Diario de los Debates

organo oficial de la camara de diputados
del congreso de los estados unidos mexicanos
Poder Legislativo Federal, LX Legislatura
Correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio
Director General de
Crónica Parlamentaria
Gilberto Becerril Olivares
Presidente

Diputado César Duarte Jáquez
Director del
Diario de los Debates
Jesús Norberto Reyes Ayala
Año III
México, DF, martes 10 de febrero de 2009
Sesión No. 5

SUMARIO


ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con el que remite punto de acuerdo por el que solicita al Congreso de la Unión la eliminación del Impuesto Empresarial a Tasa Unica. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Oficio del Instituto Federal Electoral con el que remite dos acuerdos aprobados por su Consejo General. De enterado.

ESTADO DE MEXICO

Oficio del Instituto Nacional de Antropología e Historia con el que envía contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente en la sesión del pasado 28 de enero, respecto al Informe de la Comisión de Cultura referente al Programa Regional de Desarrollo Turístico del Corredor Teotihuacán-Acolman-Otumba-San Martín-Axapusco-Nopaltepec, y en particular al proyecto Resplandor Teotihuacano. Se remite a la Comisión de Cultura y al promovente para su conocimiento.

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPUBLICA MEXICANA

Oficio de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros con el que envía contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente en la sesión del pasado 28 de enero, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y al Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana a informar a esta soberanía sobre el conocimiento y las medidas adoptadas respecto a los fondos del fideicomiso bancario 56342/FID/III/06. Se remite al promovente para su conocimiento.

DIPUTADOS QUE SOLICITAN LICENCIA

Comunicaciones de los diputados Patricia Villanueva Abraján y Daniel Chávez García, con las que solicitan licencia para separarse de sus funciones como diputados federales electos en los distritos II y VIII de los estados de Oaxaca y Michoacán, respectivamente. Aprobadas, comuníquense.

DIPUTADOS SUPLENTES QUE SE INCORPORAN

El Presidente designa comisión que acompañe a los ciudadanos Susana Sarahí Carrasco Cárdenas, Víctor Manuel Vírgen Carrera y Miguel Angel Macedo Escartín, electos como diputados federales suplentes en los distritos VIII, II y XIX de los estados de Michoacán y de Oaxaca, y del Distrito Federal, respectivamente.

COMISIONES LEGISLATIVAS

Tres oficios de la Junta de Coordinación Política con los que comunica cambios en la integración de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; de Atención a Grupos Vulnerables; Especial de estudios de las políticas para la migración interna; de Desarrollo Rural; Especial de Ganadería; Especial de Citricultura; de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; Asuntos Indígenas; Recursos Hidráulicos; Especial Encargada de Impulsar y dar Seguimiento a los Programas y Proyectos de Desarrollo Regional del Sur Sureste de México; de Transportes; de Salud; de Pesca; de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; de Desarrollo Metropolitano; de Fortalecimiento al Federalismo; de Desarrollo Social; de Justicia; y en el Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria. Aprobados.

Oficio de la Junta de Coordinación Política con el que comunica cambios en la integración de Comisión de Cultura. De enterado.

TRABAJADORES MIGRANTES

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que envía contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 11 de diciembre de 2008, por el que se exhorta a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública, de Salud, de Desarrollo Social, del Trabajo y Previsión Social, de Relaciones Exteriores y demás dependencias del gobierno federal, a incorporar a las reglas de operación de los programas y fondos por ejercer en 2009 criterios especiales para la inclusión de los trabajadores migrantes en retorno y sus familias. Se remite a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

TRABAJADORES AGRICOLAS

Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que envía contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente en la sesión del pasado 8 de enero, para exhortar al titular del Ejecutivo federal a mejorar las condiciones laborales y humanas de los trabajadores agrícolas mexicanos y para que se integre una subcomisión para atender y proponer soluciones a los trabajadores agrícolas temporales. Se remite al promovente para su conocimiento.

CAMARA DE SENADORES

Oficio de la Cámara de Senadores con el que comunica la apertura de su segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura. De enterado.

CAMARA DE SENADORES

Oficio de la Cámara de Senadores con el que comunica el calendario de sesiones para el segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura. De enterado.

ARTICULOS 75, 115, 123 Y 127 CONSTITUCIONALES

Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite solicitud de excitativa del senador Silvano Aureoles Conejo a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública para que dictaminen minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 75, 115, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibida en la sesión del 15 de marzo de 2007. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública.

DIA MUNDIAL CONTRA EL CANCER

Presentan el posicionamiento de su respectivo grupo parlamentario sobre el Día Mundial contra el Cáncer, los diputados:

Humberto Dávila Esquivel.

María Mercedes Maciel Ortiz.

Beatriz Manrique Guevara.

Juan Abad de Jesús.

María Dolores Lucía Ortega Tzitzihua.

Daniel Dehesa Mora.

Jorge Quintero Bello.

LEY GENERAL DE SALUD

Primera lectura del dictamen de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que reforma el artículo 51 y adiciona los artículos 51 Bis 1, 51 Bis 2; y 51 Bis 3 de la Ley General de Salud.

MEDALLA AL MERITO CIVICO ``EDUARDO NERI, LEGISLADORES DE 1913''

Primera lectura del dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con proyecto de decreto que expide el Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico ``Eduardo Neri, Legisladores de 1913''.

LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Primera lectura del dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 36 y adiciona un segundo párrafo al artículo 80 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

Primera lectura del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜISTICOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

Primera lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas con proyecto de decreto que adiciona una fracción XV al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

LEY FEDERAL PARA EL CONTROL DE SUSTANCIAS QUIMICAS SUSCEPTIBLES DE DESVIO PARA LA FABRICACION DE ARMAS QUIMICAS - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

Primera lectura del dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que expide la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas; y adiciona una fracción XVII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

Primera lectura del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO

Segunda lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma el artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito. Sin discusión, se aprueba en lo general y en lo particular. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

Segunda lectura del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional con proyecto de decreto que reforma el artículo 61 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Sin discusión, se aprueba en lo general y en lo particular. Pasa a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

Segunda lectura del dictamen de la Comisión de la Función Pública con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo de la fracción III del artículo 22 y el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Sin discusión, se aprueba en lo general y en lo particular. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

LEY ORGANICA DE LA ARMADA DE MEXICO - LEY DE ASCENSOS DE LA ARMADA DE MEXICO

Segunda lectura del dictamen de la Comisión de Marina con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México y de la Ley de Ascensos de la Armada de México.

Interviene la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago.

Suficientemente discutido, es aprobado en lo general y en lo particular. Pasa a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

LEY DE AMPARO

Segunda lectura del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin discusión, es aprobado en lo general y en lo particular. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

AEROPUERTOS

Dictamen de la Comisión de Transportes con punto de acuerdo relativo a la proposición presentada en la sesión del 30 de abril de 2008 para exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a vigilar el cumplimiento de los contratos con los concesionarios de los aeropuertos del país.

Interviene el diputado Octavio Martínez Vargas.

CARRETERAS

Dictamen de la Comisión de Transportes con punto de acuerdo sobre la proposición presentada en la sesión del 30 de abril de 2008 para exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar un diagnóstico integral sobre el estado que guardan las carreteras de la República Mexicana y, una vez hecho éste, implante un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas.

TRANSPORTE DE CARGA

Dictamen de la Comisión de Transportes con punto de acuerdo referente a la proposición presentada en la sesión del 30 de abril de 2008 para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reclasificar las carreteras de tipo B 136 y 140, como tipo A, para apoyar el transporte de carga.

AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO

Dictamen de la Comisión de Transportes con punto de acuerdo respecto de la proposición presentada en la sesión del 13 de diciembre de 2007 para exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a atender lo relativo al servicio de taxis en la terminal 1 y 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México.

PAQUETERIA Y MENSAJERIA

Dictamen de la Comisión de Transportes con punto de acuerdo relativo a la proposición presentada en la sesión del 13 de diciembre de 2007 para exhortar al Ejecutivo federal a instruir al secretario de Comunicaciones y Transportes para que en términos de lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal formule el proyecto de reglamento de paquetería y mensajería previsto en el artículo 58 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

ESTADO DE JALISCO

Dictamen de la Comisión de Transportes con punto de acuerdo referente a la proposición presentada en la sesión del 9 de septiembre de 2008 relativo al proyecto carretero Bolaños-Huejuquilla El Alto, en el estado de Jalisco.

DERECHO DE VIA DE LAS CARRETERAS FEDERALES Y ZONAS ALEDAÑAS

Dictamen de la Comisión de Transportes con punto de acuerdo sobre la proposición presentada en la sesión del 13 de diciembre de 2007 para exhortar al Ejecutivo federal a cumplir mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos y el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas, la Ley de Caminos y Puentes Federales y el Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas.

HURACAN NORBERT

Dictamen de la Comisión de Gobernación con punto de acuerdo referente a la proposición presentada en la sesión del 14 de octubre de 2008 por la que se exhorta al gobierno federal a liberar a través de la Secretaría de Gobernación recursos del Fondo de Desastres Naturales en beneficio de las zonas afectadas por el huracán Norbert, en el estado de Baja California Sur.

SALARIOS MINIMOS

Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social con punto de acuerdo respecto de la proposición presentada en la sesión del 13 de diciembre de 2007 por la que se exhorta al secretario del Trabajo y Previsión Social para que a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos implante como tabla única la correspondiente a la zona ``A''.

CANASTA BASICA - SALARIOS MINIMOS

Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instrumente medidas que protejan los salarios y el bienestar de la clase trabajadora mexicana.

INTERVENCIONES ESTETICAS Y COSMETICAS

Dictamen de la Comisión de Salud con punto de acuerdo sobre la proposición presentada en la sesión del 30 de abril de 2008 para exhortar a la Secretaría de Salud a emitir el reglamento a que se refiere el párrafo segundo del artículo 271 de la Ley General de Salud para regular las intervenciones estéticas y cosméticas y los establecimientos donde se practiquen.

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

Dictamen de la Comisión de Salud con punto de acuerdo referente a la proposición presentada en la sesión del 13 de diciembre de 2007 por la que se solicita al Ejecutivo federal que implemente acciones que garanticen el acceso equitativo y oportuno de los fármacos o medicamentos relacionados con la prevención del virus del papiloma humano.

DISTRIBUCION Y VENTA DE ESTUPEFACIENTES

Dictamen de la Comisión de Salud con punto de acuerdo relativo a la proposición presentada en la sesión del 30 de abril de 2008 para exhortar a la Secretaría de Salud a reforzar los programas contra la farmacodependencia y revisar los criterios para la distribución y venta de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

REGLAMENTO DE LA LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS

Dictamen de la Comisión de Justicia con punto de acuerdo referente a la proposición presentada en la sesión del 21 de octubre de 2008 por la que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y establecer una Comisión Intersecretarial en esa materia.

Interviene la diputada Holly Matus Toledo.

ESTADO DE VERACRUZ

Dictamen de la Comisión de la Función Pública con punto de acuerdo sobre la proposición presentada en la sesión del 8 de abril de 2008 por la que se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes a remover al director general y al subdirector de Obras del Centro Sector Comunicaciones y Transportes Veracruz.

CAZA DEPORTIVA

Dictamen de la Comisión de la Función Pública con punto de acuerdo relativo a la proposición presentada en la sesión del 7 de octubre de 2008 por la que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a informar sobre la legitimidad del trámite de licencias de caza deportiva que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

Dictamen de la Comisión de la Función Pública con punto de acuerdo respecto de la proposición presentada en la sesión del 30 de abril de 2008 por la que se solicita al Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares que informe sobre los trabajos que la empresa Administradora Gutsa, SA de CV, realizó en la terminal dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Dictamen de la Comisión de la Función Pública con punto de acuerdo referente a la proposición presentada en la sesión del 11 de junio de 2008 por la que se solicita al Organo Interno de Control de la Procuraduría General de la República que informe sobre el procedimiento administrativo de contratación relativo a la convocatoria 010, publicada el 22 de abril del 2008 en el Diario Oficial de la Federación, consistente en la implementación de una plataforma tecnológica de servicios, mediante la renta de equipo de cómputo.

COMISION NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

Dictamen de la Comisión de la Función Pública con punto de acuerdo relativo a la proposición presentada en la sesión del 11 de junio de 2008 por la que se solicita a la Secretaría de la Función Pública que informe sobre los procedimientos administrativos de responsabilidades que se hayan iniciado contra los servidores públicos de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.

Se aprueban en conjunto los anteriores 19 dictámenes; comuníquense.

COMISIONES LEGISLATIVAS

Dos oficios de la Junta de Coordinación Política con los que comunica cambios en la integración de las Comisiones de Fortalecimiento al Federalismo; de Desarrollo Rural; de Asuntos Indígenas; de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; de Marina; de Participación Ciudadana; de Vivienda; de Cultura; y de Pesca. Aprobados.

ORDEN DEL DIA

De la próxima sesión.

VOTACIONES

De conformidad con lo que dispone el artículo 2, numeral 2, inciso c, del Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública de la H. Cámara de Diputados, se publican las votaciones de los siguientes dictámenes:

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito (en lo general y en lo particular).

De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 61 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (en lo general y en lo particular).

De la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo de la fracción III del artículo 22, y el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en lo general y en lo particular).

De la Comisión de Marina, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Orgánica, y de Ascensos de la Armada de México (en lo general y en lo particular).

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.


Presidencia del diputado César Duarte Jáquez


ASISTENCIA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de la Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas : Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 342 diputados y diputadas; por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez (a las 11:59 horas): Se abre la sesión.



ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Martes 10 de febrero de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Del Instituto Federal Electoral.

Del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

De la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

De los diputados Patricia Villanueva Abraján y Daniel Chávez García .

Protestas.

De la Junta de Coordinación Política.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente.

Oficios de la Cámara de Senadores

Por el que comunica la apertura de su segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura.

Con el que remite el calendario de sesiones para el segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura.

Con el que remite solicitud de excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública para que dictaminen la minuta con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el senador Silvano Aureoles Conejo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Posicionamiento relativo al día mundial contra el cáncer, a cargo de los grupos parlamentarios.

Iniciativas

Que reforma el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a cargo del diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno Comisión)

Que reforma el artículo 35 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2, 7 y 8 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Patricia Villanueva Abraján , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona los artículos 291 Bis, 291 Ter y 432 Bis a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 949 y 1005 Bis de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Daniel Torres García , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Daniel Torres García , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 71 de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado Fernando Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 46, 76 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Eduardo Espinosa Abuxapqui , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un segundo párrafo al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Alliet Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Fernando Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 8 Bis a la Ley de Energía para el Campo, a cargo del diputado Alejandro Martínez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Eduardo Espinosa Abuxapqui , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que establece el Programa de Apoyo para los Deudores de la Banca, en materia de Tarjetas de Crédito, Créditos Hipotecarios y Créditos a las Pequeñas y Medianas Empresas, a cargo del diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés , del Grupo Parlamentario Alternativa, y suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Alejandro Landero Gutiérrez , Obdulio Ávila Mayo y Alberto Vázquez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Susana Monreal Ávila , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 27 Bis y 279 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, a cargo del diputado Luis Alejandro Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado Humberto Dávila Esquivel , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Desempleo Universal y No Contributivo, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 386 y 387 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 280 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 51 y adiciona los artículos 51 Bis 1, 51 Bis 2, 51 Bis 3 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que expide el Reglamento de la Medalla al Merito Cívico ``Eduardo Neri, Legisladores de 1913''.

De la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 36 y adiciona un segundo párrafo al artículo 80 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XV al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que expide la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas; y adiciona una fracción XVII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito.

De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 61 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

De la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo de la fracción III del artículo 22 y el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

De la Comisión de Marina, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México y de la Ley de Ascensos de la Armada de México.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a vigilar el cumplimiento de los contratos con los concesionarios de los aeropuertos del país.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar un diagnóstico integral sobre el estado que guardan las carreteras de la República Mexicana y, una vez hecho éste, implantar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a reclasificar las carreteras 136 y 140, de tipo B, como tipo A para apoyar el transporte de carga, parte fundamental de nuestra economía.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a atender la problemática que presenta el servicio de autotransporte público de pasajeros vía taxi de y hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a instruir al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en términos de lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, formule sin demora el proyecto de reglamento de paquetería y mensajería previsto en el artículo 58 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo relativos al proyecto carretero Bolaños, Huejuquilla el Alto, Jalisco.

De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a cumplir, mediante la SCT, Capufe y el FARAC, la Ley de Caminos y Puentes Federales y el Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas.

De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo relativo a la agilización de la evaluación final de daños ocasionados por el huracán Norbert en el estado de Baja California Sur.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo para exhortar al titular de la STPS a eliminar a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos las zonas B y C que se establecen actualmente en la división del territorio nacional en zonas geográficas por salario mínimo.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a instaurar medidas que protejan los salarios y el bienestar de la clase trabajadora mexicana.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a emitir el reglamento a que se refiere el párrafo segundo del artículo 271 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud, a través del Consejo de Salubridad General, que permitan el acceso equitativo y oportuno de los fármacos o medicamentos relacionados con la prevención de la infección del virus del papiloma humano.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a reforzar los programas contra la farmacodependencia y revisar los criterios empleados para la distribución y venta de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a emitir con la mayor brevedad el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y a establecer la comisión intersecretarial respectiva.

De la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo para exhortar a la Secretarías de la Función Pública, y de Comunicaciones y Transportes a concluir las investigaciones que se han iniciado sobre presuntas irregularidades en el Centro SCT Veracruz.

De la Comisión de la Función Pública, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Semarnat, que informe a esta soberanía sobre el número de licencias de caza deportiva expedidas en 2007 y 2008.

De la Comisión de la Función Pública, con punto de acuerdo por el que se solicita al director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares que informe a esta soberanía sobre los trabajos que la empresa administradora Gutsa, SA de CV, realizó en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

De la Comisión de la Función Pública, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública que informe a esta soberanía sobre los procedimientos administrativos de responsabilidades que se hayan iniciado en contra de los servidores públicos de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.

De la Comisión de la Función Pública, con punto de acuerdo por el que se solicita al Órgano Interno de Control de la Procuraduría General de la República que informe a esta soberanía, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, sobre el procedimiento administrativo de contratación relativo a la Convocatoria 010, publicada el 22 de abril del 2008 en el Diario Oficial de la Federación.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal que informe sobre los resultados derivados de la aplicación del decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto en la administración pública federal e instaure un programa integral que comprenda medidas de austeridad para enfrentar la crisis económica mundial, a cargo del diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la STPS y del DIF a emprender campañas de vigilancia en contra del abuso y la explotación laboral infantil, y políticas públicas que permitan garantizar los derechos de los niños, a cargo del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que la Cámara de Diputados brinde un reconocimiento público al general Raúl Esquivel Carvajal, primer superintendente del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, a cargo del diputado Rafael Plácido Ramos Becerril , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a emprender acciones emergentes que permitan disminuir el precio del diesel, a fin de apoyar a los sectores agropecuario y del transporte, a cargo de la diputada Juana Leticia Herrera Ale y suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a realizar a través de la Profepa las acciones relacionadas con la caza indiscriminada de vida silvestre, en especial la relativa a las diferentes especies de aves migratorias de la bahía de Yavaros, en Huatabampo, Sonora, suscrito por los diputados Carlos Roberto Martínez Martínez y Jesús Humberto Zazueta Aguilar , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la publicación de la NOM-046-SSA2-2005. ``Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención'', a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres poderes del estado de Chihuahua a respetar el fuero constitucional del legislador local Roberto Lara, a cargo del diputado Carlos Armando Reyes López , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a las compras anticipadas de la cosecha de maíz del ciclo primavera-verano en el estado de Sinaloa, a cargo del diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que solicita a la Cámara de Diputados que promueva ante la SCJN controversia constitucional contra el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, a cargo del diputado Enrique Serrano Escobar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.(Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a diseñar y aprobar, en coordinación con el Congreso de la Unión, un plan de distribución del gasto público que amortigüe los efectos negativos de la recesión económica en el país, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Trabajo y Previsión Social a implantar un plan integral que reactive la economía, frene el desempleo e impulse la ocupación en el país, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se invita a comparecer a los titulares de la Conagua y de la CFE, para que informen sobre diversas acciones que en materia hidráulica se realizan en el estado de Tabasco, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de Poder Ejecutivo federal a mantener a través de la SHCP, de manera temporal, el impuesto empresarial a tasa única en 16.5%, en tanto se reactiva la economía del país, a cargo del diputado José Rosas Aispuro Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCJN que nombre comisionados especiales para que averigüen los hechos que constituyen graves violaciones de las garantías individuales de la población que permanente o temporalmente reside o habita en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Dora Alicia Martínez Valero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Tlaxcala firmar el convenio interestatal e integrado del Fideicomiso para la Cuarta Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a investigar a través de la CNBV y de la Condusef las irregularidades en las que han incurrido diversas instituciones de crédito en la zona fronteriza, respecto a cuentas de cheques en dólares, a cargo del diputado Enrique Serrano Escobar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir una carta diplomática al gobierno de Estados Unidos de América para detener la violación a los derechos humanos de los inmigrantes mexicanos, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer ante comisiones a los directores de la Conagua y del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, para que informen sobre la escasez de agua potable en la zona metropolitana del valle de México, asimismo, se exhorta a la Profepa a presentar denuncias ante la autoridad del ramo a fin de que se apliquen sanciones a los beneficiarios de pozos clandestinos que operan en el Distrito Federal y en el estado de México, a cargo del diputado Diego Cobo Terrazas , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades del estado de Durango a resolver el problema de drenaje y agua contaminada en el municipio de Poanas, en específico en Villita de San Atenógenes, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar a través de la Sener y de Pemex la construcción dentro del estado de Tamaulipas de la nueva refinería prevista en el Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura, a cargo del diputado Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del gerente estatal de Correos de México en Chiapas, a fin de que informe sobre las anomalías relativas a la violación a los paquetes con faltantes de peso y contenido, denunciadas por la ciudadana Mercedes Chacón Magchun, en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, a cargo del diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar las reglas de operación de la Sagarpa, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de diciembre de 2008 y eliminar el Comité Técnico Nacional, a cargo del diputado Héctor Padilla Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la titular de la Sener a informar a esta soberanía sobre los aerogeneradores instalados en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cumplir a través de la Sagarpa lo establecido en el artículo tercero transitorio de la Ley de Productos Orgánicos y expedir el Reglamento de dicha ley, a cargo del diputado Fabián Fernando Montes Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, al secretario del Trabajo y Previsión Social y al secretario de Hacienda y Crédito Público a otorgar un aumento salarial de emergencia, tanto a los salarios mínimos generales como a los contractuales y a los de los trabajadores al servicio del Estado, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir las disposiciones reglamentarias y administrativas señaladas en el decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2008, a cargo del diputado Eduardo Sánchez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a los Programas y Centros de Estudios de Género en las Instituciones de Educación Superior Nacionales y Estatales, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que exhorte al Consejo General del IFE a unificar criterios o, en su caso, establecer reglas claras y que éstas se cumplan a cabalidad en cuanto la difusión y utilización de los logros de los programas sociales en la publicidad por cualquier medio de comunicación de las campañas electorales por parte de los partidos políticos, a cargo de la diputada Guillermina López Balbuena , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal utilizar a través de la SCHP el subsidio previsto en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, a fin de reducir el precio de la gasolina y el diesel, suscrito por los diputados Mónica Fernández Balboa y César Duarte Jáquez, Integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, respectivamente. (Urgente resolución)

Excitativas

A la Comisión de Seguridad Social, a solicitud del diputado Samuel Aguilar Solís , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, a solicitud del diputado Humberto Dávila Esquivel , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.»



ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.

Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves cinco de febrero de dos mil nueve, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia del diputado César Duarte Jáquez

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las 13 horas con 4 minutos del jueves 5 de febrero de 2009, con la asistencia de 376 diputadas y diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensa la lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior y aprueba ésta última.

La Mesa Directiva informa la recepción de 21 dictámenes con punto de acuerdo que desechan proposiciones de las Comisiones de Economía; Justicia; Juventud y Deporte; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Población, Fronteras y Asuntos Migratorios; Recursos Hidráulicos; Relaciones Exteriores; y Trabajo y Previsión Social. Desde sus respectivas curules los diputados del Partido de la Revolución Democrática: José Antonio Almazán González , reserva el dictamen de la Comisión de Justicia, Valentina Valia Batres Guadarrama solicita moción de procedimiento y Cuauhtémoc Sandoval Ramírez habla en relación al dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores. El Presidente hace las respectivas aclaraciones. En relación con los dictámenes que no fueron reservados, el Presidente instruye su publicación en el Diario de los Debates y el archivo de los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

Presidencia del diputado José Luis Espinosa Piña

El Presidente instruye a la Secretaría la lectura del resolutivo del dictamen con punto de acuerdo reservado, de la Comisión de Justicia, que desecha la proposición, para exhortar al Ejecutivo federal a indultar a diversos ciudadanos de Puerto Madero, Chiapas, por luchar a favor de una justa tarifa de energía eléctrica, acto seguido concede el uso de la palabra, para hablar en contra, al diputado José Antonio Almazán González , del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica, la asamblea aprueba el dictamen en sus términos. Desde sus respectivas curules, los diputados Valentina Valia Batres Guadarrama , del Partido de la Revolución Democrática, solicita la reposición del procedimiento y César Camacho Quiroz , del Partido Revolucionario Institucional, hace comentarios al respecto. El Presidente instruye su publicación en el Diario de los Debates y el archivo del expediente como asunto totalmente concluido. Desde su curul, el diputado José Antonio Almazán González , manifiesta su inconformidad, con el procedimiento empleado para el desahogo del asunto en comento.

El gobierno del estado de Chihuahua, envía contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.

El gobierno del estado de Zacatecas, envía contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente. Se remite al promovente, para su conocimiento.

El diputado Jesús Ramírez Stabros , del Partido Revolucionario Institucional, comunica la reincorporación a sus labores legislativas, a partir de esta fecha. De enterado, comuníquese.

Presidencia del diputado César Duarte Jáquez

A las 13 horas con 45 minutos se registra una asistencia de 400 diputadas y diputados.

La Secretaría da lectura a acuerdos de la Junta de Coordinación Política:

• Por el que se propone que la Cámara de Diputados se adscriba a la Declaración Número 13: Conmemoración del 42 Aniversario de la Firma del Tratado de Tlatelolco, aprobada por la XXIV Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano. Desde sus respectivas curules, los diputados: Cuauhtémoc Sandoval Rámírez, del Partido de la Revolución Democrática, propone una modificación y adición al resolutivo único; Juan José Rodríguez Prats , del Partido Acción Nacional, realiza observaciones y Javier González Garza , del Partido de la Revolución Democrática, hace aclaraciones. Con un resultado de 133 votos en pro, 154 en contra y 3 abstenciones, se desecha la propuesta del diputado Sandoval Ramírez y en votación económica se aprueba el punto de acuerdo en sus términos. Comuníquese.
• Derivado de las conclusiones del grupo de trabajo plural encargado de investigar el Fideicomiso del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural e intervenir ante las autoridades competentes para que respeten los derechos laborales de los jubilados y pensionados de Banrural. En votación económica, se aprueba. Comuníquese.
• Por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, acuerda citar a comparecer al secretario de Salud y al director Jurídico de esa dependencia. Con un resultado de 196 votos en pro, 146 en contra y ninguna abstención, se aprueba. Comuníquese.

Presentan la posición de su respectivo grupo parlamentario relativo al aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los diputados: Blanca Luna Becerril , de Nueva Alianza; Raymundo Cárdenas Hernández , del Partido de la Revolución Democrática, en su calidad de Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales;

Presidencia de la diputada Martha Hilda González Calderón

Ricardo Cantú Garza , del Partido del Trabajo; Francisco Elizondo Garrido , del Partido Verde Ecologista de México; Elías Cárdenas Márquez , de Convergencia; Mauricio Ortiz Proal , del Partido Revolucionario Institucional;

Presidencia del diputado César Duarte Jáquez

Francisco Javier Calzada Vázquez , del Partido de la Revolución Democrática y Armando Jesús Félix Holguín , del Partido Acción Nacional.

El Presidente solicita a la asamblea otorgar un minuto de silencio en memoria del ciudadano Andrés Bermúdez Viramontes , diputado federal del Partido Acción Nacional, electo por el segundo distrito electoral del estado de Zacatecas.

El Presidente clausura la sesión a las 15 horas con 30 minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el martes 10 de febrero de 2009 a las 11:00 horas.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Proceda la Secretaría poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobada el acta.

Continúe la Secretaría con las comunicaciones. Tenemos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- IV Legislatura.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Por este conducto y con fundamento de lo dispuesto en los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 50, fracciones IV, V, VIII, párrafo segundo, y 58, fracción XVII, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el Pleno de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al Congreso de la Unión, la eliminación del impuesto empresarial a tasa única (IETU).

Lo anterior, para los efectos correspondientes, anexo al presente sírvase encontrar copia del punto de acuerdo en comento.

Atentamente
Recinto Legislativo, a 4 de febrero de 2009.--- Diputado Enrique Vargas Anaya (rúbrica), secretario en Funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- IV Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se solicita al Congreso de la Unión la eliminación del impuesto empresarial a tasa única

Honorable Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

El suscrito, diputado Humberto Morgan Colón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento de lo dispuesto en los artículos 1, primer párrafo, 5, 71, fracción II, 73, fracción VII, y 122, Base Primera, fracción V, inciso ñ), de la Constitución General de la República; 12, fracción I, 16, 42, fracción XXV, y 46, fracción I, del Estatuto de Gobierno; 1, 7, 10, fracción XXI, 11, 13, fracciones I y II, 17, fracciones VI y VII, y 18, fracción VII, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa; y 81 y 85, fracción I, y 133 del Reglamento para nuestro Gobierno Interior, todos del Distrito Federal, somete a consideración del honorable órgano legislativo del Distrito Federal proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se solicita al Congreso de la Unión la eliminación del impuesto empresarial a tasa única (IETU), al tenor de los siguientes

Antecedentes

Por política fiscal debe entenderse el conjunto de decisiones relacionado con los impuestos y el gasto público, siempre y cuando con él se fomente el empleo pleno, la estabilidad de precios y el crecimiento económico.

No sólo comprende el instrumento llamado ``impuestos'', sino que también se puede echar mano de los derechos, los aprovechamientos y los productos.

La Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, aprobada por el Congreso de la Unión el 1 de junio de 2007 como parte del paquete de reforma fiscal propuesto por el Ejecutivo federal, entró en vigor el 1 de enero de 2008.

Los sujetos obligados al pago de este gravamen son las personas físicas y morales residentes en territorio nacional, así como los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, por los ingresos que obtengan, independientemente del lugar en donde se generen, por la realización de actividades como enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y servicios por la expedición de recibos de honorarios, por el arrendamiento financiero y la liquidación de cuentas incobrables.

Desde su aplicación, el IETU ha constituido un golpe continuo a la economía de los empresarios mexicanos, al tener una tasa de 16.5 por ciento contra 10 por ciento, que significa el impuesto sobre la renta. De hecho, para este año será de 17 por ciento y para 2010 --y ejercicios subsecuentes--, se planea en 17.5 por ciento.

Además de ser antijurídico, porque mientras existe en derecho un principio general en el sentido de que ``en caso de duda se estará a lo más favorable para el particular'', con el IETU es al revés: el gobierno cobra entre el IETU y el impuesto sobre la renta el que resulte más gravoso para el particular.

Los fiscalistas han manifestado que los mayores afectados con este nuevo impuesto son las personas físicas con actividades empresariales y servicios profesionales, así como los arrendadores.

El impuesto empresarial a tasa única afecta a todos los contribuyentes, pero hay algunos sectores más afectados que otros como las empresas con pérdidas fiscales, las sociedades cooperativas, las empresas con altos inventarios, los clubes deportivos, las empresas con crédito al salario, el sector primario y transportista, las constructoras, las empresas con conceptos de previsión social y las empresas que tengan crédito por parte de sus proveedores a 30, 60 y 90 días.

En el sector hotelero, al menos 40 por ciento de las empresas de Cancún ya resienten los efectos de la crisis global y se espera que durante 2009 la situación se recrudezca. El IETU podría provocar que se acelere el cierre de negocios, aseguró el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Cancún, Juan Antonio Palacios Suárez, el año pasado.

Según el Comité Fiscal de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el IETU afectará también a este sector. Se afirma que en mediano plazo no habrá dinero para pagar las primas a los aseguradores, toda vez que las reservas de riesgo no son deducibles del fisco.

Los restaurantes se encuentran entre los que más resienten estos problemas y de hecho sus inversiones se han visto frenadas, y también se verá perjudicada en 2009 la industria de la construcción.

El IETU, desde su naturaleza misma, complica la propia fiscalización y la determinación de contribuciones, ha incrementado la carga administrativa de las empresas porque las obliga a llevar un doble control de impuestos --uno sobre la base de flujos y otro sobre la base de devengado--, y las obliga a conciliar permanentemente sus estados contables.

El sector primario --industrial, comercial y de servicios-- ha sido afectado también por este impuesto, ya que vino a eliminar las facilidades administrativas disminuyendo casi al máximo la posibilidad de deducción.

El impuesto empresarial a tasa única no es deducible en prestaciones sociales, como los planes de pensiones, lo cual ya está causando desinterés, tanto del trabajador como de las empresas, en ahorrar para el retiro o para una liquidación decente.

La crisis mundial ya nos llegó y no fue ningún catarrito. Está perjudicando de verdad el ya de por sí raquítico crecimiento interno del país, y no tarda en agudizar nuestra recesión económica. Hay que agregar una sensible reducción en los precios del barril de petróleo crudo y la sobreexplotación de pozos como Cantarell que ya ha dejado de producir 4 mil barriles diarios.

Además de todo, el impuesto a los depósitos en efectivo de 2 por ciento afecta a las remesas que mandan los connacionales porque son en efectivo, adicionalmente a que miles de trabajadores mexicanos están perdiendo sus empleos en el extranjero o trabajando menos horas. Los comerciantes tienen miedo de invertir en el banco consientes que tienen que pagar también ese ridículo impuesto. Por otro lado, los bancos también se han percatado de que ya no hay mucho flujo de efectivo, por lo que se está analizando la posibilidad de utilizar cheques o títulos de crédito, lo que en consecuencia afectará la circulación de bienes y servicios.

La propuesta de modificar la política fiscal eliminado el IETU no se deriva de ningún interés político; es necesario promover disposiciones tributarias más acordes con las necesidades del país. No puede ser que se tengan dos impuestos directos como IETU y el impuesto sobre la renta. No es sano ni para las empresas ni para el sistema tributario la operación de ambos gravámenes.

Todo tipo de impuesto, por mínimo o pequeño que sea, siempre afectará a la liquidez de las empresas apartándolas de la competitividad, ya que obliga a incrementar su producción, lo que al final de cuentas repercute en el consumidor al afectar también su economía.

Ése es el caso del IETU: no se ajusta a las posibilidades del sector patronal y en cambio sí fomenta su descapitalización.

Poco importa ahora el blindaje económico que pudiera tenerse a nivel macroeconómico. A nivel microeconómico, la situación del país tiene que ser diferente. Si de verdad se quiere incentivar la generación de empleos entre las pequeñas y medianas empresas debe aplicarse otro esquema fiscal que dé mayor certidumbre a la inversión y a las actividades productivas.

Hoy más que nunca, el sector empresarial necesita estímulos y apoyo para poder mantener la inversión. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial demandó valorar las secuelas negativas que podría acarrear el IETU ante la severa crisis financiera internacional.

Según los números del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en lo concerniente al IETU, en el primer trimestre de 2008 se les pudo sacar a las pequeñas y medianas empresas (70 por ciento del total) poco más de 10 mil millones de pesos. Este dinero lo pudieron utilizar para crecer o cuando menos para no reducirse.

Este año, con la crisis encima, el SAT no podrá reportar ingresos mayores a los 5 mil millones, la mitad de lo recaudado en 2008.

40 por ciento de las empresas mexicanas se vieron muy presionadas a final del año pasado al no poder deducir los aguinaldos pagados a sus empleados. Muchos tuvieron que hacer pagos provisionales del IETU y quedaron debiendo, lo que les está afectando ahora mismo su liquidez en aproximadamente 16 por ciento.

Sea o no cierto, el IETU no es para tiempos de crisis sino para épocas de bonanza y expansión, por eso es que muchísimos profesionales financieros han recomendado posponer o eliminar el incremento programado (en medio punto porcentual) para 2009, y en vez de eso reducir la tasa sustancialmente.

Para dotar de liquidez a la economía podría reducirse el IETU a la mitad y quedar en 8 por ciento durante el presente año, y si no resulta suficiente al final del ejercicio, eliminarlo completamente.

Seamos honestos, el IETU no constituye un sistema sencillo de entender y de aplicar; no fue creado para una época de crisis y es una medida contracíclica al esfuerzo que realiza la nación para sobrevivir como tal en un ambiente internacional tan sumamente adverso.

Es necesario instrumentar apoyos fiscales a empresas y personas físicas, complementarios a las medidas económicas ya anunciadas, pues resulta indispensable contar con liquidez para enfrentar la desaceleración.

El civismo fiscal es el conjunto de valores que se manifiestan en el cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base en la razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética personal, respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social de los contribuyentes.

Lo anterior se sustenta en los siguientes

Considerandos

Primero. Que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé como obligación de los mexicanos ``contribuir para los gastos públicos, tanto de la federación como del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes''. De tal precepto constitucional se desprende que tal obligación obedece a los principios de proporcionalidad y equidad, los cuales se deducen a la aportación tributaria de manera igual a los contribuyentes que se encuentran en la misma situación; esto es que tienen pasivos en sus registros contables que repercuten en el objeto del tributo. Por tanto, la aportación que se realiza debe de ser en función de su capacidad contributiva, de manera justa y adecuada de sus ingresos. En este sentido se precisa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en los siguientes términos:

Capacidad contributiva. Consiste en la potencialidad real de contribuir al gasto público. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Lo anterior significa que para que un gravamen sea proporcional se requiere que el hecho imponible del tributo establecido por el Estado refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir al gasto público. Ahora bien, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de los impuestos deben tener una naturaleza económica en forma de una situación o de un movimiento de riqueza, y que las consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto.

Segundo. Que debido a la crisis económica global, la situación jurídica y económica de los sujetos del IETU ha cambiado considerablemente, pues la repercusión de la crisis ha perjudicado gravemente los ingresos de los sujetos obligados y ya no se adecuan a los principios de justicia, proporcionalidad y equidad.

Tercero. Que de acuerdo a la doctrina en materia tributaria, se precisa que las aportaciones de los sujetos pasivos deben de ser justas y adecuadas a su percepción económica, pues el principio de proporcionalidad tributaria sólo puede cumplirse si las distintas capacidades contributivas de los ciudadanos son tomadas en cuenta, al existir una relación intrínseca entre el hecho generador y la capacidad contributiva, así lo señala el doctrinario Jacinto Faya Viesca: ``Los hechos generadores de la obligación tributaria no son estructuras conceptualmente rígidas, sino supuestos flexibles y cambiantes según las circunstancias y condiciones políticas, sociales y económicas, razón por la que estos supuestos o circunstancias fácticas han ido cambiando a través de la historia. Por esta razón, la capacidad contributiva es el elemento esencial para la conformación justa y adecuada de todo tributo''. Con base en el razonamiento anterior, derivado de la situación económica y del temor a una recesión, los legisladores del Congreso de la Unión están obligados a tomar medidas en su esfera de competencia para apoyar a la hoy vulnerable economía mexicana.

Cuarto. En relación a los considerandos, y con fundamento en el artículo 73, fracción VII, es competencia del Congreso de la Unión legislar en materia de contribuciones, por tanto, es quien debe de realizar el procedimiento legislativo correspondiente para eliminar el IETU.

Por lo expuesto y fundado, se propone al Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal proposición de urgente y obvia resolución.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al Congreso de la Unión la eliminación del impuesto empresarial a tasa única.

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a 28 de enero de 2009.--- Diputado Humberto Morgan Colón (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Continúe.



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Instituto Federal Electoral.--- Consejo General.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por este conducto, adjunto al presente me permito enviar a usted copia certificada de los acuerdos aprobados por el Consejo General en la sesión extraordinaria llevada a cabo el 29 de enero de 2009, y que a continuación se relacionan.

1. Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por que se emiten normas reglamentarias sobre imparcialidad en el uso de recursos públicos a que se refiere el artículo 347, párrafo 1, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece puntualmente en el punto segundo transitorio que el secretario ejecutivo debe disponer las medidas necesarias para su difusión a los servidores públicos de los distintos niveles de gobierno. Lo anterior con la finalidad de generar certeza en el proceso electoral federal correspondiente al periodo 2008-2009, considerando que todo servidor público tiene la obligación de utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le hayan sido atribuidas exclusivamente para el cumplimiento de los fines para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y así salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público.
2. Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se emiten normas reglamentarias sobre propaganda gubernamental a que se refiere el artículo 2, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 41, Base III, Apartado C, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece puntualmente en el punto segundo transitorio que el secretario ejecutivo debe disponer las medidas necesarias para su difusión a los gobiernos estatales y municipales. Lo anterior con la finalidad de generar certeza en el proceso electoral federal correspondiente al periodo 2008-2009, considerando que constituyen infracciones de las autoridades o servidores públicos, según sea el caso, la difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral, inclusive con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, la necesaria para la protección civil en caso de emergencia, para la asistencia pública y la promoción nacional de México o de centros turísticos del país emitida por el Consejo de Promoción Turística de México, por lo que para garantizar la contienda electoral dicha propaganda no deberá hacer referencia al gobierno federal ni al gobierno de ninguna entidad federativa, municipio o delegación.

Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, a 4 de febrero de 2009.--- Doctor Leonardo Valdés Zurita (rúbrica), consejero presidente.»

«El licenciado Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, con fundamento de lo dispuesto en el artículo 125, párrafo 1, inciso s), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales certifica que el presente documento es copia fiel del original relativo al documento número CG39/2009 del acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se emiten normas reglamentarias sobre imparcialidad en el uso de recursos públicos a que se refiere el artículo 347, párrafo 1, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 29 de enero del presente año, el cual consta de 9 fojas útiles que tuve a la vista y que obra en los archivos de este instituto, lo que certifico para los efectos legales a que haya lugar.

Ciudad de México, Distrito Federal, a 5 de febrero de 2009.--- Licenciado Edmundo Jacobo Molina (rúbrica), Secretario Ejecutivo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Instituto Federal Electoral.--- Consejo General.

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se emiten normas reglamentarias sobre imparcialidad en el uso de recursos públicos a que se refiere el artículo 347, párrafo 1, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Antecedentes

I. El 13 de noviembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. El 14 de enero de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

III. En sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 12 de marzo de 2008 se aprobó, mediante acuerdo número CG38/2008, el Reglamento de Instituto Federal Electoral en materia de Propaganda Institucional y Político-Electoral de Servidores Públicos, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril del mismo año.

IV. En sesión extraordinaria de la Comisión de Reglamentos, celebrada con fecha 26 de enero de 2009, se aprobaron las normas reglamentarias sobre propaganda gubernamental.

Considerandos

1. Que la democracia se sustenta, entre otros valores, en los de la celebración de elecciones libres, pacíficas y periódicas; la autenticidad y efectividad del sufragio y, por ende, la protección del propio ejercicio del voto contra prácticas que constituyan por su naturaleza inducción, presión, compra o coacción de éste. Dichos valores se encuentran plasmados en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Con dichos valores, la norma suprema señala los principios rectores del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones, a cargo del Instituto Federal Electoral.

2. Que en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispone que la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

3. Que en el artículo 134, párrafo séptimo, de la norma suprema, se establece que los servidores públicos de la federación, los estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

4. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3, párrafos 1 y 2, del código mencionado, el Instituto Federal Electoral se encuentra facultado para aplicar e interpretar las disposiciones legales electorales en el ámbito de su competencia.

5. Que el marco constitucional y lo establecido en el artículo 105 del propio código consignan que el Instituto Federal Electoral tiene como fines contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática.

6. Que en el artículo 106, numeral 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece que el Instituto Federal Electoral es un organismo público autónomo de carácter permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

7. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 del código comicial federal, los órganos centrales del Instituto Federal Electoral son el Consejo General, la presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva, la secretaría ejecutiva y la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.

8. Que en el artículo 109 del mismo código se establece que el Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades del instituto.

9. Que en el artículo 118, párrafo 1, incisos a), h), w) y z), del código de la materia, se faculta al Consejo General para aprobar y expedir los reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de las facultades y atribuciones del instituto; vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales se desarrollen con apego al propio código y cumplan con las obligaciones a que están sujetos; conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, así como para dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones.

10. Que en el artículo 347, párrafo 1, inciso c), del código comicial federal, se establece que constituyen infracciones de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión, de los poderes locales, órganos de gobierno municipales, órganos de gobierno del Distrito Federal, órganos autónomos y cualquier otro ente público, el incumplimiento del principio de imparcialidad establecido en el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales.

11. Que en las resoluciones recaídas a los juicios de revisión constitucional identificados con las claves SUP-JRC-221/2003 y SUP-JRC-205/2004, relativas a las elecciones de gobernador de los estados de Colima y Oaxaca, respectivamente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido con claridad que quienes se desempeñan como servidores públicos, deben abstenerse de realizar actos o emitir declaraciones en pro o en contra de algún partido político o candidato, durante el desarrollo de una elección; consideraciones que incluso dieron lugar a la tesis relevante intitulada ``Libertad de expresión. No se viola con la prohibición al gobernador de hacer manifestaciones a favor o en contra de un candidato (legislación de Colima) e identificada con la clave S3EL 027/2004.

12. Que en las resoluciones recaídas a los recursos de apelación identificados con las claves SUP-RAP-90/2008 y SUP-RAP-91/2008, relacionados con la presunta violación a lo previsto en el acuerdo CG39/2006, conocido coloquialmente como de ``neutralidad'', la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido con claridad que los servidores públicos tienen prohibido mostrar su apoyo a favor o en contra de un partido, coalición o candidato determinado, tal como se evidencia de las siguientes consideraciones: ``(...) En este contexto y conforme a las consideraciones vertidas hasta aquí, si bien es cierto, no ha lugar a cancelar los derechos de expresión y de asociación materia política, que asisten a un servidor público con las calidades apuntadas, también es cierto, que no es posible permitir el ejercicio de esos derechos de manera general y sin obstáculos alguno. (...) Al aplicar estos vocablos a la disposición analizada del acuerdo de neutralidad podemos concluir que, entre otros, se prohíbe a los presidentes municipales, que sea palabras, con miradas o con gestos, dé procuración para el logro o logros de un partido, coalición o candidato determinados''.

13. Que de conformidad con el artículo 4 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, será responsabilidad de los sujetos a dicha ley ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones a las obligaciones previstas en ésta, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público.

14. Que atento a lo dispuesto en el artículo 8, fracción III, de la ley mencionada en el considerando anterior, todo servidor público tendrá como obligación la de utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le hayan sido atribuidas para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, exclusivamente para los fines a que están afectos.

15. Que el Libro Segundo, Título Vigésimo Cuarto, del Código Penal Federal establece un catálogo de delitos electorales, cuyas hipótesis normativas pudieran coincidir con las que se plantean en el presente instrumento.

16. Que el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que todo funcionario que conozca de la probable existencia de un delito tienen la obligación de informar inmediatamente al Ministerio Público.

17. Que resulta necesario emitir normas reglamentarias sobre imparcialidad en el uso de recursos públicos a que se refiere el artículo 347, párrafo 1, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de generar certeza en el proceso electoral federal 2008-2009.

De conformidad con lo expresado anteriormente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, base V, párrafo primero; y 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafos 1 y 2; 106, numeral 1; 108; 109; 118, párrafo 1, incisos a), h), w) y z); y 347, párrafo 1, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, este órgano colegiado emite el siguiente

Acuerdo

Primero. Se emiten las normas reglamentarias sobre imparcialidad en el uso de recursos públicos a que se refieren el artículo 347, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto es el siguiente:

Primera. En relación con lo dispuesto por el inciso c) del párrafo 1 del artículo 347 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y su vinculación con el actual párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución, son conductas contrarias al principio de imparcialidad en el uso de recursos públicos y, por tanto, que afectan la equidad de la competencia entre los partidos políticos, las conductas siguientes, llevadas a cabo en cualquier tiempo hasta el 5 de julio de 2009, inclusive, por todos los delegados federales o servidores públicos de cualquier ente público, según sea el caso:

I. Condicionar la entrega de recursos provenientes de programas públicos federales, locales o municipales, la provisión de servicios, o la realización de obras públicas, a la promesa o demostración del voto a favor de algún precandidato, candidato, partido o coalición; a la no emisión del voto para alguno de dichos contendientes en cualquier etapa del proceso electoral; a la obligación de asistir o participar en algún evento o acto de carácter político o electoral; a realizar cualquier propaganda proselitista, logística, de vigilancia o análogas en beneficio o perjuicio de algún partido político, precandidato o candidato; o a la abstención o no asistencia a cumplir sus funciones en la mesa directiva de casilla, de ser el caso.
II. Entregar o prometer recursos en dinero o en especie, dádivas o cualquier recompensa, a cambio de las mismas promesas o causas señaladas en la fracción anterior.
III. Recoger la credencial para votar con fotografía sin causa prevista por ley o amenazar con ello, a cambio de entrega o mantenimiento de bienes o servicios en general.
IV. Condicionar el otorgamiento o la administración de servicios a cambio de alguna de las conductas electorales señaladas en la fracción I de esta norma.
V. Promover el voto, con excepción de las autoridades electorales.
VI. Efectuar advertencias o amenazas vinculadas con el condicionamiento del voto.
VII. Entregar recursos, bienes o servicios que contengan elementos, imágenes o símbolos que conlleven la promoción personalizada de funcionarios públicos o la del voto a favor o en contra de determinado partido político, precandidato o candidato.
VIII. Obtener o solicitar declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto, o bien que, mediante amenaza o promesa de pago o dádiva, intente comprometer el voto del elector a favor o en contra de determinado partido político, precandidato, candidato o coalición.
IX. Obligar a sus subordinados, haciendo uso de su autoridad o jerarquía, a apoyar o a emitir votos a favor o en contra de un partido político, precandidato o candidato.
X. Destinar de manera ilegal fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición para apoyar a determinado partido político, precandidato o candidato.
XI. Usar recursos propios o promover el uso de recursos privados de terceros, con el objeto de contratar propaganda que incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de dicho servidor público, especialmente cuando se hace referencia a programas o políticas de carácter público.

Segunda. Además de los supuestos señalados en el párrafo anterior, el Presidente de la República, los gobernadores de los estados, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, los presidentes municipales y los jefes delegacionales del Distrito Federal deberán:

I. Abstenerse en días hábiles de asistir a mítines o actos de apoyo a partidos, precandidatos o candidatos, así como emitir en cualquier tiempo expresiones a favor o en contra de los mismos.
II. Abstenerse, a partir de la entrada en vigor del presente instrumento y hasta el día de la jornada electoral, de usar recursos propios o promover el uso de recursos privados de terceros, con el objeto de contratar propaganda que incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de dicho servidor público, especialmente cuando se hace referencia a programas o políticas de carácter público.
III. Evitar el uso de dichos recursos para influir o inducir a través de la publicidad por cualquier medio, el sentido del voto de los militantes o electores.
IV. Abstenerse de difundir informes de labores o de gestión durante la campaña electoral y hasta la jornada electoral.

Tercera. Respecto de los eventos oficiales de gobierno, los precandidatos y candidatos deberán abstenerse de asistir a los mismos, a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral.

Cuarta. Las quejas y denuncias que sean presentadas por este motivo serán resueltas en procedimiento sancionador ordinario o especial sancionador, según corresponda.

Quinta. Lo no contemplado por las presentes normas será resuelto por el instituto mediante acuerdos o resoluciones correspondientes.

Sexta. En el caso de que se determine la responsabilidad del sujeto infractor, la autoridad electoral resolutora dará vista a las autoridades competentes para deslindar cualquier otro tipo de responsabilidad penal o administrativa.

Segundo. Publíquese el presente acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.

Transitorios

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Consejo General.

Segundo. Para efectos de difusión del contenido del presente acuerdo, a los servidores públicos de los distintos niveles de gobierno, se instruye al secretario ejecutivo disponga de las medidas conducentes para dicha difusión.

El acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 29 de enero de 2009. --- Doctor Leonardo Valdés Zurita (rúbrica), consejero presidente del Consejo General; Licenciado Edmundo Jacobo Molina (rúbrica), secretario del Consejo General.»

«El licenciado Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125, párrafo 1, inciso s), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Certifica

Que el presente documento es copia fiel del original relativo al CG40/2009 del Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se emiten normas reglamentarias sobre propaganda gubernamental a que se refiere el artículo 2, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 41, Base III, apartado C, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el día 29 de enero del presente año, el cual consta de 8 (ocho) fojas útiles, mismo que tuve a la vista y que obra en los archivos de este Instituto, lo que certifico para los efectos legales a que haya lugar.

Ciudad de México, Distrito Federal, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil nueve.--- Licenciado Edmundo Jacobo Molina (rúbrica), secretario ejecutivo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Instituto Federal Electoral.--- Consejo General.

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se emiten normas reglamentarias sobre propaganda gubernamental, a que se refiere el artículo 2, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 41, Base III, Apartado C, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

I. El 13 de noviembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma los artículos 6o.,41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. El 14 de enero de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

III. En sesión extraordinaria del Consejo General, celebrada el 12 de marzo de 2008, se aprobó, mediante el acuerdo CG38/2008, el Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Propaganda Institucional y Político-Electoral de Servidores Públicos, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril del mismo año.

IV. En sesión extraordinaria celebrada el 26 de enero de 2009, la Comisión de Reglamentos aprobó las normas reglamentarias sobre propaganda gubernamental.

1. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

2. Que los artículos 41, Base III, Apartado C, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; disponen que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y hasta la conclusión de la jornada comicial deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

3. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3, párrafos 1 y 2 del código mencionado, el Instituto Federal Electoral se encuentra facultado para aplicar e interpretar las disposiciones legales electorales en el ámbito de su competencia.

4. Que el artículo 106, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que el Instituto Federal Electoral es un organismo público autónomo, de carácter permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

5. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 del Código Comicial Federal, los órganos centrales del Instituto Federal Electoral son el Consejo General, la Presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva y la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.

6. Que el artículo 109 del mismo código establece que el Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades del instituto.

7. Que el artículo 118, párrafo 1, incisos a), h), w) y z) del código de la materia, faculta al Consejo General para vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales se desarrollen con respeto al propio código y cumplan con las obligaciones a que están sujetos; conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones.

8. De conformidad con los artículos 223, párrafo 2, y 237, párrafos 2 y 3, del Código Comicial Federal, en relación con las actividades del Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2008-2009, mencionadas en el punto IV.1.3 ``Supervisión a órganos permanentes y temporales (preparación de la elección)'' y su correspondiente actividad 308 del calendario integral del proceso electoral federal 2008-2009, las campañas electorales comenzarán el 3 de mayo de 2009.

9. Que el artículo 347, párrafo 1, inciso b) del Código Comicial Federal, establece que constituyen infracciones de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión, de los poderes locales, órganos de gobierno municipales, órganos de gobierno del Distrito Federal, órganos autónomos, y cualquier otro ente público; la difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral, inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia.

10. Que de conformidad con el artículo 39, fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, y el decreto del Ejecutivo federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1978 que crea la Lotería Nacional y los Pronósticos para la Asistencia Pública, éstos tienen como fin apoyar los programas de servicios de salud.

11. Que en razón de lo anterior, se estima necesario permitir la propaganda que para la asistencia pública emitan tanto la Lotería Nacional para la Asistencia Pública como Pronósticos para la Asistencia Pública, así como las campañas de protección civil en casos de emergencia, la cual no contendrá logotipos, eslogans o cualquier tipo de referencias al gobierno federal o a algún otro gobierno.

12. Que resulta necesario considerar como una excepción a las reglas sobre suspensión de propaganda gubernamental, la promoción nacional de México o de centros turísticos del país, emitida por el Consejo de Promoción Turística de México, en vista de su carácter informativo a nivel nacional e internacional sobre los diversos destinos de México y toda vez que no promueven logros políticos.

13. Que el artículo 56 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral establece criterios especiales para la transmisión o reposición de programas y mensajes de los partidos políticos, incluyendo de manera expresa a La hora nacional; por tal razón, y a efecto de garantizar las prerrogativas de los institutos políticos, los promocionales de partidos políticos y autoridades electorales que deban transmitirse durante el citado programa, serán transmitidos en la hora anterior o posterior en términos de la referida norma reglamentaria.

14. Que el 31 de diciembre de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para la orientación, planeación, autorización, coordinación, supervisión y evaluación de las estrategias, los programas y las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la administración Pública Federal para el Ejercicio Fiscal 2008, estableciendo en los párrafos tercero y cuarto del lineamiento 4 que las dependencias y entidades son responsables de verificar que los contenidos de sus campañas sean acordes con lo dispuesto en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que no se incluyan nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público; así como de verificar que en aquellas campañas de programas con reglas de operación se incluyan las leyendas establecidas en los artículos 18, fracción V; 39, fracción XI, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, o en el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, según sea el caso.

15. Que resulta necesario emitir normas reglamentarias sobre propaganda gubernamental, a que se refiere el artículo 2, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 41, Base III, Apartado C, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de generar certeza en el proceso electoral federal 2008-2009.

16. Que para garantizar la equidad de la contienda electoral, dicha propaganda no deberá hacer referencia al gobierno federal ni al gobierno de ninguna entidad federativa, municipio o delegación.

De conformidad con lo expresado anteriormente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, Bases III, Apartado C; y V, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo 2;3, párrafos 1 y 2; 106, numeral 1; 108; 109; 118, párrafo 1, incisos a), h), w) y z); 223, párrafo 2; 237, párrafos 2 y 3; y 347, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, este órgano colegiado emite el siguiente

Acuerdo

Primero. Se emiten las normas reglamentarias sobre propaganda gubernamental a que se refiere el artículo 2, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 41, Base III, Apartado C, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales son del tenor siguiente:

Primera. Deberá suprimirse o retirarse toda propaganda gubernamental de radio, televisión, publicidad exterior o circulación de cualquier medio impreso tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público, en términos y con las excepciones establecidas tanto en el párrafo 2 del artículo 2, como en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 347 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con lo dispuesto en el párrafo segundo del Apartado C de la Base III del artículo 41 de la Constitución, así como lo que dispongan las presentes normas, a partir del inicio de las campañas que para el proceso electoral federal 2009 comienzan el 3 de mayo de 2009, en todo el territorio nacional así como en el extranjero, y antes en el caso de aquellas entidades federativas que inicien campañas previamente hasta el 5 de julio de 2009.

Segunda. Se permitirá como publicidad vinculada a la salud la propaganda que para la asistencia pública emitan tanto la Lotería Nacional para la Asistencia Pública como Pronósticos para la Asistencia Pública, así como las campañas de protección civil en casos de emergencia, las cuales no tendrán logotipos o cualquier tipo de referencias del gobierno federal ni de algún otro gobierno. Asimismo, podrá permanecer la publicidad informativa sobre la promoción turística nacional de México y de otros centros turísticos del país, siempre y cuando no tenga logotipos o referencia alguna al gobierno federal ni a gobiernos de alguna entidad federativa, municipio o delegación.

Tercera. Respecto de la propaganda en materia de salud, educación o de protección civil, no será permitido que se haga referencia a obras o logros, por lo que únicamente podrá emitirse propaganda con fines informativos sobre servicios, centros de atención o emergencias, según sea el caso.

Cuarta. A partir del 3 de mayo y hasta el 5 de julio de 2009, durante la emisión de La hora nacional, deberá suprimirse toda alusión a la propaganda gubernamental de poderes o de cualquier ente público, con las excepciones y condiciones que sobre la misma establecen la Constitución, el Código Federal Electoral y el presente instrumento.

Los promocionales de campaña de los partidos políticos deberán ser transmitidos durante La hora nacional en la hora anterior o posterior a la misma, de conformidad con el artículo 56 del Reglamento de Radio y Televisión.

Quinta. Podrán permanecer en internet los portales de los entes públicos, siempre y cuando tengan carácter informativo o de medio para la realización de trámites o servicios y no se emitan en los mismos logros a su favor.

Sexta.- Las violaciones a lo previsto en los artículos 41, Base III, Apartado c), párrafo segundo, de la Constitución; y 2, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a estas normas reglamentarias sobre propaganda gubernamental, deberán resolverse a través del procedimiento especial sancionador a nivel central o distrital, según corresponda.

Séptima. Lo no contemplado por las presentes normas, será resuelto por el instituto mediante acuerdos del Consejo General, o mediante resoluciones sobre quejas y denuncias emitidas por el propio consejo a través del procedimiento especial sancionador.

Segundo. Publíquese el presente acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.

Transitorio

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Consejo General.

Segundo. Para efectos de difusión del contenido del presente acuerdo a los gobiernos estatales y municipales, se instruye al secretario ejecutivo disponga de las medidas conducentes para dicha difusión.

El presente acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 29 de enero de dos mil nueve.--- Doctor Leonardo Valdés Zurita (rúbrica), consejero presidente del Consejo General; licenciado Edmundo Jacobo Molina (rúbrica), secretario del Consejo General.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: De enterado. Continúe la Secretaría con la comunicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia.



ESTADO DE MEXICO

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Escudo.--- Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura.--- Presente.

Distraigo su atención, para comentarle que en referencia al informe sobre el Programa Regional de Desarrollo Turístico del Corredor Teotihuacán-Acolman-Otumba-San Martín-Axapusco-Nopaltepec, y en particular al proyecto Resplandor Teotihuacano, que elaboró y remitió a esa soberanía la Comisión de Cultura de esa instancia legislativa, y en cumplimiento con lo dispuesto en sus conclusiones donde exhorta a este instituto a la instalación de una mesa de especialistas para que emitan una opinión técnico-académica sobre el proyecto, le comento lo siguiente:

El Instituto Nacional de Antropología e Historia atendiendo a los resolutivos del informe procedió a conformar el grupo técnico evaluador del sistema de iluminación de Teotihuacan que estará integrado por personalidades académicas y profesionales de reconocida trayectoria. En este orden de ideas, con el propósito de salvaguardar los criterios técnicos y abonar en la transparencia y rendición de cuentas se determinó que los especialistas no guardaran relación profesional alguna con este instituto. Vale la pena destacar que la selección de especialistas y las áreas de conocimiento atendieron a la propuesta realizada por la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados (anexo al presente encontrará la lista de especialistas así como sus semblanzas curriculares).

De tal modo que, en cumplimiento de lo dispuesto por esa soberanía se convocó a este grupo de especialistas a que acudieran el 28 de enero del año en curso a las instalaciones de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía ``Manuel del Castillo Negrete'' a las 17:00 horas a la sesión de instalación para los trabajos de análisis del sistema de iluminación de la zona arqueológica de Teotihuacán.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 5 de febrero de 2009.--- Licenciado Alfonso de María y Campos Castelló (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Cultura y al promovente, para su conocimiento.



SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPUBLICA MEXICANA

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.--- Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Licenciado Luis Alberto Amado Castro, en mi carácter de director general de Servicios Legales de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, actuando en suplencia por ausencia temporal del presidente del propio organismo, y en mi calidad de representante legal de esta entidad, con fundamento en los artículos 4, 26 y 28 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, 3, fracción IV), inciso d), 4, 13, 18, fracción V, y 41, párrafos segundo y tercero, todos ellos del estatuto orgánico del propio organismo, con relación al requerimiento al rubro señalado; me permito manifestar a usted

Que en atención al requerimiento efectuado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, mediante escrito de fecha 28 de enero del año en curso, por el que solicita a esta comisión nacional un informe relacionado con los puntos que a continuación se trascriben:

Primero. La Comisión Permanente solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de su competencia y la colaboración entre poderes, y en los términos del artículo 93 constitucional, que informe a esta soberanía sobre el conocimiento y medidas adoptadas sobre la constitución, administración y aplicación sobre los fondos del fideicomiso bancario 56342/ FID/III/06, relativo al fondo de reserva de la empresa de Seguros la República, actualmente Interacciones, SA de CV, con el objeto de afrontar sus obligaciones patrimoniales, contraídas respecto al pago del seguro de vida de miles de trabajadores y ex trabajadores de Petróleos Mexicanos, contratado durante el periodo 1970-1992.
Segundo. Se solicita al titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros que informe a esta lo soberanía sobre el conocimiento de las medidas implementadas conforme al artículo 11 de la Ley de Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros, la forma en que se ha dado la solución del conflicto entre los trabajadores que contrataron el pago del seguros de vida descrito anteriormente.

Al respecto, por medio del presente libelo me permito señalar a esa soberanía, y únicamente por lo que respecta al punto número 2, que dicha información fue requerida a las unidades administrativas de este organismo, encargadas de la atención al público usuario de servicios financieros, locales, regionales y estatales, obteniendo la información que a continuación se describe:

• El contador público Jorge Carrera Prieto, director general de Delegaciones Centro-Occidente, mediante memorando número DGDCO/99/09, de fecha 5 de febrero pasado, informó que en lo que respecta a las delegaciones estatales a su cargo no se tenía ningún asunto relacionado con la petición de referencia.
• El licenciado Rafael E. Alcalá Ortiz, director general de Delegaciones Norte-Sur, mediante memorando número VD/DGDNS/284/09, de fecha 5 de febrero pasado, informó de la existencia de algunas reclamaciones relacionadas con lo solicitado, adjuntando una relación de dichos asuntos ubicados en los estados de Tabasco, Tamaulipas y Veracruz y el estatus de los mismos.
• El licenciado Antemio Carrillo Sasso, director general de Defensoría, Interventoría y Consultiva, mediante memorando número VJ/DGDIC/O11/2009, de fecha 5 de febrero pasado, informó que en sus archivos no se tenía antecedente alguno.
• El licenciado José Platón Espino Villalobos, director general de Orientación, Supervisión, Conciliación y Dictaminación, mediante memorando número VJ/DGOSCD/ 0029/2009, de fecha 5 de febrero de 2009, remitió diversa información y documentación relacionada con la solicitud requerida.

Para mayor referencia, se adjunta al presente en original y sus anexos, la totalidad de los memorandos antes descritos.

Sin otro particular, con el carácter que ostento, quedo a las órdenes de esa honorable Comisión Permanente por usted presidida, para cualquier comentario al respecto.

Atentamente
México, DF, a 6 de febrero de 2009.--- Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros licenciado Luis Alberto Amado Castro (rúbrica), director general de Servicios Legales.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.--- Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Licenciado Luis Alberto Amado Castro, director general de Servicios Legales.--- Presente

En atención a su memorando número OC/167/2009, de fecha 3 de los corrientes, a través del cual solicita que se informe sobre antecedentes que pudieran existir en ésta a mi cargo, respecto de las reclamaciones formuladas por trabajadores y ex trabajadores de Petróleos Mexicanos en contra de Seguros la República, actualmente Interacciones, SA de CV, le manifiesto que en nuestros archivos no obran antecedentes relacionados con este caso.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 5 de febrero de 2009.--- Licenciado Antemio Carrillo Suaso (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.--- Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Licenciado Luis Alberto Amado Castro, director general de Servicios Legales.--- Presente.

En atención a su memorando DC/170/2009, me permito comentarle que en las delegaciones a mi cargo no se tienen asuntos relacionados con el fideicomiso bancario 56342/FID/III/06, relativo al fondo de reserva de la empresa de Seguros La República, actualmente Interacciones, SA de CV.

No omito comentarle que el mayor número de reclamaciones recibidas por las delegaciones en contra de Seguros Interacciones, SA de CV, corresponden a asuntos relativos a seguros de automóvil.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 5 de febrero de 2009.--- Contador Público Jorge Carrera Prieto (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.--- Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Licenciado Luis Alberto Amado Castro, director general de Servicios Legales.--- Presente.

En relación al memorándum número OC/169/2009, adjunto relación de expedientes que obran en las delegaciones de Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, relacionadas con el fideicomiso bancario 56342/FID7III/06.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, aprovecho para enviarle un cordial saludo

Atentamente
México, DF, 5 de febrero de 2009.--- Licenciado Rafael E. Alcalá Ortiz (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.--- Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Licenciado Luis Alberto Amado Castro, director general de Servicios Legales.--- Presente.

En respuesta a la solicitud realizada mediante su similar número DC/168/2009, del 3 de febrero del año en curso, en el cual requiere toda la información que obre en los archivos de esta dirección general respecto de las medidas implementadas conforme al artículo 11 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, adjunto al presente copia de la documentación que obra en el expediente respectivo y le informo lo siguiente:

A) Solicitud del diputado federal Luis Alonso Mejía García

I. El 3 de julio de 2007, se recibió en esta Comisión Nacional copia de conocimiento del escrito enviado al Secretario del Trabajo y Previsión Social por el diputado federal Luis Alonso Mejía García , en el que se expone la problemática de los trabajadores y ex trabajadores petroleros (se adjunta copia).
II. El 19 de julio de 2007, el licenciado Alejandro Flores García, entonces director general de Orientación y Conciliación, elaboró una nota informativa en la que manifiesta su análisis y opinión referente a la problemática y a la reclamación presentada por el Frente Nacionalista Petróleo, Energía y Agua, SC (se adjunta copia).

B) Reclamación ante esta Comisión Nacional

I. El 5 de julio de 2007 se recibió en esta comisión nacional una reclamación presentada por los trabajadores y ex trabajadores petroleros socios del Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana, representados en ese acto por el Frente Nacionalista Petróleo, Energía y Agua, SC, y/o Raúl Romero Maldonado, en contra de Seguros la República, hoy Aseguradora Interacciones, SA, Grupo Financiero Interacciones.
II. El 24 de julio de 2007, se notificó por correo certificado el acuerdo emitido por la Dirección de Conciliación, en el que se le informó al usuario que tenía un plazo de 10 días hábiles para desahogar una prevención con el objeto de que acreditase la personalidad de su representante, para que la reclamación fuese firmada por los titulares del derecho afectado y para que describiese de manera particular los hechos que dieron pie a su reclamación.
III. El 12 de octubre de 2007 se notificó por correo certificado el acuerdo por el cual se hizo efectivo el apercibimiento antes mencionado, toda vez que el usuario no desahogó la prevención en el plazo de diez días que se le habían concedido para tal efecto, enviándose al archivo el expediente número DGCO/ DC/ SISAR/ 2116/ 2007.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente
México, DF, a 5 de febrero de 2009.---Licenciado José Platón Espino Villalobos (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase al promovente, para su conocimiento.



DIPUTADOS QUE SOLICITAN LICENCIA

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura.--- Presente.

Señor diputado Presidente:

En atención a lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted se me conceda licencia por tiempo indefinido para separarme de mi cargo como diputada federal, a partir del 10 de febrero del año en curso.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Palacio Legislativo, a 6 de febrero de 2009.--- Diputada Patricia Villanueva Abraján (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: En consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas : Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Patricia Villanueva Abraján para separarse de sus funciones como diputada federal electa en el II distritito de Oaxaca, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobados, comuníquense. Continúe.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento de lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a usted para solicitarle muy atentamente sea el conducto para someter a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados mi solicitud de licencia para separarme del cargo de diputado federal de la LX Legislatura por tiempo indefinido a partir del 10 de febrero del año en curso.

Sin otro particular, agradezco la atención que sirva darle a la presente y quedo a sus apreciables órdenes.

Cordialmente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2009.--- Diputado Daniel Chávez García (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputada secretaria.

En consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Daniel Chávez García para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el VIII distrito de Michoacán, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobados. Comuníquense.



DIPUTADOS SUPLENTES QUE SE INCORPORAN

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se encuentran en las puertas de este recinto los ciudadanos Susana Sarahí Carrasco Cárdenas, Miguel Ángel Macedo Escarpín y Víctor Manuel Virgen Carrera, diputados federales electos en el VIII, XIX y II distritos de Michoacán, delDistrito Federaly de Oaxaca, respectivamente.

Se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir protesta de ley para entrar en funciones a los diputados Yadhira Yvette Tamayo Herrera , Martha Cecilia Díaz Gordillo , María Gabriela González Martínez , Martín Zepeda Hernández , Isidro Pedraza Chávez , María Beatriz Pagés Llergo Rebollar , Daniel Gurrión Matías , Alan Notholt Guerrero y Ana Elisa Pérez Bolaños .

Se pide a la comisión cumplir este encargo.

(La comisión cumple su encargo)

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Ciudadanos Susana Sarahí Carrasco Cárdenas, Miguel Ángel Macedo Escarpín, Víctor Manuel Virgen Carrera,¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación?

Los ciudadanos Susana Sarahí Carrasco Cárdenas , Miguel Ángel Macedo Escarpín y Víctor Manuel Virgen Carrera : Sí, protesto.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Si así no lo hicieran, que la nación se los demande.

Felicidades.

Continué la Secretaría con los acuerdos de la Junta de Coordinación Política.



COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Emilio Gamboa Patrón , coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Miguel Ángel González Salum cause baja como secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
• Que el diputado Horacio Emigdio Garza Garza cause alta como secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
• Que la diputada Alicia Rodríguez Martínez cause alta como integrante en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
• Que la diputada Alicia Rodríguez Martínez cause alta como secretaria en la Comisión Especial de estudios de las políticas para la migración interna.
• Que el diputado Salvador Sánchez Peñuelas cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Rural.
• Que el diputado Salvador Sánchez Peñuelas cause alta como integrante en la Comisión Especial de Ganadería.
• Que el diputado Salvador Sánchez Peñuelas cause alta como integrante en el Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria.
• Que el diputado Ramón Salas López cause alta como presidente en la Comisión Especial de Citricultura.
• Que el diputado Jorge Mario Lescieur Talavera cause alta como presidente en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
• Que el diputado Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán cause baja como integrante en la Comisión de Asuntos Indígenas.
• Que la diputada María Dolores Lucía Ortega Tzitzihua cause alta como integrante en la Comisión de Asuntos Indígenas.
• Que la diputada María Dolores Lucía Ortega Tzitzihua cause alta como integrante en la Comisión de Recursos Hidráulicos.
• Que la diputada María Dolores Lucía Ortega Tzitzihua cause alta como secretaria en la Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur sureste de México.
• Que el diputado Daniel Gurrión Matías cause alta como integrante en la Comisión de Transportes.
• Que el diputado Daniel Gurrión Matías cause alta como integrante en la Comisión de Salud.
• Que el diputado Daniel Gurrión Matías cause alta como secretario en la Comisión de Pesca.
• Que el diputado Gerardo Sosa Castelán cause baja como secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación.
• Que el diputado Fernando Moctezuma Pereda cause baja como secretario en la Comisión de Justicia.
• Que el diputado Fernando Moctezuma Pereda cause alta como secretario en la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Palacio Legislativo, México, DF, a 4 de febrero de 2009.--- Diputado Javier González Garza (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por la diputada Silvia Luna Rodríguez , coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza:

• Que la diputada Ana Elisa Pérez Bolaños cause alta como secretaria en la Comisión de Desarrollo Metropolitano, en sustitución del diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez .
• Que la diputada Ana Elisa Pérez Bolaños cause alta como integrante en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en sustitución de la diputada Silvia Luna Rodríguez .

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Palacio Legislativo, México, DF, a 4 de febrero de 2009.--- Diputado Javier González Garza (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Emilio Gamboa Patrón , coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui cause baja como integrante en la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.
• Que el diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Social.
• Que el diputado Gerardo Sosa Castelán cause alta como secretario en la Comisión de Justicia.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Palacio Legislativo, México, DF, a 9 de febrero de 2009.--- Diputado Javier González Garza (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado.

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el diputado Alejandro Chanona Burguete , coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia:

• Que el diputado José Francisco Melo Velázquez cause alta como integrante en la Comisión de Cultura.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Palacio Legislativo, México, DF, a 9 de febrero de 2009.--- Diputado Javier González Garza (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: De enterado. Continúe con los oficios de la Secretaría de Gobernación.



TRABAJADORES MIGRANTES

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta del oficio número D.G.P.L. 60-II-6-2669, signado por los diputados César Duarte Jáquez y María del Carmen Pinete Vargas , Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 300/1/001, suscrito por Jaime Domingo López B., subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los trabajadores migrantes en retorno.

Atentamente
México, DF, a 22 de enero de 2009.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Cuauhtémoc Cardona Benavides, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su oficio número SEL/300/5409/08, enviado al licenciado Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social, de fecha 12 de diciembre de 2008, mediante el cual hace del conocimiento de esta secretaría que los diputados César Horacio Duarte Jáquez y María del Carmen Pinete Vargas , Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, comunican a la Secretaría de Gobernación, a través de oficio número D.G.P.L. 60-II-6-2669, el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 11 de diciembre del año previo, que a la letra dice:

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Educación, de Salud, de Desarrollo Social, del Trabajo y Previsión Social, y de Relaciones Exteriores, y demás dependencias del gobierno federal a incorporar en las reglas de operación de los programas y fondos por ejercer en 2009 criterios especiales para inclusión de los trabajadores migrantes en retorno y sus familias.

Sobre el particular, a fin de dar cabal cumplimiento a la solicitud plasmada en el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito hacer de su conocimiento que en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2008, se considera, además de criterios de elegibilidad accesibles para facilitar la incorporación al PAE, el subprograma específico para la atención de la población migrante Repatriados Trabajando. A través de éste se otorgan diferentes tipos de apoyo, los cuales van de ``la información sobre la oferta de empleo, apoyo económico para la búsqueda de empleo y capacitación para el trabajo a apoyos en especie (maquinaria y equipos) para la ocupación por cuenta propia, en función de sus necesidades específicas''.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 22 de enero de 2009.--- Jaime Domingo López B. (rúbrica), subsecretario de Empleo y Productividad Laboral.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para su conocimiento.



TRABAJADORES AGRICOLAS

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-3-2185, signado por el diputado César Duarte Jáquez y el senador Ramiro Hernández García , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 400/026/08, suscrito por Ana Teresa Aranda Orozco, subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá.

Atentamente
México, DF, a 3 de febrero de 2009.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En relación con su oficio número SEL/300/244/09, del 9 de los corrientes, con el que remitió copia del acuerdo aprobado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, aprobado el 8 de enero del año en curso, mediante el cual exhorta al Ejecutivo federal a revisar a través de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, del Trabajo y Previsión Social, y de Salud, las condiciones del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT), me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

Esta subsecretaría ha tomado debida nota del contenido de dicho punto de acuerdo y le expreso nuestro compromiso por mantener el esfuerzo continuo por la promoción y respeto de los derechos humanos y laborales de los trabajadores mexicanos en el exterior y de los que transitan por nuestro país.

En el caso particular del programa arriba citado, informo a usted que durante los casi 35 años de su operación se han beneficiado 177 mil 523 trabajadores mexicanos provenientes de los 32 estados de la república. Aun cuando el PTAT debe considerarse como un programa comparativamente de números bajos, posibilita que sea coordinado y supervisado en forma eficiente por los dos gobiernos. Cabe señalar que dicho mecanismo ha contribuido a mejorar la relación bilateral debido a que ha permitido un diálogo abierto y propositivo por parte de ambos países, además de constituirse en un modelo de cooperación internacional al demostrar que es posible mantener un movimiento migratorio de trabajadores de manera regulada, digna y efectiva.

Asimismo, existen mecanismos de colaboración establecidos entre ambos gobiernos para llevar a cabo una revisión periódica de las normas operativas y se celebran reuniones anuales intergubernamentales de evaluación en las que participan las distintas instancias de ambos gobiernos que intervienen en el funcionamiento de éste, así como los representantes de las asociaciones de empleadores de Ontario, Quebec y Columbia Británica que representan a casi mil empleadores. Cabe resaltar que año con año ambos gobiernos efectúan modificaciones al contrato de trabajo y lo adoptan a las necesidades actuales.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de sus representaciones en Canadá se encarga de vigilar que los empleadores respeten los derechos humanos y laborales de nuestros trabajadores. De no cumplir este precepto básico reportan cualquier anomalía a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que tiene la facultad de dar de baja y en cualquier momento a la granja en cuestión y del cambio inmediato del trabajador.

Respecto a la Secretaría de Gobernación informo a usted que conforme a los artículos 79 y 80 de la Ley General de Población corresponde al Instituto Nacional de Migración (INM) documentar y verificar la debida contratación de los trabajadores mexicanos antes de su vuelo a Canadá. Por ello, el INM ha designado a un funcionario en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México que se encarga de llevar a cabo esta labor.

Sin duda, cualquier sugerencia para mejorar las condiciones de los trabajadores agrícolas temporales en Canadá siempre será bienvenida. Asimismo, resalto a usted que esta dependencia seguirá impulsando, en el ámbito de su competencia, la atención del fenómeno migratorio de manera integral, respetando los derechos de los migrantes mexicanos.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 21 de enero de 2009.--- Ana Teresa Aranda Orozco (rúbrica), subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase al promovente, para su conocimiento.



CAMARA DE SENADORES

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para conocimiento de esa honorable colegisladora, me permito comunicarles que, en sesión celebrada en esta fecha, el Senado de la República inició su segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Atentamente
México, DF, a 4 de febrero de 2009.--- Senador José González Morfín (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: De enterado.



CAMARA DE SENADORES

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para conocimiento de esa honorable Cámara de Diputados, me permito enviarle el calendario de sesiones de la Cámara de Senadores para el segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura.

Atentamente
México, DF, a 4 de febrero de 2009.--- Senador José González Morfín (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: De enterado. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria e insértese en el Diario de los Debates.



ARTICULOS 75, 115, 123 Y 127 CONSTITUCIONALES

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Silvano Aureoles Conejo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó solicitud de excitativa a comisiones, en relación con el proyecto de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Presidencia acordó remitir la documentación a la Cámara de Diputados, que se anexa.

Atentamente
México, DF, a 4 de febrero de 2009.--- Senador José González Morfín (rúbrica), vicepresidente.»

«Excitativa en relación con la minuta con proyecto de decreto de adición al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores.--- Presente.

El suscrito, senador Silvano Aureoles Conejo , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución-Democrática en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 66, inciso c), y 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 21, fracción decimosexta, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente que se formule excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. El jueves 9 de noviembre de 2006, el senador Pablo Gómez Álvarez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en nombre de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, de Convergencia y del Partido del Trabajo, presentó ante el Pleno de la honorable Cámara de Senadores el proyecto de decreto que adiciona el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. En la misma fecha se remitió el proyecto de decreto anteriormente aludido, turnándose a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.

III. El miércoles 13 de marzo de 2007 se aprobó dicho proyecto de adición con modificaciones, enviándose a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales correspondientes.

Consideraciones

1. En la iniciativa el proponente mencionó que la política del sueldo en la administración pública, los Poderes Legislativo y Judicial de la federación, así como en las entidades públicas de todo género y los poderes de las entidades federativas e, incluso, en los ayuntamientos ha sido, hasta ahora, la discrecionalidad, es decir, la ausencia de una auténtica política que ordene un sistema de percepciones adecuado a la realidad económica del país y de las finanzas públicas.

Además, afirma que a través de las leyes y de los presupuestos de egresos sería posible establecer criterios y crear así una política de sueldos públicos, pero es necesario fijar una percepción máxima para todas las esferas públicas de México, tanto de la federación como de las entidades federativas y los municipios, así como para toda clase de instituciones y organismos públicos de cualquier naturaleza jurídica.

Por lo anterior, se proponía fijar un sueldo neto máximo para todos los servidores públicos del país, incluidos los funcionarios de organismos, empresas e instituciones de cualquier género. Dicho sueldo incluiría toda otra percepción en dinero o en especie, de tal manera que se pueda combatir el uso de recursos públicos para gastos que, en realidad, son de carácter personal.

Asimismo, proponía que el sueldo máximo anual ascienda a treinta y tres mil veces el salario mínimo general diario determinado para el Distrito Federal; es decir, unos 120 mil pesos mensuales, más 160 mil de aguinaldo, para un total de 1 millón 600 mil pesos al año.

2. Actualmente, en nuestro país persiste todavía un alto nivel en el aumento del salario en la función pública; este problema se acrecienta principalmente cuando hacemos una comparación internacional, pues aun cuando existen estudios que demuestran países con salarios altos de funcionarios, mayores que la población gobernada, México presentan desproporciones mayores.

La población mexicana simplemente no cuenta con verdaderos indicadores que muestren los sueldos que a través de los impuestos paga a los servidores públicos y el aumento salarial que año con año reciben los mismos. Además, no contamos plenamente con mecanismos efectivos que midan el desempeño del aparato burocrático y que lo obliguen a rendir cuentas.

Cabe mencionar además que durante 31 años el salario de los mexicanos ha caído 75 por ciento, debido principalmente a políticas públicas que han derivado en una mala distribución del ingreso. Asimismo, en mitad de uno de los contextos más graves de la crisis financiera mundial, la Organización Internacional del Trabajo alertó que ``en el futuro inmediato se prevén momentos difíciles para los mil 500 millones de trabajadores asalariados en todo el mundo''. En general, según el informe, se prevé que el crecimiento de los salarios en países industrializados disminuirá de 0.8 a menos 0.5 (-0.5) por ciento en 2009.

Un informe elaborado por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México advirtió además que el poder de compra del salario acumula una pérdida de 24.5 por ciento en este sexenio, con un apartado especial sobre la manera en que se han deteriorado los salarios de los trabajadores de esa casa de estudios.

3. A pesar de que el Senado de la República aprobó el proyecto de decreto por consenso, la reforma constitucional para fijar topes máximos a los salarios y pensiones de los servidores públicos, actualmente se encuentra detenida en la Cámara de Diputados.

Incluso, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro afirmó que el dictamen se encuentra congelado, aun cuando dicha reforma responde ampliamente a una demanda surgida de la misma población. Con la reforma, los ingresos de los integrantes de la SCJN, superiores en la actualidad a 400 mil pesos mensuales, se verán reducidos en más de 50 por ciento, ya que se respeta su salario nominal, pero se eliminan bonos, compensaciones y demás sobresueldos.

Además, se congela el salario nominal de los ministros hasta que quede por debajo del que percibe el Presidente de la República, dado que en el artículo 127, base de la nueva normatividad para los servidores públicos, se señala que ningún funcionario de gobierno podrá ganar más que el jefe del Ejecutivo federal.

Otro punto toral de las modificaciones a la Carta Magna aprobadas el 13 de marzo es la prohibición de que el Estado pague pensiones, haberes de retiro o liquidaciones que no estén asignadas por ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Con esto se eliminan las pensiones de los ex presidentes de la república y de magistrados electorales y ministros.

Señor presidente: por lo antes expuesto, el que suscribe solicita de la manera más atenta que dé trámite a la siguiente

Excitativa

Único. Se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores que, con fundamento en el artículo 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exhorte a la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados a dictar una excitativa de dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales de dicha colegisladora, a efecto de que sean reanudados los trabajos de análisis y dictaminación de las iniciativas referidas en los considerandos.

Atentamente
Senador Silvano Aureoles Conejo (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de la Función Pública.



REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : ¿Falta algún diputado o alguna diputada por registrar su asistencia?

Por favor, todavía está abierto el sistema electrónico, diputada.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputada Yolanda Rodríguez, ¿ya registró su asistencia?

La diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (desde la curul): Sí.

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : Ya. ¿Diputada Montiel?

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputada Lariza Montiel, ¿ya registró su asistencia?

La diputada Lariza Montiel Luis (desde la curul): Sí.

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : La diputada Patricia Castillo.

La diputada Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero (desde la curul): Sí.

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : Fraile, está abierto.

Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 411 diputadas y diputados.

Quienes no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula. Es todo, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado secretario.



DIA MUNDIAL CONTRA EL CANCER

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es el posicionamiento relativo al Día Mundial contra el Cáncer.

Se han registrado para referirse al tema los siguientes diputados: Elsa Conde Rodríguez, por Alternativa; Humberto Dávila Esquivel , por Nueva Alianza; María Mercedes Maciel Ortiz , por el Partido del Trabajo; Beatriz Manrique Guevara , por el Partido Verde Ecologista de México; Juan Abad de Jesús , por Convergencia; Lucía Ortega Tzitzihua, por el Partido Revolucionario Institucional; Daniel Dehesa Mora , por el Partido de la Revolución Democrática; y Jorge Quintero Bello , por el Partido Acción Nacional.

Se concede el uso de la palabra a la diputada Elsa Conde Rodríguez, de Alternativa.

Le pedimos al diputado Humberto Dávila Esquivel , de Nueva Alianza, que haga uso de la palabra hasta por cinco minutos. Es el posicionamiento de los grupos parlamentarios sobre el Día Mundial contra el Cáncer. Maestro Humberto Dávila Esquivel , tiene el uso de la palabra.

El diputado Humberto Dávila Esquivel : Con su permiso, señor presidente.

El 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, terrible enfermedad que anualmente quita la vida a 7 millones de personas en el mundo.

En México, el cáncer se ha convertido en la segunda causa de muerte entre la población de 1 a 19 años de edad, y la tercera en la población en general. Pese a ello no existe un registro nacional sobre el total de personas que lo padecen.

Cada año 7 mil niños adquieren esta enfermedad. Sólo mil 500 tienen seguridad social y el resto tiene que buscar apoyo de organizaciones civiles o se enfrentan ante la dramática situación de sufrir la enfermedad sin una atención especializada y oportuna. Cifras de la Secretaría de Salud indican que anualmente se diagnostican 110 mil nuevos casos y se registran 60 mil fallecimientos directos o relacionados con este mal. Es decir, 160 por día.

Y a pesar de que la ciencia, la medicina, la educación y la prevención han logrado significativos avances, la realidad nos muestra que no se acabará con esta enfermedad sin la suma de esfuerzos, tanto de instituciones públicas y privadas como de la sociedad civil.

Por ello, uno de los principales objetivos que se establecen para el Día Mundial contra el Cáncer es el de promover la información y el conocimiento de la enfermedad.

El Día Mundial contra el Cáncer se concibe como una jornada dedicada a generar conciencia sobre la lucha contra este mal, con una visión integral y de largo plazo. Necesitaremos, como sociedad, medios adicionales para impulsar el desarrollo de nuevos tratamientos, una mejor organización, más coordinación institucional y más prevención y oportunidad en su tratamiento.

En nuestro país, el acceso a la atención médica especializada sigue siendo insuficiente, y en muchos casos sólo reciben tratamientos parciales y deshumanizados.

Es urgente que las instituciones de salud, públicas y privadas, establezcan módulos y áreas de información y atención destinados a los enfermos y a los familiares. También es necesario que se impulsen esfuerzos por mejorar la vida cotidiana de los enfermos, luchando contra las discriminaciones que enfrentan en sus lugares de trabajo.

Es inadmisible que los enfermos enfrenten dificultades administrativas y burocráticas, que se vean obligados a largas esperas para recibir tratamiento y es inadmisible que se dificulte a los familiares brindarles apoyos y darles compañía.

Como sociedad y como país no podemos admitir que quienes enfrentan algún tipo de cáncer lo hagan solos. En Nueva Alianza consideramos que deben hacerlo con el respaldo de instituciones del sector salud y la solidaridad de la sociedad.

Es una de las luchas que deben unir el esfuerzo de todos los mexicanos. Contra el cáncer debemos promover la participación de una sociedad que ha demostrado en muchos momentos ser solidaria y responsable con quienes más lo necesitan.

Es imperativo que la Secretaría de Salud, el ISSSTE, el IMSS, como instituciones fundamentales del sector salud, asuman con mayor energía el compromiso de fomentar campañas en las que se ponga énfasis en la información sobre la enfermedad, sus causas y consecuencias y, sobre todo, en las medidas de prevención que podemos tomar todos.

Estamos convencidos de que es obligación del gobierno garantizar la salud de los mexicanos, pero reconocemos la relevancia que tiene la constitución de sinergias entre el gobierno y la sociedad, en un desafío que a todos nos convoca.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el reto que tenemos en la lucha contra el cáncer es de una gran magnitud. El éxito que logremos dependerá en gran medida de las acciones que tomemos. En Nueva Alianza reconocemos también el Día Mundial contra el Cáncer; para combatir este flagelo debe ampliarse la cobertura en salud para llegar a la población excluida.

El Estado debe, por obligación, brindar atención oportuna y de calidad en las instituciones públicas de salud a todos los mexicanos que sufran de cualquier tipo de cáncer. Nadie puede quedar excluido, todos tenemos derecho a la salud.

Es indispensable sumar esfuerzos, vencer barreras y coincidir en una sola dirección: la protección de la salud, en especial de mujeres, niños y jóvenes. Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor diputado don Humberto Dávila Esquivel. Se concede el uso de la palabra a la diputada María Mercedes Maciel Ortiz, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.

La diputada María Mercedes Maciel Ortiz : Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, el 4 de febrero se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, en un entorno donde anualmente mueren a causa de esta enfermedad más de 8 millones de personas. Se ha propuesto por parte de la Organización Mundial de la Salud, reducir la incidencia mortal de la enfermedad en 2 por ciento entre 2006 y 2015, lo que podría evitar que perdieran la vida 8 millones de personas, aproximadamente, en ese lapso.

Es necesario destacar que gran parte de estos decesos se dan en países de ingresos bajos y medios, que no cuentan con los recursos suficientes y necesarios para prevenir y combatir esta enfermedad.

También debe señalarse que las estadísticas muestran que el mal del siglo XX-XXI ataca principalmente a las mujeres. En 2007, en nuestro país fallecieron 65 mil personas a causa de esta enfermedad. Sobresalió, en el caso de las mujeres, el cáncer de mama; y en el de los hombres, el de próstata.

La tasa de mortalidad por cáncer de mama durante el periodo 2002-2007 se incrementó de casi 15 defunciones a más de 16 por cada 100 mil mujeres de 25 años de edad. Hubo en el periodo en comento un desplazamiento del cáncer cervicouterino. En los hombres la mayoría de esa población correspondió al cáncer de próstata y después los del tracto respiratorio y el estomacal.

En el caso de México existe el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que para 2008 contó con recursos del orden de 10 mil millones de pesos, de los cuales fueron empleados poco más de 23 por ciento para atender a los enfermos de cáncer.

Indudablemente la presencia creciente de este mal tiene mucho que ver con la prevención. Nuestra población no está acostumbrada a realizarse estudios o revisiones para detectar malformaciones en su organismo. Por ello son necesarias las campañas de concientización entre la población femenina y masculina, que el gobierno, mediante la Secretaría de Salud, debe de emprender de manera masiva.

Baste decir que 40 por ciento de los cánceres se podrían evitar con campañas en las que se privilegie la información relativa a dietas saludables, ejercicio físico, y el abandono del hábito de fumar. En nuestra opinión, las campañas deben ser enfocadas a los segmentos de la población en donde la pobreza y la marginación están más presentes, en vista de que no cuentan con los recursos indispensables para someterse a estudios sofisticados y, por tanto, onerosos, que requiere este mal.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tiene claro que se requiere un tratamiento integral de esta enfermedad que no sólo pasa por la prevención, sino por la modificación de hábitos y conductas inherentes al modelo económico-político-social que rige en México.

Las precarias condiciones de vida influyen de manera determinante en la proliferación de enfermedades crónico-degenerativas que ponen en jaque la vida de las nuevas generaciones.

En este orden de ideas, algunas de nuestras propuestas son asignar mayores recursos al sector salud etiquetados para la prevención y tratamiento de las enfermedades crónico-degenerativas; prohibir los anuncios de alimentos chatarra, cigarros, refrescos, vinos y licores en radio y televisión.

Promover que se incremente el número de horas en que se imparta educación física y deportes en las escuelas públicas y privadas; promover que las empresas, las instituciones educativas y las oficinas públicas otorguen espacios en tiempo y lugar, para llevar a cabo actividades deportivas; impulsar que los programas de radio y televisión promuevan hábitos saludables en la dieta de los mexicanos.

Estas propuestas contribuyen de manera importante a tener un estilo de vida más saludable, lo que incide directamente en la disminución de este tipo de padecimientos que deterioran la salud, hasta padecer cáncer.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo expresa su compromiso de coadyuvar en la solución de estos problemas sociales. Asimismo, somos solidarios con los mexicanos que sufren esta enfermedad. Por su atención, gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra a la diputada Beatriz Manrique Guevara, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos. Estamos conociendo los posicionamientos de los grupos parlamentarios respecto al Día Mundial contra el Cáncer.

La diputada Beatriz Manrique Guevara : Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, el cáncer es una de las principales causas de muerte a escala mundial y sus causas son muy diversas; desde factores genéticos hasta ambientales, como el tipo de alimentación, nuestros hábitos cotidianos y la exposición a factores de riesgo como la contaminación del aire, el agua y los alimentos.

Como todos sabemos, existen diversos tipos de cáncer y su nombre depende del órgano o tejido donde se inicia. El cáncer de pulmón es el más frecuente a nivel mundial y el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres de países industrializados.

En México y en algunos otros países se observa que la prevalencia del cáncer es variable de acuerdo con el género. En las mujeres los tumores por cáncer cervicouterino y de mama son los que más muertes ocasionan, seguido del cáncer de hígado y el de estómago. En los hombres los tumores malignos que más causan muerte son los de tráquea, bronquios y pulmón, seguidos del cáncer de próstata.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, la frecuencia del cáncer seguirá aumentando hasta convertirse en la primera causa de muerte en los países desa-rrollados.

Afortunadamente más de 30 por ciento de los tumores malignos pueden prevenirse, evitando la exposición a factores comunes de riesgo, como el humo del cigarro y los alimentos contaminados con agroquímicos.

Además varios tipos de cáncer pueden ser tratados con cirugía, radioterapias o quimioterapias, especialmente si se detectan temprano, lo cual ocurre cada vez más, favoreciendo así la supervivencia de los pacientes que tienen estas afectaciones.

La Organización Mundial de la Salud recomienda que las políticas y programas relativos a la atención del cáncer estén centrados en la gente, promuevan la equidad de género, incluyan a los tomadores de decisiones y que tengan un enfoque multisectorial, reforzando la investigación y dando prioridad a los temas de mayor importancia regional.

En el contexto del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, conmemorado el 4 de febrero, las Naciones Unidas hicieron un llamado a todos los países para reforzar el compromiso político, con motivo de favorecer la prevención y control de esta enfermedad.

Hace falta impulsar la investigación y difundir los conocimientos existentes para facilitar la generación de tecnologías aplicables al control del cáncer.

Asimismo falta también desarrollar herramientas para una mejor prevención y detección temprana y reforzar los sistemas de salud a nivel nacional y estatal, así como facilitar el intercambio tecnológico entre países y regiones.

En México hemos visto avances sobresalientes, relativos a la prevención y el control del cáncer. Por ejemplo, la investigación realizada por el Instituto Nacional de Cancerología ha generado grandes aportes al conocimiento médico mundial, especialmente sobre el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino.

Dicho instituto anunció la ampliación de sus instalaciones, lo cual le permitirá optimizar sus labores y generar más y mejores resultados. También es importante la labor del sector salud que ha puesto especial atención en los programas para promover la prevención, detección y atención temprana del cáncer cervicouterino y de mama, de próstata, de pulmón y de estómago, así como los linfomas cuya atención fue incluida recientemente en la cobertura del Seguro Popular.

En el Partido Verde queremos que continúen las acciones del gobierno en materia de atención y que se cumplan los objetivos planteados para este sexenio, como establecer el Registro Nacional de Casos de Cáncer.

Debemos recordar que la lucha contra el cáncer no sólo corresponde a los institutos de investigación y a la Secretaría de Salud. Por eso en el Partido Verde estamos conscientes del esfuerzo multidisciplinario que se requiere, el cual debe también incluir al Poder Legislativo y a la ciudadanía en su conjunto.

En consecuencia, hemos impulsado, durante la presente legislatura, diversas iniciativas para prevenir el tabaquismo, el virus del papiloma humano y la contaminación atmosférica, que son los mayores factores de riesgo comprobados para el desarrollo de los cánceres más frecuentes.

También hemos realizado actos públicos y hemos presentado propuestas para restringir los alimentos transgénicos o con exceso de hormonas, pesticidas, colorantes y conservadores.

Estos agentes afectan nuestra alimentación y cada vez existe mayor certeza científica de su relación con los cánceres del sistema digestivo, entre ellos, el de estómago, páncreas, colon e hígado.

Así, pues, exhortamos respetuosamente a todas las fracciones parlamentarias a unirse a esta conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer. Recordemos que la lucha contra el cáncer es una labor compleja que requiere nuestro compromiso y participación activa. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, compañera diputada Beatriz Manrique Guevara.

Destacamos la presencia de alumnos del Cebetis de Ignacio López Rayón, del municipio de Santa María Rayón. Bienvenidos. Y también a alumnos de la Escuela Técnico Industrial 33, del mismo municipio, de Santa María Rayón, Estado de México. Asimismo a nuestros visitantes de Cerro Campana y Tuxtepec, Oaxaca. Bienvenidos.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Juan Abad de Jesús , por Convergencia, hasta por cinco minutos.

El diputado Juan Abad de Jesús : Gracias, señor Presidente.

Reconocemos que el padecimiento de cáncer ha unido a los diputados de la Comisión de Salud en distintos momentos de esta legislatura, en especial el año pasado, para la prevención mediante la Ley General para el Control del Humo de Tabaco, y en nuestra necesidad de avanzar por la distribución de la vacuna del virus del papiloma humano.

Lamentablemente el cáncer se presenta en muchas formas y en edades diversas. El año pasado el secretario de Salud reconocía que de 65 a 90 por ciento de las familias que tienen un menor con esta enfermedad carecen de seguridad social y de recursos económicos para solventar el tratamiento.

Convergencia reconoce que pese a la suma de muchas voluntades, entre nosotros como diputados o con las autoridades sanitarias, estatales y federales, tenemos aún retos para seguir trabajando. Necesitamos, por ejemplo, para concretar la prevención, recursos humanos suficientes, capacitados específicamente en la prevención de esta enfermedad.

Nuestro personal de salud, pese al nivel que pueden ofrecer las instituciones que egresan, no garantizan en su contacto con el paciente una prevención suficiente para el proceso de transición epidemiológica que viene.

Existe también el problema de atención al enfermo, quien se enfrenta a retos sociales tan diversos, que van desde la atención parsimoniosa hasta la mal procuración de sus derechos humanos.

El cáncer en la transición epidemiológica y de edades no sólo es problema de nuestro país sino del mundo. Tanto, que se espera que supere la causa de mortalidades, incluso mayores a las enfermedades cardiacas. La pregunta es: ¿estamos preparados en nuestro país para esta transición?

Los estudios de gabinete para la detección que se realizan por regular esta forma, parece obedecer a las campañas más bien locales que se instrumentan, o bien laboratorios, o bien autoridades locales como el DIF, o bien organizaciones no gubernamentales, o a la autoridad sanitaria estatal o federal. Pero todavía no nos hemos puesto de acuerdo para integrar todos esos esfuerzos. Tal como se disemina en el cuerpo, esta enfermedad irá creciendo en nuestra población.

Nos falta ---insistimos--- concebir el problema de cáncer, no como un esfuerzo aislado de las organizaciones no gubernamentales, a quienes Convergencia reconoce su capacidad organizativa y el fervor de su trabajo; ése mismo ímpetu en el que debemos compartir funcionarios de distintos niveles y cargos.

Por citar un ejemplo, ante la propuesta de esta legislatura por impedir más daños en el tabaquismo, le falta sumarse a la auténtica convicción de autoridades estatales sanitarias que vigilen y procuren el cumplimiento de esta ley. Falta aún que se le reglamente en un nivel municipal y se adecue y prevenga la corrupción de las jurisdicciones estatales.

El cáncer no es un tema aislado, es un reto sanitario que tenemos que asumir todos. Nuestro partido, Convergencia reconoce finalmente a los médicos, enfermeras y personal paramédico que han venido dando, pese a la precariedad de los recursos, lo mejor de sí a los pacientes de distintos tipos de cáncer.

Esperamos de ello no sólo cese la sensibilidad, y tengan la certeza que es la misma que nos mueve y moverá en todo cuanto tenga que ver con la prevención y atención de este padecimiento.

Nuestra autoridad sanitaria debe garantizar la detección oportuna con estudios sucesivos. Debemos garantizar el seguimiento de los tratamientos y garantizar equipamiento mínimo.

No es una necesidad, es una exigencia propia de nuestra propia transición debida y epidemiológica en la que estamos inmersos. Esperamos estar a la altura de este problema y lo ataquemos en forma conjunta. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor diputado Juan Abad de Jesús. Tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Lucía Ortega Tzitzihua, para presentar, en nombre del Grupo Parlamentario del PRI, su posicionamiento sobre el Día Mundial contra el Cáncer.

La diputada María Dolores Lucía Ortega Tzitzihua : Compañeros diputados y compañeras diputadas del honorable Congreso de la Unión, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por mi conducto, hace el siguiente posicionamiento con motivo del Día Internacional contra el Cáncer.

La Organización Mundial de la Salud ha instituido el 4 de febrero como el Día Internacional contra el Cáncer, reconociendo que esta patología es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo y se constituye en un problema de salud pública.

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud calcula que, de no mediar intervención alguna, 84 millones de personas morirán de cáncer entre 2005 y 2015. Señala que el cáncer es la primera causa de mortalidad a nivel mundial. Se le atribuye 7.9 millones de defunciones ocurridas en 2007; aproximadamente 30 por ciento del total.

En este Día Internacional contra el Cáncer, un hecho significativo a considerar es, sin duda, que aproximadamente el 30 por ciento de las defunciones por cáncer son prevenibles. De manera general, la Organización Mundial de la Salud identifica que el consumo de tabaco, a nivel mundial, es el principal factor singular de riesgo de cáncer. Sin embargo, hablar de cáncer es identificar a un grupo de más de 100 enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo.

Los tipos de cáncer más frecuentes a nivel mundial, ordenados según el número de defunciones mundiales son: en hombres, de pulmón, estomago, hígado, colon, recto, esófago y próstata; en mujeres, de mama, cuello, colon, recto y estómago.

En México debemos llamar la atención, en esta fecha tan representativa, para hacer un frente común en la lucha contra el cáncer y promover medios significativos para aliviar la carga nacional de esta enfermedad.

Quiero aprovechar esta fecha para ponderar el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino y el pulmonar, porque constituyen indicadores de salud en países en vías de desarrollo y sus tendencias en la mortalidad van en aumento. En 2007 la mortalidad por esta causa a nivel nacional fue de 16.4 defunciones por cada 100 mil mujeres, de 25 años y más.

En el mundo, el cáncer cervicouterino ocasiona la muerte prematura de aproximadamente 274 mil mujeres cada año, a pesar de que este padecimiento es prevenible y curable, si se detecta en etapa temprana.

Desde esta tribuna, compañeras diputadas y compañeros diputados, se hace un llamado a todo el sector salud, para ampliar la cobertura de atención de esta enfermedad, ya que se dispone de amplios conocimientos acerca de las causas de cáncer, las intervenciones encaminadas a prevenir y tratar la enfermedad.

Es posible reducir y controlar el cáncer, así como la detección precoz y el tratamiento de los pacientes con cáncer. Es posible prevenir aproximadamente el 30 por ciento de los casos de cáncer mediante la modificación y la prevención de los principales factores de riesgo.

El cáncer es una enfermedad que exige modelos preventivos eficaces, ya que causa altos costos económicos y sociales, y lesiona irreversiblemente a quienes lo padecen y a sus familias. Su combate requiere la suma de esfuerzos por parte de esta representación nacional, y en todas las instituciones públicas es una condición básica para contribuir a la sociedad justa que queremos los mexicanos.

El Partido Revolucionario Institucional convoca hoy a la suma de voluntades contra el cáncer y contra todo mal que lesiona la salud pública. He dicho, compañeros.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muy bien, diputada Lucía Ortega Tzitzihua. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Daniel Dehesa Mora, quien en nombre del Partido de la Revolución Democráticahabrá de darnos a conocer su posicionamiento sobre el Día Mundial contra el Cáncer.

El diputado Daniel Dehesa Mora : Con su permiso, señor presidente.

El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud calcula que no ha de haber medidas preventivas para este mal, en 2015 tendremos aproximadamente 85 millones de personas que fallecerán por este padecimiento.

Cada 4 de febrero la Organización Mundial de la Salud hace frente común con la Unión Internacional del Cáncer y, con el patrocinio de ésta promueve medios para aliviar la carga mundial de la enfermedad.

En 2005, 7.6 millones de personas murieron de cáncer, más de 70 por ciento de estas muertes ocurrieron en países de bajos y medianos ingresos.

En México la mortalidad por cáncer mamario durante 2007, de acuerdo con el último reporte de rendición de cuentas de la Secretaría de Salud ocupa el primer lugar de mujeres con una tasa de 16.4 por 100 mil mujeres de 25 años y más, y el cervicouterino ocupa el segundo lugar con una tasa de 14.3 por ciento.

La mortalidad por cáncer de próstata tiene una tasa de 19.2 por ciento, en 100 mil hombres mayores de 25 años de edad. La mortalidad de cáncer pulmonar en mujeres tiene una tasa de 4.3 por ciento, y en el caso de los hombres la tasa de mortalidad es de 8.4 por ciento.

La prevención y la promoción de la salud son las verdaderas estrategias para evitar el cáncer, donde se requiere tener una planeación de acuerdo con los recursos disponibles e integrar control del cáncer con los programas de otras enfermedades crónico-degenerativas.

Se tendrán que fortalecer también los programas de promoción y prevención del cáncer mediante el control de los principales factores de riesgo. Se recomienda la prevención del cáncer y el aumento de la calidad de vida sean temas recurrentes.

La Organización Mundial de la Salud estima que 40 por ciento de los cánceres, incluso el de estómago y el cervicouterino, podrían evitarse por el simple hecho de no consumir tabaco, hacer ejercicio regularmente y observar una dieta saludable. El tabaquismo es la principal causa evitable de cáncer en el mundo.

Para 2009 se requiere luchar con el sobrepeso y la obesidad infantil, dos factores de riesgo que pueden llevar al cáncer a la edad adulta.

El Grupo Parlamentario del PRD exhorta a las autoridades de salud, de educación y al Seguro Popular, de transitar de los conocimientos de la promoción y de la prevención de salud, a las acciones efectivas para todos los mexicanos en riesgo. Gracias, por su atención. Muy amables.

Presidencia del diputado José Luis Espinosa Piña

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Muchas gracias, diputado Daniel Dehesa Mora. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Quintero Bello, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Jorge Quintero Bello : Con su venia, diputado presidente.

La salud es condición sine qua non para la calidad, el desa-rrollo humano y la justicia social.

Por ello, corresponde al Estado en su conjunto instrumentar los mejores mecanismos desde cualquier ámbito ---público o privado--- para tener la capacidad de atender a todas y cada una de las personas en materia de salud y así, brindar los elementos mínimos de bienestar a los que el ser humano aspira.

El cáncer es una enfermedad letal de suma gravedad que debilita física y moralmente al ser humano, deteriora la calidad de vida de quien lo padece, causándole postración, estado anímico depauperado, destrozándole su autoestima y la de los familiares.

El cáncer es una enfermedad que no respeta condiciones sociales y se da en todas las edades, convirtiéndose en un verdugo silencioso pero activo de quien menos lo espera. Por ello, todos los esfuerzos destinados para combatirlo bien valen la pena.

El cáncer se ha convertido en el principal flagelo tanto del siglo anterior como del presente. De allí la importancia de destacar la lucha que se ha emprendido a nivel mundial. Por ello, cada 4 de febrero se celebra el día internacional de la lucha contra este terrible mal.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que, de no mediar intervención alguna, de 2005 a 2015 morirán de cáncer 84 millones de personas en el mundo. Debido a ello, la ciencia médica ha desarrollado no sólo medidas preventivas sino tratamientos cada vez más exitosos para combatirlo.

La misma OMS estima que un 40 por ciento de los cánceres se puede evitar, aconsejando no consumir tabaco, hacer ejercicio regularmente, observar una dieta saludable y se recomienda un chequeo médico cada seis meses para diagnosticarlo tempranamente con grandes posibilidades de curación.

El gobierno federal, en la campaña de 2009, está haciendo principal énfasis en la prevención, ya que de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud en 2007 se registraron 65 mil 112 casos de personas que fallecieron por cáncer, de las cuales 11.1 por ciento eran varones y 14.6 por ciento mujeres en etapa reproductiva, de las cuales 13.8 por ciento correspondió a cáncer de mama y 12.1 por ciento a cervicouterino que pudieron evitarse con prevención. Sólo el cáncer de mama se incrementó casi en 2 por ciento de 2002 a 2005.

Otras cifras escalofriantes: en nuestro país, el cáncer en 2007 representó la tercera causa de muerte entre las mujeres, con 35 mil 303 defunciones; mientras que en los hombres fue la cuarta, con 33 mil 509 defunciones, o sea 11.8 por ciento.

En Acción Nacional somos sensibles a estos temas y por ende hemos luchado con todo en contra de éste y otros terribles males apocalípticos, aportando mejores presupuestos para ayudar a prevenir, a mejorar o a curar a quien los padece.

El Seguro Popular, mediante el Fondo de Gastos Catastróficos, ejercerá 11 mil millones de pesos etiquetados para realizar campañas de prevención de enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes, la hipertensión arterial y, sobre todo, contra el cáncer.

Recordemos que Acción Nacional fue el autor de la iniciativa recién estrenada el 6 de enero de este mismo año, que modifica la Ley General de Salud, introduciendo la medicina paliativa en beneficio de este tipo de enfermos terminales ---que muchos de ellos son por cáncer---, para dotarlos de derechos a fin de que puedan decidir dónde desean ser tratados: en su casa o en el hospital, para que se les alivie del dolor y sufrimiento, tanto físico, psíquico, emocional y espiritual, mejorándolos en cuanto a calidad y dignidad de vida se refiere en casos cuando su enfermedad es irreversible.

Esta fecha nos debe servir para darnos cuenta de que la vida no la tenemos comprada y debemos, diariamente, con nuestras mejores acciones, propiciar mejores ambientes al interior de la sociedad, de nuestras comunidades, siendo solidarios y viviendo responsablemente, luchando por nuestras generaciones y por las futuras.

Esto, como un homenaje póstumo a nuestro amigo y compañero diputado Andrés Bermúdez Viramontes , quien falleció recientemente de este terrible mal: ¡Tiempo! Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Muchas gracias, diputado Jorge Quintero Bello.

La Presidencia quiere destacar hoy la presencia, en este recinto, de la excelentísima señora Edith Harxhi, viceministra de Asuntos Exteriores de la República de Albania. Bienvenida.

La viceministra viene acompañada por el señor Nuridomi, director general para Asia, África y América Latina, de la Cancillería de Albania; bienvenido también. Y por el señor Ylli Pollo, consejero de la Embajada de Albania en Argentina.

Esperamos que con esta visita de ustedes se puedan estrechar los lazos de amistad y de cooperación entre nuestros países. Que tengan una agradable estancia en México. Gracias.



LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Continuamos la sesión. Pasamos a los dictámenes de primera lectura.

En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Presidente, mayoría por la afirmativa.

«Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 51 y adiciona los artículos 51 Bis 1, 51 Bis 2 y 51 Bis 3 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 51, y se adicionan los artículos 51 Bis 1, 51 Bis 2 y 51 Bis 3 de la Ley General de Salud.

La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que le otorga el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, numerales 1o. y 3o., 43, 44, 45 numeral 6, incisos e) y f), y de los demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen de acuerdo con la siguiente metodología:

I. Antecedentes

Con fecha 2 de febrero de 2006, el diputado José Ángel Córdova Villalobos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 51 de la Ley General de Salud.

Con fecha 14 de marzo de 2006, la diputada Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

El dictamen que conjunta ambas iniciativas fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el 26 de abril de 2006, y en esa misma fecha fue turnado al Senado de la República, cuya Mesa Directiva remitió la minuta a las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen.

Con fecha 13 de diciembre de 2007, el dictamen de la minuta fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Senadores y fue devuelto a la Cámara de Diputados.

El día 1 de febrero de 2008, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen.

II. Contenido

La minuta con proyecto de decreto tiene por objeto mejorar los servicios de salud procurando que los pacientes y usuarios tengan la oportunidad de elegir al médico o profesional de salud con el que sientan más confianza o afinidad. Esto permitirá que el usuario o paciente disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente sus necesidades.

Por otra parte, se pretende dar reconocimiento jurídico desde la Ley General de Salud a los usuarios o pacientes en sus derechos y prerrogativas.

III. Consideraciones

Comprendiendo la preocupación por lograr condiciones más humanitarias en el servicio público de salud, expresada por los proponentes de las iniciativas que dieron lugar a la minuta que se estudia, los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora hemos realizado un análisis a fondo de la propuesta, tomando como principales consideraciones las siguientes:

Primera. El espíritu de las iniciativas que dieron lugar a la minuta que se estudia, ya fue analizado y aprobado por ambas cámaras del Congreso de la Unión. En ambas se determinó que es muy loable la propuesta de que el paciente elija a su médico tratante. Esta propuesta se ha presentado desde hace varios años y hasta ahora no ha sido posible incorporarla en la legislación, en parte debido a la situación de muchos centros de salud, donde la elección del médico queda en función de las posibilidades de cada institución, a fin de no crear falsas expectativas en los pacientes.

En el primer nivel de atención es donde se promueve el fortalecimiento de la relación médico-paciente, a fin de mantener continuidad en el servicio, especialmente en enfermedades crónicas.

Con base en estas consideraciones, la minuta en estudio señala que la libertad de elección del médico es únicamente en las instituciones públicas, y quedará limitada al primer nivel de atención y a las posibilidades de cada institución.

Segunda. Consideramos pertinente poner en contraste la redacción propuesta en la minuta emitida por la Cámara de Diputados, la minuta emitida por la Cámara de Senadores, y las observaciones hechas por la Secretaría de Salud, en su Oficio 170/UCVPS/DGAVS/ 1308/2007, con fecha del 27 de noviembre de 2007 y el Oficio 170/UCPVS/DGAVS/130/2008, con fecha del 8 de febrero de 2008, acerca de los artículos que conforman el proyecto de decreto.
Tercera. Consideramos que las diversas observaciones hechas por la Secretaría de Salud son precisiones importantes; sin embargo, la minuta en los términos que fue presentada por el Senado, representa el consenso logrado en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

En consecuencia, es pertinente que esta Comisión apruebe la minuta en cuestión, en los términos en que fue emitida por el Senado, en su calidad de Cámara revisora.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud ponemos a consideración de la asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 51, y adiciona los artículos 51 Bis 1, 51 Bis 2 y 51 Bis 3 de la Ley General de Salud

Único. Se reforma el artículo 51; y se adicionan los artículos 51 Bis 1, 51 Bis 2 y 51 Bis 3 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 51. Los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares.

Los usuarios tendrán el derecho de elegir, de manera libre y voluntaria, al médico que los atienda de entre los médicos de la unidad del primer nivel de atención que les corresponda por domicilio, en función del horario de labores y de la disponibilidad de espacios del médico elegido y con base en las reglas generales que determine cada institución. En el caso de las instituciones de seguridad social, sólo los asegurados podrán ejercer este derecho, a favor suyo y de sus beneficiarios.

Artículo 51 Bis 1. Los usuarios tendrán derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna, y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen.

Artículo 51 Bis 2. Los usuarios tienen derecho a decidir libremente sobre la aplicación de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos ofrecidos. En caso de urgencia o que el usuario se encuentre en estado de incapacidad transitoria o permanente, la autorización para proceder será otorgada por el familiar que lo acompañe o su representante legal; en caso de no ser posible lo anterior, el prestador de servicios de salud procederá de inmediato para preservar la vida y salud del usuario, dejando constancia en el expediente clínico.

Los usuarios de los servicios públicos de salud en general, contarán con facilidades para acceder a una segunda opinión.

Artículo 51 Bis 3. Las quejas que los usuarios presenten por la atención médica recibida, deberán ser atendidas y resueltas en forma oportuna y efectiva por los prestadores de servicios de salud o por las instancias que las instituciones de salud tengan definidas para tal fin, cuando la solución corresponda a su ámbito de competencia.

Transitorios

Artículo Primero. El derecho al que se refiere el artículo 51 podrá ser ejercido por los asegurados del Sistema Nacional de Salud una vez que transcurran 12 meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto, a efecto de que dichos organismos efectúen la reorganización que corresponda en los ámbitos médicos y administrativos.

Artículo Segundo . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Efraín Morales Sánchez (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe , Maricela Contreras Julián , María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes , Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena , María Mercedes Maciel Ortiz , Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo , Roberto Mendoza Flores , Elizabeth Morales García , Miguel Ángel Navarro Quintero , Gilberto Ojeda Camacho , Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica).»

Es de primera lectura.



MEDALLA AL MERITO CIVICO ``EDUARDO NERI, LEGISLADORES DE 1913''

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que expide el Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico ``Eduardo Neri, Legisladores de 1913''

Los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente dictamen con proyecto de decreto por el que se expide el Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico ``Eduardo Neri, Legisladores de 1913'', al tenor de los siguientes

Antecedentes

El 7 de junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que crea el Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico ``Eduardo Neri, Legisladores de 1913'' (Medalla), con el fin de reconocer, cada tres años los méritos cívicos o políticos de un ciudadano mexicano destacado por la repercusión de su labor en el ámbito nacional.

Como resultado de este decreto, la presea fue entregada en 2003 al maestro Raúl Anguiano Valadez; y en 2005, al maestro Andrés Henestrosa.

Durante la presente legislatura la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en coordinación con la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, promovió una amplia campaña de difusión, en medios escritos y electrónicos de la convocatoria para que instituciones públicas, privadas y sociales promovieran candidatos a merecer la Medalla. El resultado de lo anterior fue el interés que diversas instituciones y ciudadanos mostraron por participar en el proceso.

Así, mientras que la LVII Legislatura registró sólo cuatro candidatos y la LIX Legislatura registró a 15, ésta LX Legislatura recibió 57 propuestas que la Comisión analizó para elegir al candidato idóneo que recibiría la medalla y los reconocimientos de que habla el decreto de su creación.

A través del proceso de recepción y análisis de las candidaturas se presentaron algunas situaciones que el Reglamento vigente de la Medalla no prevé. Por tal motivo, y para que hubiera certeza y legalidad al proceso, el 31 de julio de 2008, la Mesa Directiva de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, aprobó un Acuerdo que detalla el procedimiento de entrega de la Medalla al Mérito Cívico ``Eduardo Neri, Legisladores de 1913'', que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, el lunes 4 de Agosto de 2008.

Entre otras cosas, el acuerdo incluyó el procedimiento que deberían seguir las propuestas que llegaran a la comisión por mensajería y no a los secretarios de la Mesa Directiva, como establece el reglamento; el procedimiento a seguir por la comisión, en caso de que los expedientes no aportaran elementos suficientes para el conocimiento del candidato o faltara algún requisito exigido por la convocatoria; el tipo de documentos que la comisión podría admitir como pruebas fehacientes que avalaran los motivos de la candidatura y, la resolución de la comisión para realizar un evento, en el que entregaría reconocimientos a los candidatos que hubieran participado en el proceso.

El 30 de septiembre de 2008, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se otorgaba la Medalla al doctor Miguel Luis León y Portilla.

El decreto fue publicado en el 1 de octubre de 2008, en el Diario Oficial de la Federación y la Medalla fue entregada al ganador en sesión solemne el 9 de octubre del mismo año.

Consideraciones

La Cámara de Diputados tiene la facultad y la competencia para procesar ordenamientos de esta naturaleza y materia, conforme lo dispone el artículo 77 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias es el órgano competente para conocer y resolver el asunto materia del presente dictamen, de acuerdo a lo que dispone el artículo 40, párrafo 2, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (Ley Orgánica).

Al terminar el más reciente proceso de entrega de la Medalla, la comisión observó la conveniencia de realizar adecuaciones al reglamento vigente, con el fin de integrar el texto del acuerdo aprobado por la mesa directiva de la comisión, así como otros cambios que desde nuestro punto de vista, permitirán dar mayor certeza, claridad y confianza en el proceso a los ciudadanos.

De esta forma, proponemos a este Pleno que el procedimiento administrativo de emisión de la convocatoria, recepción, revisión y registro de los expedientes, quede sólo en el ámbito de la Mesa Directiva de la Cámara. Actualmente la convocatoria la emite en conjunto con la Comisión, y sólo se encarga, a través de los secretarios, de recibir y registrar las candidaturas, pero consideramos que también estaría en posibilidades de revisar los documentos que le presenten las instituciones y, en su caso, advertirles de alguna omisión o error en la integración de sus expedientes.

En tal caso, la Comisión podrá dedicar su atención exclusivamente al análisis de las candidaturas que hayan quedado firmes, según la comunicación que le haga la Mesa Directiva, y emitir el dictamen correspondiente.

En los dos últimos procesos de entrega de la Medalla, la comisión tuvo que destinar mayor tiempo en la etapa previa al estudio y revisión de cada una de las candidaturas. De ahí la conveniencia de que ahora sea la Mesa Directiva, a través de las áreas que estime convenientes, la que instrumente y vigile la primera etapa del concurso.

Por último, estimamos oportuno emitir este nuevo ordenamiento que se ajuste a la realidad, porque de acuerdo a la respuesta que se tuvo en la última entrega de la Medalla, los ciudadanos tienen mayor interés en participar y exigen mayor atención y claridad desde el inicio hasta el final del proceso.

En razón de todo lo antes expuesto, y con fundamento en lo que disponen los artículos 45, párrafo 6, inciso f) de la Ley Orgánica, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta dictaminadora acuerda presentar para su consideración, al Pleno de la asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se expide el Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico ``Eduardo Neri, Legisladores de 1913''

Artículo 1. Este Reglamento tiene por objeto establecer los órganos, requisitos y procedimientos, para la entrega de la Medalla al Mérito Cívico ``Eduardo Neri, Legisladores de 1913'', de la Cámara de Diputados.

Artículo 2. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

Comisión: Comisión de de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Medalla: Medalla al Mérito Cívico ``Eduardo Neri, Legisladores de 1913''.
Mesa Directiva: Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Presidente o Presidencia: Presidente o Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Reglamento: Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico ``Eduardo Neri, Legisladores de 1913''
Secretario: Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Artículo 3. La Medalla, se otorgará al ciudadano o ciudadana cuyos actos cívicos o políticos se distingan por servir a la colectividad nacional y a la república.

Artículo 4. La Medalla tiene un solo grado y se otorgará, de acuerdo con el decreto de su creación, en sesión solemne de la Cámara, el día 9 de octubre del último año de ejercicio de cada legislatura. La Cámara podrá acordar que la sesión solemne para entregar la Medalla se celebre un día distinto, pero siempre deberá ser en el mes de octubre del año señalado en este artículo.

Artículo 5. La Comisión, de acuerdo a la facultad que le otorga el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, será la que elabore el dictamen por el que la Cámara premiará al ciudadano o ciudadana mexicana que por sus méritos se haga acreedor a la Medalla.

Artículo 6. La Comisión, en sus decisiones, se guiará por los más altos criterios para evaluar los actos o hechos éticos, políticos y de valor cívico, en cualquier ámbito, que tengan o hayan tenido repercusión nacional, de aquellos mexicanos y mexicanas que puedan ser distinguidos.

Artículo 7. La Cámara deberá expedir la convocatoria respectiva, a través de su Mesa Directiva, en el segundo periodo ordinario de sesiones, del segundo año de ejercicio de cada legislatura.

Artículo 8. La recepción de candidaturas estará comprendida, entre el último día hábil del segundo periodo ordinario de sesiones, del segundo año de ejercicio de la legislatura y el último día hábil del segundo año, de ejercicio de la legislatura que corresponda.

Artículo 9. La convocatoria estará dirigida a la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Presidencia de la República y las secretarías de estado, a los gobiernos de las entidades federativas, a los organismos autónomos, a las universidades nacionales públicas y privadas, a las asociaciones civiles técnicas, científicas y culturales, y demás instituciones representativas de la sociedad, para que propongan candidatos con méritos suficientes para recibir la presea.

Artículo 10. La convocatoria deberá contener los requisitos, las fechas y los datos que les permitan a los ciudadanos conocer con claridad el desarrollo del proceso.

Artículo 11. La Mesa Directiva dispondrá lo necesario para que la convocatoria sea publicada en la Página de Internet de la Cámara, en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara y, en al menos tres diarios de circulación nacional. Asimismo, procurará que se difunda de manera oportuna en el Canal del Congreso, y en los medios electrónicos de cobertura nacional.

Artículo 12. Las propuestas deberán presentarse por escrito, a través de una carta dirigida a los secretarios de la Mesa Directiva. La carta deberá estar firmada por el titular o los titulares de la institución o instituciones que propongan a un candidato y deberá contener lo siguiente:

I. Datos generales de la institución promovente:
a) Nombre;
b) Domicilio para recibir y oír notificaciones;
c) Teléfono, y
d) Dirección de correo electrónico y página de Internet, en caso de contar con ellos.
II. Datos generales del candidato:
a) Nombre;
b) Edad;
c) Profesión o actividad que desempeña;
d) Domicilio para recibir y oír notificaciones;
e) Teléfono, y
f) Dirección de correo electrónico y página de Internet, en caso de contar con ellos.
III. Motivos por los que se promueve la candidatura.

Artículo 13. Los documentos que deberán anexarse a la carta de propuesta son los siguientes:

I. Acta de nacimiento original;
II. Currículum vite;
III. Copia de comprobante del último grado de estudios, y
IV. Documentos o pruebas fehacientes que avalen los motivos de la candidatura.

Artículo 14. Sólo podrán registrar candidatos las instituciones convocadas o las personas físicas, siempre y cuando, sean por lo menos tres las que propongan a algún ciudadano.

Artículo 15. Serán aceptadas las propuestas que se envíen por correo certificado o mensajería, con acuse de recibo, siempre y cuando lleguen a las oficinas de la Mesa Directiva, antes de que concluya el plazo establecido en la convocatoria.

Artículo 16. Las candidaturas que se envíen a la Comisión por mensajería, serán remitidas a la Mesa Directiva, con el fin de que cursen el proceso legal, y el acuse de recibo será enviado en forma simultánea a la institución proponente y al candidato, por los medios que disponga la Mesa Directiva.

Artículo 17. El Presidente designará al Secretario que hará la revisión de los documentos y el registro correspondiente. El Secretario dará cuenta a la Presidencia de las propuestas aceptadas e inmediatamente las remitirá a la Comisión para su examen y dictamen correspondiente.

Artículo 18. El Secretario tendrá cinco días hábiles, a partir de la fecha de recepción de la propuesta, para revisar si cumple los requisitos que establece el Reglamento.

Artículo 19. Si el expediente no cumple los requisitos, el Secretario hará una advertencia al promotor para que subsane, corrija o complete el expediente, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción, apercibido de que en caso de no atender la notificación, el registro quedará sin efecto.

Artículo 20. La advertencia a que se refiere el artículo anterior, se hará a través de medios escritos, por correo electrónico y por estrados, señalando el motivo de la advertencia. Si el Secretario no formula ninguna advertencia dentro de ese término, la inscripción y el registro quedarán firmes y el expediente pasará a la Comisión.

Artículo 21. Si el expediente es subsanado, corregido o completado dentro de este término, la inscripción y el registro quedarán firmes y pasará a la Comisión; si no, la inscripción y el registro quedarán sin efecto.

Artículo 22. Los expedientes cuya inscripción y registro hayan quedado sin efecto, en términos del artículo anterior, no podrán volver a presentarse para registro e inscripción durante esa legislatura.

Artículo 23. El procedimiento señalado en los artículos 18, 19, 20 y 21 de este Reglamento se aplicará solamente a los expedientes que reciba el Secretario, cuando menos cinco días antes de que se venza el plazo de inscripción de candidaturas.

Artículo 24. Los expedientes que reciba el Secretario, con menos de cinco días antes de que venza el plazo de inscripción de candidaturas, pasarán directamente a la etapa de examen de cumplimiento de requisitos sin derecho a que se subsane, corrija o complete.

Artículo 25. El Secretario puede admitir como documentos y pruebas fehacientes que avalen los motivos de la candidatura, los expedidos por las autoridades de este país: fotografías, audio, video, notas periodísticas, archivos privados y, en general, todo aquel que documente tiempo, modo y lugar de las acciones del candidato propuesto.

Artículo 26. Los documentos originales serán devueltos por la Comisión, al Secretario, y éste a su vez, al proponente o al candidato, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la entrega de la Medalla, aun sin que medie solicitud, pero la Comisión guardará una copia que anexará a los informes correspondientes.

Artículo 27. Los expedientes cuya inscripción y registro queden firmes pasarán a la etapa de resolución en la Comisión, donde los diputados que la integran elegirán mediante votación, en reunión plenaria, al candidato merecedor de la Medalla.

Artículo 28. A los candidatos que pasen a la etapa de resolución y no resulten electos para recibir la Medalla se les reconocerá su participación en el proceso, a través de un documento por escrito. La Mesa Directiva podrá organizar un evento en el que se les entregue el reconocimiento y serán invitados a la sesión solemne en la que se otorgará la Medalla.

Artículo 29. La Medalla que entregue la Cámara, se otorgará por acuerdo tomado en sesión pública, durante el primer periodo ordinario de sesiones, del tercer año de ejercicio de la legislatura, en atención al dictamen que presente la Comisión.

Artículo 30. Cada legislatura, durante el mes de septiembre, del último año de ejercicio, la Mesa Directiva encargará a la Casa de Moneda de la Nación la elaboración de dos ejemplares de la Medalla que vaya a entregarse. Uno de los ejemplares será el que se entregue al homenajeado y el otro será para el acervo histórico de la Cámara.

Artículo 31. El decreto que acredita el otorgamiento de la Medalla estará autorizado con las firmas del Presidente y los Secretarios de la Cámara.

Artículo 32. La Medalla, el Pergamino con el dictamen de la Comisión, un ejemplar original del decreto de la Cámara y la suma de dinero respectivos, serán entregados en sesión solemne que celebre la Cámara de Diputados para tal efecto, en la fecha prevista en el artículo 4 de este Reglamento.

I. En la sesión podrán hacer uso de la palabra un diputado miembro de la Comisión, la persona homenajeada y el Presidente de la Mesa Directiva.
II. La Junta de Coordinación Política propondrá al Pleno un acuerdo que señale los tiempos y el orden en que intervendrán los oradores.
III. La Mesa Directiva determinará el protocolo de la sesión.

Artículo 33. El decreto de la Cámara de Diputados por el que se otorga la Medalla será publicado en el Diario Oficial de la Federación, así como en, al menos tres diarios de circulación nacional. El Presidente dispondrá lo conducente, a efecto de cumplir con lo que señala el presente artículo.

Artículo 34. La resolución que apruebe el Pleno de la Cámara será inatacable.

Transitorios

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El presente Reglamento abroga el Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico ``Eduardo Neri, Legisladores de 1913'', de la H. Cámara de Diputados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo del 2002.

Tercero. El presente Reglamento abroga el Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que detalla el procedimiento de entrega de la Medalla al Mérito Cívico ``Eduardo Neri, Legisladores de 1913'', publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, el 4 de agosto de 2008.

Cuarto. El presente Reglamento no puede ser modificado, derogado o abrogado, en ningún caso, por acuerdos parlamentarios. Cuando surja un hecho o acto no previsto por este Reglamento, la Mesa Directiva podrá acordar lo conducente para dar certeza al proceso.

Así lo acordaron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en el mes de diciembre de 2008.
La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados: Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), presidente; María Elena Álvarez Bernal (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), secretarios; Elías Cárdenas Márquez (rúbrica), Jorge Luis Garza Treviño, Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Rutilio Escandón Cadenas , Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Silvia Luna Rodríguez , Víctor Samuel Palma César (rúbrica), Marta Rocío Partida Guzmán (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica).»

Es de primera lectura.



LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 36 y adiciona un segundo párrafo al artículo 80 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

La Comisión de Juventud y Deporte de la LX Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

A la Comisión de Juventud y Deporte de la LX Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 3877, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción X del artículo 2, recorriéndose el numeral de las subsecuentes; la fracción V del artículo 36, recorriéndose las subsecuentes; un último párrafo al artículo 80; así como un último párrafo al artículo 86, todos ellos de la Ley General de Cultura Física y Deporte, presentada por los diputados Alma Hilda Medina Macías , Carlos Alberto Torres Torres , Luis Gerardo Serrato Castell , Edgar Armando Olvera Higuera , Joel Arellano Arellano , Jesús de León Tello y María Eugenia Campos Galván ; del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, el 30 de abril de 2008.

En la iniciativa en comento, los promoventes manifiestan que resulta común en diversas zonas urbanas del país el abandono de un gran número de espacios en los que la comunidad encontraba tradicionalmente un lugar para el esparcimiento, el hábito deportivo y la convivencia.

Como parte de la estrategia de promoción del deporte, prevención del delito y cuidado del medio ambiente, plantean que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) pueda participar en la dignificación de los espacios comunitarios, como una medida eficaz para enfrentar las diferentes problemáticas que aquejan a la sociedad mexicana, y como una acción que permita mejorar la calidad de vida.

En virtud de lo anterior, la iniciativa propone dar prioridad a la protección, conservación y aprovechamiento de los espacios públicos de las comunidades, con el fin de que sean accesibles y seguros para la población, lo que permitiría la convivencia, la recreación y el desarrollo de diversas actividades colectivas, al mismo tiempo que se evitarían conductas antisociales mediante el fomento del deporte, la cultura y las artes, así como el fortalecimiento del sentido de pertenencia, equidad y respeto entre los habitantes de las ciudades.

De igual modo, los legisladores argumentan que, si bien es cierto que se requieren espacios especiales para la preparación de nuestros atletas profesionales, y que ese rubro fue descuidado durante décadas, afortunadamente ya empieza a recibir un apoyo significativo, aunque hay que prestar mayor atención a la habilitación de espacios públicos que resultan sustanciales para la activación física de niños, jóvenes y adultos en las comunidades.

De lo que se trata, explican los promoventes, es que los ciudadanos ocupen estos lugares sin importar si son canchas de futbol, beisbol, basquetbol o ciclopistas y, una vez realizadas las obras de recuperación, será fundamental la acción coordinada de las autoridades para organizar actividades en dichos espacios; de esta manera serían atendidos problemas públicos como la violencia y las adicciones y se promoverían las actividades deportivas, privilegiando la salud física y mental de los mexicanos.

La Comisión de Juventud y Deporte procedió al estudio y análisis de la iniciativa de referencia, llevando a cabo para tal efecto reuniones de trabajo con los integrantes del pleno de la misma, hasta alcanzar el dictamen que hoy se presenta con las siguientes:

Consideraciones

La implementación del programa Rescate de espacios públicos constituye una de las líneas de acción del actual gobierno federal para ``fomentar un mayor nivel de desarrollo y mejores condiciones de vida que prevengan conductas delictivas en las comunidades y espacios urbanos, y que garanticen a toda la población el goce de sus derechos y libertades'', ante el constante reclamo social en todas las comunidades del país. El programa opera a nivel nacional por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social en las ciudades y zonas metropolitanas de 50 mil habitantes, preferentemente en localidades que reportan altos índices de marginación, violencia y percepción de inseguridad, de acuerdo con lo publicado en la página oficial de Internet de la Secretaría de Desarrollo Social.

De manera específica, a través del programa se busca fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir la violencia familiar y comunitaria, ofreciendo espacios de recreación y esparcimiento para el sano desarrollo y convivencia armónica de las personas.

Así pues, los argumentos expuestos en la propuesta de los promoventes no sólo coinciden con los objetivos del programa actualmente implementado por el gobierno federal, cuyos fines son nobles y claramente sociales, sino que además los enriquece, dándole una orientación más clara al especificar el destino de los espacios, así como instalaciones públicas rescatados y los beneficios sociales, complementando de manera importante las acciones en pro de la sociedad mexicana y otorgando al gobierno federal los instrumentos necesarios para su implementación.

En este sentido, este órgano legislativo concuerda con los argumentos expuestos por los promoventes y, como lo mencionan, mediante la recuperación de los espacios públicos destinados a la convivencia familiar, la practica deportiva y en general al esparcimiento de la población, los cuales desafortunadamente es muy común observar que se encuentran descuidados, deteriorados y en muchos de los casos sirve como punto de reunión de diversos grupos de personas para fines vandálicos y delictivos, se impulsa su recuperación, mejoramiento, protección, conservación y aprovechamiento; al mismo tiempo que se promueve la activación física y la práctica masiva del deporte por parte de nuestros niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad y con capacidades diferentes, mujeres y hombres de todas las comunidades, así como la prevención de la comisión de delitos, de las adicciones y ciertas enfermedades; en suma, se coadyuva en la preservación de la salud de nuestras personas y en el fomento de la cohesión social y el sentido de pertenencia. Por todo lo anterior, los diputados integrantes de esta comisión consideramos viable y de mucho beneficio social la propuesta de reforma planteada.

Un ejemplo muy ilustrativo del beneficio social que representa la propuesta lo constituye el número de espacios públicos rescatados por el gobierno federal durante 2007, que ascendió a 820 en todo el país, con un presupuesto de mil millones de pesos.

Con las reformas planteadas, sin lugar a dudas se incrementará el apoyo destinado al rescate de espacios e instalaciones públicas por conducto de la Conade y en coordinación, no sólo con la Secretaría de Desarrollo Social, sino con el resto de los organismos de Estado en los tres niveles de gobierno.

Ahora bien, al entrar al análisis específico de la propuesta turnada, la comisión tuvo a bien exponer los siguientes razonamientos de carácter técnico, que la enriquecen:

Si bien la propuesta de los legisladores de adicionar una fracción al artículo 2, de la Ley General de Cultura Física y Deporte con la finalidad de ``promover la recuperación de espacios e instalaciones públicas para destinarlos a actividades de cultura física y deporte'' como una de las finalidades de la ley daría claridad al espíritu de la reforma, coadyuvando en el desarrollo de la cultura física y deporte, en el combate de la violencia y las adicciones y, privilegiar la salud física y mental de la población, cabe precisar que en el articulado de la ley ya se contempla dicha finalidad, particularmente en las fracciones IV y V del mismo artículo 2, las cuales citan de manera expresa las finalidades de fomentar el desarrollo de la cultura física y el deporte, como medio importante en la preservación de la salud y prevención de enfermedades, así como en la prevención del delito. Asimismo, resulta oportuno distinguir que la ``promoción del rescate de espacios e instalaciones públicas'' es un medio para lograr las finalidades de la ley y no uno de los fines de la misma. En este contexto, la Comisión de Juventud y Deporte, atendiendo al espíritu de la propuesta de los promoventes, estima conveniente rescatar la idea original mediante la modificación que se propone para el artículo 36, que enseguida se comenta, dejando como está la redacción del artículo 2 vigente.

En relación con la propuesta de adicionar una nueva fracción V al artículo 36, por la que las autoridades competentes de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios se coordinarían entre sí o con instituciones de los sectores social y privado para promover la recuperación de espacios e instalaciones públicas adecuadas para destinarlos al desarrollo de actividades de cultura física y deporte, esta comisión coincide con la idea impulsada por los promoventes, en virtud de que especifica de manera fundamental las atribuciones de las autoridades de los tres niveles de gobierno sobre el tema; en este sentido, a fin de enriquecer y dar mayor claridad a la propuesta original, esta comisión considera conveniente modificar la fracción IV del artículo 36 vigente, para enriquecerla y que quede de la siguiente manera:

Artículo 36. ...
I a III;
IV. Promover la construcción, adecuación, conservación y aprovechamiento óptimo de la infraestructura para la cultura física y el deporte, de acuerdo con las normas oficiales que para tal efecto expida la dependencia correspondiente, así como el rescate de espacios públicos que puedan ser destinados a la práctica de estas actividades;
...

En cuanto a la propuesta de adicionar un segundo párrafo al artículo 80 de la ley en estudio, con la finalidad de complementarla y hacer efectiva la intención de los promoventes, se estima oportuno argumentar que la idea plasmada en el artículo 80 de la ley consiste en tomar en consideración una serie de circunstancias especiales que serán la base para la planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte. En este sentido, los diputados proponen adicionar un segundo párrafo a dicho artículo, con el fin de hacer extensivos sus efectos a los casos en los que se recuperen espacios, así como instalaciones públicas, para ser destinados a actividades de cultura física y deporte, como parte de la reforma integral que presentan. De acuerdo con lo anterior, esta comisión aplaude la finalidad de la propuesta y considera conveniente ir más allá de hacer extensivos los alcances de texto vigente del artículo en estudio, para que, además, en los proyectos de planificación y construcción de las instalaciones a que se refiere el texto del artículo 80 vigente sea prioridad el rescate de espacios públicos deteriorados y/o abandonados que puedan ser objeto de adecuación y rehabilitación para las actividades de cultura física y deporte; en este sentido, sugiere adicionar un segundo párrafo al artículo 80 para quedar como sigue:

Artículo 80. ...
Será prioridad en los proyectos de planificación y construcción de las instalaciones a que se refiere el párrafo anterior, el rescate de espacios públicos deteriorados y/o abandonados que puedan ser objeto de adecuación y rehabilitación para las actividades de cultura física y deporte.

Respecto a la propuesta de adicionar un segundo párrafo al artículo 86 de la ley, con la finalidad de incluir de manera expresa la obligación de la Conade de promover ante las diversas instancias del gobierno la recuperación de espacios e instalaciones públicas en favor del desarrollo de la cultura física y el deporte, esta comisión tiene a bien señalar que de la interpretación sistemática de la ley vigente, específicamente del artículo 2, con relación al artículo 20, se desprende la existencia de dicha obligación, por lo cual se estima innecesaria la adición que se plantea.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Juventud y Deporte somete a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente

Decreto

Artículo único. Se reforma la fracción IV del artículo 36, y se adiciona un segundo párrafo al artículo 80, ambos de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como siguen:

Artículo 36. Las autoridades competentes de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, se coordinarán entre sí o con instituciones del sector social y privado para:

I. a III. ...
IV . Promover la construcción, adecuación, conservación y aprovechamiento óptimo de la infraestructura para la cultura física y el deporte, de acuerdo con las normas oficiales que para tal efecto expida la dependencia correspondiente; así como el rescate de espacios públicos que puedan ser destinados a la práctica de estas actividades;
V. y VI. ...

Artículo 80. ...

Será prioridad en los proyectos de planificación y construcción de las instalaciones a que se refiere el párrafo anterior, el rescate de espacios públicos deteriorados y/o abandonados que puedan ser objeto de adecuación y rehabilitación para las actividades de cultura física y deporte.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte tendrá 60 días después de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones reglamentarias correspondientes.

Salón de sesiones de la Comisión de Juventud y Deporte. Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 de diciembre de 2008.
La Comisión de Juventud y Deporte, diputados: Elizabeth Morales García (rúbrica), presidenta; Gregorio Barradas Miravete , Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Daisy Selene Hernández Gaytán (rúbrica), Gerardo Lagunes Gallina (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), José Luis Aguilera Rico (rúbrica), Francisco Sánchez Ramos , Alma Hilda Medina Macías (rúbrica), José Inés Palafox Núñez (rúbrica), secretarios; Salvador Barajas del Toro , Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica), Ricardo Franco Cázarez (rúbrica), Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica), Pedro Montalvo Gómez (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Francisco Javier Plascencia Alonso (rúbrica), Celso David Pulido Santiago (rúbrica), Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Rafael Villicaña García (rúbrica), Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), Alma Xóchitl Cardona Benavides (rúbrica), Fidel Antuña Batista (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica), Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar, Jorge Luis de la Garza Treviño, Emilio Ulloa Pérez .»

Es de primera lectura.



LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnado, para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 4766, que contiene la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios.

En virtud del análisis y estudio de la iniciativa que se dictamina, esta comisión legislativa, con base en las facultades que le confiere la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección del ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico; y los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXIV, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión de Pleno celebrada el 30 de octubre de 2008, diputados de diversos grupos parlamentarios presentaron la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Segundo. Con esa fecha, por mandato de la Mesa Directiva, dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para realizar el análisis y dictamen correspondientes.

Contenido de la iniciativa

Los legisladores que integran la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión tienen el derecho de iniciativa, el cual se sustenta en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así también, el Congreso tiene la facultad, que le confiere el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección del ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.

Así las cosas, una vez analizadas las atribuciones referidas en el párrafo anterior, y el contenido del asunto en estudio, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales debe señalar que la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos cumple en general los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria para su presentación y que son los siguientes:

• Ser formulada por escrito;
• Tener un título;
• Contener el nombre y la firma de la persona que presenta la iniciativa;
• Una parte expositiva de motivos;
• El texto legal que se propone;
• El artículo transitorio que señala la entrada en vigor;
• La fecha de elaboración; y
• Ser publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La presente iniciativa pretende establecer una mecánica de uso y aprovechamiento de residuos, mediante su valoración y uso en procesos productivos como insumo. Por ello, con objeto de favorecer y estimular el uso de los residuos para su coprocesamiento, se plantean las siguientes reformas de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos:

Artículo 62. La incineración de residuos, así como el coprocesamiento, deberá restringirse a las condiciones que se establezcan en el reglamento y en las normas oficiales mexicanas correspondientes, en las cuales se estipularán los grados de eficiencia y eficacia que deberán alcanzar los procesos, y los parámetros ambientales que deberán determinarse a fin de verificar la prevención o reducción de la liberación al ambiente de sustancias contaminantes, particularmente de las que son tóxicas. Estas consideraciones deberán ser observadas en los procesos en los cuales se utilicen residuos para coprocesamiento. En los citados ordenamientos se incluirán especificaciones respecto a la caracterización analítica de los residuos susceptibles de incineración, así como de las cenizas resultantes de la misma, y al monitoreo periódico de todas las emisiones sujetas a normas oficiales mexicanas, cuyos costos asumirán los responsables de las plantas de incineración.
La Secretaría, al establecer la normatividad correspondiente, tomará en consideración los criterios de salud que al respecto establezca la Secretaría de Salud.
Artículo 62 Bis. El coprocesamiento energético con fines de aplicación en procesos de producción industrial será considerado parte del propio proceso industrial de producción y su operación se ordenará de conformidad con lo establecido en el reglamento de la ley y en las normas oficiales mexicanas.
Artículo 62 Ter. El coprocesamiento de residuos deberá apegarse a las condiciones que se establezcan en las normas oficiales mexicanas correspondientes, en las cuales se determinarán los parámetros ambientales que favorezcan la eficiencia y eficacia de los procesos de coprocesamiento, particularmente el energético, a fin de prevenir o reducir la liberación al ambiente de sustancias contaminantes, especialmente las que sean tóxicas.
Artículo 63. La Secretaría, al reglamentar y normar la operación de los procesos de incineración y tratamiento térmico de residuos permitidos, diferenciará estos procesos en su regulación del coprocesamiento; para ello se observará lo establecido en el reglamento de la ley y lo establecido en las normas oficiales mexicanas.

En virtud del análisis y estudio que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha realizado a la propuesta de reforma en cuestión, se permite presentar el dictamen, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

A escala mundial se producen cada vez más toneladas de residuos, los cuales con frecuencia son enterrados, quemados o almacenados en depósitos inadecuados y sin control. El mayor problema se genera cuando se trata de residuos industriales especiales y peligrosos. En la mayoría de los países no se dispone de infraestructura adecuada para su tratamiento. También se carece de un adecuado marco jurídico, de las correspondientes medidas de control que aseguren su cumplimiento, junto a una concienciación acerca de los peligros y los costos que implica la disposición inadecuada de los residuos. Porque el terreno utilizado se convierte rápidamente en un vertedero de residuos contaminantes, cuyo saneamiento posteriormente implicará mayores costos que si se tratan adecuadamente desde el principio. Como consecuencia, resulta la contaminación del agua, el suelo y el aire, los cuales pueden representar un grave peligro para la salud pública y del ambiente.

Una de las posibles soluciones del problema es el ofrecimiento de la industria para utilizar estos residuos como insumos e incluso combustibles, como los que se usan para la producción de cemento o para la fundición de vidrio y de metales.

Este concepto, llamado ``coprocesamiento'', se basa en aprovechar el poder calorífico de ciertos tipos de residuos, sólidos o líquidos, y a la vez dar a éstos un tratamiento adecuado para rebajar a niveles mínimos sus potenciales de contaminación.

Según el principio del cono de jerarquización para la gestión de residuos, el coprocesamiento es una alternativa para residuos que, por sus características, no pueden ser reutilizados, reciclados o aprovechados a un costo razonable y respetando el ambiente.

Éstos son algunos ejemplos de desechos que se pueden coprocesar:

• Aceite vehicular e industrial usado;
• Solventes residuales de la industria de la pintura o de la industria gráfica;
• Aceite (sludge) de barcos;
• Lodos de fondos de tanques de combustible;
• Hule residual de industrias;
• Llantas usadas;
• Plásticos derivados de la agroindustria; y
• Polvo de madera residual.

La técnica del coprocesamiento es conocida, utilizada y avalada a escala internacional y está definida en lineamientos y procedimientos desarrollados con una amplia participación de los diferentes actores e involucrando organizaciones internacionales como PNUMA, EPA, WBCSD y el Banco Mundial. Como resultado, el coprocesamiento ha sido incorporado en legislaciones de varios países, como Alemania, Suiza, México o Marruecos, donde se han mostrado los efectos positivos.

Por lo que toca a nuestro país, el manejo y la disposición de residuos son un problema de carácter social y ambiental, ya que su inadecuada gestión incide en la calidad ambiental del suelo, de las aguas superficiales, las aguas subterráneas y, en general, del ambiente por una limitada capacidad de manejo y disposición final.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el país genera más de 30 millones de toneladas de residuos urbanos y poco más de 8 millones de toneladas de residuos industriales al año. La mayor parte de los residuos urbanos es manejada y dispuesta en rellenos sanitarios, tiraderos a cielo abierto y en muchos casos, por falta de infraestructura adecuada, en barrancas, cañadas y baldíos, lo que afecta gravemente la calidad del suelo, del aire y de las aguas superficiales y subterráneas. Por otra parte, para los 8 millones de toneladas de residuos peligrosos que se generan anualmente en México, el país sólo dispone de dos instalaciones autorizadas para su manejo y disposición final, cuyas capacidades sumadas apenas si alcanzan 3 millones de toneladas por año y una de ellas actualmente es inoperante, lo que provoca que los residuos peligrosos industriales sean almacenados, en el mejor de los casos, en las propias instalaciones de las industrias que los generan, aunque en muchos casos su destino es el mismo que el de los residuos urbanos, directamente al ambiente, con las consiguientes afectaciones a la calidad ambiental y la salud de la población.

Los residuos que se destinan finalmente a confinamiento representan un pasivo ambiental que, si bien al realizarse en sitios controlados se reducen las posibilidades de afectaciones del ambiente, su concentración en un solo sitio representa una problemática a futuro.

Al respecto, los integrantes de la comisión dictaminadora consideramos que las modificaciones propuestas respecto a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos abren la oportunidad a la sociedad de establecer una mecánica de uso y aprovechamiento de residuos que favorece su valorización y uso en procesos productivos como insumo, reduciendo los efectos nocivos al ambiente por su inadecuada disposición.

La modificación propuesta del artículo 62 permite fortalecer el actual marco regulatorio y favorece el uso de diferentes corrientes de residuos para su coprocesamiento, disminuyendo el volumen de su confinamiento o disposición al aire libre, con lo que se evitan mayores afectaciones al ambiente y los elementos naturales. Adicionalmente, la reforma propuesta prevé las técnicas que deberán observarse en estas condiciones de uso, de conformidad con lo que el reglamento de la propia ley y las normas oficiales mexicanas expedidas para ello establezcan. Estas modificaciones ofrecen seguridad en el uso de residuos según estas nuevas consideraciones de aprovechamiento.

Por otro lado, la adición de un artículo 62 Bis y un artículo 62 Ter permite definir con claridad las condiciones de uso de residuos con destino de coprocesamiento energético, las condiciones para su instauración y faculta al Ejecutivo para determinar con precisión el cuerpo de normas oficiales mexicanas que deberán ser observadas para la ejecución de estas acciones, garantizando la protección del ambiente al ser regulados los mecanismos de coprocesamiento en su componente técnico que garanticen el control de emisiones de sustancias tóxicas al ambiente.

No obstante lo anterior, esta comisión dictaminadora considera inadecuado aprobar la redacción que propuesta para el artículo 63, en virtud de que, al aprobarse la reforma, se omitiría establecer cuáles serán los parámetros mediante los cuales se realizará la distinción reglamentaria y normativa que la secretaría establecerá sobre los residuos destinados al coprocesamiento, así como las restricciones de la incineración o coprocesamiento mediante la combustión de los residuos, atendiendo a sus características y tecnologías disponibles. Esta modificación no determina con claridad los conceptos, los alcances y las aplicaciones de los residuos destinados al coprocesamiento, por lo cual se desecha la reforma propuesta del artículo 63.

Por las razones señaladas en los párrafos anteriores, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales nos permitimos someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Artículo Único. Se reforma el artículo 62, y se adicionan los artículos 62 Bis y 62 Ter de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 62. La incineración de residuos, así como su coprocesamiento, deberá restringirse a las condiciones que se establezcan en el reglamento y en las normas oficiales mexicanas correspondientes, en las cuales se estipularán los grados de eficiencia y eficacia que deberán alcanzar los procesos, y los parámetros ambientales que deberán determinarse a fin de verificar la prevención o reducción de la liberación al ambiente de sustancias contaminantes, particularmente de las que son tóxicas. Estas consideraciones deberán ser observadas en los procesos en los cuales se utilicen residuos para coprocesamiento. En los citados ordenamientos se incluirán especificaciones respecto a la caracterización analítica de los residuos susceptibles de incineración, así como de las cenizas resultantes de la misma, y al monitoreo periódico de todas las emisiones sujetas a normas oficiales mexicanas, cuyos costos asumirán los responsables de las plantas de incineración.

La Secretaría, al establecer la normatividad correspondiente, tomará en consideración los criterios de salud que al respecto establezca la Secretaría de Salud.

Artículo 62 Bis. El coprocesamiento de residuos para la generación de energía con fines de aplicación en procesos de producción industrial será considerado parte del propio proceso industrial de producción y su operación se ordenará de conformidad con lo establecido en el reglamento de la ley y en las normas oficiales mexicanas.

Artículo 62 Ter. El coprocesamiento de residuos deberá apegarse a las condiciones que se establezcan en las normas oficiales mexicanas correspondientes, en las cuales se determinarán los parámetros ambientales que favorezcan la eficiencia y eficacia de los procesos de coprocesamiento, particularmente el energético, a fin de prevenir o reducir la liberación al ambiente de sustancias contaminantes, especialmente las que sean tóxicas.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los Congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán adecuar sus leyes correspondientes a lo dispuesto en el presente decreto en un plazo no mayor de ciento ochenta días, contados a partir de su entrada en vigor.

Tercero. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá expedir en un plazo no mayor de ciento ochenta días, contados a partir de la publicación del presente decreto, las disposiciones reglamentarias y las normas oficiales mexicanas correspondientes.

Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la Cámara de Diputados, a 9 de diciembre de 2008.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández , José Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Juan Manuel Villanueva Arjona (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González , José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz , María Soledad López Torres , Rafael Villicaña García , Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez , Roberto Mendoza Flores , Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas (rúbrica), Víctor Manuel Méndez Lanz (rúbrica), Octavio Fuentes Téllez (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Humberto López Lena Cruz .»

Es de primera lectura.



LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜISTICOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XV al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XIII y XIV y se adiciona una fracción XV al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72, y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 55, 56, 57, 60, 63, 65, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Dictamen

I. Antecedentes del proceso legislativo

1. Esta iniciativa fue presentada ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados el 16 de octubre del año 2008 por el diputado Érick López Barriga, del estado de Michoacán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y turnada a la Comisión de Asuntos Indígenas el día 4 de noviembre de 2008.
2. A la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XIII y, XIV y se adiciona una fracción XV al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
3. Con fecha 11 de diciembre del año 2008, en sesión plenaria de la Comisión de Asuntos Indígenas, existiendo el quórum reglamentario necesario, fue probado el presente dictamen previa opinión expresada por los legisladores presentes, por lo que se pone a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, para su discusión y resolución constitucional.

II. Materia de la iniciativa

Para ser congruentes tanto con la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, así como con la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, que señala: ``toda comunidad lingüística tiene derecho a que su lengua sea utilizada como oficial dentro de su territorio... y a hacer uso de los topónimos en la lengua propia del territorio, en los usos orales y escritos, y en los ámbitos privados, públicos y oficiales''.

Esta iniciativa propone que en los municipios con población indígena y comunidades indígenas, se instrumente la señalización plurilingüe. Es decir, que se inscriban en las lenguas indígenas que se hablen --considerando que en un número importante de municipios con población indígena se habla más de una lengua indígena y en español, las señales informativas cuyo contenido sean de nomenclatura oficial, así como sus topónimos. En tanto que el español al igual que cualquier lengua indígena, ``son lenguas nacionales por su origen histórico, y tienen la misma validez en su territorio, localización y contexto en que se hablen''.

El empleo de la señalización bilingüe o plurilingüe ha sido impulsado en diversas regiones del mundo como el principal instrumento simbólico de percepción e institucionalización de la realidad --bilingüe o plurilingüe-- de un territorio determinado, por lo que medidas de este tipo ya han sido instrumentadas por algunos países como España, Francia, Italia, Grecia, Irlanda, Alemania, Canadá, Argelia, Marruecos y Nueva Zelanda, entre otros.

Así, esta propuesta tiene como intención que en México se logre la inclusión y promoción de las lenguas indígenas en los espacios públicos y visibles del país, como un mecanismo que contribuya a fomentar el respeto a éstas y a sus hablantes, que son quienes mantienen vivo su importante patrimonio cultural y lingüístico.

Siguiendo tal orden de ideas, se propone modificar la redacción de las fracciones XIII y XIV del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, con el fin de recorrer la fracción XIV y, para mantener la coherencia y su significado de conjunción, y así adicionar una fracción XV, en la que se establezca que como parte de los derechos lingüísticos y de las obligaciones del Estado a través de los distintos órdenes de gobierno, sean inscritas de manera plurilingüe las señales informativas cuyo contenido sean de nomenclatura oficial, en municipios con población indígena y en comunidades indígenas.

III. Consideraciones de la comisión

La iniciativa en comento reconoce la importancia que tienen las lenguas indígenas como un elemento central en la reproducción de sus identidades y, como una forma de su fortalecimiento, que permita la revitalización de estas lenguas; y, conforme a lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, propone reformas a las fracciones XIII y XIV, así como una adición a la fracción XV del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, siendo el contenido central de esta, el siguiente: ``En municipios con población indígena y comunidades indígenas se instrumentarán medidas para que sean inscritas en las lenguas indígenas que se hablen y el español, las señales informativas de nomenclatura oficial así como sus topónimos''. Al respecto, esta comisión se permite hacer las siguientes

Consideraciones

1. La adición de una fracción XV del artículo 13 corresponde al Capítulo III, ``De la Distribución, Concurrencia y Coordinación de Competencias'', de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que establece la obligación del ``...Estado en sus distintos órdenes de gobierno [a] la creación de instituciones y la realización de actividades en sus respectivos ámbitos de competencia, para lograr los objetivos generales de la presente ley, y en particular las siguientes...''
2. En la propuesta de adición anotada, se distinguen dos elementos: a) que en los municipios con población y comunidades indígenas sean inscritas en lengua indígena y en español las señales informativas; y b) que sean inscritos en lengua indígena que se hablen en el lugar, así como en español también; asimismo, los topónimos de esos municipios con población y comunidades indígenas donde se hable una o más lenguas indígenas.
3. Respecto al punto a), es claro que se refiere a ``...las leyendas y/o símbolos que tienen por objeto guiar al usuario a lo largo de su itinerario por calles y carreteras e informarle sobre nombres y ubicación de poblaciones, lugares de interés, servicio, kilometrajes y ciertas recomendaciones que conviene observar...'' 1 tal y como señala el uso y función que deben de tener esas señales informativas, según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es importante señalar que existe un número importante de municipios con población indígena donde se habla más de una lengua indígena, por lo que habría que considerar esta circunstancia, con la finalidad, de no discriminar a ninguna lengua indígena.
4. La redacción correspondiente al punto b) ``...para que sean inscritas en las lenguas indígenas que se hablen y el español, las señales informativas de nomenclatura oficial así como sus topónimos'', es suficientemente claro que la intención de la adición, es que se escribirá en una o más lenguas indígenas que se hablen en el lugar, con los topónimos de los dos elementos anotados: municipio y comunidades de población indígena, que permita una descripción social y cultural del lugar.
5. La Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas estima que, de 2 mil 443 municipios existentes en el país, 871 tienen presencia de población indígena en diferentes proporciones: 481 con 70 por ciento y más; 174 entre 40 por ciento y 69 por ciento, 26 con menos de población indígena y más de 5 mil indígenas. 2

IV. Conclusiones

a) Esta iniciativa es de alta valía para el fortalecimiento y desarrollo de los pueblos indígenas, como una forma de poner en relieve el carácter pluricultural que tiene nuestra nación mexicana tal y como se reconoce en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que esta comisión recomienda que se considere que las señales informativas, sean inscritas en su propia lengua.
b) Es de apreciarse esta iniciativa en virtud de que sirve también para fomentar el conocimiento, comprensión y mayor encomio hacia las culturas de los pueblos indígenas.
c) La propuesta inicial de adición, es pertinente; pues especifica el ámbito en que se aplicará la medida, al considerar que en un número importante de municipios con población indígena se habla más de una lengua indígena así como aclara los contenidos de la redacción que se anota en las topónimos al ponerlo también en español.

Por lo anteriormente expuesto y motivado, de acuerdo con la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento para el Gobierno del Interior de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente dictamen con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Artículo Único. Se adiciona una fracción XV, al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 13. ...

I. a XII. ...
XIII. Establecer políticas, acciones y vías para proteger y preservar el uso de las lenguas y culturas nacionales de los migrantes indígenas en el territorio nacional y en el extranjero;
XIV. Propiciar y fomentar que los hablantes de las lenguas indígenas nacionales participen en las políticas que promuevan los estudios que se realicen en los diversos órdenes de gobierno, espacios académicos y de investigación, y
XV. En municipios con población indígena y comunidades indígenas, se instrumentarán medidas para que sean inscritas en las lenguas indígenas que se hablen y el español, las señales informativas de nomenclatura oficial así como sus topónimos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: 1 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. http://dgcc.sct.gob.mx/ index.php?id=5822 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. ``Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas'', http://www. cdi.gob.mx/index.php?id_seccion=399. México 2002.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los once días del mes de diciembre del año dos mil ocho.
La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados: Marcos Matías Alonso (rúbrica), presidente; Martha Cecilia Díaz (rúbrica), Humberto Wilfrido Alonso Razo (rúbrica), José Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica), Wenceslao Herrera Coyac (rúbrica), secretarios; Víctor Aguirre Alcaide, Lourdes Alonso Flores , Higinio Chávez García , Othón Cuevas Córdova (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Elmar Darinel Díaz Solórzano , Yary del Carmen Gebhardt Garduza , Elda Gómez Lugo (rúbrica), Guillermina López Balbuena , Gustavo Idelfonso Mendívil Amparán, Ismael Ordaz Jiménez , Pascual Bellizzia Rosique (rúbrica), Anuario Luis Herrera Solís , Tomás José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Silvio Gómez Leyva (rúbrica), Felipe Díaz Garibay (rúbrica), Joaquín Jesús Díaz Mena (rúbrica), Francisco Antonio Fraile García , Ramón Landeros González , Gustavo Macías Zambrano (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez .»

Es de primera lectura.



LEY FEDERAL PARA EL CONTROL DE SUSTANCIAS QUIMICAS SUSCEPTIBLES DE DESVIO PARA LA FABRICACION DE ARMAS QUIMICAS - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que expide la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas, y adiciona una fracción XVII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, le fue turnada, para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas; y adiciona una fracción XVII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 y 73, fracciones X, XXI, XXIX-M y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, apartados 1 y 2, fracción XVIII y 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por lo dispuesto en los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha veintisiete de marzo de dos mil ocho, el Licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a través del Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas; y adiciona una fracción XVII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

II. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso que dicha iniciativa fuera turnada para su dictamen a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos y, mediante ampliación de turno, a la de Defensa, para su estudio y dictamen.

III. En sesión del nueve de diciembre de dos mil ocho, las Comisiones dictaminadoras presentaron a consideración de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores el proyecto correspondiente, siendo aprobado, en esa misma sesión, por ochenta y cinco votos a favor.

IV. El nueve de diciembre de dos mil ocho, el Pleno de la Cámara de Diputados recibió la minuta de referencia turnándose a la Comisión de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su estudio y dictamen.

V. Con fecha once de diciembre de dos mil ocho, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública emitió la opinión correspondiente sobre la Minuta de cuenta concluyendo que la misma ``No tiene impacto presupuestario''.

VI. Con fecha once de diciembre de dos mil ocho, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen en sentido positivo.

Contenido de la minuta

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas; y se adiciona una fracción XVII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, presentada por el Ejecutivo federal

1. El proponente considera que el Congreso de la Unión tiene la facultad para legislar, entre otras, en materia de sustancias químicas, delitos federales y seguridad nacional.

Asimismo, considera necesario que se emita la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas y se adicione una fracción XVII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a efecto de regular las actividades que realicen los particulares dentro del territorio nacional con sustancias químicas que, por su naturaleza y estructura, son susceptibles de desvío para la producción de armas químicas.

Al efecto, el proponente expone la motivación que sustenta la iniciativa, al tenor de las consideraciones siguientes:

a) El creciente desarrollo, producción y empleo de armas de destrucción en masa, constituye un fenómeno que se encuentra en el centro de atención de la comunidad internacional, en virtud del riesgo que representa para la vida e integridad de los individuos, así como para la seguridad nacional de los Estados y para la seguridad internacional, a partir de los actos terroristas que en los últimos años han ocurrido en diversas partes del mundo, ante el fácil acceso que grupos terroristas tienen a materiales químicos potencialmente letales. En nuestro país, el terrorismo y el terrorismo internacional están previstos en el Código Penal Federal y en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada como delitos.

Asimismo, la Ley de Seguridad Nacional reconoce a los actos tendentes a consumar terrorismo y a aquellos tendentes a consumar el tráfico ilegal de armas químicas de destrucción masiva, como amenazas a la seguridad nacional, por lo que la iniciativa se circunscribe al ámbito de esa materia.

Aunado a lo anterior, en la iniciativa se señala que la misma representa un instrumento legal congruente con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que contribuirá a garantizar la seguridad nacional y a preservar la integridad física y el patrimonio de los mexicanos, además de fortalecer la cooperación internacional para contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de seguridad y defensa de la soberanía.

b) Se refiere en la iniciativa que, en virtud del riesgo e impacto global que implican las actividades de proliferación de armas de destrucción en masa y el terrorismo, los miembros de la comunidad internacional han celebrado diversos instrumentos que tienen por objeto combatir las actividades tendentes a realizar actos en contra de la seguridad nacional de los Estados, de los cuales destaca la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción (la Convención), misma que se encuentra vigente en el derecho positivo mexicano al otorgársele, en su carácter de tratado internacional, el reconocimiento de Ley Suprema de toda la Unión en términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, el tema ha sido abordado por la Organización de las Naciones Unidas, lo que ha originado la emisión de diversas resoluciones del Consejo de Seguridad, las cuales persiguen el mismo objetivo: combatir la proliferación de armas químicas de destrucción en masa.

En la Convención se establece la obligación de los Estados miembros, frente a otros Estados Parte y frente a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), de adoptar las medidas nacionales de aplicación necesarias y acordes con su orden jurídico, a efecto de asegurar el cumplimiento de las disposiciones de dicho instrumento internacional, las cuales consisten en prohibir a las personas físicas y morales que se encuentren en su territorio, el desarrollo de cualquier actividad que vaya en contra de los postulados de dicho instrumento; sancionar penalmente determinadas conductas; designar una Autoridad Nacional que funja como el centro nacional de coordinación, responsable de mantener un enlace eficaz con la OPAQ y con los demás Estados parte; y asegurar en el orden jurídico nacional la aplicación efectiva de las obligaciones derivadas de la Convención.

En consecuencia, y a fin de que el Estado mexicano cuente con las herramientas legales para cumplir con su obligación internacional adquirida en virtud de la suscripción de la Convención, es necesario generar la legislación federal especial que prevea medidas de control para los particulares, así como las sanciones a las conductas que se califiquen como delitos, en términos del instrumento de referencia. Con ello, se cubrirán los vacíos legales en materia de no proliferación de armas de destrucción en masa y combate al terrorismo, lo cual, no sólo es un compromiso derivado de la suscripción de la Convención, sino también una exigencia de la comunidad internacional por establecer mecanismos de control para enfrentar amenazas a la seguridad nacional, con el objetivo final de evitar la consumación de actos que atenten en contra de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.

c) Manifiesta que la necesidad de regular este tipo de actividades, responde al riesgo potencial que representa el hecho de que, mediante diversos sistemas de producción o mezcla, puedan ser aprovechadas determinadas sustancias químicas para obtener productos de uso lícito y pacífico, pero al mismo tiempo, puedan ser empleadas para generar armas de destrucción en masa.

En atención de esa dualidad en el uso de sustancias químicas o sus precursores, la iniciativa propone el establecimiento de medidas de control sobre la elaboración, producción, consumo, transferencia, desarrollo, conservación, comercialización, adquisición, uso final, empleo, posesión, tenencia, propiedad, transbordo, transporte, transmisión, confinamiento y destino de sustancias químicas susceptibles de desvío para la proliferación de armas químicas de destrucción en masa, así como respecto de las instalaciones, tecnología, equipo especializado y corriente utilizado para dichas actividades.

2. En este sentido, la minuta que recibió esta colegisladora contiene la iniciativa de mérito, integrada por cinco títulos, a saber:

I. Disposiciones Generales;
II. De las Obligaciones y el Ejercicio de Atribuciones;
III. De las Medidas de Control;
IV. De las Sanciones, y
V. Del Procedimiento Administrativo.
a) En el Título Primero, ``Disposiciones Generales'', se prevé expresamente la obligatoriedad de las disposiciones de la Ley en todo el territorio nacional, y se fija su objeto, el cual consiste en establecer medidas de control, tales como: registro, declaraciones, inspecciones, revisiones y controles a la importación exportación y transporte. Las referidas medidas van dirigidas a quienes realicen actividades relacionadas con las sustancias químicas susceptibles de ser desviadas en su uso para fines distintos a los previstos en la Convención, así como respecto de las instalaciones, tecnología, equipo especializado y corriente utilizado para dichas actividades.

En el título en comento se incluye un glosario que incorpora algunas de las definiciones previstas en la Convención, entre otras, los Anexos de ese instrumento internacional, Arma Química , Mandato de Inspección Internacional . Asimismo, se agregan al glosario diversos conceptos con base en el orden jurídico nacional en materia de seguridad nacional, de los cuales destacan: la delimitación de las Actividades Reguladas , las definiciones de Autoridad Nacional ; de los Grupos de Inspección Internacional; de Inspección Nacional y de Acompañamiento ; del Listado Nacional ; del Mandato de Inspección Nacional ; de la Secretaría , órgano ejecutivo de la Autoridad Nacional; y del Sujeto Obligado , entre otros.

Aunado a lo anterior, en el Título Primero se enlistan a las autoridades que deberán aplicar las disposiciones de la iniciativa, a saber: las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad Pública, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Economía, de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Comunicaciones y Transportes, de Salud, la Procuraduría General de la República, el Servicio de Administración Tributaria y la Autoridad Nacional.

Adicionalmente, se establece la competencia de las dependencias, instituciones y órganos cuyos titulares sean integrantes del Consejo de Seguridad Nacional, para aplicar la iniciativa, de acuerdo con sus atribuciones legales, mediante el esquema de coordinación de acciones previsto en la Ley de Seguridad Nacional y sus disposiciones reglamentarias.

b) El Título Segundo, ``De las Obligaciones y el Ejercicio de Atribuciones'', relaciona los deberes para los sujetos obligados , a saber: solicitar su inscripción en el Registro Nacional para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas (el Registro); presentar sus declaraciones; permitir el acceso al Polígono de Inspección y el desarrollo de las medidas de control que prevé la Ley; cumplir requerimientos; realizar las Actividades Reguladas únicamente para fines no prohibidos por la Convención, entre otros.

Destaca la previsión de reglas específicas aplicables para actividades que se realicen con sustancias químicas de los Grupos 1, 2, 3 y 4 del Listado Nacional de la iniciativa, las cuales deben ser observadas por los sujetos obligados .

Por otro lado, se establecen las obligaciones de las autoridades con competencia en la aplicación de las disposiciones de la iniciativa, entre otras, atender los avisos, opiniones y requerimientos de información que realicen la Autoridad Nacional ; dar los avisos y realizar las consultas correspondientes respecto de actividades que los sujetos obligados realicen con sustancias químicas del Listado Nacional; regular el transporte de dichas sustancias en el territorio nacional; dar cumplimiento a los acuerdos que emita el Consejo de Seguridad Nacional y la Autoridad Nacional , así como negar o revocar las autorizaciones, permisos o licencias relacionadas con la exportación, elaboración, producción y consumo de las sustancias químicas del Listado Nacional, cuando se actualice alguna de las causales que la iniciativa prevé.

De igual forma, la iniciativa prevé las funciones de la Autoridad Nacional y la Secretaría , ésta como órgano ejecutivo de aquella, las cuales se derivan de la aplicación de las medidas de control que prevé la iniciativa. Al respecto, es importante mencionar que se incluyen disposiciones relativas a las reglas de reserva y confidencialidad que dichas autoridades deben atender en la recopilación y uso de documentos y datos de los sujetos obligados .

c) En el Título Tercero, ``De las Medidas de Control'', destaca la creación del Registro, se establecen las reglas generales de su integración, administración y funcionamiento. Dicho Registro estará a cargo de la Secretaría de la Autoridad Nacional , en el cual obrarán los datos relativos a los sujetos obligados y a las Actividades Reguladas .

Al respecto, se prevén los requisitos que deben cumplir los sujetos obligados en su inscripción al Registro y en la presentación de las declaraciones iniciales y anuales; se establece la facultad de la Secretaría de la Autoridad Nacional, para ordenar la práctica de visitas de inspección y revisiones, con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones de la iniciativa, y de comprobar la exactitud de los datos contenidos en las declaraciones que hayan presentado al Registro los sujetos obligados .

d) El Título Cuarto de la iniciativa, ``De las Sanciones'', se integra por un capítulo único, que tipifica las conductas que serán consideradas delitos, en atención a las prohibiciones previstas en la Convención y en la propia iniciativa.

Sobre el particular, se agrupan en tres grados de sanciones a las conductas que serán consideradas delictivas; en el primero, se prevé una sanción de prisión de dos a seis años y de cien a trescientos días multa; en el segundo, una pena de quince a cuarenta años de prisión y de cuatrocientos a mil doscientos días de multa; y en el tercero, una pena de seis a doce años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa.

Asimismo, se establece la obligación de las autoridades que participen en los procedimientos previstos en la iniciativa y que en el ejercicio de sus atribuciones tengan conocimiento de la probable comisión de alguno de los delitos previstos en la misma, a hacerlo del conocimiento del Ministerio Público de la Federación y de la Autoridad Nacional.

e) El Título Quinto a la iniciativa establece las reglas generales de los diversos trámites previstos en la misma, incluye las formalidades de las comunicaciones de los particulares ante la Secretaría de la Autoridad Nacional , reglas para la práctica de las notificaciones, días y horas inhábiles, cómputo de plazos, e impedimentos, excusas y recusaciones.

Asimismo, se prevé la procedencia de un medio de impugnación, Recurso de Reconsideración , con base en el cual los particulares podrán impugnar las resoluciones o actos que emita la Secretaría de la Autoridad Nacional y que consideren transgresores de sus derechos, antes de acudir a defender sus derechos ante el Poder Judicial Federal, mismo que será resuelto por la autoridad que emitió el acto que se recurre, esto es, por la propia Secretaría de la Autoridad Nacional.

f) La iniciativa incluye dos Apéndices, en el primero, denominado ``Listado Nacional'' y definido en el glosario de términos, se incluyen a las sustancias químicas que estarán sujetas a las medidas de control previstas en la iniciativa que nos ocupa. Dicho listado se integra por cinco grupos, los que identifican a las sustancias con su denominación técnica y, en su caso, un número de CAS (Chemical Abstracts Service).

En el Apéndice Dos, ``Estados Parte'' y ``Estados no Parte'', de conformidad con la definición que de ellos se hace en el glosario de términos de la iniciativa, se relaciona a los Estados que han consentido en obligarse por la Convención y los que no lo han hecho, respectivamente.

Por otra parte, la iniciativa que nos ocupa adiciona una fracción XVII, al artículo 194, del Código Federal de Procedimientos Penales, a efecto de incluir en el catálogo de los delitos federales graves, a los ilícitos tipificados en el artículo 49 de la iniciativa.

Establecidos los antecedentes y contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes

Consideraciones

En lo general y en lo particular, esta Comisión destaca y coincide en la importancia que tiene para nuestro país contar con un instrumento legal que permita aplicar controles a quienes realicen actividades relacionadas con las sustancias químicas susceptibles de desviarse en su uso para la fabricación de armas químicas de destrucción en masa, así como respecto de las instalaciones, tecnología, y equipo especializado y corriente que se utilice para esas actividades.

Lo anterior, en virtud del acceso que podrían tener grupos terroristas sobre esos productos y, por ende, de la posibilidad de utilizarlos en la fabricación de armas químicas de destrucción en masa, para preparar ataques que atenten contra la seguridad de los individuos y de los propios Estados.

En este sentido, la ausencia de los mencionados controles en el orden jurídico nacional, conlleva, entre otras consecuencias, que el Estado mexicano pueda ser utilizado para traficar de manera ilegal armas químicas, sus componentes, y todo lo relacionado con su fabricación.

De ahí que la iniciativa se plantea como un instrumento legal en materia de seguridad nacional, con el propósito de atender los fenómenos relacionado con la prevención de amenazas a la seguridad del Estado, tales como el terrorismo y el tráfico ilegal de armas químicas de destrucción en masa, las que se encuentran previstas en el artículo 5o., fracciones I y VIII de la Ley de Seguridad Nacional, que a la letra establecen:

Artículo 5. Para los efectos de la presente Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional:
I. Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo , rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional;
II. a VII. ...
VIII. Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva ;
IX. a XII. ...

Por otro lado, esta comisión coincide en que la iniciativa viene a dar cumplimiento a obligaciones internacionales adoptadas por el Estado mexicano, en virtud de estar vinculada a la Convención, instrumento que forma parte del orden jurídico nacional, ya que fue suscrito por nuestro país el 13 de enero de 1993, aprobándose por el Senado de la República el 14 de julio de 1994, ratificado el 9 de agosto de ese mismo año, y con inicio de vigencia a partir del día 29 de abril de 1997. En consecuencia, al haberse agotado el procedimiento a que se refiere el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la referida Convención se integra al orden jurídico nacional.

Cabe mencionar, sin embargo, que la Convención vincula a los Estados parte de la misma, pero no establece obligaciones directas para los particulares que se encuentren bajo la jurisdicción de esos Estados. Es por ello que dicho tratado internacional, en su artículo VII, establece el compromiso de los Estados Parte, de llevar a cabo diversas acciones legislativas y administrativas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la misma, e informar de ello a la OPAQ.

A la fecha, nuestro país no cuenta con legislación alguna para dar cumplimiento a las disposiciones de la Convención, por lo que se coincide con la opinión del Ejecutivo Federal y de la colegisladora en el sentido de que es necesario y apremiante generar leyes que establezcan controles al desarrollo, producción, almacenamiento, conservación, adquisición, transferencia y empleo de sustancias químicas, instalaciones y equipo relacionados con aquellas, así como las correspondientes sanciones penales.

De conformidad con lo anterior, se aprecia que con la iniciativa de mérito, no sólo se está dando cumplimiento a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado mexicano frente a la OPAQ y frente a los Estados parte de la Convención, sino que también se genera un esquema legal que atiende la prevención de amenazas que atenten contra la seguridad nacional.

Aunado a lo anterior y como consecuencia de las medidas de control previstas en la iniciativa, la Comisión Dictaminadora estima acertada la pertinencia del establecimiento de un catálogo de tipos penales que prevean sanciones derivadas de la inobservancia de las disposiciones de la Convención y de la propia iniciativa.

Se coincide con la iniciativa en la necesidad y justificación para establecer hipótesis legales con sanciones penales en los artículos 48, 49 y 50 de la misma, en virtud del posible daño que las conductas que se prevén en los referidos tipos delictivos provocarían a la sociedad, razón por la que se considera conveniente contar con las herramientas legales que permitan sancionar a quienes incurran en dichas conductas.

Asimismo, se coincide en la necesidad de incorporar las hipótesis delictivas previstas en el artículo 49 de la iniciativa en cuestión, al catálogo de delitos graves previstos en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, en virtud de que con tales conductas se pone en riesgo la seguridad nacional del país.

Adicionalmente, se estima pertinente que se integren a la iniciativa las reglas generales de los diversos trámites previstos en la misma, a efecto de que cuente con su propio régimen procesal, con independencia de la aplicación de disposiciones supletorias.

Con base en lo anterior, las reglas generales que deberán observarse en los diversos trámites que ese ordenamiento prevé, atiende al régimen especial que requieren las medidas de control que desarrolla la iniciativa, las cuales conllevan una naturaleza distinta a los que aplican las autoridades administrativas típicas del Estado mexicano.

Al respecto, dichas disposiciones generan seguridad jurídica para los particulares, ya que, de esta forma, la iniciativa tendrá la característica de exhaustividad al incorporar disposiciones sustantivas y adjetivas, lo cual disminuye la necesidad de recurrir a diverso ordenamiento para subsanar las posibles deficiencias o lagunas normativas que podrían generar la omisión de las reglas del procedimiento y del medio de impugnación.

Asimismo, la incorporación de la procedencia de un medio de impugnación (Recurso de Reconsideración), con base en el cual los particulares podrán impugnar las resoluciones o actos que emita la Secretaría de la Autoridad Nacional, otorga a éstos la posibilidad de revisión del asunto respectivo ante la autoridad ordinaria, antes de acudir a defender sus derechos ante el Poder Judicial de la Federación.

Al respecto, esta comisión considera que las disposiciones procedimentales y las relativas al medio de impugnación en comento, perfeccionan el instrumento normativo, ya que no sólo se establecen obligaciones para los particulares y la sujeción a medidas de control, sino también se precisan las formalidades legales que ello implica, y los medios legales con los que los gobernados podrán contar para, en su caso, oponerse a actos ilegales de las autoridades encargadas de su aplicación.

4. De esta manera y en atención al objeto de la iniciativa en estudio, esta Comisión dictaminadora encuentra que la misma tiene fundamento en el artículo 73, fracciones X, XXI, XXIX-M y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que sus disposiciones tienen por objeto establecer mecanismos de control para quienes realicen actividades con sustancias químicas, así como establecer hipótesis delictivas respecto de conductas que vayan en contra de la federación.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 72, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas; y adiciona una fracción XVII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas, para quedar como sigue:

Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas

Título Primero Disposiciones Generales

Capítulo Único Objeto y Ámbito de Aplicación

Artículo 1. La presente ley es de orden público y de observancia general en el territorio de la república y áreas bajo la jurisdicción del Estado mexicano, y tiene por objeto establecer medidas de control a los sujetos obligados que realicen actividades reguladas relacionadas con las sustancias químicas susceptibles de desvío, así como respecto de las instalaciones, tecnología, equipo especializado y corriente utilizado para dichas actividades.

Las medidas de control aplicables a los sujetos obligados son el registro, la declaración, la inspección, la revisión y controles a la importación, exportación y transporte.

Las actividades reguladas y las prohibidas por la Convención y por la presente ley son materia de seguridad nacional.

Artículo 2. Para los efectos previstos en la presente Ley, se entenderá por

I. Actividades Reguladas:
a) La elaboración, producción, consumo y transferencia de las sustancias químicas enunciadas en el Listado Nacional; y
b) El desarrollo, conservación, comercialización, adquisición, Uso Final, empleo, posesión, tenencia, propiedad, Transbordo, transporte, Transmisión, confinamiento y destino de las sustancias químicas del Listado Nacional, así como de las instalaciones, tecnología, equipo especializado y corriente utilizado para dichas actividades;
II. Anexo sobre Confidencialidad: Anexo sobre la Protección de la Información Confidencial de la Convención;
III. Anexo sobre Sustancias: Anexo sobre Sustancias Químicas de la Convención;
IV. Anexo sobre Verificación: Anexo sobre la Aplicación y la Verificación de la Convención;
V. Arma Química: Conjunta o separadamente:
a) Las sustancias químicas tóxicas o sus precursores, salvo cuando se destinen a fines no prohibidos por la Convención, siempre que los tipos y cantidades de que se trate sean compatibles con esos fines;
b) Las municiones o dispositivos destinados de modo expreso a causar la muerte o lesiones mediante las propiedades tóxicas de las sustancias especificadas en el inciso a) de esta fracción, que libere el empleo de dichas municiones o dispositivos; o
c) Cualquier equipo destinado de modo expreso a ser utilizado directamente con el empleo de las municiones o dispositivos especificados en el inciso b) de esta fracción;
VI. Autoridad Nacional: Órgano auxiliar del Consejo, cuya finalidad es actuar como instancia de coordinación de las autoridades competentes y de enlace internacional para el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano, en materia de no proliferación de armas químicas;
VII. CAS (Chemical Abstracts Service): Identificación numérica única para compuestos químicos, polímeros, secuencias biológicas preparadas y aleaciones, emitido por la Sociedad Química Americana;
VIII. Centro: Centro de Investigación y Seguridad Nacional, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación;
IX. Consejo: El Consejo de Seguridad Nacional previsto en la Ley de Seguridad Nacional;
X. Convención: Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, así como sus respectivos anexos;
XI. Destino Final: Último destino de las sustancias químicas controladas bajo la presente Ley, que hayan sido objeto de Transferencia;
XII. Desvío: La realización de cualquiera de las Actividades Reguladas para fines prohibidos por la Convención o por la presente Ley;
XIII. Estados Parte: Estados que han consentido en obligarse por la Convención y con respecto a los cuales dicho tratado internacional está en vigor, los cuales se encuentran relacionados en el Apéndice Dos de esta Ley;
XIV. Estados no Parte: Estados que no han consentido en obligarse por la Convención y con respecto a los cuales dicho tratado internacional no está en vigor, los cuales se encuentran relacionados en el Apéndice Dos de esta Ley;
XV. Grupo de Inspección Internacional: Conjunto de inspectores y ayudantes de inspección designados por el Director General de la OPAQ y aceptados por el Estado mexicano, que ingresan a territorio de la República o áreas bajo la jurisdicción del Estado mexicano para llevar a cabo una Inspección Internacional;
XVI. Grupo de Inspección Nacional: Conjunto de inspectores y ayudantes de inspección designados por la Secretaría, para la realización de inspecciones nacionales;
XVII. Grupo Nacional de Acompañamiento: Servidores públicos mexicanos designados en cada caso por la Secretaría, para la realización de inspecciones internacionales y para vigilar las actividades de un Grupo de Inspección Internacional desde su entrada al territorio de la República o áreas bajo la jurisdicción del Estado mexicano hasta la salida del mismo;
XVIII. Inspección Internacional: Actividades de reconocimiento y vigilancia realizadas en el Polígono de Inspección por el Grupo de Inspección Internacional, a fin de verificar el cumplimiento de la Convención;
XIX. Inspección Nacional: Actividades de reconocimiento y vigilancia realizadas en el Polígono de Inspección por el Grupo de Inspección Nacional, a fin de verificar el cumplimiento de esta Ley e instrumentos internacionales en la materia, de los que el Estado mexicano sea parte;
XX. Instalación Única en Pequeña Escala: Todo equipo, así como cualquier edificio en que esté instalado dicho equipo, aprobado por la Secretaría y utilizado en la producción de sustancias químicas del Grupo 1 del Listado Nacional para fines no prohibidos en la Convención;
XXI. Listado Nacional: Relación de las sustancias químicas sujetas a las medidas de control previstas en la presente Ley, relacionadas en el Apéndice Uno de la misma;
XXII. Mandato de Inspección Internacional: Instrucciones del Director General de la Secretaría Técnica de la OPAQ al Grupo de Inspección Internacional para la realización de una Inspección Internacional;
XXIII. Mandato de Inspección Nacional: Instrucciones de la Secretaría para la realización de una Inspección Nacional;
XXIV. Normas Generales: Normas Generales de Verificación contenidas en la Parte II del ``Anexo sobre Verificación'' de la Convención;
XXV. OPAQ: Organización para la Prohibición de las Armas Químicas;
XXVI. Polígono de Inspección: Toda instalación o zona sujeta a una Inspección Internacional o Nacional, vinculada con el desarrollo de Actividades Reguladas, que se haya definido específicamente en el correspondiente Mandato de Inspección Internacional o Nacional;
XXVII. Registro: Registro Nacional para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas;
XXVIII. Secretaría: Órgano ejecutivo de la Autoridad Nacional que recae en el Centro, a través de la unidad administrativa denominada Dirección de Autoridad Nacional;
XXIX. Sujeto Obligado: Cualquier persona física o moral que directa o indirectamente, de modo habitual u ocasional, realice, en territorio de la República y en áreas bajo la jurisdicción del Estado mexicano, cualquiera de las Actividades Reguladas respecto de las sustancias químicas del Listado Nacional;
XXX. Transbordo: El cambio de transporte de las sustancias químicas del Listado Nacional, entre el punto inicial de carga y el Destino Final de las mismas;
XXXI. Transferencia: Toda operación realizada a través de la importación, exportación o retorno;
XXXII. Transmisión: Toda operación realizada a través de arrendamiento, cesión, donación, entrega, comodato, tránsito, Transbordo o venta, de sustancias químicas del Listado Nacional, tecnología y equipo especializado y corriente relacionado, efectuada entre sujetos obligados;
XXXIII. Uso Final: Proceso último de producción, elaboración o consumo de las sustancias químicas del Listado Nacional; y
XXXIV. Usuario Final: Persona física o moral que dará un Uso Final a las sustancias químicas del Listado Nacional.

Artículo 3. La aplicación de la presente Ley corresponderá al Ejecutivo Federal por conducto de

I. La Secretaría de Gobernación;
II. La Secretaría de Relaciones Exteriores;
III. La Secretaría de la Defensa Nacional;
IV. La Secretaría de Marina;
V. La Secretaría de Seguridad Pública;
VI. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
VII. La Secretaría de Economía;
VIII. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;
IX. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes;
X. La Secretaría de Salud;
XI. La Procuraduría General de la República;
XII. El Servicio de Administración Tributaria; y
XIII. La Autoridad Nacional.

Las autoridades a que se refiere el presente artículo, actuarán en el ámbito de sus respectivas competencias en términos de las disposiciones aplicables, en lo que se refiere al control de las importaciones, exportaciones y demás trámites administrativos respecto de las sustancias químicas del Listado Nacional, así como en la coordinación interinstitucional derivada de la aplicación de la presente Ley y el ejercicio de las demás facultades que les correspondan.

Las dependencias, instituciones y órganos cuyos titulares sean integrantes del Consejo, serán autoridades competentes para aplicar la presente Ley de acuerdo con sus atribuciones legales y demás disposiciones jurídicas, en el marco del esquema de coordinación de acciones previsto en la Ley de Seguridad Nacional y sus disposiciones reglamentarias.

Artículo 4. A falta de previsión expresa en la presente Ley, se aplicará supletoriamente la Ley de Seguridad Nacional y el Código Federal de Procedimientos Civiles, sin perjuicio de lo que establezca la Convención y otros tratados internacionales en la materia, de los que el Estado mexicano sea parte. En las notificaciones, requerimientos, inspecciones, revisiones y consultas previstas en esta Ley, se aplicará de manera supletoria lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.

No será aplicable a la materia regulada por la presente Ley, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Título Segundo De las Obligaciones y el Ejercicio de Atribuciones

Capítulo Primero Sujetos Obligados

Artículo 5. Los sujetos obligados deberán

I. Solicitar a la Secretaría su inscripción en el Registro, previo al inicio de cualquiera de las Actividades Reguladas a que se refiere el artículo 2, fracción I, inciso a) de esta Ley;
II. Una vez inscrito en el Registro, presentar, dentro de los plazos establecidos en la presente Ley, la declaración inicial y las declaraciones anuales ante la Secretaría;
III. Entregar a la Secretaría la información y documentación adicional que ésta última requiera para el cumplimiento de sus atribuciones;
IV. Mantener actualizada la totalidad de la información proporcionada a la Secretaría, mediante la presentación de declaraciones complementarias, las cuales deberán presentarse dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente en que sucedió el hecho que motivo la actualización. En casos de pérdida, robo o extravío de sustancias químicas del Listado Nacional, los sujetos obligados deberán informar de ello a la Secretaría, a través de una declaración complementaria, dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir del evento; adicionalmente deberán realizar la denuncia de hechos ante el Ministerio Público de la Federación;
V. Declarar a la Secretaría las instalaciones, equipo, tecnología, complejos industriales y demás bienes relativos a la producción de sustancias químicas del Listado Nacional, excepto los polígonos que producen exclusivamente explosivos o hidrocarburos;
VI. Permitir el acceso al Polígono de Inspección, la revisión de cualquier bien mueble e inmueble que se encuentre dentro del mismo y otorgar todas las facilidades, informes y documentos para la ejecución de las medidas de control establecidas en la presente Ley a cargo de la Secretaría o de la OPAQ;
VII. Cumplir los requerimientos que le sean notificados por la Secretaría;
VIII. Acreditar ante las autoridades competentes que cuentan con el certificado de Uso Final a que se refiere la fracción III del artículo 8 de esta Ley, a fin de que se les otorgue el permiso de exportación correspondiente;
IX. Obtener la autorización y registro por parte de la autoridad con competencia para regular y controlar los servicios de transporte federal de carga, para efectuar el transporte de sustancias químicas del Listado Nacional, debiendo declarar las unidades que habilitará para prestar dicho servicio de transporte de las mismas, conforme a lo previsto en las disposiciones aplicables;
X. Instalar y cerciorarse de que los vehículos, semirremolques, contenedores, carros de ferrocarril o cualquier medio que sirva de continente para el transporte de sustancias químicas del Listado Nacional, cuenten con dispositivo de geolocalización o georreferenciación satelital radioeléctrico o de tecnología similar, conforme a lo previsto en las disposiciones aplicables;
XI. Solicitar a la Secretaría la autorización de la Instalación Única en Pequeña Escala y de las instalaciones alternas a que se refiere la fracción IV del artículo 7 de la presente Ley;
XII. Tramitar ante la autoridad competente, los permisos o autorizaciones de importación o exportación de las sustancias químicas del Listado Nacional, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones administrativas que para tal efecto emitan dichas autoridades, así como en los ordenamientos aplicables;
XIII. Realizar las Actividades Reguladas, únicamente para fines no prohibidos por la Convención y la presente Ley;
XIV. Informar a las autoridades competentes para autorizar, regular y controlar la entrada y salida de sustancias químicas del Listado Nacional del territorio de la República o de áreas bajo la jurisdicción del Estado mexicano, los datos relativos al Destino, Usuario y Uso Final de dichas sustancias; y
XV. Las demás que se deriven de la presente Ley y de otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 6. Los sujetos obligados que elaboren, produzcan, consuman, importen, retornen o transmitan sustancias químicas relacionadas en el Listado Nacional, en estado puro o en mezcla, conforme a las disposiciones que al efecto se emitan, están obligados a informar por escrito al comprador o receptor, la existencia de obligaciones de declaración y de sujeción a medidas de control previstas en la presente Ley.

Artículo 7. Respecto de las sustancias químicas del Grupo 1 del Listado Nacional, los sujetos obligados deberán cumplir con lo siguiente:

I. Producir, adquirir, conservar, transferir y emplear dichas sustancias químicas, únicamente en los casos siguientes:
a) Cuando las sustancias químicas se destinen a fines de investigación, médicos, farmacéuticos o de protección contra sustancias químicas tóxicas y contra armas químicas; y
b) Cuando los tipos y cantidades de sustancias químicas se limiten estrictamente a los que puedan justificarse ante la Secretaría para los fines citados en el inciso anterior, conforme a los límites cuantitativos que al efecto se emitan a través de las disposiciones administrativas a que se refiere la fracción IX del artículo 9 de la presente Ley;
II. Realizar transferencias respecto de dichas sustancias químicas, únicamente para fines de investigación, médicos, farmacéuticos o de protección contra sustancias químicas tóxicas y contra armas químicas, en los tipos y cantidades a que se refiere la fracción I inciso b) del presente artículo, y siempre que se trate de transferencias a Estados Parte de la Convención y éstos cuenten con mecanismos para prohibir la Transferencia a un tercer Estado;
III. Notificar a la Secretaría, con un mínimo de treinta días hábiles y un máximo de cuarenta días hábiles de anticipación, la Transferencia de dichas sustancias químicas, en cuyo caso, la Secretaría otorgará al Sujeto Obligado una constancia de notificación, la cual será requisito indispensable para la autorización de todos los trámites administrativos relacionados con dichas transferencias ante las autoridades correspondientes.
Tratándose de transferencias de la sustancia denominada saxitosina, en cantidades no superiores a cinco miligramos, para fines médicos o diagnósticos, la notificación a que se refiere el párrafo anterior, deberá realizarse por lo menos cinco días hábiles previos a la Transferencia;
IV. Producir dichas sustancias químicas en una Instalación Única en Pequeña Escala, previamente autorizada por la Secretaría, en cuyo caso la producción se deberá realizar en recipientes de reacción de líneas de producción no configuradas para una operación continua. El volumen de cada recipiente de reacción no deberá exceder de cien litros y el volumen total de todos los recipientes de reacción cuyo volumen exceda de cinco litros, no deberá exceder de quinientos litros. Se podrá producir en una instalación alterna a la Instalación Única en Pequeña Escala, en los casos siguientes:
a) Cuando la producción sea para fines de protección contra sustancias químicas tóxicas y contra armas químicas, siempre que la cantidad total no rebase diez kilogramos al año por instalación alterna y dicha instalación haya sido aprobada por la Secretaría;
b) Cuando la producción sea para fines de investigación, médicos o farmacéuticos y rebase la cantidad de cien gramos al año por instalación alterna, siempre que la cantidad total no sea superior a diez kilogramos al año por instalación alterna y dicha instalación haya sido autorizada por la Secretaría; y
c) Se podrá llevar a cabo la síntesis de sustancias químicas del Grupo 1 del Listado Nacional para fines de investigación, médicos o farmacéuticos, pero no para fines de protección contra sustancias químicas tóxicas y contra armas químicas, en laboratorios, siempre que la cantidad sea inferior a cien gramos al año por instalación alterna y dicha instalación haya sido autorizada por la Secretaría.
Las instalaciones alternas estarán exentas de las medidas de declaración e inspección a que se refiere la presente Ley; y
V. Asignar la máxima prioridad a la seguridad de la población y la protección del medio ambiente, durante la realización de cualquiera de las Actividades Reguladas y procesos secundarios, conforme a las disposiciones aplicables, así como en las normas contenidas en los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea Parte.

Artículo 8. Queda prohibido a los sujetos obligados:

I. Realizar transferencias de sustancias químicas del Grupo 1 del Listado Nacional a Estados no Parte de la Convención;
II. Realizar transferencias de sustancias químicas de los Grupos 2 y 4 del Listado Nacional a Estados no Parte de la Convención;
III. Realizar exportaciones y sus retornos, de sustancias químicas del Grupo 3 del Listado Nacional, a Estados no Parte de la Convención, sin recibir previamente de la autoridad competente de dicho Estado receptor el certificado de Uso Final en el que se garantice que se destinarán únicamente para fines no prohibidos por la Convención y que no serán transferidas a un tercer Estado. Dicho certificado, de acuerdo a lo dispuesto por la Convención, deberá precisar
a) El tipo y cantidad de esas sustancias químicas;
b) El Uso Final de las mismas; y
c) El nombre y la dirección del Usuario Final.

Para los efectos de la fracción III de este artículo, las autorizaciones para la exportación de las sustancias químicas del Grupo 3 del Listado Nacional, sólo se emitirán cuando los sujetos obligados acrediten que cuentan con el certificado de Uso Final a que se refiere dicha fracción.

Capítulo Segundo Distribución de Competencias y Coordinación

Artículo 9. Las autoridades a que se refiere el artículo 3 de esta Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán

I. Atender con oportunidad los avisos, opiniones y requerimientos de información que emita la Autoridad Nacional y la Secretaría;
II. En los casos de aquellas autoridades con competencia para controlar la entrada y salida de mercancías a territorio de la República o áreas bajo la jurisdicción del Estado mexicano, dar aviso dentro del plazo y en los términos que establezca el Reglamento de la presente Ley a la Secretaría, de la importación, exportación y retorno de sustancias químicas del Listado Nacional, el cual deberá incluir los datos relativos a la operación, declarados por los sujetos obligados;
III. En los casos de aquellas autoridades con competencia para otorgar autorizaciones, licencias o permisos relacionados con la importación de sustancias químicas del Listado Nacional, dar aviso dentro del plazo y en los términos que establezca el Reglamento de la presente Ley a la Secretaría, respecto de los datos relativos a la operación, al Destino, Usuario y Uso Final declarado por los sujetos obligados y atender las recomendaciones que al respecto emita la Autoridad Nacional, a través de la Secretaría;
IV. Consultar de manera obligatoria a la Secretaría, previo a la emisión de cualquier autorización, permiso o licencia, en el ejercicio de sus atribuciones, relacionadas con la exportación, elaboración, producción y consumo, respecto de las sustancias químicas del Listado Nacional, para lo cual deberá incluir los datos relativos a la operación, al Destino, Usuario y Uso Final declarado por los sujetos obligados.
La consulta a que se refiere el párrafo anterior deberá formularse y desahogarse dentro de los plazos y en los términos que establezca el Reglamento de la presente Ley, y se realizará a efecto de que la Secretaría verifique el cumplimiento de las obligaciones registrales y declarativas, así como verificar que el Sujeto Obligado cuente con el certificado de Uso Final previsto en la fracción VIII del artículo 5 de la presente Ley, a cargo de los sujetos obligados;
V. Adoptar y aplicar las medidas administrativas necesarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, para atender los avisos e informes que emita la Autoridad Nacional y la Secretaría, en relación con hechos o actos que contravengan lo dispuesto en la presente Ley;
VI. Regular en el territorio de la República y áreas bajo la jurisdicción del Estado mexicano el transporte de sustancias químicas del Listado Nacional, integrando y administrando el registro de transportistas y medios de transporte correspondiente, así como vigilar el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias que al efecto se expidan;
VII. Requerir y verificar la instalación en los vehículos, semirremolques, contenedores, carros de ferrocarril o cualquier medio que sirva de continente para el transporte de sustancias químicas del Listado Nacional, de un dispositivo de geolocalización o georreferenciación satelital radioeléctrico o de tecnología similar, conforme a las disposiciones aplicables;
VIII. Dar cumplimiento a los acuerdos que emita el Consejo y la Autoridad Nacional; y
IX. Emitir las disposiciones administrativas en las que se establezca el límite cuantitativo de sustancias químicas del Grupo 1 del Listado Nacional que podrán destinar los sujetos obligados a la producción, adquisición, conservación empleo y Transferencia, mismas que deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Las autoridades a que se refiere el artículo 3 de esta Ley, con competencia para regular y controlar los servicios de transporte federal de carga, tendrán la facultad de otorgar permisos y autorizaciones en materia de transporte de sustancias químicas del Listado Nacional.

El incumplimiento a lo dispuesto por este artículo será causa de responsabilidad administrativa, con independencia de las responsabilidades civiles y penales que resulten aplicables.

Artículo 10. Las transferencias de las sustancias químicas del Listado Nacional, se sujetarán adicionalmente, a las regulaciones y restricciones no arancelarias, emitidas por las autoridades conforme a sus atribuciones en materia de comercio exterior, conforme a lo establecido en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, esta Ley, la Ley de Comercio Exterior, la Ley Aduanera, la Ley General de Salud, la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y los demás ordenamientos jurídicos que resulten aplicables.

Las autoridades a que se refiere el artículo 3 de esta Ley, con competencia para controlar, regular y restringir las importaciones, exportaciones y retornos de mercancías, tendrán la atribución de emitir las autorizaciones o permisos previos respecto de las sustancias químicas del Listado Nacional.

Artículo 11. Las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal que, de acuerdo al ámbito de su competencia, les corresponda expedir cualquier autorización, permiso o licencia que se relacione con la exportación, elaboración, producción y consumo de las sustancias químicas del Listado Nacional, deberán negar o, en su caso, revocar dichas autorizaciones, permisos o licencias, cuando los sujetos obligados incurran en alguna de las siguientes causales, sin perjuicio de lo previsto en otras disposiciones aplicables:

I. Incumplan las obligaciones previstas en los artículos 5, fracción VIII y 6 de esta Ley;
II. Omitan desahogar en el plazo señalado los requerimientos o avisos previstos en la presente Ley;
III. Presenten la información o documentación requerida en las visitas de inspección internacionales o nacionales, con datos alterados;
IV. Omitan solicitar su inscripción en el Registro; y
V. Omitan presentar su declaración Inicial, Anual o complementaria.

Capítulo Tercero Autoridad Nacional

Artículo 12. La Autoridad Nacional estará presidida por la Secretaría de Gobernación e integrada por representantes de las secretarías de Comunicaciones y Transportes; de la Defensa Nacional; Hacienda y Crédito Público; Marina; Relaciones Exteriores; Seguridad Pública; y de la Procuraduría General de la República; así como del Centro. Dichos representantes deberán tener como mínimo el nivel de Subsecretarios de Estado o su equivalente, quienes podrán designar a sus respectivos suplentes, los cuales deberán tener el nivel jerárquico inmediato inferior.

Para un mejor conocimiento, por parte de sus integrantes, de los asuntos que se sometan a consideración de la Autoridad Nacional, podrán asistir a sus sesiones, en carácter de invitados, representantes de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Economía; Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Salud, así como representantes de otras dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, o de algún otro organismo público o privado, cuando los asuntos a tratar así lo requieran, a propuesta de cualquiera de sus integrantes.

Para efectos de la presente Ley, la Autoridad Nacional tendrá las siguientes funciones:

I. Coordinar las actividades de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la aplicación de la presente Ley y en el cumplimiento de las obligaciones previstas en los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, en materia de no proliferación de armas químicas;
II. Establecer, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un enlace eficaz entre el Estado mexicano y los organismos internacionales en materia de no proliferación de armas químicas, así como con los Estados Parte de los instrumentos internacionales en la materia;
III. Analizar y, en su caso, proponer al Consejo la promoción de medidas legislativas, reglamentarias y administrativas para el cumplimiento de los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, en materia de no proliferación de armas químicas;
IV. Allegarse de todo documento, dato o muestra relativos al manejo de las sustancias químicas del Listado Nacional por parte de los sujetos obligados, a fin de dar cumplimiento oportuno a las obligaciones derivadas de los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, en materia de no proliferación de armas químicas;
V. Proponer a las autoridades competentes, la emisión de disposiciones administrativas en las que se establezca el límite cuantitativo de sustancias químicas del Grupo 1 del Listado Nacional, que podrán destinar los sujetos obligados a la producción, adquisición, conservación, empleo y Transferencia, mismos que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación;
VI. Proponer a las autoridades competentes, los mecanismos para el control de las Actividades Reguladas y prohibidas;
VII. Autorizar, en su caso, los mecanismos automatizados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para el control de las operaciones de comercio exterior respecto de las sustancias químicas del Listado Nacional propuestos por la Secretaría; y
VIII. Las demás que se deriven de la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 13. La Secretaría será la autoridad competente para la aplicación en todo el territorio nacional de las medidas de control previstas en la presente Ley, y tendrá las siguientes atribuciones:

I. Integrar y administrar el Registro;
II. Expedir las constancias de inscripción al Registro, así como las constancias de declaraciones que correspondan conforme a este ordenamiento;
III. Prevenir a los sujetos obligados cuando las solicitudes de inscripción al Registro o las declaraciones no cumplan con los requisitos previstos en la presente Ley, otorgando un plazo de diez días hábiles para el desahogo de la prevención. Transcurrido dicho plazo sin que se haya desahogado la prevención, no se continuará el trámite de solicitud de inscripción al Registro o declaración correspondiente, dejando a salvo los derechos del Sujeto Obligado para promover una nueva solicitud de inscripción al Registro.
La Secretaría contará con un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud de inscripción o de la declaración correspondiente, para prevenir a los sujetos obligados;
IV. Analizar y resguardar las declaraciones que realicen los sujetos obligados en cumplimiento de la presente Ley;
V. Llevar a cabo las visitas de inspección y revisión, previstas en la presente Ley;
VI. Emitir los mandatos de inspección nacional, así como las órdenes para la práctica de inspecciones internacionales que correspondan, previa validación, en su caso, de los mandatos de inspección internacional;
VII. Notificar a los sujetos obligados los mandatos de inspección nacional así como de las órdenes para la práctica de inspecciones internacionales;
VIII. Ejecutar las inspecciones nacionales e internacionales reguladas por la presente Ley;
IX. Solicitar, a través del Grupo de Inspección Nacional o del Grupo Nacional de Acompañamiento, según corresponda, el auxilio de las fuerzas de seguridad pública para la práctica de las inspecciones, en los términos de la presente Ley;
X. Expedir las acreditaciones formales de los integrantes de los grupos de inspección nacional y de los grupos nacionales de acompañamiento;
XI. Emitir los informes a que se refiere la presente Ley;
XII. Emitir los requerimientos previstos en la presente Ley;
XIII. Formular ante el Ministerio Público de la Federación, denuncias o querellas por hechos probablemente constitutivos de delitos, con motivo del ejercicio de sus atribuciones;
XIV. Elaborar y certificar los acuerdos de la Autoridad Nacional, y de los demás instrumentos jurídicos que emita, los cuales serán reservados y su divulgación se considerará como causa de responsabilidad conforme lo establezcan las leyes;
XV. Proponer a la Autoridad Nacional mecanismos automatizados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el control de las operaciones de comercio exterior respecto de las sustancias químicas del Listado Nacional y, en su caso, ejecutar dichos mecanismos;
XVI. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de la Autoridad Nacional;
XVII. Coordinar y dar seguimiento a los acuerdos adoptados por la Autoridad Nacional;
XVIII. Expedir los formatos y formularios a que se refiere la presente Ley;
XIX. Autorizar, en su caso, las instalaciones únicas en pequeña escala y las alternas, que cumplan con los requisitos establecidos en la presente Ley;
XX. Emitir la opinión correspondiente a la consulta obligatoria que formulen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en términos de la presente Ley;
XXI. Vigilar, en coordinación con las autoridades competentes, que la producción, adquisición y Transferencia de sustancias químicas del Grupo 1 del Listado Nacional en territorio de la República y en áreas bajo la jurisdicción del Estado mexicano, no supere la cantidad total permitida por la Convención;
XXII. Interpretar para efectos administrativos las disposiciones de la presente Ley; y
XXIII. Las demás que se deriven de la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

El Director General del Centro podrá ejercer en cualquier momento las atribuciones a que se refiere el presente artículo y delegarlas en los servidores públicos y las unidades administrativas del mismo.

Artículo 14. Para los efectos de esta Ley, la Secretaría deberá emitir avisos por razones de Seguridad Nacional, en los casos siguientes:

I. Ante la actualización de cualquiera de los supuestos de amenazas a la Seguridad Nacional, previstos en la Ley de la materia;
II. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de los sujetos obligados, previstas en la presente Ley;
III. Ante la realización de cualquiera de las actividades prohibidas en el artículo 8 de la presente Ley; y
IV. En los casos de pérdida, robo o extravío de sustancias químicas del Listado Nacional.

Artículo 15. La comunicación entre la Autoridad Nacional y la OPAQ, así como la remisión de las declaraciones de la Autoridad Nacional a ésta última, se realizarán por la vía diplomática, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Artículo 16. La Autoridad Nacional, en la recopilación y uso de documentos y datos de los sujetos obligados, adoptará las medidas necesarias que garanticen su reserva y confidencialidad, de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia. Tales documentos y datos relacionados con las Actividades Reguladas, únicamente podrán ser utilizados por la Autoridad Nacional y transmitirse a la OPAQ o a otros Estados Parte de la Convención, siempre que ello sea necesario para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Convención o de la presente Ley.

Título Tercero De las Medidas de Control

Capítulo Primero Registro Nacional para el Control de Sustancias Químicas

Artículo 17. La Secretaría integrará y administrará el Registro, en donde obrarán los datos relativos a las Actividades Reguladas y obligaciones previstas en la presente Ley.

La integración y funcionamiento del Registro, así como las reglas de procedimiento para los trámites ante la Secretaría, se regirá por las disposiciones administrativas que al efecto se expidan.

Artículo 18. Los sujetos obligados que realicen alguna de las Actividades Reguladas a que se refiere el artículo 2, fracción I, inciso a), de la presente Ley, deberán solicitar su inscripción en el Registro. Para tal efecto, proporcionarán a la Secretaría los documentos y datos siguientes:

I. Copia certificada del acta constitutiva protocolizada en que obre su denominación o razón social, debidamente inscrita en el registro público correspondiente, nombre de sus miembros o accionistas, de su representante legal, así como su domicilio social o, en el caso de personas físicas, el formato de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes;
II. Domicilios, ubicaciones exactas, planos, descripciones técnicas, diagramas detallados y capacidades de producción de cada una de sus instalaciones y los documentos que los acrediten;
III. En su caso, actividades industriales y comerciales que hayan realizado en los últimos tres años o se pretendan efectuar en cada una de sus instalaciones, respecto de las sustancias químicas del Listado Nacional;
IV. En su caso, inventario detallado del equipo que tenga en propiedad, posesión o tenencia y que haya utilizado durante los últimos tres años, utilice o vaya a ser utilizado en relación con las Actividades Reguladas a que se refiere el artículo 2, fracción I, inciso a), de la presente Ley;
V. En su caso, lugar en el que almacene y pretenda almacenar las sustancias químicas del Listado Nacional; y
VI. Información adicional que estime pertinente aportar voluntariamente en razón del objetivo de la Convención y de la presente Ley.

La Secretaría, podrá verificar la veracidad de la información aportada y, en su caso, solicitar información adicional y, siempre que se cumplan los requisitos anteriores, podrá expedir una constancia de inscripción, misma que será requisito indispensable para la realización de todos los trámites administrativos ante las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que, de acuerdo a sus atribuciones y, en los términos de lo dispuesto por las disposiciones aplicables, tengan que expedir autorizaciones relacionadas con las Actividades Reguladas a que se refiere el primer párrafo de este artículo.

La constancia de inscripción constituye un requisito previo a la presentación de la declaración inicial ante la Secretaría por parte de los sujetos obligados.

Capítulo Segundo Declaraciones

Artículo 19. Por cada declaración, la Secretaría expedirá, previo cumplimiento de todos los requisitos que en esta Ley se establecen, una constancia de declaración inicial, anual o complementaria, según corresponda. Las constancias de declaración estarán vigentes hasta en tanto concluya el plazo para presentar la declaración siguiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la presente Ley.

La constancia de declaración vigente será requisito indispensable para la realización de todos los trámites administrativos ante las autoridades competentes, relacionados con las Actividades Reguladas a que se refiere el artículo 2, fracción I, inciso a) de la presente Ley.

Las declaraciones a que se refiere la presente Ley, se efectuarán de conformidad con los formatos y formularios que al efecto emita la Secretaría.

Artículo 20. Con excepción de los casos previstos en el artículo 22 de la presente Ley, el Sujeto Obligado deberá presentar la declaración inicial dentro de los treinta días hábiles posteriores al otorgamiento de la constancia de inscripción al Registro, con la documentación y datos siguientes:

I. Actividades industriales y comerciales que realizan en cada una de sus instalaciones;
II. Domicilios, ubicaciones exactas, planos, descripciones técnicas, diagramas detallados y capacidades de producción de cada una de sus instalaciones y los documentos que los acrediten siempre que exista algún cambio con respecto a lo declarado en la solicitud de inscripción del Registro;
III. Inventario detallado del equipo que tenga en posesión o propiedad para la producción, elaboración o consumo de las sustancias químicas y precursores del Listado Nacional;
IV. Lugar de almacenamiento de las sustancias químicas y precursores del Listado Nacional, siempre que exista algún cambio con respecto a lo declarado en la solicitud de inscripción al Registro; y
V. Información adicional que estime pertinente aportar voluntariamente en razón del objetivo de la Convención y de la presente Ley.

En cualquier momento la Secretaría podrá requerir al Sujeto Obligado para que precise o amplíe cualquier dato contenido en una declaración inicial, requerimiento que deberá desahogarse por escrito en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación.

El Sujeto Obligado deberá declarar a la Secretaría, las nuevas instalaciones únicas en pequeña escala relacionadas con las sustancias químicas del Grupo 1 del Listado Nacional, o modificaciones a las declaradas, que se proponga hacer funcionar, por lo menos ocho meses previos a su inicio de operaciones.

Asimismo, deberá declarar cualquier otra nueva instalación o modificación a las ya existentes, relacionadas con sustancias químicas de los grupos 2, 3, 4 y 5 del Listado Nacional, treinta días naturales previo al inicio de su operación.

Artículo 21. Con excepción de los casos previstos en el artículo 22 de la presente Ley, el Sujeto Obligado presentará las declaraciones anuales en los términos del presente artículo:

I. Durante el mes de enero de cada año, por Actividades Reguladas a que se refiere el artículo 2, fracción I, inciso a) de la presente Ley, realizadas en el periodo de enero a diciembre del año inmediato anterior, con los siguientes datos:
a) Domicilios, ubicaciones exactas, planos, descripciones técnicas, diagramas detallados y capacidades de producción de cada una de sus instalaciones y los documentos que los acrediten;
b) Actividades industriales y comerciales que realiza en cada una de sus instalaciones;
c) Tipo, cantidad, nombre químico, nombre común o comercial, fórmula estructural, número de registro CAS, si lo tuviere asignado, fracción arancelaria, Uso Final, Destino Final y Usuario Final de sustancias químicas relacionadas en el Listado Nacional, que haya utilizado en alguna actividad regulada, incluyendo la descripción del método empleado, así como los documentos que acrediten esta información;
d) Empleo, traslado, recepción o adquisición que haya realizado, de equipo a que hace referencia la fracción III del artículo anterior, así como los documentos que acrediten esta información;
e) Variaciones o modificaciones en relación con la declaración inmediata anterior, así como los documentos que acrediten esta información; y
f) Información adicional que estime pertinente aportar voluntariamente en razón del objetivo de la Convención y la presente Ley;
II. Durante el mes de agosto de cada año, respecto de Actividades Reguladas a que se refiere el artículo 2, fracción I, inciso a) de la presente Ley, que prevea realizar en el periodo de enero a diciembre del año subsecuente, con los datos a que se refieren los incisos a), b) y f) de la fracción anterior y los siguientes:
a) Tipo, cantidad, nombre químico, nombre común o comercial, fórmula estructural, número de registro CAS, si lo tuviere asignado, fracción arancelaria, Uso Final, Destino Final y Usuario Final de las sustancias químicas relacionadas en el Listado Nacional, que tenga proyectado utilizar en alguna actividad regulada, incluyendo la descripción del método empleado y los plazos para su ejecución;
b) Empleo, traslado, recepción o adquisición que prevea realizar, de equipo a que hace referencia la fracción III del artículo 20; y
c) Variaciones o modificaciones que prevea, en relación con la declaración inmediata anterior.

Los sujetos obligados deberán declarar a la Secretaría, cualquier actividad regulada a que se refiere el artículo 2, fracción I, inciso a), adicional a las declaradas conforme a la fracción II del presente artículo, por lo menos con diez días hábiles antes de que comience la misma.

En cualquier momento, la Secretaría podrá requerir al Sujeto Obligado para que precise o amplíe cualquier dato contenido en la declaración anual, respecto de las sustancias químicas incluidas en el Grupo 1 del Listado Nacional, debiendo desahogarse dicho requerimiento en un plazo máximo de treinta días hábiles.

El Sujeto Obligado estará exento de presentar la declaración anual correspondiente prevista en este artículo, cuando hayan transcurrido menos de cuatro meses desde que presentó la declaración inicial, en cuyo caso ésta será considerada como declaración anual.

Artículo 22. Los sujetos obligados deberán presentar las declaraciones a que se refiere la presente Ley, respecto de la producción, elaboración o consumo de las sustancias químicas del Grupo 2 del Listado Nacional, únicamente en caso de que hayan realizado dichas actividades en los complejos industriales que comprendan una o más plantas, durante cualquiera de los tres años calendario anteriores o que prevean hacerlo en el año calendario siguiente, cuando excedan de las cantidades que a continuación se señalan:

a) Un kilogramo de la sustancia química denominada BZ Bencilato de 3-quinuclidinilo a que se refiere el numeral 3 del apartado A del Grupo 2 del Listado Nacional;
b) Cien kilogramos de las demás sustancias químicas del apartado A del Grupo 2 del Listado Nacional; o
c) Una tonelada de alguna sustancia química del apartado B del Grupo 2 del Listado Nacional.

Los sujetos obligados deberán presentar las declaraciones a que se refiere la presente Ley, respecto de la producción de sustancias químicas del Grupo 3 del Listado Nacional, únicamente cuando hayan realizado dicha actividad en cantidades superiores a treinta toneladas en el año calendario anterior, en los complejos industriales que comprendan una o más plantas.

Los sujetos obligados estarán exentos de presentar las declaraciones a que se refiere este artículo respecto del Grupo 2 y 3 del Listado Nacional, en caso de que las mezclas de las sustancias químicas sean de baja concentración, salvo que la facilidad de recuperación de dichas mezclas y su peso total constituyan un peligro para el objeto y propósito de la Convención y de la presente Ley en términos de lo establecido en el Reglamento de esta Ley.

Los sujetos obligados deberán realizar las declaraciones a que se refiere la presente Ley, respecto de las sustancias químicas del Grupo 5 del Listado Nacional, cuando hayan producido por síntesis más de doscientas toneladas anuales en los complejos industriales o más de treinta toneladas anuales en una o más plantas, en este caso cuando las sustancias químicas contengan fósforo, azufre o flúor.

Capítulo Tercero Inspecciones Nacionales

Artículo 23. La Secretaría podrá ordenar que se practiquen visitas de inspección y revisiones para verificar el cumplimiento de la presente Ley y para comprobar la exactitud de los datos contenidos en las declaraciones de los sujetos obligados.

Artículo 24. Las inspecciones y revisiones a que se refiere el artículo anterior serán practicadas por Grupos de Inspección Nacional en días y horas hábiles, también podrán efectuarse en días y horas inhábiles cuando así haya sido habilitado por la Secretaría, circunstancias que se expresarán en el Mandato de Inspección correspondiente. El Sujeto Obligado deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones y nombrar a un representante para cada inspección y revisión, quien deberá presenciar toda la diligencia.

Para cada inspección, la Secretaría integrará un Grupo de Inspección Nacional y designará a su Jefe con carácter de representante para esa diligencia. Asimismo, expedirá las acreditaciones formales que resulten necesarias y el Mandato de Inspección Nacional debidamente fundado y motivado en el que se precise el Polígono de Inspección, el objeto de la diligencia, el equipo que será utilizado durante la inspección y la notificación, en su caso, de la actuación de la fuerza de seguridad pública para garantizar la seguridad del desarrollo de la diligencia de inspección.

Artículo 25. El Grupo de Inspección Nacional tiene las siguientes atribuciones:

I. Requerir y obtener del Sujeto Obligado datos y documentos sobre las actividades que se realizan en el Polígono de Inspección y sobre las medidas de seguridad vigentes;
II. Requerir y obtener del Sujeto Obligado, apoyo administrativo y logístico para desahogar la inspección;
III. Acceder y reconocer el Polígono de Inspección, con el equipo de inspección necesario;
IV. Entrevistar a miembros del personal que laboren en el Polígono de Inspección en presencia del representante del Sujeto Obligado, y obtener de los primeros, datos que sean pertinentes para el cumplimiento del objeto de la diligencia;
V. Revisar los expedientes, registros o cualquier documento que se encuentre en el Polígono de Inspección y que se consideren pertinentes para el cumplimiento del objeto de la diligencia;
VI. Directamente o por medio de personal que labore en el Polígono de Inspección, obtener las muestras y tomar las fotografías que sean estrictamente necesarias para el cumplimiento del objeto de la diligencia;
VII. Requerir a personal que labore en el Polígono de Inspección, en casos estrictamente necesarios para el objeto de la diligencia, la realización de determinadas operaciones para verificar procedimientos y el funcionamiento de las instalaciones; y
VIII. Emitir informes de inspección e informes de revisión.

Artículo 26. Al iniciar la diligencia, cada miembro del Grupo de Inspección Nacional se identificará con el representante del Sujeto Obligado, exhibiendo su acreditación formal; el jefe del Grupo de Inspección Nacional le mostrará el Mandato de Inspección Nacional respectivo, entregándole copia del mismo con firma autógrafa.

Artículo 27. La persona con quien se entienda la diligencia está obligada a permitir a los miembros del Grupo de Inspección Nacional, el acceso al Polígono de Inspección en los términos previstos en el Mandato de Inspección Nacional.

Con el fin de garantizar la seguridad del desarrollo de la diligencia de inspección, el jefe del Grupo de Inspección Nacional podrá solicitar el auxilio de las fuerzas de seguridad pública.

El requerimiento del auxilio de las fuerzas de seguridad pública por parte del jefe del Grupo de Inspección Nacional, por la urgencia del caso, podrá ser por cualquier medio, debiéndose realizar con posterioridad la confirmación del requerimiento por escrito.

Las autoridades que tengan a su mando fuerzas de seguridad pública, estarán obligadas a prestar su colaboración al jefe del Grupo de Inspección Nacional cuando éste lo solicite, para garantizar la seguridad de la diligencia de inspección.

Artículo 28. Al concluir la inspección, el Grupo de Inspección Nacional levantará acta circunstanciada por duplicado, en presencia de dos testigos propuestos por el representante del Sujeto Obligado. En caso de ausencia o negativa por parte de dicho Sujeto Obligado, el jefe del Grupo de Inspección Nacional procederá a nombrarlos.

En dicha acta circunstanciada se harán constar los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la inspección. Asimismo, se dará oportunidad a la persona con la que se entendió la diligencia para que en el mismo acto manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los hechos u omisiones asentados en el acta respectiva y para que ofrezca las pruebas que considere convenientes o en su defecto, haga uso de ese derecho en el término de cinco días hábiles siguientes a la fecha en que concluya la diligencia, ante la autoridad que se señale en el cuerpo del acta.

A continuación, se procederá a firmar el acta por todos los que hayan intervenido en la diligencia y se entregará copia al Sujeto Obligado o a su representante. Si éste se negara a firmar el acta o a recibir la copia de la misma, el jefe del Grupo de Inspección Nacional asentará dichas circunstancias en el acta sin que ello afecte su validez.

Artículo 29. En un plazo máximo de treinta días hábiles, el Grupo de Inspección Nacional redactará un informe de inspección al que anexará el acta a que se refiere el artículo anterior y lo remitirá a la Secretaría.

En un plazo máximo de treinta días hábiles, tras la recepción del informe de inspección, la Secretaría emitirá un informe final fundado y motivado y lo entregará a la Autoridad Nacional, así como, de ser el caso, un requerimiento dirigido al Sujeto Obligado en el que se especifiquen las medidas que éste deberá adoptar, dentro del plazo de quince días hábiles, para corregir las deficiencias o irregularidades detectadas, dicho plazo será prorrogable según las circunstancias que originen el requerimiento.

Artículo 30. En caso de que el Grupo de Inspección Nacional concluya en su informe de inspección que el Sujeto Obligado debe adoptar medidas de urgente aplicación o correctivas, remitirá su informe a la Secretaría dentro de los cinco días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de elaboración del acta, solicitando a ésta emitir informe final y requerimiento por escrito dirigido al Sujeto Obligado, otorgándole el plazo de cinco días hábiles para aplicar dichas medidas, prorrogables según las circunstancias que originen el requerimiento.

El requerimiento correspondiente será notificado al Sujeto Obligado, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo.

Artículo 31. Dentro de los cinco días hábiles que sigan al vencimiento de los plazos otorgados al Sujeto Obligado, en los artículos 29 y 30 para aplicar las medidas necesarias para corregir las deficiencias o irregularidades observadas, éste deberá comunicar por escrito y en forma detallada a la Secretaría, haber dado cumplimiento al requerimiento en los términos del mismo o, en su caso, el grado de avance cuando así se justifique.

Artículo 32. La revisión del cumplimiento del requerimiento, iniciará con la entrega al representante del Sujeto Obligado de un nuevo Mandato de Inspección Nacional.

En caso de que el Grupo de Inspección Nacional concluya en su informe de revisión que persisten las irregularidades detectadas, la Secretaría redactará un informe que presentará, en su caso y a la brevedad posible, al Consejo.

Artículo 33. En caso de que el Grupo de Inspección Nacional detecte durante el desarrollo de la visita de inspección o revisión, la existencia de actos u omisiones probablemente constitutivos de delito, informará de ello a la Secretaría, la cual formulará la denuncia respectiva ante el Ministerio Público de la Federación.

Artículo 34. Los documentos y datos recopilados por el Grupo de Inspección Nacional durante el desarrollo de las visitas de inspección o revisiones, se protegerán de conformidad con las disposiciones aplicables. El acceso a dichos documentos y datos será restringido a los servidores públicos que así lo requieran para el cumplimiento de las facultades y atribuciones de la Autoridad Nacional, de la Secretaría o del Grupo de Inspección Nacional. Fuera de este caso, únicamente se transmitirán con el previo consentimiento por escrito del Sujeto Obligado.

Las muestras tomadas por los Grupos de Inspección Nacional, podrán ser analizadas en el lugar en que se practica la inspección o procesadas en laboratorios especializados. Dichas muestras serán destruidas, por instrucción de la Autoridad Nacional, hasta el momento en que concluya la inspección o, en su caso, la integración, de una averiguación previa o el proceso penal, según corresponda y siempre que la naturaleza de la sustancia química del Listado Nacional de que se trate lo permita.

El Ministerio Público de la Federación o la autoridad judicial federal, según corresponda, determinarán lo conducente respecto de la administración de las sustancias químicas del Listado Nacional aseguradas o decomisadas, previa consulta a la Autoridad Nacional.

Para efecto de lo previsto en el párrafo anterior, la Autoridad Nacional deberá verificar qué dependencia o entidad atendiendo a sus atribuciones y, a la naturaleza de las sustancias químicas del Listado Nacional aseguradas o decomisadas, podrá hacerse cargo de su administración.

La destrucción de las sustancias químicas del Listado Nacional aseguradas o decomisadas será ordenada únicamente por el Ministerio Público de la Federación o por la autoridad judicial federal cuando se trate de armas químicas en los términos de lo dispuesto en la presente Ley y, en su caso, deberán recabar muestras de dichas sustancias para que obren en la averiguación previa o en el proceso correspondientes.

Capítulo Cuarto Inspecciones Internacionales

Artículo 35. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, podrá concertar o negociar con la OPAQ acuerdos de instalación de conformidad con la parte VI del Anexo de Verificación de la Convención.

Artículo 36. Para la verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Convención, los sujetos obligados serán objeto de inspecciones internacionales, las cuales se encuentran previstas en la misma.

Artículo 37. Las inspecciones a que se refiere el artículo anterior serán realizadas por el Grupo Nacional de Acompañamiento, quien apoyará al Grupo de Inspección Internacional designado conforme al Anexo sobre Verificación. El Sujeto Obligado debe nombrar a un representante para cada inspección y en su caso revisión, quien deberá estar presente en toda diligencia.

Para cada inspección, la Secretaría integrará un Grupo Nacional de Acompañamiento y designará a su jefe con carácter de representante para esa diligencia. En su caso, designará los traductores que se requieran y expedirá la orden escrita debidamente fundada y motivada en la que se precise el Polígono de Inspección, el objeto de la diligencia y la notificación, en su caso, de la actuación de las fuerzas de seguridad pública para garantizar la seguridad del desarrollo de la diligencia de inspección.

Artículo 38. El Grupo Nacional de Acompañamiento conducirá al Grupo de Inspección Internacional en territorio de la República o en áreas bajo la jurisdicción del Estado mexicano y adoptará las medidas necesarias para procurar el traslado de este último, de su equipo y demás material, en condiciones de seguridad, desde su punto de entrada al país y hasta el punto de salida del territorio de la República o del área bajo jurisdicción del Estado mexicano.

Artículo 39. Al iniciar la inspección, cada miembro del Grupo Nacional de Acompañamiento se identificará debidamente con el representante del Sujeto Obligado; el jefe del Grupo Nacional de Acompañamiento le mostrará la orden escrita respectiva, entregándole copia de la misma con firma autógrafa.

Artículo 40. La persona con quien se entienda la diligencia deberá permitir a los miembros del Grupo de Inspección Internacional y a los miembros del Grupo Nacional de Acompañamiento, el acceso al Polígono de Inspección en los términos previstos en la orden escrita a que se hace referencia en el artículo 37 de la presente Ley.

Con el fin de garantizar la seguridad del desarrollo de la diligencia de inspección, el jefe del Grupo Nacional de Acompañamiento podrá solicitar el auxilio de la fuerza de seguridad pública.

Artículo 41. Las inspecciones se llevarán a cabo de conformidad con las Normas Generales. El Grupo Nacional de Acompañamiento ejercerá las atribuciones previstas en el Anexo sobre Verificación para el acompañamiento en el país y las que esta Ley reconoce a los Grupos Nacionales de Inspección, en lo que no contravengan a las Normas Generales.

El Grupo Nacional de Acompañamiento velará porque la diligencia se desarrolle con estricto apego al orden jurídico nacional, a dichas Normas Generales y al mandato conferido por la OPAQ al Grupo de Inspección Internacional.

Artículo 42. Al concluir la visita de inspección, el Grupo Nacional de Acompañamiento levantará acta circunstanciada por duplicado en presencia de dos testigos propuestos por el representante del Sujeto Obligado. En caso de ausencia o negativa por parte de dicho representante, el jefe del Grupo Nacional de Acompañamiento procederá a nombrarlos.

El acta circunstanciada consignará los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la inspección. Asimismo, se dará oportunidad al representante del Sujeto Obligado para que en el mismo acto manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los hechos u omisiones asentados en el acta respectiva y para que ofrezca las pruebas que considere convenientes o, en su defecto, haga uso de ese derecho en el término de cinco días hábiles siguientes a la fecha en que concluya la diligencia, ante la autoridad que se señale en el cuerpo del acta.

A continuación se procederá a firmar el acta por todos los que hayan intervenido en la diligencia, de la que se entregará copia al Sujeto Obligado o a su representante. Si éste se negara a firmar el acta o a recibir la copia de la misma, el jefe del Grupo asentará dichas circunstancias en el acta sin que ello afecte su validez.

Artículo 43. En un plazo máximo de treinta días hábiles, el Grupo Nacional de Acompañamiento redactará una minuta por escrito a la que anexará el acta a la que se refiere el artículo anterior y la remitirá a la Secretaría. En dicha minuta se señalarán los pormenores de la inspección, así como cualquier dato relevante del que se tenga conocimiento.

Artículo 44. Cuando del informe final del Grupo de Inspección Internacional a que se refiere la Convención, se desprenda que el Sujeto Obligado debe adoptar medidas para corregir deficiencias o irregularidades detectadas, la Secretaría valorará la pertinencia de emitir requerimiento por escrito para que el Sujeto Obligado proceda en consecuencia.

En dicho requerimiento, la Secretaría precisará las medidas que el Sujeto Obligado deberá adoptar, dentro del plazo de quince días hábiles, para corregir dichas deficiencias o irregularidades; dicho plazo será prorrogable según las circunstancias que originen el requerimiento.

Artículo 45. Dentro de los cinco días hábiles que sigan al vencimiento del plazo otorgado al Sujeto Obligado para subsanar las deficiencias o irregularidades observadas, éste deberá comunicar por escrito y en forma detallada a la Secretaría, haber dado cumplimiento a las medidas ordenadas en el requerimiento respectivo o, en su caso, el grado de avance cuando así se justifique.

Artículo 46. La revisión de cumplimiento del requerimiento se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones aplicables del Capítulo Tercero del Título Tercero de la presente Ley.

En caso de que el Grupo Nacional de Acompañamiento concluya en su informe de revisión que persisten las irregularidades detectadas, se estará a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la presente Ley.

Artículo 47. En caso de que el Grupo Nacional de Acompañamiento detecte durante el desarrollo de la visita de inspección o revisión, la existencia de actos u omisiones probablemente constitutivos de delito, informará de ello a la Secretaría, la cual formulará la denuncia respectiva ante el Ministerio Público de la Federación.

Título Cuarto De las Sanciones

Capítulo Único Delitos

Artículo 48. Se impondrá pena de prisión de dos a seis años y de cien a trescientos días multa:

I. A quien proporcione información falsa o la oculte, en las declaraciones reguladas por la presente Ley;
II. A quien empleando el amago, la fuerza o la amenaza, obstaculice o impida, la realización de las inspecciones reguladas en la presente Ley; o
III. A quien realice transferencias de sustancias químicas del Grupo 3 del Listado Nacional, con personas físicas o morales de Estados no Parte de la Convención, sin recibir previamente de la autoridad competente de dicho Estado receptor el certificado de Uso Final, a que se refiere el artículo 8, fracción III, de la presente Ley.

Artículo 49. Se impondrá pena de quince a cuarenta años de prisión y de cuatrocientos a mil doscientos días multa:

I. A quien realice transferencias de sustancias químicas del Grupo 1 del Listado Nacional con personas físicas o morales de Estados no Parte de la Convención;
II. A quien produzca, adquiera, conserve, transfiera o emplee sustancias químicas del Grupo 1 del Listado Nacional, para fines distintos a los previstos en el inciso a) de la fracción I del artículo 7 de la presente Ley;
III. A quien produzca, adquiera, conserve, transfiera o emplee sustancias químicas del Grupo 1 del Listado Nacional, sin la autorización correspondiente o en cantidades superiores a las autorizadas;
IV. A quien produzca sustancias químicas del Grupo 1 del Listado Nacional, en instalaciones distintas a la Instalación Única en Pequeña Escala y a las instalaciones alternas autorizadas por la Autoridad Nacional;
V. A quien produzca sustancias químicas del Grupo 1 del Listado Nacional, en instalaciones alternas autorizadas por la Autoridad Nacional, para fines distintos a los permitidos en los incisos a), b) y c) del artículo 7 fracción IV de la presente Ley;
VI. A quien produzca sustancias químicas del Grupo 1 del Listado Nacional, en instalaciones alternas autorizadas por la Autoridad Nacional, en cantidades superiores a las permitidas en los incisos a), b) y c) del artículo 7 fracción IV de la presente Ley; o
VII. A quien ordene o solicite el diseño, construcción, equipamiento, financiamiento u oculte instalaciones destinadas a la realización de Actividades Reguladas con propósitos de Desvío.

Artículo 50. Se impondrá pena de seis a doce años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa a quien realice transferencias de sustancias químicas del Grupo 2 y 4 del Listado Nacional, con personas físicas o morales de Estados no Parte de la Convención.

Artículo 51. Cualquier autoridad que participe en los procedimientos previstos en la presente Ley y que en ejercicio de sus atribuciones tenga conocimiento de la probable comisión de alguno de los delitos previstos en el presente Capítulo, deberá hacerlo del conocimiento del Ministerio Público de la Federación y de la Autoridad Nacional.

Título Quinto Del Procedimiento Administrativo

Capítulo Primero Reglas Generales del Procedimiento

Artículo 52. Toda solicitud presentada a la Secretaría por los sujetos obligados, con motivo de lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento, podrán realizarla por sí o a través de representante legal debidamente autorizado, por escrito redactado en idioma español y, en su caso, acompañando los documentos que acrediten su personalidad. El escrito deberá estar firmado por el Sujeto Obligado o su representante legal.

Los documentos que se presenten en idioma distinto al español, deberán acompañarse de la traducción respectiva elaborada por un perito traductor debidamente acreditado.

Artículo 53. En toda solicitud, el promovente deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio nacional, personas autorizadas para tales efectos y comunicar a la Secretaría cualquier cambio del mismo. En caso de que no se dé el aviso de cambio de domicilio, las notificaciones se tendrán por legalmente realizadas en el domicilio que haya proporcionado.

Artículo 54. En los plazos fijados en días hábiles, no se contarán los sábados, los domingos, ni el 1o. de enero; el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; el 1o. de mayo; el 16 de septiembre; el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; el 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal y el 25 de diciembre.

Los plazos fijados en periodos y las fechas determinadas para el cumplimiento de obligaciones previstas en esta Ley, serán fatales.

Cuando los plazos se fijen por mes o por año, sin especificar que sean de calendario, se entenderá que, en el primer caso, el plazo concluye el mismo día del mes de calendario posterior a aquel en que se inició y, en el segundo, el término vencerá el mismo día del siguiente año de calendario a aquél en que se inició.

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, si el último día del plazo o fecha determinada, las oficinas de la Secretaría permanecen cerradas durante el horario normal de labores o se trata de un día inhábil, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil. Ello será aplicable en términos de lo previsto en el Reglamento de esta Ley.

En caso de urgencia o de existir causa justificada, la Secretaría podrá habilitar los días inhábiles, determinación que deberá ser comunicada a los Sujetos Obligados, lo que no alterará el cómputo de plazos.

Artículo 55. La práctica de notificaciones, inspecciones y revisiones en los términos de esta Ley, deberá efectuarse en días y horas hábiles, que son las comprendidas entre las siete y las dieciocho horas. Las diligencias iniciadas en horas hábiles podrán concluirse en hora inhábil sin afectar su validez.

Artículo 56. Las notificaciones podrán realizarse personalmente, a través de medios de comunicación electrónica o por cualquier otro medio, cuando así lo haya aceptado expresamente el Sujeto Obligado y siempre que pueda comprobarse fehacientemente la recepción de la notificación.

Artículo 57. Las notificaciones personales se harán en el domicilio del Sujeto Obligado. El notificador deberá cerciorarse del domicilio del Sujeto Obligado y deberá entregar copia del acto que se notifique y señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega, se hará constar en el acta de notificación, sin que ello afecte su validez.

Las notificaciones personales, se entenderán con el Sujeto Obligado o su representante legal; a falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el Sujeto Obligado o su representante legal esperen a una hora fija del día siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más inmediato.

Si el Sujeto Obligado o su representante legal no atendieren el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en su caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio.

De las diligencias en que conste la notificación, se deberá elaborar acta circunstanciada.

Artículo 58. Todo servidor público que deba aplicar la presente Ley estará impedido para intervenir en los actos o procedimientos previstos en la misma, cuando

I. Tenga interés directo o indirecto en el asunto de que se trate;
II. Tengan interés su cónyuge, sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, colaterales dentro del cuarto grado o los afines dentro del segundo;
III. Hubiere parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo, con el Sujeto Obligado, con los administradores, representantes legales o mandatarios del Sujeto Obligado; o
IV. Exista amistad o enemistad manifiesta con el Sujeto Obligado, con los administradores, representantes legales o mandatarios del Sujeto Obligado.

Artículo 59. El servidor público que se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas en el artículo anterior, tan pronto tenga conocimiento de la misma, se excusará de intervenir en el procedimiento y lo comunicará a la Autoridad Nacional, quien resolverá lo conducente.

Cuando el servidor público no se inhibiere a pesar de existir alguno de los impedimentos previstos en la presente Ley, el Sujeto Obligado podrá promover la recusación ante la Secretaría, aportando las pruebas respectivas.

La Secretaría remitirá la recusación interpuesta ante la Autoridad Nacional, para que ésta resuelva lo que corresponda.

Artículo 60. Contra las resoluciones adoptadas en materia de impedimentos, excusas y recusaciones no procederá recurso alguno, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso previsto en la presente Ley, contra la resolución o acto administrativo de que se trate.

Capítulo Segundo Del Recurso de Reconsideración

Artículo 61. En contra de los actos o resoluciones administrativas que emita la Secretaría, con motivo de la aplicación de la presente Ley, los sujetos obligados podrán interponer el recurso de reconsideración ante la Secretaría, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, observándose las formalidades establecidas en el presente título.

Las resoluciones o actos no recurridos dentro del plazo legal establecido en el presente artículo se tendrán por consentidas, y en contra de ellas no procederá medio de impugnación alguno.

Artículo 62. El recurso a que se refiere este Capítulo tendrá por objeto revocar, modificar o confirmar el acto o la resolución impugnada, y los fallos que se dicten contendrán la fijación del acto impugnado, la motivación, la fundamentación legal en que se apoyen y los resolutivos.

Artículo 63. El recurso de reconsideración se tramitará y resolverá conforme a lo dispuesto en el presente Título y en lo no previsto en el mismo se estará a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles, en lo conducente.

Artículo 64. El recurso de reconsideración se interpondrá mediante escrito que deberá satisfacer los siguientes requisitos:

I. El nombre del recurrente y, en su caso, los datos del representante legal;
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos;
III. El acto o resolución que se recurre y la fecha en que se notificó o en que se tuvo conocimiento del mismo;
IV. Los hechos controvertidos;
V. Los agravios que le cause la resolución o acto impugnado; y
VI. Las pruebas que se ofrezcan.

En caso de que el recurso no cuente con los requisitos antes señalados, la Secretaría requerirá al recurrente para que dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación de la prevención, cumpla con los mismos, en los términos establecidos. Si dentro de dicho plazo no se cumple con lo solicitado, la Secretaría desechará el recurso.

Artículo 65. El recurrente deberá acompañar al escrito de interposición del recurso lo siguiente:

I. Los documentos que acrediten su personalidad;
II. El documento en que conste la resolución o acto impugnado;
III. La constancia de notificación de la resolución o acto impugnado, excepto cuando el recurrente declare bajo protesta de decir verdad que no recibió dicha constancia; y
IV. Las pruebas documentales que ofrezca y el dictamen pericial, en su caso.

Artículo 66. Será improcedente el recurso de reconsideración cuando se haga valer contra actos o resoluciones administrativas:

I. Que no afecten el interés jurídico del recurrente;
II. Que sean dictadas en el recurso de reconsideración o en cumplimiento de sentencias;
III. Que hayan sido impugnados en otra vía, siempre que ésta tenga por efecto revocar o modificar el acto o resolución respectivo; o
IV. Que se hayan consentido, en términos del artículo 61 de la presente Ley.

Artículo 67. El recurso se desechará de plano y se tendrá por no interpuesto cuando:

I. Se presente fuera de plazo previsto en el artículo 61 de la presente Ley;
II. No se haya acompañado de la documentación que acredite la personalidad del promovente; o
III. No aparezca suscrito por el Sujeto Obligado o su representante legal.

Artículo 68. El recurso será sobreseído en los siguientes supuestos:

I. Por desistimiento expreso del recurrente;
II. Cuando durante el procedimiento en que se sustancie el recurso sobrevenga alguna causa de improcedencia de las señaladas en la presente Ley;
III. Cuando de las constancias que obran en el expediente administrativo quede demostrado que no existe la resolución o acto impugnado; o
IV. Cuando hayan cesado los efectos de la resolución o acto impugnado.

Artículo 69. Cuando se alegue que la resolución o acto administrativo no fue notificado o que lo fue ilegalmente, se estará a lo siguiente:

I. Si el recurrente afirma conocer el acto o resolución administrativa, la impugnación de la falta de notificación o la ilegalidad de la misma, se hará valer mediante la interposición del recurso de reconsideración, en el que manifestará la fecha en que lo conoció.
En caso de que también impugne el acto o resolución administrativa, los agravios se expresarán en el citado recurso, conjuntamente con los que se formulen ante la falta de notificación o la ilegalidad de la misma;
II. Si el recurrente niega conocer el acto o resolución administrativa, manifestará tal desconocimiento interponiendo el recurso de reconsideración ante la Secretaría. La citada autoridad, en su caso, le dará a conocer el acto junto con la notificación que del mismo se hubiere practicado.
El recurrente tendrá un plazo de quince días hábiles, a partir del día hábil siguiente al en que la autoridad le haya dado a conocer el acto o resolución respectiva, para ampliar el recurso, impugnando el acto y su notificación o sólo la notificación;
III. La autoridad competente para resolver el recurso administrativo estudiará los agravios expresados contra la notificación, previamente al examen de la impugnación que, en su caso, se haya hecho del acto administrativo;
IV. Si se resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, se tendrá al recurrente como sabedor del acto o resolución administrativa desde la fecha en que manifestó conocerlo o en que se le dio a conocer en los términos de la fracción II del presente artículo, quedando sin efectos todo lo actuado en base a aquélla, y se procederá al estudio de la impugnación que, en su caso, hubiese formulado en contra de dicho acto o resolución.

Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuencia de ello, la impugnación contra el acto se interpuso extemporáneamente, se sobreseerá dicho recurso por improcedente.

Capítulo Tercero Del Trámite y Resolución del Recurso

Artículo 70. El recurso de reconsideración se iniciará a petición de los Sujetos Obligados, de conformidad con lo establecido en la presente Ley, mediante escrito que deberá presentarse ante la Secretaría, de conformidad con lo establecido en el Capítulo Primero del presente Título.

Artículo 71. De conformidad con las disposiciones establecidas en el presente Título, los Sujetos Obligados podrán ofrecer toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la de confesión de las autoridades.

Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado la resolución del recurso.

Harán prueba plena la confesión expresa del recurrente, así como los hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos, incluyendo los digitales; pero, si en los documentos públicos citados se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo probarán plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no probarán la verdad de lo declarado o manifestado.

Cuando se trate de documentos digitales sin firma electrónica o con firma electrónica distinta a una firma electrónica avanzada o sello digital, para su valoración, se estará a lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 72. Una vez que la Secretaría haya admitido el recurso, ésta tendrá un plazo de treinta días hábiles para resolverlo.

Transcurrido el término indicado sin que la Secretaría emita la resolución al recurso, se considerará que se confirma la resolución o acto impugnado.

Artículo 73. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la Secretaría la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado bastará con el examen de dicho punto.

No se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada por el recurrente.

La resolución deberá expresar con claridad los actos que se revocan, modifican o confirman.

En contra de la resolución al recurso de reconsideración no procederá medio de impugnación alguno.

Artículo 74. La resolución que ponga fin al recurso podrá:

I. Revocar el acto o resolución impugnada;
II. Modificar el acto impugnado, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del Sujeto Obligado;
III. Sobreseer el recurso;
IV. Confirmar el acto impugnado; o
V. Mandar reponer el procedimiento administrativo.

Artículo 75. Cuando se deje sin efectos el acto o la resolución recurrida, ya sea por un vicio de forma de la resolución o acto impugnado, ésta se podrá reponer subsanando el vicio que produjo su reconsideración; o por vicios del procedimiento, se reanudará el procedimiento y, a su vez, se repondrá la resolución o acto que fue revocado.

En ambos casos, la Secretaría contará con un plazo de treinta días para reponer el procedimiento y dictar una nueva resolución que será definitiva.

Asimismo, cuando sea necesario solicitar información en el extranjero o a terceros para corroborar datos relacionados con las operaciones efectuadas por los Sujetos Obligados, en dicho plazo de cuatro meses no se contará el tiempo transcurrido entre la petición y aquel en el que se proporcione dicha información.

Estados no parte

1. Angola
2. Bahamas
3. Corea del Norte
4. Egipto
5. Irak
6. Israel
7. Líbano
8. Myanmar
9. República Dominicana
10. Siria
11. Somalia

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona una fracción XVII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Artículo 194. ...

I. a XVI. ...
XVII. Los previstos en el artículo 49 de la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan o se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.

Tercero. El Ejecutivo federal deberá emitir y publicar en el Diario Oficial de la Federación el reglamento de la presente ley.

Cuarto. Las autoridades competentes deberán emitir y publicar en el Diario Oficial de la Federación las sustancias químicas del Listado Nacional, con sus respectivas fracciones arancelarias y nomenclatura, dentro del plazo de noventa días naturales siguientes a la publicación del presente decreto.

Quinto. Las autoridades competentes deberán expedir las disposiciones administrativas correspondientes para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de los procedimientos respectivos para la obtención de autorizaciones y permisos a la importación y exportación, dentro del plazo de noventa días naturales siguientes a la publicación de las fracciones arancelarias y nomenclatura a que se refiere el artículo anterior.

Sexto. El Registro estará en funcionamiento a más tardar dentro de los noventa días naturales siguientes a la fecha de vencimiento del plazo a que se refiere el artículo tercero transitorio, plazo que podrá ser prorrogado en el caso de que las autoridades competentes no hubieran expedido las disposiciones administrativas correspondientes; mismo plazo en el que la Autoridad Nacional, por conducto de la Secretaría, deberá expedir las disposiciones administrativas que regulen su integración, funcionamiento, así como las reglas de procedimiento para los trámites.

Séptimo. Las erogaciones derivadas de la implantación del presente decreto se cubrirán con estructuras organizacionales y los presupuestos autorizados de las dependencias que, en función de su competencia, deban llevar a cabo las acciones correspondientes. En caso de que la aplicación de esta ley genere una obligación que exceda la capacidad presupuestaria de las dependencias competentes, se gestionarán los recursos correspondientes en los términos de la legislación aplicable.

Octavo. Los sujetos obligados que operen con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto y los que se constituyan antes de que entre en funcionamiento el Registro, presentarán su solicitud de inscripción al Registro a más tardar dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en funcionamiento del Registro y su declaración inicial a más tardar dentro de los noventa días naturales siguientes a la inscripción en el Registro.

Noveno. En los trámites respectivos, además de las disposiciones legales y administrativas que a la entrada en vigor del presente decreto, establezcan requisitos para el otorgamiento de autorizaciones, permisos o licencias, relacionadas con la elaboración, producción, consumo y transferencia de sustancias químicas enunciadas en el Listado Nacional, deberán observarse los requisitos de presentación de constancias de inscripción y de declaración, previstos en este decreto.

Décimo. Para la realización de las funciones de la Autoridad Nacional y el ejercicio de las atribuciones de la Secretaría, se utilizarán los recursos materiales, humanos y financieros asignados a las dependencias, instituciones, órganos y unidades administrativas que los componen, de conformidad con las responsabilidades que les correspondan, por lo que no requerirán recursos adicionales para tal fin.

Décimo Primero. Para estar en condiciones de presentar las declaraciones iniciales previstas en el artículo 20 de la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas, los sujetos obligados que a la fecha de entrada en vigor del presente decreto realicen cualquiera de las actividades reguladas deberán manifestar, en su caso, el tipo, cantidad, nombre químico, nombre común o comercial, fórmula estructural, número de registro CAS, si lo tuviere asignado, fracción arancelaria, Uso Final, Destino Final y Usuario Final de sustancias químicas y precursores relacionados en el Listado Nacional, de las que tenga posesión o sea propietario, así como los documentos que acrediten esta información.

De igual manera, los sujetos obligados deberán manifestar, en su caso, el inventario detallado del equipo que tengan en propiedad, posesión o tenencia y que utilicen para la producción, elaboración o consumo de las sustancias químicas y precursores relacionados en el Listado Nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a once de diciembre de dos mil ocho.
La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Humberto Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Cristián Castaño Conteras (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama , Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante , Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica en abstención), Ricardo Cantú Garza , secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Jesús de León Tello , María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Raciel Pérez Cruz , José Jesús Reyna García , Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola , Rosa Elva Soriano Sánchez , Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

«Opinión de impacto presupuestario que emite la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con relación a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas, y adiciona una fracción XVII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública correspondiente a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados fue turnada para opinión a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas, y adiciona una fracción XVII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en los artículos 39, 42 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 18, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa con proyecto de decreto descrita, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

A. Con fecha 9 de diciembre de 2008, el Senado de la República envió a la Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas, y adiciona una fracción XVII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
B. Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, mediante el oficio número D. G. P. L. 60-II-4-1811, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, de fecha 9 de diciembre de 2008.
C. Que con fecha 10 de diciembre de 2008, esta comisión recibió del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas el estudio de impacto presupuestario de la minuta en comento, el cual sirvió de fundamento para esta opinión.

II. Objetivo de la minuta

La minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas, y adiciona una fracción XVII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales tiene por objeto establecer medidas de control a los sujetos obligados que realicen actividades reguladas relacionadas con las sustancias químicas susceptibles de desvío, así como respecto a las instalaciones, tecnología, equipo especializado y corriente utilizado para dichas actividades.

Las medidas de control aplicables a los sujetos obligados son el registro, la declaración, la inspección, la revisión y controles a la importación, exportación y transporte.

Estas actividades están reguladas y prohibidas por la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, en materia de Seguridad Pública.

Del análisis de la minuta se observa que se crea un listado nacional que contiene la relación de las sustancias químicas sujetas a las medidas de control previstas en la presente ley relacionadas en el apéndice uno de la misma.

De igual forma, se observa que crea la Autoridad Nacional, que estará presidida por la Secretaría de Gobernación e integrada por representantes de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de la Defensa Nacional, de Hacienda y Crédito Público, de Marina, de Relaciones Exteriores, y de Seguridad Pública; y de la Procuraduría General de la República, así como del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Dichos representantes deberán tener como mínimo el nivel de subsecretarios de Estado o su equivalente, quienes podrán designar a sus respectivos suplentes, que deberán tener el nivel jerárquico inmediato inferior.

Asimismo, se crea una unidad administrativa en la estructura orgánica del Cisen denominada ``la Secretaría'', como órgano ejecutivo de la Autoridad Nacional, cuyas atribuciones serán realizadas a través de la Dirección de Autoridad Nacional, la cual tendrá diversas atribuciones.

La Secretaría será la autoridad competente para la aplicación en todo el territorio nacional de las medidas de control previstas en la presente ley, y tendrá atribuciones en materia de

• Integrar y administrar el Registro.
• Expedir las constancias de inscripción en el Registro, así como las constancias de declaraciones que correspondan conforme a este ordenamiento.
• Ejecutar las inspecciones nacionales e internacionales reguladas por la presente ley.
• Proponer a la Autoridad Nacional mecanismos automatizados con dependencias y entidades de la administración pública federal para el control de las operaciones de comercio exterior respecto de las sustancias químicas del listado nacional y, en su caso, ejecutar dichos mecanismos.
• Convocar y dar seguimiento a los acuerdos adoptados por la Autoridad Nacional.

Para ello, el director general del centro podrá ejercer en cualquier momento las atribuciones a que se refiere el presente artículo y delegarlas en los servidores públicos y las unidades administrativas del mismo.

La Secretaría integrará y administrará el registro, donde obrarán los datos relativos a las actividades reguladas y obligaciones previstas en la presente ley.

La secretaría podrá ordenar que se practiquen visitas de inspección y revisiones para verificar el cumplimiento de la presente ley y para comprobar la exactitud de los datos contenidos en las declaraciones de los sujetos obligados.

Las inspecciones y revisiones a que hace referencia la ley serán practicadas por grupos de inspección nacional en días y horas hábiles; también podrán efectuarse en días y horas inhábiles cuando así haya sido habilitado por la secretaría, circunstancias que se expresarán en el mandato de inspección correspondiente.

La secretaría, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, podrá concertar o negociar con la Organización para la Prohibición de Armas Químicas la realización de inspecciones internacionales de conformidad con la parte VI del anexo de verificación de la convención.

Se establecen las sanciones por delitos relacionados con el incumplimiento de la ley que podrán ir de dos hasta cuarenta años de prisión y multas de cien a mil doscientos días de salario mínimo por los delitos que se identifican.

III. Consideraciones

De acuerdo con la opinión emitida por el Poder Ejecutivo, y de la opinión enviada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas se concluye que la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas no genera impacto presupuestario, derivado que ``no impacta en el gasto de las dependencias y demás órganos de autoridad que tendrán a su cargo la implementación de las medidas de control que prevé, en atención a que no modifica unidades administrativas y no crea o modifica plazas''.

Asimismo, esta comisión concuerda con la opinión del Centro de Estudios de las Finazas Públicas y con la del Ejecutivo federal en lo señalado en la opinión respecto a que ``la minuta tampoco impacta los programas aprobados de las dependencias de la administración pública federal... en lo que se refiere al control de las importaciones, exportaciones y demás trámites administrativos respecto de las sustancias químicas del listado nacional, así como en la coordinación interinstitucional derivada de la aplicación de la ley''.

Se desprende de la revisión del documento que la integración del Consejo de Seguridad Nacional no genera impacto presupuestario.

Por lo que hace a los artículos transitorios, se observa que las erogaciones que se deriven de su implantación se cubrirán con las estructuras organizacionales y presupuestos autorizados. De igual forma, ya se consideran en el presupuesto asignaciones para la implantación de dichos programas.

Por todo lo anterior, es de emitirse la siguiente

Opinión

Primero. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en los artículos 39, 42 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 18, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y con base en la valoración realizada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, opina que la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas, y adiciona una fracción XVII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales no tiene impacto presupuestario.

Segundo. Remítase opinión a la Comisión de Gobernación, para los efectos legales a que haya lugar.

Tercero. Comuníquese a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2008.
La Mesa Directiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputados: Raúl Alejandro Padilla Orozco (rúbrica), presidente; Édgar Martín Ramírez Pech (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo (rúbrica), Érick López Barriga (rúbrica), Susana Monreal Ávila (rúbrica), Joel Ayala Almeida , Javier Guerrero García (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Mónica Arriola, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica), secretarios.»

Es de primera lectura.



LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre

Honorable Asamblea

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con opinión de las Comisiones de Economía, de Turismo y de Energía de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 2246, que contiene la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre; presentada por los senadores Arturo Escobar y Vega y Ludivina Menchaca Castellanos , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 72, inciso E); 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, numerales 1 y 2, fracciones XII, XIV, XXIV, XXXIX; y 45, numeral 6, incisos e) y f); y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 65 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

1. En la sesión celebrada el 16 de noviembre de 2006, el senador Arturo Escobar y Vega , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó al Pleno de la Cámara de Senadores la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de principio precautorio. En esa misma fecha, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

2. En la sesión celebrada el 19 de diciembre de 2006, la senadora Ludivina Menchaca Castellanos , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre. En esa misma fecha, la iniciativa fue turnada a las comisiones antes referidas, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3. Considerando los alcances y contenido de las citadas iniciativas, las comisiones dictaminadoras resolvieron integrarlas en un solo dictamen, mismo que fue aprobado por el Pleno de la honorable Cámara de Senadores en la sesión celebrada el 26 de abril de 2007, y fue remitido a esta soberanía para los efectos constitucionales correspondientes.

4. En sesión celebrada el 3 de septiembre de 2007, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, misma que fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales bajo el expediente número 2246, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

5. El 14 de septiembre de 2007, mediante oficio número D.G.P.L.-60-II-4-762, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura informó que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se modificó el turno dictado a la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre; se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con opinión de las Comisiones de Economía, de Turismo, y de Energía.

6. El 23 de enero de 2008, mediante oficio CT/PS2007/ 058, la Comisión de Turismo remitió a esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, opinión a la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre.

7. El 30 de julio de 2008, mediante oficio CE/2550/08, la Comisión de Economía remitió a esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, opinión a la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre.

Contenido de la minuta

La minuta proyecto de decreto que se dictamina, tiene por objeto incorporar el principio precautorio a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Para tales efectos, se adiciona una fracción XXI al artículo 15 de dicha ley. De esta forma, el Ejecutivo federal se obliga a observar dicho principio en la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas, y demás instrumentos previstos en dicha ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente.

Este principio también se incorpora al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, concretamente en las resoluciones que emita la secretaría negando la autorización de una obra o actividad cuando pueda amenazar al medio ambiente, los ecosistemas, o la diversidad biológica, aplicando el principio precautorio. Para ello se adiciona un inciso d) a la fracción III del artículo 35 de la ley en comento.

Se reforma la fracción II del artículo 5 para dar congruencia a las reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con las disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre en cuanto al principio precautorio.

También se incorporan disposiciones a la Ley General de Vida Silvestre que cubren los vacíos legales de la misma. Para ello, se reforman las actuales fracciones XX y XXXIII del artículo 3; las fracciones VIII y XX del Artículo 9; el artículo 59; los párrafos primero y segundo del artículo 60 Bis; el párrafo primero del artículo 85; la fracción c) del artículo 87; y se adicionan una fracción VIII al artículo 3, recorriéndose en su orden las actuales fracciones VIII a XLV para quedar como fracciones IX a XLVI; un artículo 28 Bis; un inciso d) al artículo 58; un párrafo cuarto al artículo 60; un artículo 72 Bis; todos ellos de la Ley General de Vida Silvestre.

Estas disposiciones se refieren, entre otras cosas, a los estudios de población, confinamientos y su establecimiento, la inclusión de la denominación ``especies y poblaciones en riesgo probablemente extintas en el medio silvestre''; las prohibiciones para utilizar ejemplares de fauna silvestre que se encuentren en alguna categoría de riesgo en exhibiciones o espectáculos ambulantes o itinerantes y para comercializar, exportar, aprovechar cinegéticamente ejemplares, partes o derivados, obtenidos de las acciones realizadas para efectuar el control de ejemplares que se tornen perjudiciales; la exclusión de cualquier tipo de comercialización de mamífero marino para el que se haya autorizado la captura. También se ajustan las definiciones estudio de poblaciones y población , y se precisan algunas disposiciones relativas a la competencia de la federación en materia de vida silvestre.

Consideraciones

El principio precautorio tiene sus orígenes en el principio alemán de vorsorge , que significa precaución. Este principio fue introducido a la arena internacional en 1984 en el marco de la Conferencia Internacional sobre la Protección del Mar del Norte. 1

Posteriormente fue incorporado en una amplia gama de tratados y declaraciones internacionales. Tal vez una de las más conocidas y con la que se asocia frecuentemente este principio sea la Declaración de Río adoptada durante la Convención de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en junio de 1992.

El principio precautorio, de conformidad con lo dispuesto en el principio 15 de dicha declaración dispone que:

``Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.'' 2

A la fecha, tal como lo indica la minuta, aún cuando el principio precautorio ha sido incorporado al sistema jurídico mexicano, concretamente las Leyes de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y General de Vida Silvestre, la legislación marco en materia ambiental no contempla este principio como tal, aunque sí incorpora el principio de prevención. El principio preventivo se aplica cuando se cuenta con antecedentes fidedignos que permiten cuantificar las probabilidades de riesgo que entraña el desarrollo de cualquier obra o actividad y, basado en este criterio, determinar un nivel de riesgo aceptable, así como implementar acciones que permitan mantener el riesgo por debajo de dicho nivel. 3

A lo largo del texto de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente se pueden encontrar referencias al principio preventivo. La Minuta que se dictamina hace referencia a la fracción VI del artículo 15 que dispone:

``La prevención de las causas que los generan, es el medio más eficaz para evitar los desequilibrios ecológicos;''.

También refiere el artículo 28 de la citada ley que contiene el principal instrumento de naturaleza preventiva del ordenamiento jurídico ambiental ``la evaluación de impacto ambiental''.

Sin embargo, como señala la minuta existen casos en los que la aplicación del principio preventivo no es suficiente para evitar daños irreversibles al ambiente. En ese sentido, la comisión dictaminadora estima que es por demás oportuno incluir el principio precautorio a la legislación marco en materia ambiental, pues introduce una óptica distinta a la del principio preventivo, toda vez que, como parte del manejo del riesgo, opera en un ámbito signado por la incertidumbre y apunta a impedir los efectos todavía desconocidos, imprevisibles e inmensurables que implican llevar a cabo una obra o actividad. Se recuerda que el principio preventivo, componente de la evaluación del riesgo, por su parte, tiende a evitar un daño futuro pero cierto y mesurable. 4

No obstante, habiendo analizado la redacción de la reforma propuesta, la comisión encontró deficiencias en el uso de conceptos que el principio precautorio supone, o bien, conceptos que ya están establecidos en la ley en comento. Por ejemplo, se hace referencia al medio ambiente , cuando la definición que establece la ley es la de ambiente . De igual forma, se utiliza indistintamente el concepto de biodiversidad y ecosistema .

La reforma original obliga a aplicar el principio precautorio a los diversos sectores , término que, de ser aceptado, causaría infinidad de conflictos en la aplicación del principio precautorio al caso concreto, ya que resulta totalmente vago y ambiguo, por lo cual dicho termino debe limitarse a la autoridad, quien debe considerarlo a priori como principio fundamental para el desarrollo de las facultades que legalmente le competen; adicionalmente, la referencia ``cuando por obras o actividades de cualquier índole, incluyendo científicas, exista peligro daño grave o irreversible al ambiente'' resulta redundante, dado que las obras o actividades científicas quedarían comprendidas dentro de las obras o actividades de cualquier índole. Más aún, se obvia que uno de los elementos que constituyen el principio precautorio es precisamente el de la investigación científica. Es decir, el principio precautorio supone que existe investigación científica previa sobre cualquier obra o actividad, pero ésta no permite determinar la causalidad, magnitud, probabilidad y naturaleza del daño.

Por lo que toca a la reforma que adiciona un inciso d) a la fracción III del artículo 35 de la ley en comento, que pretende incorporar el principio precautorio como condicionante para negar la autorización de obras o actividades sujetas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, al igual que en el caso anterior, la redacción propuesta advierte el uso indistinto de conceptos claramente definidos por la ley tales como biodiversidad y ecosistema . La reforma dispone que la secretaría podrá negar la autorización cuando ``la obra o actividad de que se trate pueda amenazar al ambiente, los ecosistemas o la diversidad biológica, aplicando el principio precautorio.''

Al respecto, se considera que el texto propuesto no invoca el principio precautorio correctamente, toda vez que la referencia aludida por el texto sobre la ``posibilidad de amenazas al medio ambiente'' no establece explícitamente el nivel de tolerancia que la ley dará a estas amenazas, por lo que esta palabra resulta ambigua y con ella se corre el riesgo de tener problemas en la aplicabilidad de la disposición al caso concreto, si atendemos a que el desarrollo de cualquier actividad implica la posibilidad de una amenaza al ambiente, en mayor o menor medida. Por tanto, lo correcto para esta comisión es establecer como parámetro de tolerancia para este tipo de amenazas que el daño sea grave o irreversible, lo cual resulta totalmente congruente con lo establecido por el concepto de principio precautorio.

De acuerdo con la opinión de la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología (Comest) ``La aplicación del principio precautorio se limita a los peligros que resultan inaceptables; si bien varias definiciones son más específicas: los posibles efectos que amenazan la vida de las generaciones futuras o de otros grupos de personas (por ejemplo, los habitantes de otros países) deben considerarse explícitamente. Ciertas formulaciones se refieren al daño o los efectos nocivos, algunas al perjuicio, otras al daño grave e irreversible, y otras aún al daño global irreversible y transgeneracional''.

Por ello, la comisión dictaminadora estima que la reforma es totalmente procedente, siempre y cuando se realicen las siguientes adecuaciones al texto para hacerlas congruentes con la reforma que se plantea a la fracción XXI del artículo 15 de la ley en comento, bajo la siguiente redacción:

d) La obra o actividad de que se trate represente una amenaza de daño grave o irreversible al ambiente o la biodiversidad, de conformidad con lo establecido por el principio precautorio, en los términos de la fracción XXI del artículo 15 de la presente ley.

Ahora bien, el principio precautorio es una disposición que no es ajena a nuestro sistema jurídico, ya que forma parte de las disposiciones jurídicas que rigen al interior del estado mexicano, basta señalar que se encuentra actualmente contenido en el artículo 5 5 de la Ley General de Vida Silvestre; la fracción IV del artículo 9 6 y el párrafo segundo del artículo 63 7 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; por otro lado hay quienes argumentarían que carecemos de disposiciones jurídicas que permitan determinar lo parámetros de afectación para determinar el daño grave a los ecosistemas, mediante el cual se podría aludir la consideración del principio precautorio; sin embargo, reglamentos como el de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, en artículos como el 3, fracciones IV, V y VI, determinan perfectamente este tipo de parámetros.

``Artículo 3. Para los efectos del presente reglamento se considerarán las definiciones contenidas en la ley y las siguientes:
I.a III. ...
IV. Daño a los ecosistemas. Es el resultado de uno o más impactos ambientales sobre uno o varios elementos ambientales o procesos del ecosistema que desencadenan un desequilibrio ecológico.
V. Daño grave al ecosistema. Es aquel que propicia la pérdida de uno o varios elementos ambientales, que afecta la estructura o función, o que modifica las tendencias evolutivas o sucesionales del ecosistema.
VI. Desequilibrio ecológico grave. Alteración significativa de las condiciones ambientales en las que se prevén impactos acumulativos, sinérgicos y residuales que ocasionarían la destrucción, el aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas''.

Esta comisión dictaminadora reconoce la importancia de incorporar a nuestro marco legal, el principio precautorio; sin embargo, las condiciones económicas imperantes al interior del país, resultado de la actual crisis financiera internacional, han provocado la necesidad de establecer una política interior que facilite la inversión en las áreas estratégicas de la economía nacional, situación que es percibida por los principales actores económicos como un riesgo a desarrollo.

Esta situación económica, aunado a las condiciones políticas que privan al interior del Poder Legislativo federal, impiden entre los legisladores la unificación de criterios para aprobar las reformas propuestas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de principio precautorio; lo que constituye argumento suficiente para desechar las reformas que la minuta propone a los artículos 15 y 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

En cuanto a la reforma a la Ley General de Vida Silvestre relativa al principio precautorio, la comisión dictaminadora destaca que el texto vigente de la fracción II del artículo 5 hace referencia tanto al principio preventivo, como al precautorio, circunstancia que aun cuando fue respetada en la reforma propuesta por la minuta puede causar confusión e incertidumbre al momento de aplicar la disposición jurídica al caso concreto. En ese sentido, se considera pertinente separar ambos principios otorgando a cada uno de ellos la fracción que le corresponda. Por ello se propone reformar la fracción II y adicionar una nueva fracción III, recorriéndose en su orden las actuales fracciones III a IX para quedar como fracciones IV a X, respectivamente.

Aunado a lo anterior, resulta necesaria una nueva redacción, ya que la propuesta contradice la definición de principio precautorio aludida en los artículos que le anteceden, lo que resulta incongruente con las reformas propuestas, por lo que se propone una nueva redacción.

Respecto de las reformas y adiciones al artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre que contiene la minuta que se dictamina, esta comisión dictaminadora las considera improcedente adicionar el concepto de confinamiento a la Ley General de Vida Silvestre, toda vez que el problema no radica en la ausencia de una definición de confinamiento sino en las diversas interpretaciones que de ésta hace el texto de la Ley General de Vida Silvestre y que sólo coinciden parcialmente con la adición propuesta en la minuta que se dictamina.

Se han detectado al menos tres usos de la palabra confinamiento en la ley en comento. El primero se refiere al confinamiento como una condición de encierro, el segundo como una medida sanitaria equiparable a cuarentena y el tercero entendiéndola como un espacio físico delimitado, usado este término de manera indistinta para referirse también al cautiverio.

Adicionalmente, el concepto que se propone es un híbrido entre los de cuarentena, cuarentena guardia custodia y estación cuarentenaria, definidos por la Ley Federal de Sanidad Animal.

Por último, se debe destacar que al momento de presentarse la reforma en comento, aún no era publicado el Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, por lo que el concepto de confinamiento y su uso para los efectos de esta ley aún no se encontraba claramente definido; sin embargo, tras la publicación del respectivo reglamento, el Ejecutivo federal incorporó a la fracción VII del artículo 2 la definición de confinamiento como ``las medidas de restricción que se aplican a ejemplares de vida silvestre para evitar su libre dispersión o desplazamiento''; concepto que resulta más general y con una mejor aplicación a las disposiciones legalmente establecidas. Por todo ello consideramos innecesaria la aprobación del concepto propuesto.

En el caso de la fracción XXI, relativa al estudio de poblaciones, la minuta propone incorporar criterios como las rutas y lugares de migración, toda vez que éstos son básicos para conocer los parámetros demográficos de las poblaciones. Asimismo, se precisa que la información de dichos estudios debe corresponder al menos a un ciclo reproductivo completo de la especie y no sólo a un ``periodo de tiempo determinado'', como actualmente sucede.

Por otra parte, la fracción XXXIV relativa al concepto de población se reforma de tal suerte que considere a ésta como ``el conjunto de individuos de una especie silvestre que ocupan un mismo hábitat natural y que potencialmente pueden reproducirse entre sí. Se considera la unidad básica de manejo de las especies silvestres en vida libre.'' Aunque la comisión dictaminadora estima pertinente la reforma a esta fracción, considera necesario precisarla, toda vez que en nuestro país existen hábitat que no son naturales como las presas y los lagos artificiales, mismos que han sido reconocidos como humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, en los que precisamente muchos de estos individuos se reproducen. Así, la redacción propuesta quedaría de la siguiente forma:

``XXXIV. Población. El conjunto de individuos de una especie silvestre que ocupan un mismo hábitat y que potencialmente pueden reproducirse entre sí.
Se considera la unidad básica de manejo de las especies silvestres en vida libre.''

Por lo que se refiere a las reformas al artículo 9 de la ley en comento contenidas en la minuta objeto del presente dictamen, esta comisión dictaminadora las considera pertinentes, toda vez que, de acuerdo a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Estado le corresponde ``regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.'' En ese sentido, el desarrollo de mercados nacionales e internacionales para la vida silvestre basados en criterios de sustentabilidad; la aplicación de los instrumentos de política ambiental para estimular el logro de los objetivos de conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre; y el establecimiento de las condiciones para el manejo y destino de ejemplares fuera de su hábitat natural; son actividades que deben ser reguladas por el Estado.

La pertinencia de la adición propuesta al artículo 28 Bis de la ley en comento, por la que se prohíbe expresamente establecer confinamientos para ejemplares o poblaciones exóticos en áreas donde se encuentren presentes especies nativas susceptibles de ser contaminadas biológica o genéticamente, es compartida por los legisladores integrantes de esta comisión dictaminadora, además de ser relevante, sobre todo si se considera que México es un país megadiverso.

Ahora bien, la reforma propuesta al artículo 58 de la ley en comento, mediante la cual se identifica como especies y poblaciones en riesgo a las ``probablemente extintas en el medio silvestre'' se considera muy oportuna toda vez que tanto la ley en comento como la normatividad en la materia las contempla, pero sólo la NOM-059-SEMARNAT-2001, ``Protección Ambiental - Especies nativas de México de flora y fauna silvestres -- Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio -- Lista de especies en riesgo'', las define. Así se dará sustancia jurídica a lo dispuesto por dicha norma oficial mexicana.

La comisión dictaminadora también coincide con la colegisladora en la pertinencia de la reforma al artículo 59 toda vez que, con la inclusión de la palabra reproducción , se precisa que para aplicar programas de repoblación y reintroducción de especies probablemente extintas en el medio silvestre, es necesario llevar a cabo su reproducción .

Esta comisión considera procedente la adición al cuarto párrafo del artículo 60 de la ley en comento, toda vez que prohíbe expresamente el uso de ejemplares de fauna silvestre que estén considerados en alguna categoría de riesgo en exhibiciones o espectáculos ambulantes o itinerantes; sin embargo, es necesario modificar la propuesta original a fin de incluir en la adición, no sólo a los ejemplares de fauna sino también, a los de de flora, por ello se propone sustituir las palabras fauna silvestre por vida silvestre y se eliminan las palabras categorías de , para dar congruencia a la adición propuesta con la ley.

De igual forma, se considera oportuna la reforma al artículo 60 Bis por la que se establece el carácter de temporal a la captura que tenga por objeto la investigación científica y la educación superior de instituciones acreditadas. Ello porque se entiende que ningún proyecto de investigación científica o de educación superior requiere que los animales permanezcan en cautiverio permanente. Este artículo también refuerza la política de protección de los mamíferos marinos, excluyendo cualquier tipo de comercialización en las autorizaciones que se otorguen para la captura de mamíferos marinos.

No obstante, se realizan una serie de modificaciones a este artículos, las cuales tiene como único objeto determinar perfectamente quienes podrán realizar la captura temporal de mamíferos marinos; por lo que se precisa que únicamente serán las instituciones académicas, y atendiendo a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a la Secretaría de Educación Pública, será esta quien se encargue de elaborar un registro de instituciones académicas que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial dedicadas a la investigación científica, por lo cual se plantea la siguiente redacción:

``Artículo 60 Bis. Ningún ejemplar de mamífero marino, cualquiera que sea la especie, podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial, con excepción de la captura temporal que tenga por objeto la investigación científica y la educación superior que realicen las instituciones académicas acreditadas para tal efecto por la Secretaría de Educación Pública''.

El promovente de una autorización para la captura de mamíferos marinos a los que se refiere este artículo deberá entregar a la autoridad correspondiente un protocolo completo que sustente su solicitud. Dicha autorización excluye cualquier tipo de comercialización. El resto del trámite quedará sujeto a las disposiciones de la presente ley y demás ordenamientos aplicables.

Ningún ejemplar de primate, cualquiera que sea la especie, podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial. Sólo se podrá autorizar la captura para actividades de restauración, repoblamiento y de reintroducción de dichas especies en su hábitat natural.

La adición de un artículo 72 Bis también es considerada adecuada por la comisión que dictamina, ya que esto evitará que las actividades realizadas al amparo del control de ejemplares se tornen perjudiciales, se utilicen para llevar a cabo aprovechamientos de especies que se encuentren bajo algún régimen de protección.

No obstante, es necesario precisar que esta ley y su reglamento no definen el aprovechamiento cinegético. Las actividades cinegéticas, son concebidas como caza y forman parte de los aprovechamientos extractivos, concepto que al caso resulta más amplio y al momento de su aplicación daría mayor certidumbre jurídica a la disposición; por otra parte, resulta necesario realizar una serie de cambios a la reforma propuesta por la colegisladora; ya que, si bien su espíritu es correcto, de aprobarse en los términos de la minuta enviada por el senado afectaría de manera significativa las actividades que algunas organizaciones no gubernamentales e instituciones con prestigio internacional, por su participación en la conservación de ecosistemas frágiles como los insulares, se encuentran realizando para controlar especies exóticas.

Por lo que se refiere a la reforma al artículo 85 de la ley en comento, esta comisión aclara que aunque coincide con su espíritu, no puede aprobarla en los términos en que fue redactada toda vez que no se basa en el artículo 85 vigente; ya que, al momento de ser trascrito, la colegisladora omitió un enunciado del propio artículo, el cual no era objeto de la reforma planteada originalmente, dicha omisión obra en detrimento del espíritu del artículo en análisis, particularmente en lo que se refiere a ``y captura para actividades de restauración''. De aceptarse la minuta en los términos planteados, estaríamos dejando fuera la posibilidad de que los ejemplares de flora y fauna silvestre puedan ser aprovechados con fines de restauración de ecosistemas. Situación que ha sido fundamental para la erradicación de fauna y flora exótica de las islas mexicanas como lo demuestran los exitosos casos de las Islas Guadalupe y Espíritu Santo, en el Pacífico y Golfo de California, respectivamente.

En ese sentido, la reforma se respeta pero bajo el artículo vigente quedando de la siguiente forma.

``Artículo 85. Solamente se podrá autorizar el aprovechamiento de ejemplares de especies en riesgo cuando se dé prioridad a la colecta y captura para actividades de restauración, repoblamiento y reintroducción. Cualquier otro aprovechamiento, en el caso de poblaciones en peligro de extinción, o amenazadas estará sujeto a que se garantice su reproducción controlada y se demuestre que se ha cumplido satisfactoriamente cualesquiera de las tres actividades mencionadas anteriormente y que:
a) ...
b) ...''

Finalmente, esta comisión dictaminadora estima pertinente la reforma al inciso c) del artículo 87 de la ley en comento, contenida en la minuta que se dictamina, mediante la cual se enuncian los parámetros básicos que debe comprender un estudio de poblaciones que ampare una solicitud para la realización de actividades de aprovechamiento de vida silvestre. Sin embargo, es necesario modificarlo para que sea congruente con la reforma propuesta a la nueva fracción XXI del artículo 3 de dicha ley. La redacción propuesta quedaría:

``c) Un estudio de población, que contenga estimaciones rigurosas de parámetros demográficos tales como el tamaño y densidad; proporción de sexos y edades, rutas y lugares de migración; las tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento, durante el periodo que comprenda al menos un ciclo reproductivo completo de la especie, así como la adición de cualquier otra información relevante.''

Ahora bien, tal y como obra en el apartado de antecedentes, el 14 de septiembre de 2007, mediante oficio número D.G.P.L.-60-II-4-762, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura modificó el turno dictado a la minuta en estudio, ampliándolo, con opinión de las Comisiones de Economía, de Turismo y de Energía, por lo que, el 23 de enero de 2008, mediante oficio CT/PS2007/ 058 la Comisión de Turismo remitió a esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, su opinión a la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre.

La opinión de la Comisión de Turismo fue votada y aprobada por unanimidad en la décimo novena reunión plenaria de la comisión el 28 de noviembre de 2007, y establece:

``Esta comisión dictaminadora, tras el estudio de esta minuta, encuentra que la integración de este principio internacional en una de nuestras principales leyes, darán como resultado grandes beneficios para nuestro turismo y para nuestro país como son:
• Un reconocimiento, en materia de cuidado de nuestro medio ambiente.
• Cumplimiento con la agenda 21 de Naciones Unidas, como estado miembro.
• Un mayor atractivo natural: paisaje, flora y fauna silvestre.
• Una gran opción como turismo internacional.
• Conservación de nuestros ecosistemas.
Por todo lo anterior, es de emitirse la siguiente:

Opinión

Artículo único. Los diputados integrantes de la Comisión de Turismo se manifiestan a favor de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, ya que con su aprobación se coadyuvaría a la integración de este principio precautorio de índole internacional, debido a que en la actualidad México busca un desarrollo turístico sustentable, y esto trae como consecuencia una mayor concientización en los proyectos, así como en los programas turísticos, respecto de la importancia en el cuidado de nuestro medio ambiente, ya que en algunas ocasiones contiene supuestos beneficios económicos por encima de los costos sociales y ambientales que implica su ejecución y desarrollo.''

La opinión sobre el asunto en estudio vertida por la Comisión de Turismo coincide plenamente con esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en virtud de que es necesario incorporar al principio precautorio en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por lo que una vez más se fortalece la tesis de que las reformas propuestas por la colegisladora resultan pertinentes y procedentes desde el punto de vista técnico y jurídico.

Del mismo modo, el 30 de julio de 2008, mediante oficio CE/2550/08 la Comisión de Economía remitió a esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, opinión a la minuta correspondiente, la cual fue votada en reunión de trabajo de la mesa directiva el 30 de julio de 2008 y signada únicamente por cuatro de sus siete integrantes.

La opinión de la Comisión de Economía, señala:

``Los diputados que integran la Comisión de Economía reconocen el compromiso e importancia de la protección del medio ambiente y de la concientización para el uso adecuado de los recursos naturales, ya que de ello depende nuestra calidad de vida y la de nuestros hijos, por ello concluye que asumir responsabilidades de protección del medio ambiente de manera individual y colectiva es la forma de conseguir un desarrollo sostenible y sustentable sin dañar y deteriorar el medio ambiente, por ello definir las obligaciones y deberes de los estados en materia de protección ambiental, es indispensable. No obstante, los integrantes de esta unidad de apoyo parlamentario consideramos que la propuesta legislativa no contiene los elementos jurídicos, hipotéticos y científicos idóneos que permitan la incorporación del principio precautorio en los términos propuestos, toda vez que entra en conflicto con otras leyes nacionales, genera lagunas legales por lo que hace a la aplicación de términos o denominaciones circunstanciales, deja vacíos normativos por lo que hace a la correcta e imparcial aplicación de mismo, pudiendo como consecuencia ser aplicado de manera discrecional afectando la economía.''

Basta señalar que esta comisión dictaminadora difiere terminantemente con las consideraciones expuestas por su similar de economía en la opinión emitida. La incorporación del principio precautorio a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por ningún motivo resultaría violatoria de la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que su aplicación es a priori al acto de autoridad.

Adicionalmente, el hecho de que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente considere instrumentos y figuras jurídicas como la evaluación de impacto ambiental, así como los principios de prevención, mitigación y restauración, no implica que resulte innecesario adicionar nuevos principios como el precautorio, distinto a los vigentes.

Otro de los argumentos de la Comisión de Economía que sirvió para sustentar su opinión fue que, ``la aplicación del principio precautorio en los términos propuestos, podría afectar directamente al turismo, lo que causaría un impacto directo negativo en la economía nacional''; basta mencionar que la comisión competente al tema de turismo se manifestó a favor de la iniciativa externando que la misma fortalecería el desarrollo turístico sustentable del país.

Una vez analizada la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, y al amparo de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a consideración de esta soberanía, y para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se reforman los artículos 3, fracciones XX y XXXIII; 5, fracción II; 9, fracciones VIII y XX; 59; 60 Bis, párrafos primero y segundo; 85, párrafo primero;87, inciso c), y se adicionan una fracción III al artículo 5, recorriéndose en su orden las actuales fracciones III a IX para quedar como IV a X; un artículo 28 Bis; un inciso d) al artículo 58; un párrafo cuarto al artículo 60; un artículo 72 Bis, a la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

Artículo 3. ...

I. a XIX. ...
XX. Estudio de poblaciones: Aquel que se realiza con el objeto de conocer sus parámetros demográficos, tales como el tamaño y densidad, la proporción de sexos y edades, rutas y lugares de migración , tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento durante el período que comprenda al menos un ciclo reproductivo completo de la especie.
XXI. a XXXII. ...
XXXIII. Población: El conjunto de individuos de una especie silvestre que ocupan un mismo hábitat y que potencialmente pueden reproducirse entre sí. Se considera la unidad básica de manejo de las especies silvestres en vida libre.
XXXIV. a XLV. ...

Artículo 5. ...

...

I. ...
II. Las medidas preventivas para el mantenimiento de las condiciones que propician la evolución, viabilidad y continuidad de los ecosistemas, hábitats y poblaciones en sus entornos naturales.
III. La adopción y aplicación de medidas precautorias cuando no se cuente con certeza científica absoluta sobre la amenaza de daño grave o irreversible al ambiente o la biodiversidad, particularmente en el caso de especies o poblaciones que se encuentren sujetas a alguna categoría de riesgo así como sus hábitats y ecosistemas.
IV. a X. ...

Artículo 9. ...

I. a VII. ...
VIII. La regulación del establecimiento de las condiciones necesarias para el desarrollo de mercados nacionales e internacionales para la vida silvestre basados en criterios de sustentabilidad, así como la aplicación de los instrumentos de política ambiental para estimular el logro de los objetivos de conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.
IX. a XIX. ...
XX. La regulación del establecimiento de las condiciones para el manejo y destino de ejemplares fuera de su hábitat natural, de conformidad con los procedimientos establecidos en la presente Ley.
XXI. ...
...
...
...

Artículo 28 Bis. Queda prohibido el establecimiento de confinamientos para ejemplares o poblaciones exóticas en áreas en donde existan especies nativas susceptibles de ser contaminadas biológica o genéticamente.

Artículo 58. ...

a) a c) ...
d) Probablemente extintas en el medio silvestre, aquellas especies nativas de México cuyos ejemplares en vida libre dentro del territorio nacional han desaparecido, hasta donde la documentación y los estudios realizados lo prueban, y de la cual se conoce la existencia de ejemplares vivos, en confinamiento o fuera del territorio mexicano.

Artículo 59. Los ejemplares confinados de las especies probablemente extintas en el medio silvestre serán destinados exclusivamente al desarrollo de proyectos de reproducción, conservación, restauración, actividades de repoblación y reintroducción, así como de investigación y educación ambiental previamente autorizados por la secretaría.

Artículo 60. ...

...

...

No podrán utilizarse para exhibición o espectáculos ambulantes o itinerantes ejemplares de vida silvestre de especies y poblaciones sujetas a alguna categoría de riesgo.

Artículo 60 Bis. Ningún ejemplar de mamífero marino, cualquiera que sea la especie, podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial, con excepción de la captura temporal que tenga por objeto la investigación científica y la educación superior que realicen las instituciones académicas acreditadas para tal efecto por la Secretaría de Educación Pública.

El promovente de una autorización para la captura de mamíferos marinos a los que se refiere este artículo, deberá entregar a la autoridad correspondiente un protocolo completo que sustente su solicitud. Dicha autorización excluye cualquier tipo de comercialización. El resto del trámite quedará sujeto a las disposiciones de la presente ley y demás ordenamientos aplicables.

......

Artículo 72 Bis. La comercialización o exportación, así como el aprovechamiento extractivo de ejemplares, partes o derivados, obtenidos de las acciones realizadas para efectuar el control de ejemplares que se tornen perjudiciales para la conservación de los ecosistemas o de especies y poblaciones en riesgo, sólo podrán realizarse cuando se lleven a cabo como parte de un programa integral orientado a la restauración de los ecosistemas en cuestión o la protección de especies o poblaciones en riesgo, sin comprometer en forma alguna la conservación de la vida silvestre y los ecosistemas.

Artículo 85. Solamente se podrá autorizar el aprovechamiento de ejemplares de especies en riesgo cuando se dé prioridad a la colecta y captura para actividades de restauración, repoblamiento y reintroducción. Cualquier otro aprovechamiento, en el caso de poblaciones en peligro de extinción o amenazadas, estará sujeto a que se garantice su reproducción controlada y se demuestre que se ha cumplido satisfactoriamente cualesquiera de las tres actividades mencionadas anteriormente y que:

a) y b) ...

Artículo 87. ...

...

a) y b) ...
c) Un estudio de población, que contenga estimaciones rigurosas de parámetros demográficos, tales como el tamaño y densidad, proporción de sexos y edades, rutas y lugares de migración, tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento, durante el período que comprenda al menos un ciclo reproductivo completo de la especie; así como la adición de cualquier otra información relevante para la conservación y aprovechamiento sustentable de la especie.

....

Transitorio

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Las instituciones referidas en el párrafo primero del artículo 60 Bis, deberán contar con autorización o reconocimiento de validez oficial, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y formar parte de un registro en el que la Secretaría de Educación Pública acredite que la institución se dedica a la investigación científica.

Artículo Tercero. Se derogan y, en su caso, se abrogan, todas las disposiciones que se opongan al presente decreto, y se dejan sin efecto cualquier disposición administrativa, reglamentaria, acuerdo, circular, convenio y todos los actos administrativos que contravengan este decreto.

Notas: 1. Franzen E y Fowler L. Implementing the Precautionary Principle: A Tool for Georgia´s Local Governments. River Basin Center, Institute of Ecology, University of Georgia, United States of America. Página 22. Principio precautorio. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo . Organización de las Naciones Unidas. División para el desarrollo sustentable. En: http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/riodeclaration.htm3. Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 2005. Informe del grupo de expertos sobre el principio precautorio. París, Francia. Página 13.4. Artigas Carmen. El principio precautorio en el derecho y la política internacional . ONU-CEPAL-ECLAC. División de Recursos Naturales e Infraestructura. Serie recursos naturales e infraestructura número 22; Santiago de Chile, mayo de 2001. Página 27.5. Artículo 5. ......I. ...II. Las medidas preventivas para el mantenimiento de las condiciones que propician la evolución, viabilidad y continuidad de los ecosistemas, hábitats y poblaciones en sus entornos naturales. En ningún caso la falta de certeza científica se podrá argumentar como justificación para postergar la adopción de medidas eficaces para la conservación y manejo integral de la vida silvestre y su hábitat. 6. Artículo 9. ...I. a III. ...IV. Con el fin de proteger el medio ambiente y la diversidad biológica, el Estado mexicano deberá aplicar el enfoque de precaución conforme a sus capacidades, tomando en cuenta los compromisos establecidos en tratados y acuerdos internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente y de la diversidad biológica. Dichas medidas se adoptarán de conformidad con las previsiones y los procedimientos administrativos establecidos en esta ley. 7. Artículo 63. ...En caso de peligro de daño grave o irreversible, la incertidumbre acerca del nivel de los posibles riesgos que los OGMs puedan causar a la diversidad biológica o a la salud humana, no deberá utilizarse como razón para que la Secretaría correspondiente postergue la adopción de medidas eficaces que impidan la afectación negativa de la diversidad biológica o de la salud humana. En la adopción de dichas medidas, la Secretaría correspondiente tomará en cuenta la evidencia científica existente que le sirva de fundamento o criterio para el establecimiento de la medida o medidas; los procedimientos administrativos establecidos en esta Ley, y la normatividad comercial contenida en tratados y acuerdos internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández , José Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Juan Manuel Villanueva Arjona (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González , Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz , María Soledad López Torres , Rafael Villicaña García , Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez , Roberto Mendoza Flores , Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zatarain González (rúbrica), Víctor Manuel Méndez Lanz (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas , Octavio Fuentes Téllez (rúbrica), Beatríz Manrique Guevara (rúbrica), Humberto López Lena Cruz .»

Es de primera lectura.



LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Pasamos, con el siguiente punto del orden del día, a la discusión de los dictámenes. Discutiremos en este momento el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Presidente, mayoría por la afirmativa. Se le dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito

Honorable Asamblea

Con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86 y 89 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República remitió la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Esta Comisión resulta competente para dictaminar la Minuta presentada por la Cámara de Senadores de conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se abocó al análisis de la Minuta antes señalada y conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público reunidos en Pleno, presenta a esta Honorable Asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del Senado de la República, el 15 de noviembre de 2007, la senadora Amira Griselda Gómez Tueme y el senador José Eduardo Calzada Rovirosa del Grupo Parlamentario del PRI, presentaron la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito.
2. El 22 de abril de 2008, en Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores, se presentó el dictamen, el cual fue aprobado por 68 votos y turnada a la Cámara de Diputados.
3. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 24 de abril de 2008, la Mesa Directiva, turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la Minuta en comento para su estudio y dictamen.

Descripción de la Minuta

La Minuta de la H. Cámara de Senadores propone reformar el artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito, ya que considera como prioridad que la banca privada dote de más y mejores servicios a los usuarios de los servicios financieros, de manera sencilla y a tarifas competitivas.

Menciona la Minuta que en junio de 2007, se promulgó la nueva Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, aprobada por el Congreso de la Unión el 25 de abril de ese año, lo que sin duda significó un avance para beneficio de los usuarios de los servicios financieros, al ofrecer mayor transparencia respecto al cobro de comisiones sobre créditos, prestamos o financiamientos que otorgan las entidades financieras.

Sin embargo, señala la minuta, es necesario seguir adecuando la legislación, con el fin de fortalecer la protección de los intereses del publico usuario, para no dañar sus derechos patrimoniales fundamentales y para brindarles una mayor certidumbre jurídica, sobre todo en lo que se refiere a las actividades denominadas pasivas, que son aquellas a través de las cuales los bancos captan del público, por medio del ahorro o inversión, los capitales que se encuentran ociosos o sin ocupación productiva inmediata.

Agrega la minuta que comúnmente para la custodia de los ahorros se elige a las instituciones financieras y se firman con ellas un contrato en el cual se establecen la forma, los términos y condiciones, por lo que cuando se ahorra o se invierte, normalmente se espera que el dinero se encuentre en buenas manos, que se proporcione algún rendimiento para soportar lo mejor posible los embates de la inflación y se pueda disponer de él en el momento en que se necesite, ya sea el cuentahabiente titular o quienes este determine en ese contrato, pero nunca con la intención de que dicho patrimonio quede en manos de las instituciones financieras.

La Minuta en comento señala que en la Ley de Instituciones de Crédito, se prevé la figura de ``beneficiario'', que es la persona que se ve beneficiada por la entrega de los saldos en las cuentas de ahorro e inversión en caso de que el titular de la cuenta llegue a fallecer, por lo que al firmar un contrato para la designación de esos beneficiarios, el titular confía en que ello constituye una prueba plena de la expresión de su voluntad. Ello es así, toda vez que en cualquier momento puede nombrar nuevos beneficiarios, anular los que tiene designados o variar el porcentaje establecido para cada uno de ellos.

Subraya la Minuta que aunque tal designación se supondría que brinda tranquilidad o seguridad jurídica para quienes el titular designa como beneficiarios, se indica que la Ley de Instituciones de Crédito, en su artículo 56 vigente, atenta en contra de la voluntad del titular y de su patrimonio, al establecer límites en la entrega del dinero y obligar que se siga un juicio sucesorio que en ocasiones resulta largo y costoso.

En ocasiones, señala la Minuta, al llenar los documentos que proporciona la institución bancaria no se toma el debido cuidado al designar los beneficiarios; o por no ser obligatoria solicitar este requisito, el personal de las instituciones bancarias lo omiten. En casos como estos, se agrega que debiera de ser un juez el que determine a quien entregar ese dinero; en caso contrario y cuando los beneficiarios y la voluntad del titular están plenamente determinados, el único requisito para la entrega debiera ser el demostrar plenamente que el titular ha fallecido.

En este sentido, la Minuta señala que el artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito en vigor, determina límites en la entrega del dinero que las instituciones financieras deben hacer a los beneficiarios, es decir, no se les proporciona la totalidad de los recursos existentes, sino tan solo la cantidad equivalente a 20 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, elevada al año o si la cantidad depositada es inferior a éste monto, se le entregará el 75% del total. Por lo que respecta al 25% restante, para determinar su asignación, se tiene que recurrir a un juicio sucesorio, con los costos e implicaciones jurídicas que esto conlleva.

Por lo anterior, la Colegisladora considera que es esencial la reforma al artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito, con el fin de fortalecer la protección de los usuarios para no dañar sus derechos patrimoniales.

Consideraciones de la Comisión

Esta dictaminadora considera que es de aprobarse la Minuta sobre la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, que tiene como objetivo la protección de los intereses del público usuario y brindarles una mayor certidumbre jurídica, sobre todo en lo que se refiere a las actividades denominadas pasivas.

De lo anterior, esta Comisión que dictamina estima conveniente la aprobación de la Minuta, toda vez que el respeto a los contratos es esencial para conseguir el desarrollo y solidez que el sistema financiero mexicano requiere.

Esta Comisión considera adecuado que en la Ley de Instituciones de Crédito, se prevé la figura de beneficiario, toda vez que dicha figura es la persona que se vera beneficiada por la entrega de los saldos en las cuentas de ahorro e inversión en caso de que el titular llegue a fallecer.

Asimismo, la dictaminadora estima necesario que en caso de fallecimiento del titular, la institución de crédito entregue el importe correspondiente a quien el titular hubiera designado, expresamente y por escrito como ``beneficiario'' en la proporción estipulada para cada uno de ellos.

En adición, la que dictamina considera conveniente que en el supuesto que no existieran beneficiarios, el importe deberá entregarse en los términos previstos por la legislación común.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión estima necesaria la aprobación de la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que somete a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Decreto por el que se reforma el artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito

Único. Se reforma el artículo 56 del Capítulo II ``De las Operaciones Pasivas'' de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 56. El titular de las operaciones a que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de esta Ley, así como de depósitos bancarios en administración de títulos o valores a cargo de instituciones de crédito, deberá designar beneficiarios y podrá en cualquier tiempo sustituirlos, así como modificar, en su caso, la proporción correspondiente a cada uno de ellos.

En caso de fallecimiento del titular, la institución de crédito entregará el importe correspondiente a quienes el propio titular hubiese designado, expresamente y por escrito, como beneficiarios, en la proporción estipulada para cada uno de ellos.

Si no existieren beneficiarios, el importe deberá entregarse en los términos previstos en la legislación común.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala comisiones de la honorable. Cámara de Diputados a 9 de diciembre de 2008.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Carlos Alberto García González , Camerino Eleazar Márquez Madrid , José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Miguel Ángel González Salud (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño , Joaquín Humberto Vela González , Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), secretarios; Moisés Alcalde Virgen , José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama , Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez , Ramón Ceja Romero (rúbrica en contra), Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), José de la Torre Sánchez (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa (rúbrica), Javier Guerrero García (rúbrica), José Martín López Cisneros (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Octavio Martínez Vargas , José Murat, Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Mario Alberto Salazar Madera , Jorge Alejandro Salum del Palacio , Pablo Trejo Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : En consecuencia está a discusión, en lo general y en lo particular, el artículo único del proyecto de decreto.

Hasta el momento se informa que no se ha registrado ningún orador para fijar la posición de los grupos parlamentarios.

Consulte la Secretaría a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto, en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Suficientemente discutido.

Por tanto, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación hasta por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

(Votación)

¿Falta algún diputado o alguna diputada de emitir su voto? Está abierto el sistema.

¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Continúa abierto el sistema.

Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz:

El diputado Miguel Ángel Macedo Escarpín (desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Manuel Virgen Carrera (desde la curul): A favor.

La diputada Susana Sarahí Carrasco Cárdenas (desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Gabriel Varela López (desde la curul): A favor.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Mi voto, a favor.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : Señor presidente, se emitieron 344 votos en pro, 15 en contra y 5 abstenciones.

Presidencia del diputado César Duarte Jáquez

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado en lo general y en lo particular, por 344 votos, el proyecto de decreto que reforma el artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.



LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 61 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 61 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

La Comisión de Defensa Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numerales 1, 2, fracción III, y 45 numerales 6, incisos ``f'' y ``g'' de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 60, 87,88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía el presente proyecto de dictamen, bajo los siguientes:

Antecedentes

A) En sesión ordinaria de la H. Cámara de Diputados celebrada el 18 de septiembre de 2007, el diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 60 y 61 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
B) La Presidencia de la Mesa Directiva de esta soberanía dictó el siguiente trámite: ``Túrnese para análisis y dictamen, a la Comisión de Defensa Nacional''.

Valoración de la Iniciativa

El diputado promovente en sus argumentos centrales expone que:

• La propuesta es sujetar al transporte de material explosivo a reglas de seguridad más estrictas a las que actualmente se están aplicando.
• Decir que las Leyes y las Normas ya lo prevén, es falso.
• Actualmente no se verifica, al momento de la salida del transporte, las medidas de seguridad que establecen las normas mexicanas, ni se hace un seguimiento de la ruta que transitará el transporte, ni mucho menos se revisa el contenedor de carga.
• Los conductores no están preparados para enfrentar una situación de riesgo.
• Tenemos que ser claros en la Ley sobre los requerimientos de seguridad que deberán cubrirse antes y durante el transporte del material explosivo.
• Son precisamente los acontecimientos los que motivan las legislaciones, cuyo objeto es precisar la realidad, para que las reglas que deberán aplicarse normen la actividad de la sociedad en esa realidad.

Consideraciones

``Las Leyes no se mejorarían nunca si no existieran numerosas personas cuyos sentimientos morales son mejores que las Leyes existentes'', dijo alguna vez un filósofo inglés. Nosotros decimos, Es cierto. Y por eso y para eso, estamos aquí.

El atroz acontecimiento ocurrido casi exactamente hace un año, ( 9 de septiembre de 2007), en la carretera Monclova-Cuatro Ciénegas a la altura del ejido Celamanía, Nadadores, Coahuila, ha pasado a la historia de nuestro país como el más grave incidente carretero de los últimos tiempos. La vida de decenas de personas, (29), padres, madres, hijos, hijas, nietos abuelos, fue aniquilada en un instante. No hubo agonía, no hubo congoja, tampoco sazón o desazón previo; pero de igual forma no hubo cuidado, pericia, vigilancia, cumplimiento, sensatez, prudencia ni templanza, en quien condujo el trailer explosivo, en quien lo cargó, en quien le permitió pasar sin revisarlo, en quien no colocó los aditamentos de seguridad, en quien, en una palabra, no cumplió la Ley.

El día 18 de septiembre de 2007, poco después de la tragedia, fecha en la cual el diputado Jericó Abramo Masso subió a la tribuna más alta de la nación para presentar la iniciativa que hoy se dictamina, no lo hacia a titulo personal; cada persona herida en este evento, cada familia de quienes desgraciadamente fallecieron, y también, cada uno de los legisladores que integramos la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, estamos seguros, compartimos los argumentos vertidos en el documento objeto de estudio; no obstante la alta responsabilidad de legislar nos impone dictaminar con integridad.

En la vida cotidiana, cada mañana, cada tarde, a cada rato escuchamos de un crimen cometido, de un atraco, de un robo, de una violación, de un secuestro; y por irónico que parezca existe una ley al respecto que lo estipula y sanciona, o dicho de otra manera que lo describe y que amenaza penal o de cualquier otra forma jurídica correspondiente tanto judicial como legalmente, a quien realice esa acción u omisión, y sin embargo como se dijo líneas atrás, todos los días acontece.

En este sentido entendemos muy bien lo planteado por el promovente al manifestar que ``decir que las Leyes y las Normas ya lo contemplan es falso'', ya que cuando aún existiendo la Ley, Reglamento, Norma, o demás que previene la comisión de una conducta antisocial esta se actualiza, estamos ante una Ley, Reglamento, Norma o demás, FALSA. No obstante es innegable que efectivamente existen numerosos ordenamientos legales que ya prevé n circunstancias específicas tendientes a evitar catástrofes como la de Cuatro Ciénegas en comento.

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, dictaminada, votada, aprobada y remitida al Ejecutivo Federal para su publicación por el Congreso de la Unión del cual ahora nosotros formamos parte, establece en su artículo primero que tiene por objeto regular los servicios de autotransporte federal que operan en los caminos y puentes que entronquen con algún camino de país extranjero; que comuniquen a dos o más estados de la Federación o bien que en su totalidad o en su mayor parte sean construidos por la Federación, con fondos federales o mediante concesión federal por particulares, estados o municipios.

Asimismo establece entre otras situaciones, las que a continuación se anotan:

• Los diferentes niveles de autotransporte federal.
• La construcción de libramientos que eviten el tránsito pesado por las poblaciones.
• La realización de convenios entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Federación y los Estados de la República, o bien entre la dependencia mencionada y los gobiernos municipales, que tiendan a la conservación reconstrucción y ampliación de tramos federales.
• Medidas de seguridad para la utilización de explosivos en canteras que estén cerca de los caminos.
• El mandato para que todos los vehículos de autotransporte de carga, pasaje y turismo que transiten en caminos y puentes de jurisdicción federal cumplan con la verificación técnica de sus condiciones físicas y mecánicas y obtener la constancia de aprobación correspondiente con la periodicidad y términos que la SCT establezca en la Norma Oficial Mexicana respectiva.
• La obligación para que los conductores de vehículos de autotransporte federal obtengan y/o renueven la licencia federal reglamentaria correspondiente que expida la SCT.

Tal y como se puede apreciar, en estas disposiciones se mencionan figuras jurídicas que complementan a una Ley y posibilitan la aplicación minuciosa de la misma; nos referimos a los Reglamentos y a las Normas Oficiales Mexicanas.

En este sentido el Estado Mexicano cuenta con un Reglamento que contiene varias de las exigencias de la sociedad, a propósito del transporte de explosivos, y muy acorde con las propuestas expresadas por el legislador promovente: ``El Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos''.

Este documento plasma, solo por apuntar algunos ejemplos:

- El artículo 5, que para transportar materiales y residuos peligrosos por las vías generales de comunicación terrestre, es necesario que la Secretaría, (SCT) así lo establezca en el permiso otorgado a los transportistas...
- Los artículos 37 al 40 disponen la forma en que deben identificarse las unidades que transportan materiales y residuos peligrosos por las vías generales de comunicación terrestre.
- Los artículos del 58 al 68 prevén las condiciones de tránsito en vías de jurisdicción federal, es decir, qué personas pueden viajar en la unidad, cuando pueden realizar paradas, cuando pueden viajar en convoy, qué hacer en caso de congestiona miento vehicular, etc.

En resumen este ordenamiento regula el envase y embalaje del material en comento; características, especificaciones y equipamiento de los vehículos motrices y unidades de arrastre a utilizar; las condiciones de seguridad; el tránsito por vías federales; y también la responsabilidad por la falta de cumplimiento de todas las especificidades determinadas. Finalmente es de subrayar que crea el Sistema Nacional de Emergencia en Transportación de Materiales y Residuos Peligrosos, el cual es un organismo que tiene por objeto proporcionar información técnica y específica sobre las medidas y acciones que deben adoptarse en caso de algún accidente, y que se establecerá en coordinación con la Segob y demás dependencias competentes, pero también con la participación de las autoridades estatales y municipales, así como fabricantes e industriales que produzcan, generen, y utilicen substancias o residuos peligrosos y los transportistas.

De igual manera las Normas Oficiales Mexicanas, las que están sustentadas por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y por los distintos cuerpos legales que a ellas remiten, reúnen numerosas disposiciones relacionadas con el transporte de explosivos y material peligroso:

La NOM-003-SCT-2000, ``Característica de las etiquetas de envases y embalajes destinadas al transporte de substancias y residuos peligrosos'' (DOF-20-sept-2000).
La NOM-004-SCT -2000, ``Sistema de identificación de Unidades destinadas al transporte de materiales y residuos peligrosos'' (DOF 27-sept-2000).
La NOM-005-SCT-2000, ``Información de emergencia en transportación para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos'' (DOF 27 -sept-2000).
La NOM-006-SCT2-2000, ``Aspectos básicos para la inspección vehicular diaria de la Unidad destinada al autotransporte de material y residuos peligrosos'' (DOF 9-nov-2000).
La NOM-009-SCT2-2003, ``Compatibilidad para almacenamiento y transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos de la clase 1 explosivos'' (DOF 9-dic-2003).
La NOM-010-SCT2-2003, ``Disposiciones de compatibilidad y segregación para el almacenamiento y transporte de substancias, materiales y servicios peligrosos'' (DOF 10-dic-2003).
La NOM-012-SCT2/1995, ``Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal'' DOF 7 -ene-97).
La NOM-020-SCT2-1995, ``Requerimientos generales para el diseño y construcción de autotanques destinados al transporte de materiales y residuos peligrosos. Especificaciones SCT-306, SCT-307, SCT-312'' (DOF 17 -nov-07).

Por otro lado el pasado día 3 de julio del actual este órgano legislativo se reunió con el propio diputado Jericó Abramo Masso, y especialistas en la materia a legislar, de las Secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Comunicaciones y Transportes. Esta reunión fue más que productiva, por decir lo menos, ya que nos dio la oportunidad de escuchar distintos planteamientos relacionados y con un sustento de carácter técnico, pero lo más importante, de carácter experimental, expresada por peritos en la materia.

En dicha reunión fue aseverado por el diputado Abramo:

a) Más de 51,315 tráilers con materiales explosivos circulan durante el año en las carreteras mexicanas sin llevar custodia alguna.
b) Trabajadores de la empresa Orica que hablaron bajo la condición del anonimato, explicaron que el trailer no portaban ninguna advertencia o custodia porque el Ejército Mexicano se los ha impedido bajo el argumento que de esa manera son más susceptibles de un atraco en la carretera.
c) La delegación de la SCT dio a conocer que el transporte de la sustancia fue supervisado y cumplía con las medidas exigidas por la ley.
d) La duda sobre si el trailer llevaba los símbolos de la carga peligrosa persiste.
e) Lo cierto es que los explosivos viajan por carreteras y vías del país sin que nadie reglamente mejores condiciones de seguridad.

De la misma manera presentó datos muy ilustrativos referentes a:

- Carreteras con mayor número de accidentes.
- Substancias con mayor número de accidentes.
- Relación de accidentes en carreteras con sustancias químicas.
- Ejemplos de otros accidentes como consecuencia de una mala transportación de material peligroso.

Asimismo presentó un resumen de porque sí, o porque no, la reforma que propone, recogiendo los argumentos anteriormente expresados por escrito al respecto por parte de las dependencias invitadas.

Es muy importante señalar que el diputado Jericó Abramo Masso señaló aceptar la recomendación de miembros de esta Comisión de Defensa Nacional de eliminar el convoy militar del numeral 3 de su iniciativa propuesta, lo que posteriormente sustento mediante oficio s/n de fecha 24 de julio del actual enviado a la Presidencia del mismo órgano legislativo.

Por último en esta reunión expresaron su punto de vista respecto al objeto de trabajo las dependencias del Ejecutivo Federal invitadas, manifestando compartir la preocupación del Poder Legislativo Federal respecto a este tema; sin embargo consideraron de manera generalizada el que las propuestas contenidas en la iniciativa ya se encuentran cubiertas por distintos ordenamientos jurídicos.

Consideraron que la legislación vigente se adecua a la propuesta del legislador, sin omitir que pueden llevarse a cabo acuerdos de colaboración entre dependencias tanto estatales como federales y municipales para mejorar las condiciones de seguridad en la materia.

Por parte de la SCT se manifestó específica mente contar con el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte, que reúne a autoridades de las distintas dependencias, quienes son expertos en la materia; es por eso que primero la SCT otorga los permisos y después la Sedena, y así la coordinación entre ambas dependencias existe en los hechos.

La representación de la Semar señaló que de establecerse medidas de seguridad para evitar que crucen los vehículos de transporte con carga explosiva o de alto riesgo por poblaciones, así como bloqueos de calles y carreteras por las cuales transiten, y valorando la cantidad de vehículos o empresas que se dedican a este tipo de transportes, se tendrían que construir carreteras especiales para el transporte de material peligroso, en donde no existieran, invadiendo las facultades que le competen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por el hecho de que el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos ya prevé regulación al respecto:

Los invitados asistentes de la Sedena expresaron en cuanto a conferir a la propia dependencia atribuciones para expedir permisos en materia de transporte, es conferirle una atribución con la que ya cuenta de conformidad con el artículo 60 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE) vigente.

En referencia a la jornada laboral, se puntualizó que este aspecto es regulado hoy día por el artículo 62 Bis del Reglamento de Tránsito en Carreteras, expedido por la SCT, por lo que se tiene cubierta esta propuesta, añadiendo que existe una bitácora de horas de servicio del conductor, y que es el registro diario que contiene el tiempo efectivo de conducción; ``los conductores deberán respetar las jornadas establecidas en la Ley Federal del Trabajo y en los tratados, acuerdos y convenios internacionales'', de ahí que si no se respetaran esas jornadas con referencia en la Bitácora mencionada se deberá de retirar la licencia correspondiente al conductor de la unidad de transporte.

De todo lo expuesto anteriormente esta Comisión de Defensa Nacional establece las siguientes:

Conclusiones

1. Los acontecimientos sucedidos el pasado día 9 de septiembre del dos mil siete en la carretera Monclova-Cuatro Ciénegas a la altura del ejido Celamanía, Nadadores, Coahuila, que causó la muerte de 29 personas, (de entre ellas 1 niño de 12 años y una niña de 1 año 10 meses), es un incidente lamentable y que aflige a todos los ciudadanos de la República y que pasará a la historia como una de las peores tragedias carreteras en nuestro país.
2. La H. Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión no debe dejar pasar por desapercibido lo ocurrido, o como un ``accidente'' más de los que con frecuencia acontecen en nuestras carreteras; y sí debe emprender acciones tendientes a eficientar el Sistema Carretero Nacional en sus tres órdenes, federal, estatal y municipal, no solamente legislando sino coadyuvando a que el marco jurídico ya existente tenga una eficaz aplicación.
3. De acuerdo al análisis realizado se puede llegar a la conclusión de que las proposiciones hechas por el legislador promovente contenidas en el artículo 60 propuesto, (llevar todo el material y equipo necesario para enfrentar cualquier siniestro; medidas que eviten el cruce por poblaciones de transportes con material peligroso; instrumentos de coordinación que para eficientar el sistema de transporte de esta naturaleza se tenga entre autoridades federales, estatales y municipales, así como integrar a estos la participación de los permisionarios y transportistas; especificaciones concretas acerca de los contenedores de los transportes de este tipo que eviten derrames, explosiones, incendios etcétera; especificaciones sobre la cantidad máxima de explosivos que se pueden transportar en un vehículo; jornadas máximas de trabajo por parte de los choferes así como las características de la bitácora que deberá usar el mismo; disposiciones relativas a la licencia de manejo para los conductores; requisitos para la obtención del permiso legal para transportar explosivos;), en su gran mayoría ya se encuentran contempladas en otros ordenamientos legales.
4. En relación al primer párrafo del artículo 61 de la LFAFE que actualmente reza como sigue: ``Artículo 61. La transportación que se derive de permisos concedidos por la Secretaría de la Defensa Nacional a personas o negociaciones, para realizar alguna o algunas de las actividades señaladas en este Titulo, deberá ajustarse a las medidas de seguridad que se precisen en los permisos'', y pasar a: ``Artículo 61. La transportación que se derive de permisos concedidos por la Secretaría de la Defensa Nacional a personas o negociaciones, para realizar alguna o algunas de las actividades señaladas en este Titulo, deberá ajustarse a las medidas de seguridad que establezcan las Leyes, Reglamentos y Normas aplicables en materia de transporte de materiales peligrosos.''; consideramos que prescribe mejor las condiciones en que debe emitirse y otorgarse el permiso correspondiente, y en ese sentido estamos de acuerdo con ella; sin embargo es necesario mantener la redacción actual del artículo y agregarle lo propuesto por el diputado Abramo Masso, toda vez que al establecerse en el texto vigente que la transportación que se derive de permisos otorgados por la Sedena, deberá ajustarse a las medidas de seguridad que se precisen en esos mismos permisos, mantiene la posibilidad de que si resultase necesario implementar una medida de seguridad nueva en función de las investigaciones relacionadas con la sustancia en particular de que se trate, esta sea implementada por ese medio a través de la propia Sedena.
5. Por cuanto hace a la propuesta de adicionar el propio artículo 61 de la LFAFE con un párrafo segundo de la siguiente manera: ``En caso de incumplimiento se prohibirá su salida del almacén o lugar de origen de la carga que será transportada. Si por el incumplimiento de las medidas de seguridad que establece esta Ley y los ordenamientos aplicable a la transportación de material peligroso, se causare un siniestro que produzcan lesiones, muertes o destrucción de inmuebles, será retirado el permiso de manera inmediata a la empresa titular de éste, así como será aplicada una multa que considere de manera suficiente la reparación de los daños causados, sin ser limitativo para la aplicación de otras leyes u ordenamientos respectivos''; lo consideramos amplio y con 4 enunciados: el primero en cuanto a: ``En caso de incumplimiento se prohibirá su salida del almacén o lugar de origen de la carga que será transportada''; al respecto creemos que este enunciado se encuentra implícito en todos y cada uno de los ordenamientos Legales anteriormente expuestos y en los propios permisos otorgados por la Sedena, ya que precisamente la razón de ser de todos estos ordenamientos es su cumplimiento, de tal suerte que en caso de que no se cumpla alguna de las condiciones que determinan, la prevención automática es no permitir la salida del transporte; al respecto es importante remarcar que una de las condiciones de los permisos que otorga la Sedena para el transporte de explosivos es ser notificada por parte del permisionario de la próxima salida del vehículo con carga a transportar para efecto de que personal especializado de la propia dependencia se constituya en el lugar de salida y certifique el cumplimiento de las medidas de seguridad que correspondan. El segundo enunciado reza: ``Si por el incumplimiento de las medidas de seguridad que establece esta Ley y los ordenamientos aplicables a la transportación de material peligroso, se causare un siniestro que produzcan lesiones, muertes o destrucción de inmuebles, será retirado el permiso de manera inmediata a la empresa titular de éste''; al respecto consideramos oportuna la reforma ya que la fuente de ingresos del permisionario es lo que se sanciona, y esto produce extremar precauciones para cumplir con las medidas de seguridad; no obstante creemos oportuno cambiar la expresión ``será retirado el permiso'' por la de ``será suspendido o cancelado el permiso...'', en términos de lo que ya dispone el artículo 89 de la propia ley en comento; así como, por otro lado, reemplazar el término ``a la empresa titular de éste'', por el de, ``al titular de este'', ya que de esta forma se engloba a personas físicas o morales. El tercer enunciado es como sigue: ``así como será aplicada una multa que considere de manera suficiente la reparación de los daños causados''; en este sentido consideramos que en caso de que se produzcan los sucesos mencionados, forzosamente se tendría que iniciar una averiguación previa que, legalmente, debe contemplar la reparación del daño causado por lo que se encuentra cubierta esta propuesta. Y finalmente un cuarto enunciado que dice: ``sin ser limitativo para la aplicación de otras leyes u ordenamientos respectivos''; por lo que hace a este enunciado lo creemos oportuno ya que es una disposición de técnica legislativa y que pondera la responsabilidad del permisionario bajo cualquier materia jurídica.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Defensa Nacional, somete a consideración de esta soberanía el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 61 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

Artículo Único. Se reforma el artículo 61 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:

``Artículo 61. La transportación que se derive de permisos concedidos por la Secretaría de la Defensa Nacional a personas o negociaciones, para realizar alguna o algunas de las actividades señaladas en este Titulo, deberá ajustarse a las medidas de seguridad que se precisen en los permisos, así como, las que establezcan las Leyes, Reglamentos y Normas aplicables en materia de transporte de materiales peligrosos y explosivos.

Si por el incumplimiento de las medidas de seguridad que establece esta Ley y los ordenamientos aplicables a la transportación de materiales peligrosos y explosivos se causare un siniestro que produzca lesiones, muertes o destrucción de inmuebles, será suspendido o cancelado el permiso de manera inmediata al Titular de éste, sin ser limitativo para la aplicación de otras Leyes u ordenamientos respectivos''.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Comisión de Defensa Nacional, diputados: Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), presidente; Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica), Roberto Badillo Martínez (rúbrica), secretarios; Gerardo Aranda Orozco (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Diódoro Humberto Carrasco Altamirano (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Nelly Asunción Hurtado Pérez (rúbrica), Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo (rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Marco Antonio Peyrot Solís , César Flores Maldonado , Javier González Garza , Jesús R. Morales Manzo, Raúl Ríos Gamboa (rúbrica), José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), Israel Beltrán Montes (rúbrica), Octavio Fuentes Téllez , Andrés Carballo Bustamante (rúbrica), Pedro Montalvo Gómez (rúbrica), Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica), Carlos Ernesto Zatarain González , Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas , David Sánchez Camacho (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: En virtud de que ningún legislador ha solicitado el uso de la palabra, consulte la Secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido, en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Suficientemente discutido.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema hasta por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

(Votación)

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Damos la instrucción a la Secretaría General de que, sin el pretexto de la renovación del equipo que está suficientemente oportuno y ha funcionado durante todo el año, se reparen de inmediato los nombres, y que aparezcan los nombres de los integrantes de la Mesa Directiva.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : De viva voz:

El diputado Miguel Ángel Macedo Escarpín (desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Manuel Virgen Carrera (desde la curul): A favor.

La diputada Susana Sarahí Carrasco Cárdenas (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : La Secretaría informa que la votación ---a pesar de que no están registrados en el tablero los nombres--- del diputado presidente, César Duarte Jáquez, es a favor; del diputado José Luis Espinosa Piña , en las mismas circunstancias; de la diputada Ruth Zavaleta Salgado , de la misma forma; de la diputada Margarita Arenas Guzmán , de igual forma; de su servidora, de la misma manera; de la diputada Pinete Vargas María del Carmen , a favor; del diputado José Manuel del Río Virgen , a favor; del diputado Portilla Diéguez Manuel, a favor; de la diputada Romero Guzmán Rosa Elia , a favor.

Asimismo, de la diputada Aleida Alavez Ruiz , a favor; del diputado Ramón Almonte Borja , a favor; del diputado Carlos Altamirano Toledo , a favor; de la diputada Maribel Luisa Alva Olvera , a favor; del diputado Silbestre Álvarez Ramón , a favor; del diputado Alberto Amaro Corona , a favor; de la diputada Irene Aragón Castillo , a favor; del diputado Jacinto Gómez Pasillas , a favor.

También del diputado Emilio Ulloa Pérez , a favor; del diputado Tomás José Luis Varela Lagunas , a favor; del diputado Robinson Uscanga Cruz , a favor; del diputado César Camacho Quiroz , a favor; de la diputada Yadhira Yvette Tamayo Herrera , a favor; de la diputada Mercedes Morales Utrera , a favor; de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández , a favor; de la diputada Alma Xóchil Cardona Benavídez, a favor; y del diputado Jesús Manuel Patrón Montalvo , a favor.

Por tanto, se emitieron 365 votos en pro, 0 en contra y 3 abstenciones.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado en lo general y en lo particular, por 365 votos, el proyecto de decreto que reforma el artículo 61 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.



LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo de la fracción III del artículo 22, y el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se le dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo de la fracción III del artículo 22, y el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Honorable Asamblea:

La Comisión de la Función Pública de esta H. Cámara de Diputados, con base en las facultades que le confieren los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numerales 1 y 2, fracción XVIII, y 45 numeral 6, incisos e) y f); y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 87 y 88 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el siguiente dictamen sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 22 y 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Antecedentes

I. La Minuta que se dictamina fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2617-I, el martes 21 de octubre del 2008, de la cual se le dio cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados ese mismo día.
II. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente la turnó para su estudio y dictamen a la Comisión de la Función Pública, con el número de expediente 4705.
III. Recibida en la Comisión de la Función Pública y una vez sometida a estudio y análisis, se preparó un proyecto de dictamen en sentido positivo , el cual fue sometido a la consideración y discusión del Pleno de dicha Comisión, que lo aprobó en la sesión celebrada el día 9 de diciembre del 2008, por 16 votos a favor, 0 votos en contra, y 0 abstenciones.

Análisis de la Minuta

La Minuta materia del presente dictamen tiene por objeto reformar el segundo párrafo de la fracción III del artículo 22 y el primer párrafo del artículo 27, ambas de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En el párrafo segundo de la fracción III del artículo 22 se propone instituir que los comités (de adquisiciones, arrendamientos y servicios de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal), establecerán en sus políticas, bases y lineamientos los aspectos de sustentabilidad ambiental, incluyendo la evaluación de las tecnologías que permitan la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y la eficiencia energética, que deberán observarse en las adquisiciones, arrendamientos o servicios con el objeto de optimizar y utilizar de forma sustentable los recursos para disminuir costos financieros y ambientales.

Por su parte, se propone que en el primer párrafo del artículo 27 se establezca que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente ley.

En síntesis, lo que se pretende es fomentar acciones en la adquisición del Estado para la preservación del medio ambiente.

Consideraciones

Primera. El párrafo primero del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Asimismo, el párrafo tercero del artículo en comento establece que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Segunda. El artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece que las disposiciones de esa ley son orden público y tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y la prestación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Tercera. Esta Comisión dictaminadora coincide con lo que el Senado de la República aprobó en la Minuta de mérito, pues considera de vital importancia que se establezca en la ley de la materia, que en la especie es la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, disposiciones que obliguen a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a considerar en las compras que realizan o en la prestación de servicios que solicitan, aspectos ambientales como los que se incluyen en los artículos que se pretenden reformar.

Cuarta. Por lo tanto, se coincide plenamente con la necesidad de tomar medidas para privilegiar el uso de tecnologías que permitan mitigar los efectos nocivos de los contaminantes y que busquen a su vez la eficiencia energética, por lo cual es pertinente que se le faculte a los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de las dependencias y entidades para que establezcan en las políticas, bases y lineamientos que expiden, aspectos que prevean esta situación.

Quinta. Asimismo, la reforma propuesta y aprobada por el Senado de la República al artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público es viable en cuanto a que se refiere que la protección al medio ambiente debe ser tomada en cuenta respecto a las adquisiciones, arrendamientos y servicios que el Estado se adjudica a través de las licitaciones públicas (regla general), además de las otras condiciones que dicho precepto legal también prevé.

Sexta. En resumen, la Comisión que suscribe considera que la propuesta contenida en la Minuta de mérito es benéfica para el sistema de adquisiciones del sector público en relación con la protección al medio ambiente, pues busca que el aspecto ambiental esté presente dentro de los procedimientos de contratación que lleva a cabo el Estado.

En virtud de los motivos expuestos en las consideraciones anteriores, la Comisión de la Función Pública, con base en las atribuciones legales y reglamentarias con las que cuenta, ponen a su consideración el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo de la fracción III del artículo 22, y el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 22. Las dependencias y entidades deberán establecer comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios que tendrán las siguientes funciones:

I. a II. ...
III. ...
Los comités establecerán en dichas políticas, bases y lineamientos los aspectos de sustentabilidad ambiental, incluyendo la evaluación de las tecnologías que permitan la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y la eficiencia energética, que deberán observarse en las adquisiciones, arrendamientos o servicios con el objeto de optimizar y utilizar de forma sustentable los recursos para disminuir costos financieros y ambientales;
IV. a IX. ...
...
...
...

Artículo 27. Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley.

...

...

...

...

...

...

...

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Comisión de la Función Pública, diputados: Benjamín González Roaro (rúbrica), presidente; Lariza Montiel Luis (rúbrica), José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Jesús Ricardo Morales Manzo (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez , Alma Edwivges Alcaraz Hernández (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo , Jesús Arredondo Velázquez , Carlos Armando Biebrich Torres , María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Andrés Carballo Bustamante , José de la Torre Sánchez (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Mario Enrique del Toro, Adriana Díaz Contreras (rúbrica), Arturo Flores Grande (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte , Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Carlos Orsoe Morales Vázquez , Alan Notholt Guerrero (rúbrica), Sagrario María del Rosario Ortiz Montoro (rúbrica), Héctor Padilla Gutiérrez , Rafael Plácido Ramos Becerril (rúbrica), Marcos Salas Contreras (rúbrica), Ramón Valdés Chávez .»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: En virtud de que no ha habido solicitud alguna de legislador para hacer uso de la palabra en torno al dictamen, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutido.

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Destacamos la presencia de organizaciones juveniles del municipio de Atlacomulco,Estado de México. Bienvenidos.

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas : ¿Falta algún diputado o alguna diputada de emitir su voto? Se encuentra abierto el sistema electrónico de votación.

Ciérrese el sistema electrónico de votación.

De viva voz:

El diputado Miguel Ángel Macedo Escarpín (desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Manuel Virgen Carrera (desde la curul): A favor.

La diputada Susana Sarahí Carrasco Cárdenas (desde la curul): A favor.

El diputado Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán (desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Blanco Pajón (desde la curul): A favor.

La diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas (desde la curul): A favor.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas : Señor presidente, se emitieron 362 votos en pro, 0 en contra.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado por 362 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo de la fracción III del artículo 22, y el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.



LEY ORGANICA DE LA ARMADA DE MEXICO - LEY DE ASCENSOS DE LA ARMADA DE MEXICO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto en el orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México, y de la Ley de Ascensos de la Armadade México.

En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Marina, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Orgánica, y de Ascensos de la Armada de México

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Marina de esta LX Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar y adicionar los artículos 4, 5, 11, 13, 23, 36, 38, 40, 42, 47, 54, 58, 66 y 81 de la Ley Orgánica de la Armada de México, así como los artículos 5, 11, 15, 16, 35, 38 y 41 de la Ley de Ascensos de la Armada de México.

Esta comisión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 71 fracción II y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo analizado el contenido de la iniciativa en comento, someten a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

1. En la sesión plenaria de la Comisión Permanente celebrada el 11 de julio de 2007, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión recibió la iniciativa citada en el proemio del presente dictamen, la cual fue presentada por el diputado Carlos Ernesto Navarro López en nombre de la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago , ambos del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y

2. En esa fecha, el Senador José González Morfín , Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, mediante oficio CP2R1A.-1232, turnó a la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos 4, 5, 11, 13, 23, 36, 38, 40, 42, 47, 54, 58, 66 y 81 de la Ley Orgánica de la Armada de México, así como los artículos 5, 11, 15, 16, 35, 38 y 41 de la Ley de Ascensos de la Armada de México, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. Esta comisión dictaminadora inició un cuidadoso proceso de análisis y consulta, a efecto de elaborar el presente dictamen, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

Es una realidad indiscutible que en nuestro país la participación de las mujeres en la vida política y económica se ha ido incrementando de manera considerable en los últimos tiempos. Aunque tradicionalmente la carrera de las armas ha sido reservada exclusivamente para los hombres, aunque en la actualidad el número de mujeres que se incorpora a estas actividades es cada vez mayor, y en el caso de la Armada de México, el porcentaje de mujeres que se encuentra sirviendo en sus filas corresponde al orden del 14 por ciento.

Es necesario mencionar que en la Armada de México, fue desde 1995 que se permitió el acceso de las mujeres a la carrera de intendencia naval y desde 1998, a la de mecánica de aviación. Sin embargo, estos avances resultan insuficientes ante la necesidad de afirmación de los principios constitucionales que determinan la igualdad entre hombres y mujeres, ya que un Estado Social de Derecho debe responder a las necesidades planteadas por las militares, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4o. y 5o. constitucionales, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como de diversos ordenamientos internacionales encaminados a lograr un acceso efectivo de las mujeres a la igualdad de oportunidades, evitando la discriminación de género.

En el ámbito nacional, el informe sobre Indicadores de Desarrollo Humano y de Género, realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo indica que ``los avances institucionales y normativos en el ámbito de la equidad de género a nivel nacional, desarrollados en el contexto de la consolidación democrática del país, han abierto espacios importantes para la reflexión sobre el tema. No es exagerado afirmar que hoy en día México cuenta con valiosas herramientas para el diseño e implantación de políticas públicas que atiendan este problema. Con todo, la sensibilización y el acceso a esta información no han tenido el mismo efecto en todos los sectores de la sociedad mexicana y en su entramado institucional'', por lo cual resulta indispensable actualizar nuestra legislación vigente en la materia, con el objeto de garantizar a todos los mexicanos y mexicanas condiciones de igualdad y equidad.

La evolución de la agenda nacional de equidad de género reafirma la importancia de la igual participación y plena ingerencia de las mujeres en todos lo esfuerzos que están encaminados al mantenimiento y la promoción de la democracia, la paz y la seguridad, al dotar a las mujeres de un ámbito de acción cada vez mayor en la toma de decisiones, lo cual implica de manera ineludible, avanzar en la integración plena de las mujeres en las fuerzas armadas.

Esta comisión conciente de la realidad actual que implica la igualdad y que en casos específicos requiere de circunstancias especiales, en términos de equidad y de justicia.

Por lo que los integrantes de esta comisión sometemos al Pleno de esta soberanía el presente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México, y de la Ley de Ascensos de la Armada de México

Artículo Primero. Se reforman los artículos 13, primer párrafo y 23, segundo párrafo; se adiciona el artículo 4, fracción I con un segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Armada de México, para quedar como sigue:

Artículo 4. La Armada de México está integrada por:

I. Recursos humanos, que se integran por el personal, que presta sus servicios en la Armada, estando sujeto a las leyes, reglamentos y demás disposiciones de orden naval y militar;
Esta Ley será aplicable sin distinción, garantizando la equidad de género y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
II. a III. ...

Artículo 13. Las fuerzas navales son el conjunto organizado del personal, buques, aeronaves y unidades de infantería de marina capacitados para salvaguardar los intereses marítimos, conforme a las prescripciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

...

...

Artículo 23. ...

La Armada de México contará con los establecimientos educativos necesarios para preparar los recursos humanos que requiera a nivel técnico, técnico-profesional, profesional, especialización y posgrado, de acuerdo con los recursos financieros que le sean asignados, conforme a los principios de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, mérito y capacidad.

Artículo Segundo. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 5o. de la Ley de Ascensos de la Armada de México, para quedar como sigue:

Artículo 5o. Los ascensos a que se refiere el artículo 3o. de la presente ley, serán conferidos de acuerdo a los resultados obtenidos en el concurso de selección para ascenso.

Esta ley será aplicable sin distinción, garantizando la equidad de género y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2008.
La Comisión de Marina, diputados: Elías Cárdenas Márquez (rúbrica), presidente; Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Marco Antonio Peyrot Solís (rúbrica), Maribel Luisa Alva Olvera (rúbrica), secretarios; Efraín Arizmendi Uribe , Gerardo Buganza Salmerón , Adrián Fernández Cabrera (rúbrica), Leonardo Magallón Arceo (rúbrica), Luis Alonso Mejía García , Nabor Ochoa López , Pedro Pulido Pecero , Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Juan Victoria Alva (rúbrica), Higinio Chávez García (rúbrica), Cuitláhuac Condado Escamilla, Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez , José Luis Blanco Pajón (rúbrica), Luis Ricardo Aldana Prieto , Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Mariano González Zarur (rúbrica), Arturo Martínez Rocha (rúbrica), Jorge Toledo Luis , Faustino Javier Estrada González (rúbrica), Félix Castellanos Hernández .»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión en lo general.

Ha solicitado, en pro del dictamen, el uso de la palabra la diputada Claudia Cruz Santiago, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago : Muchas gracias, señor presidente.

Es una realidad indiscutible que en nuestro país la participación de las mujeres en la vida política y económica se ha ido incrementando de manera constante en los últimos tiempos. Aunque tradicionalmente la carrera de las armas ha sido reservada para los hombres, en la actualidad el número de mujeres que se incorporan en estas actividades es cada vez mayor.

Debemos señalar que la feminización de los ejércitos regulares es un cambio absolutamente contemporáneo. En Estados Unidos, según cifras de la vocera del Pentágono, Tatiana Stead, 15 por ciento de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos activas son mujeres, y en la reserva son 17 por ciento.

Este crecimiento inicia en 1973, cuando se determina la conscripción obligatoria de varones a la iniciativa de la All-Volunteer Force, como consecuencia del descrédito que implicaron los resultados en Vietnam. Desde ese momento, la inscripción de varones disminuyó porcentualmente, mientras aumentaba vertiginosamente la de mujeres.

En el caso de la Armada de México, el porcentaje de mujeres que se encuentra sirviendo en sus filas corresponde a 14 por ciento. Es necesario mencionar que en la Armada de México fue desde 1995 que se permitió el acceso a las mujeres a la carrera de la intendencia naval y, desde 1998 a la mecánica de aviación.

Sin embargo, estos avances resultan insuficientes ante la necesidad de afirmación de los principios constitucionales que determinan la igualdad entre hombres y mujeres. Un Estado social de derecho debe responder a las necesidades planteadas para las militares, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4o. y 5o. constitucional.

La Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres, y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como diversos ordenamientos internacionales encaminados a lograr el acceso efectivo de las mujeres a la igualdad de oportunidades han evitado la discriminación de género.

Aunque esos planteamientos no resultan novedosos, nuestro país no se encuentra a la vanguardia en la resolución de los requerimientos introducidos para este sector castrense.

Existen países en América Latina cuyos ejércitos permiten la participación irrestricta de las mujeres en todas sus actividades. Ejemplos de ello son El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Venezuela y Uruguay.

Adicionalmente debemos considerar que estudios de sociología militar efectuados en Estados Unidos de América, Europa y Asia señalan que la incorporación de las mujeres en las fuerzas armadas ha conllevado grandes beneficios en niveles de eficiencia de las unidades militares, en términos de escolaridad, rendimientos académicos, asistencia y efectividad.

En el ámbito nacional, en informes sobre indicadores, desa-rrollo humano y de género, realizados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, indican que los avances institucionales y normativos en el ámbito de la equidad de género a nivel nacional, desarrollados en el contexto de la consolidación democrática en el país, han abierto espacios importantes para la reflexión sobre el tema.

No es exagerado afirmar que hoy día México cuenta con valiosas herramientas para el diseño y la implantación de políticas públicas que atienden este problema.

Con toda la sensibilización y el acceso a esta información, no han tenido el mismo efecto en todos los sectores de la sociedad mexicana y su entramado institucional, por lo cual resulta indispensable actualizar nuestra legislación en la materia para garantizar a todas las mexicanas y a todos los mexicanos condiciones de equidad.

Debemos recordar que al signar la Declaración del Milenio, el gobierno mexicano, el Estado mexicano adquirió el compromiso de garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de México y sus mujeres.

En 2006 el presidente Calderón declaró que en 2000 prácticamente la totalidad de los países firmaban la Declaración del Milenio comprometiéndonos a conformar una red global para promover la igualdad de género.

La evolución de la agenda nacional de equidad de género reafirma la importancia de la igualdad, la participación y la plena injerencia de las mujeres, en todos los esfuerzos que están encaminados al mantenimiento y la promoción de la democracia, la paz y la seguridad, al dotar a las mujeres de un ámbito de acción cada vez mayor en la toma de decisiones, lo cual implica, de manera ineludible, avanzar en la integración plena de las mujeres en las fuerzas armadas.

Es por ello que el dictamen que la Comisión de Marina ---por lo cual agradezco a todas mis compañeras y a mis compañeros que hubiéramos considerado garantizar la igualdad de la participación de las mujeres en esta instancia--- somete a la consideración de esta soberanía este dictamen que tiene por objeto la eliminación de los obstáculos institucionales que limitan la participación de las mujeres en la Armada de México como mecanismo para lograr, no sólo su plena integración de este instituto armado, sino fomentar entre las militares y los militares mexicanos, una cultura de respeto, y la equidad que fortalecerá sin duda alguna a nuestras fuerzas armadas.

La presente garantiza el acceso de las mujeres a todas las unidades y servicios de la Armada de México, en todos sus niveles de mando y en igualdad de oportunidades. Asimismo, se garantiza el acceso de las mujeres a todas las instituciones de educación militar a cargo de la Secretaría de Marina encaminadas a formar a su oficialidad y altos mandos.

Bajo el principio de ``equidad de género'', las mujeres tendrán el derecho de ascender en la escala jerárquica, escalafones por convocatoria y sin ninguna restricción por razón de género. Sin olvidar que la igualdad como principio jurídico requiere circunstancias especiales de valoración, por lo cual la iniciativa establece normas específicas relativas a las mujeres para alcanzar una efectiva igualdad de oportunidades.

Por tanto, estamos estableciendo en este principio un ordenamiento que nunca antes había considerado la participación activa y destacable de las mujeres en la Armada de México.

Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias a todas mis compañeras y a todos mis compañeros de la Comisión de Marina. Y también por el apoyo de la Comisión de Equidad y Género. Gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, diputada.

Consulte la Secretaría a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Suficientemente discutido.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : Háganse los avisos a que se refiere el artículo161 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Queremos saludar a los visitantes del municipio de Doctor Mora, Guanajuato: el presidente municipal, Rubén Darío Piña Martínez, y de la presidenta del DIF municipal, señora Ana María Arvizu Méndez, así como a sus acompañantes. Bienvenidos.

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : ¿Falta algún diputado o alguna diputada de emitir su voto? Está abierto el sistema electrónico de votación.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está abierto el sistema. Pueden emitir su voto los legisladores que están llegando al recinto.

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz:

El diputado Víctor Manuel Virgen Carrera (desde la curul): Por la afirmativa.

El diputado Miguel Ángel Macedo Escarpín (desde la curul): A favor.

La diputada Susana Sarahí Carrasco Cárdenas (desde la curul): A favor.

La diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez (desde la curul): A favor.

La diputada Lorena Martínez Rodríguez (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : Señor presidente, se emitieron 351 votos en pro, 0 en contra y 4 abstenciones.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado en lo general y en lo particular, por 351 votos, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México, y de la Ley de Ascensos de la Armada de México. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.



LEY DE AMPARO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Presidente, mayoría por la afirmativa. Se le dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Justicia le fue turnada la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de la:

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ANTECEDENTES

Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión en fecha 2 de agosto de 2006, el Congreso del Estado de Campeche, presentó la Iniciativa Proyecto de Decreto que Reforma el artículo 12 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, en esa misma fecha, mediante oficios números CP.2R.3A.-1442 y CP.2R.3A.-1443, acordó se turnara dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, respectivamente, las cuales, previo análisis y estudio de la misma, presentaron el dictamen correspondiente ante el Pleno de la Cámara de Senadores, que fue discutido y aprobado en sesión de fecha 6 de marzo de 2008.

Tercero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en fecha 11 de marzo de 2008, se dio cuenta con el oficio número DGPL-2P2A.-4399, de 6 del mes y año en cita, mediante el cual la Cámara de Senadores remite la Minuta con Proyecto de Decreto que Reforman el artículo 12 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuarto. En esa misma fecha, la Mesa Directiva, mediante oficio número D.G.P.L.60-II-3-1454, acordó se turnara dicha Minuta a la Comisión de Justicia, la cual presenta este dictamen al tenor de las siguientes consideraciones:

ANÁLISIS DE LA MINUTA

Primera. En la Minuta Proyecto de Decreto, la Cámara de Senadores propone reformar el artículo 12 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se establezca que los Gobernadores y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, puedan ser representados en el juicio de amparo, por los titulares de las oficinas de asuntos jurídicos o representantes legales.

Segunda. En el dictamen elaborado por las Comisiones Unidas del Senado a las que fue turnada la iniciativa, se expresa que:

En ejercicio de la facultad de iniciativa que le confiere el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 44 de la Constitución Política de la Entidad, el Congreso del Estado de Campeche, plantea la reforma del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, para establecer a favor de los Gobernadores de los Estados y Jefe del Distrito Federal, el derecho a ser representados directamente en el juicio de garantías por los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos o representantes legales, en los mismos términos en que lo son los órganos legislativos federales, los de los Estados y del Distrito Federal o, el Presidente de la República, respecto de los actos que se les reclamen.

La reforma se sustenta en un principio de equidad, que se estima ausente en el caso de los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a quienes no les asiste el derecho a ser representados en el juicio de amparo por los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos o representantes legales. Bajo esa tesitura, se concibe en el caso particular la finalidad de extender ese derecho a estos servidores públicos que, si bien, tienen la posibilidad de acreditar delegados para que en su nombre hagan promociones, concurran a audiencias, rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos que la ley prevé, no pueden rendir los informes previos y con justificación. Esta circunstancia implica que en algunas ocasiones no se presenten oportunamente tales informes a la autoridad judicial federal, sin desestimar que para ello la propia ley impone a las autoridades responsables plazos generalmente breves, que no son prorrogables, y que la falta de cumplimiento de dicha obligación conlleva la imposición de infructuosas sanciones.

Tercero. Por lo que hace a las consideraciones de la Comisión de Justicia, de esta H. Cámara de Diputados, se expresa lo siguiente:

Conforme a una interpretación sistemática de los artículos 12 y 19 de la Ley de Amparo, tres son las formas en que las autoridades responsables pueden comparecer al juicio de garantías, a saber:

a) De manera directa, que es la regla general;
b) Por conducto de los funcionarios legalmente facultados en ausencia del titular del ente del Estado al que se reclamen los actos, es decir, en virtud de la suplencia; y
c) Por medio de la representación legal que, como excepción, esta forma de comparecencia se constriñe solamente a los órganos legislativos federales, de los Estados y del Distrito Federal, que pueden ser representados directamente en el juicio por conducto de los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos o representantes legales, y al Presidente de la República, que puede comparecer al juicio por conducto del Procurador General de la República, los Secretarios de Estado y por los Jefes de Departamento Administrativo a quienes en cada caso corresponda el asunto, según la distribución de competencias establecida en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Ahora bien, de lo establecido en de los preceptos antes aludidos, en el juicio de garantías las autoridades responsables no pueden ser representadas, salvo que se trate de los órganos legislativos federales, de los Estados y del Distrito Federal o, del Presidente de la República, que como casos de excepción estableció el legislador con el fin esencial de prever la no distracción de la delicada y ardua labor parlamentaria, la innegable interrupción del ejercicio y cumplimiento de las facultades y obligaciones del titular del Poder Ejecutivo Federal o la interrupción de la actividad de los órganos de la administración pública y, por último, la falta en que por motivo de ausencia o impedimento puedan incurrir los titulares de los consabidos órganos al no rendir con oportunidad los informes previos y justificados.

De lo anteriormente establecido, es obvio que a través de la reforma que se pretende en esta Minuta, se trata de facilitar y garantizar la defensa en los juicios de amparo de los actos de autoridad de los Gobernadores de los Estados y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para evitar las dificultades prácticas que su falta de representación en el juicio de garantías pudiere provocar, ya que no debe olvidarse que las facultades y obligaciones de estos servidores públicos se traducen también en una actividad incesante cuyo fin primordial es la satisfacción de las necesidades públicas, actividad que, por su trascendencia, no debe suspenderse ante cualquier eventualidad que imposibilite su presencia en el desarrollo de la misma.

Con la reforma que se pretende de este precepto, se podrían realizar a través de los representantes de los Gobernadores de los Estados y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, promociones antes y después de las audiencias, concurrir a éstas, rendir pruebas, formular alegatos y promover los incidentes y recursos previstos por la ley, con la única finalidad de no entorpecer la función realizada por las autoridades antes mencionadas.

Asimismo, el sentido y alcance de la iniciativa que se dictamina, además de los razonamientos expresados, a los cuales se acude para justificar la oportunidad de su vigencia, esta Comisión de Justicia considera que no se trastocan en la especie los principios fundamentales de legalidad, de seguridad jurídica, de unicidad ideológica y de congruencia, que el legislador debe atender siempre al buscar, con su primordial tarea, la más óptima ejecución de los instrumentos jurídicos en que se plasme una reforma.

Finalmente, se plantea la posibilidad de que los Gobernadores de los Estados y Jefe del Distrito Federal sean representados en los juicios de amparo en que sean partes aparece ya como una necesidad inaplazable, para facilitarles el desempeño de sus funciones esenciales, pues con independencia de la naturaleza de los actos que se les puedan reclamar, son autoridades responsables en todos los amparos contra leyes, por el acto de promulgación de las mismas, amparos que en su conjunto constituyen un gran volumen que hace materialmente imposible que estos servidores públicos puedan suscribir todos los correspondientes informes justificados y los demás escritos que sean requeridos durante el desarrollo del procedimiento del juicio.

Por ello, es de aprobarse la minuta en estudio, para los efectos del inciso A del artículo 72 constitucional, toda vez que la reforma planteada hará que los Gobernadores y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, puedan ser representados en el juicio de amparo, por los titulares de las oficinas de asuntos jurídicos o representantes legales.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Justicia somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 12 LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 12. Los órganos legislativos federales, de los Estados y del Distrito Federal, así como los Gobernadores y Jefe de Gobierno de éstos podrán ser representados directamente en el juicio por conducto de los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos o representantes legales, respecto de los actos que se les reclamen.

...

...

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro; a 1o. de diciembre de 2008.
La Comisión de Justicia, diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez , secretarios; Mónica Arriola, Alliet Mariana Bautista Bravo , Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), José Manuel del Río Virgen , Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Arturo Flores Grande (rúbrica), Silvano Garay Ulloa , Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Omeheira López Reyna (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas , Jesús Ricardo Morales Manzo , Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el dictamen. En virtud de que ningún legislador ha solicitado el uso de la palabra, consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

(Votación)

Informamos que el diputado César Duarte Jáquez votó en pro; el diputado José Luis Espinosa Piña en el mismo sentido. Y que la diputada Ruth Zavaleta Salgado ; la de la voz, Margarita Arenas Guzmán ; la diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela ; la diputada María del Carmen Pinete Vargas ; el diputado José Manuel del Río Virgen ; el diputado Manuel Portilla Diéguez, y el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés , todos en pro.

¿Falta algún diputado o alguna diputada de emitir su voto? Sigue abierto el sistema electrónico.

Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz:

El diputado Miguel Ángel Macedo Escarpín (desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Manuel Virgen Carrera (desde la curul): A favor.

La diputada Susana Sarahí Carrasco Cárdenas (desde la curul): A favor.

La diputada Lorena Martínez Rodríguez (desde la curul): A favor.

El diputado Jacinto Gómez Pasillas (desde la curul): A favor.

La diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez (desde la curul): Para cambiar el sentido de mi voto: a favor.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : Presidente, se emitieron 333 votos en pro, 0 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado en lo general y en lo particular, por 333 votos, el proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.



AEROPUERTOS

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es el de dictámenes a discusión con puntos de acuerdo.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se lean los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se lean los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se autoriza.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Dictamen de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Comunicaciones y Transportes a vigilar el cumplimiento de los contratos con los concesionarios de los aeropuertos del país

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su dictaminación, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que garantice el servicio de calidad en todos los aeropuertos del país, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 2, fracción XXXVIII y numeral 3, 45, numeral 6 incisos e), f), y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables de los ordenamientos en cita, emite el presente dictamen con punto de acuerdo de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

1. En la sesión pública del Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día 30 de abril de 2008, el diputado federal Octavio Martínez Vargas , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita:

``Único: Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que vigile el cumplimiento de los contratos con los concesionarios de los aeropuertos del país, así como, los que administra Aeropuertos y Servicios Auxiliares, para que ofrezcan servicios de calidad para todos los pasajeros que transitan en las terminales aéreas del país, sin diferenciar la calidad entre áreas destinadas a vuelos domésticos o internacionales.''

2. Con fecha 30 de abril de 2008, la Presidencia de este honorable órgano legislativo, con fundamento en el artículo 23, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos turnó a esta Comisión a través de oficio No. D.G.P.L. 60-II-5-1761, la propuesta con punto de acuerdo referida en el numeral anterior, misma que fue recibida por esta Comisión el día 21 de mayo siguiente.

Con fundamento en los artículos 39 y 45, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión se abocó al estudio y análisis de la propuesta con punto de acuerdo motivo del presente dictamen, labor de la que se da cuenta, de acuerdo con las siguientes:

Consideraciones

1. Esta Comisión es competente para emitir dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo que se somete a su consideración, puesto que la misma propone emitir un exhorto para que se vigile el cumplimiento de los contratos con los concesionarios de los aeropuertos del país, así como, los que administra Aeropuertos y Servicios Auxiliares, para que ofrezcan servicios de calidad para todos los pasajeros que transitan en las terminales aéreas del país, sin diferenciar la calidad entre áreas destinadas a vuelos domésticos o internacionales; así pues al ser los aeropuertos vías generales de comunicación, la autorización, regulación y vigilancia de los servicios referidos son competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal.

2. Así pues, son de atenderse las consideraciones de la proposición que se estudia, mismas que el proponente hace consistir en lo siguiente:

``Según datos de la Secretaría de Turismo, entre enero y noviembre del 2007 arribaron a nuestro país, 21 millones 551 mil turistas internacionales, lo que significó 11 mil 547 millones de dólares, cuyo principal beneficio se reflejó en el saldo de la balanza turística con un crecimiento del 14.9 por ciento al registrar 4 mil 100 millones de dólares.
Los aeropuertos internacionales del país representan la puerta de entrada para miles de turistas que visitan México, entre los que destacan son: el de Cancún y Cozumel, Quintana Roo; Campeche, Campeche; Guadalajara, Jalisco; La Paz, Baja California Sur y el de la Ciudad de México entre otros.
Por el flujo de pasajeros, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) es el principal, de hecho es el aeropuerto metropolitano más grande de Latinoamérica. En el año 2007 se registró un total de 25.8 millones de pasajeros, ganando así, el lugar 45 entre los aeropuertos más transitados del mundo.
En la parte del turismo nacional, debemos tener presente que del total del flujo de pasajeros, el doméstico participa con el 64 por ciento de los vuelos; lo que en términos reales, junto con los turistas que se trasladan vía terrestre, representan el 87 por ciento del total de la actividad. La gran mayoría de los turistas nacionales se trasladan vía terrestre. Sin embargo, en los últimos dos años, el flujo turístico nacional que se traslada vía aérea se ha incrementado considerablemente, debido a la introducción de las aerolíneas de bajo costo y las nuevas oportunidades de rutas.
El pasado 15 de enero se puso en función la nueva terminal dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y pronosticándose que para finales presente mes estaría trabajando al 100 por ciento.
A partir del incremento en la demanda y de la importancia del aeropuerto de la Ciudad de México, fue necesario crear una red que pudiera dar respuesta al creciente flujo, constituida por los aeropuertos de Toluca, de Cuernavaca y de Puebla. Como prueba se tiene, que el aeropuerto de la Ciudad de Toluca ha crecido más de mil por ciento y le ha quitado una presión de 2 millones de pasajeros al de la Ciudad de México.
A pesar de estos avances para ofrecer un servicio de calidad a los pasajeros que utilizan las instalaciones aeroportuarias del país, estamos conscientes que las deficiencias aún son muchas y algunas muy graves, lo que deteriora la imagen de México, como un país hospitalario y turístico.
Los Cabos, Baja California Sur, representa un centro turístico de gran importancia para el país, siendo el segundo con mayor arribo de turistas, sin embargo, las instalaciones presentan serias deficiencias y el trato que se le da al turista, tanto nacional como extranjero, es inadecuado debido a la falta de una infraestructura apropiada.
Otro ejemplo de los problemas de los aeropuertos, fue el incidente que se presentó recientemente en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, entre los aviones de la línea comercial Aeroméxico, aerolínea recientemente vendida.
Tal como lo han denunciado diversos grupos ciudadanos y de empresarios, es fundamental ampliar la base aeroportuaria del centro del país, ya que la Terminal Dos sólo es un remedio temporal para los próximos 7 ó 10 años.
La perspectiva que ha señalado para el 2008 la Secretaría de Turismo como objetivo, es que ingresen entre 23 y 24 millones de visitantes, por lo que es fundamental garantizar servicios de calidad en los aeropuertos del país.
Las y los diputados estamos convencidos que el turismo es una actividad que por su naturaleza es transversal, con una serie de actividades y sectores económicos del país, qué mejor ejemplo que el de las comunicaciones y los transportes.''

3. Es claro que la intervención oportuna y adecuada de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para solucionar las problemáticas planteadas por la proposición sometida a esta dictaminadora redundará en una mejoría en la prestación de los servicios en los aeropuertos de México tanto desde el punto de vista de una mayor eficiencia y mejores precios debido a la concurrencia de varios prestadores del servicio, que reflejen una mayor competencia, así como porque también se verá mayormente garantizada seguridad de los usuarios.

Así pues, y por razones de técnica legislativa y práctica parlamentaria, con fundamento en el artículo décimo segundo del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación se propone modificar el punto de acuerdo en los siguientes términos:

La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, para que vigile el cumplimiento de los contratos con los concesionarios de los aeropuertos del país, así como para que vigile aquellos que administra Aeropuertos y Servicios Auxiliares, a fin de que ofrezcan servicios de calidad para todos los pasajeros que transitan en las terminales aéreas del país, sin diferenciar la calidad entre áreas destinadas a vuelos domésticos o internacionales.

Con base en lo anteriormente expuesto los integrantes de esta Comisión han acordado someter al Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, para que vigile el cumplimiento de los contratos con los concesionarios de los aeropuertos del país, así como para que vigile aquellos que administra Aeropuertos y Servicios Auxiliares, a fin de que ofrezcan servicios de calidad para todos los pasajeros que transitan en las terminales aéreas del país, sin diferenciar la calidad entre áreas destinadas a vuelos domésticos o internacionales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a los 18 días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
Por la Comisión de Transportes, diputados: Rubén Aguilar Jiménez (rúbrica), presidente; Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Enrique Iragorri Durán , Marcos Salas Contreras (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Santiago López Becerra (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez , Gerardo Amezola Fonceca (rúbrica), Ramón Barajas López , Tomás del Toro del Villar (rúbrica), Antonio del Valle Toca (rúbrica), Francisco Dávila García (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo (rúbrica), Felipe González Ruiz , Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica), Érick López Barriga (rúbrica), Martín Malagón Ríos (rúbrica), Agustín Mollinedo Hernández (rúbrica), Fabián Fernando Montes Sánchez (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna (rúbrica), Francisco Javier Paredes Rodríguez (rúbrica), Gloria Rasgado Corsi , María Mercedes Maciel Ortiz , Rafael Elías Sánchez Cabrales , Jorge Toledo Luis , Robinson Uscanga Cruz , Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Ha solicitado el diputado Octavio Martínez Vargasreferirse en pro de este punto de acuerdo. Adelante, diputado, se le concede el uso de la palabra.

El diputado Octavio Martínez Vargas : Con su permiso, compañero presidente.

A finales de los noventa el gobierno de la república decide desincorporar de ASA a más de la mitad de los aeropuertos nacionales e internacionales de nuestro país y hacer un proceso para privatizarlos, por cierto, 50 años cada uno de ellos, en donde se encuentran ubicados muchos de los más rentables. Por referir algunos, el aeropuerto de Cancún, el de Los Cabos, el de Ixtapa Zihuatanejo.

En la relación contractual entre el Estado mexicano y las empresas permisionarias se establecen una serie de requerimientos y obligaciones que se asumen a las dos partes, en donde en un periodo muy corto se obligaba al permisionario a mejorar el servicio, a dar una mejor atención a los usuarios y al turista, a poder ampliar el espacio comercial, las salas de espera, incluso, en algunos casos, las naves y las líneas donde aterrizan y hacen operaciones los aviones.

¿Cuál ha sido el resultado a 10 años de esta privatización? Los aeropuertos concesionados se encuentran igual o peor que como fueron recibidos. No ha habido inversiones en éstos. No se han ocupado los permisionarios en dignificar y poner en valor el espacio que están, finalmente, usufructuando, un bien del Estado.

Y hace algunos días, por cierto, cuando debió haber sido pública la información de cada uno de estos aeropuertos, sobre cómo han venido evolucionando, resulta que se reserva la información y se establece que hasta el 2014 no podrá ser pública. Es decir, tendremos que esperar cinco años más para saber cuáles han sido las inversiones y los avances de las familias y los inversionistas que fueron favorecidos en el país con este proceso de privatización.

Por eso es importante este punto de acuerdo, en donde se solicita al titular de la SCT que vigile el cumplimiento de los contratos de los concesionarios de los aeropuertos, a fin de que se revise minuciosamente que cumplan cada una de las especificaciones establecidas en esta relación contractual.

Quiero agregar que de igual forma la SCT podría, como lo ha venido haciendo, vigilar el cumplimiento de los contratos con las líneas aéreas, con quien pareciera que tiene un criterio distinto de éstas, de las líneas aéreas; finalmente es muy puntual y muy cuidadoso en el cumplimiento de las normas.

Luis Téllez ha decidido motu proprio sacar de operación a la línea aérea Aviacsa, dañando a más de 3 mil 500 empleos y, por supuesto, pegándole a la industria turística, particularmente del sureste del país. Es muy atento en este tema, pero muy bondadoso con los criterios de los permisionarios de los aeropuertos privados en nuestro país.

Por eso creo que esta soberanía, este poder de la república debe aprobar este punto de acuerdo, a fin de que se revise cada uno de los contratos minuciosamente, artículo por artículo, para que pudiésemos estar en un momento dado solicitando la rescisión por incumplimiento del mismo a algunos permisionarios.

Lo que este país requiere es fortalecer a la industria turística; a la tercera fuente generadora de riqueza en nuestro país. A esta industria que genera más de 2.5 millones de empleos y sin duda, los aeropuertos en México son un instrumento y una herramienta importante para fortalecer esta actividad.

Ojalá que podamos aprobar este punto de acuerdo y que el titular de la SCT, Luis Téllez, cumpla cabalmente lo que le mandata el marco jurídico, y para lo cual representa al Estado. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, señor diputado.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si está suficientemente discutido el tema. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto. Continúe la Secretaría.



CARRETERAS

La Secretaria diputada Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Comunicaciones y Transportes a realizar un diagnóstico integral sobre el estado que guardan las carreteras de la República Mexicana y, una vez hecho, implantar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su dictaminación, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y a Capufe a realizar un diagnóstico e implantar las medidas conducentes a que los concesionarios den mantenimiento preventivo y correctivo a las autopistas del país, a cargo de los diputados federales Francisco Javier Paredes Rodríguez , Yadhira Yvette Tamayo Herrera y Carlos Alberto García González integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 2, fracción XXXVIII y numeral 3, 45, numeral 6 incisos e), f), y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables de los ordenamientos en cita, emite el presente dictamen con punto de acuerdo de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

1. En la sesión pública del Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día 30 de abril de 2008, los diputados federales Francisco Javier Paredes Rodríguez , Yadhira Yvette Tamayo Herrera y Carlos Alberto García González integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita:

``Primero. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que realice un diagnóstico integral sobre el estado que guardan las carreteras de la República mexicana.
Segundo. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que implante un programa de mantenimiento preventivo y correctivo, obligando a los concesionarios a cumplir con los términos de las concesiones, asumiendo la reparación de los tramos afectados y realizar las modificaciones necesarias a los puntos de riesgo de carreteras que tienen en su operación; y llevar un programa de control y seguimiento periódico a las carreteras para que inmediatamente que sufran desperfectos se corrijan los deterioros, como también, los puntos conflictivos en donde los accidentes son frecuentes, minimizando el riesgo para los usuarios.''

2. Con fecha 30 de abril de 2008, la Presidencia de este honorable órgano legislativo, con fundamento en el artículo 23, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos turnó a esta Comisión a través de oficio No. D.G.P.L. 60-II-2-1614, la propuesta con punto de acuerdo referida en el numeral anterior, misma que fue recibida por esta Comisión el día 21 de mayo siguiente.

Con fundamento en los artículos 39 y 45, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión se abocó al estudio y análisis de la propuesta con punto de acuerdo motivo del presente dictamen, labor de la que se da cuenta, de acuerdo con las siguientes:

Consideraciones

1. Esta Comisión es competente para emitir dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo que se somete a su consideración, puesto que la misma propone emitir un exhorto relativo a la implementación de un programa preventivo y correctivo, así como de reparación y mantenimiento de las carreteras nacionales lo que, en su momento, será competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de que se mejoren las condiciones de operación y de seguridad para los usuarios de las carreteras mismas que, de conformidad con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, constituyen una vías generales de comunicación.

2. Así pues, son de atenderse las consideraciones de la proposición que se estudia, mismas que el proponente hace consistir en lo siguiente:

``La red federal de carreteras está constituida por 48,456 kilómetros, de los cuales a la libre le corresponde 40 mil 888 kilómetros, y a las autopistas de cuota le pertenecen 7 mil 568 kilómetros, en donde el 65 por ciento es de Capufe, y el restante 35 por ciento a la red concesionada.
Con respecto al aforo vehicular en las autopistas y puentes de cuota del país, el tránsito diario promedio anual en el 2005 fue de 905 mil 182 vehículos, de los cuales el 29 por ciento perteneció a la red concesionada, el 21 por ciento a la red Capufe y el 49 por ciento a la red FARAC; en el 2006 fue de 958 mil 849 vehículos, lo cual representó un incremento en 5.9 por ciento, en el caso concreto de la red concesionada esta se incrementó 13.9 por ciento.
Cabe mencionar que en las autopistas de México, su estado físico en algunos tramos carreteros se encuentran en francas condiciones de deterioro, ya que en ellas se ubican baches, vados, hundimientos, grietas, desniveles, escurrimientos y otras deformaciones, y en algunos casos se vuelven intransitables por los fenómenos meteorológicos como es el caso de huracanes, niebla, inundaciones y aludes entre otros. Además de que cuentan con deficientes servicios en materia de seguridad vial, apoyo mecánico, alumbramiento, señalamientos viales y sanitarios; aunados a lo anterior, las autopistas de cuota cuestan a los usuarios, y por tal motivo, deben de estar en óptimas condiciones técnicas y de seguridad, mostrando altos estándares de calidad.
Aunado a lo anterior, el aumento del aforo vehicular ha provocado que el deterioro de las carreteras sea mayor, que la falta de regulación en el caso del transporte de carga donde no se respeten pesos y dimensiones ocasione afectaciones graves a la base y sub-base de la carpeta, y esta se deforme, se debilite y por ende se rompa; además, la falta de mantenimiento preventivo y correctivo por parte de los concesionarios ocasiona aún más su deterioro, y con ello el número de accidentes y daños materiales se vuelven constantes.
Cabe resaltar que el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, junto con el Congreso de la Unión, le han dado gran importancia al tema de la infraestructura carretera, ya que el presupuesto autorizado que ejercerá la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su Programa Carretero 2008, es de 40 mil millones de pesos, siendo mucho mayor al del año anterior, que fue de 26 mil 321 millones de pesos, esto significó un incremento de 51.1 por ciento en términos reales. Y en el rubro de Conservación de Carreteras para este ejercicio, se autorizaron 9 mil 630.1 millones de pesos, que en comparación al del año anterior que fue de 6 mil 846.3 millones de pesos, esto significó un incremento de 48.4 por ciento real. Estos recursos se canalizarán para la conservación rutinaria de 43 mil 770 kilómetros (total de la red) y 7 mil 231 puentes. Además de la reconstrucción de 85 puentes y atención a 65 puntos de conflicto, como también, a la conservación periódica de 7 mil 267 kilómetros.
Por lo anterior, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de Caminos y Puentes Federales implanta programas de mantenimiento preventivo y correctivo a las carreteras del país, por consiguiente, es necesario saber las condiciones que guardan las carreteras concesionadas, y en caso de ser necesario exhortar a ésta para que haga los ajustes preventivos y correctivos de los tramos carreteros que están en malas condiciones, como también, evaluar los puntos críticos o de conflicto por su alto riesgo de accidentes, ya sea por las condiciones del clima, o por el mismo diseño de su construcción de las carreteras.
De esta manera, es urgente hacer los ajustes y modificaciones necesarias a las carreteras para reducir el riesgo y que estas tengan la calidad y proporcionen el servicio que requieren los automovilistas y transportistas.''

3. Es claro que la intervención oportuna y adecuada de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos para solucionar la problemática planteada por la proposición sometida a esta dictaminadora redundará en una mejoría en las condiciones de seguridad de los usuarios de los caminos y carreteras federales con los consecuentes beneficios que esto traería para la sociedad en su conjunto; como lo sería el hecho, por sí mismo valioso y suficiente para dictaminar favorablemente, de evitar la pérdida de vidas humanas y la afectación de la salud de los usuarios de tales vías generales de comunicación.

4. En tales términos se propone dictaminar favorablemente la proposición en estudio, modificando ligeramente los términos del acuerdo para su mayor claridad y para quedar como sigue:

La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, para que realice un diagnóstico integral sobre el estado que guardan las carreteras de la República mexicana; una vez hecho lo anterior, implemente un programa de mantenimiento preventivo y correctivo, obligando a los concesionarios a cumplir con los términos de las concesiones, asumiendo la reparación de los tramos afectados y realizar las modificaciones necesarias a los puntos de riesgo de carreteras que tienen en su operación; y llevar un programa de control y seguimiento periódico a las carreteras para que inmediatamente que sufran desperfectos se corrijan los deterioros, como también, los puntos conflictivos en donde los accidentes son frecuentes, minimizando el riesgo para los usuarios.

Con base en lo anteriormente expuesto los integrantes de esta Comisión han acordado someter al Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, para que realice un diagnóstico integral sobre el estado que guardan las carreteras de la República mexicana; una vez hecho lo anterior, implemente un programa de mantenimiento preventivo y correctivo, obligando a los concesionarios a cumplir con los términos de las concesiones, asumiendo la reparación de los tramos afectados y realizar las modificaciones necesarias a los puntos de riesgo de carreteras que tienen en su operación; y llevar un programa de control y seguimiento periódico a las carreteras para que inmediatamente que sufran desperfectos se corrijan los deterioros, como también, los puntos conflictivos en donde los accidentes son frecuentes, minimizando el riesgo para los usuarios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a los 18 días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
Por la Comisión de Transportes, diputados: Rubén Aguilar Jiménez (rúbrica), presidente; Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Enrique Iragorri Durán , Marcos Salas Contreras , Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Santiago López Becerra (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez , Gerardo Amezola Fonceca (rúbrica), Ramón Barajas López , Tomás del Toro del Villar (rúbrica), Antonio del Valle Toca (rúbrica), Francisco Dávila García (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo , Felipe González Ruiz , Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía , Érick López Barriga (rúbrica), Martín Malagón Ríos (rúbrica), Agustín Mollinedo Hernández (rúbrica), Fabián Fernando Montes Sánchez , Rogelio Muñoz Serna (rúbrica), Francisco Javier Paredes Rodríguez (rúbrica), Gloria Rasgado Corsi , María Mercedes Maciel Ortiz , Rafael Elías Sánchez Cabrales , Jorge Toledo Luis , Robinson Uscanga Cruz , Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no hay solicitud alguna de legisladores para hacer uso de la palabra, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.



TRANSPORTE DE CARGA

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Dictamen de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a reclasificar del tipo B al A las carreteras 136 y 140, a fin de apoyar el transporte de carga, parte fundamental de la economía, e informar por escrito del tratamiento dado a esta proposición

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su dictaminación, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT a reclasificar como tipo A las carreteras 136 y 140, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 2, fracción XXXVIII y numeral 3, 45, numeral 6 incisos e), f), y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables de los ordenamientos en cita, emite el presente dictamen con punto de acuerdo de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

1. En la sesión pública del Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día 30 de abril de 2008, el diputado federal Pedro Montalvo Gómez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita:

``Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que las carreteras 136 y 140, de tipo B, sean reclasificadas como tipo A para apoyar al transporte de carga, parte fundamental de nuestra economía, informando por escrito a esta soberanía del tratamiento que se haya dado a esta proposición.''

2. Con fecha 30 de abril de 2008, la Presidencia de este honorable órgano legislativo, con fundamento en el artículo 23, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos turnó a esta Comisión a través de oficio No. D.G.P.L. 60-II-2-1604, la propuesta con punto de acuerdo referida en el numeral anterior, misma que se recibió en la Comisión el día 21 de mayo siguiente.

Con fundamento en los artículos 39 y 45, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión se abocó al estudio y análisis de la propuesta con punto de acuerdo motivo del presente dictamen, labor de la que se da cuenta, de acuerdo con las siguientes:

Consideraciones

1. Esta Comisión es competente para emitir dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo que se somete a su consideración, puesto que la misma propone emitir un exhorto relativo a la reclasificación de carreteras federales, mismas que constituyen vías generales de comunicación en términos de lo establecido por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte federal lo cual es competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal.

2. Así pues, son de atenderse las consideraciones de la proposición que se estudia, mismas que el proponente hace consistir en lo siguiente:

``La primera carretera formal en México fue construida en 1926, con una longitud de 120 kilómetros entre las ciudades de México y de Puebla. Para finales del año 2000 la red carretera nacional tenía una longitud total de 333 mil 247.1 kilómetros, de los cuales 106 mil 571.5 corresponden a carreteras libres, 5 mil 933.1 a autopistas de cuota, 160 mil 185.1 a caminos rurales y alimentadores y 60 mil 557.4 a brechas.
El país cuenta a la fecha con una infraestructura de comunicación terrestre sumamente importante y con un alto costo de inversión, lo cual constituye un patrimonio que se debe conservar para beneficio de los usuarios y del país. Pero aún es insuficiente, sobre todo a nivel regional.
Actualmente existen carreteras con edades de 50, 60 y hasta 80 años, que ya cumplieron con el fin de su vida útil, que usualmente es de 20 años para pavimentos asfálticos y de 30 años para los de concreto hidráulico.
Aunado a ello, la situación del transporte carretero a partir de los años noventa cambió drásticamente, aumentando el flujo vial. Tenemos que al cierre del año 2000 se contaba con una flota vehicular cercana a 452 mil vehículos, de los cuales cerca de 57 mil corresponden al transporte de pasajeros y alrededor de 395 mil al de carga. Ese año se transportaron 2 mil 660 millones de personas y 413 millones de toneladas de carga en todo el territorio nacional.
Las carreteras en nuestro país presentan graves problemas, ya que 60 por ciento de ellas pone en riesgo la vida de usuarios y más de 90 por ciento está en malas condiciones. De los 42 mil kilómetros de red carretera federal libre de cuota existente en el país, 32 mil 440 kilómetros presentan baches y desniveles, sólo los 7 mil 560 kilómetros restantes están en buenas condiciones.
El transporte de carga se ve afectado por las malas condiciones de las carreteras. Al constituir un servicio que transporta productos a todos los estados de la república, incluyendo otras naciones, se les debe apoyar firmemente. Además, es preciso reconocer que es una importante fuente de empleo en nuestro país.
Este tipo de transporte utiliza principalmente dos tipos de carreteras. En primer término, tenemos las de tipo A, que son aquellas que por sus características geométricas y estructurales permiten la operación de todos los vehículos autorizados con las máximas dimensiones, capacidad y peso, siendo carreteras de 4 carriles y dos carriles, para un tránsito promedio diario anual de mil 500 a 3 mil, equivalente a un tránsito horario máximo anual de 180 a 360 vehículos.
En segundo término, tenemos las carreteras tipo B, que son aquellas que forma la red primaria y, atendiendo a sus características geométricas y estructurales prestan un servicio de comunicación interestatal, además de vincular el tránsito, siendo carreteras de dos y 4 carriles, para un tránsito promedio diario anual de 500 a mil 500 vehículos, equivalente a un tránsito horario máximo anual de 60 a 180 vehículos.
La circulación en este tipo de carreteras permite que los vehículos de transporte de carga no se vean afectados en su economía al tener que pagar las altas cuotas de las autopistas. Es preciso que la red de carreteras tipo A se fortalezca, porque son las que más se necesitan para enlazar a todo el país y a las regiones.
Es el caso de las carreteras número 136 y 140, que comprenden los tramos Veracruz, Xalapa, Perote, Totalcom del estado de Veracruz; Zacatepec, de Puebla; el Carmen, Huamantla, Apizaco, Calpulalpan, de Traxcala, y Texcoco del estado de México, que se encuentran clasificadas como tipo B y donde es viable, urgente y necesario que se reclasifiquen como tipo A, ya que del total del tramo carretero comprendido entre estos estados el 76.1 por ciento es de 4 carriles y el 23.9 por ciento de 2 carriles, por lo que es posible que permitan la circulación de una manera más óptima y que reciban mayores recursos para su ampliación.
Asimismo, del tramo carretero que comprende Veracruz, diariamente salen del puerto, en promedio, mil 800 unidades, de las cuales mil transitan en esta carretera y 800 son doblemente articuladas.
Con esta reclasificación se impulsaría el desarrollo regional de 4 estados del país, como estrategia de competitividad y bienestar, solidarizándonos con una parte fundamental de la población que labora en el transporte de carga y con la necesidad de mejorar la competitividad carretera.''

3. La intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para llevar a cabo la reclasificación de las carreteras a las que se refiere la proposición que se dictamina redundará en una mejoría en las condiciones de circulación de los usuarios de las mismas con los consecuentes beneficios que esto traería para la sociedad en su conjunto y el desarrollo de los estados de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

4. En tales términos, esta Comisión considera adecuado y oportuno aprobar el punto de acuerdo que se dictamina en los siguientes términos:

La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que las carreteras 136 y 140, de tipo B, sean reclasificadas como tipo A para apoyar al transporte de carga, parte fundamental de nuestra economía, informando por escrito a esta soberanía del tratamiento que se haya dado a esta proposición.

Con base en lo anteriormente expuesto los integrantes de esta Comisión han acordado someter al Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que las carreteras 136 y 140, de tipo B, sean reclasificadas como tipo A para apoyar al transporte de carga, parte fundamental de nuestra economía, informando por escrito a esta soberanía del tratamiento que se haya dado a esta proposición.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a los 18 días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
Por la Comisión de Transportes, diputados: Rubén Aguilar Jiménez (rúbrica), presidente; Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Enrique Iragorri Durán , Marcos Salas Contreras , Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Santiago López Becerra (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez , Gerardo Amezola Fonceca (rúbrica), Ramón Barajas López , Tomás del Toro del Villar (rúbrica), Antonio del Valle Toca (rúbrica), Francisco Dávila García (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo (rúbrica), Felipe González Ruiz , Víctor M. Lizárraga Peraza (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía , Erick López Barriga (rúbrica), Martín Malagón Ríos (rúbrica), Agustín Mollinedo Hernández (rúbrica), Fabián F. Montes Sánchez, Rogelio Muñoz Serna (rúbrica), Francisco J. Paredes Rodríguez (rúbrica), Gloria Rasgado Corsi , María Mercedes Maciel Ortiz , Rafael E. Sánchez Cabrales, Jorge Toledo Luis , Robinson Uscanga Cruz , Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que ningún legislador ha solicitado el uso de la palabra, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.



AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Dictamen de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Comunicaciones y Transportes, y a las autoridades del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a atender la problemática que presenta el servicio de taxis de esa central aérea y hacia ella

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su dictaminación, la proposición con punto de acuerdo relativo al servicio de taxis en las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional del la Ciudad de México, a cargo de la diputada Ana María Ramírez Cerda , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 2, fracción XXXVIII y numeral 3, 45, numeral 6 incisos e), f), y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables de los ordenamientos en cita, emite el presente dictamen con punto de acuerdo de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

1. En la sesión pública del Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día 13 de diciembre de 2007, la diputada Ana María Ramírez Cerda , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó la proposición con punto de acuerdo por la que se propone:

``Único. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a las autoridades del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, en el ámbito de sus respectivas competencias, que atiendan la problemática en el servicio de autotransporte público de pasajeros de y hacia los aeropuertos (taxis); y, por otra parte, respeten las relaciones contractuales que se han celebrado con agrupaciones del servicio de taxis del AICM, en el sentido de que se establezcan criterios de calidad y servicio.''

2. Con fecha 13 de diciembre de 2007, la Presidencia de este honorable órgano legislativo, con fundamento en el artículo 23, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos turnó a esta Comisión a través de oficio número D.G.P.L. 60-II-3-1185, la propuesta con punto de acuerdo referida en el numeral anterior.

Con fundamento en los artículos 39 y 45, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión se abocó al estudio y análisis de la propuesta con punto de acuerdo motivo del presente dictamen, labor de la que se da cuenta, de acuerdo con las siguientes:

Consideraciones

1. Esta Comisión es competente para emitir dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo que se somete a su consideración, puesto que la misma propone emitir un exhorto relativo a la prestación del servicio de taxis para los usuarios de ambas terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por lo que, al ser este una vía general de comunicación, la autorización, regulación y vigilancia de los servicios referidos son competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal.

2. Así pues, son de atenderse las consideraciones de la proposición que se estudia, mismas que la proponente hace consistir en lo siguiente:

``El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) es la terminal aérea de mayor tráfico y participa como punto de origen o destino de una parte significativa de los pasajeros transportados en el país.
En la actualidad en este aeropuerto se moviliza a más de dos millones de personas, para lo cual se sirve de diversos medios de transporte: metro, taxis y usuarios que llegan en sus automóviles.
Por lo anterior es esencial para garantizar la operación del AICM y de la satisfacción del servicio por los usuarios, la transportación terrestre segura y eficiente.
En pasados días, ante la próxima apertura de la terminal 2 del AICM se presentaron algunas protestas por una presunta concesión del servicio a empresas particulares.
Los taxistas inconformes expusieron que las autoridades aeroportuarias les advirtieron que podrían entrar más taxis, ante el notable incremento de pasajeros, pero ellos sostienen que deben ser respetados sus derechos de preferencia logrados en todos los años que han prestado el servicio de taxi.
Recientemente, la Comisión Federal de Competencia denunció que la suscripción de convenios de acceso entre aeropuertos y asociaciones de permisionarios puede facilitar la fijación de tarifas excesivas, tal y como sucede ahora en la terminal 2, donde se ha bloqueado la entrada para otorgar servicio al Sitio 300.
En octubre la Comisión Federal de Competencia, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía y cuyo objetivo primordial es proteger los procesos de competencia en todos los sectores económicos, emitió el oficio PRES-10-096-2007-182, opinión formulada con el fin de promover la aplicación de los principios de competencia y libre concurrencia en los servicios que se prestan en el AICM.
El oficio PRES-10-096-2007-182, señala dos casos urgentes que en materia de competencia y de eficiencia económica en el AICM deben ser atendidos: el servicio de suministro de combustible y el servicio de transportación terrestre desde y hacia el aeropuerto.
Actualmente tres compañías de taxi se disputan la prestación de servicios en lo que será la terminal 2 del AICM: el histórico Sitio 300, y los emergentes Protaxi Ejecutivo y Porto Taxi Ejecutivo.
La Comisión Federal de Competencia sugirió la eliminación de barreras regulatorias como paso importante para flexibilizar la oferta; por tanto, es indispensable que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes revise las condiciones para el otorgamiento de los permisos para la transportación terrestre de pasajeros en los aeropuertos, a fin de permitir el ingreso de más unidades en las horas de mayor demanda y mayor competencia.
Finalmente para mejorar el funcionamiento general de los aeropuertos a partir de promover a través de la regulación más competencia en los servicios complementarios, como el de autotransporte terrestre de pasajeros de y hacia el aeropuerto (taxis); será conveniente revisar los convenios que el aeropuerto celebra con asociaciones de permisionarios, establezcan las condiciones de acceso y criterios de calidad y seguridad en el servicio y no contengan elementos que puedan convertirse en barreras de entrada o facilitar la fijación de tarifas excesivas para la prestación del servicio.
Por lo antes mencionado, es preciso que las autoridades involucradas en el ámbito de su competencia, realicen las gestiones necesarias encaminadas a garantizar la calidad en la prestación del servicio y evitar los abusos a las distintas empresas o asociaciones que realizan el transporte, en detrimento de todos los usurarios del AICM.''

3. Es claro que la intervención oportuna y adecuada de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para solucionar la problemática planteada por la proposición sometida a esta dictaminadora redundará en una mejoría en la prestación del servicio de taxis en ambas terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que esto a quién más beneficiará será a los usuarios del propio aeropuerto, tanto desde el punto de vista de una mayor eficiencia y mejores precios debido a la concurrencia de varios prestadores del servicio, que reflejen una mayor competencia, así como porque también se verá mayormente garantizada su seguridad personal.

Así pues, y por razones de técnica legislativa y práctica parlamentaria, con fundamento en el artículo décimo segundo del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación se propone modificar el punto de acuerdo en los siguientes términos:

La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de Aeropuertos y Servicios Auxiliares para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, atiendan la problemática que presenta el servicio de autotransporte público de pasajeros vía taxi de y hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; y, por otra parte, respeten las relaciones contractuales que se han creado con agrupaciones del servicio de taxis del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el sentido de que se establezcan criterios de calidad y servicio.

Con base en lo anteriormente expuesto los integrantes de esta Comisión han acordado someter al Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de Aeropuertos y Servicios Auxiliares para qué, en el ámbito de sus respectivas competencias, atiendan la problemática que presenta el servicio de autotransporte público de pasajeros vía taxi de y hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; y, por otra parte, respeten las relaciones contractuales que se han creado con agrupaciones del servicio de taxis del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el sentido de que se establezcan criterios de calidad y servicio.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a los 18 días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
Por la Comisión de Transportes, diputados: Rubén Aguilar Jiménez (rúbrica), presidente; Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Enrique Iragorri Durán , Marcos Salas Contreras (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Santiago López Becerra (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez , Gerardo Amezola Fonceca (rúbrica), Ramón Barajas López , Tomás del Toro del Villar (rúbrica), Antonio del Valle Toca (rúbrica), Francisco Dávila García (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo (rúbrica), Felipe González Ruiz , Víctor M. Lizárraga Peraza (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica), Erick López Barriga (rúbrica), Martín Malagón Ríos (rúbrica), Agustín Mollinedo Hernández (rúbrica), Fabián F. Montes Sánchez (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna (rúbrica), Francisco J. Paredes Rodríguez (rúbrica), Gloria Rasgado Corsi , María Mercedes Maciel Ortiz , Rafael E. Sánchez Cabrales, Jorge Toledo Luis , Robinson Uscanga Cruz , Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que ningún legislador ha solicitado el uso de la palabra, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.



PAQUETERIA Y MENSAJERIA

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Dictamen de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir al secretario de Comunicaciones y Transportes para que, en términos de lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, formule sin demora el proyecto de Reglamento de Paquetería y Mensajería previsto en el artículo 58 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su dictaminación, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a publicar, de acuerdo con el artículo 58 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el reglamento correspondiente a la materia de mensajería y paquetería presentada por el diputado Antonio Del Valle Toca del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 2, fracción XXXVIII y numeral 3, 45, numeral 6 incisos e), f), y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables de los ordenamientos en cita, emite el presente dictamen con punto de acuerdo de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

1. En la sesión pública del Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día 13 de diciembre de 2007, el diputado Antonio Del Valle Toca , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó la proposición con punto de acuerdo por la que se propone acordar:

``Único. Exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar y publicar con premura el Reglamento de Paquetería y Mensajería que el artículo 58 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal expresa que debe regir este tema para la ordenación de dicha actividad registrada en la ley.''

2. Con fecha 13 de diciembre de 2007, la Presidencia de este honorable órgano legislativo, con fundamento en el artículo 23, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos turnó a esta Comisión a través de oficio No. D.G.P.L. 60-II-2-1178, la propuesta con punto de acuerdo referida en el numeral anterior.

Con fundamento en los artículos 39 y 45, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión se abocó al estudio y análisis de la propuesta con punto de acuerdo motivo del presente dictamen, labor de la que se da cuenta, de acuerdo con las siguientes:

Consideraciones

1. Esta Comisión es competente para emitir dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo que se somete a su consideración, puesto que la misma propone emitir un exhorto relativo a la elaboración y publicación de un reglamento cuya materia se norma por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, ordenamiento cuya aplicación es competencia del Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

2. Así pues, son de atenderse las consideraciones de la proposición que se estudia, mismas que el proponente hace consistir en lo siguiente:

``1. El otorgamiento de permisos de paquetería a empresas con inversión extranjera contemplando el emplazamiento de vehículos; atenta contra la industria nacional.
2. Lo anterior se debe a que no existe una correcta distinción entre el servicio de carga con el de mensajería y paquetería, con lo que se presentan violaciones a la reserva en materia de carga doméstica para los mexicanos.
3. La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal define dentro de su artículo 2o. a la carta de porte, servicios auxiliares, carga y paquetería de la siguiente manera:
Artículo 2. Para los efectos de esta ley, se entenderá por: ...
II. Carta de Porte: Es el título legal del contrato entre el remitente y la empresa y por su contenido se decidirán las cuestiones que se susciten con motivo del transporte de las cosas; contendrá las menciones que exige el código de la materia y surtirá los efectos que en él se determinen;
...
VII. Servicios auxiliares: Los que sin formar parte del autotransporte federal de pasajeros, turismo o carga, complementan su operación y explotación;
VIII. Servicio de autotransporte de carga: El porte de mercancías que se presta a terceros en caminos de jurisdicción federal;
XI. Servicio de paquetería y mensajería: El porte de paquetes debidamente envueltos y rotulados o con embalaje que permita su traslado y que se presta a terceros en caminos de jurisdicción federal;
4. Estas definiciones expresadas por la actual ley en observancia, han propiciado confusión y violaciones en materia de carga, servicios auxiliares, paquetería y mensajería ya que al no existir actualmente el reglamento de paquetería y mensajería que el artículo 58 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal expresa debe regir este tema, la paquetería y mensajería se rigen solamente en relación a los conceptos ya mencionados por dicha ley y por el reglamento de servicios auxiliares, por lo que consideramos necesario la realización y publicación del reglamento de la materia, para que de esa manera la paquetería y mensajería se encuentren mejor sustentadas jurídicamente.
5. Por lo anterior se presenta un serio problema en el ejercicio de las leyes y reglamentos aplicables, toda vez que bajo nuestra legislación el servicio de carga y el servicio de mensajería y paquetería son distintos, cada uno debería contar con una regulación expresa, tomando en cuenta que el servicio de carga ya cuenta con una legislación y reglamentación adecuada, la mensajería y paquetería carecen de esta reglamentación por lo cual es de suma importancia que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publique dicho reglamento para que de esa manera se regulen y reglamenten las claras restricciones sobre el tipo de inversión que puede participar en la prestación de cada servicio.''

3. No obstante lo anterior, para estar en posibilidad de emitir un dictamen adecuado respecto a la proposición materia del presente dictamen, es de atenderse lo dispuesto por el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 12 y 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que establecen:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:
I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.
Artículo 12. Cada Secretaría de Estado o Departamento Administrativo formulará, respecto de los asuntos de su competencia; los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, y órdenes del Presidente de la República.
Artículo 13. Los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Presidente de la República deberán, para su validez y observancia constitucionales ir firmados por el Secretario de Estado o el Jefe del Departamento Administrativo respectivo, y cuando se refieran a asuntos de la competencia de dos o más Secretarías o Departamentos, deberán ser refrendados por todos los titulares de los mismos.

Así pues, la publicación y promulgación del reglamento materia del punto de acuerdo que se dictamina, si bien se ubica en la esfera de competencia, en cuanto a su aplicación, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es una facultad exclusiva del Ejecutivo federal, por lo que se propone modificar el punto de acuerdo en los siguientes términos:

La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que instruya al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que, en términos de lo dispuesto por los artículos 12 y 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal formule sin demora el proyecto de Reglamento de Paquetería y Mensajería previsto por el artículo 58 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; y, una vez formulado, se exhorta al Ejecutivo federal para que publique y promulgue dicho reglamento.

Con base en lo anteriormente expuesto los integrantes de esta Comisión han acordado someter al Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que instruya al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que, en términos de lo dispuesto por los artículos 12 y 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal formule sin demora el proyecto de Reglamento de Paquetería y Mensajería previsto por el artículo 58 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; y, una vez formulado, se exhorta al Ejecutivo federal para que publique y promulgue dicho reglamento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a los 18 días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
Por la Comisión de Transportes, diputados: Rubén Aguilar Jiménez (rúbrica), presidente; Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Enrique Iragorri Durán , Marcos Salas Contreras (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Santiago López Becerra (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez , Gerardo Amezola Fonceca (rúbrica), Ramón Barajas López , Tomás del Toro del Villar (rúbrica), Antonio del Valle Toca (rúbrica), Francisco Dávila García (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo (rúbrica), Felipe González Ruiz , Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica), Érick López Barriga (rúbrica), Martín Malagón Ríos (rúbrica), Agustín Mollinedo Hernández (rúbrica), Fabián Fernando Montes Sánchez (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna (rúbrica), Francisco Javier Paredes Rodríguez (rúbrica), Gloria Rasgado Corsi , María Mercedes Maciel Ortiz , Rafael Elías Sánchez Cabrales , Jorge Toledo Luis , Robinson Uscanga Cruz , Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haya hecho solicitud del uso de la palabra, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto. Continúe la Secretaría.



ESTADO DE JALISCO

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Dictamen de la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo relativos al proyecto carretero Bolaños, en Huejuquilla el Alto, Jalisco

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su dictaminación, la proposición con punto de acuerdo relativa al proyecto carretero Bolaños-Huejuquilla el Alto, Jalisco presentada por el diputado Diego Cobo Terrazas , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 2, fracciones XXXVIII y numeral 3, 45, numeral 6 incisos e), f), y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables de los ordenamientos en cita, emite el presente dictamen con punto de acuerdo de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

1. En la sesión pública del Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día 9 de septiembre de 2008, el diputado Diego Cobo Terrazas , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita:

``Primero. La honorable Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informe a esta asamblea, sus actuaciones ante la situación del proyecto carretero Bolaños-Huejuquilla El Alto, indicando las razones por las cuales se autorizaron las manifestaciones de impacto ambiental de manera segmentada y en modalidad particular, en un territorio que es evidentemente una sola unidad ambiental, además de ser una área natural protegida federal y una cuenca hidrológica prioritaria.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, informe las actuaciones de esa Comisión, por la denuncia presentada por la falsificación de la convocatoria y acta de asamblea de la comunidad indígena huichol de Santa Catarina Cuexcomatitlán.
Tercero. La honorable Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), para que garantice la indemnización por lo daños y perjuicios ocasionados a la comunidad indígena huichol de Santa Catarina Cuexcomatitlán.
Cuarto. La honorable Cámara de Diputados, solicita respetuosamente a la Secretaría de la Función para que a través del Órgano Interno de Control, se lleve a cabo una auditoría especifica a la Semarnat, para que se verifique que todas las autorizaciones otorgadas en materia de impacto ambiental, se hayan otorgado conforme lo establece la normatividad aplicable, al proyecto carretero Bolaños-Huejuquilla, fincando las responsabilidades administrativas a quienes resulten responsables por el daño ecológico y a los sitios sagrados de la comunidad.
Quinto. La honorable Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que entregue a esta soberanía, la información de las inspecciones realizadas en el tramo carretero de Bolaños-Huejuquilla, así como la solicitud de la remediación por los daños ocasionados por las obras realizadas.''

2. Con fecha 9 de septiembre de 2008, la Presidencia de este honorable órgano legislativo, con fundamento en el artículo 23, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos turnó a esta Comisión a través de oficio No. D.G.P.L. 60-II-2-1687, la propuesta con punto de acuerdo referida en el numeral anterior, misma que fue recibida por esta Comisión el día 10 de septiembre siguiente.

Con fundamento en los artículos 39 y 45, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión se abocó al estudio y análisis de la propuesta con punto de acuerdo motivo del presente dictamen, labor de la que se da cuenta, de acuerdo con las siguientes:

Consideraciones

1. Esta comisión es competente para emitir dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo que se somete a su consideración, puesto que la misma propone emitir diversos exhortos relativos a un proyecto carretero que, conforme a lo establecido por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, es una vía general de comunicación y, en consecuencia su autorización, construcción, operación y supervisión es competencia del Ejecutivo Federal por conducto de las diversas dependencia federales involucradas.

2. Así pues, son de atenderse las consideraciones de la proposición que se estudia, mismas que el proponente hace consistir en lo siguiente:

``El pasado 21 de mayo, se presentó ante la Comisión Permanente, un punto de acuerdo mediante el cual se solicitaba diversa información a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al gobierno del estado de Jalisco, referente a la construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla El Alto, al norte del estado de Jalisco.
El pasado 11 de junio de 2008, fue aprobado el punto de acuerdo, por la Comisión Permanente del segundo receso del segundo año de Ejercicio de la LX Legislatura.
En el punto de acuerdo se solicitó a la Semarnat un informe dentro del término de 30 días naturales siguientes, sobre las autorizaciones que hayan sido otorgadas al proyecto carretero Bolaños-Huejuquilla El Alto, en el estado de Jalisco, a solicitud de la Secretaría de Desarrollo Urbano del gobierno de dicho estado.
Asimismo, se solicitó a la Profepa informar, dentro de los 30 días naturales siguientes, los resultados de las visitas de inspección realizadas por esa Procuraduría en el tramo carretero Bolaños-Huejuquilla El Alto, en 2005 y 2008, así como los resultados de los procedimientos administrativos instaurados en contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano del gobierno de Jalisco, relacionados con el mismo proyecto.
Por último, al gobierno del estado de Jalisco se solicitó diversa información del proyecto carretero Bolaños-Huejuquilla.
Como se dijo en el punto de acuerdo presentado anteriormente, la carretera está afectando un territorio que contiene uno de los mejores remanentes de bosque de pino encino de la Sierra Madre Occidental con alto valor ecológico, tanto por sus servicios ambientales como por su diversidad biológica. Esta zona fue clasificada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) como Región Terrestre Prioritaria (RTP) ``Sierra los Huicholes'', Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) ``El Carricito'', así como Región Hidrológica Prioritaria (RHP) ``Río Baluarte-Marismas Nacionales''
Asimismo afecta el Área de Protección de Recursos Naturales de la Cuenca Alimentadora del Distrito de Riego 043 del estado de Nayarit, Subcuenca de los Ríos Atengo-Tlaltenango porción ``Sierra de los Huicholes''. En donde se localiza la comunidad indígena de los huicholes. Esta área natural protegida es amenazada con la construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla El Alto al norte del estado de Jalisco.
A esto se adiciona, una situación que está generando mayor conflicto en la construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla, en el estado de Jalisco.
El pasado 8 de febrero del 2008, la comunidad indígena huichol de Santa Catarina Cuexcomatitlán, celebró su primera asamblea ordinaria del año. Durante la cual se analizó el proyecto carretero, cuyas obras de construcción se han desarrollado en distintos tramos, incluyendo el que se ubica dentro del territorio de la comunidad indígena.
Durante la asamblea se hizo notar que las empresas contratistas de la Secretaría de Desarrollo Urbano del estado de Jalisco (Sedeur), han invadido ilegalmente el predio de la comunidad ya que no cuentan con ninguna autorización de la misma, ni ha existido ningún decreto expropiatorio, ni mucho menos indemnización alguna, así como tampoco ninguna autorización de cambio de uso de suelo o de aprovechamiento forestal por parte de la Semarnat. Para la fecha citada ya se habían ocasionado daños a diversos bienes muebles e inmuebles de comuneros indígenas y afectaciones a sus sitios sagrados naturales que son patrimonio cultural. Igualmente, ya se habían hecho daños importantes al equilibrio ecológico incluyendo remoción de suelos, extracción de grava y otros materiales de construcción, derribado de árboles, afectaciones a manantiales y corrientes de agua.
Ahora bien en el Diario Oficial de la Federación del 21 de noviembre de 2007 se publicó el Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Programa de Infraestructura Básica para la atención de los Pueblos Indígenas, que celebraron la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el estado de Jalisco, el cual se firmó con el objeto de ejecutar el Programa de Infraestructura Básica para la atención de los Pueblos Indígenas.
En el acuerdo se contempló, de acuerdo a su cláusula segunda, que para la ejecución del citado Programa las partes manifestaban su conformidad con la cartera de obras que se encuentran enumeradas en su anexo 1, entre las que destacamos las siguientes:
1. Modernización y ampliación del camino Bolaños-Tenzompa-Huejuquilla El Alto, tramo del Km 0+000 al Km 137+000; subtramo a modernizar: del kilómetro 61+000 al 136+300, en la cual se encuentra la región indígena Huicot o Gran Nayar.
2. Estudios y proyecto para la modernización del camino E.C. km. 61+000 (Bolaños-Tenzompa-Huejuquilla El Alto) Cerro de La Puerta-Nostic-Mezquitic, tramo aproximado del Kilómetro m 0+000 al 51+000, en la cual se encuentra la región indígena Huicot o Gran Nayar.
3. Estudios y proyecto para la construcción del camino rural Tenzompa E.C. Km 98+000 Bolaños-Tenzompa-Huejuquilla El Alto) La puerta del kilómetro 0+000 al 11+500
Estos proyectos debieron de ser consultados a las comunidades indígenas. Debido a la falta de esta consulta, la comunidad indígena de Santa Catarina Cuexcomatitlán, denunció la violación a la normatividad nacional como internacional vigente en el país, particularmente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en virtud de que no se realizó ninguna consulta a la comunidad. Denunciando igualmente la manera irregular en que las manifestaciones de impacto ambiental se han presentado y aprobado para el tramo carretero, ya que estas se realizaron de manera segmentada, cuando se trata de una unidad ambiental que forma la cuenca del río Bolaños, incumpliendo la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su Reglamento en materia de evaluación del impacto ambiental, debido a que la normatividad obliga a los promoventes a presentar proyectos integrales, lo que permite evaluar en su conjunto a la integridad del ecosistema tal como este existe, y no bajo divisiones artificiales. También se denunció la gravedad de los ilícitos pues la obra carretera afecta al área natural protegida de carácter federal: Área de Protección de Recursos Naturales Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043, así como las regiones prioritarias para la conservación identificadas por la Conabio. A lo anterior, se denuncia también que no existe la autorización de la comunidad para la realización de las obras y que no se han presentado las autorizaciones para el cambio de uso de suelo forestal, que señala la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
El 14 de febrero 2008 mediante acuerdo de asamblea, la misma comunidad indígena de Santa Catarina Cuexcomatitlán, reiteró su rechazo a la construcción de la carretera, así como las violaciones y atropellos que han sufrido. Asimismo, solicita a las autoridades del gobierno involucradas la documentación que ampare la legalidad de la obra en los terrenos de su propiedad, incluyendo los estudios de impacto ambiental, la autorización de cambio de uso de suelo y el permiso de aprovechamiento forestal; documentación que habían solicitado por escrito desde noviembre del 2007. Por último, exigen la reparación de los daños causados en su propiedad, incluyendo daños a manantiales y cuerpos de agua, extracción de materiales de construcción y derribo de árboles, así como la reforestación y restauración ambiental en todo el tramo afectado.
Recordando la exposición de motivos del punto de acuerdo presentado el pasado 21 de mayo, el personal de la Profepa realizó una visita de inspección en la zona, el 28 de febrero 2008 clausurando las obras y actividades relacionadas con la construcción de la carretera, en virtud de que la Sedeur removió sin autorización de la Semarnat la vegetación forestal, ya que se determinó que fueron cortados 187 pinos, 105 robles y 147 encinos, y no presentó el estudio de daños y afectaciones que le había sido señalada como medida de urgente aplicación. Además, se le impuso a la Sedeur varias medidas correctivas, tendientes todas a reforestar los terrenos afectados; a evitar la degradación del suelo y minimizar los impactos a los corredores biológicos de la zona. Sin embargo, esta clausura se da únicamente en el tramo 70+400 al 89+500, siendo que las obras de construcción continuaban en el resto de la carretera sin contar con las autorizaciones correspondientes, e incluso se desacató las clausuras previas impuestas por la Profepa.
El 5 de marzo 2008, el Juzgado Primero de Distrito de Materia Administrativa de Guadalajara, dentro del juicio de amparo 596/2008 promovido por la comunidad indígena de Santa Catarina Cuexcomatitlán, determinó conceder la ``suspensión'' que permanecerá en vigor hasta que se resuelva de fondo el asunto, con la intención de evitar daños irreparables a los bienes de la comunidad indígena que han sido ocupados de forma ilegal por las constructoras contratadas por el gobierno de Jalisco.
El 15 marzo 2008, según Johannes Neurath del Museo Nacional de Antropología y Paúl M. Liffman del Centro de Estudios Antropológicos del Colegio de Michoacán, la sepultura en sí es una razón suficiente para clausurar la obra de parte del INAH, ya que se destruyó un sitio de patrimonio tangible: una piedra sagrada.
Los expertos afirmaron también que el gobierno antes de iniciar estas obras tenía que haber consultado a los indígenas. De igual manera afirman tener que reportar lo visto ante el INAH.
En un informe conjunto el 31 de marzo 2007, relatores de la Organización de las Naciones Unidas condenaron que la legislación mexicana no defienda el derecho que tienen los pueblos indígenas sobre la totalidad de sus territorios tradicionales, en específico los del pueblo huichol.
El relator especial sobre la Situación de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen y el relator especial sobre la Vivienda Adecuada, Miloon Kothari, pidieron al Estado mexicano que provea a los huicholes de mecanismos de defensa para mantener intactos sus espacios.
Los relatores no dejaron pasar la oportunidad para advertir la falta de garantías de los huicholes y la indefensión en la que viven en cuestión de sus propiedades, lo que ha sucedido con la construcción de la carretera Amatitán-Bolaños-Huejuquilla.
En 2003 el relator sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades de los Pueblos Indígenas indicó que el pueblo huichol destacaba por su falta de seguridad jurídica en cuanto a la tenencia de la tierra y la injerencia de intereses particulares en sus espacios.
Adicionalmente, la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán, ha informado a las autoridades federales, estatales y municipales, que la asamblea de esa comunidad, encontró una convocatoria y el Acta de Asamblea huichola con mas de 480 firmas apócrifas, en donde se aprobaba que la carretera Amatitlan-Huejuquilla, atravesará las tierras comunales. Lo anterior fue denunciado el pasado 26 de febrero, informando que la asamblea de la comunidad indígena no otorgo su anuencia al proyecto carretero.

Así pues, y no obstante que el proyecto carretero a que se refiere el presente dictamen ya fue objeto de un pronunciamiento por parte de la Comisión Permanente de este H. Congreso de la Unión, es de observarse que los puntos de acuerdo respectivos tuvieron propósitos diversos a los que persigue el promovente en la proposición objeto de este dictamen, por lo que resulta procedente dictaminar favorablemente.

3. Es claro que la intervención oportuna y adecuada de las autoridades federales competentes en la materia, resulta de suma importancia para solucionar la problemática planteada por la proposición sometida a esta dictaminadora; lo cual redundará en una aplicación escrupulosa y adecuada de la normatividad vigente, a fin de evitar que, con la construcción de infraestructura carretera, se perjudiquen los ecosistemas y la cultura de las comunidades de la región, con los consecuentes perjuicios que esto traería para la sociedad en su conjunto.

Con base en lo anteriormente expuesto los integrantes de esta Comisión han acordado someter al Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La H. Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informe a esta asamblea, sus actuaciones ante la situación del proyecto carretero Bolaños-Huejuquilla El Alto, indicando las razones por las cuales se autorizaron las manifestaciones de impacto ambiental de manera segmentada y en modalidad particular, en un territorio que es evidentemente una sola unidad ambiental, además de ser una área natural protegida federal y una cuenca hidrológica prioritaria.

Segundo. La H. Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, informe las actuaciones de esa Comisión, por la denuncia presentada por la falsificación de la convocatoria y acta de asamblea de la comunidad indígena huichol de Santa Catarina Cuexcomatitlán.

Tercero. La H. Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), para que garantice la indemnización por lo daños y perjuicios ocasionados a la comunidad indígena huichol de Santa Catarina Cuexcomatitlán.

Cuarto. La H. Cámara de Diputados, solicita respetuosamente a la Secretaria de la Función Pública para que a través del Órgano Interno de Control, se lleve a cabo una auditoría especifica a la Semarnat, para que se verifique que todas las autorizaciones otorgadas en materia de impacto ambiental, se hayan otorgado conforme lo establece la normatividad aplicable, al proyecto carretero Bolaños-Huejuquilla, fincando las responsabilidades administrativas a quienes resulten responsables por el daño ecológico y a los sitios sagrados de la comunidad.

Quinto. La H. Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que entregue a esta soberanía, la información de las inspecciones realizadas en el tramo carretero de Bolaños-Huejuquilla, así como la solicitud de la remediación por los daños ocasionados por las obras realizadas.''

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a los 18 días del mes de noviembre de 2008.
Por la Comisión de Transportes, diputados: Rubén Aguilar Jiménez (rúbrica), presidente; Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Enrique Iragorri Durán , Marcos Salas Contreras (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Santiago López Becerra (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez , Gerardo Amezola Fonceca (rúbrica), Ramón Barajas López , Tomás del Toro del Villar (rúbrica), Antonio del Valle Toca (rúbrica), Francisco Dávila García (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo (rúbrica), Felipe González Ruiz , Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica), Érick López Barriga (rúbrica), Martín Malagón Ríos (rúbrica), Agustín Mollinedo Hernández (rúbrica), Fabián Fernando Montes Sánchez (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna (rúbrica), Francisco Javier Paredes Rodríguez (rúbrica), Gloria Rasgado Corsi , María Mercedes Maciel Ortiz , Rafael Elías Sánchez Cabrales , Jorge Toledo Luis , Robinson Uscanga Cruz , Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el dictamen al que ha dado lectura la Secretaría. En virtud de que ningún legislador ha solicitado la palabra, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto, de manera económica.



DERECHO DE VIA DE LAS CARRETERAS FEDERALES Y ZONAS ALEDAÑAS

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Dictamen de la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal a cumplir mediante la SCT, Capufe y el FARAC la Ley de Caminos y Puentes Federales y el Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su dictaminación, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cumplir mediante la SCT, Capufe y el FARAC la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y el Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas, a cargo del diputado federal Demetrio Román Isidoro , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 2, fracción XXXVIII y numeral 3, 45, numeral 6 incisos e), f), y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables de los ordenamientos en cita, emite el presente dictamen con punto de acuerdo de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

1. En la sesión pública del Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día 13 de diciembre de 2007, el diputado federal Demetrio Román Isidoro , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó la proposición con punto de acuerdo por la que se propone:

``Único. Se exhorta al gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; del organismo público estatal descentralizado denominado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos; y el Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), a cumplir el marco legal, en materia de seguridad vial en carreteras del país federales, ya sea libres o de cuota, para tomar las medidas legales establecidas y así preservar el derecho de vía en las mismas, y ejercer un debido control y supervisión que tenga como finalidad el de evitar accidentes viales que afecten a la población nacional, al transitar por las vías de comunicación de referencia.''

2. Con fecha 13 de diciembre de 2007, la Presidencia de este honorable órgano legislativo, con fundamento en el artículo 23, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos turnó a esta Comisión a través de oficio No. D.G.P.L. 60-II-3-1232, la propuesta con punto de acuerdo referida en el numeral anterior.

Con fundamento en los artículos 39 y 45, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión se abocó al estudio y análisis de la propuesta con punto de acuerdo motivo del presente dictamen, labor de la que se da cuenta, de acuerdo con las siguientes:

Consideraciones

1. Esta Comisión es competente para emitir dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo que se somete a su consideración, puesto que la misma propone emitir un exhorto relativo al cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de uso del derecho de vía de las carreteras y caminos federales, sean libres o de cuota y, en tal sentido, incrementar las condiciones de seguridad de los usuarios de las mismas cuya regulación y vigilancia de los referidos derechos de vía, son competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal.

2. Así pues, son de atenderse las consideraciones de la proposición que se estudia, mismas que el proponente hace consistir en lo siguiente:

``La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece, en su artículo 2, fracción III, que el derecho de vía en las carreteras federales tendrá como mínimo 20 metros de cada uno de sus lados, partiendo del vértice central o eje del camino.
La técnica moderna de construcción de vías rápidas, que asumen el carácter de autopistas de alta velocidad, ha hecho necesario dotarlas de un derecho de vía más amplio para facilitar la visibilidad y un margen de seguridad al usuario de la vía; sin embargo, predominan carreteras federales con los 20 metros que establece la referida ley.
No obstante que existe el marco jurídico para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos; y el Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas puedan llevar a cabo de una manera eficaz la preservación del derecho de vía de los caminos que se encuentran dentro de su jurisdicción respectivamente, y el procedimiento a seguir para las inspecciones relativas a los permisos, obras y señales informativas dentro del derecho de vía y la instalación de anuncios fuera de éste.
Así también, se señala el procedimiento para el desalojo del mismo, y precisa que las autoridades tienen facultad legal para intervenir en estos casos; en los hechos no se cumple la aplicación puntual de la normatividad; incumplimiento que da por resultado que en las carreteras federales, llámense libres o de cuota, no existan los señalamientos adecuados ni las medidas o providencias para evitar la invasión de semovientes en el derecho de vía y vehículos, afectando el tránsito de los caminos carreteras y autopistas; estas últimas, por ser de altas especificaciones, resultan mortales las intromisiones de tales elementos.
Así se demuestra en los altos índices de accidentes, que se encuentran estadísticamente documentados en los reportes de accidentes que realiza la Policía Federal Preventiva (antes Policía Federal de Caminos y Puertos).
Las estadísticas de los accidentes automovilísticos son alarmantes; si bien es cierto que en países desarrollados los índices de mortalidad en carretera se han reducido, México sigue ocupando los primeros lugares, sobre todo en la población joven y productiva.
La situación en México es poco favorable debido a la falta de inversión en el mantenimiento de vías de comunicación, la inseguridad vial, la educación y la poca voluntad de cumplir ciertas normas básicas por parte de los conductores.
Los accidentes se deben a la combinación de diversos factores que pueden estar fuera del dominio del conductor, como la situación de las calles y carreteras, entre otros.
La Cruz Roja Internacional y la Organización Media Luna calculan que durante el siglo XX murieron 30 millones de personas en un accidente automovilístico.
En el año de 1990 fue la novena causa de muerte, matando por lo menos medio millón al año, y dejando 15 millones de heridos e incapacitados en todo el mundo.
Se pronostica que para el año 2020 los accidentes automovilísticos alcanzaran el tercer lugar en la tabla de muerte e incapacidad física, mundial.
En los países en vías de desarrollo como el nuestro han aumentado los índices en un 70 por ciento, y más de 26 mil mexicanos mueren cada año, aproximadamente 400 mil accidentes automovilísticos en las carreteras federales del país, según las estadísticas del año 2004.
Esto, adicionalmente genera un problema de salud, pues de acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud, se invierten 4 mil millones de pesos en la atención a pacientes, y que son 2.3 millones que requieren de hospitalización anualmente, por lesiones en accidentes.
Asimismo en 2005 ocurrieron, en la red carretera vigilada por la Policía Federal Preventiva, que son más de 55 mil kilómetros, 29 mil 468 accidentes y hubo 31 mil 172 lesionados, 4 mil 581 muertos y daños materiales del orden de mil 365 millones 618 mil 454 pesos.
Existen en el país rutas clasificadas como peligrosas que es donde se debe de poner mayor énfasis en las medidas de seguridad y preservación del derecho de vía.
Es importante resaltar que, de 10 años a la fecha, no se ha detenido el incremento de accidentes, pues tenemos que, de los aproximadamente 60 mil accidentes que se registraron en 1996, para 2005 las cifras aumentaron a 230 mil accidentes, aproximadamente, teniendo un registro de 34 mil personas lesionadas; asimismo, en 1996 se registraron cinco mil personas fallecidas, aproximadamente, repitiéndose la misma cifra en el año del 2005, ubicándose casi a la par, datos estadísticos que nos ayudan a comprender la viabilidad del presente punto de acuerdo.
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece una estrategia clara y viable en materia de seguridad pública, bajo su eje rector denominado ``Estado de derecho y seguridad''.
En este eje se asume la búsqueda de que los habitantes del territorio nacional, en la vertiente de seguridad de tránsito, cuenten con la aplicación de las normas vigentes al circular por las vías generales de comunicación, y así tenemos, que el artículo 73, fracciones XVII y XXIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la facultad del Congreso para establecer, con la participación de los estados y municipios, las bases de coordinación en materia de seguridad publica.
Los objetivos nacionales, las estrategias generales y las prioridades de desarrollo plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo han sido diseñados de manera congruente con las propuestas vertidas, como la presente.
Es de tomarse en cuenta que la Visión 2030, es una apuesta común por un desarrollo humano sustentable, una descripción del México deseable y posible por encima de las diferencias. La imagen del país en el que deseamos vivir dentro de 23 años da sentido y contenido a las acciones que, como gobierno y como sociedad emprendemos a partir de ahora, en materia de seguridad vial en las carreteras federales ya sea libres o de cuota y la conminación a los responsables en las áreas de gobierno a las que pertenecen, se vean inmiscuidos, con su aportación al desarrollo nacional, que sirva de reflejo para el actuar de los inversionistas que obtengan las concesiones para explotar las carreteras de cuota, cumplan con su cometido en ese aspecto, al ser un referente una guía, un anhelo compartido y a la vez un punto de partida para alcanzar niveles óptimos de seguridad carretera. Existe el firme propósito de que los logros que consigamos los mexicanos en los próximos seis años nos acerquen al país que queremos heredar a las nuevas generaciones.
Considerando
Que en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal se establece lo que se debe de entender como derecho de vía, que se describe de la siguiente manera: ``franja de terreno que se requiere para la construcción, conservación ampliación, protección y en general para el uso adecuado de una vía general de comunicación, cuya anchura y dimensiones fija la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual no podrá ser inferior a 20 metros a cada lado del eje del camino; tratándose de carreteras de dos cuerpos, se medirá a partir del eje de cada uno de ellos.
La libertad de tránsito en vías generales de comunicación debe de ser de manera ágil, pronta, expedita y segura.
En el Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas se establecen los lineamientos a seguir a través de un marco técnico, tendiente a fijar las directrices tanto legales como técnicas para su uso y restricción, y en su caso condicionantes de seguridad y, obviamente se determina la prohibición de instalación de anuncios y el establecimiento de paradores.
También se establece el otorgamiento de permisos para la construcción de accesos; establecimientos de paradores en terrenos adyacentes al derecho de vía, así como licencias para la construcción, modificación de obras en zonas que por su ubicación especial afecten la operación, visibilidad o perspectiva panorámica de las carreteras federales, en perjuicio de la seguridad de los usuarios.
No obstante esta normatividad está vigente, pero las autoridades mencionadas no han cumplido a fidelidad la misma, en detrimento de la protección y seguridad de los usuarios, por lo cual, cada día se incrementan los accidentes en dichas carreteras llámense federales, libres o de cuota.
Diariamente, y de acuerdo a los reportes de accidentes emitidos por la Policía Federal Preventiva y por las notas periodísticas, es como nos podemos enterar del riesgo cotidiano que los usuarios tienen en su seguridad física y la de sus bienes, al transitar por las vías federales libres y de cuota, al no preservar el derecho de vía, y cumplir con su normatividad, pues es invadido por semovientes, vehículos, construcciones y anuncios, que constituyen un peligro continuo y latente para su seguridad y de sus acompañantes.
La seguridad pública, en su vertiente de transito en vías generales de comunicación se traduce en niveles de bienestar que el Estado tiene la obligación de asegurar para evitar la pérdida de vidas de sus habitantes, afectaciones a su salud debido a lesiones y afectaciones económicas en su patrimonio derivado de los percances automovilísticos, situación que conlleva a procesos sociales que actúan en contra de la salud, economía y bienestar familiar, en detrimento de la calidad de vida de la población.
La seguridad pública, en su vertiente de protección a los usuarios de las vías de comunicación, requiere de una estrecha coordinación entre los diferentes entes de la administración pública federal, inmersos en esta actividad carretera, como lo son la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos y el Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas.
Al ser una premisa establecida por el gobierno federal y encuadrada en el Plan Nacional de Desarrollo, se traduce en directrices a cumplir, a través de los esfuerzos conjuntos de los diversos niveles de gobierno, para mejorar la vialidad en las carreteras.
La perspectiva, detrás de los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, es que, en el ámbito gubernamental, se aplique la función pública en aras de la seguridad vial carretera de sus habitantes a efecto de participar en la construcción de un México capaz de llegar más allá de sus expectativas actuales y posicionarlo como un actor importante en el escenario que se refleje en el actuar de protección de sus habitantes para generar perspectivas de inversión en los diversos polos de desarrollo nacional, confiados en la seguridad de transito de sus productos sin que sufran mermas económicas.
En la presente administración, será prioritario proteger a los usuarios de las carreteras e incrementar, bajo esquemas de protección y de manejo sustentable la seguridad de sus habitantes.
En este sentido, se apoyarán proyectos tendientes a lograr el objetivo de seguridad vial carretera para los usuarios de la red nacional; se promoverán esquemas de seguridad sustentables y se generará infraestructura, vías de comunicación, caminos rurales y lo que sea indispensable para dar un nuevo y fortalecido impulso a tal punto de seguridad.
El gobierno federal tendrá como prioridad aplicar una estrategia de gestión de seguridad carretera, eficiente, y expedita que garantice el cumplimiento de la legislación pertinente unificándola y hacerla aplicable y viable, sin recovecos que induzcan a su errónea interpretación y aplicación.
En este contexto, la gestión de seguridad carretera estará destinada fundamentalmente a propiciar la prevención, control y reversión de los accidentes carreteros, que generan pérdidas de vidas humanas y económicas, y a promover su conocimiento, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. Asimismo, se orientará al ciudadano en sus deberes y obligaciones al manejar para evitar incurrir en violación a la normatividad aplicable por cuanto hace al derecho de vía, sin menoscabo de las demás acciones que debe de tomar, en razón del cumplimiento a normas de tránsito.
La sustentabilidad de la seguridad vial carretera sólo puede lograrse con base en la corresponsabilidad y coparticipación de los diferentes actores dentro del núcleo social. Para ello es necesario que se cumpla con el marco legal inicialmente por los responsables gubernamentales y posteriormente por los ciudadanos que queden involucrados y comprometidos para ello.
Por otro lado y tomando en cuenta la situación específica que motiva la presentación del presente punto de acuerdo, se establece que:
Frente a un agudo crecimiento de la inseguridad de transito vial, se presentan situaciones que han traído consigo el poner énfasis y atención a esta vertiente de la seguridad.''

3. Es claro que la intervención oportuna y adecuada de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos para solucionar la problemática planteada por la proposición sometida a esta dictaminadora redundará en una mejoría en las condiciones de seguridad de los usuarios de los caminos y carreteras federales con los consecuentes beneficios que esto traería para la sociedad en su conjunto; como lo sería el hecho, por sí mismo valioso y suficiente para dictaminar favorablemente, de evitar la pérdida de vidas humanas y la afectación de la salud de los usuarios de tales vías generales de comunicación; es de observarse que el Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas dejó de existir mediante el decreto del Ejecutivo por el que se ordena la creación del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 7 de febrero de 2008, por lo que no resultaría procedente exhortar a dicha entidad.

4. En tales términos, si bien la intervención de las entidades públicas que se solicita sean exhortadas es de la mayor importancia para que se den los mejores resultados relativos al exhorto que, en su caso se realizare, no puede pasarse por alto el hecho de que también debe ser exhortada la Secretaría de Seguridad Pública, a efecto de que la Policía Federal Preventiva, en el ejercicio de sus atribuciones, incremente sus esfuerzos a fin de lograr el cabal cumplimiento del Reglamento de Tránsito federal en la materia que nos ocupa y, en consecuencia, no se permita hacer un uso indebido del derecho de vía de las carreteras y caminos de jurisdicción federal; así pues, se propone modificar el punto de acuerdo en los siguientes términos:

La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al del organismo público estatal descentralizado denominado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a cumplir y hacer cumplir el marco normativo en materia de seguridad vial en carreteras y caminos de jurisdicción federal, ya sean libres o de cuota; para lo cual, se recomienda se apliquen las disposiciones jurídicas vigentes en la materia, a fin de preservar el derecho de vía en las mismas y ejercer un debido control y supervisión con la finalidad de disminuir el número de accidentes viales que hoy en día afectan a los usuarios de las vías generales de comunicación terrestres que integran la red de carreteras y caminos de jurisdicción federal.

Asimismo, la Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, a fin de que instruya a los mandos de la Policía Federal Preventiva para que, en el ámbito de sus competencias, coadyuve con las entidades públicas indicadas en el párrafo anterior e incremente sus esfuerzos a fin de lograr el cabal cumplimiento del Reglamento de Tránsito federal en la materia que nos ocupa y, en consecuencia, no se permita hacer un uso indebido del derecho de vía de las carreteras y caminos de jurisdicción federal.

Con base en lo anterior expuesto los integrantes de esta Comisión han acordado someter al Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al del organismo público estatal descentralizado denominado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a cumplir y hacer cumplir el marco normativo en materia de seguridad vial en carreteras y caminos de jurisdicción federal, ya sean libres o de cuota; para lo cual, se recomienda se apliquen las disposiciones jurídicas vigentes en la materia, a fin de preservar el derecho de vía en las mismas y ejercer un debido control y supervisión con la finalidad de disminuir el número de accidentes viales que hoy en día afectan a los usuarios de las vías generales de comunicación terrestres que integran la red de carreteras y caminos de jurisdicción federal; y

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, a fin de que instruya a los mandos de la Policía Federal Preventiva para que, en el ámbito de sus competencias, coadyuve con las entidades públicas indicadas en el párrafo anterior e incremente sus esfuerzos a fin de lograr el cabal cumplimiento del Reglamento de Tránsito federal en la materia que nos ocupa y, en consecuencia, no se permita hacer un uso indebido del derecho de vía de las carreteras y caminos de jurisdicción federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a los 18 días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
Por la Comisión de Transportes, diputados: Rubén Aguilar Jiménez (rúbrica), presidente; Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Enrique Iragorri Durán , Marcos Salas Contreras (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Santiago López Becerra (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez , Gerardo Amezola Fonceca (rúbrica), Ramón Barajas López , Tomás del Toro del Villar (rúbrica), Antonio del Valle Toca (rúbrica), Francisco Dávila García (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo (rúbrica), Felipe González Ruiz , Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica), Érick López Barriga (rúbrica), Martín Malagón Ríos (rúbrica), Agustín Mollinedo Hernández (rúbrica), Fabián Fernando Montes Sánchez (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna (rúbrica), Francisco Javier Paredes Rodríguez (rúbrica), Gloria Rasgado Corsi , María Mercedes Maciel Ortiz , Rafael Elías Sánchez Cabrales , Jorge Toledo Luis , Robinson Uscanga Cruz , Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se encuentra a discusión el dictamen. En virtud de que nadie ha solicitado el uso de la palabra, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto de manera económica.



HURACAN NORBERT

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo relativo a la agilización de la evaluación final de daños ocasionados por el huracán Norbert en Baja California Sur

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura fue turnada, para estudio, análisis y dictamen correspondientes, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a agilizar la evaluación de daños ocasionados por el huracán Norbert en diversos municipios de Baja California Sur a fin de que las comunidades afectadas puedan acceder con la mayor brevedad a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) a g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha catorce de octubre de dos mil ocho, el diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en uso de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a agilizar la evaluación de daños ocasionados por el huracán Norbert en diversos municipios de Baja California Sur a fin de que las comunidades afectadas puedan acceder con la mayor brevedad a los recursos del Fonden.

II. Con la misma fecha, catorce de octubre de dos mil ocho, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que la proposición con punto de acuerdo fuera turnada a la Comisión de Gobernación, para estudio y dictamen correspondientes.

Contenido de la proposición

1. Señala la proposición con punto de acuerdo que el once de octubre de dos mil ocho, el paso del huracán Norbert afectó Comondú, La Paz y Loreto; ante el meteoro, considerado de ``fuerte peligrosidad'', la Presidencia de la República comisionó al secretario de Desarrollo Social a efectuar los trabajos ante la presencia del fenómeno hidrometereológico en el estado.
2. El huracán Norbert afectó Comondú, el norte de La Paz y el sur de Loreto. Conforme a la exposición de motivos de la proposición con punto de acuerdo, las comunidades de las islas Margarita y Magdalena y los campos pesqueros de Bahía Magdalena, todos de Comondú, resultaron seriamente afectados. Por otro lado, la Comisión Federal de Electricidad reportó que 100 mil usuarios quedaron sin energía eléctrica.
3. En este sentido, y considerando, de acuerdo con la exposición de motivos, que el paso de Norbert en Baja California Sur causó daños de distinta magnitud, el objeto de la proposición con punto de acuerdo es dirigir un exhorto al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, agilice la evaluación de daños ocasionados por el huracán Norbert en diversos municipios de Baja California Sur a fin de que las comunidades afectadas puedan acceder con la mayor brevedad a los recursos del Fonden.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la proposición, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponen las siguientes

Consideraciones

1. El ocho de octubre de dos mil ocho, el gobernador de Baja California Sur, ingeniero Narciso Agúndez Montaño, solicitó a la Secretaría de Gobernación la emisión de la declaratoria de emergencia, de conformidad con el artículo 12, fracción IX, de la Ley General de Protección Civil, ante el impacto inminente del huracán Norbert en el estado.
2. Efectivamente, la Secretaría de Gobernación, a través del boletín de prensa número 303-10 / 10 / 2008, del diez de octubre, emitió la declaratoria de emergencia para Loreto, Comondú y La Paz, en virtud del impacto del huracán Norbert, activándose los recursos del fondo revolvente del Fonden a fin de dar atención inmediata a la población.
3. La declaratoria de emergencia para esos municipios permitió que Baja California Sur accediese a los recursos del fondo revolvente del Fonden para atender las necesidades alimenticias, de salud y de abrigo de la población afectada por el fenómeno hidrometereológico.
4. Los recursos del fondo revolvente del Fonden, al haberse activado la declaratoria de emergencia, amparan los gastos para atender las necesidades prioritarias e inmediatas de los damnificados; o bien, ante la posibilidad de afectaciones que puedan derivarse del impacto del huracán Norbert.
5. La declaración de emergencia fue publicada el veinte de octubre de dos mil ocho en el Diario Oficial de la Federación, en los siguientes términos:
Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12, fracción IX, 29, 30, 33 y 37 de la Ley General de Protección Civil; en el artículo 10, fracciones XVIII y XIX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación; en el numeral 2, fracción I, del acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales; y en el artículo 9 del acuerdo que establece los lineamientos para emitir las declaratorias de emergencia y la utilización del fondo revolvente (lineamientos), y

Considerando

Que mediante el oficio número 0224/2008, de fecha 8 de octubre de 2008, el gobernador constitucional de Baja California Sur, ingeniero Narciso Agúndez Montaño, solicitó a la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación General de Protección Civil, la emisión de la declaratoria de emergencia para Los Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé, por la inminente afectación del huracán Norbert.
Que mediante el oficio número CGPC/1743/ 2008, de fecha 8 de octubre de 2008, la Coordinación General de Protección Civil, con objeto de emitir la declaratoria de emergencia respectiva, solicitó la opinión a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) respecto de su procedencia.
Que mediante el oficio número BOO.- 1803, de fecha 8 de octubre de 2008, la Conagua emitió opinión técnica respecto de dicho evento, la que en su parte conducente dispone lo siguiente: en opinión de la Comisión Nacional del Agua, conforme a la normatividad vigente, es procedente emitir la declaratoria de emergencia, por la inminencia de impacto, en las próximas 24 horas, del huracán Norbert en Loreto, Comondú y La Paz, Baja California Sur.
Con base en lo anterior, se procede en este acto a emitir la siguiente
Declaratoria de emergencia por la inminencia de impacto, en las próximas 24 horas, del huracán Norbert en tres municipios de Baja California Sur
Artículo 1o. Se declara en emergencia Loreto, Comondú y La Paz, Baja California Sur.
Artículo 2o. La presente se expide para que Baja California Sur pueda acceder a los recursos del fondo revolvente del Fonden de la Secretaría de Gobernación.
Artículo 3o. La determinación de los apoyos por otorgar se hará en los términos de los lineamientos y con base en las necesidades prioritarias e inmediatas de la población para salvaguardar su vida y su salud.
Artículo 4o. La presente declaratoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con el artículo 37 de la Ley General de Protección Civil y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9, fracción IV, de los lineamientos.
México, Distrito Federal, a diez de octubre de dos mil ocho.- La coordinadora general, Laura Gurza Jaidar.- Rúbrica.
6. Derivado de lo anterior, y después del impacto del huracán Norbert, el gobierno de Baja California Sur instaló el comité de evaluación de daños el cual, de acuerdo con el boletín de prensa difundido por el gobierno del estado el 15 de octubre, se formó por las autoridades estatales, por las municipales y por el director adjunto del Fonden.
7. En la mesa de evaluación descrita en el antecedente inmediato se ofrecieron reportes preliminares por los representantes estatales y los federales. En ese sentido se difundió que los daños ocasionados por el meteoro Norbert ascendían a 8.8 millones de pesos en la infraestructura hidráulica, 68.3 millones de pesos en vivienda, 5 millones de pesos en infraestructura educativa y 36.6 millones de pesos en la red carretera. Igualmente, el boletín de prensa de 15 de octubre del gobierno del estado dio a conocer que no habían sido cuantificados los daños en puertos, caminos y salud de las comunidades afectadas.
8. El 24 de octubre de 2008, la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación emitió el boletín de prensa número 332-24 / 10 / 2008, en el que anunció el término de la declaración de emergencia, emitida el 10 de octubre, en tres municipios de Baja California Sur, toda vez que la situación anormal generada por el fenómeno natural disminuyó a niveles aceptables y la capacidad de respuesta del gobierno estatal se reforzó con los apoyos de la federación, otorgando así la atención oportuna a la población.
9. Si bien se ha declarado el fin de la emergencia por el impacto del fenómeno hidrometereológico, el 23 de octubre de 2008 el gobierno del estado informó sobre la continuación de los trabajos de evaluación de las acciones de corto y mediano plazos que implantarán los tres niveles de gobierno para atender los daños ocasionados por el huracán Norbert en las comunidades de Baja California Sur.
10. Esta comisión considera que los daños sufridos en diversos municipios de Baja California Sur deben ser atendidos con eficiencia y eficacia, más cuando en el estado continúa la evaluación de las consecuencias por el paso del huracán Norbert, por lo que debe efectuarse con la mayor celeridad para destinar los recursos municipales, estatales o federales que pudieran corresponder para la reconstrucción de la infraestructura y el beneficio de las comunidades de Baja California Sur afectadas.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura someten a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a agilizar a través de la Coordinación General de Protección Civil la evaluación de daños ocasionados por el paso del huracán Norbert, a fin de entregar los recursos del Fondo de Desastres Naturales que correspondan para las comunidades afectadas en Comondú, La Paz y Loreto, Baja California Sur.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a veinticinco de noviembre de dos mil ocho.
La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Cristián Castaño Contreras , Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Ricardo Cantú Garza , secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres , César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Ariel Castillo Nájera , Jesús de León Tello , María del Carmen Fernández Ugarte , Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra , Mario Eduardo Moreno Álvarez , Adolfo Mota Hernández , María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Gerardo Priego Tapia , Raciel Pérez Cruz (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez , Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se encuentra a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no hay solicitudes de uso de la palabra, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.



SALARIOS MINIMOS

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo para exhortar al titular de la STPS a eliminar a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos las zonas B y C de la división del territorio nacional en zonas geográficas por salario mínimo

Honorable Asamblea:

A la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LX Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario del Trabajo y Previsión Social a implantar como tabla única, a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, los montos salariales que rigen la zona ``A'' y que el porcentaje del incremento para 2008 se establezca con base al índice inflacionario de 2007 y, además, a promover acciones ante los secretarios de Economía, y de Hacienda y Crédito Público a fin de que se apliquen medidas para inhibir el aumento de precios, presentado por el diputado Alfredo Barba Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 40 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Trabajo y Previsión Social acordó el estudio y dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo, mismo que se somete a la consideración de esta honorable asamblea, conforme a los siguientes

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LX Legislatura, celebrada el 13 de diciembre de 2007, el diputado Alfredo Barba Hernández , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario del Trabajo y Previsión Social a implantar como tabla única, a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, los montos salariales que rigen la zona ``A'' y que el porcentaje del incremento salarial para 2008 se establezca con base al índice inflacionario de 2007 y, además, a promover acciones ante los secretarios de Economía, y de Hacienda y Crédito Público a fin de que se apliquen medidas para inhibir el aumento de precios.
2. En la citada sesión del Pleno, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LX Legislatura, la mencionada proposición con punto de acuerdo fue turnada a esta Comisión de Trabajo y previsión Social, mediante oficio DGPL60-II-1-1185, de fecha 13 de diciembre de 2007, que fue recibido el 11 de enero de 2008, a fin de que, con fundamento en los artículos 58, 60, 87, 88 y 89 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se procediera a la elaboración del dictamen correspondiente.
3. Para cumplir lo dispuesto en los artículos anteriormente citados del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión acordó llevar a cabo el análisis y la elaboración del dictamen de la citada proposición con punto de acuerdo, con el fin de someterla a consideración del Pleno de esta honorable asamblea, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. Que esta comisión es competente para conocer la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario del Trabajo y Previsión Social a implantar como tabla única, a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), los montos salariales que rigen la zona ``A'' y que el porcentaje del incremento salarial para 2008 se establezca con base al índice inflacionario de 2007 y, además, a promover acciones ante los secretarios de Economía, y de Hacienda y Crédito Público a fin de que se apliquen medidas para inhibir el aumento de precios, presentado por el diputado Alfredo Barba Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Lo anterior con fundamento en los artículos 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Esta dictaminadora acordó llevar a cabo el estudio y análisis de la proposición con punto de acuerdo presentada y considera conveniente cambiar ``...2008 se establezca con base al índice inflacionario de 2007'' por ``...2009 se establezca con base al índice inflacionario de 2008 '' lo anterior para dar vigencia al presente punto de acuerdo.

Tercero. Que esta dictaminadora, para allegarse de elementos formales con los cuales sustentar los razonamientos vertidos en el presente dictamen, con objeto de motivar y fundar su resolutivo, solicitó mediante oficio número CTPS.0049.08 dirigido al secretario del Trabajo y Previsión Social la información y opinión respecto al contenido del punto de acuerdo propuesto. Lo anterior con fundamento en el artículo 89 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuarto. Que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante oficio número 1228, de fecha 14 de julio de 2008, suscrito por el doctor Álvaro Castro Estrada, subsecretario del Trabajo, Seguridad y Previsión Social dio debida respuesta a la solicitud de esta dictaminadora, con la información y opinión correspondiente relacionada con la propuesta de implantar como tabla única los montos salariales que rigen en la zona ``A''.

Quinto. Que en opinión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se reconoce la necesidad e importancia de avanzar en la convergencia de los salarios mínimos de las tres áreas geográficas hacía un solo salario mínimo general, en función de la erosión de los diferenciales en los costos de vida entre los municipios que integran las distintas áreas geográficas.

Sexto. Que hasta el año de 2005 el Consejo de Representantes de la Conasami aplicó la estrategia de reducir de manera gradual las diferencias salariales entre las áreas geográficas con el propósito de llegar a converger a un solo salario mínimo general nacional. Esto se ha logrado a través del otorgamiento de aumentos salariales diferenciados por área, logrando que aquellos trabajadores de las áreas ``B'' y ``C'', avancen hacía ingresos similares a los del área geográfica ``A'', con el propósito de llegar a un solo salario mínimo general. Sin embargo, durante los últimos cuatro años, de 2005 a 2008, dicho proceso de convergencia se detuvo al posicionarse con dicho planteamiento la representación de los trabajadores en el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. A efecto de llegar a una fijación salarial, en cada uno de esos años, tanto la representación patronal como la del gobierno accedieron a no continuar con el proceso de convergencia. No obstante lo anterior se reitera que la posición de esta dictaminadora continúa siendo la de avanzar en el proceso de convergencia para que llegue a haber un solo salario mínimo general en todo el país, lo cual podría alcanzarse al final de la presente administración siempre que la representación obrera en el consejo de representantes así lo promueva y permita.

Séptimo. Que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene presente la importancia de lo planteado en la referida proposición con Punto de Acuerdo, por lo que en su comunicado a señalado que en su momento durante la próxima revisión y determinación de los salarios mínimos que deberán regir a partir del próximo año, se someterá a consideración del Consejo de Representantes de la Conasami, la conveniencia de modificar la actual integración de las áreas geográficas en que esta dividido el país.

Octavo. Que resulta evidente que, en opinión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, avanzar en la unificación de los montos salariales que rigen en las diferentes zonas geográficas en que se encuentra dividido el país, compartiendo los argumentos expresados en el cuerpo del punto de acuerdo de referencia.

Noveno. Que conforme a los artículos 94, 95 y 96 de la Ley Federal del Trabajo, los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la cual podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. En este sentido, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha manifestado, mediante el oficio respectivo, que en su momento durante la próxima revisión de los salarios mínimos que deberán regir a partir de 2009 se someterán a consideración del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos la conveniencia de modificar la actual integración de las áreas geográficas en que esta dividido el país para avanzar en una tabla única de salarios.

Décimo. Que en efecto el resolutivo de la proposición del punto de acuerdo motivo del presente dictamen es precisamente exhortar al secretario del Trabajo y Previsión Social a implantar, a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, en todo el país los montos salariales que rigen en la zona ``A'' y que el porcentaje del incremento salarial para 2008 se establezca con base en el índice inflacionario de 2007 y, además, a promover acciones ante los secretarios de Economía, y de Hacienda y Crédito Público a fin de instaurar medidas para inhibir el aumento de precios. Las propuestas citadas pueden ser atendidas por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, durante la revisión salarial que se avecina en el mes de diciembre de 2008.

Por lo anteriormente expuesto y fundado la Comisión de Trabajo y Previsión Social, como dictaminadora, considera que es de resolverse y se permite someter a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta al secretario del Trabajo y Previsión Social a eliminar, a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, las zonas B y C que se establecen actualmente en la división del territorio nacional en zonas geográficas por salario mínimo e implantar como tabla única los montos salariales que rigen la zona A y que el porcentaje del incremento salarial para 2009 se establezca con base en el índice inflacionario de 2008 y, además, promueva acciones ante los secretarios de Economía, y de Hacienda y Crédito Público para que se instauren medidas para inhibir el aumento de precios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2008.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados: Tomás del Toro del Villar (rúbrica), Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica), Carlos René Sánchez Gil (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica), José Antonio Almazán González , Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), Ramón Almonte Borja , Luis Ricardo Aldana Prieto , Francisco Antonio Fraile García (rúbrica), Miguel Gutiérrez Aguilar, Carlos Armando Reyes López , Alfonso Othón Bello Pérez , Antonio Berber Martínez , Rolando Rivero Rivero (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), Gustavo Ramírez Villarreal (rúbrica), Demetrio Román Isidoro , Beatriz Collado Lara (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Ramón Félix Pacheco Llanes , Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica en abstención), Rogelio Muñoz Serna , Alfredo Barba Hernández (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo , Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica), José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica), Diego Aguilar (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haya solicitado el uso de la palabra, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.



CANASTA BASICA - SALARIOS MINIMOS

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas : «Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a instaurar medidas que protejan los salarios y el bienestar de la clase trabajadora mexicana

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

• Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a instrumentar medidas que protejan los salarios y el bienestar de la clase trabajadora mexicana, mediante la adopción de un esquema de control de precios de los artículos de la canasta básica de consumo popular y la instauración del área geográfica y económica única de salario mínimo general para toda la republica mexicana, como acciones que permitan enfrentar los efectos adversos de la crisis financiera y económica mundial que afecta a nuestro país, presentado por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f) y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Dictamen

Antecedentes

Los suscritos, diputados federales de la LX Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la asamblea del Pleno de la honorable Cámara de Diputados, el punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones de los proponentes

1. Dentro de los escenarios desarrollados en el contexto de la actual crisis financiera y económica mundial, plantean los proponentes que sobresalen los impactos que vienen teniendo los aumentos de los precios de consumo popular en la economía mexicana, no obstante las medidas anunciadas por el gobierno federal para enfrentar la crisis generalizada. En cualquiera de esos escenarios, destacan las alzas de los precios de los alimentos.

Continúan en sus consideraciones los proponentes que debemos recordar que el Ejecutivo federal, anunció el miércoles 18 de junio del año en curso, conjuntamente con la Confederación de Cámaras Industriales, la Concamin, el haber acordado el congelamiento de los precios de 150 productos hasta fin de año. El titular del Ejecutivo, al dar a conocer dicho acuerdo, señaló que la medida, comprendía alimentos enlatados como sardinas, atún, sopas, verduras, así como algunas marcas de aceite y otros productos alimenticios procesados.

En el mismo orden los articulantes aseguran que esta medida se vino a sumar a otros acuerdos alcanzados por el gobierno federal con sectores de producción de alimentos. Con anterioridad fueron anunciados acuerdos para estabilizar precios con productores y empacadores de arroz, fríjol y maíz, alimentos básicos de la dieta del mexicano. Se incluyeron también, acuerdos con molinos y elaboradores de la llamada ``cadena del maíz'', para mantener en poco más de medio dólar el kilogramo de tortilla de maíz, el alimento más importante de los mexicanos que por cierto, está presente en todas sus comidas.

Señalan los proponentes que las medidas tuvieron como propósito, enfrentar los incrementos de precios que registraron diversos alimentos a nivel internacional y que impacta en la inflación de la economía mexicana que afectan principalmente a los más pobres.

Sin embargo, matizan los articulantes, las disposiciones del gobierno federal de congelar precios en aproximadamente 150 artículos, en los hechos y ante los ojos de la población, pasó a ser meramente una acción mediática y no estructural, pues no se incluyeron a la mayoría de los productos que integran la canasta básica, y en consecuencia, no se resolvió la problemática alimenticia y del consumo popular, ante el avance de una crisis mundial que meses después, enfrenta el país.

Y aseveran los proponentes que por ello, es que la referida disposición gubernamental no trajo mayores beneficios.

Continúan los proponentes en su exposición de consideraciones que en México como en todo el mundo, la tendencia alcista principalmente de los alimentos, se ha acelerado a lo largo del año 2008. Instituciones dedicadas al estudio y análisis de las realidades socio-económicas, como el Banco Mundial, han señalado que estos fenómenos ponen en riesgo los avances y beneficios de los programas y esfuerzos internacionales para reducir la pobreza durante la última década. Otros organismos con iguales propósitos, señalan que el alza intensa y persistente de los precios, principalmente de los alimentos, aumentará los niveles ya alarmantes de la pobreza, la indigencia y la desnutrición: La Cepal, por ejemplo, se aventura a dar cifras duras: estima que aproximadamente 15 millones de personas en América Latina y el Caribe, se sumarán a las ya alarmantes estadísticas que padecen los flagelos de la pobreza y la desnutrición en el mundo.

Señalan los proponentes que casi el total del espectro de las instituciones dedicadas al estudio de los fenómenos socioeconómicos, estiman que las alzas de los alimentos no serán temporales, por lo que las decisiones que asuman los países dependerán en mayor o menor medida de ``su capacidad fiscal para acomodar y ejecutar gastos adicionales, principalmente en alimentos frente a su balanza de pagos''. Para nuestro país, una de las perspectivas más escalofriantes, es que los altos precios de los alimentos, persistirán al menos durante todo el próximo año. Es decir, el 2009.

Aseguran los proponentes que en lo que va del presente año, el 2008, todos los granos alimentarios (maíz, trigo, arroz, fríjol y oleaginosas), han tenido aumentos. Algunos casos superaron 100 por ciento de incremento.

Sintetizan los articulantes que por ello, en materia alimenticia, en los últimos 12 meses la inflación se ha tornado preocupante, no obstante las afirmaciones de las voces de las esferas oficiales, en sentido contrario. La ``inflación'', sea ésta la que registran los índices ``oficiales y oficiosos'' que se publican, según los datos que aporta el Banco de México, o la que, registra la experiencia que resiente la población en su realidad y cotidianidad concreta, está presente.

Valoran los proponentes que ante las dimensiones de la crisis mundial y sus efectos, en el ámbito interno de la economía mexicana, los análisis, estudios y proyecciones de diversos especialistas, nos reportan que el alza de los alimentos, los productos y servicios de consumo popular no tendrán tregua debido a las ``presiones inflacionarias externas e internas'', originadas por el aumento de otros precios. Baste señalar los incrementos en los precios de las gasolinas y sus efectos al resto de la economía.

Argumentan los proponentes que además, nos dicen, son resultado de los desajustes en el déficit de la balanza comercial y de la cuenta corriente que se elevarán este año como consecuencia de un menor ritmo en las exportaciones mexicanas en general; de la caída en el envío y su recepción de las remesas en México; del descenso en los flujos de recursos internacionales, así como de la menor producción y exportación de barriles de petróleo mexicano, en consideración además de la notable baja de sus precios alcanzados, todo ello a pesar de las medidas gubernamentales anunciadas y algunas instrumentadas.

Señalan enfáticamente los proponentes que ese es el panorama en la macroeconomía. En la llamada microeconomía, la que es más cercana a la gente común, desde enero de 2008 se ha venido experimentando un aumento considerable de la mayoría de los precios de los productos y servicios de la canasta básica nacional, lo cual afecta significativamente a la economía de los mexicanos, sobre todo la de los más necesitados.

También aseguran los proponentes que la escalada de precios de la llamada Canasta Básica es resultado del incremento paulatino de los insumos alimenticios y del precio de la gasolina que aumenta el riesgo y las presiones para que se eleven los precios de todos sus componentes de manera exponencial.

Consideran los proponentes que, como es sabido, la Canasta Básica es el conjunto de bienes y servicios indispensables y necesarios para que los trabajadores y sus familias satisfagan sus necesidades básicas. Se constituye en una garantía de carácter social contemplada en el artículo 123, apartado A, fracción VI de nuestra Carta Magna, la cual esta implícita en el concepto que señala que el salario mínimo general deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural.

Puntualizan los proponentes que, de tal manera que la Canasta Básica es una figura indispensable para entender y satisfacer las necesidades de las y los trabajadores, de las familias mexicanas y de la sociedad en general.

Ciertamente, existen diferentes ``canastas básicas''. Podemos mencionar las que sirven para estudios y análisis referenciales de prestigiadas instituciones educativas, académicas y de investigación. Las de universidades como la UNAM, y las de otros organismos e instituciones. En todos los casos, las ``canastas'' registran un incremento en los precios de todos los productos que las integran. El resultado es que la baja del nivel de vida de los más pobres en México, continúa su descenso.

Amplían los proponentes que es importante destacar que en el caso especialmente de los alimentos, que integran a cualquiera de las canastas básica, han registrado incrementos muy superiores al aumento del salario mínimo legal. Un estudio de la UNAM, revela que el salario mínimo ha perdido casi 24 por ciento de su poder adquisitivo en los dos años que van de la presente administración gubernamental federal.

Señalan los proponentes que los precios de los 42 productos de la canasta básica aumentaron en los primeros 6 meses de 2008, 8.5 por ciento en promedio, pero al considerar sólo los alimentos de esta canasta de consumo el incremento promedio fue de 15.37 por ciento, de acuerdo con los datos de la Procuraduría Federal del Consumidor. En todos los casos de análisis y estudio, encontramos que el trabajador mexicano requiere laborar más horas de trabajo para adquirir los productos, bienes y servicios de las llamadas canastas básicas.

Acusan los proponentes que a diferencia de lo que plantean quienes han querido minimizar las alzas, podríamos seguir largamente con este recuento, sin embargo, resultaría ocioso, puesto que cualquiera puede comprobarlo por si mismo. Ya que estas alzas no son un asunto menor, consideremos, que además de golpear de forma lamentable la economía doméstica de los mexicanos, se esta generando una situación especulativa, donde algunos comerciantes están sacando provecho.

Ante la problemática económica y financiera, que perjudica a los más desprotegidos de México, existe un clamor generalizado, que señala la demanda de los sectores mayoritarios de la sociedad para que el Gobierno intervenga al respecto. El Ejecutivo federal, a través de --principalmente-- la Secretaría de Economía, en uso de sus facultades, debe aplicar un estricto control de precios a los artículos de la Canasta Básica, porque no hay otra manera de frenar la carestía y la especulación; y por el otro, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, debe buscar la restitución del poder adquisitivo de los salarios dentro de los preceptos constitucionales. En forma coordinada, la Procuraduría Federal del Consumidor, bajo la coordinación de la Secretaría de Economía, debe asumir la inspección, vigilancia y sanción, respecto de los precios que se determinen, de acuerdo con lo que dispone la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Acotan los proponentes, por ello, para efectos prácticos de esta propuesta que al mencionar canasta básica, nos estaremos refiriendo a la que define la Procuraduría Federal del Consumidor. Es decir, la canasta básica de la Profeco. Y brindan un capítulo denominado

Los salarios en México

Donde detallan los proponentes que en los últimos años, el poder adquisitivo del salario mínimo se ha deteriorado, según los estudios disponibles y actualizados --sean estudios prácticos, académicos, oficiales y de todo tipo-- en aproximadamente un 70 por ciento. Es más, existen algunos estudios recientes que revelan que los ingresos que perciben los asalariados no les permiten cubrir ni la quinta parte del costo de los insumos básicos que requieren para tener una vida digna.

También hacen alusión a las alzas en los precios de algunos alimentos que fueron totalmente desproporcionados con respecto al aumento promedio de todos los productos y los ajustes de los salarios de las y los trabajadores en todo el país. A pesar de lo descrito, se tiene en la medición de los fenómenos, mediciones que por cierto, nunca coinciden con los índices del Banco de México y aquellos que efectivamente resiente la economía familiar en su realidad concreta.

En cualquiera de las canastas básicas, el gasto necesario para adquirir los mismos productos se ubica en mil 175.15 pesos. Es decir, presentan aumentos del orden del 58 por ciento.

Abundan los proponentes que esta situación se ha recrudecido en el caso de los alimentos que forman parte de la canasta básica, al observarse que el costo de los que integran a esa canasta presentan aumentos hasta del 63 por ciento en los últimos dos años.

En cuanto a salarios se refiere, debemos recordar que el constituyente mexicano de 1917 al aprobar el artículo 123 otorgó una de las garantías sociales más trascendentes para los trabajadores mexicanos como lo es el derecho a percibir una remuneración justa a su esfuerzo. Esta remuneración le debe permitir, como ya vimos, cubrir las necesidades básicas para él y su familia.

Sin embargo, hasta ahora, grandes sectores de trabajadores aún no alcanzan a satisfacer con sus salarios --menos cuando se trata del salario mínimo, en los empleos quiénes lo tienen en el sector formal de la economía-- los requerimientos más elementales para aspirar a una vida digna.

Arguyen los proponentes que al ser obligación del Estado mexicano, velar porque todas las personas reciban por su trabajo, una remuneración equitativa y satisfactoria que les asegure una vida digna tanto a ellos como a sus familias, el Estado Mexicano está obligado a velar porque las remuneraciones cumplan con el propósito de crear condiciones dignas de existencia para todos los mexicanos.

También señalan los proponentes que por ello es que en cualquiera de los casos, todos sabemos y reconocemos que la situación salarial del país, genera un desequilibrio que mantiene a la clase trabajadora en situación de desventaja y en posiciones de evidente injusticia, como lo es el hecho de que todavía existan tres diferentes áreas geográficas que se mantiene artificiosamente con la argumentación tecnocrática que recetan los responsables de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Nos referimos a la existencia anacrónica, injustificada e injusta de las áreas geográficas A, B y C que propician severas distorsiones y desigualdad al establecer y decretar aumentos que resultan simbólicos en cada una de esas tres áreas geográficas en que se tiene dividido al país en pleno siglo veintiuno y en el contexto de un mundo globalizado.

Realidad oprobiosa, máxime, cuando en las áreas geográficas B y C, es en donde los bienes y servicios son tan caros o más como en la llamada área A. Y en donde, desde la alimentación hasta los demás productos y servicios resultan caros y por lo tanto, inaccesibles para los grandes colectivos de trabajadores mexicanos.

Aseguran los proponentes que las zonas de vida cara, están en todo el país y especialmente, se han desarrollado en los principales centros turísticos de nuestro país, en donde los bienes y servicios adquieren por razones obvias, un precio que, en términos generales, es mayor al de otras regiones; aspecto de la realidad que es mucho más complejo cuando el nivel salarial es bajo y se traduce en un problema de notorio desequilibrio social y económico.

Ante la economía globalizada en la que está inserta la economía mexicana y sus efectos como venimos presenciando por la crisis mundial, los elevados costos de los bienes y servicios que tienen que adquirir para satisfacer sus necesidades básicas resultan prohibitivos a los trabajadores de las zonas A, B y C. Luego entonces, la actuación de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, como órgano facultado constitucionalmente para establecer los salarios que rigen cada año en el mercado laboral, más que un estímulo se ha constituido en un freno para la revisión salarial de la contratación colectiva en México.

Por ello, es que afirmamos que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos deberá reclasificar a la brevedad las áreas geográficas B y C para convertirlas en una sola, junto con la A. ¿Pero que sucede? Haciendo una revisión sobre este tema, en el Congreso mexicano se han dado más de medio centenar de proposiciones y puntos de acuerdo que comparten plenamente la inquietud por otorgar protección al consumo popular y poder adquisitivo al salario mínimo.

Consideran los proponentes que absolutamente, nadie niega la trascendencia que implica el deber del Estado de mejorar las condiciones salariales de la clase trabajadora mexicana, consagrado en el párrafo segundo de la fracción VI del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política.

Y dado que no obstante lo logrado y avanzado en el terreno de los derechos laborales y sociales de los trabajadores y trabajadoras, existen enormes como evidentes descontentos, uno de ellos significado por la permanencia de 3 áreas geográficas que resultan injustas y excluyentes de la justicia salarial.

Considerando además que, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos integrada por los representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, es la encargada de fijar y revisar los salarios mínimos generales y profesionales, procurando asegurar la congruencia que le establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con las condiciones económicas y sociales del país, en un ambiente de respeto a la dignidad del trabajador y su familia.

Que con ese propósito, por Ley, próximamente se realizarán los trabajos encaminados a fijar los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia entre éstos y los atributos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al salario mínimo, porque precisamente en estas fechas la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos comenzará a sesionar durante todo el mes de noviembre, previo a la fijación del salario mínimo que regirá a partir del día 1 de enero del año 2009.

Y considerando, señalan los proponentes, que dentro de las facultades y atribuciones de esta Honorable Cámara de Diputados está el coadyuvar a la generación de diálogos francos, directos y transparentes que logren consensuar y concertar resultados convenientes para la sociedad mexicana en su conjunto; y que cada vez es más deseable que el Estado, a través de un órgano constitucional con ese nivel y genuinamente tripartito, intervenga para fijar salarios mínimos generales.

En tal virtud, consideran los proponentes, queremos exhortar a las autoridades correspondientes a que frente a la escalada de precios, la persistente inequidad distributiva y la marcada desigualdad social se reconozca la necesidad de asumir una política pública que contrarreste el incremento de precios en la canasta básica que en lo que va de este año, el 2008, ha observado el encarecimiento de los productos de primera necesidad; pero también se tiene que hacer frente a la crisis alimentaria de orden mundial que, inevitablemente, ha generado y seguirá ocasionando, una escalada de precios y fenómenos inflacionarios que harán estragos en la economía de la clase trabajadora en los años por venir.

Concluyen los proponentes, y por ser preocupación de los integrantes de esta Cámara de Diputados la problemática descrita; y ser, responsabilidad del Titular del Ejecutivo asumir e implementar las acciones específicas de concertación, coordinación, planeación y realización de los trabajos respectivos para garantizar las condiciones que en su aplicación permitan resolver las necesidades más sentidas, particularmente las de alimentación, consumo popular y poder adquisitivo de los salarios de nuestra sociedad.

Debido a lo expuesto demandan los proponentes lo siguiente

Exhortar al Ejecutivo federal para hacer frente a un estado de emergencia económica en el que se encuentran millones de familias mexicanas e implemente a la brevedad, mecanismos de control de precios para los artículos de la canasta básica de la Profeco y se instaure de una vez el salario mínimo para toda la República Mexicana, acabando con la anacrónica existencia de 3 áreas geográficas salariales.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo, para que implante las acciones necesarias a fin de que las secretarías, dependencias y organismos del Poder Ejecutivo, de conformidad con sus facultades, decreten un control de precios a los productos de la canasta básica, en tanto no existan condiciones de una verdadera y sana competencia entre los productores y comercializadores de bienes y servicios básicos que la componen. Proponemos que la canasta básica sea la definida por la Procuraduría Federal del Consumidor.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita que el Procurador Federal del Consumidor redoble sus esfuerzos para sancionar administrativamente a los vendedores o proveedores que especulen con relación a la venta de productos que integran la canasta básica.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo, conforme a sus facultades, para que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y con base en la valoración de las actuales circunstancias económicas imperantes en el país, y no obstante el tiempo transcurrido que va más allá de una década, solicite a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, el que pondere y resuelva la necesidad inminente de unificar en una sola área geográfica al país, en cuanto a las percepciones básicas del salario mínimo legal y de los salarios profesionales para que estos rijan en todo el territorio nacional, a través de las figuras de Salario Mínimo General y Salarios Mínimos Profesionales, y que, con el propósito de proteger y promover el poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos, la fijación de dichos salarios para el año 2009, sea por encima del pronóstico de inflación esperada que estableció el gobernador del Banco de México, licenciado Guillermo Ortiz Martínez, en su último informe.

Cuarto. Que ésta honorable Cámara de Diputados en la LX Legislatura del Congreso Mexicano, exprese públicamente su reconvención a la conducta asumida por el presidente de la Comisión de Salarios Mínimos durante los últimos años, avalada únicamente por la representación del sector empresarial, porque insisten en violar el artículo 123 constitucional, en su fracción VI, al insistir en fijar salarios mínimos insuficientes alejados de toda realidad y racionalidad económica en perjuicio de los trabajadores mexicanos, con las consecuencias y responsabilidades que ello implica.

Quinto. Que de conformidad con lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación, se deberá comunicar a esta Cámara de Diputados las instrucciones y acciones que realice el Poder Ejecutivo sobre los Puntos primero al Cuarto de este Acuerdo, principalmente la Secretaría de Economía, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, así como la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en respuesta a estos exhortos.

Consideraciones de la comisión dictaminadora

2. La comisión dictaminadora luego de revisar el análisis de los autores de la propuesta opina lo siguiente

En el apartado de Consideraciones del documento de referencia se afirma: ``Recordemos que el Ejecutivo federal, anunció el día 18 de junio del año en curso, conjuntamente con la Confederación de Cámaras Industriales, la Concamin, el haber acordado el congelamiento de los precios de 150 productos hasta fin de año. El titular del Ejecutivo, al dar a conocer dicho acuerdo, señaló que la medida, comprendía alimentos enlatados como sardinas, atún, sopas, verduras, así como algunas marcas de aceite y otros productos alimenticios procesados.

El 25 de mayo del 2008, el presidente Felipe Calderón Hinojosa anunció las acciones de apoyo a la economía nacional, acciones que puso en marcha a partir de ese día para hacer frente al alza internacional en los precios de los alimentos y de la energía, a fin de paliar los efectos de ese fenómeno internacional en nuestro país y evitar que afecte a las familias más pobres.

Las acciones anunciadas se sustentan en tres grandes ejes:

1. Medidas orientadas a facilitar el abasto y el acceso de los consumidores mexicanos a los mejores precios de los alimentos en el mercado internacional
2. Medidas orientadas a impulsar la producción de alimentos y aumentar la productividad del campo y
3. Medidas orientadas a proteger el ingreso y fortalecer la economía de las familias más pobres
• Se eliminarán los impuestos a la importación de trigo, de arroz, de maíz blanco y de maíz amarillo;
• Se establecen cuotas para la importación de frijol exentas del pago de arancel;
• Se reduce el impuesto a la importación de lecho en polvo a la mitad de su nivel actual;
• Se exenta el pago del arancel del sorgo y la pasta de soya con el propósito de bajar los costos de producción del sector pecuario;
• Se buscarán alternativas junto con la industria alimentaria y tiendas de autoservicio para evitar alzas abruptas de los precios de alimentos básicos y la integración de una canasta alimentaria a precios accesibles;
• Se elimina el arancel a la importación de fertilizantes nitrogenados y de todos los insumos químicos necesarios para su producción en el país;
• Se canalizan créditos preferenciales en forma directa a los pequeños productores agrícolas para que compren el fertilizante que necesitan. Esto beneficia a más de 500 mil pequeños agricultores;
• Se propone la comercialización de fertilizantes a precio accesible a través de la red social Diconsa en beneficio de los productores que viven en zonas marginadas;
• Se dará un impulso sin precedente a la tecnificación del riego. El Presidente señaló que tan solo en 2008 se van a modernizar los sistemas de irrigación de 214 mil hectáreas, lo que supera más de tres veces el promedio anual de tecnificación actual. La meta es alcanzar un ritmo de 500 mil hectáreas tecnificadas por año hacia el año 2012;
• Se brinda financiamiento a los productores para la compra de activos que eleven su competitividad. El presidente explicó que se ha integrado una bolsa de más de 20 mil millones de pesos para apoyar la compra de tractores, maquinaria y equipos, entre otros bienes;
• Se fortalecen los programas federales más importantes como el Procampo, Progan, los programas de Alianza para el Campo y los especiales de apoyo a productos sensibles como el maíz, frijol, caña de azúcar y leche;
• Se brinda un renovado impulso a los proyectos productivos del sector agroalimentarios;
• Diconsa seguirá comercializando productos alimenticios a precios accesibles en las zonas más pobres del país, en especial el kilo de harina de maíz, Mi Masa que seguirá costando 5 pesos en esas tiendas;
• El precio de la leche en las tiendas Liconsa se mantendrá en 4 pesos;
• Se integrará una reserva estratégica de maíz para garantizar que las familias de las zonas marginadas tengan abasto suficiente a través de la red de tiendas comunitarias Diconsa;
• Se incrementarán los programas de apoyo a la cadena maíz-tortilla y se fortalecerá el programa de modernización de tortillerías denominado Mi Tortilla;
• Se crea el apoyo alimentario Vivir Mejor, que es un complemento en dinero para fortalecer los ingresos de las familias más pobres del país. Este incremento permitirá que las familias beneficiarias del Programa Oportunidades reciban ahora 365 pesos mensuales para complementar su gasto en alimentos. Así el promedio del apoyo por familia inscrita el Oportunidades pasará de 535 a 655 pesos mensuales;
• Los beneficiarios del Programa Alimentario para Zonas Marginadas, de Sedesol y el programa alimentario de Diconsa recibirán un incremento similar para poyar su gasto en alimentos. El apoyo alimentario Vivir Mejor beneficiará este año a casi 5 millones 300 mil hogares, es decir, a casi 26 millones de mexicanos, y representará un esfuerzo presupuestal de 4 mil 500 millones de pesos;

Este compromiso con quienes menos tienen, redobla las medidas de austeridad: Los ahorros generados serán destinados a apoyar el gasto en alimentación de los mexicanos más pobres y hay un compromiso de brindar seguimiento a los compromisos establecidos y se vigilará la evolución de precios a fin de defender los intereses de los consumidores. Para ello, se instruyó a la Procuraduría Federal del Consumidor a intensificar su Programa de Verificación y Vigilancia de Productos Básicos con objeto de sancionar prácticas comerciales abusivas.

El titular del Ejecutivo federal fue enfático al aseverar cero tolerancia contra especuladores y acaparadores e hizo un llamado a toda la sociedad, recalcando que son tiempos de unidad, solidaridad y patriotismo. Apeló en especial a la solidaridad del aparato productivo para contribuir a que los alimentos lleguen al consumidor final a los mejores precios y convocó a los medios de comunicación a que sigan informando a la sociedad dónde se pueden encontrar los mejores precios y denuncien abusos como causa que está por encima de colores partidistas, ideologías o de coyunturas políticas.

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, Concamin, mediante un comunicado de prensa, el 18 de junio del 2008, manifestó su respaldo a las acciones llevadas a cabo por la Presidencia de la República, para evitar el desabasto de alimentos en territorio nacional y en apoyo a la economía de los consumidores.

La Cámara Nacional de Conservas Alimenticias, Canainca, afiliada a la Concamin, dio a conocer una lista de artículos que conforman la ``canasta Canainca de productos de consumo generalizado, en los cuales la industria nacional se compromete a no presentar incremento en lo que resta del año, siempre y cuando no existan contingencias extraordinarias en la economía nacional, con impacto en la productiva mexicana.

Esta Canainca aseguró que pese a que experimenta en la actualidad importantes aumentos en el precio de varios insumos y materias primas, en un esfuerzo de colaboración conjunta, los empresarios afiliados a Canainca, que representan el 95 por ciento del total de las empresas de conservas alimenticias en México, se comprometió a no presentar incremento en lo que resta del año.

En el caso de la Cámara Nacional de la Industria de Aceites y Grasas Comestibles, el ofrecimiento que se hizo fue de conservar el abasto, sin variación de precios, al 31 de agosto de 2008.

Por lo que se refiere a la Cámara Nacional de la Industria Molinera de Trigo, ha aprovechado la caída del precio del trigo, en el mes de mayo, para estabilizar, durante junio y julio, el precio de las harinas. Estas acciones, por parte del sector industrial mexicano, tienen como único objetivo colaborar en apoyar la economía de los mexicanos.

Como se puede apreciar no es exacta la afirmación que al respecto se hace en las consideraciones del escrito inicial de proposición de los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, de que fue el Ejecutivo federal, conjuntamente con la Concamin quienes acordar el congelamiento de los precios.

3. Por otro lado, en las Consideraciones del escrito inicial de propuesta de los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, se reconoce que a las medidas tomadas por el gobierno federal se sumaron otros acuerdos alcanzados con los sectores de producción de alimentos. Sólo se hace referencia a los acuerdos para estabilizar precios con productores y empacadores de arroz, frijol y maíz y con molinos y elaboradores de la llamada cadena del maíz, para mantener un poco más de medio dólar el kilogramo de tortilla de maíz.

La verdad es que la presente administración ha llevado a la práctica las 19 acciones a las que se comprometió el 25 de mayo del 2008, para apoyar la economía de las familias mexicanas a saber:

• El 27 de mayo de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, DOF, el decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación y el decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial. Las fracciones arancelarias consideradas son las correspondientes a: trigo común, maíz amarillo, maíz blanco harinero, arroz con cáscara, arroz descascarillado, entre otros;
• El 27 de mayo del 2008 de publicó en el DOF el decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de Impuestos Generales de importación y de exportación y el decreto por el que se establecen diversos programas de promoción pectoral, Entre las fracciones arancelarias consideradas se encuentra la de leche en polvo;
• El compromiso del sector detallista del país, representado por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ANTAD, para garantizar el abasto de alimentos y contribuir a la estabilización de los mercados de productos básicos --junio-;
• El compromiso de la Confederación de Cámaras Industriales CONCAMIN de mantener congelado el precio de más de 150 productos de consumo básico hasta el 31 de diciembre del 2008, respaldado por la ANTAD para hacerlo efectivo a sus clientes --junio--;
• La Industria Mexicana Fabricante de Aceites Embotellados se unió al esfuerzo en aceites embotellados sin variación de precios hasta el 31 de agosto del presente año --junio--;
• La Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, Conacca, anunció que a partir del 23 de julio inició la operación del Programa de Abasto Solidario: Vive, que ofrece productos básicos agropecuarios como jitomate, plátano, chiles, cebolla, limón, papa y naranja con descuentos entre 5 y 40 por ciento en comparación con las tiendas de autoservicios y los negocios en pequeño. Se acordó que en el programa participarían 6 millones de productores, 90 mil comerciantes mayoristas y más de millón y medio de comercios al menudeo --julio--;
• El presidente de la Unión Nacional de Avicultores informó la oferta a 22 pesos kilo de piernas con muslo de pollo --septiembre--;
• Wall Mart de México ofreció la garantía del precio más bajo en juguetes para Navidad y Reyes Magos, con sistema de facilidades de pago 10 por ciento del valor del juguete en compras mínimas de 200 pesos, 18 meses sin intereses en la compra mínima de 800 pesos, bonificación del 10 por ciento en la compra mínima de 500 pesos con compra fácil --un credito de Wall Mart- OCTUBRE;
• El 27 de mayo se publicó en el DOF la nueva tarifas arancelarias entre las que se encuentran las consideradas en la industria de fertilizantes;
• Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, FIRA, y la Corporación Financiera Institucional firmaron acuerdo para fortalecer canales de financiamiento para pequeñas y medianas empresas --agosto--;
• El Secretario de Agricultura anunció el 9 de Julio del 2008 que el gobierno federal destinará 2 mil 149 millones de pesos para apoyar los esquemas de compra de fertilizantes, con lo que se apoya a más de 779 mil productores que cultivan 3 millones 743 mil hectáreas;
• En San Luis Potosí se anunció la entrega de recursos por 98.2 millones de pesos para el pago de la energía eléctrica para riego en 3 mil 523 unidades de producción. Para diesel agropecuario recargado se darán recursos por 63.2 millones y la entrega de 15 mil 894 tarjetas que garantizan la entrega de 31 millones 586 mil 995 litros de diesel --agosto--;
• Se entregan simbólicamente 148 millones de pesos para tecnificar cultivos para impactar favorablemente a 25 mil productores de los 22 ingenios que tiene Veracruz --agosto--;
• En Quintana Roo, a través del Programa de Apoyos Municipalizados de Activos Productivos, se entregaron 33 millones 546 mil pesos, recursos que benefician a 4 mil productores. Con este dinero se podrá adquirir maquinaria y equipo, material vegetativo, especies zootécnicas y acuícolas e infraestructura --septiembre.

Este programa se ha venido complementando con más de 40 acciones y esfuerzos adicionales de diversas dependencias del gobierno federal, de organismos del sector privado y de otras organizaciones campesinas y de trabajadores por lo que la argumentación de los proponentes carece de elementos que permitan valorar como sustentable el alegato referido.

4. También se afirma en el documento de los diputados proponentes que: ``Sin embargo, las disposiciones del gobierno federal de congelar precios en aproximadamente 150 artículos, en los hechos y ante los ojos de la población, pasó a ser meramente una acción mediática y no estructural, pues no se incluyeron a la mayoría de los productos que integran la canasta básica, y en consecuencia, no se resolvió la problemática alimenticia y de consumo popular, ante el avance de una crisis mundial que meses después, enfrenta el país.

Por ello, es que la referida disposición no trajo mayores beneficios''.

De la información recabada por esta comisión, se advierte que el 29 de agosto del 2008, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, publicó el estudio económico de América Latina y el Caribe 2007-2008. Política Macroeconómica y Volatilidad. En dicha gráfica se observa que México es el país de América Latina que registra la tasa de inflación más baja de todos los países de la región (5.0 por ciento), en el período de junio de 2007 a junio 2008; asimismo, en el caso del incremento de precios de los alimentos, muestra que México registró un incremento del 9.0 por ciento, el segundo más bajo, después de Argentina 8.0 por ciento en la región. Estos resultados no se explicarían si las medidas adoptadas por el gobierno de México y demás organismos del sector privado y organizaciones campesinas y de trabajadores hubieran sido un fracaso.

En la página señalada del informe de Cepal se afirma ``en el actual contexto expansivo que caracteriza a la mayoría de las economías de la región, la mejor manera de enfrentar el aumento de la inflación es mediante la política fiscal, evitando o disminuyendo los efectos indeseados en el nivel del tipo de cambio real''.

En este sentido, las medidas instrumentadas por el gobierno federal y el Banco de México para preservar la estabilidad financiera cuyo propósito es propiciar que se restablezca a la brevedad el buen funcionamiento de los mercados financieros de nuestro país han sido diversas:

1 Intervenciones en el mercado cambiario
2. Creación de nuevas facilidades de liquidez
3. Modificaciones al programa de subasta de valores gubernamentales para el cuarto trimestre del 2008
4. Modificaciones al Programa de Subasta de Valores del IPAB para el cuarto trimestre del 2008
5. Subasta de recompra de bonos de protección al ahorro
6. Subasta de intercambio (swaps) de tasas de interés
7. Programa de Endeudamiento con Organismos Financieros Multilaterales
8. Facilidades regulatorias para las sociedades de inversión
9. Papel comercial del sector empresarial y del sector financiero
10. Instrumentos de deuda emitidos a intermediarios financieros del sector vivienda

5. Por lo que hace a la afirmación que se hace en el documento de propuesta de los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI respecto de que ``casi el total del espectro de las instituciones dedicadas al estudio de los fenómenos socioeconómicos, estiman que las alzas de precios de los alimentos no serán temporales, por lo que las decisiones que asuman los países dependerán en mayor o menor medida de'' --su capacidad fiscal para acomodar y ejecutar gastos adicionales, principalmente en alimentos frente a su balanza de pagos--. Para nuestro país, una de las perspectivas más escalofriantes, es que los altos precios de los alimentos, persistirán al menos durante todo el próximo año. Es decir, el 2009.

Sobre el particular esta dictaminadora recabó datos que acreditan que el 6 de noviembre del 2008 la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO informó en Roma, Italia, que está previsto que la producción mundial de cereales alcance un nuevo récord este año, ya que los elevados precios han impulsado la siembra y se ha contado con condiciones meterelógicas en conjunto favorables. Agrega que ``en respuesta a la mejora prevista en los suministros mundiales durante la presente campaña, los precios internacionales de la mayor parte de los cultivos alimentarios y forrajeros deberían bajar. De hecho, ya han bajado más de 50 por ciento respecto de los niveles sin precedentes alcanzados hace solo unos pocos meses, ..., sin embargo, se expresa también la preocupación de que, ``las repercusiones inmediatas de la crisis financiera se han manifestado en las desaceleraciones económicas, que ya ha tenido efectos notables en los precios del petróleo. La recuperación sostenida del dólar estadounidense y las preocupaciones acerca de la disminución de la demanda agravaron la crisis en los mercados agrícolas. La gravedad de la reciente caída de los precios es tal que las siembras para el próximo año se ven seriamente amenazadas, pues los agricultores necesitan tener la seguridad de que serán indemnizados por su trabajo y sus inversiones, en el caso de que las perspectivas para los precios agrícolas se presenten negativas en medio de unos costos elevados de los insumos. Si la producción cayera en picada el próximo año, no es difícil imaginar lo que podría suceder con los precios mundiales ni las repercusiones que podrían tener, dados los episodios de disturbios y de inestabilidad registrados recientemente''.

En el caso particular de México, de acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, del pasado 21 de octubre, de conformidad con el avance de cosechas, se estima que el presente año se obtendrán 25 milones de toneladas de maíz en comparación con las 21.3 millones de toneladas que se obtuvieron al inicio de lapresente administración.

Ya se logró la segunda zafra histórica en el país al obtener una producción de 5.5 millones de toneladas de azúcar, producto de la molienda de caña en los 57 ingenios del país.

En producción de leche se alcanzarán los 10.3 millones de toneladas, carne, 5.4; huevo, 2.3; pescado, 1.2 y se estiman cosechar 62 millones de toneladas de forrajes, las que posteriormente, se traducirán en millones de toneladas de carne y leche para el consumo humano.

En frijol, se cosecharán más de un millón de toneladas, casi suficiente para abastecer el consumo nacional, por lo que no deberíamos importar prácticamente, trigo, la cosecha se estima en 4.1 millones; naranja, 4.4; limón, 1.9; mango, 1.7; aguacate, 1.1; jitomate, 2.4; chile, 2.4 y papa 1.7 millones de toneladas.

6. Con relación al tema de la canasta básica y su composición en cuanto a los bienes y servicios que la integran, cabe aclarar que el actual concepto de canasta básica que utiliza el Banco de México fue resultado de un acuerdo entre los sectores productivos; campesinos, trabajadores, empresarios y gobierno federal, así:

La canasta básica es un subconjunto de la canasta de bienes y servicios del Índice Nacional de Precios al Consumidor INPC;

Los bienes y servicios que conforman la canasta básica fueron seleccionados por los representantes de los sectores firmantes del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico a finales de 1988 (campesinos, trabajadores, patrones y gobierno federal);

La canasta básica considera actualmente 80 conceptos genéricos (bienes y servicios) del INPC, los cuales representan el 33.7 por ciento del total del gasto de las familias mexicanas;

El cálculo de sus variaciones mensuales atiende a una metodología rigurosa y estadísticamente válida que parte de la estructura de la composición del gasto de las familias mexicanas; el cual se obtiene por medio de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares Enigh elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Inegi;

La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, no elabora ningún indicador válido para medir la inflación, en la presentación de su página institucional aclara que: Profeco mediante su programa Quien es Quien en los Precios recopila precios al menudeo de 2 mil a 3 mil productos, recolectándolos los cinco días hábiles de la semana en más de 1 mil 200 establecimientos de 26 ciudades del país.

Estos precios exclusivamente sirven como referencia de compra para el consumidor y por la metodología utilizada no permiten medir la inflación que se registra en el país, siendo el Banco de México la única autoridad facultada para determinarla''

Es evidente que cualquier cálculo que se realice con la pretensión de medir el comportamiento de los precios de una canasta básica que no aplique una mitología estadísticamente válida para determinar el comportamiento de sus precios, carece de objetividad y representatividad del fenómeno inflacionario que supuestamente se pretende medir, es por ello que la Profeco responsablemente reconoce que el objetivo de su Programa Quien es Quien en los Precios no tiene esta finalidad que se le ha pretendido atribuir, así como tampoco la tiene cualquier otra institución que no explique y permita comprobar la metodología que aplica para el cálculo de la supuesta canasta básica .

De conformidad con la información que elabora el Banco de México para el cálculo de la inflación mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor, los resultados en lo que va del año, enero-octubre, son los siguientes:

Variación acumulada del INPC

El Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, acumuló en los primeros diez meses del presente año una variación de 4.61 por ciento, nivel mayor en dos puntos porcentuales al observado en igual intervalo del 2007 (2.61 por ciento).

Índice de precios de la canasta básica

El Índice de Precios de la Canasta Básica registró una variación de 1.16 por ciento en octubre, con lo que acumuló en los primeros diez meses del año una variación de 5.76 por ciento, mayor en 3.60 puntos porcentuales a la que se alcanzó en el mismo intervalo de 2007 (2.16 por ciento).

Los genéricos, cuyos movimientos de precios determinaron, en mayor medida, de acuerdo al Banco de México, el incremento del Índice de la Canasta Básica en el lapso de enero a octubre de 2008, en comparación con igual período de 2007, se muestran a continuación:

Los aumentos acumulados de precios más relevantes, en el período indicado, con relación al mismo lapso de 2007, se presentaron en los siguientes grupos de bienes y servicios: aceites y grasas vegetales 25.31 por ciento, arroz y cereales preparados 23.05 por ciento, legumbres secas 21.40 por ciento y hortalizas frescas 16.83 por ciento. En contraposición los grupos que mostraron las mayores bajas en la variación acumulada de sus precios durante los primeros diez meses de 2008 fueron: frutas secas 17.89 por ciento, cigarrillos 10.28 y derivados de la leche 7.27 por ciento.

8. Con respecto a los salarios en México, se afirma en la propuesta de los legisladores del PRI que: ``En los últimos años, el poder adquisitivo del salario mínimo se ha deteriorado, según los estudios disponibles y actualizados --sean estudios prácticos, académicos, oficiales y de todo tipo- en aproximadamente un 70 por ciento. Es más, existen, continúan los proponentes, algunos estudios recientes que revelan que los ingresos que perciben los asalariados no les permiten cubrir ni la quinta parte del costo de los insumos básicos que requieren para tener una vida digna''.

Al respecto debemos comentar que:

El poder adquisitivo del salario mínimo en el 2008 equivale al 24.98 por ciento del correspondiente a 1976 (año en el que el salario mínimo alcanzó su máximo nivel histórico), es decir, en este lapso registró una pérdida de 75.02 por ciento.

Evolución del poder adquisitivo del Salario Mínimo (1976-2008)

Esta dictaminadora se propuso recabar datos respecto al tema de los salarios mínimos generales y profesionales, su fijación y sus impactos así como la pérdida del poder de compra de la clase trabajadora de conformidad con datos del propio Banco de México como a continuación se detalla:

1. En reunión de trabajo celebrada el miércoles 9 de julio del 2008 con el presidente de la Comisión Nacional de los Salario Mínimos según la versión estenográfica el titular de la citada comisión cito que: ``Adicionalmente a esto tenemos que, de las 251 leyes federales, 8 códigos están integrados en ella, y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en 168 casos se hace referencia a la figura del salario mínimo, es decir, en el 43.2 por ciento de todas estas 251 disposiciones''. En cuanto a número de artículo, las 251 leyes y ordenamientos legales de nuestro país que contienen 19 mil 202 artículo. En 391 de ellos se hace referencia al salario mínimo para algún efecto legal

2. Asimismo, recabamos los datos del Banco de México para cerciorarnos de los impactos y evolución del poder adquisitivo del salario mínimo. Pudimos encontrar que la evolución del salario mínimo pasó del 100 por ciento en 1976 (cuando su poder de compra fue el mayor) a 82.75 por ciento en 1982 y a 47.29 por ciento en 1988, es decir, para 1988 se había perdido más de la mitad del poder de compra de los trabajadores. En 1994 el poder de compra de los salarios comparado con 1976 era de apenas 33.9 por ciento y en el 2000 de apenas el 25.76 por ciento comparado con el poder de compra de 1976. Para el año 2006 el poder de compra era del 25.48 por ciento del existente en 1976 y en 2007 25.31 por ciento. En el 2008 se registra el 24.98 por ciento del poder de compra de 1976 por lo que esta dictaminadora puede concluir que, en efecto, el poder adquisitivo del salario mínimo ha perdido una enorme capacidad de compra que se puede acreditar con estos datos, certificando el desplome de 1982 al 2000 que alcanzó el 25.76 por ciento del poder de compra de 1976.

Pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo (1976-2008)

Presidente Periodo Sexenal Variación (%)
Luis Echeverría Álvarez 32.11
José López Portillo y Pacheco -22.22
Miguel de la Madrid Hurtado -39.14
Carlos Salinas de Gortari -22.84
Ernesto Zedillo Ponce de León -23.82
Vicente Fox Quezada 0.86
Felipe Calderón Hinojosa -2.48

En cuanto a la división del país en tres áreas geográficas a efecto de aplicación de los salario mínimos, señalan los proponentes: ``en cualquiera de los casos, todos sabemos y reconocemos que la situación salarial del país, genera un desequilibrio que mantiene a la clase trabajadora en situación de desventaja y en posiciones de evidente injusticia, como lo es el hecho de que todavía existan tres diferentes áreas geográficas que se mantiene artificiosamente con la argumentación tecnocrática que recetan los responsables de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Nos referimos a la existencia anacrónica, injustificada e injusta de las áreas geográficas A, B y C que propician severas distorsiones y desigualdad al establecer y decretar aumentos que resultan simbólicos en cada una de esas tres áreas geográficas en que se tiene dividido al país en pleno siglo veintiuno y en el contexto de un mundo globalizado.

Realidad oprobiosa, máxime, cuando en las áreas geográficas B y C, es en donde los bienes y servicios son tan caros o más como en la llamada área A. Y en donde, desde la alimentación hasta los demás productos y servicios resultan caros y por lo tanto, inaccesibles para los grandes colectivos de trabajadores mexicanos.

Sobre el particular la dictaminadora debe citar que de conformidad con el artículo 557 de la Ley Federal del Trabajo, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tiene los deberes y atribuciones siguientes:

``...
III. Conocer el dictamen formulado por la Dirección Técnica y dictar resolución en la que se determinen o modifiquen las áreas geográficas en las que regirán los salarios mínimos. La resolución se publicará en el Diario Oficial de la Federación;
...''

No es el previsto en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos quien tiene la facultad legal de aprobar la división del país en áreas geográficas a efecto de la aplicación de los salarios mínimos.

Cabe reiterar que el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos se integra por once representantes de los Trabajadores, once representantes de los patrones y un representante gubernamental, el Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Desde mediados de la década de los setenta, el sistema de salarios mínimos ha experimentado diversas estrategias para su simplificación. Una de ellas culminó con la creación de las áreas geográficas a partir de marzo de 1988. El proceso de convergencia salarial aplicado por el Consejo de Representantes permitió que la diferencia entre los salarios mínimos generales de las áreas geográficas A y C se redujera en 13.70 puntos porcentuales, al pasar de 19.94 en 1988 a 6.24 por ciento en 2008; en tanto que la reducción entre las áreas A y B fue de 4.84 puntos porcentuales, ya que en 1988 era de 8.04 y para 2008 disminuyó a 3.20 por ciento.

Sin embargo, durante los últimos cuatro años, de 2005 a 2008, dicho proceso de convergencia se detuvo al posicionarse con dicho planteamiento la representación de los Trabajadores en el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. A efecto de llegar a una fijación salarial por unanimidad en cada uno de esos años, tanto la representación patronal como la del gobierno accedieron a no continuar con el proceso de convergencia.

No obstante lo anterior, se reitera que la posición de esta dictaminadora continúa siendo la de avanzar en el proceso de convergencia para que llegue a haber un solo salario mínimo general en todo el país, lo cual podría alcanzarse al final de la presente administración siempre que la representación de los Trabajadores en el Consejo de Representantes así lo promueva y permitan.

Por otro lado respecto al decretar un control de precios a los productos de la canasta básica esta dictaminadora considera que, en todo el periodo en que la economía mexicana estuvo cerrada a la competencia del exterior, protegida por la leyes y la política pública, por más de cincuenta años, estuvo vigente en nuestra economía el sistema de control de precios en el siglo pasado.

Los consumidores padecieron periodos prolongados y reiterados de escasez de los bienes controlados, fundamentalmente de productos alimenticios básicos: tortilla, leche, pan, carne, huevo entre otros; para poder abastecerse de estos bienes se tenía que recurrir al mercado negro y pagar precios superiores a los oficiales, o bien sujetarse a otras prácticas comerciales que obligaban a comprar otros bienes a fin de poder conseguir los que se necesitaban.

La razón fundamental de los problemas de abasto de los productos sujetos a control de precios radica en el desaliento para intervenir y producir ese tipo de bienes, toda vez que resulta extremadamente complejo que la autoridad valide los incrementos de costos a los que los productores se enfrentan al operar en un mercado libre para el abastecimiento de sus insumos.

Los resultados fueron la escasez, el racionamiento por prácticas comerciales y la necesidad de que el gobierno subsidiaria los productos con precios controlados. Los controles de precios contribuyeron al déficit de las finanzas públicas, en demérito de otras funciones de responsabilidad exclusiva del gobierno del gobierno.

Los controles de precios a largo plazo se traducen en un mayor aumento de precios, en el momento que demuestran su inutilidad y se tienen que liberar.

Diversos factores contribuyeron a producir un acelerado crecimiento de los precios a partir de 1965, tendencia que persistió hasta 1987 en que la inflación anual fue superior al 160 por ciento y requirió del llamado proceso de concertación económica, época de los pactos, para poder volver a reencauzar la inflación y llevarla a nivel de un dígito. Toda la política de control de precios demostró claramente su inutilidad para contener la inflación y apoyar el consumo de las clases populares por lo que ésta dictaminadora considera procedente que, en lugar de decretar , se instruya a fin de que se fijen las bases para definir los precios a los productos.

Por último, pese a que el punto dos de la proponente también resulta improcedente ya que se trata de un órgano parajurisdiccional, esta comisión considera oportuno que sea el propio titular de Economía, de quien depende el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, quien no únicamente redoble esfuerzos para sancionar sino que acuda a este recinto para informar sobre las acciones que ha implantado la secretaría a su cargo por conducto de la Profeco.

Asimismo, la dictaminadora ha podido constatar que en múltiples ocasiones la percepción de la opinión pública respecto a un tema tan sensible como lo es el mermado por años poder adquisitivo, como lo es el control de precios de los productos de la canasta básica que adquieren millones de trabajadores en nuestro país y como lo es la necesidad de continuar con la convergencia de los salarios mínimos generales de las zonas salariales del país, es precisamente una percepción compatible con la inacción, dilación o falta de resultados, en una palabra, que poco se está haciendo respecto a este tema por lo que resulta procedente que el cuerpo del presente dictamen sea publicado íntegramente en la gaceta parlamentaria. Asimismo, son procedentes los puntos resolutivos de la proponente con algunos ajustes que hacen concurrentes tanto los criterios de los legisladores proponentes como de alegatos y consideraciones de hecho y de derecho aquí vertidos a fin de que los demás integrantes de la Comisión del Trabajo y Previsión Social tengan a bien valorar su dictamen en este sentido positivo.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo, para que continúe implementando las acciones necesarias a fin de que las secretarías, dependencias y organismos del Poder Ejecutivo, de conformidad con sus facultades, incentiven las bases para definir los precios a los productos de la canasta básica, en tanto no existan condiciones de una verdadera y sana competencia entre los productores y comercializadores de bienes y servicios básicos que la componen.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita que el secretario de Economía comparezca ante la Comisión del Trabajo y Previsión Social a fin de exponga la estrategia anti crisis y que informe los esfuerzos y acciones que la Profeco viene implantado para sancionar administrativamente a los vendedores o proveedores que especulen con relación a la venta de productos que integran la canasta básica.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo, conforme a sus facultades, para que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y con base en la valoración de las actuales circunstancias económicas imperantes en el país, solicite a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, el que pondere y resuelva la necesidad de unificar en una sola área geográfica al país, en cuanto a las percepciones básicas del salario mínimo legal y de los salarios mínimos profesionales para que estos rijan en todo el territorio nacional, a través de las figuras de salario mínimo general y salarios mínimos profesionales, y que, con el propósito de proteger y promover el poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos, la fijación de dichos salarios para el año 2009, sea por encima del pronóstico de inflación esperada que estableció el gobernador del Banco de México, licenciado Guillermo Ortiz Martínez, en su último informe.

Cuarto. Que ésta honorable Cámara de Diputados en la LX legislatura del Congreso Mexicano, exprese públicamente su exhorto tanto a la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado de la República y de la Cámara de Diputados a fin de que se promuevan las modificaciones que permitan la desaparición de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ya que en los últimos años, las acciones de ésta han sido avaladas únicamente por la representación del Sector Empresarial, y porque insisten en violar el artículo 123 constitucional, en su fracción VI, al insistir en fijar salarios mínimos insuficientes alejados de toda realidad y racionalidad económica en perjuicio de los trabajadores mexicanos, con las consecuencias y responsabilidades que ello implica, por lo tanto la responsabilidad de la Comisión de los Salarios Mínimos sea transferida a la Cámara de Diputados.

Quinto. Que de conformidad con lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Gobernación, se deberá comunicar a la Cámara de Diputados las instrucciones y acciones que realice el Poder Ejecutivo sobre los puntos primero al cuarto de este acuerdo, principalmente la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en respuesta a estos exhortos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2008.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados: Tomás del Toro del Villar (rúbrica), presidente; Juan Manuel Sandoval Murguía (rúbrica), Carlos René Sánchez Gil (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica), José Antonio Almazán González , Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), secretarios; Ramón Almonte Borja , Luis Ricardo Aldana Prieto , Francisco Antonio Fraile García (rúbrica), Miguel Gutiérrez Aguilar, Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Alfonso Othón Bello Pérez , Antonio Berber Martínez , Rolando Rivero Rivero (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), Gustavo Ramírez Villarreal (rúbrica), Demetrio Román Isidoro , Beatriz Collado Lara (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Ramón Félix Pacheco Llanes , Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna , Alfredo Barba Hernández (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo , Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica), José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica), Diego Aguilar (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no ha habido solicitud en el uso de la palabra de ningún legislador, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto. Continúe la Secretaría.



INTERVENCIONES ESTETICAS Y COSMETICAS

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas : «Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a emitir el reglamento a que se refiere el párrafo segundo del artículo 271 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a que emita el Reglamento a que se refiere el párrafo segundo del artículo 271 de la Ley General de Salud, para regular las intervenciones estéticas y cosméticas, y los establecimientos donde se practiquen, presentado por los diputados Ector Jaime Ramírez Barba , María Mercedes Corral Aguilar , Beatriz Eugenia García Reyes , Adriana Rebeca Vyera Olivares, Margarita Arenas Guzman, Yolanda Mercedes Garmendia Hernández y María Gloria Guadalupe Valenzuela García , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Comisión de Salud con fundamentos en las atribuciones que le otorgan los artículos 39, numerales 1o, y 3o, 43, 44, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

La comisión encargada del análisis y dictamen de la propuesta con punto de acuerdo mencionado desarrolla su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de Antecedentes, consta el trámite del proceso legislativo, del recibo en turno para el dictamen del punto de acuerdo y los trabajos previos de la comisión dictaminadora.
II. En el capítulo de Contenido, se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.
III. En el capítulo de Consideraciones, la comisión dictaminadora presenta los argumentos de valoración que sustentan la propuesta o rechazo de la propuesta en análisis.

I. Antecedentes

En sesión celebrada con fecha 30 de abril de 2008 por el Pleno de la Cámara de Diputados, los diputados por la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Ector Jaime Ramírez Barba , María Mercedes Corral Aguilar , Beatriz Eugenia García Reyes , Adriana Rebeca Vyera Olivares, Margarita Arenas Guzmán , Yolanda Mercedes Garmendia Hernández y María Gloria Guadalupe Valenzuela García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a que emita el Reglamento a que se refiere el párrafo segundo del artículo 271 de la Ley General de Salud, para regular las intervenciones estéticas y cosméticas, y los establecimientos donde se practiquen.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de este órgano legislativo turnó la mencionada proposición a la Comisión de Salud, para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

Los diputados promoventes establecen que el martes 19 de junio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 271 de la Ley General de Salud, que a la letra dice:

Artículo 271. ...
Cualquier cirugía estética y cosmética relacionada con cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la cara y del cuerpo, deberán efectuarse en establecimientos o unidades médicas con licencia sanitaria vigente, atendidos por profesionales de la salud de conformidad con lo que establece el artículo 81 y se encuentren autorizados por la Secretaría de Salud conforme al reglamento correspondiente.

Que en dicho decreto se establece que, en el artículo Primero Transitorio, la Secretaría de Salud deberá emitir el Reglamento a que se refiere en artículo antes enunciado, y que deberá hacerlo en un plazo no mayor de 180 días a partir de la entrada en vigor del decreto ya referido.

De igual manera, el artículo Segundo Transitorio establece que el decreto en comento entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Los diputados promoventes establecen que es necesario reglamentar el párrafo adicionado, con el fin de cumplir con la observancia emitida que obliga a respetar el precepto constitucional de proteger la salud, previniendo riesgos graves e incluso la muerte; y, habiéndose cumplido el término en diciembre de 2007, para que la Secretaría de Salud haya emitido el reglamento correspondiente.

III. Consideraciones

La comisión dictaminadora comparte la preocupación de los diputados promoventes y señalan que es importante que la Secretaría de Salud se aboque a identificar la problemática que se tiene en México, en materia de cirugía plástica y la utilización de diferentes sustancias que siendo inyectadas sirven para dar relleno, contorno o forma a diferentes zonas o regiones de la cara y del cuerpo, sin embargo, dichas sustancias, son aplicadas por charlatanes o gente sin la preparación debida, que defraudan a la gente y ponen en riesgo su salud.

De igual manera, la comisión dictaminadora considera que es urgente que la Secretaría de Salud reglamente tanto al personal que debe estar autorizado para llevar a cabo cualquier cirugía estética y cosmética, así como los establecimientos y los productos utilizados para tal fin.

La comisión dictaminadora coincide con los diputados promoventes en afirmar que las sustancias o productos denominados ``modelantes'' son aplicados por charlatanes en la mayoría de los casos, y que pueden dejar secuelas irreversibles tanto en la cara como en el cuerpo, y que en muchos casos incluso, se pone en riesgo la vida, si no son productos autorizados por la autoridad sanitaria.

De igual manera, existen otros riesgos inherentes a la cirugía estética y cosmética, como es el de los lugares en donde se realiza tanto la aplicación de ``modelantes'' como de cirugías plásticas.

Es por demás establecer, que debe ser personal calificado, estos es, cirujanos plásticos o dermatólogos certificados, los que deben de aplicar cualquier tratamiento estético o cosmético, en lugares autorizados por la Secretaría de Salud, tal y como lo refiere el segundo párrafo del artículo 271 de la Ley General de Salud.

Qué con base en el decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 271 de la Ley General de Salud, publicado el día 19 de junio de 2007, en el Diario Oficial de la Federación, la comisión dictaminadora establece que es urgente que la Secretaría de Salud emita el Reglamento correspondiente en materia de cirugía estética y cosmética, tal y como lo refiere el artículo Primero Transitorio del decreto antes enunciado.

La comisión dictaminadora, pondera además, la necesidad de informara a la población sobre los riesgos que representa a su salud, la utilización de productos que no son autorizados por la Secretaría de Salud con fines cosméticos y de asistir con personal no certificado a realizar algún tipo de cirugía plástica.

Por lo anterior, la comisión dictaminadora considera que la Secretaría de Salud debe emitir el reglamento correspondiente, no sólo por cumplir la disposición del decreto antes mencionado, sino por el riesgo sanitario que representa hoy en día, el uso de productos ``modelantes'', y son aplicados por personal que se dice y se anuncian como especialistas de medicina estética; y, por otro lado, el Estado tiene la obligación de establecer las base y modalidades de acceso a los servicios de salud tanto en la ley correspondiente, como en los reglamentos que de ella emanan.

Por lo anteriormente expuesto, esta comisión dictaminadora somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud a que emita el Reglamento a que se refiere el párrafo segundo del artículo 271 de la Ley General de Salud, para regular las intervenciones estéticas y cosméticas, y los establecimientos donde se practiquen.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 8 de julio de 2008.
La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Antonio Xavier López Adame , Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán , Efraín Arizmendi Uribe , Ricardo Cantú Garza , Maricela Contreras Julián , María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes , Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena , Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo , Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores , Elizabeth Morales García , Gilberto Ojeda Camacho , Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se considera suficientemente discutido, en virtud de que no ha habido legislador alguno que solicite la palabra. En tanto, se reserva para su votación económica en conjunto.



VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas : «Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud que permita a través del Consejo de Salubridad General el acceso equitativo y oportuno a los fármacos o medicamentos relacionados con la prevención de la infección del virus del papiloma humano

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la Cámara de diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada, para su estudio y posterior análisis, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal que implante acciones que garanticen el acceso equitativo y oportuno a los fármacos o medicamentos preventivos del virus del papiloma humano, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los integrantes de esta dictaminadora, con fundamento en los artículos 39, numerales 1o. y 3 o., 43, 44 y 45, y los demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de los miembros de esta honorable asamblea, el presente dictamen, que se realiza bajo la siguiente

Metodología

La comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo ``Antecedentes'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de esta comisión.

En el capítulo ``Contenido'' se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio; asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.

En el capítulo ``Consideraciones'', la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen a la proposición en el análisis.

Antecedentes

Con fecha 13 de diciembre del 2007, la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal que implante acciones que garanticen el acceso equitativo y oportuno a los fármacos o medicamentos preventivos del virus del papiloma humano.

En esa misma fecha, la mesa directiva turnó la citada proposición a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

Contenido

En su exposición de motivos, la diputada Lorena Martínez Rodríguez expone el éxito de los programas de vacunación universal en el país y la necesidad de continuar con él según la transición epidemiológica. Plantea que al existir condiciones institucionales y legales además de compromisos internacionales, esta soberanía debe instar al Ejecutivo federal para instrumentar acciones que garanticen el acceso en específico, a la vacuna del virus del papiloma humano (VPH), ejercitando, en su caso, sus atribuciones para declarar las licencias de utilidad pública que se consideren necesarias.

Consideraciones

Respecto a la vacuna del VPH, el recurso último que plantea la diputada Martínez Rodríguez, de declarar licencias de utilidad pública, requiere primero que el Consejo de Salubridad General hiciera la declaratoria establecida en el artículo 77 de la Ley de Propiedad Industrial.

Consideramos que se trata de un esfuerzo no sólo federal, sino de una medida que se instrumente de forma armonizada con las entidades federativas representadas en el citado consejo, toda vez que, como se reconoce en la última actualización del cuadro básico y catálogo de medicamentos, en su grupo 23, denominado ``Vacunas, toxoides, inmunoglobulinas, antitoxinas vacuna contra el virus del papiloma humano'', publicado en Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2008; se trata de una vacuna dirigida a niñas, adolescentes y adultas de entre 25 y 9 años, lo que requiere un amplio esfuerzo de comunicación preventiva a nivel nacional y reforzada de forma concomitante en las entidades.

Resulta entonces procedente instar a que sea dicho consejo el que determine la viabilidad de las licencias de utilidad pública o, como lo sugiere la promovente, otras acciones que garanticen la accesibilidad de tal vacuna.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LX Legislatura, con las atribuciones que les otorgan los artículos 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a su consideración el siguiente:

Acuerdo

Único. Se solicita a la Secretaría de Salud que a través del Consejo de Salubridad General se instauren de manera urgente acciones tendentes a coadyuvar en el acceso equitativo y oportuno de los fármacos o medicamentos relacionados con la prevención de la infección del virus del papiloma humano, determinando la viabilidad, en su caso, de la declaración de licencias de utilidad pública.

La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe , Maricela Contreras Julián (rúbrica), María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina , Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes , Beatriz Eugenia García Reyes , Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena , María Mercedes Maciel Ortiz , Lorena Martínez Rodríguez , Holly Matus Toledo , Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores , Elizabeth Morales García , Miguel Ángel Navarro Quintero , Gilberto Ojeda Camacho , Martha Rocío Partida Guzmán , Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. Nadie ha solicitado la palabra; por tanto, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto, con todos los demás dictámenes que hemos desahogado. Continúe la Secretaría.



DISTRIBUCION Y VENTA DE ESTUPEFACIENTES

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas : «Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Salud a reforzar los programas contra la farmacodependencia y a revisar los criterios empleados para la distribución y venta de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud fue turnada para estudio y posterior dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar los programas contra la farmacodependencia, y a revisar los criterios empleados para distribuir y vender estupefacientes y sustancias psicotrópicas, presentada por el diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).

La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que le otorgan los artículos 39, numerales 1 y 3, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

La comisión encargada del análisis y dictamen de la propuesta con punto de acuerdo mencionado desarrolla su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo ``Antecedentes'' consta el trámite del proceso legislativo, del recibo en turno para el dictamen del punto de acuerdo y los trabajos previos de la comisión dictaminadora.
II. En el capítulo ``Contenido'' se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.
III. En el capítulo ``Consideraciones'', la comisión dictaminadora presenta los argumentos de valoración que sustentan la aprobación o el rechazo de la propuesta en análisis.

I. Antecedentes

En sesión de la Cámara de Diputados celebrada el 30 de abril de 2008, el diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar los programas contra la farmacodependencia, y a revisar los criterios empleados para distribuir y vender estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada proposición a la Comisión de Salud, para estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

La proposición en estudio tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Salud del gobierno federal a reforzar, en el ámbito de su competencia, los programas contra la farmacodependencia, y a revisar los criterios de distribución y venta de las sustancias bajo prescripción, para evitar su indebida utilización.

La proposición establece que, pese a que las sustancias psicotrópicas y estupefacientes prescritas por médicos han representado gran utilidad para la sociedad moderna, el abuso también ha significado un grave problema de salud pública. En todo caso, la Ley General de Salud establece que dichas sustancias están sujetas al control de la Secretaría de Salud y que, por tanto, corresponde a dicha autoridad establecer las medidas necesarias para mantener la venta de esas sustancias en el ámbito que la ley permite.

Toda vez que se ha observado un creciente abuso en el consumo de esas sustancias, debido principalmente a la prescripción ilícita de medicamentos bajo control, se hace necesario exhortar a la Secretaría de Salud a revisar los controles de venta y distribución y, a la vez, reforzar los programas para combatir las adicciones a este tipo de sustancias.

III. Consideraciones

La proposición en estudio debe abordarse desde dos aspectos, ya que se establecen dos puntos de acuerdo y tratan de actividades diversas sobre el mismo tema.

En primer lugar, tomamos la exhortación a la Secretaría de Salud a reforzar los programas destinados a combatir la farmacodependencia. En ese punto, nos encontramos con que el abuso de medicamentos, como calmantes, estimulantes y tranquilizantes, constituye un grave problema para la salud de las personas y se ha convertido en un problema de salud pública.

En el ámbito legislativo, vemos que la prevención de la farmacodependencia está regulada en los artículos 191 a 193 de la Ley General de Salud, en los cuales se fija la competencia de la Secretaría de Salud en la materia. El artículo 191 establece las actividades para la prevención de la farmacodependencia, mientras que el 192 señala que la secretaría deberá formular un programa nacional de prevención del problema.

Sin embargo, las cifras relacionadas con la farmacodependencia son preocupantes. En una encuesta realizada por especialistas y publicada en Salud Mental, revista del Instituto Nacional de Psiquiatría, se establece que el uso de sustancias fuera del ámbito de prescripción médica abarca a 10 por ciento de la población, y la proporción llega hasta 13 por ciento para el caso de jóvenes de entre 18 y 29 años de edad. 1

La publicación mencionada revela otros datos sobre el problema: mientras que a partir de la década de los setenta el uso de drogas médicas fuera de prescripción fue disminuyendo en forma significativa debido a las restricciones fijadas por los marcos normativos nacionales e internacionales, en 2002 se estableció que el consumo había aumentado hasta en 22 por ciento, y el aumento para el caso de las mujeres era de hasta 50 por ciento. Menciona el estudio que ``esta tendencia coincide con las observaciones internacionales: en Estados Unidos hay un incremento importante de consumo de opiáceos y en México el crecimiento mayor se da en los tranquilizantes, especialmente el Flunitrazepam''. 2

En apoyo de lo establecido por el diputado proponente, el estudio de la revista especializada concluye con la siguiente recomendación: ``Los datos de este estudio prueban la hipótesis del mayor riesgo al consumo de sustancias a que está expuesta la población joven. También apuntan a la necesidad de incrementar las acciones para contrarrestar el efecto negativo de este fenómeno sobre la salud de los jóvenes y la sociedad en general. Los datos señalan el riesgo de un incremento en la necesidad de tratamiento para la conducta adictiva y también la aparición de problemas sociales y de salud derivados de esta práctica a edades más jóvenes y, por tanto, la necesidad de reforzar las medidas de intervención preventiva, curativa y de reinserción social''. 3

Respecto al segundo punto de acuerdo de la propuesta, sobre la revisión por la Secretaría de Salud de los criterios empleados para la distribución y venta de estupefacientes y sustancias psicotrópicas a fin de evitar el uso no prescrito, debe tomarse este factor como la principal herramienta para combatir la farmacodependencia.

Nos remitimos a lo citado por el proponente sobre la encuesta nacional de las adicciones de 2002, en la que se señala que la obtención ilícita de medicamentos bajo prescripción se debe principalmente a una prescripción indebida por médicos y a la venta ilícita efectuada por las farmacias.

El abuso de este tipo de sustancias no ha sido abordado con la debida atención en el país. Éste es un problema de carácter internacional, y autoridades de otros países ya han centrado sus energías en combatirlo. Así, por ejemplo, la organización The Partnership for a Drug-Free America antes que nada ataca ``el mito de que drogarse con medicinas con y sin receta médica es menos peligroso que drogarse con las drogas ilícitas que se venden en la calle''. 4

Desafortunadamente, tanto en México como en otros países, estos medicamentos han adquirido el estatus de ``drogas recreativas'', por la gran variedad de efectos que las asemejan a las drogas ilícitas. Así, en Estados Unidos 1 de cada 5 jóvenes ha consumido un medicamento opiáceo para fines recreativos; 1 de cada 10 jóvenes se ha drogado con Ritalín, un estimulante; y 1 de cada 11 jóvenes se ha drogado con algunos jarabes contra la tos, que en dosis altas poseen propiedades alucinógenas. Debemos considerar que en México estos usos también se han vuelto populares, por lo que no habrá que quitar el dedo del renglón.

Ahora bien, hay que puntualizar que la Ley General de Salud establece una regulación específica para estos asuntos, concretamente en los artículos 193, 226, 227, 234, 240 a 243, 245 a 252, 260, 261, 420 y 421. Esta regulación se desarrolla también en el Reglamento de Insumos para la Salud, concretamente en el Título Segundo. Así, esta problemática cuenta con una adecuada regulación para hacerle frente. Sin embargo, debido a la poca atención que en el país ha recibido el tráfico ilícito de medicamentos bajo prescripción, la aplicación de estas normas ha sido, como menciona el proponente, laxa y poco rigurosa.

Este exhorto a la Secretaría de Salud va encaminado a impedir las conductas descritas por el proponente: ``la falsificación de recetarios; el robo de éstos; la prescripción inducida de estos medicamentos; la falta de rigurosidad en los libros de registro de las farmacias...'' A esto habría que sumar la venta de dichos medicamentos por Internet, que ha afectado gravemente la salud pública de nuestro vecino del norte y que ya comienza a hacer estragos en el país.

No debemos omitir tampoco un problema señalado en las consideraciones del proponente: debido a la falta de aplicación en México de las normas en la materia, muchos estadounidenses cruzan la frontera con objeto de adquirir estos medicamentos para poder consumirlos o venderlos en su país. Las autoridades sanitarias deben poner especial atención a este problema, uno de los tantos que han contribuido al ambiente de ilegalidad que se respira en la zona fronteriza mexicana.

Finalmente, habrá que aclarar que este tema es de gran actualidad a escala mundial. Su prioridad se reflejó en la sexagésima Asamblea Mundial de la Salud, máximo órgano de decisión en la materia, en la cual se adoptó la Resolución sobre el Uso Racional de Medicamentos, que insta a los Estados miembros a adoptar las acciones que a continuación reproducimos, en añadidura de la proposición en análisis:

1. A que inviertan suficiente en recursos humanos y aporten los fondos necesarios para reforzar la capacidad de las instituciones, a fin de garantizar un uso más apropiado de los medicamentos en los sectores público y privado;
2. A que estudien la posibilidad de establecer o reforzar, según proceda, un organismo nacional de reglamentación farmacéutica y un programa nacional completo u órgano multidisciplinario, con participación de la sociedad civil y de órganos profesionales, a fin de supervisar y promover el uso racional de los medicamentos;
3. A que estudien la posibilidad de impulsar, reforzar o instaurar, según proceda, la aplicación de una lista de medicamentos esenciales al conjunto de prestaciones que ofrecen las cajas de seguro existentes o nuevas;
4. A que desarrollen y refuercen los programas de formación existentes sobre el uso racional de los medicamentos y se aseguren de que son tenidos en cuenta en los planes de estudios de todos los profesionales de la salud y estudiantes de medicina, incluida la enseñanza continua, cuando proceda, y a que promuevan programas de educación pública sobre el uso racional de los medicamentos;
5. A que promulguen nuevos textos legislativos, o los hagan cumplir cuando ya existan, que prohíban la promoción inexacta, equívoca o no ética de medicamentos, a que vigilen la promoción de medicamentos y a que elaboren y apliquen programas para ofrecer información independiente y no promocional sobre los medicamentos;
6. A que formulen y pongan en práctica políticas y programas nacionales para mejorar el uso de los medicamentos, en particular directrices clínicas y listas de medicamentos esenciales, según proceda, haciendo hincapié en intervenciones multifacéticas dirigidas a los sectores sanitarios públicos y privados, con participación de los dispensadores y de los consumidores;
7. A que consideren la posibilidad de crear, o reforzar cuando sea el caso, la función de los comités farmacéuticos y terapéuticos hospitalarios para promover el uso racional de los medicamentos; y
8. A que amplíen a todo el territorio nacional las intervenciones sostenibles que hayan tenido éxito a escala local,

Por lo expuesto, la Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente

Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar los programas nacionales contra la farmacodependencia.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud a revisar los criterios empleados para la distribución y venta de estupefacientes y sustancias psicotrópicas a fin de evitar el uso no prescrito.

Notas: 1 Clara Fleiz y otros, ``Uso de alcohol, tabaco y drogas en población mexicana, un estudio de cohortes'', en Salud Mental, volumen 30, número 5, septiembre-octubre de 2007, páginas 63-73.2 Op. cit., página 71.3 Ídem.4 www.drugfree.org.
La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe , Maricela Contreras Julián (rúbrica), María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes , Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena , María Mercedes Maciel Ortiz , Lorena Martínez Rodríguez , Holly Matus Toledo , Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores , Elizabeth Morales García , Miguel Ángel Navarro Quintero , Gilberto Ojeda Camacho , Martha Rocío Partida Guzmán , Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: En virtud de que no ha solicitado el uso de la palabra ningún legislador, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.



REGLAMENTO DE LA LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas : «Dictamen de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a emitir con la mayor brevedad el Reglamento de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas y establecer la comisión intersecretarial

Honorable asamblea:

A la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Para exhortar al Ejecutivo Federal para que expida el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y establecer una Comisión Intersecretarial en esa materia.

Antecedentes

En sesión celebrada por la Comisión Permanente en fecha 21 de octubre de 2008, fue presentada la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para que expida el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y establecer una Comisión Intersecretarial en esa materia, presentada por la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente turnó dicha proposición a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido del punto de acuerdo

Refiere la promovente que el Congreso de la Unión aprobó el decreto que expide la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que reforma y adiciona la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, que reforma y adiciona el Código Federal de Procedimientos Penales, y que reforma, adiciona y deroga el Código Penal Federal, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2007, y entró en vigor al día siguiente.

Señala que el objeto de la citada Ley es la prevención y sanción de la trata de personas, así como la protección, atención y asistencia a las víctimas de estas conductas, con la finalidad de garantizar el respeto al libre desarrollo de la personalidad de las víctimas y posibles víctimas, residentes o trasladadas al territorio nacional, así como a las personas mexicanas en el exterior.

Expresa la Diputada que aunque la emisión de la Ley de Trata es un paso significativo en el combate a este delito, no se traduce en acciones concretas, debido a que la Ley aún no cuenta con mecanismos operativos para su ejecución. La Ley en comento señala que las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de la Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, llevarán a cabo o colaborarán en la realización de programas permanentes para prevenir este delito, sin embargo estos aún no se producen, debido a que no se ha emitido el Reglamento respectivo.

De conformidad con el artículo 10 de la Ley, indica la Diputada que aún no se ha designado a los integrantes de la Comisión Intersecretarial, que coordinará las acciones de sus miembros, para elaborar y poner en práctica el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, el cual deberá incluir, cuando menos, las políticas públicas en materia de prevención y sanción de la trata de personas, así como la protección y atención a las víctimas del delito. El Ejecutivo Federal también debe designar a quien presidirá dicha Comisión, la cual debe, asimismo, elaborar su reglamento interno y designar a su secretario técnico.

La importancia de esta Comisión Intersecretarial se encuentra en el artículo 12 de la Ley, el cual prevé sus obligaciones en materia de prevención y sanción del delito de trata de personas. Debido a estas omisiones, tampoco se ha puesto en marcha el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; esto es, a casi un año de la emisión de la Ley, no ha habido avances en este rubro.

Consideraciones

La Comisión realizó el estudio y análisis del planteamiento contenido en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

La trata de personas es una de las violaciones más graves a los derechos humanos, es considerada un delito que atenta contra la dignidad del ser humano y su derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Esta modalidad de esclavitud moderna sacude la conciencia de todos los países, incluido México, que además se ha comprometido a nivel internacional en el combate frontal a la trata de personas, a través de la firma de diversos instrumentos internacionales en la materia, tales como la Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores, la Convención Internacional relativa a la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad, la Convención sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud, la Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Por ello, el Congreso de la Unión realizó un esfuerzo conjunto en el que participaron todos los grupos parlamentarios, y aprobó una Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2007.

Esta Comisión participó en el proceso de dictaminación de dicha Ley, y entre otros aspectos, pueden destacarse la inclusión de un tipo penal claro y protector, que cumple además con los estándares de los instrumentos internacionales en la materia, así como la creación de una Comisión Intersecretarial, encargada de coordinar las acciones tendientes al combate de la trata de personas y que entre su atribuciones, está la de elaborar el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que incluya las políticas públicas en materia de prevención y sanción, así como la protección y atención a las víctimas del delito.

El Artículo Segundo Transitorio del decreto señaló 120 días para que el Ejecutivo expidiera el Reglamento de la Ley. El 27 de marzo de 2008 se venció. Asimismo, no ha sido creada la Comisión Intersecretarial y, en consecuencia, no existe el Programa Nacional Para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Asimismo, debe destacarse que los integrantes de esta Comisión continuamos trabajando en el perfeccionamiento del marco jurídico, prueba de ello son las reformas aprobadas en nuestra 15ª reunión ordinaria al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley de Extradición Internacional, en las que entre otros supuestos, se incorporó como delito el consumo de la trata.

Sin embargo, hace falta la acción decidida y coordinada del Poder Ejecutivo, que hasta el momento, no ha hecho su parte, pese a las disposiciones transitorias contenidas en la multicitada Ley; es urgente que el trabajo legislativo realizado hasta este momento se vea materializado, y que los Poderes de la Unión luchemos conjuntamente para combatir este mal que daña a nuestra sociedad.

Por todo lo anterior, esta Comisión de Justicia

Acuerda

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a emitir a la mayor brevedad el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y a establecer la Comisión Intersecretarial.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1º de diciembre de 2008.
La Comisión de Justicia, diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez , secretarios; Mónica Arriola, Alliet Mariana Bautista Bravo , Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), José Manuel del Río Virgen , Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Arturo Flores Grande (rúbrica), Silvano Garay Ulloa , Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Omeheira López Reyna (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas , Jesús Ricardo Morales Manzo , Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se concede el uso de la palabra a la diputada Holly Matus Toledo, del PRD, en pro del dictamen.

La diputada Holly Matus Toledo : Con su venia, diputado presidente.

En 2007 el honorable Congreso de la Unión realizó un esfuerzo conjunto de todos los partidos políticos para, de una u otra manera, aprobar el decreto que expide la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre y entró en vigor al día siguiente.

Esta ley tiene por objeto la prevención y la sanción de la trata de personas, así como la protección, atención y asistencia a las víctimas de estas conductas, con la finalidad de garantizar el respeto al libre desarrollo de la personalidad de las víctimas, y posibles víctimas, residentes o trasladadas del territorio nacional, así como a los mexicanos en el exterior.

Aunque la misión de la Ley de Trata es un paso significativo, ésta no se ha traducido en acciones concretas por parte del Ejecutivo federal. La Ley de Trata señala que las dependencias y las entidades de la administración pública federal, así como la Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo y deberán colaborar en la realización de programas permanentes para prevenir este delito.

El segundo artículo transitorio de la ley señala que el Ejecutivo expedirá el reglamento de la ley en un término de 120 días hábiles. El plazo para la emisión de este reglamento venció en la semana del 26 de mayo de 2008. Hasta ahora existen 183 días hábiles de retraso y 260 días naturales en donde no se ha concretado acción alguna.

Respecto al contenido del artículo 10 de la ley, aún no se ha establecido formalmente la Comisión Intersecretarial; solamente hubo una reunión de 15 minutos en la que no se llegó a ningún acuerdo.

Es necesario que las acciones se pongan en orden, por parte del Ejecutivo, para que se puedan cumplir los transitorios establecidos en la ley. Las acciones gubernamentales respecto a este grave fenómeno, después de la emisión de la ley, han sido casi nulas.

El Segundo Informe de Gobierno de la actual administración sólo reporta reuniones entre autoridades de México y Estados Unidos, participación en foros, en conferencias, en congresos, pero aun cuando esto no se demerita es claro que no se han establecido acciones concretas de una ley, que fue creada de manera conjunta por todos los partidos políticos en la Cámara de Diputados.

Es urgente que se proceda a la operación de la ley, pues según las cifras establecidas por la Organización de Naciones Unidas, la trata de personas es el tercer negocio más lucrativo para la delincuencia organizada a escala mundial, solamente superado por el tráfico de drogas y de armas. Produce ganancias anuales de 9 mil 500 millones de dólares, y al menos 27 millones de personas en todo el mundo han sido víctimas de explotación laboral, sexual o comercial en los últimos 25 años.

En México también sigue siendo un problema grave, puesto que 16 mil menores son sujetos de explotación sexual cada año y 85 mil son usados en actos de pornografía, mientras que en 21 de las 32 entidades del país existe turismo sexual, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y del Fondo Internacional para la Infancia.

Es importante que el trabajo legislativo sea materializado por el Ejecutivo y que exista una acción concreta y congruente con los tiempos en los cuales estamos viviendo.

El PRD propuso este punto de acuerdo el 21 de octubre de 2008, y el PRI también, a partir de que el senador Mejía González renovó este punto de acuerdo, el 14 de enero en la Comisión Permanente. Sin embargo, hasta ahora las cosas siguen en el limbo y esta Cámara sigue siendo un muro de lamentos. Gracias, por su atención.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputada Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del PRD.

En virtud de que ningún otro legislador ha solicitado el uso de la palabra, lo consideramos suficientemente discutido y lo reservamos para su votación en conjunto de manera económica. Continúe la Secretaría.



ESTADO DE VERACRUZ

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas : «Dictamen de la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo para exhortar a las Secretarías de la Función Pública, y de Comunicaciones y Transportes a concluir las investigaciones iniciadas sobre presuntas irregularidades en el Centro SCT Veracruz

Honorable Asamblea:

La Comisión de la Función Pública de esta honorable Cámara de Diputados, con base en las facultades que le confieren los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el siguiente dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a remover al director general y al subdirector de Obras del Centro SCT Veracruz.

Antecedentes

La proposición que se dictamina fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2480-II, el jueves 9 de abril de 2008, y presentada el mismo día por el diputado Santiago López Becerra , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la turnó para su estudio y dictamen a la Comisión de la Función Pública.

Recibida en la comisión, y una vez sometida la proposición a estudio y análisis, se preparó un proyecto de dictamen en sentido favorable, que fue sometido a la consideración y discusión del pleno de la comisión, que lo aprobó en la sesión de fecha 16 de abril de 2008.

Contenido de la proposición

I. Señala el promovente de la proposición a estudio, que se documentó una denuncia de hechos ante la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la Auditoría Superior de la Federación, en la que se presentaron irregularidades en las licitaciones así como en la construcción de las obras carreteras. Asimismo, que se informó a la Contraloría Interna de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la duplicidad de pago que se venía haciendo por parte de la secretaría en los trabajos de reconstrucción y conservación rutinaria anual correspondientes al Centro SCT Veracruz.
II. Además, acorde con el diputado proponente, se presentó ante la Contraloría Interna de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a la Secretaría de la Función Pública, la documentación comprobatoria de dicha duplicidad de pagos, y a pesar de haberse informado de estos ilícitos en tiempo y forma a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, y haber comprobado la existencia de duplicidad de pagos, así como la reducción en los volúmenes de los conceptos de obra establecidos originalmente en los contratos y que por otra parte fueron estimados en su totalidad a las empresas contratistas, desde el pasado mes de noviembre, fecha en que se comprobaron físicamente los ilícitos señalados, hasta el día de hoy, no hay una respuesta a la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por parte de la autoridades correspondientes.
III. Estima el proponente que, en virtud de las diversas violaciones a disposiciones de la administración pública y por haber incurrido en presuntas irregularidades, es de exigirse la destitución del director general y del subdirector de Obras del Centro SCT Veracruz y proceder a fincar las responsabilidades que corresponda.

Consideraciones

Primera. Que, partiendo de estos antecedentes, los legisladores integrantes de esta comisión señalamos que la administración pública debe regirse siempre por la exigencia de la más alta eficiencia y transparencia y por la rigurosa observancia de las disposiciones normativas aplicables.

Segunda. Que los suscritos, integrantes de la Comisión de la Función Pública, estimamos procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito, que solicita al Ejecutivo federal la destitución del director general y del subdirector de Obras del Centro SCT Veracruz, por haber incurrido en presuntas irregularidades graves que demeritan el patrimonio de esa institución y que como consecuencia de éstas, se aplique la ley.

Tercera. Sin prejuzgar, consideramos que es necesario que la autoridad investigue todo acto presuntamente irregular, y se proceda al deslinde de responsabilidades y a la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar.

Cuarta. Que, en el caso de mérito, los legisladores integrantes de esta comisión consideramos necesario que antes de aplicar una sanción, la autoridad correspondiente finalice una investigación completa, cuyas conclusiones eventualmente permitirían señalar responsabilidad de los funcionarios aludidos o, incluso, de otras personas.

Quinta. Esta soberanía estará atenta al cumplimiento cabal de dicho resolutivo.

En virtud de lo anterior, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de la Función Pública de la LX Legislatura sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

Dictamen

Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a concluir las investigaciones que se han iniciado sobre presuntas irregularidades en el Centro SCT Veracruz.

Segundo. Asimismo, esta soberanía manifiesta su determinación de dar puntual seguimiento a las conclusiones que permitan el deslinde de responsabilidades y la aplicación de las sanciones que correspondan a los funcionarios del Centro SCT Veracruz que, en su caso, hubiesen incurrido en faltas a la ley y a la normatividad aplicables.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 16 de abril de 2008.
La Comisión de la Función Pública, diputados: Benjamín González Roaro (rúbrica), presidente; José Guillermo Velázquez Gutiérrez , Jesús Evodio Velázquez Aguirre (rúbrica), René Lezama Aradillas , Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), secretarios; Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez , Alma Edwviges Alcaraz Hernández (rúbrica), Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica), Carlos Armando Biebrich Torres , María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Andrés Carballo Bustamante , María de Jesús Martínez Díaz , Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), Adriana Díaz Contreras , Arturo Flores Grande (rúbrica), Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Carlos Orsoe Morales Vázquez (rúbrica), Alan Notholt Guerrero , Héctor Padilla Gutiérrez , Rafael Plácido Ramos Becerril (rúbrica), Marcos Salas Contreras (rúbrica), Ramón Valdés Chávez , María del Carmen Fernández Ugarte , Carlos Altamirano Toledo (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no hay solicitud de uso de la palabra, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto de manera económica.



CAZA DEPORTIVA

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas : «Dictamen de la Comisión de la Función Pública, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Semarnat que informe a esta soberanía sobre el número de licencias de caza deportiva expedidas en 2007 y 2008

Honorable Asamblea:

La Comisión de la Función Pública de la honorable Cámara de Diputados, con base en las facultades que le confieren los artículos 39 numerales 1 y 2, fracción XVIII, y 45 numeral 6, incisos e) y f); y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 87 y 88 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el siguiente: Dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de la Función Pública, información relativa a la legitimidad del trámite de licencias de caza deportiva que otorga la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Antecedentes

I. La proposición que se dictamina fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2607-IV, el martes 7 de octubre del 2008, y presentada ese día por la diputada Beatriz Manrique Guevara , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
II. En esa fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la turnó para su estudio y dictamen a la Comisión de la Función Pública.
III. Recibida en la Comisión de la Función Pública, y una vez sometida la proposición a estudio y análisis, se preparó un proyecto de dictamen en sentido positivo , que fue sometido a la consideración y discusión del pleno de dicha comisión, que lo aprobó en la sesión celebrada el día 9 de diciembre del 2008, por 16 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.

Análisis de la proposición

La diputada proponente señala que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), es la dependencia encargada de autorizar los trámites de gestión para el aprovechamiento, la conservación y el control de los recursos naturales del país.

Que cuenta con 146 trámites, según el Registro Federal de Trámites y Servicios del Gobierno Federal de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer).

Que uno de los trámites registrados ante la Cofemer por la citada dependencia es el de ``licencias de caza deportiva'' identificado con el número Semarnat 08-044.

Que este registro cuenta con cuatro modalidades reconocidas: anual, indefinida, reposición o renovación anual y reposición indefinida.

Que en las cuatro modalidades, se indica en el apartado de ``efectos que tendría la eliminación del trámite'', que no se tendría control sobre los usuarios que realizan el aprovechamiento sustentable de las especies silvestres de interés cinegético, con lo que se correría el riesgo de que fueran aprovechados de manera irracional y no se contribuiría a su conservación y la de su hábitat, así como tampoco habría derrama económica ni generación de empleos.

Que en la página de la Cofemer se indica que el fundamento jurídico que da origen al trámite es el artículo 96, segundo párrafo, de la Ley General de Vida Silvestre, así como los artículos 116 y 117 de su Reglamento.

Que en el registro se indica que el monto que debe pagar el usuario es de $375.00 pesos, de acuerdo con el artículo 194 F-1, fracción IV, de la Ley Federal de Derechos por concepto de licencia de caza deportiva, pero que sin embargo, la Ley de Derechos no considera en ningún momento el pago por licencia indefinida.

Que al incluir la Semarnat el trámite de licencia de caza ``modalidad indefinida'', se desvirtúa la licencia de caza de expedición anual que durante más de cuatro años estuvo vigente, ya que con ésta se tenía un control de los usuarios que realizaban el aprovechamiento de vida silvestre, renovando dicha licencia anualmente.

Que según la información que se encuentra en la página de transparencia, la Semarnat tiene un registro de 4 mil 929 licencias de caza deportiva, de las cuales 47 fueron otorgadas con la modalidad ``indefinida'', sin embargo, se desconoce si estas licencias fueron expedidas en el año del 2007 o del 2008, por lo cual no se tiene una cifra real de licencias de caza emitidas durante el presente año en sus respectivas modalidades.

Consideraciones

Primera. Que, partiendo de estos antecedentes, los legisladores integrantes de esta Comisión señalan que el desarrollo sustentable es un aspecto fundamental para lograr un equilibrio entre el crecimiento económico, la equidad social y la protección ambiental.

Segunda. Que el fin de la propuesta que se dictamina es solicitarle a la Secretaría de la Función Pública realice un análisis de la legitimidad del trámite de licencias de caza deportiva en sus modalidades de indefinida y de reposición indefinida, además de que se realice una auditoría a la Dirección General de Vida Silvestre para determinar si la expedición de este tipo de licencias fue conforme a derecho.

Tercera. La comisión que suscribe estima oportuno replantear la propuesta de mérito para solicitarle solicitar a la autoridad competente un informe sobre el número de Licencias de Caza Deportiva que han sido expedidas, las que se encuentran vigentes y sus modalidades.

Cuarta. Es conveniente destacar que el artículo 96 párrafo segundo de la Ley General de Vida Silvestre establece la figura de la licencia de caza deportiva, el cual se transcribe para su mejor comprensión:

``Artículo 96. Los residentes en el extranjero que deseen realizar este tipo de aprovechamiento de vida silvestre, deberán contratar a un prestador de servicios de aprovechamiento registrado, quien fungirá para estos efectos como responsable para la conservación de la vida silvestre y su hábitat. Para estos efectos, los titulares de las unidades de manejo para la conservación de vida silvestre se considerarán prestadores de servicios registrados.
Las personas que realicen caza deportiva sin contratar a un prestador de servicios de aprovechamiento, deberán portar una licencia otorgada previo cumplimiento de las disposiciones vigentes.
Los prestadores de servicios de aprovechamiento deberán contar con una licencia para la prestación de servicios relacionados con la caza deportiva, otorgada previo cumplimiento de las disposiciones vigentes''.

Quinta . Asimismo, los artículos 117, 118, 119 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, establecen en esta materia lo siguiente:

``Artículo 117. Para llevar a cabo actividades de aprovechamiento mediante la caza deportiva sin ir acompañado de un prestador de servicios autorizado, se deberá contar con una licencia de caza deportiva, la cual se podrá utilizar, previo consentimiento de los propietarios o legítimos poseedores de los predios, para cazar ejemplares autorizados mediante tasas de aprovechamiento correspondientes a dichos predios para cada especie, de acuerdo al plan de manejo y en la temporalidad señalada en la autorización.
Artículo 118. Las licencias de caza deportiva que expida la Secretaria podrán ser anuales o indefinidas. Los interesados en obtener una licencia de caza deportiva anual deberán presentar a la Secretaría, a más tardar 15 días hábiles antes de que inicie la temporada de aprovechamiento, una solicitud en la que señale la siguiente información:
I. Nacionalidad del solicitante;
II. Calidad migratoria; y
III. Temporalidad por la que se solicita la licencia.
A la solicitud se anexarán los siguientes documentos:
a. Comprobante de domicilio; y
b. En caso de extranjeros, documentación que acredite la residencia en el territorio nacional.
Para obtener una licencia de caza deportiva indefinida, se deberá presentar, además de los documentos señalados en el presente artículo, la constancia de aprobación de la evaluación en materia de la Ley y la caza responsable que aplique la Secretaría o las personas con las que ésta celebre convenios de concertación para ello o, en su caso, la constancia donde acredite haber tomado el curso de caza por una institución reconocida.
La secretaría expedirá las licencias de caza deportiva dentro de los 20 días hábiles siguientes contados a partir del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud correspondiente.
Artículo 119. Los titulares de licencias de caza deportiva podrán solicitar su reposición cumpliendo con lo establecido en el artículo que antecede cuando éstas pierdan su vigencia o cuando hayan sido robadas o extraviadas.
La secretaría expedirá la reposición de licencia dentro de los 20 días hábiles siguientes a la presentación de las solicitudes.''

Sexta. Como se puede apreciar, el otorgamiento de las licencias de caza deportiva por parte de la Semarnat se encuentra ajustada a derecho, pues los artículos ya citados de la Ley General de Vida Silvestre y de su Reglamento prevén estas autorizaciones en diversas modalidades, respecto de las cuales la Ley Federal de Derechos no hace ninguna distinción en su cobro, es decir, efectivamente, como lo sostiene la proponente, se paga el mismo derecho por una licencia anual que por una indefinida, de ahí que no exista en este caso irregularidad alguna al respecto, pues de acuerdo con el principio general de derecho que establece que en donde la ley no distingue no se tiene porque distinguir, es el motivo por el que los interesados (solicitantes), hacen el pago por un mismo importe, por las modalidades en que se expide la licencia de caza deportiva.

Séptima. Sin embargo, de acuerdo con el bien jurídico que se tutela al expedirse la licencia de caza deportiva y que la propia Cofemer reconoce que la eliminación del trámite de ésta traería como consecuencia que no existiera un control de los usuarios además de un uso irracional de esta actividad, se considera oportuno solicitarle a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales que informe a esa soberanía sobre el número de licencias de caza deportiva que tiene registradas, sus modalidades, así como los criterios en los que se basa para expedirlas.

De esta manera, una vez que esta representación popular cuente con esta información, estará en posibilidades de pronunciarse sobre si la actuación de la autoridad competente se encuentra o no ajustada a derecho y tomar como consecuencia de esa determinación las medidas o acciones que resulten sean necesarias.

Octava. Por lo tanto, la propuesta de mérito es de aprobarse con los cambios propuestos por esta dictaminadora, pues no se encontraron elementos que permitan presumir una actuación irregular de la autoridad ambiental por las consideraciones antes señaladas.

Novena. Esta soberanía estará atenta al cabal cumplimiento que la autoridad exhortada le de al resolutivo de este instrumento legislativo.

En virtud de los motivos expuestos en las consideraciones anteriores, la Comisión de la Función Pública, con base en las atribuciones legales y reglamentarias con las que cuenta, pone a su consideración el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales informe a esta soberanía sobre el número de licencias de caza deportiva que tiene registradas, su vigencia, sus modalidades, cuantas fueron expedidas en el año del 2007 y cuantas han sido expedidas durante el 2008, así como los criterios en los que se basa para su expedición.

La Comisión de la Función Pública, diputados: Benjamín Ernesto González Roaro (rúbrica), presidente; Lariza Montiel Luis (rúbrica), José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Jesús Ricardo Morales Manzo (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez , Alma Edwviges Alcaraz Hernández (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo , Jesús Arredondo Velázquez , Carlos Armando Biebrich Torres , María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Andrés Carballo Bustamante , José de la Torre Sánchez (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Mario Enrique del Toro, Adriana Díaz Contreras (rúbrica), Arturo Flores Grande (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte , Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Carlos Orsoe Morales Vázquez , Alan Notholt Guerrero (rúbrica), Sagrario María del Rosario Ortiz Montoro (rúbrica), Héctor Padilla Gutiérrez , Rafael Plácido Ramos (rúbrica), Marcos Salas Contreras (rúbrica), Ramón Valdez Chávez.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a consideración el punto de acuerdo. En virtud de que nadie ha solicitado el uso de la palabra, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.



AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas : «Dictamen de la Comisión de la Función Pública, con punto de acuerdo por el que se solicita al director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares que informe a esta soberanía sobre los trabajos que Administradora Gutsa, SA de CV, realizó en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Honorable Asamblea:

La Comisión de la Función Pública de esta honorable Cámara de Diputados, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XVIII, y 45 numeral 6, incisos e) y f); y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 87 y 88 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a su consideración el siguiente dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, un informe detallado de los trabajos que Administradora Gutsa, SA de CV, realizó en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como copia certificada de los contratos firmados entre dicha empresa y Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

Antecedentes

I. La proposición que se dictamina fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2470-IV, el martes 25 de marzo de 2008 y presentada el 30 de abril de 2008 por el Diputado Pablo Trejo Pérez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
II. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la turnó para su estudio y dictamen a la Comisión de la Función Pública.
III. Recibida en la Comisión de la Función Pública, y una vez sometida la proposición a estudio y análisis, se preparó un proyecto de dictamen en sentido positivo, que fue sometido a la consideración y discusión del pleno de dicha comisión, que lo aprobó en la sesión celebrada el día 9 de diciembre del 2008, por 16 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.

Análisis de la proposición

El diputado proponente señala que la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México comenzó sus operaciones en octubre del 2007.

Que de acuerdo con las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación y señaladas en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2005, existen empresas particulares que no cumplieron en tiempo y forma con lo estipulado en los contratos firmados con Aeropuertos y Servicios Auxiliares, entre ellas, la empresa Administradora Gutsa, SA de CV.

Que en el caso del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2005, la Auditoría Superior de la Federación refiere que el contrato de obra pública número 311-O5-OF01-1O del 7 de noviembre del 2005, tuvo por objeto realizar los trabajos de suministro, habilitación y montaje de estructura metálica de los edificios: dedo norte, dedo sur, edificio Terminal y patio-hotel de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Que dicho contrato fue adjudicado mediante la licitación pública internacional el pasado 7 de octubre del 2005, por conducto de la Gerencia de Administración de Proyectos a la Administradora Gutsa, SA de CV, por un importe de 597 millones 452 mil 380 pesos y un periodo de ejecución de 304 días, que posteriormente fue reprogramado.

Que en dicho contrato se estipulaban diversas actividades que debía realizar la empresa, sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación constató que desde el inicio de la obra hasta la fecha en que se realizaron los recorridos de la misma, y mediante la revisión de los registros de hallazgos realizados por la empresa CAPSA, la empresa contratista no realizó un adecuado manejo de los residuos peligrosos, en su almacenamiento, transporte y disposición final de los mismos, ni llevó a cabo el etiquetado de los contenedores y recipientes que contienen los residuos peligrosos.

Que la Auditoría Superior de la Federación informó que desde el inicio de la obra, la empresa Gutsa no dispuso de sistemas de extinción contra incendios, ni señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos peligrosos, en contravención de lo establecido en diversos artículos del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos y de las normas oficiales mexicanas números NOM-052-SEMARNAT-2005 y NOM-003-SCT/2000, más otras normas emitidas por la Semarnat.

Que adicionalmente la empresa Gutsa no efectuó el mantenimiento preventivo periódico de todos los vehículos y maquinaria utilizada durante la construcción de la Terminal 2, según se constató con los hallazgos realizados por la empresa CAPSA, violando de esta forma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Que por lo tanto, la empresa contratista incurrió en diversas omisiones en el cumplimiento de dicho contrato, que sin duda pone en riego la seguridad de los usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Consideraciones

Primera. Que, partiendo de estos antecedentes, los legisladores integrantes de esta comisión estiman que las empresas que contratan con el gobierno deben cumplir no sólo las obligaciones que se pactan en los contratos administrativos que suscriben con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, sino además con las disposiciones legales a las que se encuentran sujetas en virtud de las actividades que realizan.

Segunda. Que el fin de la propuesta materia del presente dictamen es solicitar al director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares un informe detallado de los trabajos que la empresa Administradora Gutsa, SA de CV, realizó en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como copia certificada de los contratos firmados entre dicha empresa y Aeropuertos y Servicios Auxiliares, toda vez que el proponente expone ciertas situaciones que a su parecer son irregularidades que no deben pasarse por alto.

Tercera. En la especie se comenta que la empresa Administradora Gutsa, SA de CV, que obtuvo el contrato para realizar determinadas obras en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cometió diversas anomalías en materia de residuos peligrosos, contraviniendo con su actuación y omisión diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, además de diversas Normas Oficiales Mexicanas, siendo que estas anomalías quedaron documentadas por la Auditoría Superior de la Federación con motivo de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al año del 2005.

Cuarta. Ante estas manifestaciones, los integrantes de la comisión que suscribe estiman oportuno aprobar la proposición en cuestión, pues se considera necesario conocer los detalles del procedimiento administrativo de contratación que se efectuó entre la Dirección General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares y la empresa Administradora Gutsa, SA de CV, ya que ante las irregularidades observadas, esta Soberanía considera necesario que la autoridad en mención envíe un informe detallado en el que no sólo se incluyan los montos y tiempos de ejecución de las obras realizadas, sino también si se detectó alguna irregularidad por parte de la empresa contratista.

Quinta. Por otra parte, no se estima oportuno solicitarle a dicha autoridad copias certificadas de los contratos administrativos celebrados con motivo de las obras relativas a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues con el informe que envíe la Dirección General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares queda solventada la petición del proponente, ya que en éste deben quedar precisados los datos de los contratos a los que se ha hecho mención.

Lo anterior se considera así, en virtud de que el proponente manifiesta que las irregularidades versan sobre incumplimientos a disposiciones legales en materia ambiental y a diversas normas oficiales mexicanas, no a las cláusulas estipuladas en los contratos administrativos que pide, de ahí que sólo se le solicite a la citada autoridad que los detalles relevantes de los contratos suscritos entre las partes interesadas estén incluidos en el informe que por esta vía se solicita.

Sexta. Esta soberanía estará atenta al cabal cumplimiento que la autoridad exhortada le dé al resolutivo de este instrumento legislativo.

En virtud de los motivos expuestos en las consideraciones anteriores, esta Comisión de la Función Pública, con base en las atribuciones legales y reglamentarias con las que cuenta, pone a su consideración el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares informe a esta soberanía sobre los trabajos que la empresa Administradora Gutsa, SA de CV, realizó en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el que se establezca los montos asignados, tiempos de ejecución de las obras realizadas, así como las irregularidades que en su caso haya observado con motivo de la ejecución de las mismas por parte de la empresa contratista.

La Comisión de la Función Pública, diputados: Benjamín González Roaro (rúbrica), presidente; Lariza Montiel Luis (rúbrica), José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Jesús Ricardo Morales Manzo (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez , Alma Edwviges Alcaraz Hernández (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo , Jesús Arredondo Velázquez , Carlos Armando Biebrich Torres , María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Andrés Carballo Bustamante , José de la Torre Sánchez (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Mario Enrique del Toro, Adriana Díaz Contreras (rúbrica), Arturo Flores Grande (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte , Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Carlos Orsoe Morales Vázquez , Alan Notholt Guerrero (rúbrica), Sagrario María del Rosario Ortiz Montoso (rúbrica), Héctor Padilla Gutiérrez , Rafael Plácido Ramos Becerril (rúbrica), Marcos Salas Contreras (rúbrica), Ramón Valdés Chávez .»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Dictamen de la Comisión de la Función Pública, con punto de acuerdo por el que se solicita al Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República que informe a esta soberanía, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, sobre el procedimiento administrativo de contratación relativo a la convocatoria número 010, publicada el 22 de abril de 2008 en el Diario Oficial de la Federación

Honorable Asamblea:

La Comisión de la Función Pública de esta Cámara de Diputados, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XVIII, y 45, numeral 6, incisos e) y f); y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 87 y 88 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el siguiente: dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de la Función Pública que inicie una investigación por la adjudicación irregular de la licitación pública 00017001-020-08.

Antecedentes

I. La proposición que se dictamina fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2591, el viernes 12 de septiembre del 2008, y presentada ante la Comisión Permanente el 11 de junio del 2008 por la diputada Sonia Nohelia Ibarra Fránquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
II. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente la turnó a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente.
III. El 9 de septiembre del 2008, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la turno para su estudio y dictamen a la Comisión de la Función Pública, con el número de expediente 4424.
IV. Recibida en la Comisión de la Función Pública, y una vez sometida a estudio y análisis, se preparó un proyecto de dictamen en sentido positivo, el cual fue sometido a la consideración y discusión del pleno de dicha Comisión, que lo aprobó en la sesión celebrada el 9 de diciembre de 2008, con 16 votos a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones.

Análisis de la proposición

Señala la diputada proponente como antecedentes, que el 22 de abril de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria 010 de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Procuraduría General de la República, en la cual se emitió la segunda convocatoria de la licitación pública internacional abierta número 00017001-019-08 y la licitación pública nacional número 00017001-020-08.

Que de ésta última licitación se desprendieron dos partidas:

• La partida 1. Su objeto consiste en la implementación de una plataforma tecnológica de servicios (PTS), mediante la renta de equipo de cómputo. La licitación se declaró desierta dado que ninguna de las propuestas presentadas cumplía técnicamente lo señalado en las bases, de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, según consta en el fallo emitido el 30 de mayo del 2008.
• La partida 2. Su objeto consistía en vigilar la operación del equipo rentado de cómputo de la partida 1, a través del Centro Institucional de Gestión de Servicios. Esta licitación fue adjudicada irregularmente a la empresa Hewlett-Packard, S de RL de CV con un mínimo de 71 millones 500 mil pesos, y un máximo de 178 millones 750 mil pesos, por un periodo de contratación de 5 años, que va del 2008 al 2012.

Que la irregularidad encontrada en la adjudicación a la partida 2 de la licitación pública nacional, consiste en que la empresa ganadora participó en la elaboración de las bases, según consta en las propiedades del archivo electrónico del sistema de compras gubernamentales (Compranet), donde Anam es acreditado como el autor del documento, y Hewlett-Packard como la organización; y que en el caso de las propiedades del archivo que contiene el formato de preguntas tiene registrado como autor a Armín Herrera R., siendo Hewlett-Packard, una de las empresas que participó en la licitación, acreditada como organización.

Que esta situación contraviene lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que la dependencia o entidad debió abstenerse de recibir la propuesta o celebrar contrato alguno con estas personas.

Que a fin de verificar la exoneración de la PGR en este caso, se procedió a verificar las propiedades del archivo de las bases de la licitación pública internacional abierta número 00017001-019-08 en Compranet, que apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación en la misma convocatoria del 22 de abril, y al encontrar que en este caso el título y la organización del archivo es PGR y Jorge es el autor, se acredita que la elaboración de las bases y el formato de preguntas se dio por parte de una empresa que participaría ventajosamente en la licitación pública nacional, que adicionalmente no ofertó el precio más bajo, violentando con ello la normatividad vigente, puesto que la mejor propuesta económica para el Centro Institucional de Gestión de Servicios, la presentó la empresa Globalcomext, SA de CV que ofrecía un descuento de alrededor de 38 por ciento sobre los 71.5 millones de pesos del pago inicial; es decir, 26.2 millones menos que Hewlett-Packard, seguida por la empresa Axtel SA de CV con un descuento de 14 por ciento.

Que el 18 de junio del 2008 la Procuraduría General de la República informó que había solicitado la intervención del órgano interno de control y que había suspendido todos los actos que se derivan de esta licitación, incluso la firma del contrato con la empresa ganadora, mientras concluya la investigación.

Por lo tanto, la diputada proponente considera pertinente solicitar la intervención directa de la Secretaría de la Función Pública para que efectúe una investigación al respecto.

Consideraciones

Primera. El párrafo primero del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los recursos económicos de que dispongan la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Asimismo, el tercer párrafo del artículo en cita establece que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que, libremente, se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Segunda. El artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece que las disposiciones de esa ley son de orden público y tienen por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y la prestación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen, entre otros, la Procuraduría General de la República; por lo cual ésta queda sujeta a los procedimientos que establece la ley para adquirir bienes muebles o solicitar servicios.

Tercera. Las dependencias y entidades de la Administración Pública federal, incluyendo a la Procuraduría General de la República, deben cumplir con las disposiciones que establece el artículo 134 Constitucional en materia de contratación con particulares, siendo para ello la regla general la licitación pública, y sólo en casos de excepción se acepta el procedimiento de invitación restringida o la adjudicación directa, por lo que en caso de que los servidores públicos con motivo de estos procedimientos administrativos de contratación cometan irregularidades son sujetos de responsabilidad administrativa.

Cuarta. En el caso a estudio, la diputada proponente expone su preocupación respecto al procedimiento de contratación que tiene relación con la convocatoria 010 emitida por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Procuraduría General de la República, misma que fue publicada el martes 22 de abril de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, en la cual se dio a conocer la licitación pública nacional número 00017001-020-08.

Esta licitación de carácter nacional se refiere a dos partidas. La señalada con el número 1, que su objeto consistía en la implementación de una plataforma tecnológica de servicios (PTS) mediante la renta de equipo de cómputo. En este caso la licitación se declaró desierta dado que ninguna de las propuestas presentadas cumplía técnicamente con lo señalado en las bases, que según expresa la diputada, consta en el fallo emitido el 30 de mayo del 2008.

En cambio, la partida señalada con el número 2, cuyo objeto consistía en vigilar la operación del equipo rentado de cómputo de la partida 1 a través del Centro Institucional de Gestión de Servicios si fue adjudicada a la empresa Hewlett-Packard, S de RL de CV (los montos y periodos se encuentran precisados en el apartado de análisis de la presente proposición), pero manifiesta que la adjudicación fue de manera irregular, toda vez que la empresa ganadora participó en la elaboración de las bases, según consta en las propiedades del archivo electrónico del Sistema de Compras Gubernamentales Compranet, donde Anam es acreditado como el autor del documento y Hewlett-Packard como la organización ; siendo que esta empresa participó en la licitación.

Quinta. Cabe precisar que la fracción VIII del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que es la disposición legal que precisa la diputada fue vulnerada, establece en la parte que interesa lo siguiente:

Artículo 50. Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta ley, con las personas siguientes:
...
VIII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan realizado o se encuentren realizando, por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control de calidad, preparación de especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier documento vinculado con el procedimiento en que se encuentran interesadas en participar;
...

El precepto transcrito establece una clara y expresa prohibición para recibir propuestas por parte de las dependencias y entidades cuando se actualice el supuesto que dicha fracción señala, por lo que si la diputada Ibarra Fránquez establece en el texto de su propuesta que la empresa a la que se le adjudicó la partida 2 de la licitación pública nacional participó en la elaboración de las bases, se presume, a juicio de ésta, la existencia de irregularidades por parte del área contratante.

Sexta. Al respecto, en la proposición se establece que el 18 de junio de 2008 la Procuraduría General de la República informó que había solicitado la intervención del órgano interno de control, y que como consecuencia de ello suspendió todos los actos que se derivan de esta licitación, incluso la firma del contrato con la empresa ganadora, hasta que no concluyeran las investigaciones ordenadas.

Séptima. Bajo estas consideraciones, los integrantes de la Comisión de la Función Pública estiman que debe aprobarse la propuesta de mérito para solicitarle al órgano interno de control de la Procuraduría General de la República, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, que informe a esta soberanía sobre los resultados de las investigaciones que inició en el mes de junio del año en curso, con motivo del procedimiento de contratación antes señalado y de las quejas presentadas.

Octava. Sin embargo, no se estima necesario solicitarle a la Secretaría de la Función Pública que realice una investigación directa del asunto materia del presente dictamen, pues por una parte, ya existe una investigación en curso por parte del órgano interno de control de la Procuraduría General de la República, y por la otra, si bien es cierto que el caso a estudio puede implicar infracciones administrativas graves por parte de servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de la República, no es necesario que el caso tenga que ser investigado directamente por la secretaría del ramo si ya hay una autoridad que tiene una investigación en curso.

Al respecto, cabe señalar que el artículo 37, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece lo siguiente:

Artículo 37. A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
...
VIII. Inspeccionar y vigilar, directamente o a través de los órganos de control, que las dependencias y entidades de la Administración Pública federal cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública federal;
...

De esta manera, es claro que la Secretaría de la Función Pública puede por sí misma, o por los órganos internos de control a ella adscritos orgánicamente, inspeccionar y vigilar que las dependencias y entidades cumplan con sus obligaciones, entre las que se encuentran las que se refieren a las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios, de donde se desprende que si de acuerdo con lo que expresa la diputada proponente, el órgano interno de control de la Procuraduría General de la República ya está investigando el asunto que nos ocupa, lo procedente sólo es exhortarlo, por conducto de la secretaría del ramo, a que entregue a esta soberanía el resultado de dichas investigaciones, sin que se estime necesario, por el momento, que otra autoridad sea la que tenga que llevar a cabo las investigaciones sobre estos procedimientos de contratación.

Novena. Respecto al segundo exhorto que planeta la proponente, éste no se considera procedente, en virtud de que ella misma expresa que el procedimiento de contratación materia de la presente proposición ya se encuentra suspendido por la investigación que está llevando a cabo el órgano interno de control de la Procuraduría General de la República, razón por la cual no existe motivo alguno para solicitarle la suspensión del citado procedimiento administrativo.

Décima. Esta soberanía estará atenta al cabal cumplimiento que la autoridad exhortada le de al resolutivo de este instrumento legislativo.

En virtud de los motivos expuestos en las consideraciones anteriores, la Comisión de la Función Pública, con base en las atribuciones legales y reglamentarias con las que cuenta, ponen a su consideración el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al órgano interno de control de la Procuraduría General de la República que informe a esta soberanía, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, sobre el procedimiento administrativo de contratación relativo a la convocatoria 010, publicada el 22 de abril de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, elaborada por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Procuraduría General de la República, relativa la licitación pública nacional número 00017001-020-08, en el que explique si hubo irregularidades detectadas en dicho procedimiento y, a su vez, informe su estado actual.

La Comisión de la Función Pública, diputados: Benjamín Ernesto González Roaro (rúbrica), presidente; Lariza Montiel Luis (rúbrica), José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Jesús Ricardo Morales Manzo (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez , Alma Edwviges Alcaraz Hernández (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo , Jesús Arredondo Velázquez , Carlos Armando Biebrich Torres , María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Andrés Carballo Bustamante , José de la Torre Sánchez (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Mario Enrique del Toro, Adriana Díaz Contreras (rúbrica), Arturo Flores Grande (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte , Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Carlos Orsoe Morales Vázquez , Alan Notholt Guerrero (rúbrica), Sagrario María del Rosario Ortiz Montoro (rúbrica), Héctor Padilla Gutiérrez , Rafael Plácido Ramos Becerril (rúbrica), Marcos Salas Contreras (rúbrica), Ramón Valdez Chávez.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.



COMISION NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Dictamen de la Comisión de la Función Pública, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública que informe a esta soberanía sobre los procedimientos administrativos de responsabilidades que se hayan iniciado contra servidores públicos de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos

Honorable Asamblea:

La Comisión de la Función Pública de esta honorable Cámara de Diputados, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XVIII, y 45, numeral 6, incisos e) y f); y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el siguiente dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a presentar un informe en el que explique por qué no ha emitido las sanciones correspondientes contra funcionarios y ex servidores públicos de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) respecto a las denuncias presentadas por la empresa Encuadernaciones de Oriente, SA de CV.

Antecedentes

I. La proposición que se dictamina fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2490-II, el martes 22 de abril del 2008 y presentada el 30 de abril de 2008, por el diputado Francisco Antonio Fraile García , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
II. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la turnó para su estudio y dictamen a la Comisión de la Función Pública.
III. Recibida en la Comisión de la Función Pública, y una vez sometida la proposición a estudio y análisis, se preparó un proyecto de dictamen en sentido positivo, que fue sometido a la consideración y discusión del Pleno de dicha Comisión, que lo aprobó en la sesión celebrada el día 9 de diciembre del 2008, por 16 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.

Análisis de la proposición

Señala el diputado proponente que el 18 de diciembre del 2001 la Conaliteg, publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria a la licitación pública nacional número 11137001-024-01, para la maquila de libros de texto en ocho partidas.

Que a finales del 2001 y principios del 2002, la empresa denominada Encuadernaciones de Oriente, SA de CV, interpuso ocho recursos ante la Dirección General de Inconformidades de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), hoy la Secretaría de la Función Pública, toda vez que, a pesar de haber ofertado el mejor precio para la maquila de los libros de texto, no le fue adjudicada la licitación en comento.

Que el 30 de noviembre del 2001 la Dirección General de Inconformidades emitió la resolución decretando nulidad total de la licitación pública nacional LPN 0003701-019-01 celebrada para la adquisición de textos gratuitos.

Que la empresa Encuadernaciones de Oriente, SA de CV, interpuso denuncias penales ante la Procuraduría General de la República contra ex servidores públicos de la Conaliteg, encabezados por el ex director de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, licenciado Jorge Velasco y Félix, por violación a la legalidad en las licitaciones públicas referidas anteriormente y por desacato a lo ordenado en las resoluciones emitidas por la Dirección General de Inconformidades de la Secretaría de la Función Pública, dictadas en cada recurso de inconformidad interpuesto.

Que en cada expediente, la entonces Secodam se pronunció en el sentido de que la substanciación y fallo de cada licitación así como los actos derivados, desde sus orígenes estaban afectados de nulidad, decretando la nulidad total de dichos eventos licitatorios con el objeto de que se realizaran las adquisiciones de bienes objeto de cada licitación en seguimiento de derecho y de que se aseguraran las mejores condiciones de contratación para el Estado, ordenando al titular del Órgano Interno de Control de la Conaliteg a instaurar las medidas pertinentes para que en futuros procedimientos de contratación no se dieran actuaciones contrarias a derecho.

Que notificadas las resoluciones a la Conaliteg, ésta desde el año del 2002 contestó a la citada autoridad que estaba imposibilitada de reponer las licitaciones públicas en virtud de que algunas partidas licitadas habían sido adjudicadas a terceros, otras declaradas desiertas y otras retiradas para ser elaborados los trabajos en los talleres de la propia comisión.

Consideraciones

Primera. Partiendo de estos antecedentes, los legisladores integrantes de la Comisión que suscribe consideran que la eficacia y transparencia en el manejo de los recursos federales es un eje fundamental por medio del cual debe regirse la actuación de la administración pública. Asimismo, consideran que las compras que el Estado realiza, así como los servicios que solicita, deben regirse por los principios que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por las disposiciones que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Segunda. En el caso a estudio, el diputado proponente establece que durante el año del 2001 la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos licitó la maquila de libros de texto gratuitos en ocho partidas, pero precisa que los procedimientos que se originaron con motivo de esta licitación estuvieron afectados de nulidad. Al respecto, vale la pena señalar que la empresa Encuadernaciones de Oriente, SA de CV, fue la que presentó las inconformidades pues consideró que los procedimientos administrativos no se habían ajustado a derecho al verse desfavorecida con los fallos correspondientes.

Tercera. Incluso, afirma el proponente que se presentaron denuncias administrativas en contra de diversos funcionarios de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos ante la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, y que las mismas no han sido resueltas a la fecha, ello con independencia de que también fueron presentadas denuncias penales y que actualmente los procedimientos penales que se derivaron como consecuencia de la presentación de las mismas están en curso ante el Poder Judicial de la Federación.

Cuarta. Una vez valoradas las anteriores consideraciones, esta comisión dictaminadora estima oportuno aprobar la presente proposición para que la Secretaría de la Función Pública, que es la dependencia que substituyó en sus atribuciones a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, informe a esta Soberanía sobre los procedimientos administrativos de responsabilidades que en su caso se hayan iniciado en contra de los servidores públicos de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos que tuvieron intervención en la convocatoria de la licitación pública nacional número 11137001-024-01, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre del 2001.

Lo anterior se considera así, pues es de interés público conocer si las denuncias administrativas que en su momento presentó la empresa Encuadernaciones de Oriente, SA de CV, sobre este asunto fueron procedentes y en su caso, se informe el nombre de los servidores públicos a los que se les haya iniciado el procedimiento administrativo de responsabilidades y su situación actual.

Quinta. Sin embargo, no es procedente aprobar el extrañamiento que solicita el proponente se le formule a la Secretaría de la Función Pública, pues esta soberanía debe contar en primer término con los elementos de juicio necesarios para poder pronunciarse sobre si la actuación de la citada autoridad ha sido la adecuada, por lo cual, a través del presente instrumento legislativo, sólo es procedente solicitarle información respecto a los procedimientos administrativos de responsabilidades que en su caso haya iniciado la autoridad competente, ello para conocer el estado procesal en que se encuentran, pero no se le puede formular un extrañamiento a priori, es decir, sin contar con los elementos de juicio que permitan suponer una actuación indebida.

Sexta. Esta soberanía estará atenta al cabal cumplimiento que la autoridad exhortada le de al resolutivo de este instrumento legislativo.

En virtud de los motivos expuestos en las consideraciones anteriores, la Comisión de la Función Pública, con base en las atribuciones legales y reglamentarias con las que cuenta, pone a su consideración el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública que informe a esta soberanía sobre los procedimientos administrativos de responsabilidades que se hayan iniciado en contra de los servidores públicos de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos con motivo de las denuncias administrativas presentadas por la empresa Encuadernaciones de Oriente, SA de CV, derivadas de la convocatoria a la licitación pública nacional número 11137001-024-01, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre del 2001, indicando en su caso los nombres de los servidores públicos y el estado procesal en que se encuentren dichos procedimientos administrativos.

La Comisión de la Función Pública, diputados: Benjamín González Roaro (rúbrica), presidente; Lariza Montiel Luis (rúbrica), José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Jesús Ricardo Morales Manzo (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez , Alma Edwviges Alcaraz Hernández (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo , Jesús Arredondo Velázquez , Carlos Armando Biebrich Torres , María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Andrés Carballo Bustamante , José de la Torre Sánchez (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Mario Enrique del Toro, Adriana Díaz Contreras (rúbrica), Arturo Flores Grande (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte , Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Carlos Orsoe Morales Vázquez , Alan Notholt Guerrero (rúbrica), Sagrario María del Rosario Ortiz Montoso (rúbrica), Héctor Padilla Gutiérrez , Rafael Plácido Ramos Becerril (rúbrica), Marcos Salas Contreras (rúbrica), Ramón Valdés Chávez .»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión este último punto de acuerdo. En virtud de que no ha habido solicitud de uso de la palabra, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : En votación económica, se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobados, comuníquense. Continúe la Secretaría con los oficios de la Junta de Coordinación Política.



COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Héctor Larios Córdova , coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado Fortino Carrillo Sandoval cause alta como secretario de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.
• Que el diputado Fortino Carrillo Sandoval cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Rural.
• Que el diputado Fortino Carrillo Sandoval cause alta como integrante en la Comisión de Asuntos Indígenas.
• Que la diputada María del Consuelo Argüelles Arellano cause alta como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.
• Que la diputada María del Consuelo Argüelles Arellano cause alta como integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
• Que la diputada Mercedes Morales Utrera cause alta como secretaria en la Comisión de Marina.
• Que la diputada Mercedes Morales Utrera cause alta como integrante en la Comisión de Participación Ciudadana.
• Que la diputada Rosa Elena Galván Valles cause alta como integrante de la Comisión de Vivienda.
• Que la diputada María Isabel Reyes García cause alta como integrante en la Comisión de Participación Ciudadana.
• Que la diputada María Isabel Reyes García cause alta como integrante de la Comisión de Cultura.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Palacio Legislativo, México, DF, a 10 de febrero de 2009.--- Diputado Javier González Garza (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Emilio Gamboa Patrón , coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Daniel Gurrión Matías cause baja como secretario en la Comisión de Pesca.
• Que el diputado Salvador Sánchez Peñuelas cause alta como secretario en la Comisión de Pesca.
• Que el diputado Daniel Gurrión Matías cause alta como secretario en la Comisión de Participación Ciudadana.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Palacio Legislativo, México, DF, a 10 de febrero de 2009.--- Diputado Javier González Garza (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobados. Continúe con el orden del día.



ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Jueves 12 de febrero de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica que con motivo del CLXXVIII aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero Saldaña tendrá lugar el 14 de febrero a las 10:00 horas.

Del Instituto Federal Electoral del Distrito Federal.

Los asunto no abordados en esta sesión y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»



CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez (a las 15:35 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves, 12 de febrero, a las 11:00 horas. Se informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9: 30 horas.

--------------- O ---------------



RESUMEN DE TRABAJOS



DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

ASISTENCIA


DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 2, NUMERAL 2, INCISO C, DEL REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS, SE PUBLICA LA SIGUIENTE LISTA DE ASISTENCIA DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

SECRETARÍA GENERAL

GRUPO
PARLAMENTARIO
ASISTENCIA ASISTENCIA
POR CÉDULA
ASISTENCIA
COMISIÓN
OFICIAL
PERMISO
MESA
DIRECTIVA
INASISTENCIA
JUSTIFICADA
INASISTENCIAS TOTAL
ALT 177 9 0 3 0 17 206
PRD 105 9 1 7 0 5 127
PRI 79 4 0 11 0 10 104
CONV 17 0 0 0 0 1 18
PVEM 13 3 0 0 0 1 17
PT 8 1 0 1 0 1 11
NA 8 0 0 1 0 0 9
ALT 4 1 0 0 0 0 5
TOTAL 411 27 1 23 0 35 35

Nota: Las diferencias que existen entre las listas de asistencias y el número de votos puede variar conforme a los diputados presentes al momento de la votación.


SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino CÉDULA
2 Aguilar López José Alejandro ASISTENCIA
3 Alcaraz Hernández Alma Edwviges INASISTENCIA
4 Álvarez Bernal María Elena ASISTENCIA
5 Amezola Fonceca Gerardo ASISTENCIA
6 Antuña Batista Fidel INASISTENCIA
7 Aranda Orozco Gerardo ASISTENCIA
8 Arellano Arellano Joel ASISTENCIA
9 Arenas Guzmán Margarita ASISTENCIA
10 Argüelles Arellano María del Consuelo ASISTENCIA
11Arizméndi Uribe Efraín ASISTENCIA
12 Armendáriz García Pedro CÉDULA
13 Arredondo Ibarra Salvador ASISTENCIA
14 Arredondo Velázquez Jesús ASISTENCIA
15 Ávila Mayo Obdulio ASISTENCIA
16 Barradas Miravete Gregorio ASISTENCIA
17 Barrios Rodríguez Juan Enrique ASISTENCIA
18 Bello Pérez Alfonso Othón CÉDULA
19 Berber Martínez Antonio ASISTENCIA
20 Bolaños Aguilar Edmundo Javier ASISTENCIA
21 Bracho González Carlos Augusto ASISTENCIA
22 Buganza Salmerón Gerardo ASISTENCIA
23 Campos Galván María Eugenia INASISTENCIA
24 Carbajal Méndez Liliana ASISTENCIA
25 Cárdenas Sánchez Esmeralda ASISTENCIA
26 Cardona Benavidez Alma Xóchil ASISTENCIA
27 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto ASISTENCIA
28 Carrasco Cárdenas Susana Sarahí CÉDULA
29 Carrillo Sandoval Fortino ASISTENCIA
30 Castaño Contreras Cristián ASISTENCIA
31Castro De la Rosa Osiel ASISTENCIA
32 Ceja Romero Ramón INASISTENCIA
33 Collado Lara Beatriz INASISTENCIA
34 Contreras Coeto José Luis PERMISO MESA DIRECTIVA
35 Corral Aguilar María Mercedes ASISTENCIA
36 Cuen Garibi Marcela ASISTENCIA
37 Curiel Preciado Leobardo ASISTENCIA
38 Dávila Fernández Adriana ASISTENCIA
39 Dávila García Francisco ASISTENCIA
40 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio ASISTENCIA
41 De la Torre Sánchez José ASISTENCIA
42 De León Tello Jesús ASISTENCIA
43 Degante Romero Silvia Emilia ASISTENCIA
44Del Toro del Villar Tomás ASISTENCIA
45 Del Valle Toca Antonio ASISTENCIA
46 Delgado Oscoy Alejandro Enrique ASISTENCIA
47 Denegre Vaught Ramírez Rosaura Virginia ASISTENCIA
48 Díaz García José Antonio ASISTENCIA
49 Díaz Garibay Felipe INASISTENCIA
50 Díaz Gordillo Martha Cecilia ASISTENCIA
51 Díaz Mena Joaquín Jesús ASISTENCIA
52 Díaz de León Torres Leticia ASISTENCIA
53 Domínguez Servién Francisco ASISTENCIA
54 Duck Núñez Edgar Mauricio ASISTENCIA
55 Enríquez Flores Armando ASISTENCIA
56 Escaroz Soler Gerardo Antonio ASISTENCIA
57 Escobar Jardinez Adolfo ASISTENCIA
58 Espinosa Piña José Luis ASISTENCIA
59 Félix Holguín Armando Jesús ASISTENCIA
60 Felton González Carlos Eduardo ASISTENCIA
61 Fernández Cabrera Adrián ASISTENCIA
62Fernández Ugarte Ma. del Carmen ASISTENCIA
63 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro CÉDULA
64 Flores Grande Arturo ASISTENCIA
65 Flores Morfín Jesús Vicente ASISTENCIA
66 Fraile García Francisco Antonio ASISTENCIA
67 Franco Cazarez Ricardo ASISTENCIA
68 Fuentes Ortíz José Guillermo ASISTENCIA
69 Galván Valles Rosa Elena ASISTENCIA
70 García González Carlos Alberto ASISTENCIA
71 García Müller Martha Margarita ASISTENCIA
72 García Reyes Ángel Humberto ASISTENCIA
73 García Reyes Beatriz Eugenia ASISTENCIA
74 García Vivián Raúl ASISTENCIA
75 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes ASISTENCIA
76 Gómez Leyva Silvio ASISTENCIA
77 González Betancourt Jorge Justiniano ASISTENCIA
78 González Martínez María Gabriela ASISTENCIA
79 González Morán Martín Oscar ASISTENCIA
80 González Roaro Benjamín Ernesto ASISTENCIA
81 González Ruiz Felipe ASISTENCIA
82González Sánchez Ma. Dolores CÉDULA
83Gudiño Ortíz Francisco Javier ASISTENCIA
84 Guerrero Torres José Gildardo ASISTENCIA
85 Gutiérez Aguilar Miguel Ángel ASISTENCIA
86 Gutiérrez Lagunes María Victoria ASISTENCIA
87 Hernández Núñez Elia ASISTENCIA
88 Hurtado Pérez Nelly Asunción ASISTENCIA
89 Iragorri Durán Enrique ASISTENCIA
90Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles ASISTENCIA
91 Jiménez Ramos María Esther ASISTENCIA
92 Joaquín Coldwell Addy Cecilia ASISTENCIA
93 Lagunes Viveros Violeta del Pilar ASISTENCIA
94 Landero Gutiérrez Alejandro ASISTENCIA
95 Landeros González Ramón ASISTENCIA
96 Lara Compeán David ASISTENCIA
97 Larios Córdova Héctor ASISTENCIA
98 Laviada Hernández Iñigo Antonio ASISTENCIA
99 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio ASISTENCIA
100 Leura González Agustín ASISTENCIA
101 Limas Frescas María Soledad ASISTENCIA
102 Lizaola de la Torre Alonso Manuel INASISTENCIA
103 López Cisneros José Martín ASISTENCIA
104 López Reyna Omeheira PERMISO MESA DIRECTIVA
105 López Silva Rubí Laura ASISTENCIA
106 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel ASISTENCIA
107 Lujano Nicolás Christian Martín ASISTENCIA
108 Maawad Robert Luis Xavier ASISTENCIA
109 Madrazo Limón Carlos ASISTENCIA
110Magallón Arceo Leonardo Melesio de J. ASISTENCIA
111 Malagón Ríos Martín ASISTENCIA
112 Maldonado González David ASISTENCIA
113Manuell-Gómez Angulo Dolores De María ASISTENCIA
114 Martínez Valero Dora Alicia ASISTENCIA
115 Medellín Varela Antonio INASISTENCIA
116 Medina Macias Alma Hilda ASISTENCIA
117 Medina Rodríguez Delber INASISTENCIA
118 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia ASISTENCIA
119 Mejía García Luis Alonso ASISTENCIA
120 Méndez Meneses Apolonio ASISTENCIA
121 Mendoza Morales Lucía Susana ASISTENCIA
122 Mohamar Dainitin Oscar Miguel INASISTENCIA
123 Mollinedo Hernández Agustín ASISTENCIA
124 Monraz Ibarra Miguel Ángel ASISTENCIA
125 Montes Sánchez Fabián Fernando ASISTENCIA
126 Montiel Luis Lariza ASISTENCIA
127 Mora Cuevas Marisol ASISTENCIA
128 Morales Ramos José Nicolás ASISTENCIA
129 Morales Utrera Mercedes ASISTENCIA
130 Moreno Álvarez Mario Eduardo ASISTENCIA
131 Morgan Franco Rocío del Carmen ASISTENCIA
132 Muñoz Serrano José Antonio PERMISO MESA DIRECTIVA
133 Murillo Flores Francisco Javier ASISTENCIA
134 Murillo Torres José Luis ASISTENCIA
135 Navarro Sugich Carlos Alberto ASISTENCIA
136 Nordhausen González Jorge Rubén INASISTENCIA
137Noriega Blanco Vigil María Nieves ASISTENCIA
138 Ochoa López Nabor ASISTENCIA
139 Olvera Higuera Edgar Armando ASISTENCIA
140 Orozco Ruiz Velazco Marco Heriberto ASISTENCIA
141Ortega Martínez Ma. del Pilar ASISTENCIA
142 Ortiz Montoro Sagrario María del Rosario ASISTENCIA
143 Ortíz Hernández Eduardo ASISTENCIA
144 Oviedo Oviedo Ernesto ASISTENCIA
145 Padilla Orozco Raúl Alejandro ASISTENCIA
146 Palafox Núñez José Inés ASISTENCIA
147 Paredes Rodríguez Francisco Javier ASISTENCIA
148 Parra Jiménez Dolores María del Carmen ASISTENCIA
149 Parra Noriega Luis Gustavo ASISTENCIA
150 Pérez Cuéllar Cruz ASISTENCIA
151 Pérez de Tejada Romero Diana Carolina ASISTENCIA
152 Peyrot Solís Marco Antonio ASISTENCIA
153 Plascencia Alonso Francisco Javier ASISTENCIA
154 Priego Tapia Gerardo ASISTENCIA
155 Pulido Pecero Pedro ASISTENCIA
156 Quintero Bello Jorge ASISTENCIA
157 Ramírez Barba Ector Jaime ASISTENCIA
158 Ramírez Corral Ivette Jacqueline ASISTENCIA
159 Ramírez Pech Edgar Martín ASISTENCIA
160 Ramírez Villarreal Gustavo ASISTENCIA
161 Ramos Covarrubias Héctor Manuel ASISTENCIA
162 Reyes García María Isabel ASISTENCIA
163 Reyes López Carlos Armando ASISTENCIA
164 Rincón Vargas Mirna Cecilia CÉDULA
165 Rivera Rivera José Guadalupe ASISTENCIA
166 Rivero Rivero Rolando ASISTENCIA
167 Rodríguez Ahumada Luis Fernando INASISTENCIA
168 Rodríguez Jiménez Ricardo ASISTENCIA
169 Rodríguez Prats Juan José ASISTENCIA
170 Rodríguez Uresti Enrique ASISTENCIA
171 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana ASISTENCIA
172 Rojas Hernández Laura Angélica INASISTENCIA
173 Román Isidoro Demetrio ASISTENCIA
174 Romo Jiménez Martha Angélica INASISTENCIA
175 Rubio Chávez José Ignacio Alberto INASISTENCIA
176 Rueda Gómez Francisco ASISTENCIA
177 Ruiz Velasco de Lira Ernesto ASISTENCIA
178 Salas Contreras Marcos ASISTENCIA
179 Salazar Madera Mario Alberto ASISTENCIA
180 Salum del Palacio Jorge Alejandro ASISTENCIA
181 Sánchez Díaz de Rivera Antonio ASISTENCIA
182 Sánchez Domínguez Alejandro CÉDULA
183 Sánchez Gil Carlos René ASISTENCIA
184 Sánchez Juárez Claudia ASISTENCIA
185 Sánchez Trujillo José Víctor ASISTENCIA
186Sandoval Munguia Juan Manuel ASISTENCIA
187 Serrato Castell Luis Gerardo CÉDULA
188 Shej Guzmán Sara ASISTENCIA
189 Solano Muñoz José de Jesús ASISTENCIA
190 Stefanonni Mazzocco Martín ASISTENCIA
191 Tamayo Herrera Yadhira Yvette ASISTENCIA
192 Torres Gómez Artemio ASISTENCIA
193 Torres Herrera Víctor Manuel INASISTENCIA
194 Torres Torres Carlos Alberto ASISTENCIA
195 Valenzuela García María Gloria Guadalupe ASISTENCIA
196 Valladolid Rodríguez Antonio ASISTENCIA
197 Vasconcelos Rueda Antonio ASISTENCIA
198 Vázquez Martínez Alberto ASISTENCIA
199 Vega Corona Antonio ASISTENCIA
200 Velázquez Gutiérrez José Guillermo INASISTENCIA
201 Verástegui Ostos César Augusto ASISTENCIA
202 Verdín Saldaña Jaime ASISTENCIA
203 Victoria Alva Juan ASISTENCIA
204 Vieyra Olivares Adriana Rebeca ASISTENCIA
205 Villanueva Arjona Juan Manuel ASISTENCIA
206 Zambrano Elizondo Javier Martín ASISTENCIA
Asistencias: 177
Asistencias por cédula: 9
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 3
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 17
Total diputados: 206


PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1 Aguirre Alcaide Victor ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida ASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes ASISTENCIA
6Wilfrido Alonso Razo Humberto INASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa ASISTENCIA
9 Álvarez Ramón Silbestre ASISTENCIA
10 Amaro Corona Alberto ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene ASISTENCIA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel ASISTENCIA
13Arreola Calderón Juan Dario ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia CÉDULA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana INASISTENCIA
17Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh ASISTENCIA
18 Brito González Modesto ASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier ASISTENCIA
20 Campos Aburto Amador ASISTENCIA
21 Cárdenas Hernández Raymundo ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora ASISTENCIA
23 Condado Escamilla Cuitlahuac CÉDULA
24 Contreras Julián Maricela ASISTENCIA
25 Cruz Santiago Claudia Lilia PERMISO MESA DIRECTIVA
26 Cuevas Córdova Othón ASISTENCIA
27 Chávez García Higinio ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix ASISTENCIA
29 De la Rosa García Juan Hugo ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana CÉDULA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César ASISTENCIA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí ASISTENCIA
43 González Garza Javier ASISTENCIA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene CÉDULA
47 Hernández Hernández Sergio ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier ASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín PERMISO MESA DIRECTIVA
50Nohelia Ibarra Franquez Sonia ASISTENCIA
51 Jacques y Medina José PERMISO MESA DIRECTIVA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia ASISTENCIA
53 Landero López Pedro ASISTENCIA
54Lemarroy Martínez Juan Darío ASISTENCIA
55 Leyva Piñón Ana Yurixi ASISTENCIA
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel ASISTENCIA
57 López Barriga Erick ASISTENCIA
58 López Becerra Santiago ASISTENCIA
59 López Rojas Alberto ASISTENCIA
60 López Torres Ma. Soledad ASISTENCIA
61 Lozano Lozano Andrés ASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia ASISTENCIA
63 Macedo Escartín Miguel Ángel CÉDULA
64 Márquez Madrid Camerino Eleazar CÉDULA
65 Márquez Tinoco Francisco ASISTENCIA
66 Martínez Hernández Alejandro OFICIAL COMISIÓN
67 Martínez Martínez Carlos Roberto ASISTENCIA
68 Martínez Martínez Francisco ASISTENCIA
69 Martínez Padilla Hugo Eduardo ASISTENCIA
70 Martínez Vargas Octavio ASISTENCIA
71 Matías Alonso Marcos ASISTENCIA
72 Matus Toledo Holly ASISTENCIA
73 Mayans Canabal Fernando Enrique ASISTENCIA
74 Mendoza Arellano David ASISTENCIA
75 Mendoza Flores Roberto ASISTENCIA
76 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio PERMISO MESA DIRECTIVA
77 Mendoza Mendoza Irineo ASISTENCIA
78 Monreal Ávila Susana ASISTENCIA
79 Montalvo Rojas Victorio Rubén ASISTENCIA
80 Morales Manzo Jesús Ricardo ASISTENCIA
81 Morales Sánchez Efraín CÉDULA
82 Morales Vázquez Carlos Orsoe ASISTENCIA
83 Narcía Álvarez Héctor PERMISO MESA DIRECTIVA
84 Navarro López Carlos Ernesto PERMISO MESA DIRECTIVA
85 Navarro Quintero Miguel Ángel ASISTENCIA
86 Ojeda Hernández Concepción ASISTENCIA
87 Orcí Martínez Juan Adolfo ASISTENCIA
88 Ortega Martínez Antonio ASISTENCIA
89 Ortiz Magallón Rosario Ignacia ASISTENCIA
90Pacheco LLanes Ramón Félix ASISTENCIA
91 Pedraza Chávez Isidro ASISTENCIA
92 Pedrozo Castillo Adrián ASISTENCIA
93 Peña Sánchez Miguel Ángel ASISTENCIA
94 Pérez Cruz Raciel ASISTENCIA
95 Pulido Santiago Celso David ASISTENCIA
96 Ramos Becerril Rafael Plácido ASISTENCIA
97 Ramos Castellanos Martín CÉDULA
98 Rasgado Corsi Gloria ASISTENCIA
99 Ríos Gamboa Raúl INASISTENCIA
100 Romero Gutiérrez Odilón ASISTENCIA
101Ruíz Sánchez Salvador ASISTENCIA
102 Saavedra Coronel José Antonio ASISTENCIA
103Salinas Pérez Josefina ASISTENCIA
104 San Martín Hernández Juan Manuel ASISTENCIA
105 Sánchez Barrios Carlos ASISTENCIA
106 Sánchez Cabrales Rafael Elías ASISTENCIA
107 Sánchez Camacho Alejandro ASISTENCIA
108 Sánchez Camacho David ASISTENCIA
109 Sánchez Ramos Francisco ASISTENCIA
110 Sánchez Valdéz Eva Angelina ASISTENCIA
111 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc ASISTENCIA
112 Santos Arreola Francisco Javier ASISTENCIA
113 Solares Chávez Miguel Ángel ASISTENCIA
114 Soriano Sánchez Rosa Elva INASISTENCIA
115 Soto Sánchez Antonio ASISTENCIA
116 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso ASISTENCIA
117 Torres Baltazar María Elena ASISTENCIA
118 Torres García Daniel ASISTENCIA
119 Trejo Pérez Pablo ASISTENCIA
120 Ulloa Pérez Emilio PERMISO MESA DIRECTIVA
121 Vallejo Estevez Mario INASISTENCIA
122 Varela López Víctor Gabriel CÉDULA
123 Villanueva Albarrán Gerardo ASISTENCIA
124 Villicaña García Rafael ASISTENCIA
125 Zavaleta Salgado Ruth ASISTENCIA
126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto ASISTENCIA
127 Zepeda Hernández Martín ASISTENCIA
Asistencias: 105
Asistencias por cédula: 9
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 7
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 5
Total diputados: 127


PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico ASISTENCIA
2 Aguilar Diego PERMISO MESA DIRECTIVA
3 Aguilar Solís Samuel INASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas PERMISO MESA DIRECTIVA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio ASISTENCIA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo ASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel CÉDULA
10 Badillo Martínez Roberto ASISTENCIA
11Barajas Del Toro Salvador ASISTENCIA
12 Barajas López Ramón ASISTENCIA
13 Barba Hernández Alfredo ASISTENCIA
14 Beltrán Montes Israel ASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique PERMISO MESA DIRECTIVA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio ASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio ASISTENCIA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés ASISTENCIA
23Cárdenas Del Avellano Enrique INASISTENCIA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl PERMISO MESA DIRECTIVA
26 Colín Guadarrama María Mercedes ASISTENCIA
27 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías ASISTENCIA
28De la Garza Treviño Jorge Luis ASISTENCIA
29 Díaz Athié Antonio de Jesús ASISTENCIA
30Darinel Díaz Solorzano Elmar ASISTENCIA
31 Domínguez Domínguez Nemesio ASISTENCIA
32 Duarte Jáquez César Horacio ASISTENCIA
33 Escajeda Jiménez José Rubén ASISTENCIA
34 Escalante Jasso Aracely ASISTENCIA
35 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías ASISTENCIA
36 Estefan Chidiac Charbel Jorge ASISTENCIA
37 Flores Sandoval Patricio ASISTENCIA
38 Fuentes Téllez Octavio INASISTENCIA
39 Gamboa Patrón Emilio ASISTENCIA
40 Garza Garza Horacio Emigdio ASISTENCIA
41 Gebhardt Garduza Yary del Carmen PERMISO MESA DIRECTIVA
42 Gloria Requena Tomás PERMISO MESA DIRECTIVA
43 Gómez Lugo Elda ASISTENCIA
44 González Calderón Martha Hilda PERMISO MESA DIRECTIVA
45 González Salum Miguel Ángel ASISTENCIA
46 González Zarur Mariano ASISTENCIA
47 Guerrero García Javier ASISTENCIA
48 Guerrero Juárez Joel ASISTENCIA
49 Gurrión Matías Daniel ASISTENCIA
50 Herrera Ale Juana Leticia INASISTENCIA
51 Herrera Coyac Wenceslao ASISTENCIA
52 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando PERMISO MESA DIRECTIVA
53 Lagunes Gallina Gerardo ASISTENCIA
54 Lescieur Talavera Jorge Mario ASISTENCIA
55 López Balbuena Guillermina INASISTENCIA
56 Madrid Tovilla Arely INASISTENCIA
57 Martínez Rocha Arturo ASISTENCIA
58 Martínez Rodríguez Lorena ASISTENCIA
59 Méndez Lanz Víctor Manuel INASISTENCIA
60 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso ASISTENCIA
61 Merodio Reza Lilia Guadalupe ASISTENCIA
62Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl ASISTENCIA
63 Morales García Elizabeth CÉDULA
64 Mota Hernández Adolfo ASISTENCIA
65 Muñoz Serna Rogelio ASISTENCIA
66Murat José ASISTENCIA
67 Ochoa González Arnoldo ASISTENCIA
68 Ojeda Camacho Gilberto PERMISO MESA DIRECTIVA
69 Olivares Monterrubio Alejandro ASISTENCIA
70 Olivares Ventura Héctor Hugo ASISTENCIA
71 Ordaz Jiménez Ismael INASISTENCIA
72 Orihuela Bárcenas José Ascención ASISTENCIA
73 Ortega Tzitzihua María Dolores Lucía ASISTENCIA
74Ortiz Del Carpio Víctor ASISTENCIA
75 Ortiz Proal Mauricio ASISTENCIA
76 Padilla Gutiérrez Héctor ASISTENCIA
77 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz ASISTENCIA
78 Palma César Víctor Samuel ASISTENCIA
79 Parás González Juan Manuel PERMISO MESA DIRECTIVA
80 Partida Guzmán Martha Rocío ASISTENCIA
81 Patrón Montalvo Jesús Manuel ASISTENCIA
82 Peñuelas Acuña Mayra Gisela INASISTENCIA
83 Pérez Valdés Daniel PERMISO MESA DIRECTIVA
84 Pinete Vargas María del Carmen ASISTENCIA
85 Quiñones Canales Lourdes CÉDULA
86 Ramírez Martínez José Edmundo ASISTENCIA
87 Ramírez Stabros Jesús INASISTENCIA
88 Reyna García José Jesús ASISTENCIA
89 Ríos Camarena Alfredo Adolfo ASISTENCIA
90 Rivera Bedoya Juan Francisco ASISTENCIA
91 Rodríguez Martínez Alicia ASISTENCIA
92 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda ASISTENCIA
93 Rojas Gutiérrez Carlos ASISTENCIA
94 Salas López Ramón ASISTENCIA
95 Sánchez Hernández Eduardo ASISTENCIA
96 Sánchez Peñuelas Salvador ASISTENCIA
97 Sandoval Paredes Sergio ASISTENCIA
98 Serrano Escobar Enrique ASISTENCIA
99 Sosa Castelán Gerardo ASISTENCIA
100 Vargas Landeros Gerardo Octavio ASISTENCIA
101Vega Ortíz María Oralia ASISTENCIA
102 Velasco Pérez Juan Carlos ASISTENCIA
103 Villa Villa Isael ASISTENCIA
104 Virgen Carrera Víctor Manuel CÉDULA
Asistencias: 79
Asistencias por cédula: 4
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 11
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 10
Total diputados: 104


CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis ASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías ASISTENCIA
4 Castellanos Hernández Félix INASISTENCIA
5 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús ASISTENCIA
6 Chanona Burguete Alejandro ASISTENCIA
7 Del Río Virgen José Manuel ASISTENCIA
8 Godoy Cárdenas Jorge ASISTENCIA
9 López Lena Cruz Humberto ASISTENCIA
10 Melo Velázquez José Francisco ASISTENCIA
11 Salvatori Bronca María del Carmen ASISTENCIA
12 Samperio Montaño Juan Ignacio ASISTENCIA
13 Sansores San Román Layda Elena ASISTENCIA
14 Tagle Martínez Martha Angélica ASISTENCIA
15 Uscanga Cruz Robinson ASISTENCIA
16 Valdés Chávez Ramón ASISTENCIA
17 Varela Lagunas Tomás José Luis ASISTENCIA
18 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc ASISTENCIA
Asistencias: 17
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 18


PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio CÉDULA
2 Bellizzia Rosique Pascual ASISTENCIA
3 Cobo Terrazas Diego CÉDULA
4 Elizondo Garrido Francisco ASISTENCIA
5 Estrada González Faustino Javier ASISTENCIA
6 González Martínez Jorge Emilio CÉDULA
7 Lavara Mejía Gloria ASISTENCIA
8 López Adame Antonio Xavier ASISTENCIA
9 Manrique Guevara Beatriz ASISTENCIA
10 Notholt Guerrero Alan ASISTENCIA
11Portilla Dieguez Manuel Salvador ASISTENCIA
12 Puente Salas Carlos Alberto ASISTENCIA
13 Ramírez Cerda Ana María ASISTENCIA
14Rodríguez Luis Alejandro INASISTENCIA
15 Salgado Amador Manuel Salvador ASISTENCIA
16 Sesma Suárez Jesús ASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica ASISTENCIA
Asistencias: 13
Asistencias por cédula: 3
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 17


PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén CÉDULA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime ASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis ASISTENCIA
7Maciel Ortiz Ma. Mercedes ASISTENCIA
8 Peregrino García Abundio ASISTENCIA
9 Romero Guzmán Rosa Elia ASISTENCIA
10 Solís Parga Rodolfo PERMISO MESA DIRECTIVA
11 Vela González Joaquín Humberto INASISTENCIA
Asistencias: 8
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 11


NUEVA ALIANZA
1 Arriola G. Mónica T. PERMISO MESA DIRECTIVA
2 Cárdenas Fonseca Manuel ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto ASISTENCIA
6 Luna Becerril Blanca ASISTENCIA
7 Luna Rodríguez Silvia ASISTENCIA
8 Pérez Bolaños Ana Elisa ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma ASISTENCIA
Asistencias: 8
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 9


ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina CÉDULA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe ASISTENCIA
3 García Méndez Armando ASISTENCIA
4 Hernández Valadés Delio ASISTENCIA
5 Pedro Cortés Santiago Gustavo ASISTENCIA
Asistencias: 4
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 5


1 Alcaraz Hernández Alma Edwviges 2 Antuña Batista Fidel 3 Campos Galván María Eugenia 4 Ceja Romero Ramón 5 Collado Lara Beatriz 6 Díaz Garibay Felipe 7 Lizaola de la Torre Alonso Manuel 8 Medellín Varela Antonio 9 Medina Rodríguez Delber 10 Mohamar Dainitin Oscar Miguel 11 Nordhausen González Jorge Rubén 12 Rodríguez Ahumada Luis Fernando 13 Rojas Hernández Laura Angélica 14 Romo Jiménez Martha Angélica 15 Rubio Chávez José Ignacio Alberto 16 Torres Herrera Víctor Manuel 17 Velázquez Gutiérrez José Guillermo Faltas por grupo: 17

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 Wilfrido Alonso Razo Humberto
2 Bautista Bravo Alliet Mariana
3 Ríos Gamboa Raúl
4 Soriano Sánchez Rosa Elva
5 Vallejo Estevez Mario
Faltas por grupo: 5


PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 Aguilar Solís Samuel
2 Cárdenas Del Avellano Enrique
3 Fuentes Téllez Octavio
4 Herrera Ale Juana Leticia
5 López Balbuena Guillermina
6 Madrid Tovilla Arely
7 Méndez Lanz Víctor Manuel
8 Ordaz Jiménez Ismael
9 Peñuelas Acuña Mayra Gisela
10 Ramírez Stabros Jesús
Faltas por grupo: 10


CONVERGENCIA
Diputado
1 Castellanos Hernández Félix
Faltas por grupo: 1


PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Diputado
1 Rodríguez Luis Alejandro
Faltas por grupo: 1


PARTIDO DEL TRABAJO
Diputado
1 Vela González Joaquín Humberto
Faltas por grupo: 1


VOTACIONES

Del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito (en lo general y en lo particular)
PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino Favor
2 Aguilar López, José Alejandro Favor
3 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges Ausente
4 Álvarez Bernal, María Elena Favor
5 Amezola Fonceca, Gerardo Favor
6 Antuna Batista, Fidel Ausente
7 Aranda Orozco, Gerardo Favor
8 Arellano Arellano, Joel Ausente
9 Arenas Guzmán, Margarita Favor
10 Argüelles Arellano, María del Consuelo Ausente
11 Arizméndi Uribe, Efraín Favor
12 Armendáriz García, Pedro Favor
13 Arredondo Ibarra, Salvador Favor
14 Arredondo Velázquez, Jesús Ausente
15 Ávila Mayo, Obdulio Ausente
16 Barradas Miravete, Gregorio Ausente
17 Barrios Rodríguez, Juan Enrique Contra
18 Bello Pérez, Alfonso Othón Favor
19 Berber Martínez, Antonio Favor
20 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier Favor
21 Bracho González, Carlos Augusto Favor
22 Buganza Salmerón, Gerardo Favor
23 Campos Galván, María Eugenia Ausente
24 Carbajal Méndez, Liliana Favor
25 Cárdenas Sánchez, Esmeralda Ausente
26 Cardona Benavídez, Alma Xóchil Ausente
27 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto Favor
28 Carrasco Cárdenas, Sarahí Favor
29 Carrillo Sandoval, Fortino Favor
30 Castaño Contreras, Cristián Favor
31 Castro de la Rosa, Osiel Favor
32 Ceja Romero, Ramón Ausente
33 Collado Lara, Beatriz Ausente
34 Contreras Coeto, José Luis Favor
35 Corral Aguilar, María Mercedes Favor
36 Cuen Garibi, Marcela Favor
37 Curiel Preciado, Leobardo Favor
38 Dávila Fernández, Adriana Ausente
39 Dávila García, Francisco Favor
40 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio Favor
41 De la Torre Sánchez, José Favor
42 De León Tello, Jesús Favor
43 Degante Romero, Silvia Emilia Favor
44 Del Toro del Villar, Tomás Favor
45 Del Valle Toca, Antonio Ausente
46 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique Favor
47 Denegre Vaught, Rosaura Contra
48 Díaz de León Torres, Leticia Contra
49 Díaz García, José Antonio Favor
50 Díaz Garibay, Felipe Ausente
51 Díaz Gordillo, Martha Cecilia Favor
52 Díaz Mena, Joaquín Jesús Favor
53 Domínguez Servién, Francisco Favor
54 Duck Núñez, Edgar Mauricio Favor
55 Enríquez Flores, Armando Favor
56 Escaroz Soler, Gerardo Antonio Favor
57 Escobar Jardinez, Adolfo Favor
58 Espinosa Piña, José Luis Favor
59 Félix Holguín, Armando Jesús Favor
60 Felton González, Carlos Eduardo Ausente
61 Fernández Cabrera, Adrián Ausente
62 Fernández Ugarte, Carmen Favor
63 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro Favor
64 Flores Grande, Arturo Favor
65 Flores Morfín, Jesús Vicente Favor
66 Fraile García, Francisco Antonio Favor
67 Franco Cazarez, Ricardo Ausente
68 Fuentes Ortiz, José Guillermo Favor
69 Galván Valles, Rosa Elena Favor
70 García González, Carlos Alberto Abstención
71 García Müller, Martha Margarita Favor
72 García Reyes, Ángel Humberto Favor
73 García Reyes, Beatriz Eugenia Favor
74 García Vivián, Raúl Favor
75 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes Favor
76 Gómez Leyva, Silvio Ausente
77 González Betancourt, Jorge Justiniano Favor
78 González Martínez, María Gabriela Favor
79 González Morán, Martín Oscar Favor
80 González Roaro, Benjamín Ernesto Favor
81 González Ruiz, Felipe Favor
82 González Sánchez, María Dolores Favor
83 Gudiño Ortiz, Francisco Javier Favor
84 Guerrero Torres, José Gildardo Contra
85 Gutiérrez Aguilar, Miguel Ángel Favor
86 Gutiérrez Lagunes, María Victoria Favor
87 Hernández Núñez, Elia Contra
88 Hurtado Pérez, Nelly Asunción Favor
89 Iragorri Durán, Enrique Favor
90 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles Favor
91 Jiménez Ramos, María Esther Favor
92 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia Favor
93 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar Favor
94 Landero Gutiérrez, Alejandro Favor
95 Landeros González, Ramón Favor
96 Lara Compeán, David Favor
97 Larios Córdova, Héctor Ausente
98 Laviada Hernández, Íñigo Antonio Ausente
99 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio Contra
100 Leura González, Agustín Favor
101 Limas Frescas, María Soledad Favor
102 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel Ausente
103 López Cisneros, José Martín Favor
104 López Reyna, Omeheira Ausente
105 López Silva, Rubí Laura Favor
106 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel Favor
107 Lujano Nicolás, Christian Martín Ausente
108 Maawad Robert, Luis Xavier Ausente
109 Madrazo Limón, Carlos Favor
110 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús Favor
111 Malagón Ríos, Martín Favor
112 Maldonado González, David Ausente
113 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María Favor
114 Martínez Valero, Dora Alicia Contra
115 Medellín Varela, Antonio Ausente
116 Medina Macias, Alma Hilda Ausente
117 Medina Rodríguez, Delber Ausente
118 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia Favor
119 Mejía García, Luis Alonso Favor
120 Méndez Meneses, Apolonio Favor
121 Mendoza Morales, Lucía Susana Favor
122 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel Ausente
123 Mollinedo Hernández, Agustín Favor
124 Monraz Ibarra, Miguel Ángel Ausente
125 Montes Sánchez, Fabián Fernando Ausente
126 Montiel Luis, Lariza Favor
127 Mora Cuevas, Marisol Favor
128 Morales Ramos, José Nicolás Favor
129 Morales Utrera, Mercedes Favor
130 Moreno Álvarez, Mario Eduardo Ausente
131 Morgan Franco, Rocío del Carmen Contra
132 Muñoz Serrano, José Antonio Ausente
133 Murillo Flores, Francisco Javier Favor
134 Murillo Torres, José Luis Favor
135 Navarro Sugich, Carlos Alberto Contra
136 Nordhausen González, Jorge Rubén Ausente
137 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves Favor
138 Ochoa López, Nabor Ausente
139 Olvera Higuera, Edgar Armando Ausente
140 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto Favor
141 Ortega Martínez, María del Pilar Contra
142 Ortiz Hernández, Eduardo Favor
143 Ortiz Montoro, Sagrario María del Rosario Abstención
144 Oviedo Oviedo, Ernesto Favor
145 Padilla Orozco, Raúl Alejandro Ausente
146 Palafox Núñez, José Inés Favor
147 Paredes Rodríguez, Francisco Javier Favor
148 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen Favor
149 Parra Noriega, Luis Gustavo Favor
150 Pérez de Tejada Romero, Diana Carolina Favor
151 Pérez Cuéllar, Cruz Favor
152 Peyrot Solís, Marco A. Contra
153 Plascencia Alonso, Francisco Javier Favor
154 Priego Tapia, Gerardo Favor
155 Pulido Pecero, Pedro Favor
156 Quintero Bello, Jorge Favor
157 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana Contra
158 Ramírez Barba, Ector Jaime Favor
159 Ramírez Corral, Ivette Jacqueline Favor
160 Ramírez Pech, Edgar Martín Favor
161 Ramírez Villarreal, Gustavo Favor
162 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel Favor
163 Reyes García, María Isabel Favor
164 Reyes López, Carlos Armando Favor
165 Rincón Vargas, Mirna Cecilia Favor
166 Rivera Rivera, José Guadalupe Favor
167 Rivero Rivero, Rolando Favor
168 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando Ausente
169 Rodríguez Jiménez, Ricardo Ausente
170 Rodríguez Prats, Juan José Contra
171 Rodríguez Uresti, Enrique Favor
172 Rojas Hernández, Laura Angélica Ausente
173 Román Isidoro, Demetrio Favor
174 Romo Jiménez, Martha Angélica Ausente
175 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto Ausente
176 Rueda Gómez, Francisco Favor
177 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto Favor
178 Salas Contreras, Marcos Ausente
179 Salazar Madera, Mario Alberto Favor
180 Salum del Palacio, Jorge Alejandro Favor
181 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio Favor
182 Sánchez Domínguez, Alejandro Favor
183 Sánchez Gil, Carlos René Favor
184 Sánchez Juárez, Claudia Ausente
185 Sánchez Trujillo, José Víctor Favor
186 Sandoval Munguia, Juan Manuel Favor
187 Serrato Castell, Luis Gerardo Favor
188 Shej Guzmán Sara Favor
189 Solano Muñoz, José de Jesús Favor
190 Stefanonni Mazzocco, Martín Favor
191 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette Abstención
192 Torres Gómez, Artemio Contra
193 Torres Herrera, Víctor Manuel Ausente
194 Torres Torres, Carlos Alberto Favor
195 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe Favor
196 Valladolid Rodríguez, Antonio Abstención
197 Vasconcelos Rueda, Antonio Favor
198 Vázquez Martínez, Alberto Favor
199 Vega Corona, Antonio Favor
200 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo Ausente
201 Verástegui Ostos, César Augusto Favor
202 Verdín Saldaña, Jaime Favor
203 Victoria Alva, Juan Favor
204 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca Favor
205 Villanueva Arjona, Juan Manuel Contra
206 Zambrano Elizondo, Javier Martín Favor
Favor: 140
Contra: 15
Abstención: 4
Quorum: 0
Ausentes: 47
Total: 206
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor Favor
2 Alavez Ruiz, Aleida Favor
3 Almazán González, José Antonio Favor
4 Almonte Borja, Ramón Favor
5 Alonso Flores, Lourdes Ausente
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo Ausente
7 Altamirano Toledo, Carlos Favor
8 Alva Olvera, Maribel Luisa Favor
9 Álvarez Ramón, Silbestre Favor
10 Amaro Corona, Alberto Favor
11 Aragón Castillo, Irene Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario Favor
14 Barreiro Pérez, Armando Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia Favor
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana Ausente
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh Favor
18 Brito González, Modesto Favor
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier Favor
20 Campos Aburto, Amador Favor
21 Cárdenas Hernández, Raymundo Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora Favor
23 Chávez García, Higinio Ausente
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac Favor
25 Contreras Julián, Maricela Ausente
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia Favor
27 Cuevas Córdova, Othón Favor
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix Favor
29 De la Rosa García, Juan Hugo Favor
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado Favor
31 Dehesa Mora, Daniel Favor
32 Del Toro , Mario Enrique Favor
33 Díaz Contreras, Adriana Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz Favor
35 Espejel Lazcano, Jaime Favor
36 Fernández Balboa, Mónica Abstención
37 Flores Maldonado, César Favor
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro Ausente
39 Franco Melgarejo, Rafael Favor
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo Favor
41 García Rodríguez, Víctor Hugo Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí Quorum
43 González Garza, Javier Ausente
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio Favor
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis Favor
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene Favor
47 Hernández Hernández, Sergio Favor
48 Hernández Manzanares, Javier Favor
49 Hernández Silva, Benjamín Favor
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia Favor
51 Jacques y Medina, José Ausente
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia Favor
53 Landero López, Pedro Favor
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario Favor
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi Favor
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel Favor
57 López Barriga, Erick Favor
58 López Becerra, Santiago Favor
59 López Rojas, Alberto Favor
60 López Torres, María Soledad Favor
61 Lozano Lozano, Andrés Favor
62 Luna Munguía, Alma Lilia Favor
63 Macedo Escartín, Miguel Ángel Favor
64 Márquez Madrid, Camerino Eleazar Favor
65 Márquez Tinoco, Francisco Favor
66 Martínez Hernández, Alejandro Ausente
67 Martínez Martínez, Carlos Roberto Favor
68 Martínez Martínez, Francisco Favor
69 Martínez Padilla, Hugo Eduardo Favor
70 Martínez Vargas Octavio Ausente
71 Matías Alonso, Marcos Favor
72 Matus Toledo, Holly Favor
73 Mayans Canabal, Fernando Favor
74 Mendoza Arellano, David Favor
75 Mendoza Flores, Roberto Ausente
76 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio Ausente
77 Mendoza Mendoza, Irineo Ausente
78 Monreal Ávila, Susana Favor
79 Montalvo Rojas, Victorio Rubén Favor
80 Morales Manzo, Jesús Ricardo Favor
81 Morales Sánchez, Efraín Ausente
82 Morales Vázquez, Carlos Orsoe Favor
83 Narcía Álvarez, Héctor Ausente
84 Navarro López, Carlos Ernesto Ausente
85 Navarro Quintero, Miguel Ángel Ausente
86 Ojeda Hernández, Concepción Favor
87 Orcí Martínez, Juan Adolfo Favor
88 Ortega Martínez, Antonio Favor
89 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia Favor
90 Pacheco Llanes, Ramón Félix Ausente
91 Pedraza Chávez, Isidro Favor
92 Pedrozo Castillo, Adrián Favor
93 Peña Sánchez, Miguel Ángel Ausente
94 Pérez Cruz, Raciel Favor
95 Pulido Santiago, Celso David Favor
96 Ramos Becerril, Rafael Plácido Favor
97 Ramos Castellanos, Martín Favor
98 Rasgado Corsi, Gloria Ausente
99 Ríos Gamboa, Raúl Ausente
100 Romero Gutiérrez, Odilón Favor
101 Ruiz Sánchez, Salvador Favor
102 Saavedra Coronel, José Antonio Favor
103 Salinas Pérez, Josefina Favor
104 San Martín Hernández, Juan Manuel Favor
105 Sánchez Barrios, Carlos Ausente
106 Sánchez Cabrales, Rafael Elías Favor
107 Sánchez Camacho, Alejandro Favor
108 Sánchez Camacho, David Favor
109 Sánchez Ramos, Francisco Favor
110 Sánchez Valdéz, Eva Angelina Favor
111 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc Favor
112 Santos Arreola, Francisco Javier Ausente
113 Solares Chávez, Miguel Ángel Favor
114 Soriano Sánchez, Rosa Elva Ausente
115 Soto Sánchez, Antonio Favor
116 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso Ausente
117 Torres Baltazar, María Elena Favor
118 Torres García, Daniel Favor
119 Trejo Pérez, Pablo Favor
120 Ulloa Pérez, Emilio Ausente
121 Vallejo Estevez, Mario Ausente
122 Varela López, Víctor Gabriel Favor
123 Villanueva Albarrán, Gerardo Favor
124 Villicaña García, Rafael Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto Favor
127 Zepeda Hernández, Martín Favor
Favor: 97
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 1
Ausentes: 28
Total: 127
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico Favor
2 Aguilar , Diego Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel Ausente
4 Aispuro Torres, José Rosas Ausente
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio Ausente
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo Ausente
7 Amador Gaxiola, Daniel Ausente
8 Amador Leal, Narcizo Alberto Ausente
9 Ayala Almeida, Joel Favor
10 Badillo Martínez, Roberto Favor
11 Barajas López, Ramón Favor
12 Barajas del Toro, Salvador Favor
13 Barba Hernández, Alfredo Favor
14 Beltrán Montes, Israel Favor
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique Ausente
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio Favor
17 Biebrich Torres, Carlos Armando Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis Favor
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio Favor
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo Favor
22 Carballo Bustamante, Andrés Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique Ausente
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl Ausente
26 Colín Guadarrama, María Mercedes Ausente
27 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías Favor
28 De la Garza Treviño, Jorge Luis Favor
29 Díaz Athié, Antonio de Jesús Favor
30 Díaz Solorzano, Elmar Darinel Ausente
31 Domínguez Domínguez, Nemesio Ausente
32 Duarte Jáquez, César Favor
33 Escajeda Jiménez, José Rubén Favor
34 Escalante Jasso, Aracely Favor
35 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías Favor
36 Estefan Chidiac, Charbel Jorge Favor
37 Flores Sandoval, Patricio Favor
38 Fuentes Tellez, Octavio Ausente
39 Gamboa Patrón, Emilio Favor
40 Garza Garza, Horacio Emigdio Favor
41 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen Ausente
42 Gloria Requena, Tomás Ausente
43 Gómez Lugo, Elda Favor
44 González Calderón, Martha Hilda Ausente
45 González Salum, Miguel Ángel Favor
46 González Zarur, Mariano Favor
47 Guerrero García, Javier Favor
48 Guerrero Juárez, Joel Ausente
49 Gurrión Matías, Daniel Favor
50 Herrera Ale, Juana Leticia Ausente
51 Herrera Coyac, Wenceslao Favor
52 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando Ausente
53 Lagunes Gallina, Gerardo Favor
54 Lescieur Talavera, Jorge Mario Favor
55 López Balbuena, Guillermina Ausente
56 Madrid Tovilla, Areli Ausente
57 Martínez Rodríguez, Lorena Favor
58 Martínez Rocha, Arturo Favor
59 Méndez Lanz, Víctor Manuel Ausente
60 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso Favor
61 Merodio Reza, Lilia Guadalupe Favor
62 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl Favor
63 Morales García, Elizabeth Favor
64 Mota Hernández, Adolfo Favor
65 Muñoz Serna, Rogelio Favor
66 Murat, José Favor
67 Ochoa González, Arnoldo Favor
68 Ojeda Camacho, Gilberto Ausente
69 Olivares Monterrubio, Alejandro Favor
70 Olivares Ventura, Héctor Hugo Ausente
71 Ordaz Jiménez, Ismael Ausente
72 Orihuela Bárcenas, José Ascención Favor
73 Ortega Tzitzihua, María Dolores Lucía Favor
74 Ortiz del Carpio, Víctor Favor
75 Ortiz Proal, Mauricio Favor
76 Padilla Gutiérrez, Héctor Ausente
77 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz Favor
78 Palma César, Víctor Samuel Favor
79 Parás González, Juan Manuel Ausente
80 Partida Guzmán, Martha Rocío Favor
81 Patrón Montalvo, Jesús Manuel Ausente
82 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela Ausente
83 Pérez Valdés, Daniel Ausente
84 Pinete Vargas, María del Carmen Favor
85 Quiñones Canales, Lourdes Favor
86 Ramírez Martínez, José Edmundo Favor
87 Ramírez Stabros, Jesús Ausente
88 Reyna García, José Jesús Favor
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo Favor
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco Ausente
91 Rodríguez Martínez, Alicia Favor
92 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda Favor
93 Rojas Gutiérrez, Carlos Favor
94 Salas López, Ramón Favor
95 Sánchez Hernández, Eduardo Favor
96 Sánchez Peñuelas, Salvador Favor
97 Sandoval Paredes, Sergio Favor
98 Serrano Escobar, Enrique Favor
99 Sosa Castelán, Gerardo Favor
100 Vargas Landeros, Gerardo Octavio Favor
101 Vega Ortiz, María Oralia Favor
102 Velasco Pérez, Juan Carlos Favor
103 Villa Villa, Isael Ausente
104 Virgen Carrera, Víctor Manuel Favor
Favor: 69
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 35
Total: 104
CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan Favor
2 Aguilera Rico, José Luis Favor
3 Cárdenas Márquez, Elías Ausente
4 Castellanos Hernández, Félix Ausente
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús Ausente
6 Chanona Burguete, Alejandro Ausente
7 Del Río Virgen, José Manuel Favor
8 Godoy Cárdenas, Jorge Ausente
9 López Lena Cruz, Humberto Ausente
10 Melo Velázquez, José Francisco Favor
11 Salvatori Bronca, María del Carmen Favor
12 Samperio Montaño, Juan Ignacio Favor
13 Sansores San Román, Layda Elena Ausente
14 Tagle Martínez, Martha Angélica Favor
15 Uscanga Cruz, Robinson Favor
16 Valdés Chávez, Ramón Favor
17 Varela Lagunas, Tomás José Luis Favor
18 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc Ausente
Favor: 10
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 8
Total: 18
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio Favor
2 Bellizzia Rosique, Pascual Favor
3 Cobo Terrazas, Diego Ausente
4 Elizondo Garrido, Francisco Favor
5 Estrada González, Faustino Javier Favor
6 González Martínez, Jorge Emilio Favor
7 Lavara Mejía, Gloria Favor
8 López Adame, Antonio Xavier Ausente
9 Manrique Guevara, Beatriz Ausente
10 Notholt Guerrero, Alan Favor
11 Portilla Diéguez, Manuel Favor
12 Puente Salas, Carlos Alberto Favor
13 Ramírez Cerda, Ana María Favor
14 Rodríguez Luis, Alejandro Favor
15 Salgado Amador, Manuel Salvador Favor
16 Sesma Suárez, Jesús Favor
17 Velasco Rodríguez, Verónica Favor
Favor: 14
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 17
PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén Favor
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo Favor
3 Cantú Garza, Ricardo Favor
4 Cervantes Rivera, Jaime Ausente
5 Garay Ulloa, Silvano Favor
6 Herrera Solís, Anuario Luis Ausente
7 Maciel Ortiz, María Mercedez Favor
8 Peregrino García, Abundio Favor
9 Romero Guzmán, Rosa Elia Favor
10 Solís Parga, Rodolfo Ausente
11 Vela González, Joaquín Humberto Ausente
Favor: 7
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 11
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel Favor
3 Castillo Nájera, Ariel Ausente
4 Dávila Esquivel, Humberto Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto Favor
6 Luna Becerril, Blanca Ausente
7 Luna Rodríguez, Silvia Ausente
8 Pérez Bolaños, Ana Elisa Ausente
9 Piñeyro Arias, Irma Favor
Favor: 4
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 5
Total: 9
PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina Favor
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe Ausente
3 García Méndez, Armando Ausente
4 Hernández Valadés, Delio Favor
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo Favor
Favor: 3
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 5
Del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 61 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (en lo general y en lo particular)
PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino Favor
2 Aguilar López, José Alejandro Favor
3 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges Ausente
4 Álvarez Bernal, María Elena Favor
5 Amezola Fonceca, Gerardo Favor
6 Antuna Batista, Fidel Ausente
7 Aranda Orozco, Gerardo Favor
8 Arellano Arellano, Joel Ausente
9 Arenas Guzmán, Margarita Favor
10 Argüelles Arellano, María del Consuelo Favor
11 Arizméndi Uribe, Efraín Favor
12 Armendáriz García, Pedro Favor
13 Arredondo Ibarra, Salvador Favor
14 Arredondo Velázquez, Jesús Favor
15 Ávila Mayo, Obdulio Ausente
16 Barradas Miravete, Gregorio Ausente
17 Barrios Rodríguez, Juan Enrique Favor
18 Bello Pérez, Alfonso Othón Favor
19 Berber Martínez, Antonio Favor
20 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier Favor
21 Bracho González, Carlos Augusto Favor
22 Buganza Salmerón, Gerardo Favor
23 Campos Galván, María Eugenia Ausente
24 Carbajal Méndez, Liliana Favor
25 Cárdenas Sánchez, Esmeralda Ausente
26 Cardona Benavídez, Alma Xóchil Ausente
27 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto Favor
28 Carrasco Cárdenas, Sarahí Favor
29 Carrillo Sandoval, Fortino Favor
30 Castaño Contreras, Cristián Favor
31 Castro de la Rosa, Osiel Favor
32 Ceja Romero, Ramón Ausente
33 Collado Lara, Beatriz Ausente
34 Contreras Coeto, José Luis Favor
35 Corral Aguilar, María Mercedes Favor
36 Cuen Garibi, Marcela Favor
37 Curiel Preciado, Leobardo Favor
38 Dávila Fernández, Adriana Ausente
39 Dávila García, Francisco Ausente
40 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio Favor
41 De la Torre Sánchez, José Favor
42 De León Tello, Jesús Favor
43 Degante Romero, Silvia Emilia Favor
44 Del Toro del Villar, Tomás Favor
45 Del Valle Toca, Antonio Ausente
46 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique Favor
47 Denegre Vaught, Rosaura Favor
48 Díaz de León Torres, Leticia Favor
49 Díaz García, José Antonio Favor
50 Díaz Garibay, Felipe Ausente
51 Díaz Gordillo, Martha Cecilia Ausente
52 Díaz Mena, Joaquín Jesús Favor
53 Domínguez Servién, Francisco Favor
54 Duck Núñez, Edgar Mauricio Favor
55 Enríquez Flores, Armando Favor
56 Escaroz Soler, Gerardo Antonio Favor
57 Escobar Jardinez, Adolfo Favor
58 Espinosa Piña, José Luis Favor
59 Félix Holguín, Armando Jesús Favor
60 Felton González, Carlos Eduardo Ausente
61 Fernández Cabrera, Adrián Ausente
62 Fernández Ugarte, Carmen Favor
63 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro Favor
64 Flores Grande, Arturo Favor
65 Flores Morfín, Jesús Vicente Favor
66 Fraile García, Francisco Antonio Favor
67 Franco Cazarez, Ricardo Ausente
68 Fuentes Ortiz, José Guillermo Favor
69 Galván Valles, Rosa Elena Favor
70 García González, Carlos Alberto Favor
71 García Müller, Martha Margarita Favor
72 García Reyes, Ángel Humberto Favor
73 García Reyes, Beatriz Eugenia Favor
74 García Vivián, Raúl Favor
75 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes Favor
76 Gómez Leyva, Silvio Ausente
77 González Betancourt, Jorge Justiniano Favor
78 González Martínez, María Gabriela Favor
79 González Morán, Martín Oscar Favor
80 González Roaro, Benjamín Ernesto Favor
81 González Ruiz, Felipe Favor
82 González Sánchez, María Dolores Favor
83 Gudiño Ortiz, Francisco Javier Favor
84 Guerrero Torres, José Gildardo Favor
85 Gutiérrez Aguilar, Miguel Ángel Favor
86 Gutiérrez Lagunes, María Victoria Favor
87 Hernández Núñez, Elia Favor
88 Hurtado Pérez, Nelly Asunción Favor
89 Iragorri Durán, Enrique Favor
90 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles Favor
91 Jiménez Ramos, María Esther Favor
92 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia Favor
93 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar Favor
94 Landero Gutiérrez, Alejandro Favor
95 Landeros González, Ramón Favor
96 Lara Compeán, David Favor
97 Larios Córdova, Héctor Ausente
98 Laviada Hernández, Íñigo Antonio Ausente
99 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio Favor
100 Leura González, Agustín Favor
101 Limas Frescas, María Soledad Favor
102 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel Ausente
103 López Cisneros, José Martín Favor
104 López Reyna, Omeheira Ausente
105 López Silva, Rubí Laura Favor
106 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel Favor
107 Lujano Nicolás, Christian Martín Ausente
108 Maawad Robert, Luis Xavier Ausente
109 Madrazo Limón, Carlos Favor
110 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús Favor
111 Malagón Ríos, Martín Favor
112 Maldonado González, David Ausente
113 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María Favor
114 Martínez Valero, Dora Alicia Favor
115 Medellín Varela, Antonio Ausente
116 Medina Macias, Alma Hilda Ausente
117 Medina Rodríguez, Delber Ausente
118 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia Favor
119 Mejía García, Luis Alonso Favor
120 Méndez Meneses, Apolonio Favor
121 Mendoza Morales, Lucía Susana Favor
122 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel Ausente
123 Mollinedo Hernández, Agustín Ausente
124 Monraz Ibarra, Miguel Ángel Ausente
125 Montes Sánchez, Fabián Fernando Ausente
126 Montiel Luis, Lariza Favor
127 Mora Cuevas, Marisol Favor
128 Morales Ramos, José Nicolás Favor
129 Morales Utrera, Mercedes Quorum
130 Moreno Álvarez, Mario Eduardo Ausente
131 Morgan Franco, Rocío del Carmen Favor
132 Muñoz Serrano, José Antonio Ausente
133 Murillo Flores, Francisco Javier Favor
134 Murillo Torres, José Luis Favor
135 Navarro Sugich, Carlos Alberto Favor
136 Nordhausen González, Jorge Rubén Ausente
137 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves Favor
138 Ochoa López, Nabor Ausente
139 Olvera Higuera, Edgar Armando Ausente
140 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto Favor
141 Ortega Martínez, María del Pilar Favor
142 Ortiz Hernández, Eduardo Favor
143 Ortiz Montoro, Sagrario María del Rosario Favor
144 Oviedo Oviedo, Ernesto Favor
145 Padilla Orozco, Raúl Alejandro Ausente
146 Palafox Núñez, José Inés Favor
147 Paredes Rodríguez, Francisco Javier Favor
148 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen Favor
149 Parra Noriega, Luis Gustavo Favor
150 Pérez de Tejada Romero, Diana Carolina Favor
151 Pérez Cuéllar, Cruz Favor
152 Peyrot Solís, Marco A. Favor
153 Plascencia Alonso, Francisco Javier Favor
154 Priego Tapia, Gerardo Favor
155 Pulido Pecero, Pedro Favor
156 Quintero Bello, Jorge Favor
157 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana Favor
158 Ramírez Barba, Ector Jaime Favor
159 Ramírez Corral, Ivette Jacqueline Favor
160 Ramírez Pech, Edgar Martín Favor
161 Ramírez Villarreal, Gustavo Favor
162 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel Favor
163 Reyes García, María Isabel Favor
164 Reyes López, Carlos Armando Favor
165 Rincón Vargas, Mirna Cecilia Favor
166 Rivera Rivera, José Guadalupe Favor
167 Rivero Rivero, Rolando Favor
168 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando Ausente
169 Rodríguez Jiménez, Ricardo Ausente
170 Rodríguez Prats, Juan José Favor
171 Rodríguez Uresti, Enrique Favor
172 Rojas Hernández, Laura Angélica Ausente
173 Román Isidoro, Demetrio Ausente
174 Romo Jiménez, Martha Angélica Ausente
175 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto Ausente
176 Rueda Gómez, Francisco Favor
177 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto Favor
178 Salas Contreras, Marcos Favor
179 Salazar Madera, Mario Alberto Favor
180 Salum del Palacio, Jorge Alejandro Favor
181 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio Favor
182 Sánchez Domínguez, Alejandro Favor
183 Sánchez Gil, Carlos René Favor
184 Sánchez Juárez, Claudia Ausente
185 Sánchez Trujillo, José Víctor Favor
186 Sandoval Munguia, Juan Manuel Favor
187 Serrato Castell, Luis Gerardo Favor
188 Shej Guzmán Sara Favor
189 Solano Muñoz, José de Jesús Favor
190 Stefanonni Mazzocco, Martín Favor
191 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette Ausente
192 Torres Gómez, Artemio Favor
193 Torres Herrera, Víctor Manuel Ausente
194 Torres Torres, Carlos Alberto Favor
195 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe Favor
196 Valladolid Rodríguez, Antonio Favor
197 Vasconcelos Rueda, Antonio Favor
198 Vázquez Martínez, Alberto Favor
199 Vega Corona, Antonio Favor
200 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo Ausente
201 Verástegui Ostos, César Augusto Favor
202 Verdín Saldaña, Jaime Favor
203 Victoria Alva, Juan Favor
204 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca Favor
205 Villanueva Arjona, Juan Manuel Favor
206 Zambrano Elizondo, Javier Martín Favor
Favor: 156
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 1
Ausentes: 49
Total: 206
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor Favor
2 Alavez Ruiz, Aleida Favor
3 Almazán González, José Antonio Abstención
4 Almonte Borja, Ramón Favor
5 Alonso Flores, Lourdes Ausente
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo Ausente
7 Altamirano Toledo, Carlos Favor
8 Alva Olvera, Maribel Luisa Favor
9 Álvarez Ramón, Silbestre Favor
10 Amaro Corona, Alberto Favor
11 Aragón Castillo, Irene Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario Favor
14 Barreiro Pérez, Armando Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia Abstención
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana Ausente
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh Favor
18 Brito González, Modesto Favor
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier Favor
20 Campos Aburto, Amador Favor
21 Cárdenas Hernández, Raymundo Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora Favor
23 Chávez García, Higinio Ausente
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac Favor
25 Contreras Julián, Maricela Favor
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia Favor
27 Cuevas Córdova, Othón Favor
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix Favor
29 De la Rosa García, Juan Hugo Favor
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado Favor
31 Dehesa Mora, Daniel Favor
32 Del Toro , Mario Enrique Ausente
33 Díaz Contreras, Adriana Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz Favor
35 Espejel Lazcano, Jaime Favor
36 Fernández Balboa, Mónica Favor
37 Flores Maldonado, César Favor
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro Favor
39 Franco Melgarejo, Rafael Favor
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo Favor
41 García Rodríguez, Víctor Hugo Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí Ausente
43 González Garza, Javier Ausente
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio Favor
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis Favor
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene Favor
47 Hernández Hernández, Sergio Favor
48 Hernández Manzanares, Javier Favor
49 Hernández Silva, Benjamín Favor
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia Favor
51 Jacques y Medina, José Ausente
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia Favor
53 Landero López, Pedro Favor
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario Favor
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi Favor
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel Favor
57 López Barriga, Erick Favor
58 López Becerra, Santiago Favor
59 López Rojas, Alberto Favor
60 López Torres, María Soledad Favor
61 Lozano Lozano, Andrés Ausente
62 Luna Munguía, Alma Lilia Favor
63 Macedo Escartín, Miguel Ángel Favor
64 Márquez Madrid, Camerino Eleazar Favor
65 Márquez Tinoco, Francisco Favor
66 Martínez Hernández, Alejandro Ausente
67 Martínez Martínez, Carlos Roberto Favor
68 Martínez Martínez, Francisco Favor
69 Martínez Padilla, Hugo Eduardo Ausente
70 Martínez Vargas Octavio Ausente
71 Matías Alonso, Marcos Abstención
72 Matus Toledo, Holly Favor
73 Mayans Canabal, Fernando Favor
74 Mendoza Arellano, David Ausente
75 Mendoza Flores, Roberto Quorum
76 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio Favor
77 Mendoza Mendoza, Irineo Favor
78 Monreal Ávila, Susana Favor
79 Montalvo Rojas, Victorio Rubén Ausente
80 Morales Manzo, Jesús Ricardo Favor
81 Morales Sánchez, Efraín Ausente
82 Morales Vázquez, Carlos Orsoe Favor
83 Narcía Álvarez, Héctor Ausente
84 Navarro López, Carlos Ernesto Ausente
85 Navarro Quintero, Miguel Ángel Ausente
86 Ojeda Hernández, Concepción Favor
87 Orcí Martínez, Juan Adolfo Favor
88 Ortega Martínez, Antonio Ausente
89 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia Favor
90 Pacheco Llanes, Ramón Félix Ausente
91 Pedraza Chávez, Isidro Favor
92 Pedrozo Castillo, Adrián Favor
93 Peña Sánchez, Miguel Ángel Ausente
94 Pérez Cruz, Raciel Favor
95 Pulido Santiago, Celso David Favor
96 Ramos Becerril, Rafael Plácido Favor
97 Ramos Castellanos, Martín Favor
98 Rasgado Corsi, Gloria Favor
99 Ríos Gamboa, Raúl Ausente
100 Romero Gutiérrez, Odilón Favor
101 Ruiz Sánchez, Salvador Favor
102 Saavedra Coronel, José Antonio Favor
103 Salinas Pérez, Josefina Ausente
104 San Martín Hernández, Juan Manuel Favor
105 Sánchez Barrios, Carlos Ausente
106 Sánchez Cabrales, Rafael Elías Ausente
107 Sánchez Camacho, Alejandro Favor
108 Sánchez Camacho, David Favor
109 Sánchez Ramos, Francisco Favor
110 Sánchez Valdéz, Eva Angelina Favor
111 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc Favor
112 Santos Arreola, Francisco Javier Ausente
113 Solares Chávez, Miguel Ángel Favor
114 Soriano Sánchez, Rosa Elva Ausente
115 Soto Sánchez, Antonio Favor
116 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso Ausente
117 Torres Baltazar, María Elena Favor
118 Torres García, Daniel Favor
119 Trejo Pérez, Pablo Favor
120 Ulloa Pérez, Emilio Ausente
121 Vallejo Estevez, Mario Ausente
122 Varela López, Víctor Gabriel Favor
123 Villanueva Albarrán, Gerardo Favor
124 Villicaña García, Rafael Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto Favor
127 Zepeda Hernández, Martín Favor
Favor: 92
Contra: 0
Abstención: 3
Quorum: 1
Ausentes: 31
Total: 127
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico Favor
2 Aguilar , Diego Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel Ausente
4 Aispuro Torres, José Rosas Ausente
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio Ausente
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo Ausente
7 Amador Gaxiola, Daniel Ausente
8 Amador Leal, Narcizo Alberto Ausente
9 Ayala Almeida, Joel Favor
10 Badillo Martínez, Roberto Favor
11 Barajas López, Ramón Favor
12 Barajas del Toro, Salvador Favor
13 Barba Hernández, Alfredo Favor
14 Beltrán Montes, Israel Favor
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique Ausente
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio Favor
17 Biebrich Torres, Carlos Armando Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis Favor
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio Ausente
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo Ausente
22 Carballo Bustamante, Andrés Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique Ausente
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl Ausente
26 Colín Guadarrama, María Mercedes Ausente
27 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías Favor
28 De la Garza Treviño, Jorge Luis Favor
29 Díaz Athié, Antonio de Jesús Favor
30 Díaz Solorzano, Elmar Darinel Ausente
31 Domínguez Domínguez, Nemesio Ausente
32 Duarte Jáquez, César Favor
33 Escajeda Jiménez, José Rubén Favor
34 Escalante Jasso, Aracely Favor
35 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías Favor
36 Estefan Chidiac, Charbel Jorge Favor
37 Flores Sandoval, Patricio Favor
38 Fuentes Tellez, Octavio Ausente
39 Gamboa Patrón, Emilio Favor
40 Garza Garza, Horacio Emigdio Favor
41 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen Ausente
42 Gloria Requena, Tomás Ausente
43 Gómez Lugo, Elda Favor
44 González Calderón, Martha Hilda Ausente
45 González Salum, Miguel Ángel Favor
46 González Zarur, Mariano Favor
47 Guerrero García, Javier Favor
48 Guerrero Juárez, Joel Ausente
49 Gurrión Matías, Daniel Favor
50 Herrera Ale, Juana Leticia Ausente
51 Herrera Coyac, Wenceslao Favor
52 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando Ausente
53 Lagunes Gallina, Gerardo Favor
54 Lescieur Talavera, Jorge Mario Favor
55 López Balbuena, Guillermina Ausente
56 Madrid Tovilla, Areli Ausente
57 Martínez Rodríguez, Lorena Favor
58 Martínez Rocha, Arturo Favor
59 Méndez Lanz, Víctor Manuel Ausente
60 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso Favor
61 Merodio Reza, Lilia Guadalupe Favor
62 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl Favor
63 Morales García, Elizabeth Favor
64 Mota Hernández, Adolfo Favor
65 Muñoz Serna, Rogelio Favor
66 Murat, José Favor
67 Ochoa González, Arnoldo Favor
68 Ojeda Camacho, Gilberto Ausente
69 Olivares Monterrubio, Alejandro Favor
70 Olivares Ventura, Héctor Hugo Ausente
71 Ordaz Jiménez, Ismael Ausente
72 Orihuela Bárcenas, José Ascención Favor
73 Ortega Tzitzihua, María Dolores Lucía Favor
74 Ortiz del Carpio, Víctor Favor
75 Ortiz Proal, Mauricio Ausente
76 Padilla Gutiérrez, Héctor Ausente
77 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz Favor
78 Palma César, Víctor Samuel Favor
79 Parás González, Juan Manuel Ausente
80 Partida Guzmán, Martha Rocío Favor
81 Patrón Montalvo, Jesús Manuel Ausente
82 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela Ausente
83 Pérez Valdés, Daniel Ausente
84 Pinete Vargas, María del Carmen Favor
85 Quiñones Canales, Lourdes Favor
86 Ramírez Martínez, José Edmundo Favor
87 Ramírez Stabros, Jesús Ausente
88 Reyna García, José Jesús Favor
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo Favor
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco Favor
91 Rodríguez Martínez, Alicia Favor
92 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda Favor
93 Rojas Gutiérrez, Carlos Favor
94 Salas López, Ramón Favor
95 Sánchez Hernández, Eduardo Favor
96 Sánchez Peñuelas, Salvador Favor
97 Sandoval Paredes, Sergio Favor
98 Serrano Escobar, Enrique Favor
99 Sosa Castelán, Gerardo Favor
100 Vargas Landeros, Gerardo Octavio Favor
101 Vega Ortiz, María Oralia Favor
102 Velasco Pérez, Juan Carlos Favor
103 Villa Villa, Isael Favor
104 Virgen Carrera, Víctor Manuel Favor
Favor: 68
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 36
Total: 104
CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan Favor
2 Aguilera Rico, José Luis Favor
3 Cárdenas Márquez, Elías Ausente
4 Castellanos Hernández, Félix Ausente
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús Ausente
6 Chanona Burguete, Alejandro Ausente
7 Del Río Virgen, José Manuel Favor
8 Godoy Cárdenas, Jorge Favor
9 López Lena Cruz, Humberto Ausente
10 Melo Velázquez, José Francisco Favor
11 Salvatori Bronca, María del Carmen Favor
12 Samperio Montaño, Juan Ignacio Ausente
13 Sansores San Román, Layda Elena Ausente
14 Tagle Martínez, Martha Angélica Favor
15 Uscanga Cruz, Robinson Ausente
16 Valdés Chávez, Ramón Favor
17 Varela Lagunas, Tomás José Luis Ausente
18 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc Ausente
Favor: 8
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 10
Total: 18
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio Favor
2 Bellizzia Rosique, Pascual Favor
3 Cobo Terrazas, Diego Favor
4 Elizondo Garrido, Francisco Favor
5 Estrada González, Faustino Javier Favor
6 González Martínez, Jorge Emilio Favor
7 Lavara Mejía, Gloria Favor
8 López Adame, Antonio Xavier Ausente
9 Manrique Guevara, Beatriz Ausente
10 Notholt Guerrero, Alan Favor
11 Portilla Diéguez, Manuel Favor
12 Puente Salas, Carlos Alberto Favor
13 Ramírez Cerda, Ana María Favor
14 Rodríguez Luis, Alejandro Favor
15 Salgado Amador, Manuel Salvador Favor
16 Sesma Suárez, Jesús Favor
17 Velasco Rodríguez, Verónica Favor
Favor: 15
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 17
PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén Favor
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo Favor
3 Cantú Garza, Ricardo Favor
4 Cervantes Rivera, Jaime Ausente
5 Garay Ulloa, Silvano Favor
6 Herrera Solís, Anuario Luis Ausente
7 Maciel Ortiz, María Mercedez Favor
8 Peregrino García, Abundio Favor
9 Romero Guzmán, Rosa Elia Favor
10 Solís Parga, Rodolfo Ausente
11 Vela González, Joaquín Humberto Ausente
Favor: 7
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 11
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel Ausente
3 Castillo Nájera, Ariel Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto Favor
6 Luna Becerril, Blanca Ausente
7 Luna Rodríguez, Silvia Favor
8 Pérez Bolaños, Ana Elisa Favor
9 Piñeyro Arias, Irma Favor
Favor: 6
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 9
PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina Favor
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe Ausente
3 García Méndez, Armando Favor
4 Hernández Valadés, Delio Favor
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo Ausente
Favor: 3
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 5
Del dictamen de la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo de la fracción III del artículo 22, y el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en lo general y en lo particular)
PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino Favor
2 Aguilar López, José Alejandro Favor
3 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges Ausente
4 Álvarez Bernal, María Elena Favor
5 Amezola Fonceca, Gerardo Favor
6 Antuna Batista, Fidel Ausente
7 Aranda Orozco, Gerardo Favor
8 Arellano Arellano, Joel Ausente
9 Arenas Guzmán, Margarita Favor
10 Argüelles Arellano, María del Consuelo Favor
11 Arizméndi Uribe, Efraín Favor
12 Armendáriz García, Pedro Favor
13 Arredondo Ibarra, Salvador Favor
14 Arredondo Velázquez, Jesús Favor
15 Ávila Mayo, Obdulio Ausente
16 Barradas Miravete, Gregorio Favor
17 Barrios Rodríguez, Juan Enrique Favor
18 Bello Pérez, Alfonso Othón Favor
19 Berber Martínez, Antonio Favor
20 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier Favor
21 Bracho González, Carlos Augusto Favor
22 Buganza Salmerón, Gerardo Favor
23 Campos Galván, María Eugenia Ausente
24 Carbajal Méndez, Liliana Favor
25 Cárdenas Sánchez, Esmeralda Favor
26 Cardona Benavídez, Alma Xóchil Favor
27 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto Favor
28 Carrasco Cárdenas, Sarahí Favor
29 Carrillo Sandoval, Fortino Favor
30 Castaño Contreras, Cristián Favor
31 Castro de la Rosa, Osiel Ausente
32 Ceja Romero, Ramón Ausente
33 Collado Lara, Beatriz Ausente
34 Contreras Coeto, José Luis Favor
35 Corral Aguilar, María Mercedes Favor
36 Cuen Garibi, Marcela Favor
37 Curiel Preciado, Leobardo Favor
38 Dávila Fernández, Adriana Ausente
39 Dávila García, Francisco Favor
40 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio Favor
41 De la Torre Sánchez, José Favor
42 De León Tello, Jesús Favor
43 Degante Romero, Silvia Emilia Favor
44 Del Toro del Villar, Tomás Favor
45 Del Valle Toca, Antonio Ausente
46 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique Favor
47 Denegre Vaught, Rosaura Favor
48 Díaz de León Torres, Leticia Favor
49 Díaz García, José Antonio Favor
50 Díaz Garibay, Felipe Ausente
51 Díaz Gordillo, Martha Cecilia Favor
52 Díaz Mena, Joaquín Jesús Favor
53 Domínguez Servién, Francisco Ausente
54 Duck Núñez, Edgar Mauricio Favor
55 Enríquez Flores, Armando Favor
56 Escaroz Soler, Gerardo Antonio Favor
57 Escobar Jardinez, Adolfo Favor
58 Espinosa Piña, José Luis Favor
59 Félix Holguín, Armando Jesús Favor
60 Felton González, Carlos Eduardo Ausente
61 Fernández Cabrera, Adrián Ausente
62 Fernández Ugarte, Carmen Favor
63 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro Favor
64 Flores Grande, Arturo Favor
65 Flores Morfín, Jesús Vicente Favor
66 Fraile García, Francisco Antonio Favor
67 Franco Cazarez, Ricardo Favor
68 Fuentes Ortiz, José Guillermo Favor
69 Galván Valles, Rosa Elena Favor
70 García González, Carlos Alberto Favor
71 García Müller, Martha Margarita Favor
72 García Reyes, Ángel Humberto Favor
73 García Reyes, Beatriz Eugenia Favor
74 García Vivián, Raúl Favor
75 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes Favor
76 Gómez Leyva, Silvio Ausente
77 González Betancourt, Jorge Justiniano Favor
78 González Martínez, María Gabriela Favor
79 González Morán, Martín Oscar Favor
80 González Roaro, Benjamín Ernesto Favor
81 González Ruiz, Felipe Favor
82 González Sánchez, María Dolores Favor
83 Gudiño Ortiz, Francisco Javier Favor
84 Guerrero Torres, José Gildardo Favor
85 Gutiérrez Aguilar, Miguel Ángel Favor
86 Gutiérrez Lagunes, María Victoria Favor
87 Hernández Núñez, Elia Favor
88 Hurtado Pérez, Nelly Asunción Ausente
89 Iragorri Durán, Enrique Favor
90 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles Favor
91 Jiménez Ramos, María Esther Favor
92 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia Favor
93 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar Favor
94 Landero Gutiérrez, Alejandro Favor
95 Landeros González, Ramón Favor
96 Lara Compeán, David Favor
97 Larios Córdova, Héctor Ausente
98 Laviada Hernández, Íñigo Antonio Ausente
99 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio Favor
100 Leura González, Agustín Favor
101 Limas Frescas, María Soledad Favor
102 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel Ausente
103 López Cisneros, José Martín Favor
104 López Reyna, Omeheira Ausente
105 López Silva, Rubí Laura Favor
106 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel Favor
107 Lujano Nicolás, Christian Martín Ausente
108 Maawad Robert, Luis Xavier Ausente
109 Madrazo Limón, Carlos Favor
110 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús Favor
111 Malagón Ríos, Martín Favor
112 Maldonado González, David Ausente
113 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María Favor
114 Martínez Valero, Dora Alicia Favor
115 Medellín Varela, Antonio Ausente
116 Medina Macias, Alma Hilda Ausente
117 Medina Rodríguez, Delber Ausente
118 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia Favor
119 Mejía García, Luis Alonso Favor
120 Méndez Meneses, Apolonio Favor
121 Mendoza Morales, Lucía Susana Favor
122 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel Ausente
123 Mollinedo Hernández, Agustín Ausente
124 Monraz Ibarra, Miguel Ángel Ausente
125 Montes Sánchez, Fabián Fernando Ausente
126 Montiel Luis, Lariza Favor
127 Mora Cuevas, Marisol Favor
128 Morales Ramos, José Nicolás Favor
129 Morales Utrera, Mercedes Favor
130 Moreno Álvarez, Mario Eduardo Ausente
131 Morgan Franco, Rocío del Carmen Favor
132 Muñoz Serrano, José Antonio Ausente
133 Murillo Flores, Francisco Javier Favor
134 Murillo Torres, José Luis Favor
135 Navarro Sugich, Carlos Alberto Ausente
136 Nordhausen González, Jorge Rubén Ausente
137 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves Favor
138 Ochoa López, Nabor Ausente
139 Olvera Higuera, Edgar Armando Ausente
140 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto Favor
141 Ortega Martínez, María del Pilar Favor
142 Ortiz Hernández, Eduardo Favor
143 Ortiz Montoro, Sagrario María del Rosario Favor
144 Oviedo Oviedo, Ernesto Favor
145 Padilla Orozco, Raúl Alejandro Ausente
146 Palafox Núñez, José Inés Favor
147 Paredes Rodríguez, Francisco Javier Favor
148 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen Favor
149 Parra Noriega, Luis Gustavo Favor
150 Pérez de Tejada Romero, Diana Carolina Favor
151 Pérez Cuéllar, Cruz Favor
152 Peyrot Solís, Marco A. Favor
153 Plascencia Alonso, Francisco Javier Favor
154 Priego Tapia, Gerardo Favor
155 Pulido Pecero, Pedro Favor
156 Quintero Bello, Jorge Favor
157 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana Favor
158 Ramírez Barba, Ector Jaime Favor
159 Ramírez Corral, Ivette Jacqueline Favor
160 Ramírez Pech, Edgar Martín Favor
161 Ramírez Villarreal, Gustavo Favor
162 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel Favor
163 Reyes García, María Isabel Favor
164 Reyes López, Carlos Armando Favor
165 Rincón Vargas, Mirna Cecilia Favor
166 Rivera Rivera, José Guadalupe Favor
167 Rivero Rivero, Rolando Favor
168 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando Ausente
169 Rodríguez Jiménez, Ricardo Ausente
170 Rodríguez Prats, Juan José Favor
171 Rodríguez Uresti, Enrique Favor
172 Rojas Hernández, Laura Angélica Favor
173 Román Isidoro, Demetrio Ausente
174 Romo Jiménez, Martha Angélica Ausente
175 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto Ausente
176 Rueda Gómez, Francisco Ausente
177 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto Favor
178 Salas Contreras, Marcos Favor
179 Salazar Madera, Mario Alberto Favor
180 Salum del Palacio, Jorge Alejandro Favor
181 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio Favor
182 Sánchez Domínguez, Alejandro Favor
183 Sánchez Gil, Carlos René Favor
184 Sánchez Juárez, Claudia Favor
185 Sánchez Trujillo, José Víctor Favor
186 Sandoval Munguia, Juan Manuel Favor
187 Serrato Castell, Luis Gerardo Ausente
188 Shej Guzmán Sara Favor
189 Solano Muñoz, José de Jesús Favor
190 Stefanonni Mazzocco, Martín Favor
191 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette Favor
192 Torres Gómez, Artemio Favor
193 Torres Herrera, Víctor Manuel Ausente
194 Torres Torres, Carlos Alberto Favor
195 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe Favor
196 Valladolid Rodríguez, Antonio Favor
197 Vasconcelos Rueda, Antonio Favor
198 Vázquez Martínez, Alberto Favor
199 Vega Corona, Antonio Favor
200 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo Ausente
201 Verástegui Ostos, César Augusto Favor
202 Verdín Saldaña, Jaime Favor
203 Victoria Alva, Juan Favor
204 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca Favor
205 Villanueva Arjona, Juan Manuel Favor
206 Zambrano Elizondo, Javier Martín Favor
Favor: 160
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 46
Total: 206
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor Favor
2 Alavez Ruiz, Aleida Favor
3 Almazán González, José Antonio Favor
4 Almonte Borja, Ramón Favor
5 Alonso Flores, Lourdes Favor
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo Ausente
7 Altamirano Toledo, Carlos Favor
8 Alva Olvera, Maribel Luisa Favor
9 Álvarez Ramón, Silbestre Favor
10 Amaro Corona, Alberto Favor
11 Aragón Castillo, Irene Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario Favor
14 Barreiro Pérez, Armando Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia Ausente
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana Ausente
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh Favor
18 Brito González, Modesto Favor
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier Favor
20 Campos Aburto, Amador Favor
21 Cárdenas Hernández, Raymundo Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora Favor
23 Chávez García, Higinio Ausente
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac Favor
25 Contreras Julián, Maricela Favor
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia Favor
27 Cuevas Córdova, Othón Favor
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix Ausente
29 De la Rosa García, Juan Hugo Favor
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado Ausente
31 Dehesa Mora, Daniel Ausente
32 Del Toro , Mario Enrique Favor
33 Díaz Contreras, Adriana Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz Favor
35 Espejel Lazcano, Jaime Favor
36 Fernández Balboa, Mónica Favor
37 Flores Maldonado, César Favor
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro Favor
39 Franco Melgarejo, Rafael Favor
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo Favor
41 García Rodríguez, Víctor Hugo Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí Favor
43 González Garza, Javier Favor
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio Favor
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis Favor
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene Favor
47 Hernández Hernández, Sergio Favor
48 Hernández Manzanares, Javier Favor
49 Hernández Silva, Benjamín Favor
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia Ausente
51 Jacques y Medina, José Ausente
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia Favor
53 Landero López, Pedro Favor
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario Favor
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi Favor
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel Favor
57 López Barriga, Erick Favor
58 López Becerra, Santiago Favor
59 López Rojas, Alberto Favor
60 López Torres, María Soledad Favor
61 Lozano Lozano, Andrés Ausente
62 Luna Munguía, Alma Lilia Favor
63 Macedo Escartín, Miguel Ángel Favor
64 Márquez Madrid, Camerino Eleazar Favor
65 Márquez Tinoco, Francisco Favor
66 Martínez Hernández, Alejandro Ausente
67 Martínez Martínez, Carlos Roberto Favor
68 Martínez Martínez, Francisco Favor
69 Martínez Padilla, Hugo Eduardo Favor
70 Martínez Vargas Octavio Ausente
71 Matías Alonso, Marcos Favor
72 Matus Toledo, Holly Favor
73 Mayans Canabal, Fernando Favor
74 Mendoza Arellano, David Ausente
75 Mendoza Flores, Roberto Favor
76 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio Favor
77 Mendoza Mendoza, Irineo Favor
78 Monreal Ávila, Susana Favor
79 Montalvo Rojas, Victorio Rubén Ausente
80 Morales Manzo, Jesús Ricardo Ausente
81 Morales Sánchez, Efraín Ausente
82 Morales Vázquez, Carlos Orsoe Ausente
83 Narcía Álvarez, Héctor Ausente
84 Navarro López, Carlos Ernesto Ausente
85 Navarro Quintero, Miguel Ángel Ausente
86 Ojeda Hernández, Concepción Favor
87 Orcí Martínez, Juan Adolfo Favor
88 Ortega Martínez, Antonio Ausente
89 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia Favor
90 Pacheco Llanes, Ramón Félix Ausente
91 Pedraza Chávez, Isidro Favor
92 Pedrozo Castillo, Adrián Favor
93 Peña Sánchez, Miguel Ángel Ausente
94 Pérez Cruz, Raciel Favor
95 Pulido Santiago, Celso David Favor
96 Ramos Becerril, Rafael Plácido Favor
97 Ramos Castellanos, Martín Favor
98 Rasgado Corsi, Gloria Favor
99 Ríos Gamboa, Raúl Ausente
100 Romero Gutiérrez, Odilón Favor
101 Ruiz Sánchez, Salvador Favor
102 Saavedra Coronel, José Antonio Favor
103 Salinas Pérez, Josefina Ausente
104 San Martín Hernández, Juan Manuel Favor
105 Sánchez Barrios, Carlos Favor
106 Sánchez Cabrales, Rafael Elías Favor
107 Sánchez Camacho, Alejandro Ausente
108 Sánchez Camacho, David Favor
109 Sánchez Ramos, Francisco Ausente
110 Sánchez Valdéz, Eva Angelina Favor
111 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc Favor
112 Santos Arreola, Francisco Javier Ausente
113 Solares Chávez, Miguel Ángel Ausente
114 Soriano Sánchez, Rosa Elva Ausente
115 Soto Sánchez, Antonio Favor
116 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso Favor
117 Torres Baltazar, María Elena Favor
118 Torres García, Daniel Favor
119 Trejo Pérez, Pablo Favor
120 Ulloa Pérez, Emilio Favor
121 Vallejo Estevez, Mario Ausente
122 Varela López, Víctor Gabriel Favor
123 Villanueva Albarrán, Gerardo Favor
124 Villicaña García, Rafael Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto Favor
127 Zepeda Hernández, Martín Favor
Favor: 95
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 32
Total: 127
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico Favor
2 Aguilar , Diego Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel Ausente
4 Aispuro Torres, José Rosas Ausente
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio Ausente
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo Ausente
7 Amador Gaxiola, Daniel Ausente
8 Amador Leal, Narcizo Alberto Ausente
9 Ayala Almeida, Joel Favor
10 Badillo Martínez, Roberto Favor
11 Barajas López, Ramón Favor
12 Barajas del Toro, Salvador Favor
13 Barba Hernández, Alfredo Favor
14 Beltrán Montes, Israel Favor
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique Ausente
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio Favor
17 Biebrich Torres, Carlos Armando Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis Favor
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio Favor
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo Ausente
22 Carballo Bustamante, Andrés Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique Ausente
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl Ausente
26 Colín Guadarrama, María Mercedes Ausente
27 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías Favor
28 De la Garza Treviño, Jorge Luis Favor
29 Díaz Athié, Antonio de Jesús Favor
30 Díaz Solorzano, Elmar Darinel Ausente
31 Domínguez Domínguez, Nemesio Ausente
32 Duarte Jáquez, César Favor
33 Escajeda Jiménez, José Rubén Favor
34 Escalante Jasso, Aracely Favor
35 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías Favor
36 Estefan Chidiac, Charbel Jorge Favor
37 Flores Sandoval, Patricio Favor
38 Fuentes Tellez, Octavio Ausente
39 Gamboa Patrón, Emilio Favor
40 Garza Garza, Horacio Emigdio Favor
41 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen Ausente
42 Gloria Requena, Tomás Ausente
43 Gómez Lugo, Elda Favor
44 González Calderón, Martha Hilda Ausente
45 González Salum, Miguel Ángel Favor
46 González Zarur, Mariano Favor
47 Guerrero García, Javier Favor
48 Guerrero Juárez, Joel Ausente
49 Gurrión Matías, Daniel Favor
50 Herrera Ale, Juana Leticia Ausente
51 Herrera Coyac, Wenceslao Favor
52 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando Ausente
53 Lagunes Gallina, Gerardo Favor
54 Lescieur Talavera, Jorge Mario Favor
55 López Balbuena, Guillermina Ausente
56 Madrid Tovilla, Areli Ausente
57 Martínez Rodríguez, Lorena Favor
58 Martínez Rocha, Arturo Favor
59 Méndez Lanz, Víctor Manuel Ausente
60 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso Favor
61 Merodio Reza, Lilia Guadalupe Favor
62 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl Favor
63 Morales García, Elizabeth Favor
64 Mota Hernández, Adolfo Favor
65 Muñoz Serna, Rogelio Ausente
66 Murat, José Ausente
67 Ochoa González, Arnoldo Favor
68 Ojeda Camacho, Gilberto Ausente
69 Olivares Monterrubio, Alejandro Favor
70 Olivares Ventura, Héctor Hugo Ausente
71 Ordaz Jiménez, Ismael Ausente
72 Orihuela Bárcenas, José Ascención Favor
73 Ortega Tzitzihua, María Dolores Lucía Favor
74 Ortiz del Carpio, Víctor Favor
75 Ortiz Proal, Mauricio Ausente
76 Padilla Gutiérrez, Héctor Ausente
77 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz Favor
78 Palma César, Víctor Samuel Ausente
79 Parás González, Juan Manuel Ausente
80 Partida Guzmán, Martha Rocío Favor
81 Patrón Montalvo, Jesús Manuel Favor
82 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela Ausente
83 Pérez Valdés, Daniel Ausente
84 Pinete Vargas, María del Carmen Favor
85 Quiñones Canales, Lourdes Favor
86 Ramírez Martínez, José Edmundo Favor
87 Ramírez Stabros, Jesús Ausente
88 Reyna García, José Jesús Favor
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo Favor
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco Favor
91 Rodríguez Martínez, Alicia Favor
92 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda Favor
93 Rojas Gutiérrez, Carlos Ausente
94 Salas López, Ramón Favor
95 Sánchez Hernández, Eduardo Favor
96 Sánchez Peñuelas, Salvador Favor
97 Sandoval Paredes, Sergio Favor
98 Serrano Escobar, Enrique Favor
99 Sosa Castelán, Gerardo Favor
100 Vargas Landeros, Gerardo Octavio Favor
101 Vega Ortiz, María Oralia Favor
102 Velasco Pérez, Juan Carlos Favor
103 Villa Villa, Isael Favor
104 Virgen Carrera, Víctor Manuel Favor
Favor: 66
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 38
Total: 104
CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan Favor
2 Aguilera Rico, José Luis Favor
3 Cárdenas Márquez, Elías Favor
4 Castellanos Hernández, Félix Ausente
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús Ausente
6 Chanona Burguete, Alejandro Ausente
7 Del Río Virgen, José Manuel Favor
8 Godoy Cárdenas, Jorge Favor
9 López Lena Cruz, Humberto Ausente
10 Melo Velázquez, José Francisco Favor
11 Salvatori Bronca, María del Carmen Favor
12 Samperio Montaño, Juan Ignacio Ausente
13 Sansores San Román, Layda Elena Ausente
14 Tagle Martínez, Martha Angélica Favor
15 Uscanga Cruz, Robinson Favor
16 Valdés Chávez, Ramón Favor
17 Varela Lagunas, Tomás José Luis Favor
18 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc Ausente
Favor: 11
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 7
Total: 18
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio Favor
2 Bellizzia Rosique, Pascual Favor
3 Cobo Terrazas, Diego Favor
4 Elizondo Garrido, Francisco Favor
5 Estrada González, Faustino Javier Favor
6 González Martínez, Jorge Emilio Favor
7 Lavara Mejía, Gloria Favor
8 López Adame, Antonio Xavier Ausente
9 Manrique Guevara, Beatriz Ausente
10 Notholt Guerrero, Alan Favor
11 Portilla Diéguez, Manuel Favor
12 Puente Salas, Carlos Alberto Favor
13 Ramírez Cerda, Ana María Favor
14 Rodríguez Luis, Alejandro Favor
15 Salgado Amador, Manuel Salvador Favor
16 Sesma Suárez, Jesús Ausente
17 Velasco Rodríguez, Verónica Favor
Favor: 14
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 17
PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén Favor
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo Favor
3 Cantú Garza, Ricardo Favor
4 Cervantes Rivera, Jaime Ausente
5 Garay Ulloa, Silvano Favor
6 Herrera Solís, Anuario Luis Ausente
7 Maciel Ortiz, María Mercedez Favor
8 Peregrino García, Abundio Favor
9 Romero Guzmán, Rosa Elia Ausente
10 Solís Parga, Rodolfo Ausente
11 Vela González, Joaquín Humberto Ausente
Favor: 6
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 5
Total: 11
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel Ausente
3 Castillo Nájera, Ariel Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto Favor
6 Luna Becerril, Blanca Favor
7 Luna Rodríguez, Silvia Favor
8 Pérez Bolaños, Ana Elisa Favor
9 Piñeyro Arias, Irma Favor
Favor: 7
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 9
PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina Favor
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe Ausente
3 García Méndez, Armando Favor
4 Hernández Valadés, Delio Favor
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo Ausente
Favor: 3
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 5
Del dictamen de la Comisión de Marina, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Orgánica, y de Ascensos de la Armada de México (en lo general y en lo particular)
PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino Favor
2 Aguilar López, José Alejandro Favor
3 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges Ausente
4 Álvarez Bernal, María Elena Favor
5 Amezola Fonceca, Gerardo Favor
6 Antuna Batista, Fidel Ausente
7 Aranda Orozco, Gerardo Favor
8 Arellano Arellano, Joel Ausente
9 Arenas Guzmán, Margarita Favor
10 Argüelles Arellano, María del Consuelo Favor
11 Arizméndi Uribe, Efraín Abstención
12 Armendáriz García, Pedro Favor
13 Arredondo Ibarra, Salvador Favor
14 Arredondo Velázquez, Jesús Favor
15 Ávila Mayo, Obdulio Ausente
16 Barradas Miravete, Gregorio Favor
17 Barrios Rodríguez, Juan Enrique Ausente
18 Bello Pérez, Alfonso Othón Favor
19 Berber Martínez, Antonio Favor
20 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier Favor
21 Bracho González, Carlos Augusto Favor
22 Buganza Salmerón, Gerardo Favor
23 Campos Galván, María Eugenia Ausente
24 Carbajal Méndez, Liliana Favor
25 Cárdenas Sánchez, Esmeralda Favor
26 Cardona Benavídez, Alma Xóchil Favor
27 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto Favor
28 Carrasco Cárdenas, Sarahí Favor
29 Carrillo Sandoval, Fortino Favor
30 Castaño Contreras, Cristián Favor
31 Castro de la Rosa, Osiel Ausente
32 Ceja Romero, Ramón Ausente
33 Collado Lara, Beatriz Ausente
34 Contreras Coeto, José Luis Favor
35 Corral Aguilar, María Mercedes Favor
36 Cuen Garibi, Marcela Favor
37 Curiel Preciado, Leobardo Favor
38 Dávila Fernández, Adriana Ausente
39 Dávila García, Francisco Favor
40 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio Favor
41 De la Torre Sánchez, José Favor
42 De León Tello, Jesús Favor
43 Degante Romero, Silvia Emilia Favor
44 Del Toro del Villar, Tomás Favor
45 Del Valle Toca, Antonio Ausente
46 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique Favor
47 Denegre Vaught, Rosaura Favor
48 Díaz de León Torres, Leticia Favor
49 Díaz García, José Antonio Favor
50 Díaz Garibay, Felipe Ausente
51 Díaz Gordillo, Martha Cecilia Favor
52 Díaz Mena, Joaquín Jesús Favor
53 Domínguez Servién, Francisco Favor
54 Duck Núñez, Edgar Mauricio Favor
55 Enríquez Flores, Armando Favor
56 Escaroz Soler, Gerardo Antonio Favor
57 Escobar Jardinez, Adolfo Favor
58 Espinosa Piña, José Luis Favor
59 Félix Holguín, Armando Jesús Favor
60 Felton González, Carlos Eduardo Ausente
61 Fernández Cabrera, Adrián Favor
62 Fernández Ugarte, Carmen Favor
63 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro Favor
64 Flores Grande, Arturo Favor
65 Flores Morfín, Jesús Vicente Favor
66 Fraile García, Francisco Antonio Favor
67 Franco Cazarez, Ricardo Favor
68 Fuentes Ortiz, José Guillermo Favor
69 Galván Valles, Rosa Elena Favor
70 García González, Carlos Alberto Favor
71 García Müller, Martha Margarita Favor
72 García Reyes, Ángel Humberto Favor
73 García Reyes, Beatriz Eugenia Favor
74 García Vivián, Raúl Ausente
75 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes Favor
76 Gómez Leyva, Silvio Ausente
77 González Betancourt, Jorge Justiniano Favor
78 González Martínez, María Gabriela Favor
79 González Morán, Martín Oscar Favor
80 González Roaro, Benjamín Ernesto Favor
81 González Ruiz, Felipe Favor
82 González Sánchez, María Dolores Favor
83 Gudiño Ortiz, Francisco Javier Favor
84 Guerrero Torres, José Gildardo Favor
85 Gutiérrez Aguilar, Miguel Ángel Favor
86 Gutiérrez Lagunes, María Victoria Favor
87 Hernández Núñez, Elia Favor
88 Hurtado Pérez, Nelly Asunción Ausente
89 Iragorri Durán, Enrique Favor
90 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles Favor
91 Jiménez Ramos, María Esther Favor
92 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia Favor
93 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar Favor
94 Landero Gutiérrez, Alejandro Favor
95 Landeros González, Ramón Favor
96 Lara Compeán, David Favor
97 Larios Córdova, Héctor Favor
98 Laviada Hernández, Íñigo Antonio Favor
99 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio Abstención
100 Leura González, Agustín Favor
101 Limas Frescas, María Soledad Favor
102 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel Ausente
103 López Cisneros, José Martín Favor
104 López Reyna, Omeheira Ausente
105 López Silva, Rubí Laura Favor
106 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel Favor
107 Lujano Nicolás, Christian Martín Ausente
108 Maawad Robert, Luis Xavier Ausente
109 Madrazo Limón, Carlos Favor
110 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús Abstención
111 Malagón Ríos, Martín Favor
112 Maldonado González, David Ausente
113 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María Favor
114 Martínez Valero, Dora Alicia Favor
115 Medellín Varela, Antonio Ausente
116 Medina Macias, Alma Hilda Ausente
117 Medina Rodríguez, Delber Ausente
118 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia Favor
119 Mejía García, Luis Alonso Ausente
120 Méndez Meneses, Apolonio Favor
121 Mendoza Morales, Lucía Susana Favor
122 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel Ausente
123 Mollinedo Hernández, Agustín Favor
124 Monraz Ibarra, Miguel Ángel Ausente
125 Montes Sánchez, Fabián Fernando Ausente
126 Montiel Luis, Lariza Favor
127 Mora Cuevas, Marisol Favor
128 Morales Ramos, José Nicolás Favor
129 Morales Utrera, Mercedes Favor
130 Moreno Álvarez, Mario Eduardo Ausente
131 Morgan Franco, Rocío del Carmen Favor
132 Muñoz Serrano, José Antonio Ausente
133 Murillo Flores, Francisco Javier Favor
134 Murillo Torres, José Luis Favor
135 Navarro Sugich, Carlos Alberto Ausente
136 Nordhausen González, Jorge Rubén Ausente
137 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves Favor
138 Ochoa López, Nabor Ausente
139 Olvera Higuera, Edgar Armando Ausente
140 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto Favor
141 Ortega Martínez, María del Pilar Favor
142 Ortiz Hernández, Eduardo Ausente
143 Ortiz Montoro, Sagrario María del Rosario Favor
144 Oviedo Oviedo, Ernesto Favor
145 Padilla Orozco, Raúl Alejandro Ausente
146 Palafox Núñez, José Inés Favor
147 Paredes Rodríguez, Francisco Javier Favor
148 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen Favor
149 Parra Noriega, Luis Gustavo Favor
150 Pérez de Tejada Romero, Diana Carolina Favor
151 Pérez Cuéllar, Cruz Ausente
152 Peyrot Solís, Marco A. Abstención
153 Plascencia Alonso, Francisco Javier Favor
154 Priego Tapia, Gerardo Favor
155 Pulido Pecero, Pedro Favor
156 Quintero Bello, Jorge Favor
157 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana Favor
158 Ramírez Barba, Ector Jaime Favor
159 Ramírez Corral, Ivette Jacqueline Favor
160 Ramírez Pech, Edgar Martín Favor
161 Ramírez Villarreal, Gustavo Favor
162 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel Favor
163 Reyes García, María Isabel Favor
164 Reyes López, Carlos Armando Favor
165 Rincón Vargas, Mirna Cecilia Favor
166 Rivera Rivera, José Guadalupe Favor
167 Rivero Rivero, Rolando Favor
168 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando Ausente
169 Rodríguez Jiménez, Ricardo Ausente
170 Rodríguez Prats, Juan José Favor
171 Rodríguez Uresti, Enrique Favor
172 Rojas Hernández, Laura Angélica Favor
173 Román Isidoro, Demetrio Ausente
174 Romo Jiménez, Martha Angélica Ausente
175 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto Ausente
176 Rueda Gómez, Francisco Ausente
177 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto Favor
178 Salas Contreras, Marcos Favor
179 Salazar Madera, Mario Alberto Favor
180 Salum del Palacio, Jorge Alejandro Favor
181 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio Favor
182 Sánchez Domínguez, Alejandro Ausente
183 Sánchez Gil, Carlos René Favor
184 Sánchez Juárez, Claudia Favor
185 Sánchez Trujillo, José Víctor Favor
186 Sandoval Munguia, Juan Manuel Favor
187 Serrato Castell, Luis Gerardo Ausente
188 Shej Guzmán Sara Favor
189 Solano Muñoz, José de Jesús Favor
190 Stefanonni Mazzocco, Martín Favor
191 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette Favor
192 Torres Gómez, Artemio Favor
193 Torres Herrera, Víctor Manuel Ausente
194 Torres Torres, Carlos Alberto Favor
195 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe Favor
196 Valladolid Rodríguez, Antonio Favor
197 Vasconcelos Rueda, Antonio Favor
198 Vázquez Martínez, Alberto Favor
199 Vega Corona, Antonio Favor
200 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo Ausente
201 Verástegui Ostos, César Augusto Favor
202 Verdín Saldaña, Jaime Favor
203 Victoria Alva, Juan Favor
204 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca Favor
205 Villanueva Arjona, Juan Manuel Favor
206 Zambrano Elizondo, Javier Martín Favor
Favor: 155
Contra: 0
Abstención: 4
Quorum: 0
Ausentes: 47
Total: 206
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor Ausente
2 Alavez Ruiz, Aleida Favor
3 Almazán González, José Antonio Favor
4 Almonte Borja, Ramón Favor
5 Alonso Flores, Lourdes Favor
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo Ausente
7 Altamirano Toledo, Carlos Favor
8 Alva Olvera, Maribel Luisa Favor
9 Álvarez Ramón, Silbestre Favor
10 Amaro Corona, Alberto Favor
11 Aragón Castillo, Irene Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario Favor
14 Barreiro Pérez, Armando Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia Ausente
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana Ausente
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh Favor
18 Brito González, Modesto Favor
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier Favor
20 Campos Aburto, Amador Favor
21 Cárdenas Hernández, Raymundo Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora Ausente
23 Chávez García, Higinio Ausente
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac Favor
25 Contreras Julián, Maricela Favor
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia Favor
27 Cuevas Córdova, Othón Favor
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix Ausente
29 De la Rosa García, Juan Hugo Favor
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado Favor
31 Dehesa Mora, Daniel Favor
32 Del Toro , Mario Enrique Favor
33 Díaz Contreras, Adriana Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz Favor
35 Espejel Lazcano, Jaime Favor
36 Fernández Balboa, Mónica Favor
37 Flores Maldonado, César Favor
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro Favor
39 Franco Melgarejo, Rafael Favor
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo Favor
41 García Rodríguez, Víctor Hugo Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí Favor
43 González Garza, Javier Favor
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio Favor
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis Favor
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene Favor
47 Hernández Hernández, Sergio Favor
48 Hernández Manzanares, Javier Ausente
49 Hernández Silva, Benjamín Favor
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia Favor
51 Jacques y Medina, José Ausente
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia Favor
53 Landero López, Pedro Favor
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario Favor
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi Favor
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel Favor
57 López Barriga, Erick Favor
58 López Becerra, Santiago Favor
59 López Rojas, Alberto Favor
60 López Torres, María Soledad Favor
61 Lozano Lozano, Andrés Ausente
62 Luna Munguía, Alma Lilia Favor
63 Macedo Escartín, Miguel Ángel Favor
64 Márquez Madrid, Camerino Eleazar Favor
65 Márquez Tinoco, Francisco Favor
66 Martínez Hernández, Alejandro Ausente
67 Martínez Martínez, Carlos Roberto Favor
68 Martínez Martínez, Francisco Favor
69 Martínez Padilla, Hugo Eduardo Favor
70 Martínez Vargas Octavio Ausente
71 Matías Alonso, Marcos Favor
72 Matus Toledo, Holly Favor
73 Mayans Canabal, Fernando Favor
74 Mendoza Arellano, David Ausente
75 Mendoza Flores, Roberto Favor
76 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio Favor
77 Mendoza Mendoza, Irineo Favor
78 Monreal Ávila, Susana Favor
79 Montalvo Rojas, Victorio Rubén Ausente
80 Morales Manzo, Jesús Ricardo Ausente
81 Morales Sánchez, Efraín Ausente
82 Morales Vázquez, Carlos Orsoe Favor
83 Narcía Álvarez, Héctor Ausente
84 Navarro López, Carlos Ernesto Ausente
85 Navarro Quintero, Miguel Ángel Ausente
86 Ojeda Hernández, Concepción Favor
87 Orcí Martínez, Juan Adolfo Favor
88 Ortega Martínez, Antonio Ausente
89 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia Ausente
90 Pacheco Llanes, Ramón Félix Ausente
91 Pedraza Chávez, Isidro Favor
92 Pedrozo Castillo, Adrián Favor
93 Peña Sánchez, Miguel Ángel Ausente
94 Pérez Cruz, Raciel Favor
95 Pulido Santiago, Celso David Favor
96 Ramos Becerril, Rafael Plácido Favor
97 Ramos Castellanos, Martín Favor
98 Rasgado Corsi, Gloria Favor
99 Ríos Gamboa, Raúl Ausente
100 Romero Gutiérrez, Odilón Favor
101 Ruiz Sánchez, Salvador Favor
102 Saavedra Coronel, José Antonio Favor
103 Salinas Pérez, Josefina Ausente
104 San Martín Hernández, Juan Manuel Favor
105 Sánchez Barrios, Carlos Favor
106 Sánchez Cabrales, Rafael Elías Favor
107 Sánchez Camacho, Alejandro Favor
108 Sánchez Camacho, David Favor
109 Sánchez Ramos, Francisco Ausente
110 Sánchez Valdéz, Eva Angelina Favor
111 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc Favor
112 Santos Arreola, Francisco Javier Ausente
113 Solares Chávez, Miguel Ángel Ausente
114 Soriano Sánchez, Rosa Elva Ausente
115 Soto Sánchez, Antonio Favor
116 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso Ausente
117 Torres Baltazar, María Elena Favor
118 Torres García, Daniel Favor
119 Trejo Pérez, Pablo Favor
120 Ulloa Pérez, Emilio Favor
121 Vallejo Estevez, Mario Ausente
122 Varela López, Víctor Gabriel Ausente
123 Villanueva Albarrán, Gerardo Favor
124 Villicaña García, Rafael Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto Favor
127 Zepeda Hernández, Martín Favor
Favor: 94
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 33
Total: 127
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico Ausente
2 Aguilar , Diego Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel Ausente
4 Aispuro Torres, José Rosas Ausente
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio Ausente
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo Ausente
7 Amador Gaxiola, Daniel Ausente
8 Amador Leal, Narcizo Alberto Ausente
9 Ayala Almeida, Joel Favor
10 Badillo Martínez, Roberto Favor
11 Barajas López, Ramón Favor
12 Barajas del Toro, Salvador Favor
13 Barba Hernández, Alfredo Favor
14 Beltrán Montes, Israel Favor
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique Ausente
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio Favor
17 Biebrich Torres, Carlos Armando Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis Favor
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando Ausente
20 Camacho Quiroz, César Octavio Favor
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo Ausente
22 Carballo Bustamante, Andrés Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique Ausente
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl Ausente
26 Colín Guadarrama, María Mercedes Ausente
27 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías Favor
28 De la Garza Treviño, Jorge Luis Favor
29 Díaz Athié, Antonio de Jesús Favor
30 Díaz Solorzano, Elmar Darinel Ausente
31 Domínguez Domínguez, Nemesio Ausente
32 Duarte Jáquez, César Favor
33 Escajeda Jiménez, José Rubén Favor
34 Escalante Jasso, Aracely Favor
35 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías Favor
36 Estefan Chidiac, Charbel Jorge Ausente
37 Flores Sandoval, Patricio Favor
38 Fuentes Tellez, Octavio Ausente
39 Gamboa Patrón, Emilio Favor
40 Garza Garza, Horacio Emigdio Ausente
41 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen Ausente
42 Gloria Requena, Tomás Ausente
43 Gómez Lugo, Elda Favor
44 González Calderón, Martha Hilda Ausente
45 González Salum, Miguel Ángel Favor
46 González Zarur, Mariano Favor
47 Guerrero García, Javier Favor
48 Guerrero Juárez, Joel Ausente
49 Gurrión Matías, Daniel Favor
50 Herrera Ale, Juana Leticia Ausente
51 Herrera Coyac, Wenceslao Favor
52 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando Ausente
53 Lagunes Gallina, Gerardo Favor
54 Lescieur Talavera, Jorge Mario Favor
55 López Balbuena, Guillermina Ausente
56 Madrid Tovilla, Areli Ausente
57 Martínez Rodríguez, Lorena Favor
58 Martínez Rocha, Arturo Favor
59 Méndez Lanz, Víctor Manuel Ausente
60 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso Favor
61 Merodio Reza, Lilia Guadalupe Favor
62 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl Favor
63 Morales García, Elizabeth Favor
64 Mota Hernández, Adolfo Favor
65 Muñoz Serna, Rogelio Favor
66 Murat, José Favor
67 Ochoa González, Arnoldo Favor
68 Ojeda Camacho, Gilberto Ausente
69 Olivares Monterrubio, Alejandro Favor
70 Olivares Ventura, Héctor Hugo Ausente
71 Ordaz Jiménez, Ismael Ausente
72 Orihuela Bárcenas, José Ascención Favor
73 Ortega Tzitzihua, María Dolores Lucía Favor
74 Ortiz del Carpio, Víctor Favor
75 Ortiz Proal, Mauricio Ausente
76 Padilla Gutiérrez, Héctor Favor
77 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz Favor
78 Palma César, Víctor Samuel Favor
79 Parás González, Juan Manuel Ausente
80 Partida Guzmán, Martha Rocío Favor
81 Patrón Montalvo, Jesús Manuel Favor
82 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela Ausente
83 Pérez Valdés, Daniel Ausente
84 Pinete Vargas, María del Carmen Favor
85 Quiñones Canales, Lourdes Favor
86 Ramírez Martínez, José Edmundo Favor
87 Ramírez Stabros, Jesús Ausente
88 Reyna García, José Jesús Favor
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo Favor
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco Favor
91 Rodríguez Martínez, Alicia Favor
92 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda Favor
93 Rojas Gutiérrez, Carlos Favor
94 Salas López, Ramón Favor
95 Sánchez Hernández, Eduardo Favor
96 Sánchez Peñuelas, Salvador Favor
97 Sandoval Paredes, Sergio Favor
98 Serrano Escobar, Enrique Favor
99 Sosa Castelán, Gerardo Favor
100 Vargas Landeros, Gerardo Octavio Ausente
101 Vega Ortiz, María Oralia Favor
102 Velasco Pérez, Juan Carlos Favor
103 Villa Villa, Isael Favor
104 Virgen Carrera, Víctor Manuel Favor
Favor: 66
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 38
Total: 104
CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan Favor
2 Aguilera Rico, José Luis Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías Ausente
4 Castellanos Hernández, Félix Ausente
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús Ausente
6 Chanona Burguete, Alejandro Ausente
7 Del Río Virgen, José Manuel Favor
8 Godoy Cárdenas, Jorge Favor
9 López Lena Cruz, Humberto Ausente
10 Melo Velázquez, José Francisco Favor
11 Salvatori Bronca, María del Carmen Favor
12 Samperio Montaño, Juan Ignacio Ausente
13 Sansores San Román, Layda Elena Favor
14 Tagle Martínez, Martha Angélica Ausente
15 Uscanga Cruz, Robinson Ausente
16 Valdés Chávez, Ramón Ausente
17 Varela Lagunas, Tomás José Luis Favor
18 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc Ausente
Favor: 7
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 11
Total: 18
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio Ausente
2 Bellizzia Rosique, Pascual Favor
3 Cobo Terrazas, Diego Favor
4 Elizondo Garrido, Francisco Favor
5 Estrada González, Faustino Javier Favor
6 González Martínez, Jorge Emilio Ausente
7 Lavara Mejía, Gloria Favor
8 López Adame, Antonio Xavier Ausente
9 Manrique Guevara, Beatriz Ausente
10 Notholt Guerrero, Alan Ausente
11 Portilla Diéguez, Manuel Favor
12 Puente Salas, Carlos Alberto Favor
13 Ramírez Cerda, Ana María Favor
14 Rodríguez Luis, Alejandro Favor
15 Salgado Amador, Manuel Salvador Favor
16 Sesma Suárez, Jesús Ausente
17 Velasco Rodríguez, Verónica Favor
Favor: 11
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 6
Total: 17
PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén Favor
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo Favor
3 Cantú Garza, Ricardo Favor
4 Cervantes Rivera, Jaime Ausente
5 Garay Ulloa, Silvano Favor
6 Herrera Solís, Anuario Luis Ausente
7 Maciel Ortiz, María Mercedez Favor
8 Peregrino García, Abundio Favor
9 Romero Guzmán, Rosa Elia Ausente
10 Solís Parga, Rodolfo Ausente
11 Vela González, Joaquín Humberto Ausente
Favor: 6
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 5
Total: 11
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel Favor
3 Castillo Nájera, Ariel Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto Favor
6 Luna Becerril, Blanca Favor
7 Luna Rodríguez, Silvia Favor
8 Pérez Bolaños, Ana Elisa Favor
9 Piñeyro Arias, Irma Favor
Favor: 8
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 9
PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina Favor
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe Favor
3 García Méndez, Armando Favor
4 Hernández Valadés, Delio Favor
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo Ausente
Favor: 4
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 5
Del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino Favor
2 Aguilar López, José Alejandro Favor
3 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges Ausente
4 Álvarez Bernal, María Elena Favor
5 Amezola Fonceca, Gerardo Favor
6 Antuna Batista, Fidel Ausente
7 Aranda Orozco, Gerardo Favor
8 Arellano Arellano, Joel Ausente
9 Arenas Guzmán, Margarita Favor
10 Argüelles Arellano, María del Consuelo Favor
11 Arizméndi Uribe, Efraín Favor
12 Armendáriz García, Pedro Favor
13 Arredondo Ibarra, Salvador Favor
14 Arredondo Velázquez, Jesús Favor
15 Ávila Mayo, Obdulio Favor
16 Barradas Miravete, Gregorio Favor
17 Barrios Rodríguez, Juan Enrique Favor
18 Bello Pérez, Alfonso Othón Favor
19 Berber Martínez, Antonio Favor
20 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier Favor
21 Bracho González, Carlos Augusto Favor
22 Buganza Salmerón, Gerardo Favor
23 Campos Galván, María Eugenia Ausente
24 Carbajal Méndez, Liliana Favor
25 Cárdenas Sánchez, Esmeralda Favor
26 Cardona Benavídez, Alma Xóchil Favor
27 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto Favor
28 Carrasco Cárdenas, Sarahí Favor
29 Carrillo Sandoval, Fortino Favor
30 Castaño Contreras, Cristián Ausente
31 Castro de la Rosa, Osiel Ausente
32 Ceja Romero, Ramón Ausente
33 Collado Lara, Beatriz Ausente
34 Contreras Coeto, José Luis Favor
35 Corral Aguilar, María Mercedes Favor
36 Cuen Garibi, Marcela Favor
37 Curiel Preciado, Leobardo Favor
38 Dávila Fernández, Adriana Ausente
39 Dávila García, Francisco Favor
40 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio Favor
41 De la Torre Sánchez, José Favor
42 De León Tello, Jesús Favor
43 Degante Romero, Silvia Emilia Favor
44 Del Toro del Villar, Tomás Favor
45 Del Valle Toca, Antonio Ausente
46 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique Favor
47 Denegre Vaught, Rosaura Favor
48 Díaz de León Torres, Leticia Ausente
49 Díaz García, José Antonio Ausente
50 Díaz Garibay, Felipe Ausente
51 Díaz Gordillo, Martha Cecilia Favor
52 Díaz Mena, Joaquín Jesús Favor
53 Domínguez Servién, Francisco Favor
54 Duck Núñez, Edgar Mauricio Favor
55 Enríquez Flores, Armando Favor
56 Escaroz Soler, Gerardo Antonio Favor
57 Escobar Jardinez, Adolfo Favor
58 Espinosa Piña, José Luis Favor
59 Félix Holguín, Armando Jesús Favor
60 Felton González, Carlos Eduardo Ausente
61 Fernández Cabrera, Adrián Ausente
62 Fernández Ugarte, Carmen Favor
63 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro Favor
64 Flores Grande, Arturo Favor
65 Flores Morfín, Jesús Vicente Ausente
66 Fraile García, Francisco Antonio Favor
67 Franco Cazarez, Ricardo Favor
68 Fuentes Ortiz, José Guillermo Favor
69 Galván Valles, Rosa Elena Favor
70 García González, Carlos Alberto Favor
71 García Müller, Martha Margarita Favor
72 García Reyes, Ángel Humberto Favor
73 García Reyes, Beatriz Eugenia Favor
74 García Vivián, Raúl Ausente
75 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes Favor
76 Gómez Leyva, Silvio Ausente
77 González Betancourt, Jorge Justiniano Favor
78 González Martínez, María Gabriela Favor
79 González Morán, Martín Oscar Favor
80 González Roaro, Benjamín Ernesto Ausente
81 González Ruiz, Felipe Favor
82 González Sánchez, María Dolores Favor
83 Gudiño Ortiz, Francisco Javier Favor
84 Guerrero Torres, José Gildardo Favor
85 Gutiérrez Aguilar, Miguel Ángel Favor
86 Gutiérrez Lagunes, María Victoria Favor
87 Hernández Núñez, Elia Favor
88 Hurtado Pérez, Nelly Asunción Ausente
89 Iragorri Durán, Enrique Favor
90 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles Ausente
91 Jiménez Ramos, María Esther Favor
92 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia Favor
93 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar Favor
94 Landero Gutiérrez, Alejandro Favor
95 Landeros González, Ramón Favor
96 Lara Compeán, David Favor
97 Larios Córdova, Héctor Ausente
98 Laviada Hernández, Íñigo Antonio Favor
99 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio Favor
100 Leura González, Agustín Favor
101 Limas Frescas, María Soledad Favor
102 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel Ausente
103 López Cisneros, José Martín Favor
104 López Reyna, Omeheira Ausente
105 López Silva, Rubí Laura Favor
106 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel Favor
107 Lujano Nicolás, Christian Martín Ausente
108 Maawad Robert, Luis Xavier Ausente
109 Madrazo Limón, Carlos Ausente
110 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús Ausente
111 Malagón Ríos, Martín Favor
112 Maldonado González, David Ausente
113 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María Favor
114 Martínez Valero, Dora Alicia Favor
115 Medellín Varela, Antonio Ausente
116 Medina Macias, Alma Hilda Ausente
117 Medina Rodríguez, Delber Ausente
118 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia Favor
119 Mejía García, Luis Alonso Ausente
120 Méndez Meneses, Apolonio Favor
121 Mendoza Morales, Lucía Susana Favor
122 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel Ausente
123 Mollinedo Hernández, Agustín Favor
124 Monraz Ibarra, Miguel Ángel Ausente
125 Montes Sánchez, Fabián Fernando Ausente
126 Montiel Luis, Lariza Favor
127 Mora Cuevas, Marisol Favor
128 Morales Ramos, José Nicolás Favor
129 Morales Utrera, Mercedes Favor
130 Moreno Álvarez, Mario Eduardo Ausente
131 Morgan Franco, Rocío del Carmen Ausente
132 Muñoz Serrano, José Antonio Ausente
133 Murillo Flores, Francisco Javier Favor
134 Murillo Torres, José Luis Favor
135 Navarro Sugich, Carlos Alberto Ausente
136 Nordhausen González, Jorge Rubén Ausente
137 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves Favor
138 Ochoa López, Nabor Ausente
139 Olvera Higuera, Edgar Armando Ausente
140 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto Favor
141 Ortega Martínez, María del Pilar Favor
142 Ortiz Hernández, Eduardo Favor
143 Ortiz Montoro, Sagrario María del Rosario Favor
144 Oviedo Oviedo, Ernesto Favor
145 Padilla Orozco, Raúl Alejandro Ausente
146 Palafox Núñez, José Inés Favor
147 Paredes Rodríguez, Francisco Javier Favor
148 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen Favor
149 Parra Noriega, Luis Gustavo Favor
150 Pérez de Tejada Romero, Diana Carolina Favor
151 Pérez Cuéllar, Cruz Ausente
152 Peyrot Solís, Marco A. Favor
153 Plascencia Alonso, Francisco Javier Favor
154 Priego Tapia, Gerardo Favor
155 Pulido Pecero, Pedro Favor
156 Quintero Bello, Jorge Favor
157 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana Favor
158 Ramírez Barba, Ector Jaime Favor
159 Ramírez Corral, Ivette Jacqueline Favor
160 Ramírez Pech, Edgar Martín Favor
161 Ramírez Villarreal, Gustavo Favor
162 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel Favor
163 Reyes García, María Isabel Favor
164 Reyes López, Carlos Armando Favor
165 Rincón Vargas, Mirna Cecilia Favor
166 Rivera Rivera, José Guadalupe Favor
167 Rivero Rivero, Rolando Favor
168 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando Ausente
169 Rodríguez Jiménez, Ricardo Ausente
170 Rodríguez Prats, Juan José Favor
171 Rodríguez Uresti, Enrique Favor
172 Rojas Hernández, Laura Angélica Favor
173 Román Isidoro, Demetrio Favor
174 Romo Jiménez, Martha Angélica Ausente
175 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto Ausente
176 Rueda Gómez, Francisco Ausente
177 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto Favor
178 Salas Contreras, Marcos Favor
179 Salazar Madera, Mario Alberto Favor
180 Salum del Palacio, Jorge Alejandro Favor
181 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio Favor
182 Sánchez Domínguez, Alejandro Favor
183 Sánchez Gil, Carlos René Favor
184 Sánchez Juárez, Claudia Favor
185 Sánchez Trujillo, José Víctor Favor
186 Sandoval Munguia, Juan Manuel Favor
187 Serrato Castell, Luis Gerardo Ausente
188 Shej Guzmán Sara Favor
189 Solano Muñoz, José de Jesús Favor
190 Stefanonni Mazzocco, Martín Favor
191 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette Ausente
192 Torres Gómez, Artemio Favor
193 Torres Herrera, Víctor Manuel Ausente
194 Torres Torres, Carlos Alberto Favor
195 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe Favor
196 Valladolid Rodríguez, Antonio Favor
197 Vasconcelos Rueda, Antonio Favor
198 Vázquez Martínez, Alberto Favor
199 Vega Corona, Antonio Favor
200 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo Ausente
201 Verástegui Ostos, César Augusto Favor
202 Verdín Saldaña, Jaime Favor
203 Victoria Alva, Juan Favor
204 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca Favor
205 Villanueva Arjona, Juan Manuel Favor
206 Zambrano Elizondo, Javier Martín Favor
Favor: 152
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 54
Total: 206
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor Ausente
2 Alavez Ruiz, Aleida Favor
3 Almazán González, José Antonio Abstención
4 Almonte Borja, Ramón Favor
5 Alonso Flores, Lourdes Favor
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo Ausente
7 Altamirano Toledo, Carlos Favor
8 Alva Olvera, Maribel Luisa Favor
9 Álvarez Ramón, Silbestre Favor
10 Amaro Corona, Alberto Favor
11 Aragón Castillo, Irene Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario Favor
14 Barreiro Pérez, Armando Ausente
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia Favor
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana Ausente
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh Favor
18 Brito González, Modesto Favor
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier Favor
20 Campos Aburto, Amador Favor
21 Cárdenas Hernández, Raymundo Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora Favor
23 Chávez García, Higinio Ausente
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac Favor
25 Contreras Julián, Maricela Favor
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia Favor
27 Cuevas Córdova, Othón Favor
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix Ausente
29 De la Rosa García, Juan Hugo Favor
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado Favor
31 Dehesa Mora, Daniel Ausente
32 Del Toro , Mario Enrique Favor
33 Díaz Contreras, Adriana Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz Ausente
35 Espejel Lazcano, Jaime Favor
36 Fernández Balboa, Mónica Favor
37 Flores Maldonado, César Favor
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro Favor
39 Franco Melgarejo, Rafael Favor
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo Favor
41 García Rodríguez, Víctor Hugo Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí Ausente
43 González Garza, Javier Favor
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio Ausente
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis Favor
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene Favor
47 Hernández Hernández, Sergio Favor
48 Hernández Manzanares, Javier Ausente
49 Hernández Silva, Benjamín Favor
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia Favor
51 Jacques y Medina, José Ausente
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia Favor
53 Landero López, Pedro Favor
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario Favor
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi Favor
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel Favor
57 López Barriga, Erick Ausente
58 López Becerra, Santiago Favor
59 López Rojas, Alberto Favor
60 López Torres, María Soledad Favor
61 Lozano Lozano, Andrés Ausente
62 Luna Munguía, Alma Lilia Favor
63 Macedo Escartín, Miguel Ángel Favor
64 Márquez Madrid, Camerino Eleazar Favor
65 Márquez Tinoco, Francisco Favor
66 Martínez Hernández, Alejandro Ausente
67 Martínez Martínez, Carlos Roberto Favor
68 Martínez Martínez, Francisco Favor
69 Martínez Padilla, Hugo Eduardo Favor
70 Martínez Vargas Octavio Favor
71 Matías Alonso, Marcos Favor
72 Matus Toledo, Holly Favor
73 Mayans Canabal, Fernando Favor
74 Mendoza Arellano, David Ausente
75 Mendoza Flores, Roberto Favor
76 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio Favor
77 Mendoza Mendoza, Irineo Favor
78 Monreal Ávila, Susana Favor
79 Montalvo Rojas, Victorio Rubén Ausente
80 Morales Manzo, Jesús Ricardo Ausente
81 Morales Sánchez, Efraín Ausente
82 Morales Vázquez, Carlos Orsoe Favor
83 Narcía Álvarez, Héctor Ausente
84 Navarro López, Carlos Ernesto Ausente
85 Navarro Quintero, Miguel Ángel Ausente
86 Ojeda Hernández, Concepción Favor
87 Orcí Martínez, Juan Adolfo Favor
88 Ortega Martínez, Antonio Ausente
89 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia Favor
90 Pacheco Llanes, Ramón Félix Ausente
91 Pedraza Chávez, Isidro Ausente
92 Pedrozo Castillo, Adrián Favor
93 Peña Sánchez, Miguel Ángel Ausente
94 Pérez Cruz, Raciel Ausente
95 Pulido Santiago, Celso David Favor
96 Ramos Becerril, Rafael Plácido Favor
97 Ramos Castellanos, Martín Favor
98 Rasgado Corsi, Gloria Favor
99 Ríos Gamboa, Raúl Ausente
100 Romero Gutiérrez, Odilón Favor
101 Ruiz Sánchez, Salvador Favor
102 Saavedra Coronel, José Antonio Favor
103 Salinas Pérez, Josefina Ausente
104 San Martín Hernández, Juan Manuel Favor
105 Sánchez Barrios, Carlos Favor
106 Sánchez Cabrales, Rafael Elías Favor
107 Sánchez Camacho, Alejandro Favor
108 Sánchez Camacho, David Favor
109 Sánchez Ramos, Francisco Ausente
110 Sánchez Valdéz, Eva Angelina Favor
111 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc Abstención
112 Santos Arreola, Francisco Javier Ausente
113 Solares Chávez, Miguel Ángel Ausente
114 Soriano Sánchez, Rosa Elva Ausente
115 Soto Sánchez, Antonio Favor
116 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso Favor
117 Torres Baltazar, María Elena Favor
118 Torres García, Daniel Favor
119 Trejo Pérez, Pablo Ausente
120 Ulloa Pérez, Emilio Favor
121 Vallejo Estevez, Mario Ausente
122 Varela López, Víctor Gabriel Favor
123 Villanueva Albarrán, Gerardo Favor
124 Villicaña García, Rafael Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto Favor
127 Zepeda Hernández, Martín Favor
Favor: 89
Contra: 0
Abstención: 2
Quorum: 0
Ausentes: 36
Total: 127
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico Favor
2 Aguilar , Diego Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel Ausente
4 Aispuro Torres, José Rosas Ausente
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio Ausente
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo Ausente
7 Amador Gaxiola, Daniel Ausente
8 Amador Leal, Narcizo Alberto Ausente
9 Ayala Almeida, Joel Favor
10 Badillo Martínez, Roberto Favor
11 Barajas López, Ramón Favor
12 Barajas del Toro, Salvador Favor
13 Barba Hernández, Alfredo Favor
14 Beltrán Montes, Israel Favor
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique Ausente
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio Favor
17 Biebrich Torres, Carlos Armando Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis Favor
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando Ausente
20 Camacho Quiroz, César Octavio Favor
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo Ausente
22 Carballo Bustamante, Andrés Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique Ausente
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl Ausente
26 Colín Guadarrama, María Mercedes Ausente
27 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías Favor
28 De la Garza Treviño, Jorge Luis Ausente
29 Díaz Athié, Antonio de Jesús Favor
30 Díaz Solorzano, Elmar Darinel Ausente
31 Domínguez Domínguez, Nemesio Ausente
32 Duarte Jáquez, César Favor
33 Escajeda Jiménez, José Rubén Favor
34 Escalante Jasso, Aracely Ausente
35 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías Favor
36 Estefan Chidiac, Charbel Jorge Ausente
37 Flores Sandoval, Patricio Favor
38 Fuentes Tellez, Octavio Ausente
39 Gamboa Patrón, Emilio Favor
40 Garza Garza, Horacio Emigdio Ausente
41 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen Ausente
42 Gloria Requena, Tomás Ausente
43 Gómez Lugo, Elda Favor
44 González Calderón, Martha Hilda Ausente
45 González Salum, Miguel Ángel Favor
46 González Zarur, Mariano Favor
47 Guerrero García, Javier Favor
48 Guerrero Juárez, Joel Ausente
49 Gurrión Matías, Daniel Favor
50 Herrera Ale, Juana Leticia Ausente
51 Herrera Coyac, Wenceslao Favor
52 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando Ausente
53 Lagunes Gallina, Gerardo Ausente
54 Lescieur Talavera, Jorge Mario Favor
55 López Balbuena, Guillermina Ausente
56 Madrid Tovilla, Areli Ausente
57 Martínez Rodríguez, Lorena Favor
58 Martínez Rocha, Arturo Favor
59 Méndez Lanz, Víctor Manuel Ausente
60 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso Ausente
61 Merodio Reza, Lilia Guadalupe Favor
62 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl Favor
63 Morales García, Elizabeth Favor
64 Mota Hernández, Adolfo Ausente
65 Muñoz Serna, Rogelio Favor
66 Murat, José Favor
67 Ochoa González, Arnoldo Ausente
68 Ojeda Camacho, Gilberto Ausente
69 Olivares Monterrubio, Alejandro Favor
70 Olivares Ventura, Héctor Hugo Ausente
71 Ordaz Jiménez, Ismael Ausente
72 Orihuela Bárcenas, José Ascención Favor
73 Ortega Tzitzihua, María Dolores Lucía Favor
74 Ortiz del Carpio, Víctor Favor
75 Ortiz Proal, Mauricio Ausente
76 Padilla Gutiérrez, Héctor Favor
77 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz Favor
78 Palma César, Víctor Samuel Favor
79 Parás González, Juan Manuel Ausente
80 Partida Guzmán, Martha Rocío Favor
81 Patrón Montalvo, Jesús Manuel Favor
82 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela Ausente
83 Pérez Valdés, Daniel Ausente
84 Pinete Vargas, María del Carmen Favor
85 Quiñones Canales, Lourdes Favor
86 Ramírez Martínez, José Edmundo Favor
87 Ramírez Stabros, Jesús Ausente
88 Reyna García, José Jesús Favor
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo Favor
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco Favor
91 Rodríguez Martínez, Alicia Favor
92 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda Favor
93 Rojas Gutiérrez, Carlos Ausente
94 Salas López, Ramón Favor
95 Sánchez Hernández, Eduardo Favor
96 Sánchez Peñuelas, Salvador Favor
97 Sandoval Paredes, Sergio Favor
98 Serrano Escobar, Enrique Favor
99 Sosa Castelán, Gerardo Favor
100 Vargas Landeros, Gerardo Octavio Ausente
101 Vega Ortiz, María Oralia Favor
102 Velasco Pérez, Juan Carlos Favor
103 Villa Villa, Isael Favor
104 Virgen Carrera, Víctor Manuel Favor
Favor: 60
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 44
Total: 104
CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan Favor
2 Aguilera Rico, José Luis Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías Ausente
4 Castellanos Hernández, Félix Ausente
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús Favor
6 Chanona Burguete, Alejandro Ausente
7 Del Río Virgen, José Manuel Favor
8 Godoy Cárdenas, Jorge Favor
9 López Lena Cruz, Humberto Ausente
10 Melo Velázquez, José Francisco Favor
11 Salvatori Bronca, María del Carmen Favor
12 Samperio Montaño, Juan Ignacio Ausente
13 Sansores San Román, Layda Elena Favor
14 Tagle Martínez, Martha Angélica Ausente
15 Uscanga Cruz, Robinson Ausente
16 Valdés Chávez, Ramón Favor
17 Varela Lagunas, Tomás José Luis Favor
18 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc Ausente
Favor: 9
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 9
Total: 18
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio Ausente
2 Bellizzia Rosique, Pascual Favor
3 Cobo Terrazas, Diego Favor
4 Elizondo Garrido, Francisco Favor
5 Estrada González, Faustino Javier Ausente
6 González Martínez, Jorge Emilio Favor
7 Lavara Mejía, Gloria Favor
8 López Adame, Antonio Xavier Ausente
9 Manrique Guevara, Beatriz Favor
10 Notholt Guerrero, Alan Favor
11 Portilla Diéguez, Manuel Favor
12 Puente Salas, Carlos Alberto Favor
13 Ramírez Cerda, Ana María Favor
14 Rodríguez Luis, Alejandro Favor
15 Salgado Amador, Manuel Salvador Favor
16 Sesma Suárez, Jesús Ausente
17 Velasco Rodríguez, Verónica Favor
Favor: 13
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 17
PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén Ausente
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo Favor
3 Cantú Garza, Ricardo Ausente
4 Cervantes Rivera, Jaime Ausente
5 Garay Ulloa, Silvano Ausente
6 Herrera Solís, Anuario Luis Ausente
7 Maciel Ortiz, María Mercedez Ausente
8 Peregrino García, Abundio Ausente
9 Romero Guzmán, Rosa Elia Ausente
10 Solís Parga, Rodolfo Ausente
11 Vela González, Joaquín Humberto Ausente
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 10
Total: 11
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel Favor
3 Castillo Nájera, Ariel Ausente
4 Dávila Esquivel, Humberto Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto Favor
6 Luna Becerril, Blanca Ausente
7 Luna Rodríguez, Silvia Favor
8 Pérez Bolaños, Ana Elisa Favor
9 Piñeyro Arias, Irma Ausente
Favor: 5
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 9
PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina Favor
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe Favor
3 García Méndez, Armando Ausente
4 Hernández Valadés, Delio Favor
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo Favor
Favor: 4
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 5