SUMARIO

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Presidencia del diputado César Duarte Jáquez

ASISTENCIA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de la Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 338 diputadas y diputados; por tanto, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez (a las 12:12 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Martes 17 de febrero de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Secretaría de Educación Pública.

Solicitudes de licencia de los diputados Juan Darío Arreola Calderón y Juan Manuel San Martín Hernández .

Protesta.

De la Junta de Coordinación Política.

De la Cámara de Senadores

Dos oficios por los que se solicita que se dictamine la minuta proyecto de decreto por el que se reforman la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos:

Por el que se modifican los artículos quinto y décimo octavo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del Sistema Electrónico de Votación. (Votación)

De la Junta de Coordinación Política:

Por el que la Cámara de Diputados se pronuncia a favor de encontrar una pronta solución al conflicto de los pueblos de Palestina e Israel. (Votación)

Por el que la Cámara de Diputados se pronuncia a favor de la necesidad de levantar el bloqueo económico a la República de Cuba y la prestación de ayuda a la isla para hacer frente a los desastres naturales que ha sufrido. (Votación)

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de enero de 2009, desagregada por tipo de fondo.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Dos por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Laurence Olivia Pantin, Érika Alejandra Hernández Victoria, Salvador Sánchez Colón, David Oliver González Bravo y Moisés Medrano González puedan prestar servicios en las Embajadas de Francia y de Estados Unidos de América en México y en sus Consulados en Matamoros, Tamaulipas, respectivamente. (Turno a Comisión)

Tres con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Dos con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente.

Iniciativas

Que reforma el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a cargo del diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 35 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Patricia Villanueva Abraján , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 25 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Jesús Alcántara Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 949 y 1005 Bis de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Daniel Torres García , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 10 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, a cargo del diputado Fernando Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que expide la Ley de Importación de Vehículos Usados, a cargo del diputado Horacio Emigdio Garza Garza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 21 Bis, reforma el artículo 23 y establece diversas disposiciones transitorias de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, a cargo del diputado Adolfo Mota Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2, 7 y 8 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona los artículos 291 Bis, 291 Ter y 432 Bis a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General de Turismo, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Turismo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Daniel Torres García , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 71 de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado Fernando Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 46, 76 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Eduardo Espinosa Abuxapqui , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un segundo párrafo al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Alliet Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Fernando Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 8 Bis a la Ley de Energía para el Campo, a cargo del diputado Alejandro Martínez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Eduardo Espinosa Abuxapqui , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que establece el Programa de Apoyo para los Deudores de la Banca, en materia de Tarjetas de Crédito, Créditos Hipotecarios y Créditos a las Pequeñas y Medianas Empresas, a cargo del diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés , del Grupo Parlamentario Alternativa, y suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Alejandro Landero Gutiérrez , Obdulio Ávila Mayo y Alberto Vázquez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Susana Monreal Ávila , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 27 Bis y 279 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, a cargo del diputado Luis Alejandro Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado Humberto Dávila Esquivel , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Desempleo Universal y No Contributivo, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 386 y 387 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 280 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal para el Consumo Popular, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 1, 8 y 10 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, suscrita por los diputados Mauricio Ortiz Proal y José Jesús Reyna García , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 138 y deroga el artículo 143 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Beatriz Manrique Guevara y Luis Alejandro Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Neftalí Garzón Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos primero, tercero, cuarto y quinto transitorios del decreto de reforma al artículo 376 de la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de febrero de 2005, suscrita por los diputados Lorena Martínez Rodríguez y Fernando Enrique Mayans Canabal , de los Grupos Parlamentarios de los Partidos: Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, respectivamente. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 68 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, suscrita por las diputadas Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez y Martha Angélica Tagle Martínez , de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y de Convergencia, respectivamente (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Abad de Jesús , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Héctor Manuel Covarrubias, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 21 y 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 73 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados José Jesús Reyna García y Mauricio Ortiz Proal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo del diputado Pascual Bellizzia Rosique , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 21 y 22 de la Ley de Planeación, a cargo del diputado Javier Martín Zambrano Elizondo y suscrita por diputados de la Comisión Especial de prospectiva para la definición del futuro de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo del diputado Javier Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona tres artículos transitorios al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, a cargo de la diputada Valentina Batres Guadarrama , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que abroga la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, a cargo del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gildardo Guerrero Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley Federal de Austeridad, a cargo de la diputada Valentina Batres Guadarrama , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 24 Bis a la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Elda Gómez Lugo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 73 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto Badillo Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que reforma el último párrafo y adiciona las fracciones III y IV, recorriéndose la actual III para pasar a ser V, del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley General de Salud.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Hanin Frangie Beltrán, Patricia Silvya Long Whitehouse, Mario Lorenzo Gutiérrez Ocampo, Daniel Arturo Jaime Ayala, David Hedilberto Gutiérrez González, Josefina Idalia Mozqueda Torres y Eligio López de la Cruz para prestar servicios en las Embajadas de Canadá y de Estados Unidos de América en México y en sus Consulados en Nogales, Sonora y Nuevo Laredo, Tamaulipas, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Bárbara Selene Corchado Rivera y Albert Daman Agraz para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en su Consulado en Guadalajara, Jalisco respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Giancarla Calia Cerrillo para prestar servicios en la Embajada de la India en México.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XV al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que expide la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas; y adiciona una fracción XVII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

De la Comisión de Marina, con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 51 de la Ley de Ascensos de la Armada de México.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona tres párrafos al artículo 33 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma los artículos 19, 27, tercer párrafo; 28, fracción I, 33, y adiciona con un párrafo tercero el artículo 87 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 51 y adiciona los artículos 51 Bis 1, 51 Bis 2 y 51 Bis 3 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código de Comercio y de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y se adiciona un tercer párrafo al artículo 137 de la Ley General de Población.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que deroga la fracción III Bis del artículo 6 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

De la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma los artículos 53 y 55, fracción V, y deroga el último párrafo del artículo 55 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De las Comisiones Unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma el inciso K) del artículo 28 y adiciona un tercer párrafo, recorriéndose el actual para pasar a ser cuarto, al artículo 29 de la Ley de Asistencia Social.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 47 Bis, fracción II, inciso h), segundo párrafo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma la fracción I y el tercer párrafo del artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 153 Bis, 153 Bis 1, 153 Bis 2, 153 Bis 3, 153 Bis 4 al Titulo Cuarto, Capítulo VI, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y se reforma el primer párrafo del artículo 414 del Código Penal Federal.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo relativos a la liberación de Clara Rojas y Consuelo González, por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo relativos a la participación de mexicanos en el ejército de Estados Unidos de América.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo relativos al Proceso Judicial en contra del estudiante mexicano Alejandro Ordaz Moreno, en la ciudad de Sevilla, España.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo relativo a la conmemoración del natalicio de César E. Chávez.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo relativo a la expedición de una norma oficial mexicana que regule la disposición final de pilas y baterías importadas o fabricadas en México.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo relativos a la empresa Química Central de México, SA de CV, para que retire de sus instalaciones residuos de cromo que contaminaron el suelo y el agua de los Pueblos del Rincón.

De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo relativo al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, a fin de combatir la delincuencia organizada y la ola de violencia y ejecuciones que aquejan a la sociedad mexicana.

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a decretar un aumento salarial y a establecer un control de precios sobre diversos productos de la canasta básica.

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo relativo a la defensa de los derechos de los migrantes y específicamente a las marchas, mítines y eventos de las organizaciones pro-migrantes.

De las Comisiones Unidas de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo relativo a la firma de un acuerdo de coordinación con los gobiernos estatales y organismos municipales de turismo para garantizar y hacer valer el derecho de los mexicanos para gozar del acceso a las playas federales.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal que informe sobre los resultados derivados de la aplicación del decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto en la administración pública federal e instaure un programa integral que comprenda medidas de austeridad para enfrentar la crisis económica mundial, a cargo del diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la STPS y del DIF a emprender campañas de vigilancia en contra del abuso y la explotación laboral infantil, y políticas públicas que permitan garantizar los derechos de los niños, a cargo del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir una carta diplomática al gobierno de Estados Unidos de América para detener la violación a los derechos humanos de los inmigrantes mexicanos, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer ante comisiones a los directores de la Conagua y del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, para que informen sobre la escasez de agua potable en la zona metropolitana del valle de México, asimismo, se exhorta a la Profepa a presentar denuncias ante la autoridad del ramo a fin de que se apliquen sanciones a los beneficiarios de pozos clandestinos que operan en el Distrito Federal y en el estado de México, a cargo del diputado Diego Cobo Terrazas , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a otorgar estímulos económicos y facilidades para fomentar las inversiones cinematográficas nacionales e internacionales en México, a cargo del diputado Carlos Alberto Torres Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a iniciar a través de la SHCP y de la SCT los trabajos para evaluar la factibilidad de construir un puerto interior en el estado de México, a cargo del diputado Jesús Alcántara Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar a través de la STPS planes emergentes en el estado de México para propiciar la inclusión de jóvenes en la oferta laboral y prevenir el desempleo en ese sector, a cargo del diputado Jesús Alcántara Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a liberar a través de la Sagarpa los recursos incluidos en el PEF 2009 para el estado de México, a fin de reducir los efectos negativos de la crisis económica en el sector agropecuario en esa entidad, a cargo del diputado Jesús Alcántara Núñez , del Grupo Parlamentario del partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la CFE a regular los cobros excesivos de luz que atañen a los municipios indígenas de la montaña en el estado de Guerrero, a cargo del diputado Víctor Aguirre Alcaide, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar a través de la SHCP, de la CNBV y de la Condusef sobre la legalidad de las operaciones bancarias en moneda extranjera realizadas por las instituciones bancarias, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Salud federal y a los de las entidades federativas y del Distrito Federal a implementar programas para prevenir el consumo de narcóticos; así como para brindar tratamiento y rehabilitación a la población que padece farmacodependencia, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener y al Fideicomiso para el Ahorro de Energía, la homologación de los horarios de verano para los estados fronterizos con el horario de verano de los Estados Unidos de América, a cargo del diputado Cruz Pérez Cuéllar , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Gobierno de la CFE, a los titulares de la SHCP y de la Sener que implementen una tarifa preferencial para el consumo doméstico de energía eléctrica en el estado de Chiapas, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Salud federal y a los de las entidades federativas y del Distrito Federal a implementar programas para prevenir y atender a la población que padece obesidad y sobrepeso, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la Profepa que intensifique las acciones orientadas a promover la vigilancia y cumplimiento de las disposiciones normativas que preservan y protegen a los manglares del país, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la PGR, de la SSP y al director general del Instituto de la Judicatura Federal a implementar acciones de capacitación para el personal que habrá de aplicar las nuevas disposiciones penales que han entrado en vigor y que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero del año en curso, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR y los de las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas y del Distrito Federal a actualizar el marco jurídico del actuar de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SSP, de la PGR y a los de las Procuradurías Generales de Justicia de los estados y del Distrito Federal a implementar programas y campañas para prevenir y hacer frente al problema de la delincuencia juvenil en el país, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que la Cámara de Diputados brinde un reconocimiento público al general Raúl Esquivel Carvajal, primer superintendente del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, a cargo del diputado Rafael Plácido Ramos Becerril , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a emprender acciones emergentes que permitan disminuir el precio del diesel, a fin de apoyar a los sectores agropecuario y del transporte, a cargo de la diputada Juana Leticia Herrera Ale y suscrita diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a realizar a través de la Profepa las acciones relacionadas con la caza indiscriminada de vida silvestre, en especial la relativa a las diferentes especies de aves migratorias de la bahía de Yavaros, en Huatabampo, Sonora, suscrito por los diputados Carlos Roberto Martínez Martínez y Jesús Humberto Zazueta Aguilar , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la publicación de la NOM-046-SSA2-2005. ``Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención'', a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres poderes del estado de Chihuahua a respetar el fuero constitucional del legislador local Roberto Lara, a cargo del diputado Carlos Armando Reyes López , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a las compras anticipadas de la cosecha de maíz del ciclo primavera-verano en el estado de Sinaloa, a cargo del diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que solicita a la Cámara de Diputados que promueva ante la SCJN controversia constitucional contra el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, a cargo del diputado Enrique Serrano Escobar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.(Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a diseñar y aprobar, en coordinación con el Congreso de la Unión, un plan de distribución del gasto público que amortigüe los efectos negativos de la recesión económica en el país, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Trabajo y Previsión Social a implantar un plan integral que reactive la economía, frene el desempleo e impulse la ocupación en el país, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se invita a comparecer a los titulares de la Conagua y de la CFE, para que informen sobre diversas acciones que en materia hidráulica se realizan en el estado de Tabasco, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de Poder Ejecutivo federal a mantener a través de la SHCP, de manera temporal, el impuesto empresarial a tasa única en 16.5%, en tanto se reactiva la economía del país, a cargo del diputado José Rosas Aispuro Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCJN que nombre comisionados especiales para que averigüen los hechos que constituyen graves violaciones de las garantías individuales de la población que permanente o temporalmente reside o habita en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Dora Alicia Martínez Valero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Tlaxcala firmar el convenio interestatal e integrado del Fideicomiso para la Cuarta Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a investigar a través de la CNBV y de la Condusef las irregularidades en las que han incurrido diversas instituciones de crédito en la zona fronteriza, respecto a cuentas de cheques en dólares, a cargo del diputado Enrique Serrano Escobar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades del estado de Durango a resolver el problema de drenaje y agua contaminada en el municipio de Poanas, en específico en Villita de San Atenógenes, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar a través de la Sener y de Pemex la construcción dentro del estado de Tamaulipas de la nueva refinería prevista en el Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura, a cargo del diputado Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del gerente estatal de Correos de México en Chiapas, a fin de que informe sobre las anomalías relativas a la violación a los paquetes con faltantes de peso y contenido, denunciadas por la ciudadana Mercedes Chacón Magchun, en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, a cargo del diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar las reglas de operación de la Sagarpa, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de diciembre de 2008 y eliminar el Comité Técnico Nacional, a cargo del diputado Héctor Padilla Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la titular de la Sener a informar a esta soberanía sobre los aerogeneradores instalados en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cumplir a través de la Sagarpa lo establecido en el artículo tercero transitorio de la Ley de Productos Orgánicos y expedir el Reglamento de dicha ley, a cargo del diputado Fabián Fernando Montes Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, al secretario del Trabajo y Previsión Social y al secretario de Hacienda y Crédito Público a otorgar un aumento salarial de emergencia, tanto a los salarios mínimos generales como a los contractuales y a los de los trabajadores al servicio del Estado, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir las disposiciones reglamentarias y administrativas señaladas en el decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2008, a cargo del diputado Eduardo Sánchez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a los Programas y Centros de Estudios de Género en las Instituciones de Educación Superior Nacionales y Estatales, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que exhorte al Consejo General del IFE a unificar criterios o, en su caso, establecer reglas claras y que éstas se cumplan a cabalidad en cuanto la difusión y utilización de los logros de los programas sociales en la publicidad por cualquier medio de comunicación de las campañas electorales por parte de los partidos políticos, a cargo de la diputada Guillermina López Balbuena , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal utilizar a través de la SCHP el subsidio previsto en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, a fin de reducir el precio de la gasolina y el diesel, suscrito por los diputados Mónica Fernández Balboa y César Duarte Jáquez, Integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, respectivamente. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la CFE a investigar la legalidad de los procesos internos y los trámites que se requieren a los usuarios para la celebración de convenios, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Ángulo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la SHCP y del gobernador del Banco de México para que informen sobre las medidas tomadas para detener la depreciación de la moneda nacional y atenuar la actual crisis financiera, a cargo del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Dirección General del IMSS a ampliar el cuadro de medicamentos disponible en las unidades médicas, así como de los materiales que permitan una atención adecuada y pertinente en caso de urgencias, tratamiento y curaciones de los derechohabientes, a cargo del diputado Ramón Barajas López , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a brindar a través de la Segob y del Instituto Nacional de Migración mayor seguridad en las rutas de migrantes y elaborar una base de datos con los nombres de los centroamericanos que fallecen en territorio nacional, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a destinar a través de la Sagarpa una partida presupuestal extraordinaria para sufragar los rezagos técnicos y materiales de la producción pesquera artesanal en todos y cada uno de los puertos, costas y zonas pesqueras de nuestro país, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar acciones inmediatas que eviten el alza en el precio del diesel, a cargo de la diputada Elizabeth Morales García , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo local y al Congreso del estado de Oaxaca a realizar las acciones correspondientes a fin de derogar el cobro del impuesto por reemplacamiento vehicular a los habitantes de dicha entidad, a cargo del diputado José Francisco Melo Velázquez , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que realice una auditoría de desempeño al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que a través de la Sagarpa y de la Conapesca aplique un plan de rescate para las zonas afectadas por la plaga del pez plecos, en el estado de Tabasco, suscrito por los diputados Silbestre Álvarez Ramón y Carlos Orsoe Morales Vázquez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Infonavit a cesar el hostigamiento contra sus derechohabientes y replantear opciones de pago que respeten los derechos de seguridad y previsión social que rigen en la materia, a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a atraer a través de la PGR, por conducto de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, la denuncia presentada por el periodista Carlos Javier Velazco Molina, debido a las agresiones sufridas en el estado de Oaxaca, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Senado de la República a ratificar diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo en materia de trabajo infantil, a cargo de la diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que apruebe una partida presupuestaria para el ejercicio fiscal 2010 destinada a atender los problemas de expropiación de los ejidos colindantes con la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, a cargo del diputado Nemesio Domínguez Domínguez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y al Director del Fonatur a reivindicar el dominio directo del ex convento de Santa Catarina de Sena, Oaxaca, debido a que por mandato constitucional es patrimonio de la nación, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal y demás autoridades competentes a realizar las gestiones correspondientes para el cierre definitivo del relleno sanitario Bordo Poniente, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al juez tercero en materia penal Miguel Hernández Bautista a observar, en la sentencia que dicte a la ciudadana Magdalena García Soto, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suscrita por los diputados Camerino Eleazar Márquez Madrid y Daisy Selene Hernández Gaytán , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SSP a implementar un programa integral en materia de derechos humanos que comprenda lineamientos de respeto, protección, garantía y promoción de los mismos, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP, a la SHCP, a la PGR y a la ASF a investigar y, en su caso, fincar responsabilidades por el manejo irregular de recursos destinados a vivienda para la población devastada por el desastre ocurrido en el estado de Tabasco desde octubre de 2007, suscrita por los diputados Rafael Elías Sánchez Cabrales y Mónica Fernández Balboa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reducir y mantener a través de la SHCP el precio del diesel y alcance acuerdos sobre tarifas, a cargo del diputado Rafael Franco Melgarejo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo, para condenar el antisemitismo, el racismo y otras formas de discriminación y agresión racial y de manera especial el ataque a la sinagoga Maripérez en Caracas, Venezuela, el 30 de enero de 2008, suscrita por los diputados Javier Calzada Vázquez y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública a llevar a cabo un análisis del impacto de la crisis en los ingresos y niveles de gasto y proponer las modificaciones y reorientaciones que deben hacerse al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, a cargo de la diputada Valentina Batres Guadarrama , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Excitativas

A la Comisión de Seguridad Social, a solicitud del diputado Samuel Aguilar Solís , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, a solicitud del diputado Humberto Dávila Esquivel , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Al Senado de la República, a solicitud de los diputados María del Pilar Ortega Martínez , Cruz Pérez Cuéllar y Luis Gustavo Parra Noriega , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Israel Beltrán Montes , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a solicitud de la diputada Beatriz Manrique Guevara , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Ricardo Cantú Garza , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud de la diputada Ana Elisa Pérez Bolaños , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud de los diputados Mónica Fernández Balboa , David Mendoza Arellano y Salvador Ruiz Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves doce de febrero de dos mil nueve, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia del diputado César Duarte Jáquez

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las 12 horas con 31 minutos del jueves 12 de febrero de 2009, con la asistencia de 376 diputadas y diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensa la lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior y aprueba esta última.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica con motivo del 178 aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero Saldaña, a celebrarse el 14 de febrero. Se designa comisión de representación.

Remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente:

Se pone a consideración de la asamblea el acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, que establece el calendario legislativo para el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura. En votación económica se aprueba. Comuníquese a la Cámara de Senadores.

Se reciben del Ejecutivo federal iniciativas con proyecto de decreto que:

Se reciben del Senado de la República:

a) Iniciativas con proyecto de decreto que:

b) Solicitudes de excitativa:

A las 12 horas con 43 minutos se instruye el cierre del registro electrónico con un registro de 393 diputadas y diputados.

Quedan de primera lectura, una vez que en votación económica se dispensa, los siguientes dictámenes con proyecto de decreto de las comisiones:

En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensa la lectura a los dictámenes con proyecto de decreto de las comisiones de:

Presidencia de la diputada Martha Hilda González Calderón

Con un resultado de 304 votos en pro, ninguno en contra y una abstención, la Presidenta declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto e instruye su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Presidencia del diputado César Duarte Jáquez

Con un resultado de 283 votos, el Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

La Secretaría da lectura a proposiciones de acuerdo de la Junta de Coordinación Política:

Presidencia de la diputada Martha Hilda González Calderón

Interviene el diputado César Duarte Jáquez, del Partido Revolucionario Institucional. Desde su curul, el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , del Partido de la Revolución Democrática, hace comentarios relacionados al tema. Se concede el uso de la palabra en pro a los diputados Ángel Humberto García Reyes , del Partido Acción Nacional, quien acepta interpelación del diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés , de Alternativa; Pablo Leopoldo Arreola Ortega , del Partido del Trabajo; Jericó Abramo Masso, del Partido Revolucionario Institucional. Desde su curul, el diputado Javier González Garza , propone adición. Desde sus respectivas curules, realizan comentarios, los diputados: Javier Hernández Manzanares , del Partido de la Revolución Democrática; José Rubén Escajeda Jiménez , del Partido Revolucionario Institucional y Ernesto Oviedo Oviedo , del Partido Acción Nacional. La Secretaría da lectura a la adición propuesta por el diputado González Garza, que en votación económica se acepta y de la misma manera se aprueba el punto de acuerdo con la modificación aceptada. Comuníquese.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

El Presidente clausura la sesión a las 15 horas con 18 minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el martes 17 de febrero de 2009 a las 11:00 horas.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobada el acta. Continúe la Secretaría con las comunicaciones.

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INDIGENA

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Educación Pública.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la del Congreso de la Unión.--- Presente.

Hago referencia al oficio número D.G.P.L.60-II-3-2244, recibido en esta dirección general el 30 de enero de 2009, en el que señalan los puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

Respecto al primer resolutivo comunico a usted que esta dirección general, junto con la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública, han actuado institucionalmente y conforme a derecho, en respuesta al juicio laboral interpuesto por los mismos trabajadores ante el Tribunal Colegiado y ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, motivo por el cual estamos en espera de la resolución dictada por el juez competente y actuaremos conforme a lo dispuesto por esta autoridad.

Por lo que respecta al segundo resolutivo, y en atención a su atento exhorto, me permito informarle que esta Dirección General de Educación Indígena actúa conforme a las Condiciones Generales de Trabajo y al Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, manteniendo como principio la institucionalidad y respeto a los trabajadores, por lo que continuaremos fortaleciendo el desarrollo de la Institución y el cumplimiento de su misión a favor de la educación de la niñez indígena.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase al promovente, para su conocimiento.

DIPUTADOS QUE SOLICITAN LICENCIA

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62 y 65, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el numeral 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, y demás relativos y aplicables, solicito que tenga a bien someter a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados que se me conceda licencia para separarme del cargo de diputado federal a partir del próximo 22 de febrero y hasta el 30 de marzo del presente año.

Aprovecho para agradecer a usted y a todos mis compañeros legisladores las atenciones recibidas durante esta histórica legislatura, al tiempo que reitero mi más alta consideración.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas : Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia al diputado Juan Darío Arreola Calderón para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el XXXVIII distrito del Estado de México, del 22 de febrero al 30 de marzo del presente año.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobados. Comuníquense. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Diputado Cesar Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.--- Presente.

El que suscribe, Juan Manuel San Martín Hernández , en su carácter de diputado federal por el distrito XXXIX del estado de México a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, se dirige a usted de manera atenta y respetuosa para manifestar

Que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos y aplicables, vengo a solicitar a esta soberanía que se me conceda licencia para separarme del encargo de diputado federal por tiempo indefinido a partir del 22 de febrero del presente año, reservándome el derecho a revocar dicha licencia en el momento y por las causas que a mis intereses convengan.

Sin más por el momento y esperando verme favorecido en las consideraciones aquí expuestas, quedo a sus apreciables órdenes.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Juan Manuel San Martín Hernández para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el XXXIX distrito del Estado de México, a partir del 22 de febrero del presente año.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobados. Comuníquense.

DIPUTADO SUPLENTE QUE SE INCORPORA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Federico Bernal Frausto, diputado federal electo en el II distrito de Zacatecas.

Se designa en comisión, para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los diputados María Dolores González Sánchez , Nicolás Morales Ramos, Antonio Valladolid Rodríguez , María del Consuelo Argüelles Arellano y Luis Alejandro Rodríguez .

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : Se pide a la comisión cumplir este encargo.

(La comisión cumple su encargo)

Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Ciudadano Federico Bernal Frausto,¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la nación?

El ciudadano Federico Bernal Frausto : Sí, protesto.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Si así no lo hiciera que la nación se lo demande.

Felicidades.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el diputado Héctor Larios Córdova , coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que la diputada Leticia Díaz de León Torres cause alta como integrante de la Comisión de Salud.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: De enterado. Continúe la Secretaría con los oficios de la Cámara de Senadores.

LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO - LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS - LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Ricardo Monreal Ávila , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó solicitud de excitativa a la Cámara de Diputados para agilizar el procedimiento legislativo de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman las Leyes de Instituciones de Crédito, para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

La Presidencia dispuso que dicha solicitud se turnara a la Cámara de Diputados, y se anexa.

«Punto de acuerdo que presenta el senador Ricardo Monreal Ávila para enviar un exhorto a la Cámara de Diputados a fin de agilizar el procedimiento legislativo de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes de Instituciones de Crédito, para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

En las últimas sesiones del periodo ordinario pasado, para ser más específico, el 4 de diciembre de 2008, aprobamos en la Cámara de Senadores una serie de reformas a diversos ordenamientos que tienen que ver con los servicios de la banca y los usuarios financieros, y el 9 del mismo mes se recibió en la Cámara de Diputados y fue turnada a comisiones.

Con esa reforma se aprobaron varias medidas con la finalidad de respaldar y proteger a los ciudadanos de los abusos que son repetidamente víctimas de algunos intermediarios financieros.

Algunas disposiciones contenidas en la nueva legislación propuesta incorporan normas que prevén que en los estados de cuenta y en los contratos de adhesión se informe de los elementos más importantes de la operación, como comisiones y el CAT.

Respecto a las tarjetas de crédito, se incorpora una norma que prevé que las entidades sólo podrán elevar el límite de crédito a clientes cumplidos y con el consentimiento expreso de dichos clientes, con objeto de proteger a los usuarios. Asimismo se establece que el Banco de México determine los montos de pago mínimo que deberán cobrar las entidades financieras para que no establezcan pagos mínimos demasiado bajos que puedan generar una deuda que se prolongue por muchos años o endeudamiento excesivo de las familias.

Los usuarios de servicios financieros se quejan con frecuencia de recibir tarjetas de crédito no solicitadas que, en ocasiones, generan problemas para el posible cliente ante el buró de crédito. Por ello, ahora se prohibió la entrega de tarjetas de crédito preaprobadas sin que éstas sean solicitadas.

Fueron otras muchas medidas las que abordó esta reforma y, en lo particular, di mi voto a favor por considerar que de alguna manera se dio un paso adelante en favor de los usuarios de la banca que en un futuro podrán contar con ciertos elementos e información que les permitan tomar mejores decisiones en relación con los créditos al consumo, sobre todo en el ramo de tarjetas de crédito.

Lo que se hizo aquel día es correcto y conveniente. Pero no es más que una aspirina al problema fundamental de las tarjetas de crédito. Necesitamos legislar a fondo. Es un avance, sí, pero insuficiente para curar el cáncer provocado por la usura y la inadecuada bancarización vía tarjetas de crédito de la banca en nuestro país.

Es por ello que considero oportuno que el Pleno de la Cámara de Senadores envíe con todo respeto un exhorto a la Cámara colegisladora para que se le dé la prioridad debida a este tema que es tan importante para los ciudadanos.

Derivado de lo anterior, someto a esta asamblea la siguiente

Excitativa

Único. Se exhorta a la Cámara de Diputados a acelerar, de ser posible, el procedimiento legislativo respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes de Instituciones de Crédito, para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, aprobada y enviada por la Cámara de Senadores a la colegisladora el 4 de diciembre de 2008.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO - LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS - LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Arroyo Vieyra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó solicitud de excitativa a comisiones, en relación con el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes de Instituciones de Crédito, para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y de Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros.

La Presidencia dispuso que dicha solicitud se turnara a la Cámara de Diputados, y se anexa.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.---LX Legislatura.

El que suscribe, Francisco Arroyo Vieyra, senador de la República por Guanajuato a la LX Legislatura del Senado de la República del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, respetosamente excita a la Cámara de Diputados a efecto de que remita al Ejecutivo federal, para efectos de promulgación, los artículos que han sido aprobados por ambas Cámaras del proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes de Instituciones de Crédito, para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y de Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros, y queden pendientes, para análisis y votación, las enmiendas en las que se mantiene controversia en los artículos 46 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito y 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros, en caso de que la colegisladora decida desechar una segunda revisión a la minuta, al tenor de los siguientes

Antecedentes

En sesión de fecha 13 de noviembre de 2008, los senadores José E. Calzada Rovirosa, Gustavo Enrique Madero Muñoz , Minerva Hernández Ramos , José Isabel Trejo Reyes , Carlos Lozano de la Torre , Carlos Aceves del Olmo , José Luis Lobato y René Arce Islas presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes de Instituciones de Crédito, para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y de Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros, y con fecha de 4 de diciembre fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Senadores, remitiéndose a la colegisladora para sus efectos constitucionales.

La Cámara de Diputados aprobó la correspondiente minuta con modificaciones, ordenando remisión a la Cámara de Senadores para sus su efectos constitucionales.

Con fecha 10 de diciembre de 2008 se recibió de la Cámara de Diputados la minuta la cual fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores a Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos para estudio y dictamen.

Finalmente, el 11 de diciembre de 2008, la Cámara de Senadores aprobó la minuta y un acuerdo para remitir a la Cámara de Diputados este proyecto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional y, en caso de que la colegisladora acordara no aprobar las enmiendas contenidas en el proyecto que se devuelve, el Senado manifiesta su aceptación para que con los artículos que ya han sido aprobados por ambas Cámaras se construya el decreto antes referido y se remita al Ejecutivo federal para efectos de promulgación.

Consideraciones

En virtud de la crisis económica mundial y la difícil situación por la que atraviesa el país, la sociedad mexicana nos exige legislar en materia económica para sortear la difícil situación que se percibe en este año que comienza. Por lo que es de suma importancia cumplir con nuestra tarea, proporcionado a la sociedad herramientas de tipo jurídico con las cuales puedan protegerse de algunas prácticas nocivas que afecten su economía y que puedan tener acceso a un sector financiero regulado y vigilado en las mejores condiciones para los usuarios.

La reforma persigue promover y proteger los derechos de los usuarios de servicios financieros frente a malas prácticas por parte de las entidades financieras, que en nuestro país es parte de la vida diaria.

Entre otros temas, fortalece las funciones de la Condusef, establece una relación equitativa entre los usuarios de servicios financieros y las entidades con que se contratan dichos servicios, establece claramente los costos de transacción, entre otros conceptos.

De esta manera, el proyecto planteado, como podemos observar, es una herramienta fundamental en el declive económico que vivimos y de suma importancia para el desarrollo equilibrado de la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores dar trámite a la siguiente

Excitativa

Único. Respetuosamente se excita a la Cámara de Diputados a efecto de que remita al Ejecutivo federal, para efectos de promulgación, los artículos que han sido aprobados por ambas Cámaras del proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes de Instituciones de Crédito, para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y de Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros, y queden pendientes para análisis y votación las enmiendas en las que se mantiene controversia en los artículos 46 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito y 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros, en caso de que la colegisladora decida desechar una segunda revisión a la minuta

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Continúen con las proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno.

TRABAJO LEGISLATIVO

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos

Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se modifican los artículos quinto y decimoctavo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación

La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y al tenor de los siguientes

Considerandos

Por lo antes expuesto y con fundamento en los preceptos legales invocados, la Junta de Coordinación Política emite y somete a la consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se modifican los artículos quinto y décimo octavo del acuerdo relativo a la integración del orden del día de las sesiones, la discusión de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, para quedar como sigue:

Artículo Quinto. ...

La Mesa Directiva integrará los asuntos por desahogar durante las sesiones, de acuerdo con el siguiente orden:

Las restantes iniciativas inscritas, en caso de no ser abordadas en tribuna en la sesión respectiva, recibirán el trámite correspondiente a efecto de dar curso a su proceso legislativo, en cuyo caso se procurará su difusión en el Canal de Televisión del Congreso. Sin embargo, los grupos parlamentarios, podrán solicitar y señalar qué iniciativas se mantienen registradas en el orden del día para su presentación en tribuna, conforme a sus prioridades.

En el desahogo del capítulo de proposiciones con punto de acuerdo se aplicarán las mismas reglas que las previstas en este acuerdo para la presentación de las iniciativas con proyecto de ley o decreto. Se dará prioridad a su presentación proporcional en tribuna de la siguiente manera:

Artículo Décimo Octavo. El tiempo de que se dispone para la presentación de los asuntos en el Pleno es el siguiente:

Transitorios

Primero. Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Segundo. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria e insértese en el Diario de los Debates.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el acuerdo.

Ha solicitado el diputado Juan José Rodríguez Prats el uso de la palabra para razonar su voto en pro.

El diputado Juan José Rodríguez Prats : Con su permiso, señor presidente.

Al leer hoy este punto de acuerdo que emana de la Conferencia de nuestros dos órganos más importantes, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y de la Junta de Coordinación Política, en el punto uno habla de que la Conferencia tiene la facultad de establecer las formas en que se desarrollarán los debates y las deliberaciones.

Yo quiero hacer algunas reflexiones con ustedes, señores diputados, porque creo que en la LX Legislatura no hemos tenido ni deliberación ni debate. Hay un intento en este acuerdo por poner orden en relación con las iniciativas y con los puntos de acuerdo, y desde luego en eso coincidimos.

Pero, como en otros casos, insistiría en que en cada sesión tengamos tiempo para reflexionar de lo que está pasando en nuestro país. Manuel Herrera y Lazo, un gran constitucionalista, decía que el Congreso es la caja de resonancia del acontecer nacional. ¿Podríamos responder hoy afirmativamente que somos la caja de resonancia? ¿Realmente estamos discutiendo aquí los asuntos tan graves, tan serios que están afligiendo al país y que se están reflejando en las páginas editoriales, en los medios de comunicación?

Podría yo poner como ejemplos la decisión del IFE en materia de sus atribuciones con los medios de comunicación y de las leyes que nosotros aprobamos, o las declaraciones de algún líder empresarial, o la decisión de la Suprema Corte de Justicia en relación con el asunto de San Salvador Atenco. Creo, señores ---y lo digo con enorme respeto--- que somos un Congreso rezagado en relación con nuestros deberes.

No me atrevería yo a decir que somos un Congreso fallido, pero sí somos un Congreso que está fallando. Si aquí se discute, si aquí se analiza, de alguna manera se distiende la vida nacional, se buscan acuerdos, se señalan argumentos y los mismos partidos confían en que sus representantes habrán de exponer sus tesis y sus plataformas.

Se define también al Congreso como el umbral que une a la sociedad con el Estado. Somos el poder que está más cerca de la sociedad. Aquí estamos representando. Éste es un mosaico y, por tanto, yo quiero insistir en que este acuerdo, que me parece acertado, en cuanto a limitar las propuestas y las iniciativas, ponga énfasis también para buscar las formas de responder a lo que espera el pueblo de México de nosotros.

Hoy, por ejemplo, al ver la agenda nos encontramos con que hay un punto de acuerdo para que se busque un acercamiento entre Israel y Palestina, o para que se levante el bloqueo en Cuba. Me parece correcto, son inquietudes sobre la política internacional. ¿Y dónde está la agenda sobre México, dónde está la discusión de lo que está aconteciendo en nuestro país, de los momentos difíciles que vive nuestro país?

Creo que esto nos debe llamar a la reflexión y por eso, aprovecho para exhortar a la Junta de Coordinación Política, a la Mesa Directiva, a su presidente, qué bueno que nos visita don Héctor Larios, don Emilio Gamboa, Javier González Garza , Ricardo Garza, Mariana Arvizu, qué bueno que coinciden estando aquí el inicio de la sesión, para que pudieran hacer eco de este exhorto.

Tengo experiencia en varias legislaturas y, créanme, lo hago con un sentido profundo de responsabilidad, que no hemos estado a la altura, ni en el debate ni de lo que espera de nosotros la ciudadanía mexicana. Por eso, al suscribir mi voto a favor de este punto de acuerdo, también aprovecho para que con este tiempo que vamos a disponer, dado que se van a reducir las iniciativas y los puntos de acuerdo, podamos tener una agenda en donde se le transmita al pueblo de México que hay un Congreso que está asumiendo su deber. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, señor diputado Juan José Rodríguez Prats.

La diputada Valentina Batres ha solicitado... en pro, diputada, ¿en pro? En contra.

Queremos saludar a adultos mayores que nos visitan hoy, provenientes de la Casa del Adulto Mayor, del municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Bienvenidos. Felicidades.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama : Gracias, diputado presidente.

He pedido el uso de la palabra en contra, porque resulta que las miras de administrar los tiempos en esta tribuna no pueden ir más allá de lo que les muestra el acumulamiento de iniciativas de nosotros mismos, cuando en realidad el planteamiento del uso de tribuna efectivamente debería estar planteando priorizar el debate de la agenda política nacional.

El gran tema de cómo y qué vamos a hacer ante la crisis económica que está atravesando el país, y ante las declaraciones que tratan de minimizar con un discurso optimista y, además, satanizar a quienes se atreven a ponerle el punto sobre las íes en la dimensión real de la crisis económica que está viviendo nuestro país y de la inamovilidad del Ejecutivo para reaccionar ante la pobreza que está alcanzando a millones de mexicanos.

Pero no solamente es la pobreza. Todas las mañanas nos levantamos al ver los diarios de circulación nacional y parece noticia cotidiana cuántos empleos se están perdiendo todos los días en este país y, ante ello, siguen las declaraciones absurdas del Ejecutivo federal de que ``no pasa de un catarrito'', de que no es tan catastrófico como lo estamos planteando. Sin embargo, la gente en sus casas sigue sin tener dinero para comprar lo suficiente para poder vivir.

Están perdiendo su empleo millones de familias y aquí, en las declaraciones nacionales, no pasan de minimizar la crisis y de afianzar la inmovilidad que hemos tenido económicamente, la inactividad.

Por eso, ante la crisis hay que actuar y hay que actuar rápidamente. La Cámara de Diputados, en su distribución de trabajo, tiene que priorizar la discusión de este debate. No sé si en iniciativas, no sé si en puntos de acuerdo, pero algo tenemos que hacer para participar en las soluciones a los problemas que está enfrentando este país en esta crisis económica.

Lo comento porque, en esta crisis que estamos viviendo no solamente son factores externos los que han determinado esta crisis, sino que hay responsabilidad en estos 25 años, en cómo ha sido gobernado este país en materia económica.

Tenemos un decrecimiento que no alcanzaba a ver el Ejecutivo federal en octubre del año pasado cuando estábamos en plena discusión sobre la Ley de Ingresos y el decreto de presupuesto. Decían que iba a haber un crecimiento de 4 por ciento. Hoy las cifras nos encuentran con un decrecimiento de 1 por ciento.

Necesitamos, entonces, ordenar nuestras prioridades, pero no administrativamente, no burocráticamente. Tenemos que darle paso a los grandes temas que nos está demandando la ciudadanía mexicana y que deben ser tema cotidiano en esta tribuna para debatir, actuar y plantear soluciones.

Quiero plantear en esta propuesta que ha habido dictámenes que se han rezagado, que se han mandado a la congeladora porque políticamente han decidido ``no es conveniente subirlos a la tribuna''.

Falta la calificación en este tema de la crisis económica. Es importante evaluar el ejercicio de gasto del sexenio pasado, de Vicente Fox y su responsabilidad para gastar lo que no vamos a tener en los próximos años, recursos de origen petrolero que desperdició, que gastó banalmente y que hoy sumen en la crisis económica a este país.

Por eso es necesario que esta propuesta no solamente contenga cómo se le va a dar paso a las iniciativas para leerlas en tribuna, a los puntos de acuerdo, no, cómo se va a subir y a discutir los dictámenes pendientes, que son la evaluación de cómo se ha gobernado este país los últimos años. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputada Valentina Batres. Se concede el uso de la palabra al diputado Javier Calzada Vázquez, del Grupo Parlamentario del PRD, en pro. Adelante diputado.

El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez : Con su venia, diputado presidente.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el acuerdo que se discute tiene dos componentes esenciales. Por una parte garantiza un mínimo de 25 iniciativas por sesión y de 18 puntos de acuerdo. Serán muy contadas las excepciones donde en alguna sesión habremos tenido ese margen, esa oportunidad de presentación de iniciativas. Solamente habría que decir que hoy se encuentran formadas 56 iniciativas, 64 puntos de acuerdo.

El periodo ordinario pasado cerramos con un inventario de 190 puntos de acuerdo y 110 iniciativas que en el transcurso del periodo se fueron posponiendo sesión tras sesión y que finalmente el tratamiento que se les dio en la última sesión del periodo ordinario fue remitirse a las comisiones correspondientes.

El segundo componente tiene que ver con la difusión del trabajo legislativo. La mala imagen de los diputados en la opinión pública tiene que ver con la escasez de oportunidades que hay para difundir el trabajo legislativo.

Y aquí lo que estamos proponiendo es hacer uso de la herramienta del Canal del Congreso para darle oportunidad a las diputadas y a los diputados que deseen darle el proceso legislativo a sus puntos de acuerdo o iniciativas y que tengan la posibilidad de presentarlas en el canal, para que la gente en el país y en sus regiones, en sus distritos, sepa que los diputados están cumpliendo su tarea.

Por esa razón, no se contrapone en modo alguno con lo que ha manifestado aquí mi compañera de partido, la diputada Valentina Batres, en el sentido de que también le hace falta darle mayor espacio de discusión al debate político, a la agenda que está ocurriendo cotidianamente en las viviendas de todo el país. No se contrapone.

Tampoco es un acuerdo que está encontrando la solución a todos los conflictos que tenemos para poder darle mejor desempeño, mejor factibilidad, al trabajo aquí en el pleno. Ésta es una solución parcial, pero que va a tener resultados y alcances que se van a ver en el corto plazo.

Por esa razón nos manifestamos. Nuestro grupo parlamentario, nuestro coordinador en la Junta de Coordinación Política, y desde la Junta de vicecoordinadores, hemos estado impulsando esta propuesta que es una amalgama de opiniones, de propuestas, de discusiones, de todos los grupos parlamentarios.

Es una propuesta de consenso. Es una propuesta que tiene el interés de que la Cámara de Diputados trabaje mejor, porque el país necesita mejores resultados y en un tiempo más corto, porque necesitamos optimizar el tiempo de esta legislatura.

Por ser éste el último periodo ordinario, necesitamos desahogar la agenda legislativa que ha presentado cada grupo parlamentario, para poder darle, buscarle soluciones a los muchos problemas que tiene el país.

Termino diciendo que la gente está esperando más de nosotros, está esperando mucho más y para eso nos paga y nos paga muy bien.

Ayer estaba en mi estado, Zacatecas, reunido con un grupo de productores que me decían: ``hagan algo, hagan algo, diputado, para que los recursos del Procampo lleguen lo más rápido posible; tienen que hacer algo para que baje el diesel, tienen que hacer algo para que nos recarguen rápido el programa de las tarjetas del diesel''.

Sí necesitamos tiempo y lo que estamos buscando es cómo darle el mejor uso, el uso óptimo al tiempo de todos ustedes. Por esa razón vamos a votar a favor. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor diputado don Javier Calzada.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Solicito a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta de la asistencia.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : ¿Falta algún diputado o diputada de registrar su asistencia? Está abierto el tablero.

Ciérrese el sistema electrónico.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 401 diputadas y diputados.

Quienes no hayan registrado su asistencia disponen de 15 minutos para hacerlo por cédula. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: De enterado.

TRABAJO LEGISLATIVO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene el uso de la palabra el diputado José Murat, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado José Murat : He pedido el uso de la palabra, señoras y señores diputados, porque creo que este documento en términos generales es un esfuerzo para normar los trabajos y en el manejo de los tiempos.

Pero, desde mi particular punto de vista, tiene una falla que hay que corregir: no está planteado el tema de la agenda nacional, no está planteada la necesidad urgente de que el pueblo de México esté claro, los distintos estratos del pueblo de México estén claros de que esta legislatura está cumpliendo en el tamaño y redimensión de su responsabilidad.

Por eso, en lo particular ---y creo que sería en todo caso la definición de nuestro grupo parlamentario--- me parece muy interesante lo que planteó el señor diputado Rodríguez Prats.

Todavía estamos en tiempo. Vale la pena el exhorto a la Junta de Coordinación Política, y voy más allá, a la Presidencia de la Cámara de Diputados, al señor diputado César Duarte. Él está en facultades de que en cada sesión, con base en un trabajo de coordinación y de intercambio de ideas con los grupos de parlamentarios, podamos poner en la definición de los trabajos la agenda nacional.

Por ejemplo, el tema económico y el caso de México que tanto hemos planteado. Y voy a decir algo más para que quede claro. No se trata de que aprovechemos estas ocasiones para tratar de meter a debate nacional el tema del desempleo, el tema de la violencia, el tema económico, la definición política allá afuera, el tema del sistemas de partidos; en fin, lo que se volvió urgente es el tema de la pobreza.

Mientras esto no acontezca, esta legislatura está corriendo el riesgo de que quede ante la historia como aquella que no supo responder a las urgencias de los distintos estratos del pueblo de México.

Reconocer lo que está aconteciendo para tratar, con base en nuestras facultades, de hacer un esfuerzo de conjunto con los otros Poderes de la Unión, de lo que quiere como respuesta el pueblo de México.

Es necesario, entonces, que tomemos conciencia, que no se diga que fue una legislatura mediocre que no atendió los reclamos de la población. El exhorto a la Presidencia de la Cámara, señor diputado César Duarte, es que usted proponga ---con esa fuerza institucional que tiene, porque lo elegimos democráticamente en la Junta--- que en la agenda de todos los días, ahí en el último punto si quieren, esté la agenda nacional.

No para debatir y hacer daño, sino para decir con toda crudeza lo que está pasando en el tema económico, político, social, cultural de la vida de México, y hacer propuestas con base en nuestras facultades.

Para tratar, juntos, con los otros Poderes de la Unión ---insisto en lo que acabo de decir--- y tratar de darle un camino y una definición, pensando en que somos hombres y mujeres con alta responsabilidad. Con decisión de Estado, con capacidad y talento para poder cumplir la misión para la que fuimos electos.

Mientras no acontezca esto, señoras diputadas y señores diputados, quedará claro que esta legislatura no estuvo a la altura de los urgentes señalamientos del pueblo de México, y correremos el riesgo, ante nosotros mismos, de no haber dado el paso de cara a este momento político y económico que vive México.

Por eso, habría que definir aquí en el pleno, a propósito de que se va a votar esto aquí, el tema de la agenda nacional. En la propia Comisión Permanente se agendan los temas nacionales. Bueno, con todo respeto, en el Senado de la República se da el debate propositivo, pensando en hacer acciones de conjunto para encontrar soluciones a los graves problemas de patria, como ejemplo, los 5 mil muertos a propósito de la lucha contra el hampa y la violencia. Hay que actuar todos juntos.

El tema económico corre el riesgo de que se profundice, se desarrolle y entre en la contradicción. Hay que actuar juntos con los otros Poderes de la Unión.

Cumplamos nuestra misión, un exhorto a la Junta, con todo respeto, a los coordinadores de la Junta de todos los grupos parlamentarios y a usted, señor presidente, actúe en la dirección correcta, lo exigen los distintos estados del pueblo de México, lo exige la necesidad de actuar con prontitud, con urgencia, dejémonos de darle la vuelta al tema y entremos de frente, que eso es lo que queremos, que eso es lo que quiere el pueblo de México. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor diputado José Murat. Se concede el uso de la palabra a la diputada Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Mónica Fernández Balboa : Con su venia, presidente. Buenos días. Voy a tratar de ser muy breve.

Estoy de acuerdo con los compañeros que han señalado la importancia de que toquemos los temas de la agenda nacional y que se debata, como se debe de debatir en una Cámara de representantes, en el sentido de abordar los problemas como ahorita el de la crisis económica, que tanto está afectando nuestro país.

Que entre más pláticas, más foros y más estudios no damos pie con bola y no hemos podido darle una respuesta a la población que está en las calles y que está padeciendo esta situación.

Sin embargo, este punto de acuerdo que está proponiendo que en el desahogo del capítulo de iniciativas con proyectos de ley o decreto se dará prioridad a su presentación proporcional de los grupos parlamentarios, me parece de plano una aberración.

No nos pueden, a los diputados, todos somos uno y somos igual de importantes todos. No podemos circunscribirnos a una cuota de grupos para poder subir a presentar iniciativas.

Es decisión de cada diputado si la presenta o si se pide que se turne a comisiones directamente, pero el uso de la tribuna, el derecho que tenemos cada uno de los diputados y de los legisladores federales, no es, no podemos renunciar a él, es irrenunciable, por eso es una arbitrariedad de las más grandes que circunscriban y que pongan cuota a que cada diputado pueda subir a tribuna a presentar su iniciativa, perdonen pero no estoy de acuerdo y estamos actuando en contra de para lo que estamos puestos aquí.

Si el diputado que quiera tiene 10 iniciativas y las 10 las quiere subir a presentar, aunque a él le digan que nada más su grupo parlamentario puede presentar dos, pues perdónenme señores pero estamos prohibiendo y estamos coartando las libertades de cada uno de los diputados y nuestros derechos y nuestras obligaciones.

Por eso, yo les pido que recapaciten y que dejen a la libertad de cada legislador el derecho que tenemos de presentar o no iniciativas en esta tribuna.

Efectivamente, hay que debatir mucho. Necesitamos sentarnos a trabajar, pero no a estar debatiendo, hay que estar trabajando y ofreciendo soluciones a la población y no nada más estar pensando en más foros y más pláticas, sino hay muchas necesidades, pero también éstos son derechos de los legisladores y no por acuerdo de grupos parlamentarios volvamos a inhibirnos y nos estén coartando la libertad que cada uno tenemos. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputada Mónica Fernández Balboa.

Damos la más cordial de las bienvenidas en este salón de sesiones al excelentísimo señor Michael Martin, ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, quien viene acompañado del excelentísimo señor Dermot Brangan, embajador de Irlanda en México, y de la excelentísima señora Martha Cecilia Jaber Breceda, embajadora de México en Irlanda, así como del funcionario del ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, luego de participar en una reunión de trabajo con el Grupo de Amistad México-Irlanda, y en una visita de cortesía que han hecho a la Presidencia.

Hacemos votos para que su estancia en México sea de beneficio para ambas naciones. Bienvenidos y felicidades.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Adrián Fernández, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en pro de la proposición de acuerdo.

El diputado Adrián Fernández Cabrera : Gracias, presidente.

Nada más quiero hacer algunas aclaraciones, porque me ha parecido que en esta tribuna no se ha interpretado correctamente, por quienes han hablado en contra de la propuesta de la Conferencia, el tema de cómo ordenar el debate.

No se trata en esta Cámara de limitar a nadie, al contrario, lo que la propuesta está fomentando es que las iniciativas que los grupos parlamentarios presenten a la Junta de Coordinación Política para enviarlas a la Mesa Directiva sean desahogadas en la siguiente sesión, y que nos permita ordenar el debate para poder dedicar el tiempo de las sesiones.

Que ojalá todos hiciéramos un esfuerzo porque empezaran puntualmente y duraran el tiempo que se requiere, que es lo que los mexicanos nos exigen, puedan tener orden. Que se haga siempre un tema de iniciativas, que se vean los dictámenes a discusión, que se puedan desahogar los puntos de acuerdo que, dicen, nos limitan.

Cuando en esta Cámara, en los últimos tres periodos no hemos desahogado un solo punto de acuerdo. Y lo que propone este acuerdo es que podamos desahogar algunos puntos de acuerdo en las sesiones.

A mí me parece que es un acuerdo noble, es un acuerdo que tiene el consenso de todos los coordinadores, que tiene el consenso de los que trabajamos en este acuerdo para poder lograr este propósito de desahogar en cada una de las sesiones el mayor número de iniciativas, y el mayor número de puntos de acuerdo.

Me parece que si lo reflexionamos objetivamente, si hacemos un análisis de que en esta Cámara, diputada perdóneme, todo es proporcional, todo es proporcional. En las comisiones trabajamos de manera proporcional, las integramos de manera proporcional, tenemos que ordenar el debate y tenemos que darnos tiempo para poder discutir en esta Cámara lo que los mexicanos requieren. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias.

El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Ya concluyó. Quería hacerle una pregunta el diputado Cuauhtémoc Velasco. ¿O si la acepta?

El diputado Adrián Fernández Cabrera : Sí.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Okey, permítame. Sonido a la curul del diputado Cuauhtémoc Velasco, quien va a plantear una pregunta.

El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva (desde la curul): Nada más para preguntarle al compañero diputado si le parece que los derechos son proporcionales, porque parece ser que ésa es la mentalidad prevaleciente aquí en la Cámara.

Me refiero a los derechos que tenemos los diputados de manifestarnos, de dar a conocer nuestros puntos de vista, de defender los valores y los planteamientos que nos parezcan más adecuados, y si entonces ése derecho está restringido.

El diputado Adrián Fernández Cabrera : Nadie le está limitando el derecho, señor diputado. El acuerdo no propone eso.

A lo que yo me he referido es que es proporcional. La integración de las comisiones se hace de manera proporcional. Todo en esta Cámara se está ordenando en ese sentido. Aquí no se trata de limitarle el derecho a nadie. El que quiera presentar una iniciativa la puede presentar.

Esto tiene como propósito que las iniciativas... si vemos el orden del día, diputado, vemos que van acumuladas 52 iniciativas que no se han podido desahogar.

Lo que esto propone es que por lo menos un número proporcional para cada grupo parlamentario puedan desahogarse. Si podemos analizar los puntos de acuerdo podemos ver que llevamos tres periodos ordinarios en los cuales no se ha desahogado un solo punto de acuerdo. Cuando termina el periodo se turnan a las comisiones, y los puntos de acuerdo tienen un tiempo y una especificidad muy clara para poder desahogarlos oportunamente.

De lo que se trata es de ordenar el debate para que esto se pueda desahogar y para que no podamos seguir evitando el debate, seguir posponiendo las cosas, o que se turne un punto de acuerdo cuando ya no es oportuno. Ése es el sentido.

Y, de ninguna manera me parece que los derechos se pueden repartir proporcionalmente, sino que simple y sencillamente los tiempos los debemos hacer proporcionales.

La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputado, está solicitando la diputada Susana Monreal también hacerle una pregunta. ¿Concede?

El diputado Adrián Fernández Cabrera : Sí, adelante.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Adelante, diputada.

La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): Gracias, diputado.

Yo le quisiera preguntar si en el estudio que hicieron para presentar esta propuesta al pleno exploraron ---la Junta de Coordinación o la comisión que se encargó de hacer esta propuesta---, si exploraron ver la posibilidad de que las sesiones se ampliaran en el horario o que finalmente haya sesiones un día más de la semana, porque en las últimas sesiones no estamos empezando a las 11 de la mañana; estamos empezando a las 12 o 12:30 y en las últimas sesiones hemos terminado a las 3 o 3:30 de la tarde.

Creo que el sueldo que tenemos los legisladores, la dieta que tenemos bien justifica que podamos extender el horario; si son dos días, martes y jueves, que lo podamos trabajar hasta las 6 o 7 de la noche. No afecta. Finalmente los diputados que vienen de sus estados se tienen que quedar el martes para continuar el jueves. O bien, que se pueda proponer que se trabaje el miércoles también para tratar de desahogar.

Pero ¿por qué tenemos que limitar a los legisladores?, porque o la Mesa Directiva o la Junta de Coordinación no tienen tiempo para poder sesionar más tarde o no quieren sesionar un día adicional a los dos que ya tiene programados.

Es decir, por qué no exploraron otras alternativas. De que las hay las hay. Mi pregunta es por qué definen sólo ésta, habiendo otras alternativas.

El diputado Adrián Fernández Cabrera : Contestando su pregunta yo le diría que exploramos muchas, muchas posibilidades. De hecho no es la primera vez que en la Junta de Coordinación Política se intenta tener un acuerdo de este tipo.

Lo que yo diría es que esto fue lo que logramos. Pero déjeme decirle algo que me parece que es muy importante. Si el acuerdo se respeta estaríamos dedicándole por lo menos una hora a la presentación de iniciativas y una hora más a los puntos de acuerdo. Con eso cubriríamos dos horas de las sesiones.

Y vale la pena exhortar a la Mesa Directiva, que es quien tiene la facultad de ordenar el debate y determinar el orden del día, a dedicarle otro tiempo igual y poder cumplir las horas reglamentarias que establece nuestra normatividad a las sesiones y que pudiéramos desahogar las iniciativas y los puntos de acuerdo.

Déjeme decirle, diputada, que sí tomamos en cuenta el total de propuestas que hacen los grupos parlamentarios en un periodo ordinario de sesiones y que lo que propone el acuerdo es simple y sencillamente darle proporcionalmente, en el número de sesiones, el número de iniciativas a cada grupo que tradicionalmente ha propuesto.

Si cumplimos esto, si exhortamos a la Mesa Directiva para poder iniciar las sesiones a tiempo y que duren el tiempo que sea necesario para agotar lo que nos proponemos en el orden del día por cada sesión, me parece que estamos avanzando.

Finalmente, diría que es el último periodo ordinario que tenemos en esta Cámara. O nos ponemos de acuerdo en lo mínimo para poder dejar el menor rezago o todo lo que se turne a comisiones ya no lo vamos a poder discutir en esta legislatura.

De lo que se trata, precisamente, es de poder avanzar, de desahogar todas las inquietudes, de agotar todos los tiempos en las sesiones y de poder dejar el menor rezago posible en esta legislatura. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La diputada Mónica Fernández. Proceda a hacer la pregunta, diputada.

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Gracias, presidente.

Oyendo su explicación y la respuesta que le dio a la diputada Susana, me atrevería a hacerle una pregunta y que al mismo tiempo puede ser una recomendación. Dado que estamos viendo su buena voluntad y su buena disposición en esto, podríamos pedirle, por qué no, podríamos pedirle la Mesa Directiva que retire este punto de acuerdo y que lo haga en términos, como usted los acaba de plantear, que trabajemos martes, miércoles y jueves de 10 de la mañana a 6, 7 de la tarde, y creo que es un momento muy importante. Si pueden hacer este planteamiento, para desahogar todos los asuntos pendientes, porque además, como lo dije hace un momento, tenemos una crisis económica, crisis de inseguridad, crisis política. El país, lo que requiere es que sus diputados estemos trabajando. Entonces, vamos a hacer, vamos a honrar por lo que nos pagan aquí, en esta Cámara.

¿Podrían pedir a la Mesa Directiva que retire este punto de acuerdo? Y si el objetivo es desahogar el trabajo pendiente, que nos pongamos a trabajar tiempos; o sea, que alarguemos las sesiones y que también sesionemos los miércoles. Gracias.

El diputado Adrián Fernández Cabrera : Gracias, diputada. A mí me parece que no está peleado esto con el acuerdo mismo. El acuerdo es un avance.

A mí me parece que hay que votar el acuerdo, que hay que formalizarlo, que este acuerdo debe quedar firme y podemos construir otros acuerdos con los complementos y las sugerencias que ustedes mismos han hecho. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado Adrián Fernández. Ha solicitado, en contra del acuerdo, el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva.

El diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva : Compañeras y compañeros, indudablemente el hecho de que se haya presentado una iniciativa o un acuerdo que tienda a desatorar la parálisis de trabajo legislativo, es un hecho afortunado.

Nadie está pretendiendo negarle méritos a un esfuerzo o a un planteamiento de esta naturaleza, lo que sí es evidente es que nosotros tenemos que buscar la manera de que este tipo de acuerdos no solamente sean curitas, no solamente sean parches, sino que realmente permitan que esta Cámara trabaje con eficacia y cumpla su cometido.

En esta legislatura nos hemos cansado de presentar iniciativas y puntos de acuerdo para buscar que haya nuevas reglas del juego que permitan que, como decía, la Cámara pueda cumplir con mayor eficacia sus tareas. Invariablemente hemos encontrado una actitud de indiferencia, por no decir que de cerrazón.

Si finalmente ya se está planteando alguna fórmula, nosotros lo que reclamamos, lo que demandamos, lo que exigimos es que este tipo de acuerdos no vayan a limitar o vayan en contra de los derechos de los diputados.

Creo que se trata de que todas las fracciones parlamentarias, que todos los partidos políticos, que todos los compañeros diputados y todas las compañeras diputadas podamos subir a tribuna, podamos plantear nuestras inquietudes, le aportemos lo que está a nuestro alcance a esta Cámara y al país, para la atención de las múltiples demandas que confrontamos.

En esa perspectiva, nos parece que este acuerdo es restrictivo, que realmente podría ser un freno para esta libertad de manifestación, de expresión, de trabajo legislativo, de canalización de todas las inquietudes, y que nosotros sabemos que son muchas.

Comúnmente de fuera se dice ``los diputados son holgazanes'' o ``los diputados nada más van a sentarse a las curules'' o ``los diputados pecan de ausentismo''; pero no se advierte ni se va al meollo del asunto y se pone en evidencia que estas reglas del juego, sobre las cuales hemos venido armando al trabajo legislativo, son reglas que no favorecen el desenvolvimiento de nuestro trabajo en la Cámara de Diputados.

Yo felicito esta iniciativa; me parece muy importante, pero hago un llamado de atención para que a partir de este planteamiento podamos tomar todas las medidas que sean necesarias para que esta Cámara responda a estas demandas y a estas exigencias del pueblo de México.

Hoy más que nunca, viviendo una situación tan crítica como la que se cierne sobre nuestro país, hace falta que nosotros despleguemos la imaginación, la iniciativa, la capacidad de trabajo, nuestra voluntad de cambio y de atención a las demandas nacionales.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Señor presidente, preguntar si por su conducto el orador acepta una pregunta.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputado, preguntarle si acepta una pregunta del diputado Tonatiuh Bravo Padilla.

El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : No.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Continúe el orador, por favor.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Sonido a la curul del diputado Cárdenas Fonseca.

¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Para solicitar al orador, por su conducto, si me permite una pregunta.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputado, ¿acepta?

El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : Con mucho gusto.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Adelante, diputado.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Gracias, diputado presidente.

Gracias, diputado Cuauhtémoc, en uso de la palabra. Es cierto que esto abona o pretende abonar a que se resuelva el tema del rezago legislativo. Sin embargo, usted vio cómo el año pasado un servidor, junto con otros compañeros, presentamos una iniciativa de ley para crear el esquema de la iniciativa preferente, para que los grupos parlamentarios y el titular del Ejecutivo tuvieran la atención respecto de los temas que consideraban ellos de urgente atención para sus agendas legislativas, políticas, o lo que sea. Ahí estuvo.

Mandamos una excitativa para que se dictaminara y sucedió lo mismo. Nada. Por ahí alguien ---creo que fue alguien del PAN, si no, que me corrijan en el PAN--- presentó una iniciativa muy similar y entonces sí, entró la dinámica de que había que verlo, atenderlo y sacarlo adelante. Y cuando se trajo a votación, no se dio la votación no se dio la votación calificada que ameritaba. Se especuló que porque alguien pudiera haber hecho el vacío para no lograr esa votación. Ya se presentó nuevamente. Tampoco ha sido atendida por la comisión de mérito.

El asunto no es si se presentan aquí en tribuna los temas para ser testimonios de que presenté una iniciativa, porque las iniciativas se pudieran turnar sin lectura todas, a la comisión dictaminadora. El asunto es que en las comisiones donde se hace el trabajo no se dictaminan más que la que le interesan por diferentes motivos, que no necesariamente los que le preocupan a la gente, a las tres fracciones que tienen la mayor votación y que pueden sacarlas y ni siquiera se establece el principio general de que el que es primero en tiempo es primero en derecho.

Y con ello lo que se está haciendo es trastocando no nada más los principios generales del derecho sino el interés y la obligación primaria que tiene un legislador: legislar. Y entonces, se atropella el interés individual que está contenido en la ley y que nos mandata a nosotros como legisladores y terminan saliendo las cosas que determinadas personas quieren.

¿No sería a la luz de su opinión, mejor, que asumiéramos la responsabilidad que tenemos y uno, le entráramos a la modificación de la Ley Orgánica del Congreso y nos dejemos de demagogias?

Dos, que establezcamos ---alguien por ahí está gritando, no sé, pero ha de tener la voz un poquito ajena al oído--- , entonces, la pregunta que estoy haciendo es ---por si está sordito el que está gritando allá--- la pregunta que estoy haciendo es: si en su parecer no sería mejor, entiendo que les duela, porque han sido omisos hasta en las Cuentas Públicas del gobierno de Fox, ni siquiera las han traído al pleno, como es la obligación traerlas, y han utilizado todo tipo de tácticas para que el pleno no cumpla con su obligación de votar esos dictámenes...

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Señor diputado, concrétese de favor a la pregunta.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Está la pregunta; lo malo es que está muy bien argumentada; tal vez sí duele.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Concrétela, por favor.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Está concreta, con temas específicos, ciudadano presidente, como el que acabo de citar de las Cuentas Públicas, que es un ejemplo más de que está viciado por intereses ajenos al trabajo legislativo. Lo que nos conmina a sacar nuestro trabajo.

Entonces, diputado orador, le reitero la pregunta: ¿a su parecer no sería mejor que entráramos a la definición de la Ley Orgánica, del Reglamento de la Cámara, de las sanciones a las omisiones cuando una comisión no dictamine en un plazo perentorio, de establecer un mecanismo real para que cuando una dictaminadora obligada a hacerlo no lo haga se le envíe a otra y no se utilicen conceptos que desvirtúan la propia Ley Orgánica, como sucedió con las Cuentas Públicas que tenemos dos años, 20 excitativas y no se hacen.

¿Por qué no mejor hacer eso? Desde su punto de vista, ¿no sería mejor hacer eso que un nuevo acuerdo que no resuelve la parte legislativa, sino simplemente la parte testimonial en tribuna? Por su respuesta, muchas gracias.

El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : Diputado Cárdenas Fonseca, cuando señalo que nos hemos cansado de presentar iniciativas es porque, precisamente, hemos apuntado en varias de ellas a la necesidad de modificar la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior, pero ha habido oídos sordos en esta Cámara. Por eso subí a la tribuna.

Lo que se requiere es una sacudida, porque hay demasiadas cosas que no se hacen, y que deberían de hacerse.

Usted menciona el trabajo de comisiones, pero le diría otra cosa: simplemente, en esta Cámara, debería haber en cada sesión, un debate sobre las cuestiones del día que preocupan al país, para que todas las fracciones parlamentarias fijen su posición en torno a eso, y para que de ahí se deriven planteamientos y posibles acuerdos. Y se considera que eso aparentemente no es significativo o no es importante.

Solamente hay debates cuando se trata de conmemoraciones o cuando se trata de temas que les interesan efectivamente a quienes tienen el control político de la Cámara de Diputados, pero no cuando se trata realmente de responder a los intereses del país.

Así, como usted señala, el rezago en comisiones, diría que es muy importante también que haya debate, y que todos los puntos de acuerdo se presenten, se discutan y tengan el proceso legislativo adecuado, porque hay demandas del país, pero también hay una serie de demandas a nivel regional, de problemas que se van presentando.

Esta Cámara ya tiene varios meses que ha obturado la presentación de los puntos de acuerdo y, consecuentemente, todas esas inquietudes o demandas que los diputados recogemos de nuestros distritos, estados, giras, etcétera, no tienen la posibilidad de ventilarse aquí, y toda esa demanda social, que se canaliza por nuestro conducto, queda totalmente congelada.

Le diría también, en sí, el trabajo legislativo de la Cámara está paralizado, y esto a final de cuentas, afecta inclusive a las propias fracciones, como las del PAN. No estoy de acuerdo con muchos de los planteamientos que hace el diputado Rodríguez Prats, pero sí coincido con él cuando se queja de la parálisis legislativa y de que hay muchas cosas que debieran tratarse y no se tratan.

Lo que quiero decir es que aprovechemos esta oportunidad, esta iniciativa que, finalmente, se ha abierto paso. Qué bueno que la Cámara de Diputados está despertando o pretende despertar, para realmente ir al fondo del asunto y destrabar el trabajo legislativo.

Acabemos con esta parálisis que nos inunda, nos agobia y nos hace parecer a los ojos de la opinión pública como irresponsables, como que no nos interesa el trabajo legislativo al que deberíamos abocarnos; cuando en realidad es todo lo contrario. Nosotros vemos la multiplicación de estas iniciativas...

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Señor diputado, ¿me permite?

El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : Es mi respuesta...

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, señor diputado. Señor diputado Javier González Garza...

Perdón, perdón, el orador... diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , le pregunto, ¿ha concluido?

El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : Dispongo de un minuto 21 segundos.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: No, es que entendí que había concluido.

El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : Compañeros, aunque parezca reiterativo, y ya para concluir mi intervención, no necesariamente tenemos que desechar esta propuesta; pero evidentemente no podemos quedarnos ahí.

Es mucho el rezago legislativo. Es francamente vergonzoso y penoso que miles de iniciativas duerman el sueño de los justos en las comisiones. Es tan lamentable que las comisiones convocan y convocan, y vemos que las más de las veces no hay quórum. Uno advierte una multiplicidad de razones; muchas de ellas obviamente de carácter político, que bloquean el carácter legislativo, porque muchas veces deliberadamente no se quiere hacer quórum en comisiones.

La invitación, la exhortación, la convocatoria es: acabemos con todos esos lastres que viene arrastrando la Cámara de Diputados y revitalicemos a fondo y en serio el trabajo legislativo que nos corresponde realizar. Muchas gracias por su atención.

La diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputada Manuell-Gómez Angulo. Sonido a su curul. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (desde la curul): Con el mismo tema, señor presidente. Estoy con el compañero; estoy totalmente de acuerdo con todos los compañeros que me antecedieron.

Y también quiero recordarle que en dos ocasiones he mandado excitativas para que se saque una iniciativa de la legislatura pasada, donde se le retira la facultad a la Secretaría de Hacienda del diseño de tarifas eléctricas, señor presidente. Todavía estoy en espera. Así como están en espera, por mi conducto, los mexicalenses, señor presidente.

He hecho en dos ocasiones ---repito--- esa excitativa, porque Hacienda no quiere. Estamos cubriendo los intereses. ¿Somos vasallos del monstruo que es Hacienda; o nos vamos a dignificar, señor presidente? Con todo respeto.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputada. Me ha solicitado el uso de la palabra el señor diputado Javier González Garza, presidente de la Junta de Coordinación Política.

El diputado Javier González Garza : Muchísimas gracias, señor presidente.

Este tema ha despertado una cantidad de propuestas y de interés. Qué bueno que así sea. Quiero decir que la Junta de Coordinación Política desde que empezó tiene un problema relativo a cómo ordenar estas cosas.

El propósito no es coartar la libertad constitucional de ningún diputado o diputada, no es ése, es ordenar las cosas.

A mí me parece que hay una parte esencial que no está, que deberíamos introducir, que tiene que ver con la agenda política, que es un asunto trascendental, escuchando las distintas propuestas quisiera someter a su consideración un cambio.

En el punto de acuerdo, en donde dice que ``el desahogo del capítulo de iniciativas con proyectos de ley o decreto se dará prioridad a su presentación proporcional en tribuna y tal... y con los grupos parlamentarios'', quiero hacer la siguiente propuesta: que se dé prioridad para presentación a 25 turnos de iniciativas. Punto, nada más, sin hablar de la proporcionalidad y nada de esto.

En el caso de puntos de acuerdo que se han, 18 puntos de acuerdo, de tal manera que no nos metamos aquí a las proporcionalidades y tal, éste es un trabajo de la Mesa Directiva y que dejemos tiempo para la discusión y el análisis político.

Creo que con esto tenemos las dos cosas. Decimos cuantas iniciativas, alguien puede parar a decir ``pero si tengo otra'', bueno discutamos las cosas. Lo único que estamos intentando hacer es coordinar de una mejor forma posible, no se va a coartar la libertad de nadie.

Pero, por eso propongo que le quitemos toda esa proporcionalidad de los grupos parlamentarios, tanto en las iniciativas como en los puntos de acuerdo y que podamos tener un punto de análisis político de la situación. Ésa sería la propuesta con el ánimo de resolver este punto. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor diputado Javier González Garza. El diputado José Murat, desde la curul. Sonido.

El diputado José Murat (desde la curul): El problema de esta propuesta es que introduce un elemento. El derecho constitucional que tiene el legislador de iniciar procedimientos con base en la responsabilidad que le da la Constitución.

Entonces, señor presidente, si me permite un minuto.

Le quiero recordar, con todo el respeto a su investidura, que usted como presidente de este honorable Congreso no puede permitir que se dé un procedimiento que viola una definición constitucional: el derecho de todo legislador de presentar iniciativas; o por lo menos que introduce ese elemento.

En consecuencia, el problema de esta propuesta, que en términos generales es positiva... Me estoy dirigiendo a usted, señor presidente; en su responsabilidad, proponga, por favor, a los coordinadores que se quite ese elemento que plantea la posibilidad de que sea un acuerdo inconstitucional, porque está intentando limitar el derecho de los legisladores.

Si se allana esta definición, este planteamiento, lo demás queda muy claramente; la idea de enfrentar el rezago y de cumplir nuestra responsabilidad.

Y por otro lado, le recuerdo que está en su mesa, firmado por cinco o seis legisladores, el tema de la agenda nacional en las próximas sesiones. Si le quitamos el elemento que plantea la posibilidad de la inconstitucionalidad, entonces, yo creo que debe haber fuerza.

No es un problema de número de 5, 10, proporcional, 25, etcétera; no, no. Es un tema que no quede en el ambiente, que nosotros mismos hicimos, una propuesta que está violentando la ley y el derecho, el derecho de los legisladores de iniciar iniciativas. Y usted, en el marco de su responsabilidad, por favor, ponga orden a este debate que me parece verdaderamente lamentable.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado Murat.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Permítame. Antes que usted había solicitado acceder a la tribuna el diputado Tonatiuh Bravo.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Ya no.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se allana.

La diputada Valentina Batres. Adelante, diputada Valentina Batres.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama : Quiero en este tema que tiene que ver con cómo le damos paso al trabajo que tenemos aquí en la Cámara y al debate nacional, necesario y urgente de dar aquí en tribuna, quiero darle lectura a una comunicación.

Señoras legisladoras y señores legisladores, desde hace tiempo hemos venido insistiendo en que se tomen medidas de fondo, no demagógicas, para reorientar el presupuesto público y proteger al pueblo ante el agravamiento de la crisis económica. Como es sabido, el presidente espurio no ha hecho realmente nada importante para enfrentar el desempleo, la carestía, el empobrecimiento, la inseguridad y la violencia.

Hasta el momento, nosotros, ustedes, diputados del PRI y del PAN, también han ignorado la propuesta que hizo Andrés Manuel López Obrador el 28 de septiembre de 2008, en el sentido de que el Congreso convocara a la celebración de un acuerdo entre todas las fuerzas políticas y sectores económicos y sociales del país, para llevar a cabo un plan anticrisis.

Asimismo, no tomaron en cuenta el Programa para la Defensa de la Economía Popular que les propusimos el 4 de noviembre, cuando estaba por aprobarse la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 2009.

Por esta razón, y dada la gravedad del asunto, de nueva cuenta les insistimos en que se deben tomar medidas urgentes para cambiar la política económica, empezando por reorientar el gasto público y destinar fondos al desarrollo económico y social del país.

En primer término, le recordamos que las últimas dos administraciones el gasto público corriente ha crecido en términos reales 72 por ciento, muy por encima del crecimiento de la economía y del crecimiento del gasto total. Tan sólo entre 2006 y 2008 el gasto corriente del sector público se incrementó en 437 mil millones de pesos.

Dicho de otra manera, si durante este periodo el gasto corriente sólo hubiese aumentado en la misma proporción a la economía del país, hoy habría 233 mil millones de pesos disponibles.

Como ustedes bien saben, una importante cantidad de este gasto corriente se destina a mantener los privilegios de los altos funcionarios públicos de los tres poderes de gobierno. Hay quienes ganan hasta 600 mil pesos mensuales y tienen servicios médicos privados, fondos de ahorro especial, bonos discrecionales y otras prebendas.

Además, mucho dinero del presupuesto se destina a proteger a banqueros y a grandes empresarios. Se derrocha y se va por el caño de la corrupción. Por eso insistimos en nuestro planteamiento de reducir de inmediato el gasto corriente y destinar estos fondos a aminorar los efectos de la crisis económica que nos afectan desde el año pasado.

De otra manera, México no podrá enfrentar el aumento del desempleo, la pérdida del ingreso disponible de la gente, la caída del consumo de alimentos y bienes necesarios y la falta de recursos y oportunidades para trabajadores y empresas.

De manera específica se pueden ahorrar hasta 200 mil millones de pesos, reduciendo a la mitad los sueldos desde el presidente espurio hasta los directores generales y adjuntos del Poder Ejecutivo federal; las percepciones de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de los consejeros del IFE y magistrados del Tribunal Electoral; de diputados federales y senadores, suprimiendo las partidas del fondo de ahorro especial y de gastos médicos para la atención en hospitales privados de la alta burocracia

Cancelar las pensiones millonarias a los ex presidentes de México; eliminando la entrega de bonos discrecionales; la compra de vehículos para altos funcionarios; los gastos de representación, viáticos; la remodelación de oficinas; la renta de oficinas alternas; los boletos en primera clase y gastos de vestuario; reduciendo drásticamente las partidas de publicidad, servicios telefónicos, celulares, fotocopiado y papelería; alimentación de funcionarios; servicios de asesoría; donativos, combustibles, arrendamientos de inmuebles y decomisos, entre otros.

Todo ello acompañado de la disminución de estructura burocrática para bajar los gastos de la administración.

A partir de la aplicación de un plan de austeridad republicana se pueden tomar las siguientes medidas:

1. Apoyo al campo para la producción de alimentos.

En el presupuesto del 2009 se contemplan 16 mil 800 millones de pesos para el Procampo. Este monto no es suficiente para apoyar la producción de alimentos.

Además, los recursos están llegando tarde, cuando ya se realizó la siembra, obligando a los productores a tomar crédito de los proveedores de insumos como semillas y fertilizantes por los que llegan a pagar hasta el 30 por ciento de lo que reciben del programa.

Con frecuencia también tienen que pagar al personal de la ventanilla para que les liberen los fondos, dando hasta 500 pesos por un cheque de 3 mil 300 pesos. Es indispensable hacer a un lado la absurda política de comprar alimentos afuera, del extranjero, cuando podemos producir en el país lo que consumimos, generando empleos, atemperando el fenómeno migratorio.

Nuestra propuesta es comenzar con apoyos adicionales por 20 mil millones de pesos para los productores, y la exigencia de que el gobierno espurio libere ya los recursos con prontitud.

2. Impulsar el crédito a la pequeña y mediana empresa. Se requieren cuando menos 40 mil millones de pesos para la banca de desarrollo, con el objeto de garantizar crédito a la pequeñas y medianas empresas.

Cabe aclarar que el fondo de 50 mil millones de pesos que está ejerciendo el gobierno espurio, supuestamente para este propósito, se está dedicando realmente a apoyar a las grandes empresas, a las de sus amigos en sus emisiones de papel comercial, como Cemex, Coppel, Soriana y Comercial Mexicana. De ahí, la necesidad de tener una partida destinada a las empresas, a las verdaderas empresas medianas y pequeñas.

3. Reducir los precios de la electricidad, la gasolina, el gas y el diesel, en beneficio de consumidores y empresas.

Nuestra propuesta contempla disminuir las tarifas de los consumidores de energía eléctrica con un costo de 15 mil millones de pesos. Asimismo, para la reducción de precios de gasolina y gas en 10 por ciento, y de diesel en 15 por ciento se requieren 35 mil millones de pesos.

Debe entenderse que abaratar estos energéticos tiene dos efectos positivos: uno, el aumento real en el ingreso, y otro es la reducción de la inflación, lo que daría pie a bajar las tasas de interés de su nivel actual, reduciendo con ello, costos de crédito para el consumidor y para toda la economía de país.

4. Más presupuesto para salud, alimentos, becas a estudiantes, y apoyo a desempleados. Es urgente destinar recursos para adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad, comedores populares, becas para estudiantes de escuelas públicas, atención médica y medicamentos gratuitos para quien no cuente con seguridad social.

Señoras legisladoras y señores legisladores, es el momento de cambiar en definitiva la política económica que sólo atiende a los privilegiados de siempre, y ha llevado a la bancarrota al país. Por el bien de México, construyamos acuerdo en el Poder Legislativo, no sólo para reorientar el presupuesto sino para solicitar la remoción del actual secretario de Hacienda, Agustín Carstens, quien ha demostrado su incapacidad para enfrentar los retos que exige la actual crisis económica.

Téngase en cuenta que este funcionario sólo sabe aplicar fórmulas simplistas de un modelo que ha hundido al país y ha fracasado por completo. No pasemos por alto que estamos ante una nueva realidad y se necesita una nueva política económica, una visión diferente, es decir, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, de modo que, señoras legisladoras y señores legisladores, tenemos todavía la oportunidad de actuar a la altura de las circunstancias y reivindicarnos como verdaderos representantes populares.

Agradezco la atención de los legisladores.

Ésta es una carta que nos dirige nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador, y que queremos trascender ante esta tribuna como un mensaje oportuno para actuar urgentemente, como lo pide el pueblo de México, ante la crisis que ya estamos viviendo. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputada Valentina Batres. Ha solicitado el uso de la palabra la diputada Susana Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Susana Monreal Ávila : Gracias, presidente. Con su venia.

Yo sólo quiero hacer algunas propuestas al punto de acuerdo que está presentando la Junta de Coordinación Política, y también dejar en la mesa algunas reflexiones.

En principio, presentaría la propuesta a la que ha hecho modificaciones aquí ya en tribuna el diputado Javier González Garza . Que le pudiera agregar el renglón de ``salvaguardando el derecho constitucional que tiene cada legislador a presentar iniciativas y puntos de acuerdo''.

Me parece que eso debe quedar muy explícito y muy bien señalado en este acuerdo. Pero eso es sobre el punto de acuerdo que se está presentando; y que esta modificación que ha presentado el diputado, un poco supera el debate sobre la limitación de los derechos que tenemos los legisladores a presentar iniciativas y puntos de acuerdo; un derecho constitucional.

El otro tema que se ha venido abordando en estos últimos minutos de debate ha sido el rezago legislativo. Yo quiero retomar este punto porque no puede dejarse para después abordarlo o no se puede salir con respuestas como la que me dio el diputado que me antecedió en el uso de la voz, cuando dice que no están en contra de que pudiéramos abordar algunas otras inquietudes y enriquecer este punto de acuerdo; que no estaban en contra y, que, inclusive se habían estado platicando esas otras alternativas como la de ampliar el horario de sesiones, las horas de sesión; o como sesionar un día más a la semana.

Sin embargo, no define una postura por parte de la fracción parlamentaria del PAN. Si realmente coinciden en que tendremos que ampliar nuestro horario de sesión o un día más de la semana. Yo creo que es el momento de definirlo y de aprobarlo.

En este punto de acuerdo debiera quedar muy bien señalado y explícito si hubiera ese consenso para que también se definiera un miércoles de cada semana para sesionar o bien que el martes y jueves la sesión no terminara antes de las seis de la tarde mínimamente y comenzando exactamente a las 11:00 que debería principiar.

Creo que es el momento de las definiciones, porque el decir que estamos de acuerdo y finalmente insistir en el punto de acuerdo donde solamente se señala que se podrán presentar un número determinado de iniciativas o puntos de acuerdo, no aborda el problema real que tenemos y que da origen a este punto de acuerdo, que es el rezago legislativo.

Sería muy lamentable y yo diría hasta vergonzoso, que legisladores o legisladoras estemos aprobando un punto de acuerdo donde en parte pudiera verse como que los legisladores y las legisladoras estamos reduciendo nuestra tarea legislativa, estamos limitando nuestro horario o simplemente no queremos asumir la responsabilidad de que tenemos más trabajo y por tanto, tendríamos que trabajar más tiempo.

Sería muy lamentable que estemos votando una situación contraria a la que obedece nuestra responsabilidad y muy lamentable para aquellos quienes mañana o el mes que entra o dentro de dos o tres meses vayan a ir a pedir el voto a distritos locales, que vayan a pedir el voto a la ciudadanía para ir a algún otro cargo de representación, cuando aquí no se quiere asumir con toda la responsabilidad la tarea que se nos ha encomendado.

Señor presidente, mi propuesta es que también en este acuerdo que ha presentado la Junta de Coordinación se diga que no se debe terminar la sesión antes de las seis de la tarde mínimamente, si hay ese consenso con los demás legisladores o que se proponga un día más de la semana para sesionar. El asunto es efectivamente abatir el gran rezago legislativo que hay.

Yo le dejaría al presidente la afirmación que hizo el diputado que me antecedió en este uso de la tribuna, sobre que el que las sesiones estén iniciando una hora y media después y que terminen inclusive antes de lo que se señala en la propia ley, que es atribución de la propia Mesa Directiva.

Quiere decir que debemos tener también ese compromiso de los legisladores y las legisladoras que integran la Mesa Directiva, para que estemos abordando mínimamente el tiempo que se tiene reglamentado. Ojalá que el presidente pueda asumir este compromiso de lo que ya se dijo, que no se inicia porque la Presidencia no viene a iniciar la sesión o que termina con la atribución que le confiere la propia ley al presidente. Es cuanto.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputada.

Sólo para ilustrar a la asamblea. La Presidencia tiene por costumbre iniciar la sesión en cuanto hay quórum registrado. Ésa es la limitante fundamental que tenemos para iniciar las sesiones. Muchas veces los horarios tienen que ver, también, con la presencia de legisladores en el pleno, que seguramente están en comisiones o en algunas reuniones de trabajo, pero no siempre se cuenta con el quórum para llevar a cabo las sesiones.

Ésta es una limitante que no ha estado a consideración en este debate y que es un elemento fundamental para ello.

Ha solicitado la palabra el diputado Sergio Hernández Hernández . Sería el último orador para poner a consideración si está suficientemente discutido el asunto.

El diputado Sergio Hernández Hernández : Compañeros diputados y compañeras diputadas, realmente es importante este paso que da la Junta de Coordinación Política, aunque sea tarde, porque estamos en la última parte de nuestro trabajo en la LX Legislatura, y qué lamentable es que apenas estamos encontrando el camino para poder trabajar de mejor manera. Por eso digo que es lamentable, pero siempre será mejor tarde que nunca.

Aquí se han hecho muchas propuestas, y creo que no riñen, pero hay cosas elementales que simplemente si las cumpliéramos, podríamos sacar adelante este trabajo.

Se habla aquí de incrementar los días de discusión, de debate; no está mal, pero creo que, incluso antes de incrementarlos, estaría bien simplemente con que cumpliéramos los días en que debemos de estar aquí debatiendo. Estaría bien que se incrementaran las horas, no está mal, pero bastaría con que cumpliéramos a tiempo el trabajo que tenemos encomendado aquí a la hora en que somos citados.

Pero, más allá de todo esto, compañeros, hay algo que nos debe mover, y es simple y llanamente, responsabilidad y voluntad para cumplir nuestro trabajo.

¿Cuántas veces se han tenido que suspender reuniones de comisiones porque no se completa el quórum? Entonces, hablamos aquí de una manera ante el pleno, y hacemos otra en comisiones, y aquí mismo.

¿Cuántas iniciativas, proyectos de decreto se han tenido que aprobar, apenas con el mínimo indispensable para que puedan pasar al Senado?

Aquí, compañeras y compañeros, nos podemos pasar más días, si ustedes quieren, discutiendo, debatiendo; pero, cuántas veces nos ha tocado ver en este pleno que cuando un asunto es muy importante para el país, basta con que alguien diga: ``No se somete a discusión''. ``Suficientemente discutido'', y no pasa nada. Entonces, ¿de qué sirve que pasemos más horas o más días?

Lo que hace falta, compañeras diputadas y compañeros diputados, es que realmente asumamos nuestro papel y que cumplamos los días y las horas para las que hemos sido electos en este trabajo. Responsabilidad y voluntad, simplemente. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor diputado.

La Presidencia, una vez escuchado los distintos planteamientos de los grupos parlamentarios, de los señores diputados, hemos acordado con el Presidente de la Junta de Coordinación Política regresar este acuerdo a la Conferencia, para que se incluyan en un consenso todas las propuestas que se han sumado. Continúe la Secretaría.

CONFLICTO PALESTINA - ISRAEL

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados se pronuncia en favor de encontrar una pronta solución al conflicto Palestina-Israel

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo decimocuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que remite a este órgano de gobierno, la diputada Sara Shej Guzmán , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por lo que se somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se pronuncia por que se fortalezcan los mecanismos de diálogo entre Palestina e Israel, para encontrar una pronta solución al conflicto.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados, hace votos para que se preserve la paz y defensa de los derechos humanos en esa región.

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado. Comuníquese. Continúe la Secretaría.

REPUBLICA DE CUBA

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se pronuncia en favor de levantar el bloqueo económico a la República de Cuba y de prestarle ayuda para que enfrente los desastres naturales que ha sufrido

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y al tenor de los siguientes

Considerandos

Por lo expuesto y con fundamento en los preceptos legales invocados, la Junta de Coordinación Política emite y somete a consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados se pronuncia una vez más por el cese definitivo del bloqueo económico impuesto sobre la República de Cuba y exhorta al gobierno de Estados Unidos de América a dar cabal cumplimiento a las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas en ese sentido y a los principios comerciales suscritos por él mismo en la Organización Mundial de Comercio y permitir el libre tránsito de mercancías, de remesas económicas y de personas.

Segundo. Se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que, en el marco de su representación protocolaria, haga del conocimiento del titular del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos el presente punto de acuerdo para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se ratifique la posición de la Cámara de Diputados en favor de la suspensión del bloqueo económico que se impone a la República de Cuba.

Tercero. Se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que, en el mismo sentido del resolutivo anterior, comunique el presente punto de acuerdo a la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación Rusa, a los Parlamentos de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales parlamentarias.

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado. Comuníquese.

Queremos saludar a estudiantes de la Facultad de Administración Pública y Ciencias Políticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que nos acompañan hoy. Bienvenidos.

Asimismo, al señor presidente municipal de Tolimán, Jalisco, médico veterinario zootecnista Carlos Navarrete. Felicidades, bienvenido.

Continúe la Secretaría con comunicación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente a mayo de 2009 desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación a enero de 2008.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta consideración.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su conocimiento. Continúe con oficio de la Secretaría de Gobernación.

PERMISO PARA PRESTAR SERVICIOS

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número DGE- 0304/09, José Ignacio Madrazo, director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la persona que se cita a continuación, pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de su expediente, copia certificada de la carta de naturalización que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y original del escrito en que solicita que se realicen los trámites correspondientes, así como copia simple de su identificación oficial.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número DAN-00299, el licenciado Alejandro Estivill Castro, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de sus identificaciones oficiales.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnense a la Comisión de Gobernación.

PROGRAMA PRO-ARBOL

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-2669, signado por los diputados César Duarte Jáquez y María del Carmen Pinete Vargas , Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número UAJ/097/09, suscrito por el licenciado Sergio Arias García, director de Normatividad y Consulta de la Comisión Nacional Forestal, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a las Reglas de Operación del programa Proárbol.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente

En atención a su oficio número SEL/300/5414/08, le informo que, en el caso de las reglas de operación del programa Proárbol, éstas ya fueron publicadas el pasado 31 de diciembre.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para su conocimiento.

REGLAS DE OPERACION DE PROGRAMAS

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-2621 signado por los diputados César Duarte Jáquez y María Eugenia Jiménez Valenzuela , Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112.1.-028 suscrito por el ingeniero Francisco Javier Flores Chávez, director general adjunto de Estudios Interinstitucionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a las reglas de operación.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En atención a su oficio número SEL/300/5135/08 del 3 de diciembre de 2008, remite punto de acuerdo aprobado por el honorable Congreso de la Unión en sesión celebrada el 2 de diciembre, mediante el cual exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal ajustarse a mas tardar el 31 de diciembre de 2008, a fin de que todas las reglas de operación a las que no se les haya dado expresamente un plazo adicional en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2009, asimismo, en el caso de las reglas de operación que tengan plazo adicional, se les exhorta a acelerar los trabajos para publicarlas antes de la fecha autorizada.

Al respecto, anexo fotocopia del oficio número 401.-013 del 28 de enero de 2009, elaborado por la Subsecretaría de Desarrollo Rural, para los fines que estime procedentes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Ingeniero Francisco Javier Flores Chávez, director general adjunto de Estudios Interinstitucionales de la Coordinación General de Política Sectorial.--- Presente.

Hago referencia a su oficio número 112.1.009 de fecha 19 del mes y año en curso, a través del cual envía copia a esta subsecretaría, del punto de acuerdo aprobado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que a la letra dice ``Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a ajustarse a lo que establece el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y publicar en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 31 de diciembre de 2008, todas las reglas de operación a las que no se les haya dado expresamente un plazo adicional en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009. Asimismo, en el caso de las reglas de operación que tengan plazo adicional, se le exhorta a acelerar los trabajos para publicarlas antes de la fecha máxima autorizada''.

A ese respecto y en atención a su solicitud de proporcionarle información necesaria sobre dicho tema, me permito informarle que con fecha 31 de diciembre del año pasado, fueron publicadas las Reglas de Operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnense a la Junta de Coordinación Política, y a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Social, para su conocimiento.

REGLAS DE OPERACION DE PROGRAMAS

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-2621, signado por los diputados César Duarte Jáquez y María Eugenia Jiménez Valenzuela , Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número DGVI/68/2009, suscrito por el licenciado Enrique Lepine Muñoz, director general de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Desarrollo Social, mediante el cual responde punto de acuerdo relativo a las reglas de operación.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Desarrollo Social.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En atención a su oficio número SEL/300/5144/08, referente al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 2 de diciembre de 2008, mediante el cual exhorta al Ejecutivo federal a publicar en el Diario Oficial de la Federación todas las reglas de operación a las que no se les haya dado expresamente un plazo adicional en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, me permito enviarle la siguiente documentación:

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Desarrollo Social.

Licenciado Enrique Lepine Muñoz, director general de Vinculación Interinstitucional.--- Presente.

Mediante el presente me permito hacer referencia al oficio número DGV1/09/2009, a través del cual se remite el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través del cual se exhorta al Ejecutivo federal a publicar en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 31 de diciembre de 2008, todas la reglas de operación.

Al respecto, la Secretaría de Desarrollo Social ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en el cual se establece que las dependencias, las entidades, a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas, publicarán en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de programas nuevos, así como las modificaciones a las reglas de programas vigentes, a más tardar el 31 de diciembre anterior al ejercicio, de acuerdo a las siguientes fechas:

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnense a la Junta de Coordinación Política, y a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Social, para su conocimiento.

FRANJA DE GAZA

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L.60-II-6-2727, signado por los diputados César Duarte Jáquez y Marcela Cuen Garibi , Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número DEP-0215/09, suscrito por Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al restablecimiento de la paz en la franja de Gaza.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente

Por medio del presente, me permito comentarle que con fecha 28 de enero del año en curso la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión aprobó punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores a enviar ayuda humanitaria internacional en apoyo a las víctimas de los ataques israelíes en la franja de Gaza.

Al respecto, y en estricta sujeción a los trabajos que esta Secretaría de Relaciones Exteriores realiza a efecto de mantener informado al Congreso mexicano sobre los compromisos que adquiere el Ejecutivo federal en materia de política exterior, me permito remitir a usted el documento anexo que contiene la Declaración del Grupo de Río sobre el Cese al Fuego en la Franja de Gaza, con la atenta solicitud de que usted sea el amable conducto para hacer llegar el referido documento a las Mesas Directivas de ambas cámaras del Congreso de la Unión.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi más alta consideración.

«Escudo.--- Grupo de Río.

Declaración del Grupo de Río sobre el Cese al Fuego en la Franja de Gaza

Los países del Grupo de Río, recordando su declaración del 30 de diciembre de 2008, en la que exhortaron a las partes involucradas en el conflicto en la franja de Gaza a cesar de inmediato las acciones militares y reanudar el diálogo para buscar una solución pacífica a sus diferencias con estricta sujeción al derecho internacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, han recibido con satisfacción los anuncios de cese al fuego declarados por las partes en conflicto.

El Grupo de Río reitera su apoyo a los esfuerzos que realiza la Organización de las Naciones Unidas para promover la paz y la seguridad en la franja de Gaza, así como a la misión emprendida por el secretario general para buscar el fin de las hostilidades, y reconoce las acciones desplegadas por la comunidad internacional para coadyuvar al restablecimiento de la paz en esa región. En este contexto, hace un llamado a favor del cumplimiento integral de la Resolución 1860 (2009) del Consejo de Seguridad.

El Grupo de Río reafirma su compromiso con la plena aplicación del derecho internacional humanitario y con la protección de la población civil, al tiempo que hace votos para que el cese de hostilidades genere las condiciones que favorezcan la negociación entre las partes involucradas y conduzcan a una solución firme y duradera. El Grupo de Río confía en que no se repitan esas acciones militares que lamentablemente costaron la vida a cientos de personas inocentes y reitera la importancia de que la comunidad internacional brinde asistencia a las personas afectadas y contribuya de manera solidaria en las tareas de reconstrucción.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítanse al promovente, para su conocimiento.

HOSPITAL PSIQUIATRICO INFANTIL DOCTOR JUAN N. NAVARRO

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta del oficio número D.G.P.L. 60-II-1-2008, signado por el diputado César Duarte Jáquez y el senador Ramiro Hernández García , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 170/ UCVPS/ DGAVS/ 47/ 2009, suscrito por el doctor Lucio Galileo Lastra Marín, director general adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al hospital psiquiátrico infantil Doctor Juan N. Navarro.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Salud.

Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero al punto de acuerdo, presentado el 23 de diciembre de 2008 por la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (PRD), sobre el proyecto de reubicación del hospital psiquiátrico infantil Doctor Juan N. Navarro, aprobado el 8 del actual.

Al respecto, y con objeto de poner en contexto dicho proyecto, se señala que es del interés de la Secretaría de Salud mejorar la prestación de los servicios que se ofertan para la atención psiquiátrica; tal fue el caso del referido hospital.

Por otra parte, en el anexo que se acompaña nos referimos a cada uno de los puntos de acuerdo solicitados por la diputada Batres Guadarrama.

Con base en lo anterior, he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo, para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Slud.

Punto de acuerdo presentado por la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama el 22 de diciembre de 2008

Primero. Que el secretario de Salud informe a la Comisión Permanente de manera oficial sobre la cancelación del proyecto de reubicación del hospital psiquiátrico infantil Doctor Juan N. Navarro.

Derivado de la insuficiencia presupuestal, se decidió cancelar el proyecto de reubicación del hospital psiquiátrico infantil Doctor Juan N. Navarro, pues las instalaciones que se tenían previstas para el cambio no contaban con las condiciones óptimas, en el corto plazo, para realizar dicho movimiento que garantizara la prestación normal de los servicios.

Segundo. Que el secretario de Salud y la directora del hospital procedan a cancelar toda acción contra el personal laboral de la mencionada unidad médica.

No se ha ejercitado ni se tiene en curso ninguna acción que derive en detrimento de la relación laboral del personal que presta servicios en hospital psiquiátrico infantil Doctor Juan N. Navarro vinculada con la reubicación de éste. Por el contrario, se han tenido acciones de acercamiento y se ha escuchado a todas las partes que opinaron sobre la conveniencia o no de la reubicación.

Tercero. Que el secretario de Salud informe a esta soberanía quiénes forman la comisión para la renovación del hospital, así como cuándo y dónde se reúne ésta; y solicitan que se incorpore a dicha comisión a todos los sectores de trabajadores, así como a padres y a madres de familia de los pacientes.

En ningún momento se estableció una ``comisión para la renovación del hospital''; lo que se hizo fue designar un enlace institucional para tratar todos los asuntos relacionados con la reubicación, que interactuara con todas las partes involucradas y permitiera las decisiones adecuadas para seguir prestando de manera adecuada los servicios. Esta asignación recayó en el doctor Romeo S. Rodríguez Suárez, coordinador de asesores del secretario de Salud.

El doctor Romeo Rodríguez interactuó con los diversos sectores, con trato adecuado, para los trabajadores, pacientes, y padres y madres de familia, donde se expresaron los puntos de vista de todas las partes, sin que se presentaran situaciones que agredieran a ninguna de las partes sino que, por el contrario, permitieron contar con un diagnóstico mucho más preciso que generó la visita del secretario de Salud para la toma de decisiones.

Considerando que se canceló dicho proyecto, no será necesario continuar la interlocución de los diferentes actores que participaron en este proceso de análisis y evaluación de la reubicación.

Cuarto. Que el secretario de Salud instale de inmediato un comité multidisciplinario, integrado por legisladores, representantes del sector salud del gobierno federal, especialistas en psiquiatría, representantes de la ONU, de la OMS, de la CNDH, padres de familia y trabajadores. Este grupo deberá, en su caso, observar el nuevo proyecto del hospital.

La cancelación del proyecto de reubicación no cancela las acciones de mejora permanente de la atención psiquiátrica, por lo que se está integrando un proyecto de innovación de la salud psiquiátrica infantil, donde participarán en grupos de trabajo médicos, académicos, representantes de derechos humanos y organizaciones involucradas con el tema, así como prestadores de servicios, usuarios y personal de salud. En su momento se hará de su conocimiento, para que se incorpore el Poder Legislativo, que permita desarrollar un proyecto acorde con las necesidades actuales de la psiquiatría infantil, en un contexto donde hay mayor demanda de servicios a escala mundial.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítanse al promovente, para su conocimiento.

LEY DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de dictámenes.

En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría de la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que reforma el último párrafo y adiciona las fracciones III y IV, recorriéndose la actual III para pasar a ser V, al artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

La Comisión de Asuntos Indígenas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

A la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada, para estudio y dictamen, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, presentada por los diputados Elda Gómez Lugo y Wenceslao Herrera Coyac , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

I. En sesión pública celebrada en la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2008, los diputados Elda Gómez Lugo y Wenceslao Herrera Coyac , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad implícita en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

II. Por disposición expresa de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, con fecha 30 de abril de 2008 se acordó dar al proyecto de decreto, para estudio y dictamen correspondiente, el trámite de recibo y se ordenó su turno a la Comisión de Asuntos Indígenas.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa propone adicionar dos fracciones y modificar el último párrafo del artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con objeto de incorporar dos representantes de los pueblos indígenas, con derecho a voz y voto, como integrantes de la Junta de Gobierno de la comisión, que serán el presidente del Consejo Consultivo y otro integrante de éste, al igual que los suplentes de ambos representantes indígenas se elegirán en sesión plenaria de dicho consejo.

Con lo anterior, dos representantes de los pueblos indígenas estarían formando parte de la instancia del gobierno federal donde se toman las decisiones sobre la planeación y los presupuestos para su desarrollo y se evalúan los resultados de la política indigenista del gobierno federal.

Los proponentes consideran que el presidente del consejo, al haber pasado un proceso de elección y por sus atribuciones de coordinador de los trabajos de ese órgano, cuenta con la legitimidad, la información y la capacidad para llevar a la Junta de Gobierno la voz y las propuestas surgidas de los trabajos deliberativos de ese órgano consultivo. Además, la elección del otro consejero posibilita que la asamblea de consejeros identifique a quien por su desempeño en los trabajos propios del consejo pudiera ejercer una adecuada representación en el órgano de gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Los argumentos en los que se sustenta la propuesta son los siguientes:

Consideraciones

La comisión considera que en la iniciativa en comento se establecen condiciones para enriquecer los actuales esquemas de participación de los representantes indígenas en la toma de decisiones que les afectan al incorporar a dos de sus representantes como integrantes de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, instancia que de acuerdo a la ley de la esta comisión tiene las siguientes facultades:

En el artículo 9o. se señala que la Junta de Gobierno, entre otras, tendrá las atribuciones siguientes:

Es decir, la junta es el espacio institucional donde se toman las decisiones, entre otras, sobre la orientación de la política indigenista del Estado y el destino del presupuesto en la materia.

A juicio de la comisión, la iniciativa atiende una de las reiteradas demandas de los indígenas de México: Participar, en el ámbito del Poder Ejecutivo, en la toma de decisiones que les afectan, así como los mandatos del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los compromisos adquiridos por el Estado mexicano al ratificar el Senado en 1990, principalmente, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y al votar favorablemente el gobierno de México, el 13 de septiembre de 2007, la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que el Pleno de esta honorable soberanía se comprometió a armonizar con la legislación nacional el 18 de septiembre de 2007, a propuesta de la Junta de Coordinación Política.

La comisión coincide con los diputados proponentes cuando expresan que el actual marco legal esta lejos de atender la demanda indígena de participación efectiva, ya que los diversos mandatos sobre el particular limitan su participación al nivel de opinión en materia de planeación del desarrollo y sobre la definición del destino y ejercicio del gasto público. Así queda como facultad de la autoridad hacer caso o no hacer caso de la opinión de los ciudadanos cuando se definen programas y se asignan recursos.

La comisión considera que la iniciativa es congruente con su propósito porque propone que dos indígenas, que al participar en el Consejo Consultivo de la CDI por el proceso con el que fueron seleccionados se constituyen como representantes de sus comunidades indígenas, sean parte de la estructura de la Junta de Gobierno de la CDI, que como ya se dijo, es el espacio institucional donde se toman las grandes decisiones sobre el desarrollo de los pueblos originarios y sus comunidades.

Particularmente, con esta reforma el Legislativo atiende el mandato contenido en el penúltimo párrafo del Apartado B del artículo 2o., relativo al establecimiento de políticas públicas para promover la equidad, donde se ordena que ``para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas''.

En lo relativo a lo que se establece en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Senado en 1990, la iniciativa contribuye a que se atiendan los siguientes compromisos:

Artículo 2

En cuanto a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con esta iniciativa se contribuye a atender los preceptos siguientes:

La comisión considera que al entrar en vigor los contenidos de esta iniciativa, los representantes indígenas tendrán la posibilidad de debatir, convencer y influir en la toma de las decisiones del órgano de gobierno de la CDI, superando con ello el limitado espacio de participación, caracterizado por la consulta, que no garantiza que el enfoque indígena esté presente en la política del gobierno en esta materia.

Al valorar el contenido de la iniciativa, la Comisión e Asuntos Indígenas decide hacer los dos cambios siguientes a la iniciativa en comento:

En la fracción IV que define como un integrante de la Junta de Gobierno a un integrante de origen indígena del Consejo Consultivo, diferente a su presidente. El cambio consiste en suprimir la frase ``diferente a su presidente'', debido a que se considera que al asegurar un espacio para el presidente del consejo en la fracción anterior, resulta lógico que el otro consejero no será la misma persona considerada antes.

En el último párrafo del artículo que se reforma, donde dice ``los integrantes a los que se refieren las fracciones I, II y III tendrán derecho a voz y voto'', debido a que con esa redacción quedaría sin voto el integrante a que se refiere la fracción IV --el integrante de origen indígena del Consejo Consultivo. Por lo que dicha redacción quedaría de la siguiente manera: Los integrantes a los que se refieren las fracciones I, II, III y IV tendrán derecho a voz y voto.

En virtud de lo anterior, los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas dictaminan como procedente la iniciativa en comento y, en consecuencia, somete a consideración de la soberanía el proyecto de

Decreto por el que se adicionan dos fracciones y se reforma el último párrafo, ambos del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Artículo Único. Se reforma el último párrafo y se adicionan las fracciones III y IV, recorriéndose la actual III para pasar a ser V del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 6o. La Junta de Gobierno estará integrada por

En los casos a los que se refiere las fracciones II, III y IV , cada miembro propietario contará con un suplente. Los integrantes a que se refiere la fracción II deberán tener un nivel jerárquico de subsecretario de Estado. El integrante a que se refiere la fracción IV y los suplentes de éste y del integrante al que se refiere la fracción III deberán ser electos en sesión plenaria del Consejo Consultivo de la comisión. Los integrantes a los que se refieren las fracciones I, II, III tendrán derecho a voz y voto. El presidente podrá invitar a la persona que considere pertinente en relación al asunto a tratar, sólo con derecho a voz.

Transitorios

Primero . El decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo . La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas publicará en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar 45 días posteriores a la publicación de este decreto, las modificaciones reglamentarias para armonizarlas al presente ordenamiento.

Es de primera lectura.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 17 Bis, fracción VIII; 313, 314, fracción VI, 316, 329, 336, 338, fracciones IV y V, 339, 343, 344 y 345; se adicionan las fracciones XV, XVI y XVII al artículo 314, un tercer y quinto párrafo al artículo 322, un último párrafo al artículo 337 y un artículo 341 Bis; y se deroga la fracción VII del artículo 314 de la Ley de General de Salud, presentada por la diputada Lariza Montiel Luis , en nombre de los diputados Ector Jaime Ramírez Barba , Margarita Arenas Guzmán , María Mercedes Corral Aguilar , Ángel Humberto García Reyes , Beatriz Eugenia García Reyes , Yolanda Mercedes Garmendia Hernández , Jorge Quintero Bello , José Ignacio Alberto Rubio Chávez , María Gloria Guadalupe Valenzuela García y Adriana Rebeca Vieyra Olivares , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Juan Abad de Jesús , del Grupo Parlamentario de Convergencia; Lorena Martínez Rodríguez , Gerardo Octavio Vargas Landeros y Mayra Gisela Peñuelas Acuña , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Fernando Enrique Mayans Canabal , Francisco Javier Calzada Vázquez , Victorio Montalvo Rojas y Daniel Dehesa Mora , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; así como de los senadores Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez y Ernesto Saro Boardman , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; todos por la LX Legislatura del Congreso de la Unión.

Los integrantes de la comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39, numerales 1y 3, 45, numeral 6, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 60, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de los miembros de la honorable asamblea dictamen que se realizó bajo la siguiente

Metodología

La comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa desarrolla su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. Antecedentes

En sesión de la del Congreso de la Unión celebrada el 7 de enero de 2009, la diputada Lariza Montiel Luis , en nombre de de los diputados Ector Jaime Ramírez Barba , Margarita Arenas Guzmán , María Mercedes Corral Aguilar , Ángel Humberto García Reyes , Beatriz Eugenia García Reyes , Yolanda Mercedes Garmendia Hernández , Jorge Quintero Bello , José Ignacio Alberto Rubio Chávez , María Gloria Guadalupe Valenzuela García y Adriana Rebeca Vieyra Olivares , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Juan Abad de Jesús , del Grupo Parlamentario de Convergencia; Lorena Martínez Rodríguez , Gerardo Octavio Vargas Landeros , y Mayra Gisela Peñuelas Acuña , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Fernando Enrique Mayans Canabal , Francisco Javier Calzada Vázquez , Victorio Montalvo Rojas y Daniel Dehesa Mora , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; así como de los senadores Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez y Ernesto Saro Boardman , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, legisladores en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, presentó iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 17 Bis, fracción VIII, 313, 314, fracción VI, 316, 329, 336, 338, fracciones IV y V, 339, 343, 344, 345; se adicionan las fracciones XV, XVI y XVII al artículo 314, un tercer y quinto párrafo al artículo 322, un último párrafo al artículo 337 y un artículo 341 Bis; y se deroga la fracción VII del artículo 314 de la Ley de General de Salud.

Seleccionando como Cámara de origen a la de diputados, con la misma fecha, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud para análisis y posterior dictaminación.

II. Contenido

En la iniciativa, en la exposición de motivos, los promoventes recapitulan los esfuerzos distintos que se han realizado por diversos legisladores en materia de trasplantes. Dichas inquietudes las conceptualizan dentro del marco del Sistema Nacional de Trasplantes, coordinación de esfuerzos encaminada a obtener órganos y tejidos para trasplantes y regida bajo los principios de gratuidad, altruismo, solidaridad, confidencialidad e información. Consideran que una reforma concluyente debe incidir sobre dicho sistema que aún sigue en proceso de integración y consolidación. Expresan la existencia de una larga lista de espera y exponen que de facto existe un subregistro que se suma a dicha lista de espera.

Por lo anterior, proponen en la iniciativa reformar el sistema nacional de trasplantes en aspectos como la investigación en la cultura de donación, la creación de bancos de órganos, tejidos, componentes y células; diferenciar los órganos vinculados en trasplantes en órganos de consulta y operativos o ejecutivos; hacer mas accesible la procuración de órganos; favorecer la coordinación interinstitucional; mejorar la selección del receptor, así como adecuar lo dispuesto en materia de muerte cerebral, según los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud; lo que implica reformar los artículos 17 Bis, fracción VIII, 313, 314, fracción VI, 316, 329, 336, 338, fracciones IV y V, 339, 343, 344 y 345; adicionar las fracciones XV, XVI y XVII al artículo 314, un tercer y quinto párrafo al artículo 322, un último párrafo al artículo 337 y un artículo 341 Bis; y derogar la fracción VII del artículo 314, todos de la Ley de General de Salud.

III. Consideraciones

La materia de trasplantes es de suma importancia para salvaguardar el derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, todos los actores institucionales, tanto el Congreso de la Unión como diversas dependencias del Ejecutivo federal ( Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, etcétera) han mostrado su interés en tratar el tema y discutir en qué medida la actual regulación comandada por la Ley General de Salud facilita o dificulta el desarrollo de esta materia en nuestro país.

La iniciativa pretende resolver las inquietudes externadas por los actores mencionados. En este tenor, la comisión dictaminadora está de acuerdo en lo general con la propuesta sujeta a dictaminación, acorde con lo que a continuación se expone:

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LX Legislatura someten a consideración de la honorable asamblea proyecto de

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de trasplantes y donación de órganos

Artículo Único. Se reforman los artículos 17 Bis, fracción VIII, 313, 314, fracciones VI, XIII y XIV, 316, primer párrafo del artículo 329, 336, 338, fracciones IV y V, 339, 343, 344 y 345; se adicionan las fracciones XV, XVI y XVII al artículo 314, un tercero y quinto párrafos, recorriéndose el actual tercero para pasar a ser cuarto al artículo 322, un tercer párrafo al artículo 337 y un artículo 341 Bis; y se deroga la fracción VII del artículo 314 de la Ley de General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 17 Bis. ...

...

Artículo 313. Compete a la Secretaría de Salud

Artículo 314. ...

Artículo 316. Los establecimientos a que se refiere el artículo anterior contarán con un responsable sanitario, de quien deberán dar aviso ante la Secretaría de Salud.

Los establecimientos en los que se extraigan órganos, tejidos y células deberán de contar con un comité interno de coordinación para la donación de órganos y tejidos, que será presidido por el director general o su inmediato inferior que cuente con un alto nivel de conocimientos médicos académicos y profesionales. Este comité será responsable de hacer la selección del establecimiento de salud que cuente con un programa de trasplante autorizado, al que enviará los órganos, tejidos o células, de conformidad con lo que se establece en la presente ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

A su vez, los establecimientos que realicen actos de trasplantes deberán contar con un comité interno de trasplantes que será presidido por el director general o su inmediato inferior que cuente con un alto nivel de conocimientos médicos académicos y profesionales, y será responsable de hacer la selección de disponentes y receptores para trasplante, de conformidad con lo que se establece en la presente ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. Los establecimientos en los que se extraigan órganos y tejidos y se realicen trasplantes, únicamente deberán contar con un comité interno de trasplantes.

El comité interno de trasplantes deberá coordinarse con el comité de bioética de la institución en los asuntos de su competencia.

Los establecimientos que realicen actos de disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas deberán contar con un comité de medicina transfusional, el cual se sujetará a las disposiciones que para tal efecto emita la Secretaría de Salud.

Artículo 322. ...

...

Los disponentes secundarios podrán otorgar el consentimiento a que se refieren los párrafos anteriores cuando el donante no pueda manifestar su voluntad al respecto.

...

En todos los casos se deberá cuidar que la donación se rija por los principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y factibilidad, condiciones que se deberán manifestar en el acta elaborada para tales efectos por el comité interno respectivo. En el caso de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas, se estará a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas que al efecto emita la Secretaría de Salud.

Artículo 329. El Centro Nacional de Trasplantes hará constar el mérito y altruismo del donador y de su familia.

...

Artículo 336. Para la asignación de órganos y tejidos de donador no vivo, se tomará en cuenta la gravedad del receptor, la oportunidad del trasplante, los beneficios esperados, la compatibilidad con el receptor y los demás criterios médicos aceptados, así como la ubicación hospitalaria e institucional del donador.

Cuando no exista urgencia o razón médica para asignar preferentemente un órgano o tejido, ésta se sujetará estrictamente a las bases de datos hospitalarias, institucionales, estatales y nacional que se integrarán con los datos de los pacientes registrados en el Centro Nacional de Trasplantes.

Artículo 337. ...

...

El traslado de órganos, tejidos y células, adecuadamente etiquetados e identificados, podrá realizarse en cualquier medio de transporte por personal debidamente acreditado bajo la responsabilidad del establecimiento autorizado para realizar trasplantes o para la disposición de órganos, tejidos y células.

Artículo 338. ...

Artículo 339. La distribución y asignación de órganos, tejidos y células en el país, de donador con pérdida de la vida para trasplante, deberá sujetarse a los criterios y procedimientos emitidos por el Centro Nacional de Trasplantes.

El Centro Nacional de Trasplantes supervisará y dará seguimiento dentro del ámbito de su competencia a los procedimientos señalados en el párrafo anterior, que deberán ser atendidos por los centros estatales de trasplantes que establezcan los gobiernos de las entidades federativas y por los comités internos correspondientes en cada establecimiento de salud.

El Centro Nacional de Trasplantes dará aviso a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en caso de detectar irregularidades en el desarrollo de las atribuciones en el ámbito de su competencia.

Asimismo, el Centro Nacional de Trasplantes fomentará la cultura de la donación en coordinación con el Consejo Nacional de Trasplantes y los centros estatales de trasplantes.

Artículo 341 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán impulsar la donación de células progenitoras hematopoyéticas para coadyuvar en el tratamiento o curación de los pacientes que las requieran, asimismo, la Secretaría de Salud fijará las bases y modalidades a las que se sujetará el sistema nacional de salud al respecto.

La Secretaría de Salud emitirá las disposiciones que regulen tanto la infraestructura con que deberán contar los bancos de sangre que lleven a cabo actos de disposición y distribución de células progenitoras hematopoyéticas, como la obtención, procesamiento y distribución de dichas células.

Artículo 343. Para efectos de este título, la pérdida de la vida ocurre cuando se presentan la muerte encefálica o el paro cardíaco irreversible.

La muerte encefálica se determina cuando se verifican los siguientes signos:

Se deberá descartar que dichos signos sean producto de intoxicación aguda por narcóticos, sedantes, barbitúricos o sustancias neurotrópicas.

Artículo 344. Los signos clínicos de la muerte encefálica deberán corroborarse por cualquiera de las siguientes pruebas:

Artículo 345. No existirá impedimento alguno para que a solicitud y con la autorización de las siguientes personas, el o la cónyuge, el concubinario o la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante, conforme al orden expresado, se prescinda de los medios artificiales cuando se presente la muerte encefálica comprobada y se manifiesten los demás signos de muerte a que se refiere el artículo 343.

Transitorios

Primero. El decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Por lo que se refiere a los establecimientos del sector público, la creación y funcionamiento de los comités a que se refiere el decreto se sujetarán a los recursos humanos (incluyendo el personal médico y administrativo), materiales y financieros con que cuentan actualmente.

Es de primera lectura.

PERMISO PARA PRESTAR SERVICIOS

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 3 de febrero del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicitó el permiso constitucional para que los ciudadanos Hanin Frangie Beltrán, Patricia Sylvia Long Whitehouse, Mario Lorenzo Gutiérrez Ocampo, Daniel Arturo Jaime Ayala, David Hedilberto Gutiérrez González, Josefina Idalia Mozqueda Torres y Eligio López de la Cruz puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de Canadá y en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Nuevo Laredo, Tamaulipas y Nogales, Sonora, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 4 de febrero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Hanin Frangie Beltrán para prestar servicios como delegada comercial adjunta en la Embajada de Canadá en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Patricia Sylvia Long Whitehouse para prestar servicios como asistente de programas en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Mario Lorenzo Gutiérrez Ocampo para prestar servicios como visa clerk en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Daniel Arturo Jaime Ayala para prestar servicios como investigador en el Consulado de Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano David Hedilberto Gutiérrez González para prestar servicios como asistente en la Oficina de Seguridad, en el Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Artículo Sexto. Se concede permiso a la ciudadana Josefina Idalia Mozqueda Torres para prestar servicios como asistente en la Oficina de Seguridad, en el Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Artículo Séptimo. Se concede permiso al ciudadano Eligio López de la Cruz para prestar servicios como asistente en la Oficina de Seguridad, en el Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 3 de febrero del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicitó permiso constitucional para que los ciudadanos Bárbara Selene Corchado Rivera y Albert Daman Agraz puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América, en México, y en su Consulado en Guadalajara, Jalisco, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 4 de febrero de 2009, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Bárbara Selene Corchado Rivera para prestar servicios como asistente de viajes en la Sección de Asuntos Antinarcóticos, en la Embajada de Estados Unidos de América, en México.

Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Albert Daman Agraz para prestar servicios como investigador de seguridad en el Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

En oficio de fecha 3 de febrero de 2009, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Giancarla Calia Cerrillo pueda prestar servicios, de carácter administrativo, en la Embajada de India en México.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 4 de febrero del año en curso se turnó a la suscrita comisión, para estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso a la ciudadana Giancarla Calia Cerrillo para prestar servicios como secretaria en la Embajada de India en México.

Son de primera lectura.

LEY GENERAL DE TURISMO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió del diputado Octavio Martínez Vargasiniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Turismo, suscrita por los diputados integrantes de la Comisión de Turismo.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Iniciativa que expide la Ley General de Turismo, suscrita por integrantes de la Comisión de Turismo

Los que presentan y suscriben, diputados federales de diversos grupos parlamentarios de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes de la Comisión de Turismo, Octavio Martínez Vargas , Martha Angélica Romo Jiménez , Yolanda Mercedes Garmendia Hernández , Amador Campos Aburto , Rosa Elva Soriano Sánchez , Sara Latife Ruiz Chávez , José Luis Varela Lagunas , Armando García Méndez , Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui , Rafael Franco Melgarejo , Francisco Javier Gudiño Ortiz , Joel Guerrero Juárez , Ana María Ramírez Cerda , Benjamín Hernández Silva , Juana Leticia Herrera Ale , María Soledad López Torres , Carlos Eduardo Felton González , Francisco Márquez Tinoco , Gilberto Ojeda Camacho , Juan Adolfo Orcí Martínez , José Ascensión Orihuela Bárcenas, Héctor Manuel Ramos Covarrubias , Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , Adriana Rodríguez Ramírez y Adriana Rebeca Vieyra Olivares , con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley General de Turismo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Desde hace más de treinta años, el mundo está pasando por profundas transformaciones, las cuales han alterado los modelos económicos, la organización de los territorios, las relaciones y la vida política. En este contexto los flujos de personas, bienes, información, capitales e ideas, son hoy un fenómeno global.

Es así que el turismo ha sido un precursor de flujos de personas en todo el mundo, poniendo en interacción espacios y sociedades distantes con la voluntad de ofrecer al turista los mejores destinos a escala internacional.

El turismo, también ha contribuido al conocimiento interpersonal y al desarrollo pacífico de las relaciones entre los pueblos; ha impulsado los avances tecnológicos en materia de transportación, y ha favorecido al encuentro fructífero de las culturas de todos los continentes.

Actualmente la actividad turística es uno de los sectores económicos más importantes y dinámicos del orbe. Su probada capacidad para generar empleo, inversión, aportación de divisas y para funcionar como motor de desarrollo regional y difusor de atractivos culturales y naturales, hacen que esta actividad sea una fórmula cada vez más buscada por los gobiernos nacionales y locales de distintas latitudes.

En este sentido, las grandes potencias turísticas no han dudado en rectificar su modelo turístico, apostando a las nuevas tendencias y a cambios estructurales en su quehacer turístico. Esta visión de la actividad enfrenta hoy, dos grandes desafíos de la humanidad en la agenda del desarrollo que son; el combate a la pobreza y la conservación del medio ambiente natural y el patrimonio cultural.

Esto nos da la pauta para considerar que una de las herramientas clave para el desarrollo del turismo en México, que es la ley en la materia, deba ser acorde con las necesidades reales y actuales de la actividad turística, puesto que el ordenamiento vigente, data de hace casi dos décadas y se considera necesario revisarlo e integrar nuevas líneas de acción, de tal forma que esta actividad sea estratégica para el país, pudiendo orientar su desarrollo futuro, aprovechando los recursos existentes, vocaciones, ventajas competitivas y oportunidades a escala local, nacional y global.

En la esfera nacional, la industria turística se ha posicionado como la tercera fuente generadora de divisas y a través de esta se generan más 2 millones 233 mil empleos, los cuales son superiores por ingreso a la media nacional en un 30%; por lo que los ingresos por turismo equivalen a la aportación del 8% del producto interno bruto nacional; con un peso relativo elevado en las economías de diversas entidades federativas.

La primera fuente de ingresos, el petróleo y la segunda las remesas, se encuentran en un punto en que la crisis de Estados Unidos y el reflejo de ésta en el país repercuten negativamente en su desarrollo socioeconómico, provocando que la falta de ingresos afecte a millones de ciudadanos mexicanos.

Las cifras y datos revelan que la actividad contribuye al desarrollo económico para las familias de quienes trabajan directa e indirectamente en este sector, el cual se convierte en un nicho que puede generar empleos y reactivar regiones enteras del país.

En general el turismo es un sector que tiende a integrar las grandes demandas de la sociedad, como son; el respeto al medio ambiente, una oferta diversificada, el acceso a un turismo accesible y para todos, la prestación de un servicio de calidad con certidumbre jurídica, entre otros. Sin embargo, tanto las tendencias turísticas a escala mundial, como la valoración del turismo como sector prioritario de la economía nacional, hacen imprescindible fortalecer los instrumentos administrativos y legales del Estado para otorgar a las autoridades locales mayores atribuciones y facultades.

Por otro lado, se requiere mayor competitividad por parte de las empresas turísticas como vía para que en las condiciones actuales de crisis, que se prevé regirá en los próximos años, la actividad conserve su dinamismo.

La competitividad difícilmente puede lograrse en una actividad económica que no esté inmersa en un proceso de mejora continua, el cual tienda a elevar la calidad de sus productos y servicios, y el sector turístico no será la excepción.

En este esquema los protagonistas del desarrollo deben ser, además de las empresas, las comunidades locales mediante una acción sinérgica con los gobiernos y la iniciativa privada, propiciando que el turismo sea una opción viable de desarrollo sustentable.

También, se requiere consolidar y perfeccionar la oferta establecida en los mercados a través de la diversificación del producto turístico, ya que esta diversificación debe ser respuesta a la dependencia y fragilidad que representa la concentración que hoy se observa en algunos mercados geográficos, líneas de producto, canales de comercialización y distribución de los turistas en el territorio.

El turismo es una actividad compleja, ya que la satisfacción de las necesidades y deseos de los viajeros supone la integración de una diversa gama de bienes y servicios públicos y privados, razón por la que se le ha calificado como una actividad transversal, por lo que es necesario conducir el desarrollo turístico nacional, mediante actividades de planeación, impulso al desarrollo de la oferta, apoyo a la operación de los servicios turísticos y promoción, articulando las acciones de diferentes instancias y ordenes de gobierno.

Esto se refiere a la transversalidad en la actividad turística, necesaria ante la cantidad de factores externos que se presentan en el funcionamiento del sistema turístico que, aunque su desempeño se materializa fundamentalmente en la esfera de acción de las empresas privadas, su funcionamiento efectivo depende en buena medida de las intervenciones públicas.

El cabal aprovechamiento de las oportunidades que representa el turismo deberá fundarse en la estructuración y operación de una política turística en la que diferentes dependencias y entidades gubernamentales tienen funciones específicas a ejecutar a través de una estrecha coordinación entre Federación, Entidades Federativas y Municipios, fortaleciendo con ello las capacidades locales.

En una actividad intensiva en mano de obra como es el turismo, donde los trabajadores tienen contacto directo y personal con los clientes, la calidad de su preparación es fundamental y debe constituir una oportunidad para demostrar que existe una ventaja con relación a los competidores ya que los servicios no sólo se deben proporcionar con calidad, sino que deben ser brindados con la calidez tradicional de los mexicanos.

Por ello, la atención a la formación de los recursos humanos para el sector turístico, la capacitación y actualización permanente de los prestadores de servicios, así como el fortalecimiento de la cultura turística, son temas prioritarios en la estrategia de desarrollo turístico de México, la cual requiere contar con una base especializada de personal que permita dar seguimiento a los programas y proyectos turísticos, es decir, profesionalizar las estructuras en materia turística.

México debe apostarle al turismo ya que las perspectivas que plantea el sector en los próximos años pueden no ser alentadoras, ésto solo podrá ser diferente si vemos al turismo como un fenómeno complejo y dinámico con interdependencia mundial, por lo tanto, la capacidad que se tenga para entender esta dinámica, determinará su ventaja competitiva.

Analizando los antecedentes en materia de legislación turística se observa que el papel del Estado en el desarrollo del turismo ha evolucionado, desde un rol fundamentalmente interventor y regulador, como se mostró en la Ley Federal de Turismo de 1984, pasando por una etapa de promotor, como actualmente lo marca la legislación vigente, por lo que se hace necesario avanzar y orientarse a las tendencias y realidades nacionales e internacionales, perfilándose cada vez más hacia un trabajo de coordinación y concurrencia.

En consonancia con esa tendencia y de acuerdo con las características particulares de nuestro desarrollo, el papel actual del Estado Mexicano debe perfilarse hacia diferentes ámbitos de acción. Por un lado, como un promotor que impulse a los agentes económicos a tomar los beneficios que ofrece el turismo, por otro un coordinador de los esfuerzos de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, de los agentes privados y de las comunidades locales. Y siempre asumiendo su papel normativo, especialmente en materia de protección de los consumidores.

Por lo que un antecedente legal obligado es la reforma constitucional aprobada el 21 de mayo de 2003 y publicada por el Ejecutivo Federal el 29 de septiembre del mismo año, del artículo 73, fracción XXIX-K, que otorgó al Congreso de la Unión la facultad para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, Estados, Municipios y Distrito Federal, así como la participación de los sectores social y privado.

Por ello, se ha decidido someter a la consideración de esta Representación Nacional, la presente iniciativa de Ley General de Turismo, que responde a la dinámica evolutiva y constitucional del país en esta materia, y que se enmarca dentro del propósito del Poder Legislativo de proveer a la sociedad de ordenamientos jurídicos congruentes a las necesidades contemporáneas.

Esta iniciativa de Ley General de Turismo que deroga la Ley Federal de Turismo, tiene como objetivo primordial, el cumplir la constitución, estableciendo las bases de coordinación y distribuyendo las obligaciones pero también las facultades de los tres ordenes de gobierno en materia de turismo, bajo los principios de legalidad, sustentabilidad y competitividad, con fin de hacer de México un país líder en la actividad turística.

De aprobarse esta ley:

En su Título Primero se establecerían las ``Disposiciones Generales'' y el objeto de la Ley, el cual evoluciona con respecto al texto vigente, concretando las necesidades actuales del sector, asimismo se contiene la descripción de los principales conceptos a que refiere este nuevo ordenamiento, como son: Ley, Reglamento, Secretaría, turista, prestador de servicios turísticos, Turismo Sustentable, Turismo a corto, mediano y largo plazo, competitividad, Ordenamiento Turístico del Territorio, Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, etcétera, sin demerito de otros conceptos los cuales se especificarán en el reglamento de esta Ley.

Con toda intención se evitó definir, tanto las modalidades del turismo, como cada uno de los servicios que se consideran turísticos, en virtud de que tal convencionalismo limitaría los alcances de la Ley.

El Segundo Título de esta iniciativa, denominado ``De la Distribución de Competencias y Coordinación'' es clave en este nuevo ordenamiento, ya que el desarrollo integral del sector turístico de México, requiere de la definición de políticas que permitan una auténtica descentralización y coordinación intersectorial e interregional.

Por ello la participación de los tres ordenes de gobierno adquiere singular relevancia, toda vez que las políticas y estrategias sectoriales se concretan en el ámbito local, lo que hace imprescindible fortalecer los instrumentos administrativos y legales del Estado para otorgar a las autoridades federales, locales y municipales mayores atribuciones y facultades.

En este Título se establecen las facultades y atribuciones que le corresponden al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría, según el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y las que derivan de la nueva Ley General de Turismo. Asimismo se refiere a la legislación supletoria, y a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal concurrentes en materia turística.

Justo es reconocer que la descentralización de funciones es un acto que responde al pacto federal, por lo que la actividad turística debe ser comprendida bajo esta dinámica. De esta manera, las entidades federativas, como uno de los principales actores, sabrán cuales son sus facultades y obligaciones en materia de turismo para que en uso de ellas procedan a emitir la legislación que corresponde en cada jurisdicción de acuerdo a sus características y necesidades en materia turística.

Es fundamental en la nueva visión que se tiene del turismo, en esta Ley General, que la base política administrativa de nuestra sociedad, llámese el municipio, participe activamente como detonante de esta actividad y que de igual forma, reciba sus beneficios directamente, ya que en la actualidad es el menos beneficiado.

La actividad turística, debe reconocerse como una actividad multisectorial, lo que nos remite a la concurrencia de diversos actores y elementos que juntos puedan ayudar al fomento y desarrollo de la misma. Destacando dentro de dichos actores y elementos a las áreas productivas, los sectores público, privado y social.

Para lograr lo anterior, la Secretaría de Turismo junto con la Comisión Ejecutiva de Turismo y los Consejos Consultivos serán los encargados de resolver asuntos relacionados con la competitividad de dos o más dependencias y coordinar los acuerdos y actividades entre los distintos actores involucrados en materia de turismo, con la finalidad de incrementar los beneficios producidos por éste.

Asimismo la Secretaría promoverá la celebración de acuerdos o convenios de coordinación en donde los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, asuman funciones operativas.

El Título Tercero, se refiere a la Política y Planeación de la Actividad Turística, de acuerdo con lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, así también incluye que la Secretaría elabore el Programa Nacional de Turismo, el cual especificará los objetivos, prioridades y políticas que regirán a la actividad debiendo investigar las características y los atractivos turísticos naturales y culturales con que cuenta cada región.

Para ello, integrará a las entidades federativas, municipios, iniciativa privada y sector social en un mecanismo integral que, sin menoscabo de lo que establece el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Planeación y el propio Plan Nacional de Desarrollo, permita identificar los objetivos, con base en el fin de la actividad turística, a corto y mediano plazo en cada zona turística, así como las estrategias a largo plazo a nivel nacional.

Esta iniciativa considera a su vez, los procesos de planificación y planeación de todos los recursos turísticos incorporados en el Atlas Turístico de México, como son; los bienes, recursos naturales, culturales y artificiales que puedan constituirse en atractivos turísticos nacionales, y en general todas aquellas áreas territoriales susceptibles de ser aprovechadas turísticamente o que puedan constituir factores para el desarrollo del turismo, dicho Atlas, se considera una herramienta para la promoción, sustentabilidad y competitividad de la actividad.

Por otra parte y siguiendo las líneas de acción en materia de planeación, es bien sabido que los desarrollos turísticos generan riqueza, pero esta no alcanza a permear a todos los sectores y estratos de la sociedad, y generalmente la población local no obtiene beneficios y en cambio si con los perjuicios.

Como parte de la visión de la nueva Ley General de Turismo, esta el incorporar al turismo, desde un punto de vista económico, a las cadenas productivas de las localidades, es decir, que los beneficios de esta actividad lleguen a la mayor cantidad de pobladores de la zona donde se desarrolla y no solo a los inversionistas y empresarios.

Para lograr lo antes mencionado se prevé dentro de este Título, un Capítulo denominado ``Del Ordenamiento Turístico del Territorio'', en el que se establecen sus criterios y programas locales, regionales y generales del territorio.

En otro capítulo se establece los lineamientos para que el turismo sea entendido como una actividad económica que este al alcance de toda la sociedad, a través de los beneficios y facilidades económicas que la Secretaría y otras dependencias otorguen mediante programas que busquen un turismo accesible y para todos.

Posteriormente, este ordenamiento en su Título Cuarto, ``De la Promoción y el Fomento al Turismo'', referiría, dos de los aspectos más importantes para el desarrollo del turismo, el primero la promoción, la cual no deberá restringirse a los lugares que ya cuentan con un posicionamiento en el mercado, con la finalidad de ofrecer al turista nacional y extranjero un producto turístico integral, y el fomento, el cual a través del Fondo Nacional del Fomento al Turismo, entre otras funciones, ejecutará obras de infraestructura y urbanización de nuevos desarrollos turísticos, sin afectar el entorno ecológico y social de las comunidades.

Finalmente, en el último Título de este nuevo ordenamiento, se incluirían los ``Aspectos Operativos'' de la actividad, los cuales son una necesidad del sector, como lo es, entre otros, el dotar de mayor certidumbre jurídica al sujeto primordial del turismo, el cual es el turista, a través de un Registro Nacional de Turismo, que a diferencia del la ley anterior, éste plantea obligatorio, sirviendo éste como una herramienta para la planeación de la actividad turística.

Es así que de manera general se pretende lograr una Ley que dote de derechos y obligaciones tanto a prestadores de servicios turísticos como a turistas, una ley que promueva la sustentabilidad y competitividad que requiere el sector turismo a favor del país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este órgano del Poder Legislativo Federal; la presente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Turismo.

Artículo Único. Se expide la Ley General de Turismo para quedar como sigue.

Ley General de Turismo

Título Primero

Capítulo Único De las Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general en todo el territorio nacional, correspondiendo su aplicación en forma concurrente a la Federación, Entidades Federativas y Municipios, y su interpretación en el ámbito administrativo, corresponderá al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Turismo.

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

Artículo 4. Toda persona tiene derecho a disfrutar del turismo como consecuencia del derecho al descanso, ocio y esparcimiento, y en particular a la limitación razonable de la duración del trabajo y a las vacaciones pagadas periódicamente en apego a lo dispuesto en el artículo 123 constitucional y los tratados internacionales.

Título Segundo De la Distribución de Competencias y Coordinación

Capítulo I De la Federación

Artículo 5. Son facultades de la Federación:

Las atribuciones que esta Ley otorga a la Federación, serán ejercidas por el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría y por las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias.

En aquellos casos en que para la debida atención de un asunto, por razón de la materia y de conformidad con las disposiciones legales aplicables, se requiera de la intervención de otras dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, la Secretaría ejercerá sus atribuciones en coordinación con estas.

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que ejerzan atribuciones derivadas de otros ordenamientos jurídicos cuyos preceptos se relacionen con el objeto de la presente Ley o sus disposiciones complementarias, formularán de manera coordinada con la Secretaría, los criterios, acuerdos, convenios o disposiciones que permitan el ejercicio coordinado de facultades en particular respecto de la legislación, reglamentación, normatividad y criterios de preservación de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable.

Artículo 6. La Federación, por conducto de la Secretaría, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que las Entidades Federativas y Municipios colaboren en el ámbito de su competencia con lo siguiente:

Corresponde a la Secretaría evaluar el cumplimiento de los compromisos que se asuman en los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere este artículo.

Los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere el presente artículo, sus modificaciones, así como su acuerdo de terminación, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en la gaceta o periódico oficial de la respectiva Entidad Federativa, un día después de su firma.

Capítulo II De las Dependencias Concurrentes en Materia Turística

Artículo 7. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán coordinar sus acciones con la Secretaría cuando éstas tengan impacto en la actividad turística. El Reglamento establecerá las disposiciones y los plazos a efecto de que la Secretaría y demás dependencias obligadas a emitir opiniones realicen éstas en forma expedita para dar agilidad a los procesos de toma de decisiones previstos en esta Ley.

Tratándose de la instrumentación de políticas en materia migratoria, que corresponden a la Secretaría de Gobernación, la coordinación se realizará en los términos previstos por el Artículo 8 fracción I de esta Ley.

Cuando la Secretaría u otras dependencias de la Administración Pública Federal estén obligadas a emitir un dictamen u opinión respecto de alguna consulta que les haya sido formulada en los términos de la presente Ley, deberán comunicarla a la dependencia o entidad que la hubiere planteado en los términos que fije el Reglamento. Transcurridos dichos plazos sin que se produzca el dictamen u opinión correspondiente, se entenderá que la resolución será en sentido afirmativo.

Artículo 8. La Secretaría ejercerá las atribuciones que le otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y será responsable de coordinarse con las demás dependencias y entidades que realicen actividades con impacto en la actividad turística.

Para el cumplimiento de la presente Ley, sin perjuicio de otras facultades que le confieran otras leyes, corresponde a la Secretaría:

Artículo 9. La Secretaría se coordinará con las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal para la realización de las acciones de prevención, auxilio y rescate de las personas y preservación o recuperación de sitios de afluencia turística, cuando hayan resultado afectados por fenómenos naturales o por casos fortuitos o de fuerza mayor.

Capítulo III De las Entidades Federativas

Artículo 10. Corresponde a las Entidades Federativas, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en materia turística, las siguientes facultades:

Capítulo IV De los Municipios

Artículo 11. Corresponde a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

Artículo 12. Las Entidades Federativas podrán suscribir entre sí, y con sus municipios, convenios o acuerdos de coordinación y colaboración administrativa, con el propósito de atender y resolver problemas comunes de índole turística y ejercer sus atribuciones a través de las instancias que al efecto determinen, atendiendo a lo dispuesto en sus Constituciones o en su caso, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes locales que resulten aplicables.

Las mismas facultades podrán ejercer los Municipios entre sí, de conformidad con lo que establezcan las leyes señaladas. Cuando pertenezcan a Entidades Federativas diferentes, los Municipios deberán contar con la aprobación previa de sus Constituciones Locales correspondientes.

Capítulo V De la Comisión Ejecutiva de Turismo

Artículo 13. La Comisión Ejecutiva de Turismo es un órgano colegiado intersectorial, que tendrá por objeto conocer, atender y resolver los asuntos de naturaleza turística relacionados con la competencia de dos o más dependencias o entidades de la Administración Pública Federal.

La Comisión será presidida por el titular de la Secretaría, quien tendrá voto de calidad, y estará integrada por los subsecretarios que designen los titulares de las dependencias y sus equivalentes en las entidades de la Administración Pública Federal, en los términos de las disposiciones aplicables. Asimismo, podrán ser invitados a participar funcionarios de otras dependencias, exclusivamente con derecho a voz.

Capítulo VI De los Consejos Consultivos

Artículo 14. El Consejo Consultivo Nacional de Turismo, es un órgano el cual tendrá por objeto coordinar, proponer y formular las estrategias y acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, el sector privado y social, a través de foros de consulta, que contarán con memorias publicadas, con el fin de lograr un desarrollo integral de la actividad turística nacional.

Será presidido por el titular del Ejecutivo Federal, y estará integrada por los titulares de las dependencias y entidades relacionadas con la actividad turística, ambiental y universidades conforme a lo que establezcan las disposiciones reglamentarias.

Podrán ser invitadas las instituciones y demás entidades públicas, federales o locales, privadas y sociales, que se determinen, asociaciones y demás personas relacionadas con el turismo, las cuales participarán únicamente con derecho a voz.

Artículo 15. Las Entidades Federativas podrán conformar sus Consejos Consultivos Locales de Turismo, que funcionan a través de foros de consulta, que contarán con memorias publicadas, con el fin de lograr un desarrollo integral de la actividad turística local.

Los Consejos Consultivos Locales de Turismo serán presididos por el titular del Ejecutivo Estatal y en su caso por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y estarán integrados por los funcionarios de las Entidades Federativas, presidentes municipales y los representantes federales en la entidad, y universidades conforme a lo que establezcan las disposiciones reglamentarias.

Podrán ser invitadas las instituciones y entidades públicas, federales, locales y municipales, privadas y sociales, que se determinen, asociaciones y demás personas relacionadas con el turismo en la Entidad Federativa, las cuales participarán únicamente con derecho a voz.

Título Tercero De la Política y Planeación de la Actividad Turística

Capítulo I Del Fin de la Planeación de la Actividad Turística

Artículo 16. La Secretaría establecerá el fin que regirá a largo plazo para el desarrollo de la actividad bajo los enfoques ambiental, social y territorial, para lo cual deberá considerar la planeación nacional a corto, mediano y largo plazo, a fin de buscar la atención y desarrollo integral y sustentable de aquellos lugares, zonas y áreas territoriales, en que la población pueda ser susceptible de elevar su nivel socioeconómico, bienestar y calidad de vida, mediante la actividad turística, es decir, buscando, en la política turística nacional, local y municipal el ordenamiento turístico del territorio nacional y un desarrollo turístico sustentable.

Capítulo II Del Atlas Turístico de México

Artículo 17. El Atlas Turístico de México se considera como el registro sistemático de carácter público de todos los bienes, recursos naturales y culturales que puedan constituirse en recursos turísticos, sean atractivos turísticos nacionales, sitios de interés y en general todas aquellas zonas y áreas territoriales que puedan constituir factores para el desarrollo del turismo.

Para elaborarlo, la Secretaría se coordinará con otras dependencias e instituciones y en forma concurrente con las Entidades Federativas y Municipios.

La Secretaría utilizará el Atlas Turístico de México como una herramienta para la promoción, sustentabilidad y competitividad de la actividad turística.

Capítulo III De la Incorporación de la Actividad Turística a las Cadenas Productivas

Artículo 18. La Secretaría, las Entidades Federativas y los Municipios estimularán a partir de programas de profesionalización y promoverán entre la iniciativa privada y el sector social, la creación y fomento de cadenas productivas en torno a los desarrollos turísticos nuevos y existentes, con el fin de detonar las economías locales y buscar el desarrollo regional.

La Secretaría, en coordinación con las dependencias federales competentes implementará, programas de subsidio y apoyo presupuestal la iniciativa privada y sector social que apoyen la profesionalización y apoyo a los gobiernos municipales que den estímulos a las comunidades y que inviertan en infraestructura y desarrollo social relacionado con la actividad turística.

Artículo 19. Para la creación y fomento de las cadenas productivas en torno a los desarrollos turísticos, la Secretaría, las Entidades Federativas y los Municipios harán estudios sociales y de mercado a partir de la información disponible, del Registro Nacional de Turismo y del Atlas Turístico de México, publicando los resultados y poniéndolos a disposición de los prestadores de servicios turísticos y toda persona interesada.

Capítulo IV Del Programa Nacional de Turismo

Artículo 20. La Secretaría elaborará el Programa Nacional de Turismo, que se sujetará a los objetivos y metas establecidas para el sector en el Plan Nacional de Desarrollo.

La Secretaría especificará en el programa las políticas, objetivos y prioridades que regirán a la actividad turística, debiendo investigar las características de la demanda y los atractivos turísticos naturales y culturales con que cuenta cada región.

Para ello, con base en el fin de la planeación de la actividad turística, a corto y mediano plazo en cada zona turística, y con las estrategias de largo plazo a nivel nacional, integrará a las Entidades Federativas, Municipios, iniciativa privada y sector social.

El Programa Nacional de Turismo debe contener entre otros elementos metodológicos de la planificación, un diagnóstico y un pronóstico de la situación del turismo en el país, el ordenamiento turístico del territorio, así como determinar las políticas, objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo de esta actividad, con observancia a lo que establezcan los instrumentos jurídicos, administrativos y de política económica que sean aplicables.

Capítulo V Del Ordenamiento Turístico del Territorio

Artículo 21. En la formulación del ordenamiento turístico del territorio deberán considerarse los siguientes criterios:

El ordenamiento turístico del territorio nacional se llevará a cabo a través de programas de orden General, Regional y Local.

Artículo 22. El Programa de Ordenamiento Turístico General del Territorio, es parte integrante del Programa Nacional de Turismo, y será formulado por la Secretaría, con la intervención de las dependencias federales y de las autoridades locales y municipales en el ámbito de sus atribuciones y tendrá por objeto:

Artículo 23. La integración, expedición, ejecución y evaluación del ordenamiento turístico general del territorio se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento. En lo no previsto, se sujetará a lo señalado en la Ley de Planeación y demás disposiciones legales aplicables.

Las Entidades Federativas y los Municipios deberán participar en la formulación del Programa de Ordenamiento Turístico General del Territorio en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables. Asimismo, la Secretaría deberá promover la participación de grupos y organizaciones sociales y empresariales, instituciones académicas y de investigación, y demás personas interesadas.

Artículo 24. Los gobiernos de las Entidades Federativas de manera conjunta con los Municipios, en los términos de las leyes locales aplicables, podrán formular y expedir programas de ordenamiento turístico regional que abarquen la totalidad o una parte de su territorio.

Cuando una región turística se ubique en el territorio de dos o más Entidades Federativas, el gobierno Federal, el de las Entidades Federativas y Municipios respectivos, en el ámbito de su competencia, podrán formular un Programa de Ordenamiento Turístico Regional. Para tal efecto, el gobierno Federal celebrará los acuerdos o convenios de coordinación procedentes con los niveles de gobierno involucrados.

Cuando un Programa de Ordenamiento Turístico Regional incluya una Zona de Desarrollo Turístico Sustentable, o parte de ella, el programa deberá ser elaborado y aprobado en forma conjunta por la Secretaría y los gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios en que se ubique, según corresponda.

Artículo 25. Los programas de ordenamiento turístico regional tendrán por objeto:

Artículo 26. Los programas de ordenamiento turístico local serán expedidos por las autoridades de las Entidades Federativas con la participación de los Municipios y tendrán por objeto:

Artículo 27. Los procedimientos bajo los cuales serán formulados, aprobados, expedidos, evaluados y modificados los programas de ordenamiento turístico local, serán determinados por las leyes de las Entidades Federativas en la materia, conforme a las siguientes disposiciones:

Artículo 28. La Secretaría deberá apoyar técnicamente la formulación y ejecución de los programas de ordenamiento turístico regional y local, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

Capítulo VI De las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable

Artículo 29. Las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable son aquellas regiones del territorio nacional, claramente ubicadas y delimitadas geográficamente, que a juicio de la Secretaría, por sus características naturales y culturales, constituyen un atractivo turístico, determinado mediante declaratoria específica que emitirá el titular del Ejecutivo Federal, sin limitación de la división política del territorio, debiendo coordinarse los distintos ordenes de gobierno en los casos en que compartan una misma Zona de Desarrollo Turístico Sustentable.

Las Entidades Federativas y Municipios podrán presentar ante la Secretaría, proyectos de declaratoria de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable o en sus respectivos territorios.

Artículo 30. Las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable se dividirán en:

En las reservas ecológicas quedará restringido realizar cualquier tipo de aprovechamento de los elementos naturales.

Las áreas naturales protegidas, podrán conforme a las restricciones no forman parte de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable.

Artículo 31. La Secretaría dictaminará la viabilidad y conveniencia de cada declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Sustentable, que deberá reunir al menos uno de los siguientes requisitos:

Artículo 32. El Titular del Ejecutivo Federal, a propuesta de la Secretaría y con la intervención de las autoridades locales y municipales ubicadas en la zona, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrá emitir el Decreto para la Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Sustentable.

La Declaratoria establecerá, al menos, lo siguiente:

Artículo 33. El Decreto con la declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Sustentable que emita el Ejecutivo Federal será publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 34. Para cada zona la Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y con el poder ejecutivo de las respectivas Entidades Federativas y Municipios, formularán los programas detallados que contendrán, al menos, lo siguiente:

Capítulo VII Turismo para Todos

Artículo 35. La Secretaría impulsará y promoverá el turismo para todos, con políticas sociales de asistencia y equidad para la sociedad, el cual comprende todos los servicios y recursos turísticos, así como cualquier otro instrumento y medio a través de los cuales todas las personas, denominadas turistas, viajen temporalmente con fines recreativos, deportivos y culturales en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad, de tal forma que se logre cohesión e inclusión social, avanzando así, hacia el bienestar de las personas.

Las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal, coordinarán y promoverán sus esfuerzos entre ellas y con las de los gobiernos locales y municipales, y promoverán acciones sociales y privadas, para el fomento del turismo.

La Secretaría, la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Comisión Nacional de Física y Deporte, elaborarán y ejecutarán de manera coordinada un programa tendiente a fomentar el turismo para todos, incentivar la inversión y facilitar la recreación de las personas.

Artículo 36. La Secretaría, con la participación de las distintas dependencias y entidades, promoverá la suscripción de acuerdos con prestadores de servicios turísticos por medio de los cuales se determinen precios y condiciones adecuadas, así como paquetes que hagan posible el cumplimiento de los objetivos de este capítulo, en beneficio de grupos obreros, campesinos, infantiles, juveniles, de la tercera edad o con discapacidad, burocráticos, magisteriales, de estudiantes, de trabajadores no asalariados y en general de toda la sociedad.

Las empresas y organizaciones en general, instituciones, dependencias y entidades del sector público de la Federacion, Entidades Federativas, y Municipios, promoverán el turismo para todos.

Capítulo VIII Turismo Accesible

Artículo 37. La Secretaría, con el apoyo y en coordinación de las dependencias y entidades competentes, promoverá la prestación de servicios turísticos accesibles, que tengan por objeto beneficiar a la población con alguna discapacidad.

Asimismo, promoverá la conjunción de esfuerzos para mejorar la atención y desarrollo de aquellos lugares en que pueda ser susceptible elevar su nivel de vida, incorporando a las personas con discapacidad a la actividad turística.

Artículo 38. Los prestadores de servicios turísticos deberán proveer lo necesario para que las personas con discapacidad accedan a los servicios en condiciones adecuadas.

La misma obligación tendrán las autoridades respecto de los sitios arqueológicos, históricos y culturales con afluencia turística.

La Secretaría, las Entidades Federativas y Municipios supervisarán que ésto se lleve a cabo, aplicando en su caso, las medidas y sanciones que establezcan las disposiciones reglamentarias.

Capítulo IX Diversificación de la Actividad Turística

Artículo 39. La Secretaría, en coordinación con las Entidades Federativas y Municipios, así como con el sector privado y social, fomentará y desarrollará acciones para proporcionar el mejoramiento de la oferta turística existente, la estructuración y diversificación de la misma, así como el crecimiento equilibrado de las zonas y áreas territoriales de interés turístico.

La Secretaría considerará todas las modalidades turísticas como un factor de desarrollo local integrado, apoyando el aprovechamiento de las actividades propias de las comunidades.

Capítulo X Cultura Turística

Artículo 40. La Secretaría, en coordinación con las Entidades Federativas, los Municipios y las dependencias de la Administración Pública Federal, promoverán y fomentarán entre la población aquellos programas y actividades de educación turística que difundan la cultura y concientización turística con el fin de crear, un amplio conocimiento de los beneficios del Turismo.

Artículo 41. La Secretaría en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, promoverá programas que difundan la importancia de respetar y conservar las zonas turísticas, así como mostrar un espíritu de servicio y hospitalidad hacia turista nacional y extranjero.

Título Cuarto De la Promoción y Fomento al Turismo

Capítulo I De la Promoción en la Actividad Turística

Artículo 42. Para efectos de esta Ley, se entiende como promoción turística, la planeación y programación de la publicidad y difusión, por cualquier medio de la información especializada, actividades, destinos, atractivos y servicios que el país ofrece en materia de turismo, dentro del marco de esta Ley, y de la normatividad relacionada.

Artículo 43. Corresponde a la Secretaría las actividades de promoción que en materia turística lleve a cabo, en territorio nacional y extranjero, por cualquier medio.

Las Entidades Federativas y Municipios deberán coordinarse con la Secretaría para el desarrollo de las campañas de promoción turística que desarrollen en territorio nacional y el extranjero.

Artículo 44. La promoción turística deberá dirigirse, tanto a los sitios del país que ya cuentan con un posicionamiento en la actividad, como a los sitios con posibilidades de aprovechamiento turístico.

Artículo 45. La Secretaría en el ejercicio de sus atribuciones en materia de promoción turística, nacional e internacional, determinará las políticas que aplicará a través de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Consejo de Promoción Turística de México.

Artículo 46. El Consejo se integrará por representantes de los sectores público y privado, teniendo por objeto diseñar y realizar, bajo la dirección de la Secretaría, las estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional.

Artículo 47. El Consejo, previo acuerdo de la Secretaría, podrá tener representantes en el exterior para el cumplimiento de su objeto.

Artículo 48. El Consejo estará sectorizado, en el ámbito de la Secretaría. El director General del Consejo será nombrado por el Secretario de Turismo previo acuerdo del Presidente de la República.

Artículo 49. El Consejo de Promoción Turística de México se conformara; por una Asamblea General, una Junta de Gobierno, un Contralor General, un Comisario y un Director General, integrándose de la siguiente forma:

Artículo 50. Para el desempeño de sus funciones el Órgano de Gobierno del Consejo de Promoción Turística de México creará los comités técnicos especializados que se determinen, a fin de asesorar al Consejo sobre las áreas o sectores a promocionar.

Artículo 51. El Consejo de Promoción Turística de México tendrá un patrimonio que se integrará con:

Artículo 52. El Consejo de Promoción Turística de México tendrá los siguientes objetivos:

Artículo 54. El Consejo de Promoción Turística de México, en coordinación con la dependencia competente, podrá tener representantes en el exterior para el cumplimiento de su objeto.

Capítulo II Del Fomento a la Actividad Turística

Artículo 55. Para contribuir a la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turistíca y de los recursos turistícos, así como para la promoción del financiamiento de las inversiones privadas y sociales, la Secretaría definirá las políticas y contará con un Fideicomiso Público denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo, denominado en adelante FONATUR.

El FONATUR estará sectorizado, para todos los efectos legales, en el ámbito de la Secretaría.

El Director General de dicho Fondo será nombrado por el Secretario de Turismo previo acuerdo del Presidente de la República.

Artículo 56. El patrimonio del FONATUR se integrará con:

Artículo 57. El FONATUR tendrá las siguientes funciones:

Artículo 58. El FONATUR tendrá un Comité Técnico que estará integrado por un representante de cada una de las siguientes dependencias y entidades:

El Comité Técnico será presidido por el titular de la Secretaría. La institución fiduciaria dentro de la cual se encuentre constituido el fideicomiso, contará con un representante dentro del mismo, quien concurrirá a las sesiones con voz pero sin voto, al igual que el Director General del FONATUR.

Cada representante propietario acreditará ante el Comité a sus respectivos suplentes. El FONATUR contará con un comisario designado por la Secretaría de la Función Pública.

Título Quinto Aspectos Operativos

Capítulo I Del Registro Nacional de Turismo

Artículo 59. El Registro Nacional de Turismo, es el catálogo de prestadores de servicios turísticos en el país, el cual es de caracter público, y constituye el mecanismo en virtud del cual la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, podrán contar con información sobre los prestadores de servicios turísticos a nivel nacional, y servirá como herramienta para la planeación de la actividad turística.

Artículo 60. Corresponde a la Secretaría regular y coordinar la operación del Registro Nacional de Turismo, el cual será operado por las Entidades Federativas y los Municipios.

Artículo 61. La inscripción al Registro Nacional de Turismo será obligatoria para los prestadores de servicios turísticos, quienes deberán proveer a las autoridades competentes la información que determine la Secretaría, a través del Reglamento correspondiente.

Artículo 62. El Registro Nacional de Turismo deberá operar bajo el principio de máxima publicidad, por lo que la información contenida o que se desprenda del mismo deberá estar disponible al público en general, en la forma y términos que determine la Secretaría, sin perjuicio de aquellos datos que en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, deban ser clasificados como información reservada o confidencial.

Artículo 63. La Secretaría deberá difundir la información que derive del Registro Nacional de Turismo, con el objeto de que se haga llegar al público en general, a través de los medios que ésta determine.

Artículo 64. La base de datos del Registro Nacional de Turismo quedará bajo la guarda de la Secretaría, siendo responsabilidad de las autoridades de las Entidades Federativas y de los Municipios constatar la veracidad de la información que proporcionen los prestadores de servicios turísticos. Esta base de datos constituirá un Sistema Nacional de Información, con indicadores, para guiar la política turística en general.

Artículo 65. La Secretaría expedirá a los prestadores inscritos en el Registro el certificado correspondiente, acreditando su calidad de prestadores de servicios turísticos.

La Secretaría emitirá el Catálogo de Prestadores de Servicios Turísticos, el cual deberá actualizarse cada dos años, y servirá como herramienta para la planeación de la actividad turística.

Capítulo II De la Operación de los Prestadores de Servicios Turísticos

Artículo 66. Las relaciones entre los prestadores de servicios turísticos y el turista se regirán por lo que las partes convengan, observándose la presente Ley, la Ley Federal de Protección al Consumidor y las demás leyes aplicables.

Artículo 67. Para operar los prestadores de servicios turísticos, deberán cumplir con los elementos y requisitos que determinen la Secretaría mediante las disposiciones reglamentarias correspondientes, y las Normas Oficiales Mexicanas, sin perjuicio de las obligaciones que les sean impuestas por otras autoridades.

Artículo 68. No se considerará discriminatorias en contra de las personas, las tarifas y precios para el uso, consumo o disfrute, de los bienes o servicios ofertados, ni los requisitos de edad o las restricciones para el uso de instalaciones turísticas, cuando sean de carácter general y guarden relación directa con la especialización que el prestador de servicios turisticos decida otorgar, siempre que las mismas no sean violatorias de otras leyes.

Artículo 69. Corresponde a la Secretaría expedir las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con la prestación de los servicios turísticos, siempre que el contenido de las mismas no sea competencia de otra dependencia de la Administración Pública Federal. Dichas normas tendrán por finalidad establecer:

Capítulo III Derechos y Obligaciones de los Prestadores de Servicios Turísticos

Artículo 70. Los prestadores de servicios turísticos tendrán los siguientes derechos:

Artículo 71. Son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos:

Artículo 72. En la prestación y uso de los servicios turísticos no habrá discriminación de ninguna naturaleza en contra de persona alguna, en los términos del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 73. En caso de que el prestador del servicio turístico incumpla con uno de los servicios ofrecidos o pactados o con la totalidad de los mismos, tendrá la obligación de rembolsar, bonificar o compensar la suma correspondiente por el pago del servicio incumplido, o bien podrá prestar otro servicio de las mismas características o equivalencia al que hubiere incumplido, a elección del turista.

Capítulo IV De los Derechos y Obligaciones de los Turistas

Artículo 74. Los turistas, con independencia de los derechos que les asisten como consumidores, tendrán en los términos previstos en esta Ley, los siguientes derechos:

Artículo 75. Tratándose de quejas y denuncias interpuestas por los turistas en materia de contratos y por controversias que se susciten entre éstos y los prestadores de servicios turísticos, la Procuraduría Federal del Consumidor conocerá de su recepción, desahogo y resolución y en su caso, arbitraje y sanción, en los términos de la ley en la materia.

Cuando el turista resida en la República Mexicana, podrá presentar su denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor, en cualquiera de sus oficinas.

Si el turista reside en el extranjero, también podrá interponer su denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor por correo certificado, internet, o por cualquier otro medio y seguir el procedimiento de conciliación o de arbitraje por ese mismo medio o por cualquier otro que acuerden las partes y que permita hacer el procedimiento más expedito.

Artículo 76. Los turistas están obligados a:

Capítulo V De la Competitividad

Artículo 77. Corresponde a la Secretaría promover la competitividad de la actividad turística, y en coordinación con las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, fomentar:

Capítulo VI De la Profesionalización en la Actividad Turística

Artículo 78. La Secretaría, a través de su órgano desconcentrado denominado Centro de Estudios Superiores en Turismo, realizará estudios e investigaciones en materia de turística, y llevará a cabo acciones para mejorar y complementar la enseñanza turística a nivel superior y de postgrado, dirigida al personal de instituciones públicas, privadas y sociales vinculadas y con objeto social relativo al turismo.

Artículo 79. La Secretaría participará en la elaboración de programas de investigación y de profesionalización turística y promoverá, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, gobiernos de las Entidades Federativas, Municipios y organismos públicos, privados y sociales, nacionales e internacionales, el establecimiento de escuelas y centros de investigación y educación en materia turísstica así como de capacitación para la formación de profesionales y técnicos en ramas de la actividad turística. Asimismo establecerá lineamientos, contenidos y alcances a fin de promover y facilitar la certificación de competencias laborales.

En los citados programas se deberá considerar la profesionalización respecto a la atención de las personas con discapacidad.

La Secretaría fomentará y promoverá que los prestadores de servicios turísticos profesionalicen a su personal y trabajadores, con el fin de lograr la competitividad de la actividad turística.

Capítulo VII De la Verificación

Artículo 80. Corresponde a la Secretaría por sí o a través de terceros debidamente acreditados por la misma, verificar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas derivadas de esta Ley.

La Secretaría fijará y aplicará, al caso concreto, las sanciones correspondientes de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Las autoridades de turismo de las Entidades Federativas y Muncipios deberán brindar apoyo a la Secretaría para que ejerza sus facultades de verificación en las demarcaciones territoriales que les correspondan.

Las autoridades locales y municipales, en términos de los artículo 10 y 11 de esta Ley, podrán realizar visitas de verificación a los prestadores de servicios turísticos, a efecto de constatar el debido cumplimiento de las obligaciones a su cargo establecidas en esta Ley y en las demás disposiciones reglamentarias que se expidan, así como aplicar las sanciones que correspondan por la violación a dichas normas.

Artículo 81. La Secretaría, las autoridades locales y municipales y la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor evitarán duplicidades en sus programas de verificación, para lo cual establecerán las bases de coordinación correspondientes.

El objeto de las visitas de verificación a los prestadores de servicios turísticos, es constatar el cumplimiento por parte de esto, de sus obligaciones derivadas de esta Ley, su Reglamento, y las Normas Oficiales Mexicanas que emita la Secretaría, así como aquellas disposiciones complementarias de esta Ley.

Las visitas de verificación se realizarán con el representante, apoderado legal o propietario del establecimiento en donde se presten, ofrezcan, contraten o publiciten los servicios turísticos. De no encontrarse ninguno de los anteriores, las visitas se llevarán a cabo con el responsable de la operación del establecimiento o quien atienda al verificador, no habiendo necesidad de dejar citatorio para practicar con posterioridad dicha diligencia.

Artículo 82. Las visitas de verificación que efectúe la Secretaría, o las autoridades locales y municipales, se regirán por esta Ley y se practicarán en días y horas hábiles, por personal autorizado que exhiba identificación vigente y la orden de verificación respectiva, la que deberá ser expedida por la autoridad competente y en la que claramente se especifiquen las disposiciones cuyo cumplimiento habrá de verificarse y la manera de hacerse. Sin embargo, podrán practicarse visitas en días y horas inhábiles, en aquellos casos en que el tipo y la naturaleza de los servicios turísticos así lo requieran, pero dentro del horario de funcionamiento autorizado para el establecimiento.

Artículo 83. Durante las visitas de verificación que se practiquen, los prestadores de servicios turísticos proporcionarán a la autoridad la información que les sea solicitada, siempre que se refiera a las disposiciones que expresamente se señalen en la orden de verificación.

Artículo 84. A toda visita de verificación que se realice, corresponderá el levantamiento del acta respectiva, debidamente circunstanciada y elaborada en presencia de dos testigos propuestos por la persona que haya atendido la visita o únicamente por el verificador, si aquélla se hubiere negado a designarlos.

Artículo 85. En las actas que se levanten con motivo de una visita de verificación, se hará constar, por lo menos, lo siguiente:

Una vez elaborada el acta, el verificador proporcionará una copia de la misma a la persona con quien entendió la visita, aun en el caso de que ésta se hubiera negado a firmarla, hecho que no desvirtuará su validez.

Quienes realicen la verificación, por ningún motivo podrán imponer las sanciones a que se refiere esta Ley.

Artículo 86. En el supuesto de que se impida la práctica de la visita de verificación, la Secretaría, las Entidades Federativas o Municipios, según corresponda, podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública para que se lleve a cabo tal diligencia. Lo anterior, con independencia de las sanciones a que haya lugar para el establecimiento y las personas que se opongan a la práctica de la misma.

Artículo 87. Las visitas de verificación a los prestadores de servicios turísticos, podrán ser de carácter preventivo o correctivo, lo cual deberá especificarse previamente en la orden de verificación respectiva.

Las visitas de verificación de carácter preventivo darán lugar a que se emita un pliego de recomendaciones al prestador verificado, cuando durante la diligencia se detecten posibles incumplimientos a la legislación en la materia.

El prestador de servicios turísticos dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha en que se le de a conocer el pliego de recomendaciones, deberá atenderlas e informar a la autoridad que emitió la orden de visita respectiva, que se subsanaron las inconsistencias que se le detectaron, proporcionando los elementos y pruebas que sustenten sus manifestaciones.

Vencido el término mencionado, la autoridad competente, podrá iniciar el procedimiento administrativo de infracción, siempre que el prestador verificado no haya proveído la información y documentación con la que atendió las recomendaciones que se le formularon en el pliego respectivo.

Las visitas de verificación de carácter correctivo darán lugar a que la autoridad que practique la diligencia, de inicio al procedimiento administrativo de infracción, cuando se detecten posibles incumplimientos a la legislación de la materia.

Artículo 88. La Secretaria podrá modificar la clasificación y categoría de los servicios turísticos, cuando de la verificación que se practica se desprenda que los establecimientos respectivos no satisfacen las especificaciones respectivas para ostentar esta categoría, o en su caso, cuando por satisfacer en grado superior estos requisitos deba pertenecer a otra categoría o clasificación superior.

Artículo 89. En ningún caso quienes practiquen la verificación podrán detener a las personas que atiendan la orden de verificación, ni molestar en forma alguna a los turistas que se encuentren en el establecimiento motivo de su actuación. En casos de flagrancia que puedan implicar la posible comisión de un delito, el verificador dará aviso inmediato a la autoridad competente para que proceda conforme a la ley.

Artículo 90. Los prestadores de servicios turísticos podrán solicitar la evaluación de sus instalaciones y servicios conforme a las Normas Oficiales Mexicanas que les resulten aplicables, la cual tendrá una vigencia de un año contado a partir de la fecha en que se emita el documento en el que conste dicha evaluación.

Cuando de la evaluación de la conformidad se desprenda que el prestador de servicios turísticos dio cumplimiento a lo establecido en la correspondiente Norma Oficial Mexicana, y siempre que ésta se encuentre vigente, la Secretaría reconocerá la validez de la misma y por lo tanto, no realizará verificación sobre dicha norma. Lo anterior, salvo que existan quejas en contra del prestador de que se trate, por el supuesto incumplimiento a la norma evaluada.

Capítulo VIII De las Sanciones y del Recurso de Revisión

Artículo 91. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, su Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas derivadas de ella, serán sancionadas por la Secretaría, las Entidades Federativas o por los Municipios, según corresponda, de conformidad con las disposiciones legales correspondientes y al caso concreto.

Cuando derivado de una queja presentada por un turista ante la Procuraduría Federal del Consumidor, se detecte el probable incumplimiento de las disposiciones de esta Ley o de las disposiciones que de ella emanen, la Secretaría, las Entidades Federativas o los Municipios, según corresponda, podrán iniciar el procedimiento administrativo correspondiente, así como requerir al prestador de servicios turísticos la información que estime conveniente para esclarecer los hechos.

Para imponer sanciones a los prestadores de servicios turísticos, se deberá agotar el procedimiento administrativo de infracción, conforme a lo establecido en las disposiciones legales correspondientes.

Se podrá iniciar el procedimiento administrativo de infracción, cuando se detecte que hay probables violaciones a la presente Ley, su Reglamento, Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones complementarias, que deriven de:

Artículo 92. Los prestadores que no se inscriban en el Registro Nacional de Turismo, serán sancionados con:

Los prestadores de servicios turísticos que omitan información o proporcionen información inexacta o falsa a las autoridades competentes, para su inscripción al Registro Nacional de Turismo, serán sancionados con:

Los prestadores de servicios turísticos que persistan en no inscribirse, o en proporcionar información inexacta o falsa, para su inscripción al Registro Nacional de Turismo, serán sancionados con:

Artículo 93. Las infracciones a lo establecido en las disposiciones oficiales que regulan los servicios turísticos a que se refiere el artículo 3 fracción VII, y que regula el artículo 71 fracciones I, II, III, IV,V y XII, se sancionarán con multa hasta por el equivalente a mil veces el salario mínimo vigente.

Artículo 94. Las infracciones a lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas referidas en el artículo 69, así como a lo dispuesto en los artículos 71, fracción VII y artículo 73 serán sancionadas con multa hasta por el equivalente a tres mil veces el salario mínimo vigente.

Artículo 95. Las infracciones a lo establecido en, el artículo 72 será sancionada con multa hasta por el equivalente a dos mil veces el salario mínimo vigente.

Artículo 96. Para los efectos de las multas establecidas en el presente capítulo, por salario mínimo diario se entiende el general vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.

Se entiende que existe reincidencia cuando el mismo infractor incurra en dos o más violaciones del mismo precepto legal durante el transcurso de seis meses, contado a partir del día en que se cometió la primera infracción. En caso de reincidencia se aplicará multa hasta por el doble de la impuesta originalmente.

Artículo 97. Las sanciones por infracciones a esta Ley y las disposiciones derivadas de ella, serán fijadas con base en lo establecido por las disposiciones legales aplicables.

Las autoridades de las Entidades Federativas que en ejercicio de sus facultades concurrentes impongan sanciones por infracciones cometidas por los sujetos obligados por la presente Ley podrán aplicar, en su caso, la legislación del fuero común que corresponda.

Artículo 98. Contra las resoluciones dictadas por la Secretaría, con fundamento en esta Ley se podrá interponer el recurso de revisión previsto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Serán supletorias de la presente Ley, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y a falta de disposición expresa en la misma se aplicará, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Cuando las autoridades de las Entidades Federativas, en ejercicio de sus facultades concurrentes impongan sanciones por infracciones cometidas por los sujetos obligados por la presente Ley con base en las leyes locales, aplicarán supletoriamente, en su caso, la legislación local que corresponda.

Para la práctica de visitas de verificación a prestadores de servicios turísticos, diligencias de notificación, procedimientos administrativos de infracción, será aplicable la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y en cuanto a las Normas Oficiales Mexicanas deberá aplicarse lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

La Secretaría deberá dar a conocer al público en general, los resultados de las acciones de verificación y sanciones que se realicen anualmente, a través de los medios que se determinen en las reglas de operación.

La Secretaría deberá dar a conocer al público en general el comportamiento normativo de los prestadores de servicios turísticos, el cual podrá adicionarse con la información que en materia de comportamiento comercial le provea la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor.

La Procuraduría Federal de Protección al Consumidor compartirá con la Secretaría información sobre los prestadores de servicios turísticos que tenga registrados en sus bases de datos, tanto en materia de quejas recibidas como en lo relativo a los contratos de adhesión que le sean presentados para su registro.

Transitorios

Primero. La presente Ley entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se abroga la Ley Federal de Turismo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1992, las reformas a la misma, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de mayo de 1999, y sus Reglamentos.

Mantienen su vigencia, hasta que exista disposición en contrario, las normas mexicanas de calidad y clasificación de los servicios turísticos expedidas por las autoridades competentes con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto.

Tercero. La Secretaría deberá, emitir el Reglamento de la presente Ley, dentro de los 90 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Cuarto. A partir de la entrada en vigor de esta Ley se recomienda a los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal actualizar o, en su caso, emitir la legislación local concurrente en la materia de acuerdo con esta Ley.

Quinto. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, los Municipios podrán dictar los bandos de policía y buen gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas que correspondan para que en sus respectivas circunscripciones se cumplan las previsiones de la presente Ley.

Sexto. Todos los procedimientos, recursos administrativos y demás asuntos relacionados con las materias a que se refiere esta Ley, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, se tramitarán y resolverán conforme a la disposiciones que mas convenga, en apego al artículo 14 de la Consititución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Séptimo. La Secretaría deberá modernizar la estructura del Registro Nacional de Turismo dentro de los 360 días naturales siguientes a la fecha en que entre en vigor la presente Ley.

Octavo. Dentro de los 180 días naturales siguientes a la fecha en que entre en vigor la presente Ley, deberá emitirse el Reglamento de Inscripción al Registro Nacional de Turismo en el que se establezcan los requisitos para la incorporación de los prestadores de servicios turísticos a dicho Registro.

En este Reglamento deberá preverse la forma y términos en que la Secretaría se coordinará con los gobiernos de las Entidades Federativas y los Municipios para llevar a cabo dicha inscripción.

La Secretaría de manera coordinada con los gobiernos locales y municipales, deberá establecer los mecanismos que permitan la inscripción al Registro Nacional de Turismo, con el objeto de que los prestadores cuenten con las facilidades necesarias para llevar a cabo los trámites correspondientes.

Concluido el proceso de modernización del Registro Nacional de Turismo, la Secretaría, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria nacional de inscripción al Registro Nacional de Turismo dirigida a los prestadores de servicios turísticos.

Los prestadores de servicios turísticos contarán con un término de doce meses para inscribirse al Registro Nacional de Turismo, que comenzarán a correr a partir de la fecha en que se publique en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria correspondiente.

Noveno. Dentro de los 180 días naturales siguientes a la fecha en que entre en vigor la presente Ley, deberán emitirse las disposiciones reglamentarias que regulen la operación de los prestadores de servicios turísticos a nivel nacional.

Hasta en tanto se emiten tales ordenamientos, quedarán vigentes las Normas Oficiales Mexicanas expedidas por la Secretaría, aplicables a los prestadores de servicios turísticos a que hace referencia la Ley Federal de Turismo de 1992.

Décimo. Los convenios y acuerdos de coordinación en materia de facultades de verificación, celebrados entre la Federación y los gobiernos de las Entidades Federativas al amparo de la Ley Federal de Turismo de 1992, quedarán sin efectos a la entrada en vigor de la presente Ley.

Décimo Primero. Las declaratorias de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable no tendrán efectos derogatorios respecto de las declaratorias de áreas naturales protegidas y los ordenamientos ecológicos del territorio establecidas en términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la legislación correspondiente de las Entidades Federativas.

Para la determinación de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable en áreas que aún no cuenten con programas de ordenamiento ecológico del territorio vigente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales participará en la elaboración de los criterios ambientales necesarios para la elaboración de la propuesta de declaratoria.

Décimo Segundo. La Secretaría contará con 360 días naturales a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, para ajustar su estructura administrativa, a los términos de la presente Ley.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a las Comisiones de Turismo, con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió del diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Iniciativa que reforma el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a cargo del diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Hugo Eduardo Martínez Padilla , diputado federal a la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la fracción XIV, se adiciona la fracción XV y se recorre la subsecuente, todas del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Tanto el derecho como el ser humano son entes dinámicos, que van cambiando conforme avanzan los tiempos y las modernidades. A lo largo del desarrollo del hombre en la sociedad, el derecho ha jugado un papel indispensable y determinante, ya que siempre debe haber un equilibrio y una mediación en todo ámbito de la vida.

Por tal motivo, es necesaria la existencia de órganos dotados de plena autonomía para una correcta impartición de justicia expedita e imparcial, conforme a lo dispuesto por nuestra ley fundamental.

En este contexto, la fracción XXIX-H del artículo 73 constitucional establece que dentro de las facultades del Congreso está expedir leyes que instituyan los tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, así como para imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa que determine la ley, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra las resoluciones; dicho precepto es el fundamento para el establecimiento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como un órgano contencioso administrativo, autónomo en sus atribuciones y organización.

De conformidad con el artículo 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el juicio contencioso administrativo federal o juicio de nulidad procede en los siguientes casos:

En relación con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se tiene el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual prevé que él órgano jurisdiccional cuenta con atribuciones para conocer de los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones definitivas que se señalan en las diversas fracciones del citado precepto legal.

Las reformas constitucionales a los artículos 73, 74, 79, 116, 122 y 134 publicadas el 7 de mayo de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, introdujeron en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 79 que las sanciones y demás resoluciones de la entidad de fiscalización superior podrán ser impugnadas por las entidades fiscalizadas y, en su caso, por los servidores públicos afectados adscritos a las mismas, ante la propia entidad de fiscalización o ante los tribunales a que se refiere el artículo 73, fracción XXIX-H, de esta Constitución, conforme a lo previsto en la ley.

El dictaminen en comento de la reforma constitucional ``en materia de gasto'' no refiere en su parte expositiva las razones que llevaron a modificar el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 79. Sin embargo, se considera que los motivos obedecen a dos razones principalmente:

Por su parte, el artículo 59 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación contenido en el Capítulo IV, denominado ``Del Recurso de Reconsideración'', a la letra señala lo siguiente:

Por consiguiente, se observa que la Carta Magna hace referencia a las entidades fiscalizadas, y en su caso, a los servidores públicos afectados adscritos a las mismas, para impugnar las sanciones y demás resoluciones de la Auditoría Superior de la Federación ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo. Mientras que la Ley de Fiscalización Superior de la Federación considera además de lo establecido en la Constitución, a los particulares, ya sean personas físicas o morales para recurrir al juicio de nulidad.

Asimismo, en el Capítulo II, denominado ``Del Fincamiento de las Responsabilidades Resarcitorias'', del Título Quinto, intitulado ``De la Determinación de Daños y Perjuicios y del Fincamiento de Responsabilidades'', de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, prevé en el artículo 46 quiénes son los actores que incurren en responsabilidad y que serán sancionados por la Auditoría Superior de la Federación, el cual señala:

Sin embargo, en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ¹ no existe disposición alguna contenida de que dicho Tribunal sea la instancia facultada para que las entidades fiscalizadas, los servidores públicos y los particulares, puedan recurrir al juicio de nulidad por las sanciones y resoluciones que emita la entidad de fiscalización superior de la federación, por lo que la presente iniciativa tiene el objeto de regular esta facultad en la ley que reglamenta el funcionamiento y las atribuciones del tribunal, adicionando la fracción XV del artículo 14 para que conozca de los juicios que se promuevan contra las sanciones y resoluciones impuestas por la Auditoría Superior de la Federación.

Finalmente, por técnica legislativa y en congruencia con el articulado vigente, se propone reformar el último párrafo de la fracción XIV y recorrer la actual fracción XV para quedar como XVI.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de la honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la fracción xiv, se adiciona la fracción XV y se recorre la subsecuente para pasar a ser XVI, todas del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo de la fracción XIV, se adiciona la fracción XV y se recorre la subsecuente para pasar a ser la fracción XVI, todas del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para quedar como sigue:

Artículo 14. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota: 1 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Justicia.

LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Iniciativa que reforma el artículo 35 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , diputado federal por el VIII distrito de Chiapas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con apoyo en lo previsto en los artículos 55, fracción II; 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 35, párrafo segundo, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor de los siguientes

Exposición de Motivos

México, como país subdesarrollado, tiene como uno de sus principales problemas económicos la distribución de su riqueza; lo que genera que solamente algunos estratos sociales de la población pueda tener acceso a una mejor calidad de vida. Ejemplo de ello es que cerca de 45 millones de mexicanos viven en situación de pobreza.

El problema de la pobreza y la desigualdad social existe en nuestro país se ha visto reflejado con más énfasis en el aumento exponencial que ha tenido estadísticamente la niñez mexicana. Esto genera otros problemas sociales como la explotación laboral y el abuso sexual a menores.

Sin embargo, todavía no existen los medios ni la decisión absoluta de los diferentes niveles de gobierno para poner un alto total a esta grave situación en nuestro país, que ya se sitúa en los primeros niveles a nivel mundial con ésta problemática.

El alto nivel de pobreza y desigualdad en México sigue obligando a millones de niños y niñas a trabajar y, que sean sometidos a labores extremas e ilegales, mal remunerados y sin garantías de salud. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) estima que en 2002, unos 3.3 millones de niños entre los 6 y los 14 años trabajaban; lo que corresponde a uno de cada seis niños de este grupo de edad; cifra que se duplica en las comunidades indígenas.

Según el Inegi, 25.5 por ciento de los niños que trabajan no estudian. Es por ello que el estudio El trabajo infantil en México, 1995-2002; del mismo instituto, publicado en 2004, dejar ver que los estados del país con mayor incidencia de infantes trabajando son Chiapas, Campeche, Puebla y Veracruz, donde la tasa de trabajo infantil es de entre el 29 y el 22.4 por ciento de la población entre 6 y 14 años. Por el contrario, en Chihuahua, Nuevo León, Distrito Federal, Baja California y Coahuila las tasas son de entre 8.3 y 6.7 por ciento.

Es necesario actualizar la información disponible sobre la magnitud del trabajo infantil en México, y emprender la adopción de políticas públicas para su erradicación; e incorporar el tema en los programas de combate a la pobreza. Este problema debe convertirse en una prioridad para el gobierno mexicano, que debe garantizar que los niños menores de 14 años no trabajen.

Cada año, aproximadamente 300 mil niños abandonan sus comunidades de origen para emigrar con sus familias a otras entidades del país en búsqueda de trabajo e ingresos. Muchos de ellos tienen que trabajar en los campos desde muy jóvenes para solventar el gasto de sus hogares ¹ .

Por ello, debemos tener en cuenta que la inasistencia escolar está directamente relacionada con el inicio de las actividades laborales. En este grupo se registra el más alto grado de rezago educativo del país.

Sin embargo, existe una laguna importante dentro de nuestra Constitución, ya que no solamente no existe aún castigo ejemplar para quien comete esta acción ilegal, si no que no se explica puntualmente que tipo de peligro debe estar viviendo el infante o el adolescente para ser sancionado. Es por ello que resulta de suma importancia puntualizar en nuestra Constitución que el infractor será sancionado cuando contrate laboralmente a menores de 14 años y estos además pongan en peligro evidente la integridad física, emocional, psicológica, y desarrollo de los menores.

En tal virtud, someto a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 35, párrafo segundo, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Único. Se reforma el artículo 35, párrafo II, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo 35. Para garantizar la protección de los derechos reconocidos en esta ley, se reitera la prohibición constitucional de contratar laboralmente a menores de 14 años bajo cualquier circunstancia.

A los que infrinjan tal prohibición y que además pongan en peligro su integridad física, emocional, psicológica y desarrollo, se les impondrán las sanciones que establece el Código Penal.

Igualmente, las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales proveerán lo necesario para que niñas, niños o adolescentes no queden en situación de abandono o falta de protección por el cumplimiento de estas disposiciones.

Nota: 1. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió de la diputada Patricia Villanueva Abraján, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Patricia Villanueva Abraján , del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Patricia Villanueva Abraján , diputada federal a la LX Legislatura, con base en las facultades que le confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Federal y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presenta ante esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Penales, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

El sistema de procuración y administración de justicia mexicano, históricamente ha carecido de celeridad y eficacia, lo cual ha obligado al Estado a impulsar una serie de políticas públicas y reformas legales sobre todo a lo largo de los últimos años, pues la inseguridad ha sufrido un aumento significativo de la década de los ochenta a la fecha, el sorprendente crecimiento y expansión de la delincuencia organizada y que se agrava sin duda con la crisis económica mundial, del que México no es ajeno.

Ante este panorama es ineludible el compromiso que como diputados federales tenemos, en contribuir con el proceso de transformación de nuestro sistema de procuración e impartición de justicia penal, para hacerlos más eficientes; ello se logrará tomando diferentes medidas que impulsen dicho proceso, entre las que debemos destacar la conformación de un marco normativo que garantice la justicia pronta y eficaz, pues no debemos olvidar que la ley, dentro de un gobierno democrático, es el instrumento a través del cual se plasman los esfuerzos gubernamentales por restablecer el orden y la paz pública.

Por ello la presente iniciativa pretende hacer más eficientes los sistemas y procedimientos con que cuenta la institución del ministerio público en la integración de la averiguación previa; garantizar la protección de los derechos de quienes resultan afectados por la delincuencia y asegurar que quienes cometan ilícitos serán castigados aún cuando, por temor o desconfianza las víctimas no presenten la querella correspondiente y desde luego se pretende que tanto en averiguación previa como en el proceso penal, ante la indudable notoriedad del ilícito cometido, el ministerio público no tenga la carga de recabar mayor prueba, que aquellas dirigidas a demostrar la identidad del delincuente, en cuyo caso se estará garantizando de manera pronta, el castigo que el estado impondrá.

En la legislación vigente, específicamente en nuestro Código de Procedimientos Penales, se establecen como requisitos de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal que preceda una denuncia o querella ; entendiéndose la primera como ``...la noticia que tiene el Ministerio Público de la existencia de un hecho delictuoso, motivo por el que en tratándose de un delito perseguible de oficio es suficiente que el acusador publico tenga esa noticia, para que esté en aptitud de ejercitar la correspondiente acción penal'' ;¹ y la segunda como la potestad que tiene todo ciudadano de acudir ante el Ministerio Público, para denunciar hechos constitutivos de delito de los que es víctima u ofendido.

De la interpretación de los artículos 113 y 114 de la ley federal adjetiva se advierte que el Ministerio Público debe iniciar la investigación de un delito una vez que tiene noticia o recibe denuncia respecto del hecho constitutivo del mismo; se dice en estos casos que el delito es perseguible de oficio, en virtud de que tal noticia o denuncia puede hacerla cualquier persona; ahora bien, tratándose de aquellos delitos donde expresamente la ley exige la querella, en la legislación actual, el ofendido necesariamente debe ser quien comparezca, por sí o representante legal, ante la autoridad a puntualizar los hechos en que hace consistir el delito.

Ello sin duda coloca en un dilema a la ciudadanía; primero, querellarse para buscar que los delincuentes sean castigados, corriendo el riesgo de quedar a merced de la venganza de aquellos o segundo, abstenerse de presentar su querella, evitándose así tramites burocráticos y cualquier acto de venganza de sus agresores, quienes quedan en la impunidad; lamentablemente la ciudadanía a optado por lo último, la desconfianza en las instituciones, y el temor de poner en un riesgo mayor su integridad física y la de sus familiares, inhiben contundentemente su deseo de justicia.

Por esta razón, es necesario superar la querella como requisito de procedibilidad de la averiguación previa, cuando no exista lugar a dudas respecto de la comisión de hechos ilícitos, ello, sentará las bases de una nueva cultura jurídica, en la que desde luego se fortalezca procesalmente la figura de la denuncia anónima, sustentada en medios digitales de video, que muestren de manera indubitable la comisión de ilícitos.

Se trata de dotar al Ministerio Público de un instrumento jurídico que le dé la facultad de iniciar una averiguación previa y, como consecuencia, ejercitar acción penal en contra de aquellos que, aún cuando no exista querella en su contra, sea evidente que han incurrido en la comisión de un delito, al haber sido video gravados o filmados en flagrancia.

Son de todos sabidos los esfuerzos que el gobierno federal y los de nuestras entidades federativas han hecho en materia de infraestructura, con el objeto de hacer frente a la delincuencia; no es extraño observar medios digitales de video en las calles de las ciudades más importantes del país, desde las cuales se ha grabado la comisión de un sinnúmero de ilícitos, muchos de los cuales no han podido ser investigados siquiera por el ministerio público, en virtud de que no existe el requisito de procedibilidad de la averiguación previa llamado querella, precisamente por el temor y desconfianza que la ciudadanía tiene para denunciar.

Esta situación, impide que las políticas públicas en materia de combate a la delincuencia sean del todo eficientes. De nada nos sirve recabar grabaciones en donde se observe a los delincuentes en plena comisión del ilícito, si a las mismas, la ley no les reviste del valor procesal que merecen.

En atención a los argumentos señalados, me permito someter a consideración de la honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se adiciona al Código Federal de Procedimientos Penales el artículo 117 Bis, para quedar como sigue:

Artículo 117 Bis. Tratándose de delitos perseguibles por querella necesaria, cuya comisión haya sido video grabada, la querella no será exigible como requisito de procedibilidad de la averiguación previa. El ministerio público, con la noticia que reciba por cualquier medio de la existencia de una video grabación que contenga la comisión de un ilícito, iniciará de inmediato la averiguación previa, abocándose a recabar dicho video y a la investigación de la identidad del o los sujetos activos para enseguida ejercitar la acción penal.

Artículo Segundo. Se adiciona al Título Sexto del Código Federal de Procedimientos Penales, un Capítulo IX y un artículo 278 Bis, y se recorre en su orden el actual Capítulo IX, para quedar como sigue:

Capítulo IX Medios Digitales de Video

Artículo 278 Bis. Los medios digitales de video son todos aquellos videos cuya reproducción, a través de una sucesión de imágenes estáticas por segundo, hacen que se cree la sensación de movimiento en una determinada frecuencia.

Artículo Tercero. Se adiciona al actual Capítulo IX del Titulo Sexto del Código Federal de Procedimientos Penales, un artículo 284 Bis, para quedar como sigue:

284 Bis. Los medios digitales de video harán prueba plena, salvo el derecho de las partes para redargüirlos de falsedad.

Artículos Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota: 1 Jurisprudencia definida penal 1917-2004, Editores Libros Técnicos, México, DF, 2004.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Justicia.

La han signado otros legisladores, puesto que a la diputada Patricia Villanueva ya se la ha concedido licencia.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió del diputado Jesús Alcántara Núñez, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Desarrollo Social.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez , del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Jesús Alcántara Núñez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, presenta a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona el artículo 25 de la Ley General de Desa-rrollo Social, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

Honorable asamblea: los actuales son tiempos difíciles, de contracción económica profunda; tiempos que, pese a que el gobierno federal pretende calificarlos como un ``catarrito'' sabemos que sus efectos y consecuencias irán más allá de una verdadera neumonía económica para el país.

Es necesario buscar cualquier medida que contribuya a paliar esos efectos nocivos, principalmente en la economía de los mexicanos de los sectores más desprotegidos.

El sombrío panorama inmediato nos obliga a buscar salidas responsables , viables, por lo que propongo reformar artículo 25 de la Ley General de Desarrollo Social para eliminar la discrecionalidad del Ejecutivo federal para su creación y hacerla obligatoria, a fin de conseguir lo que se perseguía: un mecanismo de respuesta rápida frente a fenómenos económicos y presupuestales imprevistos.

Ello contribuirá a que los programas federales de desarrollo social no se vean afectados y, por ende, la ayuda a los sectores populares no disminuya sino que, por el contrario, se incremente.

De acuerdo con la intención original, el Fondo de Contingencia Social fue creado para enfrentar fenómenos no previstos que podrían afectar el desarrollo o avance de los programas federales que son implementados, principalmente, por la Secretaría de Desarrollo Social.

Esa dependencia tiene focalizados como prioritarios a municipios con extrema marginación o pobreza por lo cual los apoyos no pueden depender de los vaivenes económicos ni de los yerros o aciertos de los funcionarios encargados de la planeación económica del país.

Debe estar asegurado que los beneficios llegaran a esos compatriotas que más lo necesitan y a los que no les interesa si hubo descenso en los precios del crudo, si hubo contracción en Estados Unidos, si las remesas de los paisanos descendieron o si tuvo lugar una devaluación del peso. Ellos viven al día, cada día implica para ellos una acción de casi sobrevivencia, por lo que nuestro deber es apoyarlos en todo sentido.

Creo que la creación del fondo debe ser obligatoria, ya que será difícil, lo hemos visto, que el gobierno federal acepte la magnitud de la crisis o sus efectos. Si lo dejamos a la discrecionalidad, entonces ¿cuál será el grado de emergencia que obligará al Ejecutivo a crearlo? ¿Hasta llegar a que niveles de pobreza o de necesidad lo aceptará?

Asimismo, el artículo 28 de la misma normatividad señala que la Secretaría de Desarrollo Social hará una propuesta para la definición del monto del Fondo de Contingencia, su distribución, aplicación y reglas de operación ``que permitan una aplicación transparente'' del mismo.

Creo que deberían de ponerse a trabajar de inmediato para esa propuesta, y que nos dejen a nosotros las tareas fiscalizadoras de la aplicación de ese gasto. En caso de que tenga lugar esta reforma, tengan por seguro que los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI estaremos muy atentos para evitar el dispendio, el gasto electorero o inútil o la desviación de los recursos.

Artículo Primero. Se reforma y adiciona el artículo 25 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 25. El Ejecutivo federal establecerá y administrará un Fondo de Contingencia Social para dar respuesta a fenómenos económicos y presupuestales imprevistos. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se determinarán el monto y las reglas mínimas a que quedarán sujetas su distribución y aplicación, incluyendo las previsiones correspondientes para garantizar que los recursos del fondo sean utilizados en el ejercicio fiscal.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió del diputado Daniel Torres García, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 949 y 1005 Bis de la Ley Federal del Trabajo.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Iniciativa que reforma los artículos 949 y 1005 Bis de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Daniel Torres García , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que concedida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 62, 63 y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la soberanía iniciativa de decreto que adiciona a la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Nuestro pueblo exige cada vez con mayor energía que la justicia deje de ser sólo una palabra anecdótica para los discursos y se transforme en una realidad cotidiana que contribuya al equilibrio social en lo económico, educativo, vivienda, seguridad social, y concretamente en el mundo laboral. La justicia no puede continuar como una metáfora cada vez más inalcanzable. Uno de los instrumentos fundamentales para hacer realidad la justicia son las normas jurídicas. Justicia que debe enraizar tanto en la parte sustantiva como adjetiva de los diversos ordenamientos que constituyen el estado de derecho. Asimismo, como una manera de evitar el caos: el que los ciudadanos se hagan justicia por propia mano.

El procedimiento laboral es parte consustancial al logro de la justicia en bien de los trabajadores. Por más que la parte sustantiva de la Ley Federal del Trabajo establezca en su favor un cúmulo de derecho, esto será poco significativo si su parte procesal da facilidades para que la impunidad penetre todos sus tejidos.

A últimas fechas, en mi carácter de representante popular, han acudido ante mí diversos grupos de trabajadores para denunciar un hecho inadmisible. Que después de que los trabajadores han obtenido un laudo favorable y logrado el embargo y adjudicación de bienes en cumplimiento éste, para lo cual invirtieron años de lucha ante la Junta de Conciliación y Arbitraje respectiva, para que al final de su lucha sean despojados de los bienes adjudicados por sus propios abogados. En algunos casos estamos hablando de varias decenas de millones de pesos y miles de familias defraudadas.

Los abogados que deberían defender los intereses de los trabajadores actúan como verdaderos chacales, como verdaderos criminales contra quienes les han otorgado su confianza y a quienes deberían defender con toda su capacidad y lealtad.

Para que tenga lugar esta triquiñuela, el estafador, disfrazado de abogado, solicita ante la junta que conoce del asunto, a nombre de sus representados, la adjudicación de los bienes embargados. Acto seguido, obtiene de los trabajadores un poder para actos de dominio y administración de bienes, lo que le permite disponer con toda libertad del patrimonio de los trabajadores. Estos delincuentes, disfrazados de abogados defensores, han llegado a tal extremo que no han repartido ni un solo centavo entre los trabajadores de los recursos que sólo a éstos corresponde. Esto no se debe permitir más. La junta debe tener dentro de sus obligaciones velar por que los bienes y derechos adjudicados a los trabajadores efectivamente se apliquen en beneficio de éstos y sus familias, por lo que sólo en ese momento concluirá el procedimiento laboral de ejecución.

Al propio tiempo hay que tipificar como delito el hecho de que los abogados que representen legalmente a los trabajadores entren en propiedad o posesión de los bienes y derechos que pertenecen a los trabajadores.

La cumplimentación del laudo, será un acto fuera de juicio, pero dentro del procedimiento laboral.

Aunque en el actual artículo 949 ya existen algunas previsiones al respecto, son insuficientes.

por todo lo expuesto y fundado, someto a la soberanía iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se reforman y adicionan tres párrafos al artículo 949 y un artículo 1005 Bis a la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 949. ...

Además de lo anterior, el presidente tendrá la obligación de cuidar que la venta de los bienes adjudicados a los trabajadores, conforme al artículo 973 de la ley, se haga sin lesión para ellos, y de que se les entregue la suma de dinero correspondiente ante la junta y de manera personal. Si lo adjudicado no se vende, el presidente de la junta velará en todo momento, para que los bienes entren a la propiedad del trabajador o los trabajadores, y éstos entren en posesión de éstos.

Será nulo de pleno derecho, así como los actos que se realicen con apoyo en él, el poder para actos de dominio que por cualquier medio se otorgue a la persona que actúe como apoderado de la parte trabajadora en un juicio. El presidente de la junta deberá dar cuenta de este hecho al Ministerio Público.

El derecho de los trabajadores para reclamar la devolución de lo adjudicado será imprescriptible.

Artículo 1005 Bis. Se impondrá de diez a veinte años de prisión, de mil a diez mil días de multa y suspensión e inhabilitación hasta por un término igual al de la pena señalada anteriormente para ejercer la profesión, a la persona que actuando como apoderado de la parte trabajadora en un juicio laboral tome posesión o se haga propietario de los bienes adjudicados a los trabajadores, valiéndose de un poder para actos de dominio o valiéndose de cualquier otro medio.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

VOLUMEN II

LEY DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió del diputado Fernando Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley del Servicio Postal Mexicano.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 10 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Una sociedad que tiene como meta incorporarse a los países de primer mundo necesita satisfacer su creciente demanda de comunicaciones. Por ello, el funcionamiento eficiente del Servicio Postal Mexicano resulta esencial para el desarrollo del país.

El correo mexicano es una institución que maneja más de mil millones de envíos al año en correo ordinario y más de 32 millones de piezas certificadas. Además, cuenta con la certificación ISO 9001 desde 2005, y ha realizado profundas transformaciones en su gestión financiera. Esto se debe principalmente a los avances científicos y tecnológicos, los cuales, lejos de constituir una etapa pasajera o efímera, tienden a incrementarse cada día, mediante el empleo de nuevas técnicas y medios siempre más refinados que harán de las comunicaciones una necesidad pública y de su administración un reto más complejo.

Frente a esta realidad, se hace indispensable modernizar los elementos jurídicos con que contamos para proteger a la persona en su esfera de intimidad. En tal sentido, la inviolabilidad de la correspondencia es un derecho de las personas reconocido por la legislación internacional y es una garantía constitucional establecida en el artículo 16, párrafos noveno, décimo y penúltimo.

Sin embargo, en los últimos años ha habido una creciente posibilidad de atentar contra la seguridad de las personas a través de los servicios postales, como ocurre en otras naciones. Por vía postal es posible transportar precursores químicos, drogas y otras sustancias tóxicas que, manipuladas de forma inadecuada, pueden constituir daños reales a la población.

Por lo anterior, con la iniciativa que se somete hoy a consideración de esta honorable asamblea se busca, a través de la reforma propuesta del párrafo quinto del artículo 10 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes celebre convenios de colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicciones, a fin de prevenir el envío o transporte de materiales tóxicos o peligrosos en la correspondencia y prevenir el empleo de este medio de enlace como una herramienta de cualquier expresión criminal.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 10 de la Ley del Servicio Postal

Único. Se reforma el párrafo quinto del artículo 10 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, para quedar como sigue:

Artículo 10. ...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La secretaría contará con un plazo de noventa días para celebrar los convenios establecidos en el presente decreto.

Tercero. Remítase a la Cámara de Senadores, para sus efectos constitucionales.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones.

LEY DE IMPORTACION DE VEHICULOS USADOS

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió del diputado Horacio Garza Garza, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Importación de Vehículos Usados.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Iniciativa que expide la Ley de Importación de Vehículos Usados, a cargo del diputado Horacio Emigdio Garza Garza , del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad constitucional que les confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía el proyecto de decreto que crea la nueva Ley de Importación de Vehículos Usados.

Contenido

Exposición de motivos

La importación de vehículos usados ha sido, durante las últimas décadas, un mecanismo a través del cual millones de ciudadanos, tanto en la frontera norte como en el resto del país, han podido acceder a un bien para el desarrollo de sus actividades productivas, lo cual no podrían obtener a través del mercado nacional.

La razón es relativamente sencilla, en Estados Unidos y Canadá es más barato comprar un vehículo nuevo, no sólo por el precio mismo de venta, sino por las múltiples facilidades para acceder a créditos que hacen posible que en estos países el parque vehicular se renueve continuamente. En México la situación es diferente, a pesar de que el crédito al consumo se ha expandido considerablemente, la mayoría de los ciudadanos no tienen acceso a un vehículo para uso particular o para su actividad productiva.

Consciente de esta realidad, el Estado mexicano ha establecido a lo largo del tiempo decretos, leyes y acuerdos de distinta magnitud para regular la entrada de estos vehículos. Dependiendo del tiempo, se ha buscado encontrar un balance entre los beneficios de la entrada ordenada de vehículos de procedencia extranjera y los intereses de quienes producen o distribuyen autos en el país, algunas veces con una tendencia clara hacia la apertura, otras a favor de la protección. Algunas veces, simplemente se ha asimilado que la entrada desordenada de estos vehículos supera la capacidad del gobierno y se ha procedido a regularizarlos.

En agosto de 2005, el entonces presidente Vicente Fox Quezada, publicó un decreto en el cual se redujeron las restricciones arancelarias y no arancelarias para la importación de vehículos de 10 a 15 años de antigüedad, y se otorgó un tratamiento diferenciado en el impuesto al valor agregado, el cual se pagaba con un margen de comercialización del 30 por ciento. Esta liberalización del mercado generó reacciones de distintos sectores por la gran cantidad de vehículos que se importaron los años subsecuentes.

En febrero de 2008 el presidente Felipe Calderón Hinojosa publicó un decreto que eliminaba el trato diferenciado del impuesto al valor agregado para la importación de vehículos y ponía restricciones no arancelarias a la mayoría de modelos. El resultado fue la disminución significativa de la importación legal de vehículos al país y el consecuente aumento en la importación ilegal, tanto para la frontera norte como para el resto del país.

Finalmente, el 24 de diciembre de 2008, el ejecutivo publicó el decreto que regula la importación de vehículos usados. A pesar de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte impide poner restricciones arancelarias a vehículos usados con más de diez años de antigüedad, la autoridad consideró necesario establecer un certificado de origen emitido por el fabricante del vehículo para poder acceder a una tasa ad valorem de 0 por ciento y de no contar con él seguir pagando el 10 por ciento. Este certificado de origen no es un documento que exista, por lo que ningún importador podrá acreditar la procedencia del vehículo, por lo que perderá el beneficio del Tratado del Libre Comercio.

Uno de los grandes problemas que ha enfrentado la autoridad a la hora de determinar los impuestos aplicables al importador de vehículos usados es el valor del vehículo. Quienes importan declaraban valores de importación que eran menores a los que suponía el Servicio de Administración Tributaria, por lo que se crearon los precios de referencia. Estos precios de referencia indican la base sobre la cual se pagan las contribuciones y hasta el año pasado eran más cercanos a la realidad del mercado americano.

Sin embargo, este año se publicaron nuevos precios de referencia que aumentan la base tributaria desproporcionadamente, tanto que la Secretaría de Hacienda se vio obligada a publicar unos nuevos precios de referencia, los cuales siguen resultando una carga excesiva.

A raíz de esta problemática, los que suscribimos consideramos necesario regular en Ley la Importación de Vehículos Usados, y no mediante decreto, para dotar de certidumbre a quienes deseen adquirir un auto de procedencia extranjera y para dar cabal cumplimiento a los acuerdos internacionales que ha celebrado México.

Por ello, la iniciativa toma como base el decreto del 24 de diciembre de 2009 y lo modifica tomando en cuenta lo siguiente:

Se permite la importación de vehículos de modelos mayores a diez años sin necesidad de un certificado de origen y sólo con la declaración del importador bajo protesta de decir verdad.

Esta medida elimina la restricción que de facto creó el Ejecutivo para no cumplir con el tratado de libre comercio, y abre la posibilidad de que la importación de vehículos se dé. Esto no quiere decir que quede eliminada la posibilidad de legislar en materia ambiental o de condiciones físico-mecánicas para tener un mejor parque vehicular. Si el Ejecutivo federal busca tener un mejor parque vehicular, entonces debe primero aplicar bien la ley vigente en materia ambiental e incluso establecer nuevas condiciones físico-mecánicas, pero no inhibir esta actividad en detrimento de los consumidores.

Al mismo tiempo, se otorga facultad a la autoridad aduanal para que ejerza su facultad fiscalizadora y, ante incumplimiento en materia de procedencia, inicie los procesos que estipula la ley.

Se elimina la necesidad de recurrir a los precios de referencia y se establece que el importador deberá declarar el precio real de compra o podrá perder su registro y ser sujeto a los procesos que contempla la ley.

Resulta contradictorio que el ejecutivo señale que desea que los contribuyentes cumplidos puedan pagar sus impuestos de una forma más fácil y que actualmente se espere que el mismo sea el encargado de demostrar que la factura que presenta es válida. El Servicio de Administración Tributaria tiene facultades comprobatorias que puede ejercer.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa que crea la

Ley de Importación de Vehículos Usados

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer los requisitos a que debe sujetarse la importación de vehículos usados a territorio nacional.

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entiende por:

Artículo 3. En la importación definitiva al país de vehículos usados bajo trato arancelario preferencial previsto en los tratados de libre comercio y acuerdos comerciales de los que México es parte, el importador deberá cumplir con las formalidades y requisitos que dichos ordenamientos establecen, así como presentar ante la autoridad aduanera, por conducto de agente o apoderado aduanal, el documento comprobatorio de origen.

El documento comprobatorio de origen podrá ser una declaración por escrito en la que el importador manifieste, bajo protesta de decir verdad, que el vehículo usado que se pretende importar fue fabricado, manufacturado o ensamblado como un bien originario, de conformidad con las disposiciones o reglas de origen aplicables al tratado o acuerdo correspondiente. La autoridad aduanal podrá verificar la veracidad de dicha declaración y, en caso de encontrar irregularidades, aplicar las sanciones que establece la ley aduanera.

Artículo 4. Se establece un arancel ad-valorem del 10 por ciento, para las fracciones arancelarias aplicables a la importación definitiva de los vehículos usados fabricados o ensamblados en México, Estados Unidos de América o Canadá, y sin que se requiera permiso previo de la Secretaría de Economía, cuando se trate de vehículos usados cuyo año-modelo sea de entre cinco y nueve años anteriores al año en que se realice la importación, que se importen definitivamente por residentes en la franja fronteriza norte, en los estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial de Sonora y en los municipios de Cananea y Caborca, Sonora, que se destinen a permanecer en dichas zonas, y que se clasifiquen en la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación como sigue:

El documento aduanero con el que se realice dicha importación únicamente podrá amparar un vehículo.

Artículo 5. No podrán importarse en forma definitiva al territorio nacional los vehículos usados que en el país de procedencia, por sus características o por cuestiones técnicas, esté restringida o prohibida su circulación; cuando no cumplan con las condiciones físico mecánicas o de protección al medio ambiente, de conformidad con las disposiciones aplicables, o cuando el vehículo haya sido reportado como robado.

Artículo 6. Los interesados podrán efectuar la importación definitiva de un vehículo usado en cada periodo de doce meses, sin que se requiera su inscripción en el padrón de importadores.

Las personas morales y las personas físicas con actividad empresarial que tributen, conforme al título II o al título IV, capítulo II, sección I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, podrán importar el número de vehículos usados que requieran, siempre que se encuentren inscritos en el padrón de importadores.

Artículo 7. Los comerciantes en el ramo de vehículos estarán obligados a presentar al Servicio de Administración Tributaria dentro de los primeros diez días naturales de cada mes, a través de medios electrónicos o en medios magnéticos, la información de las importaciones que realicen, conforme a las reglas de carácter general que al efecto establezca el propio órgano desconcentrado.

Artículo 8. El Servicio de Administración Tributaria llevará a cabo el procedimiento de suspensión en el Padrón de Importadores, sin perjuicio de la aplicación de las demás disposiciones en la materia, cuando quien importe vehículos usados por sí o por conducto de su representante, se encuentre en cualquiera de los supuestos siguientes:

Artículo 9. Los vehículos usados que se encuentren en el país en importación temporal a partir de la entrada en vigor de esta ley, podrán importarse en forma definitiva siempre que se encuentren dentro del plazo de la importación temporal, pagando el impuesto general de importación actualizado de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, desde la fecha en que se importaron temporalmente y hasta que se efectúe el pago, así como las demás contribuciones que se causen con motivo de la importación definitiva.

Para el trámite de importación definitiva de los vehículos señalados en el párrafo que antecede, se requerirá su presentación física ante la autoridad aduanera, conforme al procedimiento que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

Artículo 10. Los vehículos usados que se importen en forma definitiva para ser destinados a permanecer en la franja fronteriza norte, en Baja California y Baja California Sur, en la región parcial de Sonora y en los municipios de Cananea y Caborca, Sonora, deberán cumplir los requisitos de control establecidos en la legislación aduanera para su internación temporal al resto del país.

Artículo 11. Los vehículos usados, que se hayan importado en forma definitiva para ser destinados a permanecer en la franja fronteriza norte, en Baja California y Baja California Sur, en la región parcial de Sonora y en los municipios de Cananea y Caborca, Sonora, podrán ser reexpedidos al resto del país, de conformidad con los requisitos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, sin que en ningún caso se dé lugar a la devolución o compensación de contribuciones.

Los residentes en la región o franja a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, podrán optar por importar en definitiva los vehículos usados al resto del país, efectuando el pago de las contribuciones aplicables, en cuyo caso, para circular en el resto del territorio nacional no será necesario sujetarse a las formalidades para la internación temporal.

Artículo 12. Los propietarios de los vehículos importados en definitiva, deberán cumplir con el trámite de registro señalado en la Ley del Registro Público Vehicular y demás disposiciones aplicables en la materia.

Los vehículos importados en definitiva al país no podrán circular en el mismo, hasta que se inscriban en el Registro Público Vehicular.

Artículo 13. La legal estancia en territorio nacional de los vehículos que se importen de conformidad con la presente ley, se acreditará con el pedimento de importación definitiva, la constancia de inscripción en el Registro Público Vehicular y las placas de circulación respectivas, o documento equivalente que permita la circulación del vehículo.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se abroga el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, publicado el 24 de diciembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, o cualquier otra disposición que se oponga o contravenga a esta ley.

Tercero. Se abroga la resolución que reforma al anexo 2 de la diversa que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de importación de vehículos usados; publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2009.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Economía, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió del diputado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 21 Bis, reforma el artículo 23, y establece diversas disposiciones transitorias de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Iniciativa que adiciona el artículo 21 Bis, reforma el artículo 23 y establece diversas disposiciones transitorias de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, recibida del diputado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión del martes 17 de febrero de 2009

César Duarte Jáquez, en su calidad de diputado de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 constitucional, así como en las disposiciones respectivas de la Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se agrega el artículo 21-Bis, se reforma el artículo 23 y se establecen diversas disposiciones transitorias a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el objetivo de formar un fondo para la inversión y la promoción del empleo ante la emergencia económica, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En los siguientes meses, la mayoría de los países afrontaremos uno de los mayores desafíos de la historia económica reciente: diseñar y promover medidas que disminuyan los efectos negativos de la crisis económica que ya está derivando en la recesión de diversas economías, así como políticas que lo antes posible puedan reactivar el crecimiento y el empleo.

La crisis ha sido el resultado tanto de ineficacias del mercado como de fracasos en la elaboración de políticas gubernamentales. Por ello debemos buscar construir un balance adecuado entre los mercados y la intervención pública.

Estimaciones recientes indican que la economía de Estados Unidos de América decrecerá en 2.2 por ciento y que el déficit podrá ser mayor de 8 por ciento del PIB, con una tasa de desempleo de 8.1 por ciento que podría aumentar.

Un menor dinamismo económico en Estados Unidos de América debilitará aún más la demanda externa de ese país, disminuyendo con ello las exportaciones nacionales; por consiguiente, produciría el debilitamiento de la producción de diversos sectores productivos, y con ello la disminución del empleo.

En el país, diversas estimaciones mencionan que tal vez haya un decrecimiento de la economía, de hasta 1.8 por ciento, con la consiguiente eliminación de más de 350 mil empleos formales. Tan sólo en el primer mes se han eliminado más de 128 mil empleos. Según la Secretaría de Economía, se estima que se reducirán de 250 mil a 300 mil empleos.

Es evidente que se requiere corregir diversas medidas estructurales en el modelo económico nacional e internacional, pero también, ante la coyuntura, debemos promover mecanismos que aminoren los efectos de la crisis, y que puedan aplicarse rápidamente para que sus beneficios se vean cuanto antes en la población nacional.

Desde hace varios ejercicios fiscales, tanto en el Congreso de la Unión como en el gobierno federal se ha promovido un sistema fiscal que busca el equilibrio entre ingresos y gasto público, así como diversas medidas de responsabilidad fiscal.

Entre otros efectos positivos de estos equilibrios fiscales y de las medidas que construyen una hacienda pública más responsable, se han podido formar diversos ahorros del sector público federal muy relevantes. Estos ahorros se han producido por los mayores ingresos públicos que ha recibido el sector público federal respecto a los estimados en la Ley de Ingresos de cada ejercicio.

Estos ahorros están contenidos en diversos fondos, a los que hacen referencia las Leyes Federales de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de Derechos, como el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, el Fondo de Estabilización para la Inversión en Petróleos Mexicanos ( Pemex), y el Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones.

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Fondo para la Reestructura de Pensiones el saldo es de 63 mil 683 millones de pesos. Sin embargo, hay también información de que únicamente durante el ejercicio fiscal anterior, derivado del derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización, así como del derecho extraordinario sobre la exportación de petróleo, se asignaron al Fondo para la Reestructura de Pensiones más de 61 mil 200 millones de pesos, así como cerca de 16 mil 225 millones por otros excedentes de ingresos netos, según información de la propia dependencia, por lo cual es necesario revisar los datos con la secretaría.

En cuanto al Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros, según la misma información, se logró establecer al concluir el ejercicio fiscal anterior un saldo de 85 mil 781 millones de pesos.

En el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, durante el ejercicio fiscal anterior se asignaron más de 8 mil millones de pesos, con lo cual el saldo del fondo es de 30 mil 321 millones de pesos.

En cuanto al Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura en Pemex, el saldo al concluir el ejercicio fiscal anterior es de 29 mil 24 millones de pesos.

Dichos fondos han sido formados esencialmente con el objetivo de utilizar sus recursos para estabilizar el gasto en caso de que disminuyan los ingresos públicos federales, así como, en el caso del fondo relativo a pensiones, para hacer frente a las obligaciones del gobierno federal en el tema, así como incentivar la reestructuración de los sistemas estatales de pensiones.

Sin embargo, ante las actuales condiciones de la economía nacional e internacional, es necesario replantear el uso de los recursos ahorrados en dichos fondos. Es evidente que estamos ante una emergencia económica.

Ante estas condiciones, la inversión pública es una herramienta fundamental para impulsar el crecimiento económico y producir empleos. En el actual ejercicio fiscal, la Cámara de Diputados autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación recursos por más de 540 mil millones de pesos para inversión física.

La implantación de buena parte de esa inversión depende de diversos requerimientos normativos que pueden aletargar el uso de los recursos y, por tanto, retrasar sus beneficios.

También es relevante remarcar que en la primera sesión del foro organizado por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, que buscó responder la pregunta de qué hacer para crecer ante la crisis, los participantes internacionales coincidieron en que se deben buscar medidas que puedan implantarse rápidamente, así como inversiones públicas ágiles que mitiguen los efectos negativos de la crisis en la población y en el sector productivo nacional.

La presente iniciativa plantea el establecimiento de un nuevo fondo de inversiones, que incluya obras como la rehabilitación y el mantenimiento de inmuebles del gobierno federal, así como de escuelas y hospitales; la modernización de caminos rurales y alimentadores; obras de drenaje, pavimentación y señalamiento; desmantelamiento de rieles; dragado de mantenimiento de canales; y mantenimiento y reparación de ductos de Pemex en diversos estados del país.

Este tipo de obras supone un uso intensivo de mano de obra y de otro tipo de empleos, más que el gasto en materiales o maquinaria pesada, por lo cual se estima que la aplicación de dicho fondo podrá producir cientos de miles de empleos.

Por otro lado, en este tipo de obras los requerimientos normativos y burocráticos para realizarlas son menores y, por tanto, pueden implantarse más ágilmente.

Igualmente, se requiere fortalecer los recursos para el respaldo de pequeñas y medianas empresas, las que producen los mayores niveles de empleo en el país y son más vulnerables ante el efecto de una crisis financiera y económica.

La presente iniciativa plantea reformas de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el objetivo de formar un fondo para inversión y promoción del empleo ante la emergencia económica, por un total de al menos 25 mil millones de pesos.

La propuesta es que dichos recursos sean usados en su mayoría, 20 mil millones de pesos, en inversiones que puedan implantarse ágilmente, como las mencionadas, así como usar 5 mil millones de pesos en programas del gobierno federal de apoyo de las pequeñas y las medianas empresas. Los recursos para financiar el fondo provendrían, de aceptarse la propuesta por esta soberanía, de los fondos de estabilización mencionados y el Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones.

Dichos recursos podrán compensarse, al menos parcialmente, con los recursos derivados de subejercicios durante el actual ejercicio fiscal.

Como ejemplo para dimensionar lo que se puede hacer con ese fondo, suponiendo que 60 por ciento de la inversión propuesta, es decir, 12 mil millones de pesos, sean usados para el pago de mano de obra, con un salario promedio de 2.5 salarios mínimos, es decir, cerca de 135 pesos diarios, los recursos podrían producir cerca de 90 millones de jornadas de trabajo diarias; es decir --y sólo por ejemplificar--, aproximadamente 500 mil empleos temporales por 6 meses.

También se producirán beneficios del fondo en los sectores productivos que provean de insumos para las inversiones, así como en las pequeñas y las medianas empresas que accedan a los nuevos recursos planteados para el respaldo de este tipo de empresas.

Se propone agregar el artículo 21-Bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establezca que los recursos de los fondos de estabilización y el Fondo de Apoyo a la Reestructura de Pensiones podrán ser utilizados en caso de situaciones de emergencia económica o social, para ser usados en inversión pública y programas de promoción del empleo y combate de la pobreza, independientemente de que estén o no en el límite máximo establecido en la propia ley, para el caso de los fondos de estabilización.

Se propone también establecer diversas disposiciones transitorias, con el objetivo de formar el mencionado fondo para la inversión y la promoción del empleo ante la emergencia económica durante el actual ejercicio fiscal, así como algunos criterios para su aplicación y de rendición de cuentas sobre su uso.

Se propone que la mayor parte de los recursos provengan del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, y el Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones, que son los fondos con mayores recursos ahorrados, así como un pequeño porcentaje del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.

No se plantea hacer uso del Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Pemex, ya que con la reciente reforma de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se estableció que podrán emplearse los recursos acumulados en dicho fondo con el propósito de financiar inversión en infraestructura de Pemex y, en especial, la construcción de una nueva refinería.

Por otro lado, una de las medidas que se han impulsado desde el Congreso para promover la disciplina fiscal y presupuestaria se refiere a que en la propia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establece que los recursos derivados de subejercicios que no sean subsanados serán dirigidos a inversión en infraestructura y gasto social.

En el ejercicio fiscal anterior, al menos 9 mil 250 millones de pesos de subejercicios no subsanados en los primeros tres trimestres fueron reasignados a rubros de inversión y gasto social.

Estos recursos podrían usarse para la formación de fondos como el que ocupa la presente iniciativa; sin embargo, sería muy ineficiente esperar a que concluya el segundo trimestre para encontrar los subejercicios no subsanados y hacer uso de los recursos.

Por las condiciones económicas actuales, en que es necesario usar ágilmente el gasto público y promover el empleo, y con ello el consumo del gobierno y de los hogares, no es posible esperar dos trimestres para reasignar recursos a ese tipo de inversión.

Se propone disminuir el tiempo para subsanar subejercicios, así como que los recursos derivados de dichos subejercicios puedan ser utilizados en programas e inversiones para afrontar circunstancias económicas o sociales extraordinarias que puedan afectar negativamente a la población.

También se plantea en la iniciativa que los recursos de subejercicios no subsanados durante el actual ejercicio fiscal podrán usarse para compensar parcialmente la disminución en los fondos de estabilización o en el de Apoyo para la Reestructura de Pensiones. Sin embargo, para buscar que no haya subejercicios de recursos en obras y acciones similares a las que se busca impulsar con la presente iniciativa, para luego compensarlas con los recursos del nuevo fondo, en esos casos no aplicaría la compensación a los fondos mencionados.

Con la presente iniciativa se busca realizar una nueva aportación desde el Congreso de la Unión para enfrentar la crisis económica y mitigar su efecto negativo en la población nacional. Se trata de una propuesta inspirada en buena medida en las opiniones de diversos participantes en el foro México ante la crisis: ¿qué hacer para crecer?, organizado por ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Por lo expuesto, y con base en las facultades constitucionales y legales del suscrito, se somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se agrega el artículo 21-Bis, se reforma el último párrafo del artículo 23 y se establecen diversas disposiciones transitorias a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el objetivo de formar un fondo para la inversión y la promoción del empleo ante la emergencia económica

Artículo 21-Bis. Cuando derivado de circunstancias económicas o sociales sea necesaria la aplicación de acciones y programas emergentes con el objetivo de reactivar la economía nacional, fomentar el empleo y combatir la pobreza de la población, se podrá hacer uso para tal efecto de los recursos contenidos en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, en el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, en el Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos, y en el Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones, a los cuales se refiere la presente ley y, en su caso, la Ley Federal de Derechos.

Lo anterior, independientemente de que los fondos mencionados estén o no en el límite de recursos acumulados establecido por la propia ley.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá presentar por escrito informes mensuales detallados a ambas Cámaras del Congreso de la Unión acerca de la aplicación de dichas acciones y programas, así como del uso de los recursos y sus resultados. Para tal efecto, las dependencias y las entidades que apliquen las acciones y los programas a que se refiere el primer párrafo de este artículo deberán entregar a la secretaría la información completa de forma oportuna.

Las acciones y los programas a que se refiere este artículo deberán atender los criterios de eficiencia, eficacia, agilidad en su implantación, y oportunidad, por lo cual las reglas y los lineamientos para su aplicación deberán seguir dichos criterios.

Artículo 23. ...

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Los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y de las entidades que resulten deberán subsanarse en un plazo máximo de 45 días naturales. En caso contrario, dichos recursos se reasignarán a los programas sociales y de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos. En casos extraordinarios, y cuando las circunstancias económicas y sociales lo requieran, dichos recursos podrán ser erogados en acciones y programas para afrontar tales circunstancias con el objetivo de aminorar sus efectos negativos en la población. La secretaría estará obligada a reportar al respecto oportunamente a la Cámara, así como hacerle llegar la información necesaria.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Durante el actual ejercicio fiscal deberán utilizarse parcialmente los recursos acumulados en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, en el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y del Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones a que se refiere esta ley para la formación de un nuevo fondo para la inversión y la promoción del empleo ante la emergencia económica por al menos 25 mil millones de pesos.

Para tal efecto, 50 por ciento de dichos recursos provendrá del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros; 35 por ciento, del Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones; y el restante 15 por ciento, del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.

Del total de los recursos del Fondo para la Inversión y la Promoción del Empleo ante la Emergencia Económica a que se refiere el primer párrafo del presente artículo transitorio, deberán usarse al menos 20 mil millones de pesos para la inversión en obras de mantenimiento e infraestructura social del sector público federal, como la rehabilitación y el mantenimiento de inmuebles del gobierno federal, así como de escuelas y hospitales públicos; la modernización de caminos rurales y alimentadores; obras de drenaje, pavimentación y señalamiento; desmantelamiento de rieles; dragados de mantenimiento de canales; y mantenimiento y reparación de ductos de Petróleos Mexicanos en diversas entidades federativas del país.

La aplicación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior deberá ser adicional y sin menoscabo de la implantación de proyectos de inversión similares ya autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el actual ejercicio fiscal.

Al implantar dichos recursos, los criterios fundamentales para la elegibilidad de los proyectos serán el uso intensivo de mano de obra, la promoción del empleo y la agilidad en su aplicación.

Para completar la aplicación del nuevo fondo se deberán erogar al menos 5 mil millones de pesos para fortalecer y aumentar el alcance y el número de beneficiarios de los programas del gobierno federal para apoyo de las pequeñas y las medianas empresas.

Las reglas de operación para la implantación del nuevo fondo deberán publicarse a más tardar 15 días naturales después de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, y los recursos deberán comenzar su implantación a más tardar en 30 días naturales después de la publicación del presente decreto.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá enviar a ambas Cámaras del Congreso de la Unión informes mensuales específicos y detallados acerca de la aplicación del nuevo fondo a que se refiere este artículo transitorio. Dicha información deberá contenerse también en los informes trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública.

La falta de implantación de los recursos a que se refiere el presente artículo transitorio será considerada falta grave, y sancionada en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como de la presente ley.

Tercero. Durante el presente ejercicio fiscal, los recursos por ser reasignados por subejercicios no subsanados, a lo que se refiere el artículo 23 de la presente ley, podrán utilizarse para compensar parcialmente la disminución en los saldos de los fondos de estabilización y del Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones, derivada de la formación del nuevo fondo a que se refiere el artículo transitorio anterior.

Lo anterior, únicamente cuando dichos subejercicios no sean derivados de la falta de aplicación de inversiones y usos similares a los que se busca implantar con el nuevo fondo.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

ESTADO DE TLAXCALA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del diputado Alberto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Tlaxcala para que sea firmado el Convenio Interestatal integrado por el fideicomiso para la cuarta zona metropolitana Puebla-Tlaxcala.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Tlaxcala a firmar el convenio interestatal e integrar el fideicomiso para la cuarta zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, atendiendo a las siguientes

Consideraciones

En octubre de 2008 presenté un punto de acuerdo con relación a la distribución equitativa de los 150 millones de pesos del Fondo Metropolitano destinados para la cuarta zona metropolitana, que comprende 38 municipios de los estados de Puebla y Tlaxcala, para el ejercicio presupuestal de 2009.

Les recuerdo que con motivo de la presentación y discusión del proyecto de Presupuesto para el Ejercicio de 2009 por parte de la Cámara de Diputados, se presentaron proyectos y programas de los gobiernos federal, estatales y municipales, así como de los órganos autónomos, donde el tema del desarrollo metropolitano fue muy relevante.

Como todos ustedes saben, en los últimos meses se ha hablado con insistencia de la cuarta zona metropolitana, la cual se integra con 38 municipios: 18 correspondientes al estado de Puebla y 20 al de Tlaxcala.

Existe un reconocimiento oficial de dicha zona, pues en el estudio ``Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005'', realizado por la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, se establecen 45 zonas metropolitanas, dentro de las cuales se ubica a Puebla-Tlaxcala con 23 municipios centrales y 15 exteriores.

En los antecedentes vale la pena decir que se calcula que la expansión territorial y poblacional de la zona metropolitana de Puebla y Tlaxcala comenzó en 1940, pero en la última década se acentuó el crecimiento sobre todo en los municipios de San Andrés Cholula, Puebla y San Pablo del Monte, Tlaxcala.

También es importante decir que, de acuerdo con el diagnóstico demográfico elaborado por el Consejo Nacional de Población y el Consejo Estatal de Población del estado de Puebla, presentado en julio de 2008, actualmente la zona metropolitana de Puebla y Tlaxcala está integrada por 38 municipios, donde habitan 2.6 millones de personas.

La estimación de los especialistas es que para el año 2020, es decir, dentro de 11 años, la zona de Puebla y Tlaxcala crecerá en un 18 por ciento, para ubicarse en 3 millones de personas.

Es claro que estos 400 mil habitantes más requerirán servicios públicos e infraestructura suficiente y sustentable, que deben ser planeados adecuada y responsablemente desde ahora.

De acuerdo al artículo 40 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, los criterios que establece el Fondo Metropolitano para acceder a los recursos son muy claros en el sentido de apostar por el desarrollo regional, por la competitividad, el impulso a los proyectos productivos y el desarrollo sustentable de la zona.

En ese sentido es que el pasado mes de septiembre se reunieron los munícipes de la Zona Conurbada Puebla Tlaxcala para tratar los proyectos que permitirán la aplicación de los 150 millones de pesos para ser ejercidos en el año 2009.

De acuerdo con el secretario técnico del Consejo Intermunicipal de la Zona Conurbada del Sur Estado de Tlaxcala, Alberto Cano Cortezano, el presidente de la Comisión Especial Sur-Sureste, el diputado federal del PRD Martín Ramos Castellanos , se ha comprometieron a dar seguimiento puntual de los proyectos que presenten las zonas metropolitanas a partir de su análisis, aprobación, seguimiento, evaluación y auditoría de los recursos que se asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2009.

El pasado 17 de diciembre de 2008 se llevó a cabo una reunión en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, en la que estuvo presente el diputado federal, Obdulio Ávila Mayo , presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la LX Legislatura, y en la que se trataron asuntos relevantes.

Entre ellos cabe destacar que, a pesar de que los participantes en la reunión solicitaron la presencia del gobernador del estado de Tlaxcala, Héctor Israel Ortiz Ortiz, quien envió en su representación al secretario de Gobierno, ingeniero Sergio González Hernández.

Lamentablemente, las expectativas de la reunión no se cumplieron, en virtud de que el Secretario de Gobierno desconoce la agenda, que consiste en el ejercicio de los recursos para los proyectos regionales así como la integración del fideicomiso; el nombramiento de la Secretaría Técnica y la firma del Convenio entre los estados de Puebla y Tlaxcala por los correspondientes gobernadores.

Es indispensable que la Cámara de Diputados intervenga para que el gobernador del estado de Tlaxcala sostenga una reunión institucional con los presidentes municipales de la cuarta zona metropolitana; el presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, diputado Obdulio Ávila Mayo , así como la participación de los diputados federales de Tlaxacala.

Estoy convencido de que todos los legisladores compartimos y reconocemos el interés común por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos mexicanos, poblanos o tlaxcaltecas que forman parte de estos 38 municipios de la cuarta zona metropolitana, por lo que resulta indispensable apoyar y asegurar el ejercicio equitativo de los 150 millones de la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala y, por supuesto, con los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que conlleva el uso de recursos públicos.

Por lo expuesto y fundado, con carácter de urgente resolución, someto ante el Pleno de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobernador de Tlaxcala, Héctor Israel Ortiz Ortiz, a celebrar una reunión institucional y de trabajo, con los 20 municipios de Tlaxcala que forman parte de de la llamada cuarta zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, y se pueda integrar el fideicomiso, se nombre al secretario técnico y se firme el convenio con el gobernador del estado de Puebla.

Segundo. Se exhorta al gobernador de Tlaxcala, Héctor Israel Ortiz Ortiz, a desarrollar una política de inclusión, equidad y transparencia en la aplicación de los 150 millones de pesos autorizados por la Cámara de Diputados para ser ejercidos en el año 2009.

Tercero. Se exhorta a los presidentes municipales de los 20 municipios de la zona sur de Tlaxcala que conforman parte de la cuarta zona metropolitana, y a los diputados federales de Tlaxcala para que garanticen que la reunión se celebre a la brevedad y garanticen un buen término de los mandatos legislativos.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

ESTADO DE TABASCO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Procuraduría General de la Repúblicay a la Auditoría Superior de la Federación, investigue, y en su caso finque responsabilidad por el manejo irregular de recursos destinados a vivienda para la población devastada en el desastre ocurrido en el estado de Tabasco desde octubre de 2007, suscrito por los diputados Rafael Elías Sánchez Cabralesy Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario del PRD.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP, a la SHCP, a la PGR y a la ASF a investigar y, en su caso, fincar responsabilidades respecto al manejo irregular de recursos destinados a vivienda para la población devastada por el desastre ocurrido en Tabasco desde octubre de 2007, suscrita por los diputados Rafael Elías Sánchez Cabrales y Mónica Fernández Balboa , del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados Rafael Elías Sánchez Cabrales y Mónica Fernández Balboa , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Procuraduría General de la República y a la Auditoría Superior de la Federación a investigar y, en su caso, fincar responsabilidades por el manejo irregular de los recursos destinados a vivienda para la población devastada por el desastre ocurrido en Tabasco en octubre de 2007, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones.

Introducción

Es pertinente que se complemente la información con base en la denuncia penal presentada el 22 de octubre ante la PGR, además de ampliar lo que proceda, a fin de desmentir el rechazo manifestado por el gobierno del estado el 23 de octubre.

Lo anterior dará mayor claridad acerca de los manejos irregulares, que implicarían especulación y lucro, además de los delitos planteados en dicha denuncia.

1. Con motivo del desastre iniciado en Tabasco hace doce meses se autorizaron --conforme a los anexos (página 333) del segundo Informe de Gobierno remitido a esta soberanía por el Ejecutivo federal el 1 de septiembre próximo pasado-- recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) con cargo al Ramo 23, ``Previsiones Salariales y Económicas'', para ser ejercidos en dicho estado por montos sin precedente en la historia de nuestro país, con excepción de los recursos invertidos en el Distrito Federal con motivo de los sismos de 1985.

Para el Fondo de Reconstrucción de Tabasco se asignaron 7 mil millones de pesos; al fondo revolvente del Fonden le fueron otorgados recursos adicionales para diversos requerimientos de los estados de Tabasco, Chiapas, Veracruz, Hidalgo y Quintan Roo por un total de 5 mil 710 millones de pesos, sin precisar lo correspondiente a cada entidad federativa; finalmente, por donativos para Tabasco y Chiapas, 150 millones de pesos, sin que tampoco se aclare cuánto a cada uno de estos dos últimos estados.

Está pendiente que se informe --de manera pormenorizada-- acerca del destino real de estos montos millonarios, por rubro (infraestructura hidráulica, escuelas, caminos rurales, carreteras, producción agropecuaria, adquisición de costales, viviendas, entre otros) y por municipio.

En el caso de vivienda cabe señalar que, en su segundo Informe de Gobierno de 2008, la Secretaría de Desarrollo Social reportó un total de 89 mil 671 viviendas dañadas por dichas inundaciones.

2. El 14 de diciembre de 2007 el gobierno estatal y la Comisión Nacional de Vivienda suscribieron un convenio de colaboración mediante el cual se asignaron 350 millones de pesos para adquirir y urbanizar suelo apto y edificar 2 mil 500 viviendas para beneficiar a algunas familias afectadas por las inundaciones de octubre y noviembre de ese año. Una de las cláusulas establecía que se daría preferencia a empresarios tabasqueños, sin embargo, en el caso de los terrenos donde se situa el fraccionamiento Gracias México, el cual se ha inundado en dos ocasiones este año a causa de las lluvias y la deficiente infraestructura con que cuenta; cabe mencionar que el gobierno estatal operó con la empresa de Campeche Suministros del Carmen, la cual está constituida como sociedad mercantil, y que en abril de 2008 compró terrenos con un precio de 500 pesos por hectárea, vendiéndolos al gobierno del estado en mil 500 pesos por hectárea. Dicha empresa cuenta entre sus socios con José Alberto de la Rosa Santamaría, Ana Cecilia Ramírez Rosaldo y Antonio Espinosa.

Hay evidencias de que el gobierno de Tabasco benefició en diversas operaciones inmobiliarias a Sociedad Suministros del Carmen, persona moral que obtuvo ganancias superiores a 143 millones de pesos, dado que adquirió predios por 102 millones de pesos el 22 de abril de este año, vendiéndolos posteriormente al gobierno estatal por un monto de 246 millones de pesos. Dicha compra-venta involucra al secretario de Finanzas del estado (José Sáinz Pineda), el secretario de Asentamientos Humanos (en los textos leídos solamente aparece ``Asentamientos'') y Obras Públicas (Héctor López Peralta), al ex director del Instituto de Vivienda de Tabasco (Ariel Cetina), al contralor (Roger Pérez Evoli) y el ex director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Carlos Javier Gutiérrez). La transacción fue hecha por Abraham Cupil Córdova, quien pagó la cantidad de 102 millones de pesos para comprar los terrenos referidos, siendo que se trata de un prestanombres que vive pobremente en la comunidad Lomitas, de Nacajuca.

3. Con la información anterior, y precisando diversos detalles respecto a las diversas operaciones de compra venta, el 22 de octubre de 2008 legisladores estatales y federales de Tabasco presentaron denuncia ante la Procuraduría General de la República, argumentando que, entre otros delitos, los funcionarios aludidos cometieron los de ejercicio abusivo de funciones, fraude, lavado de dinero, evasión fiscal y tráfico de influencias.

4. Al día siguiente el gobierno estatal afirmó que adquirió --entre febrero y julio de 2008-- cinco predios con una superficie total de 169.4 hectáreas en la zona del corredor urbano Parrilla-Playas del Rosario, en el municipio de Centro, con un valor de 239.4 millones de pesos, donde se edificarán 9 mil viviendas, reiterando que la operación se hizo ``legal, transparente y con apego a los lineamientos respectivos, con el aval del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras); al mismo tiempo, aseveró que la parte vendedora cumplió todos los requerimientos en cuanto a derechos de propiedad y valor comercial del suelo.

Los funcionarios estatales omiten informar a la opinión pública que la empresa Sociedad Suministros del Carmen disponía de información exacta acerca de la localización de los inmuebles objeto de las operaciones irregulares aquí denunciadas, tampoco informan acerca de los recursos que permitieron a dicha empresa adquirir los cinco predios, ni se aclara suficientemente lo relacionado con el diferencial entre los precios de compra y de venta.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a proceder con sujeción a derecho en la investigación del caso y, en su caso, finque las responsabilidades a que haya lugar y proceda a aplicar las sanciones respectivas por el manejo irregular de recursos destinados a vivienda.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público coadyuven con las investigaciones necesarias para reportar puntual y detalladamente las probables irregularidades materia de este punto de acuerdo.

Tercero. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que analice el ejercicio de todos los recursos asignados para la reconstrucción de Tabasco --con motivo del desastre asociado con las inundaciones ocurridas durante octubre-noviembre de 2007-- que ascienden a miles de millones de pesos. (Ver el segundo párrafo del punto 1 de los antecedentes y fundamentación del punto de acuerdo), así como los recursos utilizados en la compra-venta de terrenos.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Función Pública.

CRISIS ECONOMICA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es el de proposiciones con punto de acuerdo. Se recibió del diputado Eduardo Martínez Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal que informe sobre los resultados derivados de la aplicación del decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto en la administración pública federal.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal que informe sobre los resultados de la aplicación del decreto que establece medidas de austeridad y disciplina del gasto en la administración pública federal y decrete un programa integral que comprenda acciones de ahorro para enfrentar la crisis económica mundial, a cargo del diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe Hugo Eduardo Martínez Padilla , diputado federal a la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 4 de diciembre de 2006 el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto en la administración pública federal, en el cual se determina generar ahorros por 25.5 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2007, por concepto de la reducción del 10 por ciento a los salarios del presidente de la república, los secretarios y subsecretarios de Estado, oficiales mayores, titulares de Unidad, y los de los puestos equivalentes en las dependencias y entidades paraestatales.

Lo anterior generaría ahorros por 105 millones de pesos de los conceptos siguientes: de la reducción del 2 por ciento del presupuesto de servicios personales, se generarían ahorros de 8 mil 397 millones de pesos; por los ahorros en la contratación de seguros institucionales, se generarían 2 mil 20 millones de pesos; y por la reducción del 5 por ciento del presupuesto de operación, se generarían ahorros de 15 mil millones de pesos.

En este contexto, las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la administración pública federal, junto con las medidas fiscales y las participaciones asociadas, generarían ahorros para el ejercicio fiscal 2007 por 42.9 mil millones de pesos, que se canalizarían a gastos en programas prioritarios en materia de salud, desarrollo social, educación, economía, medio ambiente, laboral, seguridad pública, lucha contra las adicciones y al Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas mayores recursos para satisfacer las necesidades de la población, en específico para los programas sociales, y para el combate a la delincuencia y preservar la seguridad nacional.

Asimismo, el Ejecutivo federal anunció en dicho decreto que enviaría al Congreso de la Unión una iniciativa para regular las percepciones a las que los funcionarios públicos tienen derecho, así como para transparentar las mismas. El dictamen se encuentra ``reservado'' por el Grupo Parlamentario del PAN en la Comisión de Puntos Constitucionales, y ahora más que nunca, al enfrentar una crisis económica mundial sin precedentes, urge que sea aprobado.

Por otra parte, con motivo de la alza en los precios de los productos agrícolas, el aumento de los hidrocarburos en el mundo y la utilización del maíz para la producción de etanol, el 25 de mayo de 2008 el Ejecutivo federal dio a conocer el Programa de Apoyo a la Economía Familiar, en el cual se incorporan medidas de austeridad como el reducir en uno por ciento tanto el gasto de operación como el de los servicios personales de las dependencias federales, distintas de las responsables de la seguridad pública.

Actualmente, ante el escenario económico prevaleciente a nivel mundial, es necesario instrumentar un programa integral que contenga medidas de austeridad en el uso y manejo de recursos públicos federales con el objeto de reducir el gasto corriente de la administración pública federal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita respetuosamente al titular del Ejecutivo federal entregue, a través de la Secretaría de la Función Pública, un informe detallado que precise los resultados por cada una de las acciones instrumentadas en las dependencias y entidades de la administración pública federal sujetas al decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto en la administración pública federal, implementado a partir del año 2007 y de las medidas de austeridad del Programa de Apoyo a la Economía Familiar con un informe del destino final de los recursos públicos reasignados.

Segundo. Se exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo federal a instaurar, mediante decreto Presidencial, un programa integral que comprenda medidas de austeridad en la administración pública federal para enfrentar la crisis económica mundial reduciendo con ello el gasto corriente de la administración pública federal para favorecer a los sectores sociales más desprotegidos.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

EXPLOTACION LABORAL INFANTIL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Socialy del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para que generen campañas de vigilancia en contra del abuso y la explotación laboral infantil, y políticas públicas que permitan garantizar los derechos de los niños.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la STPS y del DIF a generar campañas de vigilancia contra el abuso y la explotación laboral infantiles, y políticas públicas que garanticen los derechos de los niños, a cargo del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por medio del cual se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a que generen campañas de vigilancia contra el abuso y la explotación laboral infantil, y generen políticas públicas que permitan garantizar los derechos de los niños.

Exposición de Motivos

La niñez mexicana en los últimos años se ha visto afectada por la creciente ola de pobreza que ha impactado a toda la sociedad; sin embargo, es importante mencionar que la alta migración de familias del campo a la ciudad ha generado un problema en cuestión laboral, ya que existen ocasiones que la falta de educación y de oficio urbano de las cabezas de familias provocan que a falta de ingresos, sean los mismos padres quienes envían a sus hijos menores a buscar trabajo para generar algún tipo de ingreso.

Esto genera un anillo de pobreza aún mayor, en las periferias de las grandes ciudades, y merma la calidad de vida de las personas.

Por lo anterior, en México se sigue obligando a millones de niños a trabajar, y son sometidos a labores extremas e ilegales, mal remunerados y sin garantías de salud. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) estima que en 2002, 3.3 millones de niños entre los 6 y los 14 años trabajaban.

Según el Inegi 25.5 por ciento de los niños que trabajan no estudian. Es por ello que el estudio El trabajo infantil en México, 1995-2002, del mismo instituto, publicado en 2004, dejar ver que los estados del país con mayor incidencia de infantes trabajando son Chiapas, Campeche, Puebla y Veracruz, donde la tasa de trabajo infantil es de entre el 29 y el 22.4 por ciento de la población entre 6 y 14 años. Por el contrario, en Chihuahua, Nuevo León, Distrito Federal, Baja California y Coahuila las tasas son de entre 8.3 y 6.7 por ciento.

Es necesario actualizar la información disponible sobre la magnitud del trabajo infantil en México, y emprender la adopción de políticas públicas para su erradicación; así como incorporar el tema en los programas de combate a la pobreza; que debe convertirse en una prioridad para el gobierno mexicano, que tiene la responsabilidad de garantizar que los niños menores de 14 años no trabajen.

Cada año, aproximadamente 300 mil niños abandonan sus comunidades de origen para emigrar con sus familias a otras entidades del país en búsqueda de trabajo e ingresos. Muchos de ellos tienen que trabajar en los campos desde muy jóvenes para solventar el gasto de sus hogares.

Es por ello que resulta de suma importancia que las instituciones directamente relacionadas con el tema de la explotación laboral infantil tomen cartas en el asunto, y que, además de hacer campañas de vigilancia y exhortar a empresas y particulares a erradicar esta problemática en México, generen, en base a sus propias atribuciones, políticas públicas que permitan más y mejores cuidados a la niñez mexicana, y los protejan conforme a la Constitución y los acuerdos internacionales que México ha adoptado.

Por tal virtud, someto a consideración del pleno el siguiente

Exhorto

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a que generen campañas de vigilancia contra el abuso y la explotación laboral infantil, y que generen políticas públicas que permitan garantizar los derechos de los niños.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Atención a Grupos Vulnerables.

DERECHOS HUMANOS DE INMIGRANTES

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió del diputado José Luis Aguilera Rico---que hoy cumple años--- del Grupo Parlamentario de Convergencia, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que emita una carta diplomática al gobierno de Estados Unidos de América, para detener la violación a los derechos humanos de los inmigrantes mexicanos.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir una carta diplomática al gobierno de Estados Unidos de América para detener la violación de los derechos humanos de inmigrantes mexicanos, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, José Luis Aguilera Rico , diputado federal del Grupo Parlamentario de Convergencia, integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La historia sobre la inmigración ilegal hacia Estados Unidos, forma parte del fenómeno de la globalización. Es importante iniciar el análisis sobre los problemas fundamentales que recientemente han modificado la migración ilegal hacia el país del norte, los nuevos problemas que presentan las sociedades migrantes son cada vez realidades difíciles, ya que el principal hecho es la violación a sus derechos; sin embargo, pareciera que éste es un fenómeno reciente, de una época contemporánea, pero históricamente podemos identificar ese problema desde el término del programa bracero, en 1964.

Las sociedades migrantes funcionan como organismos funcionales dentro de sociedades diversas, sus mecanismos de coerción facilitan la integran de nuevos migrantes, que se da por medio de las redes sociales, claro está, con intereses diversos en el momento de la integración en un nuevo país. Los migrantes ilegales como grupos sociales son los más vulnerables como consecuencia de la desigualdad, y, a la vez, son víctimas de la discriminación, principalmente en los países receptores de migrantes.

La defensa de las sociedades migrantes se encuentra dentro de los derechos de las personas, en la Declaración de los Derechos Humanos, firmada en 1948, y cuya importancia radica en la especificación en materia de los derechos del hombre, entre sus congéneres y entre otras sociedades a las que se integra cuando realizan desplazamientos, ya sea por trabajo o por situaciones políticas, como los exiliados. Esta declaración engloba aspectos tanto civiles como políticos, económicos y desde luego sociales, ante todo se declara el concepto de libertad y el rechazo total hacia la discriminación.

La Declaración de los Derechos Humanos es equiparable a la establecida en la ONU en 1945, encausadas a la resolución y respeto de las personas cuando deciden emigrar a algún país. Estos procesos forman parte de los hechos históricos de las sociedades o grupos migrantes, al igual éste constituye uno de los derechos y principios de los ciudadanos en materia jurídica.

La violación a los derechos humanos contempla conceptos como la discriminación, racismo, violencia domestica a las mujeres y xenofobia. Sólo en tiempos muy recientes, para ser exactos el 1 de julio de 2003, entró en vigor la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familias (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, mesa redonda sobre migración, www.oacdh.org).

Jurídicamente, el inmigrante que llegue a tierra estadounidense debe ser tratado con respeto como cualquier ciudadano, sin importar su calidad migratoria, simplemente por el hecho de ser humano, el Estado tiene que garantizarle el máximo respeto a su derechos; sin embargo, sólo hasta décadas recientes se ha manifestado la preocupación por los migrantes en este sentido, la preocupación va encaminada al reconocimiento de sus derechos, ya que el aumento de casos es alarmante, en cualquiera de sus múltiples casos de violación.

Existe una realidad que hay que considerar, se ha buscado la aplicación del derecho internacional para los derechos humanos en relación con los migrantes indocumentados; sin embargo, los acuerdos y notificaciones firmadas en la ONU; es decir, las resoluciones en los múltiples casos a las violaciones de los derechos humanos, no han sido firmadas por los Estados Unidos, por lo que se habla de un desacuerdo general en cuanto al trato a los migrantes mexicanos, no hay regla o ley que obligue a las autoridades estadounidenses a firmar un acuerdo para el respeto a éstos.

Desde este punto de vista del Derecho Internacional, ello debe de ser considerado desde dos aspectos importantes: el primero es con base en el derecho convencional internacional, que se refiere a los acuerdos que firman los estados miembros de la OEA (Organización de los Estados Americanos), en función de las prioridades sociales; ahora bien, este tipo de derecho está reconocido por Estados Unidos, pero es difícil que éste reconozca su aplicación.

Por su parte, el derecho consuetudinario no se encuentra firmado en ningún documento, es simplemente por la costumbre, así como por prácticas ya antiguas en la aplicación de un derecho, y a la vez éste es reconocido como obligatorio, es decir, se cumple lo ya establecido, pero a la vez existe un problema en cuanto al derecho consuetudinario internacional, ya que al no estar plasmado en documentos, los especialistas en derecho convencional no pueden determinar cuáles son las prácticas permitidas, y cuáles no; no existe un acuerdo en cuanto a la aplicación de derechos humanos, por esta vía.

Por su parte, Estados Unidos, a pesar de que es en su territorio donde se firman la mayor parte de acuerdos y resoluciones de la ONU en materia de derechos, y a sabiendas que es en su territorio donde ocurren estos delitos, el gobierno estadounidense no firma acuerdos para la buena aplicación de leyes y reglas que permitan el buen trato a los trabajadores indocumentados.

La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares es una muestra clara de que no fue reconocida por los Estados Unidos; se firmo por la ONU en 1990; esta convención fue importante en función de que se reconocieron a los trabajadores migratorios, pero no solo a ellos, sino que se incluyeron a sus familias, dado que el carácter de la migración ha cambiando determinantemente, la familia constituye en este caso el factor clave, en cual el Estado debe de garantizarle seguridad no importando su calidad migratoria. Otro aspecto a considerar es el papel que ha desempeñado la Organización Internacional del Trabajo, ya que propone la igualdad de trato para los trabajadores sin importar su calidad migratoria; por tal, éstos deben de gozar de los mismos derechos que los migrantes legalizados, la ilegalidad no debería ser un obstáculo para el buen trato de los inmigrantes, por lo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya mencionada da el reconocimiento legal a nivel internacional a los trabajadores migratorios.

La Organización Internacional del Trabajo tiene una importante relación en materia de derechos humanos, ya que sus primeros análisis acerca de los derechos de los trabajadores migratorios los podemos ubicar en 1920; no es un hecho actual, sus funciones se encuentran en materia de seguridad para los trabajadores de acuerdo con los países expulsores de inmigrantes, y también en función del respeto a estos como trabajadores migratorios, por la nación receptora que en este caso es Estados Unidos, y otra función es asegurar los derechos humanos. Pero fue hasta 1974 cuando se firmó un convenio sobre la violación y condición de los trabajadores migratorios (ver resolución 32/120, 1977, de la Asamblea General de las Naciones Unidas: ``Medidas para mejorar la situación y garantizar el respeto de los derechos humanos y la dignidad de todos los trabajadores migratorios'').

Es también hasta 1978 cuando la ONU especifica la difícil situación de los migrantes transnacionales, y de los constantes abusos y arbitrariedades, pero este incluyó a las familias, dado que los patrones migratorios cambiaron considerablemente. A raíz de la asamblea de 1978, y de la preocupación sobre inmigrantes, se crea un año después la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias, pero es aprobada hasta la década de 1990, la importancia de ésta es que actualmente es el organismo que señala la valides de los derechos humanos para los trabajadores migrantes a nivel internacional.

Dentro de los derechos de que deben gozar los inmigrantes no importando si son ilegales o no, son la libertad religiosa, igualdad ante los tribunales, servicio médico, educación para los hijos, respeto a la cultura de éstos, libertad de expresión, derecho sobre las deportaciones, a un buen trato en su campo de trabajo, así como a un salario justo (ver resolución 32/120, 1977, de la Asamblea General de las Naciones Unidas: ``Medidas para mejorar la situación y garantizar el respeto de los Derechos Humanos y la dignidad de todos los trabajadores migratorios'').

Todo lo anterior nos indica que la migración sigue siendo el fenómeno más complicado, por los múltiples factores que la integran, las nuevas características de la migración han empezado a cambiar el panorama, la participación indefinida tanto del gobierno norteamericano así como de México, y el continuo acecho sobre los migrantes, los han llevado a buscar alternativas más complejas de inmigración. La vía ilegal, sigue siendo la más recurrente, y los abusos a los inmigrantes siempre van en aumento, la frontera México-Estados Unidos de igual manera sigue siendo el escenario en donde se presentan los mayores abusos a los inmigrantes por parte de la patrulla fronteriza, así como de grupos xenofóbicos.

Ante las condiciones económicas que prevalecen en México muchos quieren cruzar la frontera a Estados Unidos de América, para así obtener un mejor nivel económico. Pero muchas de las veces eso trae consecuencias terribles, porque en lugar de encontrar mejores condiciones para la familia, lo que encuentran es la muerte en el intento de cruzar al ``otro lado''.

Esta situación es terrible, y tan sólo en el recién terminado año 2008, de 700 mil mexicanos que emigraron en busca de empleo, 725 murieron. Hablamos de casi más de 2 por día, siendo ésta una terrible situación para las personas que se van en busca de mejores oportunidades por la falta de oportunidades en sus lugares de origen. Y debido a que la cifra de mexicanos que intentan cruzar es elevada, la frontera México-Estados Unidos se ha convertido no sólo en la más vigilada del mundo, sino el mayor cementerio de migrantes.

Un reportaje recopilado por el periódico El Siglo , de Torreón, del 12 de mayo de 2008, en relación con la nota del diario estadounidense The Washington Post, narra:

``Los (indocumentados) detenidos tienen menos acceso a abogados que los presos por asesinato en prisiones de alta seguridad, y algunos tienen menos comodidades que los sospechosos de terrorismo de Al Qaeda en la bahía de Guantánamo, en Cuba'', agregó.

Pero los indocumentados ``no son terroristas'', añadió el periódico, ``la mayoría son hombres y mujeres trabajadores y jornaleros a quienes se les ve como amenazas a la seguridad nacional'', enfatizó el diario estadounidense.

El rotativo dijo que su investigación descubrió ``un mundo oculto de erróneos juicios médicos, de faltas administrativas'' en el que los indocumentados detenidos viven ``un mundo de atención médica aletargada, o atención pobre, o ninguna atención del todo''.

El reportaje menciona los casos de varios mexicanos como el de Juan Guevara Lozano, de 21 años, a quien las autoridades dejaron morir de aneurisma cerebral al recetarle solamente el medicamento comercial Tylenol.

También se refirió al caso del mexicano Víctor Alonso Arellano, de 23 años, quien murió sin que le pudieran detectar una meningitis tratada tardíamente con simples antibióticos.

Otro mexicano, Juan Guillermo Guerrero, de 37 años, pereció de asfixia en custodia sin poder recuperar medicamentos que le quitaron al ser arrestado y sin lograr que lo deportaran para conseguir la medicina en México.

También se refirió al mexicano Martín Hernández Banderas, de 40 años, a quien el año pasado deportaron cuando, sin atención, la diabetes imponía que le amputaran una pierna.

El Post se refiere a varios casos de muertes por padecimientos cardiacos que pudieron evitarse si tan sólo les hubieran administrado simples aspirinas.

Hay cuatro enfermeras sin asesoría de médicos evaluadores, quienes en horario burocrático en una oficina atienden solicitudes por fax de atención médica de detenidos en todo el país, unos 311 mil presos, informó el diario.'' (sic)

Es nuestra obligación como legisladores representar los intereses de los ciudadanos y no podemos cerrar los ojos ante tanta infamia que se comete en contra de los mexicanos, que si bien es cierto están de manera ilegal en el vecino país del norte, también es cierto que tienen todo el derecho de un trato digno, hay que poner un alto a la brutalidad policial americana, que no repara en garantías individuales ni en derechos humanos y el hecho de que se consagra a perseguir a inocentes.

El abuso y atropello de que son objeto cotidianamente los connacionales en el país vecino y la inaceptable política de persecución que el gobierno estadunidense --autodenominado defensor mundial de los derechos humanos y la legalidad-- puso en marcha hace más de una década confirma su papel como principal violador de las garantías individuales dentro y fuera de su territorio y demuestra, al mismo tiempo, el empecinamiento en desconocer un fenómeno inherente a las sociedades humanas y que en la actualidad se ve acentuado por una economía global impulsada desde Washington, generadora de grandes asimetrías económicas, promotora de la movilidad de capitales y fuentes de empleo, y cuya consecuencia inevitable es el flujo de personas de un país a otro, en busca de las condiciones mínimamente dignas que sus lugares de origen les niegan.

El unilateralismo de la política migratoria de Estados Unidos es inaceptable, como lo son las muertes derivadas precisamente de las políticas de control migratorio, las múltiples violaciones a los derechos humanos, las deportaciones, las redadas, el asedio permanente y racista contra los mexicanos indocumentados. No son delincuentes, son trabajadores. Es inaceptable una política migratoria que trata a los indocumentados en Estados Unidos como delincuentes a través de las acciones de gobierno, que presentan a los indocumentados como criminales a través de la televisión. Son inaceptables los crímenes de odio. La migración es un asunto binacional y debe ser tratado como tal, es un asunto que atañe la brutal asimetría entre los dos países, es un asunto que atañe a millones de mexicanos aquí y allá.

En mérito de lo expuesto, hago un atento llamado al presidente de la República Mexicana, Felipe Calderón Hinojosa, para que, en cumplimiento de las atribuciones que conforme a derecho tiene, emita carta diplomática al gobierno de Estados Unidos de América para que detengan la ola de violencia en contra de los inmigrantes mexicanos, que viola flagrantemente los derechos humanos de nuestros compatriotas.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Unidos Mexicanos, el suscrito pone a consideración de este Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, a emitir carta diplomática al gobierno de Estados Unidos de América para detener la violación a los derechos humanos de los inmigrantes mexicanos.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

ESCASEZ DE AGUA POTABLE

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió del diputado Diego Cobo Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer ante las comisiones, a los directores generales de la Conagua y del organismo de cuenca Aguas del Valle de México, para que informen sobre la escasez de agua potable en la zona metropolitana del valle de México; asimismo se exhorta a la Profepa a que presente las denuncias ante la autoridad del agua, a fin de que se apliquen sanciones a los beneficiarios de pozos clandestinos que operan en elDistrito Federaly elEstado de México.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer ante comisiones a los directores de la Conagua y del organismo de cuenca Aguas del Valle de México para que informen sobre la escasez de agua potable en la zona metropolitana; y se exhorta a la Profepa a presentar denuncias ante la autoridad del agua, a fin de que se sancione a los beneficiarios de pozos clandestinos que operan en el Distrito Federal y en el estado de México, a cargo del diputado Diego Cobo Terrazas , del Grupo Parlamentario del PVEM

Diego Cobo Terrazas , diputado integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta proposición con puntos de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

México es un país semiárido: 67 por ciento de las lluvias mexicanas cae entre junio y septiembre. Si promediamos, el país recibe unos 711 mm de lluvia cada año; no es mucho comparado con otros países. En México llueve cada vez menos: de 1994 a la fecha ha llovido menos del promedio histórico anterior.

La zona metropolitana del valle de México (ZMVM), que se integra por las 16 delegaciones y los 29 municipios mexiquenses conurbados, padece duros estiajes año con año, que se deben no sólo a la falta de lluvias sino a factores como el mal uso del líquido, fugas en la red de distribución de hasta 35 por ciento, pozos clandestinos, y sequías en las fuentes de abastecimiento.

El agua potable que abastece a la ZMVM se obtiene de distintos sitios: del sistema Cutzamala, con 16 metros cúbicos por segundo, de pozos del Gobierno del Distrito Federal, del estado de México y pozos municipales para satisfacer los 64 metros cúbicos por segundo que demandan los 20 millones de personas que viven en la ZMVM y que, cabe agregar, cada una consume 300 litros de agua al día.

Recientemente, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que las siete presas ¹ que surten al sistema Cutzamala registran baja captación y están a 65 por ciento de su capacidad total. Frente a esa situación, por primera vez en la historia del valle de México se espera enfrentar la actual temporada de estiaje con un programa de ahorro.

La medida que la Conagua ha implantado consiste en la suspensión del suministro durante tres días de cada mes, de una de las dos líneas de tuberías del sistema Cutzamala, con lo cual se suministraría al valle de México 50 por ciento del volumen durante tres días.

Esta política de la Conagua es reactiva, no preventiva, que no atiende las causas reales del problema. De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, la carestía del agua potable aumentará significativamente en los próximos años: tan sólo para 2010 la demanda adicional crecerá 18 metros cúbicos por segundo para la ZMVM, pues se estima que la población ascenderá a 21 millones de habitantes que solicitarán la infraestructura o la dotación de agua potable. Además, gran parte de esta demanda será de nuevos asentamientos humanos en suelo de conservación.

El director general del organismo de cuenca Aguas del Valle de México reconoce que las fugas, de 35 por ciento del agua potable, generan un déficit de 147 millones de metros cúbicos al sistema Cutzamala; también ha dicho que de las presas del sistema ``no se puede sacar más agua, y se necesitan otras alternativas''. En el corto plazo, la Conagua quiere transportar más agua desde Temascaltepec, Tula, Tecolutla, o Mezquital en niveles de cuatro metros por segundo. ²

La alternativa que estudia la Conagua no atiende la raíz el problema; de hecho, pretende agudizarlo, pues la falta del líquido se debe a una política equivocada en el manejo del líquido, que ha olvidado que éste es un recurso natural no renovable.

La mala planeación y la indolencia de la Conagua han ocasionado una situación sin retorno, que pudo preverse con mucha anticipación. Las fugas y los pozos clandestinos ³ han sido un problema no atendido por más de 30 años, igual que la falta de cultura del agua.

Uno de los objetivos estratégicos del organismo de cuenca Aguas del Valle de México es prevenir los riesgos derivados de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos y atender sus efectos. Dado el posible escenario de largo plazo de escasez de agua y el consiguiente desabasto, el Partido Verde presenta estos puntos de acuerdo para conocer las acciones que derivan de este objetivo estratégico. En otras palabras, ¿qué políticas de gestión integrada de recursos hídricos impulsará la Conagua para maximizar el bienestar social equitativamente de los habitantes de la ZMVM sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales?

El Partido Verde ha propuesto diversas políticas de gestión integrada de los recursos hídricos, entre las que se encuentran la protección de los ecosistemas que generan el agua para consumo humano, la captación de agua de lluvia, tarifas diferenciadas en el cobro del liquido y protección del suelo de conservación de la ZMVM, que es el sitio donde se alcanza mayor filtración del agua. Estas propuestas atienden a los problemas planteados, pero no han sido tomadas en cuenta por la Conagua.

No obstante el elevado presupuesto federal con que cuenta la Conagua, no deja de ser una tentación aumentar los precios del agua en bloque porque en el Distrito Federal se requiere cambiar o reparar alrededor de 13 mil kilómetros de tubería, con un costo de 1 millón 200 mil pesos por kilómetro. ⁴

En un comunicado de prensa de la Conagua, ⁵ el ingeniero José Luis Luege Tamargo señaló que los siete acuíferos incorporados en la cuenca del valle de México (zona metropolitana de la Ciudad de México, Cuautitlán-Pachuca, Chalco-Amecameca, Texcoco, Soltepec, Tecocomulco y Apan) registran una extracción promedio de más del doble de la capacidad de la recarga natural.

Dijo que el caso más grave de sobreexplotación es el acuífero de Texcoco, el más crítico del país, debido a que la extracción supera en 800 por ciento su recarga media anual, pero también se tienen niveles de sobreexplotación muy serios en los acuíferos de Cuautitlán-Pachuca y de Chalco-Amecameca.

Esta declaración nos lleva a reflexionar sobre la ineficacia de las políticas de manejo del agua y sus fatales consecuencias. El director general de la Conagua informa de manera negligente sobre esta crítica situación, pero no establece compromisos respecto a nuevas políticas de gestión integrada de los recursos hídricos para atender este problema, que se irá agudizando con el tiempo. Simplemente acordó la medida de supresión de suministro con los gobiernos del Distrito Federal y del estado de México.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pone a consideración del Pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se cita al director de la Comisión Nacional del Agua, ciudadano José Luis Luege Tamargo, y al director general del organismo de cuenca Aguas del Valle de México, ciudadano Efrén Villalón, a comparecer ante las Comisiones de Medio Ambiente, de Recursos Hidráulicos, y de Desarrollo Metropolitano para que, en el marco de la gestión integrada de los recursos hídricos, informen detalladamente sobre las acciones que emprenderán para hacer frente a la actual y futura escasez de agua potable en la zona metropolitana del valle de México, así como sobre las estrategias de comunicación y promoción de cultura del agua.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad del agua, a fin de que se apliquen las sanciones correspondientes a los beneficiarios de pozos clandestinos que operan en el Distrito Federal y en el estado de México.

Notas: 1 Presas Tuxpan y El Bosque, en Michoacán; e Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo, Chilesdo y Colorines, en el estado de México.2 Juan Carlos Machorro. ``Crisis de agua no vista en décadas'', en Mi ambiente, número 683, 1 de febrero de 2009, México, DF, página 2.3 Se estima que hay 900 pozos clandestinos en el Distrito Federal y mil 350 en el estado de México. Fuente: Juan Carlos Machorro. ``Crisis de agua no vista en décadas'', op. cit., página 3.4 Juan Carlos Machorro. ``Crisis de agua no vista en décadas'', op. cit., página 3.5 Conagua. Comunicado de prensa número 013-09.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

CINEMATOGRAFIA EN MEXICO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió del diputado Carlos Alberto Torres Torres, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que otorgue estímulos económicos y facilidades para fomentar las inversiones cinematográficas nacionales e internacionales en México.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a otorgar estímulos económicos y facilidades para inversiones cinematográficas nacionales e internacionales en México, a cargo del diputado Carlos Alberto Torres Torres , del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, Carlos Alberto Torres Torres , diputado federal a la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Hoy que nos enfrentamos a un panorama económico mundial adverso debemos dirigir nuestros esfuerzos a proyectos que puedan aportar a México derrama económica y empleos bien remunerados.

Este es el caso de la industria fílmica, que incluye la realización de películas, programas de televisión, documentales, anuncios promocionales y otras producciones audiovisuales.

Esta industria representa una fuente de ingresos muy importante para cualquiera de las localidades que son seleccionadas para grabar, pues comúnmente traen consigo una considerable derrama económica acompañada de un efecto multiplicador en la economía del lugar, alrededor de la oferta de servicios que incluye hospedaje, alimentos, transporte, entre otros, sin contar el alto valor publicitario que eso tiene para la entidad donde se producen; y, por supuesto, la generación de empleos, que si bien son temporales, reciben una excelente remuneración.

Uno de los ejemplos por excelencia en nuestro país es lo ocurrido en 1996, cuando en los estudios de Baja California se filmó la película Titanic, una de las más costosas en la historia del cine mundial; según datos de la Secretaría de Turismo de Baja California, en esa ocasión dicha entidad gozó de una derrama económica de 130.2 millones de pesos, lo que representó un 4 por ciento de la economía turística estatal en ese año, colaborando con la creación de tres mil ciento dos empleos.

El ejemplo se repitió siete años después, cuando en 2002 el estado volvió a ser seleccionado para otra superproducción: Capitán de mar y tierra; según la estadística de la Comisión de Filmaciones del Estado de Baja California, en 180 días de rodaje se generaron 308 empleos, se obtuvieron 36 mil 500 cuartos/noche de hotel y se tuvo una derrama económica de 35 millones de dólares.

También se han presentado filmaciones en otras entidades, como sucedió en Veracruz, con Apocalypto , película de ficción que en la que se recreó parte de la civilización maya, en la que en 8 meses de grabaciones, provocó una derrama de 30 millones de dólares; o cuando se filmó en Morelos, Puebla y la ciudad de México la película En el punto de mira , en cuatro meses se obtuvieron 20 millones de dólares y se crearon 700 empleos.

Un estudio realizado por el Gobierno de Baja California nos indica el efecto multiplicador en la economía y, de cada millón de dólares invertido, puede ir de 3 a 7 veces la inversión realizada. Como ejemplo claro se establecen los más de 3.5 millones de dólares invertidos durante 2008 en la entidad, generando un efecto multiplicador en la economía de más de 11 millones de dólares; un valor publicitario que supera los 13 millones de dólares y la creación de más de mil empleos bien remunerados.

Si bien no podemos dejar pasar, junto al renovado interés de las autoridades cinematográficas mexicanas por impulsar el cine mexicano, la decidida participación del Congreso de la Unión y la colaboración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la que en los últimos 6 años se ha logrado incrementar el número de películas mexicanas realizadas, pasando de 17 largometrajes producidos en 2003, a 57 en 2008.

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano de Cinematografía, México recibe anualmente entre 3 y 5 producciones cinematográficas extranjeras importantes al año, cantidad insuficiente si consideramos la cercanía y la sociedad comercial con Estados Unidos, uno de los países productores de cine y televisión más importantes del mundo.

El crecimiento económico de un país está relacionado directamente con el capital humano, la fuerza laboral y, por ende, la capacidad productiva del mismo, lo cual a su vez se ve reflejado en el nivel de empleo, el nivel salarial y el bienestar de los ciudadanos. Por tanto, resulta indispensable y necesario para cualquier país crear las condiciones propicias para el desarrollo de nuevas empresas y la atracción de inversión extranjera.

Y es que la situación del mercado internacional de la cinematografía ha cambiado en los últimos años, la situación de recesión económica en los Estados Unidos ha provocado que las grandes productoras de películas así como las grandes cadenas de televisión, busquen condiciones óptimas para realizar sus producciones al más bajo costo posible. Muchos estados de la Unión Americana así como otros países han desarrollado esquemas muy agresivos de estímulo para atraer esas producciones a sus localidades.

Estos países y estados han implementado una serie de incentivos fiscales y económicos, desregulaciones y simplificación de trámites que han permitido que producciones cinematográficas muy grandes e importantes los hayan elegido. De esta manera, la ciudad de Vancouver, Canadá, genera 1 Billón de dólares anuales por la producción extranjera cinematográfica que recibe; el estudio cinematográfico conocido como Ciudad de la Luz, de Alicante, España, y recientemente inaugurado en 2004, genera en promedio una derrama económica de 100 millones de euros al año por las filmaciones que ahí se realizan; y quizá el ejemplo más importante que no puedo dejar de mencionar es el caso de Nueva Zelanda, donde hasta hace más de 10 años, antes del Señor de los anillos, casi no se producía cine y hoy en día recibe anualmente más de 1 billón de dólares en producciones internacionales.

El común denominador de los ejemplos anteriores es la formulación de proyectos de desarrollo de la industria fílmica, bajo esquemas legales y reglas muy claras, inteligentemente diseñadas para ser atractivas a las producciones, pero pensadas para beneficiar considerablemente a su economía.

Así pues, debemos proponer un esquema económico más ambicioso que esté a la altura de la competencia por la inversión cinematográfica a nivel mundial.

De esta manera, en virtud de lo expuesto y con base en los artículos 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Con el objetivo primordial de atraer inversión y fomentar la producción de cintas cinematográficas y televisivas en nuestro país, se exhorta al poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a elaborar un estudio sobre la viabilidad y las repercusiones económicas de la implementación de un paquete de estímulos fiscales para las compañías cinematográficas y televisivas extranjeras que decidan realizar filmaciones en México, cumpliendo con la normatividad correspondiente y comprobando mediante los documentos establecidos en el Código Fiscal de la Federación, los gastos de consumo correspondientes a la filmación.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, a desarrollar un programa empresarial que tenga por objeto fomentar y facilitar la puesta en marcha de estudios cinematográficos que faciliten la grabación de películas y series televisivas en distintos estados de nuestro país, teniendo como base la simplificación y desregulación de trámites generando el incentivo para la atracción de inversión y el crecimiento económico de nuestra nación.

Tercero. Se exhorta al poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Turismo, a realizar una campaña de promoción al interior y al exterior de nuestro país, con el objetivo principal de difundir la existencia de centros fílmicos ubicados a lo largo del territorio nacional y fomentar la visita turística a éstos, en particular en los estados de Baja California, Durango, Veracruz y la Ciudad de México.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Economía, y de Turismo.

ESTADO DE MEXICO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió del diputado Jesús Alcántara Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicoy de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, inicien los trabajos para evaluar la factibilidad de construir un puerto interior en elEstado de México.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a iniciar mediante la SHCP y la SCT los trabajos para evaluar la factibilidad de construir un puerto interior en el estado de México, a cargo del diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez , del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Jesús Alcántara Núñez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos, somete a consideración de la soberanía proposición con punto de acuerdo fundada en los siguientes antecedentes y consideraciones.

Antecedentes

Los procesos de desarrollo en el país no pueden desvincularse de los vertiginosos avances mundiales en materia de intercambios comerciales y producción industrial. Nuestro país, principalmente, ahora que atraviesa una crisis de amplia magnitud debe reforzar las tareas destinadas a la creación de áreas de producción industrial y de intercambio económico que alienten la inversión nacional y extranjera y que faciliten los procesos comerciales e industriales con otras naciones y con la misma plataforma interna.

El estado de México cuenta ya con un nivel de infraestructura tal en múltiples órdenes que hacen no sólo factible sino necesaria la construcción de un puerto industrial interno en la entidad, lo cual beneficiaría no sólo al estado sino al país entero y que aprovecharía la amplia experiencia mexiquense en desarrollos industriales.

La creación de infraestructura para el desarrollo en nuestro país ha representado un reto continuo. Así, promover proyectos que refuercen el camino hacia la modernidad implica priorizar inversiones destinadas a incrementar la capacidad productiva de todas las regiones de nuestra nación.

Desarrollar infraestructura y modernizar aquellas zonas con un potencial económico evidente, implica también la unión de esfuerzos e inversiones de la iniciativa privada y de gobierno. Teniendo como resultado la creación de más y mejores condiciones para asegurar un bienestar social para la mayoría de la población y un crecimiento económico sustentable implementando políticas públicas eficientes.

Explotar el potencial económico del estado de México representa crear y consolidar los actuales desarrollos en la entidad. La gama de proyectos para lograrlo es amplia, sin embargo, la creación de un puerto interior representa una opción viable para el desarrollo socioeconómico.

Consolidando la actual infraestructura de parques industriales, carreteras, aduana interior y posición estratégica, la construcción de un puerto interior en el estado de México (puerto interior mexiquense, PIM) unificaría en un solo centro logístico los diferentes elementos empresariales y gubernamentales que ya han hecho de la entidad, de acuerdo a datos del Inegi, la segunda entidad federativa con mas contribución al producto interno bruto (PIB) nominal de la República Mexicana en 2006.

Así pues, esta proposición presentará la opción para el desarrollo que un puerto interior en el estado de México simboliza. Para efectos prácticos, está divido en diferentes secciones que van desde la descripción de la terminología utilizada en un puerto interior, las condiciones de superficie necesarias (tomando en cuenta el ejemplo del puerto interior de Guanajuato) y el efecto socioeconómico esperado.

I. Aduana interior

Es una oficina o institución fiscal que registra el tráfico internacional de mercancías que se importan o exportan hacia y desde un país en concreto y cobra los impuestos correspondientes.

Para el caso particular del puerto interior mexiquense, la aduana interior de Toluca alternaría con la creada dentro del puerto, o se crearía una aduana específica dentro del PIM.

II. Recinto fiscalizado (almacén fiscal)

Conocido también como zona franca, es un régimen aduanero que permite hasta por dos años la introducción de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas para su manejo directo con el respectivo pago de impuestos o cuotas compensatorias, entre otros beneficios.

III. Parque industrial

Agrupa industrias de distinta índole. Es una zona cuyas características benefician la actividad económica de las empresas ahí establecidas. Para el puerto interior mexiquense se aprovecharían los numerosos parques industriales de la zona de Toluca y Atlacomulco.

IV. Terminal ferroviaria

Es una terminal (comúnmente intermodal: agrupa distintos medios de transporte) que facilita la interconexión e intercambio de mercancías con el autotransporte, el aeropuerto y el ferrocarril, para así bajar costos de operación, mejorar tiempos de entrega e incrementar la seguridad de las mercancías transportadas.

V. Terminal aérea

Es una terminal que complementa los servicios de transporte terrestre e interconecta las mercancías desde un transporte aéreo a uno terrestre y viceversa. El PIM aprovecharía las instalaciones, la cercanía y beneficios del aeropuerto internacional de Toluca.

VI. Zona de servicios logísticos

Es una zona de servicios de soporte a la actividad económica del puerto interior. Tales servicios son hoteles, restaurantes, gasolineras, oficinas de agentes aduanales, bancos, paraderos, etcétera. Como ejemplo de este tipo de servicios, tenemos la zona aledaña al aeropuerto internacional de Toluca, que se está desarrollando al máximo para dar mejor servicio a la actividad del aeropuerto.

Superficie necesaria para desarrollar un puerto interior

Las condiciones de superficies varían de acuerdo al tráfico esperado de mercancías y empresas usuarias del puerto, sin embargo, el ejemplo del puerto interior de Guanajuato nos muestra una superficie superior a las mil hectáreas, de las cuales sólo el 50 por ciento se está utilizando en la primera fase. Para el PIM hay extensas zonas que pueden ser utilizadas para este fin.

Beneficios inmediatos del puerto interior mexiquense

Creación de empleos. Por ejemplo, referente al puerto interior de Guanajuato, sólo en el parque industrial Santa Fe, el cual está dentro del anterior, prevé crear 10 mil empleos directos y 10 mil empleos indirectos, de acuerdo a datos proporcionados por Guanajuato.

Otro de los beneficios del PIM es la modernización de la zona donde se desarrolle el proyecto, así como del área geográfica cercana.

Asimismo, se espera que la productividad de la zona y del estado de México puedan beneficiarse incrementando su capacidad. Al aumentar la operación comercial e industrial de la entidad se incrementaría su contribución al valor monetario y de producción de servicios (PIB) del país.

Por otro lado, el puerto interior mexiquense representaría un nuevo punto de interconexión entre los canales de transportación terrestre y la creación de nuevas vías ferroviarias que darían servicio a la entidad.

Finalmente, el PIM incrementaría la competitividad de las empresas establecidas en el estado de México, ya que abarataría considerablemente los costos dentro de su cadena de suministro y les permitiría reinvertir esos ahorros en mejorar sus procesos productivos.

Ubicación tentativa

El municipio de Acambay cuenta con una ubicación estratégica para interconectar el corredor industrial de Atlacomulco con las vías de comunicación terrestre, ya sean carreteras y ferrocarril de la Ciudad de México y de los estados aledaños. Su ubicación, interconectividad, existencia de mano de obra calificada, clima y características geográficas lo hacen ideal para construir el PIM.

Respecto a la mano de obra, la cercanía de Acambay con otras zonas del estado de México se muestra atractiva para movilizar personas de un lugar a otro en un tiempo relativamente corto.

Inversión realizada en otros puertos interiores

El único puerto con las características propuestas para el puerto interior mexiquense es el puerto interior de Guanajuato. Este último tiene una inversión de más de mil 500 millones de pesos distribuidos de la siguiente manera:

Cabe mencionar que el proyecto del GPI (Guanajuato puerto interior) ha logrado captar a dos años de su establecimiento inversiones cercanas a los mil millones de dólares, de los cuales 740 millones de dólares se captaron de la empresa fabricante de neumáticos Michelin y se esperan crear más de mil 300 empleos directos para la entidad como resultado de la inversión.

El monto de las inversiones, así como la importancia de este puerto seco, le ha permitido al GPI establecer alianzas con otros puertos secos o interiores, particularmente el localizado en la Dallas, Texas.

Consideraciones

En mérito a lo expuesto y fundado, solicito atentamente la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes que inicien cuanto antes los estudios presupuestales, técnicos, de factibilidad y cualquier otro necesario para la creación del puerto interior en el estado de México, en el municipio de Acambay, remitiendo los resultados a esta soberanía.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Transportes.

ESTADO DE MEXICO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió del diputado Jesús Alcántara Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a que, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, implante planes emergentes en elEstado de Méxicopara propiciar la inclusión de jóvenes en la oferta laboral y prevenir el desempleo en ese sector.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer mediante la STPS planes urgentes en el estado de México para propiciar la inclusión de jóvenes en la oferta laboral y prevenir el desempleo entre éstos, a cargo del diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez , del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Jesús Alcántara Núñez , diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos; somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, fundada en los siguientes antecedentes y consideraciones.

Antecedentes

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Estado de México tiene desempleado el 11 por ciento de la fuerza laboral con formación superior, con edades entre los 20 y 25 años. Son jóvenes que están esperando la oportunidad de insertarse en el mercado económicamente activo y que han terminado satisfactoriamente su preparación técnica o universitaria.

Un número importante de ellos son convocados al trabajo gracias a los planes que actualmente pone en marcha el gobierno estatal, pero la cantidad de jóvenes que no pueden acceder a un empleo formal en la entidad se incrementa cada vez más.

Sabemos que son tiempos de contracción económica, que no se cumplirá el compromiso de crecimiento que ofreció el entonces candidato Felipe Calderón; sabemos que la crisis afectará la creación de nuevas fuentes de trabajo y que contribuirá a la desaparición de muchas más; es por ello que solicito a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal que diseñe planes de emergencia para que el estado de México no continúe con el avance de la tasa actual de desempleo, que registró un incremento de nueve puntos en sólo un trimestre, al pasar de 4.5 a 5.8 por ciento.

Los tiempos actuales demandan una mayor corresponsabilidad. El gobierno del estado de México ha lanzado varios proyectos con los que se pretende apoyar a los jóvenes recién egresados, a fin de facilitar su ingreso al espectro laboral; sin embargo, es necesario que el Ejecutivo federal, mediante la dependencia correspondiente, implemente acciones decididas, en la esfera de su competencia, para propiciar que no solamente los jóvenes profesionistas encuentren empleo, sino que también lo hagan aquellos que por cualquier razón han decidido no continuar sus estudios superiores.

En la medida en que apoyemos el desarrollo de los jóvenes mexicanos, estaremos apoyando al desarrollo de México.

En mérito de lo expuesto y fundado, solicito atentamente la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que diseñe, a la brevedad, planes emergentes para el Estado de México, a fin de propiciar la inclusión de jóvenes en la oferta laboral y prevenir el desempleo en ese sector.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

ESTADO DE MEXICO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió del diputado Jesús Alcántara Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a que, a través de la Sagarpa, libere los recursos contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 para elEstado de México, a fin de reducir los efectos negativos de la crisis económica en el campo mexiquense.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a liberar mediante la Sagarpa los recursos considerados en el PEF de 2009 para el estado de México, a fin de reducir los efectos negativos de la crisis económica en el campo, a cargo del diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez , del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Jesús Alcántara Núñez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, fundada en los siguientes

Antecedentes

La crisis económica que estamos experimentando amenaza con llevarnos a un grado de postración tal que la recuperación será lenta y dolorosa, especialmente para los sectores marginados o que más necesitan de apoyos gubernamentales. El campo mexicano, desde hace más de una década, demandante urgente de recursos líquidos y de programas de sostén que lo ayuden a sobrevivir, es el sector que más necesita de nuestro apoyo.

No podemos permitir que el Ejecutivo federal pretenda establecer tiempos a modo para la liberación de los recursos que más demandan las zonas rurales mexicanas. Este es un año electoral, muy difícil, y se prevé más complicado aún por la crisis económica que ya está presente, cuyos efectos perniciosos ya estamos experimentando. No podemos quedarnos cruzados de brazos cuando nuestros campesinos demandan a gritos los recursos que les permitirán cruzar este primer semestre, ya no digamos estabilizarlos para que salven el año.

Es por ello que urgentemente solicito que se exhorte al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que libere inmediatamente todos los recursos destinados a programas del campo; que emita de inmediato todas las reglas de operación faltantes de los programas rurales, para que los beneficiarios puedan saber los requisitos; que flexibilice los mismos a fin de que más campesinos puedan acceder a ellos, y que aplique de inmediato los presupuestos destinados a su dependencia y a las delegaciones federales para que el dinero empiece a fluir.

Dejemos de lado por el momento la falta de visión con la que el gobierno federal diseñó el programa especial concurrente para este año. No hay una estrategia sólida para que el campo se consolide como el eje articulador del desarrollo nacional y sustento de la soberanía alimentaria de México. No hay planes claros para lograr la sustitución de importaciones, seguimos dependientes del exterior, aun en lo referente a granos básicos. Los subejercicios el año pasado fueron cosa común y corriente, y las excusas, lo mismo de siempre. También la discrecionalidad del titular de la agricultura para la aplicación de los recursos a las entidades federativas fue algo usual.

Ya nos ocuparemos en mi grupo parlamentario de ello. Por ahora, solicito urgentemente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que, de inmediato, dé inicio a la aplicación de los presupuestos para el campo. El riesgo de no hacerlo así está ya encima de nosotros, y él puede contribuir enormemente a disminuir un poco, sólo un poco, las grandes penurias y limitaciones que experimenta ahora el campo nacional.

En mérito a lo expuesto y fundado, solicito atentamente la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que libere en forma inmediata los recursos contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 y en el Programa Especial Concurrente para el estado de México, a fin de reducir los efectos negativos de la crisis económica en el campo mexiquense.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

ESTADO DE GUERRERO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió del diputado Víctor Aguirre Alcaide, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad, a que regule los cobros excesivos de luz que atañen a los municipios indígenas de la montaña en Guerrero.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de la CFE a regular los cobros excesivos de luz en los municipios indígenas de La Montaña, Guerrero, a cargo del diputado Víctor Aguirre Alcaide, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Víctor Aguirre Alcaide, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante el Pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Comisión Federal de Electricidad ( CFE) es un organismo descentralizado de la administración pública federal que tiene como objeto la planeación del sistema eléctrico nacional. Entre sus funciones están las de generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica, teniendo como obligación cumplir lo dispuesto en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y demás ordenamientos aplicables.

La CFE comprendida en la zona de La Montaña, Guerrero, tiene la problemática de excesivos cobros que aparecen en los recibos de luz y que está sucediendo en todo el territorio mexicano, es una situación que perjudica a los ciudadanos económicamente, pues reciben estas cifras estratosféricas para realizar su pago en menos de 24 horas y por una cantidad que asciende a mil pesos o más y se presenta desde hace varios años.

En la región de La Montaña se encuentran algunos de los municipios más pobres del país y de Latinoamérica, además de ser propiamente zonas indígenas donde conviven mixtecos, nahuas y tlapanecos, que se dedican en su mayoría a la actividad agrícola de autoconsumo, con lo que obtienen escasos ingresos económicos, lo cual se traduce en la ausencia de aparatos eléctricos en la vivienda.

Es decir, de las viviendas que concentran los municipios más pobres de dicha región (41 mil 725), 38 por ciento dispone de algún bien material electrónico, como televisión, radio, refrigerador o lavadora; 60 por ciento no dispone de algún bien material electrónico; y 2 por ciento no especificó, según datos del INEGI a 2005. Entre los municipios que más sufren de dicho abuso de la CFE y que no cuentan con aparatos electrónicos se encuentran Acatepec, con 90.9 por ciento; Cochoapa el Grande, 91.3; Tlacoapa, 75.4; y Zapotitlán Tablas, con 79.8 por ciento. En las zonas indígenas, las viviendas están constituidas de uno a dos cuartos, lo que significa que el número de focos no asciende a más de 3 por vivienda.

Como legisladores, es nuestro deber coadyuvar al desarrollo de México, impulsando una economía sólida basada en la competitividad y que reduzca las asimetrías sociales persistentes.

La fracción II del artículo 4 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica señala que la venta de energía eléctrica corresponde a la CFE, con tarifas que aprueba la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Según cifras oficiales, el sistema eléctrico atiende a alrededor de 25 millones de usuarios, con un abastecimiento interno que se incrementa a niveles superiores al crecimiento del país.

Considerando los niveles de consumo actual, resulta indispensable reducir los elevados costos de la energía eléctrica doméstica, pues muchas veces sobrepasa la capacidad económica de los hogares más necesitados.

En cuanto a la fijación de las tarifas eléctricas, si bien es importante considerar el efecto creado por los continuos cambios climáticos en la república, también se deben tener en cuenta las zonas calificadas como de alta y muy alta marginación, en un intento por fortalecer el combate de la pobreza que tanto impulsa el Partido de la Revolución Democrática.

El cobro de las tarifas es desmedido en municipios indígenas como Tlapa, Xalpatláhuac, Atlamajalcingo del Monte y Malinaltepec, Guerrero, por mencionar algunos; tienen esta problemática desde hace varios años, y han tratado de solucionar con funcionarios de la CFE, pero hasta el momento no han tenido solución.

Los recibos de luz ascienden desde mil hasta 2 mil pesos, mas en sus casas sólo cuentan con dos o tres focos. Además, carecen de aparatos eléctricos, ya que son indígenas de muy bajos recursos.

Por lo expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a regular los cobros excesivos de luz que atañen a los municipios indígenas de La Montaña, en Guerrero.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Energía.

OPERACIONES BANCARIAS EN MONEDA EXTRANJERA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y de la Condusef, informen sobre la legalidad de las operaciones bancarias en moneda extranjera realizadas por las instituciones bancarias.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar mediante la SHCP, la CNBV y la Condusef sobre la legalidad de las operaciones realizadas en moneda extranjera por las instituciones bancarias, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Héctor Manuel Ramos Covarrubias , diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A finales de 2008, algunas de las entidades financieras nacionales decidieron suspender la compra-venta de dólares en una decisión que afecta de manera sustancial el ingreso de divisas al país, además de representar una fuga de capitales silenciosa que perjudica la actividad económica nacional.

Para agravar esta situación, desde enero del presente año HSBC y BBVA Bancomer dejaron de entregar dólares a sus clientes que tienen cuentas en dólares y sólo entregan pesos al tipo de cambio del día en que se lleva a cabo la operación. Igualmente, han tomado la medida de pagar en moneda nacional todos los cheques que sean expedidos en dólares por alguno de sus clientes dentro o fuera de nuestro país.

La decisión tomada por estas instituciones bancarias de únicamente realizar operaciones en ventanilla en moneda nacional, afecta de manera muy significativa el desarrollo de la actividad económica y el intercambio comercial que se da en la franja fronteriza de nuestro país con Estados Unidos, lo anterior debido fundamentalmente al hecho de que estas economías se encuentran altamente dolarizadas, razón por la cual se torna inoperable el intercambio comercial fronterizo, además de influir negativamente en la competitividad del sector productivo y de servicios de la región; de igual manera, repercutirá directamente en la paridad cambiaria agravando la presión cambiaria del peso con la concebida devaluación del mismo.

Al respecto, cabe hacer mención que la decisión de permitir las cuentas en dólares para los residentes fronterizos obedeció a la necesidad que tienen dichos ciudadanos de contar con acceso a los dos monedas, de este modo la medida tomada unilateralmente por dichas instituciones afectan el desenvolvimiento cotidiano de estas economías locales.

Asimismo, es importante señalar que el condicionamiento de entregar pesos en lugar de dólares, implican un alto costo para el ciudadano o empresario que debe forzosamente cumplir obligaciones en dólares, lo anterior debido al desfase que existe entre el precio en que le compra el banco respecto del precio al que él debe comprarle a la casa de cambio; razón que resulta a todas luces injusta en perjuicio de los ciudadanos que, sin aviso de por medio, se ven obligados a soportar esta situación, la cual ha generado el descontento y la incertidumbre por parte de los usuarios financieros de la frontera norte. Dicha práctica constituye, a decir de los expertos, una fuga de capitales que pone en graves problemas la estabilidad macroeconómica del país.

Lo anterior, aunado al hecho de que se pronostica una caída en la captación de divisas por la contracción de las exportaciones, la baja del precio internacional del petróleo, la disminución significativa en el monto de las remesas que envían nuestros connacionales que trabajan en Estados Unidos y la baja considerable en el arribo de turismo extranjero, podrían afectar mayormente la volatilidad cambiaria del peso en perjuicio del poder adquisitivo de todos los mexicanos.

De no ser tomadas las medidas oportunas, se corre el riesgo de que otras instituciones bancarias decidan reproducir las políticas adoptadas por estos dos bancos, lo cual aunado a la crisis global provocaría el colapso de la economía nacional.

Como ya señalé, el panorama en cuestión de captación de divisas no es muy halagüeño para el 2009, por lo que se hace urgente y necesario que las autoridades competentes tomen las medidas necesarias para vigilar el buen actuar, en materia cambiaria, de los agentes financieros nacionales.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a informar a esta soberanía a través de las Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el esquema dentro del cual operan las instituciones bancarias que manejan cuentas en moneda extranjera.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a informar a esta soberanía a través de las Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros sobre el esquema bajo el cual operan las instituciones bancarias que manejan cuentas en moneda extranjera, y a investigar la legalidad de la práctica adoptada por algunos establecimientos financieros de entregar únicamente moneda nacional en las operaciones realizadas con dichas cuentas.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

FARMACODEPENDENCIA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Saludy a los secretarios de Salud de las entidades federativas y delDistrito Federal, a que implanten programas para prevenir el consumo de narcóticos; así como para brindar tratamiento y rehabilitación a la población que padece farmacodependencia.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los secretarios de Salud federal y de las entidades federativas a implantar programas para prevenir el consumo de narcóticos, y brindar tratamiento y rehabilitación a los farmacodependientes, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal del Partido Revolucionario Institucional a la LX Legislatura, en nombre de las diputadas de este mismo grupo parlamentario, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La palabra ``adicto'' remite a la antigua Roma, en donde cuando un sujeto no podía pagar una deuda entregaba su vida como adicto, es decir, como esclavo. De este modo, salía de su condición de deudor entregando su libertad como pago. Igual destino de esclavitud tiene quien recurre a los narcóticos, en la ilusión de superar debilidades o flaquezas, en lugar de liberarse o independizarse, se vuelve dependiente de los mismos.

La farmacodependencia es un complejo problema de salud pública, cuya atención no sólo debe considerar el aspecto de la salud mental, sino también las características culturales y sociales del entorno actual, toda vez que la farmacodependencia es un fiel reflejo de las incongruencias, deficiencias o limitaciones de las estructuras sociales de un país. La atención a la farmacodependencia debe ser considerada como un problema complejo de salud pública para los sistemas de salud en México.

El uso y abuso de sustancias adictivas constituye un complejo fenómeno que tiene consecuencias adversas en la salud individual, en la integración familiar y en el desarrollo y la estabilidad social. Las sustancias adictivas lesionan el bienestar y la salud de la población.

A los impactos negativos que el abuso y la adicción representan para el bienestar de las familias y de la comunidad en general deben agregarse otros que afectan a la sociedad en su conjunto, como los accidentes, los problemas de salud mental, el ausentismo en las tareas productivas que requiere el país y los servicios de salud que deben crearse y mantenerse para brindarles atención terapéutica.

Aunque en la actualidad toda la sociedad está expuesta a las drogas, hay grupos más vulnerables que otros a sufrir consecuencias negativas de su uso, como los niños y los jóvenes, quienes pueden truncar su posibilidad de desarrollo personal y de realizar proyectos positivos de vida.

Un elemento que aparece muchas veces en los pacientes adictos es la recurrencia al delito como medio de conseguir narcóticos o dinero para adquirirlas. Es decir, se establece una modalidad psicopática y narcisista por excelencia, donde cuenta exclusivamente la necesidad del farmacodependiente, sin importar la seguridad e integridad de la población en general.

La sociedad en su conjunto es cada vez más sensible a este grave problema. La coordinación con las Secretarías de Salud de las entidades federativas en las tareas de reducción de la demanda es labor central de la Secretaría de Salud federal. Ese esfuerzo conjunto, de la federación y los estados, sin duda nos permitirá avanzar en el control de este problema.

El consumo de drogas está en aumento, no sólo como práctica de experimentación sino también en el uso actual que se asocia al consumo regular. En cualquier periódico, diariamente se pueden leer noticias relacionadas con las drogas, su tráfico ilegal y su consumo.

La Quinta Encuesta Nacional de Adicciones 2008 reveló que en México el consumo experimental de drogas se incrementó, en tan sólo seis años, 28.9 por ciento al pasar de 3.5 a 4.5 millones de personas, siendo los niños y jóvenes los que se encuentran bajo la mira de bandas de narcotraficantes. ¹

Por otra parte, los adolescentes de entre 12 y 17 años de edad tienen más riesgo de adquirir alguna adicción, según los resultados de dicha encuesta nacional, de donde también se desprende que la marihuana es la droga ilegal de mayor consumo entre la población mexicana, al pasar de 3.8 por ciento en 2002 a 4.4 por ciento en 2008. En segundo lugar está la cocaína, que desplazó a los inhalables al crecer de 1.3 por ciento a 2.5 por ciento en ese mismo periodo. Asimismo las anfetaminas, crack y heroína muestran una tendencia importante de crecimiento. ²

Ante esta problemática, es posible deducir las necesidades que tiene el país en materia de atención, pues sin incluir tabaco y alcohol, existen 464 mil 386 personas que requieren atención especializada, cuatro millones 58 mil 272 necesitan intervenciones breves y el 80 por ciento de la población requiere de algún tipo de prevención universal para drogas.

Uno de los aspectos más preocupante que reveló la Quinta Encuesta Nacional de Adicciones 2008 fue la alta disponibilidad de las drogas para los adolescentes. Hasta 43 por ciento de los jóvenes de entre 12 y 25 años de edad está expuesto a ellas. De éstos, la mitad llega a consumir la sustancia de manera experimental, 13 por ciento de manera frecuente y 2 por ciento de los hombres, y 1.2 por ciento de las mujeres llegan a niveles de dependencia. ³

Lo más nuevo en el consumo de drogas, según el estudio, es la propagación de la cocaína, el crack y las metanfetaminas con varias combinaciones. En 1998, este consumo se registraba regularmente sólo en Tijuana y Baja California, pero hoy en día, estos químicos se consumen especialmente entre los jóvenes, en más de 100 ciudades de todo el país. Del total de adictos sólo 16 por ciento ha acudido o acude a tratamiento.

Respecto de las mujeres, la encuesta destaca que si bien para ellas es menor la exposición, cuando consumen lo hacen igual que los varones, y en los pasados seis años el uso de drogas aumentó a mayor velocidad entre la población femenina con respecto a los hombres, y de hecho se duplicó, al pasar de 0.9 a 2 por ciento, lo que se traduce en aproximadamente 800 mil mujeres que alguna vez en la vida han consumido enervantes. En tanto, en la población masculina el incremento fue de 15 por ciento, al pasar de 7.99 a 9.2 puntos porcentuales. ⁴

Asimismo, se determinó que cuando el padre de familia usa drogas es 4.4 veces más probable que su hijo también lo haga. La probabilidad sube a 4.6 si se trata del hermano, y hasta 10 veces si es un amigo. Sobre la edad de quienes utilizan drogas, se tiene que el 90 por ciento de los usuarios inició su consumo antes de cumplir los 26 años de edad. La mitad de quienes han consumido marihuana lo hizo por primera vez antes de los 18 años, y en el caso de la cocaína, 32 por ciento de los entrevistados señalaron que se iniciaron con ella antes de esa edad. ⁵

Mención especial, merece el contenido del artículo 199 del Código Penal Federal, en el que se refiere que el Ministerio Público o la autoridad judicial del conocimiento, tan pronto como se enteren en algún procedimiento de que una persona relacionada con él es farmacodependiente, deberán de informar de inmediato a las autoridades sanitarias, para los efectos del tratamiento que corresponde; toda vez que en el campo de la realidad social lo anterior no acontece de manera eficaz, ya que las autoridades sanitarias difícilmente realizan dicho tratamiento médico, lo que seguramente se constata con la falta de las constancias de tratamientos a los adictos al consumo de narcóticos, así como los resultados de los mismos.

En razón de todo lo antes expuesto, se hace necesario implantar políticas de investigación, prevención, tratamiento, capacitación y normatividad, para un combate eficaz al consumo de narcóticos. Se requieren políticas públicas con amplio alcance, para llegar a toda la población y apoyar a los jóvenes, las familias, las escuelas y las comunidades, las cuales permitan a los afectados abandonar su dependencia, ya que el consumo de drogas, representa un camino seguro hacia la muerte.

Por lo anterior, propongo a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al secretario de Salud del gobierno federal y a los titulares de las Secretarías de Salud de las entidades federativas y del Distrito Federal a implantar, en el ámbito de sus respectivas competencias, programas para prevenir el consumo de narcóticos; así como para brindar tratamiento y rehabilitación a la población que padece farmacodependencia.

Notas:1 http://www.milenio.com/node/8212 http://www.milenio.com/node/836203 http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=3867154 http://www.jornada.unam.mx/2008/09/19/index.php?section=politica amp; article=003n1pol5 Ibídem.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Salud.

HORARIO DE VERANO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió del diputado Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energíay al Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, a homologar los horarios de verano para los estados fronterizos con el horario de verano de Estados Unidos de América.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener y al Fideicomiso para el Ahorro de Energía a homologar con el estadounidense los horarios de verano de las entidades federativas fronterizas, a cargo del diputado Cruz Pérez Cuéllar , del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal licenciado Cruz Pérez Cuéllar , integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El horario de verano se usó por primera vez durante la Primera Guerra Mundial, cuando países como Australia, Inglaterra, Estados Unidos y Alemania lo aplicaron con el fin de conservar los energéticos fósiles, sumamente escasos en ese tiempo, al reducir las necesidades de iluminación eléctrica en las casas habitación. ¹

Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una época de aplicación desordenada que originó diversas reacciones. Los agricultores, que generalmente se guían por la luz del sol para realizar sus actividades, resintieron inconveniencias al tener que realizar sus intercambios comerciales con horarios diferentes y se manifestaron en contra del mantenimiento del horario de verano. Por su parte, los transportes terrestres y aéreos sufrieron trastornos al mantenerse diferencias en los horarios entre ciudades, lo que impedía establecer itinerarios consistentes. ²

El horario de verano es una medida que consiste en adelantar el reloj una hora durante la parte del año en la que se presenta la mayor insolación. En nuestro país se estableció a partir de 1996. ³ Con ello se busca aprovechar más la luz solar en la tarde y noche para disminuir el consumo de energía eléctrica que se utiliza en los hogares y en las empresas.

Para el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, el horario de verano ofrece ventajas ya que el país es altamente dependiente de combustibles fósiles para la generación de electricidad y su uso afecta al medio ambiente.

Además, la población infantil puede aprovechar mejor la hora extra de luz de la tarde que la de la mañana; las condiciones de luz que se presentan en las mañanas durante la mayor parte del horario de verano son muy similares a las que se presentan en invierno; México se ha abierto a la competencia económica mundial, y el horario de verano es una medida importante en la frontera norte. ⁴

A seis años de la aplicación del horario de verano, se han dejado de arrojar a la atmósfera más de diez millones de toneladas de contaminantes, lo cual tiene un efecto positivo sobre la protección al ambiente. Gracias a la reducción de la demanda de energía eléctrica durante las horas pico, se difieren permanentemente inversiones por más de 6 mil millones de pesos. ⁵

Asimismo, con el horario de verano se ha evitado la erogación de subsidios que el gobierno aporta con el fin de apoyar al consumo de los hogares.

``Un beneficio importante para los industriales, resultado de la aplicación de la medida, es la reducción del período de aplicación de las tarifas ``de punta'' para usuarios que demandan más de 100 kilovatios por el horario de verano, al modificarse la demanda máxima coincidente por entrar una hora más tarde la carga correspondiente a la iluminación en los hogares, se redujo de tres a dos horas el periodo 'de punta'. En otras palabras, los industriales operan una hora más en la tarde en la tarifa intermedia.'' ⁶

El impacto energético por la aplicación del horario de verano, se puede desglosar en ahorro de energía y en disminución de la demanda máxima coincidente en el sistema eléctrico nacional.

A lo largo del tiempo se han ido homologando condiciones con respecto al horario de verano entre diversas regiones, entre ellas la de la zona de la frontera norte, que han buscado con ello favorecer el comercio, el transporte, las operaciones financieras y en general facilitar las actividades humanas.

Sin embargo, y pese a ser enormes los beneficios del horario de verano, México, desde 2007, mantiene la aplicación de este horario de verano sólo por siete meses, mientras que Estados Unidos lo hace por ocho meses desde el 11 de marzo al 4 de noviembre.

Esto ha generado serias problemáticas y confusiones para quienes residen en los estados de la frontera norte de nuestro país, principalmente en las ciudades fronterizas, por ese desfase de 4 semanas al cambiar a horario de verano y de una semana al cambiar al de invierno, notándose claramente en el transporte, cruce de mercancías operaciones financieras y operaciones de la industria maquiladora.

En la frontera norte, desde hace varios años, los desfases de horarios provocaron la inconformidad de miles de usuarios que tienen que cruzar a diario de un país a otro para desempeñar sus actividades educativas y laborales, además de la afectación a operaciones comerciales binacionales.

Como se puede apreciar los beneficios que se reciben por la aplicación del horario del verano representan más beneficios y oportunidades en las regiones en donde se aplican. Sin embargo, el desfase que existe entre los Estados Unidos de América y las zonas fronterizas del país generan trastornos a la población que repercute en lo social y en lo económico, principalmente, sobre todo lo que representa las exportaciones de la industria maquiladora y de empresas relacionadas con el comercio exterior, pilar de la economía de estas zonas.

Ante ello, se hace apremiante que el legislativo actúe y realice un llamado a las instancias involucradas en el tema del horario de verano con el fin de que se homologuen los horarios de estas zonas con el de los Estados Unidos de América y así se conserven e incrementen los beneficios que la aplicación de esta medida ofrece.

Por lo expuesto y fundado en los puntos anteriores, el suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, somete a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Energía y al Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica a proponer, en el ámbito de sus respectivas competencias, propongan la homologación de los horarios de verano para los estados de la frontera norte con el horario de verano de Estados Unidos, ampliando de esta manera su aplicación de 7 a 8 meses y que éste empiece a surtir efecto en el siguiente periodo de aplicación para 2009.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Energía y al Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica a informar a estas soberanía, a través de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, sobre las medidas a desarrollar e implantar con el fin de dar cumplimiento al resolutivo primero.

Notas: 1 González Báez, Conti. ``En las redes del tiempo. El horario de verano''. Cápsula 245 del 31 de Marzo de 2007.http://www.radioredam. com.mx/grc/homepage.nsf/main?readform & url=/grc/redam.nsf/vwALL/XPAO-6ZXL7A2 Ídem.3 Ídem.4 El Siglo de Torreón. ``Se acostumbran al horario de verano''. 4 de abril de 2004. http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/81863.se-acostumbran-al-horario-de-verano.html5 Universidad Nacional Autónoma de México. ``Horario de verano y ahorro de energía''. http://apuntes.rincondelvago.com/horario-de-verano-y-ahorro-de-energia.html6 Ídem.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Energía.

ESTADO DE CHIAPAS

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la Secretaría de Energía, a que implanten una tarifa preferencial para el consumo doméstico de energía eléctrica en Chiapas.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Gobierno de la CFE, y a los titulares de la SHCP y de la Sener que implanten en Chiapas una tarifa preferencial para consumo doméstico de energía eléctrica, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, en nombre de las diputadas de este grupo parlamentario, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El descubrimiento de la electricidad como fuente de luz y sobre todo, como energía para mover motores y máquinas, ocurrido a mediados del siglo XIX, constituyen, junto con el uso de los combustibles fósiles, una segunda Revolución Industrial y un resorte para la imposición definitiva de mejores condiciones de vida para la humanidad.

De tal suerte que, a partir del siglo XX, el acceso y uso de la energía eléctrica es sinónimo de modernidad, lo que se refleja en el hecho de que, en los últimos 40 años, la producción mundial de energía eléctrica ha aumentado en más de 1 mil 300 por ciento ¹ .

Actualmente, las hidroeléctricas ocupan el segundo lugar en cuanto la generación de electricidad, con un 19 por ciento de la producción total, a pesar de que la construcción de éstas significa una grave destrucción ambiental y social, y cuya operación contribuye también al cambio climático global.

Por lo que respecta a nuestro país, la Comisión Federal de Electricidad es la empresa del gobierno mexicano que genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para más de 26.2 millones de clientes, lo que representa a casi 80 millones de habitantes, e incorpora anualmente más de un millón de clientes nuevos ² .

Es en el año de 1960, cuando Adolfo López Mateos nacionalizó la energía eléctrica, surgiendo la Comisión Federal de Electricidad, empresa de gobierno que nació sin fines de lucro, ni para generar ganancias; surge para el beneficio de todos los mexicanos.

La Comisión Federal de Electricidad produce la energía eléctrica utilizando diferentes tecnologías y diferentes fuentes de energético primario. Tiene a lo largo y ancho del país centrales termoeléctricas, hidroeléctricas, carboeléctricas, geotermoeléctricas, eoloeléctricas y una nucleoeléctrica.

Chiapas es el estado que cuenta con el sistema hidroeléctrico más importante del país, integrado por cuatro grandes presas construidas sobre el cauce del Río Grijalva, que son: La Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas, así como por otras tres represas más pequeñas.

La capacidad efectiva total de energía eléctrica en Chiapas es de 3 mil 928.4 megawatts, Mw, distribuida entre sus siete hidroeléctricas: Ingeniero Manuel Moreno Torres (en Chicoasen con 1 mil 500 Mw); Nezahualcóyotl (en Tecpatan con 1 mil 80); Doctor Belisario Domínguez (en Venustiano Carranza con 900 Mw); General Ángel Albino Corzo (en Ostuacan con 420 Mw); José Cecilio del Valle (en Tapachula con 21 Mw); Bombana (en Soyalo con 5.2 Mw); y Schpoina (en Venustiano Carranza con 2.2 Mw) ³ .

A la entidad chiapaneca, se le considera como el estado de la República Mexicana que genera entre el 45 y 65 por ciento de la energía hidroeléctrica del país. La mayoría de la producción hidroeléctrica de Chiapas está destinada para alimentar a la Ciudad de México y a su zona conurbada doméstica e industrializada.

A pesar de lo anterior, Chiapas padece de un grave cáncer social que es el de la pobreza, la cual es tan severa que su efecto coloca a la entidad como la de mayor alto índice de marginación de la federación, esto es de carencias y restricciones para el bienestar de su gente.

Chiapas sigue siendo un estado en el que el índice de desarrollo humano es tan bajo que municipios como Santiago El Pinar están al mismo nivel de países como el Congo. De entre los 100 municipios más pobres de México, por lo menos 10 están en Chiapas, siendo estos: Chenalhó, Chanal, Chilón, Huixtán, Mitontic, Ocotepec, Pantepec, San Juan Cancuc, Sitalá y Zinacantán, los cuales tienen los menores índices de desarrollo humano ⁴ .

El 59 por ciento de la población percibe un salario mínimo o menos; el 21 por ciento, dos; el 18.7 por ciento, entre 2 y 10 salarios mínimos y el 1.3 por ciento más de 10. El 19 por ciento no recibe ingresos ⁵ .

A lo anterior se suman las actuales tarifas para el consumo domestico de energía eléctrica, las cuáles afectan cada vez más el entorno de sus pueblos e imposibilitan a muchos chiapanecos el acceso a los servicios más básicos, originado en buena parte a las altas tarifas, que resultan imposibles de pagar para las comunidades campesinas e indígenas del estado.

Todo lo antes explicado evidentemente también se comprende dentro del campo de los derechos humanos, pues todo individuo tiene derecho a una vivienda digna, el cual comprende un espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuada, una infraestructura y servicios adecuados, todo ello a un costo razonable.

Además habría que sumársele lo que se establece en el artículo 8 apartado 1 de la ``Declaración sobre el Derecho al Desarrollo'', que señala que: Los estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias para la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los ingresos... Deben hacerse reformas económicas y sociales adecuadas con objeto de erradicar todas las injusticias sociales; así como lo contenido en los artículos 3, 6 y 7 de la ``Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en interés de la Paz y en Beneficio de la Humanidad'' que señalan la obligación de los Estados de ``garantizar que los logros científicos y tecnológicos, (en este caso, la electricidad), sirvan para satisfacer las necesidades materiales y espirituales de todos los sectores de la población'' ``...extendiendo a todos los estratos sus beneficios'' y asegurando que estos logros ``contribuyan a la realización más plena posible de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin discriminación alguna...''

Combatir la pobreza y la desigualdad imperante en Chiapas debe representar un gran propósito nacional. Es por ello que una de las metas para lograrlo, evidentemente lo constituye, el conceder a los hogares del estado una tarifa preferencial para el consumo doméstico de energía eléctrica, toda vez que no es que se niegan a pagar, sino que quieren pagar lo justo.

Por lo anterior, propongo a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la titular de la Secretaría de Energía, para que implanten una tarifa preferencial para el consumo doméstico de energía eléctrica en Chiapas.

Notas: 1 http://www.peacewatch.ch/download/Chiapas/monitoring_2007/ Analisis_Luz.pdf2 http://www.cfe.gob.mx/es/laempresa/queescfe/3 http://www.ecoportal.net/content/view/full/213474 http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=594615 http://www.edualter.org/material/ddhh/cifras.htm

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

OBESIDAD Y SOBREPESO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Saludy a los secretarios de Salud de las entidades federativas y delDistrito Federal, a que implanten programas y campañas para prevenir y atender a la población que padece obesidad y sobrepeso.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los secretarios de Salud federal y de las entidades federativas a implantar programas y campañas para prevenir la obesidad y el sobrepeso y atender a la población afectada por tales padecimientos, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, en nombre de las diputadas de este mismo grupo parlamentario, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La obesidad es una enfermedad compleja causada por el desequilibrio entre la ingesta (el consumo de alimentos) y el gasto (actividad física) de energía, lo cual provoca un aumento en el peso y es un importante factor de riesgo para desarrollar otras enfermedades.

La obesidad tiene consecuencias físicas y psicosociales como: hipertensión arterial (presión alta), infarto al corazón, derrame cerebral, diabetes, insuficiencia cardiaca (agrandamiento del corazón), insuficiencia venosa o várices (alteraciones circulatorias), piedras en la vesícula, cáncer de mama, daño renal, problemas articulares (en pies, rodillas, columna vertebral o cadera), depresión, ansiedad, baja autoestima, ser objeto de estigmatización y en algunas ocasiones de discriminación social.

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud, ha advertido que en México hay 32 millones de adultos con sobrepeso y obesidad, de los cuales cinco millones están en riesgo de convertirse en pacientes diabéticos en los próximos cinco años ¹ .

Asimismo, señala que la obesidad está considerada como la epidemia del siglo.

El 62 por ciento de los mexicanos mayores de 20 años tienen sobrepeso, las entidades de Coahuila, Baja California, Tamaulipas y Colima son las que padecen en mayor proporción el problema. Las mujeres adultas encabezan la lista de obesidad y sobrepeso, el 29 por ciento, contra el 19 por ciento de hombres.

Asimismo, el problema de la obesidad se ha extendido a nuestros niños, lo que representa un verdadero problema de salud pública, toda vez que el 40 por ciento de la población infantil de nuestro país sufre sobrepeso y obesidad, lo que se está traduciendo en padecimientos como la diabetes, hipertensión y síndrome metabólico, consecuencia de la obesidad. Debido a los malos hábitos dietéticos, la frecuencia de pacientes con sobrepeso aumenta cada día, trayendo consigo un importante número de complicaciones asociadas a esta enfermedad como una vejez y una muerte prematura.

La obesidad no distingue color de piel, edad, nivel socioeconómico, sexo o situación geográfica, es una enfermedad progresiva y crónica de proporciones epidémicas. La gente que sufre sobrepeso es víctima de una enfermedad que afecta no sólo el aspecto físico de la vida sino también el emocional y el conductual, es una enfermedad que debe ser considerada y tratada como mortal.

La obesidad abdominal se ha vinculado con un riesgo mucho más elevado de enfermedad coronaria y con tres de sus principales factores de riesgo que son: hipertensión arterial, diabetes de comienzo en la edad adulta y las concentraciones elevadas de grasas en la sangre. Ciertos tipos de cáncer son más frecuentes en los obesos que en las personas que no lo son, como el cáncer de mama, de útero y de ovarios en las mujeres y cáncer de colon, de recto y de próstata en los varones.

En nuestro país, en general, se ha prestado mayor atención a los problemas de desnutrición que a los de mala nutrición por exceso. Sin embargo, los cambios que el país ha experimentado y el proceso de transición epidemiológica por el cual atraviesa, indican que la malnutrición por exceso también constituye un problema de salud pública importante.

El número de personas que sufre de obesidad es el doble entre los 20 y 50 años, y drásticamente se disminuye después de esta edad, la razón se debe a complicaciones mortales, muy frecuentemente combinadas, que terminaran con la vida de la persona, comúnmente entre los 50 y 60 años.

El problema es entonces preocupante, más aún si, según los últimos datos, seis de cada diez mexicanos padecen de sobrepeso u obesidad, lo que convierte a nuestro país en el sexto del mundo afectado por la obesidad. Así, prácticamente el 80 por ciento de las enfermedades que afectan a los adultos mayores derivan de la obesidad, sobrepeso o mala nutrición. Y lo peor es que el problema va en aumento ² .

Afortunadamente, este mal se puede prevenir en gran medida si se introducen programas y campañas de prevención y atención de la obesidad y el sobrepeso, dirigidos a la población, para mantener un buen estado de salud; la Secretaría de Salud del gobierno federal y las secretarías de Salud de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal son quienes, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben diseñar y ejecutar dichas acciones.

Por lo anterior, propongo a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud del gobierno federal y a los titulares de las secretarías de Salud de las entidades federativas y del Distrito Federal, para que implanten, en el ámbito de sus respectivas competencias, programas y campañas para prevenir y atender a la población que padece obesidad y sobrepeso.

Notas: 1. http://www.gordos.com/Salud/detalle.aspx?dieta=3742. http://foro.mediotiempo.com/showthread.php?t=32541

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Salud.

MANGLARES

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que solicita al titular de la Profepa intensifique las acciones orientadas a promover la vigilancia y cumplimiento de las disposiciones normativas que preservan y protegen a los manglares del país.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la Profepa que intensifique las acciones orientadas a promover la vigilancia y el cumplimiento de las disposiciones protectoras de los manglares, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, en nombre de las diputadas del mismo grupo parlamentario, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los manglares son formaciones vegetales constituidas por diversas variedades de árboles y arbustos. La característica primordial es que son resistentes a la salinidad y a condiciones bajas de oxígeno, pues se desarrollan en sitios inundados. Reciben su nombre del mangle, árbol representado por 54 especies en el mundo. De ellas, en México predominan cuatro: Rhizophora mangle, mangle rojo; Laguncularia racemosa, mangle blanco; Avicennia germinans, mangle negro, madre de sal; y Conocarpus erectus, mangle botoncillo.

De acuerdo con la obra Los manglares de México ( Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 2008) la superficie estimada que ocupan es de 655 mil 667 hectáreas. Están presentes en los 17 estados de la república con litoral. Campeche posee la mayor superficie del país (29.9 por ciento), seguido por Yucatán, Sinaloa y Nayarit (12.2, 10.8 y 10.2 por ciento, respectivamente). Las entidades con menor cobertura son Colima, Tamaulipas y Baja California ¹ .

La importancia de los manglares puede resaltarse por dos grandes razones: la riqueza biológica que albergan y los servicios ambientales que prestan. Un ejemplo contundente son los peces, pues se ha calculado que alrededor de 80 por ciento de los que consumen los humanos depende, en alguna fase de su ciclo de vida, del manglar. Si éste se destruye, desaparecerán las pesquerías de distintas variedades.

También desempeñan la función de barrera contra vientos y corrientes, huracanes y tsunamis. Además, estabilizan el suelo y la línea de costa, y si desaparecen es necesario llevar arena a las playas de forma constante. Por si fuera poco, animales como jaguares, pumas, venados y guacamayas, entre otros, dependen de esos humedales para sobrevivir en la época de sequía.

Del total de hectáreas de manglar, indica el texto de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 43 por ciento es superficie decretada como área natural protegida. Ello significa que 280 mil 573 hectáreas se encuentran reguladas bajo el régimen de protección especial que prevé la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Además, 30 sitios están inscritos en la Convención Internacional de Ramsar (Irán) para la Protección de los Humedales del Mundo, cuya superficie asciende a 420 mil 244 hectáreas, 64 por ciento del total de cobertura de manglar en México. De acuerdo con ello, se tiene la obligación de investigar y, en su caso, sancionar cualquier acto de destrucción de manglares.

Por su parte, la Ley General de Vida Silvestre, en su título VI, Conservación de la vida silvestre , capítulo I Especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación , en el artículo 60 Ter, establece:

A pesar de lo anterior, los manglares de las costas mexicanas han perdido entre el 25 y el 35 por ciento de la superficie total y la deforestación que sufren se estima hasta en 7 por ciento en determinados lugares. En apenas 24 años México ha perdido más del 75 por ciento del ecosistema de manglar. De acuerdo con datos del Inventario Nacional de Manglares, elaborado por la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, reporta 650 mil hectáreas de estos ecosistemas, 26 por ciento menos de lo que se estimaba en 2005 ² .

Lo anterior resulta alarmante, ya que significa que han desaparecido 236 mil hectáreas de manglares mexicanos. En 1993, cuando ya se calculaba que el 65 por ciento de los manglares de México habían desaparecido, se afirmaba que aún existían 956 mil 149 hectáreas. El nuevo dato indica una pérdida del 75 por ciento en sólo 24 años.

Cada año México pierde, a consecuencia de desarrollos urbanos, turísticos, contaminación y sobreexplotación, 22 mil hectáreas de manglares. De continuar con esta destrucción para el 2025 la mitad de este ecosistema habrá desaparecido ³ .

Resulta innegable que al Estado le falta mucho por hacer en materia de conservación, recuperación y restauración de los manglares en el país, además de que las disposiciones normativas que existen para protegerlos han resultado letra muerta ante la indiferencia de su estricta aplicación por parte de los órganos de la administración pública encargados de su observancia.

Por ello se hace necesario exhortar al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que intensifique las inspecciones de manera constante en las zonas con manglares para mantener el adecuado equilibrio ecológico y la protección de nuestro ambiente.

Además, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, juega un papel por demás trascendente en dicha encomienda, ya que es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que tiene como tarea principal incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental, a fin de contribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes en materia ambiental.

Asimismo, tiene a su cargo la facultad de vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control de la contaminación ambiental, a la restauración de los recursos naturales, así como a la preservación y protección de los recursos forestales, de vida silvestre, quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas en riesgo, sus ecosistemas y recursos genéticos, la zona federal marítimo terrestre, playas marítimas y terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, las áreas naturales protegidas, así como en materia de impacto ambiental y ordenamiento ecológico de competencia federal.

Como diputados federales tenemos la obligación de vigilar el estricto cumplimiento de la normatividad por lo que a protección de nuestros recursos naturales se refiere, pues debemos representar un fiel garante del cumplimiento de la garantía individual consagrada en el artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho de toda persona a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

Por lo anterior, propongo a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que intensifique las acciones orientadas a promover la vigilancia y cumplimiento de las disposiciones normativas que preservan y protegen a los manglares de nuestro país.

Notas: 1. http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=44031_201 & ID2=DO_ TOPIC.2. http://www.greenpeace.org/mexico/news/dramatica-la-destrucci-n-de-m.3. http://www.eluniversal.com.mx/nacion/155035.html.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

POLICIAS - MINISTERIO PUBLICO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Seguridad Públicay al director general del Instituto de la Judicatura Federal implanten acciones de capacitación para el personal que habrá de aplicar las nuevas disposiciones penales que han entrado en vigor y que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero del año en curso.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la PGR, de la SSP y del Instituto de la Judicatura Federal a implantar acciones de capacitación para el personal que aplicará las disposiciones penales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero del año en curso, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, en nombre de las diputadas de este grupo parlamentario, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado viernes 23 de enero del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, del Código Penal Federal, de la Ley de la Policía Federal Preventiva, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Toda la anterior serie de reformas, adiciones y derogaciones, representan una miscelánea penal de gran relevancia para consolidar a México como un verdadero Estado democrático de derecho. En la efectiva aplicación de estas reformas, habrán de verse implicados servidores públicos de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal y del Poder Judicial de la federación.

Las policías, que actúan bajo la conducción y mando del Ministerio Público, representan uno de los principales actores en estas nuevas reformas, toda vez que les compete desarrollar actuaciones y diligencias de gran relevancia dentro de una indagatoria, como es lo referente a realizar el registro inmediato de los indiciados, la preservación del lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso; así como los instrumentos, objetos o productos del delito.

Lo anterior obliga a la inmediata capacitación de todas las policías y personal ministerial para una mejor aplicación de todas las reformas contenidas en el Código Penal Federal, en el Código Federal de Procedimientos Penales, así como en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para una mejor procuración de justicia penal, en razón de que actualmente seguramente no cuentan con los conocimientos y la instrucción necesaria para el desarrollo eficaz de tan relevantes funciones.

Del buen desarrollo de estas funciones dependerá en gran parte el éxito de toda investigación ministerial, toda vez que el lugar de los hechos; es el sitio en donde los hechos sujetos a investigación fueron cometidos, las evidencia que quedan en la víctima y victimario y en algunos casos en personas (testigos, cómplices, encubridores, coautores, o cualquier otra persona), presenciales de los hechos u omisiones; es el espacio en donde se ha cometido un acto ilícito, y en donde se encuentran los indicios y evidencias.

El estudio del lugar de los hechos permitirá tanto la reconstrucción del hecho como su verdad histórica, actividades que como lo dispone el artículo 3, fracción VI, del Código Federal de Procedimientos Penales correrán a cargo de las unidades de la policía facultadas para ello.

Se contemplan asimismo cuestiones concernientes a la secrecía de las investigaciones por parte de los servidores públicos y los lineamientos que se deben de cumplir para efectos de acceso a la información pública gubernamental; así como el inicio de indagatorias con motivo de la recepción de informaciones anónimas.

Se amplía la gama de derechos de la víctima u ofendido, tanto en la etapa de averiguación previa como en el proceso penal, estando facultado para aportar pruebas, solicitar el desahogo de diligencias, acudir ante al superior jerárquico del servidor público que le niegue una petición, solicitar medidas y providencias para proteger sus bienes, posesiones o derechos, impugnar ante el procurador general de la República, las omisiones del Ministerio Público, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento, solicitar y recibir la reparación del daño cuando proceda, así como ser notificado personalmente del desistimiento de la acción penal y de todas las resoluciones impugnables.

Se prevé asimismo que las comunicaciones entre particulares puedan ser aportadas voluntariamente a la averiguación previa o al proceso penal, cuando hayan sido obtenidas directamente por alguno de los participantes, estableciéndose que las empresas concesionarias y permisionarias del servicio de telecomunicaciones o de Internet estarán obligados a colaborar con las autoridades cuando así lo soliciten.

Se brindan a las autoridades competentes mayores herramientas y armas jurídicas para el combate efectivo de la delincuencia organizada, cuyas raíces de corrupción e impunidad han penetrado los cuerpos policiales y de seguridad, y cuyo principal rehén de sus actos sangrientos lo representa la sociedad mexicana.

Por otra parte se establece que la Procuraduría General de la República, deberá emitir por acuerdo general, los lineamientos para la preservación de indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso así como de los instrumentos, objetos o productos del delito, en los que se detallaran los datos e información necesaria para asegurar la integridad de de éstos.. De igual forma el procurador general de la República debe emitir las disposiciones necesarias para regular los dispositivos técnicos que permitan generar, enviar, recibir, consultar o archivar toda la información de los detenidos que sean puestos a disposición del Ministerio Público. Por otra parte PGR deberá de celebrar acuerdos o convenios con las instituciones públicas o privadas para garantizar a los inculpados, ofendidos, víctimas, denunciantes y testigos pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, la disponibilidad de intérpretes y traductores.

Por lo anteriormente expuesto, y ante la necesidad de que se brinde capacitación efectiva a los servidores públicos de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal y del Poder Judicial de la federación, quienes deberán aplicar y observar de manera estricta estas nuevas disposiciones en materia penal, propongo a esta soberanía la siguiente proposición:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al procurador general de la República, al secretario de Seguridad Pública del gobierno federal y al director general del Instituto de la Judicatura Federal, órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la federación, para que implanten acciones de capacitación para el personal que habrá de aplicar las nuevas disposiciones penales que han entrado en vigor y que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el viernes 23 de enero del año en curso.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Justicia.

CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACION DE JUSTICIA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, y a los titulares de las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas y delDistrito Federal, actualicen el marco jurídico del actuar de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los procuradores general de la República y de Justicia de las entidades federativas a actualizar el marco jurídico aplicable a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Yary del Carmen Gebhardt Garduza , integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre de las mujeres del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados punto de acuerdo por el cual se exhorta al procurador general de la República y a los procuradores generales de Justicia de las entidades federativas y del Distrito Federal a actualizar el marco jurídico del actuar de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Que los estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 9 de octubre de 2003, los cuales son el marco regulatorio de los trabajos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, integrada por los titulares de las instituciones de procuración de justicia del país, y cuyo instrumento normativo se aprobó en la sesión plenaria del 7 de febrero de 2003 por 25 procuradores generales y 7 subprocuradores.

Que de conformidad con el referido estatuto, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia es coordinada por el procurador general de la República, el cual ha venido desarrollando sus actividades al amparo de los lineamientos establecidos en dichos estatutos, que refieren regir sus actividades de operación y coordinación interinstitucional a la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2001-2006, el Sistema Nacional de Seguridad Pública; el Sistema Nacional de Identificación Criminal y el subsistema, entendido como complementario para el Sistema Nacional de Seguridad Pública, todo ello, conforme al artículo 2 de los estatutos.

Que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, como órgano de promoción y coordinación de esfuerzos de todas las instancias de procuración de justicia en el país, debe generar acciones de investigación y persecución de los delitos, su combate, así como la prevención de éste, y que dentro de sus atribuciones está la de reformar sus estatutos a fin de adecuar, actualizar e instrumentar las políticas públicas sobre la procuración nacional de justicia, con apoyo en el artículo 36 de los referidos estatutos.

Que la asamblea de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia cuenta con un consejo de coordinación que es el órgano máximo de representación, el cual está integrado por el procurador general de la República y los procuradores generales de Justicia de las entidades federativas, con facultades para convocar y organizar la celebración de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la asamblea.

Que de lo expuesto en los párrafos precedentes se observa que los mencionados estatutos, al 2009, se encuentran desfasados en muchos de sus objetivos, toda vez que durante 2008 y el presente año han sido expedidos los instrumentos siguientes:

Como se aprecia, en 2008 el Ejecutivo federal expidió los Programas Sectoriales de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia, ambos para el periodo 2007-2012, y esta soberanía popular aprobó importantes reformas constitucionales en materia de justicia penal y una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aspectos que sirven de marco regulatorio para la operación de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Es por ello que se formula una atenta excitativa al procurador general de la República y a los procuradores generales de Justicia de las entidades federativas y del Distrito Federal, a efecto de que actualicen el marco jurídico del actuar de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, a fin de establecer la coordinación interinstitucional para hacer efectivas las políticas públicas necesarias que impulsen las acciones que fortalezcan los aspectos de la procuración de la justicia penal y la seguridad pública del país.

Por lo expuesto, y con apoyo en las disposiciones legales invocadas en el proemio de la iniciativa, a fin de dar la armonización legislativa, se somete a consideración de la honorable asamblea iniciativa con proyecto de

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al procurador general de la República y a los procuradores generales de Justicia de las entidades federativas y del Distrito Federal a actualizar el marco jurídico del actuar de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, a fin de que establezcan las políticas públicas necesarias para impulsar las acciones tendentes a observar y hacer efectivos los principios constitucionales de la reforma en materia de justicia penal, así como las de materia de seguridad pública que demanda la ciudadanía del país, e informen a la soberanía sobre su implantación en un término no mayor a 60 días.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Justicia.

DELINCUENCIA JUVENIL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de la Repúblicay de los titulares de las Procuradurías Generales de Justicia de los estados y delDistrito Federala que implanten campañas y programas para prevenir y hacer frente al problema de la delincuencia juvenil en el país.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SSP, de la PGR y de las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas a implantar programas y campañas para prevenir y enfrentar la delincuencia juvenil, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, en nombre de las diputadas de este mismo grupo parlamentario, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La delincuencia, representa todo el conjunto de infracciones de fuerte incidencia social cometidas contra el orden público, y tiene diversos tipos de manifestaciones. Sin lugar a dudas, la delincuencia juvenil es un problema criminológico que crece cada día más, no sólo en nuestro país, sino en el mundo entero. La delincuencia juvenil es un acción socialmente negativa que va en contra de lo fijado por la ley y las buenas costumbres creadas y aceptadas por la sociedad.

La delincuencia juvenil es un fenómeno de ámbito mundial, pues se extiende desde los rincones más alejados de la ciudad industrializada hasta los suburbios de las grandes ciudades, desde las familias ricas o acomodadas hasta las más pobres; es un problema que se da en todas las capas sociales y en cualquier rincón de nuestra civilización. La delincuencia juvenil es un fenómeno social que pone en riesgo la seguridad pública de la sociedad.

Para comprender el interés por el análisis y la búsqueda de soluciones para la delincuencia juvenil, es necesario ubicar este fenómeno dentro de la problemática de la sociedad actual y de las políticas públicas. La estructura social en que les ha tocado vivir a nuestros jóvenes hoy está caracterizada por una complejidad cada vez mayor, donde la búsqueda de soluciones no depende ni de fórmulas tradicionales, ni de líderes carismáticos o de discursos que se pierden en el vacío de la impunidad.

La delincuencia juvenil se ubica, por lo menos en América Latina, dentro de un contexto social caracterizado por grupos de niños y adolescentes ubicados dentro de niveles de miseria o pobreza, desempleo, narcotráfico, concentración urbana, baja escolaridad o analfabetismo, agresiones sexuales y desintegración familiar. A estos grupos sociales se les han negado todos los derechos humanos, como el derecho a la vida, la salud, la educación, la vivienda, en fin, el derecho al desarrollo.

La situación en que viven los jóvenes infractores del país puede mejorarse muchísimo si se implantan nuevas políticas por parte de los órganos del Estado en sus diversos niveles de gobierno, encargados de la prevención y combate de la delincuencia.

Hoy en día deben hacerse todos los esfuerzos para aplicar políticas, programas y medidas preventivas eficaces tendientes a eliminar el involucramiento y explotación de los jóvenes en actividades criminales.

En este orden de ideas, tenemos como modelo rector las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad), adoptadas y proclamadas por la asamblea general en su resolución 45/112, del 14 de diciembre de 1990, en el que se señala como principios fundamentales los siguientes:

Asimismo contiene un apartado de prevención general, en el que se indica que deberán formularse en todos los niveles del gobierno planes generales de prevención que, entre otras cosas, comprendan:

En este orden de ideas, resulta evidente que deben atacarse las causas y no los efectos, en los que la promoción y fortalecimiento de una cultura de conciencia y sensibilidad social, así como el diseño, instrumentación y evaluación de políticas públicas, juegan un papel relevante.

Los jóvenes constituyen una parte importante del país, por lo que es importante crear medidas de prevención para evitar que no se pierdan, por la comisión de delitos, o que se involucren con grupos vinculados a la ejecución de actos delictivos.

Por lo anterior, propongo a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, al procurador general de la República y a los procuradores generales de Justicia de las entidades federativas y del Distrito Federal, para que implanten, en el ámbito de sus respectivas competencias, programas y campañas para prevenir y hacer frente al problema de la delincuencia juvenil en el país.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Juventud y Deporte.

TRABAJO INFANTIL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió de la diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Senado de la Repúblicaratifiquen diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo en materia de trabajo infantil.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Senado de la República a ratificar diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo en materia de empleo infantil, a cargo de la diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Sonia Nohelia Ibarra Franquez, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

Lo que hagamos o dejemos de hacer por los niños de México define el futuro del país. No podemos esperar altos rendimientos en la escuela cuando un número creciente de menores se ve obligado a combinar el trabajo y el estudio; acuden a la escuela sin tomar alimentos o desertan ante su realidad social, que les presenta el estudio como un verdadero privilegio fuera de su alcance. Igualmente, cuando no pueden acceder a servicios médicos igualitarios y de calidad. Tampoco podemos hablar de desarrollo cuando la violencia en todas sus formas se encarniza con los niños. Son absolutamente insuficientes las acciones que se han tomado a la fecha.

El trabajo infantil es en sí mismo una de las más graves y dolorosas conculcaciones de los derechos humanos. Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que el empleo infantil se da a más temprana edad en el campo que en la ciudad, 80 por ciento de los niños trabaja en la economía informal, el trabajo les impide estudiar o les limita el rendimiento escolar, 3 de cada 4 menores que trabajan abandonan los estudios, laboran jornadas superiores a los máximos legales y reciben ingresos inferiores por igual trabajo. Los niños trabajadores pierden autoestima y padecen problemas de adaptación social, enfermedades crónicas, retraso en el crecimiento, agotamiento físico o deformaciones óseas, entre otras consecuencias.

La meta es eliminar no sólo las peores formas de trabajo infantil sino todo éste.

Es loable que el país haya ratificado el Convenio 182 de la OIT, ``Sobre las peores formas de trabajo infantil'', pero igualmente es necesario recalcar que falta mucho para hacer realidad sus preceptos. Baste recordar las actividades que son conceptuadas entre estas condenables formas de trabajo:

Aunado a lo anterior, hay una serie de convenios de la OIT respecto al trabajo infantil que aún no son ratificados por México. La tarea es, pues, doble: por un lado, aplicar todos los recursos económicos y esfuerzos para hacer realidad las normas nacionales e internacionales ya vigentes en el país, por el otro lograr que formen parte de nuestro orden jurídico disposiciones fundamentales, para así lograr su fortalecimiento. Es inaceptable que, en general, cuando revisamos los convenios de la OIT, advertimos el creciente retraso de México en su ratificación, en contraste con la comunidad internacional, incluidos los países ricos y los menos desarrollados.

Esto indigna con mayor razón cuando se trata de la tutela de los derechos mínimos de los menores, como los Convenios 77, ``Sobre el examen médico de los menores (industria)''; 78, ``Sobre el examen médico de los menores (trabajos no industriales)''; 79, ``Sobre el trabajo nocturno de los menores (trabajos no industriales)''; y, el más urgente de todos, el 138, ``Sobre la edad mínima''.

Evidentemente, esos convenios de la OIT deben ser ratificados con la mayor brevedad pues, por una parte, tutelan derechos humanos básicos de los niños que tienen que prestar sus servicios pero, por otro lado, están en estrecha relación con el Convenio 182 de la OIT, ``Sobre las peores formas de trabajo infantil''. Es decir, de integrarse al sistema jurídico nacional, en los términos del artículo 133 constitucional, los cuatro convenios referidos coadyuvarían a impedir esas peores formas de actividad.

En tanto no podamos evitar el trabajo de los menores, para lo cual deben poner todo el empeño el Estado y la sociedad civil, es nuestra obligación que tal trabajo se desarrolle en la forma más justa, menos perjudicial posible.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al presidente y al Senado de la República a ratificar con la mayor brevedad, por conducto de las Secretarías de Relaciones Exteriores, y del Trabajo y Previsión Social, los Convenios de la OIT números 77, ``Sobre el examen médico de los menores (industria)''; 78, ``Sobre el examen médico de los menores (trabajos no industriales)''; 79, ``Sobre el trabajo nocturno de los menores (trabajos no industriales)''; y 138, ``Sobre la edad mínima''.

Segundo. Se exhorte a las Secretarías de Relaciones Exteriores, y del Trabajo y Previsión Social a informar a esta soberanía en un término de 30 días respecto a los criterios y lineamientos que se han aplicado para dar debido y puntual cumplimiento al Convenio 182 de la OIT, ``Sobre las peores formas de trabajo infantil''.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene la palabra el señor diputado José Antonio Almazán. Sonido a la curul del diputado.

El diputado José Antonio Almazán González (desde la curul): Quiero hacer una atenta pregunta. Tengo en mis manos uno de los anexos del orden del día de esta sesión y me encuentro aquí su estructura, entre lo que destaco las iniciativas que están pendientes de ser presentadas.

Advierto que este mismo orden del día, en lo que se refiere a la presentación de iniciativas, no ha variado desde la sesión del día miércoles 4 de febrero. Cuando digo que no ha variado es que se sigue presentando sesión tras sesión en lo relativo a la presentación de iniciativas esta estructura de orden del día, y a lo largo ya con ésta de cinco sesiones ---como antes se estaba discutiendo de esto--- no ha sido abordado.

Sin embargo, a lo largo de todas estas sesiones, del día 4 de febrero a la fecha, se nos sigue presentando un orden del día, al cual no se le está dando el debido cumplimiento.

Mi pregunta es, diputado presidente, ¿es acaso esto una omisión? Nos están entregando un orden del día al cual no se está sujetando el desahogo, a lo largo de estas últimas cinco sesiones.

¿Se va a seguir postergando ---pregunto, diputado presidente--- la presentación de iniciativas, algunas de las cuales, no digo que todas, pero en lo que hace a las que yo tengo pendientes de presentar abordan precisamente lo relativo a la terrible recesión económica y presento propuestas de modificaciones y nuevas leyes, a efecto de cumplir esto que dice aquí: ante la crisis, urge actuar a favor del pueblo?

Mi pregunta es, diputado presidente, más allá de la omisión, ¿de lo que se trata es de dar una discusión pausada, fundada sobre este problema, para evitar que la gente se entere de que estamos buscando alternativas de solución? ¿O es acaso una omisión irresponsable en la conducción de cinco sesiones, a lo largo de las cuales se ha omitido tratar uno de los asuntos primordiales en cualquier orden del día, tal y como conozco a la fecha, el funcionamiento de las sesiones en este Poder Legislativo?

Si lo que se me responde, diputado presidente, es afirmativo a lo que estoy planteando, solicito de manera responsable que asuman sus funciones y que el punto que hace a la presentación de iniciativas sea debidamente desahogado, o que ya no se nos siga burlando presentándonos orden del día, porque son una burla para todos los diputados que estos asuntos no se estén cumplimentando.

Por supuesto tengo más que agregar, pero estoy muy atento a lo que tú como presidente de esta Cámara nos puedas dar como respuesta. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Señor diputado don José Antonio Almazán González, esta Mesa Directiva, antes de cada sesión, generamos, con la representación de todos los grupos parlamentarios, una reunión previa en la que se estructura de manera muy puntual el orden del día.

Se han privilegiado, sin duda, los acuerdos que llegan de la Junta de Coordinación Política, las licencias de los señores legisladores, las tomas de protesta de los mismos, y se han ido desahogando de manera lo más rápido posible, también, la sanción a los dictámenes que las comisiones nos turnan. También, se han venido desahogando iniciativas y propuestas con puntos de acuerdo.

Hace unos minutos, acabo de concluir el turno de 10 iniciativas de manera directa. Usted, seguramente se refiere al acceso a la tribuna a la presentación. De ninguna manera se ha limitado, y de manera permanente hemos solicitado a los miembros de la Mesa Directiva que representan a cada grupo parlamentario, le sugieran de manera muy respetuosa a cada legislador, debido al cúmulo de iniciativas y, sobre todo, en la manera y el tiempo de agotarlas en las sesiones, el procedimiento para que de manera directa se turnen a las comisiones.

Si el interés que tenemos es que se dictaminen y tengan efectos en la población, la manera más práctica y rápida en estos momentos que, coincido con usted, la Ley Orgánica tiene, sin duda, muchísimas fallas que hoy no permiten con mayor agilidad el trámite de todos los asuntos que tanto a usted como a mí nos interesan, señor diputado.

Quiero informarle que enseguida del primer ponente, sigue el turno a una iniciativa suya, y con ello, iniciaremos el desahogo de las iniciativas a las que hemos llegado en esta sesión, pero a raíz de debates y a raíz de una serie de asuntos que llegan a esta Cámara, nos toman tiempo de las sesiones, y que desahogan desgraciadamente en buen tiempo el que deberían de estar, a su opinión y también a la de muchos legisladores---en la que me incluyo--- las propuestas en la tribuna de iniciativas que hemos elaborado.

LEY DE VIAS GENERALES DE COMUNICACION

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Así que dando paso para agilizar precisamente el término, le concedo el uso de la palabra al diputado don Adolfo Mota Hernández, del Grupo Parlamentario de PRI, para que presente una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

El diputado Adolfo Mota Hernández : Gracias, señor presidente.

Vengo a presentar esta iniciativa que no tiene otro objetivo más que apoyar el plan anticrisis presentado en los distintos niveles de gobierno, antes en Veracruz, a finales del mes de diciembre, fue presentada por el gobernador Fidel Herrera Beltrán, una propuesta de plan anticrisis que, secundado ya en el aspecto federal, pretende proponer la agilización de tema de los derechos de vía.

Esta iniciativa pretende adicionar algunos párrafos al artículo 8o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación, y que tiene el sentido de agilizar, de buscar que la Federación, en los términos pueda absorber, cuando sea necesario, cuando sea el caso, los derechos de vía, y agilizar el recurso que fue presupuestado y aprobado en la Cámara de Diputados, y que para Veracruz y para muchos estados del país es histórico.

El ejercicio de estos recursos que llegan a los estados debe ser ágil y con esto motivamos el empleo, motivamos la generación de fuentes de trabajo y motivamos que este recurso se ejerza durante el año que fue presupuestado.

A finales del año pasado tuvimos la noticia del área de Comunicaciones de que había un subejercicio de hasta, aproximadamente, 30 por ciento. Esto genera todo tipo de complicaciones; el proyecto ejecutivo, el derecho de vía que viene a complicar en algunas ocasiones el ejercicio del presupuesto.

Con esta iniciativa lo que pretendemos es que, simultáneamente con la elaboración del anteproyecto de construcción de vías generales, se deba solicitar al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales el avalúo previo de los terrenos sobre los cuales se realizará la construcción de la obra.

Asimismo, para efectos de la coordinación antes mencionada y de las diversas etapas de los proyectos, en particular lo relativo al derecho de vía, se constituye un comité técnico por cada proyecto, integrado por representantes de la Secretaría de Comunicaciones, de la Secretaría de Hacienda, del Instituto de Administración y Avalúos de Bie-nes Nacionales y de los gobiernos estatales, así como los representantes de las empresas que son permisionarias o concesionarias.

Este comité técnico fungirá como órgano consultivo y de acuerdo para la consecución del derecho de vía desde la fase posterior a la autorización técnica y presupuestal de cada proyecto.

Una vez aprobada la viabilidad del anteproyecto de construcción y tomando como base el avalúo previo, se procede a la elaboración ágil del proyecto ejecutivo de construcción y a la adquisición del derecho de vía que, en muchas ocasiones, pasa a excederse de reglamentación y, consecuentemente, del ejercicio de los recursos y atora el presupuesto destinado a las entidades federativas.

Pretendemos, con esta iniciativa, desde Veracruz, generar fuentes de empleo, agilizar la posibilidad de la ejecución de obra en los caminos y tramos federales, y poder generar las fuentes que se requieren en el plan anticrisis; secundarlo y hacer más ágil la operación y la ejecución posterior de las obras federales en las entidades federativas, la construcción de caminos, de carreteras y, consecuentemente, la posibilidad de creación de fuentes de empleo. Muchas gracias, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 8 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, a cargo del diputado Adolfo Mota Hernández , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Adolfo Mota Hernández , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados al honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan cuatro nuevos párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 8 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, al tenor de la presente

Exposición de Motivos

Una adecuada infraestructura vial permite mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos, así como de la competitividad económica e incrementa las oportunidades de desarrollar nuevas actividades productivas, mejorando la calidad de vida de la población. En la actualidad, la construcción de las vías generales de comunicación y la infraestructura pública presentan mayor complejidad, en la medida en que se eleva el nivel de desarrollo de nuestro país. Así pues, a las tradicionales obras de vías férreas y carreteras, se suman una serie de obras adicionales, tales como tendidos de líneas eléctricas, telegráficas y telefónicas, fibra óptica, ductos y cableados de muy diversa naturaleza e importancia económica y social.

En este orden de ideas, desde que se decide la realización de un proyecto de infraestructura, hasta su realización, existe una serie de elementos jurídicos, presupuestales y administrativos, que intervienen de diversas formas en la realización del proyecto y en el éxito de éste.

Muchos de estos factores, y en especial, las evaluaciones de diversos órganos de la administración pública que intervienen en el proceso señalado, los problemas de contratación, el largo y tortuoso proceso para la obtención del derecho de vía, la normatividad ambiental, la administración inadecuada de los proyectos, la disponibilidad de recursos o la falta de oportunidad en su asignación, los procesos de licitación y la construcción misma de los proyectos, representan serios obstáculos a resolver para la consecución del desarrollo nacional y regional que requerimos.

Específicamente, en la ejecución de los proyectos de infraestructura vial, se evidencia la falta de institucionalización del derecho de vía, así como deficiente difusión hacia la población respecto de los procesos de realización de obras públicas, lo que representa una problemática que influye directamente en la forma de asegurar los espacios territoriales que permitan la realización de los proyectos, así como en la incertidumbre que la población resiente directamente como la violación a sus bienes jurídicamente tutelados, haciendo del derecho de vía uno de los problemas más complejos y delicados de todo proyecto de infraestructura.

El derecho de vía, es la franja de terreno en la cual están alojados todos los elementos que constituyen la infraestructura de las carreteras, autopistas y puentes. Asimismo, puede alojar obras e instalaciones de carácter diverso. En virtud de lo anterior, el uso adecuado del derecho de vía y su preservación es cada día más importante. El derecho de vía se concibe como el espacio físico en el que se desarrolla una obra de infraestructura, como puede ser un canal de agua, un ducto enterrado, un ducto de gas, de petróleo, de agua; una vía de ferrocarril con el terreno a su lado, un espacio por donde corren o donde instalan las líneas de transmisión de alto voltaje de la Comisión Federal o de otros organismos de electricidad o una carretera con el espacio que tiene a los lados.

Adicionalmente, el derecho de vía se puede constituir en una verdadera zona de protección ecológica, a través de elementos como una adecuada forestación, o la construcción de barreras que protejan a los campos de cultivo aledaños. De igual forma, la preservación del paisaje y la mejora constante del derecho de vía puede influir directamente en el mejoramiento del ambiente. En conclusión, el derecho de vía se configura como un bien destinado al servicio público. Por lo tanto, forma parte del dominio público del Estado.

No obstante lo anterior, el gobierno federal y los gobiernos estatales cuentan con la propiedad de ciertos terrenos, pero generalmente todo inmueble federal que no se utiliza, es vendido por el gobierno, razón por la cual se tiene que adquirir el derecho de vía cuando se proyecta la ejecución de nuevos proyectos de infraestructura en los terrenos que forman parte de la propiedad privada.

En México, el derecho de vía se puede adquirir a través de diversos medios, como son la servidumbre de paso, lo que implica únicamente el ingreso y tránsito esporádico sin la adquisición de la propiedad, como lo es en el caso de la instalación de cableado eléctrico. Asimismo, se puede adquirir mediante la ocupación superficial, bien sea de forma permanente o por tiempo determinado con el fin de instalar elementos de infraestructura, sin que por ello el Estado se convierta en titular del terreno; tal es el caso de la instalación de pozos petroleros; en este caso el derecho de vía se adquiere en virtud de la permanencia física de la maquinaria para su instalación, una vez que se concluyen los trabajos y se retira la maquinaria, se deja de usar el derecho de vía.

Otra forma de adquirir el derecho de vía es la compra de la propiedad, para contar con la titularidad plena del derecho de vía y es una operación de adquisición voluntaria, como las que hacen mayormente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o la Comisión Nacional del Agua para la realización de sus proyectos. Por último, es posible adquirir el derecho de vía mediante la expropiación, que también es una adquisición del dominio pleno, pero siempre trae aparejados conflictos de carácter jurídico, en virtud de que es forzada, aunque atiende a causas de interés público.

Cada una de estas formas de adquisición, representa en sí misma una serie de factores que influyen de diversas formas en el proceso de realización de la obra, siendo la etapa más conflictiva la adquisición del derecho de vía, la cual llegar a concluirse en un período hasta de 145 días, en virtud de que se avanza en el proceso de aprobación del proyecto, la asignación de recursos, la licitación, y el proceso de adquisición del derecho de vía, con todas las etapas que propiamente implica, como son el avalúo o las negociaciones con los propietarios de los terrenos, que no se contemplan conjuntamente en todas sus etapas, convirtiéndose en procesos conflictivos, fuente de inestabilidad política, desinformación, incertidumbre y elevados costos de las obras.

En tal sentido, es necesaria la agilización del proceso de adquisición del derecho de vía y que se realice conjuntamente con las diferentes etapas del proyecto para que un proceso administrativo tortuoso se constituya en otro caracterizado por la planeación adecuada y la corresponsabilidad federal, estatal y social. Por ello, se propone adicionar cuatro nuevos párrafos al artículo 8 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

A través de estas adiciones, se prevé que simultáneamente con la elaboración del anteproyecto de construcción de vías generales de comunicación, se deberá solicitar al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el avalúo previo de los terrenos sobre los cuales se realizará la construcción de la obra.

Asimismo, para efectos de coordinación interinstitucional y de las diversas etapas de los proyectos, en particular lo relativo al derecho de vía, se constituirá un Comité Técnico por cada proyecto, integrado por representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el o los gobiernos estatales en donde se realice la obra, los representantes de los permisionarios o concesionarios y por representantes de los titulares de las áreas territoriales susceptibles de afectarse.

Cabe hacer mención de que este Comité Técnico fungirá únicamente como órgano consultivo y de acuerdo para la consecución del derecho de vía, desde la fase posterior a la autorización técnica y presupuestal de cada proyecto. Una vez aprobada la viabilidad del anteproyecto de construcción y tomando como base el avalúo previo, se procederá a la elaboración del proyecto ejecutivo de construcción y a la adquisición del derecho de vía.

Con las propuestas anteriores, se busca agilizar los procesos, en lugar de esperar hasta la asignación de los recursos financieros para la realización de los avalúos, comenzando previamente la labor de planeación y revisión de los títulos de propiedad, para que en el momento en que se le de viabilidad a la realización del proyecto, se encuentren realizados los avalúos, se cuente con los recursos, se hayan revisado los títulos de propiedad y que la realización de los proyectos de infraestructura se desarrolle de manera más rápida, eficiente y con el menor costo económico, político y social, para bien de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan cuatro nuevos párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 8 de la Ley de Vías Generales de Comunicación

Único. Se adicionan dos nuevos párrafos segundo y tercero al artículo 8° de la Ley de Vías Generales de Comunicación, para quedar como sigue:

Artículo 8. ...

Simultáneamente con la elaboración del anteproyecto de construcción de vías generales de comunicación, se deberá solicitar al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el avalúo previo de los terrenos sobre los cuales se realizará la construcción de la obra.

Asimismo, para efectos de coordinación interinstitucional y de las diversas etapas de los proyectos, en particular lo relativo al derecho de vía, se constituirá un Comité Técnico por cada proyecto, integrado por representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el o los gobiernos estatales en donde se realice la obra, los representantes de los permisionarios o concesionarios y por representantes de los titulares de las áreas territoriales susceptibles de afectarse.

Este Comité Técnico fungirá como órgano consultivo y de acuerdo para la consecución del Derecho de Vía, desde la fase posterior a la autorización técnica y presupuestal de cada proyecto.

Una vez aprobada la viabilidad del anteproyecto de construcción y tomando como base el avalúo previo, se procederá a la elaboración del proyecto ejecutivo de construcción y a la adquisición del derecho de vía.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los proyectos de obra que se encuentren en ejecución con anterioridad a la publicación del presente decreto, se llevarán a cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 vigente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, don Adolfo Mota.Túrnese a la Comisión de Transportes.

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se concede el uso de la palabra al diputado José Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

El diputado José Antonio Almazán González : Muchas gracias, compañero presidente.

El que suscribe, diputado federal a esta legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 55, fracción II, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, conforme a la siguiente exposición de motivos:

El manejo que los actuales directivos del Infonavit han rea-lizado de la cartera vencida es absolutamente ilegal y nada transparente.

Con toda razón se ha formado un verdadero escándalo en torno a este tema, ya que la venta de la cartera vencida, que abarca a poco más de 120 mil créditos, se realiza sin respaldo jurídico alguno. Pero sobre todo, porque esta venta ha desembocado en el enriquecimiento, en un lucrativo negocio a favor de empresas recuperadoras de créditos y peor aún, cuando se sabe que mayoritariamente estas empresas son de capital trasnacional, concretamente, norteamericanas.

Insistimos que la venta de la cartera vencida es absolutamente injusta y contraria a derecho, al violentar la fracción XII, apartado A, del artículo 123 constitucional, el artículo 49 de la Ley del Infonavit y las jurisprudencias dictadas sobre el tema.

Esto en virtud de que el Infonavit es el único con el que el trabajador pactó el crédito y por tanto, el único legalmente legitimado para exigir el cumplimiento de tal contrato en caso de omisión de pagos por parte del trabajador.

Igualmente al trabajador se le priva de las condiciones pactadas en dicho contrato en apego a esta ley. Todo esto es insostenible. La única política viable debe partir de la realidad. El empleo y los salarios dignos han venido a la baja en nuestro país.

Paralelamente ha proliferado el empleo eventual e informal, lo que se está agravando aún más en el marco de la actual crisis económica mundial. A esto sumemos la situación de los incapacitados y jubilados.

Ante tanta injusticia, el Infonavit pronto se verá atiborrado, de hecho ya lo está siendo, de demandas legales y presiones políticas como actualmente sucede con el ISSSTE, lo que deslegitima a una institución y la llena de gastos innecesarios.

Es imposible que el Infonavit cierre los ojos a la realidad y sólo esté al servicio de los trabajadores de mayores ingresos, de los grupos financieros, de las empresas constructoras y ahora hasta de empresas recuperadoras de crédito, dominantemente de capital extranjero.

En suma, si el trabajador no puede ser privado de su vivienda, ni el propio Infonavit sin previo juicio, aun con el apoyo del artículo 49 de esta ley, mucho menos lo podrá hacer un tercero ajeno a la relación jurídica que se entable por motivo del otorgamiento del crédito.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que propone la adición de dos párrafos al artículo 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en los términos siguientes:

Artículo 49. El Instituto en ningún caso podrá vender la cartera vencida ni realizar ningún otro acto que implique la subrogación del crédito a favor de terceras personas tanto públicas como privadas.

En caso contrario, la venta o acto relativo será nulo de pleno derecho y los servidores públicos y demás personas involucradas serán sancionadas como autores del delito de fraude equiparado.

Además, a los servidores públicos involucrados se les impondrá destitución de su cargo e inhabilitación de 5 a 20 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos y multa de 200 a 10 mil días de salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal.

Además, el trabajador afectado con la venta de la cartera vencida tendrá derecho a adquirir su vivienda, pagando en una sola exhibición máximo el 8 por ciento del saldo del crédito del que sea titular, o bien, podrá solicitar al instituto le fije un monto justo de amortización, con la intervención de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México y de otras instituciones públicas de educación superior.

Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En lo que hace a los créditos en cartera vencida que fueron vendidos a empresas recuperadoras de crédito, antes de la entrada en vigor del presente decreto, el instituto deberá de readquirir la titularidad de estos créditos y fijar, en beneficio de los trabajadores acreditados, caso por caso, montos justos de amortización con la intervención de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, y de otras instituciones públicas de educación superior; o bien, los trabajadores podrán adquirir su vivienda pagando en una sola exhibición 8 por ciento del saldo del crédito del que es titular.

Es cuanto. Y compañero diputado presidente, en virtud del tiempo, solicito que se integre completo el texto de la presente iniciativa. Por la atención de todos ustedes, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que le conceden el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 62, 63 y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) tiene una problemática múltiple; en el caso no se pretende abarcar toda ésta, sino concentrarnos en la solución de la cartera vencida.

El manejo que los actuales directivos del Infonavit han realizado de la cartera vencida es absolutamente ilegal y nada transparente. Con toda razón se ha formado un verdadero escándalo en torno a este tema, ya que la venta de la cartera vencida que abarca a poco más de 120,000 créditos se realiza sin respaldo jurídico; pero sobre todo porque esta venta ha desembocado en el enriquecimiento, en un lucrativo negocio en favor de empresas recuperadoras de créditos y, peor aún cuando se sabe que mayoritariamente estas empresas son de capital trasnacional, concretamente norteamericano, como es el caso de las empresas Pendulum Associates, SCRAP II, Corporación para la Recuperación y Utilidad de Deuda, Sociedad Limitada de los Activos de Gramercy, Sociedad Corporativa para la Resolución de Activos y Propiedad.

Esto, en razón de que estas empresas han adquirido, en promedio, las viviendas de la cartera vencida en alrededor de veinte mil pesos y las han vendido en 300 mil y hasta 700 mil pesos, lo cual significa que han obtenido ganancias increíbles.

En contrapartida, encontramos a los trabajadores titulares de estos créditos, privados de manera arbitraria de su relación jurídica con el Infonavit, y enfrentados a despachos jurídicos despiadados que aplican una política de terror, los cuales les exigen a los acreditados montos impagables que deben realizar en una sola exhibición bajo la amenazada de privarlos de sus viviendas sin haber sido vencidos en juicio.

O bien, para el caso de la reestructuración de los créditos, estas empresas exigen a los trabajadores mensualidades de hasta 75 por ciento de su salario. Por otro lado, tal reestructuración ya de entrada cuesta a los trabajadores alrededor de 20 mil pesos, lo que también es fuente de abultadas ganancias para las recuperadoras de créditos.

Insistimos que la cartera vencida es absolutamente injusta y contraria a derecho al violentar la fracción XII apartado A del artículo 123 Constitucional, el artículo 49 de la Ley del Infonavit y las Jurisprudencias dictadas sobre el tema. Esto, en virtud de que el Infonavit es el único con el que el trabajador pactó el crédito y, por tanto, el único legalmente legitimado para exigir el cumplimiento de tal contrato en caso de omisión de pagos por parte del trabajador; igualmente al trabajador se le priva de las condiciones pactadas en dicho contrato en apego a la Ley del Infonavit.

La consecuencia última que se busca es que a los acreditados les sean arrebatados su crédito, su vivienda y las amortizaciones realizadas hasta ese momento al Instituto.

En agravante de lo anterior, señalamos que diversas organizaciones sociales han denunciado que abogados litigantes del PAN son los que manejan los despachos que cobran la cartera vencida.

Todo esto es insostenible, la única política viable debe partir de la realidad: el empleo y los salarios dignos han camino a la baja en nuestro país, paralelamente ha proliferado el empleo eventual e informal; lo que se gravará en el marco de la actual crisis económica mundial. A eso sumemos la situación de los incapacitados y jubilados.

La gravedad de la situación se completa con la mecánica operativa de los créditos del Infonavit cuyo saldo se actualiza conforme a los incrementos del salario mínimo, base del cobro de elevados intereses. En esta misma tónica, nos encontramos con que este instituto, mediante las Reglas para el Otorgamiento de Créditos a los Trabajadores Derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 22 de febrero de 2008, autorizó indebidamente el incremento semestral de los intereses que deben pagar los trabajadores por concepto del crédito otorgado por este Instituto. Las llamadas tasas de interés variables.

Es decir que al incremento de los pagos por el crédito obtenido que ya resienten los trabajadores por el ajuste del saldo derivado del aumento de los salarios mínimos, ahora se verán aún más afectados por los incrementos semestrales que se aplicarán a los intereses.

Tomando en cuenta lo anterior, no cabe duda de que la inmensa mayoría de los trabajadores, sino es que la totalidad reconocen el adeudo que tienen con el instituto y están en la mejor disposición de cubrirlo, sólo piden amortizaciones justas para seguir cubriéndolos y preservando su patrimonio familiar, lo cual el instituto está en posibilidad de realizar en el marco de la ley y, desde el momento en que realiza las quitas gigantescas ya precisadas a favor de las empresas recuperadoras de créditos.

La diferencia es que en tanto este camino de privatización de la cartera vencida sólo ve por el egoísta lucro para unas cuantas empresas; la verdadera solución debe tomar en cuenta los intereses de los trabajadores, lo que significa atender la necesidad de vivienda de millones de mexicanos (el trabajador y sus familiares), además de dar viabilidad futura y en el marco de los principios de la seguridad social al instituto.

De lo contrario, ante tanta injusticia el Infonavit pronto se verá atiborrado de demandas legales y presiones políticas, como actualmente sucede con el ISSSTE, lo que deslegitima a una institución y la llena de gastos innecesarios. Es imposible que el Infonavit cierre los ojos a la realidad, y sólo esté al servicios de los trabajadores de mayores ingresos, de los grupos financieros, empresas constructoras y, ahora hasta de empresas recuperadoras de crédito dominantemente de capital extranjero.

Acuerdo del Consejo de Administración del Infonavit en materia de cartera vencida. Solución temporal, parcial e ilegal

Ante los constantes reclamos al Infonavit por el actual manejo de la cartera vencida, incluida la de algunos diputados, el consejo de administración tomó en el 2007 un acuerdo para atender la cartera vencida, bajo los siguientes ejes:

Comentarios a este acuerdo del consejo de administración

No hubo razón para que la solución relativa a que el Infonavit readquiriera los créditos vendidos se limitara a diciembre de 2007, ya que evidentemente este tope amañado en el tiempo, limitaba su conocimiento y aplicación en bien de los trabajadores. Segundo, era sólo un desplante político la opción para que el trabajador escogiera entre empresa recuperado de crédito o Infonavit, ya que ésta siempre será el mejor camino, no sólo en materia de condiciones sino en cuanto al trato recibido. Además esta última es la única legal.

La ``opción'' que ya se puso de moda (como en el marco de la Ley del ISSSTE, por dar otro ejemplo), tiende a darle tinte de legalidad a una clara renuncia de derechos por parte de los trabajadores; lo que es imposible, ya que los derechos de los trabajadores son irrenunciables.

Luego, si el Infonavit va a dar una verdadera solución, que simplemente readquiera la titularidad de todos los créditos que ilegalmente se vendieron y se comprometa a no repetir esta enajenación contraria a derecho. Más bien que reconozca tal titularidad que por mandato legal sigue siendo suya.

En cuanto al fideicomiso, es sinónimo de poca transparencia, ventaja para los bancos e inversión innecesaria de recursos. Por lo que en lugar de esta figura jurídica amañada, simplemente lo que urge es que se concedan a los trabajadores amortizaciones equitativas para sus créditos.

Razones de la ilegalidad de la venta de la cartera vencida

El contrato de crédito de vivienda se realiza entre el trabajador y el Infonavit sin que exista alguna cláusula que establezca que sin previo aviso se puede hacer tal venta y menos se señalan las condiciones para la misma, llegado el caso.

El único apoyo que podría pretender el instituto para este cambio es el artículo 49 de la Ley del Infonavit en que se señalan las causas que hacen procedente la rescisión de los créditos (enajenación, permuta o gravamen de la vivienda, etcétera).

Sin embargo existe jurisprudencia para el caso, que dispone que el instituto debe demandar ante las autoridades judiciales tal rescisión y, de ninguna manera, sin siquiera previo aviso hacer a un lado la titularidad sobre los créditos y autorizar a un tercero ajeno al contrato a llevar a cabo el cobro total del crédito en una sola exhibición o hacer el ultimátum para que desocupe la vivienda.

Esto sólo sería procedente, en todo caso, sigue diciendo la jurisprudencia, tratándose de viviendas construidas con financiamiento del instituto, pero en esta situación el Infonavit debe dictar resolución debidamente fundada y motivada y notificársela al trabajador, señalándose el término de 45 días para desocupar la vivienda; pero aún en este caso el trabajador puede oponer y hacer valer las acciones legales que procedan ante las autoridades judiciales.

Además esta facultad de requerir al trabajador el pago o la entrega de la vivienda se le otorga con exclusividad al instituto, sin que la pueda ceder a un tercero, ya que se trata de una relación jurídica de seguridad social, no meramente civil; es decir está limitada por un interés social.

Cuando el Infonavit reclama el cumplimiento o entrega de la vivienda, actúa como particular no como autoridad, por lo que no puede desempeñarse con una superioridad jurídica que no le corresponde, mucho menos el tercero que indebidamente ha comprado el crédito.

En suma, si el trabajador no puede ser privado de su vivienda ni por el propio Infonavit sin previo juicio, aún con apoyo del artículo 49 de la Ley del Infonavit, mucho menos lo podrá hacer un tercero ajeno a la relación jurídica que se entabla por motivo del otorgamiento del crédito. Esto salvo que el trabajador consintiera (de manera libre e indubitable; si no fuera así podría demandarse la nulidad por renuncia de derechos) en desocupar su vivienda sin hacer valer las acciones legales que procedan, por así convenir a sus intereses.

Por otro lado es un principio elemental del derecho que la autoridad sólo puede hacer lo que la Ley le autoriza, y así vemos que en ninguna parte de la Ley del Infonavit se autoriza al consejo de administración ni a ningún otro órgano del instituto a vender la cartera vencida y, mucho menos en las condiciones de total despojo a los intereses de los trabajadores y el propio instituto, sin que se pueda dar de pretexto el que el instituto carece del personal e infraestructura necesaria, pues una razón operativa no puede estar por encima de la ley; argumento, que por otro lado, es frecuentemente usado por los neoliberales para desmantelar a la seguridad social, vía la subrogación de los servicios; igualmente para romper los derechos de los trabajadores vía la subcontratación de servicios. De manera que en realidad todo el llamado ``Infonavit ampliado'' está cuestionado en cuanto a su legalidad.

En última instancia que mejor se venda la cartera vencida, como se está haciendo a precios irrisorios, a los propios trabajadores.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto, que propone la adición de dos últimos párrafos al artículo 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en los siguientes términos:

Artículo 49. ...

El Instituto en ningún caso podrá vender la cartera vencida, ni realizar ningún otro acto que implique la subrogación del crédito a favor de terceras personas, tanto públicas como privadas. En caso contrario, la venta o acto relativo será nulo de pleno derecho, y los servidores públicos y demás personas involucradas serán sancionados como autores del delito de fraude equiparado. Además, a los servidores públicos involucrados se les impondrá destitución de su cargo e inhabilitados de cinco a veinte años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos y, multa de doscientos a diez mil días de salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal.

Además el trabajador afectado con la venta de la cartera vencida tendrá derecho a adquirir su vivienda pagando, en una sola exhibición, máximo el ocho por ciento del saldo del crédito del que es titular. O bien, podrá solicitar al Instituto le fije, un monto justo de amortización, con la intervención de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de México y de otras instituciones públicas de educación superior.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Por lo que hace a los créditos en cartera vencida que fueron vendidos a empresas recuperadoras de créditos antes de la entrada en vigor del presente decreto, el instituto deberá readquirir la titularidad de estos créditos y fijar, en beneficio de los trabajadores acreditados, caso por caso, montos justos de amortización, con la intervención de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de México y de otras instituciones públicas de educación superior. O bien, los trabajadores podrán adquirir su vivienda pagando en una sola exhibición, el ocho por ciento del saldo del crédito del que es titular.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Señor diputado, don José Antonio Almazán González, con gusto instruimos a la Secretaría para que se inserte en sus términos la iniciativa completa en el Diario de los Debates.

LEY FEDERAL DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene el uso de la palabra el señor diputado, Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.

El diputado Jericó Abramo Masso : Gracias, presidente. Amigas y amigos legisladores, vengo a esta tribuna a presentar esta iniciativa de ley donde se busca que juntos logremos eliminar el impuesto sobre la adquisición de vehículos nuevos, el ISAN, que viene a detener el crecimiento de la industria automotriz en nuestro país, que es la que genera el 3 por ciento del producto interno bruto de México.

Si hacemos esto, permitiremos que se puedan controlar más de 54 mil 850 empleos que genera directamente la industria automotriz. Por cada empleo que genera la industria automotriz directo, se generan entre 7 y 8 empleos indirectos. Para los estados productores automotrices en México, saben que esto viene a generar casi 535 mil empleos directos e indirectos para nuestro país.

Esta iniciativa es parte del esfuerzo que tenemos que hacer como legisladores para combatir esta crisis que a nuestro país aqueja.

A falta de soluciones del gobierno federal, a falta de aportaciones para combatir la marginación y la pobreza; a falta de una estrategia seria para dar argumentos fiscales para que se pueda salvar el empleo, estas iniciativas, que proponemos las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI, pueden servir para que la industria automotriz tenga herramientas para poder mantener la planta laboral.

Eliminar el ISAN al 100 por ciento daría la oportunidad, aunque sea un ingreso participable para las entidades federativas, de que aquellas personas que están en la posibilidad de comprar un carro, pero que les falta un poquito para lograrlo, lo puedan hacer.

Esto puede ir acompañado de un esfuerzo de las armadoras para tratar de disminuir el costo de los vehículos y que esto, aunado a la disminución del cobro fiscal, sirva para que sean más económicas las unidades en México y garanticemos la planta laboral.

No podemos seguir cobrando impuestos en un país donde todo sube, donde sube el dólar; donde suben los básicos 70 por ciento; donde sube la gasolina; donde sube el diesel; donde no hay ninguna motivación para el micro, pequeño, mediano y gran empresario; y donde hoy, los que generan casi 35 por ciento del empleo en México, no tienen un solo beneficio fiscal para este tema.

Creo que como legisladores tenemos la gran oportunidad de representar a más de medio millón de trabajadores que hoy están pidiendo que sus diputados generemos iniciativas para combatir la crisis. Ésta puede ser una opción.

Les pido de forma seria, responsable, y de manera respetuosa, que analicemos muy bien esta iniciativa en la Comisión de Hacienda, y pedirles a mis amigos y amigas de la Comisión de Hacienda que no se quede en la congeladora.

Insisto con la congeladora legislativa que tanto daño le hace al país y a esta Cámara, porque tienen una gran cantidad de iniciativas ahí, como colección, para verlas ahí quién sabe si en tres o cuatro legislaturas más; cosas que tienen que ser debatidas y discutidas aquí, y no se están tocando. De esta forma respetuosa les pediría que pudiéramos dar lectura a esta iniciativa cuanto antes, por el apremio de la crisis que estamos viviendo.

Eliminar el impuesto sobre automóviles nuevos permitiría garantizar que la industria nacional mantenga los empleos, y también que le demos la oportunidad a esos cientos de miles de trabajadores, que vean que sus legisladores estamos generando políticas fiscales para ellos.

Por lo anterior, amigas legisladoras y amigos legisladores, vamos a proponer la modificación a la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, y proponemos un cambio a un artículo único del transitorio: Se abroga la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.

Esta reforma deberá entrar al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, siendo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 16 de febrero de 2009.

Es cuanto, presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, muchas gracias.

«Iniciativa que abroga la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, a cargo del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 55, fracción II y 56 del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las industrias que mayor fuente de trabajo genera en el país, es la industria automotriz. En el año 2001 tenía 54 mil 766 trabajadores directos en este ramo, para 2008 fueron solamente 45 mil 886, lo que significó una diferencia de cerca del 19 por ciento menos. En el 2000 existían 451 mil 418 empleos indirectos en la fabricación de autopartes, al 2006 existían 456 mil 455.

Esta industria generaba en el 2001 un producto interno bruto de 24 mil millones de pesos (pesos de 1993), para el 2008 el PIB del sector fue de 32 mil seiscientos millones de pesos de 1993. Es decir ha mostrado una tasa de crecimiento acumulada de 35.7 por ciento para el periodo 2001-2008, que es muy superior a la registrada en el PIB nacional de 22.3 por ciento, para el mismo lapso.

De acuerdo a la Asociación Mexicana de Automotores (Amda), en el 2008 esta industria significaba 3.0 por ciento del PIB nacional, concentraba el 19 por ciento de las exportaciones manufactureras y el 15 por ciento del total nacional.

Este sector se encuentra concentrado en cinco entidades federativas: México, Puebla, Coahuila, Distrito Federal y Aguascalientes, en los cuales se genera más del 85 por ciento del PIB del sector.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), el volumen de producción del pasado mes de enero, registró una de sus peores caídas de la historia al retroceder 50.9 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior.

En cuanto a ventas internas y exportaciones, la AMIA informa que las exportaciones de noviembre de 2007 al mismo mes de 2008, han mostrado un comportamiento negativo al registrar una tasa de crecimiento del -7.7 por ciento. Cabe señalar, que el 70 por ciento de las ventas externas tienen como mercado objetivo Estados Unidos de América, situación que se ha empeorado dado el escenario de recesión económica que vive ese país.

Las ventas internas de autos han disminuido, estas en 6.7 por ciento anual con respecto al año anterior; durante el periodo enero-diciembre de 2007 el total de autos y camiones ligeros vendidos al menudeo fue de 1 millón 99 mil 886 mientras que para el mismo periodo del año 2008 el total de ventas fue de 1 millón 25 mil 520 (-6.7 por ciento). Para 2009 el pronóstico estimado de ventas con base en el escenario crítico es de 910 mil 652 (-11.2 por ciento), autos y camiones ligeros.

El comportamiento de las ventas va íntimamente ligado a la confianza del consumidor. Prácticamente todo el año 2008 fue a la baja. En el estudio que realizó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, sobre la percepción de los empresarios de las expectativas del clima de negocios que prevalecerá en los próximos seis meses, se reportó el siguiente resultado: en junio de 2007 el 26 por ciento consideraba que se quedaría igual, y el 74 por ciento restante en que mejoraría; para noviembre de 2008 el 87 por ciento considera que empeorará y el 13 por ciento que permanecerá igual.

La industria automotriz de México se encuentra fuertemente ligada a la industria del ramo en los Estados Unidos, pues de todas las plantas establecidas en México la gran mayoría corresponde a los tres grandes gigantes: General Motors, Ford y Chrysler. La distribución de las plantas en el país es como sigue:

Entre las acciones de ajuste que han realizado algunas armadoras (como paros, despido de personal, ajustes en salarios, producción y planes de inversión), los estados más afectados son:

Esto viene a hacer más crítica la situación económica del país, por la importancia del sector automotriz en cuanto a generación del PIB y empleo. Nunca se había imaginado una situación tan complicada a nivel global.

De acuerdo con un estudio de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AC, la salida del mercado automotor posterior a la crisis del 95 se sustentó principalmente en los estímulos de los fabricantes; así como en la apertura del crédito de las financieras automotrices y del entonces incipiente crédito bancario.

En la crisis actual el crédito enfrentará restricciones sustanciales debido a que las instituciones financieras, automotrices y bancarias, no encuentran liquidez en el mercado internacional, el riesgo es global y los inversionistas privilegian los portafolios con mayor seguridad.

En el pasado no existía --en el sistema financiero mexicano-- la aplicación de medidas prudenciales emitidas por el Comité de Basilea, entre ellas el Buró de Crédito. Esta ausencia tuvo sus bondades al permitir la reinserción al círculo crediticio de los consumidores morosos afectados por la crisis. La legislación actual impide el otorgamiento de créditos a clientes con registros negativos en el Buró de Crédito, cuando menos durante 7 años, lo que limitará aún más la venta de vehículos a clientes que en el corto plazo, superada la crisis, recuperen capacidad de pago.

La importancia del crédito para la adquisición de vehículos ligeros queda de manifiesto si consideramos que en el año 2000 sólo el 30 por ciento de las unidades se adquirían mediante financiamiento, y en 2008 esta relación se ha invertido al adquirirse mediante crédito más del 70 por ciento de vehículos.

El crédito automotriz viene disminuyendo aun antes del impacto de la crisis financiera. En 2006 se incrementó 0.3 por ciento y en 2007 cayó 1 por ciento; mientras que para el cierre de 2008 se contrajo un 12 por ciento. Una disminución en el número de unidades financiadas del 20 por ciento en 2009, equivale a dejar de vender alrededor de 150 mil unidades, lo cual es congruente con el impacto esperado en el mercado de acuerdo a las estimaciones presentadas por Amda en este trabajo.

Ahora bien, de acuerdo a los datos elaborados por la AMIA, si se eliminara el impuesto significaría un ahorro para los consumidores de aproximadamente 4 mil 350 millones de pesos. De las ventas de vehículos de 2008, se considera que el 24 por ciento no pagó el ISAN, por ser vehículos cuyo costo es menor a 150 mil, el restante 76 por ciento sí realizó el pago del impuesto. Según este estudio, el 60 por ciento de los vehículos comercializados en México pagan el 100 por ciento del impuesto, el 16 por ciento paga el 50 por ciento y el 24 por ciento de los vehículos comprados en México no paga el ISAN.

Como puede observarse, el que se generase este ahorro permitiría fortalecer a las armadoras al incentivar las ventas de vehículos, otorgando un beneficio directo a los estados federativos, por lo que no impactaría en sus finanzas la desaparición de este impuesto que forma parte de las participaciones a las entidades federativas.

Ahora bien, este impuesto tiende a desaparecer, ya que el efecto que traerá el Tratado de Libre Comercio con América del Norte sobre el pago del ISAN será negativo. El TLCAN establece que a partir del 2010 se podrá importar sin aranceles, los vehículos usados de 10 años anteriores al vigente, haciendo de facto la desaparición del impuesto ya que el costo de este tipo de vehículos será sin duda menor a 150 mil pesos. A este dato le agregamos que entre enero de 2006 y diciembre de 2008 entraron al país más de 4 millones de vehículos importados, 13 por ciento más que los nuevos, que son vehículos viejos y de menos de 150 mil pesos.

Por lo expuesto, presento a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se abroga la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.

Transitorio

Único. Esta reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, señor diputado Jericó Abramo Masso.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene la palabra la diputada Susana Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal.

La diputada Susana Monreal Ávila : Con su venia, señor presidente.

Compañeros legisladores, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del título vigésimo cuarto del Código Penal Federal, en materia de delitos electorales, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

El tema de los delitos electorales, así como sus persecuciones y consignaciones, se encuentran estrechamente vinculados al sistema político-electoral del que depende, y cabe señalar que no han sido los mismos en todos los países ni tampoco en diversas etapas de la historia.

Como antecedentes podemos mencionar que en Grecia se imponía la pena de muerte al ciudadano que votaba dos veces. En Roma existía el delito de ambitus para sancionar la corrupción en la obtención del voto, cuya penalidad alcanzó la privación de honores, el destierro y la deportación.

Durante la Edad Media surge la figura del broglio relativo al fraude electoral y a la compra de votos. En Francia, en 1810 el Código Penal incluyó un capítulo en el que se estableció la violencia, la coerción, la corrupción y el fraude como causas específicas de suplantar la voluntad popular.

Manifestamos lo anterior porque en este año se renovará en su totalidad la Cámara de Diputados. Es en este 2009 donde han entrado en vigor las disposiciones de una reforma electoral derivada de los trabajos y consensos entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión.

Estas reformas aterrizaron en un primer momento con modificaciones sustanciales a nuestra Constitución, y posteriormente a la expedición de un nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Esta reforma implantó mecanismos importantes en el derecho electoral mexicano, como la prohibición a los partidos políticos para comprar propaganda en radio y televisión. La reducción de financiamiento público a los partidos políticos. La reducción en los tiempos de precampaña y campaña; y el fortalecimiento de la autonomía y capacidades del Instituto Federal Electoral.

Sin embargo, uno de los temas que no fueron abordados dentro del proceso de la reforma electoral es el relativo a los delitos electorales, como si en México con un largo historial de elecciones cuestionadas y de fraudes electorales no fuera un tema relevante para tener una legislación completa que sancione a quien violente la democracia y el sufragio popular.

No podemos hablar de una reforma electoral integral sin una reforma al capítulo de los delitos electorales del Código Penal Federal que actualice a las realidades de nuestro país conductas que afecten los valores de la democracia.

De ahí la necesidad de contar con una legislación mínima que se armonice a la reciente reforma electoral, con la finalidad de salvaguardar nuestros intereses y bienes más preciados al lado de la vida y de la libertad, como son la democracia y la soberanía.

La iniciativa que pongo a consideración de esta soberanía responde a estos compromisos, en su esencia plantea la incorporación de las figuras de precandidatos y de organizadores de actos de campaña o precampaña y un aumento en las penalidades, en la participación de estos, en las conductas tipificadas en el Código Penal.

Propongo además, un aumento en las penalidades a aquel que utilice programas sociales así como fondos provenientes de actividades ilícitas, o del extranjero, para el apoyo de precandidatos, candidatos, partido político o coalición.

Por tanto, es importante que para el proceso electoral del 2009 no sólo se cuente con un marco en materia de elecciones, sino que éste se armonice con una actualización al capítulo de delitos electorales del Código Penal Federal. Recordemos que la democracia tiene como condición esencial la limpieza electoral, la transparencia del sufragio y de los órganos encargados de su supervisión.

Es como señala el jurista José Peco: ``sin la verdad el sufragio, el derecho es quimera, la libertad un mito y la democracia una ficción''.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del título vigésimo cuarto del Código Penal Federal

Señor presidente, en obviedad de tiempo solicito que se inserte el texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Susana Monreal Ávila , del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Susana Monreal Ávila , diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto por el se reforman diversos artículos del Título Vigésimo Cuarto del Código Penal Federal en materia de delitos electorales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El tema de los delitos electorales, así como su persecución y consignación, se encuentran estrechamente vinculados al sistema político-electoral del que dependen. Cabe señalar que no han sido los mismos en todos los países ni tampoco en diversas etapas de la historia.

Como antecedentes podemos mencionar que en Grecia se imponía la pena de muerte al ciudadano que votaba dos veces; en Roma existía el delito de ambitus para sancionar la corrupción en la obtención del voto, cuya penalidad alcanzó la privación de honores, el destierro y la deportación. Durante la Edad Media surge la figura del broglio relativa al fraude electoral y a la compra de votos; en Francia, en 1810, el código penal incluyó un capitulo en el que se estableció la violencia, la coerción, la corrupción y el fraude como causas específicas de suplantar la voluntad popular.*

Manifestamos lo anterior porque en este año se renovará en su totalidad la Cámara de Diputados. Es en 2009 donde han entrado en vigor las disposiciones de una reforma electoral derivada de los trabajos y consensos entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión.

Estas reformas aterrizaron en un primer momento con modificaciones sustanciales a nuestra Constitución y posteriormente a la expedición de un nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Esta reforma implantó mecanismos importantes en el derecho electoral mexicano, como la prohibición a los partidos políticos para comprar propaganda en radio y televisión, la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, la reducción de los tiempos de precampaña y de campaña y el fortalecimiento de la autonomía y capacidades del Instituto Federal Electoral.

Sin embargo, uno de los temas que no fueron abordados dentro del proceso de la reforma electoral fue el relativo a los delitos electorales, como si en México, país con un largo historial de elecciones cuestionadas y de fraudes electorales, no fuera un tema relevante para tener una legislación completa que sancione a quien violente la democracia y el sufragio popular.

No podemos hablar de una reforma electoral integral sin una reforma al capítulo de los delitos electorales del Código Penal Federal que actualice a las realidades de nuestro país conductas que afecten los valores de la democracia.

De ahí la necesidad de contar con una legislación mínima que se armonice a la reciente reforma electoral, con la finalidad de salvaguardar nuestros intereses y bienes más preciados al lado de la vida y de la libertad: la democracia y la soberanía.

La iniciativa que ponemos a consideración de la soberanía responde a éstos compromisos. En su esencia plantea la incorporación de las figuras de precandidatos y de organizadores de actos de precampaña o campaña y un aumento en las penalidades en la participación de éstos en las conductas ya tipificadas en el Código Penal.

Propone, además, un aumento en las penalidades a aquél que utilice programas sociales, así como fondos provenientes de actividades ilícitas o del extranjero para el apoyo de precandidatos, candidatos, partido político o coalición.

Por tanto, es importante que para el proceso electoral de 2009 no sólo se cuente con un marco en materia de elecciones, sino que éste se armonice con una actualización al capítulo ``Delitos Electorales'' del Código Penal Federal. Recordemos que la democracia tiene como condición esencial la limpieza electoral, la transparencia del sufragio y de los órganos encargados de su supervisión. Como señala el jurista José Peco ``sin la verdad del sufragio, el derecho es quimera, la libertad un mito y la democracia una ficción''.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de la soberanía iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversos artículos del Título Vigésimo Cuarto del Código Penal Federal (delitos electorales)

Artículo Único. Se reforman las fracciones I y V del artículo 401; las fracciones III, IV, VI, IX y XII del artículo 403; el artículo 404; la fracción VI del artículo 405; la fracción I del artículo 406; las fracciones I, II, III, IV del artículo 407 y el artículo 412; se adicionan las fracciones VII, VIII, IX y X del artículo 401; la fracción XIV del artículo 403 y la fracción VIII del artículo 406 y el artículo 412 Bis, todos del Título Vigésimo Cuarto del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Titulo Vigésimo Cuarto Delitos Electorales y en materia de Registro Nacional de Ciudadanos Capítulo Único

Artículo 401. Para los efectos de este capítulo, se entiende por

Artículo 403. Se impondrán de 50 a 150 días-multa y prisión de uno a cuatro años a quien

Artículo 404. Se impondrán hasta 500 días-multa a los ministros de cultos religiosos que, en el desarrollo de actos públicos propios de su ministerio, induzcan expresamente al electorado a votar en favor o en contra de un precandidato, candidato o partido político, o a la abstención del ejercicio del derecho al voto.

Artículo 405. Se impondrá de cincuenta a 200 días-multa y prisión de 2 a 6 años, al funcionario electoral que

Artículo 406. Se impondrán de 100 a 300 días-multa y prisión de 3 a 7 años al funcionario partidista, precandidato, candidato u organizadores de actos de campaña o precampaña que

Artículo 407. Se impondrán de 200 a 400 días-multa y prisión de 1 a 9 años al servidor público que

Artículo 412. Se impondrá prisión de 2 a 9 años al funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña o precampaña que, a sabiendas aproveche ilícitamente fondos, bienes o servicios en los términos de la fracción III del artículo 407 de este código. En la comisión de este delito no habrá el beneficio de la libertad provisional.

Artículo 412 Bis. Se impondrá de 5 a 15 años de prisión y de mil a 6 mil días-multa al que por sí o por interpósita persona solicite, proporcione, reciba, obtenga o utilice fondos provenientes de actividades ilícitas o del extranjero para el apoyo de un precandidato, candidato, partido político o coalición.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Nota: * Sánchez Macías, Juan Manuel. ``Consideraciones sobre los delitos electorales en México''. Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 1998, número 10, página 51.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, diputada Susana Monreal Ávila, con gusto instruimos a la Secretaría para que se inserte íntegramente la iniciativa con la exposición de motivos en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Justicia.

LEY DE DESEMPLEO UNIVERSAL Y NO CONTRIBUTIVO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se concede la palabra al señor diputado José Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Desempleo Universal y no Contributivo.

El diputado José Antonio Almazán González : Muchas gracias, compañero diputado presidente.

El suscrito, José Antonio Almazán, diputado federal de esta legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, en ejercicio de la facultad que le conceden los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 62, 63 y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto para crear la Ley del Seguro de Desempleo Universal y no Contributivo, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

Si se cumplen los pronósticos optimistas del secretario de Hacienda y Crédito Público, que estima que en 2009 el crecimiento económico en el país será de cero; sin embargo, otras proyecciones de especialistas, tanto del sector público como del privado, consideran que un crecimiento económico realista deberá ser negativo.

En uno y otro caso, a los 2 millones 35 mil desempleados, víctimas del neoliberalismo que ya existen en nuestro país, se van a sumar 380 mil más que perderán su empleo, según cálculos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe; 340 mil según el Banco de México; y 1 millón 200 mil jóvenes que cada año se incorporan a la población económicamente activa. Con mayor razón, si tomamos en cuenta la repatriación de miles de mexicanos que laboran especialmente en Estados Unidos, el panorama es muy preocupante.

Es imposible dejar al libre juego de las fuerzas del mercado este enorme problema social que se avecina, concepción que una y otra vez ha mostrado su total fracaso. Por ello, el Estado, con todos los instrumentos a su alcance, debe tomar las medidas necesarias para proteger a la población del país; incluso, en aras de la paz social.

En esta iniciativa, a la cual doy lectura, se propone la aplicación del seguro de desempleo al universo completo de los desempleados, en nuestro país. Esto implicaría una erogación del orden de 11 mil millones de pesos, según cálculos oficiales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo que se podría complementar con los esfuerzos de los restantes gobiernos locales para establecer seguros de desempleo equivalentes, como lo ha hecho ya el gobierno de Zacatecas, y lo comienzan a hacer algunos ayuntamientos del estado de México.

La fuente para obtener de inmediato los recursos necesarios serían los ahorros, por más de 200 mil millones, derivados de un programa de austeridad de parte del gobierno federal.

En el caso del seguro de desempleo en el Distrito Federal, éste ha hecho historia, echando por tierra todos los argumentos que lo condenaban a la imposibilidad. Los argumentos en contra, que manifestó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social son de la más pura cepa patronal, de lo más anticuado y desprestigiado, pero que han sido anulados por los hechos contundentes de la realidad a lo largo del mundo.

Si los panistas son tan neoliberales y yanquífilos, ¿por qué no instauran un seguro de desempleo como hay en Estados Unidos desde 1934?, protección que, hasta hace poco, corría paralela a la mayor economía del mundo, cuyo deterioro nada tiene que ver con tal seguro.

En razón de lo expuesto, presento el siguiente proyecto de decreto que crea la Ley del Seguro de Desempleo Universal y no Contributivo

Artículo 1o. La presente ley es de orden público e interés social, y será de observancia general en toda la república.

Artículo 2o. Se crea el Seguro de Desempleo para otorgar protección a los trabajadores asalariados del sector formal de la economía que hayan perdido su empleo. Al propio tiempo, se crearán las condiciones para su reincorporación a su trabajo.

Artículo 3o. El seguro de desempleo otorgará a los derechohabientes una prestación económica mensual por 27.4 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. La prestación señalada en el párrafo anterior se otorgará por un periodo de seis meses, y sólo por una vez cada dos años, y tiene carácter personal e intransferible.

El propósito, como lo he señalado y como queda argumentado en el texto de la presente iniciativa, es ---con los instrumentos con que cuenta el Estado mexicano y en aplicación estricta a lo que establece nuestro artículo 123 constitucional--- contar con las herramientas necesarias para enfrentar este flagelo que ya está asolando a miles de hogares mexicanos, como es el desempleo.

En razón de tiempo, diputado presidente, solicito que el texto completo de esta iniciativa se inserte en el Diario de los Debates. Por su atención, diputadas y diputados, muchas gracias.

«Iniciativa que expide la Ley de Desempleo Universal y no Contributivo, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, José Antonio Almazán González , diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que le conceden los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 62, 63 y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley del Seguro de Desempleo Universal y no Contributivo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Si se cumplen los pronósticos optimistas del secretario de Hacienda y Crédito Público, en 2009 el crecimiento económico en el país será de 0. Sin embargo, otras proyecciones de especialistas, tanto del sector público como del privado, consideran que un crecimiento económico realista deberá ser negativo. En uno y otro caso, a los 2 millones 35 mil desempleados víctimas del neoliberalismo que ya existen en el país se sumarán 380 mil más que perderán su empelo según cálculos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (340 mil según el Banco de México), y el millón 200 mil jóvenes que cada año se incorporan a la población económicamente activa. Con mayor razón, si tomamos en cuenta la repatriación de miles de mexicanos que laboran especialmente en Estados Unidos. El panorama es muy preocupante.

Es innecesario señalar lo que la pérdida del empleo representa y representará para los trabajadores y sus familias, que se quedarán sin recursos para satisfacer las necesidades básicas de alimentación, pasando por la salud, la educación, la cultura, el esparcimiento.

Este aumento del empobrecimiento golpeará de manera especial a los niños, a las madres solteras y a los campesinos, pero en general a los trabajadores de todos los sectores económicos. El país verá aún más afectada su economía, agravándose su problemática social.

Es imposible dejar al libre juego de las fuerzas del mercado reparar este problema social que se avecina, concepción que una y otra vez ha mostrado su total fracaso. Por ello, el Estado, con todos los instrumentos a su alcance, debe tomar las medidas necesarias para proteger a la población del país; incluso, en aras de la paz social.

Desde luego, esto debe incluir las medidas económicas, fiscales, administrativas y de seguridad pública necesarias para impulsar el crecimiento económico en los porcentajes que el país exige, cuyo olvido ha llevado a que México ocupe la posición 60 en el índice global de competitividad.

Pero paralelamente al impulso del crecimiento económico, se deben tomar medidas sociales de tutela en favor los más vulnerables. Entre esas medidas debe procederse al establecimiento del seguro de desempleo. México es el único país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que no cuenta con él, lo que --además-- impulsará el crecimiento del mercado interno.

Pero por encima de todo, la negativa a establecer este seguro violenta lo previsto en el artículo 123 constitucional, que consagra en favor de todos los mexicanos el derecho a un trabajo digno y socialmente útil, poniéndose a cargo del Estado la obligación de promover la creación de empleos y la organización social para el trabajo.

Evidentemente, cuando el Estado no cumple estas obligaciones que permitan a todos los mexicanos gozar de los derechos humanos a un trabajo y a un salario dignos, éste debe garantizar por lo menos un ingreso mínimo para que las personas satisfagan las necesidades básicas, lo cual repercute en bien de las familias y de la sociedad toda.

Lo dicho se ratifica en el artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo, pues prevé que éste ``es un derecho y un deber social''. Lo propio se establece en diversos instrumentos internacionales ratificados por el país.

Y bien, en México el Gobierno del Distrito Federal fue el primero en instaurar el Seguro de Desempleo, en un esquema no contributivo o, en palabras del Gobierno del Distrito Federal, ``un seguro de desempleo, de carácter tutelar, universal y solidario, bajo la responsabilidad del Estado''. Primero a través de programas, y a partir del 8 de octubre de 2008, el Seguro de Desempleo se ha elevado a ley: ``Ley de Protección y Fomento del Empleo para el Distrito Federal''.

Para 2009, en la Ciudad de México se proyecta otorgar los beneficios del Seguro de Desempleo por un monto mensual de mil 500 pesos a un universo de 70 mil personas, para lo cual se aplicarán 500 millones de pesos, precisando que el total de desempleados en el Distrito Federal es de 260 mil.

En octubre de 2008, el Distrito Federal ocupó el primer lugar nacional en la creación de empleo formal: 62 mil 515 (16.6 por ciento).

No hay justificación para que a la fecha en México no exista un seguro de desempleo con carácter federal; pero ante la actual crisis económica, urge no sólo que este seguro se extienda a todo el país sino que opere mediante un esquema universal y no contributivo, como el aplicado en el Distrito Federal, ya que ante la negativa persistente del gobierno federal a establecer este seguro, es decir, ante su imprevisión e injusticia, no hay tiempo ni condiciones para implantar un seguro de desempleo tradicional con base en cuentas individuales, exigiendo periodos mínimos de cotización.

En esta iniciativa se propone la aplicación del Seguro de Desempleo al universo completo de los desempleados. Esto implicaría una erogación de 11 mil millones de pesos, según cálculos oficiales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), lo que se podría complementar con los esfuerzos de los restantes gobiernos locales para establecer seguros de desempleo equivalentes, como lo ha hecho el gobierno de Zacatecas y lo comienzan a hacer algunos ayuntamientos del estado de México.

La fuente para obtener de inmediato los recursos necesarios serían los ahorros por más de 200 mil millones, derivados de un programa de austeridad en el gobierno federal.

Incluso, de datos del titular de la STPS se desprende la indeclinable necesidad de establecer el Seguro de Desempleo, pues éste ha señalado que para atender la demanda de empleo se debe alcanzar una tasa de crecimiento de 5 por ciento, que ya es baja, pero imposible de alcanzar en el marco de las políticas neoliberales, con mayor razón en las actuales circunstancias económicas. En consecuencia, menos se generarán los empleos para acoger a los jóvenes que se incorporan cada año.

El Seguro de Desempleo del Gobierno del Distrito Federal ha hecho historia, echando por tierra todos los argumentos que lo condenaban a la imposibilidad. Los argumentos en contra manifestados por la STPS son de la más pura sepa patronal, y de lo más antiguo y desprestigiado, pero que han sido anulados por los hechos contundentes de la realidad a lo largo del mundo. Si los panistas son tan neoliberales y yanquífilos, ¿por qué no instauran un seguro de desempleo como hay en Estados Unidos desde 1934, protección que hasta no hace mucho corría paralelo a la mayor economía del mundo, cuyo deterioro nada tiene que ver con tal seguro? El grueso de la crítica de la STPS es pura envidia política. El Seguro de Desempleo del Distrito Federal se podrá ir perfeccionando a futuro; lo importante fue dar el primer paso.

Oponer el subprograma de empleo formal del SNE al seguro de desempleo del Distrito Federal es ridículo, ya que además de su diversa naturaleza, este subprograma tiene un alcance protector muy limitado.

Pasemos ahora a analizar en detalle el Seguro de Desempleo que opera en el Distrito Federal, repasando especialmente su normativa, ya que ésta ha sido tomada como base para la propuesta que se contiene en la presente iniciativa:

El Seguro de Desempleo

Contra la cacería de brujas que han desatado los neoliberales respecto a las instituciones de seguridad social, como medio para despojar al pueblo de estos recursos y destinarlos a sus negocios privados, el Gobierno del Distrito Federal estableció en 2007 el Seguro de Desempleo, demanda histórica del pueblo de México pero que, además, en estos tiempos implica una contralucha para detener el desmantelamiento de los derechos de los trabajadores. Se pone de manifiesto que el problema en torno de la seguridad social no es meramente financiero sino político, de clase.

Se dice que no es seguro de desempleo porque no parte de una contribución tripartita: mentira, pues lo es desde el momento en que la causa jurídica generadora de un beneficio para el trabajador es la pérdida del empleo. En estos momentos se desarrolla como un programa emergente, ante las actuales tasas de desempleo, que nada tiene que ver con las maquilladas cifras de un Instituto Nacional de Estadística y Geografía subordinado a intereses políticos del Ejecutivo federal. Lo importante era hacerlo nacer; más adelante se podrá desarrollar o complementar con base en aportaciones tripartitas para la tutela ante el desempleo de los trabajadores en activo.

Se dice que impulsará la holgazanería, como si un trabajador estuviera dispuesto a perder el empleo o la posibilidad de contratarse por un apoyo social de mil 500 pesos por sólo 6 meses cada 2 años. Fomentadoras de la holgazanería son esas autoridades divorciadas de los intereses del pueblo cuyo único propósito es ganar salarios estratosféricos por un actividad las más de las veces inexistente.

Se dice que es una carga financiera insostenible, ¡claro! Cualquier gasto para el pueblo es reprobado por el neoliberal que, en cambio, apoya cualquier despilfarro en favor de los ricos y la alta burocracia, hasta la insolencia. El problema es de intereses de clase social, de enfoque político, no de problemática financiera. Además, este seguro de desempleo se complementa con el impulso de la reinserción laboral del beneficiado, por lo que el trabajador estará obligado a asistir a las entrevistas y a los cursos de capacitación, sobre todo de nuevas tecnologías.

Se dice que este seguro de desempleo impulsará la informalidad; lo cierto es que este apoyo se otorga sólo a los trabajadores que vengan de una relación laboral desarrollada en la economía formal. Además, el apoyo puede contribuir a que personas que de otra manera caerían en la informalidad se reinserten en un trabajo formal.

Se dicen muchos otros argumentos insostenibles, pero la única verdad es que en el Distrito Federal, a partir del 4 de octubre de 2007, los habitantes tienen el seguro de desempleo, por casi un siglo demandado por los trabajadores con todos los argumentos y tonos, pero por un siglo diferido con argucias y pretextos.

En la historia de los derechos laboral y de la seguridad social, ha sido común que primero en las entidades federativas se concreten sus disposiciones. Este seguro de desempleo cumple al pie de la letra esta tradición.

El artículo 123, Apartado A, habla de la seguridad social sólo de manera enunciativa, por lo que se podrá impulsar cualquiera otro seguro ``encaminado a la protección y al bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados, y otros sectores sociales y sus familiares''. Es decir, la fracción XXIX del artículo tiene por esencia la seguridad social integral, y ahí precisamente enraíza este seguro de desempleo.

Panorama general del Seguro de Desempleo que opera en el Distrito Federal

Las primeras reglas de operación se dieron a conocer en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 3 de octubre de 2007, por lo que el seguro entró en vigor el 4 del propio mes y año. Después, el 31 de enero de 2008 salieron a la luz nuevas reglas de operación. Hasta el 8 de octubre de 2008 no se publicó la Ley de Protección y Fomento del Empleo para el Distrito Federal. Veamos el contenido esencial de estas disposiciones:

1. Requisitos:

La Secretaría del Trabajo y Fomento del Empleo deberá resolver la solicitud presentada para acceder al Seguro de Desempleo máximo en 15 días hábiles.

Beneficios

Un beneficio mensual por mil 500 pesos hasta por 6 meses, apoyo al que se podrá acceder cada 2 años, previa justificación. Entrega de este monto mediante tarjeta de débito u otro mecanismo.

Consejo

Se crea un consejo consultivo para el fomento y protección al empleo del Distrito Federal, con carácter colegiado. Coordinará sus acciones con las demás dependencias encargadas de proteger y fomentar el empleo.

Con base en todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que crea la Ley del Seguro de Desempleo Universal y no Contributivo

Título Único Capítulo Único

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social y será de observancia general en toda la república.

Artículo 2. Se crea el seguro de desempleo, para otorgar protección a los trabajadores asalariados del sector formal de la economía que hayan perdido su empleo. Al propio tiempo, se crearán las condiciones para su reincorporación a un trabajo.

Artículo 3. El seguro de desempleo otorgará a los derechohabientes una prestación económica mensual por veintisiete punto cuatro veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

La prestación señalada en el párrafo anterior se otorgará por un periodo de seis meses, y sólo por una vez cada dos años. Y tiene carácter personal e intransferible.

Se entregará a través de una tarjeta de débito u otro mecanismo que se considere conveniente conforme a la ley.

Artículo 4. Para acceder a la prestación que brinda el seguro de desempleo, el trabajador deberá cubrir los siguientes requisitos:

Al efecto deberá presentar original y copia del acta de nacimiento, identificación oficial vigente con fotografía, Clave Única de Registro de Población, y baja expedida por una institución de seguridad social u otro documento que acredite fehacientemente la pérdida del empleo.

Artículo 5. Durante el periodo de otorgamiento de la prestación económica, el beneficiario deberá cumplir las siguientes obligaciones:

Si el derechohabiente no cumple estas obligaciones, se le cancelará automáticamente el seguro de desempleo.

Artículo 6. Cuando el beneficiario consiga un empleo antes de concluir el periodo de seis meses, o perciba alguno de los ingresos señalados en la fracción III del artículo 4 de esta ley u otro beneficio equivalente otorgado por el gobierno federal o los gobiernos locales, aquél deberá notificarlo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social máximo en cinco días hábiles, operando de manera automática la suspensión inmediata del pago del seguro.

Artículo 7. La aplicación de la presente ley estará a cargo del Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, precisamente por medio del Servicio Nacional del Empleo.

Artículo 8. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tendrá facultad de verificar la información proporcionada por los solicitantes.

En caso de falsedad de declaraciones por el derechohabiente, se le cancelará el seguro y deberá devolver los recursos recibidos, con independencia de las acciones legales a que haya lugar.

Artículo 9. La supervisión y vigilancia del Programa de Seguro de Desempleo estarán a cargo de un comité técnico, coordinado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, integrado además por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social y de la Función Pública, dos representantes de la Cámara de Diputados, y tres representantes de la organizaciones de trabajadores y de patrones a convocatoria de la primera Secretaría del Trabajo, de manera que ninguna organización deberá tener más de un representante.

Artículo 10. Las personas solicitantes o en goce del seguro de desempleo podrán interponer ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el recurso de inconformidad por haber sido objeto de discriminación, exclusión injustificada o cualquier otra conducta violatoria de la ley por parte de los servidores públicos.

Este recurso se desahogará conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los quince días naturales siguientes a su publicación.

Segundo. Podrán acogerse al seguro de desempleo las personas que hayan perdido su empleo a partir del 1 de enero de 2006.

Tercero. El Ejecutivo federal expedirá las disposiciones reglamentarias de la presente ley dentro de los diez días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Presidencia del diputado José Luis Espinosa Piña

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Gracias, diputado José Antonio Almazán González . Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Y a petición del diputado, insértese de manera íntegra en el Diario de los Debates de esta sesión.

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Quiero aclarar que la iniciativa anterior, que también fue presentada por el diputado Almazán González, debe turnarse a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Vivienda. Es la iniciativa que se refiere a la reforma del artículo 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES - LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Continuando con las iniciativas en la agenda, tiene el uso de la palabra la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, suscrita por la diputada Rodríguez Ramírez y la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucionaly de Convergencia, respectivamente.

La diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez : Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Adelante, diputada.

La diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez : Vengo hoy a esta tribuna, en nombre propio y de la diputada Martha Tagle, a presentar una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, con base en la siguiente exposición de motivos:

Acabar con la discriminación y la desigualdad por motivos de género es una condición indispensable para el desempeño de la sociedad en su conjunto. Sin ello, no es posible avanzar en un verdadero desarrollo humano, pues éste implica la posibilidad de que tanto mujeres como hombres puedan elegir las opciones de vida digna de acuerdo con sus propios valores.

Tampoco es posible hablar de un nivel de desarrollo humano satisfactorio si las personas, sin importar su género, carecen de la capacidad de incrementar sus capacidades, de acceder a la información, a la educación, a la salud y a los recursos materiales para una vida plena.

A pesar de los innegables avances del país en materia de equidad de género, las mujeres mexicanas aún sufrimos inequidad, marginación e injusticia, tanto en la vida pública como en la vida privada que es necesario desterrar.

La presente iniciativa busca proveer a los legisladores y a las legisladoras, y al Ejecutivo, de una herramienta para salvaguardar la equidad de género desde el momento en que se planteen reformas, nuevas leyes y disposiciones reglamentarias, y para avanzar en la urgente tarea que tenemos pendiente como sociedad, para que hombres y mujeres tengan la misma oportunidad de participación en el ámbito público y privado.

La revisión somera de datos recientes, arrojados por parte del Inegi, permite ver que en México aún estamos muy lejos de alcanzar niveles de equidad aceptables para una sociedad que se digne de ser desarrollada.

En cuanto a la vida privada, a pesar de que más de uno de cada cinco hogares en el país son comandados por mujeres, son éstas las que siguen realizando la mayor parte del trabajo no remunerado, tanto en el mercado laboral como en las actividades domésticas.

En el ámbito laboral, y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, durante el segundo trimestre de 2007 la tasa de participación de los hombres en la economía es casi del doble que la participación femenina: 78.2 contra 41.4 por ciento, respectivamente.

A ello debe sumarse el hecho de que en el transcurso de un año cerca de 30 por ciento de las mujeres ocupadas sufrió algún tipo de violencia laboral o de discriminación o acoso.

La presente iniciativa propone la adición del numeral 6 al artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual los presidentes de las comisiones ordinarias deberán solicitar la opinión al Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género cuando se trate de iniciativas de ley o de decretos que pudieran tener impacto en materia de equidad de género.

En lo referente a normas reglamentarias se ha considerado conveniente modificar el artículo 12 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, incorporándose una fracción por la cual el Poder Ejecutivo debe solicitar al Instituto Nacional de las Mujeres opinión al momento de elaborar las normas reglamentarias que pudieran tener impacto en materia de equidad de género.

En efecto, este artículo coloca en el gobierno federal una serie de acciones a llevar adelante en pos de alcanzar la igualdad de derechos entre mujeres y hombre. Por tanto, creemos que una medida que tiende a resguardar la equidad de género es la consulta que se debe hacer a la hora de formular y de confeccionar las normas.

Como se puede observar, en el primer supuesto nos estamos refiriendo a la consulta que debe realizarse desde el Poder Legislativo y en el otro, a la solicitud de valoración que debe hacer el Poder Ejecutivo en materia reglamentaria, pero en ambos casos la finalidad perseguida es la misma: que los poderes encargados de la elaboración de normas jurídicas cuenten con la opinión de los organismos especializados en aquellas iniciativas que pudieran tener consecuencias adversas en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

La opinión vertida por el centro o el instituto, según sea el caso, permitirá, entre otras cosas, analizar la incidencia que la iniciativa o reglamento tendrá entre hombres y mujeres, respectivamente, para ver qué normas y valores surgen de la misma, qué derechos se protegen o qué derechos se vulneran, si mejora o empeora la situación de las mujeres con la implantación de esta norma.

En definitiva, contar con esta valoración en el proceso de toma de decisiones no es otra cosa que hacer efectivo el principio de ``transversalidad'', este concepto que, como ustedes recordarán, se comenzó a utilizar en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en 1995, en la cual se invitó a los estados miembros a integrar la perspectiva de género en todas las políticas y programas y analizar sus efectos y consecuencias en cuanto al logro de este objetivo, antes de tomar las decisiones.

Esta medida supone un paso importante para la aplicación en nuestro país del principio de ``transversalidad'' que conduzca a una igualdad real entre mujeres y hombres.

Quiero comentar que normas similares a la propuesta que hoy hacemos han sido adoptadas en otros países. Por ejemplo, España cuenta desde 2003 con la Ley 30/2003, que establece que los proyectos de ley que envíe el Ejecutivo deberán ser acompañados por un informe de impacto de género. Normas similares han sido adoptadas en otros países.

Finalmente, de esta manera, compañeros legisladores y compañeras legisladoras, no sólo se garantiza que las nuevas disposiciones se ajusten a los criterios, normas mexicanas y tratados internacionales en materia de equidad, sino que se brinda la posibilidad de construir, desde la legislación y reglamentación, una efectiva transversalidad de la perspectiva de género.

Por tanto, la iniciativa que pongo a su consideración, en nombre propio y de la diputada Martha Tagle, es sólo una modesta aportación a la impostergable suma de esfuerzos que requiere y que le hacen falta a nuestro país. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y del Instituto Nacional de las Mujeres, suscrita por las diputadas Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez y Martha Angélica Tagle Martínez , de los Grupos Parlamentarios del PRI, y de Convergencia, respectivamente

Las suscritas, diputadas Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez y Martha Angélica Tagle Martínez integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y de Convergencia, respectivamente, en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de las Leyes General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y del Instituto Nacional de las Mujeres, al tenor de la presente

Exposición de Motivos

Acabar con la discriminación y la desigualdad por motivos de género es una condición indispensable para el desempeño de la sociedad en su conjunto. Sin ello no es posible avanzar en un verdadero desarrollo humano, pues éste implica la posibilidad de que tanto hombres como mujeres puedan elegir las opciones de vida digna de acuerdo con sus propios valores. Tampoco es posible hablar de un nivel de desarrollo humano satisfactorio si las personas, sin importar su género, carecen de la capacidad de incrementar sus capacidades, de acceder a la información, a la educación, a la salud y a los recursos materiales para una vida plena.

A pesar de los innegables avances del país en materia de equidad de género, las mujeres mexicanas aún sufrimos inequidad, marginación e injusticia tanto en la vida pública, laboral y familiar que es necesario desterrar. La presente iniciativa busca proveer a los legisladores y al Ejecutivo de una herramienta para salvaguardar la equidad de género desde el momento en que se planteen reformas, nuevas leyes y disposiciones reglamentarias, y para avanzar en la urgente tarea que tenemos pendiente como sociedad, para que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de participación en el ámbito público y privado.

Actualmente en nuestro país hay un amplio marco normativo y programático que busca garantizar no sólo los derechos fundamentales de las personas y la equidad de oportunidades para hombres y mujeres, sino el adelanto de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, aún enfrentamos severos rezagos en la armonización de la legislación mexicana y los tratados internacionales que el país ha firmado en materia de equidad de género. Si observamos lo que ocurre con las leyes federales y las de los estados, encontramos también un severo rezago en su homologación.

La revisión somera de datos recientes arrojados por el Inegi permite ver que en México aún estamos lejos de alcanzar niveles de equidad aceptables para una sociedad que se digne de ser desarrollada. En cuanto a la vida privada, a pesar de que más de uno de cada cinco hogares en el país son comandados por mujeres, son éstas las que siguen realizando la mayor parte del trabajo no remunerado, tanto en el mercado laboral como en las actividades domésticas.

El propio hogar de muchas mujeres mexicanas es un sitio inseguro. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, realizada entre octubre de 2005 y el mismo mes de 2006, revela que el 40 por ciento de las mujeres mexicanas de 15 años y más, casadas o unidas, sufrió al menos un incidente de violencia por parte de su pareja. Más aún, la violencia por parte de la pareja persiste para el 37 por ciento de las mujeres que se han separado. Una situación similar se vive en los espacios comunitarios, como la calle, el cine, el mercado, entre otros, donde casi el 40 por ciento de las mujeres ha enfrentado algún tipo de violencia.

En el ámbito laboral, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del segundo trimestre de 2007, la tasa de participación de los hombres en la economía es casi del doble de la participación femenina, 78.2 por ciento contra 41.4 por ciento respectivamente. A ello debe sumarse el hecho de que en el transcurso de un año, cerca del 30 por ciento de las mujeres ocupadas sufrió algún tipo de violencia laboral, ya sea por discriminación o por acoso.

Mientras que la sobre-jornada semanal para los hombres es de unas quince horas, la de la mujer es de veinticinco. Otra forma de discriminación contra la mujer la encontramos en el nivel de remuneración; por ejemplo, el ingreso promedio por hora trabajada entre los profesionistas ocupados es de 71.60 pesos para los hombres y de 58.30 para las mujeres, además de que tres cuartas partes de directivos de los sectores público, privado y social son hombres, proporción que se reduce en la actual legislatura de la Cámara de Diputados y en el Senado, donde sólo una de cada cinco legisladores somos mujeres.

La presente iniciativa propone la adición del numeral 6 al artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual los presidentes de las comisiones ordinarias deberán solicitar la opinión al Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y Equidad de Género, cuando se trate de iniciativas de ley o de decreto que pudieran tener impacto en materia de equidad de género.

En lo referente a normas reglamentarias, se ha considerado conveniente modificar el artículo 12 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, incorporándose una fracción por la cual el Poder Ejecutivo federal debe solicitar al Instituto Nacional de las Mujeres opinión al momento de elaborar las normas reglamentarias que pudieren tener impacto en materia de equidad de género. En efecto, este artículo coloca en el gobierno federal una serie de acciones a llevar adelante en pos de alcanzar la igualdad de hecho entre hombres y mujeres, por lo tanto creemos que una medida más que tiende a resguardar la equidad de género es esta consulta que se debe formular mientras se confecciona la norma.

Como se puede observar, en el primer supuesto nos estamos refiriendo a la consulta que debe realizarse desde el Poder Legislativo y en el otro, a la solicitud de valoración que debe hacer el Poder Ejecutivo en materia reglamentaria, pero en ambos casos la finalidad perseguida es la misma: que los poderes encargados de la elaboración de normas jurídicas cuenten con la opinión de los organismos especializados en aquellas iniciativas que pudieren tener consecuencias adversas en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

La opinión vertida por el centro o el instituto, según el caso, permitirá entre otras cosas, analizar la incidencia que la iniciativa o reglamento tendrá entre hombres y mujeres respectivamente, ver qué normas y valores surgen de ésta, qué derechos se protegen o se vulneran, si mejora o empeora la situación de la mujer con la implantación de esa norma.

En definitiva, contar con esa valoración en el proceso de toma de decisiones, no es otra cosa que hacer efectivo el principio de transversalidad. Este concepto se comenzó a utilizar en la IV Conferencia Mundial de la Mujer Pekín 1995, en la cual se invitó a los Estados miembros a integrar la perspectiva de género en todas las políticas y programas, y analizar sus efectos y consecuencias en cuanto al logro de este objetivo, antes de tomar decisiones.

La Plataforma de Pekín es clara en este tema y ha significado un incentivo importante para la adopción de políticas de este tipo ya que insta a los Estados a que: ``Al abordar la cuestión de la desigualdad entre la mujer y el hombre en el ejercicio del poder y en la adopción de decisiones a todos los niveles, los gobiernos y otros agentes deberían promover una política activa y visible de incorporación de una perspectiva de género en todas las políticas y programas, de modo que antes de que se adopten las decisiones se analicen sus efectos para la mujer y el hombre, respectivamente''. (Párrafo 189, en concordancia párrafos 79, 105, 123, 141, 164, 202, 229, 238, 252, 273.)

Es así que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres haciéndose eco de este concepto lo toma y lo define como: ``el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas''.

Esta medida supone un paso importante para la aplicación en nuestro país del principio de transversalidad de género que conduzca a una igualdad real entre mujeres y hombres. Normas similares a la propuesta han sido ya adoptadas por la Unión Europea, podemos mencionar España que cuenta desde el 2003 con la Ley 30 que establece que los proyectos de ley que envié el Poder Ejecutivo deberán ser acompañados por un informe de impacto de Género; normas similares a ésta han sido adoptadas por cuatro regiones: Cataluña, Extremadura, Andalucía y Galicia.

Finalmente, se modifica el artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, incorporándose una fracción XVI Bis, en la cual se añade, dentro de sus atribuciones, la de brindar su opinión en temas de género a solicitud del Poder Ejecutivo, ello a fin de guardar coherencia con las reformas arriba señaladas.

De esta manera, no sólo se garantiza que las nuevas disposiciones se ajusten a los criterios, normas mexicanas y tratados internacionales en materia de equidad, sino se brinda la posibilidad de construir desde la legislación y reglamentación, una efectiva transversalidad de la perspectiva de género. ¹

Por lo antes expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres

Artículo Primero. Se reforma el artículo 45, adicionándose un nuevo texto en el numeral 6, recorriéndose el texto vigente de los actuales numerales, en orden numérico consecutivo, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 45. ...

1. a 5. ...

6. Los presidentes de las comisiones ordinarias, con el acuerdo de éstas, deberán solicitar opinión al Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y Equidad de Género, cuando se trate de iniciativas de ley o de decreto que pudieran tener impacto en materia de equidad de género;

A los efectos del párrafo anterior, quedarán comprendidas todas aquellas cuestiones que puedan afectar la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la no discriminación, la no violencia, así como aquellas que fomenten la participación femenina en diferentes ámbitos, las que propicien medidas de acción afirmativas, aquellas que promuevan el principio de transversalidad y, en general, toda iniciativa que pudiera tener repercusiones adversas en lo que refiere a igualdad de hecho entre hombres y mujeres.

Lo anterior en términos de lo que disponga la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y de conformidad con las atribuciones que le corresponden a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

7. Las comisiones tendrán las tareas siguientes:

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 12, adicionándose un nuevo texto en la fracción VIII y recorriéndose consecutivamente el texto vigente de las fracciones siguientes, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:

Artículo 12. ...

Artículo Tercero. Se adiciona una fracción XVI-Bis al artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para quedar como sigue:

Artículo 7. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota: 1 Perspectiva de género: concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la equidad de género. Definición tomada de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, artículo 5.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Muchas gracias, diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez.Túrnese a las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Reglamentarias, y de Equidad y Género.

Seguimos. Tiene la palabra el diputado Eduardo Espinosa Abuxapqui , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 46, 76 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que se pospone la iniciativa que presentaría la diputada Holly Matus Toledo .

Adelante, diputado Espinosa Abuxapqui. No estando el diputado Espinosa Abuxapqui en el salón de sesiones, cedemos la palabra a la diputada Alliet Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se pospone por no encontrarse presente la diputada Bautista Bravo.

Cedemos entonces la palabra a la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa... tampoco se encuentra presente.

Continuamos entonces. Tiene la palabra el diputado Alejandro Martínez Hernández ... tampoco está. Se pospone. El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés , del Grupo Parlamentario de Alternativa... tampoco se encuentra presente.

PROGRAMA DE APOYO PARA LOS DEUDORES DE LA BANCA

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Tiene la palabra el diputado Ricardo Cantú, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que establece el programa de apoyo para los deudores de la banca en materia de tarjetas de crédito, créditos hipotecarios y créditos a las pequeñas y medianas empresas, suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios. Adelante, señor diputado Cantú.

El diputado Ricardo Cantú Garza : Gracias, diputado presidente.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, durante los últimos meses, mucho se ha comentado sobre la crisis financiera y su impacto en la economía del mundo, de hecho, cada día estamos más conscientes de que en nuestro país este fenómeno será largo, doloroso, y dañará a millones de familias, en especial a aquellas de menores ingresos.

Su origen lo podemos encontrar en el desacoplamiento entre la esfera de la producción y el sistema crediticio, que detonó con la crisis inmobiliaria desatada desde hace más de un año en Estados Unidos.

Esta crisis también fue acicateada por la voracidad de las instituciones bancarias que, alimentadas por el neoliberalismo salvaje, intentaron sacar agua de las piedras, para lo cual se diseñaron sofisticados mecanismos financieros que les permitieron otorgar créditos a personas que no podían cumplir sus compromisos de pago.

Así pues, todos estamos pagando las consecuencias de la crisis, que es propia del capitalismo. Y junto con las imprudencias y la mala fe de muchos banqueros, supervisores y de todos los políticos que no quisieron o no pudieron ponerle un alto a la avaricia de algunos, terminaron por potenciar esta enfermedad propia del sistema económico vigente.

Sin embargo, los alcances de la crisis en cada país dependerán en gran medida de las condiciones estructurales de cada economía. En el caso de México debe decirse que la implantación de la política neoliberal ha dejado a la economía mexicana muy expuesta a factores externos que se han visto potenciados por las fallas estructurales que observa nuestra economía.

El adverso panorama económico ha provocado que se reedite el grave problema de la cartera vencida de los deudores en el renglón de las tarjetas de crédito, que asciende a poco más de 31 mil millones de pesos y continúa creciendo esta cifra, que ya resulta casi 300 por ciento superior a la registrada en diciembre de 1997, cuando quebró la banca en México.

Y es que, sin lugar a dudas, la tarjeta de crédito ha sido uno de los productos financieros de mayor penetración en México. En la actualidad se estima que existen 24 millones de estos instrumentos financieros.

La falta de una adecuada cultura financiera, la estrategia implantada por los bancos de utilizar el crédito al consumo como una herramienta de penetración de mercado, y el deterioro del ambiente económico han ocasionado que muchos tarjetahabientes hayan caído en sobreendeudamiento, creciendo la cartera vencida del crédito al consumo en 89 por ciento entre diciembre de 2006 y diciembre de 2008.

Las razones que explican el crecimiento de la cartera vencida son las agresivas campañas para la colocación de plásticos bancarios y comerciales, la ampliación de líneas de crédito sin previa opinión del cliente, amén de la falta de análisis de su capacidad crediticia y de pago.

Si se considera que la propia Condusef estima que cada línea de crédito revolvente que otorga uno de estos plásticos es de aproximadamente de 17 mil pesos; y si la cartera vencida actual de las tarjetas de crédito asciende a 31 mil millones de pesos, se puede concluir que esta situación afecta ya a 1 millón 800 mil personas. Seguramente este número se incrementará durante el primer semestre de 2009.

La concentración de las actividades bancarias en tres instituciones ---Banamex Citigroup, BBVA Bancomer y HSBC--- ha permitido que la banca en México opere como un gran oligopolio con la absoluta complacencia del Estado mexicano.

A pesar de que el artículo 4o. de la Ley de Instituciones de Crédito establece que será el propio Estado el rector del sistema bancario del país, éste no hizo nada para detener la debacle que hoy estamos viviendo.

Es pertinente señalar que se ha definido al costo anual total como un indicador que refleja el costo total que se paga por cualquier tipo de crédito, el cual incluye la tasa de interés, comisiones, seguros, gastos de apertura, así como otros cargos que deba pagar el cliente al momento de contratarlo y durante su vigencia.

Con datos de la Condusef a noviembre de 2008, de una muestra de 17 diferentes tipos de tarjetas de crédito en 7 instituciones bancarias, se observa que el CAT fluctúa entre 56.2 y 99.9 por ciento.

Lo anterior quiere decir que si una persona actualmente tiene una deuda de 17 mil pesos en cualquiera de estas tarjetas de crédito, al cabo de un año ---y suponiendo que la liquide--- habrá pagado, entre el principal, los intereses y gastos en el costo de la tarjeta menos costosa, 26 mil 548 pesos; y en el caso de la tarjeta más costosa, 33 mil 988 pesos.

Comparativamente, el CAT de una tarjeta de crédito emitida por Banamex en Estados Unidos es de 9 por ciento, en México es de 77 por ciento, en España el plástico de la BBV Bancomer tiene un CAT de 25 por ciento y en México de 70.7, en Canadá el Scotiabank Inverlat, registra un CAT de 18 por ciento y en México de 60 por ciento.

Esto resulta por demás oneroso y desproporcionado para el deudor, si se considera que la inflación en México es de 6 por ciento, y la tasa de interés real de la economía no es mayor a 4 por ciento.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, por todo lo reseñado resulta imperativo que de manera urgente se implanten programas de reestructuración de adeudos a tasas blandas y condonación de pagos del principal que impidan que este problema económico se convierta en un asunto social de gran importancia, generando mayores costos sociales y económicos para los mexicanos.

El propósito de esta iniciativa consiste, por tanto, en promover un programa de apoyo de deudores de la banca, en la que esta soberanía pueda coadyuvar para que obtengan mejores condiciones para cubrir los adeudos que tienen con la banca.

El proyecto de decreto que sometemos a su consideración busca que se constituya una mesa plural de negociación, donde estén representados la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nación Bancaria, los bancos y los deudores, con el fin de llegar a acuerdos de renegociación y pago acordes con la capacidad de pago de estos últimos. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa con proyecto de decreto, que establece el programa de apoyo para los deudores de la banca, en materia de tarjetas de crédito, créditos hipotecarios y créditos a las pequeñas y medianas empresas, a cargo del diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés , del Grupo Parlamentario de Alternativa, y suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios

Los que suscriben, diputados federales Santiago Gustavo Pedro Cortes, del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata; Ricardo Cantú Garza , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Mónica Fernández Balboa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y Layda Elena Sansores San Román , del Grupo Parlamentario de Convergencia, integrantes de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se establece el programa de apoyo para los deudores de la banca en materia de tarjetas de crédito, créditos hipotecarios y créditos otorgados a las pequeñas y medianas empresas.

Exposición de Motivos

Durante los últimos meses mucho se ha comentado sobre la crisis financiera y su efecto en la economía del mundo. De hecho, cada día estamos más conscientes de que este fenómeno será largo y doloroso, y que dañará a millones de familias, en especial a las de menores ingresos.

Su origen lo podemos encontrar en la crisis inmobiliaria desatada desde hace más de un año en Estados Unidos, y su naturaleza surge de la voracidad de las instituciones bancarias que, alimentadas por el neoliberalismo salvaje, intentaron obtener ``agua de las piedras'', para lo cual se diseñaron refinados mecanismos financieros que les permitieron otorgar créditos a personas que no podían cumplir sus compromisos de pago.

Así pues, todos estamos pagando las imprudencias y la mala fe de muchos banqueros, supervisores y de todos los políticos que no quisieron o no pudieron poner un alto a la avaricia de algunos.

No cabe duda de que en estos momentos sólo un mentiroso o un insensato ignoraría las graves repercusiones que en materia de crecimiento, empleo, salarios, inflación y distribución del ingreso tendrá para las economías del mundo la crisis financiera originada en Estados Unidos.

Sin embargo, los alcances de la crisis en cada país dependerán en gran medida de las condiciones estructurales de su economía.

En el caso de México, la implantación de la política neoliberal ha dejado la economía mexicana muy expuesta a factores externos, que se han potenciado por las fallas estructurales que observa nuestra economía.

Debido a ello, al reventar la crisis hipotecaria en Estados Unidos y contagiar a los mercados internacionales, nuestra economía se encuentra en un estancamiento de graves consecuencias para la mayoría de los mexicanos.

Por esa razón, diversos actores de las esferas política, económica, social y productiva han realizado recomendaciones a los encargados de la política económica para que se actúe con responsabilidad y urgencia, por el bien del interés nacional.

No obstante, se ha desatendido la mayoría de estas propuestas; a grado tal, que hace poco tiempo autoridades mexicanas llegaron a decir que si en Estados Unidos les daba pulmonía, en México sólo nos provocaría una gripita.

Así, guiados por la inercia de la política neoliberal, han sido incapaces de impulsar un programa para reactivar la economía, crear empleos, fortalecer el campo y construir refinerías.

Por el contrario, han optado por aumentar los precios de las gasolinas, el diesel, el gas y la energía eléctrica. Por ejemplo, a diciembre del año pasado, mientras que el precio de la gasolina en Estados Unidos había registrado una reducción de 40 por ciento, en México se ha incrementado 13 por ciento.

Se han mantenido la porosidad del sistema tributario y los privilegios fiscales para los grandes contribuyentes, a través de regímenes fiscales especiales que erosionan los ingresos públicos.

La aprobación de la mal llamada ``reforma fiscal'' no solucionó el problema, y la creación del impuesto empresarial de tasa única golpea a pequeñas y medianas empresas y limita la generación de empleos.

No se ha hecho nada para lograr la autosuficiencia alimentaria y se ha continuado el criterio de importar lo que consumimos. Se ha mantenido la protección de los monopolios, que cobran precios exagerados, con lo que afectan a consumidores y a empresas.

Y en vez de llevar a cabo un plan de austeridad que libere fondos para el desarrollo, entre 2006 y 2008 el gobierno mexicano ha incrementado el gasto corriente en 40 mil millones de dólares, despilfarrando para ello los excedentes petroleros.

Se ha perdido el tiempo, y --lo más lamentable-- ahora nos afecta la crisis mundial con una economía muy debilitada y con la devaluación de nuestra moneda.

Para 2008, el crecimiento económico de México fue de sólo 1.4 por ciento, es decir, el más bajo de todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Y las recientes estimaciones nos sitúan para el presente año en una recesión, ya que en el mejor de los casos nuestra economía se contraerá en 1 por ciento. Hay pérdida de empleos, la tasa de desempleo (4.1 por ciento) es la más alta de los últimos 8 años.

El salario y los ingresos resultan insuficientes ante la carestía, mientras que en los 2 últimos años el salario ha registrado un incremento acumulado de 8 por ciento, productos de consumo básico para los mexicanos, como el frijol, la lenteja y el huevo, han registrado incrementos de más de 100 por ciento. La pérdida del poder adquisitivo del salario se estima en 70 por ciento.

Todo lo anterior se ha combinado y ha reaparecido en nuestra economía. El grave problema de la cartera vencida de los deudores, tan sólo como ejemplo, en el renglón de las tarjetas de crédito (TDC), asciende a poco más de 31 mil millones de pesos, y continúa creciendo. La cifra ya resulta casi 300 por ciento superior a la registrada en diciembre de 1997, cuando quebró la banca en México.

Y es que, sin duda, la TDC ha sido uno de los productos financieros de mayor penetración en México. En la actualidad se estima que hay 24 millones de TDC, con una cartera de aproximadamente 321 mil millones de pesos, que son ofrecidas a través de 18 bancos y que se pueden encontrar en más de 120 marcas, entre las que destacan las llamadas ``clásica'', ``oro'' y ``platino''.

De acuerdo con datos de la Comisión para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) y de la ABM, de los 24 millones de plásticos que hay, aproximadamente 41 por ciento corresponde a BBVA, 26.6 a Banamex, 12.1 a Santander, 7.9 a HSBC y el resto a otras instituciones.

Sin embargo, la falta de una adecuada cultura financiera, la estrategia implantada por los bancos de utilizar el llamado ``crédito al consumo'' como una herramienta de penetración de mercado y el deterioro del ambiente económico (mayor desempleo, deterioro del poder adquisitivo y elevadas tasas de interés) han ocasionado que muchos tarjetahabientes hayan caído en un sobreendeudamiento, que ha generado que la cartera vencida del crédito al consumo haya observado un crecimiento de 89 por ciento entre diciembre de 2006 y diciembre de 2008.

De esa manera, las audaces campañas para la colocación de plásticos bancarios y comerciales, la ampliación de líneas de crédito sin previa opinión del cliente, la falta de análisis de su capacidad crediticia, y la penetración de este producto entre la población de menores ingresos y con insuficiente información han llevado a que la ``cartera vencida'' del crédito al consumo se haya ubicado a diciembre del presente año en 31 mil millones de pesos, cifra que resulta 300 por ciento superior a la registrada en diciembre de 1997, cuando los bancos que operaban en México fueron rescatados de manera ilegal y con recursos públicos a través del Fobaproa.

Lo anterior cobra relevancia en virtud de que, de acuerdo con la propia Condusef, cada usuario posee en promedio 1.5 tarjetas de crédito, lo que arroja que en México hay 16 millones de personas que poseen tarjetas de crédito, si se considera que la Condusef estima que cada línea de crédito revolvente que otorga uno de estos plásticos es de aproximadamente 17 mil pesos. Si consideramos que la cartera vencida actual de las tarjetas de crédito asciende a 31 mil millones de pesos, se concluye que esta situación afecta ya a 1 millón 800 mil personas y seguramente este número se incrementará durante el primer semestre del próximo año, debido al incremento de las tasas de interés, y al creciente deterioro del ambiente económico.

Lo anterior se explica en buena medida por el deterioro del ambiente económico, pero también por el alto costo de los servicios bancarios del país. A manera de ejemplo, mientras que en el caso de BBVA la tasa de interés total de una tarjeta de crédito emitida en México es de 80 por ciento, en España es de sólo 25 por ciento, y han continuado en aumento durante las últimas semanas pese a que el banco central disminuyó en medio punto porcentual la tasa de interés de referencia para el mercado mexicano.

Esto se debe a la concentración de las actividades bancarias en tres instituciones: Banamex-City, BBVA-Bancomer y HSBC, que ha permitido que la banca en México opere como un gran oligopolio, con la absoluta complacencia del Estado mexicano, pese a que el artículo 4o. de la Ley de Instituciones de Crédito establece que el propio Estado será el rector del sistema bancario del país.

Así, además de los efectos de las crisis, los deudores han tenido que pagar las consecuencias de un ``consumo costoso''.

Para ello es pertinente señalar que se ha definido el costo anual total (CAT) como un indicador que refleja el costo total anual que se paga por cualquier tipo de crédito, e incluye la tasa de interés, comisiones, seguros, gastos de apertura y otros cargos que debe pagar el cliente al momento de contratarlo y durante su vigencia.

Así, por ejemplo, de acuerdo con datos al 17 de noviembre de 2008, de una muestra de 17 tipos de tarjetas de crédito en 7 instituciones bancarias, se observa que el CAT mínimo se fue de 56.2 por ciento y correspondió a la tarjeta Santander Light, y el máximo fue de 99.9 por ciento y correspondió a la tarjeta Santander Black.

Esto quiere decir que si una persona actualmente tiene una deuda de 17 mil pesos en cualquiera de estas tarjetas de crédito, al cabo de un año y suponiendo que la liquide, habrá pagado entre el principal (su deuda) y los intereses y gastos, en el caso de la tarjeta ``menos costosa'', 26 mil 548 pesos y en el caso de la tarjeta más costosa, 33 mil 988 pesos.

En tanto y a manera de ejemplo, mientras que en Estados Unidos, el CAT de una tarjeta de crédito emitida por Banamex Citibank es de 9 por ciento, en México es de 75 por ciento; en España, el plástico de BBVA-Bancomer tiene un CAT de 25 por ciento y en México de 79.7 por ciento. En Canadá, Scottiabank Inverlat registra un CAT de 18 por ciento y en México de 59 por ciento; en tanto, en Inglaterra, HSBC tiene un CAT para su tarjeta de crédito de 16 por ciento y en México de casi 70 por ciento.

Esto resulta por demás oneroso y desproporcionado para el deudor, si se considera que la inflación es de 6 por ciento y la tasa de interés real de la economía no es mayor de 4 por ciento.

A lo anterior se agregan las elevadas comisiones que las instituciones bancarias cobran por el uso de estos plásticos y que en promedio ascienden a 540 pesos anuales, cifra que resulta muy superior a lo que cobran los mismos bancos en sus matrices fuera del país, ya que --por ejemplo-- en Canadá la comisión promedio en tarjetas de crédito es de 220 pesos, en EUA de 204 pesos y en Gran Bretaña de 55 pesos.

Es importante mencionar que no sólo el problema existe en las tarjetas de crédito, ya que si revisamos el resto de las instituciones que otorgan crédito nos damos cuenta de que el problema de la cartera vencida existe y va en aumento. Así, por ejemplo, podemos observar el caso de la propia banca de desarrollo, cuya cartera vencida se sitúa en 2 mil millones de pesos, en las sociedades financieras de objeto limitado, en las que se halla en 9 mil 390 millones de pesos, donde más de la mitad de esta deuda se refiere a créditos hipotecarios; o bien, la del Infonavit, que asciende a 31 mil 140 millones de pesos. En suma, la cartera vencida podría ascender a casi 100 mil millones de pesos en estos momentos.

Sin embargo, resulta claro que el Ejecutivo federal ha desatendido este problema. Y dado que durante el presente año el problema se agravará, resulta imperativo que de manera urgente se implanten programas de reestructuras de adeudos a tasas ``blandas'' y condonación de pagos del principal, que impidan que tal problema económico se convierta en un asunto social de gran envergadura, que en este momento a nadie conviene.

Por todo lo anterior, el suscrito, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto de apoyo para los deudores de la banca en materia de tarjetas de crédito, créditos hipotecarios y créditos a las pequeñas y medianas empresas

Artículo 1. Se crea la Comisión de Apoyo para los Deudores de la Banca, que estará integrada por un integrante de cada grupo parlamentario representado en la Cámara de Diputados, por un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, uno de la Comisión de Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, uno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, uno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario y uno de la Asociación de Bancos de México; cada grupo parlamentario designará a un representante de los deudores.

Artículo 2. En un plazo no mayor de 60 días naturales, la Comisión de Apoyo para los Deudores de la Banca deberá proponer al Pleno de la Cámara de Diputados, para su aprobación por mayoría simple, un programa de reestructuración de adeudos para deudores de tarjetas de crédito, hipotecarios y créditos a micro, pequeñas y medianas empresas caídos en cartera vencida durante los últimos 18 meses, y por los 12 meses siguientes a la expedición de esta ley.

Artículo 3. Dicho programa de reestructuración de adeudos deberá contener como mínimo lo siguiente:

Artículo 4. Las instituciones bancarias llevarán a cabo las acciones necesarias para detener sus acciones de cobranza judiciales o extrajudiciales y la ``venta o entrega en administración de cartera vencida `` a agencias o despachos de administración o cobranza de la misma, a partir de la aprobación de la presente iniciativa, así como las acciones de cobranza judiciales o extrajudiciales y la ``venta o entrega en administración de cartera vencida'' a agencias o despachos de administración o cobranza de la misma, para los deudores que se adhieran al programa de apoyo a deudores aprobado por la Cámara de Diputados.

Artículo 5. La Comisión de Apoyo para los Deudores de la Banca deberá quedar integrada a los 15 días naturales a partir de la aprobación de este decreto y contará con el apoyo administrativo necesario de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su correcto y eficaz funcionamiento.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Gracias, diputado Cantú Garza.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 291 Bis, 291 Ter y 432 Bis, a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Por cinco minutos, señor diputado.

El diputado Alejandro Sánchez Camacho : Con su permiso, señor presidente.

Y en virtud de que se ha publicado en la Gaceta Parlamentaria esta iniciativa, solicito que se inserte íntegro el texto.

Hay un ambiente de crisis económica en el país, extremadamente profunda. Casi todos y todas coincidimos en esto. Así lo muestran, entre otras cosas, datos oficiales que tienen que ver, por ejemplo, con el asunto de la inflación. El año pasado se estimaba en 3 por ciento y terminó en cerca de 7 por ciento. Si todo marcha bien en este año, aunque se traza una estimación de 3.80 por ciento, es muy probable que el resultado sea desalentador.

¿Qué podemos decir en el caso del desempleo? Hay estimaciones diversas, pero prácticamente todos coinciden en que la pérdida del empleo es verdaderamente brutal. Algunas estimaciones señalan que de enero a la fecha se han perdido cerca de 700 mil empleos.

¿Qué podemos decir del asunto de devaluación? Prácticamente nuestro peso se ha devaluado en un 50 por ciento. Y tenemos un gobierno federal que en los hechos es un gobierno entumido, porque no hay una verdadera alternativa para presentar en este marco de crisis económica.

Por eso, es inaceptable que, por un lado, se sigan beneficiando los de siempre, unos cuantos, los grandes empresarios, y por el otro, la inmensa mayoría, los consumidores, la población, sigue sin ninguna forma de protección o aliento.

De manera particular, tenemos el caso de las tarjetas de crédito o dinero plástico que se ha multiplicado por millones de usuarios en nuestro país. Este crédito puede ser proporcionado por la banca comercial, o también, por los llamados ``bancos no bancos'', así actúan. Nos referimos a las tiendas comerciales o departamentales, como Liverpool, Sears, Wal-Mart, Palacio de Hierro, Fábricas de Francia, Suburbia, Coppel, entre otras muchas más.

Actualmente lo que se denomina el ``CAT de los bancos'', oscila entre 50 y 80 por ciento de intereses. En algunos casos, rebasa el 100 por ciento. No obstante, el caso de las tiendas departamentales no dista mucho del caso de los bancos. Por ejemplo, Liverpool cobra 63 por ciento del costo anual total, para los usuarios de estas tarjetas departamentales; el Palacio de Hierro y Sears, cerca de 53 por ciento; y la más abusiva: Wal-Mart, cobra cerca de 70 por ciento de intereses a los consumidores.

Lo más lamentable es que este tipo de tarjetas departamentales no están reguladas; es decir, estas empresas actúan fuera del marco de la ley.

Un dato adicional que nos sirva de reflexión: tenemos que el crédito otorgado por estas tiendas departamentales es de más de 200 mil millones de pesos anuales, que representa cerca del 60 por ciento del total de ventas de estas mismas empresas.

Por eso, el propósito del presente decreto es establecer un límite al CAT, el uso del dinero plástico que proporcionan las empresas comerciales, con el objetivo de evitar la usura por parte de estos empresarios. El presente proyecto de decreto se centra en reformar la Ley General de Títulos y Operación de Crédito.

De manera particular, se adicionan los artículos 291 Bis y 291 Ter del ordenamiento en comento, estableciendo que la apertura de crédito podrá realizarse a través de tarjetas de servicio o de crédito, entendiendo éstas como las tarjetas emitidas por empresas comerciales no bancarias, a través de un contrato que regula el uso de las mismas, por medio de las cuales los usuarios de las tarjetas, ya sean personas físicas o morales, pueden utilizarlas para la adquisición de bienes o servicios en establecimientos afiliados a las empresas comerciales emisoras.

Al mismo tiempo se señala que, en caso del acreditante a que se refiere el artículo 291 Bis, el límite del costo anual total aplicado al acreditado no podrá superar en más de 20 por ciento de interés anual.

Finalmente, legisladoras y legisladores, se adiciona un artículo, que es el 432 Bis, que sancionará con prisión de uno a tres años y multa de hasta por el equivalente a un millón de veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, en el caso de que estas empresas no cumplan lo que establece el artículo 291 Ter de esta iniciativa de ley. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que adiciona los artículos 291 Bis, 291 Ter y 432 Bis a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que le otorgan el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El dinero ha venido evolucionando de manera sistemática a la par de la industrialización del mundo y de la propia innovación tecnológica. Tal es el caso de la apertura del crédito, el cual ha permitido a todos los sistemas económicos la libre circulación de bienes y servicios sin la circulación de dinero constante y sonante.

El caso de las tarjetas de crédito o dinero plástico se ha multiplicado por millones de usuarios en nuestro país, que deseosos de obtener una mercancía, han utilizado esta forma de dinero para adquirir los bienes que son necesarios para las personas, sin la obligación de recibir ingreso alguno o de liquidar el bien al momento. Se contrae una obligación de pago futura y a cambio se obtiene prácticamente de inmediato lo que se quiera.

Sin embargo, el crédito tiene un costo que se hace explícito a través del denominado costo anual total (CAT), que incluye a las tasas de interés, entre otros rubros. Este crédito puede ser proporcionado por la banca comercial o por los llamados bancos no bancos o tiendas comerciales o departamentales como Liverpool, Sears, Wal-Mart, Palacio de Hierro, Fábricas de Francia, Sam's Club, Suburbia, Coppel, Chedraui, Famsa, entre muchas otras.

En México, las tarjetas de crédito de la banca comercial llegan a alcanzar más del 70 por ciento del llamado costo anual total (CAT) que incluye los intereses ordinarios, comisiones, cargos y primas de seguro; también contiene el impuesto al valor agregado, bonificaciones y descuentos pactados, periodicidad de los pagos y amortizaciones del principal.

Actualmente el CAT de los bancos varía entre 50 y 80 por ciento anual, dependiendo de la tarjeta de crédito que se considere. No obstante, el caso de las empresas departamentales no dista mucho del de los bancos. Por ejemplo, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor e investigaciones propias, Liverpool cobra un 63.3 por ciento de costo anual total; Palacio de Hierro y Sears, más del 53 por ciento; y Wal-Mart, más de 70 por ciento por el crédito que proporciona a sus clientes por comprar en sus tiendas.

Estos comercios no bancarios tienen un doble negocio: por un lado, funcionan como banca comercial sin serlo y sin estar reguladas, cobrando usureros intereses a sus clientes; y, por otra parte, obligan a que el crédito que otorgaron sea utilizado en exclusiva para la compra de sus propios bienes y servicios que se tienen en venta en sus establecimientos. Es lo que se denomina un negocio redondo a costa de los bolsillos de los millones de clientes que adquieren este tipo de tarjetas de crédito departamentales.

Como referencia adicional, el crédito otorgado por estas tiendas departamentales es de más de 200 mil millones de pesos anuales y representa casi 60 por ciento del total de ventas de estas empresas.

El propósito del presente decreto es establecer un límite al CAT, al uso del dinero plástico que proporcionan las empresas comerciales, con el objetivo de evitar la usura en contra de los usuarios de las tarjetas de crédito o servicios. Las empresas comerciales o departamentales tienen ya la posibilidad de determinar libremente los precios de sus bienes y servicios. Y abusan a través de las tasas de interés que cobran y en general del CAT que obligan a pagar al cliente porque no existe regulación en la materia.

Por lo anterior y al considerar que las empresas departamentales no son propiamente instituciones de crédito, aunque operen como tal, el presente proyecto de decreto se centra en reformar la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. De manera particular, se adicionan los artículos 291 Bis y 291 Ter del ordenamiento en comento, estableciendo que la apertura de crédito podrá realizarse a través de tarjetas de servicio o de crédito, entendidas éstas como las tarjetas emitidas por empresas comerciales no bancarias, a través de un contrato que regula el uso de las mismas, por medio de las cuales, los usuarios de las tarjetas, ya sean personas físicas o morales, pueden utilizarlas para la adquisición de bienes o servicios en establecimientos afiliados a la empresa comercial emisora, y al mismo tiempo, se señala que en el caso del acreditante a que se refiere el artículo 291 Bis, el límite del costo anual total aplicado al acreditado no podrán superar en más del veinte por ciento anual.

Finalmente, se adiciona un artículo 432 Bis, que sancionará con prisión de uno a tres años y multa de hasta por el equivalente a un millón de veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal en caso de contravenir lo establecido en el artículo 291 Ter de esta ley.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se adicionan los artículos 291 Bis, 291 Ter y 432 Bis de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito , para quedar como sigue:

Artículo 291 Bis. La apertura de crédito podrá realizarse a través de tarjetas de servicio o de crédito, entendidas éstas como las tarjetas emitidas por empresas comerciales no bancarias, a través de un contrato que regula el uso de las mismas, por medio de las cuales, los usuarios de las tarjetas, ya sean personas físicas o morales, pueden utilizarlas para la adquisición de bienes o servicios en establecimientos afiliados a la empresa comercial emisora.

Artículo 291 Ter. En el caso del acreditante a que se refiere el artículo 291 Bis, el límite del costo anual total aplicado al acreditado no podrán superar en más del veinte por ciento anual.

Artículo 432 Bis. Se sancionará con prisión de uno a tres años y multa de hasta por el equivalente a un millón de veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal en caso de contravenir lo establecido en el artículo 291 Ter de esta ley.

Transitorios

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Presidencia del diputado César Duarte Jáquez

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, señor diputado.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se concede el uso de la palabra al diputado Rafael Plácido Ramos Becerril , del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados brinde reconocimiento en público al general Raúl Esquivel Carbajal, primer superintendente del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. No se encuentra en el salón de sesiones.

PRECIO DEL DIESEL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene la palabra la diputada Juana Leticia Herrera Ale, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a que implante acciones emergentes que permitan disminuir el precio del diesel, a fin de apoyar a los sectores agropecuarios y de transporte, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Juana Leticia Herrera Ale : Muy buenas tardes. Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Adelante, diputada.

La diputada Juana Leticia Herrera Ale : Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes consideraciones:

La crisis que ahora enfrentamos es una de las más agudas en los últimos 20 años. La recesión económica se encuentra presente y sería un grave error no reconocer dicho estatus crítico.

Es importante señalar que a principios del presente año el titular del Ejecutivo federal presentó el Acuerdo Nacional en Defensa de la Economía Familiar y el Empleo. En ese proyecto se enumera una serie de acciones y compromisos que tienen por objeto apoyar a las economías domésticas, así como otorgar incentivos de diferente índole y que favorezcan la creación de empleos y con ello reactivar la economía nacional.

Son varios los sectores que no han sido beneficiados con el acuerdo, como lo son el agropecuario, el de transporte y el industrial, entre otros.

Las ramas económicas enunciadas son fundamentales para el encadenamiento de las actividades productivas, por lo que son consideradas como estratégicas en razón del impacto que generan al conglomerado social.

No debemos perder de vista que el diesel es uno de los insumos fundamentales para el desarrollo de las actividades agropecuarias, industriales y de transporte. El alto precio del hidrocarburo ocasiona problemas que afectan al sector primario.

Cabe recordar que por un largo tiempo estuvieron encalladas cientos de embarcaciones que no podían salir a pescar debido a que el costo del trabajo se encontraba muy por encima de las ganancias esperadas. Por su parte, los concesionarios y propietarios de transporte de carga y de pasajeros decidieron ponerse en huelga ante el alto precio del diesel.

En el paquete presupuestal aprobado por la Cámara de Diputados para el año fiscal 2009 se consideraba un incremento gradual en el precio del diesel, el cual sería definido por la Secretaría de Hacienda de acuerdo con sus propias expectativas, considerando el panorama internacional del precio del hidrocarburo.

Sin embargo, dadas las circunstancias de la actual crisis, es imperativo revisar dicho esquema de recaudación. Si bien es cierto que debemos reconocer que el Ejecutivo federal determinó, mediante decreto presidencial, que el incremento en el precio del diesel ya no sería de 25 centavos a la semana, sino que se aplicaría al mes, esta medida es insuficiente para incrementar la productividad y la competitividad de la economía nacional.

No debemos olvidar que el precio actual del diesel, al igual que el de las gasolinas, se encuentra ya por encima de lo que cuesta en otras naciones, situación que complica la posibilidad de poder competir teniendo costos tan altos en los energéticos.

Son innumerables las demandas de quienes participan en los diferentes sectores de la economía, quienes solicitan que se implanten acciones que favorezca el desarrollo de dichas actividades.

No podemos hacer caso omiso de estos llamados. Es momento de realizar propuestas que nos permitan, mediante los acuerdos y consensos, contar con medidas que se traduzcan en beneficio sociales. Por favor, señor presidente, ya.

Hago un llamado a las diferentes fuerzas políticas representadas en esta soberanía, para que se sumen y participen de manera activa en el diseño y aplicación de programas emergentes que permitan resarcir los efectos negativos de la actual crisis.

En razón de lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal en el ámbito de sus atribuciones a que:

Primero. Diseñe un esquema que permita disminuir el precio del diesel en cuando menos un peso por cada litro, pasando de los 7.63 pesos a los 6.63 pesos por litro. Con lo que favoreceremos a la reactivación del aparato productivo nacional, en aras de solventar de mejor manera la actual crisis económica.

Segundo. Se mantenga el precio de 6.63 pesos por litro durante el año fiscal, a fin de fomentar la inversión en los rubros agropecuario y de transporte que utilizan el diesel como un insumo, para con ello permitir la recuperación económica de dichas actividades en beneficio de la sociedad mexicana.

Muchísimas gracias por su atención.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a implantar acciones urgentes para disminuir el precio del diesel, en apoyo de los sectores agropecuario y del transporte, a cargo de la diputada Juana Leticia Herrera Ale y suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La crisis que ahora enfrentamos es una de las más agudas de los últimos veinte años, la recesión económica se encuentra presente y sería un grave error no reconocer dicho estatus crítico.

El estancamiento de la producción afecta a todos los sectores del aparato productivo nacional, sin embargo, existen rubros que resienten en mayor cuantía los efectos de la crisis económico-financiera, entre los que podemos mencionar al ramo agropecuario y del transporte.

Es importante señalar que a principios del presente año el titular del Ejecutivo federal presentó el Acuerdo Nacional por la Defensa de la Economía Familiar y el Empleo, en dicho proyecto se enumeran una serie de acciones y compromisos que tienen por objeto apoyar a las economías domésticas, así como otorgar incentivos de diferente índole que favorezcan la creación de empleos y con ello reactivar la economía nacional.

El acuerdo mencionado resulta insuficiente para hacer frente a la problemática que enfrentamos como país, ello se hace evidente cuando al revisar dicho documento nos damos cuenta de que no se incluyen acciones a favor de sectores específicos, uno de ellos es el agropecuario, el cual es uno de los pilares que sustentan la producción de bienes ya que es proveedor de insumos que son utilizados en otras ramas de la economía.

Otro de los sectores que no han sido beneficiados con el acuerdo es el de los transportes, a pesar de que es el elemento fundamental que permite el encadenamiento de las actividades productivas, así como de los mercados en donde se realiza la compra-venta de productos finales, de igual forma, éste sector debe ser considerado como estratégico en razón del número de personas que lo usan para trasladarse cada día.

En ambos casos, el diesel es uno de los insumos fundamentales para el desarrollo de sus actividades, una muestra de las afectaciones que causa el alto precio del hidrocarburo en el sector primario es el largo tiempo que estuvieron encalladas cientos de embarcaciones que no podían salir a pescar debido a que el costo de trabajar se encontraba muy por encima de las ganancias esperadas.

Un caso muy similar se presentó en el sector del transporte de carga y de pasajeros, ya que en varias entidades del país las diferentes líneas de autotransporte decidieron ponerse en huelga ante el alto precio del diesel, ya que el aumento autorizado a las tarifas del pasaje no es suficiente para subsanar el incremento, en lo que respecta al transporte de carga la situación es muy parecida, ya que se cuentan por cientos los contenedores que permanecen inmovilizados debido al alto costo que representa movilizarlos.

En el paquete presupuestal aprobado por la Cámara de Diputados para el año fiscal 2009 se consideraba un incremento gradual en el precio del diesel, el cual sería definido por la Secretaría de Hacienda de acuerdo a sus propias expectativas, considerando el panorama internacional del precio del hidrocarburo, sin embargo, dadas las circunstancias de la actual crisis, es imperativo revisar dicho esquema de recaudación.

Si bien es cierto que debemos reconocer que el Ejecutivo federal determinó, mediante decreto presidencial, que el incremento en el precio del diesel ya no sería de 25 centavos a la semana, sino que se aplicaría al mes, ésta medida es insuficiente para incrementar la productividad y la competitividad de la economía nacional.

No debemos olvidar que el precio actual del diesel, al igual que el de las gasolinas, se encuentra ya por encima de lo que cuesta en otras naciones, situación que complica la posibilidad de poder competir teniendo costos tan altos en los energéticos.

Son innumerables las demandas de quienes participan en los sectores agropecuario y del transporte quienes solicitan que se implanten acciones que favorezcan el desarrollo de dichas actividades, no podemos hacer caso omiso de estos llamados, es momento de realizar propuestas que nos permitan, mediante los acuerdos y consensos, contar con medidas que se traduzcan en beneficios reales.

Hacemos un llamado a las diferentes fuerzas políticas representadas en esta soberanía para que se sumen y participen de manera activa en el diseño y aplicación de programas emergentes que permitan resarcir los efectos negativos de la actual crisis.

No debemos ver el asunto del precio del diesel como un caso aislado, por el contrario, es importante considerarlo como parte de un todo, como un elemento fundamental en la realización de las actividades productivas de nuestro país, el cual se encuentra inmerso en una recesión económica, la cual sólo será posible superar con la aportación de los diferentes sectores políticos, sociales y económicos que integran a México.

De igual forma, es importante reconocer que el mercado falló, que las teorías relacionadas con la autorregulación no son la mejor opción y que se requiere de la intervención del Estado para subsanar dichas fallas, no se trata de regresar a un Estado benefactor, por el contrario, es fundamental que el gobierno cumpla con su papel de promotor de la actividad económica, que en algunos casos conlleva su intervención directa a fin de lograr el equilibrio.

En razón de lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, en el ámbito de sus atribuciones, para que

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputada.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se considera de urgente resolución. Está a discusión el punto de acuerdo.

Se concede el uso de la palabra a la diputada Mercedes Maciel Ortiz, del Partido del Trabajo, hasta por tres minutos.

La diputada María Mercedes Maciel Ortiz : Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, como sabemos, los descomunales aumentos a los precios de las gasolinas y del diesel, desde septiembre del año pasado han originado que la escalada de precios en todos los bienes y servicios repercuta sobre las espaldas del pueblo.

Es conocido que la inflación no es más que un oneroso impuesto que recae en las clases más desprotegidas y marginadas del país.

Asimismo, representa un gigantesco atraco legalizado contra el pueblo, porque mientras los empresarios trasladan esos aumentos a los precios de los productos y servicios, los trabajadores no tienen ningún mecanismo que les permita desviar esos incrementos, sino que por el contrario, el poder de compra de los salarios se ve reducido en cantidades mayores a los propios aumentos de precios.

De manera tramposa el gobierno panista de Calderón hizo caso omiso, puso oídos sordos a los reclamos de la sociedad, y en lugar de contener el aumento a los precios del diesel, los ha venido sosteniendo, aun cuando se refiere a 25 por ciento del incremento que se venía realizando. Es decir, en vez de aumentar 20 centavos mensuales al precio de litro de diesel, Calderón decretó que sólo fueran 5 centavos, como si ésa fuera la solución de fondo.

La falta de visión del gobierno calderonista tiene hoy paralizado al país, porque los pescadores y los transportistas en todas sus modalidades han visto afectadas sus fuentes de ingresos y han tomado la vía de la manifestación para defender sus intereses.

No hay que olvidar que, en el caso de los transportistas, su actividad incide en 80 por ciento de los precios, de todos los artículos que se consumen en el país. Está claro que la inflación se ve acrecentada con medidas como las que adoptó el mal llamado ``mejor equipo económico del mundo.''

Lo que procedería en un gobierno democrático y sensible a los reclamos de la sociedad, sería tomar la decisión de no sólo congelar el precio del litro del diesel en el nivel actual, sino incluso fijarlo en el precio que tenía antes de los incrementos.

Con esto, se evidencia que el gobierno de Calderón no tiene la menor idea de cómo enfrentar la crisis actual, porque en lugar de hacer que el Estado mexicano cumpla su función de enarbolar un programa económico y político integral de superación de esta crisis, lo que está haciendo es atizarla, haciendo más grande la brecha entre los millonarios y los desposeídos y marginados de nuestro país.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tiene claro que, en estos momentos de crisis, desempleo creciente, despidos masivos y pobreza extrema de millones de mexicanos, tenemos que dar una solución a fondo e integral a esos problemas.

Por ello, proponemos que, para empezar, el precio del litro del diesel debe congelarse en 6 pesos con 61 centavos, además, debemos congelar los precios de todos los bienes de la canasta básica de consumo del pueblo. También tenemos que instaurar el seguro por desempleo y el fomento a las actividades económicas de los micro, pequeños, medianos empresarios del campo y la ciudad.

Por todo lo anterior, externamos nuestro punto de vista a favor de la propuesta de punto de acuerdo. Gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputada Mercedes Maciel.

Se han registrado en pro del punto de acuerdo quien ya ha hecho uso de la palabra, la diputada Mercedes Maciel; el diputado José Manuel del Río Virgen , la diputada Susana Monreal, la diputada Elizabeth Morales García , la diputada Mónica Fernández Balboa . De ahí, vamos a consultar a la asamblea si está suficientemente discutido.

Diputado José Manuel del Río Virgen , hasta por tres minutos.

El diputado José Manuel del Río Virgen : Con su permiso, señor presidente.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, el gobierno federal eliminó el subsidio al diesel en perjuicio de las clases productoras de este país. Esta estrategia que emplea-ron fue a través de diferentes deslizamientos o aumentos graduales del precio de las gasolinas y el diesel, medida que dispuso el gobierno a partir de agosto del año pasado.

El análisis que Convergencia ha realizado en los precios de gasolina y el diesel, nos permiten afirmar severamente que el gobierno de este país se equivocó, pues se han llevado a cabo incrementos constantes entre diciembre de 2005 y diciembre de 2008, en los siguientes términos:

El diesel de 5 pesos 33 centavos que costaba, ahora vale 7.63 pesos por litro. Así que hablamos de un incremento en el precio de más de 40 por ciento en tres años. ¿Qué productor puede soportar semejante incremento de costo?

Nosotros apoyamos la propuesta que acaba de traer a esta tribuna el Partido del Trabajo. Nosotros apoyamos la propuesta de que el diesel tiene que bajar de costo para que los productores, los transportistas, los pescadores, puedan resolver apenas una pequeña parte de los costos de producción que tiene. El incremento en el costo del diesel, para que se den una idea, afecta a más de 500 mil transportistas de carga y a todas las líneas de transporte urbano que existen en el país, lo que incrementa, lógicamente, el costo del transporte de alimentos, productos, insumos y personas; de tal forma que tenemos una espiral inflacionaria que golpea de forma muy negativa a los que menos tienen. En México se producen 356 mil barriles diarios de diesel.

El anuncio del gobierno, el pasado 27 de enero, de que se reduciría en 75 por ciento el incremento del diesel resulta insuficiente y hasta mentiroso, ya que, finalmente, el precio seguirá en aumento con todas las consecuencias negativas para la economía de México.

Compañeras y compañeros, es el momento de que ustedes apoyen a los productores, a los pescadores y a los transportistas de este país. Gracias, presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado José Manuel del Río Virgen. Tiene el uso de la palabra la diputada Susana Monreal Ávila, por el Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Susana Monreal Ávila : Con su venia, señor presidente.

Por supuesto que estamos de acuerdo con el punto de acuerdo presentado por la fracción parlamentaria del PRI; pero no es la primera vez que se presenta este tipo de acuerdo donde se exhorta al Ejecutivo a reconsiderar el precio del diesel; y no es la primera vez que nos manifestamos la mayoría de las fracciones parlamentarias. Y, qué bueno que hay esta iniciativa, no sólo del PRI, me parece que todas las fracciones han presentado un punto de acuerdo similar.

El asunto es: ¿qué va a pasar?, porque la Comisión Permanente ya había votado un punto de acuerdo en un sentido similar al que hoy se presenta, y después de un mes y medio no pasa nada. En esa ocasión lo presentó la Mesa Directiva ---y el presidente no me dejará mentir---, ahí todas las fracciones coincidieron, inclusive se sumó el Partido Acción Nacional que ahora parece que ya cambió de decisión, pero no ha pasado nada.

El Ejecutivo está en un autismo total. No ve el paro nacional que se dio ayer en todo el país, no ve el reclamo de la ciudadanía, no ve las inquietudes de los diferentes actores sociales que han manifestado porque se reconsidere esta política pública respecto al precio del diesel, y lo peor de todo es que este autismo pueda estar incrementándose o pueda estarse llegando también a los funcionarios públicos.

No hemos visto una posición definitiva del secretario de Economía, por qué no ha salido a fijar una posición respecto al tema que hoy es un debate nacional, no sólo en esta Cámara, sino en todos los estados. En todas las legislaturas locales se presenta un punto de acuerdo similar para ser turnado a esta Cámara o para que sea considerado por el Ejecutivo federal.

Sin embargo, para los funcionarios parece que no pasa nada, parece que todo está bien. Pero eso sí, los funcionarios últimamente andan de porros o andan de provocadores. Para eso pareciera que sí tienen una alta diligencia; inmediatamente salen a los medios de comunicación a establecer su postura.

Pero en temas cruciales como es éste, en que hoy la ciudadanía requiere una posición definitiva de todas las fracciones parlamentarias, y que de veras el Ejecutivo reconsidere esta posición; no pasa nada.

Ojalá que este nuevo llamado, este nuevo exhorto que se le haga realmente al Ejecutivo, tenga alguna consecuencia o derive en alguna resolución, y ojalá podamos ver con más frecuencia al secretario de Economía en temas que le preocupan a la ciudadanía como es la economía popular.

Ojalá de veras atienda su tarea y su responsabilidad, y no sólo ande de dama de compañía del Ejecutivo. Ojalá de veras asuman ese compromiso que dicen tener en todos los spots que hoy despliega el Partido Acción Nacional y que a la mera hora no se les ve nada.

Ojalá que de todas maneras, con la votación que ustedes vayan a emitir hoy, la ciudadanía se dé cuenta realmente de quién ve por sus intereses, porque eso sí, para la propaganda gastan y le invierten en miles de spots para decir que el Partido Acción Nacional vela por la ciudadanía, pero hoy aquí ustedes están votando en contra de ese punto de acuerdo.

En esta primera votación votaron en contra. Espero que finalmente cambien esa votación, pero no sólo que la cambien, sino que también ayuden con este exhorto a que el Ejecutivo tenga la sensibilidad que dice tener.

Yo le pido al presidente que dé cuenta de quiénes están en este pleno. Lamento que para estos temas, que sí son prioridad para la ciudadanía, este salón esté casi vacío. Yo iba a pedir la votación nominal, pero creo que ni siquiera alcanzaríamos a cubrir el quórum.

Qué lamentable pero, bueno, finalmente los que están aquí, las legisladoras y los legisladores están atendiendo esta tarea que nos encomendó la ciudadanía.

Apoyamos el punto de acuerdo que ha presentado e insisto, no es el primer punto de acuerdo que se presenta y ojalá éste sí tenga alguna consecuencia que beneficie a esos sectores que hoy reclaman un precio justo al diesel.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputada Monreal. Se concede el uso de la palabra a la diputada Elizabeth Morales García, del Grupo Parlamentario del PRI, en pro.

La diputada Elizabeth Morales García : Buenas tardes. Tenemos muy claro que la actual situación económica del país no es culpa exclusiva del gobierno federal, pues no hay duda de que estamos sufriendo los efectos de una situación financiera mundial muy difícil.

Es más, tenemos que reconocer el acierto del Ejecutivo federal en algunas de las decisiones que ha tomado, como por ejemplo, el haber contratado un seguro de riesgo en contra de la baja en los precios internacionales del petróleo, seguro que está surtiendo sus efectos pues ya se solicitó la cobertura y está ya en trámite.

Otro de los aciertos es congelar el precio de la gasolina, gasolina que utilizan los automóviles de quienes están en la clase media, media alta o alta de la sociedad. Por eso no entendemos la incongruencia en lo que hace al tema del diesel. No entendemos cuáles son sus previsiones económicas y no entendemos por qué lastimar a los más necesitados.

Por ello, los diputados priistas en general, y de Veracruz en particular, exigimos al presidente de la república no sólo que detenga el alza en el diesel, sino sobre todo, que regrese el precio del diesel al que tenía en agosto del año pasado, pues es este combustible el que impacta directamente en toda la cadena productiva y de comercialización.

Por ejemplo, no sólo afecta a quienes están en el sector agrícola, pesquero o del transporte; afecta también a los alumnos, a los escolares de todo el sistema educativo nacional y no entendemos cómo es que detiene el precio de la gasolina que utilizan los carros de la clase media, pero incrementa el del diesel que utilizan los del transporte público, a donde se suben los niños o las amas de casa o los trabajadores que van a su centro de trabajo, que son movidos por el diesel.

Daña a los trabajadores, daña también a las amas de casa. Afecta a los hogares pues propicia un incremento en los costos de los productos de la canasta básica como la leche, el frijol, los cereales. Daña a los trabajadores, pues es sabido que en este momento las empresas no pueden dar más empleo; por el contrario, están suprimiendo muchos de ellos y hay previsiones del propio gobierno federal, del propio secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, de que, además, todavía va a haber más desempleo.

Quienes se la juegan en poner una microempresa, quienes se la juegan en el auto empleo son justamente a quienes más está perjudicando, a los que reciben ahí en su tiendita, a los que reciben ahí, en su pequeño negocio, los insumos o los productos que son movidos justamente por el transporte en diesel.

También, quienes más se la juegan son, por ejemplo, quienes van a surtirse a las centrales de abasto adonde llegan los productos movidos, también, mediante los vehículos de diesel.

Por esto, lo único que va a lograr el Ejecutivo federal es una inflación, con la inflación, mayor tasa de interés, y con mayor tasa de interés, mayor deuda interna y, en esta espiral, perjudicar a quienes menos tienen. Al haber mayor deuda interna, cuál ahorro, cuál beneficio. Para qué quiere un incremento que va a perder cuando tengamos que pagar mayor deuda externa a consecuencia del alza de la tasa de interés que se va a dar inevitablemente con la inflación, consecuencia del alza de precios.

Le preguntamos al presidente Calderón, le preguntamos al Ejecutivo federal: ¿qué, acaso la gente más humilde no le importa en lo más mínimo?

Por ello, hoy le estamos pidiendo, dado que es facultad exclusiva ---y con esto concluyo--- del Ejecutivo federal determinar el precio del diesel, le volvemos a solicitar en nombre del pueblo de México, que lo regrese a 6 pesos con 61 centavos el litro, de inmediato. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputada Elizabeth Morales. Por último tiene el uso de la palabra la diputada Mónica Fernández Balboa.

La diputada Mónica Fernández Balboa : Gracias presidente, con su venia.

Además de lo que han dicho mis compañeras diputadas, cabe mencionar que los incrementos a las gasolinas y al diesel durante la gestión de Vicente Fox y lo que va de la gestión de Felipe Calderón han superado por mucho a los observados en Estados Unidos.

En el caso de la gasolina Premium y en el caso del diesel, los incrementos observados en los últimos ocho años superan también la devaluación que ha sufrido nuestra moneda, y que ha sido de 46.5 por ciento, ya que mientras que en diciembre de 2000 el tipo de cambio fue de 9.45 pesos por dólar, para enero de 2009 el tipo de cambio se ubicó en 13.85.

Este tema no es nuevo, el pasado 8 de noviembre, en ocasión de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación por esta Cámara, solicitamos, primero, una moción suspensiva, después, hicimos la reserva para que se destinaran los recursos ya presupuestados en la Ley de Ingresos para bajar los precios de la gasolina.

Posterior al Presupuesto, se presentó el 27 de noviembre otro punto de acuerdo para bajar los precios de la gasolina, ya que no tomaron en cuenta en esta Cámara, y mucho menos en el Ejecutivo, que se tienen simple y sencillamente que mantenerse los precios del crudo entre 40 y 50 dólares por barril, y que esto se reflejará en los precios internacionales de la gasolina.

Era claro que el subsidio y la recaudación negativa del impuesto especial a la producción y servicios iban a desaparecer durante 2009, dejando un excedente para las finanzas públicas de entre 100 mil y 130 mil millones de pesos, que no fueron considerados por nosotros, ni mucho menos por el Ejecutivo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Estas propuestas las desecharon ustedes en la Cámara.

El 13 de noviembre, ya que estaba aprobado el Presupuesto, resulta que el secretario de Finanzas reconoce, en el contexto de la cobertura contra el riesgo de las caídas en el precio del crudo, que el gobierno federal contaba con un guardadito y, con eso, ascendía a una suma total de más de 100 mil millones de pesos; y que estas acciones se hicieron en la inteligencia de que tuviéramos guardaditos.

En la del Congreso de la Unión, el diputado Duarte ---como lo acaba de decir la diputada Monreal--- estuvo insistiendo en hacer una excitativa, un exhorto al Poder Ejecutivo para que tuvieran consideración, para que se apiadaran de la gente que más lo necesita, y no solamente de los productores, sino de todos, todos los que somos de alguna manera usuarios y los que necesitamos de estos energéticos.

Resulta que les dicen en los puntos de acuerdo de la Cámara que ya lo iban a revisar, el gobierno federal ya lo iba a revisar. Y que no nos preocupáramos porque iban a seguir habiendo incrementos, pero que iban a ser chiquitos. ¿De qué se trata, señores?

Pero todavía peor, todavía peor. El 3 de febrero de este año el funcionario ---subsecretario creo que es--- de la Secretaría de Hacienda Miguel Messmacher, en conferencia de prensa reconoció que gracias a las coberturas petroleras que nos están garantizando por las exportaciones, vamos a estar recibiendo 70 dólares por barril, y ---palabras textuales--- ``de hecho, pudiera ser que observáramos unos ingresos petroleros ligeramente mayores en la medida que haya un tipo de cambio más depreciado''.

Si se acuerdan, nosotros elaboramos un presupuesto con un tipo de cambio de 11.70 pesos por dólar, y obviamente ---termino, presidente, en un minuto--- estamos observando un tipo de cambio más depreciado que implicaría que esos ingresos en dólares que tendríamos, como si estuviéramos vendiendo el petróleo a 70 dólares por barril, de hecho nos van a estar generando más pesos.

Señores, si hay recursos, si tenemos más pesos ---como lo han dicho los funcionarios de la Secretaría de Energía--- utilicemos este guardadito que tiene la Secretaría de Hacienda y bajen el precio de la gasolina y del diesel a los mismos precios que teníamos en junio del año pasado, por lo menos.

Para esto yo quisiera, presidente, además de sumarme y aprobar este punto de acuerdo, que se exhortara al Ejecutivo federal a que utilice el subsidio previsto en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, y que disminuirá, en virtud de las nuevas condiciones del mercado, para reducir el precio de las gasolinas y el diesel, a fin de que el precio sea igual que en junio de 2008.

Cabe mencionar que este punto de acuerdo, esta propuesta que estoy haciendo, fue puesta y fue registrada ante la Cámara de Diputados el 4 de febrero, por el diputado Duarte y su servidora. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Ernesto Oviedo Oviedo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Ernesto Oviedo Oviedo : Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Adelante, señor diputado.

El diputado Ernesto Oviedo Oviedo : De veras que después de haber escuchado minuciosamente y leído por ahí este punto de acuerdo, quiero decirles que el Grupo Parlamentario del PAN no puede hacer caso omiso a una situación que se está viviendo en nuestro país. Sabemos que es un problema que no se inició en este país; sin embargo, quiero decirles que es un problema bastante difícil y que el presidente de la República está consciente de ello.

Hay cinco diputados de la fracción que me respaldan y que están conscientes de que este punto de acuerdo es algo que puede ayudar a solucionar el problema que se da en el caso de los aumentos al diesel y la gasolina.

Sabemos que el diesel es la economía, es la base fundamental de nuestro país, con lo que se mueven todos los productos del campo y, por qué no decir, de las empresas. Sin embargo, tengan la plena seguridad de que tendremos que hablar directamente con el presidente de la República. Sabemos que es una situación difícil, pero que no es nada más el presidente, es la economía por la que nosotros estamos luchando.

Y esa economía no debemos verla como partidos, sino con una gran responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos y que debemos demostrarla, yo diría, luchando de la mano todos los partidos políticos para lograr que esto se refleje en la economía de cada uno y, por qué no decir, de los que menos tienen.

Sin embargo, yo sí le pediría, señor presidente, que nos vayamos al artículo 148, para que esta votación sea nominal y que vean que en problemas tan difíciles como los que cruza el país nosotros estamos de acuerdo en trabajar de la mano para lograr dicho objetivo. Y ojalá, estoy de acuerdo, que nos vayamos no nada más a tratar de que ya esto se vea que ya no siga aumentando, sino que veamos el cómo poder juntos buscar que no afecte, pero que no afecte nada más los intereses de los partidos políticos, sino al país...

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Permítame, diputado.

La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul) Pido la palabra.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: ¿Con qué objeto?

La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): Para ver si, por su conducto, me permite hacerle un pregunta el diputado que está en tribuna.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Oviedo Oviedo. ¿Acepta una pregunta, señor diputado?

El diputado Ernesto Oviedo Oviedo : Adelante, Susana. Y más de quien viene.

La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): Muchas gracias, diputado. Solamente quiero decirle que si acaba de afirmar que cinco diputados respaldan su posición, de que debiera reconsiderarse por parte del Ejecutivo el precio del diesel, ¿quiere decir que los restantes 200 diputados del PAN no están de acuerdo?

El diputado Ernesto Oviedo Oviedo : No es que no estén de acuerdo, pero si nosotros nos ponemos a revisar en el pleno, ¿yo pudiera decirle que si los ciento y tantos que a usted respaldan... cuando no los veo presentes? Sin embargo, decir ``cinco me respaldan'', no significa que la fracción del PAN no esté de acuerdo.

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Pido la palabra.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputada Mónica Fernández, ¿con qué objeto?

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Gracias, presidente. Para comentar al diputado que está en tribuna, al diputado proponente, respecto a que sea votación nominal.

Una pregunta: ¿Están pidiendo votación nominal para votar en contra? Porque eso es un riesgo y va contra sus normas. Ellos no se arriesgan a que la gente vea que votan en contra o quieren reventar la votación para que no pase este punto de acuerdo, que es una necesidad tan grave para todos los mexicanos.

El diputado Adrián Fernández Cabrera (desde la curul): Pido la palabra.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputado Adrián Fernández. Sonido a la curul.

El diputado Adrián Fernández Cabrera (desde la curul): Gracias, presidente. Nada más para aclarar que la posición del grupo es a favor de la propuesta y para pedirle que la votación sea de manera nominal.

El diputado Raúl Cervantes Andrade (desde la curul): Solicito la palabra.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El diputado Raúl Cervantes.

El diputado Raúl Cervantes Andrade (desde la curul): De verdad que me da tristeza que se plantee este debate en el Congreso. Primero, porque todos los grupos parlamentarios están disminuidos en su número; no hay excepción, ni siquiera el orador del PAN hizo referencia a los demás grupos, pero no señaló que su grupo parlamentario tampoco está completo.

Y cuando simula diciendo que sí están de acuerdo en que proceda, todos sabemos, en términos de derecho parlamentario, en la Ley Orgánica es que si se pide de forma nominal, no va a tener efectos la votación. O se está de acuerdo o no se está de acuerdo.

Y la evolución de las discusiones que se han tenido en la reforma de este Congreso, es que desaparezca en la primera vez la figura del ``quórum'', porque la manera de poder hacer eficiente este Congreso es en trabajo de las comisiones y en el trabajo del pleno, no en el número de sus miembros, sino en el voto de los grupos parlamentarios.

La verdad es que lamento mucho que se esté simulando en un efecto y en un acto tan importante. Si están de acuerdo, que proceda la votación.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Hay solicitud del Grupo Parlamentario de Acción Nacional por que se lleve la votación en el tablero electrónico, y hay solicitud del Grupo Parlamentario del PRI por que se vote de manera económica.

Consulte la Secretaría a la asamblea...

No han presentado por escrito, señor diputado. En rigor, le solicito por escrito la firma de los cinco diputados.

Sonido a la curul de la diputada Valentina Batres.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Nada más para dejar claro que la insistencia y necedad del PAN es capaz de hacer cualquier maniobra para obstaculizar cualquier apoyo que necesite el desarrollo económico del país. Y hoy, aunque no son mayoría porque no están sus diputados presentes, pretenden obstaculizar que se apruebe este punto de acuerdo. Nada más para que quede constancia de hasta dónde lleva su necedad de obstaculizar el desarrollo del país.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputado Del Río Virgen. Sonido en su curul.

El diputado José Manuel del Río Virgen (desde la curul): Señor presidente, no hay duda de que los legisladores queremos que haya la votación, es más, exigimos esta votación porque necesitamos que el Ejecutivo sepa que este Congreso está unido en lo del precio del diesel, así que estoy de acuerdo en que vayamos a la votación de manera personal, o como se vaya a dar ahorita en el pleno.

Pero, sí queremos que se lleve a cabo en este momento la votación, señor presidente. Y también que quede claro que si lo que se busca es obstruir una votación para quedar bien con el Ejecutivo, van a tener que pagar el costo que están pagando los propios transportistas y los pescadores de este país por un diesel tan caro, y además de mala calidad.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado. El diputado Sánchez Peñuelas ha solicitado el uso de la palabra, desde su curul.

El diputado Salvador Sánchez Peñuelas (desde la curul): Con su permiso, presidente.

Nos damos cuenta de que Acción Nacional va a hacer todo para engañar y seguir engañando al pueblo. Trámites. Dicen que están de acuerdo, pero lo han demostrado durante su gobierno desde 2000 hasta acá; nueve años en los que los productores los ven como los principales enemigos a vencer. Tenemos al enemigo en casa.

No podemos competir con nuestras actividades productivas con rentabilidad. Luchamos contra la naturaleza; luchamos contra las sequías, las enfermedades. Las vencemos, pero la burocracia que ahorita gobierna a este país, junto con los legisladores de Acción Nacional, impiden el desarrollo de las actividades productivas. No los sentimos que vayan de la mano y codo a codo con los productores del país.

Por eso, pedimos que Acción Nacional lo piense bien, porque les vamos a decir a esos cientos de miles de transportistas y productores en el país que aquí, en el Congreso de la Unión, engañan y hacen como lo acaban de comentar, compañeros congresistas, de que van a hacer hasta lo imposible por impedir el desarrollo del país.

Queda claro y es la postura del PRI y de los congresistas de la CNC, campesinos, aprobar de manera económica esta propuesta.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Compañero diputado, hay una veintena de legisladores que me han solicitado el uso de la palabra. La Presidencia no tendría objeción en concederla. Lo que plantearía a la asamblea es si el punto de acuerdo está suficientemente discutido.

Consulte la Secretaría a la asamblea.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : En votación económica se pregunta a la asamblea si el tema está suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Suficientemente discutido.

Ábrase el sistema electrónico hasta por tres minutos para recibir la votación electrónica que ha sido solicitada y respalda en términos del reglamento.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación del punto de acuerdo.

(Votación)

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: En el entendido de que si no hay quórum esta votación se traslada para el jueves.

Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz:

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde la curul): A favor.

El diputado Jaime Cervantes Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Abad de Jesús (desde la curul): A favor.

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Xavier Maawad Robert (desde la curul): A favor.

El diputado Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez (desde la curul): A favor.

La diputada Dora Alicia Martínez Valero (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Rueda Gómez (desde la curul): A favor.

La diputada Rocío del Carmen Morgan Franco (desde la curul): A favor.

El diputado Miguel Ángel Peña Sánchez (desde la curul): A favor.

El diputado Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (desde la curul): A favor.

El diputado Enrique Rodríguez Uresti (desde la curul): A favor.

El diputado Gerardo Buganza Salmerón (desde la curul): A favor.

El diputado José Guadalupe Rivera Rivera (desde la curul): A favor.

La diputada María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil (desde la curul): A favor.

El diputado José Antonio Díaz García (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Javier Paredes Rodríguez (desde la curul): A favor.

El diputado Robinson Uscanga Cruz : (desde la curul): A favor.

El diputado Odilón Romero Gutiérrez (desde la curul): A favor.

La diputada María Gabriela González Martínez (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alonso Mejía García (desde la curul): A favor.

La diputada María Gloria Guadalupe Valenzuela García (desde la curul): A favor.

El diputado José de la Torre Sánchez (desde la curul): A favor.

El diputado Jesús Vicente Flores Morfín (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Señor presidente, se han emitido 279 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado por 279 votos, aprobado por unanimidad el punto de acuerdo.

Diputado Adrián Fernández.

El diputado Adrián Fernández Cabrera (desde la curul): Gracias, presidente. Nada más para dejar constancia de que lo que Acción Nacional sostiene en tribuna lo refleja en votación, y que no somos como otras fracciones parlamentarias que jugamos al rompimiento del quórum. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado.

Hay una adición en la partición de la diputada Mónica Fernández. Presentó una adición a esta Mesa Directiva, en este mismo punto de acuerdo.

Con base en los artículos 124 y125 del Reglamento para el Gobierno Interior, solicito a la Secretaría que pregunte a la asamblea si es de aceptarse esta adición. Que la lea, por favor.

La Secretaria diputada Eugenia Jiménez Valenzuela: Leeré la adición que ha presentado la diputada Mónica Fernández Balboa , para que utilice el subsidio previsto en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, que disminuirá en virtud de las nuevas condiciones del mercado, para reducir el precio de las gasolinas y el diesel, para que el precio de venta de estos combustibles dentro del territorio nacional sea el mismo que estuvo vigente durante junio de 2008.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2009. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la adición al punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Eugenia Jiménez Valenzuela: Se consulta a la asamblea si se acepta la adición que se acaba de leer. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se adiciona.

ESTADO DE SONORA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió de los diputados Carlos Roberto Martínez Martínezy Jesús Humberto Zazueta Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Semarnat a que, mediante la Profepa, realice acciones correspondientes a la relación de caza indiscriminada de vida silvestre. En especial, relativa a las diferentes especies de aves migratorias de la bahía de Yávaros, en Huatabampo, Sonora.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a realizar mediante la Profepa las acciones correspondientes con relación a la caza indiscriminada de vida silvestre, en especial la relativa a especies de aves migratorias de la bahía de Yavaros, en Huatabampo, Sonora, suscrita por los diputados Carlos Roberto Martínez Martínez y Jesús Humberto Zazueta Aguilar , del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, Carlos Roberto Martínez Martínez y Jesús Humberto Zazueta Aguilar , diputados federales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a consideración del Pleno la proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes

Antecedentes

Primero. El municipio de Huatabampo se localiza al sur de Sonora; y sus localidades más importantes, además de la cabecera, son: ejido la Unión, Yavaros, Sahuaral de Otero, Etchoropo, Huatabampito, Moroncarit, Agiabampo, Estación Luís, Las Bocas, El Caro, Citavaro, Pozo Dulce y el Júpare.

Segundo. Cuenta con una población de 76 mil 296 habitantes de acuerdo a los datos del Censo General de Población y Vivienda 2000; de los cuales 38 mil 563 son hombres y 37 mil 733 son mujeres; y ocupa el séptimo lugar con el 3.44 por ciento del total de la población del estado. Presenta una densidad de población de 65.21 habitantes por kilómetro cuadrado.

Tercero. La población económicamente activa es de 26 mil 28 personas. De los pobladores activos 9 mil 850 se ocupan en el sector primario, 5 mil 96 en el sector secundario, 10 mil 215 en el terciario, 295 se encuentra sin ocupación y 572 no especifican actividad.

Cuarto. El sector primario genera el 38.3 por ciento del empleo y la agricultura es la principal actividad, la participación del sector secundario en la economía aporta el 19.8 del empleo donde el desarrollo industrial se sustenta básicamente en una industria conexa al sector agropecuario, pesquero y constructor, sin menospreciar a la microindustria que también es fuente generadora de empleos y el 39.7 por ciento del empleo lo genera el sector terciario.

Quinto. Con la construcción de la presa Adolfo Ruiz Cortinez ``El Mocusarit'' en el cause del río Mayo, se creó toda una red hidráulica que permitió abrir una gran cantidad de tierras al cultivo, lo que permitió hacer hasta dos cultivos al año. En la actualidad Huatabampo no sólo es productor de hortalizas y granos, sino también pesquero, acuícola y ganadero.

Sexto. La actividad pesquera del municipio se desarrolla en las bahías de Agiabampo, Yavaros, Santa Bárbara, Esteros Aquichopo, Riito, El Elote, Moroncárit; en las playas de Huatabampito, Camahuiroa y Las Bocas; conformando un litoral de 110 kilómetros de extensión y un espejo de agua de aproximadamente 16 mil hectáreas. Estos cuerpos de agua forman tres complejos de ecosistemas de tipo lagunar y estuarino, que son Aquichopo, Yavaros y Agiabampo; en los que se reproducen y desarrollan una gran diversidad de especies de importancia comercial entre los que sobresale el camarón, la jaiba, el caracol, la curvina y el pargo.

Séptimo. Otra de las actividades productivas de gran importancia para el municipio es la acuacultura. Se cuenta con una vasta extensión de terrenos de zona federal marítima terrestre. A lo largo del litoral que le corresponde al municipio de Huatabampo se han construido 12 granjas para el cultivo de camarón, en terrenos de zona federal aledaños a esteros y bahías. La superficie afectada por estas granjas asciende a 652 hectáreas de estanquería construida y la mayoría se encuentra en operación. La superficie total solicitada por las diferentes figuras asociativas asciende a 2 mil 224 hectáreas.

Octavo. Cerca del 70 por ciento de los 110 kilómetros de litoral del municipio de Huatabamposon playas con buenas condiciones topográficas ideales para el impulso turístico; las playas más importantes son Las Bocas Norte, Las Bocas Sur, Bachomojaqui, Camahuiroa, Los Baños de Agiabampo y Huatabampito; campos pesqueros como Santa Bárbara, Boca del Río Mayo y Puerto de Yavaros.

Justificación

El corredor de humedales del sur de Sonora ha sido reconocido como un sitio prioritario para la conservación el noroeste de México, y presentan una alta diversidad de flora y fauna, por estar situados en la intersección entre desierto, matorral tropical, manglares, marismas y hábitats marinos y costeros.

Estos humedales son de extrema importancia en la ruta migratoria del Pacifico, al ser un sitio de estancia invernal y de descanso durante la migración de cientos de miles de aves acuáticas. Estos humedales proveen hábitat crítico para 22 especies con status de protección legal bajo las leyes mexicanas (amenazados, en peligro o con protección especial; Nom-Ecol-059), incluyendo al chorlito nevado, gallito menor, garza rojiza, zambullidor menor y rascón picudo. Pronatura ha trabajado en los humedales del aur de Sonora desde 1993, con el objetivo de asegurar la conservación de los valores y funciones de estos humedales, considerando que existe una gran presión por el desarrollo acuícola y turístico en la zona.

En la comunidad de Yavaros, perteneciente al municipio de Huatabampo, su bahía es un atractivo para turistas nacionales y extranjeros. No sólo por sus sardinas, sino por ser un refugio para miles de aves marinas residentes y migratorias, cientos de brantas, garzas, grullas, pelícanos blancos y cafés, patos (golondrino y calvo), espátulas rosadas, varias especies de gaviotas, fragatas y gallitos de mar, revolotean en cada rincón de este lugar.

El turismo atraído por estas aves, llega con la intención de apreciar el espectáculo de las aves migratorias que año tras año visitan la región tras un largo vuelo desde Norteamérica, huyendo del frío extremo, buscando temperaturas más apropiados para su descanso y reproducción.

Desgraciadamente el espectáculo de la observación de aves, también está acompañado de personas que se dedican a la caza. Hay que considerar que la actividad de la caza se realiza en el hábitat de los manglares, lo que causa un deterioro del ecosistema, debido a que el mangle es un propulsor de la limpieza y purifica la bahía, protege de ciclones y huracanes y es un refugio natural de la larva de camarón y diferentes clases de huevecillos.

La matanza indiscriminada se realiza con armas de fuegos, escopetas, por lo que cualquier ave, sin importar la especie, que se atraviese al momento de disparar termina muerta. También se pone en riesgo la vida de los pescadores y sus familias, debido a que una bala perdida puede lesionarlos e inclusive privarlos de la vida. La práctica de la cacería ha provocado desde hace algunos años conflictos entre los pescadores de la comunidad y los representantes de los clubes de caza por el uso de la laguna.

En efecto, esta actividad no es practicada por los habitantes, ni tampoco son beneficiados con ingresos económicos, sino que es practicada por extranjeros provenientes de Estados Unidos, en su mayoría, quienes pagan y obtienen los permisos a través de clubes de caza nacionales.

Por lo que ante la gravedad de la situación, los pobladores de Yavaros han solicitado la intervención de este Poder Legislativo federal, a fin de poder dar una solución definitiva a este conflicto, para la conservación de las áreas invernales de patos, gansos y aves playeras migratorias.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de su organismo sectorizado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; y ,en su caso, a la Procuraduría General de la República, a que realicen las acciones legales correspondientes, y las demás dentro del ámbito de su competencia, respecto a la caza indiscriminada de vida silvestre, en especial de especies de aves migratorias, que año tras año visitan la bahía de Yavaros, perteneciente al municipio de Huatabampo, Sonora.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a que realice los estudios y gestiones necesarias para declarar área natural protegida el territorio en que se encuentra la bahía de Yavaros, perteneciente al municipio de Huatabampo, Sonora.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Jueves 19 de febrero de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Junta de Coordinación Política.

Los asuntos no abordados en esta sesión, y los demás con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez (a las 16:33): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves, 19 de febrero, a las 11:00 horas. Se les informa que el tablero electrónico estará abierto a partir de las 9: 30.

--------------- O ---------------

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 4 horas 21 minutos
• Quórum a la apertura de sesión: 338 diputados
• Asistencia al cierre de registro: 401 diputados
• Diputados que solicitan licencia: 2
• Diputado suplente que se incorpora: 1
• Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1
• Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 2
Diputados por grupo parlamentario que participaron durante la sesión: 72PAN-9 PRD-27 PRI-26 Convergencia-5 PVEM-1 PT-2 Nueva Alianza-1 Diputados de la Comisión de Turismo-1
• Se recibieron:
• 1 oficio de la Secretaría de Educación Públicacon el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente;
• 1 oficio de la Junta de Coordinación Políticacon el que comunica cambios en la integración de la Comisión de Salud;
• 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
• 2 oficios de la Secretaría de Gobernacióncon los que solicita el permiso constitucional necesario para que cinco ciudadanos puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas, respectivamente;
• 3 oficios de la Secretaría de Gobernacióncon los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;
• 2 oficios de la Secretaría de Gobernacióncon el que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente;
• 2 excitativas a comisiones;
• 23 proposiciones con puntos de acuerdo;
• 6 iniciativas del PRD;
• 9 iniciativas del PRI;
• 1 iniciativa del PT;
• 1 iniciativa de la Comisión de Turismo.
• Dictámenes de primera lectura:
• 1 de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que reforma el último párrafo y se adicionan las fracciones III y IV, recorriéndose la actual III para pasar a ser V, del artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas;
• 1 de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley General de Salud;
• 3 de la Comisión de Gobernación, con proyectos de decreto que conceden permisos a 10 ciudadanos para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas, respectivamente.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Abramo Masso, Jericó (PRI) Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos: 171
• Aguilera Rico, José Luis(Convergencia) Derechos humanos de inmigrantes: 131
• Aguirre Alcaide, Víctor (PRD) Estado de Guerrero: 143
• Alcántara Núñez, Jesús Sergio(PRI) Ley General de Desarrollo Social: 111
• Alcántara Núñez, Jesús Sergio(PRI) Estado de México: 138, 141, 142
• Almazán González, José Antonio(PRD) Ley de Desempleo Universal y no Contributivo: 179
• Almazán González, José Antonio(PRD) Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores: 166
• Almazán González, José Antonio(PRD) Orden del día: 162
• Amaro Corona, Alberto(PRD) Estado de Tlaxcala: 125
• Batres Guadarrama, Valentina Valia(PRD) Precio del diesel: 208
• Batres Guadarrama, Valentina Valia(PRD) Trabajo legislativo: 36, 47
• Calzada Vázquez, Francisco Javier(PRD) Trabajo legislativo: 37
• Cantú Garza, Ricardo(PT) Programa de Apoyo para los Deudores de la Banca: 190
• Cárdenas Fonseca, Manuel(Nueva Alianza) Trabajo legislativo: 43
• Cervantes Andrade, Raúl(PRI) Precio del diesel: 207
• Cobo Terrazas, Diego(PVEM) Escasez de agua potable: 134
• Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías(PRI) Explotación laboral infantil: 130
• Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías(PRI) Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: 108
• Del Río Virgen, José Manuel(Convergencia) Precio del diesel: 203, 208
• Diputados de la Comisión de TurismoLey General de Turismo: 75
• Duarte Jáquez, César (PRI) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 120
• Fernández Balboa, Mónica(PRD) Precio del diesel: 205, 207
• Fernández Balboa, Mónica(PRD) Trabajo legislativo: 39, 42
• Fernández Cabrera, Adrián(PAN) Trabajo legislativo: 40
• Fernández Cabrera, Adrián(PAN) Precio del diesel: 207, 210
• Garza Garza, Horacio Emigdio(PRI) Ley de Importación de Vehículos Usados: 116
• Gebhardt Garduza, Yary del Carmen(PRI) Conferencia Nacional de Procuración de Justicia: 157
• Gebhardt Garduza, Yary del Carmen(PRI) Delincuencia juvenil: 159
• Gebhardt Garduza, Yary del Carmen(PRI) Estado de Chiapas: 150
• Gebhardt Garduza, Yary del Carmen(PRI) Farmacodependencia: 146
• Gebhardt Garduza, Yary del Carmen(PRI) Manglares: 153
• Gebhardt Garduza, Yary del Carmen(PRI) Obesidad y sobrepeso: 152
• Gebhardt Garduza, Yary del Carmen(PRI) Policías - Ministerio Público: 155
• González Garza, Javier(PRD) Trabajo legislativo: 46
• Hernández Hernández, Sergio(PRD) Trabajo legislativo: 50
• Herrera Ale, Juana Leticia(PRI) Precio del diesel: 199
• Ibarra Franquez, SoniaNohelia (PRD) Trabajo infantil: 161
• Maciel Ortiz, María Mercedes(PT) Precio del diesel: 202
• Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María(PAN) Trabajo legislativo: 45
• Martínez Martínez, Carlos Roberto(PRD) Estado de Sonora: 210
• Martínez Padilla, Hugo Eduardo(PRD) Crisis económica: 128
• Martínez Padilla, Hugo Eduardo(PRD) Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa: 105
• Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcóatl(PRI) Ley del Servicio Postal Mexicano: 115
• Monreal Ávila, Susana(PRD) Código Penal Federal: 175
• Monreal Ávila, Susana(PRD) Precio del diesel: 203, 207
• Monreal Ávila, Susana(PRD) Trabajo legislativo: 41, 49
• Morales García, Elizabeth(PRI) Precio del diesel: 204
• Mota Hernández, Adolfo(PRI) Ley de Vías Generales de Comunicación: 163
• Murat, José (PRI) Trabajo legislativo: 38, 46
• Oviedo Oviedo, Ernesto(PAN) Precio del diesel: 206
• Pérez Cuéllar, Cruz(PAN) Horario de verano: 148
• Ramos Covarrubias, Héctor Manuel(PAN) Operaciones bancarias en moneda extranjera: 144
• Rodríguez Prats, Juan José(PAN) Trabajo legislativo: 35
• Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda(PRI) Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos - Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres - Ley del Instituto Nacional de las Mujeres: 185
• Sánchez Cabrales, Rafael Elías(PRD) Estado de Tabasco: 126
• Sánchez Camacho, Alejandro(PRD) Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito: 196
• Sánchez Peñuelas, Salvador(PRI) Precio del diesel: 208
• Torres García, Daniel(PRD) Ley Federal del Trabajo: 112
• Torres Torres, Carlos Alberto(PAN) Cinematografía en México: 136
• Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc(Convergencia) Trabajo legislativo: 41, 42
• Villanueva Abraján, Patricia(PRI). Código Federal de Procedimientos Penales: 109

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino	ASISTENCIA
2 Aguilar López José Alejandro	ASISTENCIA
3 Alcaraz Hernández Alma Edwviges	INASISTENCIA
4 Álvarez Bernal María Elena	ASISTENCIA
5 Amezola Fonceca Gerardo	ASISTENCIA
6 Antuña Batista Fidel	ASISTENCIA
7 Aranda Orozco Gerardo	ASISTENCIA
8 Arellano Arellano Joel	ASISTENCIA
9 Arenas Guzmán Margarita	ASISTENCIA
10 Argüelles Arellano María del Consuelo	ASISTENCIA
11Arizméndi Uribe Efraín	ASISTENCIA
12 Armendáriz García Pedro	INASISTENCIA
13 Arredondo Ibarra Salvador	ASISTENCIA
14 Arredondo Velázquez Jesús	ASISTENCIA
15 Ávila Mayo Obdulio	ASISTENCIA
16 Barradas Miravete Gregorio	INASISTENCIA
17 Barrios Rodríguez Juan Enrique	ASISTENCIA
18 Bello Pérez Alfonso Othón	INASISTENCIA
19 Berber Martínez Antonio	ASISTENCIA
20 Bernal Frausto Federico	CÉDULA
21 Bolaños Aguilar Edmundo Javier	ASISTENCIA
22 Bracho González Carlos Augusto	ASISTENCIA
23 Buganza Salmerón Gerardo	ASISTENCIA
24 Campos Galván María Eugenia	ASISTENCIA
25 Carbajal Méndez Liliana	ASISTENCIA
26 Cárdenas Sánchez Esmeralda	ASISTENCIA
27 Cardona Benavidez Alma Xóchil	ASISTENCIA
28 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto	INASISTENCIA
29 Carrasco Cárdenas Susana Sarahí	ASISTENCIA
30 Carrillo Sandoval Fortino	ASISTENCIA
31 Castaño Contreras Cristián	ASISTENCIA
32Castro De la Rosa Osiel	ASISTENCIA
33 Ceja Romero Ramón	OFICIAL COMISIÓN
34 Collado Lara Beatriz	ASISTENCIA
35 Contreras Coeto José Luis	ASISTENCIA
36 Corral Aguilar María Mercedes	ASISTENCIA
37 Cuen Garibi Marcela	ASISTENCIA
38 Curiel Preciado Leobardo	PERMISO MESA DIRECTIVA
39 Dávila Fernández Adriana	ASISTENCIA
40 Dávila García Francisco	INASISTENCIA
41 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	ASISTENCIA
42 De la Torre Sánchez José	ASISTENCIA
43 De León Tello Jesús	ASISTENCIA
44 Degante Romero Silvia Emilia	ASISTENCIA
45Del Toro del Villar Tomás	ASISTENCIA
46 Del Valle Toca Antonio	CÉDULA
47 Delgado Oscoy Alejandro Enrique	ASISTENCIA
48 Denegre Vaught Ramírez Rosaura Virginia	ASISTENCIA
49 Díaz García José Antonio	ASISTENCIA
50 Díaz Garibay Felipe	INASISTENCIA
51 Díaz Gordillo Martha Cecilia	ASISTENCIA
52 Díaz Mena Joaquín Jesús	ASISTENCIA
53 Díaz de León Torres Leticia	ASISTENCIA
54 Domínguez Servién Francisco	ASISTENCIA
55 Duck Núñez Edgar Mauricio	ASISTENCIA
56 Enríquez Flores Armando	ASISTENCIA
57 Escaroz Soler Gerardo Antonio	ASISTENCIA
58 Escobar Jardinez Adolfo	ASISTENCIA
59 Espinosa Piña José Luis	ASISTENCIA
60 Félix Holguín Armando Jesús	ASISTENCIA
61 Felton González Carlos Eduardo	PERMISO MESA DIRECTIVA
62 Fernández Cabrera Adrián	ASISTENCIA
63Fernández Ugarte Ma. del Carmen	ASISTENCIA
64 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro	ASISTENCIA
65 Flores Grande Arturo	INASISTENCIA
66 Flores Morfín Jesús Vicente	ASISTENCIA
67 Fraile García Francisco Antonio	ASISTENCIA
68 Franco Cazarez Ricardo	ASISTENCIA
69 Fuentes Ortíz José Guillermo	ASISTENCIA
70 Galván Valles Rosa Elena	ASISTENCIA
71 García González Carlos Alberto	INASISTENCIA
72 García Müller Martha Margarita	ASISTENCIA
73 García Reyes Ángel Humberto	ASISTENCIA
74 García Reyes Beatriz Eugenia	INASISTENCIA
75 García Vivián Raúl	ASISTENCIA
76 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes	ASISTENCIA
77 Gómez Leyva Silvio	ASISTENCIA
78 González Betancourt Jorge Justiniano	ASISTENCIA
79 González Martínez María Gabriela	ASISTENCIA
80 González Morán Martín Oscar	ASISTENCIA
81 González Roaro Benjamín Ernesto	ASISTENCIA
82 González Ruiz Felipe	ASISTENCIA
83González Sánchez Ma. Dolores	INASISTENCIA
84Gudiño Ortíz Francisco Javier	ASISTENCIA
85 Guerrero Torres José Gildardo	ASISTENCIA
86 Gutiérez Aguilar Miguel Ángel	ASISTENCIA
87 Gutiérrez Lagunes María Victoria	ASISTENCIA
88 Hernández Núñez Elia	ASISTENCIA
89 Hurtado Pérez Nelly Asunción	ASISTENCIA
90 Iragorri Durán Enrique	CÉDULA
91Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles	ASISTENCIA
92 Jiménez Ramos María Esther	INASISTENCIA
93 Joaquín Coldwell Addy Cecilia	ASISTENCIA
94 Lagunes Viveros Violeta del Pilar	INASISTENCIA
95 Landero Gutiérrez Alejandro	ASISTENCIA
96 Landeros González Ramón	ASISTENCIA
97 Lara Compeán David	ASISTENCIA
98 Larios Córdova Héctor	ASISTENCIA
99 Laviada Hernández Iñigo Antonio	ASISTENCIA
100 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio	ASISTENCIA
101 Leura González Agustín	ASISTENCIA
102 Limas Frescas María Soledad	ASISTENCIA
103 Lizaola de la Torre Alonso Manuel	INASISTENCIA
104 López Cisneros José Martín	ASISTENCIA
105 López Reyna Omeheira	ASISTENCIA
106 López Silva Rubí Laura	ASISTENCIA
107 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel	ASISTENCIA
108 Lujano Nicolás Christian Martín	ASISTENCIA
109 Maawad Robert Luis Xavier	ASISTENCIA
110 Madrazo Limón Carlos	ASISTENCIA
111Magallón Arceo Leonardo Melesio de J.	ASISTENCIA
112 Malagón Ríos Martín	ASISTENCIA
113 Maldonado González David	ASISTENCIA
114Manuell-Gómez Angulo Dolores De María	ASISTENCIA
115 Martínez Valero Dora Alicia	ASISTENCIA
116 Medellín Varela Antonio	ASISTENCIA
117 Medina Macias Alma Hilda	ASISTENCIA
118 Medina Rodríguez Delber	ASISTENCIA
119 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia	ASISTENCIA
120 Mejía García Luis Alonso	ASISTENCIA
121 Méndez Meneses Apolonio	ASISTENCIA
122 Mendoza Morales Lucía Susana	ASISTENCIA
123 Mohamar Dainitin Oscar Miguel	ASISTENCIA
124 Mollinedo Hernández Agustín	ASISTENCIA
125 Monraz Ibarra Miguel Ángel	INASISTENCIA
126 Montes Sánchez Fabián Fernando	ASISTENCIA
127 Montiel Luis Lariza	ASISTENCIA
128 Mora Cuevas Marisol	ASISTENCIA
129 Morales Ramos José Nicolás	ASISTENCIA
130 Morales Utrera Mercedes	ASISTENCIA
131 Moreno Álvarez Mario Eduardo	ASISTENCIA
132 Morgan Franco Rocío del Carmen	ASISTENCIA
133 Muñoz Serrano José Antonio	ASISTENCIA
134 Murillo Flores Francisco Javier	ASISTENCIA
135 Murillo Torres José Luis	ASISTENCIA
136 Navarro Sugich Carlos Alberto	INASISTENCIA
137 Nordhausen González Jorge Rubén	ASISTENCIA
138Noriega Blanco Vigil María Nieves	ASISTENCIA
139 Ochoa López Nabor	ASISTENCIA
140 Olvera Higuera Edgar Armando	ASISTENCIA
141 Orozco Ruiz Velazco Marco Heriberto	ASISTENCIA
142Ortega Martínez Ma. del Pilar	ASISTENCIA
143 Ortiz Montoro Sagrario María del Rosario	ASISTENCIA
144 Ortíz Hernández Eduardo	INASISTENCIA
145 Oviedo Oviedo Ernesto	ASISTENCIA
146 Padilla Orozco Raúl Alejandro	INASISTENCIA
147 Palafox Núñez José Inés	INASISTENCIA
148 Paredes Rodríguez Francisco Javier	ASISTENCIA
149 Parra Jiménez Dolores María del Carmen	ASISTENCIA
150 Parra Noriega Luis Gustavo	INASISTENCIA
151 Pérez Cuéllar Cruz	INASISTENCIA
152 Pérez de Tejada Romero Diana Carolina	ASISTENCIA
153 Peyrot Solís Marco Antonio	ASISTENCIA
154 Plascencia Alonso Francisco Javier	ASISTENCIA
155 Priego Tapia Gerardo	ASISTENCIA
156 Pulido Pecero Pedro	ASISTENCIA
157 Quintero Bello Jorge	ASISTENCIA
158 Ramírez Barba Ector Jaime	ASISTENCIA
159 Ramírez Corral Ivette Jacqueline	ASISTENCIA
160 Ramírez Pech Edgar Martín	ASISTENCIA
161 Ramírez Villarreal Gustavo	ASISTENCIA
162 Ramos Covarrubias Héctor Manuel	ASISTENCIA
163 Reyes García María Isabel	ASISTENCIA
164 Reyes López Carlos Armando	ASISTENCIA
165 Rincón Vargas Mirna Cecilia	ASISTENCIA
166 Rivera Rivera José Guadalupe	ASISTENCIA
167 Rivero Rivero Rolando	ASISTENCIA
168 Rodríguez Ahumada Luis Fernando	ASISTENCIA
169 Rodríguez Jiménez Ricardo	INASISTENCIA
170 Rodríguez Prats Juan José	ASISTENCIA
171 Rodríguez Uresti Enrique	ASISTENCIA
172 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana	CÉDULA
173 Rojas Hernández Laura Angélica	ASISTENCIA
174 Román Isidoro Demetrio	ASISTENCIA
175 Romo Jiménez Martha Angélica	ASISTENCIA
176 Rubio Chávez José Ignacio Alberto	OFICIAL COMISIÓN
177 Rueda Gómez Francisco	ASISTENCIA
178 Ruiz Velasco de Lira Ernesto	INASISTENCIA
179 Salas Contreras Marcos	ASISTENCIA
180 Salazar Madera Mario Alberto	ASISTENCIA
181 Salum del Palacio Jorge Alejandro	ASISTENCIA
182 Sánchez Díaz de Rivera Antonio	ASISTENCIA
183 Sánchez Domínguez Alejandro	CÉDULA
184 Sánchez Gil Carlos René	ASISTENCIA
185 Sánchez Juárez Claudia	ASISTENCIA
186 Sánchez Trujillo José Víctor	ASISTENCIA
187Sandoval Munguia Juan Manuel	ASISTENCIA
188 Serrato Castell Luis Gerardo	ASISTENCIA
189 Shej Guzmán Sara	ASISTENCIA
190 Solano Muñoz José de Jesús	ASISTENCIA
191 Stefanonni Mazzocco Martín	ASISTENCIA
192 Tamayo Herrera Yadhira Yvette	INASISTENCIA
193 Torres Gómez Artemio	INASISTENCIA
194 Torres Herrera Víctor Manuel	ASISTENCIA
195 Torres Torres Carlos Alberto	ASISTENCIA
196 Valenzuela García María Gloria Guadalupe	ASISTENCIA
197 Valladolid Rodríguez Antonio	ASISTENCIA
198 Vasconcelos Rueda Antonio	ASISTENCIA
199 Vázquez Martínez Alberto	ASISTENCIA
200 Vega Corona Antonio	ASISTENCIA
201 Velázquez Gutiérrez José Guillermo	INASISTENCIA
202 Verástegui Ostos César Augusto	ASISTENCIA
203 Verdín Saldaña Jaime	ASISTENCIA
204 Victoria Alva Juan	ASISTENCIA
205 Vieyra Olivares Adriana Rebeca	ASISTENCIA
206 Villanueva Arjona Juan Manuel	ASISTENCIA
207 Zambrano Elizondo Javier Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 172
Asistencias por cédula: 5
Asistencias comisión oficial: 2
Permiso Mesa Directiva: 2
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 26
Total diputados: 207

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1 Aguirre Alcaide Victor	ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida	ASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio	ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón	ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes	ASISTENCIA
6Wilfrido Alonso Razo Humberto	ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos	ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa	CÉDULA
9 Álvarez Ramón Silbestre	ASISTENCIA
10 Amaro Corona Alberto	ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene	ASISTENCIA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel	ASISTENCIA
13Arreola Calderón Juan Dario	ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando	ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia	ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana	ASISTENCIA
17Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh	ASISTENCIA
18 Brito González Modesto	INASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier	ASISTENCIA
20 Campos Aburto Amador	ASISTENCIA
21 Cárdenas Hernández Raymundo	ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora	ASISTENCIA
23 Condado Escamilla Cuitlahuac	ASISTENCIA
24 Contreras Julián Maricela	ASISTENCIA
25 Cruz Santiago Claudia Lilia	CÉDULA
26 Cuevas Córdova Othón	ASISTENCIA
27 Chávez García Higinio	ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix	ASISTENCIA
29 De la Rosa García Juan Hugo	INASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado	ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel	ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique	ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana	ASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz	ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime	ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica	ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César	ASISTENCIA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro	ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael	ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo	INASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo	ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí	ASISTENCIA
43 González Garza Javier	ASISTENCIA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio	ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis	ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene	ASISTENCIA
47 Hernández Hernández Sergio	ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier	ASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín	CÉDULA
50Nohelia Ibarra Franquez Sonia	PERMISO MESA DIRECTIVA
51 Jacques y Medina José	ASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia	ASISTENCIA
53 Landero López Pedro	ASISTENCIA
54Lemarroy Martínez Juan Darío	ASISTENCIA
55 Leyva Piñón Ana Yurixi	ASISTENCIA
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel	ASISTENCIA
57 López Barriga Erick	ASISTENCIA
58 López Becerra Santiago	ASISTENCIA
59 López Rojas Alberto	ASISTENCIA
60 López Torres Ma. Soledad	ASISTENCIA
61 Lozano Lozano Andrés	ASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia	ASISTENCIA
63 Macedo Escartín Miguel Ángel	ASISTENCIA
64 Márquez Madrid Camerino Eleazar	CÉDULA
65 Márquez Tinoco Francisco	ASISTENCIA
66 Martínez Hernández Alejandro	OFICIAL COMISIÓN
67 Martínez Martínez Carlos Roberto	ASISTENCIA
68 Martínez Martínez Francisco	ASISTENCIA
69 Martínez Padilla Hugo Eduardo	ASISTENCIA
70 Martínez Vargas Octavio	CÉDULA
71 Matías Alonso Marcos	ASISTENCIA
72 Matus Toledo Holly	INASISTENCIA
73 Mayans Canabal Fernando Enrique	ASISTENCIA
74 Mendoza Arellano David	ASISTENCIA
75 Mendoza Flores Roberto	ASISTENCIA
76 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio	ASISTENCIA
77 Mendoza Mendoza Irineo	ASISTENCIA
78 Monreal Ávila Susana	ASISTENCIA
79 Montalvo Rojas Victorio Rubén	ASISTENCIA
80 Morales Manzo Jesús Ricardo	ASISTENCIA
81 Morales Sánchez Efraín	ASISTENCIA
82 Morales Vázquez Carlos Orsoe	PERMISO MESA DIRECTIVA
83 Narcía Álvarez Héctor	ASISTENCIA
84 Navarro López Carlos Ernesto	PERMISO MESA DIRECTIVA
85 Navarro Quintero Miguel Ángel	ASISTENCIA
86 Ojeda Hernández Concepción	ASISTENCIA
87 Orcí Martínez Juan Adolfo	INASISTENCIA
88 Ortega Martínez Antonio	ASISTENCIA
89 Ortiz Magallón Rosario Ignacia	ASISTENCIA
90Pacheco LLanes Ramón Félix	ASISTENCIA
91 Pedraza Chávez Isidro	ASISTENCIA
92 Pedrozo Castillo Adrián	ASISTENCIA
93 Peña Sánchez Miguel Ángel	ASISTENCIA
94 Pérez Cruz Raciel	ASISTENCIA
95 Pulido Santiago Celso David	PERMISO MESA DIRECTIVA
96 Ramos Becerril Rafael Plácido	ASISTENCIA
97 Ramos Castellanos Martín	INASISTENCIA
98 Rasgado Corsi Gloria	ASISTENCIA
99 Ríos Gamboa Raúl	CÉDULA
100 Romero Gutiérrez Odilón	ASISTENCIA
101Ruíz Sánchez Salvador	ASISTENCIA
102 Saavedra Coronel José Antonio	ASISTENCIA
103Salinas Pérez Josefina	ASISTENCIA
104 San Martín Hernández Juan Manuel	ASISTENCIA
105 Sánchez Barrios Carlos	ASISTENCIA
106 Sánchez Cabrales Rafael Elías	ASISTENCIA
107 Sánchez Camacho Alejandro	ASISTENCIA
108 Sánchez Camacho David	ASISTENCIA
109 Sánchez Ramos Francisco	ASISTENCIA
110 Sánchez Valdéz Eva Angelina	ASISTENCIA
111 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc	ASISTENCIA
112 Santos Arreola Francisco Javier	ASISTENCIA
113 Solares Chávez Miguel Ángel	ASISTENCIA
114 Soriano Sánchez Rosa Elva	ASISTENCIA
115 Soto Sánchez Antonio	ASISTENCIA
116 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso	ASISTENCIA
117 Torres Baltazar María Elena	ASISTENCIA
118 Torres García Daniel	PERMISO MESA DIRECTIVA
119 Trejo Pérez Pablo	ASISTENCIA
120 Ulloa Pérez Emilio	ASISTENCIA
121 Vallejo Estevez Mario	PERMISO MESA DIRECTIVA
122 Varela López Víctor Gabriel	ASISTENCIA
123 Villanueva Albarrán Gerardo	INASISTENCIA
124 Villicaña García Rafael	ASISTENCIA
125 Zavaleta Salgado Ruth	ASISTENCIA
126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto	ASISTENCIA
127 Zepeda Hernández Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 107
Asistencias por cédula: 6
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 6
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 7
Total diputados: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico	ASISTENCIA
2 Aguilar Diego	ASISTENCIA
3 Aguilar Solís Samuel	ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas	INASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio	ASISTENCIA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo	ASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel	INASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto	ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel	PERMISO MESA DIRECTIVA
10 Badillo Martínez Roberto	ASISTENCIA
11Barajas Del Toro Salvador	ASISTENCIA
12 Barajas López Ramón	PERMISO MESA DIRECTIVA
13 Barba Hernández Alfredo	PERMISO MESA DIRECTIVA
14 Beltrán Montes Israel	INASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique	INASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio	INASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando	ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis	ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando	ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio	ASISTENCIA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo	ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés	INASISTENCIA
23Cárdenas Del Avellano Enrique	ASISTENCIA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo	ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl	ASISTENCIA
26 Colín Guadarrama María Mercedes	ASISTENCIA
27 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías	ASISTENCIA
28De la Garza Treviño Jorge Luis	INASISTENCIA
29 Díaz Athié Antonio de Jesús	ASISTENCIA
30Darinel Díaz Solorzano Elmar	INASISTENCIA
31 Domínguez Domínguez Nemesio	ASISTENCIA
32 Duarte Jáquez César Horacio	ASISTENCIA
33 Escajeda Jiménez José Rubén	INASISTENCIA
34 Escalante Jasso Aracely	PERMISO MESA DIRECTIVA
35 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías	INASISTENCIA
36 Estefan Chidiac Charbel Jorge	INASISTENCIA
37 Flores Sandoval Patricio	ASISTENCIA
38 Fuentes Téllez Octavio	ASISTENCIA
39 Gamboa Patrón Emilio	ASISTENCIA
40 Garza Garza Horacio Emigdio	ASISTENCIA
41 Gebhardt Garduza Yary del Carmen	ASISTENCIA
42 Gloria Requena Tomás	ASISTENCIA
43 Gómez Lugo Elda	ASISTENCIA
44 González Calderón Martha Hilda	PERMISO MESA DIRECTIVA
45 González Salum Miguel Ángel	ASISTENCIA
46 González Zarur Mariano	ASISTENCIA
47 Guerrero García Javier	ASISTENCIA
48 Guerrero Juárez Joel	ASISTENCIA
49 Gurrión Matías Daniel	ASISTENCIA
50 Herrera Ale Juana Leticia	ASISTENCIA
51 Herrera Coyac Wenceslao	ASISTENCIA
52 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando	PERMISO MESA DIRECTIVA
53 Lagunes Gallina Gerardo	ASISTENCIA
54 Lescieur Talavera Jorge Mario	ASISTENCIA
55 López Balbuena Guillermina	PERMISO MESA DIRECTIVA
56 Madrid Tovilla Arely	INASISTENCIA
57 Martínez Rocha Arturo	PERMISO MESA DIRECTIVA
58 Martínez Rodríguez Lorena	OFICIAL COMISIÓN
59 Méndez Lanz Víctor Manuel	INASISTENCIA
60 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso	PERMISO MESA DIRECTIVA
61 Merodio Reza Lilia Guadalupe	ASISTENCIA
62Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl	ASISTENCIA
63 Morales García Elizabeth	ASISTENCIA
64 Mota Hernández Adolfo	ASISTENCIA
65 Muñoz Serna Rogelio	CÉDULA
66Murat José	ASISTENCIA
67 Ochoa González Arnoldo	ASISTENCIA
68 Ojeda Camacho Gilberto	PERMISO MESA DIRECTIVA
69 Olivares Monterrubio Alejandro	ASISTENCIA
70 Olivares Ventura Héctor Hugo	ASISTENCIA
71 Ordaz Jiménez Ismael	ASISTENCIA
72 Orihuela Bárcenas José Ascención	ASISTENCIA
73 Ortega Tzitzihua María Dolores Lucía	ASISTENCIA
74Ortiz Del Carpio Víctor	INASISTENCIA
75 Ortiz Proal Mauricio	ASISTENCIA
76 Padilla Gutiérrez Héctor	ASISTENCIA
77 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz	ASISTENCIA
78 Palma César Víctor Samuel	ASISTENCIA
79 Parás González Juan Manuel	ASISTENCIA
80 Partida Guzmán Martha Rocío	PERMISO MESA DIRECTIVA
81 Patrón Montalvo Jesús Manuel	ASISTENCIA
82 Peñuelas Acuña Mayra Gisela	PERMISO MESA DIRECTIVA
83 Pérez Valdés Daniel	ASISTENCIA
84 Pinete Vargas María del Carmen	ASISTENCIA
85 Quiñones Canales Lourdes	ASISTENCIA
86 Ramírez Martínez José Edmundo	ASISTENCIA
87 Ramírez Stabros Jesús	CÉDULA
88 Reyna García José Jesús	ASISTENCIA
89 Ríos Camarena Alfredo Adolfo	ASISTENCIA
90 Rivera Bedoya Juan Francisco	ASISTENCIA
91 Rodríguez Martínez Alicia	ASISTENCIA
92 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda	ASISTENCIA
93 Rojas Gutiérrez Carlos	ASISTENCIA
94 Salas López Ramón	ASISTENCIA
95 Sánchez Hernández Eduardo	ASISTENCIA
96 Sánchez Peñuelas Salvador	ASISTENCIA
97 Sandoval Paredes Sergio	ASISTENCIA
98 Serrano Escobar Enrique	ASISTENCIA
99 Sosa Castelán Gerardo	ASISTENCIA
100 Vargas Landeros Gerardo Octavio	PERMISO MESA DIRECTIVA
101Vega Ortíz María Oralia	ASISTENCIA
102 Velasco Pérez Juan Carlos	ASISTENCIA
103 Villa Villa Isael	ASISTENCIA
104 Virgen Carrera Víctor Manuel	ASISTENCIA
Asistencias: 74
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 13
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 14
Total diputados: 104

CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan	ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis	INASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías	ASISTENCIA
4 Castellanos Hernández Félix	OFICIAL COMISIÓN
5 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús	INASISTENCIA
6 Chanona Burguete Alejandro	INASISTENCIA
7 Del Río Virgen José Manuel	ASISTENCIA
8 Godoy Cárdenas Jorge	ASISTENCIA
9 López Lena Cruz Humberto	ASISTENCIA
10 Melo Velázquez José Francisco	ASISTENCIA
11 Salvatori Bronca María del Carmen	ASISTENCIA
12 Samperio Montaño Juan Ignacio	ASISTENCIA
13 Sansores San Román Layda Elena	ASISTENCIA
14 Tagle Martínez Martha Angélica	ASISTENCIA
15 Uscanga Cruz Robinson	ASISTENCIA
16 Valdés Chávez Ramón	ASISTENCIA
17 Varela Lagunas Tomás José Luis	ASISTENCIA
18 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc	ASISTENCIA
Asistencias: 14
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 3
Total diputados: 18

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio	ASISTENCIA
2 Bellizzia Rosique Pascual	ASISTENCIA
3 Cobo Terrazas Diego	INASISTENCIA
4 Elizondo Garrido Francisco	ASISTENCIA
5 Estrada González Faustino Javier	ASISTENCIA
6 González Martínez Jorge Emilio	ASISTENCIA
7 Lavara Mejía Gloria	ASISTENCIA
8 López Adame Antonio Xavier	ASISTENCIA
9 Manrique Guevara Beatriz	INASISTENCIA
10 Notholt Guerrero Alan	ASISTENCIA
11Portilla Dieguez Manuel Salvador	ASISTENCIA
12 Puente Salas Carlos Alberto	ASISTENCIA
13 Ramírez Cerda Ana María	ASISTENCIA
14Rodríguez Luis Alejandro	ASISTENCIA
15 Salgado Amador Manuel Salvador	ASISTENCIA
16 Sesma Suárez Jesús	ASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica	ASISTENCIA
Asistencias: 15
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 2
Total diputados: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén	ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo	ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo	ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime	ASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano	ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis	ASISTENCIA
7Maciel Ortiz Ma. Mercedes	ASISTENCIA
8 Peregrino García Abundio	ASISTENCIA
9 Romero Guzmán Rosa Elia	ASISTENCIA
10 Solís Parga Rodolfo	ASISTENCIA
11 Vela González Joaquín Humberto	INASISTENCIA
Asistencias: 10
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 11

NUEVA ALIANZA
1 Arriola G. Mónica T.	PERMISO MESA DIRECTIVA
2 Cárdenas Fonseca Manuel	ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel	CÉDULA
4 Dávila Esquivel Humberto	ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto	ASISTENCIA
6 Luna Becerril Blanca	ASISTENCIA
7 Luna Rodríguez Silvia	ASISTENCIA
8 Pérez Bolaños Ana Elisa	ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma	ASISTENCIA
Asistencias: 7
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 9

ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina	ASISTENCIA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe	ASISTENCIA
3 García Méndez Armando	INASISTENCIA
4 Hernández Valadés Delio	INASISTENCIA
5 Pedro Cortés Santiago Gustavo	PERMISO MESA DIRECTIVA
Asistencias: 2
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 2
Total diputados: 5

1 Alcaraz Hernández Alma Edwviges 2 Armendáriz García Pedro 3 Barradas Miravete Gregorio 4 Bello Pérez Alfonso Othón 5 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto 6 Dávila García Francisco 7 Díaz Garibay Felipe 8 Flores Grande Arturo 9 García González Carlos Alberto 10 García Reyes Beatriz Eugenia 11 González Sánchez Ma. Dolores 12 Jiménez Ramos María Esther 13 Lagunes Viveros Violeta del Pilar 14 Lizaola de la Torre Alonso Manuel 15 Monraz Ibarra Miguel Ángel 16 Navarro Sugich Carlos Alberto 17 Ortíz Hernández Eduardo 18 Padilla Orozco Raúl Alejandro 19 Palafox Núñez José Inés 20 Parra Noriega Luis Gustavo 21 Pérez Cuéllar Cruz 22 Rodríguez Jiménez Ricardo 23 Ruiz Velasco de Lira Ernesto 24 Tamayo Herrera Yadhira Yvette 25 Torres Gómez Artemio 26 Velázquez Gutiérrez José Guillermo Faltas por grupo: 26

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 Brito González Modesto
2 De la Rosa García Juan Hugo
3 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo
4 Matus Toledo Holly
5 Orcí Martínez Juan Adolfo
6 Ramos Castellanos Martín
7 Villanueva Albarrán Gerardo
Faltas por grupo: 7

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 Aispuro Torres José Rosas
2 Amador Gaxiola Daniel
3 Beltrán Montes Israel
4 Benítez Ojeda Luis Enrique
5 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio
6 Carballo Bustamante Andrés
7 De la Garza Treviño Jorge Luis
8 Darinel Díaz Solorzano Elmar
9 Escajeda Jiménez José Rubén
10 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías
11 Estefan Chidiac Charbel Jorge
12 Madrid Tovilla Arely
13 Méndez Lanz Víctor Manuel
14 Ortiz Del Carpio Víctor
Faltas por grupo: 14

CONVERGENCIA
Diputado
1 Aguilera Rico José Luis
2 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús
3 Chanona Burguete Alejandro
Faltas por grupo: 3

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Diputado
1 Cobo Terrazas Diego
2 Manrique Guevara Beatriz
Faltas por grupo: 2

PARTIDO DEL TRABAJO
Diputado
1 Vela González Joaquín Humberto
Faltas por grupo: 1

ALTERNATIVA
Diputado
1 García Méndez Armando
2 Hernández Valadés Delio
Faltas por grupo: 2