los estatutos de cada partido se prevea el procedimiento para la integración de ciudadanos no militantes de algún partido político en las listas de candidatos a representación proporcional. Por otra parte, el artículo 38 establecerá la obligación de que cada partido político integrara en sus listas el diez por ciento de los ciudadanos que reúnan los requisitos constitucionales de elección, por ultimo en el artículo 220 se adicionara que al formar las listas por segmentos de cinco, el quinto sea el ciudadano apartidista, dejando así la fórmula establecida en el código.

Esta iniciativa presenta un nuevo modelo de participación ciudadana fortaleciendo la voz del pueblo y la intervención real de los ciudadanos para enriquecer la participación como el eje de su desarrollo, permitiendo la mejora de un ejercicio democrático a través de este proceso.

Nuestra tarea como legisladores es avanzar en la creación de normas jurídicas, que permitan dar un paso más al equilibrio en el Congreso y además, desembocar en el bien común, al ser una media que genera mayor justicia social.

Por ello es necesario establecer la obligatoriedad para los partidos políticos de que en el registro de candidaturas de representación proporcional sea integrada por 10 por ciento de ciudadanos no militantes de algún partido político, invitados y propuestos por los mismos partidos políticos, lo cual colocaría a la ciudadanía común en la posibilidad de participar directamente en la vida política nacional.

Esta reforma es resultado de la facultad reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tenemos los legisladores para regular la forma en que los ciudadanos sin partido pueden participar legítimamente en la integración de los órganos de representación. Asimismo, no sólo representa ventajas a escala política, sino que coadyuvará al marco de transformación hacia una sociedad más equitativa, dando oportunidad a la ciudadanía de tener presencia apartidista en los órganos legislativos y de esta manera, actual con libertad para conocer de primera mano el desarrollo y evolución jurídica del país, y fiscalizar sin compromiso partidista a los órganos e instituciones del Estado.

Estamos convencidos de que con la aprobación de esta iniciativa se permitirá que los ciudadanos se involucren en la toma de decisiones, libres de compromiso partidista, fortaleciendo la voz del pueblo para incrementar la posibilidad de gestión del bien común.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la elevada consideración del honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 135 de la propia Constitución, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Primero. Se adiciona un inciso e) , recorriéndose los subsecuentes, al artículo 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 27. ...

a) a d) ...
e) El procedimiento para la integración de ciudadanos no militantes del partido a sus listas de representación proporcional;
f) La obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en que participe, sustentada en su declaración de principios y programas de acción;
g) La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral durante la campaña electoral en que participen; y
h) Las sanciones aplicables a los afiliados que infrinjan sus disposiciones internas y los correspondientes medios y procedimientos de defensa, así como los órganos partidarios permanentes encargados de la sustanciación y resolución de las controversias. Las instancias de resolución de conflictos internos nunca será más de dos, a efecto de que las resoluciones se emitan de manera pronta y expedita.

Segundo. Se adiciona un nuevo inciso t) , recorriéndose los subsecuentes, del artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 38. ...

1. ...

a) a s) ...
t) Integrar sus listas de representación proporcional con un diez por ciento de ciudadanos no militantes del partido político, siempre que éstos reúnan los requisitos constitucionales de elección.
u) Cumplir las obligaciones que este código les establece en materia de transparencia y acceso a su información; y
v) Las demás que establezca este código.

2. ...

Tercero. Se adiciona un numeral 2 al artículo 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 220. ...

1. ...

2. El quinto lugar de cada segmento será ocupado por el candidato no militante del partido a que se refiere el artículo 38 inciso t).

Transitorio

Único. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2009.--- Diputado Leonardo Magallón Arceo (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Gobernación.



LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Tiene la palabra el diputado Jesús Ricardo Morales Manzo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 40 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información PúblicaGubernamental.

El diputado Jesús Ricardo Morales Manzo : Con la venia de la Presidencia.

La información es un elemento imprescindible en la toma de decisiones de las personas, ya que aporta elementos indispensables para que éstas puedan orientar su acción en la sociedad.

El acceso a la información es un derecho constitucional inherente a la participación ciudadana y a la protección del estado de derecho, dado que sin información pública adecuada, oportuna y veraz, la sociedad no se encuentra en condiciones óptimas para participar en la toma de decisiones públicas.

En los últimos años ha surgido la necesidad de utilizar la información de manera racional y productiva en beneficio del individuo y de la comunidad, para lo cual la Constitución prevé, en el artículo 6o., el derecho al acceso a la información como una garantía individual de todo gobernado.

La reforma al artículo 6o. constitucional prevé, en la fracción IV, el principio que deberá establecer los mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos.

Por su parte, la legislación secundaria, que es la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso a toda persona de la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquiera otra entidad federal.

En este orden de ideas, el capítulo III de la mencionada ley detalla el procedimiento de acceso por el cual los interesados podrán solicitar la información a los sujetos obligados y que las dependencias y entidades cuenten con la unidad de enlace, que será el vínculo de ésta con los solicitantes.

Asimismo, se establece para el procedimiento de acceso para las unidades de enlace que los sujetos obligados respondan a solicitudes de información formuladas por los ciudadanos será en el menor tiempo posible, el cual no será mayor a 20 días hábiles, contados desde la presentación de la misma.

En casos de excepción, la ley prevé que ese plazo podrá ampliarse hasta por un periodo igual cuando existan razones que lo motiven, siempre y cuando éstas se le notifiquen al solicitante.

Adicionalmente, cuando una información es denegada por la dependencia o entidad, al plazo anterior, se le suma el plazo correspondiente que lleva el recurso de revisión. Considerando que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de julio de 2002, los sujetos obligados y las Unidades de Enlace han tenido seis años y medio para que se hayan adaptado a lo dispuesto en el cuerpo de la mencionada pauta legal, y tengan la suficiente experiencia en la aplicación de la misma.

Por tanto, los plazos previstos en la norma ya resultan obsoletos y no abonan a favor del cumplimiento del principio de establecer mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos en la ley.

Por otra parte, el último reporte gráfico mensual que se ha publicado en la página de Internet del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), correspondiente a octubre de 2008, registra que los tiempos promedios de respuesta se dieron en el plazo mínimo de tres días, cuando la respuesta señalaba que no era competencia de la Unidad de Enlace, y con el plazo mayor de 19 días para responder que la información es parcialmente reservada o confidencial.

En los casos en que las respuestas han sido notificadas de disponibilidad de información, se ha llevado 15 días en promedio la respuesta, la entrega en medio electrónico 13 días en promedio y las respuestas de negativa de la información, por ser reservada, confidencial o por la inexistencia de la información, 18 días en promedio.

Asimismo, en el reporte referido se muestra clara la tendencia de reducción en los tiempos promedios de respuesta, sobre todo en la notificación de disponibilidad de información, que era en promedio de 30 días en 2003 y pasó a ser de 15 días en promedio, el 31 de octubre de 2008.

Es menester precisar que la iniciativa que tengo a bien presentar no pretende forzar los trabajos que desempeñan las unidades de enlace y de los sujetos obligados; lo que se pretende es agilizar los plazos contenidos en la ley para alentar la participación de la ciudadanía a acceder a la información que generan las dependencias y entidades sobre la función pública en concordancia con el principio constitucional.

Abundando en lo anterior, partimos de la elemental premisa de que los actuales sistemas electrónicos de procesamiento y manejo de la información permiten que ésta pueda fluir de manera más rápida y expedita, por lo que los plazos que actualmente prevé la norma son obsoletos y demasiado tardíos.

En síntesis, el objetivo de esta reforma es que las Unidades de Enlace, eficienten el procedimiento de acceso a la información de las dependencias o entidades de la administración pública gubernamental, para otorgarle al ciudadano un procedimiento expedito y oportuno, haciendo de la información un derecho ágil y factible para todas y todos los interesados.

Por lo expuesto, fundado y motivado, presento a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 40, párrafo segundo, y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Artículo único. Se reforman los artículos 40, párrafo segundo, y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para quedar como siguen:

Artículo 40. Si los detalles proporcionados por el solicitante no bastan para localizar los documentos o son erróneos, la unidad de enlace podrá requerir, por una vez y dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, que indique otros elementos o corrija los datos. Este requerimiento interrumpirá el plazo establecido en el artículo 44.

Artículo 44. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá ser mayor de quince días hábiles, contados desde la presentación de aquélla. Además, se precisará el costo y la modalidad en que será entregada la información, atendiendo en la mayor medida de lo posible a la solicitud del interesado. Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta por un periodo igual cuando existan razones que lo motiven, siempre y cuando éstas se le notifiquen al solicitante.

La información deberá entregarse dentro de los cinco días hábiles siguientes al que la unidad de enlace le haya notificado la disponibilidad de aquélla, siempre que el solicitante compruebe haber cubierto el pago de los derechos correspondientes.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputado federal, Jesús Ricardo Morales Manzo . Es cuanto, diputada presidenta.

«Iniciativa que reforma los artículos 40 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado Jesús Ricardo Morales Manzo , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe Jesús Ricardo Morales Manzo , en mi carácter de diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tengo a bien presentar ante esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 40, párrafo segundo y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

La información es un elemento imprescindible en la toma de decisiones de las personas, ya que aporta elementos indispensables para que estas puedan orientar su acción en la sociedad. El acceso a la información es un derecho constitucional inherente a la participación ciudadana y la protección del estado de derecho, dado que sin información pública adecuada, oportuna y veraz, la sociedad no se encuentra en condiciones óptimas para participar de la toma de decisiones públicas.

En los últimos años, ha surgido la necesidad de utilizar la información de manera racional y productiva en beneficio del individuo y de la comunidad, para lo cual, la Constitución prevé en el artículo sexto, el derecho al acceso a la información como una garantía individual de todo gobernado.

La reforma del artículo sexto constitucional contempla en la fracción IV, el principio por el que se deberán establecer los mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos.

Por su parte, la legislación secundaria, que es la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal.

En este orden de ideas, el capítulo tercero de la mencionada ley, detalla el procedimiento de acceso por el cual los interesados podrán solicitar información a los sujetos obligados, y que las dependencias y entidades cuenten con una Unidad de Enlace que será el vínculo de éstas con el solicitante.

Asimismo, se establece que el procedimiento de acceso para que las Unidades de Enlace de los sujetos obligados respondan las solicitudes de información formuladas por los ciudadanos será en el menor tiempo posible, el cual no será mayor de veinte días hábiles, contados desde la presentación de la misma. En casos, de excepción la ley contempla que este plazo podrá ampliarse hasta por un periodo igual cuando existan razones que lo motiven, siempre y cuando éstas se le notifiquen al solicitante.

Adicionalmente, cuando una información es denegada por la dependencia o entidad, al plazo anterior, se le suma el plazo correspondiente que se lleva el recurso de revisión.

Considerando, que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 11 de junio de 2002, los sujetos obligados y las Unidades de Enlace han tenido seis años y medio para que se hayan adaptado a lo dispuesto en el cuerpo de la mencionada pauta legal y tengan la suficiente experiencia en la aplicación de la misma, por lo que los plazos contemplados en la norma ya resultan obsoletos y no abonan a favor del cumplimiento del principio de establecer mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos en la ley.

Por otra parte, el último reporte gráfico mensual que se ha publicado en la página de Internet del Instituto Federal de Acceso a la Información, (IFAI) correspondiente al mes de octubre de 2008, registra que los tiempos promedios de respuesta se dieron en el plazo mínimo de 3 días, cuando la respuesta señalaba que no era competencia de la Unidad de Enlace y con el plazo mayor de 19 días para responder que la información es parcialmente reservada o confidencial. En los casos en que las respuestas han sido notificadas de disponibilidad de información se han llevado en promedio la respuesta 15 días, entrega en medio electrónico en promedio 13 días y las respuestas de negativa de la información por ser reservada o confidencial o inexistencia de la información en promedio 18 días.

Asimismo, en el reporte referido se muestra clara la tendencia de reducción en los tiempos promedios de respuesta, sobre todo en la notificación de disponibilidad de información que era en promedio de 30 días en 2003 y pasó a ser de 15 días en promedio al 31 de octubre de 2008.

Es menester precisar, que la iniciativa que tengo a bien presentar no pretende forzar los trabajos que desempeñan las Unidades de Enlace y de los sujetos obligados; lo que se pretende, es agilizar los plazos contenidos en la ley para alentar la participación de la ciudadanía en acceder a la información que generan las dependencias y entidades sobre la función pública en concordancia con el principio constitucional.

Abundando a lo anterior, partimos de la elemental premisa de que los actuales sistemas electrónicos de procesamiento y manejo de la información permiten que ésta pueda fluir de manera más rápida y expedita, por lo que los plazos que actualmente contempla la norma son obsoletos y demasiado tardíos.

En síntesis, el objetivo de esta reforma es que las Unidades de Enlace, eficienten el procedimiento de acceso a la información de las dependencias o entidades de la administración pública gubernamental, para otorgarle al ciudadano un procedimiento expedito y oportuno, haciendo de la información un derecho ágil y factible para todas y todos los interesados.

Por lo expuesto, fundado y motivado, presento a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 40, párrafo segundo, y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Artículo Único. Se reforman los artículos 40, párrafo segundo, y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para quedar como sigue:

Artículo 40. ...

I. a IV. ...
Si los detalles proporcionados por el solicitante no bastan para localizar los documentos o son erróneos, la unidad de enlace podrá requerir, por una vez y dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, que indique otros elementos o corrija los datos. Este requerimiento interrumpirá el plazo establecido en el artículo 44.
...
...
...

Artículo 44. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá ser mayor de quince días hábiles, contados desde la presentación de aquélla. Además, se precisará el costo y la modalidad en que será entregada la información, atendiendo en la mayor medida de lo posible a la solicitud del interesado. Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta por un periodo igual cuando existan razones que lo motiven, siempre y cuando éstas se le notifiquen al solicitante.

La información deberá entregarse dentro de los cinco días hábiles siguientes al que la unidad de enlace le haya notificado la disponibilidad de aquélla, siempre que el solicitante compruebe haber cubierto el pago de los derechos correspondientes.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2009.--- Diputado Jesús Ricardo Morales Manzo (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de la Función Pública.



ARTICULO 102 CONSTITUCIONAL - LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Tiene la palabra el diputado Neftalí Garzón Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 7o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El diputado Neftalí Garzón Contreras : Con su permiso, señora presidenta.

Honorable asamblea, presento a su soberanía la siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tenga competencia en materia laboral.

Algunos colocan la raíz histórica de los derechos humanos en algunas de las más antiguas escuelas filosóficas de hondo carácter humanista.

Pero ciertamente podemos sostener que durante toda la historia de la humanidad en esta esfera ha existido la lucha entre dos posiciones básicas: la que sostienen la superioridad de un individuo, grupo, raza o sexo; y otra que expresa la igualdad de todos los seres humanos sin distingo esencial alguno.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos enfáticamente señala en su artículo 23, fracción I: Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de su trabajo y a la protección contra el desempleo.

Como respaldo a lo anterior, nuestra Carta Magna establece lo siguiente:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley.

En materia del trabajo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendría, primeramente, un amplio campo de competencia respecto a las actuaciones estrictamente administrativas, de las autoridades laborales, de gran importancia en la defensa de los derechos humanos de los trabajadores: empleo, orientación, asesoría, seguridad e higiene, capacitación y adiestramiento, inspección, fijación y protección del salario y reparto de utilidades, vivienda, registro de sindicatos y sus directivas, protección a los derechos humanos, que no chocaría con las funciones jurisdiccionales en la materia.

De esta manera se verían acotadas autoridades como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación Pública, el Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento; Comisiones de Salarios Mínimos, y la Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, autoridades de inspección del trabajo, entre otros.

Pero además, sabemos que las Juntas de Conciliación y Arbitraje son autoridades materialmente jurisdiccionales; formalmente tienen carácter administrativo, lo que permitiría que la Comisión de Derechos Humanos pudiera emitir recomendaciones para coadyuvar a construir una mejor justicia en el campo laboral.

Sobre mejores mecanismos para la elección de los integrantes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, incluidos los presidentes de las mismas, buscar medios en donde se realizan recuentos contra los abogados, trabajadores y funcionarios; velar porque se cumpla la garantía individual a una justicia pronta y expedita, también para que el acceso de los trabajadores al servicio de peritos oficiales sea eficiente y expedito, entre otros. Cada vez más es imposible excluir los asuntos laborales de la competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, propongo a esta honorable Cámara de Diputados, la reforma del párrafo tercero del apartado B del artículo 102 de la Constitución General de la República.

Asimismo, que reforma la fracción III del artículo 7o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los siguientes términos:

Artículo primero. Se reforma el párrafo tercero del apartado B del artículo 102 de la Constitución General de la República.

Artículo 102.

B. ...

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales.

Artículo segundo. Se reforma la fracción III, del artículo 7o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Es cuanto, señora presidenta. Suplico que se integre la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del diputado Neftalí Garzón Contreras , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que le conceden los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, 63 y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa de decreto que reforma el párrafo tercero del apartado B del artículo 102 de la Constitución General de la República , asimismo, reforma la fracción III del artículo 7 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en los siguientes términos:

Algunos sitúan la raíz histórica de los derechos humanos en algunas de las más antiguas escuelas filosóficas de hondo carácter humanista, como el cristianismo; o también en algunas milenarias escuelas filosóficas. Pero ciertamente podemos sostener que durante toda la historia de la humanidad, en esta esfera, ha existido la lucha entre dos posiciones básicas: la que sostiene la superioridad de un individuo, grupo, raza o sexo y, otra que expresa la igualdad de todos los seres humanos sin diferencias esenciales.

No obstante, los dos momentos más cercanos a nuestra época que podemos identificar como la semilla de la concepción moderna sobre los derechos humanos son: la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, producto de la Revolución Francesa; y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ambas parten de los principios esenciales del derecho natural; es decir, que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad, existiendo un cúmulo de derechos inherentes al ser humano de carácter inalienable, que todo Estado está obligado a reconocer, respetar y garantizar, pues en caso contrario las mujeres y varones se verían reducidos a esclavos, o peor aún, a un hato de bestia.

Para que el ser humano sea respetado en su dignidad y alcance un desarrollo pleno, requiere que se le garanticen derechos como la vida, la libertad, la igualdad, el trabajo adecuado y con justa retribución, la salud, la vivienda, la participación y disfrute de la cultura y las artes, un justo juicio, seguridad social, entre otros.

Al efecto, recordemos algunos conceptos de la Declaración Universal de Derechos Humanos:

``Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana...''
``Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros...''

Centrándonos más en el objeto de la presente iniciativa, agregamos que uno de los derechos humanos que consagra esta declaración universal es el relativo al trabajo. Lo que es lógico ya que el trabajo no sólo es base para la sobrevivencia y fuente de muchos otros derechos humanos, sino que se traduce en base indispensable de dignidad y autorrealización, herramienta indispensable de la conformación y evolución de la comunidad humana y para la libertad e igualdad efectivas de los hombres y mujeres.

La Declaración Universal de Derechos Humanos señala:

``Artículo 23. l. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo;
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual;
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será complementada, en caso necesario, por otros medios de protección social;
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicalizarse para la defensa de sus intereses''.
``Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.''

Todo lo cual resulta lógico, en una sociedad humana que encuentra como esencia de su realidad económica una casi totalidad de sus miembros que despojados de todo medio de producción y elementos de riqueza, busca en el trabajo subordinado a los detentadores del capital su único medio de subsistencia y, por tanto, de satisfacer sus necesidades de alimentación, vestido, vivienda, salud, educación, cultura y esparcimiento, formación de una familia propia.

El trabajo es, pues, no sólo un derecho humano, sino un derecho humano eje, origen de otros derechos humanos.

La Carta Magna, al propósito, establece: ``Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley...''

El artículo quinto constitucional por su parte señala: ``A ninguna persona podrá impedirsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos...''

Sobra decir que frente a este deber ser, la realidad del mundo y, concretamente de México, muestra que no existe el pleno empleo sino un desempleo creciente (pese a todos los disfraces utilizados para reducir las cifras oficiales), hundiendo al individuo y su familia en la pobreza, que frente a tal situación no suele existir seguro de desempleo u otro medio de protección, que el salario y demás condiciones laborales son cada vez más raquíticos e inhumanos, que han vuelto las jornadas de sol a sol, que los descansos son cada vez más distanciados o nulos ante la necesidad de laborar tiempo extra o más de una jornada al día, los riesgos de trabajo prevenibles aumentan su estela de muerte, enfermedad e invalidez entre la clase trabajadora, los sindicatos y la contratación colectiva son perseguidos y condenados como peste por la santa inquisición neoliberal, la libertad y dignidad de los trabajadores muere entre créditos de por vida para adquirir viviendas miserables; igualmente las autoridades laborales se han transformado en las más fieles despojadoras de los derechos de los trabajadores.

Esto exige actuar más allá de las autoridades jurisdiccionales laborales, con una fuerza educativa, moral y política, que coadyuve a cambiar la actual cultura de explotación y opresión laboral, que es precisamente la esencia de los obusman a nivel internacional. Sin embargo, en total contrasentido, el artículo 102 constitucional, en su apartado B, párrafo tercero, le quita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos competencia respecto a los asuntos laborales, lo que se ratifica en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, precisamente en su artículo 7, fracción III.

Incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su página de internet califica como derechos humanos de segunda generación los de naturaleza laboral.

• Clasificación de los derechos humanos en tres generaciones:

Los derechos humanos han sido clasificados de diversas maneras, de acuerdo con su naturaleza, origen, contenido y por la materia que refiere. La clasificación de tres generaciones es de carácter histórico y considera cronológicamente su aparición o reconocimiento por parte del orden jurídico normativo de cada país.

Primera generación

Se refiere a los derechos civiles y políticos, también denominados libertades clásicas . Fueron los primeros que exigió y formuló el pueblo en la asamblea nacional durante la Revolución francesa. Este primer grupo lo constituyen los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios en diversas partes del mundo a finales del siglo XVIII.

Como resultado de esas luchas, esas exigencias fueron consagradas como auténticos derechos y difundidos internacionalmente; entre los cuales figuran:

Toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica.
Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad jurídica.
Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos.
Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre.
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral.
Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país.
Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos que desean.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas.
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica.

Segunda generación

La constituyen los derechos económicos, sociales y culturales, debido a los cuales, el estado de derecho pasa a una etapa superior; es decir, a un estado social de derecho.
De ahí el surgimiento del constitucionalismo social, que enfrenta la exigencia de que los derechos sociales y económicos, descritos en las normas constitucionales, sean realmente accesibles y disfrutables. Se demanda un estado de bienestar que implemente acciones, programas y estrategias, a fin de lograr que las personas los gocen de manera efectiva; y son:
Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales.
Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias.
Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
Toda persona tiene derecho a la salud física y mental.
Durante la maternidad y la infancia, toda persona tiene derecho a cuidados y asistencia especiales.
Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades.
La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita.

Tercera generación

Este grupo fue promovido a partir de los setenta para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos, en un marco de respeto y colaboración mutua entre las distintas naciones de la comunidad internacional. Entre otros, destacan los relacionados con:
La autodeterminación.
La independencia económica y política.
La identidad nacional y cultural.
La paz.
La coexistencia pacífica.
El entendimiento y confianza.
La cooperación internacional y regional.
La justicia internacional.
El uso de los avances de la ciencia y la tecnología.
La solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos.
El medio ambiente.
El patrimonio común de la humanidad.
El desarrollo que permita una vida digna.
Nunca hubo razón para esta exclusión de la que venimos hablando, pero menos actualmente, ya que estas disposiciones deben cambiar en armonía con la nueva corriente internacional que propugna por la defensa de los derechos laborales como derechos humanos. En el plano mundial destacan como derechos humanos del trabajo diversos convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo; recordemos algunos de ellos:
1. Número 29. Sobre el trabajo forzoso;
2. Número 11. Sobre el derecho de asociación;
3. Número 87. Sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización;
4. Número 98. Sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva;
5. Número 135. Sobre los representantes de los trabajadores;
6. Número 141. Sobre las organizaciones de trabajadores rurales;
7. Número 151. Sobre la relaciones de trabajo en la administración pública;
8. Número 100. Sobre igualdad de remuneración;
9. Número 111. Sobre discriminación-empleo y ocupación;
10. Número 138. Sobre edad mínima;
11. Número 182. Sobre las peores formas de trabajo infantil;
12. Entre otros.

En materia de trabajo la Comisión Nacional de Derechos Humanos tendría, primero, un amplio campo de competencia respecto a actuaciones estrictamente administrativas de las autoridades laborales, de gran importancia en la defensa de los derechos humanos de los trabajadores: empleo, orientación y asesoría, seguridad e higiene, capacitación y adiestramiento, inspección, fijación y protección del salario y reparto de utilidades, vivienda, registro de sindicatos y sus directivas. Protección a los derechos humanos que no chocaría con las funciones jurisdiccionales en la materia. De esta manera, se verían acotadas autoridades como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación Pública, el Servicio Nacional del Empleo Capacitación y Adiestramiento, la Comisión de Salarios Mínimos y de Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, autoridades de inspección del trabajo, y otros.

Pero además sabemos que, si bien las juntas de conciliación y arbitraje son autoridades materialmente jurisdiccionales, formalmente tienen carácter administrativo. Lo que permitiría que la Comisión de Derechos Humanos pudiera emitir recomendaciones para coadyuvar a construir una mejor justicia en el campo laboral: sobre mejores mecanismos para la elección de los integrantes de las juntas de conciliación y arbitraje, incluidos los presidentes de éstas; buscar medios para evitar la violencia al interior de las juntas y en los lugares en donde se realizan recuentos contra los abogados, trabajadores y funcionarios. Velar por que se cumpla la garantía individual a una justicia pronta y expedita, también para que el acceso de los trabajadores al servicio de peritos oficiales sea eficiente y expedito, entre otros.

Cada vez es más imposible excluir los asuntos laborales de la competencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que es una materia transversal que necesariamente se debe tomar en cuenta para resolver muchos otros asuntos: ecológicos, derechos de menores y mujeres, violencia, etcétera. De manera que esta reforma permitiría la resolución más integral de los asuntos en los que interviene esta comisión.

Por otra parte, la no inclusión de la materia laboral como competencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, visto que no hay razones de fondo, llevaría a un trato discriminatorio que chocaría con el principio de igualdad, que guía todo el universo de los derechos humanos. Llevándonos a pensar que lo que realmente se pretende es evitar toda interferencia en la actual sobreexplotación laboral del neoliberalismo, que cuenta con la complicidad estatal y del corporativismo sindical.

Desde luego, las reformas propuestas en esta iniciativa en ningún momento interferirían en el plano privado de la relación entre los trabajadores y patrones.

En conclusión, decir trabajador, es decir ante todo ser humano, por lo que sólo se pude velar plenamente por los derechos de éste, si se incluye la protección de sus derechos humanos derivados de su calidad de prestador de servicios. Lo que en realidad es una vuelta al origen del derecho del trabajo, que por esencia y ante todo es una tutela al ser humano, que subyace en la persona que se desempeña como trabajador, siendo el interés insaciable del neo liberalismo lo que ha pretendido adulterar esta verdad teórica e histórica; coadyuvando a alcanzar el fin último de los derechos humanos: la paz y fraternidad entre los miembros, mujeres y varones, de la sociedad humana.

Por todo lo expuesto y fundado, propongo a esta honorable Cámara de Diputados, la reforma del párrafo tercero del apartado B del artículo 102 de la Constitución General de la República; asimismo la reforma de la fracción III del artículo 7 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en los siguientes términos:

Artículo Primero. Reforma del párrafo tercero del apartado B del artículo 102 de la Constitución General de la República:

Artículo 102. A.

...

B. ...

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales.

Artículo Segundo. Se reforma la fracción III del artículo 7 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos.

Artículo 7. ...

FI.
FII.
FIII. (Se deroga)
FIV.
Transitorio

Único. EI presente decreto entrará en vigor el mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2009.--- Diputado Neftalí Garzón Contreras (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Gracias, diputado.Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Derechos Humanos.



LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Tiene la palabra el diputado Santiago López Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo cuarto transitorio a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El diputado Santiago López Becerra : Muchas gracias, señora presidenta. Con su permiso.

Compañeros diputados y compañeras diputadas, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración del honorable Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo cuarto transitorio a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, al tenor de los siguientes motivos:

Con base en el diccionario de la Real Academia Española, la palabra pirotecnia es la técnica de la fabricación y utilización de materias, explosivos o fuegos artificiales, arte de preparar explosivos y fuegos artificiales, actividad que consta en la fabricación de dispositivos explosivos que generan flamas y chispas de colores, y al entrar en combustión estos dispositivos son conocidos como fuegos artificiales y son empleados en exhibiciones, juegos y festividades.

Etimológicamente pirotecnia tiene sus raíces en la palabra griega piros, que significa ``fuego''; etné, que significa ``arte o técnica'', que nos da como contexto el arte de tratar todo género de invenciones en el fuego.

Desde sus orígenes, la pirotecnia considera dos ámbitos importantes: uno de ellos de carácter militar y el otro de carácter civil. Aunque los mismos artificios que se empleaban para los menesteres de la guerra sirven también para animar las fiestas y los regocijos en el periodo de paz.

En nuestro país, la práctica de la pirotecnia está muy arraigada a nuestra cultura, y por ello es muy socorrida en las festividades nacionales, religiosas, deportivas.

Por otra parte, en México corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional, por medio de las atribuciones concedidas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, reglamentar la fabricación, almacenamiento, compra, venta y uso de estos artículos por su naturaleza.

En lo concerniente al ramo de la pirotecnia civil con fines recreativos exclusivamente, se considera que deberán ser reglamentados de diferente forma a los usos con fines bélicos, ya que éstos son creados con fines exclusivamente recreativos y por personas muy ajenas y con instrucciones diferentes a las de carácter militar.

En nuestro país, la actividad de la pirotecnia es una fuente de empleo muy grande, dando trabajo a miles de artesanos que viven de la elaboración y comercialización de estos artefactos.

También es digno mencionar que nuestros artesanos pirotécnicos han sido orgullo, de reconocimiento a nivel mundial por la fabricación de esos artefactos, en España, en Italia, en Holanda, en Bélgica y en Brasil.

La situación económica internacional y de nuestro país exige un mayor apoyo a este sector para evitar que desaparezca, por lo que considero de gran importancia reglamentar de una manera diferente de las implantadas hasta el momento mediante la Ley Federal de Armas de Fuego. Esto con la finalidad de que sea más eficiente y expedito su control en el ámbito civil, y al mismo tiempo pueda ofrecer mayor factibilidad a los artesanos pirotécnicos para poder llevar a cabo su trabajo bajo mejores condiciones de seguridad y un ambiente pleno de legalidad.

Por todo esto someto a consideración de este honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Artículo primero. Se adiciona el artículo cuarto transitorio a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para que quede de la manera siguiente:

Artículo 4o. Las disposiciones contenidas en este ordenamiento no serán aplicables para el desarrollo de la actividad artesanal en la pirotecnia, la cual preverá el manejo, almacenamiento, elaboración, compra, venta y uso de artefactos y productos.

Artículos transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de la Defensa Nacional dispondrá de 30 días naturales para expedir las normas oficiales mexicanas relacionadas con el manejo, almacenamiento, elaboración, compra, venta y uso de artefactos y productos pirotécnicos con fines eminentemente artesanales.

Aquí también cabe hacer otra mención importantísima: Dadas las condiciones que vivimos y que hemos vivido durante mucho tiempo, es momento de apoyar decididamente no únicamente a nuestros artesanos pirotécnicos, sino a los artesanos de todo nuestro país.

Es cuanto, señora presidenta. Con el favor de que este documento sea insertado íntegramente en el Diario de los Debates. Muchísimas gracias.

«Iniciativa que adiciona el artículo cuarto transitorio a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo del diputado Santiago López Becerra , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II; 73, fracción XIV; 78, fracción III, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del H. Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo cuarto transitorio a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con base en el diccionario de la Real Academia Española; Pirotecnia: Es la técnica de la fabricación y utilización de materiales explosivos o fuegos artificiales; Arte de preparar explosivos y fuegos artificiales. Actividad que consta en la fabricación de dispositivos explosivos que generan flamas y chispas de colores al entrar en combustión. Estos dispositivos son conocidos como fuegos artificiales y son empleados en exhibiciones y festejos. Etimológicamente, ``pirotecnia'' tiene sus raíces en las palabras griegas piros , fuego, y techne , arte o técnica, y significa ``el arte que trata de todo género de invenciones de fuego''.

Desde sus orígenes la pirotecnia se divide en dos: la militar y la civil, aunque los mismos artificios que se empleaban para los menesteres de la guerra servían para animar las fiestas y regocijos de la paz.

En nuestro país la práctica de la pirotecnia está muy arraigada a nuestra cultural y por ello es muy socorrida en las festividades nacionales, religiosas, deportivas, etcétera.

Por otra parte, en México corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional, por medio de las atribuciones concedidas por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, reglamentar la fabricación, almacenamiento, compra, venta y uso de estos artículos por su naturaleza. En lo concerniente al ramo de la pirotecnia civil con fines recreativos exclusivamente consideró deberían de reglamentarse de diferente forma a las usadas para fines bélicos ya que estas son creadas con fines exclusivamente recreativos y por personas ajenas y con una instrucción diferente a las militares.

En nuestro país, la actividad de la pirotecnia es una fuente de empleo muy grande, dándole trabajo a miles de artesanos que viven de la elaboración y comercialización de estos artefactos. La situación económica internacional y de nuestro país exige un mayor apoyo a este sector para evitar que desaparezca, por lo que considero de gran importancia reglamentar de una manera diferente a las implementadas hasta el momento por la Ley Federal de Armas de Fuego, esto con el fin de que sea más eficiente y expedito su control en el ámbito civil y, al mismo tiempo, ofrezca mayor facilidad a los artesanos pirotécnicos para poder llevar a cabo su trabajo bajo mejores condiciones de seguridad en un ambiente pleno de legalidad.

Es por todo lo anterior, que someto a la consideración del H. Congreso de la Unión, la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto

Artículo Primero. Se adiciona un artículo cuarto transitorio a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:

Artículo Cuarto. Las disposiciones contenidas en este ordenamiento no serán aplicables para el desarrollo de la actividad artesanal de la pirotecnia, la cual contemplará el manejo, almacenamiento, elaboración, compra, venta y uso de los artefactos y productos.

Artículos Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La Secretaría de la Defensa Nacional dispondrá de treinta días naturales para expedir las normas oficiales mexicanas relacionadas con el manejo, almacenamiento, elaboración, compra, venta y uso de los artefactos y productos pirotécnicos con fines artesanales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2009.--- Diputado Santiago López Becerra (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Gracias, diputado. Le pido a la Secretaría que incluya, como es su solicitud, íntegra en el Diario de Debates su iniciativa.Se turna a la Comisión de Defensa Nacional.



LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Tiene la palabra el diputado Daniel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

El diputado Daniel Gurrión Matías : Gracias, presidenta. Compañeros y compañeras:

El suscrito, diputado Daniel Gurrión Matías , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un nuevo texto a la fracción XIII de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con base en la siguiente exposición de motivos:

En los puertos mexicanos el abandono de embarcaciones se ha convertido en un auténtico problema para el gobierno federal, ya que genera deterioro ecológico, presenta problemas de inseguridad en los puertos y causa detrimento económico.

La cifra de embarcaciones en estado de abandono supera las 200, que son consideradas ya como basura marina y se encuentran en ambos litorales. Este hecho es una realidad que podría resultar absurda en otras naciones con litorales, ya que desde siempre han previsto como parte de la actividad pesquera contar con flotas modernas.

Mientras que países pesqueros como Japón, España o Estados Unidos construyen sus barcos, en México no existe tal actividad, y los barcos que hay están en el límite de su vida productiva. De hecho, en la mayor parte del mundo, estos barcos no podrían realizar actividades, ya que algunos son sujetos de las condiciones mínimas de seguridad, tanto para su tripulación como para el equilibrio ecológico.

México carece de un proyecto de desarrollo pesquero y sustentable que, entre otros aspectos, incluya la construcción de barcos modernos para efectuar la actividad pesquera. Los astilleros que construían los barcos pesqueros entre finales de los años 60 y mediados de los años 80, que se encontraban en estados como Baja California, Sinaloa, Colima y Veracruz, cerraron ante los recurrentes ajustes de nuestra economía.

En nuestro país no existe un proyecto para reparar barcos y construirlos. La pesca no es una actividad que interese al gobierno federal desde hace más de cuatro sexenios y, aunado a lo anterior, las embarcaciones que integran la flota pesquera mexicana, presentan condiciones graves de desgaste, y su vida útil no supera los 25 años.

El sector pesquero en México representa 0.8 por ciento del producto interno bruto y enfrenta serios problemas como son la pesca excesiva, desorden en las concesiones para asociaciones y cooperativas pesqueras e ingreso de competidores informales. La producción pesquera del país fue en 2008 de cerca de 1.3 millones de toneladas. Se trata de un volumen inferior al de 1987, cuando llegó a 1.4 millones. Desde ese año el tonelaje de producción se mantiene prácticamente estancado.

Alrededor de 270 mil familias dependen de forma directa de la pesca en México, y según cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, más de 90 por ciento de las 106 mil 425 embarcaciones de pesca que tiene México corresponden a la categoría de pequeñas.

Una verdadera política pesquera que contribuya al desarrollo económico debe tomar en cuenta el estado de las embarcaciones. En México es urgente que la flota pesquera sea renovada, ya que la operación se realiza actualmente con embarcaciones de entre 20 y 30 años, que están obsoletas y tienen gastos de 20 a 30 por ciento más del combustible del que requerirían normalmente. La seguridad, el mantenimiento y la longevidad son factores determinantes en la construcción de embarcaciones.

En países en desarrollo en los que la madera constituye todavía el material predominante para la construcción de buques, la escasez y el elevado costo de la madera de buena calidad no han redundado en la construcción de menos buques de madera, sino más bien en el deterioro de la calidad mediante el uso de madera de mala calidad.

En contraste, en los países desarrollados han pasado de los métodos tradicionales de construcción de buques de madera a técnicas de construcción con maderas menos convencionales, por ejemplo, contrachapados o laminados de madera, o materiales distintos a la madera tales como los plásticos reforzados con fibra de vidrio o acero.

La iniciativa que hoy se propone a esta honorable asamblea adiciona un nuevo texto a la fracción XIII de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a fin de que el Programa Nacional de Pesca y Acuicultura, además de sujetarse a las previsiones del Plan Nacional de Desarrollo, incluya programas para la modernización, construcción y adquisición de embarcaciones mediante la utilización de materiales económica y ecológicamente sustentables, para lo cual el Ejecutivo federal promoverá la participación del sector científico, tecnológico y educativo.

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un nuevo texto a la fracción XIII del artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

Único. Se adiciona un nuevo texto a la fracción XIII, recorriéndose el texto vigente de la actual y de las demás fracciones en el orden subsiguiente.

Del artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Artículo 20.

XIII. Programas para la modernización, construcción y adquisición de embarcaciones, mediante la utilización de materiales económica y ecológicamente sustentables, para lo cual el Ejecutivo federal promoverá la participación del sector científico, tecnológico y educativo.

Artículos transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal contará con un plazo de 180 días posteriores a la publicación del presente decreto, a fin de realizar los programas, disposiciones normativas y convenios que resulten necesarios, a fin de cumplir el presente decreto.

Tercero. El Ejecutivo federal deberá presentar en el paquete presupuestal para el año 2010, el proyecto de recursos destinados a los programas establecidos en el presente decreto.

Cuarto. Remítase a la honorable Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de abril de 2009. Atentamente, diputado Daniel Gurrión Matías .

«Iniciativa que reforma el artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Daniel Gurrión Matías , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Daniel Gurrión Matías , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un nuevo texto en la fracción XIII de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En los puertos mexicanos, el abandono de embarcaciones se ha convertido en un auténtico problema para el gobierno federal, ya que generan deterioro ecológico, presentan problemas de inseguridad en los puertos y causan detrimento económico. Las embarcaciones en estado de abandono son más de doscientas y se consideran ya como basura marina y se encuentran en ambos litorales.

Este hecho es una realidad que podría resultar absurda en otras naciones con litorales, ya que desde siempre han contemplado como parte de la actividad pesquera contar con flotas modernas. Mientras países pesqueros como Japón, España o Estados Unidos construyen sus barcos, en México no existe tal actividad y las embarcaciones que hay están en el límite de su vida productiva.

De hecho, en la mayor parte del mundo estos barcos no podrían realizar actividades, ya que algunos no son sujetos de las condiciones mínimas de seguridad, tanto para su tripulación, como para el equilibrio ecológico.

México carece de un proyecto de desarrollo pesquero y sustentable que, entre otros aspectos, incluya la construcción de barcos modernos para efectuar la actividad pesquera. Los astilleros que construían los barcos pesqueros, entre finales de la década de los años sesenta y mediados de los ochenta, que se encontraban en estados como Baja California, Sinaloa, Colima y Veracruz, cerraron ante los recurrentes ajustes de nuestra economía.

En nuestro país no existe un proyecto para reparar barcos y construirlos. La pesca no es una actividad que interese al gobierno federal desde hace más de cuatro sexenios y, aunado a lo anterior, las embarcaciones que integran la flota pesquera mexicana presentan condiciones de grave desgaste y su vida útil no supera los 25 años.

El sector pesquero en México representa 0.8 por ciento del producto interno bruto y enfrenta serios problemas, como son la pesca excesiva, desorden en las concesiones para asociaciones y cooperativas de pescadores e ingreso de competidores informales.

La producción pesquera del país fue en 2008 de cerca de 1.3 millones de toneladas. Se trata de un volumen inferior al de 1987, cuando llegó a 1.4 millones. Desde ese año, el tonelaje de producción se mantiene prácticamente estancado.

Alrededor de 270 mil familias dependen de forma directa de la pesca en México y según cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, más del 90 por ciento de las 106 mil 425 embarcaciones de pesca que tiene México corresponden a la categoría de pequeñas.

Una verdadera política pesquera, que contribuya al desa-rrollo económico, debe tomar en cuenta el estado de las embarcaciones. En México, es urgente que la flota pesquera sea renovada, ya que la operación se realiza actualmente con embarcaciones de entre 20 y 30 años que están obsoletas y tienen gastos de 20 o 30 por ciento más de combustible del que requerirían normalmente.

La seguridad, el mantenimiento y la longevidad son factores determinantes en la construcción de embarcaciones.

En los países en desarrollo, en los que la madera constituye todavía el material predominante para la construcción de buques, la escasez y el elevado costo de la madera de buena calidad no han redundado en la construcción de menos buques de madera sino más bien en el deterioro de la calidad mediante el uso de madera de mala calidad.

En contraste, en los países desarrollados han pasado de los métodos tradicionales de construcción de buques de madera a técnicas de construcción con maderas menos convencionales; por ejemplo, contrachapados o laminados de madera o materiales distintos de la madera, tales como los plásticos reforzados con fibra de vidrio o acero.

La iniciativa que hoy se propone a esta honorable asamblea adiciona un nuevo texto en la fracción XIII de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a efecto de que el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura, además de sujetarse a las previsiones del Plan Nacional de Desarrollo, incluya programas para la modernización, construcción y adquisición de embarcaciones, mediante la utilización de materiales económica y ecológicamente sustentables, para lo cual, el Ejecutivo federal promoverá la participación del sector científico, tecnológico y educativo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un nuevo texto en la fracción XIII del artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Único. Se adiciona un nuevo texto en la fracción XIII, recorriéndose el texto vigente de la actual y de las demás fracciones en el orden subsiguiente, del artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Artículo 20. ...

I. a XII. ...
XIII. Programas para la modernización, construcción y adquisición de embarcaciones, mediante la utilización de materiales económica y ecológicamente sustentables, para lo cual, el Ejecutivo federal promoverá la participación del sector científico, tecnológico y educativo;
XIV. a XV. ...
Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal contará con un plazo de ciento ochenta días posteriores a la publicación del presente, a efecto de realizar los programas, disposiciones normativas y convenios que resulten necesarios, a efecto de dar cumplimiento a este decreto.

Tercero. El Ejecutivo federal, deberá presentar en el paquete presupuestal para el año 2010, el proyecto de recursos destinados a los programas establecidos en el presente decreto.

Cuarto. Remítase a la honorable Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2009.--- Diputado Daniel Gurrión Matías (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Pesca.



LEY DE EXPROPIACION

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Tiene la palabra el diputado Manuel Salgado Amador, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. y adiciona el artículo 2o. Bis a la Ley de Expropiación.

El diputado Manuel Salvador Salgado Amador : Muchas gracias, diputada presidenta.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, el 14 de enero de 2009 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a unas ciudadanas a las que el Gobierno del Distrito Federal les había expropiado diversos predios ubicados en la delegación de Xochimilco, para destinarlas al embellecimiento y mejoramiento de la zona, a fin de cumplir los compromisos internacionales que nuestro país adquirió con la firma y ratificación de la Convención del Patrimonio Mundial.

Esencialmente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia consideró que la Ley de Expropiación violaba el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que dicho ordenamiento no prevé que el particular afectado por dicho acto privativo sea escuchado previamente por la autoridad, cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento.

Esta sentencia forma parte de una serie de decisiones judiciales que se han resuelto con base en una reciente jurisprudencia que modificó el criterio que el máximo tribunal del país sostuvo desde 1942, en el que se sostenía que la garantía de audiencia previa no era aplicable en materia de expropiación.

Sin embargo, en septiembre de 2006 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió modificar dicho criterio, señalando que a partir de una nueva reflexión se concluye que de la interpretación del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos privativos de la propiedad deben realizarse por regla general mediante un procedimiento dirigido a escuchar previamente al afectado, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

El nuevo criterio está fundamentado en diversos argumentos, en los que destacan los siguientes:

Primero. Que la expropiación constituye un acto de privación, ya que tiene por finalidad suprimir completamente el derecho de propiedad de un gobernado.

Ahora bien, los actos de esta naturaleza, privación, deben respetar las garantías de previa audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución, que en la parte conducente señala: nadie podrá ser privado de sus propiedades sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

Segundo. Si bien la expropiación en algunos casos es motivada por situaciones de urgencia, como puede ser una catástrofe, no todos los supuestos en lo que existe utilidad pública está implícito el elemento de urgencia.

Por ello, es incorrecto afirmar que otorgar la garantía de audiencia previa al afectado, dentro del procedimiento de expropiación, entorpecería la actuación expedita del Estado.

Así las cosas, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene consecuencias prácticamente trascendentales, toda vez que los particulares que se vean afectados por actos de expropiación podrían solicitar el amparo y la protección de la justicia federal, con base en los argumentos antes expuestos, dejando así sin efectos el acto de expropiación.

Atendiendo los antecedentes expuestos, la presente iniciativa tiene por objeto reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Expropiación, con la finalidad de prever en dichos ordenamientos las disposiciones necesarias para que antes de la expedición del decreto de expropiación, el particular interesado sea escuchado por la autoridad administrativa de un procedimiento en el que se cumpla las formalidades esenciales.

Con ello se pretende sanear los vicios de inconstitucionalidad que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió en el texto de dicha ley. Muchas gracias.

Le ruego a la diputada presidenta que la inserte en el Diario de los Debates. Gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 2o. y adiciona el 2o. Bis a la Ley de Expropiación, a cargo del diputado Manuel Salgado Amador, del Grupo Parlamentario del PVEM

Manuel Salgado Amador, diputado de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de esta honorable asamblea iniciativa que contiene proyecto de decreto para reformar y adicionar la Ley de Expropiación, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 14 de enero de 2009 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó el amparo y protección de la justicia federal a unas ciudadanas a las que el Gobierno del Distrito Federal le había expropiado diversos predios ubicados en la delegación Xochimilco para destinarlos al embellecimiento y mejoramiento de la zona, con el fin de cumplir con los compromisos internacionales que nuestro país adquirió con la firma y ratificación de la Convención del Patrimonio Mundial. 1

Esencialmente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia consideró que la Ley de Expropiación violaba el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que dicho ordenamiento no prevé que el particular afectado por dicho acto privativo sea escuchado previamente por la autoridad, cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento.

Esta sentencia forma parte de una serie de decisiones judiciales que se han resuelto en base a una reciente jurisprudencia que modificó el criterio que el máximo tribunal del país sostuvo desde 1942, en el sentido que la garantía de audiencia previa no era aplicable en materia de expropiación. 2

Este criterio se basaba en los siguientes argumentos:

1. El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su párrafo segundo, fracción IV, regula la figura de la expropiación, no condiciona la procedencia de ésta a que sea otorgada la garantía de previa audiencia del afectado.
2. No existe contradicción entre los artículos 27 y 14 de la Constitución, pues éste último contiene una regla general para los derechos subjetivos que, por su propia naturaleza, están por encima de los derechos individuales.
3. La expropiación obedece a circunstancias urgentes que requieren una determinación rápida, lo que no podría lograrse si para su procedencia tuviera que otorgarse audiencia previa al afectado.

En el septiembre de 2006 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidió modificar dicho criterio señalando que a partir de ``...una nueva reflexión se concluye que de la interpretación del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos privativos de la propiedad deben realizarse, por regla general, mediante un procedimiento dirigido a escuchar previamente al afectado, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento...''.

El nuevo criterio está fundamentado en los siguientes argumentos:

1. La expropiación constituye un acto de privación, ya que tiene por finalidad suprimir completamente el derecho de propiedad de un gobernado. Ahora bien, los actos de esta naturaleza deben respetar la garantía de previa audiencia, prevista en el artículo 14 de la Constitución, que en la parte conducente señala: ``... Nadie podrá ser privado (...) de sus propiedades (...) sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento...''. 3
2. Si bien el artículo 27 constitucional no prevé la garantía de previa audiencia como requisito para la procedencia de la expropiación, esto no debe interpretarse en el sentido de que dicha disposición prevé una excepción a la garantía contenida en el artículo 14 de la Constitución, toda vez que este último precepto contiene una prerrogativa fundamental a favor de los gobernados, que no puede restringirse ni suspenderse sino en los casos en los que la Constitución expresamente lo dispone, según lo señala el artículo 1 de dicho ordenamiento. Un ejemplo de lo anterior está en el artículo 33 constitucional, que faculta al Ejecutivo federal para ``...hacer abandonar el territorio nacional inmediatamente y sin juicio previo, a todo extranjero que juzgue inconveniente...''.
En este sentido, si el artículo 27 de la Constitución, como de hecho ocurre, no prevé expresamente que la expropiación proceda sin audiencia previa del afectado, debe entonces interpretarse artículo conjuntamente y armónicamente con el artículo 14 de la Constitución, que establece la regla general de procedencia de los actos privativos, concluyéndose que la garantía de audiencia debe respetarse previamente al acto de expropiación.
3. No existe un verdadero conflicto entre la garantía individual que prevé el artículo 14 de la Constitución (garantía de audiencia), y la supuesta garantía social que prevé el artículo 27 del mismo ordenamiento (expropiación), toda vez que ésta última no constituye una garantía social, sino una potestad administrativa que crea, modifica o extingue relaciones concretas, sin que tenga como origen el ejercicio de un derecho constitucional colectivo que dé lugar al otorgamiento de prestaciones sociales.
Ahora bien, suponiendo sin conceder que la expropiación constituyera una garantía social, es inexacto que pueda determinarse a priori, de manera abstracta y para todos los casos, que las garantías sociales son superiores a la individuales, primero porque desde un punto de vista formal todas las normas constitucionales tienen el mismo rango, y segundo porque desde el punto de vista material tanto las garantías individuales como las sociales constituyen un núcleo de derechos indisponible y sus eventuales conflictos sólo pueden resolverse a partir de un análisis judicial casuístico que pondere los bienes constitucionales en juego a partir de criterios de razonabilidad y proporcionalidad, principalmente.
4. Si bien la expropiación, en algunos casos, es motivada por situaciones de urgencia, como puede ser una catástrofe, no en todos los supuesto en los que existe utilidad pública está implícito el elemento de urgencia; por ello, es incorrecto afirmar que otorgar la garantía de audiencia previa al afectado dentro del procedimiento de expropiación entorpecería la actuación expedita del Estado.

Ahora bien, para aquellos casos en los que se requiere una actuación inmediata del Estado, la autoridad puede hacer uso de otro tipo de instrumentos, como la ocupación temporal, para disponer provisional e inmediatamente del bien necesario para satisfacer las necesidades de utilidad pública, sin que este último acto esté sujeto a los mismas formalidades que la expropiación, dado que se trata de un acto de molestia y no de privación.

Así las cosas, la decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene consecuencias prácticas trascendentales, toda vez que los particulares que se vean afectados por actos de expropiación, podrían solicitar el amparo y protección de la justicia federal, con base en los argumentos antes expuestos, dejando así sin efectos el acto de expropiación.

Conviene recordar que la propiedad en nuestro país cumple una función social; por ello, si bien el texto constitucional reconoce la posibilidad de constituir la propiedad privada, reserva a favor del Estado la facultad de imponerle restricciones y modalidades a ésta cuando así lo exija el interés público. Precisamente la expropiación es uno de los instrumentos que le permiten al Estado ejercer dicha facultad. A través de este instrumento, la autoridad puede disponer de propiedades privadas cuando son necesarias para la construcción de vías de comunicación, rellenos sanitarios, presas, viviendas, etcétera.

Atendiendo a los antecedentes expuestos, la presente iniciativa tiene por objeto reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Expropiación, con la finalidad de prever en dicho ordenamiento las disposiciones necesarias para que, previamente a la expedición del decreto de expropiación, el particular interesado sea escuchado por la autoridad administrativa dentro de un procedimiento en el que se cumpla con las formalidades esenciales, saneando con ello los vicios de inconstitucionalidad que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió en el texto de dicha ley.

Para cumplir con este objetivo, se ha incluido en el artículo 3 de la Ley de Expropiación un procedimiento que prevé todas las etapas requeridas para cumplir las formalidades esenciales de los procedimientos. De esta forma se prevé:

1) Una etapa en la que se le notificará al interesado el inicio del procedimiento y sus consecuencias;
2) Una etapa en la que el particular podrá ofrecer y desahogar las pruebas en las que funde su defensa;
3) Una etapa en la que podrá alegar; y
4) El dictado de una resolución en la que se diriman las controversias planteadas.

De manera complementaria, se ha buscado que el procedimiento sea expedito, a efecto de contribuir en la medida de lo posible a la celeridad que, en ocasiones, la expropiación requiere. Para ello se redujeron al máximo los plazo entre cada una de las etapas y, en ciertos casos, se introdujeron formulas expresadas en plazos máximos para permitir que la autoridad reduzca el tiempo de desahogo del procedimiento. Estas fórmulas no se previeron en las etapas de ofrecimiento y desahogo de pruebas, dado que éstas benefician principalmente el afectado y debe otorgársele tiempo suficiente para que prepare una defensa adecuada.

Por lo expuesto, el que suscribe, diputado Manuel Salgado Amador, integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, y del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 2 y se adiciona un artículo 2 Bis de la Ley de Expropiación.

Único. Se reforman el artículo 2 y se adiciona un artículo 2 Bis a la Ley de Expropiación, para quedar como sigue:

Ley de Expropiación

Artículo 2. En los casos comprendidos en la enumeración del artículo 1, procederá la expropiación, la ocupación temporal, total o parcial, o la simple limitación de los derechos de dominio para los fines del Estado o en interés de la colectividad.

Artículo 2 Bis. La secretaría de Estado, departamento administrativo o Gobierno del Distrito Federal, según corresponda, expedirá un acuerdo de intención de expropiación que como mínimo deberá contener:

I. La ubicación, características y demás elementos necesarios para identificar inequívocamente el bien o bienes que se pretende expropiar.
II. La causa, o causas, de utilidad pública en las que se funde la expropiación.
III. Las razones por las que se considera que el bien o bienes que se pretende expropiar contribuirán a satisfacer las causas de utilidad pública invocadas.
IV. El monto que se propone pagar como indemnización por cada uno de los bienes expropiados y la forma en la que dicha cantidad fue determinada.

El acuerdo se publicará en el Diario Oficial de la Federación y se notificará personalmente al propietario, o propietarios, de los bienes que se pretendan expropiar, emplazándolos para que en el término de cinco días hábiles manifiesten lo que a su derecho convenga y, en su caso, ofrezcan las pruebas que consideren convenientes para desvirtuar alguno de los elementos en que el acuerdo se haya fundamentado.

Cuando se desconozca el domicilio de los propietarios o éstos no estuvieran identificados, la notificación se realizará por edictos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 y demás aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

En el mismo acuerdo, se citará a los interesados a la audiencia de pruebas y alegatos que se celebrará dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en el que concluya el plazo para el ofrecimiento de pruebas. Esta audiencia podrá diferirse en una sola ocasión, por un plazo similar, cuando por la naturaleza de las pruebas ofrecidas se requiera más tiempo para su desahogo.

Concluida la audiencia, los interesados podrán ofrecer sus alegatos de forma verbal o escrita, mismos que serán integrados al expediente. La resolución definitiva se emitirá dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha en la que haya concluido la audiencia, y en ella se resolverá si se deja sin efecto el acuerdo de intención de expropiación o se solicita al titular del Ejecutivo realizar la declaratoria correspondiente.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: 1. La decisión se deriva del amparo en revisión 974/2008, resuelto el 14 de enero de 2009. 2. Este criterio jurisprudencial está contenido en la tesis bajo el rubro ``expropiación, la garantía de audiencia no rige en materia de'', que aparece publicada con el número 63, en las páginas 117 y 118, primera parte, tribunal pleno, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, con la corrección en cuanto a su rubro, para quedar ``expropiación. La garantía de previa audiencia no rige en esa materia''. 3. De acuerdo con la interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación de este precepto constitucional, tratándose de los actos de autoridad administrativa, dicha garantía se cumple cuando la autoridad administrativa, al seguir un procedimiento semejante a un juicio, escucha al interesado y le permite desarrollar su defensa, previamente a la emisión del acto privativo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 24 de marzo de 2009.--- Diputado Manuel Salgado Amador (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Gracias, diputado. Instruyo a la Secretaría que se inserte en el Diario de los Debates de manera íntegra, y que seturne a la Comisión de Gobernación.



LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Tiene la palabra el diputado Jacinto Gómez Pasillas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

El diputado Jacinto Gómez Pasillas : Con su permiso, diputada presidenta. Compañeros legisladores, México, a la fecha, no cuenta con una política industrial eficaz y actualizada que proteja, promueva y fortalezca a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Tampoco cuenta con mecanismos suficientes que permitan compensar el constante deterioro del bienestar que se hace evidente desde hace años, y que ahora se profundiza de manera preocupante por los impactos que la crisis financiera internacional tiene en la economía nacional y los diferentes mercados que integran la economía mexicana.

La situación económica en México es preocupante, y su deterioro es creciente, no sólo por la crisis del sistema financiero internacional, sino también por los grandes problemas y distorsiones que presenta nuestro mercado interno, como son las altas tasas de interés, fuertes presiones inflacionarias y cambiarias, especulación financiera, bajo nivel de ahorro y crédito, bajos niveles de la oferta crediticia y de inversión, desempleo y pérdida del poder adquisitivo y, por si fuera poco, con la lentitud y la tramitología burocrática que caracteriza a los tres órdenes de gobierno, sobre todo para pagarles las obras que se realizan.

En suma, es una pérdida creciente de la actividad económica. Todo ello es resultado de una regulación insuficiente y de una débil y tardía intervención del Estado mexicano. La estabilidad económica es endeble y, en este contexto, las expectativas de crecimiento y consolidación de las pequeñas y medianas empresas de la economía mexicana son francamente adversas, sobre todo cuando tenemos fuertes presiones inflacionarias y cambiarias.

El índice de precios reporta una inflación acumulada en 2008 de 6.53 por ciento, más del doble de la estimación original de la Secretaría de Hacienda y la más alta desde el 2001, y el tipo de cambio alcanzó ya en algún momento, la cifra de 14.90 pesos por dólar, reportando una depreciación aproximada del 40 por ciento de agosto de 2008 a febrero de este año.

El consumo interno está cayendo y, a nivel desagregado, la actividad económica sigue perdiendo ritmo. En el segundo semestre de 2008 cerraron 5 mil 200 empresas de varias ramas industriales, con las consecuencias negativas en el nivel de empleo. Como referente, durante 2008 perdieron su trabajo poco más de 450 mil personas y se reporta una desocupación de más de 2 millones de personas en nuestro país.

Por ello, como legisladores responsables proponemos esta reforma que obliga al Ejecutivo federal, en especial a la Secretaría de Economía, para que diseñe un plan estratégico de financiamiento, para que se destinen recursos crediticios equivalentes al 1 por ciento del PIB al año, para financiar a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme).

Esta reforma beneficiaría a más de 4 millones de empresas, no hacerlo implicaría contravenir lo dispuesto en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que tiene por objeto principal la promoción del desarrollo económico nacional, a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas, y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad.

Ante esta situación tan incierta, en adición a las medidas contracíclicas, implantadas ya por el Ejecutivo federal, presento a esta soberanía iniciativa con el fin de apoyar y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, de tal manera que este sector empresarial pueda enfrentar los efectos de la crisis financiera internacional y cuenten con los medios crediticios necesarios para contribuir al fortalecimiento de nuestro mercado interno.

Mediante esta iniciativa se reconoce como urgente y necesario el apoyo y la promoción a las micro, pequeñas y medianas empresas, con la finalidad de que haya disminución de inequidades, propiciando la igualdad de oportunidades para nuestros habitantes, manteniendo y ampliando las fuentes de empleo para generar un mejor entorno para la inversión.

Si vamos a tener más desocupados, por lo menos que tengan mejores oportunidades a nivel individual empresarial.

Por lo expuesto y fundado, presento a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el inciso e) a la fracción I del artículo 4o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar en los siguientes términos:

Único. Se reforma el artículo 4o. de la Ley para el Desa-rrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 4o. Son objetivos de esta ley...

Capítulo I. Establecer...

Y se agrega el inciso e), que diría:

e) La Secretaría deberá elaborar un plan estratégico de financiamiento para que se destinen recursos crediticios equivalentes al 1 por ciento del producto interno bruto al año para financiar a las Mipyme.

Gracias por su atención. Diputada presidenta, solicito la inserción completa del texto en el Diario de los Debates.

«Iniciativa que reforma el artículo 4 de la Ley para el Desa-rrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Jacinto Gómez Pasillas , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Jacinto Gómez Pasillas , diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y en los correlativos 55, fracción II, 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a la Comisión de Economía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

México, a la fecha, no cuenta con una política industrial eficaz y actualizada que proteja, promueva y fortalezca a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme); tampoco cuenta con mecanismos suficientes que posibiliten compensar el constante deterioro del bienestar, que se hace evidente desde hace años y que ahora se profundiza de manera preocupante por los efectos que la crisis financiera internacional tiene en la economía nacional y en los diferentes mercados que integran la economía mexicana.

La situación económica en México es preocupante y su deterioro es creciente, no sólo por la crisis del sistema financiero internacional, sino también por los grandes problemas y distorsiones que presenta nuestro mercado interno, como son altas tasas de interés, fuertes presiones inflacionarias y cambiarias, especulación financiera, bajo nivel de ahorro y crédito, bajos niveles de oferta crediticia y de inversión, desempleo y pérdida del poder adquisitivo. En suma, pérdida creciente de la actividad económica; todo ello resultado de una regulación insuficiente y de una débil y tardía intervención del Estado mexicano.

La estabilidad económica es endeble y en este contexto las expectativas de crecimiento y consolidación de las pequeñas y medianas empresas de la economía mexicana son francamente adversas, sobre todo cuando tenemos fuertes presiones inflacionarias y cambiarias. El índice de precios reporta una inflación acumulada en 2008 de 6.53 por ciento, más del doble de la estimación original de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico y la más alta desde 2001; 1 mientras que el tipo de cambio alcanzó la cifra de 14.90 pesos por dólar, reportando una depreciación de más de 40 por ciento de agosto de 2008 a febrero de 2009.

El consumo interno está cayendo y, a nivel desagregado, la actividad económica sigue perdiendo ritmo. En el segundo semestre de 2008 cerraron 5 mil 200 empresas de varias ramas industriales, con las consecuencias negativas en el nivel de empleo. Como referente, durante 2008 perdieron su trabajo poco más de 450 mil personas y se reporta una desocupación de más de dos millones de personas en nuestro país. 2

De acuerdo con el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para este 2009 se tiene previsto un crecimiento negativo del producto interno bruto (PIB) entre -0.8 y -1.8 por ciento, a pesar de afirmarse que la crisis financiera de Estados Unidos de América no repercutiría de manera importante en la economía de nuestro país.

Por ello, como legisladores responsables proponemos esta reforma que obliga al Ejecutivo federal, en especial a la Secretaría de Economía, a diseñar un plan estratégico de financiamiento para que se destinen recursos crediticios equivalentes al 1 por ciento del PIB al año, para financiar a las Mipyme.

Esta reforma beneficiaría a más de 4 millones de empresas. 3 No hacerlo implicaría contravenir lo dispuesto en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que tiene por objeto principal la promoción del desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad. Asimismo incrementar su participación en los mercados, en un marco de crecientes encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional.

Lo anterior, con la finalidad de fomentar el empleo y el bienestar social y económico de todos los participantes en la micro, pequeña y mediana empresa.

Ante esta situación tan incierta, en adición a las medidas contracíclicas implantadas por el Ejecutivo federal, presento a esta soberanía iniciativa a fin de apoyar y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, de tal manera que este sector empresarial pueda enfrentar los efectos de la crisis financiera internacional y cuenten con los medios crediticios necesarios para contribuir al fortalecimiento de nuestro mercado interno.

Mediante esta iniciativa se reconoce como urgente y necesario el apoyo y la promoción a las micro, pequeñas y medianas empresas, con la finalidad de hacer posible en México el crecimiento económico y la disminución de las inequidades, propiciando la igualdad de oportunidades para nuestros habitantes, manteniendo y ampliando las fuentes de empleo para generar un mejor entorno para la inversión.

Por lo expuesto y fundado, presento a esta soberanía iniciativa que adiciona un inciso e) a la fracción I del artículo 4 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar en los siguientes términos:

Decreto

Artículo Único. Se reforma el artículo 4 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 4. Son objetivos de esta ley

I. Establecer
a) a d) Quedan igual.
e) La secretaría deberá elaborar un plan estratégico de financiamiento para que se destinen recursos crediticios equivalentes al 1 por ciento del PIB al año para financiar las Mipyme.
II. ...
Transitorio

Único . El decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: 1 Criterios generales de política económica para 2009. 2 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Inegi. 3 Datos de la Subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 12 de marzo de 2009.--- Diputado Jacinto Gómez Pasillas (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Claro que sí, diputado. Instruyo para que se inserte íntegro en el Diario de los Debates y seturne a la Comisión de Economía.



LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Tiene la palabra el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal : Con su permiso, señora presidenta.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, uno de los fenómenos que inhiben la competitividad económica de México frente a las economías del mundo es la gran corrupción que se genera por el exceso de burocracia, tramitología y discrecionalidad en la toma de decisiones.

Para tener una visión clara del panorama que priva sobre el particular basta saber que de acuerdo con el Índice de Competitividad Global de 2008-2009 del Foro Económico Mundial, México cayó 8 lugares, al pasar del sitio 52 en 2007 a la posición 60 en la actual edición. El país obtuvo una calificación de 4.23 puntos, una diferencia de 1.51 respecto de Estados Unidos, cuya evaluación fue de 5.74.

Señala este informe que evalúa la competitividad de la economía de 134 países, que en ineficiencia burocrática, corrupción e infraestructura deficiente ---además de destacar la materia de innovación--- el país obtuvo la peor calificación: 2.9 de un total de 7.

Cabe mencionar como dato que este informe, producto del Foro Económico Mundial, se basa en 12 pilares de competitividad: instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconómica, salud, educación primaria, educación superior y capacitación, eficiencia de los mercados de bienes, eficiencia en el mercado laboral, sofisticación del mercado financiero, disponibilidad tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación comercial e innovación.

De acuerdo con estos rubros se ubica a Estados Unidos como la economía más competitiva del mundo, a pesar de la situación de crisis global, al obtener una calificación de 5.74 puntos en el ranking, por lo que la economía estadounidense mantiene el liderazgo desde 2007. Países como Suiza, Dinamarca y Suecia se colocan en el lugar 28, que es su mejor ubicación en el ranking, seguidos de Panamá y Costa Rica, delante de México.

En el caso particular de nuestro país, sabemos que para alentar en gran medida la competitividad se ha optado por la política pública de la mejora regulatoria, con el propósito de eliminar, desregular y simplificar trámites y servicios para que sean más sencillos y menos costosos para los empresarios y ciudadanos, y lograr que sea una herramienta esencial para lograr un gobierno más eficiente que permita mejorar la productividad de las empresas.

No obstante que el Estado mexicano cuenta con una Comisión Federal de Mejora Regulatoria y un programa en la materia, no hemos avanzado como quisiéramos en la desregulación y en la calidad de la regulación para consolidar una cultura de mejora regulatoria, en virtud de que sigue aumentando la tramitología, en perjuicio, evidentemente, del desarrollo y crecimiento económico.

De lo anterior podemos advertir que del Informe de la Revisión de la Cuenta Pública de 2006 que realizó la Auditoría Superior de la Federación se desprende, como resultado de la auditoría mediante la cual se hace una evaluación al programa de mejora regulatoria, lo siguiente:

1. El alcance presupuestal de la auditoría abarcó el ciento por ciento del presupuesto ejercido en 2006 por la Cofemer en sus actividades institucionales, que fue de 50 mil 897.2 miles de pesos.

Dichas actividades son: mejorar el marco regulatorio y reducir la carga administrativa que afecta a las empresas y a los ciudadanos, los servicios de apoyo administrativo que comprende la revisión de los Programas Bienales de Mejora Regulatoria, la actualización del Registro Federal de Trámites y Servicios y la evaluación de anteproyectos de disposiciones normativas y la firma de convenios con los estados y municipios.

2. Entre los resultados principales se señala que la Cofemer cuenta con 10 indicadores para evaluar los resultados y la gestión financiera del programa, y no dispuso de otros para medir el cumplimiento de sus objetivos estratégicos relacionados con la revisión del marco regulatorio nacional, la creación y eliminación de regulaciones, la calidad del servicio y su gestión operativa, la percepción del ciudadano usuario y la competencia de los operadores; por tanto, la Auditoría Superior de la Federación construyó 26 indicadores para complementar la evaluación.

Dicho órgano desconcentrado cuenta con un sistema de indicadores para evaluar los resultados y la gestión financiera del programa, los cuales fueron considerados para la revisión; y faltaron otros para medir el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la eficiencia operativa, la calidad del servicio y la competencia de los operadores, por lo que en estos casos no se atendió cabalmente lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y en el Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal de 2006.

Este órgano fiscalizador informó que no tiene identificado el marco regulatorio nacional, y proporcionó los registros de las disposiciones legislativas y administrativas que las dependencias y entidades remitieron para su revisión a la Cofemer en el periodo de 2001 a 2006.

Se precisó que a 2006 las disposiciones legislativas y administrativas de carácter general presentadas a la Cofemer ascendieron a 5 mil 913. Los sectores que tuvieron la mayor participación fueron Economía, con el 21.4 por ciento; Hacienda, con 17 por ciento; y Agricultura, 12 por ciento. En conjunto concentraron 2 mil 982 disposiciones, lo que significó 50.4 por ciento del total.

La Cofemer no contó con la información del total de disposiciones legislativas y administrativas que integran el marco regulatorio nacional a 2006, lo que limitó evaluar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69-E, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al no tener plenamente identificado el universo de ordenamientos que deben cumplir los particulares, las empresas y el gobierno.

La Cofemer informó que no dispone de un diagnóstico integral sobre la situación que guarda el marco regulatorio nacional y remitió un estudio realizado en 2005 que comprendió un análisis de diversos sectores, a fin de proponer soluciones bajo una visión sistémica, del que derivaron 36 acciones concretas en materia de mejora regulatoria y competitividad.

Con la revisión de la información proporcionada por la Cofemer se determinó que dicho estudio comprendió 8 sectores y 10 temas que incluyeron aspectos específicos de mejora de las disposiciones legislativas y actos administrativos de carácter general vigentes y no se incluyeron 9 sectores: agricultura; medio ambiente; educación; desarrollo social; relaciones exteriores; función pública; reforma agraria; seguridad pública y turismo.

Se verificó que la Cofemer no ha efectuado una revisión integral del marco regulatorio nacional y no cuenta con un diagnóstico en esta materia. La Cofemer informó que no cuenta con un estudio para determinar qué otras áreas o sectores son susceptibles de incorporar al programa de mejora regulatoria, a fin de ampliar su alcance en el conjunto de la administración pública.

En suma, se comprobó que la Cofemer no cuenta con un diagnóstico integral que permita determinar el marco regulatorio adecuado para las necesidades del país. En el periodo 2003-2006, el número de regulaciones creció en 556 nuevas disposiciones; la entidad fiscalizada no dispuso de un plan de acción para la reordenación y depuración del marco regulatorio nacional.

Los trámites siguen creciendo, ya que en el periodo de 2002-2006 se inscribieron 3 mil 570 y se eliminaron mil 498, con lo que en total aumentó en 2 mil 72. La Cofemer no cuenta con un estudio que le permita determinar el número de trámites indispensables para el desarrollo de la actividad económica y gubernamental.

Respecto de su frecuencia de uso, con la revisión de una muestra de mil 171 trámites, de los 3 mil 244 existentes a 2006, se constató que 575, que representan 49.1 por ciento, no se utilizaron, y la entidad fiscalizada no implantó un mecanismo de revisión sistemática para la eliminación y simplificación de los trámites.

Debido a que no se ha avanzado suficientemente en la desregulación y en la calidad de la regulación, el abatimiento de la corrupción generada por el exceso de trámites no se ha cumplido por estas causas.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, cabe resaltar que la auditoría antes citada y cuyo resultado se describe, tuvo como fin, en términos generales, fiscalizar la gestión financiera para comprobar la eficacia, eficiencia y economía del cumplimiento de los objetivos del Programa de Mejora Regulatoria. Sus resultados nos reflejan el poco o nulo avance para hablar de una mejora regulatoria en el país.

De ahí que para obtener resultados positivos y avanzar en materia de competitividad, hay que profundizar en el proceso de mejora regulatoria, asegurar la calidad de la regulación y fomentar una cultura de mejora regulatoria en los tres órdenes de gobierno.

Considerando que se debe propiciar el uso extensivo de mejores prácticas regulatorias, la revisión de la calidad de los servicios y la competencia de los operadores así como la percepción de los beneficiarios del programa de mejora regulatoria, tal y como lo manifiesta la Auditoría Superior, por lo que no deben pasar inadvertidas las recomendaciones de este órgano fiscalizador, me permito someter a la consideración de ustedes el siguiente proyecto de reforma:

Único. Se reforma el artículo 69-A, y la fracción I del artículo 69-E; y se adiciona una fracción VIII, recorriéndose la vigente para ser la IX, al artículo 69-E de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, para quedar como sigue:

No sé si me permita, faltan dos hojas; ¿puedo?

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Ya se le terminó su tiempo desde hacer rato; sin embargo, se puede integrar en la Gaceta Parlamentaria.

El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal : Bueno, que la inscriban ahí.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del PRD

Fernando Enrique Mayans Canabal , diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a consideración de la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Una de los fenómenos que inhiben la competitividad económica de México frente a las economías del mundo, es la gran corrupción que se genera por el exceso de burocracia, tramitología y discrecionalidad en la toma de decisiones.

Para tener una visión clara del panorama que priva sobre el particular basta saber que de acuerdo al informe de competitividad global (GCI 2008-2009) del Foro Económico Mundial, México cayó ocho lugares al pasar del sitio 52 en 2007, a la posición 60 en la actual edición. El país obtuvo una calificación de 4.23 puntos, una diferencia de 1.51 respecto a Estados Unidos, cuya evaluación fue de 5.74.

Señala este informe que evalúa la competitividad de la economía de 134 países, que la ineficiencia burocrática, la corrupción y una infraestructura deficiente, son los principales obstáculos para hacer negocios en México; además de destacar que en materia de Innovación el país obtuvo la peor calificación, al obtener sólo 2.9 puntos de un total de 7.

Cabe mencionar como dato, que este informe producto del Foro Económico Mundial, se basa en 12 pilares de competitividad: instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconómica, salud y educación primaria, educación superior y capacitación, eficiencia de los mercados de bienes, eficiencia del mercado laboral, sofisticación del mercado financiero, disponibilidad tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación comercial e innovación.

De acuerdo a estos rubros, se ubica a Estados Unidos como la economía más competitiva del mundo, a pesar de la situación de crisis global, al obtener una calificación de 5.74 puntos en el ranking, por lo que la economía estadounidense mantiene el liderato desde 2007.

Países como Suiza, Dinamarca y Suecia, ocupan el segundo, tercer y cuarto lugar respectivamente, y Singapur se ubica en quinto lugar.

En cuanto a América Latina, a Chile se le coloca en el lugar 28 que es la mejor ubicación en el ranking, seguido de Panamá, Costa Rica adelante de México.

En el caso particular de nuestro país, sabemos que para alentar en gran medida la competitividad, se ha adoptado la política pública de la mejora regulatoria con el propósito de eliminar, desregular y simplificar trámites y servicios para que sean más sencillos y menos costosos para los empresarios y ciudadanos; y lograr que sea una herramienta esencial para lograr un gobierno más eficiente que permita mejorar la productividad de las empresas.

No obstante, que el Estado mexicano cuenta con una Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) y un programa en la materia, no hemos avanzado como quisiéramos en la desregulación y en la calidad de la regulación para consolidar una cultura de mejora regulatoria, en virtud de que sigue aumentando la tramitología en perjuicio evidentemente, del desarrollo y crecimiento económicos.

De lo anterior podemos advertir, que del informe de la revisión de la Cuenta Pública de 2006 que realizó la Auditoria Superior de la Federación, se desprende como resultado de la auditoría mediante la cual se hace una evaluación al Programa de Mejora Regulatoria, lo siguiente:

1. El alcance presupuestal de la auditoría abarcó el 100.0 por ciento del presupuesto ejercido en 2006 por la Cofemer en sus actividades institucionales, que fue de 50,897.2 miles de pesos.

Dichas actividades son: la de mejorar el marco regulatorio y reducir la carga administrativa que afecta a las empresas y a los ciudadanos, los servicios de apoyo administrativo; que comprende la revisión de los Programas Bienales de Mejora Regulatoria; la actualización del Registro Federal de Trámites y Servicios; la evaluación de anteproyectos de disposiciones normativas y la firma de convenios con los estados y municipios.

2. Entre los resultados principales, se señala que:

• La Cofemer cuenta con 10 indicadores para evaluar los resultados y la gestión financiera del programa, y no dispuso de otros para medir el cumplimiento de sus objetivos estratégicos relacionados con la revisión del marco regulatorio nacional, la creación y eliminación de regulaciones, la calidad del servicio, así como su gestión operativa; la percepción del ciudadano usuario y la competencia de los operadores, por lo que la Auditoría Superior de la Federación construyó 26 indicadores para complementar la evaluación.
• Dicho órgano desconcentrado cuenta con un sistema de indicadores para evaluar los resultados y la gestión financiera del programa, los cuales fueron considerados para la revisión; y faltaron otros para medir el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la eficiencia operativa, la calidad del servicio y la competencia de los operadores, por lo que en estos casos no se atendió cabalmente lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y en el Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2006.
• Este órgano fiscalizador informó que no tiene identificado el marco regulatorio nacional y proporcionó los registros de las disposiciones legislativas y administrativas que las dependencias y entidades remitieron para su revisión a la Cofemer en el periodo de 2001 a 2006.
• Se precisó que al 2006 las disposiciones legislativas y administrativas de carácter general presentadas a la Cofemer ascendieron a 5 mil 913. Los sectores que tuvieron la mayor participación fueron: Economía, con el 21.4 por ciento; Hacienda, el 17.0 por ciento; Agricultura, el 12.0 por ciento; que en conjunto concentraron 2,982 disposiciones, lo que significó el 50.4 por ciento del total.
• La Cofemer no contó con la información del total de disposiciones legislativas y administrativas que integran el marco regulatorio nacional al 2006, lo que limitó evaluar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69-E, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al no tener plenamente identificado el universal de ordenamientos que deben cumplir los particulares, las empresas y el gobierno.
• La Cofemer informó que no dispone de un diagnóstico integral sobre la situación que guarda el marco regulatorio nacional y remitió un estudio realizado en 2005 que comprendió un análisis de diversos sectores a fin de proponer soluciones bajo una visión sistémica, del que derivaron 36 acciones concretas en materia de mejora regulatoria y competitividad.
• Con la revisión de la información proporcionada por la Cofemer, se determinó que dicho estudio comprendió ocho sectores y 10 temas que incluyeron aspectos específicos de mejora de las disposiciones legislativas y actos administrativos de carácter general vigentes y no se incluyeron nueve sectores: Agricultura, Medio Ambiente, Educación, Desarrollo Social, Relaciones Exteriores, Función Pública, Reforma Agraria, Seguridad Pública y Turismo.
• Se verificó que la Cofemer no ha efectuado una revisión integral del marco regulatorio nacional y no cuenta con un diagnóstico en esta materia.
• La Cofemer informó que no cuenta con un estudio para determinar qué otras áreas o sectores son susceptibles de incorporar al programa de mejora regulatoria, a fin de ampliar su alcance en el conjunto de la administración pública.
• Se determinó que el ámbito de aplicación del programa, en 2006, abarcó 82 dependencias y entidades, lo que significó el 26.2 por ciento del total de la administración pública. En 231 casos no fue aplicable, debido a las excepciones que señala la LFPA.
Respecto de las dependencias, no quedan sujetas a este programa las secretarías de Marina, de la Defensa Nacional, así como la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
• En relación con los órganos administrativos desconcentrados, se encuentran incluidos 36 y no están obligados a su cumplimiento 41; en cuanto a los organismos descentralizados están obligados 30 de los 93 existentes. Las 122 empresas de participación estatal, fondos y fideicomisos no están comprendidas en el programa, debido a que no realizan actos de autoridad, ni prestan servicios de manera exclusiva, de acuerdo con lo señalado en el artículo 1o., segundo párrafo, de la LFPA.
• La Cofemer carece de un estudio que le permita determinar la factibilidad de ampliar el enfoque y alcance del Programa de Mejora Regulatoria (PMR) en el conjunto de la administración pública, a fin de determinar la cobertura adecuada de dicho programa, por lo que, en este aspecto, no se logró atender lo dispuesto en la política pública contenida en el PMR 2001-2006.

En suma, se comprobó que:

1. La Cofemer no cuenta con un diagnóstico integral que permita determinar el marco regulatorio adecuado para las necesidades del país. En el periodo 2003-2006, el número de regulaciones creció en 556 nuevas disposiciones; la entidad fiscalizada no dispuso de un plan de acción para la reordenación y depuración del marco regulatorio nacional.
2. Los trámites siguen creciendo, ya que en el periodo de 2002-2006 se inscribieron 3 mil 570 y se eliminaron mil 498, con lo que en total aumentó en 2 mil 72. La Cofemer no cuenta con un estudio que le permita determinar el número de trámites indispensables para el desarrollo de la actividad económica y gubernamental.
3. Respecto de su frecuencia de uso, con la revisión de una muestra de mil 171 trámites de los 3 mil 244 existentes al 2006, se constató que 575, que representan el 49.1 por ciento, no se utilizaron y la entidad fiscalizada no instrumentó un mecanismo de revisión sistemática para la eliminación y simplificación de los trámites.
4. Debido a que no se ha avanzado suficientemente en la desregulación y en la calidad de la regulación, el abatimiento de la corrupción, generada por el exceso de trámites, no se ha cumplido por estas causas.

En términos concretos, se concluye que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria no dispone de un estudio del marco regulatorio nacional, lo que impide contar con el diagnóstico integral sobre el número de regulaciones indispensables para promover el desarrollo de la actividad económica y gubernamental.

En conclusión, las consecuencias sociales que se generan con la situación de que la Cofemer no cuente con un esquema de revisión sistemático para modificar y eliminar los trámites obsoletos o innecesarios, a fin de que sean más sencillos y menos costosos para los ciudadanos y las empresas; son de altísimo costo económico y social.

Compañeras y compañeros diputados: cabe resaltar, que la auditoria antes citada y cuyos resultados se describen tuvo como fin --en términos generales-- fiscalizar la gestión financiera para comprobar la eficacia, eficiencia y economía en el cumplimiento de los objetivos del Programa de Mejora Regulatoria. Sus resultados nos refleja el poco o nulo avance para hablar de una mejora regulatoria en el país.

De ahí que para obtener resultados positivos y avanzar en materia de competitividad, hay que profundizar en el proceso de mejora regulatoria, asegurar la calidad de las regulaciones y fomentar una cultura de mejora regulatoria en los tres órdenes de gobierno.

Considerando que se debe propiciar el uso extensivo de mejores prácticas regulatorias, la revisión de la calidad de los servicios y la competencia de los operadores, y la percepción de los beneficiarios del programa de mejora regulatoria, tal como manifiesta la Auditoría Superior, por lo que no deben pasar inadvertidas las recomendaciones de este órgano fiscalizador, me permito someter a la consideración de ustedes este proyecto de reforma.

Por lo anterior, someto a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo

Único. Se reforman los artículos 69-A y la fracción primera del artículo 69-E; y se adiciona una fracción VIII, recorriéndose dicha fracción vigente para ser la fracción IX del artículo 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para quedar como sigue:

Título Tercero A De la Mejora Regulatoria Capítulo Primero Disposiciones Generales

Artículo 69-A. Las disposiciones de este título se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública federal centralizada y de los organismos descentralizados de la administración pública federal en términos del segundo párrafo del artículo 1 de esta ley, incluidos los actos, procedimientos o resoluciones de la Presidencia de la República y la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal.

Capítulo segundo De la Comisión Federal de Mejora Regulatoria

Artículo 69-E. La Comisión Federal de Mejora Regulatoria, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, promoverá la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad. Para ello, la Comisión contará con autonomía técnica y operativa, y tendrá las siguientes atribuciones:

I. Revisar el marco regulatorio nacional, diagnosticar su aplicación y elaborar para su propuesta al Titular del Ejecutivo Federal, proyectos de disposiciones legislativas y administrativas y programas para mejorar la regulación en actividades o sectores económicos específicos.
Para tal efecto, la Comisión deberá implementar entre otras acciones:
a) Diseñar y reportar en su sistema de evaluación interno indicadores estratégicos y de gestión con sus respectivos parámetros de medición que permitan evaluar los objetivos estratégicos relacionados con la revisión del marco regulatorio nacional, la creación y eliminación de regulaciones, la calidad del servicio, así como su gestión operativa; la percepción del ciudadano-usuario y la competencia de los operadores;
b) Integrar la información de las disposiciones legislativas y administrativas que integran el marco regulatorio nacional, a fin de tener plenamente identificado el universal de ordenamientos que se deben cumplir en el país;
c) Formular un plan de acción a fin de que se realice una revisión integral del Marco Regulatorio Nacional que permita contar con un diagnóstico de su aplicación; y
d) Elaborar un estudio que permita determinar la factibilidad de ampliar el enfoque y alcance de los Programas de Mejora Regulatoria en el conjunto de la administración pública;
III. a VII. ...
VIII. Informar a la Secretaría de la Función Pública sobre los casos de incumplimiento en la entrega de los Programas Bienales de Mejora Regulatoria y sus reportes de avance;
IX. ...
Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 24 de marzo de 2009.--- Diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Muchas gracias, diputado.Se turna a la Comisión de Justicia.



LEY DEL BANCO DE MEXICO

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Tiene la palabra el diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Banco de México.

El diputado Obdulio Ávila Mayo : Con la venia de la Presidencia, a la cual pido que el texto de la presente iniciativa se inserte íntegro en el Diario de los Debates, por ya estar publicado.

Honorable asamblea, de conformidad con la atribución que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo señalado en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Banco de México, con la finalidad de que esta autoridad monetaria esté obligada a transparentar las minutas de las sesiones de su junta de gobierno.

Hay que recordar que el 1 de abril de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma el artículo 28 de la Carta Magna, en el cual se le otorga al Banco de México autonomía constitucional para el ejercicio de sus funciones y en su administración, atribuyéndole como objetivo procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional.

Además, con dicha reforma, el Banco de México está obligado a remitir al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión información referente a la política monetaria ejecutada por éste en la economía nacional. Cabe mencionar que el Congreso de la Unión se encuentra facultado para citar al gobernador del Banco de México a que rinda un informe de su accionar.

En ese sentido, el Banco de México está obligado a transparentar su estructura orgánica; las facultades que posee cada unidad administrativa, junto con sus respectivos objetivos y metas, de acuerdo con lo señalado en sus programas operativos; el objetivo que persigue; las facultades conferidas de conformidad con su marco normativo; la remuneración mensual de su personal, la información sobre el ejercicio de su presupuesto corriente e inversión física; los resultados obtenidos de las auditorías practicadas del presupuesto ejercido y los informes trimestrales de política monetaria e inflación. Pero no está obligado a transparentar y publicar el proceso de toma de decisiones de su política monetaria implantada.

Lo anterior, de conformidad con lo prescrito en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Por eso es de suma importancia facultar a la Junta de Gobierno del Banco de México para que pueda analizar, discutir y aprobar la minuta de la sesión de la junta de gobierno, con la finalidad de que sólo con ese hecho el Banco de México avance en el tema de la transparencia, y con base en ello permita una rendición de cuentas sobre las medidas implantadas. Al mismo tiempo, reforzará la eficacia de la política monetaria, donde el público en general comprenderá las metas impuestas por esa autoridad monetaria y proporcionará el contexto que explicará las decisiones acordadas.

Además, con la transparencia el proceso de formulación de la política monetaria ofrecerá al sector privado una descripción clara de los motivos en que basaron las decisiones de dicha política, imprimiéndole una eficacia al mecanismo de transmisión de la política monetaria, debido a que la formación de expectativas que se formulan en el mercado se realizará con base en información clara y oportuna.

En ese tenor, la iniciativa que se presenta hoy se encamina a facultar a la Junta de Gobierno del Banco de México para que pueda analizar, discutir y aprobar la minuta de su sesión anterior, a fin de que dicho banco rinda cuentas sobre las medidas implantadas para cumplir su cometido, establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la ley reglamentaria.

Por lo expuesto, someto a su consideración esta iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Banco de México, publicada en la Gaceta Parlamentaria, y que por razones de tiempo ya he solicitado su inserción. Es cuanto, presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Banco de México, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida por la fracción II, del artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Banco de México, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A nivel internacional los bancos centrales ejercen funciones con el fin de preservar la estabilidad financiera y de los precios, a través de un marco jurídico prudente, que le otorga independencia legal (de jure) u operacional (de facto). Correlacionado a ello, la ciencia económica ha señalado que países con bancos centrales autónomos observan tasas de inflación bajas 1 .

Asimismo, se encontró que mayores grados de independencia de los bancos centrales contribuyeron en la caída de las tasas de inflación desde principios de los 90 2 . En contraparte, una mayor autonomía de los bancos centrales requiere la obligación de éstos para rendir cuentas de sus actos y políticas a través de una mayor transparencia y apertura comunicacional con los agentes económicos3, beneficiando a la formación de precios en los mercados financieros4.

En este sentido, el primero de abril de 1994 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las nuevas disposiciones jurídicas que le otorgó el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos al Banco de México; lo anterior, a fin de que el banco central obtuviera autonomía tanto en sus funciones como en su administración; el objetivo fundamental fue procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. El nuevo régimen aísla la designación y tiempo de mandato del gobernador del banco central durante los procesos políticos y electorales a los que está sujeto el sistema político mexicano. Al mismo tiempo, obliga al Banco de México ha enviarle al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión información sobre la política monetaria implementada por éste en la economía nacional, con el fin de cumplir con su mandato constitucional. Concretamente, el Congreso de la Unión puede citar al gobernador del Banco de México a que rinda un informe sobre las acciones públicas que éste ha implementado.

Ahora bien, con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Banco de México tiene la obligación de transparentar: su estructura orgánica, las facultades que posee cada unidad administrativa, junto con sus objetivos y metas, de conformidad con lo señalado en sus programas operativos, el objetivo que persigue, las facultades que tiene conferidas de acuerdo a su marco normativo, la remuneración mensual de su personal, información sobre el ejercicio de su presupuesto corriente e inversión física, los resultados obtenidos de las auditorías practicadas del presupuesto ejercido y los informes trimestrales de política monetaria e inflación. Desafortunadamente, no está obligado a transparentar y publicar el proceso de toma de decisiones de la política monetaria implementada para procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional.

Por tal motivo, la presente iniciativa busca facultar a la Junta de Gobierno del Banco de México para analizar, discutir y aprobar la minuta de la sesión de esta Junta de Gobierno, con la finalidad de que sólo con ese hecho el Banco de México avanzará en transparencia y, con base en ello, permitirá una rendición de cuentas sobre las medidas instrumentadas. Al mismo tiempo reforzará la eficacia de la política monetaria, donde el público, en general comprenderá las metas impuestas por esta autoridad monetaria y proporcionará el contexto que explicará sus decisiones. Además, con la transparencia del proceso de formulación de la política monetaria ofrecerá al sector privado una descripción clara de los motivos en que se basaron las decisiones de política monetaria, imprimiéndole una eficacia al mecanismo de transmisión de la política monetaria, debido a que la formación de expectativas que se formulan en el mercado se realizará con base a información clara y oportuna, lo que permitirá crear un mecanismo de refuerzo de su credibilidad si sus actos son consecuentes con sus declaraciones públicas5. Así las cosas, se considera que existen razones por las cuales el Banco de México debe ser transparente:

1. México es un país con un sistema democrático y las decisiones que tomen sus principales instituciones monetarias registran implicaciones directas sobre el bienestar de los ciudadanos.
2. La transparencia del Banco de México redundara en la eficiencia y credibilidad de la política monetaria ejecutada por esta autoridad, la cual enviará una señal positiva hacia los agentes económicos del país y, con base en ello, reforzará su propósito como instancia encargada para procurar la estabilidad de precios del país.
3. Además, permitirá una evaluación apropiada de la política monetaria, en donde los ciudadanos conocerán el análisis elaborado por la Junta de Gobierno para la toma de sus decisiones, y con ello evitará las especulaciones.

Por lo expuesto, someto a su consideración la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Banco de México.

Artículo único. Se reforma el artículo 47, fracción III; y se adiciona el artículo 46 con una fracción XXII, y el artículo 46 Bis, de la Ley del Banco de México para quedar como sigue:

Artículo 46. La Junta de Gobierno tendrá las facultades siguientes:

I a XXI. ...
XXII. Analizar, discutir y, en su caso, aprobar la minuta de la sesión anterior de la Junta de Gobierno, conforme al reglamento interior del banco.

Artículo 46 Bis. Las minutas que hayan sido aprobadas conforme la fracción XXII del artículo 46 de esta ley, deberán estar disponibles en la página electrónica del Banco de México, así como en cualquier otro medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico.

Las minutas se harán públicas dentro de los 5 días hábiles siguientes a su aprobación.

La Junta de Gobierno se encuentra facultada para clasificar la información reservada, en cuyos casos no estará obligada a publicarla.

Artículo 47. Corresponderá al gobernador del Banco de México:

I y II. ...
III. Someter a consideración y, en su caso, aprobación de la Junta de Gobierno las exposiciones e informes del banco señalados en la fracción IX del artículo 46, así como los documentos a que se refieren las fracciones X, XI, XII, XVI, XVII y XXII del referido artículo 46;
IV a XII. ...
Transitorios

Primero. El decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Segundo. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: 1. Blinder, 1998. 2. Jácome y Vázquez, 2005. 3. Marcelo Ochoa y Klaus Schmidt-Hebbel, 2006. 4. Malcolm D. Knight, 2005. 5. Fondo Monetario Internacional. Informe anual 2000. Por una economía mundial para todos. Información Consultada 1. De Gregorio, José. Transparencia y comunicaciones en la banca central moderna. 2. Knight, Malcom D. Independencia del banco central ¿qué papel ha desempeñado para delinear la economía de México? 4. Silva, Ludovico. La independencia del banco central
Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2009.--- Diputado Obdulio Ávila Mayo (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Muchas gracias, diputado Obdulio Ávila Mayo. Instruyo a la Secretaría que se inserte íntegra en el Diario de los Debates y seturne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.



LEY DE AGUAS NACIONALES

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , diputada federal a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Aguas Nacionales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El mundo padece una sequía global que no se debe a la falta de lluvias ni al menor caudal anual de los ríos, ni a la ausencia de acuíferos. Si bien el agua existe, no está donde se le necesita; y cuando se le encuentra, su calidad degradada la hace inutilizable.

Esta sequía no se debe específicamente a los cambios climáticos. El ciclo del agua se ha mantenido imperturbable desde los tiempos en los que la Tierra sufrió los cambios geológicos más importantes. La sequía tiene es debida al comportamiento de los seres humanos a lo largo de su historia, y a la falta de previsión y planeación de su crecimiento urbano y poblacional.

La demanda de agua, cada vez más creciente, no sólo en México sino en los distintos puntos del planeta, se debe principalmente a fenómenos como el crecimiento demográfico y el desarrollo económico acelerado de las sociedades, lo cual trae como consecuencia que la demanda de este servicio no pueda ser satisfecha por modelos de manejo del agua y de los residuos gestados en el siglo XIX.

El informe de la Organización de las Naciones Unidas El agua, una responsabilidad compartida , presentado en México en 2006 durante el Foro Mundial del Agua, revela que uno de cada cinco habitantes del planeta no tiene pleno acceso al agua. Además, cuatro de cada 10 no disponen de sistemas básicos de saneamiento. Dicho informe también establece que los sistemas de gobierno y administración en que participan Estados, sectores privados y entidades no gubernamentales, son los que determinan quién obtiene una determinada clase de agua, cuándo y de qué manera, y deciden quién puede ejercer el derecho al agua y servicios conexos. La corrupción es uno de los motores centrales de la mala distribución del recurso; es propia de todos los sistemas políticos y está presente en todos los países; por su causa se pierden mil 300 millones de dólares cada año.

Ejemplo de estas prácticas lo podemos ver en Pakistán, donde los agricultores ricos sobornan a funcionarios para acaparar el agua, de forma que los pobres se quedan sin ella. En India, diversas autoridades reciben dinero para falsear información sobre el consumo del recurso y así cobrar más o menos, según el caso. Por esa causa, más de 2 mil 600 millones de personas aún carecen del saneamiento adecuado del vital líquido. Más de la mitad de estas personas viven en China e India.

En la actualidad, poco más de la tercera parte de la población de Asia meridional tiene acceso al saneamiento. En África subsahariana, la cobertura es apenas de 36 por ciento. Si bien aún existe agua suficiente para toda la población del planeta, su distribución se dificulta por los desequilibrios entre las cantidades disponibles y el número de pobladores.

En México las cifras son sumamente reveladoras: la precipitación pluvial anual en todo el país es de mil 519 kilómetros cúbicos, de los cuales se evapora el 70 por ciento, y 412 kilómetros cúbicos se escurren a los ríos y arroyos; el resto se infiltra y recarga los mantos freáticos. El volumen anual promedio de utilización del agua es de 187 kilómetros cúbicos, de los cuales casi la mitad se obtiene de las aguas superficiales y el resto de las subterráneas, de los que resulta un déficit de 43 kilómetros cúbicos, que ya no se compensa con otras fuentes de abastecimiento.

El suministro del agua destinada a consumo de la población y a la actividad económica del país se distribuye con relación inversa a la disponibilidad del agua, ya que menos del 30 por ciento del escurrimiento superficial ocurre en las zonas donde se concentra la mayoría de la población, las industrias y las áreas de riego. Mientras que las cuencas superavitarias, ubicadas en el sureste, tienen casi toda su agua contaminada, en virtud de que la actividad industrial se relaciona especialmente con el petróleo. El 80 por ciento del agua no se cobra, ya que se destina al uso agrícola, mientras que el 12 por ciento, cuyo uso es doméstico y público urbano, genera recursos insuficientes para su modernización y mantenimiento.

En este orden de ideas, los problemas de escasez de agua y del medio ambiente hídrico de nuestra sociedad sólo pueden ser abordados mediante una forma diferente de gestionar el agua y los residuos en el marco de una nueva cultura del agua. Para lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, se requiere el desarrollo de actividades como la conservación de las fuentes de agua, mejorar la eficiencia en su uso, así como buscar el equilibrio con la producción y el nivel de vida de los usuarios. Lo anterior, requiere programas de educación para los usuarios y de asistencia técnica para los productores.

A través de los años, en México se ha dotado de infraestructura hidráulica a aquellas localidades en donde existen acuíferos suficientes, capaces de soportar extracciones con fines agrícolas. Para muchas de esas comunidades el apoyo se restringió a la instalación de la infraestructura, razón por la cual no se aprovechan integralmente sus proyectos, por la baja organización social y productiva de los beneficiarios.

En este orden de ideas, las formas de organización y participación ciudadana exigen mayores espacios y apoyos diferenciados por las circunstancias especiales de cada grupo de población. Tal es el caso de los grupos de mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores, que hoy se organizan en proyectos productivos con la finalidad de incorporarse a la población económicamente activa y que demandan asistencia gubernamental en diversas áreas.

La iniciativa que se propone ante esta honorable asamblea, consiste en sugerir reformas y adiciones a la Ley de Aguas Nacionales, por lo que se adiciona un nuevo texto en la fracción XXX del artículo 9, a efecto de dotar a la Comisión Nacional del Agua de facultades para celebrar convenios de colaboración con los gobiernos estatales, a efecto de otorgar capacitación y adiestramiento para el mejoramiento de sistemas de riego y el correcto aprovechamiento del agua, dirigidos a mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren organizadas en proyectos productivos.

Se adiciona un nuevo texto en la fracción XX del artículo 12 Bis 6, con la finalidad de que los organismos de cuenca promuevan, ante el concurso de los consejos de cuenca, programas de capacitación y adiestramiento para el mejoramiento de sistemas de riego y el correcto aprovechamiento del agua, dirigidos a mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren organizadas en proyectos productivos.

Asimismo, se reforma la fracción V del artículo 13 Bis 2, a efecto de que la designación de los vocales propietarios y suplentes, integrantes de la sociedad, que participen en los consejos de cuenca, sean designados atendiendo al principio de paridad de género. Esta reforma también se plantea en el párrafo segundo del artículo 14 Bis, para los mismos fines.

Asimismo, se adiciona un nuevo texto en el inciso b) de la fracción III del artículo 14 Bis, a efecto de que la Comisión Nacional del Agua, a través de los organismos de cuenca y con apoyo en los consejos de cuenca, promueva la capacitación y adiestramiento para el mejoramiento de sistemas de riego y el correcto aprovechamiento del agua en proyectos productivos, dirigidos a mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales

Único. Se reforman la fracción V del artículo 13 Bis 2, y el párrafo segundo del artículo 14 Bis, y se adiciona un nuevo texto en la fracción XXX del artículo 9, recorriéndose el texto vigente de la actual y de las demás fracciones en el orden subsiguiente; se adiciona un nuevo texto en la fracción XX del artículo 12 Bis 6, recorriéndose el texto vigente de la actual y de las demás fracciones en el orden subsiguiente; se adiciona un nuevo texto en el inciso b) de la fracción III del artículo 14 Bis, recorriéndose el texto vigente del actual y los demás incisos en el orden subsiguiente, todos de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 9. ...

...
...
a. y b. ...
...
...
I. a XXIX. ...
XXX. Celebrar convenios de colaboración con los gobiernos estatales, a efecto de otorgar capacitación y adiestramiento para el mejoramiento de sistemas de riego y el correcto aprovechamiento del agua, dirigidos a mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren organizadas en proyectos productivos.
XXXI. a LV. ...

Artículo 12 Bis 6. ...

I. a XIX. ...
XX. Promover ante el concurso de los consejos de cuenca la capacitación y adiestramiento para el mejoramiento de sistemas de riego y el correcto aprovechamiento del agua, dirigidos a mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren organizadas en proyectos productivos.
XXI. a XXXIV. ...

Artículo 13 Bis 2. ...

I. a IV. ...
V. Las organizaciones de la sociedad, incluyendo organizaciones ciudadanas o no gubernamentales, colegios y asociaciones de profesionales, empresarios y otros grupos organizados vinculados con la explotación, uso, aprovechamiento o conservación, preservación y restauración de las aguas de la cuenca hidrológica y de los acuíferos subyacentes, también participarán en las actividades de los consejos de cuenca en el número de vocales, tanto propietarios como suplentes respectivos, que respete lo dispuesto en el artículo 13 Bis de esta ley y en la calidad que se determine en las reglas generales de integración, organización y funcionamiento del propio consejo de cuenca. La designación de los vocales propietarios y suplentes, deberá atender al principio de paridad de género.
VI. a VII. ...

Artículo 14 Bis. ...

Se brindarán apoyos para que las organizaciones ciudadanas o no gubernamentales con objetivos, intereses o actividades específicas en materia de recursos hídricos y su gestión integrada, participen en el seno de los consejos de cuenca, así como en comisiones y comités de cuenca y comités técnicos de aguas subterráneas. Igualmente se facilitará la participación de colegios de profesionales, grupos académicos especializados y otras organizaciones de la sociedad cuya participación enriquezca la planificación hídrica y la gestión de los recursos hídricos. Esta participación se dará tomando en cuenta el principio de paridad de género.

...

I. a III. ...
a. ...
b. Promoverá la capacitación y adiestramiento para el mejoramiento de sistemas de riego y el correcto aprovechamiento del agua en proyectos productivos dirigidos a mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores.
c. a d. ...
IV. a V. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 180 días posteriores al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Poder Ejecutivo contará con un plazo de 180 posteriores al de publicación del presente decreto, para realizar las correspondientes reformas al reglamento.

Tercero. Remítase a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2009.--- Diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.



LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 10 y 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Iniciativa que reforma los artículos 10 y 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, ciudadana diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente iniciativa que adiciona la fracción VII, dos nuevas fracciones XXI y XXII al artículo 10 y la fracción III al artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El modo de enfocar la política pública en México en materia de desarrollo social, ha sido a través de una focalización por grupo poblacional en situación de vulnerabilidad y a partir de ese criterio, diseñar programas de corte asistencial.

La forma de hacer referencia a los distintos sectores de personas adultas mayores se ha ajustado a un lenguaje desprovisto de rasgos discriminatorios y vulnerabilizantes a priori (viejos, ancianos, senectos), pero debemos de adecuarnos a ciertos estándares de inclusión digna.

El estilo recurrente de volverlos botín electorero, igual que ocurre con otros sectores como los jóvenes y las mujeres, por medio de despensas y promesas para mejorar su calidad de vida, resulta por demás conocido.

Por ello, es latente la tendencia a visualizarlos como aquellos y aquellas a quienes se les hace un favor considerándolos para cuestiones específicas, porque en razón de su edad ya están dentro de la franja de los poco útiles para el sistema, para el Estado.

Los programas que por otra parte se han implantado, más en lo local en algunas de las entidades federativas, dirigidos a la convivencia y recreación de las personas pertenecientes a este sector poblacional, más allá de las críticas que les califican como populistas; si les han permitido a las adultas y a los adultos mayores, mantenerse en activo.

El valor de esta óptica cuyo impacto se centra en la autoestima de las personas, se entiende mejor cuando se les observa realizando actividades laborales voluntarias; percibir este esquema como de sobreexplotación y por lo tanto retirables de la productividad, también guarda un sesgo de intereses.

Los apoyos económicos circunscritos a un rango de edad determinado, no son tampoco suficientes, ciertamente, de lo contrario no tendría sentido la existencia de los adultos mayores contratados como empaquetadores de mercancías en trabajos eventuales en los supermercados del país, entre otros.

Ambos casos entran en el rubro conceptual de las denominadas acciones positivas o acciones afirmativas, entendidas como medidas temporales puestas en marcha para mantener equilibrios mínimos en los contextos de inequidad social cotidiana.

Trascendiendo la visión parca de calificarlos como buenos o malos, los apoyos económicos, es necesario entender que funcionan más como mecanismos gubernamentales que esperan arribar a una percepción con posibilidades de desa-rrollo y no sólo de pervivencia de las personas que más años le han entregado al crecimiento del país y bajo condiciones no siempre dignas.

Una manera diferente de diseñar programas institucionales con el sólo enfoque proteccionista y que consecuentemente coloca más en circunstancias de discriminación por grupos de edad, es precisamente lo que se pone en la mesa de análisis, lo que se ha hecho.

No se trata únicamente de reducirlos y reducirlas al trabajo intradoméstico y de soporte de las familias que les derivan; se trata de variar los criterios utilitaristas que la economía impone, de descosificarlos socialmente.

En el ``cómo vemos a nuestros adultos mayores'' se localiza buena parte del asunto transformable, una revaloración integral implica asegurar espacios y condiciones no desde la visión de la caridad o la filantropía, ya que por algo son programas públicos.

El espíritu que dio origen a los institutos de gobierno que tienen el objeto de atender a la población adulta mayor ha ignorado dicha modificación de criterios.

Durante más de dos décadas, el Instituto Nacional de la Senectud, creado por el decreto presidencial del 22 de agosto de 1979, se dedicó a proteger y atender a las personas de 60 años y más. Esencialmente su actividad se enfocó al aspecto médico-asistencial. Sin embargo, las necesidades fueron cada vez mayores por lo que el 17 de enero de 2002, también por decreto presidencial, pasó a formar parte del sector que encabeza la Secretaría de Desarrollo Social, modificando su nombre por Instituto Nacional de Adultos en Plenitud.

El 25 de junio de 2002 se publicó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, creándose por ella el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), teniendo como objetivos la asistencia médica, la asesoría jurídica y las opciones de ocupación.

La realidad es que las estadísticas de mortalidad de las personas en general han variado, las expectativas de vida han ascendido y ello debe contemplar un tratamiento no convencional. Las áreas de servicios de salud y de vivienda prácticamente son vistas de manera superficial, esa es la realidad de quienes viven este periodo de su historia de vida.

Los datos duros muestran a este órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social (el Inapam), que para cifras del Consejo Nacional de Población, para el año 2050 habrá 36 millones de adultos mayores de 70 años en el país, es decir, se trata de la denominada ``revolución demográfica'' que obligará a repensar las políticas públicas que actualmente atienden a casi 9 millones de personas adultas mayores.

Los llamados de atención, realizados desde 2002, por el Instituto Nacional de Salud Pública, cuando tuvo lugar el evento de carácter de sensibilización ``Foro Nacional Envejeciendo en la Pobreza'', denunció el olvido hacia este sector, cuyo acceso a los servicios elementales se limitaba más en el área rural.

Los esquemas de seguridad por lo tanto constituyen solamente una parte del problema. De acuerdo al diagnóstico elaborado por el Banco Mundial, la estructura de la protección social en México está seriamente fragmentada y con problemas de desigualdad e ineficiencia, en particular para el sector informal; el punto de fondo es una demanda básica de derechos humanos, es de nuevo el no marcar diferenciaciones en demérito de estos grupos de personas.

Esta no mención de la situación de la población adulta mayor de nuestro país, debe ser visibilizada desde los propios informes que el gobierno mexicano presenta a la comunidad internacional en el marco de los compromisos suscritos sobre derechos humanos.

Ahí es donde radica la relevancia de sentar bases para percibir con más respeto y reconocimiento a las personas adultas mayores en la política pública, sin dejos de lástima que terminan convirtiendo en sectores vulnerados por las propias instituciones.

Un dato específico del departamento de asesoría jurídica del Inapam, reveló que en lo que va del año, ha atendido a casi 5 mil personas, de las cuales 500 denunciaron maltrato.

Por ello, esta iniciativa propone adicionar, en la fracción VII del artículo 10, como objetivo de la política nacional sobre personas adultas mayores, que se impida cualquier forma de maltrato físico o psicológico por motivo de edad, género, estado físico o condición social.

Asimismo, en el mismo artículo, adiciona dos nuevas fracciones, la XXI y XVII, para incorporar en coordinación con las Secretarías del ramo, programas de recontratación a personas adultas mayores, retiradas involuntariamente de sus empleos; así como programas de respeto a los derechos humanos de las personas adultas mayores.

Finalmente, se adiciona, en la fracción III del artículo 17, la obligación de la Secretaría de Educación Pública de garantizar a las personas adultas mayores, la incorporación en los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos, la difusión del respeto de los derechos humanos de las personas adultas mayores.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona la fracción VII, dos nuevas fracciones XXI y XXII al artículo 10 y la fracción III al artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Artículo Único. Se adiciona la fracción VII, dos nuevas fracciones XXI y XXII al artículo 10 y la fracción III al artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 10. ...

I. a VI. ...
VII. Fomentar en la familia, el Estado y la sociedad, una cultura de aprecio a la vejez para lograr un trato digno, favorecer su revalorización y su plena integración social, así como procurar una mayor sensibilidad, conciencia social, respeto, solidaridad y convivencia entre las generaciones con el fin de evitar toda forma de discriminación, de maltrato físico o psicológico y olvido por motivo de su edad, género, estado físico o condición social;
VIII. a XX. ...
XXI. Implantar, en coordinación con la secretaría del ramo, programas de recontratación a personas adultas mayores, retiradas involuntariamente de sus empleos.
XXII. Incorporar, en coordinación con la secretaría del ramo, programas de respeto a los derechos humanos de las personas adultas mayores.

Artículo 17. ...

I. y II. ...
III. En los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos, la incorporación de contenidos sobre el proceso de envejecimiento, así como sobre el respeto a los derechos humanos de las personas adultas mayores;
IV. a VIII. ...

Transitorios

Artículo Primero. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se establece un plazo de 180 días naturales para realizar las modificaciones reglamentarias, administrativas, técnicas y presupuestales a que haya lugar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2009.--- Diputada Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.



LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA - LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5o. de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Iniciativa que reforma los artículos 5o. de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 55, fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI, presento a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XI del artículo 5 Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y una fracción IX al articulo 176 a la Ley del Impuesto sobre la Renta, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

En México, como lo establece el artículo 2o de la Ley General de Educación ``Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables''. También establece que ``La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social''. En el proceso educativo deberá asegurarse la participación activa del educando, estimulando su iniciativa y su sentido de responsabilidad social, para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7o. de la citada ley.

Si bien el artículo 3o. de la Ley General de Educación establece que el Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado no ha podido ofrecer a toda la población, educación gratuita, entre otras razones por su incapacidad de aumentar la matrícula, existiendo, la necesidad de que las Instituciones de Educación Privadas lleven a cabo la necesaria complementación, a efecto de que los diversos niveles de escolaridad existentes en el país puedan ser cursados por más mexicanos, incluso las licenciaturas, especialidades y posgrados, que la actividad económica, social, cultural y política, requiere cada día con una mayor nivel de preparación.

En este marco las instituciones de educación privadas han cumplido con lo establecido en el artículo 7o. de la multicitada Ley General de Educación, como son los fines establecidos en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; entre otros, los siguientes: Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plenamente sus capacidades humanas; favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos; fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país; fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas; impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de aquellos que constituyen el patrimonio cultural de la nación; así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad.

En México existen 239,150 escuelas con una matrícula de 31,969,559 estudiantes en todos los niveles, de éstas 33,767 son escuelas particulares y su matrícula es de 3,908,778 lo que equivale a un 12.23% del total.

Las escuelas privadas están obligadas a otorgar becas por el equivalente a 5% del monto obtenido por colegiaturas durante el año escolar. Dentro de este porcentaje no deberán considerarse las becas que la institución conceda a los hijos o familiares de su personal con el carácter de prestación laboral.

Las becas escolares consisten en la exención del pago total o parcial de las colegiaturas mensuales.

La exención parcial deberá ser equivalente, cuando menos, al 25% del total de dichas cuotas.

A partir de ciclo escolar 2008-2009 los colegios particulares del país incrementaron hasta un 10 por ciento sus colegiaturas debido a la aplicación del impuesto empresarial a tasa única (IETU) y al aumento inflacionario anual, lo cual pone en riesgo de cierre al menos 200 planteles de niveles preescolar y básico, según la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP) y la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF); ambas instancias anticiparon que el gravamen provocará deserciones, cierre de planteles, afectación a la economía familiar y pérdida de fuentes de empleo.

Según la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, sin contar el IETU las escuelas privadas actualmente paga tres ``impuestos legales'': 5 por ciento obligatorio del total de sus ingresos en becas, impuesto al valor agregado en sus gastos de operación e impuesto sobre la renta cuando tiene remanente o reparte utilidades.

Las escuelas particulares se quejan de ser objeto de un impuesto que las obliga a otorgar becas que constituyen una erogación adicional especial, no considerada por la nueva disposición del IETU para su deducibilidad.

Al mismo tiempo, al ayudar a las escuelas particulares a cubrir la demanda escolar, se impulsa la deducibilidad de las colegiaturas que pagan las familias mexicanas. Esta deducibilidad debe ser compensatoria a la falta de oferta educativa pública y que el Estado Mexicano tiene la obligación de otorgar a sus ciudadanos. Al compensar este gasto, permitirá a su vez, que el salario castigado de los mexicanos obtengan una recuperación por la aplicación de este en una de las mas sensibles acciones que toda sociedad requiere: la educación.

Esta deducibilidad, además, permite revisar los procedimientos de declaraciones fiscales debido a la alta complejidad que estos representan y han ahuyentado la ampliación del padrón de contribuyentes.

Por lo anterior expuesto, presento a esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, para quedar como sigue:

Artículo Primero. se adiciona una fracción XI del artículo 5 Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, para quedar como sigue:

Artículo 5. Los contribuyentes sólo podrán efectuar las deducciones siguientes:

I. a X. ...
XI. Los montos que corresponden a las becas que por ley son otorgadas por las escuelas particulares. Éstas deberán presentar el listado de las becas asignadas al inicio del año escolar, del año en curso fiscal del que se pretenda deducir.

Artículo Segundo. Se adiciona una nueva fracción IX al artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 176. ...

Fracción I a VIII) ...
IX. Los pagos de colegiaturas que por concepto de educación o capacitación sean efectuados por el contribuyente para sí, para su conyugue o para la persona con quien viva en concubinato y para sus hijos.
...

Transitorios

Único. Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Siendo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2009.--- Diputado Jericó Abramo Masso (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.



REFORMA LABORAL

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : La Presidencia recibió del diputado Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, solicitud de excitativa a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Excitativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a solicitud del diputado Cruz Pérez Cuéllar , del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, Cruz Pérez Cuéllar , en su carácter de diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se permite presentar excitativa a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública de la Cámara de Diputados, en virtud de lo siguiente:

Desde principios de la legislatura, diversos diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional han presentado diversas iniciativas de ley, que en su conjunto pretenden y representan una verdadera reforma laboral, por la que tanto claman los obreros, los empresarios y grupos sindicales del país.

Dentro de las propuestas destacan los siguientes puntos:

• El que las juntas de conciliación y arbitraje deban depender del Poder Judicial
• Se proponen mejoras a las instalaciones de la Junta Local y Federal
• Se dan las bases para la contratación para la capacitación inicial
• Se toma en cuenta el pago vía los depósitos en cuentas bancarias
• Se consideran los aspectos fiscales para el control del empresariado por medio de las firmas electrónicas
• Se solicita que las instituciones bancarias no carguen comisión por manejo de cuenta, en las cuentas de los trabajadores
• Se trata de eliminar la duplicidad de de funciones entre diversas instituciones como el IMSS, Ssa y STPS.
• Se tutela a la maternidad con el fin de que las madres deban recibir sus 84 días de incapacidad por este rubro.
• Se establece una ponderación por años trabajados para seguir recibiendo el servicio del IMSS.
• En el caso de las indemnizaciones se pide que se eliminen los impuestos por ingresos producto del despido.
• Para los salarios caídos se analiza si el trabajador vuelve a trabajar, en cualquier otra empresa, se insta a que se suspenda ésta situación, además de que exista un límite para el pago de los salarios caídos. De esta manera se fuerza al gobierno al pago de excedentes de salarios caídos.
• Se establece una prima por antigüedad y el manejo de sistemas electrónicos que regulen la asistencia y los horarios de trabajo.

Adicionalmente, a lo que dichas iniciativas pretenden me permito incluir a la excitativa el que el dictamen a desarrollar pueda en el área de los considerandos y en su momento de las reformas, adiciones y derogaciones contempladas poder tomar en cuenta lo siguiente:

• Reducir las cargas administrativas para las Mipyme.
• En el caso de grupos vulnerables, eliminar el mínimo de semanas cotizadas para gozar de la incapacidad por maternidad.
• Considerar la jornada laboral en un concepto más amplio.
• Para las mujeres embarazadas que trabajan en turno nocturno puedan, en caso de que no deseen cambiar de turno, permanecer en su turno actual.
• Considerar el pago por hora en lugar de día laborado.
• Estudiar la propuesta de incluir media hora de alimentos como parte de la misma jornada laboral y no como adicional a éste.

Considerando que a casi dos años y medio de haber llegado a la Cámara de Diputados las iniciativas y del enorme beneficio que representa para los que actualmente están trabajando, prestando sus servicios o bien emprendiendo un negocio, se hace necesario que se asuma la responsabilidad conferida a nuestra investidura por la ciudadanía y por ello coadyuvar en el esfuerzo de emitir como leyes o minutas las referidas iniciativas.

Por lo expuesto y fundado, y por coincidir plenamente con los razonamientos y propuestas planteadas, me permito solicitar a usted, señor presidente, tenga a bien hacer la excitativa solicitada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para que esté en posibilidad de emitir el dictamen y opinión correspondientes con la mayor brevedad y dentro de este segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año legislativo.

Dado en el Palacio Legislativo, a 24 de marzo de 2009.--- Diputado Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Remítase la excitativa a las comisiones mencionadas.



CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : La Presidencia recibió del diputado José Nicolás Morales Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN, solicitud de excitativa al Senado de la República.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Excitativa al Senado de la República, a solicitud del diputado José Nicolás Morales Ramos , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente solicita que la Cámara de Diputados excite a la Comisión de Gobernación del Senado de la República para que dictamine la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), en materia del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Con fecha 20 de agosto de 2008, en la sesión de la Comisión Permanente, la diputada Liliana Carbajal Méndez presentó, en nombre del suscrito, del diputado Rogelio Carbajal Tejada , y de los senadores Gustavo Enrique Madero Muñoz , Humberto Andrade Quezada , Luis Alberto Villareal García, José Alejandro Zapata Perogordo , Felipe González González , Guillermo Anaya Llamas y Humberto Aguilar Coronado, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), en materia del voto de los mexicanos residentes en el extranjero.

Dicha iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, para su estudio, análisis y dictaminación, a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, modificando después el turno a la Comisión de Gobernación del Senado de la República.

Con base en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Gobernación del Senado debió emitir el dictamen correspondiente de la citada iniciativa en un tiempo no mayor a cinco días posteriores a la fecha en que fue recibida. Sin embargo, han transcurrido ya 211 días desde que se turnó la Iniciativa, y la Comisión que tiene la obligación de emitir el dictamen correspondiente no lo ha hecho.

Consideraciones

A partir de una reforma al Cofipe, los mexicanos pudieron votar por primera vez desde el exterior en las elecciones federales de julio del 2006. Ello representó un avance y una conquista a favor del ejercicio de los derechos político-electorales de nuestros migrantes y connacionales que residen en el extranjero.

No obstante, debido a un diseño de origen con severas limitaciones, un modelo que no contó con los elementos necesarios para alentar y provocar la participación, y debido también a que la reforma al Cofipe antes mencionada fue aprobada y entró en vigor a un tiempo muy escaso de anticipación a la elección, resultó que menos del 1 por ciento de los mexicanos que tenían credencial para votar y que residían fuera del territorio nacional se registró para hacerlo; de más de 4 millones de connacionales con credencial de elector, únicamente se emitieron 32,632 votos que fueron turnados a escrutinio y cómputo, de acuerdo al Informe Final del Instituto Federal Electoral (IFE).

De esta manera, el costo total por cada voto emitido fue sumamente alto, generando la impresión de que ``cuesta mucho el voto en el exterior'', lo que dista mucho de la verdad. En realidad, fue la cantidad excesivamente baja de votos la que dio la impresión de un alto costo, ya que el presupuesto invertido en dicha experiencia cayó en rangos completamente aceptables.

Por lo tanto, es absolutamente necesario emprender una reforma a fondo al voto extraterritorial que permita incentivar el ejercicio democrático de los mexicanos en el exterior, razón por la cual fue presentada la Iniciativa en comento, misma que plantea mecanismos y soluciones en la materia tales como: facultar al IFE para que pueda realizar campañas y programas de credencialización en el extranjero; introducir la modalidad del voto electrónico mediante las llamadas ``urnas electrónicas'', combinándola con la modalidad actual del voto postal; simplificar la totalidad del proceso del voto extraterritorial, desde el registro del elector hasta la emisión del sufragio, así como el conteo de votos; permitir la gratuidad para el elector; promover la creación y mantenimiento de una política pública permanente del voto en el exterior; ampliar todos los plazos para enviar las solicitudes de registro para la inscripción en los listados nominales de electores residentes en el extranjero; propiciar la reducción del costo (promedio) de cada voto emitido; entre otras medidas valiosas propuestas en la iniciativa.

El motivo por el que es necesario que la Iniciativa sea dictaminada a la mayor brevedad posible es muy claro: cualquier reforma en el tema, para que surta los efectos deseables, y para que pueda producir una mejora sustancial para el próximo proceso del voto en el exterior --que serían las elecciones presidenciales del año 2012--, debe efectuarse y consumarse desde ahora, para que los cambios en la legislación puedan irse introduciendo, planeando e implementando de manera gradual, al mismo tiempo que se dé el tiempo suficiente a la autoridad electoral, los partidos políticos, y los mexicanos residentes en el extranjero, para adaptarse y asimilar los cambios que deban realizarse.

Por lo anterior, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que dé trámite a la siguiente

Excitativa

Único. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Gobernación del Senado de la República para que dictamine la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia del voto de los mexicanos residentes en el extranjero.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2009.--- Diputado José Nicolás Morales Ramos (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Remítase al Senado de la República.



LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : La Presidencia recibió de integrantes de la Comisión Especial de seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros, solicitud de excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de integrantes de la Comisión Especial de seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros

Los suscritos, integrantes de la Comisión Especial de seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitan se excite a la Comisión de Hacienda y Crédito Publico para que presente el dictamen de la iniciativa que adiciona el inciso III del artículo 5o. de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social, presentada por el diputado Alejandro Sánchez Camacho y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la honorable Cámara de Diputados el 9 de diciembre de 2008.

Consideraciones

En coincidencia con la exposición de motivos de la iniciativa, la comisión especial señala lo siguiente:

Que el convenio establecido entre los gobiernos de México y de Estados Unidos de América que posibilitó que aproximadamente 4 millones de mexicanos se trasladaran a diferentes campos agrícolas y ferroviarios fue muy importante para la economía y sociedad estadounidense la participación y el trabajo de los braceros mexicanos.

En el convenio se establecía un descuento a los trabajadores mexicanos, reteniéndoles 10 por ciento de sus salarios, esos fondos se transfirieron al entonces Banco de Crédito Agrícola; sin embargo, dichos recursos económicos no fueron reintegrados a los trabajadores mexicanos al regreso al país.

En diferentes ocasiones, el gobierno federal ignoró su responsabilidad de informar el destino y aplicación del fondo económico y varias dependencias involucradas negaron reiteradamente información y documentación acerca de la cantidad que integró ese fondo; sin embargo, por la lucha de los ex braceros se logro aprobar en la Cámara de Diputados la Ley que crea el Fideicomiso que Administrara el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, y mediante este instrumento legal, resolver en parte la deuda con esos mexicanos.

Para la mejor aplicación y operación de la ley mencionada, el comité técnico del Fideicomiso emitió las reglas de operación, posteriormente se recibieron documentos a miles de ex braceros, a fin de que probaran con los documentos que exige la ley su calidad como trabajadores migratorios, entre 1942 y 1964, y ser sujetos del apoyo social.

Desde la publicación de las reglas de operación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2005, se estableció en el numeral 5 la cantidad de 38 mil pesos para cada beneficiado, sin que este ordenamiento considerara el nivel de inflación que cada año prevé el Presupuesto de la Federación o los salarios mínimos para adecuarlos a la situación económica que se presenta.

En el periodo de vida del programa se han beneficiado en tres años (del 15 de diciembre de 2005 hasta el 29 de diciembre de 2008) a 38 mil 142 ex braceros; sin embargo, dadas las condiciones inflacionarias que tiene la economía mexicana, no se tiene el mismo impacto en su aplicación para quienes lo recibieron primero como para los que están recibiendo su apoyo en estos momentos.

No se ha considerado por parte del comité técnico del fideicomiso un aumento porcentual referente al nivel de inflación, por lo que la cantidad de 38 mil pesos en la práctica ha perdido poder adquisitivo con el paso de los años, por lo que se justifica plenamente una modificación a la ley vigente, a fin de apoyar a los beneficiados, estableciendo que el comité técnico del fideicomiso considere actualizar el monto destinado a los ex braceros, conforme al ejercicio fiscal de su ejecución.

Considerando que no se tiene una fecha fija para otorgar el apoyo social, así como un presupuesto fijo para el pago en pocos años, además la pérdida de poder adquisitivo que tiene dicho apoyo, dados los efectos de la inflación que con la crisis se agrava más.

La inflación registrada por el Banco de México de diciembre de 2005 a diciembre de 2008 en promedio fue de 4.56 por ciento, y en el pasado febrero del presente año fue de 6.20 por ciento.

De acuerdo con un estudios realizados por el Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS), 20 por ciento de los ancianos derechohabientes en el país no tiene ninguna forma de ingreso, ya sea personal o por ayuda de familiares. Además 80 por ciento tiene algún padecimiento crónico. La hipertensión, la diabetes, la artritis y la depresión son los problemas de salud más frecuentes, por lo que la edad y las enfermedades mantienen a este sector en el abandono y en la pobreza.

La proporción de personas mayores de 65 años es la mayor a nivel nacional, por lo que el alto costo de la atención médica que requiere este grupo de población, que habitualmente tiene al menos una enfermedad crónica, hace que busquen en este beneficio social una alternativa a quienes serán apoyados para mejorar eventualmente su nivel de vida.

Los ancianos que fueron ex braceros pertenecen a un grupo muy vulnerable: son personas de escasos recursos y muchos presentan alguna discapacidad; dependen más de los servicios de salud, los cuales son escasos y comúnmente se les prescriben medicamentos de alto costo. Esto, aunado a que la canasta básica de alimentos que consume la totalidad de las personas ha sufrido incrementos en sus precios, da la pauta para tomar medidas que posibiliten su contención

Es por esto que es necesario actualizar el monto que reciben los ex braceros y sus beneficiarios, a fin de tener un respaldo que les permita hacer frente a la difícil situación económica que padecemos.

Por lo anterior, la comisión especial considera tener mayor sensibilidad y discutir la iniciativa mencionada lo antes posible, a fin de ser revisada y dictaminada a favor de los ex braceros.

Por lo expuesto, y considerando que las premisas contenidas en la iniciativa mantienen su plena vigencia ante la dura crisis que padecemos, nos permitimos a someter a consideración de esta soberanía la siguiente

Excitativa

Único. Se excita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que presente dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 5o. de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, presentada por el diputado Alejandro Sánchez Camacho y publicada en la Gaceta Parlamentaria el 9 de diciembre de 2008.

Palacio Legislativo, a 31 de marzo de 2009.--- La Comisión Especial de seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros, diputados: Isidro Pedraza Chávez , presidente; Ángel Humberto García Reyes , Rogelio Muñoz Serna , secretarios; Armando Jesús Félix Holguín , José Jacques Medina, Ivette Jacqueline Ramírez Corral , José Luis Varela Lagunas , María Dolores González Sánchez , Pablo Leopoldo Arreola Ortega , María Mercedes Colín Guadarrama , Antonio Valladolid Rodríguez , Elia Hernández Núñez , Susana Monreal Ávila , Juan Hugo de la Rosa García (rúbricas).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la comisión mencionada para que emita el dictamen correspondiente. Continúe la Secretaría.



ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Jueves 2 de abril de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Protestas de ciudadanos diputados.

Los asuntos no abordados en esta sesión y los demás con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : No quisiera levantar esta sesión sin agradecer la presencia de la Asociación de Redactores y Reporteros Prensa Chiapas, México-Centroamérica, y de la escuela primaria estatal Miguel Hidalgo de Vista Hermosa, que desde Guerrero hoy nos visitan.



CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón (a las 15:20 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana, jueves 2 de abril, a las 11:00 horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9: 30 horas.

--------------- O ---------------



RESUMEN DE TRABAJOS



DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

ASISTENCIA


DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 2, NUMERAL 2, INCISO C, DEL REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS, SE PUBLICA LA SIGUIENTE LISTA DE ASISTENCIA DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

SECRETARÍA GENERAL

GRUPO
PARLAMENTARIO
ASISTENCIA ASISTENCIA
POR CÉDULA
ASISTENCIA
COMISIÓN
OFICIAL
PERMISO
MESA
DIRECTIVA
INASISTENCIA
JUSTIFICADA
INASISTENCIAS TOTAL
ALT 176 10 4 1 0 15 206
PRD 97 8 4 11 0 6 126
PRI 64 2 5 12 0 20 103
CONV 14 0 0 1 0 2 17
PVEM 12 3 0 0 0 2 17
PT 8 1 2 0 0 0 11
NA 7 0 0 1 0 1 9
ALT 4 1 0 0 0 0 5
2 0 0 0 0 0 2
TOTAL 384 25 15 26 0 46 46

Nota: Las diferencias que existen entre las listas de asistencias y el número de votos puede variar conforme a los diputados presentes al momento de la votación.


SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino ASISTENCIA
2 Alcaraz Hernández Alma Edwviges ASISTENCIA
3 Álvarez Bernal María Elena ASISTENCIA
4 Amezola Fonceca Gerardo ASISTENCIA
5 Antuña Batista Fidel ASISTENCIA
6 Aranda Orozco Gerardo ASISTENCIA
7 Arellano Arellano Joel INASISTENCIA
8 Arenas Guzmán Margarita ASISTENCIA
9 Argüelles Arellano María del Consuelo ASISTENCIA
10Arizméndi Uribe Efraín ASISTENCIA
11 Armendáriz García Pedro ASISTENCIA
12 Arredondo Ibarra Salvador ASISTENCIA
13 Arredondo Velázquez Jesús ASISTENCIA
14 Ávila Mayo Obdulio CÉDULA
15 Barradas Miravete Gregorio INASISTENCIA
16 Barrios Rodríguez Juan Enrique ASISTENCIA
17 Berber Martínez Antonio ASISTENCIA
18 Beristáin Enríquez Lucía ASISTENCIA
19 Bernal Frausto Federico ASISTENCIA
20 Bolaños Aguilar Edmundo Javier INASISTENCIA
21 Bracho González Carlos Augusto ASISTENCIA
22 Buganza Salmerón Gerardo ASISTENCIA
23 Campos Galván María Eugenia ASISTENCIA
24 Carbajal Méndez Liliana ASISTENCIA
25 Cárdenas Sánchez Esmeralda ASISTENCIA
26 Cardona Benavidez Alma Xóchil ASISTENCIA
27 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto ASISTENCIA
28 Carrasco Cárdenas Susana Sarahí ASISTENCIA
29 Castaño Contreras Cristián ASISTENCIA
30Castro De la Rosa Osiel ASISTENCIA
31 Ceja Romero Ramón ASISTENCIA
32 Collado Lara Beatriz ASISTENCIA
33 Contreras Coeto José Luis ASISTENCIA
34 Corral Aguilar María Mercedes ASISTENCIA
35 Cuen Garibi Marcela ASISTENCIA
36 Curiel Preciado Leobardo ASISTENCIA
37 Dávila Fernández Adriana ASISTENCIA
38 Dávila García Francisco INASISTENCIA
39 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio ASISTENCIA
40 De la Torre Sánchez José INASISTENCIA
41 De León Tello Jesús ASISTENCIA
42 Degante Romero Silvia Emilia ASISTENCIA
43Del Toro del Villar Tomás ASISTENCIA
44 Del Valle Toca Antonio ASISTENCIA
45 Delgado Oscoy Alejandro Enrique ASISTENCIA
46 Denegre Vaught Ramírez Rosaura Virginia ASISTENCIA
47 Díaz García José Antonio ASISTENCIA
48 Díaz Garibay Felipe ASISTENCIA
49 Díaz Gordillo Martha Cecilia ASISTENCIA
50 Díaz Mena Joaquín Jesús ASISTENCIA
51 Díaz de León Torres Leticia INASISTENCIA
52 Duck Núñez Edgar Mauricio ASISTENCIA
53 Enríquez Flores Armando ASISTENCIA
54 Escaroz Soler Gerardo Antonio ASISTENCIA
55 Espinosa Piña José Luis CÉDULA
56 Félix Holguín Armando Jesús ASISTENCIA
57 Felton González Carlos Eduardo ASISTENCIA
58 Fernández Cabrera Adrián ASISTENCIA
59Fernández Ugarte Ma. del Carmen ASISTENCIA
60 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro ASISTENCIA
61 Flores Grande Arturo ASISTENCIA
62 Flores Morfín Jesús Vicente INASISTENCIA
63 Fraile García Francisco Antonio ASISTENCIA
64 Franco Cazarez Ricardo CÉDULA
65 Fuentes Ortíz José Guillermo ASISTENCIA
66 Galván Valles Rosa Elena ASISTENCIA
67 García González Carlos Alberto ASISTENCIA
68 García Müller Martha Margarita OFICIAL COMISIÓN
69 García Reyes Ángel Humberto ASISTENCIA
70 García Reyes Beatriz Eugenia ASISTENCIA
71 García Vivián Raúl ASISTENCIA
72 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes ASISTENCIA
73 González Betancourt Jorge Justiniano ASISTENCIA
74 González Martínez María Gabriela ASISTENCIA
75 González Morán Martín Oscar ASISTENCIA
76 González Roaro Benjamín Ernesto ASISTENCIA
77 González Ruiz Felipe ASISTENCIA
78González Sánchez Ma. Dolores ASISTENCIA
79Gudiño Ortíz Francisco Javier ASISTENCIA
80 Guerrero Torres José Gildardo ASISTENCIA
81 Gutiérez Aguilar Miguel Ángel ASISTENCIA
82 Gutiérrez Lagunes María Victoria ASISTENCIA
83 Hernández Núñez Elia ASISTENCIA
84 Hurtado Pérez Nelly Asunción ASISTENCIA
85Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles ASISTENCIA
86 Jiménez Ramos María Esther ASISTENCIA
87 Joaquín Coldwell Addy Cecilia ASISTENCIA
88 Lagunes Viveros Violeta del Pilar ASISTENCIA
89 Landero Gutiérrez Alejandro ASISTENCIA
90 Landeros González Ramón ASISTENCIA
91 Lara Compeán David ASISTENCIA
92 Larios Córdova Héctor ASISTENCIA
93 Laviada Hernández Iñigo Antonio ASISTENCIA
94 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio ASISTENCIA
95 Leura González Agustín ASISTENCIA
96 Limas Frescas María Soledad ASISTENCIA
97 Lizaola de la Torre Alonso Manuel INASISTENCIA
98 López Cisneros José Martín ASISTENCIA
99 López Reyna Omeheira ASISTENCIA
100 López Silva Rubí Laura ASISTENCIA
101 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel ASISTENCIA
102 Lujano Nicolás Christian Martín CÉDULA
103 Maawad Robert Luis Xavier ASISTENCIA
104 Macías Zambrano Gustavo ASISTENCIA
105 Madrazo Limón Carlos ASISTENCIA
106Magallón Arceo Leonardo Melesio de J. ASISTENCIA
107 Malagón Ríos Martín ASISTENCIA
108 Malcos Amaro María Ofelia Gloria ASISTENCIA
109 Maldonado González David ASISTENCIA
110Manuell-Gómez Angulo Dolores De María ASISTENCIA
111 Martínez Valero Dora Alicia ASISTENCIA
112 Medellín Varela Antonio ASISTENCIA
113 Medina Macias Alma Hilda ASISTENCIA
114 Medina Rodríguez Delber INASISTENCIA
115 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia ASISTENCIA
116 Mejía García Luis Alonso ASISTENCIA
117 Méndez Meneses Apolonio ASISTENCIA
118 Mendoza Morales Lucía Susana ASISTENCIA
119 Mohamar Dainitin Oscar Miguel ASISTENCIA
120 Mollinedo Hernández Agustín ASISTENCIA
121 Monraz Ibarra Miguel Ángel ASISTENCIA
122 Montes Sánchez Fabián Fernando INASISTENCIA
123 Montiel Luis Lariza INASISTENCIA
124 Mora Cuevas Marisol ASISTENCIA
125 Morales Ramos José Nicolás ASISTENCIA
126 Morales Utrera Mercedes ASISTENCIA
127 Moreno Álvarez Mario Eduardo ASISTENCIA
128 Morgan Franco Rocío del Carmen ASISTENCIA
129 Muñoz Serrano José Antonio ASISTENCIA
130 Murillo Flores Francisco Javier ASISTENCIA
131 Murillo Torres José Luis ASISTENCIA
132 Navarro Sugich Carlos Alberto ASISTENCIA
133 Nordhausen González Jorge Rubén ASISTENCIA
134Noriega Blanco Vigil María Nieves ASISTENCIA
135 Orozco Ruiz Velazco Marco Heriberto ASISTENCIA
136Ortega Martínez Ma. del Pilar ASISTENCIA
137 Ortiz Montoro Sagrario María del Rosario ASISTENCIA
138 Ortíz Hernández Eduardo OFICIAL COMISIÓN
139 Oviedo Oviedo Ernesto ASISTENCIA
140 Padilla Orozco Raúl Alejandro ASISTENCIA
141 Palafox Núñez José Inés ASISTENCIA
142 Paredes Rodríguez Francisco Javier ASISTENCIA
143 Parra Jiménez Dolores María del Carmen ASISTENCIA
144 Parra Noriega Luis Gustavo ASISTENCIA
145Patiño Sánchez María Eugenia CÉDULA
146 Pérez Cuéllar Cruz ASISTENCIA
147 Pérez de Tejada Romero Diana Carolina ASISTENCIA
148 Peyrot Solís Marco Antonio ASISTENCIA
149 Plascencia Alonso Francisco Javier ASISTENCIA
150 Priego Tapia Gerardo CÉDULA
151 Pulido Pecero Pedro ASISTENCIA
152 Quintero Bello Jorge ASISTENCIA
153 Ramírez Barba Ector Jaime ASISTENCIA
154 Ramírez Corral Ivette Jacqueline ASISTENCIA
155 Ramírez Villarreal Gustavo CÉDULA
156 Ramos Covarrubias Héctor Manuel ASISTENCIA
157 Reyes García María Isabel OFICIAL COMISIÓN
158 Reyes López Carlos Armando ASISTENCIA
159 Rincón Vargas Mirna Cecilia ASISTENCIA
160 Rivera Rivera José Guadalupe ASISTENCIA
161 Rivero Rivero Rolando ASISTENCIA
162 Rodríguez Ahumada Luis Fernando CÉDULA
163 Rodríguez Jiménez Ricardo INASISTENCIA
164 Rodríguez Montes Bibiana ASISTENCIA
165 Rodríguez Prats Juan José ASISTENCIA
166Rodríguez Sabido Dolores del Socorro ASISTENCIA
167 Rodríguez Uresti Enrique ASISTENCIA
168 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana ASISTENCIA
169 Rojas Hernández Laura Angélica ASISTENCIA
170 Román Isidoro Demetrio ASISTENCIA
171 Romo Jiménez Martha Angélica ASISTENCIA
172 Rubín Dávila Martha Angélica ASISTENCIA
173 Rubio Chávez José Ignacio Alberto ASISTENCIA
174 Rueda Gómez Francisco ASISTENCIA
175 Ruiz Velasco de Lira Ernesto PERMISO MESA DIRECTIVA
176 Salas Contreras Marcos ASISTENCIA
177Salazar Anaya Guadalupe ASISTENCIA
178 Salazar Madera Mario Alberto ASISTENCIA
179 Salum del Palacio Jorge Alejandro ASISTENCIA
180 Sánchez Díaz de Rivera Antonio ASISTENCIA
181 Sánchez Domínguez Alejandro ASISTENCIA
182 Sánchez Gil Carlos René ASISTENCIA
183 Sánchez Juárez Claudia INASISTENCIA
184 Sánchez Trujillo José Víctor ASISTENCIA
185Sandoval Munguia Juan Manuel ASISTENCIA
186 Serrato Castell Luis Gerardo ASISTENCIA
187 Shej Guzmán Sara OFICIAL COMISIÓN
188 Solano Muñoz José de Jesús ASISTENCIA
189 Stefanonni Mazzocco Martín ASISTENCIA
190 Tamayo Herrera Yadhira Yvette INASISTENCIA
191 Torres Gómez Artemio ASISTENCIA
192 Torres Herrera Víctor Manuel ASISTENCIA
193 Torres Torres Carlos Alberto ASISTENCIA
194Utrilla Nieto Olivia Verónica CÉDULA
195 Valenzuela García María Gloria Guadalupe ASISTENCIA
196 Valladolid Rodríguez Antonio ASISTENCIA
197 Vasconcelos Rueda Antonio ASISTENCIA
198 Vázquez Martínez Alberto INASISTENCIA
199 Vega Corona Antonio ASISTENCIA
200 Velázquez Gutiérrez José Guillermo ASISTENCIA
201 Verástegui Ostos César Augusto ASISTENCIA
202 Verdín Saldaña Jaime ASISTENCIA
203 Victoria Alva Juan ASISTENCIA
204 Vieyra Olivares Adriana Rebeca CÉDULA
205 Villanueva Arjona Juan Manuel ASISTENCIA
206 Zambrano Elizondo Javier Martín ASISTENCIA
Asistencias: 176
Asistencias por cédula: 10
Asistencias comisión oficial: 4
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 15
Total diputados: 206


PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1 Aguirre Alcaide Victor ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida ASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes ASISTENCIA
6Wilfrido Alonso Razo Humberto OFICIAL COMISIÓN
7 Altamirano Toledo Carlos ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa ASISTENCIA
9 Álvarez Ramón Silbestre ASISTENCIA
10 Amaro Corona Alberto ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene CÉDULA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel ASISTENCIA
13Arreola Calderón Juan Dario ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia CÉDULA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana ASISTENCIA
17Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh ASISTENCIA
18 Brito González Modesto ASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier ASISTENCIA
20 Campos Aburto Amador ASISTENCIA
21 Cárdenas Hernández Raymundo INASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora ASISTENCIA
23 Condado Escamilla Cuitlahuac ASISTENCIA
24 Contreras Julián Maricela ASISTENCIA
25 Cruz Santiago Claudia Lilia CÉDULA
26 Cuevas Córdova Othón ASISTENCIA
27 Chávez García Higinio ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix PERMISO MESA DIRECTIVA
29 De la Rosa García Juan Hugo ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana ASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César ASISTENCIA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo PERMISO MESA DIRECTIVA
42 Garzón Contreras Neftalí ASISTENCIA
43 Gil Ramírez Moisés ASISTENCIA
44 González Garza Javier CÉDULA
45 Guerra Ochoa Juan Nicasio ASISTENCIA
46 Gutiérrez Calzadilla José Luis INASISTENCIA
47 Hernández Gaytán Daisy Selene CÉDULA
48 Hernández Hernández Sergio PERMISO MESA DIRECTIVA
49 Hernández Manzanares Javier ASISTENCIA
50 Hernández Silva Benjamín ASISTENCIA
51Nohelia Ibarra Franquez Sonia PERMISO MESA DIRECTIVA
52 Jacques y Medina José ASISTENCIA
53 Jiménez Valenzuela María Eugenia ASISTENCIA
54 Landero López Pedro ASISTENCIA
55Lemarroy Martínez Juan Darío ASISTENCIA
56 Leyva Piñón Ana Yurixi ASISTENCIA
57 Lizárraga Peraza Víctor Manuel ASISTENCIA
58 López Barriga Erick PERMISO MESA DIRECTIVA
59 López Becerra Santiago ASISTENCIA
60 López Rojas Alberto ASISTENCIA
61 López Torres Ma. Soledad ASISTENCIA
62 Lozano Lozano Andrés INASISTENCIA
63 Luna Munguía Alma Lilia CÉDULA
64 Macedo Escartín Miguel Ángel ASISTENCIA
65 Márquez Madrid Camerino Eleazar ASISTENCIA
66 Márquez Tinoco Francisco ASISTENCIA
67 Martínez Hernández Alejandro ASISTENCIA
68 Martínez Martínez Carlos Roberto ASISTENCIA
69 Martínez Martínez Francisco ASISTENCIA
70 Martínez Padilla Hugo Eduardo CÉDULA
71 Martínez Vargas Octavio ASISTENCIA
72 Matías Alonso Marcos PERMISO MESA DIRECTIVA
73 Matus Toledo Holly ASISTENCIA
74 Mayans Canabal Fernando Enrique CÉDULA
75 Mendoza Arellano David ASISTENCIA
76 Mendoza Flores Roberto ASISTENCIA
77 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio ASISTENCIA
78 Mendoza Mendoza Irineo ASISTENCIA
79 Monreal Ávila Susana ASISTENCIA
80 Montalvo Rojas Victorio Rubén ASISTENCIA
81 Morales Manzo Jesús Ricardo ASISTENCIA
82 Morales Sánchez Efraín ASISTENCIA
83 Morales Vázquez Carlos Orsoe ASISTENCIA
84 Narcía Álvarez Héctor ASISTENCIA
85 Navarro López Carlos Ernesto ASISTENCIA
86 Navarro Quintero Miguel Ángel ASISTENCIA
87 Ojeda Hernández Concepción ASISTENCIA
88 Orcí Martínez Juan Adolfo ASISTENCIA
89 Ortega Martínez Antonio PERMISO MESA DIRECTIVA
90 Ortiz Magallón Rosario Ignacia ASISTENCIA
91Pacheco LLanes Ramón Félix ASISTENCIA
92 Pedraza Chávez Isidro PERMISO MESA DIRECTIVA
93 Pedrozo Castillo Adrián INASISTENCIA
94 Peña Sánchez Miguel Ángel INASISTENCIA
95 Pérez Cruz Raciel ASISTENCIA
96 Pulido Santiago Celso David ASISTENCIA
97 Ramos Castellanos Martín ASISTENCIA
98 Rasgado Corsi Gloria PERMISO MESA DIRECTIVA
99 Ríos Gamboa Raúl PERMISO MESA DIRECTIVA
100Rojas Carmona Sergio ASISTENCIA
101 Romero Gutiérrez Odilón PERMISO MESA DIRECTIVA
102Ruíz Sánchez Salvador ASISTENCIA
103 Saavedra Coronel José Antonio ASISTENCIA
104Salinas Pérez Josefina ASISTENCIA
105 San Martín Hernández Juan Manuel ASISTENCIA
106 Sánchez Barrios Carlos ASISTENCIA
107 Sánchez Cabrales Rafael Elías ASISTENCIA
108 Sánchez Camacho Alejandro ASISTENCIA
109 Sánchez Camacho David ASISTENCIA
110 Sánchez Ramos Francisco ASISTENCIA
111 Sánchez Valdéz Eva Angelina ASISTENCIA
112 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc OFICIAL COMISIÓN
113 Santos Arreola Francisco Javier ASISTENCIA
114 Solares Chávez Miguel Ángel ASISTENCIA
115 Soriano Sánchez Rosa Elva ASISTENCIA
116 Soto Sánchez Antonio ASISTENCIA
117 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso ASISTENCIA
118 Torres Baltazar María Elena OFICIAL COMISIÓN
119 Torres García Daniel ASISTENCIA
120 Trejo Pérez Pablo ASISTENCIA
121 Vallejo Estevez Mario ASISTENCIA
122 Varela López Víctor Gabriel ASISTENCIA
123 Villicaña García Rafael ASISTENCIA
124 Zavaleta Salgado Ruth ASISTENCIA
125 Zazueta Aguilar Jesús Humberto OFICIAL COMISIÓN
126 Zepeda Hernández Martín INASISTENCIA
Asistencias: 97
Asistencias por cédula: 8
Asistencias comisión oficial: 4
Permiso Mesa Directiva: 11
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 6
Total diputados: 126


PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico ASISTENCIA
2 Aguilar Diego ASISTENCIA
3 Aguilar Solís Samuel OFICIAL COMISIÓN
4 Aispuro Torres José Rosas ASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio ASISTENCIA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo ASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto PERMISO MESA DIRECTIVA
9 Ayala Almeida Joel ASISTENCIA
10 Badillo Martínez Roberto ASISTENCIA
11Barajas Del Toro Salvador INASISTENCIA
12 Barajas López Ramón ASISTENCIA
13 Barba Hernández Alfredo INASISTENCIA
14 Beltrán Montes Israel ASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique INASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio ASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando INASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando INASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio ASISTENCIA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés ASISTENCIA
23Cárdenas Del Avellano Enrique ASISTENCIA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl INASISTENCIA
26 Colín Guadarrama María Mercedes ASISTENCIA
27 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías ASISTENCIA
28De la Garza Treviño Jorge Luis PERMISO MESA DIRECTIVA
29 Díaz Athié Antonio de Jesús ASISTENCIA
30Darinel Díaz Solorzano Elmar INASISTENCIA
31 Domínguez Domínguez Nemesio ASISTENCIA
32 Duarte Jáquez César Horacio ASISTENCIA
33 Escajeda Jiménez José Rubén ASISTENCIA
34 Escalante Jasso Aracely ASISTENCIA
35 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías PERMISO MESA DIRECTIVA
36 Estefan Chidiac Charbel Jorge PERMISO MESA DIRECTIVA
37 Flores Sandoval Patricio ASISTENCIA
38 Fuentes Téllez Octavio ASISTENCIA
39 Gamboa Patrón Emilio CÉDULA
40 Garza Garza Horacio Emigdio ASISTENCIA
41 Gebhardt Garduza Yary del Carmen ASISTENCIA
42 Gloria Requena Tomás INASISTENCIA
43 Gómez Lugo Elda ASISTENCIA
44 González Calderón Martha Hilda ASISTENCIA
45 González Salum Miguel Ángel ASISTENCIA
46 González Zarur Mariano INASISTENCIA
47 Guerrero García Javier INASISTENCIA
48 Guerrero Juárez Joel PERMISO MESA DIRECTIVA
49 Gurrión Matías Daniel ASISTENCIA
50 Herrera Ale Juana Leticia ASISTENCIA
51 Herrera Coyac Wenceslao OFICIAL COMISIÓN
52 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando ASISTENCIA
53 Lagunes Gallina Gerardo ASISTENCIA
54 Lescieur Talavera Jorge Mario ASISTENCIA
55 López Balbuena Guillermina PERMISO MESA DIRECTIVA
56 Madrid Tovilla Arely INASISTENCIA
57 Martínez Rocha Arturo INASISTENCIA
58 Martínez Rodríguez Lorena ASISTENCIA
59 Méndez Lanz Víctor Manuel ASISTENCIA
60 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso ASISTENCIA
61 Merodio Reza Lilia Guadalupe ASISTENCIA
62 Morales García Elizabeth CÉDULA
63 Mota Hernández Adolfo ASISTENCIA
64 Muñoz Serna Rogelio ASISTENCIA
65Murat José PERMISO MESA DIRECTIVA
66 Narvaez Bravo Hilda Areli INASISTENCIA
67 Ochoa González Arnoldo PERMISO MESA DIRECTIVA
68 Ojeda Camacho Gilberto PERMISO MESA DIRECTIVA
69 Olivares Monterrubio Alejandro OFICIAL COMISIÓN
70 Olivares Ventura Héctor Hugo ASISTENCIA
71 Ordaz Jiménez Ismael ASISTENCIA
72 Orihuela Bárcenas José Ascención INASISTENCIA
73 Ortega Tzitzihua María Dolores Lucía OFICIAL COMISIÓN
74Ortiz Del Carpio Víctor INASISTENCIA
75 Padilla Gutiérrez Héctor ASISTENCIA
76 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz ASISTENCIA
77 Palma César Víctor Samuel ASISTENCIA
78 Parás González Juan Manuel OFICIAL COMISIÓN
79 Partida Guzmán Martha Rocío ASISTENCIA
80 Patrón Montalvo Jesús Manuel ASISTENCIA
81 Peñuelas Acuña Mayra Gisela ASISTENCIA
82 Pérez Valdés Daniel ASISTENCIA
83 Pinete Vargas María del Carmen PERMISO MESA DIRECTIVA
84 Quiñones Canales Lourdes INASISTENCIA
85 Ramírez Martínez José Edmundo PERMISO MESA DIRECTIVA
86 Ramírez Stabros Jesús INASISTENCIA
87 Reyna García José Jesús ASISTENCIA
88 Ríos Camarena Alfredo Adolfo ASISTENCIA
89 Rivera Bedoya Juan Francisco ASISTENCIA
90 Rivero Acosta Miguel INASISTENCIA
91 Rodríguez Martínez Alicia ASISTENCIA
92 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda ASISTENCIA
93 Rojas Gutiérrez Carlos ASISTENCIA
94 Salas López Ramón ASISTENCIA
95 Sánchez Hernández Eduardo PERMISO MESA DIRECTIVA
96 Sandoval Paredes Sergio INASISTENCIA
97 Serrano Escobar Enrique ASISTENCIA
98 Sosa Castelán Gerardo INASISTENCIA
99 Vargas Landeros Gerardo Octavio ASISTENCIA
100 Velasco Pérez Juan Carlos ASISTENCIA
101 Villa Villa Isael ASISTENCIA
102 Virgen Carrera Víctor Manuel ASISTENCIA
103 Zatarain González Carlos Ernesto ASISTENCIA
Asistencias: 64
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 5
Permiso Mesa Directiva: 12
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 20
Total diputados: 103


CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis INASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías ASISTENCIA
4 Castellanos Hernández Félix INASISTENCIA
5 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús ASISTENCIA
6 Chanona Burguete Alejandro ASISTENCIA
7 Del Río Virgen José Manuel ASISTENCIA
8 Godoy Cárdenas Jorge ASISTENCIA
9 Melo Velázquez José Francisco ASISTENCIA
10 Ramos Becerril Rafael Plácido ASISTENCIA
11 Salvatori Bronca María del Carmen ASISTENCIA
12 Samperio Montaño Juan Ignacio ASISTENCIA
13 Tagle Martínez Martha Angélica PERMISO MESA DIRECTIVA
14 Uscanga Cruz Robinson ASISTENCIA
15 Valdés Chávez Ramón ASISTENCIA
16 Varela Lagunas Tomás José Luis ASISTENCIA
17 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc ASISTENCIA
Asistencias: 14
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 2
Total diputados: 17


PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio INASISTENCIA
2 Bellizzia Rosique Pascual ASISTENCIA
3Bravo Martínez Esveida ASISTENCIA
4 Cobo Terrazas Diego ASISTENCIA
5 Elizondo Garrido Francisco CÉDULA
6 Lavara Mejía Gloria ASISTENCIA
7 López Adame Antonio Xavier CÉDULA
8 Manrique Guevara Beatriz ASISTENCIA
9 Notholt Guerrero Alan ASISTENCIA
10Portilla Dieguez Manuel Salvador ASISTENCIA
11 Puente Salas Carlos Alberto CÉDULA
12 Ramírez Cerda Ana María ASISTENCIA
13 Ramírez Zollino Andrea Geraldine ASISTENCIA
14Rodríguez Luis Alejandro INASISTENCIA
15 Salgado Amador Manuel Salvador ASISTENCIA
16 Sesma Suárez Jesús ASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica ASISTENCIA
Asistencias: 12
Asistencias por cédula: 3
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 2
Total diputados: 17


PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime OFICIAL COMISIÓN
5 Garay Ulloa Silvano ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis OFICIAL COMISIÓN
7Maciel Ortiz Ma. Mercedes ASISTENCIA
8 Peregrino García Abundio ASISTENCIA
9 Romero Guzmán Rosa Elia ASISTENCIA
10 Solís Parga Rodolfo ASISTENCIA
11 Vela González Joaquín Humberto CÉDULA
Asistencias: 8
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 2
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 11


NUEVA ALIANZA
1 Arriola G. Mónica T. PERMISO MESA DIRECTIVA
2 Cárdenas Fonseca Manuel ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto ASISTENCIA
6 Luna Becerril Blanca ASISTENCIA
7 Luna Rodríguez Silvia ASISTENCIA
8 Pérez Bolaños Ana Elisa ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma INASISTENCIA
Asistencias: 7
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 9


ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina ASISTENCIA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe ASISTENCIA
3 García Méndez Armando CÉDULA
4 Hernández Valadés Delio ASISTENCIA
5 Pedro Cortés Santiago Gustavo ASISTENCIA
Asistencias: 4
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 5


DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 López Lena Cruz Humberto ASISTENCIA
2 Ochoa López Nabor ASISTENCIA
Asistencias: 2
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 2


1 Arellano Arellano Joel 2 Barradas Miravete Gregorio 3 Bolaños Aguilar Edmundo Javier 4 Dávila García Francisco 5 De la Torre Sánchez José 6 Díaz de León Torres Leticia 7 Flores Morfín Jesús Vicente 8 Lizaola de la Torre Alonso Manuel 9 Medina Rodríguez Delber 10 Montes Sánchez Fabián Fernando 11 Montiel Luis Lariza 12 Rodríguez Jiménez Ricardo 13 Sánchez Juárez Claudia 14 Tamayo Herrera Yadhira Yvette 15 Vázquez Martínez Alberto Faltas por grupo: 15

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 Cárdenas Hernández Raymundo
2 Gutiérrez Calzadilla José Luis
3 Lozano Lozano Andrés
4 Pedrozo Castillo Adrián
5 Peña Sánchez Miguel Ángel
6 Zepeda Hernández Martín
Faltas por grupo: 6


PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 Barajas Del Toro Salvador
2 Barba Hernández Alfredo
3 Benítez Ojeda Luis Enrique
4 Biebrich Torres Carlos Armando
5 Caballero Camargo Gustavo Fernando
6 Cervantes Andrade Raúl
7 Darinel Díaz Solorzano Elmar
8 Gloria Requena Tomás
9 González Zarur Mariano
10 Guerrero García Javier
11 Madrid Tovilla Arely
12 Martínez Rocha Arturo
13 Narvaez Bravo Hilda Areli
14 Orihuela Bárcenas José Ascención
15 Ortiz Del Carpio Víctor
16 Quiñones Canales Lourdes
17 Ramírez Stabros Jesús
18 Rivero Acosta Miguel
19 Sandoval Paredes Sergio
20 Sosa Castelán Gerardo
Faltas por grupo: 20


CONVERGENCIA
Diputado
1 Aguilera Rico José Luis
2 Castellanos Hernández Félix
Faltas por grupo: 2


PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Diputado
1 Arévalo González José Antonio
2 Rodríguez Luis Alejandro
Faltas por grupo: 2


NUEVA ALIANZA
Diputado
1 Piñeyro Arias Irma
Faltas por grupo: 1