SUMARIO
Oficio del Gobierno del Estado de Chiapas con el que envía contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del pasado 21 de octubre, por el que se solicita al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, así como a los gobernadores de los estados y al jefe de Gobierno del Distrito Federal que informen a esta soberanía sobre las acciones implementadas y resultados obtenidos en materia de dignificación de la calidad de vida de los internos que se encuentran en los centros de readaptación social federales y estatales, respectivamente. Se remite a la Comisión de Seguridad Pública para su conocimiento.
Oficio del Gobierno del Estado de Jalisco con el que envía contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 2 de diciembre de 2008, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública de los gobiernos locales y de los centros penitenciarios del país a revisar la normatividad en materia de readaptación social, a fin de que propongan reformas que permitan restringir las llamadas telefónicas que se realizan desde dichos centros e implantar un sistema de bloqueo de éstas. Se remite a la Comisión de Seguridad Pública para su conocimiento.
Oficio del Gobierno del Estado de Sonora con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, respecto a la evaluación de los egresados del Instituto Superior de Seguridad Pública del estado. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.
Oficio de la Comisión Permanente con el que remite el inventario de los asuntos que fueron turnados a la Cámara de Diputados. Se turnan a las comisiones correspondientes.
Oficio de la Comisión Permanente con el que remite el informe de las actividades realizadas. Insértese en el Diario de los Debates.
Oficio de la Comisión Permanente con el que remite el informe sobre el Programa Regional de Desarrollo Turístico del Corredor Teotihuacán - Acolman - Otumba - San Martín - Axapusco - Nopaltepec y en particular el proyecto Resplandor Teotihuacano. De enterado.
Oficio de la Secretaría de Salud con el que envía informe de resultados de la operación del sistema de protección social en salud, que contiene el informe de previsión presupuestal, correspondiente al ejercicio de 2008. Se remite a la Comisión de Salud para su conocimiento.
Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que envía información relativa a la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondiente al mes de diciembre de 2008. Se remite a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
El Presidente designa comisión que acompañe a la ciudadana Alicia Rodríguez Martínez, diputada federal suplente electa en el IV distrito del estado de Morelos, en el acto de rendir su protesta de ley.
Tres oficios de la Secretaría de Gobernación con los que solicita los permisos constitucionales necesarios para que 10 ciudadanos puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas; asimismo, informa que seis ciudadanos han dejado de prestar servicios en representaciones diplomáticas. Las solicitudes de permiso se turnan a la Comisión de Gobernación y las cancelaciones, se turnan a las comisiones de Gobernación de las cámaras de Diputados y de Senadores.
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que envía contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 2 de septiembre de 2008, por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que instale sistemas de aterrizaje por instrumentos en aeropuertos de Tamaulipas. Se remite a la Comisión de Transportes para su conocimiento.
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que envía contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 2 de diciembre de 2008, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a destinar recursos a los gobiernos municipales, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que les permitan atender de manera inmediata el rubro de la seguridad pública. Se remite a la Comisión de Transportes para su conocimiento.
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que envía contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 2 de septiembre de 2008, a fin de exhortar a las Secretarías de Salud, de Educación Pública, y del Trabajo y Previsión Social a realizar acciones para la integración de las personas zurdas. Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que envía contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 11 de diciembre de 2008, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a incrementar el Programa Económico de Emergencia, con el fin de mitigar el impacto de la crisis económica global en la producción, el empleo y en el bienestar de las clases populares. Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que envía contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 4 de diciembre de 2008, por el que se exhorta a las Secretarías de Economía, de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a vigilar que todos los vehículos comerciales que se importen al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte cumplan con los estándares ambientales mexicanos. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que envía contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente en la sesión del 14 de enero del presente año, por el que se expresa su total rechazo a la medida del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América de negar el derecho a un defensor de oficio a los migrantes que se encuentren en proceso de deportación. Se remite al promovente para su conocimiento.
Oficio del Congreso del estado de Chihuahua con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 10 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turna a la Comisión de Economía.
Se refieren a la agenda legislativa concerniente al segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio los diputados:
Jaime Cervantes Rivera.
Manuel Portilla Diéguez.
José Manuel del Río Virgen.
Jorge Mario Lescieur Talavera.
Juan Nicasio Guerra Ochoa.
Juan José Rodríguez Prats.
Contestan alusiones personales los diputados:
Juan Nicasio Guerra Ochoa.
Juan José Rodríguez Prats.
Desde sus respectivas curules realizan interpelación o comentarios los diputados:
Gerardo Villanueva Albarrán.
Cuauhtémoc Sandoval Ramírez.
José Murat.
Mónica Fernández Balboa.
David Mendoza Arellano.
Manuel Cárdenas Fonseca.
José Murat.
Continúa el debate el diputado Humberto Dávila Esquivel.
Se recibe del diputado Víctor Samuel Palma César iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incluir la libertad de informar, analizar y comentar en medios de comunicación o cibernéticos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se recibe del diputado Jacinto Gómez Pasillas, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en relación con la inversión de las administradoras de fondos para el retiro, que tienen la obligación de proteger el ahorro de los trabajadores y crear expectativas económicas que den estabilidad en el ingreso, mejorando el perfil de distribución de la renta hacia un esquema más equitativo y favorable para los trabajadores. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; de Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público.
Se recibe del diputado César Duarte Jáquez, iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Aduanera, en relación con agentes aduanales. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El diputado Daniel Chávez García presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX-Ñ al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de vivienda. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El diputado Mario Vallejo Estévez presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 105 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que el Instituto Federal Electoral promueva todas las medidas necesarias para garantizar los derechos políticos de las personas con discapacidad. Se turna a la Comisión de Gobernación.
La diputada Guillermina López Balbuena presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 8, 18 y 30 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, respecto al proceso para la revisión de la Cuenta Pública. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública.
El diputado Oscar Miguel Mohamar Dainitin presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se determina que ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos o más cargos de elección popular, y la prohibición a los cónyuges o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado a ser candidatos a cargos de elección popular, sino hasta después de seis meses de que dichos servidores públicos hayan dejado el cargo. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El diputado David Sánchez Camacho presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, relativa al matrimonio, el contrato del matrimonio con relación a los bienes, la sociedad conyugal, la separación de bienes, las donaciones antenupciales, los matrimonios nulos e ilícitos, el parentesco, la emancipación y el concubinato. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia.
La diputada Lorena Martínez Rodríguez presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, sobre el rendimiento en los fondos de retiro. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público.
Se recibe de la diputada Guillermina López Balbuena, iniciativa con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y del Código Penal Federal, en relación a la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Se turna a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; de Derechos Humanos y de Justicia.
Se recibe de la diputada Guillermina López Balbuena, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, 28 de la Ley General de Desarrollo Social, 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, 72 y 78 de la Ley General de Desarrollo Social, y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sobre la evaluación y auditoría de los programas sociales. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de la Función Pública y de Gobernación.
Se recibe de la diputada Guillermina López Balbuena, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 26, 73 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 5, 6, 18 y 21 de la Ley de Planeación, sobre el proceso de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público.
De la próxima sesión.
ASISTENCIA
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de la Presidencia el resultado del registro de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas : Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 295 diputados y diputadas; por tanto, hay quórum.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez (a las 12:00 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.
Orden del día
Miércoles 4 de febrero de 2009.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De los gobiernos de los estados de Chiapas, de Jalisco y de Sonora.
De la Comisión Permanente.
Protesta de la diputada Alicia Rodríguez Martínez .
De la Secretaría de Salud
Con la que remite el informe de resultados de la operación del sistema de protección social en salud.
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Con el que remite información sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondiente al mes de diciembre de 2008.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que solicita el permiso constitucional para que los ciudadanos Hanin Frangie Beltrán, Patricia Silvya Long Whitehouse, Mario Lorenzo Gutiérrez Ocampo, Daniel Arturo Jaime Ayala, David Hedilberto Gutiérrez González, Josefina Idalia Mozqueda Torres y Eligio López de la Cruz, puedan prestar servicios en las Embajadas de Canadá y de Estados Unidos de América en México y en sus Consulados en Nogales, Sonora y Nuevo Laredo, Tamaulipas; asimismo, informa que han dejado de prestar servicios ciudadanos mexicanos a gobiernos extranjeros. (Turno a Comisión)
Por el que solicita el permiso constitucional para que los ciudadanos Bárbara Selene Corchado Rivera y Albert Daman Agraz puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América y en su Consulado en Guadalajara, Jalisco; asimismo informa que han dejado de prestar servicios ciudadanos mexicanos a gobiernos extranjeros. (Turno a Comisión)
Por el que solicita el permiso constitucional para que la ciudadana Giancarla Calia Cerrillo pueda prestar servicios en la Embajada de India en México. (Turno a Comisión)
Cinco con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente.
Iniciativa del Congreso del estado de Chihuahua
Que adiciona un artículo 10 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor. (Turno a Comisión)
Posicionamiento de los grupos parlamentarios en relación con la agenda legislativa.
Iniciativas
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Aduanera, suscrita por el diputado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Que adiciona la fracción XXIX-Ñ al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Daniel Chávez García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 105 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Mario Vallejo Estévez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Samuel Palma César , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo del diputado Jacinto Gómez Pasillas , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Óscar Miguel Mohamar Dainitin, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal, a cargo del diputado David Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 7 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Patricia Villanueva Abraján , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que adiciona los artículos 291 Bis, 291 Ter y 432 Bis a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 949 y 1005 Bis de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Daniel Torres García , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, a cargo de la diputada Guillermina López Balbuena , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Daniel Torres García , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Guillermina López Balbuena , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Guillermina López Balbuena , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Planeación, a cargo de la diputada Guillermina López Balbuena , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, a fin de que la Cámara de Diputados brinde un reconocimiento público al general Raúl Esquivel Carvajal, primer superintendente del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, a cargo del diputado Rafael Plácido Ramos Becerril , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a investigar a través de la CNBV y de la Condusef las irregularidades en que han incurrido diversas instituciones de crédito en la zona fronteriza, respecto a cuentas de cheques en dólares, a cargo del diputado Enrique Serrano Escobar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a realizar a través de la Profepa las acciones relacionadas con la caza indiscriminada de vida silvestre, en especial la relativa a las diferentes especies de aves migratorias de la bahía de Yavaros, en Huatabampo, Sonora, suscrito por los diputados Carlos Roberto Martínez Martínez y Jesús Humberto Zazueta Aguilar , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, relativo a la publicación de la NOM-046-SSA2-2005. ``Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención'', a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución).»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el domingo primero de febrero de dos mil nueve, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.
Presidencia del diputado César Duarte Jáquez
En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las 12 horas con 8 minutos del domingo 1 de febrero de 2009, con la asistencia de 377 diputadas y diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día.
Puestos todos de pie, el Presidente declara: De conformidad con lo que establece el artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hoy 1 de febrero de 2009, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión declara formalmente iniciado el segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura; e informa que para dar cumplimiento al artículo 11 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva participará por escrito y en comisiones que la Cámara de Diputados ha iniciado formalmente el segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura.
La Comisión Permanente informa:
El Presidente informa que a las puertas del salón de sesiones se encuentran los ciudadanos: Fortino Carrillo Sandoval , Salvador Sánchez Peñuelas , Daniel Gurrión Matías , María Dolores Lucía Ortega Tzitzihua , diputados federales suplentes electos en el primero, cuarto, séptimo y decimoctavo distritos electorales de los estados de Jalisco, Sonora, Oaxaca y Veracruz, así también las ciudadanas Rosa Elena Galván Valles y Ana Elisa Pérez Bolaños , diputadas federales suplentes electas en la primera y cuarta circunscripciones plurinominales, quienes acompañados de una comisión designada, rinden la protesta de ley y entran en funciones de inmediato.
Se recibe invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a la ceremonia cívica con motivo del 92 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de 1017 y el 152 aniversario de la Constitución Política de 1857, que tendrá lugar el 5 de febrero a las 10:00 horas. Se designa comisión de representación.
A las 12 horas con 19 minutos se registra una asistencia de 381 diputadas y diputados.
La Junta de Coordinación Política informa:
De enterado.
Se recibe oficio de la diputada Silvia Oliva Fragoso , del Partido de la Revolución Democrática, por el que solicita licencia por tiempo indefinido, para separarse de sus funciones como diputada federal electa en el Distrito décimo noveno del Distrito Federal, a partir del 1 de febrero de 2009. En votación económica, la asamblea aprueba los puntos de acuerdo por los que se concede la licencia solicitada.
La Cámara de Senadores remite minutas con proyecto de decreto que:
La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.
El Presidente clausura la sesión a las 12 horas con 26 minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 4 de febrero de 2009 a las 11:00 horas.»
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobada el acta.
Continúe la Secretaría con las comunicaciones. Tenemos de los gobiernos de Chiapas, Jalisco y Sonora.
CENTROS DE READAPTACION SOCIAL
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas
Diputada Martha Hilda González Calderón , vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.
Por instrucciones del Ejecutivo del estado, y con las facultades que me confiere el artículo 44, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y 11, del Reglamento Interno de este Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, en atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-4-1784, del expediente número 3989, respecto a los puntos de acuerdo primero y segundo, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito adjuntar al presente, copias simples del oficio número SSPC/CESPMS/ SE/DJ/0010/2009, suscrito por el secretario ejecutivo del Consejo de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad del Estado, en el que informa las acciones que se realizan en los 16 Centros Estatales para la Reinserción Social de Sentenciados en el estado.
Asimismo, se reitera que para el estado de Chiapas, una de las necesidades apremiantes, plasmadas en el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, es la reestructuración de la administración y operación de los Centros Estatales Preventivos y para la Reinserción Social de Sentenciados, para habilitar la ejecución de medidas que combatan la corrupción, autogobierno y extorsiones al interior de los mismos.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas-
Licenciado Octavio Castellanos Mijares, consejero jurídico del gobernador.--- Presente.
Distinguido licenciado Castellanos:
En atención a su oficio número CJ/400.3/1941/2008, mediante el cual solicita se informe que en materia de ejecución de penas, implanten las acciones necesarias para realizar el bloqueo de las llamadas de teléfonos celulares y otros medios de comunicación no permitidos desde los Centros de Readaptación federales y estatales, respectivamente, así como revisar de manera periódica las instalaciones de los internos y fortalecer las medidas para evitar el ingreso de artículos y sustancias prohibidas a los mismos; al respecto permito informar a usted que:
Sin otro particular, le envió un cordial saludo.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento.
CENTROS PENITENCIARIOS
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Ejecutivo.--- Secretaría General de Gobierno.
Diputada Martha Hilda González Calderón , vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.
Por instrucciones del gobernador del estado y del secretario general de Gobierno, en atención al oficio número D.G.P.L.60-II-4-1784, de fecha 31 de agosto de 2008, recibido en esta secretaría el 11 de diciembre de 2008, por el cual requiere al gobernador de Jalisco que emita información y apoyo sobre las medidas adoptadas con relación al bloqueo de las llamadas de teléfonos celulares y otros medios de comunicación no permitidos desde los centros de readaptación social federales y estatales, e ingreso de artículos y sustancias prohibidas, remito a usted copia del oficio número SSP/06/2009, de fecha 5 de enero de 2009, signado por el maestro Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, secretario de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social en Jalisco.
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo, reiterándoles mi más atenta y distinguida consideración.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Ejecutivo.--- Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social.
Licenciado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, Secretario General de Gobierno de Jalisco.--- Presente.
Por medio de este ocurso me complace saludarlo y, a su vez, me dirijo a usted en atención a su similar número DEJ/245/2008, de fecha 15 de diciembre del año en curso, mediante el cual envía copia simple del oficio número D.G.P.L.60-II-4-1784, enviado por integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, quienes solicitan que se les informe acerca de las medidas adoptadas con relación al bloqueo de las llamadas de teléfono celular y otros medios de comunicación no permitidos desde los centros de readaptación social federales y estatales, e ingreso de artículos y sustancias prohibidas.
Al respecto, hago de su conocimiento las acciones que se están llevando a cabo por parte de esta secretaría a mi cargo relacionadas con lo mencionado en el párrafo que antecede.
Sin otro particular por el momento y es espera de que la información citada le sea de utilidad para informar tanto al gobernador de Jalisco como al honorable Congreso de la Unión, quedo a sus órdenes reiterándole mi más distinguida consideración y respeto.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento.
ESTADO DE SONORA
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : «Escudo.--- Gobierno del Estado de Sonora.
Diputadas Martha Hilda González Calderón y Margarita Arenas Guzmán .--- Presentes.
Por instrucciones del licenciado Francisco Figueroa Souquet, secretario ejecutivo de Seguridad Pública del estado de Sonora, me refiero a su oficio número D.G.P.L. 60-II-2-1789, expediente 4388, en los siguientes términos:
En Sonora sólo pueden ingresar a la Policía Estatal de Seguridad Pública los egresados del Instituto Superior de Seguridad Pública del estado, quienes previamente cursan la carrera de técnico en policía estatal, que tiene reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación y Cultura del estado y de la Academia Nacional de Seguridad Pública.
Antes de causar alta como cadetes del instituto, los aspirantes son sometidos a una batería de evaluaciones que comprende los siguientes aspectos: médica completa, toxicológica, de personalidad, psicológica de confianza, honestidad y valores; conocimientos generales, situación patrimonial y encuesta de entorno social.
El curso tiene una duración de 11 meses y, en su desarrollo, se repite el mismo esquema de evaluación. Además, al tramitar su ingreso a la corporación son sometidos a las mismas evaluaciones de control de confianza.
Consideramos que una evaluación adicional que representa mayor rigor y que se debe sumar a las ya especificadas en este escrito, es la poligráfica, tanto para ingresar a un instituto o academia de formación, como para causar alta en una corporación y permanecer en ella.
Es importante legislar en relación a la obligación que deben tener los integrantes de las corporaciones policiales, de someterse expresamente a la evaluación poligráfica.
Con un respetuoso saludo, me suscribo a sus respetables órdenes.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento.
COMISION PERMANENTE
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.
Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.
Tenemos el honor de remitir a ustedes los asuntos que fueron reservados por esta Comisión Permanente, para conocimiento de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo que establece el artículo 129 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales aparecen listados en el inventario que se anexa.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.
Inventario de asuntos que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, remite a la Cámara de Diputados, de conformidad con el artículo 129 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
En trámite
Expediente
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado secretario. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria ytúrnese a las comisiones correspondientes.
COMISION PERMANENTE
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.
Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.
Tenemos el honor de remitir a ustedes el informe de las actividades realizadas por la honorable Comisión Permanente durante el primer receso del tercer año de ejercicio de la Sexagésima Legislatura, con el que se dio cuenta en la sesión celebrada en esta fecha.
La Presidencia dictó el siguiente trámite: De enterado; insértese en el Diario de los Debates y remítase a las honorables Cámaras de Diputados y de Senadores.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Insértese en el Diario de los Debates. Continúe la Secretaría.
ESTADO DE MEXICO
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio número BL/CC009/2009 de la Comisión de Cultura, por el que remite informe sobre el Programa Regional de Desarrollo Turístico del Corredor Teotihuacan-Acolman-Otumba-San Martín-Axapusco- Nopaltepec y el particular el proyecto Resplandor Teotihuacano.
La Presidencia dictó el siguiente trámite: Remítase a la Cámara de Diputados.
«Informe de la Comisión de Cultura, referente al Programa Regional de Desarrollo Turístico del Corredor Teotihuacán-Acolman-Otumba-San Martín-Axapusco-Nopaltepec, y al proyecto Resplandor Teotihuacano
``Antes de finalizar, queremos insistir en la necesidad de que la arqueología alcance ya el nivel científico que le pertenece, y que no se convierta en un medio para restauraciones de monumentos para el turismo...''Eduardo Matos Moctezuma.Con fundamento en el numeral 6, inciso g), del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados nos permitimos presentar a consideración de la Comisión Permanente y de la Junta de Coordinación Política de este órgano legislativo el informe relativo al Programa Regional de Desarrollo Turístico del Corredor Teotihuacan-Acolman-Otumba-San Martín-Axapusco-Nopaltepec y, en particular, con relación al proyecto Resplandor Teotihuacano, bajo las siguientes
Consideraciones
Zona arqueológica de Teotihuacán
La cultura teotihuacana tuvo un esplendor de 600 años, que abarcan los siglos I al VIII. En ese periodo se desarrolla la vertiente de la que abrevarán las culturas del altiplano, particularmente los mexicas.
Según el doctor Miguel León Portilla, 1 la ciudad de Teotihuacan fue en su tiempo una de las mayores urbes en el mundo. Abarcaba 22 kilómetros cuadrados y su población alcanzaba los 70 mil habitantes; esto explica el porqué se considera una de las más grandes obras culturales de la humanidad, además de los sistemas de conocimientos logrados por la civilización mesoamericana, como son la escritura y el conteo de los días en un calendario de gran precisión. La zona arqueológica de Teotihuacán es una de las zonas más estudiadas y conocidas por especialistas mexicanos y más allá de nuestras fronteras. Las diferentes referencias de Teotihuacán permiten constatar que por casi 750 años no hubo ciudad en Mesoamérica que compitiera con las dimensiones, fama y poder de Teotihuacán.
Testimonios
Los testimonios de los cronistas de la época colonial como Fray Gerónimo de Mendieta, el padre Motolinía, Fray Bernardino de Sahagún, Fray Juan de Torquemada, Francisco Xavier Clavijero y Francisco del Paso y Troncoso, entre otros, dieron cuenta de la existencia de las grandes pirámides y de lo que llamaban montículos; sin embargo, es Fray Juan de Torquemada quien ofreció el siguiente testimonio:
Lo que sabré afirmar en esto, es que estos indios de la Nueva España tenían dos templos de grandísima altura y grandeza, edificados a 6 leguas de esta ciudad, junto a San Juan Teotihuacán, los cuales estaban apartados de poblado y lo están ahora, aunque no en mucha distancia. Alrededor de ellos hay otros asientos que pasan de más de 2 mil, por lo cual se llama aquel lugar Teotihuacán, que quiere decir ``Lugar de Dioses''. 2
Fray Bernardino de Sahagún recibió por sus informantes la referencia del gran centro ceremonial Teotihuacán, cuya ubicación se identificaba junto al pueblo que se llama San Juan Teotihuacán.
Expediciones a Teotihuacán
Los viajeros y expedicionarios daban cuenta del asombro ante Teotihuacán; según el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, Teotihuacán es uno de los sitios más estudiados arqueológicamente, y sus primeras expediciones datan del siglo XVII, cuando Gemelli Carreri llega a Teotihuacán en la expedición comandada por Pedro de Alva; sin embargo, es hasta el siglo XIX en que se multiplicaron las crónicas y las expediciones: Alexander von Humboldt ofreció su testimonio en sitios de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América, en que publicó las investigaciones y cálculos que el científico mexicano Juan José de Oteiza y Vértiz hiciera en 1803, de la altura y medidas de la base piramidal y secciones de las pirámides de Teotihuacan. 3
Sin embargo, es hasta el año de 1864, con la expedición de la comisión científica de Pachuca, que estudiosos como Gamio consideraron el inicio del estudio formal de las ruinas de la zona arqueológica. En el año 1877, Don Gumersindo publicó en los anales del Museo Nacional el resultado de sus investigaciones. Unos años después, en 1885, el explorador francés Desiré Charnay ofreció en su obra Les anciennes villes du noveau monde una descripción de Teotihuacán, y los hallazgos realizados después de las excavaciones que realizó en el lado occidental de la Calzada de los Muertos y en el panteón del pueblo de San Juan Teotihuacán.
Son altamente consideradas las aportaciones del profesor William H. Holmes publicadas en 1897, con un método cercano a los procedimientos de la arqueología científica.
A partir de su nombramiento como inspector de monumentos arqueológicos en 1884, el señor Leopoldo Batres inició las expediciones por cuenta del gobierno; posteriormente, entre 1905 y 1910 realizaría las obras de reconstrucción con la escalinata solicitada por el presidente Díaz, así como una línea de tren que pasaba al pie de las pirámides.
Es para las celebraciones de las fiestas del Centenario que se inauguraron las obras la zona arqueológica, que se reconstruyó con afectaciones a por lo menos 7 metros del basamento original y la destrucción de algunos murales de los cuales no se registraron ni las imágenes.
Sin duda, las investigaciones de Manuel Gamio arrojaron nueva luz, no sólo de la riqueza e importancia de Teotihuacán en el conocimiento científico del México prehispánico. Gamio no sólo emprendió la primera investigación científica basada en la geología, particularmente en la estratigrafía, que son excavaciones que se realizan con objeto de precisar la sucesión y formación de las diversas capas que constituyen el subsuelo, así como el análisis de los restos animales y vegetales, de la misma manera que los vestigios materiales. Pero Gamio no se contentó con inaugurar la arqueología científica en México, integró a su estudio disciplinas como la etnología y la antropología cultural de las poblaciones del valle de Teotihuacán.
En el sexenio del presidente Adolfo López Mateos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia comenzó importantes trabajos como el proyecto de Teotihuacán, en septiembre de 1962, cuyos trabajos finalizaron en septiembre de 1964, dejando a la vista la gran plaza de la Pirámide del Sol y el complejo Palacio de Quetzal-Mariposa la Calle de los Muertos y la plaza de la Pirámide de la Luna. Se construyó también una carretera para facilitar la comunicación con la zona arqueológica.
Desde entonces, los trabajos de investigadores como los de William Sanders, Laurette Sejourné, Eduardo Matos Moctezuma y Jacques Soustelle han dado luz a numerosos aspectos de la cultura teotihuacana: cosmogonía, poesía, cerámica, murales, rituales, ceremonias, astrología, etcétera.
Recientemente, en 2003 se dieron a conocer los resultados de las investigaciones bajo la Pirámide de la Luna, coordinada por el arqueólogo Rubén Cabrera en colaboración con el japonés Saburo Sugiyama. Posteriormente, en 2006 se dieron a conocer los nexos e influencia de la cultura teotihuacana en la cultura maya, así como el carácter central de la jerarquía militar de una cultura que se había concebido como sacerdotal.
Precedentes históricos en el resguardo del patrimonio cultural mexicano
La protección del patrimonio cultural y su expresión en la identidad nacional consistió en uno de los imperativos de la nación mexicana. Por tal motivo, uno de los primeros decretos emitidos por el presidente Guadalupe Victoria en 1825 fue para crear la institución del Museo Mexicano, en cuyo acervo se encontraban la Piedra de Sol (popularmente conocida como Calendario Azteca y más correctamente identificada como Piedra de Sacrificios), las piezas arqueológicas procedentes de la Isla de Sacrificios, la Coatlicue y los monolitos entregados por Diego de la Rosa. Basta considerar que este museo es la simiente del Museo Nacional de Antropología e Historia, en el cual, hasta entrado el siglo XX, se concentraban las colecciones arqueológicas y de historia natural, como lo documentó Alfonso L. Herrera en los catálogos de las colecciones del Museo Nacional.
Por otro lado, en 1911 se iniciaron las actividades formales de la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas, que tuvo la dirección de investigadores como Eduard Seler, Franz Boas y Manuel Gamio. Esta institución legó un conjunto de innovaciones metodológicas y técnicas para realizar excavaciones; se destacaron por su importancia las de Cuicuilco, obra realizada en su mayor parte sobre una extensión cubierta de lava; el palacio de Sayil en Yucatán; la zona de Teopanzolco o lugar del Templo Viejo, Morelos; y el templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán.
Posteriormente, en 1913, el gobierno federal expidió un reglamento que facultaba al Museo Nacional para inspeccionar los monumentos arqueológicos, por lo que las labores académicas de arqueología, etnografía e historia se trasladaron a la Escuela de Altos Estudios. Esta institución fue fundada por Justo Sierra en 1910, mismo año en el que, con una nueva organización, la Universidad de México abrió sus puertas de nueva cuenta.
A propuesta del doctor Manuel Gamio, en 1917, como parte de la Secretaría de Agricultura y Fomento, se funda la Dirección de Estudios Arqueológicos y Etnográficos, misma que el año siguiente se convirtió en la Dirección de Antropología.
La Dirección de Antropología se reubicará en 1921 en la Secretaría de Educación Pública, de reciente creación. Pero es hasta 1930 en que podemos considerar que surge la política pos revolucionaria de protección al patrimonio cultural, al expedirse la primera ley que otorgaba facultades a la Dirección de Arqueología para la inspección general de monumentos. Por este motivo es que se establece el Departamento de Monumentos Artísticos, Arqueológicos e Históricos.
En consecuencia, el presidente Lázaro Cárdenas presentó al Congreso de la Unión una iniciativa de ley con el propósito de transformar el Departamento de Monumentos Artísticos, Arqueológicos e Históricos, de la Dirección de Arqueología de la Secretaría de Educación Pública, en un instituto, que al tener patrimonio y personalidad jurídica propias, contaría con recursos superiores a los que el gobierno federal podría suministrarle; recibiría aportaciones de las autoridades estatales y municipales y de particulares. Este es el paso decisivo para la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Es importante destacar, como uno de los acontecimientos más importantes para la vida cultural de México en el siglo XX, la creación de las instituciones culturales federales. A partir de entonces, se han desarrollado las políticas de educación, formación de públicos, programa cultural y resguardo patrimonial. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura se fundó el 31 de diciembre de 1946, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia el 3 de febrero de 1939, día en que también se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Marco normativo vigente
El patrimonio cultural se encuentra protegido por el artículo 73, fracción XXV, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, principio del que se deriva la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas, Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su Reglamento, así como la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, (INAH) y su reglamento, que se encuentra en proceso de revisión.
Es importante documentar que la derivación de algunos principios en materia de política cultural guardan una historia vinculada a la configuración del horizonte de los bienes de la nación, pero en lo que respecta a la protección de nuestro patrimonio cultural, las políticas de patrimonio, resguardo e investigación se concentraron en un primer momento en el patrimonio arqueológico, el cual ha tenido una importancia sustancial en la legislación cultural y en la construcción, tanto del imaginario social como de las instituciones culturales. Las historia jurídica de la protección de patrimonio arqueológico se remonta a la Ley Orgánica de Secretarías de Estado, del 23 de febrero de 1861; la del 26 de marzo de 1894; el decreto del 3 de julio de 1896 y la ley del 11 de mayo de 1897, que se refieren, por vez primera, a la propiedad de ruinas y monumentos arqueológicos; la ley del diciembre de 1902, que declaró las ruinas arqueológicas como bienes de dominio público, y la ley del 30 de enero de 1930 que legisla en el mismo sentido.
Las diferentes leyes que preceden a la Ley Federal sobre Monumentos son significativas para armar el complejo conjunto que han definido las políticas de patrimonio, resguardo e investigación de las culturas que componen la pluralidad de nuestra civilización. El 19 de enero de 1934 se promulga la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural, que tiene el carácter de ley federal y dispone, expresamente en sus artículos 2 y 4 el dominio de la nación de los bienes arqueológicos:
Es así que gran parte de estos preceptos, producto de un proceso histórico, se integran a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972, la cual define por primera vez los lineamientos de protección y resguardo del patrimonio cultural. Esta ley establece los mecanismos fundamentales de la protección de bienes culturales muebles e inmuebles, y lo diferencia en el ámbito de políticas, acciones, y competencia de instituciones específicas (Instituto Nacional de Antropología e Historia e Instituto Nacional de Bellas Artes); del concepto de monumentos: arqueológicos, artísticos e históricos, se derivan las facultades de ambos institutos.
Turismo cultural
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 identifica las políticas a favor del desarrollo humano sustentable, éstas se definen como parte de las políticas públicas en materia de desarrollo económico, y derivado de dicho desarrollo humano sustentable, se establecen las políticas en materia de turismo. Es en esta propuesta de gobierno para el desarrollo económico que se define la prioridad que tendrá el turismo a favor de la evolución económica de las comunidades y como un factor de crecimiento social.
Particularmente se define el compromiso de impulsar el desarrollo humano, por lo que todos los programas deberán incidir en el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades de los destinos turísticos, por medio de proyectos de prestación de servicios ligados al turismo.
``Hoy tenemos la oportunidad histórica de impulsar el desarrollo humano sustentable como motor de la transformación de México en el largo plazo y, al mismo tiempo, como un instrumento para que los mexicanos mejoren sus condiciones de vida''.
Por su parte, las políticas en materia de turismo se articulan en el Programa Sectorial de Turismo 2007-2012, del cual destacamos los siguientes puntos:
Por su parte, el subsector cultura se encuentra referido en el Plan Nacional de Desarrollo, en el eje 3.8 cultura, arte, deporte y recreación, las vertientes generales de la política cultural, se expresan en el objetivo 21.
Por otra parte, en el eje 7 cultura y turismo del Programa Nacional de Cultura 2007-2012, en el objetivo 1, relativo al turismo cultural, aparece como una prioridad del gobierno:
Sustentado en lo anterior, el gobierno del estado de México ha promovido el
Programa Regional de Desarrollo Turístico del Corredor Teotihuacán-Otumba-Acolman-San Martín-Axapusco-Nopaltepec
Según se desprende del convenio firmado el 22 de mayo de 2007 por autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el gobierno del estado de México y el Fonatur, publicado el 16 de enero de 2008 en la Gaceta del Gobierno del Estado de México.
El espíritu del legislador ha considerado desde 2003 la ampliación de horario en zonas como Teotihuacán. Prueba de ello es la aprobación de la Ley de Derechos que, en 2008, precisó y clasificó los servicios y las zonas arqueológicos como a continuación se indica:
Ley de Derechos de 2008
Por otra parte, en la Ley de Derechos de 2008, vigente a la fecha, en el artículo 288 se considera:
La Cámara de Diputados aprobó este artículo, además de que en la LIX Legislatura se realizaron las previsiones presupuestales, en la autorización de hacer regularizable la partida correspondiente a la ampliación de jornada para el Instituto Nacional de Antropología e Historia; sin embargo, ninguna forma de aprovechamiento puede violentar, omitir o contravenir el marco jurídico vigente, ni poner en riesgo la integridad del patrimonio cultural.
Observaciones
Los integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Cultura asumimos el compromiso para la revisión de la legalidad de los programas de instalación de la iluminación del proyecto Resplandor Teotihuacano, así como las autorizaciones correspondientes, como establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 109.
Problemas y propuestas que se desprenden de las investigaciones
Conclusiones
I. Tras el análisis documental, y de los diversos argumentos y posturas emitidas, tanto en la visita efectuada a la zona arqueológica, como en las reuniones sostenidas en el Palacio Legislativo de San Lázaro con representantes de investigadores, arqueólogos, restauradores y arquitectos, trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como con representantes del gobierno del estado de México, en relación con el Programa Regional de Desarrollo del Corredor Turístico Teotihuacán-Acolman-Otumba-San Martín-Axapusco-Nopaltepec, los integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Cultura consideramos que existen elementos sustantivos que, articulados bajo los principios rectores de protección patrimonial, inclusión social y transparencia fortalecerán los objetivos fundamentales de la propuesta; lo anterior sustenta que al respecto resolvamos lo siguiente:
II. En referencia al proyecto Resplandor Teotihuacano declaramos que:
Sustentados en todo lo anterior, hemos ubicado las cinco áreas de riesgo que a continuación exponemos junto a los exhortos que para superarlas proponemos a las autoridades federales, en particular al Instituto Nacional de Antropología e Historia y las autoridades del gobierno del estado de México:
1. Protección del patrimonio cultural
2. Suspensión de los trabajos de perforación y anclaje
3. Reversión de los procesos lesivos
4. Participación de la comunidad académica y expertos del INAH en el diseño de los proyectos
5. Transparencia y rendición de cuentas
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: De enterado. Publíquense en la Gaceta Parlamentaria.
SECRETARIA DE SALUD
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno Federal.--- Salud.
Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura.--- Presente.
Me permito anexar al presente el informe de resultados de la operación del Sistema de Protección Social en Salud, mismo que contiene el informe de previsión presupuestal, correspondiente al ejercicio de 2008.
El informe en comento se presenta en cabal sujeción a lo que establecen los artículo 77 Bis, 18 y 77 Bis 31 de la Ley General de Salud, y el diverso 140 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de protección social en salud.
Se anexa en forma impresa y en dispositivo magnético.
Le reitero la seguridad de mi más alta consideración.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Salud, para su conocimiento.
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría (LFPRH); 23 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008; 22, 23 y 24 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, me permito anexar los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al cuarto trimestre de 2008. Adicionalmente, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 107 de la LFPRH, se incluye la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de diciembre de 2008. Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente al mes de diciembre de 2007.
Para dar cumplimiento al artículo 31 de la Ley de Instituciones de Crédito se adjunta la información mediante la cual se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
DIPUTADA SUPLENTE QUE SE INCORPORA
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana Alicia Rodríguez Martínez, diputada federal electa en el IV distrito electoral de Morelos.
Se designa en comisión, para que la acompañen en el acto de rendir protesta de ley para entrar en funciones, a los diputados Edmundo Javier Bolaños Aguilar , Ana Yurixi Leyva Piñón , Elda Gómez Lugo , Víctor Samuel Palma César , María del Carmen Salvatori Bronca , Blanca Luna Becerril y Armando García Méndez .
La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas : Se pide a la comisión cumplir este encargo.
(La comisión cumple su encargo)
Se invita a los presentes a ponerse de pie.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Ciudadana Alicia Rodríguez Martínez,¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
La ciudadana Alicia Rodríguez Martínez : Sí, protesto.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: S i así no lo hiciera, que la nación se lo demande.
Felicidades. Continúe la Secretaría.
PERMISO PARA PRESTAR SERVICIOS
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante el oficio número DAN-00025, el licenciado Alejandro Estivill Castro, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Por lo anterior me permito anexar, para la integración de los expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de las identificaciones oficiales.
Al mismo tiempo, se informa que las personas que se citan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Las solicitudes de permiso,túrnense a la Comisión de Gobernación. En lo que se refiere a las cancelaciones de permiso,túrnense a las Comisiones de Gobernación de las Cámaras de Diputados y de Senadores.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número DAN-00214, el licenciado Alejandro Estivill Castro, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas, y originales de los escritos en los que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de sus identificaciones oficiales.
Al mismo tiempo se informa que las personas que se citan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Las solicitudes de permiso,túrnense a la Comisión de Gobernación. En lo que se refiere a las cancelaciones de permisotúrnense a las Comisiones de Gobernación de las Cámaras de Diputados y de Senadores.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número DEP-0089/09, Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se cita a continuación pueda prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona.
Por lo anterior me permito anexar, para la integración de su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y original del escrito en el que solicita que se realicen los trámites correspondientes, así como copia simple de su identificación oficial.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Presidencia de la diputada Martha Hilda González Calderón
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Gobernación.
ESTADO DE TAMAULIPAS
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-1-1685, signado por los diputados César Duarte Jáquez y Manuel Portilla Diéguez, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 4.1.3155, suscrito por el piloto aviador Mauro Rafael Gómez Peralta Damirón, director general de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la instalación de un sistema de aterrizaje por instrumentos en el aeropuerto General Lucio Blanco, de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.
Me refiero a su oficio número SEL/300/3629/08, enviado a esta secretaría con el fin de obtener una respuesta sobre el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 2 de septiembre del año en curso, que a la letra dice:
Al respecto le comento que el Grupo Aeroportuario del Centro Norte, dentro de su programa maestro de desarrollo proyectado de 2006 a 2020 tiene previsto, en el periodo del primer quinquenio de proyección, la instalación de un sistema de aterrizaje por instrumentos en el aeropuerto General Lucio Blanco, de Reynosa, Tamaulipas.
Asimismo, se ha solicitado a Aeropuertos y Servicios Auxiliares, con fundamento en el artículo 30 Reglamento de la Ley de Aeropuertos, que considere dicha inversión, con el fin de mejorar las operaciones en los aeropuertos de Nuevo Laredo y Matamoros, ya que, por su carácter de internacional y posición geográficamente estratégica en el norte del país, los coloca dentro de un rango fundamental para las operaciones aéreas en la frontera con Estados Unidos de América.
En tal virtud, y a fin de contribuir con los acuerdos generados para fortalecer el sistema de transporte del país, esta dirección general a mi cargo mantendrá estrecha comunicación con los involucrados para mejorar las condiciones de operación de los aeropuertos en cuestión.
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Remítase a la Comisión de Transportes, para su conocimiento. Continúe la Secretaría.
SEGURIDAD PUBLICA
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-4-1786, signado por los diputados César Horacio Duarte Jáquez y José Manuel del Río Virgen , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 315-A-00159, suscrito por Nicolás Kubli, director general de Programación y Presupuesto ``A'' de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los recursos para estimular a los gobiernos municipales para atender la seguridad pública.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.
Hago referencia a su oficio número SEL/300/5212/08, de fecha 4 de diciembre de 2008, por medio del cual hace del conocimiento del doctor Agustín Carstens Carstens, secretario de Hacienda y Crédito Público, el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la honorable Cámara de Diputados en su sesión celebrada el pasado 2 de diciembre, el cual establece que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta el titular del Ejecutivo federal para que instruya al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al de la Secretaría de Seguridad Pública para que, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se destinen recursos adicionales etiquetados, derivados de los subejercicios que se tienen a la fecha, para estimular a los gobiernos municipales, en especial aquellos que invierten recursos propios y presentan proyectos innovadores de combate a la inseguridad y a la delincuencia organizada que les permitan atender de manera inmediata el rubro de la seguridad pública.
Al respecto, y con base en lo establecido en el artículo 65 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, me permito comunicar a usted que, con base en la información que obra en el módulo del estado del ejercicio del portal aplicativo de la SHCP, al mes de noviembre de 2008 la Secretaría de Seguridad Pública no presenta subejercicios.
Finalmente, me permito comunicar a usted que aún no se conocen las cifras de cierre para el ejercicio fiscal 2008; una vez conocidas las definitivas y con base en la normatividad aplicable, esta secretaría estará en condiciones de analizar la posibilidad de canalizar el subejercicio que resulte, en su caso, a los gobiernos municipales para destinarlos al combate a la inseguridad y a la delincuencia organizada.
Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Remítase a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento.
PERSONAS ZURDAS
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En respuesta al oficio número DGPL 60-II-5-1868, signado por los diputados César Duarte Jáquez y Margarita Arenas Guzmán , Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número DGDC/037/09, suscrito por el maestro Leopoldo Felipe Rodríguez Gutiérrez, director general de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la atención de las personas zurdas.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Educación Pública.
Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.
En relación a su oficio número SEL/300/3625/08, relativo al punto de acuerdo por el que exhortan a los secretarios de Salud, de Educación Pública, y del Trabajo y Previsión Social a realizar acciones de investigación implantando actividades de atención a las personas zurdas dentro de sus ámbitos de competencia, así como al director general del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a efecto de que dentro de los censos que realiza implante acciones para conocer el número y condiciones de las personas zurdas que hay en el país, le comento lo siguiente:
La reforma integral de la educación básica que viene desarrollando e implantando la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Básica señala que ``el reto de atender con calidad educativa a las poblaciones vulnerables parte de un principio irrenunciable de equidad. Debemos aceptar que las necesidades de estas poblaciones son diferentes a las que tienen las poblaciones favorecidas. La equidad en educación no significa igualar los servicios que ofrecen, significa lograr la misma calidad de resultados en poblaciones diferentes''.
El sistema educativo nacional promueve que las niñas y los niños reconozcan la pluralidad como una característica de su país y del mundo, y que la escuela se convierta en un espacio donde la diversidad pueda apreciarse y valorarse como un aspecto cotidiano de la vida. En particular creemos que los alumnos pueden desarrollar todas sus potencialidades en la escuela con la intervención adecuada de los docentes ya que estos deben actuar como agentes fundamentales en el proceso de atención educativa y brindar alternativas de trabajo o apoyos específicos de acuerdo con la diversidad de la población escolar que asiste a los espacios escolares, incluidos los alumnos zurdos.
De acuerdo con lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que desde hace unos años la Subsecretaría de Educación Básica ha venido impulsando políticas educativas encaminadas a generar en todas las escuelas condiciones básicas para la integración educativa de los alumnos que por alguna razón no han podido incorporarse al sistema educativo nacional.
Como respuesta ante esta demanda social, el Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa es el responsable de coordinar la operación y funcionamiento de los servicios de educación especial que brindan asesoría y acompañamiento a las escuelas de educación básica para ofrecer una respuesta educativa pertinente y adecuada a los alumnos que lo requieran. Su principal propósito es incidir en la eliminación de las barreras para el aprendizaje y la participación de los alumnos en el sistema educativo nacional.
En este marco de referencia, reconocemos ampliamente la diferencia que prevalece entre los alumnos y al mismo tiempo la necesidad de seguir fortaleciendo a las escuelas con apoyos técnicos, curriculares, materiales y de infraestructura necesarios para posibilitar el desarrollo de sus capacidades y potencialidades.
Derivado de estos principios se ha enfatizado en otorgar a niños, a niñas y a jóvenes que presenten necesidades educativas especiales los apoyos específicos que requieren. Estas necesidades pueden estar asociadas a la presencia de una discapacidad, aptitudes sobresalientes u a otras condiciones, incluido el contexto social, familiar y escolar.
Por otra parte, se reconoce ampliamente la diferencia que se percibe en los ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos, los estilos de enseñanza de los profesores, los niveles de competencia curricular, entre otros.
Es por ello que durante el proceso de detección y evaluación de los alumnos el personal docente de educación regular y educación especial pueden conocer a profundidad las características, necesidades, habilidades, fortalezas y dificultades que presentan los alumnos y las alumnas. De ahí la necesidad de evaluar de manera más específica y puntual algunas áreas del desarrollo. La importancia de esta evaluación radica en poder identificar las necesidades educativas especiales que pueden presentar y determinar los apoyos educativos que la escuela deberá implantar para dar respuesta a sus requerimientos específicos.
Finalmente, no omito comentarle que estamos en la mejor disposición de continuar intercambiando ideas relacionadas con este tema, o realizar acciones encaminadas a trabajar a favor de la educación.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Remítase a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.
PROGRAMA ECONOMICO DE EMERGENCIA
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-2667 signado por los diputados César Duarte Jáquez y María del Carmen Pinete Vargas , Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 349-A- 0043 suscrito por el licenciado Juan Manuel Pérez Porrúa, jefe de la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la crisis económica.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.
Me refiero a su oficio número SEL/300/5404/08 de fecha 12 de diciembre de 2008, dirigido al doctor Agustín Carstens Carsterns, secretario de Hacienda y Crédito Público, relativo al punto de acuerdo aprobado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, mediante el cual en su artículo único se ``exhorta al titular del ejecutivo federal a revisar la política económica, tomando en cuenta el drástico cambio en el entorno internacional, y a incrementar el programa de emergencia con el fin de vigorizar al aparato productivo y de mitigar el impacto de la crisis global en las clases populares en México, condiciones necesarias para retomar el camino del crecimiento y del empleo''.
Sobre el particular, le comento que el pasado miércoles 7 de enero de 2009 el gobierno federal anunció el Acuerdo Nacional a Favor de la Economía Familiar y el Empleo, cuyos objetivos son proteger la economía de las familias mexicanas, defender el empleo y promover la competitividad de nuestra economía en un entorno de incertidumbre proveniente del exterior. Dicho acuerdo se integra con 25 acciones agrupadas en cinco ejes, entre las cuales destacan:
Como puede usted apreciar, el conjunto de estás medidas de política económica establecidas en el Acuerdo Nacional a Favor de la Economía Familiar y el Empleo, atienden el exhorto contenido en el punto de acuerdo aprobado por el honorable Congreso de la Unión.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Remítase a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.
VEHICULOS COMERCIALES - TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L.90-II-6-2829, signado por los diputados César Duarte Jáquez y Jacinto Gómez Pasillas , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 4.- 003, suscrito por el ingeniero Humberto Treviño Landois, subsecretario de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la importación de vehículos al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.
Me refiero a su oficio número SEL/300/5279/08, donde hace del conocimiento de esta secretaría, lo relativo al punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 4 de diciembre de 2008, el cual cita:
Sobre el particular, y como es de su conocimiento, el pasado 24 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados.
Por otro lado, en lo que respecta a las medidas de carácter ambiental, me permito señalarle que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales será la dependencia del Ejecutivo federal responsable de emitir las determinaciones consecuentes.
Sin otro particular, le reitero mi consideración y aprecio.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Remítase a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.
MIGRANTES
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En respuesta al oficio número DGPL 60-II-5-2405 signado por los diputados César Duarte Jáquez y Jesús Garibay García , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, original del similar número DEP-0172/09 suscrito por Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los migrantes en proceso de deportación de Estados Unidos de América.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.
Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.
Por instrucciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, y con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, agradecemos de antemano su valiosa intervención para hacerle llegar la respuesta adjunta al diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Lo anterior, en respuesta al punto de acuerdo presentado en la sesión del 14 de enero de 2009 y turnado a la Segunda Comisión de Trabajo, relativo al rechazo a la medida del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América de denegar el derecho a un defensor de oficio a los migrantes que se encuentren en proceso de deportación:
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi más alta consideración.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.
Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.
Por instrucciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, y con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hago referencia al punto de acuerdo presentado el 14 de enero de 2009, y turnado a la Segunda Comisión de Trabajo, relativo al rechazo a la medida del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América de denegar el derecho a un defensor de oficio a los migrantes que se encuentren en proceso de deportación:
Al respecto, me permito informar a usted que, si bien es cierto dicho punto de acuerdo significa una acción muy loable a favor de los migrantes indocumentados en Estados Unidos de América, la interpretación que se realiza de la medida tomada por el Departamento de Justicia no es del todo correcta, por lo siguiente:
Por lo anterior, se recomienda que dentro de los puntos de acuerdo se mencione que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión rechaza la medida del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América con la que no acepta interponer un recurso en contra de la deportación cuando el abogado del proceso comete errores.
Asimismo, el punto de acuerdo podría exhortar al nuevo gobierno de Estados Unidos de América para que revoque de manera inmediata la medida en comento y se regrese a interpretaciones anteriores que otorgan y garantizan el debido proceso legal en los procedimientos de deportación de nuestros connacionales.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi más alta consideración.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Remítase al promovente, para su conocimiento.
LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo.--- Congreso del Estado de Chihuahua de la LXII Legislatura.
Diputado César Horacio Duarte Jáquez , Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Para su conocimiento y efectos conducentes, le remito copia del acuerdo número 295/08 I P.O., así como del dictamen que le dio origen, por medio del cual la Sexagésima Segunda Legislatura del honorable Congreso de Chihuahua, formula ante el honorable Congreso de la Unión, iniciativa con carácter de decreto, a fin de adicionar un artículo 10 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Sin otro particular de momento, le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado de Chihuahua.--- Secretaría.
La Sexagésima Segunda Legislatura del honorable Congreso de Chihuahua, reunida en su primer periodo ordinario de sesiones dentro del segundo año de ejercicio constitucional
Acuerda
Artículo único. Presentar ante el honorable Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto, por medio de la cual se propone adicionar un artículo 10 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 10 Bis. Los prestadores de servicios dedicados a las operaciones prendarias tienen la obligación de requerir a los pignorantes, la documentación que acredite la propiedad de los bienes sujetos al contrato de prenda, cuando por cualquier circunstancia puedan dudar del origen de la obtención de dichos bienes. En caso de que los pignorantes no puedan acreditar la propiedad por causa justificada, los prestadores de este servicio deberán levantar un acta detallada con la identificación del pignorante, domicilio, descripción de los bienes, motivo por el cual no es posible acreditar la propiedad de los mismos, así como su soporte fotográfico, a efecto de que la autoridad competente pueda utilizar dichos datos en el cruce de información para el seguimiento dentro de la investigación delictiva.
Asimismo, los consumidores que tengan conocimiento de la ilegal procedencia de algún bien presentado por un tercero para el avalúo o comercio prendario, deberán informarlo a los encargados de los centros de empeño.
«Escudo.--- Congreso del Estado de Chihuahua de la LXII Legislatura.
Honorable Congreso del Estado.--- Presente.
A la Comisión Segunda de Gobernación le fue turnada para su estudio y dictamen iniciativa con carácter de decreto presentada por el diputado Antonio Andréu Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, mediante la cual presenta al honorable Congreso de la Unión una reforma, mediante la adición de un artículo a la Ley Federal de Protección al Consumidor. El estudio y dictamen fue realizado al tenor de los siguientes
Antecedentes
I. En sesión ordinaria de la Comisión Permanente del 2 de septiembre de 2008 el diputado citado en el proemio del presente presentó iniciativa que fue turnada el 9 de septiembre del mismo año a la comisión que ahora dictamina.
Dicha iniciativa se sustenta en los siguientes antecedentes:
II. Los mexicanos estamos enfrentando el padecimiento de una acelerada descomposición de los más elementales valores humanos y sus derechos inherentes, circunstancias que nos es fácil percibir gracias al inagotable trabajo que realizan los medios de comunicación.
A nosotros como legisladores se nos ha encomendado la sublime tarea de revisar el marco jurídico regulatorio y velar porque se ajuste a la realidad social imperante, que en el caso concreto que nos ocupa, la escalada de inseguridad pública y criminalidad, debe enfocarse a las estructuras existentes, tanto estatales como municipales, pero también a la sociedad en general.
Ahora bien, esperar que los gobiernos solucionen los problemas que aquejan a la sociedad de manera unilateral no es en la actualidad una opción viable. No podemos negar que es un hecho probado que nuestras corporaciones de seguridad pública y de administración de justicia han sido vulneradas y superadas por el crecimiento inusitado del fenómeno de la delincuencia. Y tenemos que reiterar, y que quede claro, que a la delincuencia y sus consecuencias las consideraremos siempre como un fenómeno transitorio.
Debo destacar que el origen que dio pie a la elaboración de la presente iniciativa es la lucha en contra de la criminalidad, en todas sus facetas, pero particularmente aquella relacionada con el empeño de bienes, bajo la figura jurídica de la prenda, los cuales puedan estar relacionados con algún delito.
Es importante recordar que este tipo de conductas o hechos delictivos tuvo como consecuencia la implementación de estrategias específicas, tal como la firma del convenio de colaboración entre el Nacional Monte de Piedad y la Procuraduría General de Justicia del estado a principios de este mes, donde nació la inquietud de revisar nuestro marco jurídico para dar mayores elementos para consolidar la procuración de justicia.
No olvidemos que este hecho en particular, refiriéndonos al relacionado con el Nacional Monte de Piedad, sólo ha sido detonante para ampliar la propuesta que ahora se presenta, ya que servirá no sólo para prevenir el tráfico de bienes provenientes de un ilícito, sino también incidencias de conductas que pueden derivar en infracciones de mayor magnitud.
En tales condiciones, hemos advertido la posibilidad de realizar una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a efecto de hacer efectiva la garantía dispuesta en las fracciones IV y V, ambas del artículo 1 de la ley en cita; que advierten, dentro de sus principios básicos, la efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales individuales o colectivos, mediante acceso a los órganos gubernamentales que promuevan, entre otras, la protección jurídica y económica de los consumidores.
Pues bien, el artículo 10 establece:
Es en este artículo, donde debe quedar expresa la facultad de hacer efectiva la prevención del delito mediante la imposición de una obligación especial a los prestadores de servicios de prestamos prendarios, como el Nacional Monte de Piedad y casas de empeño en general, tal como la obligación de requerir a los pignorantes la documentación que acredite la propiedad de los bienes sujetos al contrato de prenda, cuando por cualquier circunstancia puedan estimar que dichos bienes fueron obtenidos mediante la comisión de un ilícito. Ahora bien, en caso de que no se pueda acreditar la propiedad por causa justificada, es indispensable que dicha circunstancia quede debidamente asentada y documentada, incluyendo la memoria fotográfica, a efecto de que la autoridad competente pueda utilizar dichos datos en el cruce de información para el seguimiento dentro de la investigación delictiva.
Por otra parte, debemos destacar que es de suma valía la participación de la sociedad en la implementación de este programa permanente de investigación preventiva. Es aquí donde se invierte la función protectora y la imagen paternalista del Estado frente a sus gobernados, para ubicar a los ciudadanos como procuradores de la estabilidad y seguridad de las instituciones públicas.
Por tal motivo, es necesario que a los ciudadanos se les imponga la obligación de dar a conocer, tanto de los encargados de los centros de empeño como de la autoridad competente, por los medios más efectivos que se tenga acceso, la información que les conste y que pueda ser determinante para suponer que bienes presentados para avalúo o comercio prendario pueden o no haber sido obtenidos mediante la comisión de un ilícito.
La Comisión Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales realiza el estudio de la presente iniciativa en base a las siguientes
Consideraciones
I. Esta comisión es competente para conocer y resolver sobre la presente iniciativa, de conformidad con lo que disponen los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado, y 43, 52 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
II. Una sociedad es más libre si, y sólo si, se sabe y se siente segura. Pero la seguridad no sólo está vinculada con el objetivo esencial de que una comunidad determinada ejerza sus libertades y derechos, sino especialmente con el hecho de que, sobre esa base, esté en condiciones de trabajar, invertir, convivir, compartir y producir prosperidad, bienestar general y calidad de vida familiar.
Por ello es que la seguridad pública es el más importante detonador de tranquilidad y paz social.
La seguridad pública, sin duda alguna, constituye el reclamo social que más apremia respuestas claras y permanentes. Enfrentar con decisión el reto de alcanzar los niveles de seguridad que los ciudadanos demandan como un derecho humano compartido, exige la estricta aplicación de la ley, la capacidad y honradez de las instituciones y los servidores públicos y la participación de la sociedad, como elementos torales en las decisiones y acciones de gobierno en esta materia.
III. Prevenir significa, en términos sencillos, anticiparse a la consumación de los delitos y a las conductas antisociales.
Por ello es tarea prioritaria de los diversos órdenes de gobierno hacer de la seguridad pública un eje fundamental, dirigido a lograr un nuevo estilo de vida en nuestra sociedad, en donde la prevención surja como conducta colectiva y no como reacción al delito.
Este modelo de seguridad privilegia el uso de la legislación y la actividad gubernamental inclinada a la prevención, por lo que el objetivo es anticiparse a la realización de delitos y evitar que se vuelvan a cometer.
En base a lo anterior, podemos concluir que la seguridad pública indiscutiblemente está identificada como un sector prioritario cuya evolución e integración a los diversos procesos sociales encamina de manera fundamental la construcción de un futuro más próspero.
IV. El logro de este objetivo fundamental es de tal manera prioritario que es muy poco plausible si las autoridades no diseñan y ponen en marcha programas de seguridad fuertemente arraigados en la comunidad, en un marco de participación ciudadana amplio y decidido.
En tal virtud, se pone énfasis en la necesidad de emprender un esfuerzo sin precedente en materia de prevención del delito; por lo que se deben desarrollar políticas y acciones adecuadas que lo permitan.
Se deben combatir las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales y desarrollar programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos que induzcan el respeto de la legalidad.
Es necesario subrayar que la política de prevención, por su naturaleza, requiere la coordinación de esfuerzos de todos los órdenes de gobierno, para garantizar su eficacia y la de la propia seguridad pública. Y requiere, sobre todo, la colaboración ciudadana responsable para impedir el delito y reducir la impunidad.
V. La Ley Federal de Protección al Consumidor tiene como objeto promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, como lo consagra el articulo 10. Asimismo, dentro del mismo artículo, las fracciones IV y V como principios básicos, la efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales individuales o colectivos, mediante acceso a los órganos gubernamentales que promuevan, entre otras, la protección jurídica y económica de los consumidores.
El artículo 10 del ya citado ordenamiento jurídico estipula:
Como podemos observar en esta disposición, debería contener la facultad expresa de hacer efectiva la prevención del delito, mediante la imposición de una obligación especial a los prestadores de servicios de prestamos prendarios, como es la obligación de requerir a los pignorantes la documentación que acredite la propiedad de los bienes sujetos al contrato de prenda, cuando por cualquier circunstancia puedan estimar que dichos bienes fueron obtenidos mediante la comisión de un ilícito.
VI. La ausencia de esta facultad expresa es lo que orilló a los legisladores a presentar esta iniciativa, con la única finalidad de evitar que los delincuentes que acudan a las instituciones de servicios de prestamos prendarios a depositar, bajo el contrato de prenda, bienes que son productos de la comisión de algunos delitos, postura con la cual los integrantes de esta comisión legislativa, que ahora dictamina, coincidimos plenamente.
En Chihuahua hemos dado pasos adelante, hemos ido a la vanguardia en muchos temas, sobretodo en la reforma penal integral, la cual permite que marquemos un línea entre el antes y después de la justicia penal en el estado; de ahí la importancia de continuar trabajando con una visión de futuro, por lo cual el 6 de agosto del presente año se firmó un convenio de colaboración entre la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Nacional Monte de Piedad, como una iniciativa que regule el ejercicio y la actividad de las casas de empeño en el estado, para establecer los parámetros dentro de los cuales deben actuar las casas de empeño, y un evitar así los excesos y abusos que se cometen en personas que acuden, bajo la necesidad económica, a buscar una solución inmediata a su problema.
Es de suma importancia convocar e involucrar a la sociedad civil para que sea protagonista y artífice de las soluciones integrales, porque el problema de la inseguridad y la criminalidad es un problema de la sociedad, que debe ser parte activa en la prevención del delito. Sólo con la colaboración de la comunidad en general y con las instituciones de la sociedad se podrá avanzar en la lucha contra el crimen, en beneficio de la profesionalización y eficiencia en la investigación de diversos delitos.
Por lo expuesto anteriormente, la Comisión Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales, con fundamento en los dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Constitución Política de Chihuahua, y los artículos 100 y 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someten a la consideración de este alto cuerpo colegiado el presente dictamen con carácter de
Iniciativa de Decreto
Artículo único. Se adiciona un artículo 10 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 10 Bis. Los prestadores de servicios dedicados a las operaciones prendarias, tienen la obligación de requerir a los pignorantes la documentación que acredite la propiedad de los bienes sujetos al contrato de prenda, cuando por cualquier circunstancia puedan dudar del origen de la obtención de dichos bienes. En caso de que los pignorantes no puedan acreditar la propiedad por causa justificada, los prestadores de este servicio deberán levantar un acta detallada con la identificación del pignorante, domicilio, descripción de los bienes, motivo por el cual no es posible acreditar la propiedad de los mismos, así como su soporte fotográfico, a efecto de que la autoridad competente pueda utilizar dichos datos en el cruce de información para el seguimiento dentro de la investigación delictiva.
Asimismo, los consumidores que tengan conocimiento respecto a la ilegal procedencia de algún bien presentado por un tercero para el avalúo o comercio prendario, deberán informarlo a los encargados de los centros de empeño.
Transitorio
Primero. La presente reforma entrará en vigor a partir de los treinta días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El titular del Ejecutivo federal, por conducto de la Procuraduría Federal del Consumidor, implementará una campaña de difusión y concientización ciudadana durante los 30 días siguientes a la entrada en vigor de la presente reforma.
Económico. Aprobado que sea, túrnese a la secretaría para los efectos legales que correspondan.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Economía.
TRABAJOS LEGISLATIVOS
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : El siguiente punto del orden del día es el posicionamiento relativo a la agenda legislativa. Se han registrado para referirse al tema los siguientes diputados: por el Partido del Trabajo, Jaime Cervantes Rivera; por el Partido Verde Ecologista, Manuel Portilla Diéguez; por el Grupo Parlamentario de Convergencia, José Manuel del Río Virgen; por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Jorge Mario Lescieur Talavera; por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Juan Guerra Ochoa; del Grupo Parlamentario de Acción Nacional está pendiente el orador, para su registro.
En consecuencia, tiene la palabra el diputado Jaime Cervantes Rivera , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Señor orador, tiene usted hasta 10 minutos para su intervención.
El diputado Jaime Cervantes Rivera : Gracias. Con la venia de la Presidencia.Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo ha cumplido la exigencia de entregar nuestra agenda legislativa para el segundo periodo de sesiones del último año de ejercicio de la LX Legislatura.
Destacan entre nuestras propuestas las de carácter económico para enfrentar la situación de crisis financiera, para que los pobres, marginados y desposeídos no sean afectados tan severamente por el entorno.
En ese tema también son puntos esenciales de nuestra agenda los referentes al deterioro del poder adquisitivo de los salarios de la población ante el desproporcionado aumento de los precios de todos los bienes y servicios, las crecientes tasas de desempleo, la prácticamente nula generación de empleos, entre otros.
Las torpezas y el cinismo de las políticas económicas implantadas entre los gobiernos priistas y panistas tuvieron su clímax en Davós, Suiza, cuando Zedillo y Calderón se reunieron para tomarse la foto de convivencia y complicidad acerca del megafraude del Fobaproa y del IPAB, descargando su peso en los sectores más desprotegidos.
Hoy más que nunca se hace indispensable una reorientación del gasto público hacia los sectores sociales que puedan generar empleos productivos y derrame económico que detone en el mercado interno. No es asunto menor exigir el estricto cumplimiento de la ley electoral, que los últimos días ha sido violentada por los poderes fácticos representados por las principales televisoras del país.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, Andrés Manuel López Obrador ha presentado al pueblo de México una serie de propuestas que tienen el propósito de reactivar la economía.
Si el Ejecutivo federal no tiene idea de cómo enfrentar esta crisis, que no invente; que siga al pie de la letra las propuestas del programa económico de Andrés Manuel López Obrador, y que su parte medular consiste en lo siguiente:
1. Apoyo al campo para la producción de alimentos.
2. Impulsar el crédito a las pequeñas y medianas empresas.
3. Reducir los precios de la electricidad, gas natural, gasolina y diesel, en beneficio de consumidores y empresas.
4. Asignar más presupuesto para la salud, educación, alimentos, becas a estudiantes y apoyo a desempleados.
5. Derogar el IETU.
Si el titular del Ejecutivo federal es capaz de impulsar estas propuestas, el beneficiario directo será el pueblo de México.
Hoy más que nunca es indispensable proteger el empleo y el salario de los mexicanos. Está comprobado que al neoliberalismo esto no le importa, sino incrementar su margen de ganancia. A Andrés Manuel López Obrador y a los partidos políticos integrantes de la coalición Salvemos a México nos interesa el bienestar del pueblo.
Estamos en la Cámara para impedir que avancen medidas legislativas que pretendan destruir la propiedad pública y los derechos de obreros, campesinos y clases medias populares.
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo está a favor de ampliar el margen de las garantías sociales previstas en nuestra Carta Magna.
Estamos a favor de ampliar los derechos de los trabajadores y no de restringirlos y pulverizarlos, como pretende la cúpula empresarial y el Partido Acción Nacional al impulsar la Ley Abascal, que no es otra cosa que cercenar la acción colectiva, el derecho a formar sindicatos y a emplazar a huelga, así como el pago a destajo.
En la defensa de los derechos de los trabajadores nuestro grupo parlamentario no claudicará en materia política. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo está por el cumplimiento de todos los actores políticos de la ley electoral. Condenamos las declaraciones del ex presidente Fox, delincuente electoral confeso, quien llama a los alcaldes y funcionarios de extracción panista a violar las leyes de México.
El Instituto Federal Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de la Procuraduría General de la República, deben estar atentos para evitar que la apología del delito a la que llama Fox se concrete.
Llamamos al pueblo de México a sumarse al esfuerzo por democratizar el país, y a que tome conciencia de que fuerzas políticas están comprometidas con él. Esto sólo se realizará acudiendo a las urnas el próximo 5 de julio a expresar su voto a favor de las propuestas del verdadero pueblo mexicano.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, en los difíciles tiempos que enfrenta México es necesario que los legisladores actuemos con profunda conciencia y patriotismo.
No es momento de anteponer intereses de grupos ajenos al interés nacional, por encima de todo está el pueblo. Y a él debemos escuchar y obedecer. Es cuanto. Muchas gracias, señora presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos.
El diputado Manuel Portilla Diéguez : Gracias, con su permiso, diputada presidenta.Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy iniciamos el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de esta legislatura. Periodo que iniciamos en un contexto internacional caracterizado por la mayor crisis económica de la que se tenga antecedente y de la cual nuestro país no es ajeno.
En el ámbito nacional nuestro país se ve inmerso en un desempleo alarmante, altas tasas de interés, contracción económica, depreciación de nuestra moneda y la baja de los precios internacionales del petróleo. Factores que ponen en grave riesgo las finanzas públicas, y con ello el correcto desempeño de los programas de gobierno sin dejar de mencionar la creciente inseguridad.
Sin duda, el escenario no puede ser más complejo, y reclamará de los que hoy ostentamos la representación de la voluntad de los mexicanos nuestro mayor talento, atención y compromiso para sortear este difícil escenario.
En el Partido Verde estamos conscientes de los retos que el escenario social, político y económico mundial plantea. Estamos listos para contribuir con nuestras propuestas al mejoramiento de la condición de vida de los mexicanos.
La propuesta para el desarrollo económico del partido parte del concepto desarrollo sustentable; es decir, ``el crecimiento que no agote de una sola vez y para siempre los recursos, de manera que no comprometa la posibilidad de su uso, goce y disfrute para las generaciones futuras''.
Sin embargo, dentro del país tenemos una serie de rezagos en materia social y fiscal que resolver. Independientemente del curso que sigue el mundo, nuestro partido propone lo siguiente:
1. Aprovechar la coyuntura internacional para que al término del periodo recesivo del ciclo económico México sea un país más fuerte, con mejores leyes y mecanismos de mercado y de desarrollo social que lo hagan más competitivo.
2. En materia de medio ambiente proponemos cambios trascendentales en políticas públicas para lograr la sustentabilidad en todas las actividades productivas de nuestro país, para incentivar la protección y conservación de los recursos.
Algunas de nuestras propuestas serán incentivar la reconversión de tierras con actividades ganaderas para terrenos forestales, para atenuar los efectos de los gases invernadero.
Asimismo, fomentaremos el uso de lámparas ahorradoras de energía para sustituir a las lámparas incandescentes.
Adicionalmente promoveremos una política nacional para el tratamiento de residuos, mayores normas para la importación de vehículos automotores y la prohibición para la incineración de la basura.
En materia de desarrollo social nuestro partido propone reformar la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a fin de que el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres tenga como objetivo promover el desarrollo de acciones y servicios que aseguren la información en la educación sobre derechos sexuales y reproductivos, promoviendo la responsabilidad de hombres y mujeres en un marco de equidad y no discriminación.
Respecto a la planificación familiar buscaremos reformar la Ley General de Salud y la Ley General de Población, para que los programas, los servicios educativos y de seguridad pública de que dispone el sector público vayan dirigidos a toda la población.
Por otro lado, sabemos que la industria lechera mexicana enfrenta una severa crisis por políticas comerciales y arancelarias equivocadas que apoyan las importaciones de sustitutos de leche y descobijan a nuestros productores nacionales. Por ello buscaremos solucionar la problemática del sector lechero mediante reformas a la Ley General de Salud, a fin de precisar lo que es leche, lo que son los productos lácteos combinados y las fórmulas lácteas, y con ello lograr aprovechar nuestro potencial productivo de lácteos.
Por otra parte, actualmente nuestras instituciones de gobierno y sus procesos de gestión requieren fortalecerse para poder enfrentar las demandas de la población cada vez más diversas y cambiantes.
Por ello propondremos medidas para proveer de más instrumentos que permitan a toda persona tener acceso a la información mediante procesos sencillos y expeditos mediante el uso de herramientas tecnológicas existentes, pero no explotadas por la función pública.
Se pretende aprovechar los beneficios de intermediarios, como instituciones bancarias y centros comerciales, para ejercer el pago de contribuciones como medida para aminorar la corrupción y paliar el padecimiento de trámites engorrosos y poco transparentes.
Asimismo, se fortalecerá el ejercicio de gobierno de los jefes delegacionales mediante medidas que permitan estar en contacto con la población de esa demarcación, y se establecerán sanciones a los servidores públicos que omitan o falseen información durante comparecencias en el marco del informe presidencial.
Durante años, los mexicanos hemos exigido que el Estado garantice la seguridad pública y frene a la delincuencia, porque los mexicanos tenemos derecho a realizar nuestras actividades con la confianza de que la vida, la integridad y el patrimonio efectivamente sean salvaguardados por el Estado.
El combate a la delincuencia es un problema complejo y de raíces históricas profundas, que ha trascendido los límites de una administración. Por ello, nuestro grupo parlamentario continuará impulsando reformas legislativas que tengan como propósito fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública, debido a que el secuestro y otros delitos han dado lugar a que nuestro país viva una etapa de crisis en materia de seguridad desde hace ya varios años y que desafortunadamente se incrementará aún más por la crisis económica que actualmente vivimos.
No podemos postergar las reformas legislativas que el país necesita para frenar a la delincuencia. Los mexicanos tienen derecho a vivir en una sociedad con pleno respeto a su vida y a su patrimonio. Por ello, especial prioridad tendrá para nosotros impulsar los foros para discutir y analizar el catálogo de delitos graves, el incremento de penas y la implantación de la cadena perpetua y la pena de muerte en nuestro país que en días pasados aprobó la Comisión Permanente.
Estamos convencidos de que la participación de especialistas, abogados, científicos y, en general, de la sociedad enriquecerá el criterio de los legisladores y contribuirá a que tanto la sociedad como los que la representamos fijemos una postura informada sobre estos delicados temas.
Sin duda alguna, este periodo estará marcado por el desarrollo del año electoral que tendrá, entre otras finalidades, renovar la totalidad de los integrantes de esta Cámara.
En el Partido Verde nos pronunciamos en favor de que la labor proselitista no paralice los trabajos parlamentarios que esta legislatura, que se ha caracterizado por abordar y aprobar reformas importantes para nuestro país, siga activa y propositiva hasta el último día del periodo constitucional para el cual fue electa.
Sin duda los tiempos son complicados, pero estamos seguros de que la Cámara cuenta con hombres y mujeres capaces de proponer, conciliar y aprobar las mejores herramientas para hacer frente a esta situación. Muchas gracias.
Presidencia del diputado César Duarte Jáquez
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el señor diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia hasta por diez minutos.
El diputado José Manuel del Río Virgen : Gracias, presidente.Compañeras diputadas y compañeros diputados, este último periodo ordinario se va a desarrollar en medio de dos situaciones singulares: por un lado, el año electoral para renovar la totalidad de la Cámara de Diputados; por el otro lado, se deberán tomar medidas urgentes para cambiar la política económica, empezando por aumentar el gasto público y destinar fondos al desarrollo económico y social del país.
Convergencia no va a simular, va a denunciar ante el intento de los partidos tradicionales de imponer una agenda legislativa que no está atacando de fondo los retos a los que está sometida la sociedad ante la crisis económica, social y de seguridad pública que estamos viviendo.
Nadie se atreve ya en este país a calcular cuánto va a durar la crisis económica, la crisis social o la crisis de inseguridad. Estas crisis han puesto a discusión quién está fallando. A nosotros nos queda claro que hay un gobierno fallido. El pueblo ya no acepta ofensivos paliativos.
Es más, ya perfilan los partidos viejos, los partidos tradicionales, algunas iniciativas cosméticas para engañar a la ciudadanía en este año electoral. Quieren tapar lo que sufre el pueblo de México. Les voy a dar solamente un dato: entre diciembre de 2006 y el día 31 de diciembre de 2008 el gasto corriente del sector público creció en 437 mil millones de pesos, mientras que la economía creció apenas en 232 mil millones de pesos.
En suma, son claros en cómo no pueden detener el galopante proceso de exclusión social al que está sujeta la mayoría del pueblo de México con un gasto oneroso, vergonzoso, ofensivo.
No quieren tocar a quienes especulan y medran con la crisis de los mercados. Dejarán nuevamente a la ciudadanía indefensa ante la recesión que se aproxima aceleradamente contra nuestra economía nacional.
Convergencia ha sido un partido que está dispuesto a dar el debate nacional, a abordar con apertura y con pluralidad un nuevo paradigma para una nueva relación que será necesaria entre el Estado mexicano y las economías doméstica e internacional.
Las iniciativas que se pretenden privilegiar por parte de los viejos partidos serán medianas, débiles, parciales si no vienen acompañadas con una visión transformadora y dispuestas a posponer sus intereses partidarios en este año electoral.
Convergencia hace un comentario firme y drástico: nunca nos opusimos a que hubiera dos o tres o cuatro refinerías; queríamos incluso más. Convergencia se pronuncia por un conjunto de reformas que frenen la especulación de bancos para seguir lucrando, bancos que lucran con los más pobres de este país.
Nosotros pugnamos por una economía que sancione las políticas monopólicas y oligopólicas que explotan al pueblo de México.
Nosotros proponemos medidas que se comprometan con una intervención del Estado en el mercado mexicano para garantizar que los beneficios se reflejen en contra de la injusticia, en contra de una educación mediocre, en contra de salarios insuficientes, en contra de la inseguridad y la violencia, en contra de gobiernos sin resultados.
Convergencia señala y deja claro que llegó la hora de dar por terminado el ciclo de la historia que incrementa siempre la pobreza y el desempleo. Es el tiempo de inaugurar una nueva relación entre el deteriorado Estado mexicano y el incipiente mercado nacional, en la que defendemos los derechos colectivos y fundamentales de la gran mayoría de los mexicanos.
La sociedad quiere una auténtica representación popular en un Congreso y no una mayoría que se comporte como empleados del poder y como cómplices de los grupos de privilegio.
De cara a este grave contexto nacional, Convergencia pugna por reformas económicas sociales y políticas con visión y espíritu transformador que sitúe a la representación del lado de la sociedad y no del lado del poder por el poder.
En Convergencia seguiremos oponiéndonos a las medidas que atentan contra las clases populares. No aceptamos que en la consecución de objetivos políticos se violente la ley. Nos manifestamos en contra de cualquier medida que atente contra la soberanía de la patria, sobre sus recursos. Vamos a persistir en la lucha por lograr la equidad de género en todos los ámbitos de la vida nacional.
Para lograr lo anterior seguiremos en Convergencia del lado del pueblo, de los que tienen menos, de los que siempre han sido segregados. Será en este sentido, de auténtica y única oposición, que promoveremos la aprobación de las iniciativas que hemos presentado en materia de reforma del Estado, de justicia y seguridad, de garantías sociales y derechos humanos, y sobre todo, daremos continuidad y propondremos aquellas que ataquen el corazón del paradigma Estado-mercado que ya dio de sí en México.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, estamos a tiempo. Salvemos a México. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, diputado José Manuel del Río Virgen. Se concede la palabra al diputado Jorge Mario Lescieur Talavera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por diez minutos.
El diputado Jorge Mario Lescieur Talavera : Con su permiso, señor presidente.Honorable asamblea, el Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, numeral 4, de nuestra Ley Orgánica, presenta la agenda legislativa para el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de la LX Legislatura de esta Cámara.
En la agenda nos comprometemos a seguir realizando una oposición socialmente responsable, comprometida en impulsar, alcanzar y consolidar las reformas legislativas en materia política, económica, social y de justicia que le permitan a todos los mexicanos hacer frente a la grave crisis económica y a la terrible inseguridad que flagela prácticamente a todos los sectores del país, y para recuperar la armonía, el respeto y la confianza entre los mexicanos.
Propondremos medidas encaminadas a proteger la economía popular, a impulsar la competitividad, la productividad, el empleo; y plantearemos reformas para una mayor simplificación administrativa del gobierno federal para el mantenimiento de la paz social y el fortalecimiento de las pluralidades que caracterizan a la sociedad mexicana.
Mantendremos la interlocución de todas las fuerzas políticas representadas en nuestra Cámara, producto del régimen democrático y de nuestro sistema plural de partidos, para impulsar la reforma de la Ley Orgánica del Congreso.
El PRI reafirma su compromiso de seguir encauzando reformas legales que se traduzcan en el combate a la pobreza, la mejoría del poder adquisitivo, las condiciones adecuadas para la salud y la educación de todos los mexicanos, estableciendo los mecanismos de control y vigilancia para que los programas sociales, efectivamente, beneficien a quienes más lo necesiten.
La agenda que se presenta es enunciativa, continuará enriqueciéndose con aquellos rubros que sean prioritarios para la nación y con los acuerdos que surjan del quehacer legislativo.
Daremos continuidad al fructífero e intenso trabajo parlamentario de los periodos precedentes, para que la LX Legislatura culmine como una de las más productivas de los últimos tiempos.
Entre los puntos más destacados de la agenda del grupo parlamentario de nuestro partido, menciono los que tendrán por objetivo plantear la simplificación administrativa al gobierno federal; dar seguimiento al ejercicio del gasto público federal, asumiéndonos plenamente en nuestras funciones de fiscalización y control; acotar las facultades del gobierno federal en el diseño y la aplicación de las reglas de operación de los diferentes programas.
Proponer las reformas necesarias para la protección del ahorro de los trabajadores del sistema bancario, para limitar los cobros excesivos de los bancos. Impulsar la aprobación de la Ley General para Prevenir y Sancionar el Secuestro.
Impulsaremos también la aprobación de un nuevo Código Procesal Penal, de una Ley de Ejecución de Sanciones Penales y de la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Insistiremos en la supresión de la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia y consolidaremos las reformas constitucionales en materia de amparo, uno y otro, temas que han sido producto de la reforma del Estado mediante su organismo llamado ``CENCA'' y que esperan todavía el tratamiento legislativo.
Se propondrá crear un tipo penal adecuado que configure los delitos contra periodistas y medios de comunicación.
Aprobaremos ---eso intentaremos--- una Ley de Emergencia Económica. Se buscará convocar a los titulares de las dependencias correspondientes para debatir los temas económicos y la crisis a nivel nacional. Se solicitará al gobierno federal un diagnóstico sobre la pobreza y los programas de apoyo.
En este punto económico se pugnará por fortalecer la competitividad y el desarrollo del país mediante la revisión o la creación de los siguientes ordenamientos:
Ley del Sistema Nacional para la Competitividad; Ley de Fiscalización Superior de la Federación; Ley del Servicio Social para Optimizar el Apoyo de los Estudiantes; Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación; Ley en materia de Liberación de Vehículos a cargo del SAE; Ley para el Control de las Casas de Empeño.
Asimismo, el seguimiento para que se agilicen los proyectos de infraestructura en los municipios. Y se luchará por generar iniciativas para que se aumente el tiempo de la prestación de los servicios de salud y guarderías de los desempleados, en el marco de la seguridad social.
Ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas, sabemos que la lista que en resumen estamos presentando tiene un profundo soporte en los reclamos de la sociedad. Sabemos que hay muchos temas que se comparten con las diferentes fuerzas políticas representadas en esta soberanía. Tenemos además la experiencia ganada en los periodos anteriores de la LX Legislatura, para ejercer el debate y practicar el acuerdo. Sigamos trabajando por México. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor diputado y abogado don Jorge Mario Lescieur Talavera.
Se concede el uso de la palabra al diputado don Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos, para fijar posición en nombre de su grupo parlamentario respecto a la agenda legislativa del periodo ordinario que iniciamos.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa : Muchas gracias, ciudadano presidente, con su venia.Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, estamos viviendo lo que quizá pueda ser la puerta de entrada a la peor crisis que le toque vivir a este país después de la Segunda Guerra.
El eufemismo de que ``estamos mejor preparados'' no sirve para nada, cuando se reconoce que aun cuando estemos mejor preparados nos va a pegar igual o pero que a los que no están nada preparados. O sea, ¿de qué sirve estar preparado si el daño económico o la situación de la crisis va a ser igual o peor que quien no lo está?
El que el Congreso no aborde centralmente el asunto de la crisis y no viabilice salidas y no ponga a discusión todo el aspecto económico y social, va a hablar de un Congreso frívolo, donde los parlamentarios podemos traer nuestra agenda como si aquí no pasara nada, como si todo estuviera bien.
Y lo único que va a incidir es que, como Poder Legislativo, carguemos con el peso de ser una legislatura incapaz de comportarse a la altura de las circunstancias que está viviendo y que va a vivir este país.
Claramente hay que decirlo: las propuestas que ha hecho el Ejecutivo son propuestitas o francamente propuestas de un viejo modelo económico, arcaico, que no solamente no sirve, sino que es el que nos metió en esta crisis.
Por ejemplo, dice el señor de Hacienda, Agustín Carstens, que para hacerle frente a esto ---nos propuso en el alcázar del Castillo de Chapultepec--- hay que modificar la Ley de Adquisiciones, para que las adquisiciones que va a concursar el gobierno sean expeditas.
Pero ni se le ocurre, en ningún momento plantear que privilegiemos el alto componente nacional: reformar la Ley de Adquisiciones para que compremos lo que tiene más participación y partes hechas en este país, para generar cadenas productivas y que se fortalezca el empleo.
No se le ocurre porque el señor se formó en el extranjero; sigue mirando al extranjero y sigue pensando como Zedillo. Piensan igualito, parece que les marcaron ---como hechos en fábrica--- el cerebro. El asunto es que el extranjero nos va a venir a salvar.
Por eso se quedan viendo a Barack Obama, y dicen: ``oye, cuándo nos va a salvar''. Y no le aprenden ni a la abuela de este señor, que dijo: ``yo soy de Kenya, pero no creo que él se vaya a meter aquí''. Lo que no hagamos los mexicanos por nosotros, difícilmente va a venir a hacerlo alguien.
Él nos dice que hay que modificar para comprar, aunque haya irregularidad o corrupción ---habrá que ver---, pero no privilegia el alto componente nacional porque el señor realmente es malinchista, como son todos los gobernantes.
En el mismo tono dice hoy Calderón ---reconociendo además que se le frustró su plan privatizador en la reforma energética---: ``se hubiera abierto a la iniciativa privada''. Sí, cómo no, están esperando nada más ---la iniciativa privada extranjera--- que México les diga sobre todo en refinerías, para que venga.
No es más que la cultura que he señalado, privatimaníaca, de pensar que eso resuelve. Pues que invierta más el Estado y que veamos también ahí los recursos y los ahorros que tiene Pemex en el extranjero y que todavía son varios cientos de miles de millones de pesos, a ver si se pueden invertir.
Habrá que ver eso porque al mismo... emparentando esto con lo que dijo Carstens: ``Ah, ¿solución a la crisis? Que se abra la telefonía fija a la inversión extranjera''. Por favor, la compañía española ya tiene 97 por ciento, en violación a la Ley de Inversión Extranjera, ya tiene 97 por ciento de la participación. Si la reforma a esta ley es sólo para legalizar lo que ya hicieron; pero, ¿a poco por eso están invirtiendo gran cosa? No.
Mandaron a hacer ---por vía del Estado, de CFE--- una red nacional de fibra óptica, en un peculado que hace la CFE, que costó varios miles de millones de pesos y que ahora se la van a dar a los españoles. Ésta es la lógica que nos plantean.
No abren para ver si invierten más, no privilegian el componente nacional. Siguen pensando que dando recursos a raudales a esos inversionistas nos hacen un gran favor con venir a llevarse la tajada del león, como lo están haciendo los bancos ahorita, que nos están saqueando, tanto Banamex como Bilbao Vizcaya, dólares baratos para llevarse a Estados Unidos o para llevarse a España.
Pero ésa es la forma de pensar. Lo peor es que han convencido hasta a Calderón; espero que no a todo el PAN.
Piensan que de esa forma se va a resolver, en el viejo modelo que está rectificando alguien como Estados Unidos. Allá no andan solamente pidiendo acciones en salvamento; están nacionalizando y van a apalancar y apoyar la industria que tengan que apoyar.
Están planteando a discusión el Tratado de Libre Comercio, y aquí lo único que decimos es: ``¡Eh, el tratado no se toca!''. Si ellos le cambian, que sea poquito, pero no mucho porque nosotros no tenemos propuestas y seguimos con lo mismo: ``Que venga la inversión extranjera a salvarnos''.
El PRD está presentando un paquete de propuestas que las pone a discusión de ustedes, no solamente para exponerlas aquí. Es necesario que este país empiece a tener una planificación de su economía como lo hacen todos los países, como lo hace la OCDE, a 20, a 25 años; ¿o vamos a seguir con la idea de que el mercado debe planificar por nosotros?
¿Vamos a seguir con ese viejo modelo arcaico, neoliberal, obsoleto y que está siendo desechado en todos lados?, o vamos a empezar a planificar la economía. ¿Vamos a favorecer el componente nacional? ¿Vamos a dejar que el Banco de México también se ocupe del crecimiento económico y no solamente de regular la moneda? Podemos bajar las tasas de interés, que en ninguna parte se cobran tan altas como se cobran en este país, y de ello se abusa.
Podemos dar ley para defender a los consumidores, para que no estén resintiendo esos precios de especulación. En todo el mundo bajan las materias primas y aquí siguen subiendo.
¿Vamos a mantener impuestos disfrazados como es el precio que tienen las gasolinas, que no se justifica con el mercado, sino que es un impuesto disfrazado, porque además se les va a acabar el dinero?
¿Vamos a empezar a proteger a los ciudadanos, a sacar reformas sociales, a sacar reformas como el plebiscito y el referéndum? ¿Aspiramos a tener un estado de derecho o aspiramos a mantener un viejo modelo arcaico, que todo mundo sabe que fracasó, producto de la crisis, y que aquí neciamente se empeñan en mantener unos cuantos funcionarios desnacionalizados, que no piensan en lo que estamos viviendo y que les importa muy poco si a la gente le venden los productos a precios altos, o si los salarios son bajos?
Y eso de los salarios tampoco crean que es un asunto en el que el Congreso no puede intervenir. En manufactura los salarios no representan más que 2 por ciento de costo de producción. Su incremento, incluso al 100 por ciento ---y no digo que ésa sea nuestra propuesta---, no significaría mayor aumento en el costo de producción; pero los fija una Comisión de Salarios Mínimos que ya no sirve para nada, en lugar de fijarlos este Congreso.
El reto que nosotros les planteamos, como PRD, es el siguiente: o le entramos a cambiar el modelo o vamos a venir aquí a ver nada más cómo pasa la crisis por nuestro país, cómo lo socava, cómo disminuye su potencial. ¿Y nosotros? Bien, a dios gracias; o vamos realmente a entrarle.
¿Es válido mantener esa terquedad en ese modelo, en estas circunstancias, o hay un conjunto de propuestas que podemos nosotros aplicar? Ése es el reto y la pregunta que nos tenemos que hacer.
Nunca hemos pensado que esto lo vamos a construir solos. Ofrecemos en nuestra agenda un paquete de propuestas, pero queremos discutirlas con todos los grupos parlamentarios. La pregunta es: ¿están dispuestos ustedes a discutir el cambiar este modelo; el plantear cómo protegemos a la gente en esta crisis; cómo protegemos de veras el empleo; cómo buscamos nuestro desarrollo como país; cómo salimos adelante o van a seguir esperando que el extranjero los salve y pensando que si abren todo a la inversión esa es la solución, y aquí planteando unas cuantas cosas nada más para aparentar que se hace algo?
¿A qué están dispuestos hoy los grupos parlamentarios? ¿Están dispuestos a discutir a la altura que demanda este país o simplemente vamos a estar sentados viendo cómo se nos hunde la nación? Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, señor diputado don Juan Guerra Ochoa. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Juan José Rodríguez Prats, hasta por 10 minutos. Él representa al Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para fijar posición respecto a la agenda legislativa en el inicio de este periodo ordinario de sesiones.
El diputado Juan José Rodríguez Prats : Con su permiso, señor presidente.Señores legisladores, arrancamos el último periodo ordinario de sesiones y creo que eso, en primer término, nos obliga a una reflexión ética. ¿Hemos asumido plenamente nuestro deber? ¿Hemos hecho nuestra tarea?
Yo siento que es muy fácil caer en el discurso de la autocomplacencia y mencionar los logros que desde luego hemos tenido. Pero me parece que lo importante es asumir la responsabilidad del Poder Legislativo en el Estado mexicano y eso a veces lo hacemos a un lado. Yo aquí he escuchado con atención las intervenciones de los compañeros y me parece que ni siquiera tenemos una idea clara de para qué sirve el derecho.
Lo primero que deberíamos asumir es un diagnóstico adecuado, realista, objetivo, de lo que está pasando no tan sólo en México, porque sin lugar a dudas ya estamos inmersos en la globalización. Venir a sostener aquí medidas o propuestas de aislamiento o de regresar a políticas que ya probaron su fracaso, me parece algo absurdo.
Fernando Savater, un gran filósofo, escribió un diccionario un poco en imitación a Voltaire, y define la realidad con las siguientes palabras: ``según nos enseñan las disquisiciones de gran parte de los filósofos, pensar la realidad es echar en falta''.
Que a la realidad le falta algo, lo esencial; en eso están de acuerdo los pensadores más variopintos. A la realidad le falta estabilidad y firmeza. No dura, es transitoria, aparece y desaparece con vértigo fugaz. Le falta también veracidad, es engañosa, se oculta, se manifiesta equivocadamente. Carece de legitimación ontológica, de razón de ser, está pero no sabemos por qué está y sabemos que podía no haber estado puesto que eventualmente llega a borrarse.
La realidad no tiene virtudes; diríamos que no tiene corazón. Es cruel, despiadada, interesada en todos y cada uno de sus movimientos, carente de escrúpulos y de miramiento con los débiles, dolorosa cuando quita y tacaña cuando concede, brutalmente sincera, descortés.
Lo peor de todo, la realidad no ofrece alternativas. Se obstina en su unilateralidad monótona, de arrepentimientos y enmiendas. Permanece irreversible, intratable. Con esta realidad está claro que nadie en su sano juicio puede sentirse contento.
Coincido con el diputado Juan Guerra, que asumamos una discusión seria, pero partiendo de un diagnóstico objetivo, sereno. Vamos a un año político y esto contamina todavía más el ambiente, y hace que el discurso político caiga en vicios, caiga en demagogia, caiga en superficialidades.
Señores, el derecho no es un fin. No por decir algo en la ley se resuelve un problema. El derecho es un instrumento que intenta, que ensaya modificar la realidad. Aquí escuchamos pronósticos catastrofistas, oráculos del desastre.
Casi, casi anhelan que las cosas se pongan peor y en eso se incurre, inclusive en el discurso de campaña. Casi, casi se cruzan los dedos para que un gobierno, con el que no se identifican, haga mal su trabajo. Así se daña a México. Esa actitud, esa conducta, no nos lleva a ningún lado.
Yo asumo el reto y asumo la invitación de Juan Guerra: vamos a discutir. Pero escucho críticas en contra de un modelo económico y propuestas muy pobres. Propuestas sin sustento, sin saber qué debemos hacer ---en concreto--- como legisladores, que ése es nuestro trabajo.
El discurso político está viciado. Está cargado de lugares comunes, está cargado de insultos y de descalificaciones. Hagamos un propósito al inicio de este periodo, de elevar el discurso político y enaltecer el debate. Vean cuál es la imagen que tiene nuestro Congreso y que tiene esta legislatura. Sin lugar a duda, una imagen deteriorada, una imagen degradada.
Hay muchos pendientes, yo empezaría por ahí. Vamos viendo los pendientes. Efectivamente, todas las naciones hoy están discutiendo de hasta dónde debe llegar el Estado y hasta dónde debe llegar el mercado. Y sí, efectivamente, y Adam Smith nunca lo señaló, el mercado no puede por la simple mano invisible resolver los problemas. Si ustedes leen las obras de Adam Smith, en dos o tres ocasiones habla de la mano invisible.
Se requiere la participación del Estado, y del Estado es culpa la crisis que estamos viviendo. Fue una mala regularización, fue una mala aplicación de las leyes. Eso no es culpa del mercado. El mercado no fue a la guerra a Irak, el mercado no cayó en déficit.
Hay deshonestidad detrás de cada crisis económica. Hay falta de ética en decisiones que se debieron tomar oportunamente. Hoy se viene a reclamar que aquí se aprobó el Fobaproa.
Y yo sí respondo, señores. Y hagamos un momento de pausa para reflexionar qué sería hoy de México si no se hubiera asumido esa decisión valiente, por el Partido Acción Nacional desde la oposición y el Partido Revolucionario Institucional de gobierno, de aprobar el Instituto de Protección al Ahorro Bancario.
Hoy tenemos un sistema financiero que puede responder al momento de crisis. Esa decisión fue acertada y estoy dispuesto a defenderla en cualquier foro. Y se protegieron 16 millones de depositantes que hubieran quebrado y se hubiera provocado una crisis de magnitudes inconcebibles.
¿Me quiere usted interrumpir, diputado? ¿Me quiere usted interrumpir? Adelante, adelante. Qué lástima que no tengan el valor de preguntar.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Permítame, señor diputado.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputado Juan Guerra. Sonido a la curul. ¿Con qué objeto diputado?
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde la curul): Pido la palabra por alusiones personales, porque han sido personales y muy directas, por favor. Después del orador. Gracias.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Adelante, diputado.
El diputado Juan José Rodríguez Prats : Un gran pensador del siglo XX señalaba los siete pecados sociales; entre los dos primeros, ``política sin principios'' y ``riquezas sin trabajo''. ¿Qué principio nos ha orientado a nosotros? Ha habido afinidad, ha habido acercamiento; ¿en qué principios estamos de acuerdo? Ésa es la gran crisis nacional.
Hemos dado prioridad a los intereses partidistas frente al interés nacional, y es cierto, ustedes se opusieron a que hubiera más inversiones.
Vamos a referirnos a los discursos que se dieron, y que aquí se hizo alusión por parte de Romano Prodi, Felipe González, Sanguinetti y Ricardo Lagos, quienes son ex gobernantes que no pueden ser pintados de derecha.
Hay coincidencia. Se requiere inversión, más inversión. Y totalmente de acuerdo, es la única forma en que se pueden resolver los problemas. Inversión extranjera, inversión nacional, lo que genere empleos, inversión. Felipe González dice que no hay empleos sin empleadores.
Deberíamos empezar por revisar una ley obsoleta. Y aquí defiendo la iniciativa que presentó Carlos Abascal en materia de ley laboral, que es una ley tremendamente vulnerable, que es una ley con muchos recovecos y que el único empleo que genera son tinterillos que han venido a medrar con una mala disposición jurídica y que deberíamos de tener el valor de venir a subir aquí efectivamente que se limiten muchas prácticas corporativas y que se le dé mayor libertad al trabajador.
El Partido Acción Nacional asume su deber de ser un partido en el poder. Acabamos de terminar con tres días de reflexiones. Aprobamos nuestras prioridades: blindaje para la economía de las familias mexicanas, seguridad... Tenemos muchos pendientes.
Inclusive en el Senado hay minutas que deben ser aprobadas para dar herramientas al aparato Ejecutivo, al poder de la justicia; cobertura universal en salud. El Seguro Popular ha resultado ser algo positivo creado por el Partido Acción Nacional; debe ampliarse y profundizarse.
Hay que ver aspectos educativos, porque aquí está uno de los grandes detonadores de desarrollo, competitividad y desarrollo nacional.
Esos cuatro estadistas insisten: competitividad. Tenemos un derecho administrativo que es una maraña. Hay 249 leyes federales vigentes.
Obligamos al que quiera invertir, al que quiere trabajar en una serie de trámites que debemos simplificar. Creo que hay mucho por hacer. La reforma que se tiene que hacer es depurar el derecho, más que empezar a imaginar y a meter más normas.
La Constitución mexicana en el 57, a mediados del siglo XIX, tenía 11 mil palabras; en el XVII, 22 mil. Hoy estamos próximos a las 50 mil palabras y eso no nos ha llevado a un mejor estado de derecho.
Señor presidente, pido tolerancia, tolerancia para que siga hablando, no para que concluya.
Fortalecimiento del federalismo, Poder Legislativo eficiente que sesione en las comisiones, que haya quórum, que hagamos nuestro trabajo, señores legisladores, que la Comisión de Puntos Constitucionales cuando menos tenga el valor de adoptar una actitud imparcial y no partidista; transparencia y libertad de expresión, modernización nacional.
Sí, señores, tenemos un Estado, y el Estado está formado por tres poderes. No es un Estado fallido, no es un gobierno fallido. Coincido en que hoy vivimos momentos críticos, y lo menos que podemos esperar de esta legislatura ---y a eso se compromete el Partido Acción Nacional--- es a hacer nuestro trabajo, venir con responsabilidad.
Muchos tenemos aspiraciones personales muy válidas. Queremos continuar en la carrera política; lástima que no haya reelección, que ustedes se han opuesto a ella, porque eso profesionalizaría el trabajo parlamentario; pero venimos porque sostengo que nuestro país en mucho es país de derechos. Reclamamos derechos, exigimos al Estado, apretamos al Estado, ceñimos al Estado. Tal parece que lo que se ha llamado izquierda quiere arrinconar al Estado cuando, precisamente, una de sus tesis era fortalecer al Estado.
Y hoy ---y lo dijo Felipe González--- hemos discutido mucho sobre el Estado latinoamericano, pero tenemos que dar flexibilidad para que funcionen los instrumentos de Estado y, específicamente, del Poder Ejecutivo, lo están haciendo todas las naciones.
Ojalá y en sus conciencias asuman sus responsabilidades. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, señor diputado don Juan José Rodríguez Prats. Ha pedido el uso de la palabra el diputado Juan Guerra, y se le concede por alusiones. No es debate, diputado.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa : Gracias, presidente.Le parece al diputado que las propuestas del PRD son pobres. Pero, cuáles son las de ustedes, porque no les oí ni una. Es que todo está bien. Es que no van a cambiar nada. Es que las cosas están perfectas. Es que, el criticar y querer tomar medidas frente a la crisis es querer debilitar al Estado.
O sea, ustedes nos dicen: ``no hagamos nada'', o ``todo está bien'', y pueden citar aun el desorden de Seguro Popular, pueden citar lo que quieran. Pero lo que nos están diciendo en esencia es: ``todo está perfecto, todo está bien''.
Es decir, ustedes no están ofreciendo a los mexicanos que están perdiendo el empleo ahorita, no están ofreciendo a los mexicanos que ven como se les dispara la canasta básica, nada más que se aguanten y que todo está bien. Eso es en esencia el discurso, hay que entender que el derecho es un medio, no un fin; además, para que se ilustren.
Pero lo demás, la canasta básica la pagan con esa frase y el empleo a ver cómo lo consiguen, porque todo está bien. Pero además, quiero decir una cosa, la oposición sistemática, incluso, a que se apruebe plebiscito y referéndum, haber dado el bachillerato obligatorio venía de la bancada de Acción Nación, el conservadurismo ha venido.
Y ahora les dice a presidentes, algunos de los cuales son de la Internacional Socialista, que ellos son de derecha. O sea, cómo está el organigrama mental de que la derecha confunde a la Internacional Socialista con la derecha; porque no está de acuerdo en el inmovilismo y porque critica el paradigma actual.
El sistema financiero. A ver, darle 20 puntos del producto interno bruto es lo que tiene que hacer Europa, lo que tiene que hacer Estados Unidos; ésa es la recomendación que ustedes les dan. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? No está regalando el dinero que no benefició a quienes realmente sentían el quebranto de la banca en aquel entonces aquí en México, está retirando acciones y hasta nacionalizando bancos.
Ah, pero eso qué les va a parecer; es cosa del pasado, no es modernidad. El paradigma que ustedes vienen a defender aquí no es de ustedes, es un paradigma impuesto por el Fondo Monetario Internacional y por naciones poderosas como Estados Unidos. Y ahora que se quedaron sin padre que los tutele, porque ya no sostiene ese paradigma, ustedes dicen, de todas maneras, ``sostenemos el paradigma de que el mercado lo es todo''.
Claro que en el asunto financiero hay que meter orden. ¿En qué parte Citigroup con lo que tiene aquí gana 10 por ciento? ¿En qué parte Bilbao Vizcaya gana con lo que tiene aquí 40 por ciento? Sólo en México se puede saquear.
¿Cuál es la diferencia entre la tasa pasiva y la activa que paga el banco y que cobra el banco? En cualquier parte del mundo de estos países es menos de 5 puntos; aquí es de 80 y de 100 puntos. ¿Y les parece que eso está bien?, que nos saqueen por vía de los intereses y que no hay que hacer nada. ¿Les parece eso bien?
¿Les parece bien que los bancos no puedan ni siquiera tener 10 por ciento en la Bolsa Mexicana de Valores para que se transparente? ¿Les parece eso bien? ¿Les parece bien que ser el paraíso donde nos saquean desde fuera es lo correcto?
Y no tienen propuestas, pero nosotros sí tenemos, y hemos presentado la iniciativa y no son cosas del otro mundo. Cualquier banco central de Estados Unidos o de Europa regula moneda y también crecimiento y empleo, excepto aquí.
Cualquier país planifica. Los países de América protegen a los consumidores y tienen acciones colectivas para que no haya ese abuso de los básicos. En cualquier lado el Congreso puede opinar sobre el asunto de los salarios.
Aquí nos dicen ``no''. Todas esas propuestas que las hacen los países desarrollados son exóticas. No ataquen al Estado, todo está bien, no pasa nada. Bueno, está bien, entonces digamos una cosa: ustedes no quieren hacer nada, no van a presentar propuestas de nada, son incapaces de defender a la gente frente a la crisis. Qué bueno que lo reconocen, qué bueno que lo asumen y qué bueno que aplauden el no tener nada, y la gente pues que lo sepa.
Ahora, sí se contamina por el asunto electoral. Pero nosotros estamos abriendo mesas de discusión. Pero, vamos discutiendo, es lo que les decimos, vamos buscando coincidencias. Pero, si nos dicen que todo está bien, pues cómo discutes, cómo buscas coincidencias con quien cree que cualquier cuestionamiento y propuesta iniciativa frente a la crisis y reforma es un asunto de atacar al Estado y de que no hacer nada.
¿Cómo se puede con esa mentalidad tan dura, tan cerrada, tan obtusa, que nos sentemos a discutir para hacer algo? Tenemos un tiempo rápido, habría que aprovecharlo y hacerlo.
Nuestras propuestas, me van a perdonar, pero son serias, son bastantes, son contundentes. Los invito a que las lean, ahí están en la Gaceta. El paquete de medidas anticrisis y sociales, junto a un paquete de propuestas que es imposible en este tiempo desarrollar, pero que las ponemos a su consideración.
Díganos en concreto qué no les gusta. Pero si nos dicen: es que no nos gusta nada. Es que son pobres. Es que el derecho es un medio. Francamente, la gente así no debe esperar mucho de parte de ustedes. Muchas gracias.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado. Por alusiones personales. Rectificación de hechos no ha lugar, sólo alusiones personales.
El diputado Juan José Rodríguez Prats : Señor diputado, con su permiso señor presidente.Con el afecto y el aprecio que le tengo, qué audacia tiene usted para distorsionar las palabras. ¿Cuándo hemos dicho que no tenemos nada? ¿Cuándo hemos dicho que no tenemos propuesta? ¿Cuándo hemos dicho que todo está bien? Revise usted mi discurso.
Empezamos, sé que le tienen prohibido que me interpele, sé que le tienen prohibido, por eso gritan y todo, sé que le tienen prohibido. Pero repito, de mi parte hay disposición. Cuantas veces me quieran interpelar hay disposición.
Entonces, yo quisiera que revisaran. Ahí están las propuestas del presidente Calderón, ahí están las propuestas del secretario de Hacienda, Carstens.
El partido del ``no'', ha sido el PRD. Es el PRD el que ha rechazado todo, es el que se ha negado al diálogo. Pero, ¿cuándo nos hemos negado al diálogo? ¿Cuándo ha entrado al diálogo Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuándo han venido con propuestas viables?
Me dice usted de la educación media superior. Mire usted, esta discusión la tuvimos...
Señor presidente, con muchísimo gusto.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El diálogo está abierto, sólo que no se permite directo, señores legisladores, en tanto no es un debate.
Se ha permitido a raíz, porque es el posicionamiento de la agenda legislativa de cada grupo parlamentario. Ha habido alusiones de ambos grupos parlamentarios, por eso se les concedió la palabra.
El diputado Juan José Rodríguez Prats : Gracias, señor presidente.
Una reforma al 3o. constitucional, que dice: ``La educación media superior ---yo me opuse, quiero decir, mi fracción parlamentaria, y ahí está una evidencia de que aprobamos propuestas del PRD---, la educación media superior es obligatoria''.
¿Obligatoria para quién? Ni siquiera lo especifica. Obligatoria para el Estado. Ah, ¿el educando no tiene la obligación?; ¿no se le puede hacer un examen de admisión? Y después ese transitorio. Vean lo que está diciendo el mundo académico; una aberración, una tremenda aberración: ``Se aplicará cuando haya presupuesto''.
Señores, estudien derecho. Es más, no estudien derecho, ya están grandes para estudiar derecho; invítenme, yo les doy un curso.
Izquierda moderna. Vean lo que está pasando en la izquierda en el mundo. Vean lo que hace Lula da Silva.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Permítame, diputado Rodríguez Prats. ¿Con qué objeto, diputado Gerardo Villanueva?
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Si me permite, mediante su persona, hacer una pregunta al orador.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Señor diputado Rodríguez Prats, ¿admite una pregunta del diputado Villanueva?
El diputado Juan José Rodríguez Prats : Con muchísimo gusto, y mi agradecimiento porque haya aceptado mi invitación.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Adelante, diputado.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Muy bien, diputado, gracias por aceptarme hacer esta pregunta.Qué fácil es evadir la situación central, que es la crisis que enfrenta este país, y que es producto de la enorme ineptitud del gobierno federal espurio, que ha sido incapaz de construir una agenda económica a favor de todos los mexicanos y de todas las mexicanas.
Qué lástima que se evadan las propuestas concretas que ha hecho la bancada del PRD para imponer en este país por fin la austeridad republicana que ustedes son incapaces de concebir. Tenemos que obligar, desde este Parlamento, a entender la política de manera diferente.
Le pregunto a usted, diputado: ¿cree que es justo, ante esta realidad económica, que se mantengan los grandes privilegios de la alta burocracia, que se mantengan los altos salarios en los órganos autónomos que aprueba esta Cámara, los presupuestos que son mal utilizados en las instancias del gobierno federal, y sobre todo, ante la negativa sistemática que ustedes han planteado por impulsar un presupuesto social, un presupuesto que ayude a los más necesitados?
Yo le pregunto, diputado, por qué evadir siempre el tema de la austeridad, por qué tanto encariñamiento con los grandes privilegios de los que ustedes viven profundamente enamorados. La gente allá fuera nos está exigiendo, más allá de su rollo, a veces un rollo histérico, autoritario, que estos diputados, que esta Cámara de Diputados por fin tome decisiones contundentes para que, con medidas urgentes, se destinen nada más y nada menos que 200 millones de pesos, que en este momento se pueden destinar para la obra pública y para el desarrollo social.
Qué lástima que no haya posibilidad de debate porque seguramente vamos a seguir escuchando estos ataques y estas descalificaciones a las propuestas del Frente Amplio Progresista, en particular del PRD, pero sobre todo que han sido señaladas una y otra vez por el presidente legítimo de México, el ciudadano Andrés Manuel López Obrador.
Le pido, le exijo, diputado, que más allá de artilugios retóricos de los que usted hace siempre gala, queremos respuestas, queremos responsabilidad, queremos que evite tomar atajos para escaparse del tema central de este debate, que es la crisis que viven las familias de nuestro país, y que el PRD una y otra vez ha planteado reducir los privilegios de la alta burocracia, que el presidente de la República dé la cara a la nación, que se baje a la mitad del sueldo y de paso a toda la alta burocracia de este país que vive, por eso mismo, en una burbuja lejana a la realidad de la mayoría de los mexicanos.
Diputado presidente, muchas gracias por permitirme esta pregunta, y yo espero que el diputado tenga la sensatez de contestar y de no evadir la parte central de este debate y de mi pregunta en lo particular. Muchas gracias, diputado presidente.
El diputado Juan José Rodríguez Prats : Fíjese que...
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Permítame. Diputado Cuauhtémoc Sandoval, ¿con qué objeto?
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde la curul): Presidente, es claro que estos temas necesitan entrar a debate. Creo que los argumentos de la derecha mexicana no...
El diputado Juan José Rodríguez Prats : Señor, me está violando... Solamente puede interpelarme, está haciendo uso de la palabra...
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Así, es. Permítame.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde la curul): No tienen ya ninguna sustentabilidad en la realidad, y entonces abramos el debate más allá de la rigidez que se ha planteado...El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Señor diputado, vamos a registrar esta inquietud para, con gusto, pactar un debate en su momento.
Estamos en el desahogo de la agenda parlamentaria del inicio del periodo de sesiones. Con gusto tomamos, hacemos nuestra esa posición. Creo que sería muy sano para el Congreso.
El diputado José Murat (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputado José Murat, ¿con qué objeto?
El diputado José Murat (desde la curul): Cuando termine la respuesta que, entiendo, va a dar el diputado Rodríguez Prats, a quien le hizo la pregunta, quería solicitarle a usted, si le plantea al diputado Rodríguez Prats... quiero hacer un planteamiento a él directamente y a usted en su calidad de presidente de la Cámara.El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado. Si hace favor, diputado Juan José Rodríguez Prats, en responder a la pregunta.
El diputado Juan José Rodríguez Prats : Desde luego. En primer lugar yo le quisiera agradecer al señor diputado, porque de repente me vi trasladado a mi estado. Con Nico Mollinedo, ganando 60 mil pesos cuando se pronunció este principio que ahora une a lo que ustedes llaman ``izquierda de la deshonestidad valiente''.
Recordé a René Bejarano con esta campaña que ahora hace de la ``campaña nacional por la transa''. Y sí, efectivamente, estas cosas las tenemos que corregir todos los partidos. No creo que aquí los partidos políticos no asumamos todo nuestro deber.
Miren, ya viendo al fondo del asunto, esta ley de limitar los sueldos... yo tuve oportunidad de trabajar en la Comisión Federal de Electricidad, muchos técnicos, por ejemplo, de Laguna Verde, técnicos altamente especializados... y querer tasar sueldos, y decir ``se disminuye'' es una salida falsa, diputado. Eso es demagogia.
Si usted disminuye sueldos, la cantidad y la proporción, ya lo han dicho los estudiosos en economía, no representa lo que la imaginación y exuberancia tropical ha llevado a estimar en miles de millones de pesos.
Yo creo que el sector público debe pagar adecuadamente y exigir honestidad y ser competitivo frente a las empresas privadas, porque de lo contrario, muchos administradores públicos, y ya se han dado casos, irían a refugiarse a la iniciativa privada. Pero repito, es un trabajo que tenemos que hacer todos. Es un trabajo que tenemos que asumir.
Yo estoy de acuerdo, ha habido abusos en ayuntamientos, en regidores, en presidentes municipales, en delegaciones; ha habido abusos en los estados. Por eso mi partido, Acción Nacional, y aquí Alma Edwviges, una diputada, compañera nuestra, se esmeró mucho en lo que es unificar las contabilidades, porque hay mucho desorden en las contabilidades estatales y las contabilidades municipales Yo ahí coincidiría en que tenemos que hacer ese trabajo.
Retorno a mi discurso, pero...
El diputado José Murat (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputado José Murat, favor de plantear una pregunta.
El diputado José Murat (desde la curul): Más que una pregunta es una reflexión en voz alta, al señor diputado Rodríguez Prats, y de paso al señor diputado Juan Guerra, y por supuesto a usted, presidente, con base en sus facultades.Antes de que cerráramos el pasado periodo subimos a esta alta tribuna de México para solicitar que una o dos sesiones dedicáramos al tema de la crisis económica a nivel mundial, y por supuesto al caso de México. Es claro lo que está aconteciendo en el mundo en términos económicos; no hay necesidad de hacer un análisis sobre esto. Precisamente por eso estamos planteando el debate con base en las facultades que tiene este Congreso.
El diputado Rodríguez Prats y el diputado Juan Guerra, en aquella ocasión, y otros de otras bancadas, estuvieron de acuerdo. Desgraciadamente la Presidencia, que tenía que llevar este asunto a la mesa, en las coordinaciones desgraciadamente no se llegó a nada. Hoy lo vuelvo a plantear, pero voy a más.
En el respeto al diputado Rodríguez Prats, a Juan Guerra y a los que participamos, hoy creo que México exige que sus diputados federales, hombres y mujeres en este Congreso, podamos analizar con grandeza de miras, con visión de Estado, con visión de futuro, el asunto económico mundial y el caso de México. Pero también el desempleo; también la reforma de este Congreso, que es urgente; también la violencia que venimos arrastrando desde hace 10, 15, 20, 30 años. No es privativo de este momento político de México. La venimos arrastrando, desgraciadamente.
Entonces, la pregunta que quiero hacer es que el tiempo valioso que se está ocupando en estos temas ---respetando lo que se está haciendo hoy, tenemos 30 minutos---, debimos haberlo aprovechado. Esos 30, 40, 50 minutos, 2 horas, 3 horas, para acordar en este Congreso los temas nacionales de urgencia que el pueblo de México está exigiendo que planteemos, para encontrar soluciones, planteamientos que ayuden en una acción de conjunto, el Ejecutivo federal, el Poder Legislativo, los 3 Poderes de la Unión, para dar respuestas y actuar en la dirección correcta de lo que quiere el pueblo de México.
De antemano, el diputado Rodríguez Prats en la ocasión pasada estuvo de acuerdo. Hoy lo vuelvo a plantear para que, en conjunto, podamos hacer una vez a la semana, durante esta parte del periodo que nos queda, poder aportar soluciones frente a los grandes problemas naciones urgentes: la reforma del Congreso, la situación económica, etcétera. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado Murat. Diputada Mónica Fernández, ¿con qué objeto?
La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Gracias, presidente. Para solicitar al diputado Rodríguez Prats si me acepta una pregunta, en respuesta a su invitación tan amable.
El diputado Juan José Rodríguez Prats : Desde luego. Pregunta, no discurso, no demagogia; pregunta.
La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): No, es una pregunta muy concreta.Antes ha estado usted aquí hablando de las propuestas concretas y exaltando las soluciones que el gobierno de su mismo partido ha hecho, ha ofrecido y ha resuelto y ha propuesto para ir solucionando los problemas del país, lo cual me parece muy loable, de su mismo partido.
Sin embargo, yo tengo una pregunta muy concreta. El 8 de septiembre del año pasado, el Ejecutivo federal del partido que usted representa presentó un PEF para 2009 con un índice de crecimiento económico de 3 por ciento, un tipo de cambio de 10.6 y un precio del petróleo de 80 dólares.
El 8 de octubre corrigió, del mismo año pasado, corrigió por algunos indicadores, y bajó el crecimiento a 1.8, el crecimiento económico; el tipo de cambio a 11.2 pesos por dólar y la mezcla de petróleo a 75 dólares por barril. Éstas fueron las propuestas concretas que se hicieron.
Ayer el subsecretario de Hacienda reconoció que finalmente el crecimiento va a ser negativo, que va a ser entre --1 y --0.8, cuando ya la OCDE y todos los organismos internacionales desde el año pasado habían dicho que este año era de crisis y que todos los índices que estaban manejándose aquí en México iban a ser erróneos.
Mi pregunta concreta es: ¿este gobierno, esta Secretaría de Hacienda, su partido que es tan inteligente, tan capaz, tan confiable, tan atento a los problemas de los mexicanos, se equivocaron? ¿Fue ineptitud? ¿No hicieron bien sus cuentas? ¿O simple y sencillamente era una estrategia electorera?
¿Fue un error de todos los diputados que aceptaron estos índices y estas consideraciones de la Secretaría de Hacienda? ¿O también fue un error de este Congreso de la Unión, como ayer lo declaró su presidente, en el sentido de su dizque reforma petrolera, que con eso hubiera podido hacer más refinerías ---por supuesto privatizadoras---, y echa la culpa específicamente a los partidos políticos?
La pregunta es concreta. ¿Fue ineptitud? ¿No se dieron cuenta? ¿Se equivocaron con los números? ¿O van a echarle otra vez la culpa al Congreso de la Unión de los errores de este gobierno?
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputada. Proceda, señor diputado.
El diputado Juan José Rodríguez Prats : En primer lugar, muchísimas gracias, diputada, por los elogios que le hace usted a mi partido. Eso se lo aprecio mucho. Veo que está usted evolucionando rápidamente.
En segundo lugar, le aclaro que el Ejecutivo federal no es del Partido Acción Nacional; no. Felipe Calderón es presidente de los mexicanos. Utilice usted en forma adecuada el lenguaje; por eso distorsionan. No, señores, es el presidente de México, de todos los mexicanos; hasta de ustedes. Fíjese hasta dónde llega.
En tercer lugar, diputada, esta crisis nos vino de fuera. Es exógena. Señores, todo el mundo está en crisis; por favor, no nieguen la realidad. Éste no fue un error de diciembre; éste no fue ``eduquémonos para administrar la abundancia''. Ésta es una crisis de fuera. Si el presidente Calderón al 8 de septiembre hubiera visto lo que iba a suceder hoy en febrero de 2009 no sería el presidente Calderón, sería Merlín.
¿Cómo puede decir que esto es un error, que es una equivocación? Por favor. No voy a dialogar con usted, no me lo permite el presidente. Tenemos que ser realistas, señores. Es una crisis ---y se los dijo Romano Prodi, y se los dijo también Felipe González--- de la que se sabe cuál es el origen.
Ni siquiera nadie se atreve hoy a precisar cuál es la magnitud y en qué tiempo nos vamos a recuperar. Bill Gates está diciendo que cuatro años; otros economistas, como Paul Krugman, que es un gran economista, están señalando dos años. El mismo presidente Obama pronuncia un discurso muy preocupante, y dice algo que nos debería orientar como Poder Legislativo. ``No podemos arrastrar los pies a la hora de tomar medidas'', dijo el presidente Obama, que ha garantizado que se crearán puestos de trabajo, pero no cualquier trabajo, sino empleos de calidad, empleos productivos.
Con dos o tres reflexiones termino. Creo que he dado respuesta y puede continuar el reloj. Señores, en ninguna parte del mundo ni en ninguna época de la historia se han tomado decisiones de tipo económico saliendo a plebiscitos, a referendos o a consultas. Son decisiones que se toman por la dirigencia. Lo que nos está exigiendo el mundo actual es flexibilidad, es competitividad. Entendamos eso, por favor.
Eso de los foros ---yo no soy contrario al plebiscito y al referéndum para ciertos temas--- y eso de salir a consultas lo único que refleja es irresponsabilidad, lo único que refleja es falta de valor para tomar decisiones.
Démosle facultades al presidente. Agustín Carstens presentó 12 puntos. Está moviéndose dentro del restringido ámbito jurídico que tiene el Ejecutivo, se están tomando las decisiones adecuadas, como la que tomó el señor secretario de Hacienda, cuando hizo un contrato de cobertura en el precio del petróleo.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Permítame, diputado. El diputado David Mendoza había solicitado el uso de la palabra. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado David Mendoza Arellano (desde la curul): Para saber si, por su conducto, el orador me permite una muy breve pregunta.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputado Rodríguez Prats.
El diputado Juan José Rodríguez Prats : Pregunta sin discurso previo.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Condiciona pregunta sin discurso previo.
El diputado David Mendoza Arellano (desde la curul): Sin discurso previo. ¿No le parece dramático, señor diputado, que en el último periodo, según datos que el gobierno federal ha presentado, se hayan perdido 2 millones de empleos?, ¿que las expectativas de crecimiento para este año sean de 0.03 por ciento?¿No le parece que el pueblo de México requiere de mejor explicación y mejor trato de parte del gobierno federal?
Y finalmente le preguntaría también: ¿qué explicación darían ustedes a los mexicanos? Porque la explicación de que la crisis es mundial, no alcanza para los bolsillos de los mexicanos, los mexicanos hoy requieren de preguntas concretas y puntuales. ¿Por qué no reducir los salarios de la alta burocracia? Y, finalmente, ¿por qué no establecer un programa que sea consensuado por todas las fuerzas políticas del país?
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado.
El diputado Juan José Rodríguez Prats : Señor presidente, me parece que ya dos preguntas estaban contestadas. Creo que no estaba usted en la sesión, diputado Mendoza. Ya me habían hecho la pregunta de los sueldos, ésa ya la contesté.
De que es dramático, desde luego que es dramático. Nadie está festinando que se pierdan empleos. Solamente ustedes son los que cruzan los dedos para que al país le vaya peor.
Vean el discurso de Andrés Manuel, ése sí es un discurso patético: ``esto está mal y se va a poner peor''. Hágame favor, ¿un político expresarse así o una gente que se ostenta como líder?
No, no es nada más el gobierno federal el responsable de explicarle a la gente. Usted y yo somos representantes populares, tenemos también que ir a explicarle a la gente y darle nuestra versión y definitivamente claro que hay cosas que vienen de fuera.
Oiga, ahí está toda la explicación que están dando los economistas de los créditos subprime, de lo que sucedió en las cuestiones hipotecarias de Estados Unidos, de cómo hay canales de comunicación de esa crisis vía remesas, vía el dólar, vía la baja del precio del petróleo. Todo eso no lo decidió el gobierno mexicano.
Decisiones están. Ahí están los planteamientos de Agustín Carstens. El gobierno, repito, dentro de su escasa capacidad de maniobra, por las limitaciones jurídicas, porque desde luego que se sabe qué hacer y todos sabemos qué hacer: estimular la competitividad, estimular la inversión.
Cómo ustedes se opusieron a que viniera inversión en refinación. Están tratando de amarrar al presidente, y por eso hoy el Partido Acción Nacional defiende la fortaleza del Estado.
Lo del referéndum y el plebiscito es demagogia. Desde luego, y lo repito, vamos a votar a favor, pero tomemos decisiones, dejémonos de consultas; de consultas el pueblo de México está agotado.
Vean la historia de las constituciones en el mundo, las hacen los grandes juristas, surgen del gabinete, surgen de Poderes Legislativos responsables que vienen a buscar acuerdos, no a querer estorbar y entorpecer la función del Ejecutivo por rencores y por resentimientos, porque siguen viendo hacia el pasado.
Concluyo, señor presidente. Se propone aquí...
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Permítame, diputado. Diputado Manuel Cárdenas Fonseca, ¿con qué objeto?
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Si le pregunta al orador si me acepta una pregunta.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputado Rodríguez.
El diputado Juan José Rodríguez Prats : Sí, desde luego.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Adelante, diputado Cárdenas, sin previo discurso.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Gracias.El diputado ponente, en uso de la palabra, señaló que teníamos un sistema financiero, un sistema bancario sólido, fuerte, así lo entendí y ahorita lo acepta asumiendo con su gesticulación. Sin embargo, hace dos años, poco más, he venido planteando en el seno de la Comisión de Hacienda que el esquema del lavado de dinero se da en el sistema financiero, y lo he planteado a las autoridades hacendarias.
Y desde hace dos años, un poquito más, las autoridades hacendarias no han presentado ninguna iniciativa, como se comprometieron. Y al final, aquí en el pleno, bajo protesta de decir verdad, el procurador Medina Mora reconoció 10 mil millones de dólares, que es un punto del PIB.
Y el último documento de la ONU presentado por el responsable de la oficina en Austria, señala que el sistema bancario se ha estado manteniendo del lavado de dinero en el último año. Todo esto es previo a lo que hoy se está sucediendo, y el gobierno mediante la Secretaría de Hacienda no ha sido para presentar ninguna iniciativa.
Adicionalmente, sobre las aseguradoras hay sendos acuerdos del pleno de esta Cámara y de la Permanente, para que el gobierno responda respecto del seguro patrimonial y ni Hacienda ni la Función Pública han querido contestar sobre la materia.
Y lo que sí se ha conocido en materia de aseguradoras, como AIG (American International Group), es que sus directivos están bajo proceso penal aquí en México, o ING Comercial América, que terminó mejor saliéndose del mercado y que le dieran la Afore más importante, permitiéndole la fusión y la compra de otra, y el Ejecutivo no contesta.
El problema lo crearon los banqueros y los intermediarios financieros. Y aquí, desde hace dos años, hemos querido que se revise la regulación y la intervención prudencial, y las autoridades del presidente Felipe Calderón han sido omisas a grado tal que el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuando pedimos su comparecencia a la Comisión de Hacienda, se pasó un mes de vacaciones; andaba en un viaje de trabajo, un mes.
Entonces, el no reconocer, desde hace dos años, que la banca está extranjerizada y que dos bancos tienen 80 por ciento de los activos bancarios, y que desde hace dos años y medio el entonces administrador general de la Auditoría Fiscal reconoció en el salón de protocolo que los bancos no le entregaban la información a él; cómo sigue pendiente la información de sistemas de lotería como Boletazo; y no nos quieren decir ni cuáles fueron los mecanismos de transacción y de pago, por un lado el pecuniario y, por otro lado, como dispensa o subrogación de impuestos.
Ésas son medidas concretas que el gobierno si las hubiera hecho o si hubiera cumplido sus compromisos, habríamos tenido acceso a esa información para llegar a un acuerdo con el Ejecutivo. No estaríamos ahorita señalando, a pesar de que la banca mexicana está en el lugar 56 y es una de las peores del mundo... si no revisan en términos de regulación y de prestación de servicios, los documentos de la OCDE, el último salió en octubre del año pasado.
¿Cuál es el sentir del diputado Rodríguez Prats, respecto de esta realidad y respecto de que la banca no quiera, ni el gobierno, que exhiban cuando menos 10 por ciento en la Bolsa Mexicana de Valores, para saber cuáles son sus cifras y a qué nos estamos ateniendo? Esto lo estamos planteando desde hace dos años.
¿Qué le merece al diputado en uso de la palabra esta omisión del gobierno federal, al cual lo hemos estado previniendo inclusive de las empresas calificadoras, mucho antes de que se supiera que ellas participaron en el problema? Y aquí el gobierno de Felipe Calderón y el secretario de Hacienda no han querido llamar a las empresas calificadoras, como sí han sido llamadas a cuenta en el Reino Unido, en el Parlamento Europeo, en la Fed de Estados Unidos ---que es privada, por si no lo sabían---, en el Congreso de Estados Unidos de América. Si eso no es ser irresponsable, ¿cómo se le puede llamar? Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado.
El diputado Juan José Rodríguez Prats : Señor diputado, si se lleva la contabilidad de todas las sesiones del Congreso, usted es el que más intervenciones ha tenido, y no ha tenido la ocurrencia de leer el reglamento. La interpelación es con relación a lo que estoy sosteniendo en tribuna. Ese tema discútalo usted en la comisión.
Volvemos. Y concluyo, señor presidente. No, no, no le permito ya.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Ya no acepta el orador ninguna pregunta. Adelante, diputado.
El diputado Juan José Rodríguez Prats : Cuando preguntan sin referirse al tema, cuando hay esa alocución tan vacía, tan pobre, pues uno pierde hasta el interés de la interpelación, que siempre me ha entusiasmado.
Bien, yo creo esta discusión del banco central. Cuando se dice que el banco central también debe ser responsable del desarrollo y de la generación de empleo, me parece absurdo.
Yo creo que uno de los problemas de las empresas públicas u órganos paraestatales es que les asignamos muchas tareas. Y yo creo que el 28 constitucional dice específicamente lo que el banco debe hacer: cuidar la moneda, que no haya inflación. Ésa es su tarea. Es el clutch de la máquina; el acelerador está en toda la economía, en su conjunto.
Y aquí vienen ya los ordenamientos que deben regular la economía. Yo no creo que el banco central deba ni utilizar reservas ni encargarse del desarrollo ni del empleo. Esto corresponde a otras áreas de la economía.
La planificación, después del derrumbe del Muro de Berlín, creo que ya pocos países hablan de esto como la solución ideal. Hoy, y yo creo que hay que leer muy bien a Sarkozy, el líder francés que está hablando de una reflexión sobre un nuevo capitalismo. Sí, tenemos inercias de un capitalismo de casino, como se le conoce, de un capitalismo salvaje.
Hay una gran reflexión, y ahí yo exhorto a que aprendamos de lo mucho que están haciendo los líderes de países que están probando que sus economías funcionan: Ricardo Lagos en Chile, Lula da Silva en Brasil. Efectivamente, no están yéndose con expectativas sin sustento, sino que están gobernando con responsabilidad a sus países. Ojalá nosotros podamos hacer lo mismo. Muchas gracias.
El diputado Alberto Amaro Corona (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Permítame, diputado.
El diputado Alberto Amaro Corona (desde la curul): Para hacerle una pregunta.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Ya había sostenido el legislador que ya no aceptaría más preguntas. Gracias, diputado.
Para concluir con el posicionamiento de los grupos parlamentarios con relación a su agenda legislativa al inicio de este periodo de sesiones, se concede la palabra al diputado Humberto Dávila Esquivel , para fijar posición en nombre de Nueva Alianza.
El diputado José Murat (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Sí, diputado Murat.
El diputado José Murat (desde la curul): Seguramente, presidente, escuchó que también era para usted el planteamiento que hice. Espero que con base en sus facultades, de las facultades de la Ley Orgánica y del Reglamento que tiene la Presidencia de esta Cámara, le dé turno al planteamiento que hice.Y que en todo caso, si la Junta de Coordinación vuelve a atorar esos planteamientos que estamos haciendo, los dé a conocer en este pleno, para entonces pedirle al pleno que vote, si podemos dedicar algunas sesiones al tema de la crisis económica en el caso de México, el tema de la violencia, el tema de la pobreza y otros más que exige el pueblo de México que se traten en este Congreso, que tiene facultades para actuar en cada uno de estos temas. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Señor diputado, le pido una disculpa por mi omisión. Lo que le puedo ratificar es la posición que habíamos planteado; hacemos nuestra esa posición y en uso de nuestras facultades habremos de plantear en el orden del día, en el consenso con los grupos parlamentarios. Gracias, diputado Murat.
Por favor, diputado Humberto Dávila Esquivel , tiene el uso de la palabra.
El diputado Humberto Dávila Esquivel : Con su permiso, señor presidente.Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza la prioridad para este grupo de sesiones es desarrollar, desde la Cámara de Diputados, acciones orientadas a enfrentar la crisis económica y sus efectos en los niveles de vida de los mexicanos.
La debilidad de la economía y las tendencias hacia un crecimiento negativo, que de acuerdo con las predicciones del Banco de México, analistas y el Fondo Monetario Internacional pueden ser de hasta --0.18 por ciento, a pesar de las acciones emprendidas por el Ejecutivo federal. Ésta es la principal preocupación de los legisladores de Nueva Alianza.
En el escenario económico actual la sociedad demanda responsabilidad y respuestas rápidas de sus representantes y gobernantes, para la creación y conservación de empleos, reactivación de la economía, protección del salario y para que ésta sea suficiente para satisfacer las necesidades de las familias.
Para Nueva Alianza las medidas que se tomen deben partir de una visión estratégica que los cambios y políticas que se impulsen desde el Congreso y el gobierno federal estén enfocadas a largo plazo, no permitiremos que se limite a acciones de coyuntura, o con un carácter electoral.
Proponemos para este periodo de sesiones, en congruencia con nuestros principios, hacer de la Cámara de Diputados el espacio de dialogo que propicie las reformas y cambios necesarios a nuestro modelo económico.
A fin de que se cuente, por un lado, con las condiciones para recuperar el crecimiento, y por otro, con los mecanismos de supervisión y vigilancia del sistema financiero, para estar preparados como país a enfrentar en el futuro, los efectos de una crisis global, como la actual.
En este sentido, ratificamos nuestro compromiso con el impulso de iniciativas, leyes, puntos de acuerdo y políticas en materia de presupuesto. Evaluación y transparencia que hagan de la educación la herramienta fundamental para el desarrollo de nuestro país.
La educación continuará siendo el eje rector de nuestra labor legislativa y en este marco se impulsarán propuestas legislativas con responsabilidad, para contribuir al crecimiento de nuestra economía, con esta convicción para el segundo periodo de sesiones del tercer año, de la Legislatura LX apoyaremos la agenda con los siguientes ejes:
Educación. Nueva Alianza propone impulsar una estrategia permanente, apostándole a la educación, la investigación y la innovación en México, ya que consideramos que sólo de esta manera se puede generar una nueva base de conocimiento como la mejora estratégica a largo plazo, para incrementar la productividad y la generación de empleos.
En este proceso consideramos que el sistema educativo debe promover que los alumnos, como futuros ciudadanos, reflexionen, contribuyan y pongan en práctica valores que faciliten su convivencia en sociedades plurales y democráticas, tales como el respeto, la tolerancia, la participación, y el diálogo.
Para hacer una realidad, la reforma de obligatoriedad de la educación a 15 años, con una currícula que transforme habilidades y capacidades del alumno como respuesta a una demanda social, que evitará que miles de jóvenes sean excluídos del sistema de educación media, además de corregir las deficiencias de este sistema.
En el segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio, como grupo parlamentario presentaremos, entre otros, una propuesta de iniciativa que logre materializar la obligatoriedad de la educación media superior, en un derecho para todos.
Política económica. El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza promueve la economía del mercado por ser el modelo más eficiente para organizar las relaciones económicas y lo reconoce como eje rector del desarrollo económico y social del país.
Sin embargo, dejar la dinámica económica, las fuerzas del mercado y suponer que éstas se autorregulen implica desconocer la dinámica real de los mercados. Por ello, Nueva Alianza reconoce que es necesaria una decidida intervención del Estado para impulsar el crecimiento económico. Compensar inequidades y propiciar igualdad de oportunidades.
Más empleo, mejor ingreso y disminuir los niveles de pobreza y marginación, a fin de garantizar el acceso a educación, salud y vivienda para todos los mexicanos.
El Estado está obligado a asignar eficientemente los recursos, mejorar la distribución del ingreso y el bienestar, garantizando seguridad jurídica a fin de impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social.
Es urgente que todas las fuerzas políticas contribuyamos a alcanzar un acuerdo amplio y democrático, a fin de acordar de inmediato lo que debemos hacer para que México salga del histórico déficit de crecimiento en el que estamos sumergidos desde hace más de dos décadas.
Sector agropecuario. Para el segundo periodo de sesiones ordinarias, Nueva Alianza buscará que se garantice el abasto a precios accesibles de productos básicos como: el maíz, frijol, leche y azúcar.
Impulsaremos iniciativas sobre el derecho de alimentación, mediante el diseño e instrumentación de políticas orientadas a promover la productividad, por medio de la reconversión o compactación de tierras.
Asimismo, promoveremos mecanismos y apoyo a la producción y comercialización que garantice la competitividad y penetración en los mercados internacionales y la autosuficiencia alimentaria.
Infraestructura nacional, comunicaciones y transportes. Nueva Alianza promoverá reformas que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de recursos, en la construcción y modernización de la red carretera del país.
Legislaremos para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes retome su papel central de ejecutor de proyectos, de construcción y mantenimiento de la red federal de caminos rurales y carreteras alimentadoras.
Seguridad pública y justicia penal. En nuestro país los niveles de impunidad y de inseguridad pública han mostrado un incremento notable en los últimos años. Lo que dificulta el desarrollo de México, porque desalienta la inversión, siembra un temor permanente en la sociedad, provoca desconfianza en las instituciones públicas.
Por ello, el único camino para combatir a la delincuencia es el pleno establecimiento de un nuevo orden jurídico.
El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza sostiene la tesis de la prevención mediante el diseño de mecanismos de prevención del delito, que contemplen programas y proyectos de educación y protección ciudadana.
Ante este panorama es urgente que las escuelas se conviertan en espacios interesados en fomentar la cultura de la legalidad entre los alumnos y sus familias.
Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza la protección y la seguridad de las niñas, los niños y los adolescentes es una prioridad, ante la situación de inseguridad generalizada y el alto índice de secuestros que los han convertido en un grupo de extrema vulnerabilidad.
Como parte de las acciones legislativas del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, se presentará un proyecto de iniciativa de Ley General de Protección y Seguridad de la Niñez y de la Adolescencia en México, como instrumento preventivo contra el secuestro y la pérdida de menores en edificios públicos y establecimientos comerciales de todo el país, basado en los procedimientos contenidos en el protocolo de seguridad Código de Adam.
En política social, en derechos humanos, en medio ambiente y recursos naturales, así como en política exterior Nueva Alianza tiene el propósito fundamental de presentar las iniciativas que nos permitan superar los problemas que hasta este momento, como país, tenemos, principalmente apoyando lo que es la educación para los niños y los jóvenes de este país. Muchas gracias.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado don Humberto Dávila Esquivel. Con ello concluimos los posicionamientos de cada grupo parlamentario respecto a la agenda legislativa en este periodo ordinario de sesiones.
ARTICULO 7 CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del diputado Víctor Samuel Palma César, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Samuel Palma César , del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Víctor Samuel Palma César , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
A partir de la Revolución Francesa y de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la libertad de escribir y la de publicar escritos han sido reconocidas como derechos inviolables de todas las personas.
Lo anterior fue derivado de la transformación de diversos valores políticos, económicos y sociales que propiciaron este movimiento y que originaron la inclusión de estos derechos en la Declaración de Derechos de las Naciones Unidas, lo que ha llevado a su establecimiento paulatino en casi todas las legislaciones del mundo.
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el constituyente de 1917 reconoció este derecho en el artículo 7, lo que dio lugar a propiciar el periodismo libre y la pluralidad de la prensa, como elementos inexcusables de la consolidación de nuestro sistema democrático. No obstante, estas ideas ya se habían planteado brillantemente desde el Congreso Constituyente de 1856, en el cual se discutieron los límites a la libertad de imprenta, que son el respeto a la vida privada, la moral y la paz públicas.
Ese sendero ideológico lo recoge espléndidamente Jesús Reyes Heroles en sus tres tomos de El liberalismo mexicano. Por su trascendencia, este artículo constitucional ha permanecido sin reformas desde su creación.
El derecho a la libertad de expresión consiste en la facultad de toda persona a expresar sin cortapisas sus opiniones y puntos de vista, sobre cualquier asunto, principalmente concerniente al Estado, a su organización y funcionamiento. Esta libertad es, esencialmente, un derecho que debe promoverse al máximo debido al papel decisivo que juega para la democracia y para la participación pública en la vida política. La libertad de expresión es esencial para construir una relación Estado-ciudadanos que se rija por la transparencia, la legalidad y la orientación popular de la toma de decisiones comunes.
Los ciudadanos participan directamente en la toma de decisiones que afectan la vida en sociedad, en la medida en que cuentan con un libre acceso a la información y ante la posibilidad de expresar sus opiniones libremente. Por ende, la libertad de expresión no sólo es importante para la dignidad individual, sino también para la participación, la rendición de cuentas y la construcción de la democracia. Las violaciones a la libertad de expresión frecuentemente van de la mano con otras violaciones; particularmente del derecho de libre asociación y de reunión.
En la actualidad, los adelantos científicos y tecnológicos, conjuntamente con el desarrollo económico y social dan a la comunicación y a la información un carácter masivo y global. El vertiginoso crecimiento de esta actividad humana hace que la información y la comunicación sean cada vez más influyentes para el desarrollo y la regulación de la conducta individual y social. Así lo expresa Giovanni Sartori en su obra Homo videns, que llega a afirmar que la construcción de la conciencia social se genera principalmente en el fenómeno multimedia que estamos viviendo.
Así pues, mientras los procesos sociales avanzan y los ciudadanos muestran interés en nuevos temas, la información y los procesos comunicacionales adquieren también mayor complejidad y diversidad, manifestándose instantáneamente, en redes, en situaciones interactivas, digitalizándose, etcétera.
Eso genera la necesidad de encontrar nuevos marcos normativos que permitan que impere de manera racional y productiva en beneficio del individuo y de la comunidad. En buena medida, en ello ha contribuido nuestra constitución al establecerla como una garantía individual de todo gobernado y la legislación secundaria, principalmente la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que ha incorporado reglas que buscan garantizar el ejercicio efectivo de este derecho, con nuevos medios y nuevas tecnologías.
Ante las nuevas tendencias, los medios de comunicación juegan un papel diferente al de hace décadas. Los servicios triple play, sustentados en las reformas a la Ley de Telecomunicaciones son una prueba de ello.
Los medios de comunicación se han transformado en grandes corporativos que influyen relevantemente en el ``espacio público'' y en la ``comunicación política'', de manera que ejercen una influencia decisiva en la vida pública. Paulatinamente, los periodistas, los comunicadores y sus medios, dejan solo de transmitir información y se convierten en actores políticos, puede afirmarse que son constructores de ese gran actor de la democracia del siglo XXI, que es la opinión pública.
Los sistemas políticos se convierten en videocracias en la medida en que el electorado se define cada vez más por los medios y las redes. Dominique Wolton (1998) realiza el planteamiento de que la comunicación política es el espacio donde se relacionan el Estado, los medios de comunicación y la sociedad civil.
La iniciativa que hoy se propone al Pleno de esta honorable asamblea consiste en reformas al artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de incluir la libertad de informar, analizar y comentar en medios de comunicación o cibernéticos, que por la época de redacción del texto actual, no son incluidos.
Se prevé también la protección de los comunicadores, ante actos de censura o la exigencia de fianza, tanto para los titulares de medios electrónicos y cibernéticos.
Se refrenda también la prohibición de coartar la libertad de imprenta, la de expresión y comunicación. De igual forma se ratifica y extiende la prohibición del secuestro como instrumentos de delito, las radiodifusoras, televisoras, centros cibernéticos ni su equipamiento.
Asimismo, se establece que las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que, so pretexto de las denuncias por delito de prensa, información, comunicación, análisis o comentarios, sean encarcelados los expendedores, operarios, titulares, funcionarios y demás empleados del establecimiento de donde haya salido el escrito, la información, análisis o comentario denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquéllos.
Se sustituyó del primer párrafo la palabra ``cualesquiera'' por ``cualquier'' a efecto de mejorar la redacción; complementariamente, en el segundo párrafo se suprimió a los papeleros, en virtud de que actualmente la información es distribuida a través de otros medios.
Con este proyecto legislativo pretendemos no sólo la actualización se un artículo sustantivo de la Constitución Política, sino la consolidación de una de las bases fundamentales de la democracia de hoy y de la de nuestro futuro.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Único. Se reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 7o. Son inviolables la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, así como las tareas de informar, analizar y comentar en medios electrónicos o cibernéticos. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni a los titulares de medios electrónicos y cibernéticos, ni coartar la libertad de imprenta, expresión y comunicación, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta, radiodifusoras, televisoras, centros cibernéticos, ni su equipamiento, como instrumento del delito.
Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que so pretexto de las denuncias por delito de prensa, información, comunicación, análisis o comentarios, sean encarcelados los expendedores, operarios titulares, funcionarios y demás empleados del establecimiento donde haya salido el escrito, la información, análisis o comentario denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquéllos.
Artículos Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Remítase a la honorable Cámara de Senadores, para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del diputado profesor Jacinto Gómez Pasillas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Iniciativa que reforma el artículo 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo del diputado Jacinto Gómez Pasillas , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Jacinto Gómez Pasillas , diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55 fracción II, y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; con la siguiente:
Exposición de Motivos
México, a la fecha, no cuenta con una política laboral que compense el constante deterioro salarial que se hace evidente desde hace años y que ahora se profundiza de manera preocupante por los impactos que la crisis financiera internacional tiene en la economía nacional y los diferentes mercados que integran la economía mexicana.
Uno de sus graves e importantes efectos son la especulación, desequilibrios cambiarios, expectativas inflacionarias que presionan fuertemente la dinámica de los precios y fuertes presiones en las tasas de interés, derivadas de prácticas monopólicas en el sistema financiero y los niveles de riesgo crediticio.
Esta dinámica económica de incertidumbre y débil crecimiento de la economía reconocida por el Banco de México y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, obliga al legislativo a tomar medidas para proteger y compensar el ahorro de los trabajadores sobre todo cuando conocemos que nuestra economía no crecerá en el 2009 y que la inflación estará arriba de 6 por ciento durante este año.
Esta delicada situación también está afectada por las expectativas negativas en el empleo, las cuales se encuentran en constante revisión a la baja por las diferentes representaciones del sector público y privado en México.
Es claro que el empleo y el ingreso no crecen, de acuerdo al INEG, la tasa de desempleo se ubica por arriba del 4 por ciento de la población económicamente activa y el ingreso sigue en constante deterioro. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo 1 , México es uno de los países de América Latina que no han superado el nivel del poder adquisitivo de hace 17 años. Por lo que nuestro país presenta una tasa de crecimiento negativo de los salarios.
Adicionalmente a estos preocupantes procesos económicos, que afectan negativamente el ingreso de los trabajadores, a finales de octubre, el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Moisés Schwartz Rosental informó al comparecer ante la honorable Cámara de Diputados lo siguiente: ``los recursos invertidos en las sociedades de inversión de las administradoras de fondos para el retiro (Siefores), han tenido una minusvalía de 53 mil millones de pesos'' 2 .
Tal declaración es absolutamente grave, ya que atenta directamente contra el bienestar presente y futuro de los trabajadores. Sólo recordemos que con esta situación se afecta negativamente 38.9 millones de cuentas 3 .
Ante esta situación, como legisladores debemos actuar pronto con el fin de proteger, acrecentar y dar seguridad al ahorro de los trabajadores.
El Estado mexicano esta obligado a crear expectativas económicas de estabilidad en el empleo, el ingreso, mejorando sobre todo el perfil de distribución de la renta hacia un esquema más equitativo.
En este contexto el Estado mexicano y sus instituciones, tienen la obligación de proteger o blindar el ahorro de los trabajadores y crear expectativas económicas que den estabilidad en el ingreso, mejorando el perfil de distribución de la renta hacia un esquema más equitativo y favorable para los trabajadores. En este sentido, debe posibilitar que nuestras instituciones y las políticas que de ellas emanan promuevan la economía real, el empleo, el ingreso y el ahorro mejorando con ello el bienestar social y el fortalecimiento del mercado interno.
Un buen gobierno es entre otras cosas, el que tiene la capacidad de dar respuesta a las diversas demandas de la sociedad 4 .
Por lo anterior Nueva Alianza, propone la iniciativa que reforma el artículo 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue:
Decreto
Artículo Único. Se modifica el segundo párrafo del artículo 18, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 18. Las administradoras son entidades financieras que se dedican de manera habitual y profesional a administrar las cuentas individuales y canalizar los recursos de las subcuentas que las integran en términos de la presente ley, así como a administrar sociedades de inversión.
Las administradoras deberán efectuar todas las gestiones que sean necesarias, para la obtención de una adecuada y positiva rentabilidad y garantizarán la seguridad en las inversiones de las sociedades de inversión que administren. En cumplimiento de sus funciones, atenderán exclusivamente al interés de los trabajadores y asegurarán que todas las operaciones que efectúen para la inversión de los recursos de dichos trabajadores se realicen con ese objetivo.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas: 1 Panorama Laboral de América Latina y el Caribe, OIT.2 Excelsior. 30 de octubre, 2008. página 1.3 El Financiero, 16 de oct 2008. página 5.4 Kaufman, Kraay y Zordo (2000) La Gobernabilidad es fundamental, del análisis a la acción . Finanzas y Desarrollo, FMI, página 10.El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Prevención Social, de Seguridad Social, y de Hacienda y Crédito Público.
LEY ADUANERA
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del diputado César Duarte Jáquez, del Grupo parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Aduanera.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Aduanera, a cargo del diputado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito diputado federal César Duarte Jáquez, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 constitucional y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 1, 38, 54, 59, 164 y 165 de la Ley Aduanera; misma que se fundamenta y motiva en la siguiente:
Exposición de Motivos
La dinámica en el intercambio comercial en el que México se encuentra inmerso; genera de suyo, una cantidad de circunstancias de facto, que bajo la rigidez en la que se encuentran contempladas algunas hipótesis jurídicas del marco normativo de comercio exterior, sean consideradas como sanciones, sumando a la falta de claridad del alcance de ciertas disposiciones legales o instituciones de derecho, hacen de la actividad del principal de los actores, el agente aduanal una profesión de alto riesgo en la esfera administrativa, tributaria y penal.
Se propone la modificación a la última parte del primer párrafo del artículo 1°, para efectos de que las autoridades apliquen las instituciones jurídicas que rigen la materia tributaria tales como el caso fortuito, fuerza mayor entre otras.
Actualmente es común encontrar criterios emitidos tanto por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa como por el Poder Judicial donde se han pronunciado en contra de los actos de las autoridades donde se han determinado impuestos y sanciones ante eventos que salen de la esfera o ámbito de actuación de los agentes aduanales tales como:
La pretensión con esta modificación es que exista certeza por parte de las autoridades y los usuarios de las aduanas.
Se propone adicionar un último párrafo al artículo 38 de la Ley Aduanera, a efecto de otorgarle pleno valor probatorio, en la valoración de pruebas que se realice a la información que contienen documentos que son trasmitidos por el SAAI, a efecto de otorgar mayor certidumbre jurídica a importadores, exportadores y al propio agente aduanal.
Con esta modificación se pone en concordancia este artículo con lo establecido en los 152 y 153 de esta ley, en cuanto al valor probatorio que debe otorgarse a la validación de pedimento y los documentos que se mencionan en él.
Sobre el particular, es criterio reiterado por el Poder Judicial de la Federación que cuando se indica en la norma que el agente aduanal deber cerciorarse de la veracidad de la información que le proporcionan los interesados, la única forma en cómo puede hacerlo es a través de los medios electrónicos que implementa el Servicio de Administración Tributaria en las Aduanas del país, ya que no existe otra herramienta de la cual puedan valerse los agentes aduanales para conocer la verdad de la información proporcionada por los importadores y exportadores, amén de que en materia tributaria existe como premisa fundamental el secreto fiscal que impide a las autoridades revelar información de terceros y la ley de la materia no les confiere a los agentes aduanales protestad o facultad para que exijan mayor información a los interesados remitiéndolos solo a la valuación del pedimento ante la Aduana del despacho.
Se pretende la modificación del numeral 54 para definir el alcance de la responsabilidad de los agentes aduanales, acotando su ámbito de actuación a los medios inmediatos que tiene para realizar el despacho aduanero de las mercancías.
Se reconoce pues que el agente aduanal es un perito en materia de comercio exterior, pero que requiriéndose de la actuación de especialistas como son peritos o laboratorio no se le puede sancionar.
De igual forma se aclara que las excluyentes de responsabilidad aplican en los ámbitos fiscal y administrativo, ya que se han presentados casos en los que la autoridad pretende aplicar las excluyentes de responsabilidad sólo por cuanto hace a los créditos fiscales, no así tratándose de la responsabilidad administrativa.
Se incorpora un último párrafo de la fracción III, del artículo 59 para definir que el encargo conferido tiene pleno valor probatorio para demostrar la voluntad del importador respecto de alguna operación de comercio exterior realizada por un agente aduanal.
Lo anterior es así, ya que se reconoce que el trámite para dar de alta a un agente aduanal se realiza ante la Administración General de Aduanas, quién puede requerir de la información y documentación que acredite, la representación o el interés jurídico de quién solicita el despacho, atentos a lo que ordena el artículo 19 del Código Fiscal de la Federación.
En materia tributaria que rige desde luego la aduanera no se acepta la gestión de negocios, por lo que, si la Administración General de Aduanas da tramite a una solicitud de un particular donde autoriza a un agente aduanal a realizar operaciones de comercio exterior, es obvio que ante dicha Unidad Administrativa demostró que se encuentra legitimado para ello.
Se propone derogar la fracción IV, del numeral 164 de la Ley Aduanera, ya que es sumamente injusto suspender a un agente aduanal cuando la autoridad inicia un procedimiento administrativo de cancelación de patente de agente aduanal, es decir, por el simple inicio de las facultades de comprobación de las autoridades se le aplica una sanción de facto que le impide realizar la actividad para la cual se encuentra autorizado.
En la práctica tenemos que, aún resolviéndose de manera favorable el procedimiento, esto es, cuando se demostró que no era responsable de la irregularidad que se le imputa, se le causa un daño irreparable.
La justificación que existía para aplicar dicha suspensión, era que el agente aduanal podía lesionar los intereses de la colectividad. Sin embargo, para realizar su función el agente aduanal, debe en todo momento utilizar los sistemas que a través del Servicio de Administración Tributaria se implementan en las aduanas del país, según lo dispone el artículo 38 de la Ley Aduanera, por lo que no existe riesgo de que se lesionen los intereses de la colectividad, ya que su actuación está perfectamente vigilada por las autoridades aduaneras, antes, durante y después de que se realice una operación de comercio exterior.
Se propone modificar el primer párrafo del artículo 165, ya que del análisis del texto literal del presente artículo es preciso cuestionarnos si la cancelación de patente de agente aduanal, es acorde a los requerimientos del comercio exterior hoy día, si esta por ejemplo se deriva de un error, teniendo como premisa que errar es una condición human y debido al gran dinamismo con el que de desarrollan diariamente las operaciones de comercio exterior en nuestro país, se pudo haber generado el hecho prohibido pero sin que mediato dolo alguno de lesionar el interés del fisco federal o de causarle algún detrimento a tal o cual importador, si ocurrió en una sola ocasión o se reitero de forma accidental esporádicamente o si es una practica consuetudinaria del agente aduanal, si el acto erróneo puede o no calificarse de doloso.
Evidentemente la respuesta es no, porque el texto literal del mismo artículo 165 de la Ley Aduanera no permite ningún tipo de diferenciación ni la remisión a otros artículos de la Ley Aduanera que sancionen al primo infractor de una forma leve o media sino que prevé una única sanción la cual es la máxima, que se le puede infringir a un agente aduanal al privarlo del derecho de continuar en la explotación de su patente y por lo tanto de la fuente lícita de sus ingresos, ya que esta sanción da por hecho sin ser demostrado que su conducta errónea se realizo con intención o dolo de beneficiarse ilícitamente o de causar un daño patrimonial sea a la Hacienda Pública o a un tercero particular.
Resulta entonces desproporcionado que por un error se sancione con la cancelación de patente de un agente aduanal, la inconstitucionalidad radica en el hecho de que el texto mismo del artículo 165 de la Ley Aduanera, no es jurídicamente posible ponderar las circunstancias en que se cometió la falta ya que no sé pretende que se deje sin sanción al infractor, simple y sencillamente lo que se busca es rechazar cualquier exceso o exageración en este tipo de sanciones administrativas.
Proyecto de decreto que adiciona una última parte del primer párrafo del artículo 1, adiciona un cuarto párrafo al artículo 38, modifica el primer y segundo párrafos así como la fracción I y último párrafo del artículo 54, se adiciona un último párrafo a la fracción III del artículo 59, deroga la fracción IV del artículo 164, modifica el primer párrafo del artículo 165 y modifica el inciso a) de la fracción II e inciso A de la fracción VII de este último articulo, todos de la Ley Aduanera.
Artículo Primero. Se reforman el primer párrafo del artículo 1º, agrega un cuarto párrafo al artículo 38, modifica el primer y segundo párrafos así como la fracción I y VI y último párrafo del artículo 54, se adiciona un último párrafo a la fracción III del artículo 59, modifica el primer párrafo del artículo 165 y modifica el inciso a) de la fracción II e inciso a) de la fracción VII de este último artículo, todos de la Ley Aduanera y deroga la fracción IV del artículo 164 de la Ley Aduanera.
ARTÍCULO 1º. Esta ley, las de los Impuestos Generales de Importación y Exportación y las demás leyes y ordenamientos aplicables, regulan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos, o actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida de mercancías. El Código Fiscal de la Federación, las instituciones jurídicas que rigen la materia tributaria, así como las disposiciones del derecho federal, se aplicaran supletoriamente cuando ello no contraríe la naturaleza misma de esta ley.
ARTÍCULO 38.
ARTÍCULO 54. El agente aduanal será responsable de la veracidad y exactitud de los datos e información suministrados, de la determinación del régimen aduanero de las mercancías y de su correcta clasificación arancelaria, así como de asegurarse que el importador o exportador cuenta con los documentos que acrediten el cumplimiento de las demás obligaciones que en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias rijan para dichas mercancías, dicha responsabilidad se circunscribe a la documentación proporcionada por el importador de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 y 59, fracción III de esta Ley y por las demás leyes y disposiciones aplicables.
El agente aduanal no será responsable fiscal y administrativamente en los siguientes casos:
ARTÍCULO 165. Será cancelada la patente de agente aduanal, independientemente de las sanciones que procedan por las infracciones cometidas, siempre que se compruebe la reincidencia en términos del artículo 75, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, por las siguientes causas:
a) La omisión exceda de $500.000.00 y del 10% de los impuestos al comercio exterior, derechos y, en su caso, cuotas compensatorias causadas.
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
REGISTRO DE ASISTENCIA
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Instruyo a la Secretaría para que cierre el sistema electrónico de registro y dé cuenta de la asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : ¿Falta algún diputado o alguna diputada de registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico.
Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 436 diputadas y diputados, señor presidente.
Presidencia de la diputada Martha Hilda González Calderón
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Enterada.
ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene la palabra el diputado Daniel Chávez García, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX-Ñ al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Daniel Chávez García : Con el permiso de la Presidencia.El suscrito, diputado federal Daniel Chávez García , de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX-Ñ al artículo 73 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, con base en la siguiente exposición de motivos.
El problema de la vivienda es universal, ya que ningún país ha logrado satisfacer completamente esta necesidad humana fundamental. La vivienda constituye la unidad básica de los asentamientos humanos y es indicador básico de la calidad de vida de los habitantes de una sociedad.
Por esto es urgente establecer un marco jurídico que asegure la conjunción de esfuerzos del gobierno en sus diferentes ámbitos, para que la vivienda digna, a la que hace referencia el artículo 4o. constitucional, sea una realidad para todo mexicano.
En México la regulación en materia de vivienda no satisface la coordinación o concurrencia adecuada entre las diferentes instancias del poder público, de la federación, de los estados y de los municipios, así como la concertación con los sectores privado y social.
Una gran cantidad de ordenamientos legales participan en la regulación jurídica habitacional, lo que lejos de promover, impulsar y agilizar su actividad, la entorpece y la dificulta.
Esta situación hace necesario reestructurar dicho marco jurídico para dar unidad y congruencia a los esfuerzos y a las acciones de los sectores involucrados en el ramo. Ello puede lograrse si se explicitan en esta materia de vivienda la concurrencia de los órdenes e instancias de gobierno y se faculta al Congreso General para expedir leyes que la establezcan dentro de sus competencias respectivas.
Nuestra Constitución carece de disposiciones que permitan al Congreso de la Unión legislar, de manera concurrente, la materia de vivienda, lo que tendría que derivar en una ley de carácter general, como en los casos de asentamientos humanos, ambiente, salud o educación.
Hoy el alcance de las normas en materia de vivienda queda reducido al ejercicio de facultades federales. A pesar de que se trata de una materia donde coinciden regulaciones de los tres niveles de gobierno, y en buena medida de los ayuntamientos y municipios.
De ahí la necesidad de dar al Congreso federal la facultad de establecer responsabilidades para que cada ámbito de gobierno, de acuerdo con sus atribuciones, genere mecanismos de coordinación entre gobiernos para construir una verdadera política de Estado en materia de vivienda.
La propuesta se inscribe en la existencia constitucional de las facultades coincidentes, también conocidas como ``concurrentes'', entre ámbitos de gobierno, ya que nuestra Constitución puede otorgar competencia sobre una materia a dos o más órdenes de gobierno ---federación, entidad federativa o municipio--- sin prever por sí misma y directamente sobre qué parte competencial corresponde a cada uno, pues ello correspondería a la legislación secundaria.
La Constitución confiere la facultad de fijar las bases para la distribución competencial tanto en el artículo 73 como en el 124, si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las facultades que no estén expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados. También lo es que determinó en diversos preceptos la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias denominado facultades concurrentes entre la federación, entidades federativas, municipios e inclusive el Distrito Federal.
Por las limitaciones del marco legal en materia de vivienda que dan una amplia libertad a los gobiernos locales, es que el papel y las respuestas de los gobiernos estatales y municipales han sido sumamente heterogéneos. Hoy día existen unos cuantos gobiernos estatales y municipales conscientes y preocupados por resolver problemas habitacionales de sus gobernados; la realidad es que también hay otros con desinterés o incapacidad para desarrollar acciones en esta materia de vivienda.
Así, con la presente iniciativa se pretende establecer de manera expresa, en el texto constitucional, la concurrencia de los órdenes de gobierno en materia de vivienda, con la finalidad de evitar la indefinición relativa al ámbito al que pertenece la materia de la vivienda y mejorar la efectividad y operatividad de las acciones públicas dirigidas a velar por que todo mexicano habite una vivienda digna y decorosa.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo único. Se adiciona una fracción, la XXIX-Ñ, al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 73. El Congreso tiene la Facultad...
XXIX-Ñ. De expedir leyes en materia de vivienda, estableciendo las bases de concurrencia entre federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, con el objeto de cumplir con los fines previstos en el párrafo quinto del artículo 4 de la Constitución.
Compañeras y compañeros legisladores, hoy los diferentes ámbitos de gobierno, los legisladores, académicos, iniciativa privada y sociedad en general tenemos una gran responsabilidad: la de mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos.
Hoy el gran reto no es sólo dar una vivienda decorosa a las familias, sino que el hábitat, la comuna, las nuevas ciudades dignifiquen la vida e integren a las familias mexicanas. Por su atención muchas gracias.
«Iniciativa que adiciona la fracción XXIX-Ñ del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Daniel Chávez García , del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Daniel Chávez García , diputado federal a la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX-Ñ al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente
Exposición de MotivosEl problema de la vivienda es universal, ya que ningún país ha logrado satisfacer completamente esta necesidad humana fundamental. La vivienda constituye la unidad básica de los asentamientos humanos y es un indicador básico de la calidad de vida de los habitantes de una sociedad. Es por esto que es necesario y urgente establecer un marco jurídico que asegure la conjunción de esfuerzos del gobierno, en sus diferentes ámbitos, para que la vivienda digna, a la que hace referencia el artículo 4o. constitucional, sea una realidad para todo mexicano.
En México, la regulación en materia de vivienda no facilita la coordinación o concurrencia adecuada entre las diversas instancias del poder público, de la federación, de los estados y de los municipios, así como la concertación con los sectores privado y social.
Una gran cantidad de ordenamientos legales participan en la regulación jurídica habitacional, lo que lejos de promover, impulsar y agilizar su actividad, la entorpecen y dificultan. Esta situación hace necesario reestructurar dicho marco jurídico, para dar unidad y congruencia a los esfuerzos y acciones de los actores involucrados en el ramo, lo cual puede lograrse si se explicita en esta materia de vivienda la concurrencia de los órdenes e instancias de gobierno y se faculta al Congreso General para expedir leyes que la establezcan dentro de sus competencias respectivas.1
La Constitución carece de disposiciones que permitan al Congreso de la Unión legislar de manera concurrente la materia de vivienda, lo que tendría que derivar en una ley de carácter general, como en los casos de asentamientos humanos, ambiente, salud o educación. Hoy el alcance de las normas en materia de vivienda queda reducido al ejercicio de facultades federales. A pesar de que se trata de una materia donde coinciden regulaciones de los tres niveles de gobierno (y en buena medida, preponderantemente municipales), de ahí la necesidad de darle al Congreso federal la facultad establecer responsabilidades para cada ámbito de gobierno de acuerdo con sus atribuciones, de manera que se generen mecanismos de coordinación entre gobiernos para construir una verdadera política de estado e materia de vivienda.
La propuesta se inscribe en la existencia constitucional de las facultades coincidentes, también conocidas como concurrentes, entre ámbitos de gobierno, ya que nuestra Constitución puede otorgar competencia sobre una materia a dos o más órdenes de gobierno --federación, entidad federativa o municipio-- sin prever por sí misma y directamente sobre qué parte competencial corresponde a cada uno, pues ello correspondería a la legislación secundaria.
La Constitución confiere la facultad de fijar las bases para la distribución competencial, tanto en el artículo 73 como en el 124.
Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que ``Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados'', también lo es que determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, denominado ``facultades concurrentes'', entre la federación, las entidades federativas y los municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la educativa, la de salubridad, la de asentamientos humanos, la de seguridad pública, la de protección civil y la deportiva, entre otras. En el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que los ámbitos de gobierno, puedan actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general.
Para el caso que nos ocupa, proponemos que la Constitución establezca que sea la federación --a través del Congreso de la Unión-- la que legisle en materia de vivienda y que las entidades federativas, y los municipios se ajusten a lo dispuesto por la legislación federal, sin perjuicio de que los congresos estatales puedan legislar en la materia.
Es un hecho que la Ley de Vivienda vigente expresa los alcances potenciales y también los límites reales de la intervención de los poderes federales en la materia. La pluralidad de objetos y lo diverso de sus enfoques económico, social y jurídico, su carácter ``multisectorial'' en lo administrativo y concurrente en lo jurídico, implican de hecho, severas limitaciones para articular una política nacional de vivienda unitaria y coherente.
Por las limitaciones del marco legal en materia de vivienda, que dan una amplia libertad a los gobiernos locales, es que el papel y respuestas de los gobiernos estatales y municipales ha sido tan heterogénea, Hoy día existen algunos cuantos gobiernos estatales y municipales conscientes y preocupados por resolver los problemas habitacionales de sus gobernados, pero también hay otros donde el desinterés o la incapacidad para desarrollar acciones en la materia es la constante. 2
Para armonizar la intervención del gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios, es necesario revisar el papel y responsabilidades que deben jugar cada ámbito de gobierno en la formulación y ejecución de las políticas y programas habitacionales.
En la actualidad, los congresos estatales generan su propia legislación en materia de vivienda, ya sea que elaboren leyes estatales de vivienda o que incluyan dicha materia en una ley más general como la de desarrollo urbano. Sin embargo, estas legislaciones no necesariamente siguen lo establecido en la Ley de Vivienda, por lo que el gobierno federal promueve la firma de convenios de colaboración con las entidades federativas, para que al elaborarse las leyes estatales de vivienda se retomen lo criterios establecidos en la ley federal de la materia, aunque adaptándolos a las necesidades del ámbito local. 3
El antecedente de la formulación de la Ley de Vivienda fue la reforma al artículo 4o. de la Constitución mexicana, en el que se especifica que todos los mexicanos tienen derecho a una vivienda digna y decorosa, con esta acción el derecho a la vivienda quedó elevado a rango constitucional en nuestro país. La Ley de Vivienda constituyó el primer instrumento jurídico referido exclusivamente al sector de la vivienda y su objetivo ha sido establecer y regular los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa. 4
Pese a que de manera explícita la Ley de Vivienda no incluye el calificativo de ley federal, opera como tal. Sin embargo, la omisión del carácter de dicha norma resta claridad a ésta e implica una indefinición del ámbito al que pertenece dicha materia, si al federal o al local. Aún cuando la Ley de Vivienda especificara su carácter federal, lo más adecuado para dotar al marco legal en la materia de efectividad y operatividad entre los tres niveles de gobierno, sería el contar con una ``ley general''. 5
La justificación a la propuesta de sustituir el carácter de Ley de ``federal'' a ``general'' descansa en que, siendo ``federal'', su aplicación se concentra en el poder ejecutivo y presenta lagunas jurídicas al no establecer la responsabilidad de los órdenes gubernamentales; mientras que, al hacerse general se daría una definición clara de las autoridades que deben intervenir, así como las de todos los participantes en la materia, y sus responsabilidades específicas. Sin embargo, no se puede establecer el carácter general si el Congreso no tiene la facultad de expedir leyes que determinen la concurrencia en dicha materia.
La propuesta de dotar al Congreso General de la facultad de expedir leyes que determinen la concurrencia, en todo lo concerniente a materia de vivienda, posibilitaría la efectividad de lo previsto por el párrafo quinto del artículo 4o. constitucional. A su vez, una disposición de tal naturaleza tendría como resultado la expedición de una ley que establezca el marco general en materia de vivienda, las consecuentes leyes locales de la materia, así como los reglamentos que se elaboren en las diversas dependencias y entidades de la administración pública que realizan acciones en materia habitacional, todo esto para coadyuvar a una mayor coherencia y unidad en la legislación sobre vivienda.
Así, con la presente iniciativa se pretende establecer de manera expresa en el texto constitucional, la concurrencia de los órdenes de gobierno en materia de vivienda.
Lo anterior, con la finalidad de evitar la indefinición relativa al ámbito al que pertenece la materia, y mejorar la efectividad y operatividad de las acciones públicas dirigidas a velar por que todo mexicano habite en una vivienda digna y decorosa.
Por lo expuesto, y con fundamento en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de
Decreto que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Se adiciona una fracción XXIX-Ñ al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas: 1 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Propuesta de ley que establece las bases de concurrencia y concertación en materia de vivienda, México, 12 de septiembre de 2008. 2 Universidad Iberoamericana y Comisión de Vivienda, La situación de vivienda en la perspectiva de una reforma legislativa en la materia, febrero de 2005. 3 Segundo Informe de Gobierno, 2008, Felipe Calderón Hinojosa, apartado 2.14. ``Construcción y vivienda''. 4 Colegio de México, Evaluación de las instituciones y programas federales de vivienda en México 1995-2002, México, DF, 2003. 5 Colegio de México, Op. Cit.La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Tiene la palabra el diputado Mario Vallejo Estévez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 105 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El diputado Mario Vallejo Estévez : Con su permiso, diputada presidenta. Le solicito atentamente que se inserte íntegramente el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates, ya que en virtud del tiempo sólo leeré un resumen.Con la presentación de esta iniciativa que adiciona el numeral 4 al artículo 105 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se cumple el compromiso que, en junio del año pasado, el Observatorio Ciudadano por la Discapacidad en México planteó a algunos diputados de diversos grupos parlamentarios.
La iniciativa tiene por objeto que el Instituto Federal Electoral implante otra serie de medidas que permitan que los ciudadanos con discapacidad puedan, por sí mismos, ejercer la garantía constitucional de elegir libremente, y secrecía, a sus gobernantes y representantes populares.
Asimismo, contender ellos como candidatos a uno de estos cargos de elección popular. Antecedentes:
a) Con fecha 28 de abril del año 2000, el diputado Felipe Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que fue turnada, en su momento, a las Comisiones de Gobernación, y de Puntos Constitucionales.
b) El diputado Santiago Cortés Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 27 de abril de 2004 sometió a consideración del pleno de la Cámara la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Participación Ciudadana.
c) En fecha 11 de junio de 2008, en la Comisión Permanente, el diputado Elías Cárdenas Márquez , del Grupo Parlamentario de Convergencia, en nombre propio y de legisladores de diversos grupos parlamentarios, presentó la iniciativa que reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que fue turnada a la Comisión de Gobernación.
d) El pasado 18 de noviembre de 2008, la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual fue turnada a la Comisión de Gobernación.
Exposición de motivos: en México, de acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, entre 7 y 12 por ciento de la población vive con una discapacidad. Y cada año, de acuerdo con el programa nacional 2001-2006 de la Secretaría de Salud, se presentan 265 mil nuevos casos de discapacidad.
Lo cual significa que aproximadamente 10 millones de mexicanos y sus familias enfrentan las consecuencias de una compleja problemática social, política y económica. De ellos, 70 por ciento tiene más de 18 años, según el Inegi.
El 3 de mayo entró en vigor la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU el 13 de diciembre de 2006, que México se asumió desde el 24 de octubre de 2007.
Una interpretación del artículo 29 de la Convención nos permite realizar las siguientes reflexiones:
a) De forma general, se obliga al Estado mexicano a garantizar los derechos políticos de las personas con discapacidad, y ello implica que se deben promover medidas legales para que, en condiciones de igualdad, puedan ejercer el sufragio, participar en partidos políticos, poder ser candidatos a cargos de elección popular, y participar en la dirección de asuntos partidistas o públicos.
b) Por lo que corresponde al ejercicio del sufragio, la Convención dispone la regulación de procedimientos, instalaciones y materiales electorales, cuidando aspectos de accesibilidad física y de comunicación para el desplazamiento y una mejor comprensión por parte de las personas con discapacidad.
En materia de participación política, plasmada en la legislación de países de Latinoamérica, hay experiencias de reformas de códigos y leyes electorales que han sido motivo de estudio por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral y por el Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos en 2002, que después de analizar las leyes y los códigos electorales de 17 países latinoamericanos concluyeron lo siguiente:
Primero. En Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, Canadá, Costa Rica, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay las respectivas leyes electorales contienen preceptos que permiten a las personas con discapacidad ser auxiliadas o acompañadas por personas de su confianza o de algún funcionario electoral. En algunos de esos países el acompañante debe guardar en secreto el voto del elector con discapacidad.
Segundo. En Canadá, Chile y Puerto Rico las legislaciones otorgan a las personas con discapacidad el derecho de inscribirse en el padrón electoral señalando el tipo de discapacidad que tienen, y que permite a los institutos electorales de esos países planificar la participación electoral de tan importante sector de la sociedad.
Tercero. La legislación electoral de Bolivia, Canadá, Ecuador, Paraguay y Uruguay prevé el derecho de preferencia para las personas con discapacidad, de la tercera edad y las embarazadas, para ejercer su derecho al voto sin hacer fila.
Cuarto. La previsión de que los centros receptores de votos o casillas se encuentren en lugares accesibles para personas con discapacidad existe en los códigos electorales de Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Nicaragua y Uruguay.
Quinto. Las leyes electorales de Canadá y Costa Rica establecen la obligatoriedad para los partidos políticos de que difundan sus mensajes y promocionales electorales con el auxilio de intérpretes de señas.
Sexto. El uso de huellas digitales, mascarillas, plantillas en braille, realces en las boletas electorales para garantizar el ejercicio del voto de manera personalizada, a las personas con discapacidad visual se encuentra establecida en los códigos electorales de Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú y Puerto Rico.
En diversos países latinoamericanos las leyes y los códigos electorales prevén apoyos como el auxilio de la Cruz Roja, policía, guías scouts, sillas de ruedas, solicitudes por teléfono y participación de voluntarios durante la jornada electoral.
Un referente de mayor avance en la materia son las condiciones existentes en Estados Unidos de América donde se incorporó en los procesos electorales la posibilidad del voto anticipado o por correo postal.
Esta iniciativa propone que el Instituto Federal Electoral promueva todas las medidas necesarias para garantizar que los electores con discapacidad ejerzan plenamente sus derechos político-electorales. También, que el IFE incorpore el indicador de discapacidad en el Catálogo General de Electores, el padrón electoral, y progresivamente en la credencial de elector, conforme se establece en el artículo 172 del Código, con la finalidad de que se cumpla, entre otros objetivos, la utilidad de contar con un instrumento legal de identificación oficial que representaría, para miles de personas con discapacidad, su reconocimiento jurídico ante autoridades y sociedad.
En materia electoral incorporar este indicador representaría, para la autoridad, contar con un censo que le permitirá conocer dónde se halla la población y dónde se deben adoptar medidas para mejorar los procedimientos electorales, así como un efectivo sistema que proporcione información sobre el comportamiento electoral de la población con discapacidad en el país.
En conclusión, esta iniciativa propone el cumplimiento por parte de México, como Estado firmante, de lo dispuesto en el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por lo expuesto, someto a la consideración de este pleno parlamentario el presente proyecto de decreto que adiciona el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Artículo único. Se adiciona el numeral 4 al artículo 105, para quedar como sigue:
Artículo 105...
1. Son fines del instituto...
(El 2 y 3 quedan igual, y se adiciona el 4.)
4. Establecer las medidas necesarias que permitan garantizar el derecho de los ciudadanos con discapacidad a participar en la vida política sin discriminación y en condiciones de igualdad, entre otras.
Es cuanto, diputada presidenta. Le solicito turnar la iniciativa a la Comisión de Gobernación para el trámite legislativo que corresponda. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma el artículo 105 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Mario Vallejo Estévez, del Grupo Parlamentario del PRD
Con fundamento en lo dispuesto en las fracciones II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, Mario Vallejo Estévez, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, somete a consideración de la honorable soberanía iniciativa que adiciona el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con base en los siguientes
AntecedentesEn México, de acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, entre 7 y 12 por ciento de la población vive con una discapacidad, y cada año, de acuerdo con el programa nacional 2001-2006 de la Secretaria de Salud, se presentan 265 mil nuevos casos de discapacidad, lo cual significa que aproximadamente 10 millones de mexicanos y sus familias enfrentan las consecuencias de una compleja problemática social, política y económica. De ellos, 70 por ciento tiene más de 18 años según el Inegi.
El 3 de mayo entró en vigor la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU el 13 de diciembre de 2006, tratado al que México se sumó desde el 24 de octubre de 2007.
Este instrumento internacional fue propuesto e impulsado por México durante la Conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, celebrada en 2001 en Durban, Sudáfrica.
Esta iniciativa recoge y reconoce el trabajo de investigación y experiencia de personas con discapacidad y de ciudadanos que integran y representan el Observatorio Ciudadano por la Discapacidad en México, organismo plural y horizontal cuya misión es promover acciones para armonizar o implantar la convención.
Este organismo desarrolló las iniciativas de reforma del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales presentadas por los diputados Cárdenas y Gordillo, invocadas en los antecedentes, para que los derechos políticos de las personas con discapacidad, dispuestos en el artículo 29 de la convención, se incorporen al código electoral,
Uno de los primeros instrumentos aprobados por la ONU en 1982 en materia de discapacidad fue el Programa de Acción Mundial de las Personas Impedidas, en el cual ya se destacaba el tema de los derechos políticos para participar en cargos de elección y representación popular, recomendando que los partidos políticos adopten medidas para que haya un número creciente de hombres y de mujeres con discapacidad en los espacios de toma de decisiones.
Otros instrumentos a los que se suma México, que refieren la importancia de reconocer los derechos políticos de los ciudadanos, así como los de las personas con discapacidad, son los siguientes:
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Bogotá, 2 de mayo de 1948; Declaración Universal de los Derechos Humanos, Nueva York, 10 de diciembre de 1948; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Nueva York, 16 de diciembre de 1966; Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, ONU, 20 de diciembre de 1971 [A/RES/2856 (XXVI)]; Declaración de los Derechos de los Impedidos, ONU, 9 de diciembre de 1975 [A/RES/3447 (XXX)]; Programa de Acción Mundial para los Impedidos, ONU, 3 de diciembre de 1982 (A/RES/37/ 52); Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, ONU, 20 de diciembre de 1993 (A/RES/48/96); Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, Guatemala, 7 de junio de 1999; y Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU, 13 de diciembre de 2006 (A/RES/61/106).
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se menciona en el artículo 21 que ``toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, de manera directa o por medio de representantes libremente escogidos, y toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país''.
En la Declaración de los Derechos de los Impedidos se establece en el artículo 4o. que ``el impedido tiene los mismos derechos civiles y políticos que los demás seres''.
Por otra parte, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se destaca en el artículo 2o. que ``cada uno de los Estados parte se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio, y que cada Estado parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en él''.
En el artículo 25 del pacto se define el precepto de que todos los ciudadanos gozarán de los siguientes derechos y oportunidades:
Participar en la dirección de los asuntos públicos de manera directa o por medio de representantes libremente elegidos; y votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto, que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores y a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país''.
En el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad se señala en el artículo 26 que las personas con discapacidad tienen derechos y obligaciones iguales y que es su deber participar en la construcción de la sociedad, y que ésta debe elevar el nivel de expectativas por lo que respecta a personas con discapacidad y movilizar así todos sus recursos para el cambio social.
En el citado programa se destaca en el artículo 28 que las personas con discapacidad han empezado a unirse en organizaciones en defensa de sus derechos para influir sobre las áreas decisorias de los gobiernos y sobre todos los sectores de la sociedad.
De manera más clara, en este programa se establece en el artículo 94 que las organizaciones y otras entidades, como los partidos políticos de todos los niveles, deben asegurar que las personas con discapacidad puedan participar en sus actividades en la medida más amplia posible.
En el ámbito federal, la exigencia de las personas con discapacidad porque se les garantice su derecho a la participación política ha llegado a las cámara legislativas, y de éstas, al Instituto Federal Electoral (IFE), donde cuentan con previsiones técnicas y metodológicas que les ha permitido el ejercicio del sufragio a los electores con discapacidad, como la accesibilidad en las casillas de votación mediante la utilización de plantillas y urnas inscritas en braille para las personas con discapacidad visual.
Sin embargo, aún no se cuentan con medidas en materia de difusión a fin de que las personas ciegas, con baja visión y sordo-ciegas conozcan en detalle sus derechos y sus obligaciones en materia político-electoral mediante información impresa en braille o en audio grabaciones.
En el ámbito local, sólo cuatro entidades federativas --Baja California, Distrito Federal, Puebla y Tamaulipas-- cuentan con reformas en sus códigos electorales que reconocen los derechos políticos de las personas con discapacidad.
El Instituto Electoral del Distrito Federal ha sido pionero en la instauración de medidas para que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos político-electorales desde el proceso electoral de 2000. Posteriormente, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reformó el Código Electoral del Distrito Federal, con lo que los procesos electorales de 2003 y 2006 se ajustaron a disposiciones legales, aunque también parcialmente, pero orientadas al respeto de sus derechos político-electorales y la planeación de materiales, difusión y procesos de capacitación.
En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 29, se establece el reconocimiento de los derechos políticos de las personas con discapacidad:
El hecho de que la persona con discapacidad participe directamente en el proceso legislativo se traduce en la congruencia y sensibilidad que deben tener las normas jurídicas en sus diversos ámbitos de acción.
Con base en las anteriores consideraciones, esta iniciativa propone que se incorpore el reconocimiento de los derechos políticos de los ciudadanos con discapacidad en el país, adicionando un numeral cuatro al artículo 105, referente a las disposiciones preliminares del Instituto Federal Electoral.
Se propone que el Instituto Federal Electoral promueva todas las medidas necesarias para garantizar que los electores con discapacidad ejerzan plenamente sus derechos políticos-electorales.
También se propone que el Instituto Federal Electoral incorpore el indicador de discapacidad en el catálogo general de electores, el padrón electoral y, progresivamente, en la credencial de elector, conforme se establece en el artículo 172 del código, con la finalidad de que se cumplan, entre otros objetivos, la utilidad de contar con un instrumento legal de identificación oficial, que representaría para miles de personas con discapacidad su reconocimiento jurídico ante autoridades y la sociedad.
Es común y una práctica en el país que, además de contar con la credencial de elector, todo tipo de autoridad y en cualquier trámite les exige documentos adicionales para comprobar que, efectivamente, tienen una discapacidad, como el certificado médico o certificado de discapacidad en algunas entidades, porque se duda de su condición física, intelectual o sensorial, y en decenas de casos, cuando la persona no cuenta con ninguno de ellos y su discapacidad no le permite una adecuada comunicación, son objeto de abuso de autoridad o, simplemente, se les ignora o discrimina.
En materia electoral, incorporar este indicador representa para la autoridad contar con un censo que le permita conocer dónde se halla la población, y dónde debe adoptar medidas para mejorar los procedimientos electorales, así como un efectivo sistema que proporcione información sobre el comportamiento electoral de la población con discapacidad en el país.
En conclusión, en esta iniciativa se propone el cumplimiento por parte de México como Estado firmante de lo dispuesto en el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por lo expuesto, someto a consideración de este Pleno parlamentario el proyecto de
Decreto que adiciona el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Artículo Único. Se adiciona el numeral cuatro al artículo 105, para quedar como sigue:
Artículo 105.
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Instituto Federal Electoral, conforme se establece en las disposiciones aplicables del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, determinará las previsiones financieras necesarias para el cumplimiento del decreto.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Muchas gracias, diputado. Tal como ha sido la solicitud del diputado, se instruye a la Secretaría para que se inserte íntegro en el Diario de Debates.Túrnese a la Comisión de Gobernación.
ARTICULOS 74 Y 79 CONSTITUCIONALES - LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DE LA FEDERACION
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Continuando, tiene la palabra la diputada Guillermina López Balbuena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
La diputada Guillermina López Balbuena : Con su permiso, señora presidenta.Compañeras y compañeros, la rendición de cuentas aparece como un elemento esencial que todo país democrático requiere para afianzar la credibilidad y mantener la gobernabilidad democrática. Es un elemento central para controlar el abuso del poder y garantizar que los gobernantes cumplan con transparencia, honestidad, eficiencia y eficacia sus funciones conferidas por la ciudadanía.
Señores legisladores, el control, supervisión y revisión son mecanismos que facilitan la verificación de la información y, al mismo tiempo, la certidumbre y claridad del desempeño del servicio público.
Dentro de nuestro régimen jurídico, relativo a la función de transparencia, se ubica la Secretaría de la Función Pública, cuyo objetivo es el de organizar y coordinar el Sistema de Control y Evaluación de la gestión gubernamental, así como emitir las normas que regulan los instrumentos y políticas que exigen el funcionamiento del mismo sistema.
Sin embargo, en la presente administración esas acciones han sido ineficientes, porque sólo hemos observado cómo nuestro flamante secretario de la Función Pública se quiebra la cabeza y delega sus funciones a la ciudadanía para descubrir cuál es el trámite más inútil de esta administración, antes que dedicarse a sancionar a los funcionarios corruptos.
Con estas convocatorias para descubrir lo que todo México conoce sólo evidencia ineptitud. Además, hay que expresarle al actual gobierno lo que coloquialmente dijo un periodista. ``El trámite más difícil de este país es poder sobrevivir en él, por tanta ineptitud mostrada por esta administración''.
En cuanto al ámbito legislativo, el órgano de control es la Auditoría Superior de la Federación, quien desempeña la función de observar que los programas y su ejecución se ejecuten en los términos y montos aprobados, así como el del desempeño, eficiencia, eficacia y economía, con base en indicadores aprobados en el Presupuesto.
Es de reconocer que este organismo ha cumplido en presentar en tiempo y forma los resultados de las Cuentas Públicas revisadas. Este tipo de controles es considerado como el control político que ejerce el Legislativo sobre el Ejecutivo, debido a que con esta fiscalización se da cumplimiento al mandato constitucional de vigilancia de la correcta aplicación de los recursos públicos.
El propósito de la presente iniciativa es recorrer la fecha de presentación de la Cuenta Pública, para que ésta sea a más tardar el 15 de febrero del año siguiente del ejercicio correspondiente; y que la fecha de aprobación por parte del pleno de esta honorable Cámara, del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, sea a más tardar el 30 de septiembre del mismo año de su presentación.
Con ello daremos un paso importante para la consolidación de la democracia en el aspecto de rendición y transparencia, otorgando gobernabilidad para determinar y calificar la gestión pública coadyuvando al mejoramiento del quehacer gubernamental.
Es oportuno recordarles que en las Cuentas Públicas de 2004 a 2006 se reportó un aumento en el número de observaciones por irregularidades en el uso de recursos públicos de 500 por ciento. La propia Comisión de Vigilancia ha manifestado que el aumento en las irregularidades del uso de recursos públicos es grave y preocupante, pues se evidencia una creciente deshonestidad en el gasto del erario.
Ante estos datos es inaceptable que nosotros como legisladores incurramos en irresponsabilidad por no aprobar la revisión de las Cuentas Públicas en el pasado periodo ordinario de sesiones, a pesar de haber estado agendadas en el orden del día por más de un mes.
Por ello, mi propuesta está enfocada a elevar a rango constitucional la obligación del pleno de esta Cámara de aprobar los informes de resultados de la Cuenta Pública a más tardar el 30 de septiembre del año de su presentación y, con ello, evitar que se siga con la práctica del congelamiento o rezago en los asuntos que son obligatorios de ser analizador por este órgano legislativo.
Compañeros, basta de seguir tolerando los amiguismos, compadrazgos y tráfico de influencias, quienes se aprovechan de estas lagunas en la ley para poder llevar a cabo sus negocios familiares.
Por todo lo expresado, es urgente que todos los actores políticos emprendamos una lucha frontal sobre las causas y efectos de la corrupción y la impunidad.
En este frente de lucha, el papel del Congreso ya no debe ser meramente el de legislar, sino, en función del principio de equilibrio de poderes.
Debe asumir el papel de ser el órgano de vigilar que las acciones de los encargados de la administración pública, respecto al gasto público, éste sea ejercido de manera eficiente y eficaz, que cumplan con los objetivos y metas aprobadas por este Congreso. Es cuanto, señora presidenta.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, a cargo de la diputada Guillermina López Balbuena , del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento de lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos tercero y cuarto de la fracción VI del artículo 74; los párrafos primero, tercero y cuarto de la fracción II del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; y el primer párrafo del artículo 8, el artículo 18 y el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa rendición de cuentas aparece como un elemento esencial que todo país democrático requiere para afianzar la credibilidad y mantener la gobernabilidad democrática. Actualmente se ha constituido en elemento central, ya que forma parte de uno de los principales instrumentos para controlar el abuso del poder y garantizar que los gobernantes cumplan con transparencia, honestidad, eficiencia y eficacia sus funciones conferidas por la ciudadanía.
Con la nueva composición de las fuerzas políticas se permitió generar nuevos equilibrios entre los Poderes de la Unión, lo cual trajo como consecuencia establecer la transparencia en la conducción de las instituciones gubernamentales a través de un proceso de rendición de cuentas y un nuevo andamiaje jurídico enfocado a la fiscalización de la Cuenta Pública. Este proceso se concretó con la creación de un órgano que sustituyó a la Contaduría Mayor de Hacienda; este órgano es la Auditoría Superior de la Federación.
El control, supervisión y revisión son mecanismos que facilitan la verificación de la información y al mismo tiempo da certidumbre y claridad al desempeño del servicio público.
Dentro del régimen jurídico del Estado mexicano, relativo a la función de transparencia, se sitúa la Secretaria de la Función Pública, cuyo objetivo debe enfocarse al de organizar y coordinar el sistema de control y evaluación de la gestión gubernamental, así como al de emitir las normas que regulan los instrumentos y políticas que fijen el funcionamiento del mismo sistema. Sin embargo, en la presente administración estas acciones han sido ineficientes, porque sólo hemos observado cómo nuestro flamante secretario de la Función Pública se quiebra la cabeza por descubrir cuál es el trámite más inútil de esta administración, en lugar de dedicarse a sancionar a los funcionarios corruptos. Con estas convocatorias para descubrir lo que todo México conoce, sólo evidencia su ineptitud. Además hay que expresarle al actual gobierno lo que coloquialmente dijo un periodista: ``el tramite más difícil de este país es poder sobrevivir en él'', con tanta ineptitud mostrada por esta administración.
Es de todos sabido que dentro del ámbito legislativo el órgano de control es la Auditoría Superior de la Federación quien desempeña la función de observar que los programas y su ejecución se ajusten a los términos y montos aprobados, así como en el desempeño, eficiencia, eficacia y economía con base en indicadores aprobados en el presupuesto. Es de reconocer que este organismo ha cumplido en presentar en tiempo y forma los resultados de las Cuentas Públicas revisadas.
Este tipo de control es considerado como el control político que ejerce el legislativo sobre el ejecutivo, debido a que con esta fiscalización se da cumplimiento al mandato constitucional de vigilancia en la correcta aplicación de los recursos públicos. Esta fiscalización es un proceso de revisión, inspección y evaluación exhaustiva de los recursos públicos que permiten comprobar que estos se ajusten a los términos y montos aprobados, así como en el desempeño, eficiencia y eficacia con base en indicadores plasmados en el presupuesto.
El propósito de la iniciativa es recorrer la fecha de presentación de la Cuenta Pública y que ésta sea a más tardar el 15 de febrero del año siguiente del ejercicio correspondiente, y que la fecha de aprobación por parte del Pleno de la Cámara de Diputados del informe del resultado de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública sea a más tardar el 30 de septiembre del mismo año de su presentación.
Con ello daremos un paso importante para la consolidación de la democracia en el aspecto de rendición y transparencia, otorgando gobernabilidad para determinar y calificar la gestión pública, coadyuvando al mejoramiento del quehacer gubernamental.
Es oportuno recordarles que en las Cuentas Públicas de 2004 a 2006 se reportaron un aumento en el número de observaciones por irregularidades en el uso de recursos públicos de 500 por ciento. La propia Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados consideró que este aumento en las irregularidades del uso de recursos públicos evidencia ``una creciente deshonestidad en el gasto del erario''.
Ante estos datos es inaceptable que nosotros como legisladores incurramos en irresponsabilidad por no aprobar la revisión de las Cuentas Públicas en el pasado periodo ordinario de sesiones, a pesar de haber estado programadas en el orden de día por más de un mes. Es por ello que mi propuesta está enfocada en elevar a rango constitucional la obligación del Pleno de la Cámara de aprobar los informes de resultado de la Cuenta Pública a más tardar el 30 de septiembre del año de su presentación y, con ello, evitar que se siga con la práctica del congelamiento o rezago en los asuntos que son obligatorios ser analizados por este órgano legislativo.
Basta de seguir tolerando los amiguismos, compadrazgos y tráfico de influencias, quienes se aprovechan de lagunas en la ley para poder llevar a cabo sus negocios familiares.
Les recuerdo que la revisión de la Cuenta Pública tiene por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. Como consecuencia inmediata de los resultados de la revisión de la cuenta se fincarán o determinaran las responsabilidades que deriven si aparecieren discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos obtenidos o en los gastos realizados.
La Cuenta Pública está sustentada en la base técnica del sistema integral de contabilidad gubernamental, basado en normas, procedimientos y metodologías a través de los cuales se registran las operaciones que realizan los organismos de la administración pública, otorgando con ello un alto grado de confiabilidad, permitiendo además generar información que facilita las tareas de evaluación y fiscalización del origen de los ingresos y el destino del gasto.
Es decir, integra los estados contables, financieros, presupuestarios, programáticos y demás información que muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos, y del ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación, los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo totales de la hacienda pública estatal y en su patrimonio neto, incluyendo el origen y aplicación de los recursos, así como el resultado de las operaciones de los poderes públicos del Estado, además de la situación de la deuda pública.
Por todo lo expresado, es urgente que todos los actores políticos emprendamos una lucha frontal sobre las causas y efectos de la corrupción y la impunidad. Esto a raíz de que la corrupción en nuestro país parece ya estar institucionalizada en todos los niveles jerárquicos de la burocracia, tanto entre quienes realizan procedimientos intermedios, sujetos a revisión o sanción superior, como entre aquéllos que toman decisiones de mayor o menor importancia.
En este frente de lucha el papel del Congreso ya no debe ser meramente el de legislar, sino en función del principio de equilibrio de poderes debe asumir el papel de ser el órgano de vigilar que las acciones de los encargados de la administración pública con respecto al gasto público, éste sea ejercido de manera eficiente y eficaz que cumplan con los objetivos y metas aprobados por el Congreso.
Por todo lo anterior, presentó al Pleno de la honorable Cámara de Diputados proyecto de
Decreto por el cual se reforman los párrafos tercero y cuarto de la fracción VI del artículo 74; los párrafos primero, tercero y cuarto de la fracción II del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; y el primer párrafo del artículo 8, el artículo 18 y el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación
Artículo Primero. Se reforman los párrafos tercero y cuarto de la fracción VI del artículo 74, y los párrafos primero, tercero y cuarto de la fracción II del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
Artículo 79. ...
Único. El decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. Se reforman el primer párrafo del artículo 8, el artículo 18 y el artículo 30, todos de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 8. La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada por el Ejecutivo federal a la Cámara, y en sus recesos, si es el caso, a la del Congreso de la Unión, dentro de los 15 primeros días de febrero. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la Cuenta Pública cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el secretario del despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven. En ningún caso la prórroga excederá de 45 días naturales.
...
Artículo 18. Las observaciones a que se refiere el artículo anterior deberán notificarse a los Poderes de la Unión y a los entes públicos federales a más tardar el 10 de enero del año siguiente al de la presentación de dicho informe, con el propósito de que sus comentarios se integren al informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente.
Artículo 30. La Auditoría Superior de la Federación tendrá un plazo improrrogable que vence el 15 de junio del año en que la Cámara o, en su caso, la Comisión Permanente reciba la Cuenta Pública para realizar su examen y rendir en dicha fecha a la Cámara, por conducto de la comisión, el informe del resultado correspondiente, que tendrá carácter público y, mientras ello no suceda, la Auditoría Superior de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones e informaciones.
TransitorioÚnico. El decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Gracias, diputada presentante.Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de la Función Pública.
ARTICULO 125 CONSTITUCIONAL
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Tiene la palabra el diputado Óscar Miguel Mohamar Dainitin, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Óscar Miguel Mohamar Dainitin : Buenas tardes. Con su permiso, presidenta. Solicito a la Presidencia que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates, en virtud de que está publicado en la Gaceta Parlamentaria.``Sufragio efectivo; no reelección. Si no, que la nación nos lo demande'', términos por demás mencionados y tal vez no ejercidos.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, quiero ver, quiero sentir de qué están hechos mis compañeros los diputados, si representan sólo sus intereses personales o familiares o los intereses de la gente que votó por nosotros.
Hoy la nación nos lo demanda. La gente que votó por nosotros lo está pidiendo. ¿Por qué? Porque hay abusos en el poder en relación a algunos individuos que son gobernadores, que son alcaldes, y hasta ha existido, a través de la historia, la tentación de presidentes de la república para violentar el principio del sufragio efectivo no reelección, a través de algún familiar que quiera sucederlo.
Hoy me presento ante este pleno, máxima tribuna del Congreso de la Unión, para poner sobre la mesa un tema que es de vital importancia para toda la sociedad, a la cual tenemos el honor y la responsabilidad de representar, me refiero a que tenemos todos los hombres el derecho para acceder a algún cargo público y, por tanto, a tener la posibilidad de participar en condiciones de igualdad en esas funciones públicas en este país.
Por eso quisiera centrarme en algunos aspectos que considero fundamentales en el tema de equidad y el pleno respeto a los derechos de los ciudadanos durante su participación en las contiendas electorales.
Para nadie es un secreto que en este país, en estos tiempos, en que día a día se trabaja arduamente para garantizar la justicia y la equidad a todos los mexicanos, aún se mantienen viejas prácticas feudales por parte de algunos gobernadores y alcaldes, en las que valiéndose de la influencia del poder económico, político, social o de algún otro recurso que su función les otorga, coacciona o induce el voto de sus representados, a favor de aquellos candidatos con los que mantiene cierto grado de parentesco, dejando en desventaja a los demás candidatos que buscan acceder a un cargo público.
En este tenor, la iniciativa que vengo a someter a su consideración pretende establecer una condición de inelegibilidad de tiempo y no de derecho, en el artículo 125 constitucional, para todos los ciudadanos que tienen una relación de parentesco con alguno de los titulares del Poder Ejecutivo, de cualquiera de los órdenes de gobierno, para que puedan ser candidatos a algún puesto de elección popular y únicamente dentro del área de responsabilidad del mismo, sino hasta después de seis meses, después de que su pariente haya dejado el cargo que desempeña.
Es decir, que ni los padres, las esposas, los esposos, los hijos, los primos, los tíos y los hermanos, no podrán registrarse como candidatos a algún cargo de elección popular dentro del ámbito territorial del presidente de la república, el gobernador, el jefe de gobierno, los delegados o los presidentes municipales, ejerciendo sus funciones.
Elegimos el artículo 125 porque es donde se establece la causal de incompatibilidad para el desempeño de algún cargo público cuando exista conflicto de intereses. Y es que es justamente el conflicto de intereses el que pretendemos evitar con la presente propuesta: Aquel que se presenta cuando una persona accede a algún cargo de elección popular aprovechando la influencia que ejerce de su pariente desde el poder.
El establecimiento de esta nueva condición de inelegibilidad de tiempo en nuestro máximo ordenamiento no es nuevo; ya que actualmente el artículo 55 constitucional prevé algunas de ellas dentro, y aprobadas dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y dice que dichos ordenamientos tienen la función de preservar la equidad en la contienda y en la libertad del sufragio.
Es importante destacar que algunos países tales como Costa Rica y Colombia ya prevén dentro de sus textos constitucionales esta prohibición de tiempo y no de derecho. Se ha dicho y coincidimos al señalar que el derecho a ser votado no es absoluto, por lo que estamos convencidos que tratándose del acceso de cargos públicos deben establecerse ciertos límites orientados siempre y en todo momento a privilegiar el interés general sobre el interés particular familiar.
No podemos considerarnos un país democrático si no tenemos un sistema de protección de aquellos derechos fundamentales que permitan contar con un nivel mínimo de seguridad jurídica y equidad. Pues la verdadera esencia de los derechos fundamentales radica en su aporte a la igualdad y equidad en la democracia. Pero sobre todo, en la protección a los más débiles.
Al gobernador de Puebla, al gobernador de Chiapas, al alcalde de Acapulco, al señor feudal gobernador de Coahuila: ya es tiempo de comenzar a dejar atrás los intereses personales y familiares.
Por ello pido en el pleno que se apruebe la pena de muerte al nepotismo feudal en los estados, presentando la siguiente iniciativa de proyecto de decreto, para quedar como sigue: se reforma el artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos, para quedar:
Artículo 125. Ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos o más cargos de elección popular, pero el nombrado podrá elegir entre cualquiera de ellos que quiera desempeñar.
Segundo párrafo adicional. No podrán ser candidatos a cargos de elección popular en el ámbito federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, el cónyuge o parientes consanguíneos por afinidad hasta el cuarto grado del presidente de la república; hasta el cuarto grado de los gobernadores, hasta el cuarto grado del jefe del Gobierno del Distrito Federal, hasta el cuarto grado de los jefes delegacionales y de los presidentes municipales, en el mismo ámbito territorial en que éstos ejerzan sus funciones, sino hasta después de seis meses de que dichos servidores públicos hayan dejado el cargo.
Muchas gracias, presidenta. Solicito que se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales.
«Iniciativa que reforma el artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Óscar Miguel Mohamar Dainitin, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Óscar Miguel Mohamar Dainitin integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le otorga lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa, conforme a la siguiente:
Exposición de MotivosLa consolidación de la democracia en nuestro país ha sido uno de los principales ejes rectores de la actividad de este honorable Congreso de la Unión, que mediante el dialogo y el trabajo conjunto entre todas las fuerzas políticas y sociales, hemos logrado un avance sustancial para fortalecer el sistema democrático.
En los últimos años, se han redoblado esfuerzos para encontrar mecanismos que permitan al país transitar hacia una forma de gobierno en el que la democracia, la equidad, la justicia y la igualdad sean los principios rectores de nuestra conducta y por la que se debe de guiar la vida democrática.
Las reformas constitucionales y legales en materia electoral de 2007 y 2008, tuvieron por objeto primordial alcanzar la mayor equidad posible en las contiendas electorales, así como dar una mayor protección jurídica a todos los actores involucrados en ésta.
Sin duda, el establecer el mecanismo de las precampañas como una forma de colocar en igualdad de circunstancias a las personas que pretendan participar en algún cargo de elección popular, representa la voluntad del legislador por hacer de nuestros procesos electorales, procesos más justos y equitativos de manera tal que se fomente la apertura de oportunidades a la ciudadanía.
No obstante, debemos reconocer que aún estamos frente a nuevos retos, siendo uno de ellos la urgencia de que el Estado garantice, a todos por igual, el pleno goce de sus derechos humanos, y el libre y pleno ejercicio de sus garantías individuales, de manera tal que la equidad sea uno de los principios que deba de regir en todos los ordenamientos jurídicos que tengan incidencia directamente en el ámbito personal de cada individuo, de manera tal que se puedan compensar aquellas desventajas en las que se encuentran algunos frente a otros, que dadas sus características particulares, pudieran situarse en una posición de ventaja en la búsqueda de un objetivo común.
Así pues, nuestra Constitución Política, como nuestra máxima norma jurídica, actúa como fiel garante del respeto a los derechos humanos y garantías individuales, entre los que encontramos aquel que da, por el simple hecho de ser ciudadanos mexicanos, el derecho a poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo, cargo o comisión, así como a elegir la profesión que queremos desempeñar, siempre y cuando ésta sea lícita y que se cumpla con las características que exige la ley.
Acorde con lo anterior, los tratados internacionales que han sido suscritos por México reconocen el derecho que tenemos todos los hombres para acceder a algún cargo público como por ejemplo en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos, así como el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas, mandamiento que se ve establecido de la misma manera en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Hoy en día, podemos observar que este derecho ha sido reconocido, por lo menos, en la teoría, sin embargo, encontramos algunos casos en que este principio se ve transgredido cuando, algunos funcionarios o autoridades se aprovechan de su posición para colocar a sus familiares en puestos o cargos públicos.
Cuantos casos se han conocido, en que los titulares del Poder Ejecutivo de alguno de los órdenes de gobierno, utilizan el cargo que ocupan dentro de su ámbito de competencia para que sus parientes puedan acceder a cargos de elección popular, valiéndose de la influencia y del poder, económico, político, social o de algún otro recurso que su función les otorga, como un medio para ejercer o aplicar coacción o inducción del voto.
Sin lugar a dudas, el no contar con un claro régimen que establezca las prohibiciones y sanciones a las conductas de este tipo de servidores públicos, genera una situación de vulnerabilidad para la sociedad, que en el caso específico que nos ocupa, hace mayor la posibilidad de que los cargos de elección popular sean ocupados por aquellas personas que tengan algún tipo de parentesco con el servidor público en funciones.
Por ello, debemos de establecer nuevos requisitos que deban de cumplir aquellas personas que pretendan postularse por un cargo de elección popular.
En este sentido, la presente propuesta tiene por objeto establecer una condición de inelegibilidad, que otorgue la transparencia y confiabilidad de los resultados electorales, mediante la formulación de distintas prohibiciones temporales, no permanentes, que impidan la participación en la elección de quienes a juicio del legislador, se encuentran en una posición de supremacía jurídica, política, económica o social y que por lo esto pudiera romper el principio de igualdad de oportunidades y la libre emisión del voto.1
Así pues, es que se propone reformar nuestro máximo ordenamiento jurídico, para establecer que no podrán ser candidatos a cargos de elección popular los parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, de los titulares del Poder Ejecutivo en el ámbito federal, estatal, del Distrito Federal, de las delegaciones políticas o de los municipios, en el ámbito territorial en que estos ejerzan sus funciones, sino hasta después de seis meses de que hayan dejado el cargo.
El establecimiento de una nueva causal de inelegibilidad de carácter temporal en la Constitución Política no es algo nuevo en nuestro país. Debemos recordar que dicho ordenamiento jurídico ya prevé algunas causas de inelegibilidad en su artículo 55, que establece en las fracciones IV a VI que para ser diputado se requiere:
En otros países con régimen político similar al nuestro, se reconoce con el nombre de inhabilidades, a ciertas prohibiciones (también temporales) a aquellos individuos que guardan relaciones de parentesco con ciertos funcionarios para garantizar la regularidad del proceso electoral excluyendo de él a ciertas personas que por su particular posición, situación o influencia, puedan efectiva o potencialmente influir, perturbar o cambiar la libre voluntad de los electores. En este sentido, la Corte Constitucional de Colombia, ha calificado como inhabilidad a las circunstancias creadas por la Constitución Política y la ley, que imposibilitan que una persona sea elegida o designada en un cargo público.
Así pues, por ejemplo, la Constitución Política de Colombia, establece:
La ley 617 de 2000 de Colombia en sus artículos 30, 33 y 37 también establece una serie de inhabilidades para ser inscrito como candidato, elegido ni designado como gobernador, diputado y alcalde, quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento.
En el caso de Costa Rica, los artículos 109 y 132 de su Constitución establecen que:
De esta manera, la presente propuesta no debe ser vista como una limitante a los derechos de un ciudadano en particular a que pueda ser votado o tenga libre acceso a ocupar un cargo público, sino que se trata de un impedimento temporal que privilegia el interés general sobre el interés particular.
No es difícil darnos cuenta, que las personas que tienen familiares ocupando cargos públicos, tienen más posibilidades de resultar ganadoras en alguna contienda electoral, de ahí que se hable mucho de ``las familias en el poder'', que no es más que el acceso de unos cuantos a los cargos públicos, por lo que es necesario proteger, garantizar y potencializar el derecho de la mayoría, a participar en igualdad de condiciones, frente a unos cuantos que hacen del ejercicio de la función pública una especie de legado para sus familias.
Ya es tiempo de que nuestro país garantice efectivamente la protección de los ciudadanos para que accedan en condiciones de igualdad a los puestos públicos.
Es hora de terminar con la desigualdad que limita el pleno ejercicio de los derechos y libertades de los mexicanos.
Ya es tiempo de comenzar a dejar atrás los intereses personales y fomentar la apertura de oportunidades de la ciudadanía.
Por lo antes expuesto, el suscrito diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional somete a su consideración el siguiente proyecto de
Decreto que reforma el artículo 125, y adiciona un segundo párrafo a este numeral, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único . Se reforma el artículo 125 y se adiciona un segundo párrafo a este numeral, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 125. Ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos o más cargos de elección popular, pero el nombrado puede elegir entre cualquiera de ellos el que quiera desempeñar.
No podrán ser candidatos a cargos de elección popular en el ámbito federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, el cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado del presidente de la República, de los gobernadores, del jefe del Gobierno del Distrito Federal, de los jefes delegacionales y de los presidentes municipales, en el ámbito territorial en que éstos ejerzan sus funciones, sino hasta después de seis meses de que dichos servidores públicos hayan dejado el cargo.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con la salvedad señalada en el siguiente artículo.
Segundo. Los causas de inelegilibilidad instituidas por virtud de esta reforma, no serán retroactivas, y entrarán en vigor en el ámbito federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, cuando no este en desarrollo el período electoral respectivo.
Tercero. El Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuentan con un año contado a partir de la entrada en vigor de esta reforma, para realizar las adecuaciones a las leyes respectivas.
Notas:
1 Resolución del TEPJF. Expediente SUP-JDC-528/2005.
2 Marco Antonio Zavala Arredondo en Derechos del Pueblo Mexicano. Tomo XVIII. Página 38.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se instruye a la Secretaría que se inserte íntegro en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
ARTICULO 4 CONSTITUCIONAL
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Tiene la palabra el diputado David Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy del Código Civil Federal.
El diputado David Sánchez Camacho : Con su permiso, señora presidenta.Compañeras diputadas y compañeros diputados, este día presento ante el pleno de la Cámara de Diputados, decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Civil Federal, con objeto de garantizar el derecho al matrimonio de todas las personas mayores de 18 años, sin distinción de su género, para realizar la comunidad de vida en donde ambos se procuren respeto, igualdad y ayuda mutua, de manera libre, responsable e informada.
Esas propuestas surgen de la inquietud de diversos grupos sociales y personas que con indignación hemos observado, de manera cotidiana, un distanciamiento entre la defensa de los derechos humanos inherentes a todas la persona, inalienables e imprescriptibles, y la realidad que impera en nuestro país.
El artículo 1o. de nuestra Carta Magna establece las garantías de libertad e igualdad para todas las personas; es decir, todos gozamos de los mismos derechos y libertad para decidir sobre nuestros bienes y nuestra persona. Incluso, existe el derecho a la no discriminación. Sin embargo, es lamentable que la legislación en algunos preceptos excluya del goce de derechos a determinado grupo social, como lo es el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Sin duda, el tema generará controversia, pero en el Partido de la Revolución Democrática estamos convencidos de que con el debate de las ideas se logrará transformar las instituciones caducas, que no han logrado avanzar en paralelo con la transformación y apertura social.
Sin embargo, hay indicadores que pretenden reformular la visión jurídica en relación a los derechos de la diversidad sexual, como sucedió recientemente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se ratificó un amparo en beneficio de una persona que cambió de sexo para que su nueva acta de nacimiento no incluya su identidad sexual anterior, estableciendo la misma en calidad de información reservada sólo para la persona interesada.
Por ello, el objetivo de esta iniciativa es garantizar un verdadero trato igualitario conforme a los principios constitucionales de ``libertad'' y ``no discriminación'', para que las personas puedan ejercer el libre desarrollo de su personalidad y sexualidad, particularmente la población heterosexual.
Precisamente someto a su consideración esta propuesta de modificaciones, ya que el Estado mexicano debe ser garante de los derechos humanos de todas las personas que habitamos en la República Mexicana, sin distinción o exclusión alguna; reconociendo, respetando, tutelando y promoviendo los mismos, de manera laica y objetiva, sin anteponer el añejo sistema de valores ---propio de un determinado grupo social--- y de otro momento histórico.
La propuesta de reforma constitucional plantea una solución clara para garantizar trato igualitario para la población no heterosexual, a través de incorporar en este ámbito el derecho de las personas a contraer matrimonio como un derecho individual, objetivo, irrenunciable y universal. De tal manera que todas las personas puedan acceder, si así lo deciden, a la institución jurídica y social del matrimonio, que les permita la realización de la vida en común de la pareja.
El reconocimiento formal por el derecho de las relaciones afectivas entre personas del mismo sexo ha sido objetivo de un mayor reconocimiento social y ha logrado romper arraigados estigmas en otras sociedades modernas, como lo demuestra la legislación española y las resoluciones del Parlamento Europeo, que expresamente recomienda poner fin a la prohibición de contraer matrimonio a las parejas del mismo sexo.
Ésta es también una invitación a la apertura de criterios para lograr reconocer lo que hoy en día es innegable. La existencia de diferentes formas de conformar familias, entre las que destacan las constituidas por personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgénero; es decir familias de hecho, pero que se encuentran excluidas de reconocimiento legal y del goce de ciertos derechos.
Somos testigos de que los derechos de las personas con una orientación distinta a la heterosexual son violentados con la discriminación, exclusión jurídica e incluso, del asesinato.
Asimismo, considerando que el derecho al matrimonio se debe ejercer con pleno consentimiento de los contrayentes, conforme a su libre determinación, se propone que la edad mínima para contraerlo debe ser de 18 años, sin distinción de género. Es decir, todas las personas mayores de 18 años serán titulares del derecho a contraer matrimonio.
La idea de contemplar el matrimonio y concubinato a partir de que la persona que haya cumplido 18 años, no sólo tiene la intención de promover la equidad de género, sino que deroga todos aquellos artículos en los que se solicita el consentimiento de padres o tutores para que los menores puedan contraer matrimonio, con el propósito de prevenir y evitar la comisión de delitos sexuales y otras conductas afines, como el matrimonio infantil, los matrimonios forzados.
Incluso ---en algunos casos--- cuando a las menores de edad se les obliga a casarse con su violador, se les condena a la esclavitud y a la violencia, y se les expone a graves riesgos de salud, como enfermedades de transmisión sexual, hostigamiento sexual, prostitución, trata, estupro y corrupción de menores, entre otros.
Por tanto, estas modificaciones tienen carácter preventivo y protegen la genuina aspiración de las personas que desean contraer matrimonio civil, sin importar su orientación sexual, logrando avanzar en la conformación de una sociedad acorde con los cambios sociales: la igualdad, la pluralidad, la democracia y la correspondencia legal de todas y todos, situándonos así en la avanzada legal de países que reconocen jurídicamente las relaciones entre personas del mismo sexo, como Bélgica, Canadá, Noruega, Holanda, Sudáfrica y España, así como algunos estados de la Unión Americana.
Las diputadas y los diputados estamos obligados a legislar a favor de todas las personas, con el propósito de que el Estado reconozca y proteja, desde una perspectiva laica, los derechos de las nuevas familias. Es cuanto.
Solicito a la Presidencia que publique la versión completa de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal, a cargo del diputado David Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, David Sánchez Camacho , diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforma el Código Civil Federal, en los artículos 97, 98, 103, 105, 146, 147, 148, 156, 164, 168, 172 y 177, se derogan los artículos 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 160 y 173, relativos al matrimonio, se deroga el 181, del contrato de matrimonio, con relación a los bienes, se reforma el artículo 187, de la sociedad conyugal, se reforman los artículos 209, 216, 217 y 218, de la separación de bienes, se deroga el artículo 229, de las donaciones antenupciales, se reforman los artículos 259 267, 270, 272 285 y 289, se derogan los artículos 237, 238, 240, 264 y 265, de los matrimonios nulos e ilícitos, se reforma el artículo 294, relativo al parentesco, se deroga el artículo 641, de la emancipación, y se reforman los artículos 1635 y 1373, relacionados con el concubinato, para efectos de inscribirla en las primeras sesiones ordinarias de febrero, del segundo periodo del tercer año de la LX Legislatura, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLos derechos humanos son inherentes a toda persona o individuo. Son inalienables e imprescriptibles, es decir, no están sujetos al poder político.
En el país, a través de la democracia incipiente establecida hasta ahora se ha pretendido ejercer de forma plena los derechos humanos de cada mexicana y mexicano, como establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se ha reformado permanentemente con la intención de considerar un abanico más amplio respecto de estos derechos humanos, como sucede con el artículo 1o., que a la letra dice:
Entonces, a partir de este artículo se establecen las garantías de toda persona sobre la igualdad y libertad, así como de decidir, sobre sus bienes y su persona, preceptos que no en todos los ámbitos de la vida cotidiana se hacen efectivos, aun cuando se incluyen en los ordenamientos que rigen a la sociedad mexicana.
Somos testigos de que los derechos de las personas con orientación distinta de la heterosexual son violentados a través de la discriminación y exclusión jurídica, a quienes aún no se garantizan sus derechos, como señala el artículo citado, por el solo hecho de tener una práctica erótico-afectiva distinta de la heterosexual. Con fuerza creciente, ellas y ellos reclaman la igualdad de derechos ante la ley y la sociedad. Por eso, toda sociedad que se proclame moderna y democrática no puede regatear dichos derechos.
El Estado mexicano debe ser garante de los derechos humanos de todas las personas que habitamos en la República Mexicana, sin distinción o exclusión alguna, reconociendo, respetando, tutelando y promoviendo éstos. Debe aceptarse sin objeción la preferencia sexual que cada persona determine, sin interponer el añejo sistema de valores en el que se fundamenta nuestra sociedad y que, por tanto, sirve de obstáculo para garantizar los derechos de los mexicanos.
Con base en lo anterior, el orden constitucional debe guardar el reconocimiento, sin excepción, de los derechos de las y los mexicanos y excluir cualquier pretexto que se anteponga a romper el justo equilibrio trastocado por valores o tabúes propios de la sociedad que, en algunos casos, violentan los derechos de otras personas, apartándolas y situándolas en los vacíos legales que contribuyen a la inconformidad y a la ilegalidad permanente, rompiendo la armonía social y la justicia jurídica.
El objetivo de esta iniciativa es garantizar un verdadero trato igualitario conforme a los principios constitucionales de libertad, no discriminación, para que las personas puedan ejercer de manera el su personalidad y sexualidad, particularmente la población no heterosexual. Para ello consideramos necesario adherir un párrafo al artículo 4o. constitucional, para incluir el matrimonio como un derecho universal, irrenunciable y erga hommes.
Incluir el derecho al matrimonio como una garantía individual que hombres y mujeres puedan ejercer mediante su libre consentimiento es un acto que obliga al Estado mexicano a reconocer esta institución conforme a una concepción moderna, plural y democrática que propicie una mejor convivencia social y la inclusión de sectores vulnerables que tradicionalmente han sido discriminados, como la población homosexual.
Incorporar el derecho al matrimonio en la Constitución es también un acto de justicia social que marca la pauta para que los estados adecuen su legislación en materia civil y modifiquen la definición heterosexual del matrimonio.
La manera tradicional de formar la familia, desde el derecho romano antiguo hasta nuestros días, ha sido por medio del matrimonio y del concubinato (unión libre), teniendo como elementos comunes supuestos ser uniones sexuales duraderas y monogámicas entre un hombre y una mujer exclusivamente.
Sin embargo, hoy día se establece una manera diferente de formar familias, encontrando entre ellas las que constituyen homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgéneros y transexuales, que están formadas pero que se encuentran fuera de toda regulación de la ley.
Por ello, los diputados estamos obligados a legislar a favor de este grupo social, reconociendo las nuevas formas de convivencia y situándonos en el concierto legal de países que reconocen estas prácticas de convivencia y formación de familias no tradicionales, como Bélgica, Canadá, Noruega, Holanda, Sudáfrica, algunos Estados como California, Massachussets, Vermont, New Hampshire y Connecticut de la Unión Americana, Uruguay o España, país en el que la Dirección General de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia señaló que, hasta 2007, 3 mil 340 parejas se casaron desde el 30 de junio de 2005, fecha en la que se aprobó la ley que modificó el Código Civil que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Pero dicha ley aún debe perfeccionarse, pues debido a que las uniones entre personas del mismo sexo que viven en familia producen efectos jurídicos a favor de sus integrantes y frente a terceros con relación a sus bienes, sucesiones y obligaciones, aspectos que no son reconocidos por la ley, en consecuencia, se les violentan sus derechos, al establecer un vacío jurídico acerca de la obligación de poder proporcionarse alimentos recíprocamente; con relación a los bienes que hayan adquirido en común, la imposibilidad a heredarse mutuamente, y a no permitir la seguridad social, entre otros.
En el país, de acuerdo con el Código Civil Federal que rige en toda la República Mexicana en asuntos del orden federal, la única manera de constituir legalmente una familia es mediante la celebración del matrimonio, para obtener todas las prerrogativas legales que nacen de esa institución, o a través del concubinato (unión libre), figura a la que dicho código solamente reconoce algunos efectos jurídicos, como recibir alimentos y participar recíprocamente en la sucesión hereditaria, quedando fuera de tales figuras jurídicas las parejas o familias formadas por personas del mismo sexo, estableciéndose con ello la desigualdad legal de la sociedad mexicana y la discriminación contra las minorías sexuales.
Si tomamos en cuenta que las normas jurídicas fueron hechas por y para toda la sociedad con objeto de regular la vida y la conducta de ésta, teniendo como misión señalar a cada cual lo que le pertenece, lo que puede y debe hacer, es claro que la utilidad del derecho es servir para organizar la convivencia social humana en cierto grado de armonía, garantizando la paz, la seguridad y el orden sociales sobre bases de equidad y justicia y, al mismo tiempo, adaptarse a los factores de cambio adecuando la norma jurídica a las transformaciones que determinan el comportamiento social.
Surge una serie de fuerzas y tendencias sociales encaminadas a la exigencia y protección de determinadas situaciones de hecho que deben ser reconocidas y reguladas por el derecho, como sería la defensa de los derechos sexuales de las personas en general y, en especial, el de las minorías sexuales, que exigen el reconocimiento de la situación extralegal en que viven, regulando el matrimonio y concubinato entre personas del mismo sexo, con objeto de colocarlos en un plano de igualdad ante quienes sí pueden contraer justas nupcias y unirse en concubinato, con todos los efectos jurídicos que ello implica.
Dicho lo anterior y considerando que el Código Civil Federal fue promulgado en 1928, mas no entró en vigor hasta 1932, podemos advertir que éste tiene una antigüedad de 79 años, sin que se haya adecuado a la realidad social actual que vive la República Mexicana y el mundo respecto a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de los ciudadanos en general y, en especial, de la población homosexual, lésbica, bisexual, transgénero y transexual que viven en pareja, por lo que se hace necesario regular el matrimonio y el concubinato entre personas del mismo sexo.
El jueves 16 de noviembre de 2006 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto de Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal, que regula las uniones de personas del mismo o diferente sexo que sean mayores de edad con capacidad jurídica plena para establecer un hogar común con voluntad de permanencia y ayuda mutua, y el viernes 12 de enero de 2007 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila el decreto de reformas del Código Civil para el Estado de Coahuila mediante el cual se crea el pacto civil de solidaridad, como un contrato celebrado por dos personas físicas, mayores de edad, de igual o distinto sexo, para organizar su vida en común, representan un gran avance en la protección de los derechos de un grupo vulnerable como el de las minorías sexuales, estableciendo un primer paso encaminado a tutelar los derechos sexuales de esos ciudadanos, exigidos desde varios años atrás.
Sin embargo, tales disposiciones legales presentan limitaciones, inconvenientes, desventajas, restricciones, condiciones y contradicciones que demeritan el fin para el cual fueron creadas, ya que las nuevas leyes sólo son de carácter local y limitadas en su alcance jurídico protector.
Toda vez que la sociedad de convivencia, por ejemplo, se equipara con el concubinato con todas las limitaciones que ello implica, debiendo constituirse y sólo es válida en el Distrito Federal, al exigir que el hogar común deba establecerse en esta entidad federativa, por lo que no podrán aprovecharse de ella las personas que vivan o tengan su domicilio en otros estados de la República Mexicana.
Mientras que el pacto civil de solidaridad se equipara con el matrimonio, y aunque es una figura jurídica de mayor alcance protector, dicho pacto no es un matrimonio propiamente, debido a que presenta restricciones en el ejercicio de los derechos civiles de los ciudadanos, como lo relativo al estado civil que se adquiere en forma personal y exclusiva entre los que celebran el pacto, sin que importen vínculos de parentesco de ninguna clase, línea o grado con las familias de ambos, salvo en el caso de descendencia común (lo que no podrá suceder entre personas del mismo sexo) o el hecho de que los compañeros civiles del mismo sexo no puedan realizar adopciones en forma conjunta o individual, entre otras restricciones, de donde deviene la importancia de regular las uniones entre personas del mismo sexo a nivel federal, que aunque no aprovecharían a todas las parejas conformadas por minorías sexuales de todo el país, por ser el matrimonio y el concubinato materias pertenecientes al fuero común, reguladas por los ordenamientos jurídicos ordinarios (locales) de cada entidad federativa, sí sentaría un precedente importante para todas las entidades que decidieran replicar lo establecido en el Código Civil Federal, de esta forma, todas las parejas formadas por minorías sexuales en el orden nacional tendrán los mismos derechos, facultades y obligaciones que nacen del matrimonio y concubinato.
Una de las ventajas que representaría regular el matrimonio y el concubinato entre personas del mismo sexo a nivel federal, recaería en materia de seguridad social, debido a que el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas se rigen por sus respectivas leyes de observancia general en toda la República Mexicana, lo que significa que al regular el Código Civil Federal las instituciones familiares del matrimonio y el concubinato entre personas del mismo sexo, dichos institutos de seguridad social, tendrían la obligación de proporcionar y garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de pensiones a las parejas del mismo sexo que decidieran contraer matrimonio o estar unidas en concubinato.
De conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Consentimiento para el Matrimonio, Edad Mínima para celebrarlo y su Registro, mujeres y hombres tienen derecho a contraer matrimonio por decisión libre y a fundar una familia, esto independientemente de la orientación sexual que tengan.
Asimismo, el derecho a elegir y aceptar libremente el matrimonio se reconoce en la Declaración de Derechos Humanos (1948), que admite que el consentimiento no puede ser ``libre y completo'' cuando una de las partes involucradas no es lo suficientemente madura como para tomar una decisión con conocimiento de causa sobre su pareja.
Por otra parte, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) establece que el compromiso matrimonial y el casamiento de un niño o niña no tendrán efectos jurídicos y que se deben tomar todas las medidas necesarias, incluidas las legislativas para, especificar una edad mínima de matrimonio. La edad recomendada por el Comité sobre la Eliminación de Discriminación contra la Mujer es de 18 años.
Según datos del Unicef, 36 por ciento de las mujeres de 20 a 24 años de todo el mundo se casaron o vivían en pareja antes de cumplir los 18 años (fuente: EMI 2006. La cifra no incluye China).
También señala que se tiene un cálculo de que 14 millones de adolescentes entre 15 a 19 años dan a luz cada año. Las que se encuentran en esta franja de edad tienen más probabilidades de morir durante el embarazo o el parto que las que ya han cumplido 20 años (fuente: FNUAP, El estado de la población en el mundo 2005).
Asimismo, en sus sesiones 1140 y 1141 del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas celebradas el 23 de mayo de 2006 (CRC/C/MEX/ CO/3) examinó el tercer informe periódico de México, en donde manifestó que al mismo le preocupa que la edad mínima para contraer matrimonio sea tan baja y sea distinta para las niñas (14) y los niños (16), por lo que alienta al Estado Parte a que aumente la edad mínima para contraer matrimonio, tanto para las niñas como para los niños, y establezca la misma edad para ambos a un nivel internacionalmente aceptable.
En este sentido, aconseja al Estado Parte para que emprenda campañas de información y adopte otras medidas para impedir los matrimonios precoces. A este respecto el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (E/C.12/CO/MEX/ 4, párrafo 40) recomienda al Estado parte que aumente y equipare la edad mínima exigida a las niñas y los niños para contraer matrimonio, así como la edad del consentimiento sexual, a nivel federal y de los Estados.
Por tanto, otra prerrogativa para reformar el Código Civil Federal y considerar el matrimonio y concubinato entre personas del mismo sexo, sería el hecho de que las mujeres y los hombres a partir de los 18 años cumplidos, podrían unirse en matrimonio o en concubinato, no solo con la intención de establecer una edad única sino también para evitar la configuración de delitos sexuales y otras conductas afines, tales como el matrimonio infantil, donde sobre todo a las niñas se obliga a matrimonios forzados e incluso, en algunos casos, se les somete a casarse con su violador; se les condena a la esclavitud y a la violencia y se les expone a graves riesgos para la salud como: enfermedades de transmisión sexual, embarazos prematuros, o se les somete a violación, abuso sexual, hostigamiento sexual, prostitución, trata, estupro y corrupción de menores, entre otros.
Se plantea lo anterior en razón de anteponer fundamentalmente el interés superior de las niñas y los niños, evitando con ello, incluso, que las personas mayores de edad, quienes los tutelan, violenten o agravien las decisiones, el entorno, el desarrollo físico y mental de la población infantil.
La propuesta de reformas del Código Civil Federal tendría aplicación práctica en el fuero federal de conformidad con la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y su Reglamento , debido a que las personas del mismo sexo que decidieran celebrar matrimonio en embarcaciones mexicanas destinadas a la marina mercante que naveguen sobre o bajo vías navegables, es decir, por vías generales de comunicación por agua, como lo serían el mar, ríos, vasos, lagos, lagunas interiores, esteros y canales navegables, y donde el capitán de la embarcación tiene la facultad de casarlos, de conformidad con el artículo 28, fracción IV, de dicho ordenamiento, ya que la ley de la materia lo autoriza para actuar como Oficial del Registro Civil en los términos del Código Civil Federal, por lo que no sería necesario reformar tal precepto legal, debido a que éste remite al Código Civil Federal, donde se contiene la regulación del matrimonio y concubinato en el fuero federal.
Otra aplicación práctica de la propuesta de reformas del Código Civil Federal sería a través de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su Reglamento , la cual establece que corresponde a los jefes de oficinas consulares ejercer, cuando corresponda, las funciones de juez del Registro Civil, en los términos del Código Civil Federal, de acuerdo con los artículos 44, fracción III, de dicho ordenamiento y 79, fracción I, 80, 81 y 82 del reglamento de dicha ley, motivo por el cual al regular el matrimonio entre personas del mismo sexo, las personas mexicanas del mismo sexo que laboraran en el servicio exterior mexicano en cualquier parte del mundo podrían celebrar matrimonio, siendo los jefes de oficinas consulares quienes tendrían la facultad de casarlos, en virtud de que dichos ordenamientos los autorizan para ejercer funciones de juez del Registro Civil, por lo que tampoco sería necesario reformar tales preceptos legales.
Finalmente, refiero que esta iniciativa tiene como fundamento la propuesta inicial entregada por el licenciado Miguel Soria Gómez a un servidor, que fue enriquecida tanto en el cuerpo de la exposición de motivos como en el articulado propuesto para reformar y derogar algunos artículos del Código Civil Federal y por la participación de Alberto Rocha (Boys and Toys), maestra en derecho Alicia Amaya G., Cristina Martínez (Prensa Editorial Lesvoz), licenciado Marco Medina (Agenda LGBT, AC), doctor Fidel Aroche (investigador en la UNAM), Lorena Velazco Díaz (Foro de Jóvenes con Liderazgo AC), Raúl Gallegos Mendoza, (Especialista en temas de diversidad sexual y equidad y género, FCPS, UNAM), Diana Laura Guerrero S. (Frente Trans), Mario Sánchez Pérez (Frente Trans), Cristian Iván Sánchez Venancio (Fundación MAS, Movimiento Autónomo Social), Manuel Oropeza (Diversidad Sexual PRD-DF,) Corina Martínez Sánchez (Mexfam, Programa Gente Joven), cuerpo de asesores del Grupo Parlamentario del PRD y al equipo de colaboradores de esta diputación.
En consecuencia, se propone adicionar un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforma el Código Civil Federal, en los artículos 97, 98, 103, 105, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 164, 168, 172, 173 y 177 , relativos al matrimonio , el artículo 181 del contrato del matrimonio con relación a los bienes, el artículo 187 de la sociedad conyugal, 209, 216, 217 y 218 de la separación de bienes, el artículo 229 de las donaciones antenupciales, los artículos 237, 238, 240, 259, 264, 265 267, 270, 272 285 y 289 de los matrimonios nulos e ilícitos, el artículo 294, del parentesco, el artículo 641 de la emancipación y los artículos 1635, 1373 , relativos al concubinato , para garantizar los derechos plenos de la población homosexual, lésbica, bisexual, transgénero y transexual.
Por ello, someto a consideración de este honorable Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforma el Código Civil Federal, en los artículos 97, 98, 103, 105, 146, 147, 148, 156, 164, 168, 172 y 177, deroga los artículos 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 160 y 173, relativos al matrimonio, deroga el 181, del contrato de matrimonio, con relación a los bienes, reforma el artículo 187, de la sociedad conyugal, reforma los artículos 209, 216, 217 y 218, de la separación de bienes, deroga el artículo 229, de las donaciones antenupciales, reforma los artículos 259 267, 270, 272 285 y 289, deroga los artículos 237, 238, 240, 264 y 265, de los matrimonios nulos e ilícitos, reforma el artículo 294, relativo al parentesco, deroga el artículo 641, de la emancipación, y reforma los artículos 1635 y 1373, relacionados con el concubinato
Artículo Primero. Se adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 4o. ...
Toda persona tiene el derecho a contraer matrimonio.
Artículo Segundo. Se reforman los artículos 97, 98, 103, 105, 146, 147, 148, 156, 164, 168, 172 y 177; y se derogan los artículos 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 160 y 173 del Código Civil Federal, relativos al matrimonio, para quedar como sigue:
Artículo 97. Las personas que pretendan contraer matrimonio presentarán un escrito al juez del Registro Civil de su elección, que deberá contener :
Para el caso de matrimonios fuera de las oficinas del Registro Civil deberá observarse lo establecido en el Reglamento del Registro Civil.
Artículo 98. Al escrito a que se refiere el artículo anterior, se acompañará:
Artículo 103. Se levantará luego el acta de matrimonio en la cual se hará constar:
Artículo 105. El Juez del Registro Civil que tenga conocimiento de que los pretendientes tienen impedimento para contraer matrimonio, levantará un acta, ante dos testigos, en la que hará constar los datos que le hagan suponer que existe el impedimento. Cuando haya denuncia, se expresará en el acta el nombre, sexo , edad, ocupación, estado y domicilio del denunciante, insertándose al pie de la letra la denuncia. El acta firmada por los que en ella intervinieren, será remitida al juez de primera instancia que corresponda, para que haga la calificación del impedimento.
Artículo 139. Se deroga.
Artículo 140. Se deroga
Artículo 141. Se deroga.
Artículo 142. Se deroga.
Artículo 143. Se deroga.
Artículo 144. Se deroga.
Artículo 145. Se deroga.
Artículo 146. Matrimonio es la unión libre de dos personas mayores de 18 años, sin importar su género para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua de manera libre, responsable e informada. El matrimonio debe celebrarse ante los funcionarios que establece la ley y con las formalidades que ella exige.
Artículo 147. Cualquiera condición contraria a la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e informada o a la ayuda mutua que se deben los cónyuges, se tendrá por no puesta.
Artículo 148. Para contraer matrimonio las personas necesitan haber cumplido los dieciocho años de edad.
Artículo 149. Se deroga.
Artículo 150. Se deroga.
Artículo 151. Se deroga.
Artículo 152. Se deroga.
Artículo 153. Se deroga.
Artículo 154. Se deroga.
Artículo 156. ...
Artículo 158. Se deroga.
Artículo 159. Se deroga.
Artículo 160. Se deroga.
Artículo 164. Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, si los hubiere, así como a la educación de éstos en los términos que la ley establece, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que acuerden para este efecto, según sus posibilidades. A lo anterior no está obligado el que se encuentre imposibilitado para trabajar y careciere de bienes propios, en cuyo caso el otro atenderá íntegramente a esos gastos.
...
Artículo 168. Los cónyuges tendrán en el hogar autoridad y consideraciones iguales, por lo tanto, resolverán de común acuerdo todo lo conducente al manejo del hogar, a la formación y educación de los hijos y a la administración de los bienes que a éstos pertenezcan. En caso de desacuerdo, el juez de lo familiar resolverá lo conducente.
Artículo 172. Los cónyuges tienen capacidad para administrar, contratar o disponer de sus bienes propios y ejercitar las acciones u oponer las excepciones que a ellos corresponden, sin que para tal objeto necesite un cónyuge del consentimiento del otro , ni éste de la autorización de aquél, salvo en lo relativo a los actos de administración y de dominio de los bienes comunes.
Artículo 173. Se deroga.
Artículo 177. Los cónyuges , durante el matrimonio, podrán ejercitar los derechos y acciones que tengan el uno en contra del otro; pero la prescripción entre ellos no corre mientras dure el matrimonio.
Artículo Tercero. Se deroga el artículo 181 del Código Civil Federal, relativo al contrato del matrimonio, con relación a los bienes, para quedar como sigue:
Artículo 181. Se deroga.
Artículo Cuarto. Se reforma el artículo 187 del Código Civil Federal, relativo a la sociedad conyugal, para quedar como sigue:
Artículo 187. La sociedad conyugal puede terminar antes de que se disuelva el matrimonio si así lo convienen los esposos.
Artículo Quinto. Se reforman los artículos 209, 216, 217 y 218 del Código Civil Federal, relativos a la separación de bienes, para quedar como sigue:
Artículo 209. Durante el matrimonio la separación de bienes puede terminar para ser substituida por la sociedad conyugal.
Artículo 216. Ninguno de los cónyuges podrá cobrar a aquél retribución u honorario alguno por los servicios personales que le prestare, o por los consejos y asistencia que le diere.
Artículo 217. Los cónyuges que ejerzan la patria potestad se dividirán entre sí, por partes iguales, la mitad del usufructo que la ley les concede.
Artículo 218. Los cónyuges responderán de los daños y perjuicios que se ocasionen entre sí por dolo, culpa o negligencia.
Artículo Sexto. Se deroga el artículo 229 del Código Civil Federal, relativo a las donaciones antenupciales, para quedar como sigue:
Artículo 229. Se deroga.
Artículo Séptimo. Se reforman los artículos 259, 267, 270, 272, 285 y 289; y se derogan los artículos 237, 238, 240, 264 y 265 del Código Civil Federal, relativos a los matrimonios nulos e ilícitos, para quedar como sigue:
Artículo 237. Se deroga.
Artículo 238. Se deroga.
Artículo 240. Se deroga.
Artículo 259. Luego que la sentencia sobre nulidad cauce ejecutoria, los padres , propondrán la forma y términos del cuidado y la custodia de los hijos y el juez resolverá a su criterio de acuerdo con las circunstancias del caso.
Artículo 264. Se deroga.
Artículo 265. Se deroga.
Artículo 267. ...
Artículo 270. Son causas de divorcio los actos inmorales ejecutados por los cónyuges con el fin de corromper a los hijos, ya lo sean éstos de ambos, ya de uno solo de ellos. La tolerancia en la corrupción que da derecho a pedir el divorcio debe consistir en actos positivos y no en simples omisiones.
Artículo 272. Cuando ambos consortes convengan en divorciarse, no tengan hijos y de común acuerdo hubieren liquidado la sociedad conyugal, si bajo ese régimen se casaron, se presentarán personalmente ante el juez del Registro Civil del lugar de su domicilio; comprobarán en las copias certificadas respectivas que son casados y mayores de edad y manifestarán de una manera terminante y explícita su voluntad de divorciarse.
Artículo 285. Los padres o madres, aunque pierdan la patria potestad, quedan sujetos a todas las obligaciones que tiene para con sus hijos.
Artículo 289. En virtud del divorcio, los cónyuges recobrarán su entera capacidad para contraer matrimonio.
Artículo Octavo. Se reforma el artículo 294 del Código Civil Federal, relativo al parentesco, para quedar como sigue:
Artículo 294. El parentesco de afinidad es el que se contrae entre los cónyuges y sus parientes.
Artículo Noveno. Se deroga el artículo 641 del Código Civil Federal, relativo a la emancipación, para quedar como sigue:
Artículo 641. Se deroga.
Artículo Décimo. Se reforman los artículos 1373 y 1635 del Código Civil Federal, relativos al concubinato, para quedar como sigue:
Artículo 1373. Cuando el caudal hereditario no fuere suficiente para dar alimentos a todas las personas enumeradas en el artículo 1368, se observarán las reglas siguientes:
Artículo 1635. La concubina y el concubinario o las concubinas o los concubinarios , tienen derecho a heredarse recíprocamente, aplicándose las disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge, siempre que hayan vivido juntos como si fueran cónyuges durante los dos años que precedieron inmediatamente a su muerte o cuando hayan tenido hijos en común, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato.
Si al morir el autor de la herencia le sobreviven varias concubinas o concubinarios en las condiciones mencionadas al principio de este artículo, ninguno de ellos heredará.
TransitorioÚnico. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Gracias, diputado. Como lo ha solicitado, se instruye a la Secretaría para que se inserte íntegro en el Diario de los Debates.Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia.
LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO - LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : A continuación, tiene la palabra la diputada Lorena Martínez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
La diputada Lorena Martínez Rodríguez : Muy buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados.Con el permiso de nuestra Presidenta de la Mesa Directiva.
En mi calidad de diputada federal de la LX Legislatura, pongo a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro y la Ley de Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, con base en la siguiente exposición de motivos.
La crisis financiera que se vive en el mundo se originó en los países desarrollados. El mercado, como paradigma de los clásicos, resultó imperfecto y amenaza seriamente la estabilidad económica mundial.
En opinión de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal, esto no es una época de cambios, sino un cambio de época. Tenga razón o no, lo cierto es que estamos viviendo nuevos tiempos donde se hace necesario revisar a fondo los referentes que han hecho del sistema financiero un verdadero desastre mundial.
La desmedida especulación, la crisis del mercado inmobiliario en Estados Unidos de América, así como la falta de transparencia y de regulación financiera estricta y adecuada obligaron al Estado a intervenir una vez más para darle respiro al sistema financiero mundial y atenuar lo que se ha calificado como la peor crisis del sistema capitalista.
Por lo que se observa, la escasez del crédito, el aumento en los precios de los bienes básicos, la disminución en las remesas que de año en año los connacionales envían del exterior, así como la caída de las exportaciones son factores que afectan y afectarán directamente en desenvolvimiento de la economía, no obstante las medidas anticíclicas que se han implantado y que a la fecha, desgraciadamente, no se han podido aterrizar.
Por ello, me parece que el contexto actual en que se está desenvolviendo el sistema financiero mundial nos obliga a revisar de manera seria y objetiva la administración del dinero que pertenece a los trabajadores de México y que constituyen sus recursos futuros para constituir una pensión digna.
Los antecedentes, como ustedes recuerdan, en 1995 se creó la nueva Ley del Seguro Social, y con ello el sistema de cuentas individualizadas a cargo de las administradoras de fondos para el retiro, y con ello el régimen de la Ley del Sistema de Ahorros para el Retiro.
Desde su creación, esta ley que tiene el objeto regular el funcionamiento de los sistemas de ahorro para el retiro, se ha venido reformando para propiciar un mejor funcionamiento del sistema. Destacan algunas reformas que la honorable Cámara de Diputados ha aprobado, entre ellas quizá la más importante: la modificación a las comisiones sobre el flujo, permitiendo a las administradoras cobrar una sola comisión sobre el valor de los activos administrados, o sea, una comisión sobre saldo y eliminando las comisiones sobre flujo.
De las reformas que ha aprobado el Congreso de la Unión hay muchas importantes, pero nos quedan muchas pendientes.
A pesar de las recientes reformas que hemos aprobado, con la reciente volatilidad, que ha traído como consecuencia ``serias minusvalías'', como le llaman los financieros; para nosotros en términos claros son pérdidas en las cuentas de nuestros trabajadores, de las Afore.
Podríamos decir que hoy día las Afore sólo podrán ofrecer pensiones de alrededor de 30 por ciento del salario actual de sus afiliados. Son, por tanto, medidas serias las que tenemos que tomar en la ley de las Afore.
Es importante señalar que la población mayor de 65 años será el doble de lo que es actualmente, representando para 2050, 21.5 por ciento de la población mexicana. De acuerdo con datos que arroja la propia calculadora de saldos de la Consar, resulta preocupante que, en promedio, los trabajadores afiliados al IMSS obtendrán una pensión equivalente a la tercera parte de su sueldo, y los que ganan 3 salarios mínimos o menos, es decir 55.5 por ciento del total de los aforados, no alcanzarán una pensión equivalente al salario mínimo.
Además, de la estimación anterior, considera que el trabajador permanecerá cotizando 30 años, lo cual resulta improbable ante la movilidad y pérdida del trabajo formal y el crecimiento del empleo informal en el país. Cabe señalar que en el último año sólo 18 por ciento del total de cuentas de las Afore tuvieron aportación.
De no revertirse esta situación seguramente los trabajadores en los próximos años que acudan a su jubilación recibirán pensiones verdaderamente alarmantes.
¿Qué proponemos? Primero, garantizar una rentabilidad mínima de las cuentas de las Afore. De acuerdo con las estadísticas de la Consar, durante el periodo enero-diciembre del año pasado se perdieron 102 mil 428 millones de pesos de los recursos de retiro, cesantía y vejez del Instituto Mexicano del Seguro Social, de retiro del ISSSTE y del Ahorro Voluntario, lo que significa una pérdida de 11.6 por ciento de los recursos de las Siefore.
En el artículo 18 señala que las administradoras deberán efectuar las gestiones que sean necesarias para la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad de las inversiones de las sociedades de inversión. Sin embargo, no existe garantía de rentabilidad mínima por parte de las Afore; es decir, las Afore sólo comparten las ganancias de los trabajadores, pero nunca las pérdidas, siendo que el Banco de México, por otro lado, por administrar los recursos del SAR, sí garantizaba 2 por ciento de rendimiento por arriba de la inflación.
En la mayoría de los países de América Latina existen garantías de rentabilidad: Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Perú, República Dominicana y Uruguay. Todas indudablemente establecen rentabilidad mínima y máxima. Cuando la rentabilidad del fondo cae por debajo de la rentabilidad mínima las administradoras deben integrar la diferencia de recursos de los fondos de fluctuación o del encaje, mientras que si la rentabilidad supera la banda superior de rentabilidad, la diferencia se destina a la constitución y crecimiento del fondo de fluctuación.
En el contexto actual de la crisis financiera mundial, todas las administradoras de fondos de jubilaciones en América Latina han presentado pérdidas importantes.
Por ello se propone que se establezca en la Ley del SAR una tasa de rentabilidad mínima garantizada por un encaje que debe tener cada Afore, el cual deberá ser constituido con recursos propios.
El tema es de fundamental importancia, ya que debe compartirse el riesgo entre los administradores y los trabajadores.
Límite de la comisión sobre saldo. Un punto álgido en la búsqueda de soluciones para garantizar mayor pensión radica en lograr la disminución de las comisiones que se cobran por las administraciones de las cuentas individualizadas.
En su momento se pensó que con la eliminación de la comisión sobre saldo se podría lograr. Sin embargo, desde que se difundió que se presentaría la iniciativa para que se cobrara sólo la comisión sobre saldo, las Afore empezaron a incrementar de manera desproporcionada sus comisiones. De tal manera que en octubre de 2006 ---en promedio--- creció a 1.94 el porcentaje de comisiones que cobran las Afore. De acuerdo con esta proyección, los activos administrados por las Siefore representan 30 por ciento del producto interno bruto para 2030, y 50 por ciento para 2050.
Dada la velocidad con la que crecen los recursos administrados por las Afore, se prevé que en los próximos 20 años éstos sean superiores a los activos administrados por los bancos. De tal manera que el costo promedio por administrar una cuenta en 2007 fue de 265 pesos; sin embargo, del nivel de comisión por saldo que existe actualmente el promedio de comisión por trabajador asciende a 582 pesos. Con 50 mil pesos sería de 970 pesos; con 100 pesos de ahorro del trabajador subiría a mil 940 pesos.
¿Qué significa esto? Que entre más lana tienen los trabajadores en su cuenta, más comisiones cobran los administradores de las Afore.
En tal sentido, estamos proponiendo una reforma para que se permita una comisión, no por encima del costo de administración y proponemos que se establezca un límite de 1 por ciento a la comisión sobre saldo, lo que contribuiría a que el trabajador tenga mayores recursos al retirarse. Incluimos también, en esta iniciativa, la facultad para establecer la acción colectiva en beneficio de los trabajadores.
En la presente iniciativa se propone que en el Capítulo VIII de la Ley del Sistema de Ahorros para el Retiro, anteriormente dedicado al derogado apartado relativo a la conciliación y arbitraje, se prevea, de los artículos 109 y 110, un capítulo que se llamaría ``De las acciones colectivas en materia de esta ley''.
El propósito es introducir la posibilidad de que los trabajadores tengan el derecho de acción colectiva por el incumplimiento o la contravención a las normas en ellas previstas en las leyes del Seguro Social, del ISSSTE y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como en los reglamentos y disposiciones que de ellas emanen, en lo relativo a los sistemas de ahorro para el retiro.
En el marco del derecho social, la acción colectiva se refiere a la organización de las personas que se encuentran vinculadas por circunstancias de hecho o de derecho, para lograr la protección colectiva de sus derechos e intereses. De tal suerte que una misma resolución, ya sea de tipo judicial o administrativa, beneficie a cada una en lo individual, sin que exista necesidad de que cada uno lo reclame en lo particular.
Son varios los países que han acogido, con diferentes denominaciones, esta figura en su legislación nacional. Estados Unidos de América, con la Class Action; Brasil y Colombia con las llamadas ``Acciones Populares''; también España, Uruguay, Venezuela y Chile, entre otros.
Con esta medida, que se propone introducir en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro la interposición de una queja o denuncia, así como la resolución que resulte del procedimiento administrativo respectivo, se beneficiaría a todos los trabajadores que se encuentran en semejante situación o en la misma hipótesis legal y que sean sujetos de una relación semejante ante las mismas instituciones de crédito, administradores, sociedades de inversión, empresas operadoras, empresas que presten servicios complementarios o auxiliares directamente relacionados con los sistemas de ahorro para el retiro y las entidades receptoras.
Asimismo, proponemos que toda la aplicación de las multas que impone la Consar sean a favor de los trabajadores.
Con esta iniciativa se busca que los fondos de retiro dispongan de recursos adicionales, mediante la aplicación de las multas que impone la Consar en ejercicio de sus atribuciones sancionatorias.
Se trata de que la comisión esté facultada en términos de los artículos 5o. y 99 de la ley, para aplicar las multas que impone con motivo de infracciones al propio reglamento, y que éstas vayan a los fondos que corresponden y que se entreguen proporcionalmente a los trabajadores.
Para tal efecto, se propone que los ingresos obtenidos por concepto de multas, se integren a los fondos a cargo de las sociedades de inversión especializadas de fondos de retiro, de acuerdo con la prelación que determine la propia comisión.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa.
Solicito, señora presidenta, que junto con esta intervención se publique íntegra en el Diario de los Debates. Muchas gracias. Retiro lo dicho, ciudadano presidente.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del PRI
Lorena Martínez Rodríguez , diputada a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan las Leyes de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de acuerdo con la siguiente
Exposición de Motivos ILa actual crisis financiera mundial se originó en los países desarrollados. El mercado como paradigma de los ``clásicos'' resultó imperfecto y amenaza seriamente la estabilidad económica mundial. En opinión de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, esto no es una ``época de cambios sino un cambio de época''.
Tenga razón o no, lo cierto es que estamos viviendo nuevos tiempos, donde se hace necesario revisar a fondo los referentes que han hecho del sistema financiero un verdadero ``desastre'' mundial. La desmedida especulación; la crisis del mercado inmobiliario en Estados Unidos de América, así como la falta de transparencia y de una regulación financiera estricta y adecuada obligaron una vez más a los Estados a intervenir para dar respiro al sistema financiero mundial y atenuar lo que se ha calificado como la peor crisis del sistema capitalista.
Por lo que se observa, la escasez del crédito, el aumento en el precio de los bienes básicos, la disminución en las remesas que año con año los connacionales envían del exterior, así como la caída de las exportaciones, son factores que afectan y afectarán directamente el desenvolvimiento de la economía de nuestro país, no obstante las medidas anticíclicas que se han implantado.
Por ello, me parece que el contexto actual en que se desenvuelve el sistema financiero mundial nos obliga a revisar de manera seria y objetiva la administración del dinero que pertenece a los trabajadores de México, y con el que se integran los recursos para aspirar a una pensión digna.
La frase de Adam Smith sobre la ``mano invisible'' hoy cobra más actualidad que nunca. El Estado tuvo que intervenir y lo seguirá haciendo para garantizar la estabilidad de los mercados. La historia ha demostrado que la ``competencia perfecta'' existe sólo en la academia, y que el ``mercado'' no puede regularse por sí solo y más cuando se trata del dinero de los trabajadores.
IIDebido a la inviabilidad financiera del sistema de jubilaciones de reparto y a que nuestro sistema de pensiones era inicuo, en 1995 se creó la nueva Ley del Seguro Social, que entró en vigor el 1 de julio de 1997, dando paso a un sistema de cuentas individualizadas a cargo de las administradoras de fondos para el retiro (Afore), el cual se rige hoy por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR).
Desde su creación, esta ley que tiene el objeto de regular el funcionamiento de los sistemas de ahorro para el retiro y sus participantes, se ha reformado para propiciar un mejor funcionamiento del sistema. Destacan las reformas realizadas en abril de 2007, cuando la Cámara de Diputados aprobó el decreto que reforma los artículos 3o., con una fracción V Bis; 5o., con una fracción XII; 66 Bis, y 74, párrafos octavo, noveno y décimo, pasando los actuales párrafos octavo, noveno y décimo a ser undécimo, duodécimo y decimotercero; y se reforman los artículos 7o., párrafos primero y tercero, 9o., párrafo segundo, 37, párrafos segundo y cuarto, 74, párrafo séptimo, 76, párrafo primero, y 79, párrafo noveno.
En dichas reformas destaca la eliminación de la comisión sobre flujo, permitiendo a las Administradoras cobrar una sola comisión sobre el valor de los activos administrados (comisión sobre saldo), modificación que entró en vigor en marzo de 2008.
Asimismo, se instituyó que los trabajadores tienen derecho a traspasar su cuenta individual de una administradora a otra, una vez transcurrido un año contado a partir de la fecha en que el trabajador se registró o de la última ocasión en que haya ejercitado su derecho al traspaso; y podrá hacerlo antes del año cuando traspase su cuenta individual a una administradora cuyas sociedades de inversión hubieren registrado un mayor rendimiento neto (rendimientos menos las comisiones, que obtienen los trabajadores por la inversión de sus recursos en las sociedades de inversión) en el periodo de cálculo inmediato anterior. El principal objetivo de estas reformas fue simplificarle al trabajador la elección de la administradora que maximizaría su jubilación.
Las últimas reformas se realizaron en diciembre de 2008, cuando el Congreso aprobó el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, el cual incorpora mayores facultades legales a la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (Consar) para regular el cobro de comisiones.
Con el fin de que los legisladores cuenten con mayores herramientas para analizar el comportamiento de los fondos de retiro, se establecieron nuevas obligaciones de la Consar ante el Congreso de la Unión en materia de información.
Finalmente, se implantaron medidas para evitar los traspasos indebidos, responsabilizando directamente a la Afore por estos hechos y una sanción para el promotor que realice traspasos sin la autorización del trabajador.
Estas reformas son fundamentales para hacer más eficiente el sistema; sin embargo, a raíz de la reciente volatilidad financiera y de que las Afore sólo ofrecerán pensiones de alrededor de 30 por ciento del salario actual a sus afiliados, son necesarias nuevas adecuaciones de la ley para fortalecer el sistema de pensiones y se pueda enfrentar el acelerado envejecimiento de la población. Es importante señalar que la población mayor de 65 años será el doble de lo que es actualmente: para 2050 representará 21.5 por ciento de la población mexicana.
Aunado a lo anterior, es necesario tomar medidas para impedir que este sistema de pensiones se convierta en un problema financiero para el país, en virtud de que el artículo 170 de la Ley del Seguro Social tiene considerado que los trabajadores cuyos recursos en su cuenta individual no alcancen una pensión mensual equivalente al salario mínimo, el Estado garantiza una pensión mensual del salario mínimo general para el Distrito Federal, cantidad que se actualizará anualmente, en febrero, conforme al índice nacional de precios al consumidor, para garantizar el poder adquisitivo de dicha pensión. Los trabajadores tendrán derecho a la pensión por cesantía o vejez garantizada por el Estado los que tengan como mínimo mil 250 semanas de cotización y 60 o 65 años de edad, respectivamente.
De acuerdo con los datos que arroja la calculadora de saldos de la Consar resulta preocupante que, en promedio, los trabajadores afiliados al IMSS obtendrán una pensión equivalente a la tercera parte de su sueldo y aquellos que ganan tres salarios mínimos o menos, es decir 57.5 por ciento de los aforados no alcanzará una pensión equivalente al salario mínimo, por lo que el Estado tendrá que encargarse de asumir los costos de la diferencia.
Lo anterior es un supuesto muy conservador, en virtud de que se considera que el trabajador permanecerá 30 años cotizando, lo cual resulta improbable ante la movilidad de trabajo y el crecimiento del empleo informal en el país. Cabe señalar que en el último año sólo 18.5 por ciento del total de cuentas de las Afore tuvo aportación; es decir, casi 8 de cada 10 cuentas registradas se encuentran inactivas. Los bajos niveles de pensión que brindará la capitalización individual representan un importante reto para las finanzas públicas del gobierno federal.
Pensión promedio del sistema para diferentes niveles de salario cotizando 30 años
El salario mínimo utilizado fue el del Distrito Federal, equivalente a mil 599 pesos mensuales. Trabajador que cotiza durante 30 años en el sistema, con un rendimiento anual de 5 por ciento anual. El tiempo promedio de la pensión fue calculado a 18 años, ya que el Conapo estima que el promedio de vida para 2050 será de 83 años. No incluye los recursos de la subcuenta de vivienda.Fuente: Elaboración propia con base en los saldos proyectados por la calculadora de la Consar para trabajadores del IMSS.
Para revertir esta situación, la presente iniciativa establece mecanismos que contribuirán a que los trabajadores obtengan una mayor pensión al momento de su jubilación.
IIIRentabilidad mínima. De acuerdo con las estadísticas de la Consar, durante el periodo enero-diciembre de 2008 se perdieron 102 mil 428.6 millones de pesos de los recursos por retiro, cesantía y vejez (RCV) del IMSS, retiro de ISSSTE y ahorro voluntario. En abril, estos recursos cayeron mil 363.21 millones de pesos; en junio, 49 mil 319.61 millones de pesos; en septiembre, 11 mil 101.91 millones de pesos; en octubre, 29 mil 8.08; y en noviembre, 11 mil 635.76. No obstante, en el mismo periodo las Afore percibieron 14 mil 235 millones de pesos sólo por ingresos por comisiones.
La LSAR señala en el artículo 18 que las administradoras deberán efectuar todas las gestiones que sean necesarias para la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones de las sociedades de inversión que administren. Sin embargo, no existe una garantía de rentabilidad mínima por parte de las Afore, siendo que el Banco de México, por administrar los recursos del SAR, garantizaba 2 por ciento de rendimiento arriba de la inflación.
En la mayoría de los países latinoamericanos hay garantías de rentabilidad: Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Perú, República Dominicana y Uruguay. Las leyes de estos países establecen bandas de rentabilidad mínima y máxima.
Cuando la rentabilidad del fondo cae por debajo de la rentabilidad mínima, las administradoras deben integrar la diferencia con recursos del fondo de fluctuación o del encaje; mientras que, si la rentabilidad supera la banda superior, la diferencia, hasta un monto determinado, se destina a la constitución de un fondo de fluctuación. En Argentina sólo existe la banda inferior.
El rendimiento mínimo se estima con el rendimiento medio obtenido por todas las administradoras de fondos para el retiro. El encaje está integrado con recursos propios de las administradoras, el cual tiene la función de garantizar las deficiencias de rentabilidad de los fondos administrados.
En esos países, el encaje es calculado como una suma fija o un porcentaje sobre el fondo, cuando este último es mayor. En el caso de Perú, el encaje es en relación con el grado de riesgo de los activos financieros que forman parte del fondo de pensiones; entre mayor sea el riesgo de los instrumentos es mayor el encaje.
Con el fin de asegurar una apropiada combinación de alto rendimiento y bajo riesgo en las inversiones, también se debe garantizar en México un rendimiento mínimo, más ahora que se puede invertir en instrumentos de capital variable, los cuales tienen mayor riesgo.
Esta laguna de las leyes mexicanas debe subsanarse, de lo contrario pueden resultar perjudicados los trabajadores que se jubilen en un año en el que la rentabilidad real resulte negativa, lo cual no ha sucedido, pero debe preverse. Por ejemplo, en 1998, en Chile todas las administradoras de fondos para el retiro tuvieron tasas de rentabilidad negativas para los afiliados, mientras que las ganancias de las administradoras de fondos de pensiones alcanzaron 20.5 por ciento de su patrimonio. De ahí surgió el debate de incluir una rentabilidad mínima. 1
En el contexto actual, de crisis financiera mundial, todas las administradoras de fondos de jubilaciones en Latinoamérica han presentado importantes pérdidas. Por ello se propone que se establezca en la Ley del SAR una tasa de rentabilidad mínima, garantizada por un ``encaje'' que debe tener cada Afore, que deberá estar constituido con recursos propios.
Este tema es de fundamental importancia, ya que debe compartirse el riesgo entre las administradoras y los trabajadores.
IVLímite de la comisión sobre saldo. Un punto de importancia en la búsqueda de soluciones para garantizar una mayor pensión radica en lograr la disminución de las comisiones que se cobran por la administración de las cuentas individualizadas.
En su momento se pensó que con la eliminación de la comisión sobre saldo esto podría lograse; sin embargo, desde que se difundió que se presentaría una iniciativa para que se cobrara solo la comisión sobre saldo, las Afore empezaron a incrementar de manera importante esta comisión; pasando de un promedio de 0.31 en octubre de 2006 a un promedio de 1.94 por ciento al cierre de diciembre de 2008, es decir, se incrementaron en promedio 638 por ciento.
Estructura de comisiones por administración de las cuentas en las Siefore básicas (porcentajes) *Los datos de Argos y Scotia son de enero de 2007, ya que dichas Afore iniciaron operaciones el 15 de noviembre y el 1 de noviembre de 2006, respectivamente. Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de la Consar.De acuerdo con proyecciones de la Consar, los activos administrados por las Siefore llegarán a representar 30 por ciento del PIB en 2030 y 50 por ciento para 2050. Dada la velocidad con que crecen los recursos administrados por las Afore, se prevé que en 20 años éstos sean superiores a los activos administrados por los bancos.
El costo promedio por administrar una cuenta (gastos de operación, gastos de administración y gastos de promoción) en 2007 fue de 265 pesos; sin embargo, con el actual nivel de comisión por saldo, el promedio de la comisión para un trabajador que tenga un ahorro de 30 mil pesos será de 582 pesos, con 50 mil pesos será de 970 pesos y con 100 mil pesos mil 940 pesos. Esta comisión irá aumentando año con año conforme van aumentando los ahorros de los trabajadores.
En virtud de que las Afore están cobrando una comisión muy por encima del costo de administración, esta iniciativa propone establecer un límite de 1 por ciento a la comisión sobre saldo, lo que contribuiría a que el trabajador tenga mayores recursos para retirarse.
VSimplificación de la información de los estados de cuenta. De acuerdo con el Reporte global 2007. Calidad en el servicio de atención a clientes de las Afore, que realiza la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), persisten los niveles de desconocimiento registrados en el 2006, ya que 2 de cada 10 de las personas encuestadas señalaron que no entienden su estado de cuenta, y 10 por ciento de las que cambiaron de Afore lo hizo por insistencia del promotor. Esto último indica que la información no es suficientemente clara para escoger de manera correcta una administradora.
Aunado a lo anterior, y pese al establecimiento del indicador de rendimiento neto, los trabajadores no están haciendo una elección óptima al traspasarse de una Afore a otra. Muestra de ello es que en el periodo de junio a diciembre, la administradora Invercap fue la que obtuvo un mayor número de traspasos netos (traspasos recibidos menos traspasos cedidos) alcanzando 238 mil 610 cuentas. No obstante, esta administradora se encuentra entre las que menor rendimiento neto (rendimiento, menos comisiones) ofrecen en las Siefore que administra.
Por el contrario, Argos e Inbursa, las administradoras que ofrecen en promedio mejores rendimientos netos en las Siefore, obtuvieron un número bajo de traspasos netos e incluso cedieron cuentas en el periodo analizado: Argos obtuvo sólo mil 941 cuentas e Inbursa perdió 20 mil 493.
Número de traspasos Afore-Afore Fuente: Elaboración propia con datos de la Consar.Por lo anterior, es indispensable brindar mejores herramientas para que los trabajadores puedan decidir cual administradora les conviene más, y que al final de su carrera laboral cuenten con mayores recursos. Por ello, esta iniciativa propone alentar la transparencia y mayor competencia entre las administradoras, a través de la información de los estados de cuenta.
Para que se establezca con claridad cuál fue la verdadera ganancia de los recursos ahorrados, se propone que el indicador de rendimiento neto sea real; es decir, que se consideren los rendimientos, menos la inflación.
El promedio del indicador de rendimiento neto de la Siefore básica 3 al cierre de diciembre fue de 4.23 por ciento. Sin embargo, cuando se hace el indicador considerando los rendimientos reales se observa que las administradoras otorgaron en promedio -0.52 por ciento de rentabilidad después de descontar la inflación y las comisiones.
Cuadro comparativo con el indicador de rendimiento neto real de la Siefore básica 3Fuente: Elaboración propia con datos de la Consar.
Actualmente, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro utiliza el indicador de rendimiento neto para comparar a las administradoras. Pese a que este indicador permite a los trabajadores tener una visión más clara de qué administradoras les darían una mayor pensión, es pertinente enriquecer la información que reciben los trabajadores de las administradoras de fondos para el retiro, obligando a dichas entidades financieras a que establezcan en los estados de cuenta los rendimientos reales otorgados, las comisiones cobradas y la diferencia entre el rendimiento otorgado menos las comisiones, en moneda nacional, y un comparativo de esta misma información con las demás administradoras, también expresada en pesos.
Esta información es de suma importancia porque cada trabajador tendrá un comparativo individualizado en pesos, lo que contribuiría, sin duda, a que tome mejores decisiones.
VIEstablecer la ``acción colectiva'' en beneficio de los trabajadores . En la presente iniciativa también se propone que el Capítulo VIII de la LSAR, anteriormente dedicado al derogado apartado relativo a la conciliación y el arbitraje, prevea en los artículos 109 y 110 el capítulo que se intitularía ``De las Acciones Colectivas en materia de Esta Ley''.
El propósito es introducir la posibilidad de que los trabajadores tengan el derecho de acción colectiva por el incumplimiento o la contravención a las normas en ella previstas, en las Leyes del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como en los reglamentos y disposiciones que de ellas emanen, en lo relacionado con los sistemas de ahorro para el retiro.
En el marco del derecho social, la acción colectiva se refiere a la organización de las personas que se encuentren vinculadas por circunstancias de hecho o de derecho para lograr la protección colectiva de sus derechos e intereses, de tal suerte que una misma resolución, ya sea de tipo judicial o administrativa, beneficie a cada una en lo individual, sin que exista necesidad de que cada una reclame en lo particular.
Varios países han acogido --con diferentes denominaciones-- esta figura en la legislación nacional: Estados Unidos de América (Class Action), Brasil y Colombia (acciones populares), España, Uruguay, Venezuela y Chile, entre otros.
Con esta medida que se propone introducir en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la interposición de una queja o denuncia, así como la resolución que resulte del procedimiento administrativo respectivo, beneficiaría a todos los trabajadores que se encuentren en la misma hipótesis legal y que sean sujetos de una relación semejante ante las mismas instituciones de crédito, administradoras, sociedades de inversión, empresas operadoras, empresas que presten servicios complementarios o auxiliares directamente relacionados con los sistemas de ahorro para el retiro y las entidades receptoras.
Con el fin de que esta acción se encauce de manera institucional y especializada, asimismo se propone que de manera subsidiaria sea la Condusef, salvo acuerdo en contrario de los interesados, el organismo legitimado para ejercerla.
Al proponerse en el artículo 110 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro que sea la Condusef la autoridad legitimada para ejercer la acción colectiva en materia de los sistemas de ahorro para el retiro, se hace necesario otorgar facultades a dicho organismo para tal efecto. Por ello, la presente iniciativa también propone adicionar una fracción al artículo 11 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en el cual se establecen las facultades de la Condusef.
En tal sentido, se propone que dicho organismo ejerza la acción colectiva, atendiendo al hecho de que es la entidad pública responsable de asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los usuarios de servicios financieros frente a las instituciones del ramo, arbitrar sus diferencias de manera imparcial y proveer a la equidad en las relaciones entre éstos.
VIIAplicación de las multas que impone la Consar en favor de los trabajadores. Finalmente, en la misma iniciativa se busca que los fondos de retiro dispongan de recursos adicionales, mediante la aplicación de las multas que impone la Consar en ejercicio de sus atribuciones sancionatorias.
Se trata que la comisión esté facultada en los artículos 5 y 99 de la LSAR para aplicar las multas que imponga con motivo de las infracciones del propio ordenamiento, a los fondos que corresponda para que se entreguen proporcionalmente a favor de los trabajadores. Para tal efecto, se propone que los ingresos obtenidos por concepto de multas se integren a los fondos a cargo de las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, de acuerdo con la prelación que determine la comisión, de acuerdo con las reglas que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Por lo expuesto, nos permitimos someter a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo Primero. Se reforman los artículos 3, 5, 18, 37, 37 A, 74, 76 y 99, así como el Capítulo VIII de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue:
Artículo 3. ...
Artículo 5. La comisión tendrá las facultades siguientes:
Artículo 18. ...
Artículo 37. ...
Para promover un mayor rendimiento neto real a favor de los trabajadores, las comisiones por administración de las cuentas individuales sólo podrán cobrarse como un porcentaje sobre el valor de los activos administrados, que no podrá ser mayor de uno por ciento de dichos activos . Las administradoras sólo podrán cobrar cuotas fijas por los servicios que se señalen en el reglamento de esta ley, y en ningún caso por la administración de las cuentas.
...
...
...
Con la finalidad de que los trabajadores puedan tener información oportuna sobre las comisiones que se cobren con cargo a sus cuentas individuales, la comisión deberá informar periódicamente a través de los medios a su disposición las comisiones que cobren las distintas administradoras, procurando que dicha información sea expresada en lenguaje accesible y permita a los trabajadores comparar las comisiones que cobran las distintas administradoras. La información sobre comisiones deberá ser expresada no solamente en porcentajes, sino, en moneda nacional. La comisión también informará periódicamente, por los mismos medios a su alcance, del rendimiento neto real pagado por las distintas administradoras.
...
Artículo 37 A. ...
Artículo 74 . ...
...
...
...
Los trabajadores tendrán derecho a traspasar su cuenta individual de una administradora a otra una vez transcurrido un año, contado a partir de que el trabajador se registró o de la última ocasión en que haya ejercitado su derecho al traspaso. Podrá hacerlo antes del año, cuando traspase su cuenta individual a una administradora cuyas sociedades de inversión hubieren registrado un mayor rendimiento neto real, en el periodo de cálculo inmediato anterior. La Junta de Gobierno determinará el mínimo de diferencia que debe de haber entre los rendimientos netos reales observados para que se pueda ejercer el derecho de traspaso de una administradora a otra.
Los trabajadores que ejerzan su derecho de traspasar su cuenta individual de una administradora a otra que haya registrado un rendimiento neto real mayor deberán permanecer al menos doce meses en la última administradora elegida.
...
Artículo 76. Las cuentas individuales de los trabajadores que no hayan elegido administradora serán asignadas a las administradoras que hayan registrado mayor rendimiento neto real , de conformidad con los criterios que para tales efectos determine la Junta de Gobierno.
...
Artículo 99. ...
...
...
...
...
...
Los ingresos obtenidos por concepto de multas se integrarán a los fondos a cargo de las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, de acuerdo con la prelación que determine la comisión, a fin de que se apliquen proporcionalmente a favor de los trabajadores que corresponda, de acuerdo con las reglas que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Capítulo VIII De las Acciones Colectivas en materia de esta LeyArtículo 109. Los trabajadores tendrán acción colectiva por el incumplimiento o la contravención a las normas previstas en la presente ley, en las Leyes del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como en los reglamentos y disposiciones que de ellas emanen, en lo relacionado con los sistemas de ahorro para el retiro.
Por tanto, la interposición de una queja o denuncia, así como la resolución que recaiga en el procedimiento administrativo respectivo, beneficiará a todos los trabajadores que se encuentren en la misma hipótesis legal y se trate de las mismas instituciones de crédito, las administradoras, las sociedades de inversión, las empresas operadoras, las empresas que presten servicios complementarios o auxiliares directamente relacionados con los sistemas de ahorro para el retiro y las entidades receptoras.
Artículo 110. Salvo acuerdo en contrario de los interesados, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros estará legitimada para ejercer la acción a que se refiere el artículo anterior.
Artículo Segundo. Se adicionan los artículos 18 Ter, 18 Quáter y 18 Quintus a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue:
Artículo 18 Ter. En cada mes, las administradoras serán responsables de que la rentabilidad real anualizada de los últimos doce meses de cada uno de sus fondos, no sea menor de 80 por ciento de la rentabilidad real anualizada de los últimos doce meses promedio de todos los fondos del mismo tipo del sistema, según corresponda.
Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a las administradoras respecto de cualquiera de sus fondos de pensiones que cuenten con menos de doce meses de funcionamiento.
Artículo 18 Quáter. La administradora deberá mantener un activo denominado ``encaje de fluctuación de la rentabilidad real'', equivalente a uno por ciento de cada fondo, y tendrá como objeto responder a los requisitos de rentabilidad mínima a que se refiere el artículo 18 Ter.
El monto del encaje deberá ser invertido en los mismos instrumentos autorizados para el fondo y con iguales limitaciones.
Se aplicará lo dispuesto en el artículo 18 Quintus a la administradora que no mantenga el mínimo del encaje necesario y no lo hiciera dentro del plazo que se le señale, el que no podrá ser inferior a quince días.
Igualmente, se aplicará dicha disposición a la administradora que sea sorprendida más de dos veces durante un mes calendario, en una situación de déficit en el encaje.
En todo caso, por cada día en que tuviere déficit de encaje, incurrirá en una multa a beneficio fiscal, equivalente a dicho déficit, que será aplicada por la comisión.
Artículo 18 Quintus. En caso de que la rentabilidad real anualizada de un fondo para el período que le corresponda fuere, en un determinado mes, inferior a la rentabilidad mínima señalada en el artículo 18 Ter, la administradora deberá enterar la diferencia dentro del plazo de cinco días.
Para ello podrá aplicar recursos del encaje de fluctuación establecido en el artículo 18 Quáter; y en ese evento, deberá reponer dicho activo dentro del plazo de quince días.
En ningún caso la administradora podrá utilizar los recursos del encaje de un fondo para compensar las fluctuaciones de rentabilidad real de otros fondos que administre.
Si aplicados los recursos del encaje de fluctuación no se enterare la rentabilidad mínima señalada en el artículo 18 Ter, el Estado complementará la diferencia. La administradora que no hubiere cubierto la deficiencia de rentabilidad o recompuesto el encaje dentro de los 15 días siguientes al de su afectación se disolverá de pleno derecho y será liquidada.
Producida la disolución o quiebra de la sociedad sus afiliados deberán incorporarse, dentro del plazo de noventa días, a otra administradora de fondos para el retiro. Si no lo hicieren, el liquidador transferirá los saldos de las cuentas a la administradora que se determine de acuerdo con lo que disponga el reglamento.
Artículo Tercero. Se adiciona una fracción al artículo 11 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para quedar como sigue:
Artículo 11. La Comisión Nacional está facultada para
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor a los ciento ochenta días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Nota: 1 Jaime Ruiz Tagle. El sistema previsional en Chile, Red de Información Alternativa de Seguridad Social, http://www.redsegsoc.org.uy/ RuizTagle2001.htmPresidencia del diputado César Duarte Jáquez
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputada Lorena Martínez Rodríguez.Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social, y de Hacienda y Crédito Público.
LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS - CODIGO PENAL FEDERAL
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió de la diputada Guillermina López Balbuena, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; y del Código Penal Federal.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, así como del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Guillermina López Balbuena , del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de ésta honorable asamblea, el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo primero e incisos B y E del artículo 3, párrafo primero del artículo 4, artículo 5, segundo párrafo del artículo 7, artículo 10, incisos E, F y G del artículo 49, artículo 50, párrafo primero del artículo 51 todos de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el artículo 2, fracción primera del artículo 6, fracción I del artículo 10, fracción II del artículo 12, y el inciso c) de la fracción I del artículo 13, todos de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, el párrafo primero del artículo 200, segundo párrafo del artículo 201, primer y segundo párrafo del artículo 202, artículo 202 Bis, segundo párrafo del artículo 203, artículo 203 Bis, segundo párrafo del artículo 204 y el artículo 206, todos del Código Penal Federal, y se adiciona un segundo párrafo al artículo 51, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La violencia contra niñas, niños y adolescentes se ejerce en diferentes contextos como la familia, la escuela y la comunidad, manifestándose en el castigo físico y en cualquier tipo de maltrato inhumano o degradante. Esta violencia es debido a diversos factores estructurales como la pobreza y la exclusión, pero también se observa en sectores de la población de mayores ingresos y nivel educativo alto. Aunado a ello, la discriminación por motivos étnicos, de género y de edad inciden también en las manifestaciones y magnitud de la violencia.
La situación actual de la infancia en nuestro país muestra una realidad cruel la cual no parece situar el postulado de protección y defensa de los derechos de la niñez en las políticas públicas implantadas por el Estado. La organización Red por los Derechos de la Infancia en México, ha señalado que existen alrededor de 3.5 millones de niños trabajadores; de ellos, 170 mil viven y trabajan en las calles; aproximadamente 16 mil niñas y niños son explotados sexual y comercialmente cada año en las zonas indígenas, además, dentro de la población infantil hay altos índices de desnutrición, mortalidad y falta de acceso a la educación, y una creciente desigualdad que ha hecho altamente vulnerable a la población infantil, observándose una educación de baja calidad que limita las posibilidades reales de llegar, en su oportunidad a colocarse en un mercado de trabajo competitivo cuando egresan de las escuelas.
Mientras tanto las cifras del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familia, menciona que en uno de cada tres hogares mexicanos presenta violencia familiar, asimismo, se calcula que en México más de 20 mil niños, niñas y adolescentes son victimas de explotación sexual comercial por año. Pero lo más lamentable es que la mayor parte de los casos no se denuncian debido a la falta de instancias y procedimientos apropiados para presentar y tramitar las acusaciones de tortura física o psicológica, tratos crueles y degradantes contra los niños.
El INEG señala que aproximadamente 60 mil 236 niños en la Ciudad de México están en situación de riesgo de calle, 45 mil 280 son desertores de las escuelas y de 25 mil 210 son analfabetas. La ONU, establece que entre 7 por ciento y 36 por ciento de las mujeres y entre 3 por ciento y 29 por ciento de los hombres reportan que sufrieron algún tipo de agresión sexual durante su niñez y la mayoría lo sitúa dentro del ámbito familiar.
Otro dato 80 por ciento de las mujeres y niñas victimas de explotación sexual expresan haber sufrido violencia familiar, 50 por ciento que la persona que realizo el abuso sexual por primera vez fue el padre y 25 por ciento el padrastro. Estas cifras ilustran claramente el bajo número de denuncias, ya que, cuando la victima presenta la denuncia lo debe hacer acompañada por algún otro miembro de la familia, por lo que las niñas y los niños abusados sexualmente por el padre o padrastro en la mayoría de los casos quedan en estado de indefensión.
Es oportuno que las instituciones establecidas por la federación, el Distrito Federal, los estados y municipios se reunirán a través de un Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, a fin de coordinar la aplicación de los objetivos a favor de la infancia, desempeñar un papel importante en la formulación de las políticas públicas sobre los derechos de los niños, contando con representantes del sector social y privado dentro de la toma de decisiones y la participación en las funciones de este, así como, para coordinar la labor de las autoridades federales y estatales en los temas de la niñez y adolescencia.
Se estima urgente que el Estado mexicano intensifique las acciones tendentes a garantizar el ejercicio pleno de los derechos sociales de la población infantil, con la aplicación de una política social como mecanismo para el cumplimiento de estos derechos, teniendo como prioridad hacer que la infancia cuente con todo lo necesario para lograr un pleno desarrollo integral.
Otro tema alarmante es el creciente fenómeno de la trata de personas en nuestro país. Hemos observado que en la región del Centro y Norteamérica, muchos migrantes dentro de sus múltiples adversidades corren ahora el riesgo de que sus niños como adolescentes puedan ser atrapados por los tratantes. El gobierno federal esta obligado a brindarles protección para salvaguardar su integridad, su dignidad y su libertad.
De acuerdo con estudios de la Organización Mundial de Salud, se considera que anualmente un millón de niños y niñas son inducidos al mercado sexual como la pornografía infantil, la explotación sexual y actividades similares, cuya naturaleza conlleva algún tipo de violencia contra ellos. Según la Organización Internacional del Trabajo, ha manifestado que la trata de persona es el tercer negocio más redituable del mundo luego del tráfico de drogas y de armas, con ingresos estimados en 32 mil millones de dólares, se calcula que a nivel internacional 2.4 millones de personas son victimas de trata.
Un estudio de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, señala que en el Distrito Federal hay más de 250 mil mujeres y niñas en la prostitución. De ese total, casi 88 por ciento no son originarias de la Ciudad de México, 89 por ciento empezaron entre 12 y 13 años, y 99 por ciento son explotadas por lenones y lenonas. De esas cifras se desprende que casi el 82 por ciento de estas mujeres y niñas son analfabetas o con primarias incompletas, observándose que se abusa de su necesidad económica.
De acuerdo con datos proporcionados por organizaciones que brindan atención a las victimas de explotación sexual, la mayoría llegaron por condiciones de engaño, fraude, compraventa, coerción, fuerza, plagio o robo. Uno de los métodos que con frecuencia utilizado es la seducción hasta llegar al punto de contraer matrimonio para posteriormente trasladarla e involucrarla en la prostitución o actividades relacionadas, obligadas a ofrecer servicios sexuales y laborales. Las entidades federativas donde provienen las menores victima de estos engaños son Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas y Oaxaca.
La trata de persona es considerada como la esclavitud moderna afectando con mayor incremento a los menores de edad. Lo lamentables es que en nuestro país no se cuenta con cifras que permitan dimensionar esta situación. Entre los factores que contribuyen son la discriminación de género, los altos niveles de impunidad y corrupción, y la ausencia de legislación homologada en los estados de la República Mexicana, así como, la marginalidad hacen de las niñas, niños y adolescentes un blanco idóneo para que sean victimas.
La policía cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública federal, ha señalado que los menores de edad están expuestos a ser contactados por pederastas, fingiendo ser niños o adolescentes en busca de amigos a través del ciberespacio.
La principal limitante en México en torno al la problemática de la trata de persona es la falta de aceptación de ésta como un problema social. Por tal motivo, se requiere de programas y políticas públicas eficaces e integrales que formen parte de una estrategia amplia que incluya, tanto medidas de prevención, enjuiciamiento y penalización, como medidas para la rehabilitación y reintegración de las victimas.
Señores legisladores, no hemos visualizado en su justa dimensión el problema de la trata de persona, porque hemos confundido el problema con el ejercicio de la prostitución voluntaria o trabajo sexual, por lo que habría que enmarcar los fenómenos de la trata y el trabajo sexual. Es oportuno analizar y aplicar políticas públicas adecuadas viables y eficaces para hacer efectivo el marco jurídico de la lucha contra la trata de personas expuestas a la explotación sexual.
En razón de que hasta el momento no existen mecanismos ni políticas adecuadas para lograr la denuncia de esta práctica, la sanción de los responsables, así como la recuperación y apoyo a las victimas, por lo que es de suma importancia señalar que el énfasis en las políticas contribuyan a transitar de un enfoque de represión hacia el enfoque de derechos. Es necesaria una política pública con perspectiva de género que disminuya la vulnerabilidad y que promueva un cambio cultural profundo en la sociedad que apunte a generar una conciencia del fenómeno fuera de concepciones discriminatorias, especialmente de carácter sexista y etnocéntrico.
La población de niñas y niños es, sin duda, uno de los recursos más valiosos con los que cuenta nuestro país, ya que de ellos dependerá, en lo futuro, la conducción de los destinos de la sociedad. Sin embargo, los esfuerzos realizados por el gobierno federal para dar cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25 del 20 de noviembre de 1989, ratificada por México en 1990, dista todavía de garantizar a este sector de la población una situación de desarrollo pleno que comprenda entre otros, la alimentación, la vivienda, la educación y el respeto irrestricto a su integridad física y mental.
Compañeros, al ser considerados nuestros niños y adolescentes como inmaduros, se piensa que sus derechos pueden ser restringidos a voluntad de las personas mayores de edad, sea en el plano individual o institucional, a raíz de esto, se presta poca atención a sus opiniones y capacidades.
Es urgente la creación de un sistema de protección de los derechos de la niñez que garantice la participación de organizaciones de la sociedad civil y de niñas, niños y adolescentes en el diseño, ejecución, implantación y evaluación de las políticas públicas enfocadas a este sector de la población. Este sistema deberá operar en los niveles nacional, estatal y municipal, para facilitar la coordinación de las acciones en todas las instancias y niveles.
El reconocimiento de que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir en condiciones de bienestar, garantizar en la medida posible su supervivencia, desarrollo, y protección de los derechos a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, sano esparcimiento para su desarrollo integral, participación y todos aquellos establecidos en la Constitución y demás tratados internacionales suscritos por México.
Por todo lo anterior, presentó al Pleno de la honorable Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de decreto por el cual se reforman, el párrafo primero e incisos B y E del artículo 3, párrafo primero del artículo 4, artículo 5, segundo párrafo del artículo 7, artículo 10, incisos E, F y G del artículo 49, artículo 50, párrafo primero del artículo 51 todos de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el artículo 2, fracción primera del artículo 6, fracción I del artículo 10, fracción II del artículo 12, y el inciso c) de la fracción I del artículo 13, todos de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, el párrafo primero del artículo 200, segundo párrafo del artículo 201, primer y segundo párrafo del artículo 202, artículo 202 Bis, segundo párrafo del artículo 203, artículo 203 Bis, segundo párrafo del artículo 204 y el artículo 206, todos del Código Penal Federal, y se adiciona un segundo párrafo al artículo 51 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente, para quedar de la siguiente manera:
Artículo Primero. Se reforman el párrafo primero e incisos B y E del artículo 3, párrafo primero del artículo 4, artículo 5, segundo párrafo del artículo 7, artículo 10, incisos E, F y G del artículo 49, artículo 50, párrafo primero del artículo 51 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 51 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 3. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno, integral, así como su integración a los programas sociales, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.
Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes:
Artículo 4. De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social, así como su integración a los programas sociales.
...
...
Artículo 5. La federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, procurarán implantar los mecanismos necesarios para impulsar una cultura de protección y defensa de los derechos de la infancia, basada en el contenido de la Convención sobre los Derechos del Niño y tratados que sobre el tema apruebe el Senado de la República.
Artículo 7. ...
El gobierno federal promoverá la adopción de un Programa Nacional para la Atención de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, en el que se involucre la participación de las entidades federativas y municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como del sector privado y social, para el diseño , instrumentación e implantación de políticas y estrategias que contribuyan al cumplimiento de la presente ley y garantice el mejoramiento de la condición social de niñas, niños y adolescentes.
Artículo 10. Para los efectos de garantizar y promover los derechos contenidos en la presente ley, las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, fomentarán y promoverán las acciones conducentes a proporcionar la asistencia apropiada a madres, padres, tutores o personas responsables para el desempeño de sus facultades.
Artículo 49. Las instituciones señaladas en el artículo anterior, tendrán las facultades siguientes:
Artículo 50. El gobierno federal promoverá la celebración de convenios de coordinación con los gobiernos del Distrito Federal, estados y municipios, así como convenios de colaboración con los sectores social y privado, a efecto de realizar acciones conjuntas para la procuración, protección y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Artículo 51. Las instituciones podrán contar con órganos de apoyo, evaluación y coordinación en el ejercicio de sus funciones, en los que participarán las autoridades competentes y representantes del sector social y del privado reconocidos por sus actividades en favor de los derechos de la infancia y la adolescencia.
Asimismo se reunirán semestralmente a través de un Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, el cual fungirá como órgano consultivo, donde con la participación de los sectores social y privado, se tomaran las decisiones sobre las acciones, instrumentos y programas conjuntos a implantar a favor de la procuración, protección y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como para coordinar las acciones de las autoridades encargadas de los temas de la niñez y adolescencia.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. Se reforman el artículo 2, fracción primera del artículo 6, fracción I del artículo 10, fracción II del artículo 12, y el inciso c) de la fracción I del artículo 13 de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 2. Las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como la Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus respectivas atribuciones llevarán a cabo o colaborarán en la realización de programas permanentes para prevenir la trata de personas. Los sectores social y privado podrán coadyuvar en la implantación de dichos programas.
Artículo 6. A quien cometa el delito de trata de personas se le aplicarán:
Artículo 10. ...
Para tales efectos se atenderá a lo siguiente:
Artículo 12. La Comisión Intersecretarial deberá:
Artículo 13. La Comisión Intersecretarial, en el diseño del programa nacional para prevenir y sancionar la trata de personas, deberá contemplar las acciones necesarias para cubrir, como mínimo, los siguientes rubros:
Artículo Tercero. Se reforman el párrafo primero del artículo 200, segundo párrafo del artículo 201, primer y segundo párrafo del artículo 202, artículo 202 Bis, segundo párrafo del artículo 203, artículo 203 Bis, segundo párrafo del artículo 204 y el artículo 206, todos del Código Penal Federal, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 200. Al que comercie, distribuya, exponga, haga circular u oferte, a menores de dieciocho años de edad, libros, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos de carácter pornográfico, reales o simulados, sea de manera física, o a través de cualquier medio, se le impondrá de dos a ocho años de prisión y de trescientos a quinientos días multa.
...
Artículo 201. Comete el delito de corrupción quien obligue, induzca, facilite o procure a una o varias personas menores de 18 años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo a realizar cualquiera de los siguientes actos:
...
...
...
...
Artículo 202. Comete el delito de pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, quien procure, obligue, facilite o induzca, por cualquier medio, a una o varias de estas personas a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados, con el objeto de video grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o privada de telecomunicaciones, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos. Al autor de este delito se le impondrá pena de doce a dieciocho años de prisión y de ochocientos a dos mil días multa.
A quien fije, imprima, video grabe, fotografíe, filme o describa actos de exhibicionismo corporal o lascivos o sexuales, reales o simulados, en que participen una o varias personas menores de dieciocho años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo, se le impondrá la pena de doce a dieciocho años de prisión y de ochocientos a dos mil días multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito.
...
Artículo 202 Bis. Quien almacene, compre, arriende, el material a que se refieren los párrafos anteriores, sin fines de comercialización o distribución se le impondrán de cinco a ocho años de prisión y de cien a quinientos días multa. Asimismo, estará sujeto a tratamiento psiquiátrico especializado.
Artículo 203. ...
Al autor de este delito se le impondrá una pena de doce a dieciocho años de prisión y de ochocientos a dos mil días multa.
Artículo 203 Bis. A quien realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores de dieciocho años de edad, o con una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o con una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo, en virtud del turismo sexual, se le impondrá una pena de veinte a veintiséis años de prisión y de dos mil a tres mil días multa, asimismo, estará sujeto al tratamiento psiquiátrico especializado.
Artículo 204. Comete el delito de lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo:
Al responsable de este delito se le impondrá prisión de doce a dieciocho años y de mil a dos mil quinientos días de multa, así como clausura definitiva de los establecimientos descritos en la fracción III.
Artículo. 206. El lenocinio se sancionará con prisión de ocho a quince años y de cincuenta a quinientos días multa.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, de Derechos Humanos, y de Justicia.
ARTICULO 79 CONSTITUCIONAL - LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DE LA FEDERACION - LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL - LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA - LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió de la misma diputada Guillermina López Balbuena, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Desarrollo Social, y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de las Leyes de Fiscalización Superior de la Federación, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, General de Desarrollo Social, y Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Guillermina López Balbuena , del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ésta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman el primer párrafo de la fracción I del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción IV del artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, la fracción I del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y se adicionan un inciso g) a la fracción I del artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, un segundo párrafo a los artículo 72 y 78, respectivamente, de la Ley General de Desarrollo Social, y las fracciones I Bis y II Bis al artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Es necesario evaluar las funciones que actualmente realiza la actual administración, en especial los programas y proyectos sociales para determinar cuáles podrían desarrollarse de manera más eficiente, menos costosa y con mayor pertinencia; así como, facilitando un buen aprendizaje de los ciudadanos interesados en los programas para afianzar los procesos de democratización.
La evaluación de los programas sociales asume características particulares, debido a que requieren de mediano y largo plazos para alcanzar sus objetivos, y durante este proceso es afectado por múltiples variables contextuales.
A pesar de los avances logrados a la fecha, aun subsiste insatisfacción con el déficit del modelo fiscalizador actual, el cual ha propiciado debates sobre la función de los órganos de control, y se llega a la conclusión de recomendar cambios en el marco de la fiscalización de los programas sociales.
Evaluar permite tener resultados para la planificación y la reorientación continua de las políticas, programas, proyectos y acciones. Mi propuesta busca que se midan realmente los avances de acuerdo a los objetivos, para detectar qué pasa durante el proceso; es decir, la evaluación no debe hacerse al final, deben utilizarse indicadores susceptibles de ser revisados en cualquier momento; permitiendo detectar problemas para determinar las acciones más apropiadas para resolverlos y continuar la consecución de los objetivos planteados.
Nos queda claro que la especificación de metas y objetivos conciernen sólo a la etapa de planificación, por tanto, es necesario especificar los medios para alcanzar los fines y pensar en el proceso de desarrollo del programa para cubrir las fases de estructuración y aplicación, con el objetivo de constatar la congruencia entre resultados y propósitos.
Es sabido que dentro del Plan Nacional de Desarrollo está propósito de evaluar el proceso en forma permanente para corregir desviaciones y precisar las acciones. Pero lastimosamente es sólo eso, un propósito, que en la práctica es nulo.
Conocer los procesos, resultados e impactos de las políticas de desarrollo social constituye un elemento fundamental para mejorar la toma de decisiones y obtener mayor eficacia en las políticas diseñadas, contar con mejor implantación de sus estrategias y eficiencia en la asignación de recursos. Como legisladores debemos alcanzar dicho objetivo, esto implica realizar una evaluación integral, válida y confiable de las políticas aplicadas, y a su vez, disponer recursos financieros suficientes y recursos humanos capacitados.
Si bien la política social sigue planteándose el objetivo de mejorar el nivel de vida de las personas, el énfasis se ha puesto en el combate a la pobreza extrema, lo que provoca que otros grupos sociales vean disminuidos los servicios públicos que satisfacen sus necesidades, principalmente de salud, educación y vivienda, tanto en cantidad como en calidad, a pesar de la insistencia en el discurso gubernamental.
Con nuestra propuesta se asumirán objetivos vinculados a la transferencia de recursos para paliar la situación actual de los pobres, en relación con la satisfacción de sus necesidades elementales más inmediatas; por medio de la inversión en capital humano y social. Ya que al fiscalizar los recursos destinados a los programas, a través de auditorías de desempeño, constituirá una forma particular de hacer investigación, cuyo objetivo puede circunscribirse sólo a conocer y explicar una realidad pero que su principal función será aportar elementos a un proceso de toma de decisiones que permita mejorar los efectos de la actividad evaluada.
Las auditorías de desempeño de la gestión pública a nivel mundial están dejando de ser un ejercicio técnico para transformarse en una herramienta política para resolver problemas de gobernabilidad y legitimidad, ya que contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la rendición de cuentas a la sociedad. Una mejor gestión del gasto público debería contribuir a mejorar la imagen del Estado y aumentar su legitimidad. Sin embargo, aún en nuestro país no se reportan casos en que estos resultados deseables se presenten empíricamente.
Al implementarse las auditorías de desempeño se lograran los siguientes resultados, considerar lo sucedido durante la etapa de implementación en relación con los factores organizacionales, sociales y técnicos que afectan al programa, así como a los aparatos organizacionales vinculados, sus normas, reglas y actores participantes, identificar el grupo-objetivo, funcionarios encargados y los omisiones presentadas.
De 1993 a la fecha el gasto destinado al desarrollo social ha representado más de la mitad de los recursos programables; entre 2004 y 2006 este ha crecido un 59 por ciento, que es ejecutado por 14 dependencias a través de 179 programas. Esta diversidad de programas es resultado de la multiplicidad de problemas socioeconómicos que se observan en el país, lo que ha ocasionado un problema estructural en la política de desarrollo social. Se observan esfuerzo dispersos, duplicidad de tareas burocráticas, atomización del gasto, falta de efectividad y eficiencia.
Un ejemplo claro está en la estrategia que ha impulsado el actual gobierno, denominada Vivir mejor. Esta ha resultado ser poco clara en cuanto a coordinación de acciones, y carece de interconexión que de sinergia a los programas que impulsa.
Además, las facultades y alcances del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, son erráticos, debido a que los alcances de derechos y servicios públicos que pretende evaluar son imprecisos. Hasta antes de 2007, las evaluaciones llevadas a cabo a los programas sociales ayudaban a generar una cultura de la rendición de cuentas, pero la falta de homogeneidad y de calidad propició que éstas no fueran utilizadas en la toma de decisiones.
Actualmente la cultura de la transparencia, rendición de cuentas y evaluación de los recursos públicos ha tenido un auge importante, la política de desarrollo social no debe escapar a esta dinámica; sin embargo aun persisten programas desvinculados y falta de definición en el marco legal que ha limitado la creación de una verdadera política de desarrollo social.
Por todo lo anterior, presentó al pleno de ésta Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Primero. Se reforma el primer párrafo de la fracción I del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 79. ...
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. Se reforma la fracción IV del artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 16. Para la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación tendrá las atribuciones siguientes:
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Tercero. Se adiciona un inciso g) a la fracción I del artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 107. El Ejecutivo federal, por conducto de la secretaría, entregará al Congreso de la Unión información mensual y trimestral en los siguientes términos:
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Cuarto. Se reforma el artículo 28 y se adicionan un segundo párrafo a los artículos 72 y 78, respectivamente, todos de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 28. La publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo social deberán identificarse con el Escudo Nacional en los términos que establece la ley correspondiente, e incluir la leyenda ``Este programa fue aprobado por la Cámara de Diputados , es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social''.
Artículo 72. ...
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social tendrá la obligación de proporcionar la información que requiera la Auditoría Superior de la Federación, con el propósito de que este órgano efectué las auditorías de desempeño que establece la constitución, a fin de evaluar los objetivos y metas fijadas en los programas de carácter social que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación, a efecto de verificar el desempeño de los mismos y la legalidad en el uso de los recursos públicos.
Artículo 78. ...
Sin perjuicio del principio de anualidad, se realizaran evaluaciones trimestrales a los programas federales, haciendo del conocimiento de sus resultados a la Cámara de Diputados.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Quinto. Se reforma la fracción I del artículo 37, y se adicionan las fracciones I Bis y II Bis al artículo 32, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 32. A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
Artículo 37. A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de la Función Pública, y de Gobernación.
ARTICULOS 26, 73 Y 78 CONSTITUCIONALES - LEY DE PLANEACION
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió de la misma diputada Guillermina López Balbuena, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy de la Ley de Planeación.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Planeación, a cargo de la diputada Guillermina López Balbuena , del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos segundo y cuarto del apartado A del artículo 26, y la fracción XXIX-D del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 5, los párrafos segundo y tercero del artículo 6, el artículo 18 y el artículo 21 de la Ley de Planeación, y se adiciona una fracción IX al artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La rendición de cuentas se debe basar principalmente en el cumplimiento de los objetivos, metas y fines contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo consagrado en el artículo 26 de la Carta Magna.
Todos sabemos que en el Plan Nacional se sujetan obligatoriamente todos los programas que diseñe, formule, instrumente e implante la administración pública federal, determinando los órganos responsables y las bases para que el Ejecutivo federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas su realización, así como las acciones que utilizará para inducir la participación de los particulares en el proceso de su elaboración y ejecución.
Es preciso reconocer la necesidad de contar con un Plan Nacional de Desarrollo, con el aval de todas las fuerzas políticas que conforman al Estado mexicano, con la finalidad de participar directamente en el crecimiento de la economía y la equitativa distribución de los recursos y servicios. No tengo duda de eso, por tal motivo creo que es imperioso fortalecer y actualizar el marco jurídico.
Es de nuestro conocimiento que Plan Nacional lo elabora el Ejecutivo federal durante los primeros seis meses de cada gobierno, a fin de enviarlo posteriormente al Congreso sólo para su conocimiento, por lo que sería de suma importancia para el desarrollo del país que la Cámara asuma un papel más activo y participativo, es decir, que se convierta en el órgano que apruebe los lineamientos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, así como sus modificaciones que durante su vigencia sean propuestas por el Ejecutivo federal. No olvidemos que es el documento en el que se fijan los objetivos, las estrategias y las prioridades para el desarrollo integral y sustentable del país.
En un mundo globalizado, los Parlamentos están asumiendo nuevas tareas además de su principal que es la de legislar, sean convertido en los ojos vigilantes de las acciones de gobierno. El conocimiento de los programas de gobierno es cada vez más valioso; sin embargo, en nuestro país, sus efectos aun no inciden en su aplicación generando impactos sociales negativos, tanto en el empleo y la distribución de la riqueza como en el incremento de la brecha en la calidad de vida entre los grupos sociales que conforman el país.
Es fundamental implementar en nuestro país la cultura de la supervisión, así como de asumir cada quien su responsabilidad con el objetivo de crear una sociedad basada en el conocimiento, en donde los recursos impacten de manera equitativa a los diferentes grupos sociales y mejore el bienestar de la población.
En este sentido, uno de los retos de nosotros como legisladores es contribuir a tener conocimiento más directo y participativo tanto de lo contenido en el Plan Nacional de Desarrollo como de los programas derivados del mismo, con el objetivo de coadyuvar a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y responsable.
Ante los acontecimientos que se han dado a nivel mundial, relativos a la crisis financiera y sus efectos en las políticas públicas, resulta obvia la necesidad de reorientar las políticas y programas sociales, rescatando los efectos positivos, complementándolos con nuevas formas de gestión pública y social. Es por ello que el Plan Nacional de Desarrollo debe asumirse como una premisa en la búsqueda del desarrollo sustentable.
En la actualidad los programas implantados por la actual administración están en una encrucijada que condiciona o amenaza su permanencia, debido al impacto de las medidas financieras que se aplican en todo el mundo, ocasionando reducción en los presupuestos. Con el control por parte del Congreso hacia el gobierno, se producirá una administración pública accesible, moderna y eficiente atenta al reclamo de la población, convirtiéndose en un imperativo para coadyuvar al incremento de la productividad global de la economía y una exigencia en el avance democrático.
El desarrollo de nuestro país requiere de una administración pública que promueva el uso eficiente de los recursos públicos, cumpliendo puntualmente con los programas con base en el principio de rendición de cuentas.
Por todo lo anterior, presentó al pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de
Decreto por el cual se reforman los párrafos segundo y cuarto del apartado A del artículo 26, y la fracción XXIX-D del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 5, los párrafos segundo y tercero del artículo 6, el artículo 18 y el artículo 21 de la Ley de Planeación, y se adiciona una fracción IX al artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedando de la siguiente manera:
Artículo Primero: Se reforman los párrafos segundo y cuarto del apartado A del artículo 26, y la fracción XXIX-D del artículo 73, y se adiciona una fracción IX al artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 26.
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
Artículo 78. ...
...
Artículo Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
Artículo Segundo: Se reforman el artículo 5, los párrafos segundo y tercero del artículo 6, el artículo 18 y el artículo 21 de la Ley de Planeación, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 5 . El presidente de la república remitirá el Plan al Congreso de la Unión o en sus recesos a la Comisión Permanente para su examen, opinión y aprobación; asimismo, las modificaciones debidamente justificadas y fundamentadas. La sesión de aprobación del Plan o en su caso, de las modificaciones remitidas, se efectuara a más tardar 15 días posteriores al envió del plan. Sin perjuicio de lo anterior, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en las diversas ocasiones previstas por esta ley, el Poder Legislativo formulará, asimismo, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio plan.
Artículo 6. ...
En el mes de marzo de cada año, el Ejecutivo remitirá al Congreso de la Unión o en sus recesos a la Comisión Permanente el informe de las acciones y resultados de la ejecución del plan y los programas a que se refiere el párrafo anterior, incluyendo un apartado específico con todo lo concerniente al cumplimiento de las disposiciones del artículo 2 Constitucional en materia de derechos y cultura indígena.
El contenido de las cuentas anuales de la hacienda pública federal y del Gobierno del Distrito Federal deberá relacionarse, en lo conducente, con la información a que aluden los dos párrafos que anteceden, a fin de permitir a la Cámara de Diputados el análisis de las cuentas, con relación a los objetivos y prioridades de la Planeación Nacional referentes a las materias objeto de dichos documentos.
Artículo 18. La Secretaría de la Función Pública de la federación deberá aportar elementos de juicio para el control y seguimiento de los objetivos y prioridades del plan y los programas.
Artículo 21. El Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse por el Ejecutivo federal, y aprobarse por el Congreso de la Unión, o en sus recesos por la Comisión Permanente. El cual deberá publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el presidente de la república, y su vigencia no excederá del periodo constitucional que le corresponda, aunque podrá contener consideraciones y proyecciones de más largo plazo.
Artículo Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Hacienda y Crédito Público. Continúe la Secretaría con el orden del día.
ORDEN DEL DIA
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : «Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.
Orden del día
Jueves 5 de febrero de 2009.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
Los asuntos no abordados en esta sesión y los demás con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado César Duarte Jáquez (a las 14:54 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves, 5 de febrero, mañana, a las 12:00 horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 10: 30 de la mañana.
--------------- O ---------------
RESUMEN DE TRABAJOS
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)
ASISTENCIA
SECRETARÍA GENERAL
| GRUPO PARLAMENTARIO |
ASISTENCIA | ASISTENCIA POR CÉDULA |
ASISTENCIA COMISIÓN OFICIAL |
PERMISO MESA DIRECTIVA |
INASISTENCIA JUSTIFICADA |
INASISTENCIAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALT | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 207 |
| PRD | 112 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 126 |
| PRI | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 103 |
| CONV | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| PVEM | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| PT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| NA | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| ALT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| TOTAL | 436 | 3 | 0 | 13 | 0 | 44 | 44 |
Nota: Las diferencias que existen entre las listas de asistencias y el número de votos puede variar conforme a los diputados presentes al momento de la votación.
SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA
| PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | |
|---|---|
| 1 Acosta Dávila Constantino | ASISTENCIA |
| 2 Aguilar López José Alejandro | ASISTENCIA |
| 3 Alcaraz Hernández Alma Edwviges | INASISTENCIA |
| 4 Álvarez Bernal María Elena | ASISTENCIA |
| 5 Amezola Fonceca Gerardo | INASISTENCIA |
| 6 Antuña Batista Fidel | ASISTENCIA |
| 7 Aranda Orozco Gerardo | ASISTENCIA |
| 8 Arellano Arellano Joel | INASISTENCIA |
| 9 Arenas Guzmán Margarita | ASISTENCIA |
| 10 Argüelles Arellano María del Consuelo | ASISTENCIA |
| 11Arizméndi Uribe Efraín | INASISTENCIA |
| 12 Armendáriz García Pedro | INASISTENCIA |
| 13 Arredondo Ibarra Salvador | INASISTENCIA |
| 14 Arredondo Velázquez Jesús | ASISTENCIA |
| 15 Ávila Mayo Obdulio | ASISTENCIA |
| 16 Barradas Miravete Gregorio | ASISTENCIA |
| 17 Barrios Rodríguez Juan Enrique | ASISTENCIA |
| 18 Bello Pérez Alfonso Othón | ASISTENCIA |
| 19 Berber Martínez Antonio | ASISTENCIA |
| 20 Bermúdez Viramontes Andrés | INASISTENCIA |
| 21 Bolaños Aguilar Edmundo Javier | INASISTENCIA |
| 22 Bracho González Carlos Augusto | ASISTENCIA |
| 23 Buganza Salmerón Gerardo | ASISTENCIA |
| 24 Campos Galván María Eugenia | ASISTENCIA |
| 25 Carbajal Méndez Liliana | ASISTENCIA |
| 26 Cárdenas Sánchez Esmeralda | ASISTENCIA |
| 27 Cardona Benavidez Alma Xóchil | ASISTENCIA |
| 28 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto | ASISTENCIA |
| 29 Carrillo Sandoval Fortino | ASISTENCIA |
| 30 Castaño Contreras Cristián | ASISTENCIA |
| 31Castro De la Rosa Osiel | ASISTENCIA |
| 32 Ceja Romero Ramón | ASISTENCIA |
| 33 Collado Lara Beatriz | ASISTENCIA |
| 34 Contreras Coeto José Luis | ASISTENCIA |
| 35 Corral Aguilar María Mercedes | ASISTENCIA |
| 36 Cuen Garibi Marcela | ASISTENCIA |
| 37 Curiel Preciado Leobardo | ASISTENCIA |
| 38 Chávez García Daniel | ASISTENCIA |
| 39 Dávila Fernández Adriana | INASISTENCIA |
| 40 Dávila García Francisco | ASISTENCIA |
| 41 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio | ASISTENCIA |
| 42 De la Torre Sánchez José | ASISTENCIA |
| 43 De León Tello Jesús | ASISTENCIA |
| 44 Degante Romero Silvia Emilia | ASISTENCIA |
| 45Del Toro del Villar Tomás | ASISTENCIA |
| 46 Del Valle Toca Antonio | ASISTENCIA |
| 47 Delgado Oscoy Alejandro Enrique | ASISTENCIA |
| 48 Denegre Vaught Ramírez Rosaura Virginia | ASISTENCIA |
| 49 Díaz García José Antonio | ASISTENCIA |
| 50 Díaz Garibay Felipe | ASISTENCIA |
| 51 Díaz Gordillo Martha Cecilia | ASISTENCIA |
| 52 Díaz Mena Joaquín Jesús | ASISTENCIA |
| 53 Díaz de León Torres Leticia | ASISTENCIA |
| 54 Domínguez Servién Francisco | INASISTENCIA |
| 55 Duck Núñez Edgar Mauricio | ASISTENCIA |
| 56 Enríquez Flores Armando | ASISTENCIA |
| 57 Escaroz Soler Gerardo Antonio | ASISTENCIA |
| 58 Escobar Jardinez Adolfo | ASISTENCIA |
| 59 Espinosa Piña José Luis | ASISTENCIA |
| 60 Félix Holguín Armando Jesús | ASISTENCIA |
| 61 Felton González Carlos Eduardo | ASISTENCIA |
| 62 Fernández Cabrera Adrián | ASISTENCIA |
| 63Fernández Ugarte Ma. del Carmen | ASISTENCIA |
| 64 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro | ASISTENCIA |
| 65 Flores Grande Arturo | ASISTENCIA |
| 66 Flores Morfín Jesús Vicente | ASISTENCIA |
| 67 Fraile García Francisco Antonio | ASISTENCIA |
| 68 Franco Cazarez Ricardo | ASISTENCIA |
| 69 Fuentes Ortíz José Guillermo | ASISTENCIA |
| 70 Galván Valles Rosa Elena | ASISTENCIA |
| 71 García González Carlos Alberto | ASISTENCIA |
| 72 García Müller Martha Margarita | ASISTENCIA |
| 73 García Reyes Ángel Humberto | ASISTENCIA |
| 74 García Reyes Beatriz Eugenia | ASISTENCIA |
| 75 García Vivián Raúl | ASISTENCIA |
| 76 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes | ASISTENCIA |
| 77 Gómez Leyva Silvio | ASISTENCIA |
| 78 González Betancourt Jorge Justiniano | ASISTENCIA |
| 79 González Martínez María Gabriela | ASISTENCIA |
| 80 González Morán Martín Oscar | ASISTENCIA |
| 81 González Roaro Benjamín Ernesto | ASISTENCIA |
| 82 González Ruiz Felipe | ASISTENCIA |
| 83González Sánchez Ma. Dolores | ASISTENCIA |
| 84Gudiño Ortíz Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 85 Guerrero Torres José Gildardo | ASISTENCIA |
| 86 Gutiérez Aguilar Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 87 Gutiérrez Lagunes María Victoria | ASISTENCIA |
| 88 Hernández Núñez Elia | ASISTENCIA |
| 89 Hurtado Pérez Nelly Asunción | ASISTENCIA |
| 90 Iragorri Durán Enrique | ASISTENCIA |
| 91Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles | ASISTENCIA |
| 92 Jiménez Ramos María Esther | ASISTENCIA |
| 93 Joaquín Coldwell Addy Cecilia | ASISTENCIA |
| 94 Lagunes Viveros Violeta del Pilar | ASISTENCIA |
| 95 Landero Gutiérrez Alejandro | ASISTENCIA |
| 96 Landeros González Ramón | ASISTENCIA |
| 97 Lara Compeán David | ASISTENCIA |
| 98 Larios Córdova Héctor | ASISTENCIA |
| 99 Laviada Hernández Iñigo Antonio | ASISTENCIA |
| 100 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio | ASISTENCIA |
| 101 Leura González Agustín | ASISTENCIA |
| 102 Limas Frescas María Soledad | ASISTENCIA |
| 103 Lizaola de la Torre Alonso Manuel | INASISTENCIA |
| 104 López Cisneros José Martín | ASISTENCIA |
| 105 López Reyna Omeheira | ASISTENCIA |
| 106 López Silva Rubí Laura | ASISTENCIA |
| 107 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel | ASISTENCIA |
| 108 Lujano Nicolás Christian Martín | ASISTENCIA |
| 109 Maawad Robert Luis Xavier | ASISTENCIA |
| 110 Madrazo Limón Carlos | ASISTENCIA |
| 111Magallón Arceo Leonardo Melesio de J. | ASISTENCIA |
| 112 Malagón Ríos Martín | ASISTENCIA |
| 113 Maldonado González David | ASISTENCIA |
| 114Manuell-Gómez Angulo Dolores De María | ASISTENCIA |
| 115 Martínez Valero Dora Alicia | ASISTENCIA |
| 116 Medellín Varela Antonio | ASISTENCIA |
| 117 Medina Macias Alma Hilda | ASISTENCIA |
| 118 Medina Rodríguez Delber | ASISTENCIA |
| 119 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia | ASISTENCIA |
| 120 Mejía García Luis Alonso | ASISTENCIA |
| 121 Méndez Meneses Apolonio | ASISTENCIA |
| 122 Mendoza Morales Lucía Susana | ASISTENCIA |
| 123 Mohamar Dainitin Oscar Miguel | ASISTENCIA |
| 124 Mollinedo Hernández Agustín | ASISTENCIA |
| 125 Monraz Ibarra Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 126 Montes Sánchez Fabián Fernando | ASISTENCIA |
| 127 Montiel Luis Lariza | ASISTENCIA |
| 128 Mora Cuevas Marisol | ASISTENCIA |
| 129 Morales Ramos José Nicolás | INASISTENCIA |
| 130 Morales Utrera Mercedes | ASISTENCIA |
| 131 Moreno Álvarez Mario Eduardo | ASISTENCIA |
| 132 Morgan Franco Rocío del Carmen | ASISTENCIA |
| 133 Muñoz Serrano José Antonio | ASISTENCIA |
| 134 Murillo Flores Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 135 Murillo Torres José Luis | ASISTENCIA |
| 136 Navarro Sugich Carlos Alberto | ASISTENCIA |
| 137 Nordhausen González Jorge Rubén | ASISTENCIA |
| 138Noriega Blanco Vigil María Nieves | ASISTENCIA |
| 139 Ochoa López Nabor | ASISTENCIA |
| 140 Olvera Higuera Edgar Armando | ASISTENCIA |
| 141 Orozco Ruiz Velazco Marco Heriberto | ASISTENCIA |
| 142Ortega Martínez Ma. del Pilar | ASISTENCIA |
| 143 Ortiz Montoro Sagrario María del Rosario | ASISTENCIA |
| 144 Ortíz Hernández Eduardo | ASISTENCIA |
| 145 Oviedo Oviedo Ernesto | ASISTENCIA |
| 146 Padilla Orozco Raúl Alejandro | INASISTENCIA |
| 147 Palafox Núñez José Inés | ASISTENCIA |
| 148 Paredes Rodríguez Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 149 Parra Jiménez Dolores María del Carmen | ASISTENCIA |
| 150 Parra Noriega Luis Gustavo | ASISTENCIA |
| 151 Pérez Cuéllar Cruz | ASISTENCIA |
| 152 Pérez de Tejada Romero Diana Carolina | ASISTENCIA |
| 153 Peyrot Solís Marco Antonio | ASISTENCIA |
| 154 Plascencia Alonso Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 155 Priego Tapia Gerardo | INASISTENCIA |
| 156 Pulido Pecero Pedro | ASISTENCIA |
| 157 Quintero Bello Jorge | ASISTENCIA |
| 158 Ramírez Barba Ector Jaime | ASISTENCIA |
| 159 Ramírez Corral Ivette Jacqueline | ASISTENCIA |
| 160 Ramírez Pech Edgar Martín | ASISTENCIA |
| 161 Ramírez Villarreal Gustavo | ASISTENCIA |
| 162 Ramos Covarrubias Héctor Manuel | ASISTENCIA |
| 163 Reyes García María Isabel | ASISTENCIA |
| 164 Reyes López Carlos Armando | ASISTENCIA |
| 165 Rincón Vargas Mirna Cecilia | ASISTENCIA |
| 166 Rivera Rivera José Guadalupe | ASISTENCIA |
| 167 Rivero Rivero Rolando | ASISTENCIA |
| 168 Rodríguez Ahumada Luis Fernando | ASISTENCIA |
| 169 Rodríguez Jiménez Ricardo | ASISTENCIA |
| 170 Rodríguez Prats Juan José | ASISTENCIA |
| 171 Rodríguez Uresti Enrique | ASISTENCIA |
| 172 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana | ASISTENCIA |
| 173 Rojas Hernández Laura Angélica | ASISTENCIA |
| 174 Román Isidoro Demetrio | ASISTENCIA |
| 175 Romo Jiménez Martha Angélica | INASISTENCIA |
| 176 Rubio Chávez José Ignacio Alberto | ASISTENCIA |
| 177 Rueda Gómez Francisco | ASISTENCIA |
| 178 Ruiz Velasco de Lira Ernesto | ASISTENCIA |
| 179 Salas Contreras Marcos | ASISTENCIA |
| 180 Salazar Madera Mario Alberto | ASISTENCIA |
| 181 Salum del Palacio Jorge Alejandro | ASISTENCIA |
| 182 Sánchez Díaz de Rivera Antonio | ASISTENCIA |
| 183 Sánchez Domínguez Alejandro | ASISTENCIA |
| 184 Sánchez Gil Carlos René | ASISTENCIA |
| 185 Sánchez Juárez Claudia | ASISTENCIA |
| 186 Sánchez Trujillo José Víctor | ASISTENCIA |
| 187Sandoval Munguia Juan Manuel | ASISTENCIA |
| 188 Serrato Castell Luis Gerardo | INASISTENCIA |
| 189 Shej Guzmán Sara | ASISTENCIA |
| 190 Solano Muñoz José de Jesús | ASISTENCIA |
| 191 Stefanonni Mazzocco Martín | ASISTENCIA |
| 192 Tamayo Herrera Yadhira Yvette | ASISTENCIA |
| 193 Torres Gómez Artemio | ASISTENCIA |
| 194 Torres Herrera Víctor Manuel | ASISTENCIA |
| 195 Torres Torres Carlos Alberto | ASISTENCIA |
| 196 Valenzuela García María Gloria Guadalupe | ASISTENCIA |
| 197 Valladolid Rodríguez Antonio | ASISTENCIA |
| 198 Vasconcelos Rueda Antonio | ASISTENCIA |
| 199 Vázquez Martínez Alberto | ASISTENCIA |
| 200 Vega Corona Antonio | ASISTENCIA |
| 201 Velázquez Gutiérrez José Guillermo | ASISTENCIA |
| 202 Verástegui Ostos César Augusto | ASISTENCIA |
| 203 Verdín Saldaña Jaime | ASISTENCIA |
| 204 Victoria Alva Juan | ASISTENCIA |
| 205 Vieyra Olivares Adriana Rebeca | ASISTENCIA |
| 206 Villanueva Arjona Juan Manuel | ASISTENCIA |
| 207 Zambrano Elizondo Javier Martín | ASISTENCIA |
| Asistencias: 191 | |
| Asistencias por cédula: 0 | |
| Asistencias comisión oficial: 0 | |
| Permiso Mesa Directiva: 0 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 16 | |
| Total diputados: 207 | |
| PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | |
|---|---|
| 1 Aguirre Alcaide Victor | INASISTENCIA |
| 2 Alavez Ruiz Aleida | ASISTENCIA |
| 3 Almazán González José Antonio | ASISTENCIA |
| 4 Almonte Borja Ramón | ASISTENCIA |
| 5 Alonso Flores Lourdes | ASISTENCIA |
| 6Wilfrido Alonso Razo Humberto | ASISTENCIA |
| 7 Altamirano Toledo Carlos | ASISTENCIA |
| 8 Alva Olvera Maribel Luisa | ASISTENCIA |
| 9 Álvarez Ramón Silbestre | ASISTENCIA |
| 10 Amaro Corona Alberto | ASISTENCIA |
| 11 Aragón Castillo Irene | ASISTENCIA |
| 12 Arellano Pulido Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 13Arreola Calderón Juan Dario | ASISTENCIA |
| 14 Barreiro Pérez Armando | ASISTENCIA |
| 15 Batres Guadarrama Valentina Valia | ASISTENCIA |
| 16 Bautista Bravo Alliet Mariana | ASISTENCIA |
| 17Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh | ASISTENCIA |
| 18 Brito González Modesto | INASISTENCIA |
| 19 Calzada Vázquez Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 20 Campos Aburto Amador | ASISTENCIA |
| 21 Cárdenas Hernández Raymundo | ASISTENCIA |
| 22 Cervantes Rodríguez Aurora | ASISTENCIA |
| 23 Condado Escamilla Cuitlahuac | ASISTENCIA |
| 24 Contreras Julián Maricela | ASISTENCIA |
| 25 Cruz Santiago Claudia Lilia | INASISTENCIA |
| 26 Cuevas Córdova Othón | ASISTENCIA |
| 27 Chávez García Higinio | ASISTENCIA |
| 28 Dagdug Lützow Moisés Félix | ASISTENCIA |
| 29 De la Rosa García Juan Hugo | ASISTENCIA |
| 30 De los Santos Molina Joaquín Conrado | ASISTENCIA |
| 31 Dehesa Mora Daniel | ASISTENCIA |
| 32 Del Toro Mario Enrique | ASISTENCIA |
| 33 Díaz Contreras Adriana | ASISTENCIA |
| 34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz | ASISTENCIA |
| 35 Espejel Lazcano Jaime | ASISTENCIA |
| 36 Fernández Balboa Mónica | ASISTENCIA |
| 37 Flores Maldonado César | ASISTENCIA |
| 38 Flores Salazar Guadalupe Socorro | ASISTENCIA |
| 39 Franco Melgarejo Rafael | ASISTENCIA |
| 40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo | ASISTENCIA |
| 41 García Rodríguez Víctor Hugo | ASISTENCIA |
| 42 Garzón Contreras Neftalí | ASISTENCIA |
| 43 González Garza Javier | CÉDULA |
| 44 Guerra Ochoa Juan Nicasio | ASISTENCIA |
| 45 Gutiérrez Calzadilla José Luis | ASISTENCIA |
| 46 Hernández Gaytán Daisy Selene | ASISTENCIA |
| 47 Hernández Hernández Sergio | ASISTENCIA |
| 48 Hernández Manzanares Javier | INASISTENCIA |
| 49 Hernández Silva Benjamín | ASISTENCIA |
| 50Nohelia Ibarra Franquez Sonia | ASISTENCIA |
| 51 Jacques y Medina José | ASISTENCIA |
| 52 Jiménez Valenzuela María Eugenia | ASISTENCIA |
| 53 Landero López Pedro | ASISTENCIA |
| 54Lemarroy Martínez Juan Darío | ASISTENCIA |
| 55 Leyva Piñón Ana Yurixi | ASISTENCIA |
| 56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel | ASISTENCIA |
| 57 López Barriga Erick | ASISTENCIA |
| 58 López Becerra Santiago | ASISTENCIA |
| 59 López Rojas Alberto | ASISTENCIA |
| 60 López Torres Ma. Soledad | ASISTENCIA |
| 61 Lozano Lozano Andrés | ASISTENCIA |
| 62 Luna Munguía Alma Lilia | ASISTENCIA |
| 63 Márquez Madrid Camerino Eleazar | ASISTENCIA |
| 64 Márquez Tinoco Francisco | ASISTENCIA |
| 65 Martínez Hernández Alejandro | ASISTENCIA |
| 66 Martínez Martínez Carlos Roberto | ASISTENCIA |
| 67 Martínez Martínez Francisco | ASISTENCIA |
| 68 Martínez Padilla Hugo Eduardo | ASISTENCIA |
| 69 Martínez Vargas Octavio | ASISTENCIA |
| 70 Matías Alonso Marcos | ASISTENCIA |
| 71 Matus Toledo Holly | ASISTENCIA |
| 72 Mayans Canabal Fernando Enrique | ASISTENCIA |
| 73 Mendoza Arellano David | ASISTENCIA |
| 74 Mendoza Flores Roberto | ASISTENCIA |
| 75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio | ASISTENCIA |
| 76 Mendoza Mendoza Irineo | INASISTENCIA |
| 77 Monreal Ávila Susana | ASISTENCIA |
| 78 Montalvo Rojas Victorio Rubén | INASISTENCIA |
| 79 Morales Manzo Jesús Ricardo | ASISTENCIA |
| 80 Morales Sánchez Efraín | ASISTENCIA |
| 81 Morales Vázquez Carlos Orsoe | ASISTENCIA |
| 82 Narcía Álvarez Héctor | ASISTENCIA |
| 83 Navarro López Carlos Ernesto | ASISTENCIA |
| 84 Navarro Quintero Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 85 Ojeda Hernández Concepción | ASISTENCIA |
| 86 Orcí Martínez Juan Adolfo | ASISTENCIA |
| 87 Ortega Martínez Antonio | ASISTENCIA |
| 88 Ortiz Magallón Rosario Ignacia | CÉDULA |
| 89Pacheco LLanes Ramón Félix | INASISTENCIA |
| 90 Pedraza Chávez Isidro | ASISTENCIA |
| 91 Pedrozo Castillo Adrián | INASISTENCIA |
| 92 Peña Sánchez Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 93 Pérez Cruz Raciel | ASISTENCIA |
| 94 Pulido Santiago Celso David | ASISTENCIA |
| 95 Ramos Becerril Rafael Plácido | ASISTENCIA |
| 96 Ramos Castellanos Martín | ASISTENCIA |
| 97 Rasgado Corsi Gloria | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 98 Ríos Gamboa Raúl | ASISTENCIA |
| 99 Romero Gutiérrez Odilón | ASISTENCIA |
| 100Ruíz Sánchez Salvador | ASISTENCIA |
| 101 Saavedra Coronel José Antonio | ASISTENCIA |
| 102Salinas Pérez Josefina | ASISTENCIA |
| 103 San Martín Hernández Juan Manuel | ASISTENCIA |
| 104 Sánchez Barrios Carlos | ASISTENCIA |
| 105 Sánchez Cabrales Rafael Elías | ASISTENCIA |
| 106 Sánchez Camacho Alejandro | ASISTENCIA |
| 107 Sánchez Camacho David | ASISTENCIA |
| 108 Sánchez Ramos Francisco | ASISTENCIA |
| 109 Sánchez Valdéz Eva Angelina | INASISTENCIA |
| 110 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc | ASISTENCIA |
| 111 Santos Arreola Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 112 Solares Chávez Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 113 Soriano Sánchez Rosa Elva | ASISTENCIA |
| 114 Soto Sánchez Antonio | ASISTENCIA |
| 115 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso | ASISTENCIA |
| 116 Torres Baltazar María Elena | ASISTENCIA |
| 117 Torres García Daniel | ASISTENCIA |
| 118 Trejo Pérez Pablo | ASISTENCIA |
| 119 Ulloa Pérez Emilio | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 120 Vallejo Estevez Mario | ASISTENCIA |
| 121 Varela López Víctor Gabriel | ASISTENCIA |
| 122 Villanueva Albarrán Gerardo | ASISTENCIA |
| 123 Villicaña García Rafael | ASISTENCIA |
| 124 Zavaleta Salgado Ruth | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 125 Zazueta Aguilar Jesús Humberto | ASISTENCIA |
| 126 Zepeda Hernández Martín | ASISTENCIA |
| Asistencias: 112 | |
| Asistencias por cédula: 2 | |
| Asistencias comisión oficial: 0 | |
| Permiso Mesa Directiva: 3 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 9 | |
| Total diputados: 126 | |
| PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | |
|---|---|
| 1 Abramo Masso Yerico | ASISTENCIA |
| 2 Aguilar Diego | ASISTENCIA |
| 3 Aguilar Solís Samuel | INASISTENCIA |
| 4 Aispuro Torres José Rosas | ASISTENCIA |
| 5 Alcántara Núñez Jesús Sergio | ASISTENCIA |
| 6 Aldana Prieto Luis Ricardo | INASISTENCIA |
| 7 Amador Gaxiola Daniel | ASISTENCIA |
| 8 Amador Leal Narcizo Alberto | ASISTENCIA |
| 9 Ayala Almeida Joel | ASISTENCIA |
| 10 Badillo Martínez Roberto | ASISTENCIA |
| 11Barajas Del Toro Salvador | ASISTENCIA |
| 12 Barajas López Ramón | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 13 Barba Hernández Alfredo | ASISTENCIA |
| 14 Beltrán Montes Israel | ASISTENCIA |
| 15 Benítez Ojeda Luis Enrique | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio | ASISTENCIA |
| 17 Biebrich Torres Carlos Armando | ASISTENCIA |
| 18 Blanco Pajón José Luis | ASISTENCIA |
| 19 Caballero Camargo Gustavo Fernando | ASISTENCIA |
| 20 Camacho Quiroz César Octavio | ASISTENCIA |
| 21 Canavati Tafich Jesús Ricardo | ASISTENCIA |
| 22 Carballo Bustamante Andrés | ASISTENCIA |
| 23Cárdenas Del Avellano Enrique | ASISTENCIA |
| 24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo | ASISTENCIA |
| 25 Cervantes Andrade Raúl | ASISTENCIA |
| 26 Colín Guadarrama María Mercedes | ASISTENCIA |
| 27 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías | ASISTENCIA |
| 28De la Garza Treviño Jorge Luis | INASISTENCIA |
| 29 Díaz Athié Antonio de Jesús | ASISTENCIA |
| 30Darinel Díaz Solorzano Elmar | INASISTENCIA |
| 31 Domínguez Domínguez Nemesio | ASISTENCIA |
| 32 Duarte Jáquez César Horacio | ASISTENCIA |
| 33 Escajeda Jiménez José Rubén | INASISTENCIA |
| 34 Escalante Jasso Aracely | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 35 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías | ASISTENCIA |
| 36 Estefan Chidiac Charbel Jorge | ASISTENCIA |
| 37 Flores Sandoval Patricio | ASISTENCIA |
| 38 Fuentes Téllez Octavio | ASISTENCIA |
| 39 Gamboa Patrón Emilio | ASISTENCIA |
| 40 Garza Garza Horacio Emigdio | ASISTENCIA |
| 41 Gebhardt Garduza Yary del Carmen | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 42 Gloria Requena Tomás | ASISTENCIA |
| 43 Gómez Lugo Elda | ASISTENCIA |
| 44 González Calderón Martha Hilda | ASISTENCIA |
| 45 González Salum Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 46 González Zarur Mariano | ASISTENCIA |
| 47 Guerrero García Javier | ASISTENCIA |
| 48 Guerrero Juárez Joel | ASISTENCIA |
| 49 Gurrión Matías Daniel | ASISTENCIA |
| 50 Herrera Ale Juana Leticia | ASISTENCIA |
| 51 Herrera Coyac Wenceslao | ASISTENCIA |
| 52 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 53 Lagunes Gallina Gerardo | ASISTENCIA |
| 54 Lescieur Talavera Jorge Mario | ASISTENCIA |
| 55 López Balbuena Guillermina | ASISTENCIA |
| 56 Madrid Tovilla Arely | INASISTENCIA |
| 57 Martínez Rocha Arturo | INASISTENCIA |
| 58 Martínez Rodríguez Lorena | ASISTENCIA |
| 59 Méndez Lanz Víctor Manuel | ASISTENCIA |
| 60 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 61 Merodio Reza Lilia Guadalupe | ASISTENCIA |
| 62Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl | ASISTENCIA |
| 63 Morales García Elizabeth | INASISTENCIA |
| 64 Mota Hernández Adolfo | INASISTENCIA |
| 65 Muñoz Serna Rogelio | ASISTENCIA |
| 66Murat José | ASISTENCIA |
| 67 Ochoa González Arnoldo | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 68 Ojeda Camacho Gilberto | ASISTENCIA |
| 69 Olivares Monterrubio Alejandro | ASISTENCIA |
| 70 Olivares Ventura Héctor Hugo | ASISTENCIA |
| 71 Ordaz Jiménez Ismael | ASISTENCIA |
| 72 Orihuela Bárcenas José Ascención | ASISTENCIA |
| 73 Ortega Tzitzihua María Dolores Lucía | ASISTENCIA |
| 74Ortiz Del Carpio Víctor | ASISTENCIA |
| 75 Ortiz Proal Mauricio | ASISTENCIA |
| 76 Padilla Gutiérrez Héctor | ASISTENCIA |
| 77 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz | ASISTENCIA |
| 78 Palma César Víctor Samuel | ASISTENCIA |
| 79 Parás González Juan Manuel | ASISTENCIA |
| 80 Partida Guzmán Martha Rocío | INASISTENCIA |
| 81 Patrón Montalvo Jesús Manuel | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 82 Peñuelas Acuña Mayra Gisela | ASISTENCIA |
| 83 Pérez Valdés Daniel | INASISTENCIA |
| 84 Pinete Vargas María del Carmen | ASISTENCIA |
| 85 Quiñones Canales Lourdes | ASISTENCIA |
| 86 Ramírez Martínez José Edmundo | ASISTENCIA |
| 87 Reyna García José Jesús | ASISTENCIA |
| 88 Ríos Camarena Alfredo Adolfo | ASISTENCIA |
| 89 Rivera Bedoya Juan Francisco | INASISTENCIA |
| 90 Rodríguez Martínez Alicia | ASISTENCIA |
| 91 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda | ASISTENCIA |
| 92 Rojas Gutiérrez Carlos | ASISTENCIA |
| 93 Salas López Ramón | INASISTENCIA |
| 94 Sánchez Hernández Eduardo | ASISTENCIA |
| 95 Sánchez Peñuelas Salvador | ASISTENCIA |
| 96 Sandoval Paredes Sergio | ASISTENCIA |
| 97 Serrano Escobar Enrique | ASISTENCIA |
| 98 Sosa Castelán Gerardo | INASISTENCIA |
| 99 Vargas Landeros Gerardo Octavio | ASISTENCIA |
| 100Vega Ortíz María Oralia | INASISTENCIA |
| 101 Velasco Pérez Juan Carlos | ASISTENCIA |
| 102 Villa Villa Isael | ASISTENCIA |
| 103 Villanueva Abraján Patricia | INASISTENCIA |
| Asistencias: 79 | |
| Asistencias por cédula: 0 | |
| Asistencias comisión oficial: 0 | |
| Permiso Mesa Directiva: 8 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 16 | |
| Total diputados: 103 | |
| CONVERGENCIA | |
|---|---|
| 1 Abad De Jesús Juan | ASISTENCIA |
| 2 Aguilera Rico José Luis | ASISTENCIA |
| 3 Cárdenas Márquez Elías | ASISTENCIA |
| 4 Castellanos Hernández Félix | ASISTENCIA |
| 5 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús | ASISTENCIA |
| 6 Chanona Burguete Alejandro | ASISTENCIA |
| 7 Del Río Virgen José Manuel | ASISTENCIA |
| 8 Godoy Cárdenas Jorge | ASISTENCIA |
| 9 López Lena Cruz Humberto | ASISTENCIA |
| 10 Melo Velázquez José Francisco | ASISTENCIA |
| 11 Salvatori Bronca María del Carmen | ASISTENCIA |
| 12 Samperio Montaño Juan Ignacio | CÉDULA |
| 13 Sansores San Román Layda Elena | ASISTENCIA |
| 14 Tagle Martínez Martha Angélica | ASISTENCIA |
| 15 Uscanga Cruz Robinson | ASISTENCIA |
| 16 Valdés Chávez Ramón | ASISTENCIA |
| 17 Varela Lagunas Tomás José Luis | ASISTENCIA |
| 18 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc | ASISTENCIA |
| Asistencias: 17 | |
| Asistencias por cédula: 1 | |
| Asistencias comisión oficial: 0 | |
| Permiso Mesa Directiva: 0 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 0 | |
| Total diputados: 18 | |
| PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | |
|---|---|
| 1 Arévalo González José Antonio | ASISTENCIA |
| 2 Bellizzia Rosique Pascual | ASISTENCIA |
| 3 Cobo Terrazas Diego | ASISTENCIA |
| 4 Elizondo Garrido Francisco | ASISTENCIA |
| 5 Estrada González Faustino Javier | INASISTENCIA |
| 6 González Martínez Jorge Emilio | ASISTENCIA |
| 7 Lavara Mejía Gloria | ASISTENCIA |
| 8 López Adame Antonio Xavier | ASISTENCIA |
| 9 Manrique Guevara Beatriz | ASISTENCIA |
| 10 Notholt Guerrero Alan | ASISTENCIA |
| 11Portilla Dieguez Manuel Salvador | ASISTENCIA |
| 12 Puente Salas Carlos Alberto | ASISTENCIA |
| 13 Ramírez Cerda Ana María | ASISTENCIA |
| 14Rodríguez Luis Alejandro | ASISTENCIA |
| 15 Salgado Amador Manuel Salvador | ASISTENCIA |
| 16 Sesma Suárez Jesús | ASISTENCIA |
| 17 Velasco Rodríguez Verónica | ASISTENCIA |
| Asistencias: 16 | |
| Asistencias por cédula: 0 | |
| Asistencias comisión oficial: 0 | |
| Permiso Mesa Directiva: 0 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 1 | |
| Total diputados: 17 | |
| PARTIDO DEL TRABAJO | |
|---|---|
| 1 Aguilar Jiménez Rubén | ASISTENCIA |
| 2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo | ASISTENCIA |
| 3 Cantú Garza Ricardo | ASISTENCIA |
| 4 Cervantes Rivera Jaime | ASISTENCIA |
| 5 Garay Ulloa Silvano | ASISTENCIA |
| 6 Herrera Solís Anuario Luis | ASISTENCIA |
| 7Maciel Ortiz Ma. Mercedes | ASISTENCIA |
| 8 Peregrino García Abundio | ASISTENCIA |
| 9 Romero Guzmán Rosa Elia | ASISTENCIA |
| 10 Solís Parga Rodolfo | INASISTENCIA |
| 11 Vela González Joaquín Humberto | ASISTENCIA |
| Asistencias: 10 | |
| Asistencias por cédula: 0 | |
| Asistencias comisión oficial: 0 | |
| Permiso Mesa Directiva: 0 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 1 | |
| Total diputados: 11 | |
| NUEVA ALIANZA | |
|---|---|
| 1 Arriola G. Mónica T. | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 2 Cárdenas Fonseca Manuel | ASISTENCIA |
| 3 Castillo Nájera Ariel | ASISTENCIA |
| 4 Dávila Esquivel Humberto | ASISTENCIA |
| 5 Gómez Pasillas Jacinto | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 6 Luna Becerril Blanca | ASISTENCIA |
| 7 Luna Rodríguez Silvia | ASISTENCIA |
| 8 Pérez Bolaños Ana Elisa | ASISTENCIA |
| 9 Piñeyro Arias Irma | ASISTENCIA |
| Asistencias: 7 | |
| Asistencias por cédula: 0 | |
| Asistencias comisión oficial: 0 | |
| Permiso Mesa Directiva: 2 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 0 | |
| Total diputados: 9 | |
| ALTERNATIVA | |
|---|---|
| 1 Arvizu Rivas Aida Marina | ASISTENCIA |
| 2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe | ASISTENCIA |
| 3 García Méndez Armando | ASISTENCIA |
| 4 Hernández Valadés Delio | INASISTENCIA |
| 5 Pedro Cortés Santiago Gustavo | ASISTENCIA |
| Asistencias: 4 | |
| Asistencias por cédula: 0 | |
| Asistencias comisión oficial: 0 | |
| Permiso Mesa Directiva: 0 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 1 | |
| Total diputados: 5 | |
SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS
| PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 Aguirre Alcaide Victor | ||
| 2 Brito González Modesto | ||
| 3 Cruz Santiago Claudia Lilia | ||
| 4 Hernández Manzanares Javier | ||
| 5 Mendoza Mendoza Irineo | ||
| 6 Montalvo Rojas Victorio Rubén | ||
| 7 Pacheco LLanes Ramón Félix | ||
| 8 Pedrozo Castillo Adrián | ||
| 9 Sánchez Valdéz Eva Angelina | ||
| Faltas por grupo: 9 | ||
| PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 Aguilar Solís Samuel | ||
| 2 Aldana Prieto Luis Ricardo | ||
| 3 De la Garza Treviño Jorge Luis | ||
| 4 Darinel Díaz Solorzano Elmar | ||
| 5 Escajeda Jiménez José Rubén | ||
| 6 Madrid Tovilla Arely | ||
| 7 Martínez Rocha Arturo | ||
| 8 Morales García Elizabeth | ||
| 9 Mota Hernández Adolfo | ||
| 10 Partida Guzmán Martha Rocío | ||
| 11 Pérez Valdés Daniel | ||
| 12 Rivera Bedoya Juan Francisco | ||
| 13 Salas López Ramón | ||
| 14 Sosa Castelán Gerardo | ||
| 15 Vega Ortíz María Oralia | ||
| 16 Villanueva Abraján Patricia | ||
| Faltas por grupo: 16 | ||
| PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 Estrada González Faustino Javier | ||
| Faltas por grupo: 1 | ||
| PARTIDO DEL TRABAJO | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 Solís Parga Rodolfo | ||
| Faltas por grupo: 1 | ||
| ALTERNATIVA | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 Hernández Valadés Delio | ||
| Faltas por grupo: 1 | ||