SUMARIO

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ASISTENCIA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del registro de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 384 diputadas y diputados; por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez (a las 12:13 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Estamos en procedimiento. Un segundo, diputada.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Sonido a la curul de la diputada Valentina Batres Guadarrama.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Diputado presidente, antes de que usted tomara la votación le había solicitado la palabra, y tiene que ver con el orden del día. Tengo una duda sobre el orden del día que vamos a tener en esta sesión. No tenemos elemento por el cual votar a favor o en contra de que no se lea el orden del día, toda vez que ni siquiera se encuentra en nuestras curules.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: A ver, me habían informado que estaban distribuidos.

Solicito a la Secretaría si es sólo en esa área o si los demás legisladores tienen el orden del día.

Se está terminando de distribuir, me están comentando aquí.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Diputado presidente, en vista de que no tenemos en nuestra curul el orden del día, le solicitaría que nos pudiera leer el orden del día de la sesión de hoy, toda vez que entendemos que ésta es una sesión nueva, diferente de la del jueves, y nos interesaría mucho saber qué han agendado para hoy.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se ha dispensado la lectura del orden del día, pero no tenemos objeción en que la Secretaría lo lea.

Por favor, la Secretaría que lea el orden del día para que la asamblea lo conozca de viva voz.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Martes 24 de febrero de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Dictamen a discusión

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que expide la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas; y se adiciona una fracción XVII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. (Votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados)

Comunicaciones

De los Gobiernos de los Estados de Puebla y de Sonora.

De la Comisión Federal de Electricidad.

Licencias de los diputados Francisco Domínguez Servién , María Oralia Vega Ortiz , Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda y José Alejandro Aguilar López .

Protestas de diputados.

De la Junta de Coordinación Política.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Tres con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente.

Oficios de la Cámara de Senadores

Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por el senador Tomás Torres Mercado , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Minutas

Con proyecto de decreto, que reforma el artículo 30 de la Ley Agraria. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que reforma el artículo 72 de la Ley Agraria. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que reforma el artículo 164 de la Ley Agraria. (Turno a Comisión)

Iniciativas

Que adiciona un segundo párrafo al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Alliet Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado Humberto Dávila Esquivel , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 68 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Turismo, a cargo del diputado Fernando Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de la Ley de Planeación, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario Alternativa. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Turismo, suscrita por los diputados Alliet Bautista Bravo, Sonia Nohelia Ibarra Franquez y Octavio Martínez Vargas ., del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Alejandro Landero Gutiérrez , Obdulio Ávila Mayo y Alberto Vázquez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 27 Bis y 279 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, a cargo del diputado Luis Alejandro Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Daniel Torres García , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 386 y 387 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 280 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal para el Consumo Popular, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 138 y deroga el artículo 143 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Beatriz Manrique Guevara y Luis Alejandro Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Neftalí Garzón Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos primero, tercero, cuarto y quinto transitorios del decreto de reforma al artículo 376 de la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de febrero de 2005, suscrita por los diputados Lorena Martínez Rodríguez y Fernando Enrique Mayans Canabal , de los Grupos Parlamentarios de los Partidos: Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, respectivamente. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Abad de Jesús , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 71 de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado Fernando Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Héctor Manuel Covarrubias, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 21 y 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 73 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados José Jesús Reyna García y Mauricio Ortiz Proal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo del diputado Pascual Bellizzia Rosique , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 21 y 22 de la Ley de Planeación, a cargo del diputado Javier Martín Zambrano Elizondo y suscrita por diputados de la Comisión Especial de prospectiva para la definición del futuro de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo del diputado Javier Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona tres artículos transitorios al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, a cargo de la diputada Valentina Batres Guadarrama , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2, 7 y 8 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gildardo Guerrero Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley Federal de Austeridad, a cargo de la diputada Valentina Batres Guadarrama , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 24 Bis a la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Elda Gómez Lugo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 73, 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto Badillo Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 8 Bis a la Ley de Energía Para el Campo, a cargo del diputado Alejandro Martínez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 46, 76 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Eduardo Espinosa Abuxapqui , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 26 y adiciona un artículo 26 Bis a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Blanca Luna Becerril , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Depósito Legal, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Alliet Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Fernando Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; Orgánica de la Armada de México; y de Ascensos de la Armada de México, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Eduardo Espinosa Abuxapqui , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General para la Promoción de la Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal, a cargo de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez y suscrita por diversas diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General que Regula la Utilización de Videocámaras en materia de Seguridad Pública y reforma el artículo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Miguel Ángel Macedo Escartín , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Neftalí Garzón Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Neftalí Garzón Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley que Reestatiza los Fondos de los Sistemas de Ahorro para el Retiro Regulados en las Leyes del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, Basados en un Régimen de Capitalización Individual, Restituyéndose el Sistema Solidario de Reparto, a cargo del diputado Ramón Pacheco Llanes , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo del diputado Javier Martín Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7, 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8 de la Ley de Planeación, suscrita por los diputados José Jesús Reyna García y Mauricio Ortiz Proal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6 de la Ley Federal de Correduría Pública, a cargo de la diputada Patricia Castillo Romero , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita por los diputados Jesús Sesma Suárez y Manuel Salvador Salgado Amador , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 36 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Javier Martín Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados José Jesús Reyna García y Mauricio Ortiz Proal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 106 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, suscrita por los diputados Alan Notholt Guerrero y Manuel Portilla Dieguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 84, 130 y 132 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

De la Comisión de Marina, con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 51 de la Ley de Ascensos de la Armada de México.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona tres párrafos al artículo 33 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma los artículos 19, 27, tercer párrafo; 28, fracción I, 33, y adiciona con un párrafo tercero el artículo 87 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 51 y adiciona los artículos 51 Bis 1, 51 Bis 2 y 51 Bis 3 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código de Comercio y de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y se adiciona un tercer párrafo al artículo 137 de la Ley General de Población.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que deroga la fracción III Bis del artículo 6 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

De la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma los artículos 53 y 55, fracción V, y deroga el último párrafo del artículo 55 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De las Comisiones Unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma el inciso K) del artículo 28 y adiciona un tercer párrafo, recorriéndose el actual para pasar a ser cuarto, al artículo 29 de la Ley de Asistencia Social.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 47 Bis, fracción II, inciso h), segundo párrafo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma la fracción I y el tercer párrafo del artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 153 Bis, 153 Bis 1, 153 Bis 2, 153 Bis 3, 153 Bis 4 al Titulo Cuarto, Capítulo VI, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y se reforma el primer párrafo del artículo 414 del Código Penal Federal.

De la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que reforma el último párrafo y adiciona las fracciones III y IV, recorriéndose la actual III para pasar a ser V, del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley General de Salud.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Hanin Frangie Beltrán, Patricia Silvya Long Whitehouse, Mario Lorenzo Gutiérrez Ocampo, Daniel Arturo Jaime Ayala, David Hedilberto Gutiérrez González, Josefina Idalia Mozqueda Torres y Eligio López de la Cruz para prestar servicios en las Embajadas de Canadá y de Estados Unidos de América en México y en sus Consulados en Nogales, Sonora y Nuevo Laredo, Tamaulipas, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Bárbara Selene Corchado Rivera y Albert Daman Agraz para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en su Consulado en Guadalajara, Jalisco respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Giancarla Calia Cerrillo para prestar servicios en la Embajada de la India en México.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo relativos a la liberación de Clara Rojas y Consuelo González, por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo relativos a la participación de mexicanos en el ejército de Estados Unidos de América.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo relativos al Proceso Judicial en contra del estudiante mexicano Alejandro Ordaz Moreno, en la ciudad de Sevilla, España.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo relativo a la conmemoración del natalicio de César E. Chávez.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo relativo a la expedición de una norma oficial mexicana que regule la disposición final de pilas y baterías importadas o fabricadas en México.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo relativos a la empresa Química Central de México, SA de CV, para que retire de sus instalaciones residuos de cromo que contaminaron el suelo y el agua de los Pueblos del Rincón.

De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo relativo al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, a fin de combatir la delincuencia organizada y la ola de violencia y ejecuciones que aquejan a la sociedad mexicana.

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a decretar un aumento salarial y a establecer un control de precios sobre diversos productos de la canasta básica.

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo relativo a la defensa de los derechos de los migrantes y específicamente a las marchas, mítines y eventos de las organizaciones pro-migrantes.

De las Comisiones Unidas de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo relativo a la firma de un acuerdo de coordinación con los gobiernos estatales y organismos municipales de turismo para garantizar y hacer valer el derecho de los mexicanos para gozar del acceso a las playas federales.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a ejercer su facultad de atracción y competencia en el caso de la niña Ilse Michelle y demás menores desaparecidos en el albergue denominado Casitas del Sur, en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Sonia Noelia Ibarra Franquez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que realice una auditoría de desempeño al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFE y a la FEPADE a coordinarse con la Comisión Especial que tendrá por objeto vigilar el correcto uso de los recursos públicos federales, estatales y municipales durante el proceso electoral federal de 2009, a cargo del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la publicación de la NOM-046-SSA2-2005. ``Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención'', a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres poderes del estado de Chihuahua a respetar el fuero constitucional del legislador local Roberto Lara, a cargo del diputado Carlos Armando Reyes López , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a las compras anticipadas de la cosecha de maíz del ciclo primavera-verano en el estado de Sinaloa, a cargo del diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a investigar a través de la CNBV y de la Condusef las irregularidades en las que han incurrido diversas instituciones de crédito en la zona fronteriza, respecto a cuentas de cheques en dólares, a cargo del diputado Enrique Serrano Escobar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a diseñar y aprobar, en coordinación con el Congreso de la Unión, un plan de distribución del gasto público que amortigüe los efectos negativos de la recesión económica en el país, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Trabajo y Previsión Social a implantar un plan integral que reactive la economía, frene el desempleo e impulse la ocupación en el país, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se invita a comparecer a los titulares de la Conagua y de la CFE, para que informen sobre diversas acciones que en materia hidráulica se realizan en el estado de Tabasco, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de Poder Ejecutivo federal a mantener a través de la SHCP, de manera temporal, el impuesto empresarial a tasa única en 16.5%, en tanto se reactiva la economía del país, a cargo del diputado José Rosas Aispuro Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCJN que nombre comisionados especiales para que averigüen los hechos que constituyen graves violaciones de las garantías individuales de la población que permanente o temporalmente reside o habita en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Dora Alicia Martínez Valero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades del estado de Durango a resolver el problema de drenaje y agua contaminada en el municipio de Poanas, en específico en Villita de San Atenógenes, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar a través de la Sener y de Pemex la construcción dentro del estado de Tamaulipas de la nueva refinería prevista en el Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura, a cargo del diputado Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del gerente estatal de Correos de México en Chiapas, a fin de que informe sobre las anomalías relativas a la violación a los paquetes con faltantes de peso y contenido, denunciadas por la ciudadana Mercedes Chacón Magchun, en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, a cargo del diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar las reglas de operación de la Sagarpa, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de diciembre de 2008 y eliminar el Comité Técnico Nacional, a cargo del diputado Héctor Padilla Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la titular de la Sener a informar a esta soberanía sobre los aerogeneradores instalados en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cumplir a través de la Sagarpa lo establecido en el artículo tercero transitorio de la Ley de Productos Orgánicos y expedir el Reglamento de dicha ley, a cargo del diputado Fabián Fernando Montes Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, al secretario del Trabajo y Previsión Social y al secretario de Hacienda y Crédito Público a otorgar un aumento salarial de emergencia, tanto a los salarios mínimos generales como a los contractuales y a los de los trabajadores al servicio del Estado, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir las disposiciones reglamentarias y administrativas señaladas en el decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2008, a cargo del diputado Eduardo Sánchez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a los Programas y Centros de Estudios de Género en las Instituciones de Educación Superior Nacionales y Estatales, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que exhorte al Consejo General del IFE a unificar criterios o, en su caso, establecer reglas claras y que éstas se cumplan a cabalidad en cuanto la difusión y utilización de los logros de los programas sociales en la publicidad por cualquier medio de comunicación de las campañas electorales por parte de los partidos políticos, a cargo de la diputada Guillermina López Balbuena , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Infonavit a cesar el hostigamiento contra sus derechohabientes y replantear opciones de pago que respeten los derechos de seguridad y previsión social que rigen en la materia, a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la CFE a investigar la legalidad de los procesos internos y los trámites que se requieren a los usuarios para la celebración de convenios, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Ángulo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la SHCP y del gobernador del Banco de México para que informen sobre las medidas tomadas para detener la depreciación de la moneda nacional y atenuar la actual crisis financiera, a cargo del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Dirección General del IMSS a ampliar el cuadro de medicamentos disponible en las unidades médicas, así como de los materiales que permitan una atención adecuada y pertinente en caso de urgencias, tratamiento y curaciones de los derechohabientes, a cargo del diputado Ramón Barajas López , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a brindar a través de la Segob y del Instituto Nacional de Migración mayor seguridad en las rutas de migrantes y elaborar una base de datos con los nombres de los centroamericanos que fallecen en territorio nacional, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a destinar a través de la Sagarpa una partida presupuestal extraordinaria para sufragar los rezagos técnicos y materiales de la producción pesquera artesanal en todos y cada uno de los puertos, costas y zonas pesqueras de nuestro país, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar acciones inmediatas que eviten el alza en el precio del diesel, a cargo de la diputada Elizabeth Morales García , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo local y al Congreso del estado de Oaxaca a realizar las acciones correspondientes a fin de derogar el cobro del impuesto por reemplacamiento vehicular a los habitantes de dicha entidad, a cargo del diputado José Francisco Melo Velázquez , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que a través de la Sagarpa y de la Conapesca aplique un plan de rescate para las zonas afectadas por la plaga del pez plecos, en el estado de Tabasco, suscrito por los diputados Silbestre Álvarez Ramón y Carlos Orsoe Morales Vázquez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal utilizar a través de la SCHP el subsidio previsto en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, a fin de reducir el precio de la gasolina y el diesel, suscrito por los diputados Mónica Fernández Balboa y César Duarte Jáquez, Integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, respectivamente. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a atraer a través de la PGR, por conducto de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, la denuncia presentada por el periodista Carlos Javier Velazco Molina, debido a las agresiones sufridas en el estado de Oaxaca, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que apruebe una partida presupuestaria para el ejercicio fiscal 2010 destinada a atender los problemas de expropiación de los ejidos colindantes con la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, a cargo del diputado Nemesio Domínguez Domínguez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y al Director del Fonatur a reivindicar el dominio directo del ex convento de Santa Catarina de Sena, Oaxaca, debido a que por mandato constitucional es patrimonio de la nación, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal y demás autoridades competentes a realizar las gestiones correspondientes para el cierre definitivo del relleno sanitario Bordo Poniente, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al juez tercero en materia penal Miguel Hernández Bautista a observar, en la sentencia que dicte a la ciudadana Magdalena García Soto, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suscrita por los diputados Camerino Eleazar Márquez Madrid y Daisy Selene Hernández Gaytán , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SSP a implementar un programa integral en materia de derechos humanos que comprenda lineamientos de respeto, protección, garantía y promoción de los mismos, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reducir y mantener a través de la SHCP el precio del diesel y alcance acuerdos sobre tarifas, a cargo del diputado Rafael Franco Melgarejo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para condenar el antisemitismo, el racismo y otras formas de discriminación y agresión racial y de manera especial el ataque a la sinagoga Maripérez en Caracas, Venezuela, el 30 de enero de 2008, suscrita por los diputados Javier Calzada Vázquez y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública a llevar a cabo un análisis del impacto de la crisis en los ingresos y niveles de gasto y proponer las modificaciones y reorientaciones que deben hacerse al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, a cargo de la diputada Valentina Batres Guadarrama , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a realizar estudios sobre el límite de velocidad establecido en las autopistas del país, a cargo del diputado Gildardo Guerrero Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de que la Cámara de Diputados brinde un reconocimiento público al general Raúl Esquivel Carvajal, primer superintendente del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, a cargo del diputado Rafael Plácido Ramos Becerril , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que solicita la comparecencia del titular de la SCT para que informe sobre el estado que guardan los asuntos del despacho que le ha delegado el Ejecutivo federal, a cargo del diputado Jesús Ramírez Stabros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la SHCP y de la PGR que informen a esta soberanía sobre la capitalización que diversos bancos han efectuado, así como las repercusiones jurídicas al respecto, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular del INAH, para que informe respecto de los problemas referidos a su gestión como director de dicho Instituto, suscrito por los diputados Aurora Cervantes Rodríguez y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se invita al gobernador del Banco de México a informar a esta soberanía sobre las políticas de compra-venta de dólares que dicha Institución ha efectuado durante los últimos meses, a cargo del diputado Jesús Alcántara Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al cumplimiento de la recomendación de la CNDH 45/2006, dirigida al gobernador del estado de Sonora, con motivo del fallecimiento del niño Ismael Mondragón Molina en el hospital infantil de esa entidad, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a informar sobre las diversas irregularidades existentes en las casas hogar que operan en la Ciudad de México, a cargo del diputado Eduardo Sánchez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a establecer un programa orientado al peligro y el uso irresponsable de redes socializadoras de Internet, a cargo del diputado Miguel Ángel Macedo Escartín , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT y a Telecomunicaciones de México que informen a esta soberanía sobre el estado en que se encuentran o terminaron los contratos de seguros de vida o de retiro de Aseguradora Hidalgo, hoy Met Life, contratados en 1975 y subsecuentes para los trabajadores y ex trabajadores de Telecomm, a cargo del diputado Othón Cuevas Córdova , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar a través de la SRE, de la SEGOB, de la SHCP, de la STPS y de la Ssa las condiciones en que opera el comité técnico del Fideicomiso que Administra el Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a ordenar el retiro de los sellos de suspensión de actividades de las obras del paso a desnivel en Ferrocarril de Cuernavaca y Ejército Nacional, en la delegación Miguel Hidalgo, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la situación de cinco ciudadanos cubanos detenidos injustamente en Estados Unidos de América, suscrito por los diputados José Jacques y Medina y Pablo Leopoldo Arreola Ortega , de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, respectivamente. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía manifiesta su enérgica desaprobación a las declaraciones de la Titular de la SRE en las que señala los estados de Baja California, Chihuahua y Sinaloa como la meca y zonas exclusivas del país afectados por la violencia y la inseguridad pública, a cargo del diputado Enrique Serrano Escobar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Titular de la STPS a vigilar y ordenar las medidas de seguridad e higiene industriales necesarias para la protección de los trabajadores de la construcción en diversos tramos carreteros de la autopista Durango-Mazatlán, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a aplicar a través de la SCT y de la Semarnat las medidas necesarias para que en la construcción y operación del puerto de Punta Colonet se salvaguarde de contaminación lumínica al cielo nocturno del estado de Baja California, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre el caso de desaparición forzada y ejecución de dos integrantes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, a cargo de la diputada Alliet Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a investigar sobre los temas abordados en las conversaciones del titular de la SCT y hacer públicos los resultados de ellas, a fin de fincar responsabilidades y sancionar al culpable; asimismo, a investigar el desempeño como funcionaria del gobierno federal de la licenciada Purificación Carpinteyro, a cargo del diputado Jesús Ramírez Stabros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador, al Congreso local y al órgano de fiscalización del estado de Puebla para que rindan información relacionada con la Fiscalía Especial contra Pederastas, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a crear una unidad de género dentro de la estructura administrativa de la Comisión, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al gobierno federal realizar a través de la Cibiogem, de la Sagarpa y de la Semarnat, así como de la Profepa las acciones en materia de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, ante la detección de contaminación de maíz nativo por maíz transgénico, a cargo del diputado Carlos Roberto Martínez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que suspenda la aplicación del horario de verano en tanto no se demuestren la disminución anual del consumo de electricidad y el ahorro acumulado desde su establecimiento, a cargo del diputado Juan Darío Lemarroy Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar un programa de rescate y reestructuración de la cartera vencida de pequeños consumidores y ahorradores, a fin de reactivar la economía nacional, a cargo del diputado Daniel Dehesa Mora , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INEGI a presentar a esta soberanía los resultados obtenidos en VIII Censo Agropecuario 2007, a cargo del diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés , del Grupo Parlamentario Alternativa. (Urgente resolución)

Excitativas

A la Comisión de Seguridad Social, a solicitud del diputado Samuel Aguilar Solís , del Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, a solicitud del diputado Humberto Dávila Esquivel , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Al Senado de la República, a solicitud de los diputados María del Pilar Ortega Martínez , Cruz Pérez Cuéllar y Luis Gustavo Parra Noriega , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Israel Beltrán Montes , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a solicitud de la diputada Beatriz Manrique Guevara , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Ricardo Cantú Garza , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud de la diputada Ana Elisa Pérez Bolaños , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud de los diputados Mónica Fernández Balboa , David Mendoza Arellano y Salvador Ruiz Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, a solicitud del diputado David Mendoza Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Agenda política

Relativa a la situación postelectoral en el estado de Hidalgo, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efeméride

Relativa al Día de la Bandera, por celebrarse el 24 de febrero, a cargo del diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Sonido a la curul de la diputada Valentina Batres.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Diputado presidente, de acuerdo con el artículo 30 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanosviene formulado cómo se atenderán los temas en la sesión, y esta propuesta de orden del día rompe la estructura que está determinada en el artículo 30, toda vez que los dictámenes no están separados en su discusión.

Como nos lo propone este orden del día, viene un dictamen como inicio de la sesión, cuando deberían entrar primero comunicaciones y otros temas, antes de los dictámenes a discusión, y nos separa el capítulo de dictámenes de discusión.

Yo le pediría que pudiéramos obedecer el artículo 30 del reglamento, para atender la disposición del orden del día de la sesión de hoy.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Compañera diputada, si bien establece el artículo 30 los términos, también hay facultad expresa para la Mesa Directiva de dar orden, precisamente al orden del día, valga la redundancia.

La Mesa Directiva, como cada sesión, previamente ha sesionado y ha concretado el orden del día como se ha leído, y de forma unánime se aprobó por todos los representantes. En ese sentido, está en facultad de la Mesa Directiva establecerlo; por tanto, es válido.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Sonido a la curul de nueva cuenta.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): La insistencia obedece a que precisamente la mañana de hoy la Comisión de Defensa Nacional, por unanimidad, en su pluralidad partidaria o parlamentaria, aprobó que el dictamen que está poniendo la Mesa Directiva como primer asunto por tratar, se bajase del orden del día y se discutiera en el seno de la Junta de Coordinación Política, toda vez que ha levantado polémica su redacción.

Sin embargo, ya que usted nos ha presentado el orden del día, parece que se hace caso omiso a un acuerdo unánime de una de las comisiones de la Cámara, toda vez que se insiste en poner como primera en el orden del día la discusión de este dictamen. Quisiera, ante ello, plantearle la siguiente pregunta, diputado presidente:

¿Cuáles han sido los criterios que la Mesa Directiva a su cargo ha tomado como relevantes para que este punto de acuerdo no se posponga ni siquiera en el punto del orden del día de los demás dictámenes a discusión? ¿Cuál es el elemento fundamental?

Y si este dictamen se va a someter a discusión, que de una vez me anote para hablar en contra, en lo general, del dictamen.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Compañera diputada, si bien al momento de sesionar en la Mesa Directiva no tuvimos conocimiento de esta expresión de la Comisión de Defensa Nacional, debo a usted compartir, como a la asamblea misma, los criterios que la Mesa Directiva ha tomado para puntualizar en primer término este asunto.

La Presidencia en turno, al concluir la sesión anterior, determinó de manera muy clara el seguimiento de la votación inmediata en la siguiente sesión, de este tema.

Y segundo. La Comisión de Defensa Nacional en este momento, por este dictamen no tiene intervención, ya que el dictamen fue emitido por la Comisión de Gobernación; no fue consignado este asunto a la Comisión de Defensa. Así es que la Mesa Directiva se ha asumido en los términos del dictamen sin ningún otro contratiempo, diputada.

Lea por favor la Secretaría la instrucción dada por la Presidencia de la Mesa Directiva a la conclusión de la anterior sesión.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : En voz de la presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : ``A ver, un momento, señores diputados, señoras diputadas. El artículo 162 de nuestro reglamento marca que ningún miembro de la Cámara puede excusarse de votar estando presente; es una violación al artículo 162.

Ha sido un acuerdo de esta legislatura, en este tipo de votaciones, que pese a la no votación de quienes están aquí participando no puedan quedarse en suspenso.

En este momento levanto la sesión (14:35 horas), pero instruyo a la Secretaría que se convoque para el 24 de febrero a las 11 de la mañana. Y se les informa que se retomará este mismo asunto en la próxima sesión.''

Es cuanto.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muy bien.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es el acta de la sesión anterior.

Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves diecinueve de febrero de dos mil nueve, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia de la diputada Martha Hilda González Calderón

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las once horas con treinta minutos del jueves diecinueve de febrero de dos mil nueve, con la asistencia de doscientos cincuenta y cuatro diputadas y diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.

En sendas votaciones económicas, la Asamblea dispensa la lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior y de la misma manera la aprueba.

Se recibe invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, a la Ceremonia Cívica con motivo del sexagésimo noveno Aniversario del Día de la Bandera. Se designa una comisión de representación.

El Gobierno del estado de Guanajuato remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. Se remite a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento.

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, envían contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente. Se remiten a los promoventes para su conocimiento.

Se recibe solicitud del diputado Juan Darío Arreola Calderón , del Partido de la Revolución Democrática, para dejar sin efecto la licencia otorgada el diecisiete de febrero de dos mil nueve. De enterado, comuníquese.

Solicitan licencia para separarse de sus funciones como diputados federales electos en los distritos Vigésimo Quinto, Octavo y Quinto del estado de México, los ciudadanos Alberto López Rojas , a partir del veintidós de febrero, Francisco Martínez Martínez , del veintidós de febrero al quince de marzo y José Antonio Saavedra Coronel , a partir del veinticinco de febrero de dos mil nueve. En sendas votaciones económicas, la Asamblea aprueba los puntos de acuerdo por los que se conceden las licencias solicitadas y se llama a los suplentes. Comuníquense.

Se recibe solicitud del Presidente de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para que sea devuelto el dictamen con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población. Se instruye su devolución a la comisión.

Se dan por enterado los siguientes cambios, enviados por la Junta de Coordinación Política:

• La baja del diputado Mariano González Zarur , como integrante de la Comisión de Marina.• La baja del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui , como integrante de la Comisión de Turismo.• El alta del diputado Víctor Manuel Virgen Carrera , como integrante en las comisiones de la Defensa Nacional, Cultura y Ciencia y Tecnología.• El alta del diputado Mariano González Zarur , como integrante en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en sustitución del diputado Carlos Chaurand Arzate .• El alta del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui , como integrante de la Comisión de Turismo, en sustitución de la diputada Sara Latiffe Ruiz Chávez.• El alta de la diputada Alicia Rodríguez Martínez , como integrante de la Comisión de Economía.• El alta de la diputada Ana Elisa Pérez Bolaños , como integrante de la Comisión de Cultura.

En sendas votaciones económicas, la Asamblea aprueba y comunica los siguientes puntos de acuerdo suscritos por la Junta de Coordinación Política:

• Por el que se crea e integra la Comisión Especial Encargada de Vigilar el Correcto Uso de los Recursos Públicos Federales, Estatales y Municipales en el Proceso Electoral Federal de dos mil nueve.• Por el que la Cámara de Diputados se pronuncia a favor del combate frontal del Estado Mexicano contra el crimen organizado. Interviene en pro la diputada María del Carmen Fernández Ugarte , del Partido Acción Nacional.• Por el que la Cámara de Diputados se pronuncia por el esclarecimiento del asesinato de la mexicana Elisa Loyo Gutiérrez, cometido a finales de diciembre de dos mil ocho en Manila, Filipinas.• Que establece Obligaciones de Información y Transparencia para los Órganos de Gobierno y sus Unidades Administrativas Adscritas.• Respecto al Proyecto de reformas a la Norma para Regular la Transferencia y Control de Recursos Financieros asignados a los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados.

A las doce horas con un minuto se instruye el cierre del Sistema Electrónico de Asistencia con un registro de trescientos setenta y tres diputadas y diputados.

La Comisión Nacional del Agua, remite informe por Entidad Federativa, correspondiente al cierre del Ejercicio Fiscal dos mil ocho de los recursos devueltos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

La Secretaría de Gobernación remite:

• Solicitud de permiso constitucional necesario, para que el ciudadano Mario Jesús Riestra Venegas, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Panamá en la Ciudad de Puebla, con Circunscripción Consular en el Estado de Puebla. Se turna a la Comisión de Gobernación.• Contestaciones a puntos de acuerdo; uno aprobado por la Cámara de Diputados, que se remite a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para su conocimiento; y cinco aprobados por la Comisión Permanente, que se remiten a los promoventes para su conocimiento.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Mauricio Ortiz Proal y José Jesús Reyna García , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos uno, ocho y diez de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.• Horacio Emigdio Garza Garza , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento noventa y uno de la Ley del Seguro Social. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.• Integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social.• Horacio Emigdio Garza Garza y Miguel Ángel González Salum , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos siete y ocho de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.• Integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.• Integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Quedan de Primera Lectura, una vez que en votación económica se dispensa, los siguientes dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones Unidas de:

• Equidad y Género, de Vivienda y de Participación Ciudadana, que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley de Vivienda y la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.• Atención a Grupos Vulnerables y de la Función Pública, que reforma el artículo treinta y ocho de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

En votación económica, la Asamblea dispensa la segunda lectura al dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Se concede el uso de la palabra para hablar en lo general a los diputados: Javier Calzada Vázquez, del Partido de la Revolución Democrática y Lucía Susana Mendoza Morales , del Partido Acción Nacional. Desde su curul, el diputado Juan Manuel Parás González , del Partido Revolucionario Institucional, habla en pro. En votación económica, la Asamblea considera el asunto suficientemente discutido en lo general. La Presidenta declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por doscientos noventa y siete votos. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

El diputado federal Adolfo Escobar Jardinez , electo en el Segundo Distrito Electoral del estado de Tlaxcala, solicita licencia por tiempo indefinido a partir de esta fecha, para separarse de sus funciones legislativas. En votación económica, la Asamblea aprueba los puntos de acuerdo por los que se concede la licencia solicitada y se llama al suplente. Comuníquense.

En votaciones económicas, la Asamblea dispensa la segunda lectura a los siguientes dictámenes con proyecto de decreto de las comisiones de:

• Asuntos Indígenas, que adiciona una fracción Décimo Quinta al artículo trece de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. La Presidenta declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por trescientos un votos en pro, ninguno en contra y dos abstenciones.• Gobernación, que expide la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas; y se adiciona una fracción décimo séptima al artículo ciento noventa y cuatro del Código Federal de Procedimientos Penales. Se concede el uso de la Tribuna, para fundamentar el dictamen a nombre de la comisión, al diputado Cristián Castaño Contreras , del Partido Acción Nacional. Intervienen los diputados José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una solicitud de moción suspensiva y Castaño Contreras, en contra de la misma. Desde su curul, el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , del Partido de la Revolución Democrática, solicita la palabra para hablar en pro de la moción y la Presidencia en términos del artículo ciento diez del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, no obsequia la petición. Durante su intervención, el diputado Castaño Contreras, acepta interpelaciones de los diputados del Partido de la Revolución Democrática: Suárez del Real y Aguilera, en dos ocasiones y Susana Monreal Ávila . En votación económica, la Asamblea desecha la moción suspensiva. Fija la posición de su grupo parlamentario el diputado Suárez del Real y Aguilera, quien acepta interpelación de la diputada Monreal Ávila. Intervienen en contra los diputados del Partido de la Revolución Democrática: Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , Salvador Ruiz Sánchez , Suárez del Real y Aguilera; y en pro la diputada del Partido Acción Nacional, María del Pilar Ortega Martínez . Desde su curul, el diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena , del Partido Revolucionario Institucional, hace una solicitud en relación con el dictamen. En votación económica, se considera suficientemente discutido. La Presidenta informa a la Asamblea la reserva del artículo segundo fracción décimo octava. Se lleva cabo la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, dando como resultado doscientos ocho votos en pro, dos en contra y cuatro abstenciones. Desde su curul, el diputado Gerardo Gildardo Guerrero Torres, del Partido Acción Nacional, solicita que el resultado de la votación sea tomado en cuenta para el registro de asistencia de esta sesión.

La Presidencia instruye la lectura del artículo ciento sesenta y dos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en virtud del mismo, levanta la sesión a las catorce horas con treinta y cinco minutos y cita para la próxima, que se llevará a cabo el veinticuatro de febrero de dos mil nueve a las once horas, en la que se retomará el momento procesal del dictamen de referencia.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Presidenta, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobada el acta.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y que dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : ¿Falta alguna diputada o algún diputado de registrar su asistencia?

Ciérrese el sistema electrónico.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 405 diputadas y diputados.

Quienes no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: De enterado.

LEY FEDERAL PARA EL CONTROL DE SUSTANCIAS QUIMICAS SUSCEPTIBLES DE DESVIO PARA LA FABRICACION DE ARMAS QUIMICAS - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se retoma el proyecto de decreto que expide la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas, y adiciona la fracción XVII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular, especificando la ley de que se trata.

Hemos recibido del diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD, la reserva al artículo 2o., fracción XVIII.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Sonido a la curul de la diputada Valentina Batres.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Diputado Horacio Duarte, presidente de la Mesa, le quiero expresar que ya no hay formalidad a la cual solicitar, porque lo que dice el reglamento simplemente es una formalidad ante las facultades de la Mesa Directiva, toda vez que tiene facultades especiales.

A usted, como presidente de la Mesa Directiva, le quiero solicitar que retomemos la discusión en lo general, de una votación que no se alcanzó a obtener la sesión pasada, toda vez que no hubo quórum, lo que supone y presume, con tal solidez, que en el momento en que se discutían los elementos a favor y en contra, en lo general del dictamen, tampoco había quórum.

Siendo la virtud de este Congreso su casa, el lugar del debate, no veo por qué no existiera la posibilidad de reabrir el debate en lo general, para que podamos tener memoria de los elementos que están en debate; para decidir la votación en lo general de esta iniciativa, toda vez que probablemente muchos legisladores no tengan con frescura los elementos que propiciaron debate a la aprobación, en lo general, de este dictamen que se propone hoy.

Por eso le pido que podamos refrescar a este pleno el debate, los elementos que están a discusión, para que se pueda obtener la votación en lo general de esta iniciativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Sí, diputada.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputado Cuauhtémoc Sandoval. Sonido a la curul del diputado Cuauhtémoc Sandoval.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde la curul): Diputado presidente, para comentarle que acaba de terminar la sesión de la Comisión de Defensa Nacionaly por unanimidad acordamos solicitar que esta iniciativa, esta minuta, se traslade a la Junta de Coordinación Política, a fin de que ahí se procese un conjunto de modificaciones necesarias para la minuta. De tal modo que ahí fue aprobada por unanimidad, lo cual quiere decir, con el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados.

Por tanto, le solicitaría que en primera instancia se preguntara al pleno si se acepta o no esta propuesta de la Comisión de Defensa Nacional.

Y un segundo elemento es que en la Comisión de Defensa Nacional no fuimos consultados sobre esta iniciativa, cuestión que es altamente reprobable, toda vez que se refiere a facultades de la Secretaría de Defensa Nacional. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Compañero diputado y compañera diputada Batres, este asunto, como ya lo habíamos comentando, atendiendo a la pregunta del diputado Sandoval, no fue dictaminado por la Comisión de Defensa, ni la Comisión de Defensa en todo el proceso legislativo solicitó que le fuera turnado este tema. Por tanto, la comisión dictaminadora es la de Gobernación y no hemos recibido ninguna notificación de esta comisión.

Respecto a la solicitud de la compañera diputada Valentina Batres, con todo respeto le respondo que sólo asumimos en el momento en el que ya la sesión del jueves había determinado la conclusión del debate, y la discusión de este tema estaba en un momento procesal de votación. Ahí se interrumpió la sesión, y hay expresa una instrucción de la Presidencia para que se continuara en ese momento. En ese sentido tenemos que ser estrictamente pulcros para dar seguimiento a esa instrucción.

Por tanto, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por ocho minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados.

Diputada Valentina Batres.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Ya que no se puede debatir en lo general, le quiero solicitar, diputado presidente, que me registre para reservar el artículo 2o., fracción XVIII, de la ley.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Compañera diputada, ya está reservado ese artículo. Con mucho gusto le daremos la palabra en el momento en que corresponda. Está reservado por el diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Sonido en la curul de la diputada Batres.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Sí, gracias. Quisiera que me reservara aparte; traigo una reserva diferente de la del diputado Alfonso Suárez del Real. Trata el mismo artículo, pero es una reserva diferente; es una propuesta de reforma diferente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Sobre la misma reserva, diputada, ya hemos pasado ese momento procesal también y estábamos precisamente asumiéndolo y usted no intervino en ese momento; por tanto, declaré la solicitud del diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera, en su reservar al artículo 2o., fracción XVIII.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Ábrase el sistema electrónico de votación por ocho minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados del proyecto de decreto.

(Votación)

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Damos la bienvenida a alumnos de la Universidad Insurgentes delDistrito Federal, quienes nos acompañan. También a alumnos de la Universidad Iberoamericana les damos la bienvenida, y al Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan. Bienvenidos.

Nos acompaña un grupo de personas de Guanajuato, invitadas por la diputada Margarita Arenas. También alumnos de la Universidad Insurgentes, Plantel Centro. Sean bienvenidos, al igual que la maestra Antonia Cortés Agustín, que los acompaña.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: ¿Falta algún diputado de emitir su voto? De viva voz:

El diputado Francisco Domínguez Servién (desde la curul): A favor.

El diputado Fernando Moctezuma Pereda (desde la curul): A favor.

La diputada Ivette Ramírez Corral (desde la curul): A favor.

La diputada María Oralia Vega Ortiz (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 258 votos a favor, 107 en contra y cinco abstenciones, diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados, por 258 votos.

La Presidencia informa que ha reservado el diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera el artículo 2o., fracción XVIII; por tanto, se le concede la palabra.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera : Con su venia, señor presidente.

Hoy, 24 de febrero, Día de la Bandera, acabamos de ser testigos de una decisión que no nos parece correcta. Hemos reservado, ya como parte de la estrategia para impedir que al Ejército Mexicano, precisamente el día que conmemorábamos la institución del Ejército Constitucionalista... se le pretendió restar facultades, a pesar de que se nos esté diciendo que no es así.

Quiero traer a la memoria de todos ustedes que en el génesis de la legislación de nuestro país, desde prácticamente 1814 en la Constitución de Apatzingán, el estratega, el impulsor del Estado mexicano ---me refiero al excelentísimo don José María Morelos y Pavón---, él ya contempló en el artículo 161 que era menester de nuestras Fuerzas Armadas atender y fomentar talleres y maestranzas de fusiles, cañones y demás armas, las fábricas de pólvora, y la construcción de toda especie de útiles y municiones de guerra.

Este espíritu de crear las instituciones que permitieran controlar a cualquier elemento o instrumento que pudiera ser utilizado en contra del Estado, de la soberanía y de la población, cambió a lo largo de la historia de nuestros procesos legislativos.

También traigo a colación que el 25 de diciembre de 1917, cuando el constitucionalismo expide la nueva Ley de Secretarías de Estado, le otorga al Departamento de Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos Militares todas las fábricas, como la de cartuchos, artillería, municiones y artificios, pólvora; asimismo, la Maestranza Nacional, los Almacenes Generales de Armas, Municiones y Equipo del Ejército, la Fábrica Nacional de Armas y también la Fábrica de Medicinas, así como los Talleres de Aviación.

Para mayor abundamiento, hace bastante, tres décadas al menos, cinco décadas al menos, en diciembre de 1958, la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado consagra a la Secretaría de Defensa Nacional la facultad de intervenir en la expedición de permisos para portación de armas de fuego, con objeto de que no incluyan las armas prohibidas expresamente por la ley y aquellas que la nación reserve para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Guardia Nacional, con excepción de lo consignado en la fracción XX del artículo 2o.

Asimismo, tenía el objetivo de vigilar y expedir permisos para el comercio, el transporte, y el almacenamiento de armas de fuego, municiones, explosivos, agresivos químicos, artificio y material estratégico.

Ese espíritu de 1958 se mantuvo vigente, y la propia Ley Orgánica de la Administración Pública Federal actualmente consagra esa misma facultad al Ejército Mexicano.

Hoy se pretende que sea un órgano de investigación, y lo refrendo, ``órgano de investigación'', el que adquiera facultades administrativas para controlar y autorizar sustancias susceptibles a ser utilizadas en contra de la soberanía y en contra de la población.

Hoy se pretende, de manera totalmente equivocada, dar esa facultad a un órgano que ha demostrado su ineficiencia. No pudo, en un momento dado, prevenir que algún gobernador pudiese ser víctima de una acción en contra de su persona; no pudo advertir de los robos que ha sufrido la industria en cuestión de explosivos; no ha podido prevenir las manifestaciones y marchas de los embozados. Eso me parece que pinta de cuerpo completo la ineficiencia del órgano al que se le pretende dar la facultad de representarnos como autoridad nacional ante la Convención impulsada por Naciones Unidas, y pinta de cuerpo completo que lo que se está privilegiando son intereses distintos de los intereses de la nación.

Por ello, señor presidente, someto a consideración de esta soberanía modificar la fracción XXVIII del artículo 2o. del dictamen de la Comisión de Gobernación a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas, para quedar como sigue:

Artículo 2o., fracción XXVIII. Secretaría: Órgano ejecutivo de la autoridad nacional que recae en la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos.

Señores, está la propuesta de modificación exhibida en este momento. Exhorto a que pensemos en el bien de México. Exhorto a que no dejemos en manos de un órgano impugnado una facultad internacional, como es el ser autoridad nacional. Es cuanto, señor.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Adelante, diputada.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama : Gracias, diputado presidente.

Compañeras y compañeros, el compañero que me antecedió en la palabra propuso a este pleno una reserva que tiene que ver con el órgano que se haría responsable del control de sustancias químicas, susceptibles de convertirse en armas químicas.

¿Quién mejor facultado y con todo el marco jurídico de nuestro país, que la propia Secretaría de Defensa Nacional, que el propio Ejército?, ya lo hace con las sustancias químicas susceptibles de convertirse en drogas que, por cierto, compañeros diputados, muchas de estas sustancias coinciden con las susceptibles en convertirse en armas químicas.

Pero, ¿qué parte de lo civil trabaja estas sustancias químicas? Resulta que hay sustancias químicas en esta lista que utilizan las empresas cosméticas, pero también, se utiliza en la elaboración de fertilizantes en nuestro país. La pregunta es: ¿por qué tanto interés en construir un negocio para el Cisen?

Y digo que es un negocio, compañeros diputados, porque el Cisen no tiene la infraestructura, ni los laboratorios, ni el personal, ni los profesionales para realmente controlar las sustancias químicas en nuestro país susceptibles de armas químicas. Ya tenemos mucho con su ausencia.

Hoy, por ejemplo, si abrimos cualquier diario de circulación nacional podemos dar cuenta de que no tenemos una inteligencia en nuestro país. Podemos abrir la página de La Jornada en sus primeras hojas y dar cuenta del atentado a un gobernador de nuestro país, podemos dar cuenta que había involucrado en este atentado un ex militar.

Podíamos dar cuenta de, otra vez, una serie de ejecutados presumiblemente víctimas del narco, podemos dar cuenta de una nota que dice que los carteles de la droga controlan el 60 por ciento de los centros penitenciarios municipales del país.

Y así, podríamos leer cualquier diario de circulación nacional y saber que el Cisen ha fallado a este país, que los que están a cargo del Cisen no tienen la mínima idea de lo que significa trabajar para su patria; no son patriotas.

Pero si esto fuera poco, compañeros, habría que aprender de la propia historia y de los errores de este Congreso. En 1998 la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que tenía que ver con concesionarle registros públicos a los particulares en temas económicos.

¿Y qué tiene que ver esto con lo otro? Que aquella vez, ésta fue una iniciativa que permitió la entrada del Renave, y en el Renave, en la empresa que se le concesionó al Registro Público de Vehículos, en esta empresa el director general era un delincuente internacional, un torturador; un torturador de los argentinos en su país, buscado por la Interpol, y aún así a este país le costó miles de millones de pesos ese negocio.

¿Por qué tanta necedad en que sea el Cisen? ¿Cuántos millones tienen guardados en ese negocio?, ¿a quién le están guardando ese negocio? Porque el Cisen va a contratar con particulares. ¿En manos de quién estamos poniendo nuestra seguridad?, ¿quién sí está debilitando nuestras instituciones de Estado?, ¿quién pretende debilitar al Ejército Mexicano?, ¿quién pretende, en lugar de darle funciones de seguridad nacional, pretende mandarlo a combatir manifestaciones en la provincia, en los estados de la república? ¿Quién está debilitando las instituciones de nuestro país?

Compañeras y compañeros, quien hoy se encarga de ser el representante ante la instancia internacional representando a nuestro país, no es más que otro rufián buscado por la Interpol. Se llama, compañeras y compañeros, Mao Cervantes.

Curiosamente Mao Cervantes se encontraba trabajando como compañero de Joaquín Arenal en la Administración Central de Investigación Aduanera cuando pasó lo del chino, y hoy, compañeros, son compañeros en el Cisen. Otra vez negocios con la mafia, y lo peor de todo es que el Cisen ya está infiltrado de delincuentes, no solamente nacionales, sino internacionales.

¿En manos de quién creen que están poniendo la seguridad? ¿Ahora van a negociar con armas químicas en nuestro país? ¿De veras, compañeros?, ¿de veras a una bola de inexpertos le vamos a seguir dejando el monitoreo del país? Pero no solamente el monitoreo, ahora todo parece que se trata de un gran negocio, de un jugoso negocio que ha llevado a ignorar una decisión por unanimidad de una comisión de la Cámara que debió discutir el dictamen que hoy se pone a votación en el pleno, pero no; había que hacerlo por una vía que no opusiera resistencia, como era la Comisión de Gobernación, los facilitadores de Calderón.

No estaba en la Defensa Nacional, aunque sí trata de un tema de interés de defensa nacional.

Compañeras y compañeros, claro, es tiempo de que se acaben las canalladas en nuestro país, los negocios de los amigos de Calderón, a cuenta de la seguridad nacional de nuestro país. Es hora de no derrochar el presupuesto de nuestro país en tiempos de crisis, como lo propone este dictamen.

Sí, compañero, ya es tiempo de justicia, es tiempo de que ustedes se bajen de esa silla presidencial que ganaron a la mala, que la robaron y que no han hecho nada por este país. Gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputada Valentina Batres.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera, al artículo 2o., fracción XVIII.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Suárez del Real. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la negativa, diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se dese-cha.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido... Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación del artículo 2o, fracción XVIII, en sus términos.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para proceder a la votación nominal del artículo 2o, fracción XVIII, en sus términos.

(Votación)

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: ¿Faltó algún diputado de emitir su voto? De viva voz:

La diputada Ivette Jacqueline Ramírez Corral (desde la curul): A favor.

El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (desde la curul): A favor.

La diputada María Oralia Vega Ortiz (desde la curul): A favor.

El diputado José de la Torre Sánchez (desde la curul): A favor.

El diputado Joaquín Conrado de los Santos Molina (desde la curul): En contra.

El diputado Tomás Gloria Requena (desde la curul): Para corrección. El voto está en contra. Gloria Requena Tomás .

El diputado Raúl García Vivián (desde la curul): A favor.

El diputado Salvador Ruiz Sánchez (desde la curul): Salvador Ruiz, en contra.

El diputado Mariano González Zarur (desde la curul). A favor.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Se emitieron 239 votos en pro, 108 en contra y 1 abstención, diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado el artículo 2o., fracción XVIII, por 239 votos, en sus términos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas, y adiciona una fracción XVII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Continúe la Secretaría con las comunicaciones.

EXPLOTACION SEXUAL INFANTIL

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno del Estado de Puebla.

Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla y Marcela Cuen Garibi , Vicepresidente y Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención de su oficio número DGPL-60-II-5-2385, de fecha 14 de enero de 2009, recibido en esta entidad federativa el 19 del mismo mes y año, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70 y 79, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, hago de su conocimiento lo siguiente:

El gobierno del estado se impone de su contenido y, en ejercicio de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo, se toma nota del dictamen aprobado por esa soberanía en sesión pública realizada con fecha 14 de enero del año en curso, por virtud del cual se exhorta a las autoridades ejecutivas y legislativas de las 32 entidades federativas del país a impulsar, promover y aprobar, en su caso, las modificaciones legislativas e institucionales necesarias para adecuarlas y hacerlas compatibles con la Convención Internacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, considerando particularmente las observaciones finales emitidas por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas respecto al tercer Informe de México sobre la Niñez.

No omito manifestarles que es objetivo y función prioritaria del gobierno que me honro representar llevar a cabo acciones que permitan la preservación del estado de derecho, pues éste constituye la expresión positiva y ordenada de la soberanía popular, cuya voluntad está sintetizada en las normas jurídicas constitucionales, así como llevar a cabo acciones que conduzcan a la articulación y coordinación interinstitucional, con la plena participación de la sociedad, a fin de garantizar el estado de derecho, mediante la constante y permanente actualización del marco jurídico que nos rige con la estricta observancia y adecuada aplicación de la ley, mejorando la certidumbre jurídica y la convivencia social democrática, todo ello de conformidad con lo plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, que contiene en el eje rector 1, ``Puebla Estado de Derecho y Justicia'', los objetivos, las estrategias y las líneas de acción que desarrollará el gobierno del estado referente a este tema, en los Capítulo 1.3., ``Justicia'', y 1.4., ``Seguridad Pública''.

De lo expuesto, y considerando la relación de coordinación y colaboración que debe haber entre Poderes, le expreso la disposición del Poder Ejecutivo que represento de contribuir a lograr el objetivo que se pretende. No omito manifestar que se instaurarán las acciones que, en su caso, resulten procedentes, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Hago propicio el conducto para enviarle un cordial saludo.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase al promovente, para su conocimiento.

CENTROS PENITENCIARIOS

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : «Escudo del Estado de Sonora.--- Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública.

Diputada Martha Hilda González Calderón , vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Diputado José Manuel del Río Virgen , Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Por medio del presente, en atención a su oficio número DGPL 60-II-4 1784, expediente 4388, en el cual solicita al gobierno del estado información relacionada a la implementación de acciones referentes al bloqueo de llamadas de teléfonos celulares y otros medios de comunicación, así como de las revisiones periódicas realizadas a las instalaciones de los internos de los centros de readaptación social del estado, me permito remitirle tal información, la cual fue proporcionada por la Coordinación General del Sistema Estatal Penitenciario, misma que en materia del asunto que nos ocupa, refuerza constantemente toda acción y programa encaminado a tal fin.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo del Estado de Sonora.--- Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública.

Licenciado José Ricardo Bonillas Fimbres, director general jurídico de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública.--- Presente.

En atención a su tarjeta número DGJ/01/01/2009, del 6 de enero de 2009, mediante la cual solicita información requerida por los diputados Martha Hilda González Calderón y José Manuel del Río Virgen , acerca de la implantación de acciones referente al bloqueo de llamadas de teléfonos celulares y otros medios de comunicación no permitidos desde los centros de readaptación social del estado, así como de las revisiones periódicas realizadas a las instalaciones de los internos y fortalecer las medidas para evitar el ingreso de artículos y sustancias prohibidas a los mismos, al respecto informo a usted lo siguiente:

Esta coordinación general a mi cargo, atenta a la problemática por el uso de teléfonos celulares, principalmente en los centros de readaptación social de Ciudad Obregón, Hermosillo I y II, Nogales I y II; al ser los centros penitenciarios en los que se concentra el mayor número de población en el estado, recibió el apoyo del secretario ejecutivo de Seguridad Pública, a través del C4, para la instalación de bloqueadores de señal de teléfonos y otros medios de comunicación, con lo que se logró disminuir el riesgo de que la seguridad de estos centros sea vulnerada, y ha evitado que por el uso de estos equipos se cometan los delitos ya conocidos.

Por otra parte, hago de su conocimiento que, en relación a las medidas que se han tomado para evitar el ingreso a los centros penitenciarios de artículos y substancias prohibidas, esta coordinación general giró las instrucciones respectivas y se ejecutaron las siguientes acciones:

Sin otro particular por el momento, me es grato reiterarle a usted mi más atenta y distinguida consideración.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento.

ESTADO DE JALISCO

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : « Comisión Federal de Electricidad una empresa de clase mundial.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura.--- Presente.

Me dirijo a usted en atención a su oficio número DGPL-60-II-I-2153 expediente 514, fechado el 28 de enero de 2009, mediante el cual se notifica a esta paraestatal el punto de acuerdo de la Comisión Permanente que exhorta al director general de la CFE a remitir a dicha representación soberana un informe detallado y pormenorizado con relación al proyecto de geotermia ubicado en el Bosque de la Primavera, Jalisco.

Al respecto, adjunto al presente me permito enviarle dos documentos:

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un respetuoso saludo.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase al promovente, para su conocimiento. Continúe la Secretaría con la solicitud de licencia del diputado Francisco Domínguez Servién .

DIPUTADOS QUE SOLICITAN LICENCIA

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Diputado César Horacio Duarte Jáquez , Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

El suscrito, diputado federal por Querétaro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en atención a lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a usted a fin de someter a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente solicitud de licencia para separarme del cargo por tiempo indefinido a partir del 24 de febrero de 2009.

Agradezco la atención que sirva darle a la presente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Francisco Domínguez Servién para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el II distrito de Querétaro, a partir del 24 de febrero del presente año.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobados. Comuníquense.

Yo quiero hacer un reconocimiento a la presencia en esta legislatura del señor diputado Francisco Domínguez Servién , quien como presidente de la Comisión Especial de Ganadería y como responsable del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en materia agropecuaria, siempre tuvo la apertura y, sobre todo, la suma de voluntades para que se concretaran pasos muy importantes y firmes que esta legislatura dio en materia agropecuaria.

Felicidades y le deseamos éxito al señor diputado Francisco Domínguez Servién .

Continúe la Secretaría con la licencia de la diputada María Oralia Vega Ortiz .

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva.--- Presente.

Por este medio y con fundamento de lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar licencia por tiempo indefinido para separarme de mi cargo como diputada federal a partir del día 24 de febrero del año en curso.

Lo hago de su conocimiento para los efectos a que haya lugar, con el propósito de que se realicen todos los trámites conducentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada María Oralia Vega Ortiz para separarse de sus funciones como diputada federal electa en el IV distrito en Hidalgo, a partir del 24 de febrero del presente año.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Queremos, también, reconocer la presencia de la diputada María Oralia Vega Ortiz, quien aportó, sin duda, en su responsabilidad como secretaria de la Comisión de Salud, un esfuerzo muy importante que dio solidez a esa comisión, y a la respuesta que esta legislatura ha dado en esta materia. Felicidades. A la diputada Oralia, lo mejor.

Continúe la Secretaría con la licencia del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda .

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva.--- Presente.

Por este conducto, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar licencia por tiempo indefinido para separarme de mi cargo como diputado federal a partir del 24 de febrero del año en curso.

Lo hago de su conocimiento para los efectos a que haya lugar, con el propósito de que se realicen todos los trámites conducentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el V distrito de Hidalgo, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobados. Comuníquense.

También deseamos el mayor de los éxitos en su nuevo encargo al señor diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda , como responsable de la Contraloría de Hidalgo. Muchas felicidades. Nuestro reconocimiento a su esfuerzo y aportación a esta legislatura.

Continúe la Secretaría con la licencia del diputado José Alejandro Aguilar López .

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura.--- Presente.

Recibe un atento saludo, aprovecho la ocasión para expresarte que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo para solicitarte, muy respetuosamente, seas el conducto para someter a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados, mi solicitud de licencia, para separarme, por tiempo indefinido, del cargo de diputado federal de la LX Legislatura, a partir del 23 de febrero del año en curso.

Agradezco de antemano tu atención y virtual apoyo, quedando como tu atento y seguro servidor.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado José Alejandro Aguilar López para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el I distrito de Tlaxcala, a partir del 23 de febrero del presente año.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobados, comuníquense.

Queremos felicitar al diputado José Alejandro Aguilar López , quien también en la Comisión de Presupuesto, sin duda, aportó siempre su mejor esfuerzo y, en particular, en materia agropecuaria, como miembro de la Comisión Especial de Ganadería. Le deseamos éxito.

Continúe la Secretaría con la solicitud de licencia del diputado Arnoldo Ochoa González .

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con todo respeto me dirijo a esa Mesa Directiva que usted dignamente preside, para solicitar licencia por tiempo indefinido al cargo de diputado federal por la quinta circunscripción, a partir del 24 de febrero del presente año.

Lo anterior por así convenir a mis intereses y con fundamento en el artículo 62 constitucional y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular, me es muy grato reiterarle las seguridades de mi consideración más alta y distinguida.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Arnoldo Ochoa González , para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la quinta circunscripción plurinominal a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobados, comuníquense.

DIPUTADOS SUPLENTES QUE SE INCORPORAN

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se encuentran en las puertas de este recinto los ciudadanos: María Ofelia Gloria Malcos Amaro, Bibiana Rodríguez Montes, Miguel Rivero Acosta, Hilda Areli Narváez Bravo, Facundo González Miranday Heriberto Pérez Sánchez, diputados federales electos en el II, IV, V, VIII, XXV y XXXIX distritos de Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo y México, respectivamente.

Se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley y entrar en funciones, como tales, a los siguientes diputados: Adriana Dávila Fernández , María Eugenia Campos Galván , Francisco Antonio Fraile García , Sergio Hernández Hernández , Jaime Espejel Lazcano , Edmundo Ramírez Martínez , Gerardo Sosa Castelán , José Francisco Melo Velázquez , Ana Elisa Pérez Bolaños y Armando García Méndez .

Se pide a la comisión cumplir esta encomienda.

(La comisión cumple el encargo)

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Ciudadanos María Ofelia Gloria Malcos Amaro, Bibiana Rodríguez Montes, Miguel Rivero Acosta, Hilda Areli Narváez Bravo, Facundo González Miranday Heriberto Pérez Sánchez:¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputados que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?

Los ciudadanos María Ofelia Gloria Malcos Amaro , Bibiana Rodríguez Montes , Miguel Rivero Acosta , Hilda Areli Narváez Bravo, Facundo González Miranda y Heriberto Pérez Sánchez : Sí protesto.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Si así no lo hicieren, que la nación se los demande.

Felicidades.

Saludamos al señor Gonzalo Ungría Martín, representante de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos visita en esta sesión.

Continúe la Secretaría con la comunicación de la Junta de Coordinación Política.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Héctor Larios Córdova , coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado. Continúe con oficios de la Secretaría de Gobernación.

PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 60-II-I-2154, signado por los diputados César Duarte Jáquez y Marcela Cuen Garibi , Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/ DGAVPS/120/2009, suscrito por el doctor Lucio Galileo Lastra Marín, director general adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al Programa Caravanas de la Salud 2009.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Salud.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero al punto de acuerdo presentado por la senadora María Elena Orantes López ( Partido Revolucionario Institucional) y aprobado el 28 de enero por la del Congreso de la Unión, el cual solicita a la Secretaría de Salud informar sobre los criterios tomados en cuenta en las Reglas de Operación del Programa Caravanas de la Salud 2009, para ampliar la cobertura a 200 mil personas respecto a 2008, pero reduciendo de 20 mil localidades con difícil acceso a los servicios de salud en todos los estados del país, a 6 mil localidades de 125 municipios localizadas en 7 entidades federativas.

Al respecto, me permito acompañar el oficio CAS/151/ 09, suscrito por el doctor Francisco J. Bañuelos Téllez, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Innovación y Calidad.

Con base en lo anterior, he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información a esta legislatura para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Salud.

Doctor Lucio Galileo Lastra Marín, director general adjunto de Vinculación Social.--- Presente.

En respuesta de la solicitud de información realizada para el desahogo del punto de acuerdo presentado por la senadora María Elena Orantes López , en la sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión celebrada el 14 de enero del presente, pongo a su consideración la siguiente información y comentarios, en respuesta de las inquietudes y cuestionamientos de la senadora promovente:

Primero

Chiapas

Durango

Guerrero

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Veracruz

Total

Fuente: Informe gerencial, segundo, diciembre 2008.

Durante el 2008, a través del programa se brindaron un millón 192 mil 251 acciones de prevención y promoción de la salud, de atención médica y odontológica ambulatoria de primer nivel en las localidades pertenecientes a los 125 municipios de menor índice de desarrollo humano.

Segundo

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo.

Nota: 1. En el Anexo 1 de este documento, se enlistan las intervenciones que otorga el programa.

«ANEXO 1

Intervenciones del Causes que proporcionan los ESI del Programa Caravanas de la Salud

(Reglas de operación 2008. Diario Oficial de la Federación, diciembre 30 de 2007)Medicina ambulatoria l. Diagnóstico y tratamiento de anemia ferro priva2. Diagnóstico y tratamiento de la desnutrición y obesidad en niños y adolescentes3. Diagnóstico y tratamiento de rubéola4. Diagnóstico y tratamiento de sarampión5. Diagnóstico y tratamiento de varicela6. Diagnóstico y tratamiento de amigdalitis aguda7. Diagnóstico y tratamiento de faringitis aguda8. Diagnóstico y tratamiento de laringitis y traqueitis agudas9. Diagnóstico y tratamiento de otitis media supurativa10. Diagnóstico y tratamiento de rinofaringitis aguda (resfriado común)11. Diagnóstico y tratamiento de sinusitis aguda12. Diagnóstico y tratamiento de conjuntivitis13. Diagnóstico y tratamiento de rinitis alérgica14. Diagnóstico y tratamiento del asma en adultos15. Diagnóstico y tratamiento del asma en niños16. Diagnóstico y tratamiento de dengue clásico17. Diagnóstico y tratamiento de diarrea aguda18. Diagnóstico y tratamiento de fiebre tifoidea19. Diagnóstico y tratamiento de gastroenteritis infecciosa20. Diagnóstico y tratamiento de tuberculosis (TAES)21. Diagnóstico y tratamiento del herpes zoster22. Diagnóstico y tratamiento de candidiasis23. Diagnóstico y tratamiento de gonorrea24. Diagnóstico y tratamiento de infecciones por clamydia (incluye tracoma)25. Diagnóstico y tratamiento de infecciones por trichomona26. Diagnóstico y tratamiento de sífilis27. Diagnóstico y tratamiento de cistitis28. Diagnóstico y tratamiento de uretritis y síndrome uretral29. Diagnóstico y tratamiento de vaginitis aguda30. Diagnóstico y tratamiento de vulvitis aguda31. Diagnóstico y tratamiento farmacológico de amibiasis intestinal32. Diagnóstico y tratamiento farmacológico de anquilostomiasis y necatoriasis33. Diagnóstico y tratamiento farmacológico de ascariasis34. Diagnóstico y tratamiento farmacológico de enterobiasis35. Diagnóstico y tratamiento farmacológico de estrongiloidiasis36. Diagnóstico y tratamiento farmacológico de filariasis37. Diagnóstico y tratamiento farmacológico de giardiasis38. Diagnóstico y tratamiento farmacológico de teniasis39. Diagnóstico y tratamiento farmacológico de tricuriasis40. Diagnóstico y tratamiento de escabiasis41. Diagnóstico y tratamiento de pediculosis y phthiriasis42. Diagnóstico y tratamiento de micosis superficiales43. Diagnóstico y tratamiento de celulitis44. Diagnóstico y tratamiento de dermatitis alérgica de contacto45. Diagnóstico y tratamiento de dermatitis de contacto por irritantes46. Diagnóstico y tratamiento de dermatitis del panal47. Diagnóstico y tratamiento de dermatitis exfoliativa48. Diagnóstico y tratamiento de dermatitis seborreica49. Diagnóstico y tratamiento de esofagitis por reflujo50. Diagnóstico y tratamiento de gastritis aguda51. Diagnóstico y tratamiento de úlcera péptica52. Diagnóstico y tratamiento del síndrome de colon irritable53. Diagnóstico y tratamiento de gota54. Diagnóstico y tratamiento del hipotiroidismo (adultos)55. Diagnóstico y tratamiento farmacológico (ambulatorio) de diabetes mellitus II56. Diagnóstico y tratamiento farmacológico (ambulatorio) de hipertensión arterial57. Diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardiaca crónica58. Diagnóstico y tratamiento de artritis reumatoide59. Diagnóstico y tratamiento de osteoartritis60. Diagnóstico y tratamiento de lumbalgia61. Diagnóstico y tratamiento de depresión62. Diagnóstico y tratamiento farmacológico de epilepsia Odontología 63. Prevención de caries (curetaje, odontoxesis y aplicación tópica de flúor)64. Sellado de fosetas y fisuras dentales65. Obturación de caries con amalgama o resina66. Eliminación de focos de infección, abscesos y restos radiculares67. Extracción de piezas dentarias (no incluye tercer molar)68. Diagnóstico y tratamiento de pulpitis y necrosis pulpar Salud reproductiva 69. Métodos temporales de planificación familiar: anticonceptivos70. Métodos temporales de planificación familiar: preservativos71. Métodos temporales de planificación familiar: dispositivo intrauterino72. Diagnóstico y tratamiento de dismenorrea73. Atención del climaterio y menopausiaEmbarazo, parto y recién nacido 74. Examen y prueba del embarazo75. Atención del embarazo normal (atención prenatal)76. Detección oportuna del Ca Cu, DOC.77. Atención del puerperio normal78. Atención del recién nacido normal

79. Estimulación temprana del recién nacido normal y del prematuro.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase al promovente para su conocimiento.

PRECIOS DEL DIESEL, COMBUSTIBLES Y LAS TARIFAS ELECTRICAS

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este medio y en alcance a mi oficio número SEL/300/ 694/09 me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 349-A-0110, suscrito por Juan Manuel Pérez Porrúa, jefe de la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual complementa la respuesta al punto de acuerdo relativo al incremento en los precios de los combustibles y las tarifas eléctricas.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Hago referencia a su oficio número SEL/ 300/ 298/09, de fecha 15 de enero de 2009, dirigido al doctor Agustín Carstens Carstens, secretario de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da a conocer el ``exhorto'' aprobado por el honorable Congreso de la Unión en su sesión celebrada el 14 de enero de 2009, el cual señala lo siguiente:

Sobre el particular le comento que los precios de los combustibles se incrementaron a finales del año pasado en nuestro país con la finalidad de disminuir los diferenciales de precio respecto al mercado internacional y, especialmente, en relación con los precios de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos.

Cabe señalar que la política de precios de los combustibles tiene como objetivo reflejar su costo de oportunidad, buscando fomentar el saneamiento financiero e incrementar la eficiencia productiva de las empresas públicas. De esta manera, las personas y empresas que adquieren estos productos, reciben una señal de precios adecuada para la toma de decisiones productivas y de consumo.

El 7 de enero de 2009, el ciudadano presidente de la república, en el marco del Acuerdo Nacional en favor de la Economía Familiar y el Empleo, anunció que se mantendrían sin cambios los precios de las gasolinas durante 2009.

Los precios quedaron de la siguiente manera: para la gasolina Pemex Magna, el último cambio fue el 3 de enero de 2009, quedando en 7.72 pesos por litro para la zona resto del país de 15 por ciento de IVA y 7.41 pesos por litro para la zona resto del país de 10 por ciento de IVA. Por su parte, el último cambio a los precios de la gasolina Pemex Premium fue el 15 de noviembre de 2008; estos niveles, iguales a 9.57 pesos por litro para la zona resto del país de 15 por ciento de IVA; 9.58 pesos por litro para la zona metropolitana del valle de México, y 9.18 pesos por litro para la zona resto del país de 10 por ciento de IVA, estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2009.

Asimismo, el 27 de enero de 2009, el ciudadano presidente de la república anunció que a partir del 1 de febrero de 2009 el desliz del precio del diesel se reducirá de cinco centavos semanales a cinco centavos mensuales. Esto significa una reducción de 75 por ciento en el ritmo de crecimiento del precio del diesel. Con esta medida, el gobierno federal continúa apoyando a los sectores productivos de nuestro país.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase al promovente para su conocimiento.

FRECUENCIAS DE RADIO

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 60-II-2-2157, signado por los diputados César Horacio Duarte Jáquez y José Rubén Escajeda Jiménez , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 349-A- 0088, suscrito por el licenciado Juan Manuel Pérez Porrúa, jefe de la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al pago por la transición de amplitud modulada (AM) a frecuencia modulada (FM).

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Cuauhtemoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Me refiero a su oficio número SEL/300/429/09, de fecha 22 de enero de 2009, mediante el cual hace del conocimiento de esta secretaría el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 21 de enero del presente año, en el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, de tener la propuesta de la Cofetel, relativa a la contraprestación que deban cubrir los interesados en la transición de AM a FM, informe y publique los montos que se hayan determinado para tal efecto.

Sobre el particular, le informo que a la fecha esta secretaría no ha recibido propuesta alguna de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para fijar el monto de la contraprestación que deberán pagar los concesionarios por el cambio de frecuencias de AM a FM.

La solicitud a esta secretaría de la propuesta de contraprestación antes referida por parte de la Cofetel es indispensable en los términos del acuerdo en el que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estableció el procedimiento para transición de AM a FM (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2008), que en su artículo cuarto señala que el monto de la contraprestación será determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por propuesta de la Cofetel.

Además, de conformidad con el artículo 3 del Código Fiscal de la Federación, la contraprestación antes referida tiene la naturaleza de aprovechamiento, por lo que se debe cumplir lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, que señala que tratándose de aprovechamientos que no hayan sido cobrados en el ejercicio inmediato anterior o que no se cobren de manera regular, las dependencias interesadas deberán someter para su aprobación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el monto de los aprovechamientos que pretendan cobrar, en un plazo no menor a 10 días anteriores a la fecha de su entrada en vigor.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase al promovente para su conocimiento.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Tomás Torres Mercado , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados, y se anexa.

«Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a fin de disminuir el precio del diesel e impedir aumentos indiscriminados en el futuro

El suscrito, Tomás Torres Mercado , senador a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con la siguiente

Exposición de Motivos

¿Qué hacer para crecer? Esta es la pregunta que ha ocupado gran parte de las preocupaciones del gobierno federal y de los mexicanos en los últimos meses.

Tal como hemos señalado con anterioridad, la respuesta a esta pregunta pasa necesariamente por el impulso de políticas de Estado que sean capaces de impulsar la inversión productiva, generar empleos suficientes y de calidad, garantizar el crecimiento de nuestro mercado interno y el bienestar de nuestros ciudadanos.

Sin duda, entre las medidas que deben emprenderse para garantizar un crecimiento sostenido de la economía se encuentra el establecimiento de una política energética que atienda las necesidades sociales y productivas del país. Lo cierto es que no podremos enfrentar de manera eficiente la crisis económica y financiera, ni sentar bases sólidas para el desarrollo del país con los actuales precios del gas, la gasolina y el diesel.

De manera particular resulta preocupante la falta de respuesta a la demanda social de congelar el incremento en el precio del diesel. Una disminución de 75 por ciento en los ajustes de incremento en el precio del diesel, como la anunciada por el titular del Ejecutivo federal hace poco tiempo, no es suficiente.

Como sabemos, el diesel posee una gran relevancia pues representa una de las más importantes fuentes de energía para los sectores agrícola e industrial de nuestro país, sobre todo en lo referente al transporte automotor, marítimo y ferroviario. Los motores diesel tienen un rendimiento superior al que presentan motores con otras fuentes de potencia y esta característica los ha convertido en los de mayor demanda en el campo, en la industria y en las zonas pesqueras de México.

En realidad, los altos precios del diesel no sólo perjudican a quienes lo utilizan de manera directa, sino que afectan el desempeño de nuestras cadenas productivas y limitan las posibilidades del país para encarar la crisis y fortalecer su posición económica.

La iniciativa tiene como objetivo congelar el precio de este importante combustible e impedir alzas indiscriminadas en el futuro. Concretamente, proponemos derogar el inciso c) de la fracción II del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios para eliminar la aplicación de una cuota de 29.88 centavos por litro de diesel. Esta cuota, conforme de lo previsto en el artículo sexto de las disposiciones transitorias del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, se aplica de manera gradual.

El Congreso no puede ser sordo a las demandas de millones de productores y transportistas que solicitan la congelación inmediata del precio del diesel.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta asamblea proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se deroga el inciso c) de la fracción II del artículo 2o.-A y se reforma el artículo sexto de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, contenida en el decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, para quedar como sigue:

Artículo 2o.-A. Las personas que enajenen gasolina o diesel en territorio nacional estarán sujetas a las tasas y cuotas siguientes:

Disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Artículo Sexto. Las reformas y adiciones a los artículos 2o.-A, 2o.-B, 7o. y 8o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios entrarán en vigor a los quince días naturales siguientes a la fecha de publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Las cuotas previstas en el artículo 2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para la venta al público de gasolinas y diesel, se aplicarán de manera gradual, de conformidad con lo siguiente:

Transitorio

Artículo Único. El decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY AGRARIA

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Ley Agraria.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Por el que se reforma el artículo 30 de la Ley Agraria

Artículo Único. Se reforma el artículo 30 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 30. Para la asistencia válida de un mandatario a una asamblea bastará una carta-poder debidamente suscrita ante dos testigos que sean ejidatarios o avecindados, certificadas sus firmas ante la autoridad municipal que esté autorizada en ley para hacerlo o, en su caso, ante fedatario público. El ejidatario mandante que no pueda firmar imprimirá su huella digital en la carta y solicitará a un tercero que firme la misma y asiente el nombre de ambos.

El mandatario sólo podrá representar a un ejidatario en la asamblea para la cual se le confirió el poder, debiendo quedar asentada en el acta de la asamblea la participación del mandatario y el documento con que se acreditó.

En el caso de asambleas que se reúnan para tratar los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, el ejidatario no podrá designar mandatario.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria.

LEY AGRARIA

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 72 de la Ley Agraria.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Por el que se reforma el artículo 72 de la Ley Agraria

Artículo Único. Se reforma el artículo 72 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 72. En cada ejido y comunidad podrá destinarse una parcela para constituir la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud, donde se realizarán actividades sociales, económicas, culturales, de salud y de capacitación, tendentes a procurar que los hijos de ejidatarios, comuneros y avecindados mayores de catorce y menores de veintinueve años logren una inserción sana, plena y productiva en el desarrollo del campo. Esta unidad será administrada por un comité cuyos miembros serán designados exclusivamente por los integrantes de la misma.

La puesta en marcha y los costos de operación de la unidad serán cubiertos por sus integrantes, quienes podrán recurrir a los programas de financiamiento y asesoría de la federación.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria.

LEY AGRARIA

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 164 de la Ley Agraria.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Por el que se reforma el artículo 164 de la Ley Agraria

Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 164 de la Ley Agraria para quedar como sigue:

Artículo 164. En la resolución de las controversias que sean puestas bajo su conocimiento, los tribunales se sujetarán siempre al procedimiento previsto por esta ley y quedará constancia de ella por escrito; además observarán lo siguiente:

Los tribunales suplirán la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho cuando se trate de núcleos de población ejidales o comunales, así como ejidatarios y comuneros.

Transitorios

Primero. Para el desarrollo de las acciones que deba realizar el tribunal a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la presente ley podrá apoyarse en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, así como en el Instituto Federal de Defensoría Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias. Asimismo, deberá sujetarse a su disponibilidad presupuestaria.

Segundo. El decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria.

ARTICULO 1 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió de la diputada Alliet Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo , del Grupo Parlamentario del PRD

Alliet Bautista Bravo y Sonia Noelia Ibarra Franquez , diputadas federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 71, fracción II; 72, inciso h); y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y con fundamento en los artículos 55, fracción II; 62, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Congreso de la Unión iniciativa de decreto por la que se adiciona un párrafo segundo al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los estados tienen la responsabilidad primordial de promover y proteger los derechos humanos consagrados en la legislación internacional y nacional, asegurar que se cumplan, respetarlos y hacerlos respetar; incluso velando por que las empresas transnacionales y otras empresas comerciales los respeten.

De acuerdo con la Declaración de Derechos Humanos de 1946 todos los órganos de la sociedad, incluidas las empresas, son responsables de la promoción y protección de los derechos humanos.

Por su parte, la comunidad internacional también ha impulsado, por medio de diversos convenios y acuerdos, que la promoción y protección de los derechos humanos son intrínsecos, por lo que rebasan las fronteras nacionales y culturales, eso ha promovido que las empresas ya no logren sostener que no pueden tomar medidas en materia de derechos humanos, pues hacerlo sería entrometerse en la política nacional u ofender los valores de otras culturas.

Cada vez más crece el interés y el debate alrededor del rol de las empresas, pues su incidencia es cada vez más grande, así como el efecto de sus actividades en todo el mundo. Mientras que las violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas siguen afectando a comunidades y a los trabajadores de todo el planeta. Se han denunciado casos de comunidades indígenas devastadas por minas, trabajadores agrícolas mutilados por pesticidas o salarios insuficientes, bebés perjudicados por publicidades falsas de alimentos, o trabajadoras de la industria textil que sufren acoso sexual y condiciones de trabajo insalubres.

Por lo anterior, diversas organizaciones no gubernamentales, en coordinación con diversos mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, exigen una mayor responsabilidad de las empresas hacia los derechos humanos; mientras que muchas empresas están empezando a hablar de la responsabilidad social corporativa.

Amnistía Internacional ha denunciado que el daño que causan las empresas procede unas veces de los abusos directos contra los derechos humanos, y otras de su connivencia con personas que violan los derechos humanos. Pese a la existencia de este potencial para causar un daño importante, apenas hay mecanismos efectivos nacionales o internacionales para impedir los abusos contra los derechos humanos cometidos por las empresas, o para hacer que dichas empresas rindan cuentas de sus actos. ¹

A consecuencia de ello, las personas afectadas por las operaciones empresariales, en muchos casos ya marginadas y en situación de vulnerabilidad, se ven desvalidas, sin la protección a la que tienen derecho, o sin acceso a la justicia. ²

El Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos, presentado 15 de febrero de 2005, señala que al examinar las responsabilidades de las empresas es importante reafirmar que los Estados son los primeros responsables de de proteger los derechos individuales.

Sin embargo, señala, si bien pueden afectar considerablemente al disfrute de los derechos humanos, las empresas no cumplen la misma función en la sociedad, no tienen los mismos objetivos ni ejercen el mismo influjo en los derechos humanos que los Estados. Por lo que las responsabilidades de éstos, por consiguiente, no pueden transferirse simplemente a las empresas; las responsabilidades de éstas deben definirse separadamente, en función de su naturaleza y de sus actividades.

Por su parte, el Pacto Mundial promovido por la Organización de las Naciones Unidas, ³ ha definido las responsabilidades de las empresas en función de dos principios:

El Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos también constituye un punto de partida útil para comprender las responsabilidades de las empresas, que son de tres tipos en la esfera de los derechos humanos. Las dos primeras responsabilidades son respetar, y apoyar los derechos humanos; se refieren a actos y omisiones de la propia empresa. La tercera es asegurarse de que no son cómplices de violaciones de los derechos humanos, esto es la relación entre la empresa y los terceros.

Asimismo, la responsabilidad de las empresas de asegurarse de que no sean cómplices de violaciones de los derechos humanos plantea también problemas complejos. Las sociedades se asocian a menudo con otras para operaciones conjuntas o con las autoridades nacionales o locales, lo que puede dar lugar a denuncias de complicidad si uno de los asociados vulnera los derechos humanos. ⁴

A diferencia de lo que ocurre con los límites de las obligaciones que incumben a los Estados en materia de derechos humanos, los límites de la responsabilidad de las empresas en esta esfera no son fáciles de definir por referencia a los límites territoriales. En efecto, mientras que una pequeña empresa puede influir de modo relativamente limitado en el ejercicio de los derechos humanos en un país concreto, una gran empresa puede influir en ese ejercicio más allá de las fronteras. Por lo tanto, los límites de la responsabilidad empresarial en materia de derechos humanos deben definirse teniendo en cuenta otros factores, entre ellos la dimensión de la empresa, su relación con sus asociados, la naturaleza de sus actividades y la proximidad entre éstas y la población.

Velar por que las empresas respeten los derechos humanos es ante todo de la incumbencia del Estado en el plano interno. Los Estados han contraído a nivel internacional la obligación de respetar los derechos de los individuos y de los grupos de individuos y de proteger esos derechos contra la acción de terceros, que pueden ser también entidades empresariales. ⁵

El representante especial del secretario general sobre Derechos Humanos y Corporaciones Transnacionales y otras Empresas destacó en su tercer informe tres principios: la obligación del Estado de proteger, la responsabilidad empresarial de respetar y el acceso de las víctimas a reparaciones del daño.

Las líneas directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para empresas multinacionales ⁶ exponen que todos los Estados tienen derecho a establecer condiciones de actuación para las empresas multinacionales bajo su jurisdicción nacional, dentro de lo que marcan el derecho internacional y los tratados internacionales que hayan firmado.

En enero del 2003 la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, manifestó que ``el poder conlleva responsabilidad, y a medida que las empresas van desempeñando papeles cada vez más importantes deben reforzarse los mecanismos jurídicos vinculantes, a fin de garantizar que se pedirá cuentas a las empresas por su participación directa o indirecta en abusos contra los derechos humanos. En lo que respecta a la responsabilidad empresarial por los derechos humanos, ya es hora de ir más allá de los códigos de conducta voluntarios. De la misma manera que los Estados tienen la obligación jurídica de respetar estos derechos, esa responsabilidad también debe recaer sobre las empresas''.

Distintas organizaciones están trabajando positivamente para que las empresas comprendan y empiecen a asumir sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Algunos abusos típicos de los derechos humanos que pueden ser resultado de la actividad empresarial son:

En México aún está pendiente identificar aquéllos obstáculos legales que impiden que una persona que ha sufrido una violación de derechos humanos por el accionar de una empresa, pueda obtener reparación por el daño ocasionado.

Es por ello que este primer reconocimiento del Estado respecto de las responsabilidades de las empresas en colaborar es sumamente significativo. Sin duda, queda mucho trabajo por realizar y este es un importante paso para ello.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación también se ha pronunciado al respecto, mediante una resolución que su pleno tomó como criterio, que si un particular omite alguna restricción que establezca la Constitución, como es el caso de la inviolabilidad de las comunicaciones, se estará en presencia de un ilícito constitucional cometido por ese particular que ignoró un derecho fundamental. ⁷

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 1 . ...

El Estado mexicano reconoce que en sus obligaciones también se encuentra proteger que las personas físicas o jurídicas privadas, nacionales e internacionales, no cometan violaciones de derechos humanos en contra de las personas que se encuentran en el territorio.

Notas: 1. http://www.amnesty.org/es/business-and-human-rights2. Idem.3. http://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/index.html4. http://www.unglobalcompact.org/Portal/Default.asp5. http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/110/30/PDF/G0511030.pdf?OpenElement6. http://www.oecd.org/dataoecd/21/20/16975360.pdf7. Novena época; segunda sala; Suprema Corte de Justicia y su Gaceta; XII. Diciembre de 2000; página 428.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

CODIGO CIVIL FEDERAL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió del diputado Humberto Dávila Esquivel, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado Humberto Dávila Esquivel , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Humberto Dávila Esquivel , diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la presente iniciativa al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La violencia es uno de los problemas sociales más agudos que padecen diariamente miles de mujeres en México. Diversos estudios y encuestas como la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, ENDIREH, confirman que la violencia contra las mujeres en México se expresa en múltiples formas y espacios: en la pareja, en la familia, en el espacio laboral, en la escuela y en la comunidad; y es ejecutada por diferentes actores: esposos, hermanos, parejas sentimentales, cuñados, maestros, jefes, compañeros, entre otros. Sin embargo, en el caso de las mujeres unidas, los datos arrojados reafirman lo ya constatado en otros países: la violencia de pareja es la forma de violencia más prevalente, y posiblemente la más traumática, en cuanto que implica un lazo emocional y la convivencia diaria entre la mujer y su agresor. La ENDIREH 2006 dio a conocer que de cada 100 mujeres de 15 años y más que tienen o tuvieron una relación de pareja: 37.5 por ciento han padecido violencia emocional (menosprecios, amenazas, prohibiciones, entre otros); 23.4 por ciento violencia económica (les niegan o condicionan el gasto, les prohíben trabajar, les quitan su dinero o bienes, etcétera); 19.2 por ciento violencia física (empujones, patadas, golpes, agresiones con armas, etcétera) y 9 por ciento violencia sexual (las obligan a tener relaciones sexuales o a realizar actos en contra de su voluntad, entre otros).

Ante el grave panorama y como parte de la lucha por abatir la violencia de género, el gobierno de México, a través de diversos instrumentos jurídicos internacionales, está obligado a crear leyes, impulsar programas y políticas públicas dirigidas a prevenir, atender y sancionar la violencia hacia las mujeres. En este sentido, la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el 1 de febrero de 2007, constituyó un avance en el combate de este problema ya que establece los lineamientos jurídicos y administrativos con los cuales el Estado intervendrá en todos sus órdenes de gobierno, para garantizar y proteger los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia.

La promulgación de esta ley obedeció a la necesidad de tener, con un ``instrumento jurídico que contuviera las disposiciones y condiciones legales para brindar seguridad a todas las mujeres del país, sin ser exclusiva de una localidad, sino aplicable en todo el territorio nacional y obligatoria para los tres ámbitos de gobierno, en los cuales se aplicarán las políticas públicas necesarias para dar respuesta a las demandas de la población; permitiendo, la concurrencia legislativa para que las entidades federativas tomen las acciones conducentes'' ¹ .

Sin embargo, a dos años de su publicación y pesar de que esta ley fue anunciada como modelo en América Latina, no existe todavía concordancia y homogeneidad entre los conceptos utilizados en ésta y las demás legislaciones tanto a nivel federal como estatal en la materia y tampoco parecen haberse concretado ``ninguno de sus principales rubros como son el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; el banco nacional de datos; el diagnóstico nacional sobre las formas de violencia a las mujeres; la alerta de género; la emisión de órdenes de protección; los programas de reeducación para los agresores, y la capacitación al personal policiaco y de procuración de justicia'' ² .

Por su parte, Amnistía Internacional alertó hace unos días que, ``en 25 estados del país el cambio legal no ha tenido ningún impacto, por lo que la seguridad y la vida de miles de mujeres está en peligro. O más bien, sigue en peligro, ahora con el agravante de que los niveles de violencia y delincuencia general en el país --con su respectivo impacto en el género más vulnerable-- se han incrementado respecto de la fecha en que se publicó la reforma. En algunos estados ni siquiera existen leyes que protejan a las mujeres de la violencia y en otros no cuentan con un reglamento que permita su aplicación. Y es que, sin la homologación que exige la reforma constitucional, cada entidad tendrá valores distintos respecto de lo que entienden por derechos de las mujeres'' ³ .

En este sentido, el 25 de agosto de 2006, el Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, órgano encargado de analizar los informes que periódicamente rinden los Estados-nación firmantes de la Convención, observó, con motivo del sexto informe presentado por nuestro país, que no hay armonización de la legislación nacional y estatal con los contenidos de los mandatos internacionales, ni explicación alguna al respecto por el Instituto Nacional de las Mujeres; que existe un clima de discriminación, inseguridad y violencia para las mujeres en México; que no hay programas y que existe escasez de datos y de leyes sobre la trata de personas; que la información sobre explotación, prostitución y pornografía infantiles es insuficiente; que son preocupantes: las tasas de mortalidad materna, en particular las indígenas, la salud sexual y reproductiva y en relación con esta, el tema del acceso al aborto seguro y a la prevención del embarazo adolescente, y que no hay mecanismos de coordinación entre federación, estados y municipios, entre otras conclusiones.

En este contexto, con el objeto de contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres dentro de la familia, el artículo 9 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que los Poderes Legislativos, federal y locales, en el respectivo ámbito de sus competencias, considerarán:

El artículo 7 de la ley define a la violencia familiar como:

Con la finalidad de cumplir con la expedición y modificación o ambas de las normas legales para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres ratificados por el Estado mexicano se reforman y adicionan los siguientes artículos del Código Civil Federal, legislación secundaria que regula la violencia familiar en el Titulo Sexto, Capítulo III:

Se reforma el artículo 323 Ter para homologar la definición sobre violencia familiar contenida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ya que la utilizada en el Código Civil Federal no considera todas las tipologías de la violencia contra las mujeres y los ámbitos en que se ejerce por lo que aborda la problemática de manera limitada.

Se adiciona una fracción al artículo 444 para establecer que la patria potestad se pierde por resolución judicial por motivo de violencia familiar, de conformidad con la que se establece en el artículo 323 Ter. En este sentido se reforma el artículo 444 Bis para limitar la patria potestad cuando el que la ejerza incurra en conductas de violencia familiar.

Por último, se adicionan 2 fracciones a los artículos 503 y 504 respectivamente para determinar que no pueden ser tutores las personas que hayan sido condenados por violencia familiar, de conformidad con lo que establece el artículo 323 Ter y perderán la tutela quienes incurran en conductas de violencia familiar.

Una de las obligaciones que tenemos como representantes de la sociedad es hacer lecturas críticas de las leyes con el fin de crear nuevas o modificar las ya existentes y hacerlas acorde a la realidad social. Dado que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es uno de los pilares en la lucha por lograr una sociedad más igualitaria y un sistema jurídico más justo, ésta debe de ser la base de la legislación en la materia. Por ello buscando el respeto irrestricto a la ley, la homogeneidad de conceptos y con el fin de evitar confusiones, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza somete a la consideración de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión el presente

Decreto que reforma los artículos 323 Ter, 444, 444 Bis, 503 y 504 del Código Civil Federal

Único. Se reforman los artículos 323 Ter, 444, 444 Bis, 503 y 504 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 323 Ter. Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar.

Por violencia familiar se considera el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual ejercido contra cualquier miembro de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.

Artículo 444. La patria potestad se pierde por resolución judicial:

Artículo 444 Bis. La patria potestad podrá ser limitada cuando el que la ejerce incurra en conductas de violencia familiar previstas en el artículo 323 Ter de este Código.

Artículo 503. No pueden ser tutores, aunque estén anuentes en recibir el cargo:

Artículo 504. Serán separados de la tutela:

Transitorio

Único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: 1 Instituto Nacional de las Mujeres, Inmujeres, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia:¡Conócela! México, DF, 2007.2 Nora Sandoval, ``Letra muerta, ley que protege a mujeres'', en El Universal, 29 de enero de 2009.3 Editorial del periódico El Universal ``A las mujeres no les cumplen'', 29 de enero de 2009.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Justicia.

LEY GENERAL DE POBLACION

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió del diputado Alejandro Chanona Burguete, del Grupo Parlamentario de Convergencia, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 68 de la Ley General de Población.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Iniciativa que reforma el artículo 68 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El que suscribe, diputado federal Alejandro Chanona Burguete , coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa de ley que adiciona el artículo 68 de la Ley General de Población, en materia de matrimonios con extranjeros.

Exposición de Motivos

Antecedentes

I) En la página http://www.rcivil.df.gob.mx se observan como requisitos y documentos para contraer matrimonio civil los siguientes:

En relación con lo anterior, de la redacción de la solicitud de matrimonio se advierte:

En la propia solicitud como requisitos para contraer matrimonio se establecen los siguientes:

II) Por su parte, la Ley General de Población, en el artículo 68, prescribe que los jueces u oficiales del Registro Civil no celebrarán ningún acto en que intervenga algún extranjero, sin la comprobación previa, por parte de éste de:

III) Ahora bien, el artículo 157 del Reglamento de la Ley General de Población dispone que la autorización para que los extranjeros o extranjeras puedan contraer matrimonio con mexicano o mexicana, a que se refiere el artículo 68 de la ley, quedará sujeta a lo siguiente:

III) Resulta importante mencionar que en la página del Instituto Nacional de Migración localizable en http://www. inm.gob.mx se observa:

La autorización para que los extranjeros puedan contraer matrimonio con mexicano o mexicana se otorgará por una validez hasta de treinta días a partir de su expedición, pero no podrá rebasar la temporalidad indicada en el documento migratorio, para permanecer en el país.

Y se exigen como requisitos para otorgarla:

(*Tiempo máximo de resolución: 35 días calendario)

IV) El artículo 63 de la Ley General de Población dispone que los extranjeros que se internen al país en calidad de Inmigrantes y los no inmigrantes a que se refieren las fracciones III (visitantes) por lo que respecta a científicos, IV (ministro de culto o asociado religioso), V (asilado político), VI (refugiado) y VII (estudiante), del artículo 42 de la Ley General de Población, están obligados a inscribirse en el Registro Nacional de Extranjeros dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su internación cubriendo los siguientes requisitos:

Consideraciones

A) Del acuerdo por el que se delegan facultades relacionadas con el permiso para contraer matrimonio un extranjero extranjera con mexicano o mexicana; en favor del subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos y del Comisionado del Instituto Nacional de Migración se lee:

Que en ese contexto, es imperativo para el cumplimiento de las funciones que la Secretaría de Gobernación tiene encomendadas y para otorgar servicios de calidad a los solicitantes, que faciliten la obtención de respuestas y soluciones expeditas a la problemática que les aqueja, acercar los servicios migratorios en todas sus vertientes a los lugares en que residen.

Que adicionalmente, el entorno internacional ha cambiado en los últimos años y, en consecuencia, la regulación apropiada de la internación, la salida, el reingreso y la estancia de los extranjeros en nuestro país, así como del resguardo de nuestras fronteras, puertos marítimos y aeropuertos, constituyen un vértice de suma importancia para la preservación de la seguridad nacional, por lo que se hace necesario expedir un acuerdo para mejorar y actualizar las facultades que fueron delegados en el hoy Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos y en el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, y

B) La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que aún cuando el artículo 67 de la Ley General de Población prescribe que las autoridades de la República, sean federales, locales o municipales, así como los notarios públicos, los que sustituyan a éstos o hagan sus veces y los corredores de comercio, están obligados a exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de su competencia, que:

Previamente les comprueben su legal estancia en el país, y que en los casos que establezca el Reglamento, acrediten que su condición y calidad migratoria les permiten realizar el acto o contrato de que se trate, o en su defecto, el permiso especial de la Secretaría de Gobernación.

La omisión de ese requerimiento, no desvirtúa en manera alguna la legitimación del actor para demandar judicialmente el cumplimiento de una obligación derivada de un contrato que celebró con plena capacidad y, por ende, la falta de comprobación de su legal estancia en el país, sólo puede afectarlo en lo que concierne a su permanencia en el mismo, pero no en su derecho para ocurrir a los tribunales.

De ahí que la propuesta de Convergencia sea agilizar el trámite para que los extranjeros o extranjeras contraigan matrimonio con mexicanos o con mexicanas, lo anterior, atento a las siguientes consideraciones:

Por lo expuesto y con base en la facultad que me conceden el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter por su conducto, a la consideración de esa soberanía, para su discusión y aprobación en su caso, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que adiciona el artículo 68 de la Ley General de Población para quedar como sigue:

Único. Se adiciona el artículo 68 de la Ley General de Población para quedar como sigue:

Artículo 68. Los jueces u oficiales del Registro Civil no celebrarán ningún acto en que intervenga algún extranjero, sin la comprobación previa, por parte de éste, de su legal estancia en el país, excepto los registros de nacimiento en tiempo, y de defunción, en los términos que establezca el reglamento de esta ley.

Tratándose de matrimonios de extranjeros con mexicanos, deberán exigir además la autorización de la Secretaría de Gobernación la cual se obtendrá vía electrónica con base en los datos del Registro Nacional de Extranjeros .

En todos los casos deberán asentarse las comprobaciones a que se refiere este artículo y darse aviso a la Secretaría de Gobernación del acto celebrado.

Los matrimonios y divorcios entre mexicanos y extranjeros se inscribirán en el Registro Nacional de Extranjeros, dentro de los treinta días siguientes a su realización.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo no mayor de treinta días contados a partir de la vigencia del presente decreto, el titular de la Secretaría de Gobernación modificará el Reglamento de la Ley General de Población para adecuarla a las disposiciones previstas en el artículo modificado.

Notas: Fundamento jurídico:1) Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, artículo 35, fracción XVIII.2) Código Civil, artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 148.3) Código Financiero del Distrito Federal, artículos 238, fracción I, 240, fracciones II y III.4) Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, artículo 29.5) Reglamento del Registro Civil, artículos 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, y 65.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

LEY FEDERAL DE TURISMO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió del diputado Fernando Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Turismo.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Iniciativa que reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Turismo, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados al honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un nuevo texto en la fracción III del artículo 35 de la Ley Federal de Turismo, al tenor de la presente

Exposición de Motivos

El turismo es la industria más grande del mundo; representa más del 10 por ciento de todo el empleo y el 11 por ciento del producto interno bruto mundial, y se prevé que el valor total de los viajes de turismo aumentará a mil 600 millones de dólares en 2020. El turismo tiene, en tal virtud, un gran y creciente impacto tanto en los pueblos como en la naturaleza.

En México, la actividad turística representa 8 por ciento del PIB nacional, el personal ocupado en el sector turístico del país, al primer semestre, es de casi 2 millones de empleados, de los cuales el 47 por ciento son mujeres. Los salarios del sector turístico están 30 por ciento por arriba de la media nacional y México ocupa el 1er lugar en Latinoamérica, en cuanto a sitios reconocidos como patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

Sin embargo, los problemas relacionados con la salud y los accidentes son los principales problemas del turismo en temporadas vacacionales. En todo el mundo existe la moda de practicar actividades acuáticas, así como los denominados deportes extremos; a pesar de las medidas de seguridad con las que se practican, las posibilidades de sufrir un accidente son muy altas. La Secretaría de Salud reporta un aumento en el número de accidentes hasta en 10 por ciento durante la temporada vacacional, sobre todo porque también se incrementa el consumo de alcohol.

A pesar de que existen diversas normas oficiales con las que los prestadores de servicios turísticos deben cumplir, existen riesgos en las actividades recreativas que se ofrecen en los centros turísticos, principalmente generadas por la falta de una capacitación integral para las personas que promueven estas actividades y la ausencia de medidas de protección y auxilio en caso de algún accidente generado por la práctica de estas actividades.

En tal sentido, la iniciativa que hoy se somete a la consideración de esta honorable asamblea, propone adicionar un nuevo texto a la fracción III, del artículo 35 de la Ley Federal de Turismo, a efecto de que los prestadores de servicios turísticos, cuenten con medidas de protección y auxilio en caso de contar en sus instalaciones con actividades cuya práctica represente algún riesgo para la integridad física de sus usuarios.

Además, se prevé en los artículos transitorios otorgar un plazo de ciento ochenta días posteriores a la publicación del presente decreto, a efecto de que la Secretaría de Turismo, en apoyo al cumplimiento de las disposiciones propuestas, por parte de los prestadores de servicios turísticos, emita una norma oficial mexicana en la cual se establezcan las medidas de protección y auxilio con las que se deberá contar en los centros turísticos. Asimismo, deberá implantar un programa de otorgamiento de apoyos diversos, tomando en cuenta sus necesidades específicas para dar cumplimiento a las disposiciones normativas.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un nuevo texto en la fracción III del artículo 35 de la Ley Federal de Turismo

Artículo 35. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Turismo contará con un plazo de 180 días posteriores a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de emitir la norma oficial mexicana, así como un programa de otorgamiento de apoyos diversos, tomando en cuenta las necesidades de los prestadores de servicios turísticos.

Tercero. Remítase a la honorable Cámara de Senadores, para sus efectos constitucionales.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Turismo.

Presidencia del diputado José Luis Espinosa Piña

LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES - LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA - LEY DE PLANEACION

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : La Presidencia recibió de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendariay de la Ley de Planeación.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de Planeación, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Alternativa

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto que reforma diversos ordenamientos en materia de presupuestos de género, conforme la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene como objetivo fortalecer el marco jurídico en materia de presupuestos sensibles al género. Para ello se está proponiendo reformar las Leyes General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la de Planeación, con el fin de que en las diferentes etapas de la formulación de las políticas públicas específicamente en la planeación, programación y presupuestación se regule y garantice la igualdad entre mujeres y hombres y se incorpore la perspectiva de género.

A pesar de los avances que se han dado en materia de equidad en distintos ámbitos de la sociedad, la desigualdad entre hombres y mujeres persiste. Los presupuestos sensibles al género son una alternativa para los gobiernos que quieren comprometerse realmente a revertir este problema. Uno de los obstáculos que deben ser derribados, sin duda, es esa visión neutral de los presupuestos públicos y, los criterios de uniformidad con que son tratados los instrumentos de política que el gobierno utiliza para plasmar las necesidades de la población. El presupuesto es visto como un todo uniforme y homogéneo.

Los presupuestos son instrumentos poderosos que ofrecen la oportunidad de transformar las desigualdades de género. A través de los presupuestos, las políticas gubernamentales toman forma y cobran un sentido real, es decir, se materializan las acciones que el gobierno proyecta en beneficio de la población, es por ello que los presupuestos son considerados una herramienta indispensable en la rendición de cuentas.

Cuando los presupuestos ignoran las diferencias de género, se afecta negativamente y con mayor fuerza a los sectores más pobres y marginados de la sociedad. Las decisiones de los gobiernos al instrumentar los presupuestos públicos, dejan a un lado las necesidades de dichos sectores de la población y sólo contribuyen a mitigar las necesidades más inmediatas que no ofrecen posibilidades de desarrollo en el mediano y largo plazo. En este sentido, la visión de un presupuesto neutral sólo ha agravado las desigualdades entre mujeres y hombres ya que no contribuyen a la integración de las responsabilidades y beneficios conjuntos entre géneros.

Los presupuestos sensibles al género, PSG

Los PSG son instrumentos que dan un seguimiento continuo al presupuesto con el fin de analizar su impacto entre las mujeres, hombres, niños y niñas y otros ejes de diferenciación social, tales como raza, estrato social, etnia, por citar algunos. Su propósito fundamental consiste en examinar si los recursos públicos se asignan equitativamente de forma que promuevan la igualdad de género. En este contexto, los presupuestos sensibles a género no deben ser entendidos como presupuestos producidos específicamente para mujeres ya que éstos no se limitan a lograr mayores recursos destinados únicamente a este sector. Existe una diferencia entre el análisis presupuestario sensible a género y la formulación de presupuestos sensibles a género. El primero, se refiere a los esfuerzos que han sido instrumentados para evaluar la manera en la que administraciones pasadas y presentes reconocen y enfrentan las necesidades de los diferentes grupos sociales. En tanto la segunda, consiste en la introducción del género y otras categorías como criterios transversales en la planificación y asignación de recursos.

Los PSG buscan remediar las desigualdades entre hombres y mujeres o, al menos, al pretenden destacar la mala estructuración y la carencia de los servicios que deberían llegar a toda la población; constituyen un elemento de fuerza para la equidad de género y desafían las estructuras y dinámicas de poder que rigen a los gobiernos.

Los aportes de los PSG básicamente contribuyen a replantear o remodelar las políticas y las asignaciones de recursos asociados a las decisiones que toman los gobiernos. Además incrementan la eficiencia económica, es decir, a través de éstos es posible obtener mayores niveles de productividad, mejores recursos humanos y a la creación de mejores condiciones para preservar la salud. El no considerar la perspectiva de género en los presupuestos que utilizan recursos públicos, puede afectar negativamente la eficiencia macroeconómica de un país.

El análisis de los presupuestos sensibles al género puede contribuir a la efectividad del gasto público ya que esto permite identificar las necesidades de grupos específicos y evaluar a los programas definidos como neutrales con la finalidad de determinar si fallan o no y determinar si efectivamente impactan a la totalidad de los beneficiarios que dicen abarcar, así, se puede analizar si los recursos son empleados eficazmente o derrochados en políticas inútiles.

En cuanto a la rendición de cuentas, los PSG son un instrumento que permite evaluar las políticas de equidad y vincular los compromisos del gobierno a una adecuada distribución de los recursos públicos, a través del análisis presupuestario sensible al género.

El análisis presupuestario, con miras a materializarse en un presupuesto que incluye la perspectiva de género, además pueda constituir una herramienta para proyectos más amplios que logren influir en las políticas públicas y mejoren su instrumentación a través de una adecuada asignación de recursos públicos. Es importante señalar que este tipo de análisis puede contribuir a colocar asuntos antes no atendidos o marginalmente atendidos en las agendas políticas.

No se puede negar la importancia de la intervención del Ejecutivo en el diseño y estructuración de los prosupuestos públicos, no obstante, la participación conjunta de los diversos actores de la sociedad, contribuiría aún más a consolidar los presupuestos sensibles al género.

En nuestro país, los presupuestos sensibles al género tomaron fuerza con la conformación de la Comisión de Equidad de Género en la LVII Legislatura entre 1997 y 2000. Así en 1998 se desarrollaron una serie de actividades con miras a incorporar programas específicos para las mujeres y con el objetivo de etiquetar recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 1999.

Durante la LVIII Legislatura, 2000-2003, la Comisión de Equidad de Género definió algunas líneas de acción legislativa en materia presupuestal, sin embargo, es en la LIX Legislatura, 2003-2006, cuando se avanza en materia de presupuestos etiquetados. Este avance se concretó en un incremento del gasto etiquetado para programas dirigidos a mujeres o destinados a promover la equidad de género.

El gasto etiquetado prácticamente se duplicó entre 2004 y 2006, representó el 0.17 por ciento del gasto programable para el 2006. En ese año, los recursos etiquetados representaron sólo dos centésimas de punto porcentual respecto al PIB. El número de programas federales identificados como gasto etiquetado para mujeres mantuvo un progreso sostenido en el Proyecto de Presupuesto entre 2004 y 2006. En el año 2004, el monto total proyectado en programas para el adelanto de las mujeres fue de 1 mil 151.1 millones de pesos identificados en doce programas y acciones, así para el año 2005, el presupuesto en esta materia ascendió a 1 mil 443.4 millones de pesos, lo que significó un incremento porcentual de 25.4. Mientras que en el 2006, (año que registró mayor cantidad de programas), la cifra alcanzó los 1 mil 461.1 millones de pesos para veinticinco rubros. Se destacan en este incremento los sectores: Salud, Educación, Economía y Justicia, en lo particular, la Procuraduría General de la República.

En el año 2007, el gasto etiquetado para mujeres en el proyecto de Presupuesto, incluyó un aumento del 103 por ciento respecto del año previo, ello se debe a la asignación de mil millones de pesos a un nuevo programa (Sistema de Guarderías) en la Secretaría de Desarrollo Social. En contraste, el proyecto no incorpora acciones y programas a los que la Cámara de Diputados había asignado recursos los dos años anteriores, éstos son: ``Apoyo a refugio para mujeres víctimas de violencia'' y ``Fortalecimiento del modelo de atención a la población adolescente con enfoque de equidad de género y auto cuidado de la salud'' del Centro de Equidad y Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud.

En 2006 y 2008 el decreto de Presupuesto incluyó un Anexo respecto al Gasto Etiquetado para Mujeres y la Igualdad de Género, esta acción constituye una mayor desagregación de la información y permite conocer las asignaciones de cada uno de los programas bajo la perspectiva de género, acción que continúa para el año 2009. Además se generó el artículo 25, en el que se establecieron una serie de normativas para que los programas federales incorporaran la perspectiva de género y se generen indicadores que permiten la evaluación desde esta perspectiva. Otro de los factores que ha contribuido a que la etiquetación de recursos destinados a mujeres pueda ser evaluado con mayor detalle es la elaboración de informes para la SHCP en donde se destacan las acciones realizadas en esta materia. Cabe destacar que uno de los compromisos establecidos por el Ejecutivo al respecto, es la incorporación de la perspectiva de género en programas presupuestarios y matrices de indicadores, en los criterios de igualdad desde el diseño hasta la evaluación de los programas con perspectiva de género y presupuestos pro igualdad de género.

Asimismo en el Presupuesto de Egresos para 2008, los presupuestos con perspectiva de género se consideraban programas especiales, en cambio para el 2009, se denominan erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y forman parte de la estrategia ``Vivir Mejor'' de la actual administración.

En la actualidad, la exposición de motivos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 observa avances importantes para la institucionalización de la perspectiva de género en el proceso presupuestal ya que la política federal tiene la intención de contribuir a la incorporación y a la consolidación de la perspectiva de género en las asignaciones presupuestarias de los programas de las dependencias y entidades de la administración pública.

El total de los recursos identificados para el Presupuesto de 2009, se ubica en 8 mil 981.6 millones de pesos, lo cual representa un incremento en términos reales de más de 2 mil millones de pesos respecto a 2008, es decir, más de 38 por ciento. No obstante el incremento sustantivo para el 2009, se debe principalmente al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, de la Secretaría de Desarrollo Social, al cual se le destinaron 2 mil 522 millones de pesos, es decir, un incremento en términos reales de 959.9 millones de pesos respecto al Presupuesto para 2008.

Otro de los ramos que presenta un aumento sensible en relación a la asignación presupuestaria del 2008, es Gobernación, el incremento en términos reales es de 42.7 millones de pesos, lo que representa un incremento porcentual del 66.5 por ciento. Este ramo agrupa programas tales como ``Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la discriminación'', al que le fueron asignados 70.0 millones de pesos para el ejercicio 2009, en contraste con el año previo donde no recibió recursos.

En este sentido, otro ramo que presenta un aumento considerable de recursos es Economía. En 2009, a dicho Ramo le fueron asignados 364.2 millones de pesos en comparación con los 261.5 millones que recibiera en el 2008, dicho aumento representa una variación del 32.9 por ciento. En contraste, para el ramo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la variación en términos reales respecto al 2008 fue nula, para ambos ejercicios le fueron asignados 20.0 millones de pesos, lo cual deja en las mismas condiciones al único programa que contiene, ``Apoyos Institucionales para actividades científicas, tecnológicas y de innovación''.

A pesar de que en el PEF de 2009 se hizo una mayor asignación presupuestaria a programas asignados a mujeres, se observa en el Análisis Funcional Programático Económico por Dependencia una distribución que deja en clara desventaja a rubros tan importantes como Salud. Para 2009, las asignaciones a diversos hospitales públicos como el General de México, Doctor Manuel Gea González, el de México, Federico Gómez, el Instituto Nacional de Rehabilitación y los Servicios de atención Psiquiátrica, en sus diferentes programas dirigidos específicamente para mujeres dejaron de recibir recursos lo cual deriva en una situación grave para la continuidad de éstos.

Los tratados internacionales en materia de igualdad y equidad de género consideran como presupuestos de género todo aquel gasto público que favorezca el desarrollo y bienestar de las mujeres en todos sus ámbitos: salud, educación, desarrollo social, seguridad, atención y prevención de la violencia.

De ahí que un presupuesto de género no sea sólo la asignación de recursos independientes para las mujeres, por el contrario, debe garantizar que se destine el dinero público necesario para lograr la igualdad de género.

Actualmente, más de 40 países en el mundo realizan ejercicios presupuestarios con esta perspectiva, como resultado del compromiso alcanzado en la Plataforma de Beijín. En materia de presupuesto de género es fundamental ser muy específicos al etiquetar los recursos, para evitar posibles desviaciones en la intención de los programas a favor de las mujeres.

Fundamento jurídico

En el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 el gobierno de la república se ha comprometido a promover acciones para fomentar una vida sin violencia ni discriminación, así como una auténtica cultura de la igualdad. Es bajo esta inteligencia que el gobierno participa activamente en la implantación de políticas públicas encaminadas a defender la integridad, la dignidad y los derechos de todas las personas. En concordancia con lo anterior el objetivo 16 del Plan Nacional de Desarrollo es eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual. Una de sus estrategias es a través de la construcción de políticas públicas con perspectiva de género de manera transversal en toda la administración pública federal, y trabajar desde el Ejecutivo federal, en el ámbito de sus atribuciones, para que esta transversalidad sea posible también en los gobiernos estatales y municipales.

De esta forma, se busca crear las condiciones para que todas las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollar su potencial y se conviertan en artífices de su propio bienestar. Para que el Plan Nacional de Desarrollo avance en su propósito, es imperativo que se destinen recursos suficientes. Por ello el primer paso es planear y programar los presupuestos con perspectiva de género, y después destinar recursos suficientes que garantizar la igualdad en el acceso a los servicios de salud y educativos, a la vivienda, al desarrollo sustentable, al empleo bien remunerado y a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

De acuerdo con la Ley de Planeación, los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales que determinan el quehacer de la administración pública federal a lo largo del sexenio se desprenden del Plan Nacional de Desarrollo, ya que este es el eje rector. Esta ley establece que de los programas operativos anuales (POA), a partir de los cuales trabajan cada dependencia gubernamental, se desprenden de los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales publicados por el titular del Poder Ejecutivo. Los POA sirven, a su vez, de base para la integración de los anteproyectos de presupuesto que cada Secretaría de Estado, cabeza de sector, entrega a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cada año. Por lo que le corresponde a esta Secretaría integrar a partir de los mencionados anteproyectos, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), el cual será llevado a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y posterior aprobación. En materia de género, debería existir, una línea de continuidad entre el Plan Nacional de Desarrollo y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, sin embargo, no existe.

Los logros alcanzados respecto a los Presupuestos Sensibles al Género (PSG) en México son institucionalmente débiles, porque no se ha conseguido que las demandas, intereses y experiencias diferenciadas de las mujeres y hombres se reconozcan como una dimensión de la realidad social incorporada a las normas, rutinas y valores de las organizaciones públicas vinculadas al Presupuesto Público, de manera particular y al proceso presupuestal, en general. Lo realizado hasta ahora en nuestro país, relativo al gasto etiquetado para mujeres, se limita a trabajar en la etapa de discusión y aprobación del presupuesto, perdiendo de vista la relación que tiene ésta con las otras etapas del proceso presupuestal. Sin duda se logran avances, pero éstos son y serán pequeños y provisionales, ya que cuando llega el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a la Cámara de Diputados, ya está definida la estructura presupuestal, las políticas y programas a desarrollar por la administración federal y los recursos presupuestales previstos para tales cursos de acción gubernamental, todo, teóricamente, respondiendo a las directrices del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Por todo lo anterior, estamos proponiendo reformas a las Leyes de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de Planeación.

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres publicada en el Diario Oficial el 2 de agosto del 2006, cuyo objeto es regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, establece que la igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo. Sin embargo dicho ordenamiento no incluye la planeación presupuestal con perspectiva de género como parte del derecho a la Igualdad.

Las disposiciones de las Leyes Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Instituto Nacional de las Mujeres, como instrumentos supletorios de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, tampoco lo incorporan.

Conforme a la Ley de Igualdad corresponde al gobierno federal conducir y elaborar la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres y diseñar y aplicar los instrumentos de esta política. Pero además le toca coordinar las acciones para la transversalidad de la perspectiva de género, y garantizar la igualdad de oportunidades, mediante la adopción de políticas, programas, proyectos e instrumentos compensatorios como acciones afirmativas e incorporar en los Presupuestos de Egresos de la Federación la asignación de recursos para el cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad.

Ante esta situación, la presente iniciativa propone la incorporación del Capítulo Octavo a la ley de igualdad que se llamaría ``De la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Planeación Presupuestal'', en la que estamos adicionando tres artículos que establecen como objetivo de la política nacional impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la planeación presupuestal proponiendo la incorporación de la perspectiva de género en los programas proyectos y acciones de la administración pública federal.

Además estamos proponiendo que para los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, las autoridades correspondientes incorporen en los programas la perspectiva de género y la reflejen en su matriz de indicadores; identifiquen cuando sea posible a la población objetivo de preferencia diferenciada por sexo, incluyendo sus padrones de beneficiarias y beneficiarios; fomenten la perspectiva de género en la ejecución de programas; utilicen indicadores con perspectiva de género en los programas que sea posible y pertinente metodológicamente, y consideren la perspectiva de género en las evaluaciones que se realicen de los programas en los que sea posible incorporarla.

Otro precepto que estamos proponiendo agregar y que es de suma importancia es que la Política Nacional deberá promover la igualdad, la equidad de género, la no violencia y no discriminación y planteará que los programas encaminados a ello sean considerados como prioritarios y de interés público, con el fin de que sean objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pero sobretodo para que no sean eliminados ni sufran disminuciones en sus asignaciones presupuestales a través de los años.

Esto acorde a lo establecido en el artículo 25 y en el anexo 9 de del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 y 2009.

En relación a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se plantean modificaciones a varios artículos de la ley con el fin de incorporar los conceptos de equidad y perspectiva de género, así como lo que significan los presupuestos con perspectiva de género.

El presupuesto sensible al género debe considerar que en las diferentes etapas de la formulación de las políticas públicas específicamente en la planeación, programación y presupuesto estén presentes las necesidades e intereses de las mujeres, así como los objetivos de la equidad de género. En este sentido es necesario que los programas presupuestales sean diseñados, ejercidos y evaluados en función de sus logros en el bienestar de mujeres y hombres. Además de reconocer las diferentes condiciones y posiciones de cada uno de ellos, con el fin de que los objetivos y resultados cierren las brechas entre hombres y mujeres.

Por ello estamos formulando reformas a la estructura programática aprobada por la Secretaría de Hacienda, con el fin de que se incorpore en ella la perspectiva de género y en su matriz de indicadores se identifique la población objetivo diferenciada por sexo, grupos de edad, región del país, entidad federativa y municipios, y de esta manera obtener mayor información sobre el impacto social de estos programas, además de dar un seguimiento más puntual al uso de los recursos públicos. Si existe ausencia de información acerca de los beneficiarios del gasto y del impacto de los recursos en uno u otro programa, esto dificulta conocer si se reproducen estereotipos y no se pueden tomar decisiones para reorientarlo.

También estamos adicionando una nueva clasificación para el gasto que sería la de género, que agrupará las previsiones de gasto con base a la perspectiva de género y la igualdad entre mujeres y hombres. Se establece que los criterios generales de política económica contemplen la perspectiva de género y que la programación y presupuestación anual del gasto público se realizará con esta perspectiva. De igual forma, se propone la incorporación de un artículo 37 Bis con el fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos se incluyan las previsiones para el gasto etiquetado para mujeres, con el objeto de que los recursos sean dirigidos explícitamente para atender necesidades e intereses de las mujeres y niñas en los diferentes ámbitos. Además de que así podremos valorar el impacto diferenciado sobre mujeres y hombres.

Sugerimos a través de reformar el artículo 41, que en la exposición de motivos del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año se incorpore la política de gasto destinado para mujeres y la igualdad de género. De igual manera se elabore de manera permanente su anexo correspondiente que incorpore y desglose el presupuesto destinado a los programas para mujeres y la igualdad de género, para que este no tenga que ser negociado año con año en el Proyecto de Presupuesto, sino que forme parte del cuerpo de la ley.

Con respecto a la Ley de Planeación, estamos sugiriendo que ésta tenga también por objeto establecer las bases para promover y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, así como la incorporación de la perspectiva de género en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas de la administración pública que corresponda.

Planteamos que en el informe de acciones y resultados que presenta cada año el Ejecutivo Federal al Poder Legislativo, incluya un análisis con perspectiva de género, atendiendo con ello a lo establecido en el artículo 17, fracción II de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y al artículo 7 de la Ley del Instituto nacional de las Mujeres, que establece ``que la política nacional en materia de igualdad deberá asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas y proyectos''. También en este apartado destacamos la importancia de que el Ejecutivo presente un apartado específico sobre el artículo 4o. constitucional en el que informe sobre los criterios, acciones y resultados relativos a la igualdad entre mujeres y hombres.

También sugerimos que en los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos y acuerdos que formule el Ejecutivo federal se incorporen los principios de equidad e igualdad entre mujeres y hombres. Al igual que en el Plan Nacional de Desarrollo se precisen los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país con estos principios.

Finalmente, por la importancia que tiene la planeación democrática en el país, también estamos sugiriendo que organizaciones de mujeres y hombres, organizaciones de jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores, y personas de la diversidad sexual puedan participar de manera permanente como órganos de consulta en dicha planeación, ya que esto es fundamental para dar un mayor impulso y visibilidad a la importancia de planear, diseñar e implantar sobre la vida democrática del país.

Un presupuesto con perspectiva de género contempla el respeto a los derechos humanos de las mujeres y hace visible los compromisos del gobierno ante la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

Las iniciativas de presupuestos sensibles al género, como esta que presentamos el día de hoy ante la H. Cámara de Diputados, pueden aportar a la eliminación de brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, así como, asegurar que los fondos públicos sean recaudados y gastados de manera más efectiva. De esta manera, contribuyen en el logro de los objetivos de igualdad de género y en el mejoramiento a la observancia de la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la mujer.

Por lo anteriormente expuesto, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente Iniciativa de reforma y adiciones a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley de Planeación en los términos siguientes:

Artículo Primero. Se incorpora un capítulo Octavo a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres con tres artículos, el 46, 47 y 48 para quedar como sigue:

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Capítulo Octavo De la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Planeación Presupuestal

Artículo 46. Será objetivo de la Política Nacional impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la planeación presupuestal a través de la incorporación de la perspectiva de género en los programas proyectos y acciones de la administración pública federal.

Artículo 47. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones:

Todo programa federal que contenga padrones de beneficiarias y beneficiarios, además de reflejar en lo posible dicho enfoque en su matriz de indicadores, procurará generar información de manera desagregada al menos por sexo.

Artículo 48. La Política Nacional promoverá la igualdad, la equidad de género, la no violencia y no discriminación y planteará que los programas encaminados a ello sean considerados como prioritarios y de interés público, con el fin de que sean objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pero sobretodo para que no sean eliminados ni sufran disminuciones en sus asignaciones presupuestales a través de los años.

Artículo Segundo. Se modifica el segundo párrafo del artículo 1o.; se adiciona la fracción LVIII, LIX y LX del artículo 2o; se adiciona un último párrafo al artículo 16; se modifica el artículo 25; se adiciona un párrafo al artículo 27; se adiciona la fracción V al artículo 28; se adiciona un artículo 37 Bis; se adiciona un inciso f) a la fracción I y un inciso ñ) a la fracción II del artículo 41; y se adiciona un inciso f) al artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Título Primero Disposiciones Generales

Capítulo I Objeto y Definiciones de la Ley, Reglas Generales y Ejecutores del Gasto

Artículo 1. ...

Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta ley deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y perspectiva de género.

...

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

...

Artículo 16. - La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaborarán con base en objetivos y parámetros cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes indicadores del desempeño, los cuales, junto con los criterios generales de política económica y los objetivos, estrategias y metas anuales, en el caso de la administración pública federal, deberán ser congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan del mismo, e incluirán cuando menos lo siguiente:

Artículo 25. La programación y presupuestación anual del gasto público, se realizará con perspectiva de género y con apoyo en los anteproyectos que elaboren las dependencias y entidades para cada ejercicio fiscal, y con base en:

Artículo 27. Los anteproyectos deberán sujetarse a la estructura programática aprobada por la secretaría, la cual contendrá como mínimo:

Artículo 28. El proyecto de Presupuesto de Egresos se presentará y aprobará, cuando menos, conforme a las siguientes clasificaciones:

Artículo 37 Bis. En el proyecto de Presupuesto de Egresos deberán incluirse las previsiones para el gasto etiquetado para mujeres, con el objeto de que los recursos sean dirigidos explícitamente para atender necesidades e intereses de las mujeres y niñas en diferentes ámbitos.

Las asignaciones en el presupuesto de Egresos para estos fondos deberán hacerse con perspectiva de género con el fin de valorar el impacto diferenciado que tiene el ejercicio del gasto sobre mujeres y hombres, así como necesidades y demandas.

Artículo 41. El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá:

Artículo 58. Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades, y comprenderán:

Artículo Tercero. Se adiciona una fracción VI al artículo 1o.; se modifica la fracción III del artículo 2o.; se modifica el párrafo segundo y se adiciona un nuevo párrafo tercero al artículo 6o., quedando el actual párrafo tercero como cuarto; se modifica el artículo 10; se modifica la fracción I del artículo 16 se modifica la fracción I del artículo 17; se modifica el párrafo segundo del artículo 20; se modifica el párrafo segundo del artículo 21; se modifica el artículo 27 y se modifica el artículo 40 de la Ley de Planeación

Ley de Planeación

Capítulo Primero Disposiciones Generales

Artículo 1o. Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer:

Artículo 2o. La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios:

Artículo 6o. El presidente de la República, al informar ante el Congreso de la Unión sobre el estado general que guarda la administración pública del país, hará mención expresa de las decisiones adoptadas para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los Programas Sectoriales.

En el mes de marzo de cada año, el Ejecutivo remitirá a la del Congreso de la Unión el informe de las acciones y resultados de la ejecución del plan y los programas a que se refiere el párrafo anterior, incluyendo un apartado específico con todo lo concerniente al cumplimiento de las disposiciones del artículo 2o. y 4o. constitucional en materia de derechos y cultura indígena y de igualdad entre mujeres y hombres.

El informe que presente el Ejecutivo federal deberá incluir un análisis con perspectiva de género del impacto económico y social del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas de la administración pública a que se refiere esta ley.

...

Artículo 10. Los proyectos de iniciativas de leyes y los reglamentos, decretos y acuerdos que formule el Ejecutivo federal, atenderán la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, incluirán la perspectiva de género y señalarán las relaciones que, en su caso, existan entre el proyecto de que se trate y el Plan y los programas respectivos.

Artículo 16. A las dependencias de la administración pública federal les corresponde:

Artículo 17. Las entidades paraestatales deberán:

Artículo 20. En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas a que se refiere esta Ley.

Las organizaciones de mujeres y hombres; las representativas de los obreros, campesinos, pueblos y grupos populares; de las instituciones académicas, profesionales y de investigación de los organismos empresariales; y las de jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores, de la diversidad sexual y demás organizaciones de la sociedad civil, participarán como órganos de consulta permanente en los aspectos de la planeación democrática relacionados con su actividad a través de foros de consulta popular que al efecto se convocarán. Asimismo, participarán en los éstos foros los diputados y senadores del Congreso de la Unión.

...

...

Artículo 21. El Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el presidente de la República, y su vigencia no excederá del período constitucional que le corresponda, aunque podrá contener consideraciones y proyecciones de más largo plazo.

El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategia y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país con equidad e igualdad entre mujeres y hombres; contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica y social, tomando siempre en cuenta la perspectiva de género y las variables ambientales que se relacionen a éstas y regirá el contenido de los programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática.

La categoría de plan queda reservada al Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 27. Para la ejecución del plan y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, las dependencias y entidades elaborarán programas anuales, que incluirán los aspectos administrativos y de política económica, social, ambiental y de equidad e igualdad entre mujeres y hombres correspondientes. Estos programas anuales, que deberán ser congruentes entre sí, regirán, durante el año de que se trate, las actividades de la administración pública federal en su conjunto y servirán de base para la integración de los anteproyectos de presupuesto anuales que las propias dependencias y entidades deberán elaborar conforme a la legislación aplicable.

Artículo 40. Los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal; los programas y presupuestos de las entidades paraestatales no integrados en los proyectos mencionados; las iniciativas de las leyes de ingresos, los actos que las dependencias de la administración pública federal realicen para inducir acciones de los sectores de la sociedad, y la aplicación de los instrumentos de política económica, social y ambiental, deberán atender la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, incluir la perspectiva de género y ser congruentes con los objetivos y prioridades del plan y los programas a que se refiere esta ley.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Túrnese a las Comisiones Unidas de Equidad y Género, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Tiene la palabra la diputada Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

La diputada Holly Matus Toledo : Con su venia, diputado presidente.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Adelante, diputada.

La diputada Holly Matus Toledo : Los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos pretenden ser un freno al abuso de poder o a la omisión en el cumplimiento de las obligaciones, atribuciones y funciones.

Aunque se ha gestado un profundo cambio en el derecho administrativo mexicano, no se han actualizado las normas que regulan el proceso y la impartición de justicia administrativa.

La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es afectada por elementos extrajurídicos como son los intereses políticos, personales e ideológicos que impiden su cumplimiento y la aplicación de las sanciones.

Ésta, además, reproduce esquemas de desigualdad jurídica entre la partes y no garantiza la transparencia en el debido proceso. Hoy el procedimiento se lleva a cabo sin transparencia y en completa secrecía para la persona denunciante o quejosa, quien no tiene posibilidades de intervenir de forma alguna en el proceso.

El quejoso o denunciante no tiene conocimiento de la actuación de las autoridades, y más grave aún, no tiene el derecho a ofrecer pruebas, mientras que el servidor público sí puede hacerlo.

El acto de autoridad que prorroga el procedimiento no tiene que fundarse ni motivarse, por lo que generalmente se produce injustificadamente. Éste no se funda ni motiva la resolución final ni se mencionan los elementos probatorios obtenidos y valorados durante la investigación.

Así, el procedimiento es violatorio de los artículos 14 y16 constitucionales y pone en duda la objetividad e imparcialidad de los órganos internos de control. La ley sólo otorga a los servidores públicos el derecho a interponer un recurso de impugnación o inconformidad contra la resolución; es decir, protege al funcionario, pero discrimina a la persona quejosa o denunciante.

Esta desigualdad procesal ha sido justificada por el Poder Judicial de la Federación en diversas tesis aisladas, bajo el argumento opaco, arbitrario y discrecional de que la persona quejosa o denunciante carece de interés jurídico.

Con esto, no solamente se vulneran los derechos del quejoso o denunciante, sino que también se afecta a la sociedad en su conjunto al preservar en el cargo a un servidor público que no acata los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia previstos por la ley.

Los procedimientos por hoy son arbitrarios y ostensiblemente violatorios de las mínimas garantías de audiencia, defensa, seguridad jurídica, tutela judicial efectiva y acceso a la justicia por parte del quejoso, provocando inequidad y desigualdad procesal entre la persona quejosa y el funcionario público.

Mediante la reforma y adición de diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos se pretende lo siguiente:

Que el quejoso o denunciante tenga conocimiento de la notificación hecha al servidor público denunciado para acudir a comparecer personalmente.

Que se garantice la posibilidad de ofrecer pruebas, así como se le garantiza al presunto responsable.

Garantizar que tanto el quejoso como el denunciante reciban debida, fundada y motivada la notificación sobre la ampliación del plazo para dictar una resolución.

Garantizar que al igual que los servidores públicos, los quejosos o denunciantes puedan optar por interponer un recurso de revocación en contra de las resoluciones.

Evitar que la suspensión de la ejecución promovida por la interposición del recurso traiga como consecuencia la consumación o continuación de las omisiones que perjudiquen al quejoso.

En México de enero a agosto de 2006 se recibieron 11 mil 483 quejas y denuncias por conductas irregulares de los servidores públicos. Esto da pie e indica la necesidad de garantizar que en nuestro país los asuntos sean abiertos al escrutinio social. La transparencia y la rendición de cuentas dan legitimidad y credibilidad a un sistema político. Esperemos que nuestro sistema político sea de este tipo. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, diputados federales Holly Matus Toledo y Antonio Ortega Martínez , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento de lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Ley Suprema, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 21, 25, 26, 27 y 28 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En un país democrático, los asuntos públicos están abiertos al escrutinio social y aquéllos que los manejan deben rendir cuentas en forma oportuna y confiable. La transparencia y la rendición de cuentas dan legitimidad y credibilidad al sistema político y contribuyen a que los gobernantes atiendan al interés general de la población. Con este fin se han creado procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, los cuales pretenden ser un freno al abuso en el ejercicio del poder o a la omisión en el cumplimiento de sus obligaciones, atribuciones y funciones. La rendición de cuentas está íntimamente vinculada con la democracia, los regímenes no democráticos encuentran en la opacidad y en la impunidad herramientas de evasión de responsabilidad.

La justicia administrativa es uno de los medios de control sobre la administración pública, así lo asevera el doctor Héctor Fix-Zamudio, quien señala que la justicia administrativa comprende un conjunto de instrumentos jurídicos y procesales para la tutela de los particulares frente a la administración pública. Así, la justicia administrativa se constituye por un conjunto bastante amplio y complejo de instrumentos jurídicos para la tutela de los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los particulares frente a la actividad de la administración pública o de la conducta en materia administrativa de cualquier autoridad, por medio de los cuales se resuelven los conflictos que se producen entre la administración y los administrados. ¹

Por su parte, Andrés Serra Rojas indica que la justicia administrativa es el ``conjunto de principios y procedimientos que establecen recursos y garantías para defensa de los particulares''. ² Así se ha gestado un profundo cambio en el derecho administrativo mexicano por lo que es necesario actualizar las normas que regulan el proceso y la impartición de justicia administrativos.

México es un país que no se ha caracterizado por la eficiencia, honradez e imparcialidad de sus funcionarios públicos. Según cifras de la Secretaría de la Función Pública, en el periodo de enero a agosto de 2006, se recibieron un total de 11 mil 483 quejas y denuncias por conductas irregulares de servidores públicos, siendo las más comunes el ejercicio indebido de funciones, la negligencia, el abuso de autoridad, maltrato y el incumplimiento a la normatividad interna. Ello revela la necesidad de perfeccionar y darle eficacia a nuestro sistema de responsabilidad administrativa de servidores públicos.

Como la experiencia cotidiana lo demuestra, el hecho de que una norma formalice jurídicamente una conducta no implica su cumplimiento. En este sentido, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es una legislación carente de fuerza normativa, afectada por elementos extrajurídicos, como intereses políticos, personales e ideológicos, que impiden su cumplimiento y la aplicación de sanciones.

Un aspecto preocupante en estos procedimientos radica en la desigualdad jurídica entre las partes, es decir, la ley no garantiza la igualdad ni el debido proceso. En el procedimiento ante la Secretaría de la Función Pública, el ciudadano común se enfrenta a muchas dificultades para interponer la queja o denuncia ³ y no se encuentra en igualdad de condiciones frente al servidor público.

Entre las deficiencias del procedimiento previsto en la ley federal de referencia se encuentran las siguientes:

1) La queja o denuncia se interpone ante la Secretaría de la Función Pública y se turna al órgano interno de control que se ubica en la institución a la que se encuentra adscrito el servidor público presuntamente responsable, esto puede afectar la imparcialidad del órgano interno de control, más aún cuando se refiere a un funcionario de alto nivel. Sin embargo, el que el órgano interno de control se encuentre en las mismas instalaciones donde labora el funcionario público presuntamente responsable no tendría que representar un problema si no fuera porque la investigación y todo el procedimiento se lleva a cabo sin transparencia y en completa secrecía para la persona denunciante o quejosa, quien no tiene posibilidades de intervenir de forma alguna en el proceso, es decir, presenta la denuncia o la queja y solamente se le envía el acuse de recibido y de que se turnó al órgano interno de control.

En el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos se establece el procedimiento a través del cual se impondrán las sanciones administrativas, el cual se integra de las siguientes etapas:

El quejoso o denunciante no tiene conocimiento de las actuaciones de las autoridades durante el procedimiento y únicamente se le informa de la resolución; más grave aún, no tiene el derecho a ofrecer pruebas mientras que la o el servidor público sí puede hacerlo.

A partir de que se interpone la queja o denuncia, quien lo hizo desaparece del procedimiento y reaparece cuando se le notifica la resolución; no se le informa de la fecha de la audiencia, tampoco se le notifican los avances de la investigación del órgano interno de control. La falta de transparencia lleva al quejoso y a la comunidad en general a dudar sobre la objetividad de la investigación. Por ello es necesario transparentar el procedimiento, el cual actualmente violenta los principios de imparcialidad, debido proceso administrativo, celeridad, eficacia, entre otros.

2) Esta desigualdad se agrava debido a que el ciudadano que interpuso la queja o denuncia no se entera de absolutamente nada hasta que se dicta la resolución; mientras que el servidor público durante todo el procedimiento sigue ostentado su cargo y, sin lugar a dudas, el poder y las relaciones necesarias para evitar que se le finque responsabilidad.

El proceso se prolonga y aumentan las posibilidades de evadir la responsabilidad debido al texto actual del artículo 21, fracción tercera, que establece que el proceso se desarrolla normalmente en 65 días, pero son las autoridades, bajo causa justificada, quienes pueden prorrogarlo por 45 días más para emitir la resolución. Entonces el procedimiento puede llegar a prolongarse hasta 110 días hábiles, es decir, 5 meses; empero, el acto de autoridad de la prórroga no tiene que fundarse ni motivarse, por lo que generalmente se otorga injustificadamente, sólo para dilatar el proceso. Frente a esta irregularidad debe exigirse que la prórroga este debidamente fundada y motivada, de lo contrario se continuaría violentando sistemáticamente el artículo16 constitucional.

3) Aunado a todo lo anterior claramente atentatorio del principio de igualdad entre las partes, la situación se agrava al tampoco fundar y motivar la resolución final (o el acuerdo de archivo) ni mencionar los elementos probatorios obtenidos y valorados durante la investigación. Como se ha demostrado, el procedimiento es violatorio de los artículos 14 y 16 constitucional y pone en duda la objetividad e imparcialidad de los órganos internos de control.

Peor aun, la ley federal sólo otorga a los servidores públicos el derecho a interponer un recurso de impugnación o inconformidad contra la resolución, es decir, al ciudadano se le niega esta posibilidad. Así, el artículo 25 de la ley federal protege al funcionario y discrimina a la persona quejosa o denunciante. ⁴

Como se ha demostrado, el procedimiento es arbitrario y ostensiblemente violatorio de las mínimas garantías de audiencia, defensa, seguridad jurídica, tutela judicial efectiva y acceso a la justicia. Además, la ley vigente no garantiza igualdad procesal entre el quejoso y el funcionario público.

Esta desigualdad procesal ha sido justificada por el Poder Judicial de la Federación en diversas tesis, bajo el argumento de que el quejoso o denunciante carece de interés jurídico.

La tesis aislada (no vinculante) más relevante en el tema que nos ocupa es la I.4o.A.572 A, de marzo de 2007, en donde con un razonamiento cuestionable se afirmó lo siguiente:

En términos de los artículos 109, último párrafo, de la Constitución Federal, y 10 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, cualquier interesado puede presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, las que serán atendidas y resueltas conforme a las normas y procedimientos establecidos, sin que dichas disposiciones --u otras de la citada ley-- establezcan el derecho del denunciante o quejoso de exigir que se finque responsabilidad administrativa. ⁵

Este argumento es cuestionable debido a que exime previamente al funcionario de toda responsabilidad y fomenta la impunidad. Es claro que si una ley permite a una persona presentar quejas o denuncias no significa que la resolución le favorecerá fincando responsabilidad administrativa al servidor público. Afirmar lo que sostiene el Poder Judicial es tanto como decir que el artículo 17 constitucional cuando establece que toda persona tiene derecho a que se administre justicia por tribunales, contiene implícitamente el derecho subjetivo de que la resolución de los tribunales sea favorable para dicha persona, lo cual es ilógico.

Y sigue afirmando el Poder Judicial lo siguiente:

En consecuencia, si no se prevé ese derecho subjetivo (es decir, el derecho a que se finque responsabilidad administrativa) en favor de aquéllos, es inconcuso que carecen de interés jurídico para reclamar en amparo la resolución que determina la inexistencia de responsabilidad del servidor público denunciado pues, además, no se actualiza un perjuicio o agravio personal y directo en su esfera jurídica. ⁶

En la ejecutoria de la tesis I.4o.A.572 A se retoman los siguientes criterios de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

En este punto, el Poder Judicial no visualiza que el problema radica en el reconocimiento del derecho del quejoso o denunciante al recurso de impugnación. Procederé a explicarme: si el servidor público puede cuestionar la resolución del órgano administrativo, es decir, si se actualiza la hipótesis de que dicho órgano se equivocara o tomara una decisión errada, ¿por qué presuponer que dicha resolución es correcta cuando se absuelve al servidor público? El argumento de que el quejoso o denunciante no tiene interés jurídico y por ello no puede impugnar la resolución que absuelve de responsabilidad al servidor público es opaco y discrecional, de manera que se torna evidente el uso de criterios decimonónicos por el Poder Judicial.

En la legislación vigente existen disposiciones que prevén el derecho subjetivo del particular a la prestación correspondiente en caso de una actividad administrativa irregular. Tal es el caso de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y el artículo 77-Bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Esto no ha sido visualizado por el Poder Judicial, el cual no ha realizado una interpretación integral del ordenamiento jurídico mexicano.

Con base en lo anterior, el procedimiento de responsabilidades administrativas genera un estado de impunidad y arbitrariedad (debido a la falta de investigación real y a la ausencia de transparencia) de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos. ⁸

Con esto no solamente se vulneran los derechos del quejoso o denunciante, sino también se afecta a la sociedad en su conjunto al preservar en el cargo a un servidor público que no acata los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad ni eficiencia previstos en la ley, además de que su sueldo proviene del erario público.

La situación se agudiza debido a que en el Poder Judicial no hay un criterio unánime respecto a si el quejoso o denunciante posee un interés jurídico o legítimo y sobre el ámbito o implicaciones de cada uno de éstos. ⁹

En virtud de que no existe unanimidad de opiniones al respecto y que con los criterios actuales del Poder Judicial de la Federación se vulnera la igualdad procesal y las garantías individuales del quejoso o denunciante, se estima urgente la necesidad de una reforma legislativa a este respecto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 21, 25, 26, 27 y 28 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

Artículo Único. Se reforman y adicionan los artículos 21, 25, 26, 27 y 28 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para quedar como sigue:

Artículo 21. La secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades impondrán las sanciones administrativas a que se refiere este capítulo mediante el siguiente procedimiento:

Artículo 25. Los quejosos o denunciantes y los servidores públicos podrán optar entre interponer el recurso de revocación en contra de las resoluciones administrativas que se dicten conforme de lo dispuesto en la ley o impugnarlas directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

...

Artículo 26. El recurso de revocación se interpondrá ante la propia autoridad que emitió la resolución, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva.

La tramitación del recurso se sujetará a las normas siguientes:

Artículo 27. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida si lo solicita el promovente, conforme a estas reglas:

Artículo 28. En los juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los que se impugnen las resoluciones administrativas dictadas conforme a la ley, las sentencias firmes que se pronuncien tendrán el efecto de revocar, confirmar o modificar la resolución impugnada. En el caso de ser revocada o de que la modificación así lo disponga, se ordenará a la dependencia o entidad en la que el servidor público preste o haya prestado sus servicios que aplique las sanciones correspondientes o lo restituya en el goce de los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de las sanciones impugnadas, en los términos de la sentencia respectiva, sin perjuicio de lo que establecen otras leyes.

...

...

Transitorios

Artículo Primero. El decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Queda sin efectos cualquier disposición que se oponga al presente decreto.

Notas: 1 Fix-Zamudio, Héctor, Concepto y contenido de la justicia administrativa, http://www.bibliojuridica.org/ libros/4/1624/9.pdf (fecha de consulta 7 de octubre de 2008). 2 Serra Rojas, Andrés, Derecho administrativo, decimocuarta edición, Porrúa, México, t. II, 1984, página 581. 3 La queja es interpuesta por la persona directamente afectada por la actuación u omisión irregular e ilegal de los servidores públicos. La denuncia puede ser presentada por cualquier persona que tenga conocimiento de dicha actuación u omisión, aun cuando no le perjudique directamente. 4 El artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos señala, ``los servidores públicos que resulten responsables en los términos de las resoluciones administrativas que se dicten conforme a lo dispuesto en la ley, podrán optar entre interponer el recurso de revocación o impugnarlas directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán también impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 5 Responsabilidad administrativa de los servidores públicos. Quien presenta una denuncia o queja carece de interés jurídico para reclamar en amparo la resolución que determina la inexistencia de aquélla. Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, marzo de 2007, tesis I.4o.A.572 A, página 1765. 6 Idem. La expresión entre paréntesis es mía. 7 Retomado de amparo en revisión (improcedencia) 504/2006. Ingeniería Diesel y Gasolina, SA de CV. Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, marzo de 2007, página 1766. 8 En este sentido véase el voto particular del magistrado Jean Claude Tron Petit. Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, marzo de 2007, página 1771. 9 El Poder Judicial Federal ha sostenido en jurisprudencia que ``uno de los principales objetivos (...) fue precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran entrar al procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico''. Interés legítimo e interés jurídico. Ambos términos tienen diferente connotación en el juicio contencioso administrativo. Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, diciembre de 2002, tesis 2a. /J. 141/2002, página 241. Por otra parte, en tesis aisladas se sostiene: 1) que el interés jurídico se genera por dos supuestos: el primero es la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho proveniente de un acto de autoridad. Interés jurídico en el amparo. Supuestos que lo generan. Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, marzo de 2007, tesis I.1o.A.18 K, tesis aislada, página 1695; 2) el gobernado en los supuestos de que sea titular de un interés legítimo y se considere afectado con el acto de autoridad, puede (...) solicitar que se declare o reconozca la ilegalidad del acto autoritario que le agravia, para lo cual es necesario que: a) sea el titular o portador de un interés (no derecho) como son tantos los que reconoce la Constitución o la ley; b) se cause una lesión subjetiva; y c) la anulación del acto traiga como consecuencia y se concrete, ya sea en el reconocimiento de una situación individualizada, el resarcimiento de daños y perjuicios, en un beneficio o en evitar un perjuicio, adquiriendo en estos casos, por ende, un derecho a la legalidad en el actuar de las autoridades. Interés Legítimo. Concepto. Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, agosto de 2002, tesis I.4o.A.357 A, página 1309; 3) la observancia o inobservancia de las normas de acción y, por ende, la buena o mala marcha de la administración puede generar una ventaja o desventaja de modo particular para ciertos gobernados respecto a los demás y es, en esos casos, que surge un interés legítimo cuando se da la conexión entre tal o tales sujetos calificados y la norma, aun sin la concurrencia de un derecho subjetivo (que sólo opera en los casos de las normas de relación), resultando que el interés del particular es a la legalidad del actuar administrativo, dada la especial afectación y sensibilidad en vinculación con el acto administrativo. Por consiguiente, el gobernado estará en aptitud de reclamar ante los tribunales un control jurisdiccional tendente a la observancia de normas cuya infracción pueda perjudicarle, asumiendo así la titularidad de un derecho de acción para combatir cualquier acto de autoridad, susceptible de causar una lesión en su esfera jurídica, en cuanto que le permite reaccionar y solicitar la anulación de los actos viciados, esto es, un poder de exigencia en ese sentido, en razón de un interés diferenciado, que además le faculta para intervenir en los procedimientos administrativos que le afecten. Interés legítimo. Su conexión con las normas de acción. Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, agosto de 2002, tesis I.4o.A.356 A, página 1310; y 4) en contraposición a posturas antes mencionadas se encuentra otra tesis del Poder Judicial de la Federación: ``La Suprema Corte de Justicia de la Nación únicamente ha interpretado el interés jurídico en su acepción de derecho subjetivo, consustancial a la materia civil, pero en materia administrativa, tanto la violación a los derechos subjetivos del particular, como el atentado contra sus intereses legítimos, constituyen casos de afectación a su esfera de derechos, aunque en grados distintos. Ello significa que el interés jurídico en el juicio de amparo constituye un género relativo a la afectación a la esfera jurídica de los gobernados, afectación que, en materia administrativa, se presenta en dos casos, a saber, con la violación a un interés legítimo, cuando lo que se pretende es la mera anulación de un acto administrativo contrario a las normas de acción, o con la violación a un derecho subjetivo, cuando lo que se solicita de la administración pública es el reconocimiento de una situación jurídica individualizada''. Interés jurídico en materia administrativa. Constituye un género que comprende tanto al derecho subjetivo como al interés legítimo, en tanto que ambos están tutelados por normas de derecho. Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, enero de 2003, I.13o.A.74 A, página 1802.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Muchas gracias, diputada Holly Matus.Túrnese a la Comisión de la Función Pública.

LEY DE VIVIENDA

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Se recibió del diputado Fernando Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley de Vivienda.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Iniciativa que reforma el artículo 71 de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 71 de la Ley de Vivienda, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La energía es un elemento fundamental no sólo para el crecimiento económico, sino para mejorar las condiciones de vida de la población, particularmente las de aquellos individuos que viven en condiciones de marginación, entre los que se encuentran principalmente la mayoría de las comunidades indígenas.

Aprovechar la energía es sinónimo de actividad, de transformación y de progreso, siempre que ese consumo esté ajustado a nuestras necesidades y trate de maximizar sus posibilidades y su sustentabilidad.

Desde las necesidades básicas a las más modernas y sofisticadas, la mejora de las condiciones de vida y el aumento del nivel de bienestar, han exigido siempre disponer de un eficiente consumo de energía. Por tanto, el consumo de energía en el hogar y en la economía en su conjunto, es sinónimo de progreso, de aumento de la infraestructura, los bienes y servicios disponibles y de mejores condiciones de desarrollo.

No obstante lo anterior, su cobertura no es homogénea, ni justa, ni mucho menos equitativa, ya que en los estados con mayor rezago, más del 10 por ciento de las viviendas carece de electricidad. Así, mientras que el 99 por ciento de la población urbana cuenta con electricidad, la cobertura para zonas rurales es de 85 por ciento.

En el caso de comunidades rurales indígenas, el porcentaje de cobertura es tan sólo del 64 por ciento. De los 3.6 millones de habitantes que carecen de energía eléctrica en comunidades rurales, 1.3 millones son indígenas, lo cual es oprobioso para nuestra nación.

Además, los altos precios en el consumo de la energía eléctrica en los últimos años se han convertido en una de las principales preocupaciones de casi toda la población mexicana, muy en especial las poblaciones indígenas y de quienes viven en la pobreza extrema.

Este tema ha sido uno de los más recurrentes entre los legisladores de todos los partidos políticos, no sólo solicitando urgentemente la reclasificación tarifaria, sino también mejorando las condiciones climáticas para su cálculo, ya que la mayor parte de los edificios están construidos con materiales que tienen muy poco o nada que ver con el medio ambiente.

Aún se edifica con materiales altamente tóxicos, en cuanto a su fabricación y combustión. Otros materiales proceden de las pinturas y barnices, que son productos derivados del petróleo y en cuyo origen se incluyen elementos volátiles tóxicos y que requieren un alto consumo de combustibles fósiles para su producción, que además de ser cada vez más escasos y costosos, aumentan la contaminación, porque emiten grandes volúmenes de gases nocivos.

En este orden de ideas, la iniciativa que hoy se somete a consideración de esta honorable asamblea propone reformar el artículo 71 de la Ley de Vivienda, con la finalidad de que en los proyectos de construcción habitacionales se privilegie la utilización de materiales ecológicos y medidas ahorradoras de energía, lo cual sería sinónimo de un verdadero desarrollo sustentable y equitativo.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 71 de la Ley de Vivienda

Único. Se reforma el artículo 71 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 71. Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la Comisión promoverá, en coordinación con las autoridades competentes tanto federales como locales, que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables y de higiene suficientes en función al número de usuarios, provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, que en la realización de proyectos de construcción de viviendas habitacionales, se privilegie la utilización de materiales ecológicos y medidas ahorradoras de energía, así como garantizar la seguridad estructural y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados.

...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Remítase a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Túrnese a la Comisión de Vivienda.

LEY FEDERAL DE TURISMO

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Se concede el uso de la palabra a la diputada Alliet Bautista Bravo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Turismo, suscrita por la que hará uso de la tribuna y por las diputadas Sonia Nohelia Ibarra Franquez y Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo : Gracias, señor presidente.

Como bien lo ha comentado el señor presidente, esta iniciativa reforma diversos artículos de la Ley Federal de Turismo, la cual tiene la siguiente exposición de motivos:

El turismo sexual infantil es una forma de explotación sexual comercial infantil, realizada por personas que viajan a un lugar distinto al de su residencia para involucrarse en actos de carácter sexual con menores de edad.

Con frecuencia los turistas sexuales viajan desde un país de origen más rico a otro menos desarrollado, como es el caso nuestro, de nuestro país o puede también tratarse de viajeros dentro de su propio país o región.

Algunos turistas sexuales infantiles toman como blanco exclusivo de sus ataques a niños o niñas, pero la mayoría de abusadores no tienen generalmente una preferencia sexual por los niños y niñas, se trata más bien de abusadores situacionales, que en forma inescrupulosa toman ventaja de una situación de anonimato, así como de las diferencias socioeconómicas existentes en las localidades que visitan.

Desafortunadamente en varios centros turísticos y algunas ciudades, en especial las fronterizas de nuestro país, ofrecen a niños y niñas como parte del turismo sexual y más de 40 páginas de Internet señalan a México como el sitio ideal.

México en el mundo está reconocido como el Bangkok de Latinoamérica en turismo sexual. Esto está documentado por varias organizaciones no gubernamentales mundiales, y es el caso que se señala, por ejemplo, como Cancún, Acapulco, Tijuana y la frontera norte, que son los principales destinos donde se puede hacer turismo sexual infantil y de adolescentes, según reportes de estudios que se han hecho a más de 48 naciones, entre ellas, México.

De acuerdo con estas organizaciones no gubernamentales, que realiza proyectos en coordinación con la UNICEF para combatir y erradicar la explotación sexual de niños y niñas, así como de la Organización Mundial de Turismo.

La mayoría de estos turistas sexuales se tiene documentado que provienen de Estados Unidos, Inglaterra, Holanda y Alemania. Esos turistas no tienen un perfil determinado, pues, pueden ser pederastas hasta clientes ocasionales, expresan las mismas organizaciones arriba mencionadas.

El turismo sexual con niños y niñas adolescentes puede ocurrir de forma organizada y sistemática, con turistas planificando con mucha anticipación los detalles de sus viajes o, incluso, la propia explotación.

También, tenemos documentado, de acuerdo con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, que gran cantidad de niñas son traídas con engaños de Guatemala, Honduras y El Salvador para trabajar en bares en condiciones de esclavitud. Han documentado entre 16 mil y 20 mil menores que se prostituyen en México, aunque en esa cifra no se incluyen cientos de niñas centroamericanas que, a partir de los 12 años, se convierten en esclavas sexuales.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, con la presente reforma buscamos inhibir la prostitución infantil y, en especial, la vinculada con el turismo, lo que está estrechamente ligado con el turismo sexual infantil tanto como los aspectos de la oferta y la demanda de este lamentable fenómeno.

Consideramos indispensable unirnos con la industria del turismo para incrementar la conciencia, y tomar medidas prácticas contra el abuso sexual infantil. Creemos que en esta lucha debemos aliarnos todos. Pero, principalmente, nosotros como diputados tenemos la gran responsabilidad de poderlo normar.

Por ello, la presente iniciativa, en primer término, busca que se reconozca que en México exista el delito; y que será penada toda persona que lo cometa, promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio, a que una o más personas viajen al interior o del exterior del territorio nacional, con la finalidad de que realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores de 18 años de edad.

Y, que al aprobar nosotros esta reforma, compañeros, seremos, entonces, sí congruentes con las últimas reformas que se hicieron al Código Penal Federal, el cual contempla en el Título Octavo, ``Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad.''

En el capítulo tercero, relativo al turismo sexual en contra de personas menores de 18 años; y que en el artículo 203, también se establece que se somete el delito de turismo sexual quien realice cualquier tipo de actos sexuales, reales o simulados, con una o varias personas menores de 18 años.

Solicitamos también, que la presente iniciativa sea considerada e incluida en el dictamen final de la Ley General de Turismo, que está actualmente en análisis en la respectiva comisión ordinaria.

Por todo lo anterior, espero que puedan ustedes tener la sensibilidad y, muchas niñas y niños de nuestro país y del extranjero, podamos sacarlos de esta esclavitud sexual que viven actualmente.

Por lo menos en nuestras manos está normarlo, compañeras y compañeros. Por ello, pido que su voto sea en afirmativo para esta iniciativa. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Turismo, suscrita por los diputados Alliet Mariana Bautista Bravo , Sonia Nohelia Ibarra Franquez y Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del PRD

Alliet Bautista Bravo, Sonia Ibarra Franquez y Octavio Martínez Vargas , diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; con fundamento en los artículos 71, fracción II; 72, y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se permitin someter a la consideración de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Turismo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El turismo sexual infantil ¹ es una forma de explotación sexual comercial infantil realizada por personas que viajan a un lugar distinto al de su residencia, para involucrarse en actos de carácter sexual con menores de edad. Con frecuencia los turistas sexuales viajan desde un país de origen más rico a otro menos desarrollado, o puede también tratarse de viajeros dentro de su propio país o región. Algunos turistas sexuales infantiles (denominados ``abusadores preferenciales'' y pedófilos) toman como blanco exclusivo de sus ataques a niños o niñas, pero la mayoría de abusadores no tienen generalmente una preferencia sexual por los niños y niñas; se trata más bien de abusadores situacionales que en forma inescrupulosa toman ventaja de una situación de anonimato así como de las diferencias socio-económicas existentes en las localidades que visitan.

Desafortunadamente en varios centros turísticos y algunas ciudades, en especial las fronterizas del país, ofrecen a niños y niñas como parte del turismo sexual y más de 40 páginas de Internet señalan a México como ``sitio ideal''. México es conocido en el mundo como el ``Bangkok de Latinoamérica en turismo sexual, reconocido por la organización no gubernamental'' End Child Prostitution in Asian Tourism'' (ECPAT International). ²

Cancún, Acapulco, Tijuana y la frontera norte son los principales destinos donde se puede hacer turismo sexual infantil y de adolescentes, según un reporte que evalúa además de México a otras 48 naciones. De acuerdo con la ECPAT, que realiza proyectos en coordinación con la UNICEF para combatir y erradicar la explotación sexual de niños, así como con la Organización Mundial de Turismo, la mayoría de los ``turistas sexuales'' provienen de EUA, Inglaterra, Holanda y Alemania.

Estos turistas no tienen un perfil determinado, pues pueden ser desde pederastas hasta clientes ocasionales, expresa el informe de la ONG publicado en su página de Internet.

El turismo sexual con niños y niñas adolescentes puede ocurrir en forma organizada y sistemática, con turistas planificando con mucha anticipación todos los detalles de sus viajes, incluso la explotación.

De acuerdo con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) gran cantidad de niñas son traídas con engaños de Guatemala, Honduras y El Salvador, para trabajar en bares en condiciones de esclavitud. Han documentado entre 16 mil y 20 mil menores que se prostituyen en México, aunque en esa cifra no se incluyen los cientos de niñas centroamericanas, que a partir de los doce años se convierten en esclavas sexuales.

Existen diversos instrumentos internacionales que prohíben así como instan a los gobiernos a combatir el turismo sexual, entre ellos sólo mencionamos, la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, de 1994; la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, de 1994; la Declaración de la Organización Mundial del Turismo sobre la prevención del turismo sexual organizado, de 1995; el Primer Congreso Internacional contra la Explotación Sexual Comercial de la Infancia, llevado a cabo en Estocolmo, Suecia, en 1996, la Conferencia Internacional sobre el Trabajo Infantil, de 1997; la Cumbre Internacional de los Niños y Jóvenes Víctimas de la Explotación Sexual, de 1998; la Declaración y Plan de Acción de los Niños y Jóvenes Víctimas de la Explotación Sexual, de 1998; la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres, de 1999; la Conferencia Internacional de Lucha contra la Pornografía Infantil en Internet, de 1999; el Convenio número 182 de la OIT y su Recomendación número 190, sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación, el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, de 2001; el Congreso Interamericano contra la Explotación Sexual de Niños, de 2001 y el II Congreso Internacional contra la Explotación Sexual Comercial de la Infancia, de 2001 y el Compromiso Mundial de Yokohama, de 2001 y la Sesión Especial de Naciones Unidas en favor de la infancia, celebrada en Nueva York, en 2002.

Buscamos inhibir la prostitución infantil y en especial la vinculada con el turismo, lo que está estrechamente ligado con el turismo sexual infantil, tanto como los aspectos de la oferta y la demanda de este lamentable fenómeno. Consideramos indispensable unirnos con la industria del turismo para incrementar la conciencia y tomar medidas prácticas contra el abuso sexual infantil. Creemos que en esta lucha debemos aliarnos todos, pero principalmente con prestadores de servicios de hospedaje, operadores turísticos y en general con toda la actividad turística para que se promueva actúe en la prevención del turismo sexual infantil.

El marco que se propone, es el inicio por la práctica de un turismo socialmente responsable en nuestro país, a través de la creación y adopción del Código de Conducta para la Protección de la Niñez contra la Explotación Sexual en la Industria del Turismo y los Viajes.

La presente iniciativa en primer termino busca que se reconozca que en México existe el delito y que será penada toda persona que lo cometa, promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del territorio nacional con la finalidad de que realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores de dieciocho años de edad, o con una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o con una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo.

Con esta reforma somos congruentes con las últimas reformas al Código Penal Federal el cual contempla en el Título Octavo Delitos contra el Libre Desarrollo de la Personalidad en el Capítulo III relativo al Turismo Sexual en contra de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Personas que no tienen Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen Capacidad para Resistirlo. El artículo 203 establece que se comete el delito de turismo sexual quien realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores de 18 años de edad, o con una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o con una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo, en virtud del turismo sexual.

Por todo lo expuesto, sometemos a consideración el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona la Ley Federal de Turismo

Artículo Primero. Se adicionan la fracción XI al artículo 2, las fracciones X y XI recorriéndose la actual fracción X al numeral XII del artículo 25 y se adicionan las fracciones V y VI al artículo 35, de la Ley Federal de Turismo, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 2o.

Esta ley tiene por objeto

Artículo 25

El Consejo de Promoción Turística de México tendrá los siguientes objetivos:

Artículo 35

Los prestadores de servicios turísticos deberán:

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Gracias, diputada Alliet Bautista Bravo.Túrnese a la Comisión de Turismo.

Se pospone el proyecto de decreto que reforma los artículos 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito por los diputados Alejandro Landero Gutiérrez , Obdulio Ávila Mayo y Alberto Vázquez Martínez , del Grupo Parlamentario del PAN, para próxima sesión.

LEY DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Se recibió del diputado Javier Martín Zambrano Elizondo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo del diputado Javier Martín Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Javier Martín Zambrano Elizondo , diputado federal de la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y con fundamento en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La prosperidad material de las naciones se sustenta, en gran medida, en la dimensión y calidad de su aparato productivo; el cual, en un ambiente de plena competencia y de fomento a la inversión, contribuye a la generación de empleos y a la satisfacción de las necesidades que el sustento y la vida en sociedad exige, proveyendo a su vez el bienestar general de la sociedad.

Debido al proceso de globalización de los últimos años, un gran número de países están afrontando nuevas condiciones de desarrollo, por lo que sus empresas e instituciones deben revalorar sus ventajas competitivas a fin de generar productos con un alto valor agregado; es decir, productos y servicios bien diseñados, innovadores y competitivos para elevar la competitividad y dar un mayor impulso al sector productivo de cada país.

Desde hace varias décadas la competitividad de las empresas mexicanas se ha basado en estrategias de costo y calidad ¹ ; sin embargo, el entorno económico actual obliga a replantearse nuevas estrategias, nuevas formas de actuar y pensar.

A pesar que México se ha caracterizado por el ingenio de su gente no ha desarrollado instrumentos, programas o políticas públicas que alienten la explotación positiva de ese talento a través del uso y aplicación del diseño industrial y la innovación tecnológica. El Foro Económico Mundial, y el Instituto Internacional para la Administración del Desarrollo, señalan que la productividad es determinante en la competitividad de un país y esto se confirma al ver los índices de competitividad alcanzados por México en los últimos años, que pasó del lugar 33 en el 2000 al 53 en el 2006. De acuerdo al Índice de Competitividad Global 2008-2009, publicado por el Foro Económico Mundial ² , México alcanzó la posición 60 de los 134 países analizados, pero su retroceso se hizo más evidente en el rubro de innovación, donde ocupo el lugar 71, seguido de su desempeño en educación superior y capacitación, parámetro donde retrocedió al lugar 72.

La experiencia internacional ha demostrado que los países que han apostado por la innovación tecnológica han aprovechado la creatividad y el talento de sus habitantes para elevar su calidad de vida.

Países desarrollados como Estados Unidos, Finlandia, Dinamarca, Japón, Inglaterra y Canadá han adoptado políticas públicas para impulsar el desarrollo tecnológico innovador, lo que da como resultado crecimientos del 2.7, 4.4, 1.8, 1.8, 2.6 y 2.7 por ciento del producto interno bruto respectivamente ³ .

Mientras que para países en vías de desarrollo como Corea, China, India, Argentina, Brasil y Chile, el crecimiento de su producto interno bruto ha sido de 4.9, 10.1, 7.8, 4.6, 3.7 y 4.3 por ciento.

Esto hace hacen cada vez más necesario que todos los sectores de la sociedad vean la importancia de generar un valor agregado en tecnología y conocimiento, que son la punta de lanza para la competitividad y producción de las empresas; es decir, del desarrollo económico.

Las empresas mexicanas deben buscar nuevas formas de ser competitivas, deben ser creativas e innovadoras, deben, por tanto, aprovechar el ingenio de su gente; ya que este nuevo orden mundial afecta a cualquier empresa, sin importar su tamaño o el sector productivo en el que se desenvuelva.

De tal suerte que la riqueza de las naciones comienza a ser medida por la capacidad para generar conocimiento y desarrollo de tecnología de punta.

Resulta muy conocido que el mayor porcentaje de la producción del conocimiento y tecnología tiene lugar en los EU y los países de Europa occidental (92 por ciento), mientras que solamente el 8 por ciento es producido en el resto del mundo ⁴ , signo inequívoco de que los países que buscan competir a nivel mundial requieren del talento de sus profesionistas para innovar y reconvertirse.

Prueba de esto, según información del Centro de Diseño del Tecnológico de Monterrey, en el 2006, Estados Unidos solicitó registrar más de 50 mil patentes, Japón 27 mil, Alemania 17 mil y Corea 6 mil, mientras que México apenas 175 patentes. Para el 2008, Estados Unidos solicitó registrar más de 53 mil patentes, Japón 28 mil 774, Alemania 18 mil 428, China 6 mil 89, Israel 1 mil 882 y México apenas 210, según datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Por otro lado, de acuerdo con Schumpeter, el proceso de cambio tecnológico en el mercado, consiste en tres partes: el invento (concepción de una nueva idea o proceso), innovación (ordenando los requerimientos económicos para llevar a cabo un invento), difusión (a través del cual las personas observan el nuevo descubrimiento y lo adoptan o lo imitan) ⁵ .

En la teoría moderna de la innovación, la conducta estratégica y las alianzas de las empresas, así como las interacciones entre las firmas, los institutos de investigación, las universidades y otras instituciones, están en el centro del análisis del proceso innovador. La innovación es considerada un proceso interactivo en el cual los elementos arriba mencionados son integrados ⁶ .

Es por esto que la presente iniciativa tiene por objeto alentar a las empresas, instituciones de educación superior, académicos, centros de investigación y profesionistas, a través del reconocimiento a su talento y creatividad, y de la entrega de un premio nacional, a generar innovación tecnológica que les permitan detonar, de manera positiva, la productividad y competitividad de las empresas y, por ende, el crecimiento económico del país, tal como lo han hecho otros países como Corea o China, quienes han tenido como base de su crecimiento la inversión en la innovación tecnológica.

En vista de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles

Único. Se adiciona la fracción XVIII, y se reforma el último párrafo, ambos del artículo 6; se adiciona un capítulo XXIII, denominado Premio Nacional de Innovación Tecnológica, recorriéndose el numeral del actual para ser el capítulo XXIV con sus correspondientes artículos; los actuales artículos 124, 125, 126 y 127, pasan a ser los correspondientes 130, 131, 132 y 133, todos de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para quedar como sigue:

Artículo 6. Se establecen los siguientes premios, que se denominarán y tendrán el carácter de nacionales:

Capítulo XXIII Premio Nacional de Innovación Tecnológica

Artículo 124. El Premio Nacional de Innovación Tecnológica es el reconocimiento otorgado a las empresas, instituciones de educación superior, centros de investigación, académicos, profesionistas o ciudadanos, que destaquen por el desarrollo de innovaciones tecnológicas, que hayan contribuido a elevar la competitividad de las empresas mexicanas y al desarrollo económico del país.

Artículo 125. La convocatoria al Premio Nacional de Innovación Tecnológica será publicada anualmente y considerará entre sus objetivos promover la innovación tecnológica como herramienta para elevar la competitividad de las empresas mexicanas y el desarrollo del país.

Artículo 126. El Premio Nacional de Innovación Tecnológica se concederá en las siguientes categorías:

Artículo 127. Los premios consistirán en venera y mención honorífica. Podrán concurrir hasta tres personas para el premio del mismo campo. Si llegare a haber más de tres concurrentes, los excedentes de este número serán premiados el siguiente año.

Artículo 128. El Consejo de Premiación estará integrado por el secretario de Educación Pública, quien lo presidirá y tramitará el premio, así como por el secretario de Economía y los titulares del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y del Instituto Mexicano para la Competitividad.

Artículo 129. Para conceder este premio debe mediar convocatoria y que el beneficiario, o los beneficiarios, hayan sido propuestos conforme a ésta. El consejo integrará un jurado por cada categoría de premiación. A tal fin dará preferencia a quienes con anterioridad hayan obtenido el premio.

Capítulo XXIV Disposiciones Generales

Artículo 130. Las erogaciones que deban hacerse con motivo de esta ley serán con cargo a la partida correspondiente de la secretaría donde se tramite cada premio, y en caso de falta o insuficiencia de partida, con cargo al presupuesto del ramo de la Presidencia. Las recompensas de que trata el capítulo XVI únicamente podrán recaer sobre el presupuesto de la dependencia u organismo al que pertenezca el beneficiario.

Artículo 131. Los premios y las entregas adicionales en numerario o en especie, así como las recompensas, estarán exentos de cualquier impuesto o deducción.

Artículo 132. Salvo que esta ley contenga disposición expresa al respecto, los jurados están facultados para proponer que dos o más personas con iguales merecimientos participen entre sí para el mismo premio, o que éste se otorgue a cada una de ellas.

Artículo 133. Las recompensas señaladas en efectivo por la presente ley se ajustarán en la proporción en que se modifique el salario mínimo general en el Distrito Federal.

Transitorios

Único. El presente decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: 1. Frías Julio, The strategic role of industrial designers developing innovative products, PhD Thesis, Nottingham University Business School, England, 2005.2. World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2008-2009, Suiza, 2008.3. Centro de Diseño, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México.4. Revista de la Educación Superior en Línea . Número 125. Título: Los flujos migratorios de estudiantes mexicanos de posgrado hacia el extranjero, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.5. Sandefur, T (s.f) Innovation on the Concise Encyclopedia of Economics . http://www.econlib.org/library/Enc/Innovation.html. Consultada el 11 de febrero de 2009.6. Cimoli, M (2000) Developing Innovation Systems. Mexico in a global context. Science, technology and the international political economy. Series. Editor, John de la Mothe. Continuum, London.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Túrnese a la Comisión de Gobernación.

ARTICULOS 46, 73, 76 Y 105 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Tiene la palabra el diputado Eduardo Espinosa Abuxapqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 46, 76 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui : Con su permiso, señor presidente.

Honorable legislatura, el 8 de diciembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el único párrafo, y se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 46; se deroga la fracción IV del artículo 73; se adicionan las fracciones X y XI, pasando la actual fracción X a ser fracción XII del artículo 76, y se reforma la fracción I del artículo 105, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El objeto de las modificaciones constitucionales en comento consistió en otorgarle al Senado la facultad para aprobar los convenios amistosos que los estados le presenten para arreglar entre sí sus respectivos límites territoriales y para resolver en definitiva los conflictos sobre límites territoriales de las entidades federativas que así lo soliciten.

Mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, las resoluciones del Senado en la materia serán definitivas e inatacables. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá conocer, a través de controversia constitucional, a instancia de parte interesada, de los conflictos derivados de la ejecución del correspondiente decreto de la Cámara de Senadores.

Lo anterior es una descripción puntual de la reforma constitucional mencionada previamente, y que a casi tres años de su entrada en vigor conviene revisar si debe permanecer intacta; o bien, como es mi propuesta, introducir modificaciones ante los nulos resultados tangibles que por virtud de ésta se han producido.

La presente iniciativa tiene el ánimo de trasladar la competencia que tiene actualmente el Senado para conocer de conflictos limítrofes entre entidades federativas, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por las siguientes razones:

A casi tres años de la reforma en comento no se ha producido un avance sustancial en la resolución de los conflictos limítrofes. No se cuenta con una ley reglamentaria de los artículos 46 y 76, fracciones X y XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Si bien el Senado ya cuenta con una Comisión de Límites de las Entidades Federativas, ésta no ha derogado ninguna de las controversias que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le remitió. No existe ningún indicio de que todo lo anterior pudiera variar de manera positiva, ni en el corto ni en el mediano plazo.

En lo específico se propone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda resolver los conflictos limítrofes vía la controversia constitucional, en tanto que el Senado mantenga la facultad de aprobar los convenios amistosos que para arreglar los límites territoriales le presentan las entidades federativas.

Lo anterior tiene sentido, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su función jurisdiccional por naturaleza, cuenta con vasta y probada experiencia para hacerse cargo de controversias entre partes, más cuando se trata de controversias constitucionales, en tanto el Senado posee de igual forma capacidad plena e inobjetable e intervención de asuntos políticos.

No pasa desapercibido que el texto constitucional de todas maneras contempla la participación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los conflictos limítrofes, pues si bien es cierto, indica que las resoluciones que emita el Senado de la República son definitivas e inacatables. También es cierto que cuando existan diferencias por la ejecución del decreto senatorial que se expida, los estados pueden acudir ante el máximo tribunal del país para resolver los mismos.

Precisamente esta iniciativa tiene la intención de no postergar innecesariamente la solución de conflictos de esta índole, pues los asuntos que están en poder del Senado son conflictos que se iniciaron desde hace mucho tiempo y que si bien aún esperan solución, las consecuencias de esta indefinición son padecidas por las comunidades que habitan en los territorios que enfrentan tales imprecisiones.

No deben existir dobles instancias ni dobles procedimientos para solucionar conflictos de carácter territorial. Finalmente se propone, en disposición transitoria, que los conflictos territoriales que se encontraban en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes de la reforma de 2005, se devuelvan a dicho poder en la misma etapa procesal en la que se encontraban, a fin de no propiciar que tengan que iniciar de nueva cuenta todo el sendero jurídico, ya que sólo y exclusivamente es competencia del Poder Judicial dirimir controversias constitucionales y que así no se invadan esferas de competencia entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

Por las consideraciones expresadas con antelación, me permito presentar a esta soberanía la presente iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan las siguientes disposiciones constitucionales:

Único. Se reforman los artículos 46 y 105, en su fracción I, y se deroga la fracción XI del artículo 76, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como se ha señalado en la lectura de la presente iniciativa.

Por tal motivo solicito a usted, señor presidente, que sea considerada la presente iniciativa tal y como se inscribió en la Gaceta Parlamentaria. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 46, 76 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui , del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento de lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento

Exposición de Motivos

I. El 8 de diciembre 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que por el que se reforma el único párrafo y se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 46; se deroga la fracción IV del artículo 73; se adicionan las fracciones X y XI, pasando la actual fracción X a ser fracción XII del artículo 76; y se reforma la fracción I del artículo 105, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. El objeto de las modificaciones constitucionales en comento consistió en otorgarle al Senado las siguientes competencias:

III. Como se puede advertir, la primera competencia que se asignó como exclusiva de la Cámara de Senadores, y que antes de la reforma le pertenecía al Congreso de la Unión, consiste en una intervención del mencionado órgano camaral en donde no existe controversia o conflicto entre los estados, pues de hecho éstos llegan ante dicha instancia con un convenio elaborado por ambas partes que presupone la aceptación de éste, y sólo se solicita la aprobación por parte del Senado para que dicho acuerdo político quede firme y sea vinculatorio.

La otra competencia exclusiva que por virtud de la reforma se le asignó a la Cámara de Senadores, y que antes le correspondía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en vía de controversia constitucional, es la facultad de resolver conflictos limítrofes entre las entidades federativas, hipótesis normativa que tal y como se desprende de la propia redacción del texto constitucional, presupone una controversia o conflicto, y que éste debe resolverse previa valoración de las disposiciones constitucionales y legales que correspondan, a fin de estar en aptitud de otorgar la razón al que la posea.

IV. En el decreto referido con antelación se previó en el artículo tercero transitorio que las controversias sobre conflictos limítrofes entre entidades federativas que a la entrada en vigor de éste se encuentren en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberían ser remitidas de inmediato a la Cámara de Senadores, a fin de que ésta proceda a determinar lo conducente.

V. Finalmente, el Senado debía constituir en su estructura la comisión de límites de las entidades federativas, la cual se integraría y funcionaría en los términos de la ley reglamentaria que al efecto se expida.

VI. Lo anterior es una descripción sintética de la reforma constitucional mencionada previamente, y que a casi tres años de su entrada en vigor conviene revisar si debe permanecer intocada o, bien, como es mi propuesta, introducir modificaciones ante los nulos resultados tangibles que por virtud de ésta se han producido.

VII. La iniciativa tiene el ánimo de trasladar la competencia que tiene actualmente el Senado para conocer de conflicto limítrofes entre entidades federativas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las siguientes razones:

VIII. En lo específico, se propone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda resolver los conflictos limítrofes vía la controversia constitucional, en tanto que el Senado mantenga la facultad de aprobar los convenios amistosos que, para arreglar los límites territoriales, le presentan las entidades federativas.

En otras palabras, cuando exista controversias que no puedan superar los estados vía convenio amistoso, la autoridad competente será la Suprema Corte de Justicia de la Nación; cuando las entidades federativas puedan llegar a construir arreglos, que éstos sean sancionados por el Senado para que cobren fuerza vinculante.

Lo anterior tiene sentido, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su función jurisdiccional por naturaleza cuenta con vasta y probada experiencia para hacerse cargo de controversias entre partes; en tanto, el Senado posee de igual forma, capacidad plena e inobjetable en intervención de asunto políticos.

IX. No pasa desapercibido que el texto constitucional de todas manera considera la participación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los conflictos limítrofes, pues si bien es cierto, indica que las resoluciones que emita el Senado de la República son definitivas e inatacables; también es cierto que cuando exista diferencias por la ejecución del decreto senatorial que se expida, los estados pueden acudir ante el máximo tribunal del país para resolverlos.

Lo anterior se traduce que las partes de los Estados Unidos Mexicanos para resolver conflictos limítrofes tienen que acudir a dos instancias: en primer lugar al Senado y, en su caso, a la Suprema Corte.

Situación que a todas luces no es deseable, pues los estados tendrían que resolver sus diferencias ante dos autoridades distintas con procedimientos distintos. Este modelo en nada contribuye a la celeridad en la resolución de los conflictos, por el contrario, lo posterga y alarga de manera innecesaria.

X. No hay que perder de vista que este tipo de controversias no aqueja únicamente a los espacios de gobierno, en realidad, los grupos de población que se encuentran en los territorios en disputa son los que en realidad resienten esta falta de definición, ya sea en la integridad física, en propiedad o en su propia forma de organización comunitaria. Los gobiernos, en cambio, conocen de las repercusiones sociales y políticas de esa falta de definición.

Precisamente, esta iniciativa tiene la intención de no postergar innecesariamente la solución de conflictos de esta índole, pues los asuntos que están en poder del Senado son conflictos que se iniciaron desde hace mucho tiempo, y que si bien aún esperan solución, las consecuencias de esta indefinición son padecidas por las comunidades que habitan en los territorios que enfrentan tales imprecisiones.

No deben existir dobles instancias ni dobles procedimientos para solucionar conflictos de carácter territorial.

Reflexionemos: los estados que antes de la reforma de 2005 acudieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver sus controversias limítrofes tuvieron que llevar todo un proceso jurisdiccional que no culminó con sentencia, pues la reforma en comento en disposición transitoria ordenó que éstos se remitieron inmediatamente al Senado. Esos estados permanecen a la espera de que existan las condiciones legales para que el Senado pueda asumir su competencia constitucional y resuelva tales asuntos, y cuando esto ocurra ---que no hay señales de que sea ni el corto ni en el mediano plazos--- de existir diferencias en la ejecución del decreto correspondiente, todavía tendrían que acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ésta determine lo propio.

Como se puede advertir, el modelo vigente no es el más adecuado, ni para los estados que ya tienen conflictos limítrofes, ni para los que en un futuro pudieran verse involucrados.

XI. Finalmente, se propone en disposición transitoria que los conflictos territoriales que se encontraban en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes de la reforma de 2005, se devuelvan a dicho poder en la misma etapa procesal en la que se encontraban, a fin de no propiciar que tengan que iniciar de nueva cuenta todo el sendero jurídico.

Lo anterior tiene el ánimo de evitar atrasos que, a todas luces, se considera innecesario y, por el contrario, tiene el ánimo de generar las condiciones para que dichas controversias puedan arribar a una conclusión lo más pronto que sea posible.

Por las consideraciones expresadas, me permito presentar a la soberanía la presente iniciativa de

Decreto por el que reforman y deroga diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman los artículos 46 y 105, fracción I; y se deroga la fracción XI del artículo 76, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como siguen:

Artículo 46. Las entidades federativas pueden arreglar entre sí, por convenios amistosos, sus respectivos límites, pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación de la Cámara de Senadores.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá conocer a través de controversia constitucional, a instancia de parte interesada, los conflictos derivados de la ejecución de los convenios que se mencionan en el párrafo que antecede.

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, los asuntos siguientes:

Transitorios

Artículo Primero. El decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, dentro de los tres días hábiles siguientes a la entrada en vigor del decreto, deberá remitir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las controversias limítrofes que se encuentren en trámite, ajustando a lo siguiente:

Artículo Tercero. La adecuación de las disposiciones legales que con motivo de la entrada en vigor del decreto deban realizarse se efectuará dentro de los noventa días hábiles siguientes.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Muchas gracias, diputado Espinosa Abuxapqui. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Intégrese la versión que solicitó el diputado ---el contenido de su iniciativa completa--- al Diario de Debates de la presente sesión de la Cámara de Diputados.

Le solicitaríamos al diputado ajustarse a los cinco minutos previamente establecidos, para que los demás que están agendados y en lista, puedan participar en la presente sesión. Muchas gracias.

LEY FEDERAL DE SANIDAD VEGETAL

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Enseguida tiene la palabra el diputado Luis Alejandro Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal.

El diputado Luis Alejandro Rodríguez : Con todo gusto, presidente. Con su permiso.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, el 5 de enero de 94 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Sanidad Vegetal, ordenamiento que regula y promueve la aplicación, verificación y certificación de los sistemas de reducción de riesgo de contaminación física, química y biológica en la producción primaria de vegetales.

En 2007 el Congreso de la Unión aprobó diversas reformas y adiciones al ordenamiento en comento. Como parte de ello se incorporó al Título Cuarto, ``De los incentivos, denuncia ciudadana, sanciones, recursos, de revisión y delitos'', el Capítulo Quinto, denominado ``De los delitos'', en donde se tipificaron conductas que por su gravedad fueron consideradas delictivas y sancionadas por la vía penal.

Con motivo de la publicación de dichas reformas, el procurador general de la República inició ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad mediante la cual solicitó a dicho Tribunal declarar la invalidez general del artículo 77 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, por considerar que dicho precepto violaba el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en él se establecía una multa fija.

En octubre de 2008 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la sentencia correspondiente y encontró los argumentos que hizo valer el titular de la Procuraduría General de la República.

Durante el debate, sostenido por los ministros del máximo tribunal del país, se argumentó que el artículo 77 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, el legislador dispuso imponer de 2 a 7 años de prisión y multa de mil 500 días de salario mínimo al que ostente falsamente que un vegetal, sus productos, subproductos o actividad relacionada con el sistema de reducción de riesgos de contaminación durante su producción primaria, cuenta con la certificación de la autoridad competente.

Sin embargo, omitió establecer, en dicha disposición, un rango máximo y mínimo que permitiera a la autoridad judicial individualizar dicha sanción. En función de las características de caso concreto, cabe señalar que con anterioridad el máximo tribunal del país se había pronunciado respecto a la inconstitucionalidad de las denominadas multas fijas sosteniendo que el establecimiento de reglas que permiten a la autoridad, en este caso la judicial, individualizar la sanción es un requisito indispensable para que las normas en las que se prevén multas satisfaga los requisitos de constitucionalidad que se prevén en el artículo 22 de la Constitución.

En este contexto, la iniciativa que se pone a consideración de la Cámara de Diputados tiene por objeto corregir el vicio de inconstitucionalidad advertido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el artículo 77 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal.

Para tales efectos, se propone incorporar, en dicho precepto, el vocablo ``hasta'' al comienzo de la oración en la que se prevé la cuantía del monto de la sanción prevista para aquel que ostente falsamente que un vegetal, sus productos, subproductos o actividades relacionadas con los sistemas de reducción de riesgo de contaminación durante su producción primaria, cuente con la certificación de la autoridad competente.

De esta manera, se establece un rango máximo y mínimo que le permitirá a la autoridad judicial individualizar en cada caso la cuantía de la multa, valorando, entre otros aspectos, la circunstancia exterior de ejecución del delito; la naturaleza de la acción desplegada por el sujeto activo; los medios de comisión empleados; la magnitud o el peligro al bien jurídico tutelado; las circunstancias de modo, tiempo, lugar en las que se haya cometido el ilícito, y el grado de culpabilidad de la gente.

Y por último, es relevante mencionar que el sentido de la Suprema Corte ha comprometido la aplicación del artículo al que me refiero, puesto que la invalidez declarada por dicho tribunal tiene efectos generales. Por ello, la multa en el será inaplicable, en tanto este Poder Legislativo no corrija el vicio de inconstitucionalidad que dio origen a dicha declaratoria. Por su atención, muchas gracias. Gracias presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, a cargo del diputado Luis Alejandro Rodríguez , del Grupo Parlamentario del PVEM

Luis Alejandro Rodríguez , diputado de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de esta honorable asamblea, iniciativa que contiene proyecto de decreto para reformar y adicionar la Ley de Sanidad Vegetal, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El 5 de enero de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Sanidad Vegetal, ordenamiento que además de promover, como su nombre lo indica, la sanidad vegetal ¹ , regula y promueve la aplicación, verificación y certificación de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación física, química y biológica en la producción primaria de vegetales.

En el 2007 este Congreso de la Unión aprobó diversas reformas y adiciones al ordenamiento en comento, y como parte de ellos se incorporó al título cuarto ``De los incentivos, denuncia ciudadana, sanciones, recurso de revisión y delitos'', un capítulo V titulado ``De los delitos'', en donde se tipificaron una serie de conductas que por su gravedad fueron consideradas delictivas y sancionadas por la vía penal. Estas reformas y adiciones se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 2007.

Con motivo de la publicación de dichas reformas, la Procuraduría General de la República inició ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un acción de inconstitucionalidad ² , mediante la cual solicitó a dicho tribunal declarar la invalidez del artículo 77 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal por considera que dicho precepto violaba el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en la parte que resulta conducente señala:

Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, mutilación, infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.

En la sesión pública celebrada el pasado 20 de octubre de 2008, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró fundados los argumentos expuestos por el procurador general de la República y resolvió declarar la invalidez del artículo 77 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, por considerar que en dicho precepto el legislador estableció una multa fija, contraviniendo con ello lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución ³ .

El artículo objeto de la controversia textualmente señala:

Artículo 77. Al que ostente que un vegetal, sus productos o subproductos, o actividad relacionada con sistemas de reducción de riesgos de contaminación durante la producción primaria de vegetales, cuenta con la certificación de la autoridad competente sin comprobarlo, se le impondrá una pena de dos a siete años de prisión y multa de mil quinientos días multa.

Durante el debate que sostuvieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se argumentó, entre otras cuestiones, que en el precepto antes transcrito el legislador dispuso imponer de dos a siete años de prisión y una multa de mil quinientos días al que ostente que un vegetal, sus productos o subproductos o actividad relacionada con sistemas de reducción de riesgos de contaminación durante la producción primaria de vegetales, cuenta con la certificación de la autoridad competente, sin comprobarlo; sin embargo, omitió establecer en dicha disposición un rango máximo y mínimo que permita a la autoridad judicial individualizar dicha sanción en función de la gravedad del delito, circunstancias exteriores de ejecución, naturaleza de la acción desplegada, medios de comisión, la magnitud o el peligro al bien jurídico tutelado, las circunstancias de modo, tiempo, lugar, el grado de culpabilidad del agente, etcétera.

Es importante mencionar que el artículo 22 de la Constitución prohíbe, entre otras penas, la multa excesiva, situación que impone al legislador dos obligaciones al momento de establecer tipos penales y sanciones económicas (multas) en la ley:

En este contexto, una multa resultará excesiva y, por lo tanto, contraria al artículo 22 de la Constitución cuando:

Cabe señalar antes de que fuera resuelta la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa, el máximo tribunal del país se había manifestado respecto a la inconstitucionalidad de las denominadas multas fijas. Los criterios jurisprudenciales que existen respecto de este tema se originan de la tesis jurisprudencial P./J. 10/95, que textualmente señala:

Considerando la situación antes expuesta, la presente iniciativa tiene por objeto corregir el vicio de inconstitucionalidad advertido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la parte final del artículo 77 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, a efecto de garantizar la viabilidad de la aplicación de dicha norma, cuya invalidez general, como previamente se mencionó, ha sido declarada por dicho tribunal.

Para tales efectos, se propone reformar la parte final del citado precepto, para incorporar el vocablo hasta al comienzo de la oración en la que se prevé la cuantía del monto de la multa que se impondrá a quienes ``...ostenten que un vegetal, sus productos o subproductos o actividad relacionada con sistemas de reducción de riesgos de contaminación durante la producción primaria de vegetales, cuenta con la certificación de la autoridad competente, sin comprobarlo...''; con la adición que se propone se establece el monto máximo de la sanción por incurrir en esta conducta (hasta mil quinientos días de multa), permitiendo con ello que la autoridad judicial individualice la sanción en función de las características de cada caso, dentro del parámetro que como máximo limita dicha cantidad.

Por lo expuesto, el que suscribe, diputado Luis Alejandro Rodríguez , integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, perteneciente al Partido Verde Ecologista de México, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal

Único. Se reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, para quedar como sigue:

Ley Federal de Sanidad Vegetal

Artículo 77. Al que ostente que un vegetal, sus productos o subproductos o actividad relacionada con sistemas de reducción de riesgos de contaminación durante la producción primaria de vegetales, cuenta con la certificación de la autoridad competente, sin comprobarlo, se le impondrá una pena de dos a siete años de prisión y multa de hasta mil quinientos días de salario mínimo.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: 1. De conformidad con el artículo 5 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, que consiste en actos orientados a la prevención, control y erradicación de plagas que afectan a los vegetales, sus productos y subproductos. 2. Acción de inconstitucionalidad 157/2007 promovida por el Procurador General de la República, en contra del Congreso de la Unión y el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 3. La sentencia de la acción de inconstitucionalidad 157/2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de noviembre de 2008.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Gracias, diputado Luis Alejandro Rodríguez.Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Enseguida se concede el uso de la palabra al diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo quinto de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca : Gracias, diputado presidente.

Vengo ante esta soberanía a presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de determinar el procedimiento que se refiere en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta iniciativa pretende regular el procedimiento para la elección de presidente provisional, interino o sustituto, en el texto de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión.

Lo anterior evitará un acuerdo parlamentario que determine este procedimiento, el cual en las condiciones actuales no da certeza en beneficio del país. De ahí que nuestra propuesta dota de certeza y certidumbre jurídica un acto del Congreso que, si bien es cierto que no lo deseamos, llegado el caso transformará la vida de millones de mexicanos.

Como ustedes saben, la cúspide del poder presidencial se alcanzó a finales del siglo XX, cuando el presidente de la República era constitucionalmente la suprema autoridad nacional en materia educativa, sanitaria, agraria, laboral, pesquera, energética, hidráulica, en fin.

Cualquiera de estas facultades habría bastado para darle un enorme poder al presidente, pero la conjugación de todas ellas ---en su contexto--- requirieron que en su ejercicio se generara un aparato burocrático, que no en todos los casos quedó debidamente regulado, basándose así en un sistema de adhesión y de recambio sexenal, y lo cual lo convirtió en la figura axial del sistema político.

La clave de los sistemas adecuadamente estructurados no está en una separación rígida de poderes, la cual también dificulta los controles institucionales; sino en una serie de arreglos que permite que entre los órganos de poder se produzca una relación simétrica. Conforme a esta simetría, en el diseño constitucional se producen los equilibrios políticos que permiten a cada institución alcanzar sus objetivos.

Las potestades constitucionales del presidente, establecidas por la Constitución del 17, han sido y son de tal magnitud que dan lugar a un explicable crecimiento hipertrófico más allá de lo prescrito y la presunción de la norma, que Jorge Carpizo las define como ``facultades metaconstitucionales'', y han sido motivo de debate en todos los esquemas y foros de los estudiosos del derecho.

Este tipo de atribuciones encontraron un soporte en la aquiescencia de los destinatarios del poder que acaban transformando el conjunto de facultades de las cuales les dota la Constitución que hoy nos rige.

Este elemento se ha convertido en una especie de cultura política y social para el ejercicio del poder, que no debemos permitir que siga siendo vigente. Es por ello que en México el gobierno es constitucionalmente unipersonal. Con los problemas ya explicados, y con lo que esto ha implicado en el pasado e implica en el presente, con los riesgos actuales y de futuro, los presidentes, según el talante autocrático o democrático que los caracterice, pueden matizar o acentuar el alcance de sus facultades, porque en términos del derecho son los depositarios exclusivos del poder supremo.

De ahí que un servidor propone a esta soberanía, y somete a la misma, la consideración de esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo único. Se reforma el artículo 5o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 5o.

1. El Congreso se reunirá en sesión conjunta de las Cámaras para tratar los asuntos que prevén los artículos 69, 84, 85, 86 y 87 de la Constitución, así como para celebrar sesiones solemnes.

2. Cuando el Congreso sesione conjuntamente lo hará en el recinto que ocupe la Cámara de Diputados y el presidente de ésta lo será de aquél.

3. Para los efectos del artículo 84 de la Constitución, el Congreso se ceñirá al siguiente procedimiento:

a) En caso de falta absoluta del presidente de la República ocurrida en los dos primeros años del periodo respectivo, si el Congreso estuviere en sesiones, se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral, y concurriendo cuando menos las dos terceras partes del número total de sus miembros, nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente interino, atendiendo las sugerencias que hagan las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras, así como las que provengan de los titulares de las Secretarías de Despacho de la Administración Pública Federal.

b) Se realizarán tantas rondas de votación como candidatos haya; será electo aquel que haya alcanzado la mayoría requerida. En caso de que no se alcance la votación necesaria, se realizarán dos rondas de votación con los nombres de las tres personas que hubieran obtenido el mayor número de votos en las rondas anteriores; se descartará a quien obtenga el menor número de votos para continuar con una segunda ronda que contenga los dos nombres de quienes hubieren obtenido mayor número de votos y, será declarado electo aquél que obtenga el mayor número de votos.

c) En tanto se logre la votación requerida para la elección a que se refiere el inciso anterior, el presidente del Congreso, junto con el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores atenderán los asuntos reservados al titular del Poder Ejecutivo que, por urgencia o necesidad deban ser resueltos a la brevedad, auxiliándose en todo momento de las observaciones que les hicieren los integrantes de las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras, así como de los titulares de las Secretarías de Despacho de la Administración Pública Federal.

d) El Congreso expedirá, dentro de los diez días siguientes al de la designación del Presidente Interino, la convocatoria para la elección del presidente que deba concluir el periodo respectivo; debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la verificación de las elecciones un plazo no menor de catorce meses ni mayor a dieciocho.

e) Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente nombrará desde luego un Presidente Provisional, atendiendo las sugerencias que hagan las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras, y convocará a sesiones extraordinarias al Congreso para que éste, a su vez, designe al Presidente Interino y expida la convocatoria a elecciones presidenciales.

f) Cuando la falta de presidente ocurriese en los cuatro últimos años del periodo respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones designará al presidente sustituto que deberá concluir el periodo; si el Congreso no estuviere reunido, la Comisión Permanente nombrará un presidente provisional y convocará al Congreso de la Unión a sesiones extraordinarias para que se erija en colegio electoral y haga la elección del presidente substituto, atendiendo, en ambos casos, las sugerencias que hagan las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras.

4. Para los efectos del artículo 85 de la Constitución, se seguirá el procedimiento previsto en la misma atendiendo las sugerencias de las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras, así como el de votación señalado en el inciso b), del numeral 3, de este artículo. De igual forma los asuntos reservados al titular del Poder Ejecutivo, serán atendidos, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c), del numeral 3, de este artículo.

Transitorio. Único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Señor presidente, le solicito que la intervención del suscrito sea incluida en forma íntegra en el Diario de Debates y les solicito a los compañeros legisladores que hagamos plena conciencia del problema que tiene el actual texto jurídico y entremos al debate, tomando como base, si bien, otras iniciativas que puedan existir, la que hoy someto a su consideración. Es cuanto, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, diputado Manuel Cárdenas Fonseca , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de determinar el procedimiento a que se refieren los artículos 84 y 85 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La cúspide del poder presidencial se alcanzó a finales del siglo XX cuando el presidente de la República era, constitucionalmente, la suprema autoridad nacional en materia educativa, sanitaria, agraria, laboral, ambiental, energética, hidráulica, habitacional, alimenticia, asistencial, forestal, minera, comercial, espacial, financiera, electoral, administrativa y política. Cualesquiera de estas facultades habría bastado para darle un enorme poder al presidente, pero la conjugación de todas ellas, para cuyo ejercicio se requirió de un extenso aparato burocrático, no en todos los casos regulado, basado en un sistema de adhesión y recambio sexenal, lo convirtieron en la figura axial del sistema político.

La clave de los sistemas adecuadamente estructurados no está en una separación de poderes, que también dificulta los controles institucionales, sino en una serie de arreglos que permiten que entre los órganos del poder se produzca una relación simétrica. Conforme a esa simetría, en el diseño constitucional se producen equilibrios políticos que permiten a cada institución alcanzar sus objetivos y que garanticen a los destinatarios del poder que no haya excesos en perjuicio de sus derechos, ni omisiones que los dejen sin los satisfactores que el Estado está obligado a proveer. Los diseños constitucionales precarios están en el origen de conflictos políticos que en última instancia afectan a los destinatarios del poder. Los juegos del poder por sí mismo representan riesgos para la sociedad, por lo que siempre será importante adoptar fórmulas que reduzcan al máximo las tensiones, fricciones y enfrentamientos que resultan de la naturaleza agonística del poder.

Las potestades constitucionales del presidente establecidas por la Constitución de 1917 son de tal magnitud que han dado lugar a un explicable crecimiento hipertrófico, más allá de lo prescrito por la norma, que Jorge Carpizo ha caracterizado como facultades metaconstitucionales. Este tipo de atribuciones encontraron un soporte en la aquiescencia de los destinatarios del poder, que acabaron por transformar el conjunto de facultades (constitucionales y metaconstitucionales) en un elemento de la cultura.

En México el gobierno es, constitucionalmente, unipersonal, con los problemas que esto ha implicado en el pasado y los riesgos que puede implicar en el futuro. Los presidentes, según el talante autocrático o democrático que los caracterice, pueden matizar o acentuar el alcance de sus facultades, porque en términos de derecho son los depositarios exclusivos de un poder supremo.

A la luz de lo anterior es que esta iniciativa regula el procedimiento para la elección de presidente provisional, interino o sustituto en el texto de la Ley Orgánica del Congreso. Lo anterior evitará un acuerdo parlamentario que determine este procedimiento, dotando así de certeza y certidumbre jurídica un acto del Congreso que, llegado el caso, transformará la vida de millones de mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la honorable asamblea iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el artículo 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Articulo 5

Transitorio

Único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Gracias, diputado Cárdenas Fonseca. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Señoras diputadas y señores diputados, vamos a procesar en este momento dos solicitudes de licencia. Por favor, lea la Secretaría la solicitud de licencia del diputado Jesús Alcántara Núñez .

DIPUTADOS QUE SOLICITAN LICENCIA

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar licencia por un periodo de 16 días para separarme de mi cargo como diputado federal, con efectos a partir del 25 de febrero y hasta el 12 de marzo del año en curso.

Lo anterior, lo hago de su conocimiento para efecto de que se efectúen los trámites conducentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración más atenta y distinguida.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia al diputado Jesús Alcántara Núñez para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el I distrito del Estado de México, del 25 de febrero al 12 de marzo del presente año.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Aprobados. Comuníquense. Continúe la Secretaría con la petición de licencia del diputado Alejandro Olivares Monterrubio .

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar licencia por un periodo de 16 días para separarme de mi cargo como diputado federal, con efectos a partir del 25 de febrero y hasta el 12 de marzo del año en curso.

Lo anterior, lo hago de su conocimiento para efecto de que se efectúen los trámites conducentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración más atenta y distinguida.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : En consecuencia, se solicita a la Secretaría que ponga a discusión los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia al diputado Alejandro Olivares Monterrubio para separarse de sus funciones como diputado federal electo por el XXXV distrito del Estado de México, del 25 de febrero al 12 de marzo del presente año.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, ciudadano presidente.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Aprobados. Comuníquese. Continuamos con iniciativas.

LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Se recibió del diputado Fernando Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Iniciativa que reforma el artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda , diputado por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un nuevo texto en la fracción X del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El deporte como modelo integral de desarrollo es un fenómeno social de origen muy reciente, pues aunque la actividad física y el deporte tienen su inicio con el propio hombre, por lo que respecta a su desarrollo y a su orientación hacia las personas con discapacidad se remonta a las épocas posteriores a la Primera y Segunda Guerras Mundiales.

Los primeros pasos en la práctica de los deportes para las personas con discapacidad se dieron en 1944. En un principio, ello consistió en un medio para la rehabilitación, aunque ya para 1960 se organizaron en Italia las primeras paraolimpiadas. La cultura física para las personas con discapacidad ha ido creciendo. Hoy, la participación de personas con discapacidad en el deporte forma parte de nuestra vida cotidiana, a través de la práctica de diversas disciplinas en los ámbitos recreativo y competitivo. Se estima que 1 de cada 10 mexicanos vive con algún tipo de discapacidad, y que una cuarta parte de ellos desarrolla algún tipo de actividad deportiva.

Sin embargo, el deporte adaptado se enfrenta en México a una serie de graves obstáculos para su realización, como la insuficiencia de instructores y de promotores para esta modalidad o la inexistencia de escuelas deportivas formales en las disciplinas que se practican. De eso resulta que la enseñanza se imparte frecuentemente por los deportistas más destacados y no por personal expresamente formado para ello.

La infraestructura para atender a este sector es aún escasa e inadecuada, aunque hay facilidades en diversas instalaciones deportivas.

El equipamiento especializado, particularmente sillas de ruedas de competencia, es limitado y su fabricación reducida y costosa, por lo que su disponibilidad es insuficiente para atender la creciente demanda.

No obstante, en el deporte adaptado México ha obtenido importantes resultados en el ámbito internacional. Tan sólo en competencias paralímpicas se han destacado 73 deportistas que han obtenido una o varias medallas.

La iniciativa que hoy someto a consideración de esta honorable asamblea adiciona un nuevo texto en la fracción X del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a efecto de que se garanticen la promoción del desarrollo del deporte adaptado y los apoyos para el fomento de la cultura física y el deporte para personas con discapacidad, a través de su integración, la equidad y la no discriminación.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un nuevo texto en la fracción X del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Único. Se adiciona un nuevo texto en la fracción X, pasando el texto vigente de la actual y las demás fracciones en el orden subsiguiente, del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Remítase a la Cámara de Senadores, para sus efectos constitucionales.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO - LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Enseguida tiene la palabra el diputado Daniel Torres García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

El diputado Daniel Torres García : Con su permiso, diputado presidente.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto, con objeto de que los trabajadores acreditados por el Fovissste y el Infonavit no sean defraudados con la aplicación de sus créditos en viviendas inexistentes, a medio construir, sin servicios públicos, sin urbanización o con vicios ocultos, al tenor de la siguiente exposición de motivos.

Las personas que viven de su trabajo, de la venta de su fuerza de trabajo, y sus familias no son mexicanos de segunda; tienen el mismo derecho a gozar de las garantías individuales y sociales consagradas en nuestra Constitución, sin exclusión alguna.

Por otra parte, las instituciones públicas no deben servir de celada para defraudar los derechos de los trabajadores; por el contrario, deben ser instancias de tutela y legalidad a favor del pueblo de México, con mayor razón tratándose del ISSSTE, que como su nombre lo indica, tiene como esencia brindar seguridad a los trabajadores en materias fundamentales como los servicios de salud, pensión y vivienda, entre otros.

Así, los trabajadores acuden al ISSSTE y, concretamente al Fovissste, porque tienen la necesidad de un crédito para vivienda, y porque entienden que acuden a una instancia de la administración pública, regida por el estado de derecho y la buena fe.

En tal virtud, cuando tramitan el otorgamiento de un crédito, en ningún momento piensan que el instituto se va a prestar para que su nombre y carácter institucional sirvan a empresarios sin escrúpulos y funcionarios corruptos para violentar la confianza y los más elementales derechos de los trabajadores, transformándose este instituto en máquina de fraudes masivos.

Desafortunadamente a medida que el ISSSTE va siendo privado de su rostro como institución para la justicia social y se maltransforma en una empresa de lucro, en la misma medida sirve de cubierta para que los trabajadores sean víctimas de los más crueles delitos en materia de vivienda.

Un número creciente de derechohabientes del ISSSTE de todo el país viene denunciando, entre otros:

a) Que el otorgamiento del crédito se les condiciona a que los apliquen en los fraccionamientos que les indica el Fovissste o el sindicato de la dependencia o entidad relativa, en colusión con las empresas constructoras, Sofoles o bancos involucrados; y de no acatar las disposiciones les son negados dichos créditos.

Es decir, se les obliga a hacer uso del crédito donde conviene a los intereses del lucro, privándoles del derecho de adquirir la vivienda que más les conviene, como si el acceso a créditos fuera una caridad pública y no un derecho de los trabajadores, que se obtiene después de años de cotización, de sacrificios económicos, después de llenar una serie de requisitos señalados en la Ley del ISSSTE, y las disposiciones reglamentarias.

b) Adicionalmente, los trabajadores acreditados son sujetos al sistema conocido como ``preventa'', proyectos de construcción en terrenos ---o en terrenos en construcción--- de manera que a la fecha en que se contrató la entrega de la casa o departamentos, éstos no se encuentran construidos en lo absoluto o están a medio construir, sin servicios públicos, sin urbanización y con vicios ocultos.

c) No obstante lo anterior ---cual tienda de raya--- se da el abuso de que el Fovissste realiza los descuentos con toda puntualidad, por viviendas que los trabajadores jamás recibieron o recibieron a medias, y llenos de conflictos legales.

Todo esto en abierta oposición al artículo 123 constitucional, y a los artículos 169, 178 de la Ley del ISSSTE; 1o., 2o., 3o. y 41 de la Ley del Infonavit, que establecen como un derecho del trabajador la libre elección de la vivienda a la que aplicará su crédito.

Además de establecerse que el crédito debe aplicarse para la adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas, no de simples terrenos o de habitaciones o viviendas a medio construir, o que tengan vicios ocultos, humedades, cuarteaduras, etcétera.

Todo lo cual además se agrega al patrimonio familiar constituido por la respectiva vivienda, mismo que debe ser objeto de especial protección por parte del Estado, según lo ordenado por la fracción XXVIII del apartado A, del propio artículo 123 constitucional.

No obstante lo condenable de estos hechos, nada se ha hecho por el ISSSTE, la PGR y el Poder Judicial, nada han hecho para remediar estos abusos, poner alto a estos crímenes y castigar a los culpables, todo entra en la lógica del neoliberalismo, que ve como algo legalizado el desmantelamiento de las instituciones sociales en la guillotina de la privatización, el despojo de los bienes y derechos a los que menos tienen para su entrega a una minoría de ricos insaciables.

Desde luego, estos abusos no sólo son sufridos por los trabajadores al servicio del Estado, sino por los trabajadores que obtienen sus créditos del Infonavit, razón por la cual nuestras propuestas serán extensivas a la ley de este último instituto.

En complemento, las autoridades jurisdiccionales también deberán asumir un papel fundamental para corregir estos abusos, entendiendo con justicia y prontitud las demandas que ante él mismo se interpongan.

Con base en lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto que reforma las leyes del ISSSTE y del Infonavit en los siguientes términos

Artículo primero. Se reforma la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Artículo 178. El importe del crédito no se podrá aplicar en casas y departamentos, incluidos los que forman parte de fraccionamientos, unidades habitacionales y demás análogos que no estén totalmente concluidos con los mínimos de calidad, contando con todos los servicios públicos, urbanización y accesos. Esto, previo dictamen que deberá realizar el Instituto bajo su responsabilidad.

Queda, por tanto, prohibida la aplicación de los créditos a preventas o proyectos de construcción o a cuales quiera otra forma jurídica análoga.

Título Sexto, ``De la responsabilidad, sanciones y delitos''.

Artículo 254 Bis. Se impondrá sanción de 2 a 10 años de prisión a los servidores públicos del Instituto y demás personas que condicionen el otorgamiento de un crédito de vivienda...

d) A que el trabajador aplique su importe en la casa o apartamento que aquellos le impongan, lo aplique en un terreno sin construcción, lo aplique en un departamento, casa o fraccionamiento, unidades habitacionales o demás análogos no construidos al 100 por ciento, sin servicios públicos, sin urbanización o con vicios ocultos.

Artículo segundo. Se reforma la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Artículo 41. El importe del crédito no se podrá aplicar en casas, departamentos, incluidos los que forman parte de fraccionamientos, unidades habitacionales y demás análogos, que no estén totalmente concluidos con los mínimos de calidad, contando con todos los servicios públicos, urbanización y accesos. Esto previo dictamen que deberá rea-lizar el Instituto bajo su responsabilidad.

Queda, por tanto, prohibida la aplicación de los créditos a preventas o proyectos de construcción o cualquier otra forma jurídica análoga.

Artículo 58 Bis. Se impondrá sanción de 2 a 10 años de prisión a los servidores públicos del instituto y demás personas que condicionen el otorgamiento de un crédito de vivienda.

a) A que el trabajador aplique su importe en la casa o departamento que aquellos le impongan.

b) Lo apliquen a un terreno sin construcción.

c) Lo aplique en un departamento, casa o fraccionamiento, unidades habitacionales o demás análogos, no construidos al 100 por ciento, sin servicios públicos...

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Diputado, concluya, por favor.

El diputado Daniel Torres García : Concluyo.

Sin urbanización o con vicios ocultos.

Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de los Institutos de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Daniel Torres García , del Grupo Parlamentario del PRD

EL suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad concedida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 62, 63 y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que reforma a las Leyes del ISSSTE y del Infonavit, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las personas que viven de su trabajo, de la venta de su fuerza de trabajo, y sus familias, no son mexicanos de segunda. Tienen el mismo derecho a gozar de las garantías individuales y sociales consagradas en nuestra Constitución sin exclusión alguna.

Por otra parte, las instituciones públicas no deben servir de celadas para defraudar los derechos de los trabajadores. Por el contrario, deben ser instancias de tutela y legalidad en favor del pueblo de México. Con mayor razón, tratándose del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que como su nombre lo indica tiene como esencia brindar seguridad a los trabajadores en materias fundamentales como los servicios de salud, pensiones y vivienda, entre otros.

Así los trabajadores acuden al ISSSTE y concretamente al Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste), porque tienen necesidad de un crédito para vivienda, y porque entienden que acuden a una instancia de la administración pública regida por el estado de derecho y la buena fe. En tal virtud, cuando tramitan el otorgamiento de un crédito, en ningún momento piensan que el instituto se va a prestar para que su nombre y carácter institucional sirvan a empresarios sin escrúpulos y funcionarios corruptos para violentar la confianza y los más elementales derechos de los trabajadores, transformándose este instituto en máquina de fraudes masivos, cínicos e inconcebibles.

Desafortunadamente, en la medida en que el ISSSTE va siendo privado de su rostro como institución para la justicia social y se mal transforma en una empresa de lucro, sirve de cubierta para que los trabajadores sean víctimas de los más crueles delitos en materia de vivienda.

Un número creciente de derechohabientes del ISSSTE de todo el país viene denunciando, entre otros, lo siguiente:

Todo esto en abierta oposición al artículo 123 constitucional y a los artículos 169, 178 de la Ley del ISSSTE; 1o., 2o., 3o. y 41 de la Ley del Infonavit, donde se establece como un derecho del trabajador la libre elección de la vivienda a que aplicará su crédito. Además de establecerse que el crédito debe aplicarse para la adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas, no de simples terrenos, o de habitaciones o viviendas a medio construir, o que no sean cómodas e higiénicas, como lo son las que carecen de los servicios públicos o no estén urbanizadas; con mayor razón cuando tengan vicios ocultos: humedad, cortaduras, etcétera; lo cual además agrede el patrimonio familiar constituido por la respectiva vivienda, y que debe ser objeto de una especial protección de parte del Estado, según lo ordenado por la fracción XXVIII del Apartado A del propio artículo 123 constitucional.

No obstante lo condenable de estos hechos, nada se ha hecho por el ISSSTE, la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial para remediar estos abusos, para poner alto a estos crímenes y castigar a los culpables. Todo entra en la lógica del neoliberalismo, que ve como algo legalizado el desmantelamiento de las instituciones sociales en la guillotina de la privatización, el despojo de los bienes y derechos a los que menos tienen para su entrega a una minoría de ricos insaciables.

Por tanto, tenemos que hacer las reformas que procedan para evitar estos abusos, fortaleciendo el carácter del Fovissste como institución de seguridad social. En este sentido proponemos que estos créditos de vivienda se apliquen únicamente sobre viviendas y fraccionamientos ya concluidos, además de que las casas o departamentos que estén terminados al 100 por ciento cuenten con todos los servicios públicos y estén urbanizados, esto previo dictamen que se haga bajo la responsabilidad del ISSSTE. Por tanto, quedará prohibida la aplicación de estos créditos bajo el sistema de preventa. Finalmente se establecen sanciones, incluidas las penales, contra los funcionarios y empresas que obliguen, que ejerzan violencia de diversos tipos o engaño sobre los trabajadores para aplicar el crédito de vivienda en los lugares que ellos decidan.

Desde luego, estos abusos no sólo son sufridos por los trabajadores al servicio del estado, sino por los trabajadores que obtienen sus créditos del Infonavit, razón por la cual también nuestras propuestas se harán extensivas a la ley de este último instituto.

En complemento, las autoridades jurisdiccionales también deberán asumir un papel fundamental para corregir estos abusos, atendiendo con justicia y prontitud las demandas que ante el mismo se interpongan.

Con base en lo expuesto y fundado, someto a consideración de la soberanía iniciativa de ley con proyecto de

Decreto que reforma las Leyes del ISSSTE y del Infonavit en los siguientes términos:

Artículo Primero. Se reforma la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Artículo 178. ...

El importe del crédito no se podrá aplicar en casas y departamentos, incluidos los que formen parte de fraccionamientos, unidades habitacionales y demás análogos, que no estén totalmente concluidos con los mínimos de calidad, contando con todos los servicios públicos, urbanización y accesos. Esto, previo dictamen que deberá realizar el instituto bajo su responsabilidad. Queda por tanto prohibido la aplicación de los créditos a preventas o proyectos de construcción o cualquier otra forma jurídica análoga.

Título Sexto De las responsabilidades, sanciones y delitos

Artículo 254 Bis. Se impondrá sanción de dos a diez años de prisión a los servidores públicos del instituto y demás personas que condicionen el otorgamiento de un crédito de vivienda.

Artículo Segundo. Se reforma la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Artículo 41. ...

El importe del crédito no se podrá aplicar en casas y departamentos, incluidas los que forman parte de fraccionamientos, unidades habitacionales y demás análogos, que no estén totalmente concluidos, con los mínimos de calidad, contando con todos los servicios públicos, urbanización y accesos. Esto, previo dictamen que deberá realizar el instituto bajo su responsabilidad. Queda por tanto prohibido la aplicación de los créditos a preventas o proyectos de construcción o cualquier otra forma jurídica análoga.

Artículo 58 Bis. Se impondrá sanción de dos a diez años de prisión a los servidores públicos del instituto y demás personas que condicionen el otorgamiento de un crédito de vivienda.

Transitorio

Único. El decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Gracias, diputado Daniel Torres García.Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, de Trabajo y Previsión Social, y de Vivienda.

Queremos destacar la presencia en este salón de sesiones del excelentísimo señor Riad Al Malki, ministro de Relaciones Exteriores de Palestina, a quien acompaña el excelentísimo señor Said Mousa Hamad, embajador de Palestina en México, invitados por el Grupo de Amistad México-Palestina de la Cámara de Diputados.

Señores, sean ustedes bienvenidos, les damos la más cordial visita y les deseamos éxito durante su estancia en nuestro país. Muchas gracias por estar aquí, señor ministro. Bienvenido.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Tiene la palabra la diputada Elda Gómez Lugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 24 Bis a la Ley General de Educación.

La diputada Elda Gómez Lugo : Con su permiso, diputado presidente.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que se adiciona el artículo 24 Bis a la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

La juventud es una etapa de la vida humana que ha adquirido una especial importancia en los tiempos contemporáneos; sin embargo, la actualidad nos demuestra que existe una discriminación hacia los jóvenes por el simple hecho de ser jóvenes.

Los apoyos y oportunidades que tienen los jóvenes hoy día para integrarse al mercado laboral al termino de sus estudios profesionales son mínimas. Las acciones realizadas por el gobierno federal y los gobiernos locales para revertir esta situación en el país han sido insuficientes, lo cual es realmente preocupante, ya que, como es bien sabido, en la actualidad, los jóvenes en el mundo no sólo son mayoría en cantidad, respecto al resto de la población, sino que representan la oportunidad de crecimiento y desarrollo de cualquier nación.

En este sentido, es lamentable el poco interés que ponen los gobiernos en dar solución a este problema que aqueja a la juventud a nivel mundial, en donde el desempleo y los malos sueldos son la constante.

Asimismo, el principal problema al que se enfrentan los egresados es que la mayoría de las instituciones sólo buscan prestadores de servicio y no ofrecen una plaza laboral y, aun cuando sean contratados, tienen que trabajar en un área distinta a la de su formación profesional.

Y más grave aún, lo hacen percibiendo un sueldo menor al que deberían percibir por el trabajo desempeñado, lo cual, sin lugar a dudas, merma las oportunidades laborales afectando de manera importante a la mayoría de los jóvenes profesionistas.

Derivado de lo anterior, podemos afirmar que el problema de falta de oportunidades laborales que enfrentan hoy día miles de jóvenes en el mundo, debe ser un tema fundamental que los gobiernos deben afrontar de manera inmediata. Es necesario elaborar y desarrollar programas y políticas públicas encaminadas a incentivar el empleo y, en particular, la contratación de jóvenes egresados.

De igual forma, podemos afirmar que, en la actualidad, el Estado se encuentra sobrecalificado, ya que aunque tiene mano de obra joven, éste no brinda las oportunidades que la juventud requiere para desarrollarse profesionalmente.

Es importante señalar que la generación de empleos para los jóvenes profesionistas en México es escasa. Desafortunadamente, vemos con tristeza como las autoridades competentes no han podido generar los mecanismos indispensables que incentiven a las empresas para que absorban la demanda laboral de los egresados de las diversas universidades.

Los jóvenes son el futuro de México y, por ende, constituyen un grupo social para el cual se deben pensar y construir espacios de desarrollo. Esto porque la población juvenil no es homogénea y se configura como un conglomerado enorme y diverso que demanda oportunidades.

Ya es tiempo de que todos los jóvenes tengan acceso a todos los elementos necesarios para el desarrollo pleno de su potencial y, con ello, una mejor calidad de vida.

Por lo expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto.

Único. Se adicione el artículo 24 Bis a la Ley General de Educación, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 24 Bis. El servicio social que presten los estudiantes universitarios que aspiran a obtener título o grado académico deberá realizarse en el área o ramo en el que los mismos se están desarrollando. Dicho servicio social contará con valor curricular y se tomará en cuenta como experiencia laboral.

Transitorios. Primero. Quedará sin efecto cualquier disposición que se oponga al presente ordenamiento.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

De esta síntesis pido, señor presidente, que se considere su texto íntegro, ya que los jóvenes estudiantes siempre llegan con la preocupación de que no encuentran trabajo, porque no se les está considerando. Les están pidiendo experiencia laboral, cosa que no se tiene. Por eso es importante que el servicio social se considere como experiencia laboral. Muchísimas gracias.

«Iniciativa que adiciona el artículo 24 Bis a la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Elda Gómez Lugo , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Elda Gómez Lugo , integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 24 Bis a la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La juventud es una etapa de la vida humana que ha adquirido una especial importancia en los tiempos contemporáneos, sin embargo, la actualidad nos demuestra que existe una discriminación hacia los jóvenes por el simple hecho de serlo.

Los adultos, no debemos olvidar que nosotros algún día fuimos jóvenes, y que también luchamos por el respeto de nuestros derechos y decisiones, en aras de ejercer libremente nuestras ideas.

Los apoyos y oportunidades que tienen los jóvenes hoy en día para integrarse al mercado laboral al termino de sus estudios profesionales son mínimas, las acciones realizadas por el gobierno federal y los gobiernos locales para revertir esta situación en el país han sido insuficientes, lo cual es realmente preocupante ya que como es bien sabido en la actualidad los jóvenes en el mundo, no sólo son mayoría en cantidad respecto al resto de la población sino que representan la oportunidad de crecimiento y desarrollo de cualquier nación.

Es lamentable el poco interés que ponen los gobiernos en dar solución a este problema que aqueja a la juventud a nivel mundial, en donde el desempleo y los malos sueldos son la constante.

Asimismo, el principal problema al que se enfrentan los egresados es que la mayoría de las instituciones sólo buscan prestadores de servicio y no ofrecen una plaza laboral, y aun cuando sean contratados, tienen que trabajar en un área distinta de la de su formación profesional, y más grave aún, lo hacen percibiendo un sueldo menor del que deberían percibir por el trabajo desempeñado, lo cual sin duda merma las oportunidades laborales afectando de manera importante a la mayoría de los jóvenes profesionistas.

Derivado de lo anterior, podemos afirmar que el problema de falta de oportunidades laborales que enfrentan hoy en día miles de jóvenes en el mundo, debe ser un tema fundamental que los gobiernos deben afrontar de manera inmediata, es necesario, elaborar y desarrollar programas y políticas públicas encaminadas a incentivar el empleo y en particular, la contratación de jóvenes egresados.

De igual forma, podemos afirmar que en la actualidad el Estado se encuentra sobrecalificado, ya que aunque tiene mano de obra joven éste no brinda las oportunidades que la juventud requiere para desarrollarse profesionalmente.

Es importante señalar que la generación de empleos para los jóvenes profesionistas en México es escasa, desafortunadamente, vemos con tristeza como las autoridades competentes no han podido generar los mecanismos indispensables que incentiven a las empresas para que absorban la demanda laboral de los egresados de las diversas universidades.

Es triste reconocer que se sigan ofreciendo empleos que no son de calidad y que no satisfacen las demandas de los jóvenes profesionistas de nivel licenciatura, lo cual solo aporta creciente desempleo en las bolsas de trabajo.

Los jóvenes son el futuro de México, y por ende, constituyen un grupo social para el cual se deben pensar y construir espacios de desarrollo, esto porque la población juvenil no es homogénea, y se configura como un conglomerado enorme y diverso que demanda oportunidades.

Derivado de lo anterior, es indispensable diseñar programas y políticas públicas que permitan vincular a los jóvenes egresados con el mercado laboral, mismos que deberán estar orientados a brindar capacitación laboral, otorgando a los egresados, herramientas fundamentales para su desarrollo profesional, pero sobre todo con la finalidad de brindar las oportunidades laborales que la juventud demanda y que tanta falta les hacen para su desarrollo personal y profesional en la búsqueda de una mejor calidad de vida.

Ya es tiempo de que todos los jóvenes tengan acceso a todos los elementos necesarios para el desarrollo pleno de su potencial, y con ello, una mejor calidad de vida.

Finalmente, quisiera hacer una reflexión, en estos tiempos de intolerancia e incertidumbre, el Estado, las instituciones y toda la sociedad en general, tendríamos que preguntarnos ¿qué presente y futuro les estamos brindando a la niñez de nuestro país?, un regalo plagado de intolerancia, racismo, discriminación, corrupción y sobre todo con falta de oportunidades de desarrollo personal y profesional que influyen de manera negativa en el desarrollo de niñas, niños y sobre todo jóvenes, mismos que sólo buscan oportunidades que les permitan un mejor desarrollo personal y profesional, pero sobre todo la oportunidad de mejorar su calidad de vida.

Por lo expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona un artículo 24 Bis a la Ley General de Educación, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 24 Bis. El servicio social que presten los estudiantes universitarios que aspiren a obtener título o grado académico deberá realizarse en el área o ramo sobre el que se están desarrollando. Dicho servicio social contará con valor curricular y se tomará en cuenta como experiencia laboral.

Transitorios

Primero. Quedará sin efecto cualquier disposición que se ponga al presente ordenamiento.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Gracias, diputada Elda Gómez Lugo. Insértese la iniciativa de manera íntegra en el Diario de Debates de hoy.Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

ARTICULOS 73 Y 89 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Se concede la palabra al diputado José Jesús Reyna García, quien presentará iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 73 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el propio diputado Reyna y el diputado Mauricio Ortiz Proal, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado José Jesús Reyna García : Con su venia, señor presidente.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, en nombre del diputado Mauricio Ortiz Proal y del mío propio, vengo a presentar ante ustedes esta iniciativa.

Todos estamos conscientes de que la actualización normativa que demanda el país pasa por la necesidad de establecer medios de comunicación novedosos y a la vez dinámicos que nos permitan fortalecer el intercambio de ideas, y con ello, nuestra vocación democrática.

Esta legislatura se ha caracterizado por la búsqueda de puntos de encuentro que generen reformas políticamente posibles. También es cierto que a veces en la obtención de lo posible hemos todos sacrificado lo deseable, en donde nuestras diferencias se han profundizado.

Consideramos que la reciente reforma al formato del informe presidencial se encuentra incompleta y es perfectible. La etapa de la crispación y el enfrentamiento ha sido superada; por ello es necesario señalar que la figura de la ``pregunta parlamentaria'', pese a sus bondades, está lejos de encauzar la intercomunicación a la que muchos aspiramos.

El parlamento es, además del espacio natural de la función legislativa, el vehículo eficaz de la supervisión y el control sobre el ejercicio del poder público. Esta dualidad requiere de una intercomunicación, permanente y no ocasional, con el Ejecutivo federal.

El carácter republicano de nuestro sistema político sólo encontrará su expresión completa en el grado en que aprendamos que el diálogo respetuoso y honesto, por más profundas que sean nuestras diferencias, es el espacio que nos permitirá avanzar en la consecución de la justicia y el bienestar al que todos por igual aspiramos.

Por lo anterior, es necesario establecer un mecanismo para que el Congreso tenga la facultad de solicitar, al titular del Ejecutivo federal, que acuda aquí, ante el Congreso, y presente ante situaciones de importancia o excepcionalidad, las razones y los motivos que fundamentan el ejercicio cotidiano de toma de decisiones que le es inherente a su cargo y que es preocupación permanente de los representantes populares.

De esta manera el Congreso podrá conocer a mayor profundidad y de viva voz las decisiones, argumentos, propuestas o iniciativas que el Ejecutivo considere importantes para encarar los problemas y los desafíos que se enfrentan.

En concordancia con lo anterior, consideramos también que el titular del Ejecutivo debe contar con la facultad de poder solicitarle al Congreso la posibilidad de ser recibido a fin de exponer los argumentos que sostienen sus decisiones, así como solicitar alguna acción al Congreso que pudiera facilitarle el camino en la concreción de sus objetivos.

De esta manera, el presidente tendría la oportunidad de exponer personalmente aquellas iniciativas de ley que por su peso e importancia resulten fundamentales, así como conocer directamente el punto de vista de los legisladores.

No podemos escondernos ante lo obvio. La democracia se fortalece no sólo cuando avanza en su desarrollo institucional, sino también cuando se consolida en la cultura de un pueblo que la asimila como un valor prioritario.

Los aciagos momentos de diciembre de 2006 son historia y, en la actualidad, de cara al futuro, necesitamos actuar con responsabilidad y serenidad. Los diferendos que hemos tenido con el Ejecutivo de hoy y de ayer no pueden ser impedimento para generar una nueva cultura política que privilegie el respeto a las instituciones y, a su vez, le dé cauce al diálogo y el debate como instrumentos que canalizan la pluralidad y la vuelven útil al país.

Que nuestra diversidad sea motivo de orgullo y no de vergüenza. Vamos por una nueva relación entre el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión. Sólo mediante ella seremos capaces de acelerar las definiciones que espera México.

Por esto proponemos reformar el artículo 73 en la fracción IV, que diga que el Congreso tiene facultad para convocar o autorizar al presidente de la República a que comparezca ante dicha representación cuando haya un asunto que así lo amerite y se apruebe por mayoría de las dos terceras partes de los miembros de las Cámaras presentes.

Y también el artículo 89, para quedar como sigue:

``Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes:

Solicitar al Congreso de la Unión, cuando a su juicio haya un asunto que así lo amerite, que se autorice su comparecencia ante dicha representación, y hacerlo cuando aquél lo convoque.''

Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 73 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados José Jesús Reyna García y Mauricio Ortiz Proal , del Grupo Parlamentario del PRI

José Jesús Reyna García y Mauricio Ortiz Proal , diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, 56, 62, 63 y 64 del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 73 y 89 de la Constitución Política de los Unidos Mexicanos, que se fundamenta en la siguiente

Exposición de Motivos

Con motivo del proceso de negociación para la reforma del Estado, la LX Legislatura ha realizado importantes aportaciones al régimen jurídico a fin de dar una mayor certeza y respeto a las instituciones jurídicas y políticas fundamentales.

Para ello, la Comisión Ejecutiva para la Negociación y Construcción de Acuerdos, realizó una labor de análisis de las propuestas presentadas en materias tales como régimen político y de gobierno, electoral, entre otras, las cuáles fueron objeto de un concienzudo estudio que llevó a la presentación de varias iniciativas con las cuáles adecuar el marco normativo a las necesidades actuales del Estado mexicano.

Sin embargo, este proceso se ha visto influido de sobremanera, como es natural, por la coyuntura política imperante, en la que se cuestionaba la legitimidad del Poder Ejecutivo y los partidos políticos no muestran, como resulta obvio, una postura homogénea en algunos aspectos fundamentales.

Ello ha complicado de manera importante la negociación de acuerdos políticos. Por esta causa, ha sido argumento recurrente la urgencia de atender a las necesidades inmediatas que presenta el escenario político, así como la imposibilidad de llegar a acuerdos de grandes magnitudes, lo que nos ha orillado en diversas ocasiones a optar por la reforma posible y no por la deseable.

A nuestro juicio, este fue el caso de la recientemente aprobada reforma al informe presidencial, que en aras de evitar incidentes como los ocurridos en los dos últimos años, simplemente eliminó la obligación del presidente de la República de acudir al inicio del primer periodo ordinario de sesiones a presentar su informe, dejando abierta la posibilidad de hacerlo de manera personal o simplemente presentarlo por escrito por conducto de un intermediario, como sucedió con el informe inmediato anterior recibido.

Sin entrar en la discusión sobre la pertinencia de la presencia del presidente en este acto en particular, consideramos que se trataba del único momento en que ambos poderes interactuaban o mejor dicho se encontraban de manera directa, si bien no existía un verdadero diálogo que le diera un carácter auténticamente republicano a dicho acto.

Se ha querido solventar la necesidad de comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo mediante la implantación de la pregunta parlamentaria, procedimiento que estamos experimentando por primera ocasión en este periodo, pero que a nuestro juicio, si bien se trata de un medio valioso para canalizar las inquietudes de los legisladores respecto del contenido del informe o cualquier otro temática relacionada con la administración pública federal, no atiende a la dinámica que debe caracterizar la relación entre poderes, de tal manera que resulta insuficiente.

La presencia del Ejecutivo ante el parlamento para responder de las inquietudes que sus decisiones al frente de la administración puedan despertar en los integrantes de este cuerpo colegiado, responde a la naturaleza esencial de los parlamentos como medio de control del ejercicio del poder público. Debe pues, tratarse de una práctica recurrente y no de excepción.

Recientemente se ha comentado en diversos foros y se han presentado algunas iniciativas sugiriendo diversos mecanismos para dar una solución a la falta de interlocución entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, incluso proponiendo la posibilidad de pasar de un régimen presidencial, a un régimen semipresidencial, o francamente parlamentario, dotando al Congreso de mayores facultades para ejercer su función de control mediante su intervención en la designación y remoción ya sea del jefe de gobierno o jefe de gabinete, o incluso de todos los integrantes del gabinete.

Consideramos que se trata de un sistema ajeno a nuestra tradición histórica y que a la larga pudiera ocasionar mayores problemas de los que se pretenden resolver. La implantación de un sistema de esa naturaleza en un sistema democrático que aún no se encuentra plenamente consolidado, pudiera generar mayores inestabilidades políticas que la falta de comunicación que se pretende solucionar.

Por ello es nuestra opinión que lo que se requiere en lo inmediato, independientemente de fortalecer a uno u otro poder, es en realidad establecer los mecanismos de comunicación entre los poderes, dotando a la relación entre poderes de las herramientas para una adecuada comunicación que a su vez permita la interrelación y coordinación que se requiere para afrontar la problemática que aqueja a la nación, asumiendo la corresponsabilidad de gobernar.

Así pues, estimamos necesario que exista un procedimiento para que el Congreso pueda solicitar al titular del Ejecutivo federal que acuda ante él, para presentar ante situaciones de importancia, urgencia o trascendencia para el país su postura y propuesta ante ello, para exponer las motivaciones de toma de decisiones relevantes, o bien para que exponga los fundamentos que lo motivan a presentar una iniciativa de ley.

De esta manera, el Poder Legislativo podrá allegarse de las informaciones necesarias para su propia toma de decisiones, y a la vez presentar directamente al conocimiento del titular del Ejecutivo federal sus apreciaciones, y por su responsabilidad de representación social, poder transmitir a sus representados información suficiente y objetiva sobre la problemática del país.

En contraparte, consideramos que debe dotarse al titular del Poder Ejecutivo de la facultad de solicitar al Congreso que le reciba, cuando a su juicio lo estime necesario a fin de exponer sus argumentos respecto de situaciones, como las ya señaladas o bien con el fin de buscar el consenso de las fuerzas políticas respecto de la dirección de la administración pública federal.

Asimismo, el titular del Ejecutivo podría presentar personalmente aquellas iniciativas que considere fundamentales, a fin de exponer las razones políticas, económicas y sociales que lo motivan a ello, y conocer directamente los cuestionamientos que pudieran tener al respecto los legisladores.

No debe verse esta propuesta como una amenaza para la integridad jurídica, política o moral de la figura presidencial. Como garantía de ello, para citar al titular del Ejecutivo sería necesario un acuerdo entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso, que garantice el voto favorable de la mayoría de sus integrantes al punto de acuerdo respectivo, para lo que se requeriría de mayoría calificada.

Si la comunicación entre ambos poderes se ha vuelto ríspida, es en gran medida por la escasez de vías para ésta, lo que motiva a que los legisladores que pretenden exponer alguna inconformidad al titular del Ejecutivo aprovechen las pocas ocasiones que se tiene de hacerlo de manera directa, generando actos bochornosos como los que se han vivido en años recientes; o bien con declaraciones en los medios de comunicación, ante la falta de posibilidades y recursos con los que si cuenta el Ejecutivo.

En la medida en que la presencia del Ejecutivo ante los legisladores se vuelva una práctica cotidiana, la presión que las inconformidades sociales y políticas ejercen sobre el sistema representativo se verían bien y oportunamente canalizadas, generándose una verdadera relación republicana entre poderes.

En los regímenes democráticamente consolidados la presencia de los integrantes del gabinete e incluso del jefe o presidente del gobierno ante los órganos legislativos es una práctica recurrente, lo que genera un esquema de transparencia y control de gobierno, así como una adecuada comunicación e interrelación para la atención conjunta de los asuntos trascendentales que así lo requieren.

Consideramos que el presidente de la República, en su carácter de jefe del gobierno, no sólo no se encuentra impedido, sino que debe ser impelido para participar de este diálogo, tan constante y dinámico como lo marque la circunstancia, con los integrantes del Poder Legislativo para asegurar el buen funcionamiento del gobierno.

La nueva correlación entre poderes que se construye en el país, requiere que le dotemos de las herramientas necesarias para generar el diálogo necesario para la adecuada atención de la problemática nacional, sustentada ante todo en la idea de que por encima de diferencias políticas, se encuentra el interés superior de nuestros conciudadanos, de procurar al país el gobierno eficaz y eficiente que se merece.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 73 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Primero. Se modifica el inciso IV, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

Segundo. Se modifica el inciso XVII, del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Gracias, diputado Jesús Reyna García.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Se concede la palabra al diputado Eduardo Espinosa Abuxapqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos.

El diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui : Con su permiso, señor presidente.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos, con el objetivo de rezonificar al municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, y de esta forma fomentar el desarrollo de la zona, en beneficio de sus habitantes.

Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto para modificar el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos, a fin de que el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, sea reclasificado dentro del conjunto de áreas geográficas que cobran una cuota mayor, con el objetivo de que se convierta en un detonante del desarrollo de la entidad y del país en general, en virtud de la siguiente exposición de motivos:

El municipio de Felipe Carrillo Puerto tiene una extensión de 13 mil 806 kilómetros cuadrados, ocupando el segundo lugar en tamaño en el estado, con una población de 65 mil 373 habitantes distribuidos en 108 comunidades.

Cabe señalar que existe un número importante de habitantes no registrados por diversas circunstancias relacionadas con que se considera como población flotante, ya que las actividades que realizan están relacionadas con el trabajo o el esparcimiento.

Casos como el anterior se presentan en más de 200 pequeñas propiedades colindantes con la zona federal. Los terrenos, en su mayoría, se encuentran baldíos o con instalaciones antiguas utilizadas de manera temporal debido a que los propietarios no radican en el municipio.

En cuanto al desarrollo de la zona costera, la construcción del muelle para cruceros en la población de Majahual, la carretera pavimentada hasta Punta Pulticub, traen como consecuencia una mayor demanda de ocupación de los terrenos colindantes en la Zofemat, así como el turismo masivo, con lo que se tiene la expectativa de que en el corto plazo se genere una demanda para construcción y servicios para el turismo.

La economía del municipio es básicamente de tipo agrícola y forestal; de tipo artesanal y destinada a la supervivencia y, escasamente, a la comercialización. La pesca de tipo comercial es menor. Dichas actividades no representan una demanda de mano de obra remunerada, ya que por lo general son de tipo familiar.

Las principales ocupaciones asalariadas se dan en el sector de los diferentes niveles de gobierno. Un sector importante de la población se ocupa en los hoteles de la Riviera Maya, y otra parte se emplea en Cancún.

Si bien, estos empleos satisfacen a corto plazo las necesidades familiares, son insuficientes y ocasionan que las personas de las comunidades emigren para establecerse en las principales poblaciones, en las cuales cuentan con elementos que facilitan su vida.

En razón de lo anterior, es prioritario mejorar y ampliar los servicios en las poblaciones en crecimiento. Para ello, se proponen las siguientes consideraciones

Único. Se reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos, en la que el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, cambie de la Zona 2 a Zona 4, quedando como sigue:

Artículo 232-D. Las zonas a que se refiere el artículo 232-C de esta ley son las siguientes:

Zona 2, Guerrero: Copala, Benito Juárez y Tecpan de Galeana; Jalisco: Cabo Corrientes y Tomatlán; Michoacán: Aquila; Nayarit: Santiago Ixcuintla; Oaxaca: Juchitán de Zaragoza y Santa María.

Zona 4, Campeche: El Carmen; Nayarit... Quintana Roo: Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto; Veracruz, Ángel R. Cabada, La Antigua, Lerdo de Tejada, Mecayapan, Pajapán, Papantla.

Por tal motivo se presenta como único este decreto y deberá entrar en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui , del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto, para modificar el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos, a fin de que el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, sea reclasificado en el conjunto de áreas geográficas que cobran una cuota mayor, con el objetivo de que se convierta en un detonante del desarrollo de la entidad y del país en general, en virtud de la siguiente

Exposición de Motivos

Felipe Carrillo Puerto tiene una extensión de 13 mil 806 kilómetros cuadrados; ocupa el segundo lugar en tamaño en el Estado, con una población de 65 mil 373 habitantes, distribuidos en 106 comunidades.

Hay un número importante de habitantes no registrados por diversas circunstancias relacionadas con que se considera como población flotante, ya que las actividades que realizan atañen al trabajo o al esparcimiento.

Casos como el anterior se presentan en más de 200 pequeñas propiedades colindantes con la zona federal. Los terrenos en su mayoría se encuentran baldíos o con instalaciones antiguas, utilizadas de manera temporal debido a que los propietarios no radican en el municipio.

En cuanto al desarrollo de la zona costera, la construcción del muelle para crucero en la población de Majahual y la carretera pavimentada hasta Punta Pulticub traen como consecuencia mayor demanda de ocupación de los terrenos colindantes con la Zofemat, así como el turismo masivo, con lo que se tiene la expectativa de que en el corto plazo se genere una demanda de construcciones y servicios para el turismo.

La economía del municipio es básicamente de tipo agrícola y forestal, de tipo artesanal y destinada a la supervivencia y escasamente a la comercialización, y la pesca de tipo comercial es menor. Dichas actividades no representan una demanda de mano de obra remunerada, ya que por lo general son de tipo familiar.

Las principales ocupaciones asalariadas se dan en el gobierno; un sector importante de la población se ocupa en los hoteles de la riviera maya y otro en Cancún.

Si bien estos empleos satisfacen en el corto plazo las necesidades familiares, son insuficientes y ocasionan que las personas de las comunidades emigren para establecerse en las principales poblaciones, en las cuales cuentan con elementos que facilitan su vida. En razón de lo anterior, es prioritario mejorar y ampliar los servicios en las poblaciones en crecimiento.

En la actualidad, Felipe Carrillo Puerto, para satisfacer las necesidades de servicios públicos de la población, debe hacer esfuerzos para captar ingresos propios. Sin embargo, falta un desarrollo económico estable y la vocación productiva de la tierra, la cual recibe apoyos insuficientes. Se requiere una transformación impulsada por inversiones de largo plazo, en nuevas tecnologías, el establecimiento de la iniciativa privada que genere mayores empleos y, por ende, un efecto positivo en la región.

La situación desfavorable del municipio se grava por varios aspectos, como los siguientes:

La reserva de la biosfera de Sian Ka'an ocupa más de 6 mil 521 kilómetros cuadrados, que representan cerca de 12 por ciento del territorio estatal y una superficie algo mayor que el estado de Tlaxcala. La reserva se encuentra en administración federal, a cargo de la Dirección Nacional de Áreas Naturales protegidas de la Semarnat, a través una dirección con sede en Cancún, Quintana Roo, y una oficina en Felipe Carrillo Puerto.

La reserva se creó en 1986, mediante decreto del entonces presidente Miguel de la Madrid. Posteriormente, la UNESCO la declaró patrimonio de la humanidad. El decreto correspondiente representa una escisión de la extensión territorial del municipio, ya que si bien forma parte de ella, tiene estatus de territorio federal, y la autoridad municipal está impedida para actuar en su ámbito.

Asimismo, el Congreso de la Unión aprobó otros decretos de ampliación de la reserva, como el de los arrecifes Sian Ka'an y la reserva de Uaymil.

En 2001, los gobiernos federal, estatal y municipal (Felipe Carrillo Puerto y Solidaridad) suscribieron un acuerdo de coordinación para efectuar el ordenamiento ecológico territorial de la región costera de la reserva de Sian Ka'an. En 2004, el gobierno del estado publicó en el Periódico Oficial el plan de ordenamiento territorial de dicha reserva.

El ordenamiento regula el uso que se puede dar a más de 300 kilómetros de playas y litorales que corresponden a Felipe Carrillo Puerto y Tulum. En el documento se impide el establecimiento de desarrollos turísticos como en Cancún y la riviera maya.

La reserva trae beneficios directos e indirectos a Tulum, Solidaridad, Cozumel y Benito Juárez, los cuales son derivados de la promoción de la reserva como patrimonio de la humanidad, que se traduce en turismo y en empleos. Por otra parte, en especial Cozumel recibe beneficios directos en sus participaciones, en virtud de los criterios de distribución establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal del estado.

El estatus de reserva protegida y el ordenamiento correspondiente si bien cumplen sus objetivos de protección ambiental, que derivan en beneficios para el estado y la federación, en el caso del gobierno municipal, se requiere la autorización del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas para la ejecución de proyectos que deriven en mayores empleos e inversiones que mejoren los ingresos de la población del municipio.

El factor ambiental desempeña un papel determinante en el impulso del desarrollo de la región de Felipe Carrillo Puerto. Por ello se requiere que el gobierno federal y el estatal, así como las organizaciones interesadas en el tema, diseñen programas tendentes a proteger de accidentes graves la reserva, como los incendios, a fin de evitar hechos como los de agosto y septiembre pasados.

En cuanto a las aportaciones federales que recibe el municipio, la Ley de Coordinación Fiscal del estado, en el artículo 8o., fracción 5, establece que 15 por ciento de la recaudación fiscal participable se distribuirá con relación inversa a la extensión territorial de cada municipio.

Este criterio beneficia directamente a Isla Mujeres y Cozumel, en tanto que, en virtud de los criterios de distribución, Felipe Carrillo Puerto es el que menos ingresos participables recibe.

Respecto a los ingresos por uso o goce de zona federal marítimo-terrestre, sólo se tiene un concesionario, Actividades Cinegéticas Panamericanas, que opera un muelle en la zona centro de la reserva de Sian Ka'an, lo cual representa ingresos mínimos anuales, en virtud de la cuota por la zona en que se clasifica en la Ley Federal de Derechos.

Es necesario establecer algún mecanismo de compensación para el municipio, por el estatus de tener una reserva en su territorio; compensación que será utilizada para mejorar los servicios, la atención de la reserva y, en especial, el fomento de la cultura ambiental, igual que de actividades de explotación agrícola, forestal y pecuaria sustentables.

La falta de legislación suficiente ocasiona que las actividades y los procedimientos administrativos, en los que debe intervenir la autoridad municipal, ya sea en forma directa o indirecta, a través de convenios o acuerdos de colaboración, sean mínimos y no permitan generar las externalidades positivas que se requieren, por lo que es fundamental avanzar en la materia. En la actualidad, el municipio carece de facultades para intervenir en la resolución de asuntos de competencia municipal.

Un ejemplo de lo anterior se presenta en los predios colindantes con la Zofemat, donde los propietarios efectúan construcciones sin que se tramiten permisos en el municipio, ignorándose si se cumple la normatividad establecida en el plan de ordenamiento, sin que la autoridad municipal pueda intervenir, ya que falta la coordinación particular.

Con el presente decreto, que modifica el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos, que tiene por objeto cambiar de la zona II a la IV el municipio de Felipe Carrillo Puerto, así como generar un efecto ambiental positivo y la proteger la zona federal marítimo-terrestre.

Para lograr un nivel mayor de avance, se requiere que la medida sea acompañada de mayor participación de la Semarnat, facultada para efectuar los estudios y emitir los dictámenes de uso o goce por los propietarios de predios colindantes con zona federal marítimo-terrestre.

Una de las debilidades más importantes tiene que ver con los recursos que son transferidos de la federación y del gobierno de Quintana Roo, por lo que al cambiar la clasificación de Carrillo Puerto y considerarlo zona protegida será sujeto de mayores beneficios fiscales y de aportaciones.

Una de las opciones para impulsar el desarrollo de la región es a través de una distribución más equitativa de los impuestos que se cobran por la realización de actividades marinas, principalmente las recreativas, o como el nuevo impuesto a cruceros.

Los recursos obtenidos se destinarán a los municipios con reservas protegidas, considerando que un porcentaje se destine a la zona protegida y otro al mejoramiento de los servicios municipales.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos, en la que el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, cambie de la zona II a la IV, para quedar como sigue:

Artículo 232-D. Las zonas a que se refiere el artículo 232-C de esta ley son las siguientes:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Muchas gracias, diputado Eduardo Espinosa Abuxapqui.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY QUE REESTATIZA LOS FONDOS DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO REGULADOS EN LAS LEYES DEL SEGURO SOCIAL, DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO, BASADOS EN UN REGIMEN DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, RESTITUYENDOSE EL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Se concede la palabra al diputado Ramón Pacheco Llanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley que reestatiza los Fondos de los Sistemas de Ahorro para el Retiro Regulados en las Leyes del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estadoy de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, Basados en un Régimen de Capitalización Individual, restituyéndose el Sistema Solidario de Reparto.

El diputado Ramón Félix Pacheco Llanes : Muchas gracias, compañero presidente.

En nombre de 26 diputados de los partidos de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y de Convergencia, que se han adherido a la iniciativa, presento un breve resumen de ésta.

En efecto, es una iniciativa de ley con proyecto de decreto, con objeto de reestatizar los Fondos de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Los actuales sistemas de pensiones, comprendidos en el artículo 123 constitucional, nacieron de una descarada imposición contra los trabajadores, que atendió de manera servil los dictados imperiales, a través de sus instrumentos financieros: el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

La esencia de estos sistemas de pensiones basados en la capitalización individual, no es otra cosa que el saqueo, la expropiación de fondos público-sociales para causas de utilidad privada.

Estas sociedades de inversión, con toda irresponsabilidad han estado invirtiendo el dinero de los trabajadores en operaciones de alto riesgo, causando un detrimento en el ahorro de los mismos; asimismo repercutiendo en el hecho de que el país es despojado de manera permanente de recursos indispensables para el desarrollo nacional y el bienestar social.

El riesgo para los ahorros de los trabajadores, a la fecha se traduce ya en la pérdida de 65 mil millones de pesos, hasta complementar casi 72 mil millones hasta el último dato que tenemos de octubre del año pasado. Por lo que a la mentirosa afirmación del presidente de la Consar de que sólo se trata de una ``minusvalía'', hay que responder tajantemente que representan una pérdida definitiva a los ahorros de los trabajadores, como se desprende del estudio que hace unos días hizo público la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En este estudio se establece que con el actual sistema de pensiones privados, los trabajadores con una percepción media tendrán en su jubilación algo así como el equivalente al 36 por ciento de su último salario, en el caso de México.

México ocupa así, vergonzosamente, el último lugar de los países de la OCDE. Mientras algunos países como Grecia andan en un equivalente de 93 por ciento, y en otros lugares de Europa se ronda cerca de 60 o 70 por ciento, México es el lugar 29 de la OCDE, y no está más abajo porque no hay más países en la OCDE. Es el lugar 29, de 29, que reciben solamente el equivalente a 36 por ciento de su último salario.

Este fraude legalizado pone en jaque a más de 60 millones de mexicanos derechohabientes del IMSS y del ISSSTE, los cuales de manera directa o indirecta ponen su futuro en el destino de los recursos administrados por las Afore.

Luego entonces, el Estado no puede permanecer ajeno a la catástrofe que se avecina, de permanecer los dineros en la usura de las administradoras. Inclusive se agredirían recursos vitales para capotear la actual crisis, y en general, impulsar el desarrollo nacional, pues estos abultados ahorros de los trabajadores, bien custodiados e invertidos, deben ser palanca fundamental para impulsar el empleo, la infraestructura, la vivienda, el desarrollo regional, y no los bolsillos voraces de unos cuantos.

Por tanto, la Ley del Seguro Social que cobró vigencia el 1 de julio de 97 y la Nueva Ley del ISSSTE, que entró a la vida jurídica el 1 de abril son inconstitucionales, entre otras causas, pues sus normas privatizadoras entregan los fondos de pensiones a las administradoras de las cuentas individuales, es decir, al lucro de las Afore.

En esta iniciativa, de manera resumida, se propone la supresión de Afore y Siefore, es decir, del llamado régimen de capitalización individual, restituyéndose el régimen solidario de reparto que consagraba en las leyes del IMSS y del ISSSTE de 1973 y de 1983, respectivamente, y que fueron condenas a muerte por un neoliberalismo ávido de apoderarse de estos abultados recursos sociales, a fin de impulsar una nueva etapa de acumulación del sistema capitalista.

Nuestra iniciativa permitirá que las pensiones de los trabajadores retomen su seguridad y dignidad, igualmente se impedirá que las instituciones de seguros continúen lucrando con el otorgamiento de las pensiones.

De este modo los derechos de los trabajadores dejarán su antinatural carácter de mercancía para el beneficio de unos cuantos empresarios y obrarán, definitivamente, hacia el beneficio social que les ha sido despojado a los trabajadores de México. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que expide la Ley que reestatiza los Fondos de los Sistemas de Ahorro para el Retiro Regulados en las Leyes del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, Basados en un Régimen de Capitalización Individual, restituyéndose el Sistema Solidario de Reparto, a cargo del diputado Ramón Pacheco Llanes , del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales José Alfonso Suárez y del Real, Alejandro Sánchez Camacho , Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva , Layda Elena Sansores San Román , Emilio Ulloa Pérez , Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , Mónica Fernández Balboa , Rafael Elías Sánchez Cabrales , José Antonio Almazán González , Adrián Pedrozo Castillo , Pedro Landero López , Raymundo Cárdenas Hernández , Rafael Villicaña García , Juan Darío Lemarroy Martínez, Roberto Mendoza Flores , Juan Abad de Jesús y Ramón Félix Pacheco Llanes , de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y de Convergencia, en ejercicio de las facultades que les conceden en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 62, 63 y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reestatiza los fondos de los sistemas de ahorro para el retiro basados en un régimen de capitalización individual y restituye el sistema solidario de reparto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Introducción

Los actuales sistemas de pensiones, comprensivos de ambos apartados del artículo 123 constitucional, nacieron de una descarada imposición contra los trabajadores, que atendió de manera servil los dictados imperiales, a través de sus instrumentos financieros: el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La esencia de estos sistemas de pensiones basados en la capitalización individual, no es otra que el saqueo, la expropiación de fondos público-sociales ``por causa de utilidad privada'', para el lucro desenfrenado de las denominadas administradoras de fondos para el retiro (Afore) y las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro (Siefore)

Estas sociedades, con toda irresponsabilidad han estado invirtiendo el dinero de los trabajadores en operaciones de alto riesgo causando un detrimento en el ahorro de los trabajadores, asimismo repercute en el hecho de que el país es despojado de manera permanente de recursos indispensables para el desarrollo nacional y el bienestar social.

Sus condenables razones y efectos han sido denunciados de manera prolija y, los trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE, con sus propias características han luchado para detener estas contrarreformas, sin lo cual las mismas hubieran alcanzado dimensiones aún más trágicas.

De manera que no es ninguna novedad, sino consecuencias ya proyectadas por trabajadores y especialistas, el actual golpeteó a los recursos, en general, a los derechos de los trabajadores. Las pensiones en el marco de las Afore serán privilegio para unos cuantos, los demás accederán a pensiones mínimas garantizadas a costa de recursos presupuestales, o bien, no alcanzarán pensión alguna, quedándose con un monto paupérrimo de sus ahorros, y siempre que las Afore se los regresen sin obtener rendimiento alguno. Por lo tanto muestra que la seguridad social administrada de manera privada, favorece principalmente las políticas neoliberales, al mercado de capitales, a las Afore y a los bancos, pero no a los trabajadores.

El riesgo para los ahorros de los trabajadores, a la fecha se traduce ya en la pérdida de 65 mil millones de pesos. A la mentirosa afirmación del presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) de que sólo se trata de una ``minusvalía, manifestamos: en primer lugar, hay trabajadores que en los actuales momentos deben vender los títulos representativos de sus ahorros, para acceder a pensiones de riesgos de trabajo o invalidez, o al realizar retiros totales por alcanzar la edad de 60 años, o parciales por ayuda de desempleo o matrimonio, o incluso por retiro de aportaciones voluntarias.

Segundo, las Afore también invirtieron en títulos basura que ya jamás recuperarán valor alguno.

Tercero, nadie puede garantizar que a partir de ahora el capitalismo dejará sus crisis cíclicas, con rendimientos estables y al alza, por el contrario los próximos años presentan un horizonte lleno de riesgos.

Cuarto, este cuento de ``sólo minusvalías'', está desacreditado ante los trabajadores que han visto como se esfumaron sus ahorros acumulados hasta el 92 del Infonavit, como les fueron arrebatados en el 2002, 20 mil millones de su SAR como ``regalo'' para el gobierno federal, o como desaparecieron las reservas de pensiones del IMSS e ISSSTE, o como se están haciendo agua los dineros de los fideicomisos para jubilaciones de Ferronales, Banrural, Banobras, entre otros.

Es decir, los 65 mil millones y los que se siguen acumulando (hasta complementar casi 72 mil millones a septiembre de 2008), representan una pérdida masiva e injusta de recursos, de la cual no responden ni las Afore ni el Estado, por lo que los trabajadores son los únicos que verán como desaparecen sus esfuerzos y esperanzas. En contraste con las utilidades netas obtenidas a la fecha por las Afore por más de 29 mil 16 millones de pesos y que se mantienen a la alza.

Baste señalar que las comisiones promedio sobre saldo se incrementaron hasta un 87 por ciento, por lo que la supresión de la comisión sobre flujo no representó para los trabajadores ahorro alguno.

Por ello es indispensable llevar a cabo la reestatización de los sistemas de ahorro para el retiro evitando que estas ``sociedades'' se enriquezcan ilícitamente a costa del trabajo, esfuerzo y economía de los trabajadores; las condiciones de vida de la clase trabajadora son cada día más desventajosas e injustas, creando anarquía y desesperación, por la forma en que se encuentra distribuida la riqueza en nuestro medio.

Este fraude legalizado, pone en jaque a más de 60 millones de mexicanos derechohabientes del IMSS e ISSSTE, los cuales de manera directa o indirecta ponen su futuro en el destino de los recursos administrados por las Afore.

El anhelo fundamental de la actual clase trabajadora, es no solo asegurar el sustento y la comida del día siguiente, sino también la subsistencia decorosa y digna para el resto de sus días de él y de las personas que dependan de el económicamente, así como de los infortunios o imprevistos que puedan presentarse.

No olvidemos que en el caso del ISSSTE aún los trabajadores que no son de nuevo ingreso y no obstante no haber optado por las cuentas individuales, ya tienen sus ahorros, de manera parcial o total, y con base a trampas jurídicas, en el Pensionissste o las Afore privadas.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) informó que con el actual sistema de pensiones privado, los trabajadores con una percepción media tendrán en su jubilación un ingreso equivalente a sólo el 36 por ciento de su último salario, así mismo informó que es la cifra más baja dentro de los países que conforman este organismo.

Luego entonces, el Estado no puede permanecer ajeno a la catástrofe que se avecina de permanecer los dineros en la usura de las administradoras. Inclusive se agredirían recursos vitales para capotear la actual crisis y en general impulsar el desarrollo nacional, pues estos abultados ahorros de los trabajadores, bien custodiados e invertidos deben ser palanca fundamental para impulsar el empleo, infraestructura, vivienda, desarrollo regional; no los bolsillos voraces de unos cuantos.

Por ello, la seguridad social debe tener por objeto contrarrestar la ciega injusticia de la naturaleza y de las actividades económicas por medio de un sistema bien estructurado de bienestar colectivo integral, basado en la justicia social, niveladora de las desigualdades que persiguen remediar los grandes males y diferencias de las clases económicamente débiles.

Por tanto, con fundamento en las fracciones XXIX del Apartado A y XI del Apartado B del artículo 123 constitucional, en relación con el párrafo segundo del artículo 27 constitucional y las fracciones I y VIII del artículo 1o. de la Ley de Expropiación, se debe proceder de inmediato a la reestatización de los fondos de pensiones.

No hablamos de nacionalización, ya que además de que las Afore son empresas constituidas de conformidad con la legislación del país, es decir, son mexicanas, no queremos que se abra en lo futuro la puerta otra vez a la inversión privada, con el pretexto de que a diferencia de las actuales Afore, las nuevas serían de capital mexicano exclusivamente, como ha pasado con el petróleo.

Recordemos que la burguesía depredadora ha señalado que en realidad el petróleo se ``estatizó'' a favor de la burocracia, pues la nacionalización implicaría que todos los mexicanos sean beneficiados con los recursos de Pemex, entendiendo desde luego por ``todos'', sólo ``ella''.

Análisis detallado

Sólo en la justicia social, como se desprende de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, puede florecer una paz social duradera; igualmente sólo la justicia social permite un crecimiento económico a largo plazo, que lleva implícito la paz social.

La fracción XXIX del artículo 123, Apartado A, de la Constitución federal otorga a la Ley del Seguro Social y por analogía a la Ley del ISSSTE, el carácter de ordenamientos de utilidad pública, es decir, la seguridad social es un servicio público que debe ser proporcionado por el Estado, de manera exclusiva, integral e irrenunciable.

Por tanto la Ley del Seguro Social que cobró vigencia el 1 de julio de 1997 y la nueva Ley del ISSSTE que entró a la vida jurídica el 1 de abril de 2007, son inconstitucionales, entre otros, por sus normas privatizadoras que entregan los fondos de pensiones, la administración de las cuentas individuales al lucro de las Afore, asimismo se oponen a la Constitución federal los artículos que prevén el otorgamiento de las pensiones a cargo de las instituciones de seguros.

Tal inconstitucionalidad igualmente se pone de manifiesto, desde el momento en que tales leyes, obligan a lanzar los fondos de las pensiones al mundo del riesgo, a la bolsa de valores, a los valores extranjeros, pues reducen los derechos de los trabajadores y contradicen la esencia misma de la seguridad social que como marca la propia fracción XXIX ya citada, debe estar encaminada `` a la protección y bienestar de los trabajadores''.

En la presente iniciativa de manera resumida, se propone la supresión de las Afore y Siefore, es decir del llamado régimen de capitalización individual restituyéndose el régimen solidario de reparto que se consagraba en las Leyes del IMSS e ISSSTE, de 1973 y 1983, respectivamente, y que fueron condenadas a muerte por un neoliberalismo ávido de apoderarse de estos abultados recursos sociales, a fin de impulsar una nueva etapa de acumulación del sistema capitalista.

Nuestra iniciativa permitirá que las pensiones de los trabajadores retomen su seguridad y dignidad. Igualmente se impedirá que las instituciones de seguros continúen lucrando con el otorgamiento de las pensiones.

De esta manera los derechos de los trabajadores dejarán su antinatural carácter de mercancía para el beneficio de unos cuantos empresarios, en su aplastante mayoría extranjeros, encaminándose por los principios de la seguridad social solidaria.

Todo esto además como respuesta a la lucha histórica de los trabajadores afiliados al IMSS como al ISSSTE que sufrieron la imposición de leyes injustas e inconstitucionales.

Baste señalar que los burócratas a la fecha han interpuesto más de tres millones de amparos para demostrar la inconstitucionalidad de ésta. Lo que significa, para fines jurídico-prácticos, que gracias a la lucha de los burócratas, la Ley del ISSSTE de 1983 sigue viva en el marco de las suspensiones masivas concedidas con motivo de estos amparos; pero sobre todo en su espíritu de lucha.

Con lo que se evidencia la certeza del principio aquél, que exige para la validez de una ley, no sólo el cumplimiento de los formalismos legislativos, sino su indeclinable contenido de justicia.

La actual recesión ha redimensionado, ha probado plenamente todos los abusos y deficiencias que siempre hemos denunciado sobre los sistemas de pensiones basados en las Afore.

Los dineros sagrados de los trabajadores cuyo único destino debe ser la sobrevivencia de los trabajadores y sus familias, cuando aquellos se retiren por razón de incapacidad o edad avanzada metidos al círculo inconstitucional del riesgo, ¡al cabo que cualquier pérdida en los ahorros los cargará la parte más débil, los trabajadores, o en última instancia los recursos presupuestales!

Los trabajadores, sin garantía alguna de rendimiento, como lo hacía el anterior Sistema de Ahorro para el Retiro; en contraste las Afore primero cobran sus utilidades, bajo el nombre de caras y no justificadas comisiones a cuentas de servicios secundarios, o bien nulos, pero si se les obligo al pago puntual de comisiones.

Es decir, millonadas de recursos fueron expropiados por la fuerza a favor del negocio del capital financiero, contrariándose la ley y la voluntad de los trabajadores. Cobro que no da lugar a servicios de calidad, calidez y de respeto a los derechohabientes.

Así nos encontramos que las Afore ponen todos los obstáculos para informar, orientar, y devolver, de manera parcial o total, los recursos de los trabajadores, no se les reconoce a los trabajadores el carácter de socios de las Siefores con poder de decisión sobre la inversión de sus recursos estableciendo un monopolio en el manejo de recursos de los propios trabajadores, contrariando los principios jurídicos que rigen las sociedades anónimas y a las sociedades de inversión en general.

Incluso la omisión de los estados de cuenta que las Afore deben entregar de manera semestral a los trabajadores es cada vez más generalizada, lo que conlleva a una clara violación de sus derechos y que se traduce a una clara falta de transparencia en el manejo de los recursos de los trabajadores.

Es decir, en los hechos, los trabajadores no son tratados como propietarios de los fondos de pensiones sino como arrimados; las Afore actúan como si fueran las únicas dueñas de los ahorros de los trabajadores. Es indispensable que los derechohabientes de las afores tengan una mayor participación en los sistemas de ahorro para el retiro, para obtener un mayor equilibrio y equidad, como lo ha señala la propia Consar; pues actualmente los trabajadores están marginados del mundo de las Siefores y Afore, comenzando por el hecho de que carecen de una cultura financiera básica.

Aunado a lo anterior, el fraude ha sido la manera como las Afore se han hecho de cuentas individuales, bajo el marco del registro o traspaso, vía engaño, intimidación a los trabajadores, falsificación de firmas y documentos, entre otros. ¡Y la Consar, bien gracias; actuando como cómplice de todos estos desmanes! Apenas el pasado 28 de mayo se publicó una circular de esta comisión que reconoce estos desmanes de las administradoras y adopta medidas tibias para intentar detenerlas.

Las Afore, casi en su totalidad de capital extranjero, administran ya, casi un billón de pesos; no siendo adecuado que empresas privadas manejen montos tan grandes de capital nacional. Eso pone en cuestionamiento la soberanía nacional.

El destino de la mayoría de los trabajadores, incluidas sus familias, entregado a empresas cuyo único objetivo es la ganancia, el lucro más descarnado, antípoda de la esencia y objetivo de la seguridad social. Privatización, prohibida por el artículo 123 constitucional, así como por los Convenios de la OIT números 35, 37, 39 y 102.

Si no se pone freno a estos abusos, aparte del fraude a los trabajadores y sus familias, nacerá una carga insostenible para las finanzas públicas. Además de que el país es despojado de manera permanente de recursos indispensables para el desarrollo nacional y el bienestar social: empleo, infraestructura, vivienda, desarrollo regional.

¡Basta recordar que de enero a septiembre las trasnacionales, en que se incluyen las Afore, han sacado del país 2 mil 300 millones de dólares para auxiliar a sus casas matrices, bien sabemos que los capitales no tienen patria!

A la fecha el dato oficial ronda una pérdida de más de 65,000 millones de pesos sufrida por las cuentas individuales de los trabajadores que ``administran'' las Afore, y eso que apenas comienza el crack de las bolsas a nivel internacional; pérdida que la Consar eufemísticamente, le denomina ``minusvalía'', como si en los años venideros la economía fuera a gozar de perfecta salud.

Debe analizarse sin apasionamiento la decisión del gobierno Argentino de estatizar el sistema privado de pensiones, como medio de proteger los ahorros de los trabajadores y el interés nacional; sistema privado que por cierto, después de una historia de abusos contra la clase trabajadora, curiosamente, al verse amenazado con ser separado de este negocio, ofreció al gobierno Argentino, lo que siempre habían señalado como insostenible (igual que las Afore): el cobro de comisiones únicamente sobre saldos y rendimientos reales.

Es indispensable que a la brevedad las Afore sean estatizadas, caso en el cual los trabajadores no serían despojados de sus ahorros, sino por el contrario entrarían estos recursos bajo la responsabilidad y garantía del Estado mexicano y la vigilancia y decisión de los trabajadores, lo que garantizaría de manera plena el futuro de las pensiones.

Siempre con mayor o menor frecuencia se ha denunciado, el abuso gigantesco de las Afore contra los trabajadores.

Incluso algunos pocos legisladores han presentado al Congreso de la Unión diversas iniciativas para exigir la supresión de este perverso sistema basado en el lucro y la total desprotección de los trabajadores. Hasta no hace mucho tiempo, estas posiciones se tachaban de radicales, y equivalían a una prédica en el desierto.

Sin embargo, a estas alturas, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, surgen cada vez más voces para exigir límites a las Afore, o inclusive proceder a su reestatización.

Ante la prueba contundente de algo elemental, que estos nefastos negocios sólo ven por sus intereses, despreciando el legítimo derecho de los trabajadores y sus familias a una pensión digna, lo que va de la mano del riesgo que está surgiendo para los recursos públicos.

Apenas parece creíble que el Congreso de la Unión haya aprobado un sistema, en que negocios privados, llamados Afore, reciban el capital para alcanzar sus utilidades de manos del pueblo trabajador, sin obligación de reponer las pérdidas que sufran los trabajadores en sus ahorros, tampoco de garantizar un rendimiento mínimo real, ni menos aún otorgar un pensión por mínima que fuera.

Estas Afore, con toda irresponsabilidad han estado invirtiendo los dineros de los trabajadores en operaciones de alto riesgo especialmente hablando de valores extranjeros, situación que alcanza niveles de catástrofe ante la recesión económica actual, lo que ha llevado a la pérdida, se insiste, de más de 65 mil millones de pesos. ¡Qué les importa a las Afore, si ellas ya tienen garantizadas sus utilidades vía sus altísimas y seguras comisiones!

Y así, vemos que mientras las Afore están unidas en la Amafore (Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, AC), y gozan de un respaldo cómplice de la Consar y en general del Gobierno Federal, los trabajadores por su parte, los derechohabientes, están desunidos y desorganizados, aplastados por la falta de preparación e información, y golpeados permanentemente por la actitud y decisiones gubernamentales. ¡Las Afore deben desaparecer!

Uno de los hechos en que se ve de manera descarada la arbitrariedad que caracteriza a las Afore, bajo la complicidad gubernamental, es el cobro de comisiones a las cuentas inactivas, lo cual resulta inaceptable ya que el trabajador no está generando ingresos como para que inconstitucionalmente le cobren comisiones sobre un ingreso que no se está aportando.

Nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones y derechos, sino mediante previo juicio. Así lo ordena de manera terminante la Constitución federal en su artículo 14, como una de las garantías fundamentales para la seguridad jurídica de todo individuo.

Sin embargo en abierta violación a esta garantía individual, el legislador federal en el artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, autoriza el cobro de comisiones a las cuentas individuales inactivas de los sistemas de pensiones, a la par de las que pagan las cuentas activas.

Desde luego, el trabajador cuando pierde el empleo o pasa a desempeñarse en un trabajo independiente, está impedido legalmente a retirar sus ahorros forzosos de su cuenta individual, y pareciera en exclusivo beneficio del capital financiero, casi en su totalidad extranjero.

Al estar el trabajador autorizado a recibir sus ahorros hasta que cumpla 60 años de edad o al acceder a una pensión. Aparte los retiros parciales por desempleo y, en el caso del IMSS, por ayuda de matrimonio. Sobra decir, que la posibilidad de ahorros voluntarios de parte de los trabajadores a su cuenta individual, resulta un imposible para la mayoría de los mismos.

Pues bien, al no poder retirar el trabajador sus recursos y quedar inactiva su cuenta, sus ahorros son mermados de manera constante por las caras comisiones que las Afore les cobran, de manera que cuando llega la oportunidad temporal para su retiro, lo que sucede es que sus ahorros están extinguidos, o casi extinguidos por el saqueo que estas ``administradoras'' realizan con el apoyo de la Consar y del mismo gobierno. O en otros términos, el trabajador fue despojado de sus dineros, de su propiedad y derechos, sin previo juicio, en abierta violación al artículo 14 constitucional.

Este no es un problema pequeño, ya que el 62 por ciento de las cuentas individuales son inactivas; número que tenderá a incrementarse ante las crecientes tasas de desempleo provocadas por la actual recesión económica.

En el caso, pues, se priva a una persona de sus ahorros sin previo juicio. Pero lo más inadmisible es que estos dineros se quitan a los trabajadores, a los que menos tienen, para llenar los bolsillos de los empresarios financieros.

Conclusión

En suma, las Afore, nunca, en ninguna parte del mundo, han sido camino para fortalecer y mejorar el sistema de pensiones. Son un claro camino de privatización; de transformación de derechos y recursos sociales en materia para negocios abusivos.

Respecto al IMSS, el fracaso de las Afore es evidente: comisiones de usura sobre los ahorros de los trabajadores, rendimientos bajos y ahora pérdidas en lugar de rendimientos, prepotencia como elemento rector de las Afore quienes, en muchos casos, mediante el fraude inscriben y traspasan las cuentas individuales de los trabajadores, participación y preparación cero de los trabajadores en el sistema, falta de transparencia, inadecuada atención ante los abusos de las Afore, proyección masiva de pensiones por abajo del salario mínimo con riesgo para las finanzas públicas, quiebra administrativa con varias cuentas a nombre de cada trabajador, falta de imparcialidad de las autoridades competentes empezando por la Consar, montos constitutivos abultadísimos para la contratación de las pensiones ante las instituciones de seguros, ilegal negativa de las Afore para entregar los ahorros a los trabajadores y a sus beneficiarios, pérdida de la soberanía en manos del capital extranjero, cadena interminable de juicios, entre otras.

Para los trabajadores del Apartado B del artículo 123 constitucional, el panorama es aún más difícil, ya que entran al sistema de capitalización individual cuando el mercado de valores, tanto a nivel nacional como internacional, pierde dinamismo y está en el pantano de la recesión y el crack.

En cuanto a las instituciones de seguros especializadas en la práctica de los seguros de pensiones, absorben recursos millonarios de los trabajadores y el gobierno federal, bajo la denominación de capitales constitutivos, a cambio de pensiones miserables, que nuevamente acaban estando en el mundo del riesgo.

Adicionalmente a la reestatización de los fondos que administran las Afore y de los recursos de pensiones manejados por las instituciones de seguros, es indispensable que el Estado retome un papel activo en materia de crecimiento económico, ampliación del mercado interno, empleos y salarios dignos, único camino para acabar con las penurias financieras del IMSS e ISSSTE que viven de las cuotas y aportaciones obtenidas.

Evidentemente la expansión del desempleo, 1, 909,728 equivalente a una tasa de 4.2 por ciento en el tercer trimestre de 2008; de la informalidad, comprensiva de una tasa del 27.1 por ciento, es decir 11.8 millones en el mismo periodo, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y, 63 por ciento según la OIT, sumado a la precarización del empleo y el salario, representan un tóxico insoportable para las finanzas del IMSS e ISSSTE.

Ante la necesidad de rescatar recursos sociales que impactan a más de 60 millones de derechohabientes del IMSS e ISSSTE, y que ponen en jaque el futuro de las finanzas públicas, el estado de derecho y la paz social; urge proceder de inmediato a la reestatización de las Afore y de las instituciones de seguros especializadas en la práctica de los seguros de pensiones. Rehaciéndose una seguridad social solidaria de reparto, integral, que nunca debió de pasar al egoísmo del lucro.

Igualmente, se debe eliminar ``la propiedad'' de los trabajadores sobre ``sus'' ahorros, lo que fue la trampa demagógica-jurídica para abrir el camino a la privatización de la seguridad social; los trabajadores nunca han actuado como propietarios sino han sido obligados a actuar como tapaderas de las únicas dueñas de tales dineros, las Afore. Razón por la cual los ahorros de las cuentas individuales de los trabajadores pasarán al patrimonio del IMSS e ISSSTE, a un fondo solidario, para con ellos cubrir las jubilaciones y pensiones de los trabajadores y sus beneficiarios.

Para no regresar a las corruptelas y desvíos de los fondos de pensiones llevados a cabo por la burocracia, en el periodo previo a las Afore, se propone, a semejanza de la ley de estatización argentina, la creación de una comisión de pensiones solidarias constituido por un representante del Ejecutivo federal, igual número de diputados y senadores, representantes de los trabajadores y de la asamblea nacional de derechohabientes, que supervisará la transferencia y administración de los recursos de los trabajadores.

Se propone impulsar la participación de todos los trabajadores, pensionados y sus familias, en general de todos los derechohabientes del IMSS e ISSSTE, para la democratización en la toma de decisiones y vigilancia dentro de estos Institutos; pero sobre todo para impedir su privatización en el presente y en el futuro, lo cual está en congruencia con el carácter de la relación jurídica que surge en el marco de la seguridad social, que a diferencia de la relación laboral (trabajador-patrón), no sólo se entabla entre el Instituto ( IMSS o ISSSTE) y el trabajador (en su caso pensionado), sino también con el resto de los derechohabientes (cónyuge, hijos, etcétera); los familiares derechohabientes son también sujetos de esta relación jurídica. Esto desde luego no suprime la obligación del Estado a responder de los desequilibrios financieros que pudieran llegar a tener estos Institutos.

Para hacer realidad lo anterior, se deben crear los mecanismos para que los trabajadores y sus familias puedan participar con un voto mayoritario en la toma de decisiones dentro del IMSS e ISSSTE, creándose la asamblea nacional de derechohabientes desde los municipios, cuya estructura organizativa pasará por cada una de las entidades federativas y a nivel nacional; asamblea que designaría a sus representantes ante los órganos de gobierno de estos institutos, e igualmente ante comisión de pensiones solidarias, participando de manera real en las decisiones de éstos.

No planteamos la simple vuelta al pasado, toda vez que en el mismo de manera reiterada se desviaron los recursos, por actos de conveniencia política o corrupción, o simplemente hacia fines diversos a los previstos en la ley.

También siguiendo la solución jurídica dada en Argentina, para evitar abusos en la compensación que se entregue a las Afore e instituciones de seguros estatizadas, no se les dará ninguna reparación por concepto de los ahorros de los trabajadores integrados mediante una contribución tripartita, careciendo tales empresas de toda titularidad sobre estos recursos.

Por tanto, sólo se compensará el capital social invertido por estas personas morales, que por regla general es minúsculo, y sólo por medio de títulos públicos emitidos por los Estados Unidos Mexicanos, previéndose al efecto la autorización al Ejecutivo federal de asumir tal deuda.

Al respecto se podría considerar que las abultadas utilidades de las Afore y las pérdidas que han ocasionado a los ahorros de los trabajadores, justifican que no se les diera ni un quinto de compensación y, por el contrario se les cobrarán los daños y perjuicios causados. Sin embargo, no hay que olvidar que la Constitución en su artículo 22 prohíbe la confiscación de bienes; y por lo que hace a los abusos y daños y perjuicios causados, se prevé la realización de una auditoría a los manejos de las Afore para deslindar las responsabilidades de todo tipo que procedan, incluida en su caso la reparación de los daños y perjuicios.

No se prevé la reforma de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, para efectos de adquisición de deuda, ya que la compensación a las empresas liquidadas se debe hacer de manera que no se causen problemas a las finanzas públicas. Es decir, se debe hacer según las posibilidades e intereses de la nación.

Se señala en esta iniciativa que la transferencia de los ahorros de los trabajadores de las Afore a la Nación Mexicana en el marco de la reestatización propuesta, sea en ``especie'', es decir, se entregarían los títulos representativos de los ahorros de los trabajadores (bonos, acciones, etcétera); esto agiliza la transferencia evitando acciones de retardo de parte de estas empresas; pero sobre todo protege los ahorros de los trabajadores, ya que ante la caída de las bolsas (más bien del sistema financiero internacional) es el momento menos oportuno para la venta de estos títulos.

Desde luego, otra vez conforme a nuestra Constitución federal y la solución argentina, se preserva el derecho de los trabajadores que estuvieron sujetos al régimen de capitalización, a obtener iguales o mejores prestaciones que a las que tenían derecho en el marco del mismo. Igualmente se vela por la preservación de las fuentes de empleo de las personas que prestan sus servicios a las Afore e instituciones de seguros.

Necesitamos volver al principio que creo las pensiones de jubilación o de retiro, bajo los principios que le garanticen al trabajador que cuando llegue al término de su vida laboral, por sus condiciones físicas o de salud, deberá dársele una pensión suficiente y digna para mantener un nivel de vida que mantenía como trabajador.

De acuerdo con todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que propone una ley con el objeto de reestatizar los fondos de los sistemas de ahorro para el retiro del IMSS y el ISSSTE, con base en un régimen de capitalización individual, restituyéndose el sistema solidario de reparto, en los siguientes términos:

Ley que Reestatiza los Fondos de los Sistemas de Ahorro para el Retiro Regulados en las Leyes del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, basados en un régimen de capitalización individual, restituyéndose el sistema solidario de reparto

Artículo 1. La presente ley es de observancia general en toda república, sus disposiciones son de orden público e interés social.

Artículo 2. Se eliminan los sistemas de ahorro para el retiro basados en un régimen de capitalización individual, mismos que son absorbidos y sustituidos a favor del patrimonio de la nación, por conducto del Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en el marco de un régimen solidario de reparto, conforme a las condiciones establecidas en la presente ley.

En virtud de lo anterior se suprimen las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado y las instituciones de seguros especializadas en la práctica de los seguros de pensiones.

El sistema solidario de reparto a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, garantiza a los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización individual vigente hasta la fecha, los mismos derechos y beneficios previstos en las Leyes del Seguro Social de 1973 y de 1983, respectivamente.

Artículo 3. Las administradoras de fondos para el retiro y el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado transferirán en especie al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado según corresponda, los recursos e información que integran las cuentas individuales de los afiliados a los sistemas de ahorro para el retiro de capitalización individual. Dichos activos pasarán a integrar el Fondo Solidario de Reparto de cada una de estos institutos. Estos recursos se aplicarán de manera exclusiva para cubrir las pensiones de los trabajadores y sus beneficiarios.

En la misma forma precisada en el párrafo anterior, las instituciones de seguros especializadas en la práctica de los seguros de pensiones, deberán devolver al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, según corresponda, los fondos de reserva de las obligaciones futuras, pendientes de cubrir.

Se cancelan las concesiones otorgadas a las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR.

Para la transferencia de los recursos e información de las cuentas individuales, que deberá realizarse máximo en 30 días naturales, las empresas en liquidación serán intervenidas de inmediato por el gobierno federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el sólo efecto de llevar cabo tal transferencia.

Artículo 4. La totalidad de las cuotas y aportaciones correspondientes a los trabajadores financiará las prestaciones a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Por tanto los ahorros de los trabajadores y las futuras cuotas y aportaciones dejarán de ser propiedad de los trabajadores, para convertirse en patrimonio de los respectivos institutos.

Artículo 5. La transferencia y administración de los ahorros de los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, quedarán sujetas a la supervisión de una Comisión de Pensiones Solidarias, integrada por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, siete senadores y siete diputados, designados por cada una de las Cámaras del honorable Congreso de la Unión, siete representantes de las organizaciones de los trabajadores y siete de la Asamblea Nacional de Derechohabientes. Todos los representantes tendrán derecho a voz y a voto.

El Ejecutivo federal deberá establecer con criterios de pluralidad, las bases para determinar las organizaciones de trabajadores que intervendrán en la designación de sus representantes ante esta Comisión, de manera que ninguna de estas organizaciones deberá tener más de un representante.

Esta comisión en cumplimiento de su función de supervisión, tendrá facultad de solicitar todo tipo de información, así como de formular todo tipo de observaciones, recomendaciones y dictámenes en los asuntos a su cargo. A estos efectos la comisión queda facultada a dictarse su propio reglamento interior.

Artículo 6. En ningún caso las compensaciones por estatización que pudieran corresponder a las administradoras de fondos para el retiro, Instituciones de seguros y empresas operadoras liquidadas, podrán superar el valor máximo equivalente al capital social de las mismas, de acuerdo a las condiciones que establezca la reglamentación de la presente ley. A esos fines, el gobierno federal, de ser el caso, entregará a los accionistas de dichas entidades, títulos públicos emitidos o a emitirse por los Estados Unidos Mexicanos, teniéndose en cuenta un cronograma mínimo de enajenación de dichos títulos, que podrá prolongarse hasta por diez años, para evitar afectaciones a la cotización de los mismos y a las finanzas públicas. El Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deberán tener derecho prioritario de recompra sobre dichos títulos.

Artículo 7. Tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social como en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los derechohabiente tendrán derecho a constituir una Asamblea Nacional de Derechohabientes, integrada desde el nivel municipal, pasará por cada una de las entidades federativas y hasta el nivel nacional, con plena autonomía y con derecho a designar representantes ante los órganos de autoridad de estos Institutos y, asimismo ante Comisión de Pensiones Solidarias. Esta asamblea deberá tener la mayoría de votos en tales órganos de autoridad.

Artículo 8. Si llegare a ocurrir en cualquier tiempo que los recursos de los institutos no bastaren para cumplir con las obligaciones legales a su cargo, el déficit que hubiese, será cubierto por el Estado, por conducto del gobierno federal.

Artículo 9. Los recursos de los Fondos Solidarios de Reparto del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no podrán ser invertidos en valores extranjeros.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El gobierno federal garantiza a los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización Individual que se estatiza, iguales o mejores prestaciones que a las que tenían derecho a la entrada en vigor del presente decreto.

Artículo Tercero. Los periodos cotizados por los afiliados al régimen de capitalización, serán considerados para efectos del otorgamiento de los beneficios del régimen de reparto, como si hubiesen sido cotizados al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o a ambos.

Artículo Cuarto. El Ejecutivo federal dentro de los dos meses posteriores de la entrada en vigor de este decreto, deberá proponer a la honorable Cámara de Diputados una terna de auditores externos a efecto de que ésta elija uno de éstos y lleve a cabo una auditoria para determinar si se apegó o no a derecho la administración e inversión que las administradoras del fondo para el retiro hayan efectuado desde su constitución sobre los recursos de los trabajadores; procediendo el Ejecutivo federal, en su caso, a presentar las demandas y denuncias procedentes, que permitan sancionar a los responsables y recuperar los recursos ilegalmente obtenidos por las administradoras.

Los servidores públicos a quienes se determine responsabilidad en los hechos precisados en el párrafo anterior, verán incrementada su sanción en un cincuenta por ciento más, ya sea ésta de índole económica y/o privativa de libertad.

Artículo Quinto. Las pensiones y demás beneficios que a la fecha estén otorgando a los trabajadores o sus beneficiarios las Afore o las instituciones de seguros especializadas en la práctica de los seguros de pensiones, continuarán siendo pagados por el Instituto Mexicano del Seguro Social o Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, según corresponda.

Artículo Sexto. Los afiliados al régimen de capitalización individual que hubieran efectuado aportaciones voluntarias y aportaciones complementarias de retiro, las podrán retirar, con los rendimientos respectivos, en los doce meses subsecuentes a la entrada en vigor del presente Decreto conforme a las disposiciones reglamentarias que se emitan. En tanto se entregan dichas aportaciones la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fijará el rendimiento mensual que se generará en favor de los trabajadores, por concepto de estos ahorros.

Artículo Séptimo. El gobierno federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo y Previsión Social, tomará las medidas necesarias para preservar el empleo y prestaciones de los trabajadores de las administradoras de fondos para el retiro, las instituciones de seguros especializadas en la práctica de los seguros de pensiones y empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, mediante su incorporación a la administración pública federal, o en su caso, el gobierno federal los indemnizará de conformidad con el derecho. En tal virtud se les reconocerá su antigüedad laboral acumulada en estas empresas privadas.

Artículo Octavo. El Ejecutivo federal emitirá los reglamentos necesarios y el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado los acuerdos requeridos para hacer operativa la presente ley dentro de los 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.

Artículo Noveno. El Ejecutivo federal deberá presentar dentro de los sesenta días hábiles subsecuentes a la entrada en vigor del presente decreto las reformas necesarias a las Leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a efecto de adecuarlas a la presente ley.

Artículo Décimo. La administración de los recursos de vivienda estará de manera integral en manos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tratándose del Fovissste.

Artículo Décimo Primero. Se autorizará en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 y subsecuente, a cargo del Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los montos de deuda pública procedentes para dar debido cumplimiento al artículo 6o. de esta ley, todo de acuerdo con la fracción VIII del artículo 73 constitucional y a Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Gracias, diputado Ramón Pacheco Llanes.Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Presidencia quiere saludar, dar la bienvenida a este recinto a un grupo de jóvenes de Coahuila, invitados por el diputado Jericó Abramo Masso, bienvenidos. Asimismo, dar la bienvenida a un grupo de personas de la industria textil de Guanajuato, invitados por el diputado Artemio Torres Gómez . Así como a alumnos y profesores de la Universidad La Salle, en su plantel de La Laguna, invitados por el diputado José Rosas Aispuro Torres . Bienvenidos, sean ustedes a este recinto parlamentario.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Tiene la palabra la diputada Beatriz Manrique Guevara, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por la propia diputada Manrique y el diputado Luis Alejandro Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Beatriz Manrique Guevara : Con el permiso de la Presidencia.

En nombre de mi compañero Luis Alejandro Rodríguez y del mío propio, presento la iniciativa que reforma la Ley General de Salud, en materia de salud bucal.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, la salud bucal es uno de los principales componentes de la salud general. A pesar de que usualmente este tema recibe poca atención, las enfermedades bucales pueden tener gran impacto en la nutrición, en la pronunciación, la comunicación y también la estética, que influye en la autoestima.

La niñez y la juventud son las etapas de la vida en donde existe mayor susceptibilidad a las caries y enfermedades de las encías, causando pérdida prematura de los dientes.

La salud oral es especialmente importante en estas edades por ser el periodo en el cual los dientes permanentes se de-sarrollan y requieren una higiene adecuada tres veces al día.

En México el sistema de vigilancia epidemiológica de patologías bucales es el organismo que proporciona información sobre la morbilidad de las principales patologías bucales para tomar acciones de promoción de la salud y prevención de las enfermedades asociadas.

En sus datos más recientes el Sivepab reporta que los jóvenes mexicanos de 10 a 14 años presentan en promedio 7 dientes afectados por caries. Esta alarmante cifra está directamente relacionada con los datos de higiene bucal, la cual es regular o mala en 13 por ciento de los casos.

En el grupo de 14 años, el índice de dientes afectados por caries es de 2.2. Este dato es comparable con países de América, como Costa Rica y Chile, que tienen índices similares. Sin embargo, algunos países como Cuba y Estados Unidos han logrado índices más bajos debido a que sus sistemas de salud dental tienen mayor cobertura.

No debemos menospreciar esta información puesto que casi todas las enfermedades bucales son prevenibles con una adecuada higiene. Además, la cercana correlación entre varias enfermedades bucales y crónicas no transmisibles ocurre por factores de riesgo comunes que deben de ser atendidos en conjunto.

En Latinoamérica, las recientes reformas en el sector salud están fomentando la privatización de los servicios de salud bucal, de modo que el acceso a ellos depende de la capacidad adquisitiva y su énfasis es más terapéutico que preventivo. De esta manera, las personas con más recursos tienen menos riesgo de enfermarse y de que sus enfermedades se agraven.

Por otro lado, quienes viven en la pobreza son más vulnerables a padecer enfermedades, y sus enfermedades se agravan puesto que no reciben tratamientos adecuados u oportunos.

La Asociación Dental Mexicana reconoce que ya existen en América las políticas y programas que se necesitan para atender adecuadamente el problema general de salud bucal; sin embargo, falta voluntad política de los gobiernos para implementar estas políticas y programas a gran escala.

En México los principales instrumentos normativos para atender el problema general de salud oral son el Programa de Acción en Salud Bucal 2007-2012 y la NOM-013-SSA2-2006, que fue actualizado recientemente y señala los procedimientos para la prevención y el control de las enfermedades bucales.

Asimismo, en el marco programático de nuestro país sobresalen las semanas nacionales de salud bucal, así como el esquema básico de prevención en salud bucal y el sistema de vigilancia epidemiológica en patologías bucales, los cuales buscan convertirse en estrategias importantes para la mejora en la atención a la salud oral de la población en general.

Estos ejemplos muestran que las actuales políticas públicas y programas nacionales están otorgando a la salud bucal el reconocimiento que merecen, y están dirigidas a la población en general.

Sin embargo, en el Partido Verde consideramos que hace falta reforzar su sustento legislativo para que dichas políticas públicas tengan garantizada la continuidad y una mejora permanente.

En la Ley General de Salud vigente, la salud visual y la auditiva son consideradas materias de salubridad general; sin embargo, la salud bucal no está considerada en esta categoría.

De acuerdo con los datos expuestos, en el Partido Verde consideramos que nuestra legislación debe reconocer la importancia de la salud bucal en el mismo grado que la salud visual y la auditiva. Por ello, el objeto central de esta iniciativa es incluir la salud bucal como materia de salubridad general.

Esta preocupación ya ha sido expresada por otros legisladores; por consiguiente, el Partido Verde hace un llamado para no menospreciar el tema y otorgarle la importancia que merece para la salud integral de los mexicanos y las mexicanas.

Con esta iniciativa estaremos garantizando la continuidad de las políticas públicas y los programas actuales que, efectivamente, reconocen la importancia de la salud bucal, pero que no tienen el sustento legislativo adecuado.

Adicionalmente, estaremos impulsando una mejora de la calidad y disponibilidad de estos servicios, especialmente para la población de escasos recursos. Por su atención, muchísimas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Beatriz Manrique Guevara y Luis Alejandro Rodríguez , del Grupo Parlamentario del PVEM

Los diputados Beatriz Manrique Guevara y Luis Alejandro Rodríguez , integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La salud bucal es sumamente importante para la salud general, considerando las limitaciones y daños que conllevan las enfermedades bucales para la nutrición, fonación, comunicación interpersonal y estética.

En nuestro país, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales (Sivepab) es el organismo que proporciona información sobre la morbilidad de las principales patologías bucales, para tomar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades, por medio del Programa de Salud Bucal.

La salud bucal es especialmente importante durante la niñez y hasta los 14 años, periodo en el cual los dientes permanentes van erupcionando y requieren una higiene adecuada, 3 veces al día. Por otra parte, el proceso de erupción puede provocar inflamación de los tejidos blandos, y asociarse a procesos patológicos. En esta etapa de la vida existe mayor susceptibilidad a caries y periodontopatías, causando pérdida prematura de los dientes.

En las estadísticas más recientes, ¹ el Sivepab reporta que el grupo de 10 a 14 años presenta un índice CPOD (dientes cariados, perdidos y obturados) de 6.4, es decir, casi 7 dientes afectados por caries. También se presentaron mil 625 casos de fluorosis en 10 estados de la República durante el segundo trimestre de 2008.

En la gráfica 1 se encuentran los datos del Sivepab, sobre higiene bucal en el grupo de edad en niños de 1 a 14 años, durante el periodo abril-junio de 2008:

Gráfica 1. Fuente SIVEPAB/DGAE. Secretaría de Salud 2008.

Como se observa, el grupo de 5 a 9 años presenta una higiene bucal regular o mala en el 9% de los casos, y en el grupo de 10 a 14 años, la proporción es de 13%. Esta situación da como resultado los datos plasmados en la Gráfica 2:

Gráfica 1. Fuente SIVEPAB/DGAE. Secretaría de Salud 2008.

En esta gráfica se observa que el grupo de 5 a 9 años de edad presenta en promedio un diente cariado, y en el grupo de 10 a 14 años, cuando ya se ha completado la dentición permanente, 6 dientes en promedio están afectados. De esta manera, el índice CPOD para el grupo de 1 a 14 años de edad es de 2.2.

Este último dato, comparado con otros países de América en un estudio estandarizado de la Organización Mundial de la Salud, ² da como resultado la siguiente tabla:

Como se observa, el índice CPOD de nuestro país es comparable al de Chile, Costa Rica y Uruguay; sin embargo, está todavía lejos de igualar el nivel de países como Cuba y Estados Unidos, cuyos sistemas de Salud Bucal tienen mayor cobertura.

Respecto a la población general, el último índice CPOD publicado por la Secretaría de Salud ³ es de 9.6, y el grupo de edad que presenta la mayor afectación son los adultos mayores, que en promedio tienen 18 dientes dañados, de los cuales 10 se han perdido, debido a infecciones bucales recurrentes.

Si consideramos que en el año 2050 una cuarta parte de la población mexicana estará compuesta por adultos mayores, es importante prever que la falta de una salud bucal adecuada en la población que actualmente es joven, afectará de manera importante la calidad de vida de la población general.

Los anteriores datos estadísticos advierten sobre la importancia que tiene la salud bucal, como parte de los mecanismos de promoción de la salud general. No debemos menospreciar esta información, puesto que casi todas las enfermedades bucales son prevenibles, con una adecuada higiene. Además, la cercana correlación entre varias enfermedades bucales y crónicas no transmisibles ocurre por factores de riesgo comunes que deben ser atendidos en conjunto.

En Latinoamérica, las recientes reformas en el sector salud están fomentando la privatización de los servicios; especialmente los de salud bucal, de manera que el acceso de las personas a los servicios depende de la capacidad adquisitiva y su énfasis es más terapéutico que preventivo.

El resultado es que personas con más recursos tienen menos riesgo de enfermar y de que sus enfermedades se agraven. Por otro lado, quienes viven en la pobreza no solamente son más vulnerables a padecer enfermedades, sino que tienen menos acceso a los servicios de salud y, al no recibir tratamientos adecuados y oportunos, sus enfermedades se agravan. ⁴

Con el fin de atenuar esta situación en nuestro país, las semanas nacionales de salud bucal, así como el esquema básico de prevención en salud bucal y el sistema de vigilancia epidemiológica en patologías bucales buscan convertirse en estrategias importantes para la mejora en la atención a la salud bucal de la población general.

Un estudio reciente de la Asociación Dental Americana ⁵ concluye que no son buenas las perspectivas para mejorar la salud bucal a nivel global para 2015, si las actuales políticas de salud continúan ignorando la salud bucal. Ya se conocen las políticas y programas que se necesitan; sin embargo, falta voluntad política para implementar estas políticas y programas a gran escala. A menos que esto ocurra, millones de personas de escasos recursos, que no tienen acceso a la atención en salud bucal, continuarán viendo afectada su salud general.

De esta manera, el Programa de Acción en Salud Bucal 2007-2012 ⁶ define los mecanismos de vinculación de los distintos órdenes de gobierno y la participación del sector académico, grupos colegiados y sociedad civil, tanto nacionales como internacionales.

Otro instrumento importante para promover la salud bucal en México es la NOM-013-SSA2-1994, que señala los procedimientos para la prevención y control de enfermedades bucales. Cabe mencionar que esta NOM fue modificada en la presente administración, para convertirse en la NOM-013-SSA2-2006, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2008.

Estos ejemplos muestran que las actuales políticas públicas nacionales están otorgando a la salud bucal el reconocimiento que merece, y están dirigidas a la población general. Sin embargo, hace falta reforzar el sustento legislativo de dichas políticas, para garantizar su continuidad y mejora continua.

En este sentido, el tema de salud bucal recibe pocas menciones en la Ley General de Salud vigente; la mayoría de estas menciones son relativas a los insumos de uso odontológico; por ejemplo, en los artículos 3o., 125, 194, 194 Bis, 262, 295, 310 y 376.

Por otra parte, el artículo 3o. de este ordenamiento incluye la salud visual y auditiva como materias de salubridad general; sin embargo, la salud bucal no está considerada en esta categoría.

Adicionalmente, el artículo 112 de la misma Ley señala que entre los objetivos de la educación para la salud se encuentra orientar y capacitar a la población en materia de salud bucal, visual y auditiva.

Por consiguiente, consideramos que en la Ley General de Salud se debe reconocer la importancia de la salud bucal, en el mismo grado que la salud visual y auditiva. Por ello, el objeto central de la presente iniciativa es otorgar a la salud bucal la categoría de ``materia de salubridad general''.

Esta preocupación ya ha sido expresada por otros legisladores. El ejemplo más reciente es la iniciativa del diputado Alfredo Bejos Nicolás, que pretendía adicionar a la Ley General de Salud un capítulo titulado ``Prevención y Control de las Enfermedades Bucodentales''.

Dicha iniciativa fue dictaminada en sentido negativo, bajo el argumento de que la salud bucal ya queda contemplada en la normatividad vigente, así como en el respectivo marco institucional y programático derivado de ella.

De acuerdo con la información recopilada en la presente exposición de motivos, las políticas públicas actuales efectivamente reconocen la importancia de la salud bucal; sin embargo, es necesario que estos esfuerzos cuenten con un sustento legislativo más sólido, para su garantizar su continuidad, así como mejorar su calidad y disponibilidad, especialmente para la población de escasos recursos.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores que suscriben, integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, someten a consideración de la asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de salud bucal

Artículo Único. Se reforman la fracción VII del artículo 27 y la fracción V del artículo 61; se adiciona la fracción VI Bis al artículo 3o., todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

Artículo 61. La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende las siguientes acciones:

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: 1 Sivepab. Boletín informativo de patologías bucales. Junio de 2008 www.dgepi.salud.gob.mx/bolsivepab/2008/Sivepab-Bol-2-jun08.pdf 2 OMS. Programa de Salud Oral, por país y área www.whocollab.od. mah.se/amro.html 3 Sivepab. Boletín informativo de patologías bucales. Marzo de 2008 www.dgepi.salud.gob.mx/bolsivepab/2008/Sivepab-Bol-1-mar08.pdf 4 Abadía Barrero, César Ernesto. ``Pobreza y desigualdades sociales: Un debate obligatorio en salud oral''. Acta Bioethica 2006; 12 (1). 5 Hobdell, Martin H. Poverty, oral health and human development: Contemporary issues affecting the Poverty, oral health and human development: provision of primary oral health care J Am Dent Assoc 2007;138;1433-1436. 6 Secretaría de Salud. 2007. Programa de Acción Específico 2007-2012: Salud bucal http://cenavece.salud.gob.mx/programas/descargas/pdf/programa_accion_saludbucal1.pdf

Presidencia del diputado César Duarte Jáquez

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputada Beatriz Manrique Guevara.Se turna a la Comisión de Salud.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO - LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene la palabra el diputado Neftalí Garzón Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajoy de la Ley del Seguro Social.

El diputado Neftalí Garzón Contreras : Con su permiso, señor presidente.

Honorable asamblea, la presente iniciativa es con objeto de que en la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social se reconozcan el trabajo y los derechos inherentes de los amos de casa y las amas de casa.

La discriminación y la violencia que sufren las mujeres debe cuestionarse de raíz, para lo cual, entre otras cosas, debe valorarse la aportación económica que realizan las amas de casa a la economía nacional.

Sencillo, sin el producto interno bruto producido por las mujeres y algunos varones en los hogares no tendría viabilidad nuestro país. En efecto, una de las mayores deudas históricas del Legislativo con las mujeres es allanar las injusticias aberrantes y llenar las retrógradas lagunas jurídicas que aún se mantienen en la legislación general, y en la laboral, en lo particular.

A la fecha, por esencia, hablar del derecho laboral es referirnos a la prestación de un servicio personal subordinado a un patrón. El patrón es el que manda; el trabajador es el que obedece.

Sin embargo, destacados estudiosos del derecho laboral anunciaron desde hace tiempo que la subordinación como requisito indispensable para entrar a la tutela del mismo, era sólo un punto de partida para dar origen a una de las ramas más importantes del derecho de los últimos siglos revolucionarios, desde luego, humano, tutelar, camino de igualdad y equidad, pero que por vocación, el derecho del trabajo seguiría expandiéndose hasta acabar protegiendo y dignificando a todas las personas que viven de su trabajo, de su esfuerzo.

Lo cual, además, fortalecería cuantitativa y cualitativamente a éste. Una de las ramas jurídicas de mayor futuro si se reconoce la realidad y los nuevos equilibrios sociales.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto.

Artículo primero. Se adiciona el capítulo XIII Bis al título sexto de la Ley Federal del Trabajo, en los siguientes términos:

Del trabajo de los amos de casa y las amas de casa

Artículo 343-A. Trabajo de los amos de casa y las amas de casa es el que realiza la esposa o el esposo, concubina o concubinario, amasia o amasio, en el lugar donde habita su familia. Consistente en actividades de crianza de los hijos, aseo, lavado de la ropa, compra, preparación de alimentos, asistencia y demás, propios e inherentes de tal hogar.

Artículo 343-B. El Estado reconoce la importancia de la aportación económica y social que realizan con su trabajo los amos de casa y las amas de casa en nuestro país, sin el cual éste carecería de viabilidad.

Artículo 343-C. En tanto el Estado continúa apoyándose en el trabajo de los amos de casa y las amas de casa para el debido cumplimiento de diversos servicios públicos, el Estado se reconoce frente a los amos de casa y las amas de casa como patrón.

Artículo 343-D. A los amos de casa y las amas de casa el Estado deberá cubrir como mínimo, por concepto de salario mensual, dos salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal.

Artículo 343-C. Con el debido respeto a la intimidad familiar, la inspección del trabajo deberá verificar las condiciones de seguridad e higiene en que las amas de casa desa-rrollen su trabajo.

Debido a que se encuentra publicada esta iniciativa en la Gaceta Parlamentaria, solicito a esta Presidencia que se inscriba la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, y del Seguro Social, a cargo del diputado Neftalí Garzón Contreras , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 62, 63 y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto que reforma y adiciona a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Introducción

La discriminación y violencia que sufren las mujeres, debe cuestionarse de raíz. Para lo cual entre otras cosas, debe valorarse la aportación económica que realizan las amas de casa a la economía nacional. ¡Sencillo!, sin el PIB producido por las mujeres y algunos varones en los hogares, no tendría viabilidad nuestro país. El reconocer esta aportación no sólo debería reportar, por justicia, ingresos económicos para quienes realizan esta tarea esencial, sino su dignificación como seres humanos y ciudadanas. El elevar a nivel legal, y no sólo en el 10 de mayo, tal reconocimiento y sus derechos laborales y a la seguridad social a las amas de casa, es el propósito de esta iniciativa. Se podrá considerar a corto plazo, imposible la realización de nuestro planteamiento; pero cualquier cambio revolucionario como el que se propone, que incidirá directamente en hacer realidad la liberación de las mujeres, lleva tiempo. Pero hay que ir abriendo ruta, comenzando en las conciencias de las mexicanas y los mexicanos. Debemos atrevernos a dar el primer paso, la justicia y la historia nos apoyan.

Argumentación detallada

En estos momentos la violencia hacia las mujeres no sólo no se ha reducido sino se ha incrementado. Podemos afirmar que todas las mujeres en diversos momentos de su vida sufren algún tipo de violencia en mayor o menor medida. Y bien, un tipo de violencia poco explorada es la legal, la derivada del marco jurídico, que además da pie a otras formas de violencia: física, psicológica, sexual y económica.

En efecto, una de las mayores deudas históricas del legislativo con las mujeres, es llenar las injustas, aberrantes y retrógradas lagunas jurídicas que aún se mantienen en la legislación en general y, en la laboral en lo particular. Nos encontramos que el trabajo desarrollado por el varón fuera de la casa es conceptuado como valor económico y social lo que en reciprocidad lo revalora como persona, pero si ese trabajo se desarrolla en el hogar, de manera casi unánime por las mujeres, entonces es algo sin valor, incluso se transforma en un contravalor que humilla y arremete a quien lo realiza. Así por ejemplo, si se hace una actividad de limpieza fuera de la casa es un trabajo que merece remuneración, seguridad social y demás prestaciones laborales, si se hace en casa un rótulo de ``la nada'' y menosprecio es lo que aparece en los brazos de la sociedad, y así si nos referimos al cuidado y educación de los niños, elaboración de alimentos, planchado y lavado de ropa de la ropa, cuidado de enfermos, compra de alimentos y demás.

Para el surgimiento de esta situación absurda e injusta, de esquizofrenia social absoluta, tuvo que darse un largo proceso histórico que sometió a la mujer a la explotación y opresión en el hogar como espacio propiedad de los varones y en el marco de una cultura estructural machista apoderada del espacio público el único dador y reproductor de lo ``valioso'', en la que por tanto la mujer deja de ser sujeto de sí misma y la sociedad, por tanto expropiada en su libertad, no disponiendo de su vida y el resultado de su trabajo, excluido en cuanto ama de casa de lo público, por lo que de todo lo producida por ella dispone el varón, y sólo recibe el nombre de trabajo, de hijo, de creación, si recibe el aval de éste como conducto de intercomunicación hacia exterior.

Luego nos encontramos, que las actividades específicas de producción económica y la de reproducción del género humano, propias de las sociedades matriarcales, pasan a un plano secundario o a la nada. Esto es un acto de discriminación de la mujer, pero también un construcción ideológica que da base a la expolición permanente de la riqueza creada por las mujeres y a favor del varón o varones que la oprimen y por el sistema en general; ya que la burguesía también entra al reparto del valor creado por las mujeres, como un especie de acumulación primitiva permanente, tanto de riqueza material como de nueva mano de obra.

Desde el momento en que la mujer es discriminada, son también marginados todo lo que ella representa, incluidos sus valores que abandera, el amor, la democracia, el humanismo, la igualdad, la fraternidad y que dominaron en gran parte cuando la mujer predominó en la organización social, contrario a los valores materiales que dominan lo machista y lo público, que entra y se hace valor en el mercado. Luego entonces si el hogar es el centro forjador del hombre desde su procreación, con todo lo que eso significa de cuidado, amor, abnegación, solidaridad, entre otros, y, que por tanto hasta lo material que se produce en el hogar está subordinado a lo humano, pues entonces resulta que el proceso histórico de discriminación de las mujeres y de todo lo femenino, acaba atrapando también en la marginación todo lo producido en el centro de producción humano del hogar, negándole su valor y significado.

Pero este contrasentido histórico, social y económico debe desaparecer, comenzando por las necesarias reformas legales, con lo cual se respetará lo ordenado por la Constitución Federal en el artículo 1o. que prohíbe cualquier discriminación, el artículo 4o. que ordena la igualdad de las mujeres y los hombres ante la ley, el artículo 13 que ratifica la esencia de la garantía de igualdad y, el artículo 123, que en su Apartado A, primer párrafo establece la tutela de las ``domésticas'' (sin olvidar lo peyorativo de este término), con todos los derechos mínimos que ahí se señalan: jornada de 8 horas, descanso semanal, salario remunerado y demás.

Entre las gigantescas luchas de la Revolución Mexicana, al Constituyente no le pasó desapercibido la situación de opresión y expoliación de las trabajadoras del hogar, para las cuales consagró el respeto íntegro de la tutela laboral. Esta consagración es expresa, literal, sin lugar a dudas, como las que por cierto existen tratándose de otras personas que viven de su trabajo.

Debido entre otras cosas a este despojo de una tutela histórica a favor de las trabajadoras del hogar, en la actualidad nos encontramos que este trabajo es sinónimo de un trabajo interminable que a veces raya en la esclavitud, infierno de todo tipo de violencia especialmente contra mujeres y niños que se traduce para algunos de ellos incluso en violaciones, muchos de ellos indígenas víctimas de la migración interna, con tercer grado de primaria en promedio e impedidas de continuar con sus estudios ante las cargas inhumanas de trabajo, sus raquíticos ingresos y la falta de apoyo de los patrones que ven en la ignorancia un instrumento más de manipulación, con una desvalorización en su trabajo y su persona que comienza con la terminología despectiva usada para su designación, comiendo las sobras de comida que deja la familia, sin derecho a la seguridad social, con enormes dificultades para probar la relación de trabajo y por tanto acceder a las prestaciones de despido, aguinaldo, prima de antigüedad y demás, con casi una nula organización colectiva ante su aislamiento, desconocimiento de sus derechos y parcialidad de las autoridades, con una frágil estabilidad laboral y riesgo de denuncias penales infundadas como medio de presión para la renuncia de sus derechos, con serias dificultades para su profesionalización. Vía crucis inconstitucional e inhumano que arrastran más de millón y medio de mujeres en el país. Pese a todo, las trabajadoras del hogar han tenido avances importantes en su nivel de conciencia, organización y defensa de sus derechos y dignidad, tanto a nivel nacional e internacional.

Sin embargo cuando hablo de trabajo doméstico, no sólo me refiero al que se presta de manera subordinada en un hogar al servicio de una persona o personas, conforme lo prevé el artículo 331 de la Ley Federal del Trabajo, sino en sentido amplio, como el conjunto de actividades que se llevan acabo para el bienestar de una persona o familia en un hogar, ya se realice por las conocidas como empleadas del hogar, en forma de planta o entrada por salida; o bien por las llamadas amas de casa. En ambos casos de manera casi absoluta, estas actividades son realizadas por mujeres. El respeto pleno a los derechos gremiales de ambas, responde a la naturaleza expansiva del derecho laboral como lo señalaba el Maestro Trueba Urbina, hasta alcanzar la tutela de toda persona que viva de su trabajo.

De acuerdo a la Procuraduría Federal del Consumidor si el trabajo de las mujeres en el hogar fuera remunerado, las amas de casa deberían recibir un mínimo de 26 mil pesos al mes. Por otro lado, de acuerdo al Inegi el valor anual de todo el trabajo doméstico de las mujeres en el país equivale a 337 mil millones de pesos equivalente a 20.55 por ciento del PIB, algunos otras fuentes hablan hasta de 50 por ciento del PIB, sin embargo aún partiendo de los datos oficiales, su aporte es mayor que la industria turística o la manufacturera, por ejemplo.

El hogar no sólo reproduce la mano de obra en un doble sentido, la procreación y la producción de la mayoría de los satisfactores materiales e inmateriales necesarios para que los miembros del la familia que venden su energía en el mercado de trabajo recuperen sus energías físicas, intelectuales y emocionales, sino que funciona como el eslabón inicial o final de la cadena productiva.

Para hacer efectivos los derechos laborales y a la seguridad social de las amas de casa, establecemos una responsabilidad a cargo del Estado, que deviene del hecho de que en el hogar, ya sea la ama de casa o la empleada que hace las tareas del mismo, realizan tareas que en principio son responsabilidad pública, de manera que en tanto el Estado no coadyuve con la familia, destacadamente con las mujeres, en la crianza y cuidado de los hijos, lavanderías, comedores y demás infraestructura pública, al existir de hecho una desconcentración de atribuciones en los hogares y bajo la responsabilidad de las mujeres, el Estado debe contribuir a los gastos de este espacio que realiza atribuciones a su cargo. De manera total, cuando la mujer se transforma en ama de casa, de manera parcial cuando la mujer tiene ingresos propios en el mercado de trabajo y se auxilia con una trabajadora del hogar; pues en este último caso la jefa o jefe de familia es copartícipe con el Estado en la recepción de los beneficios de la fuerza de trabajo de la empleada.

Sumado a lo anterior, es fundamental reconocer la eficiencia que ha demostrado el hogar como centro de trabajo, por lo que costaría más al Estado atender de manera pública las tareas del hogar, además que esto permite la conservación de cierta individualidad en el trato hacia los miembros de la familia, que mental y emocionalmente es indispensable. Desde luego, en tanto la infraestructura social-pública aún sea insuficiente, y las mujeres decidan o se vean obligadas a desarrollar esas labores.

Cuando se profesionalicen, dignifiquen, revaloren y remuneren adecuadamente las labores del hogar, muchos hombres y mujeres optarán voluntariamente por desarrollarlas.

Hay otro hecho, hasta hace algunas décadas, con todas sus limitantes y distorsiones, el salario se fijaba tomando la satisfacción de las necesidades del trabajador en lo individual y de los miembros de la familia. Era un salario familiar. Sin embargo, a últimas fechas son las variables macroeconómicas, la productividad y las necesidades competitivas las que fijan el monto del salario, es pues un salario empresarial; situación antilaboral que ha sido fomentada y legalizada por el Estado. Esto ha provocado un cambio, que el salario que el jefe de familia gana ya no alcanza abrumadoramente para satisfacer las necesidades de tal familia, por tanto si el Estado tiene interés para que las mujeres continúen en el hogar realizando tareas tan esenciales, debe apoyar el salario raquítico que el mismo ha provocado, y transferir recursos a un centro que se insiste desconcentra funciones públicas a favor de la comunidad.

Todo lo hasta aquí expuesto, nos da base para que el Estado trasfiera recursos equivalentes al 50 por ciento de los gastos de la seguridad social obligatoria en los hogares que tiene empleadas (os) del hogar y, el pago de un salario por lo menos equivalente a dos salarios mínimos y seguridad social obligatoria a las amas de casa. Permitiéndose además dignificar el trabajo doméstico como una vuelta a la jerarquía social que tenía en la época del matriarcado, impulsando a la mujer en todas las esferas incluida la política. Crecerá además el mercado interno y, el desarrollo económico del país. Además al tener la mujer un ingreso fijo asegurado, tendría mayores elementos para forjar generaciones de mejores hijos. Posibilidades para ella misma de preparase, de tener mayor libertad social y personal, habiendo mayor movilidad de las mujeres entre las esferas pública y privada de la producción, más bien pública y social.

Esto no es ninguna novedad, recordemos la existencia de la ``Unión de Amas de Casa del Paraguay'', y la ``Asociación de Amas de Casa'', constituida en este país, y que luchan por su reconocimiento como trabajadoras y todos los beneficios inherentes, entre otros, o la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, e incluso los esfuerzos del gobierno español de apoyo económico a las amas de casa. En nuestro país, nuestra propuesta se emparenta con esfuerzos como el apoyo estatal a las cooperativas con el 50 por ciento de las cuotas como sucedió durante décadas, o las iniciativas actuales de pensión universal a los adultos mayores o salario o becas para los estudiantes, o el seguro de desempleo. Es hora de que las mujeres acabemos con nuestra timidez social y jurídica y reclamemos lo que en justicia nos corresponde. El sólo hecho de presentar esta iniciativa en el ámbito legislativo es un gran impulso ideólogo para la revalorización de las mujeres y de su trabajo en el hogar.

Todo esto debe completarse desde luego, con los esfuerzos encaminados a que los varones, se corresponsabilicen en la realización de las tareas del hogar, como lo exige la justicia, frente a cada vez más mujeres encadenadas a dobles y triples jornadas. Incluso en respeto al Convenio 156 de la OIT, que prevé tal corresponsabilidad.

La intimidad del hogar encuentra su límite en la afectación de otros derechos o la seguridad de la comunidad, así si se denuncia ante la autoridad la comisión de delitos en éstos o por sus miembros, incluida la violencia familiar, o si se van a embargar bienes para hacer efectiva una sentencia, o si existen artefactos o substancias que hacen peligrar a la sociedad, por citar algunos casos, la autoridad puede y debe romper tal intimidad en aras de intereses mayores. En tal virtud, la inspección del trabajo debe, con las modalidades adecuadas a la privacidad, cumplir su tarea para el resguardo de los derechos y dignidad de las amas de casa. No olvidemos por cierto que la mayoría de la violencia y accidentes que agraden la vida y salud en los hogares, sucede precisamente en los hogares.

A la fecha, por esencia, hablar de derecho laboral, es referirnos a la prestación de un servicio personal subordinado a un patrón. El patrón es el que manda el trabajador es el que obedece.

Sin embargo destacados estudiosos del derecho laboral, anunciaron desde hace tiempo que la subordinación como requisito indispensable para entrar a la tutela de éste, era sólo el punto de partida para dar origen a uno de las ramas más importantes del derecho de los últimos siglos, revolucionario, humano, tutelar, camino de igualdad y equidad. Pero que por vocación el derecho del trabajo seguiría expandiéndose hasta acabar protegiendo y dignificando a todas las personas que viven de su trabajo, de su esfuerzo. Lo cual además fortalecería cuantitativa y cualitativamente a éste, una de las ramas jurídicas de mayor futuro si reconoce la realidad y los nuevos equilibrios sociales.

Por tanto, cada vez queda más claro que la subordinación pasará a ser un elemento importante pero ya no definitorio para delimitar el mundo de aplicación de esta rama del derecho. Esto abre la puerta para la incorporación de todos los trabajadores no subordinados, como el desarrollado por las amas de casa.

El derecho del trabajo no retrocede con esta inclusión sino se fortalece con estos millones de mexicanas, pero además cumple con su función humanista de dar protección toda persona que viva de su trabajo.

Si bien en el caso, no estaremos en presencia estricta de una relación de trabajo subordinada, no hay patrón, es un autoempleo; pero indirectamente, bien analizado encontramos, por lo que llevamos dicho, que el Estado actúa como interlocutor de este tipo de relación jurídica y en la cual indudablemente tiene una responsabilidad objetiva; es trabajo y merece las garantías básicas. No es posible que hasta los patrones personas físicas puedan recibir los beneficios del seguro social y las amas de casa queden como inexistentes, como fantasmas sociales.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de ley con proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se adiciona un Capítulo XIII Bis al Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo, en los siguientes términos:

Ley Federal del Trabajo Título Sexto Capítulo XIII Bis Del Trabajo de los y las Amas de Casa

Artículo 343 A. Trabajo de los y las amas de casa, es aquel que realiza , la esposa o esposo, concubina o concubinario, amasia o amasio en el hogar donde habita su familia, consistente en actividades de crianza de los hijos, aseo, lavado de la ropa, compra y preparación de alimentos, asistencia y demás propios inherentes a tal hogar.

Artículo 343 B. El Estado reconoce la importante aportación económica y social que realizan con su trabajo los y las amas de casa a nuestro país. Sin el cual éste carecería de viabilidad.

Artículo 343 C. En tanto el Estado continúe apoyándose en el trabajo de los y las amas de casa, para el debido cumplimiento de diversos servicios públicos. El Estado se reconoce frente a los y las amas de casa como patrón.

Artículo 343 D. A los y las amas de casa, el Estado deberá cubrir, como mínimo, por concepto de salario mensual, dos salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal.

Artículo 343 E. Con el debido respeto a la intimidad familiar, la inspección del trabajo, deberá verificar las condiciones de seguridad e higiene en que las amas de casa desarrollan su trabajo.

Artículo Segundo. Se adiciona un segundo párrafo a los artículos 12, fracción primera y al 36, ambos de la Ley del Seguro Social, en los siguientes términos:

Artículo 12.

Lo son igualmente, los y las amas de casa en los términos de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 36. ...

Las cuotas obrero-patronales correspondientes a los y las amas de casa, se cubrirán por el gobierno federal. Si el o la ama de casa se auxilia con una trabajadora del hogar, el subsidio en su favor comprenderá sólo el cincuenta por ciento de tales cuotas, pero siempre y cuando el hogar tenga ingresos de hasta quince salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En cada uno de los Presupuestos de Egresos de la Federación se deberán destinarse los recursos necesarios para el pago de las remuneraciones y aportaciones de seguridad social y operación a que hace referencia el presente decreto.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.

Queremos destacar y agradecer la presencia en este salón de sesiones del excelentísimo señor Masaaki Ono, embajador de Japón en nuestro país, y del doctor Kishiro Ogaki, director del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Kioto, quienes asisten a la presentación de la semana cultural de Japón en la Cámara de Diputados. Sean ustedes muy bienvenidos.

Hacemos votos por el fortalecimiento de las relaciones históricas que hemos tenido y esos lazos de diálogo y cooperación con nuestro país amigo, que es Japón. Felicidades y bienvenidos.

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene la palabra el diputado Pascual Bellizzia Rosique, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentabley de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

El diputado Pascual Bellizzia Rosique : Con su venia, diputado presidente.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, actualmente en México vemos con tristeza cómo los bosques y las selvas de nuestro país están desapareciendo y convirtiéndose en superficies dedicadas a la agricultura y ganadería. La principal causa de estos cambios ha sido motivada por la creencia de la rentabilidad del suelo en usos agropecuarios.

Por tal motivo, debemos reconocer que la agricultura y la ganadería generan una importante producción de alimentos y generan recursos; sin embargo, el pastoreo y el consumo excesivo de forraje conduce a la degradación de la vegetación, a la erosión de los suelos y al deterioro de su fertilidad y estructura.

Aunado a los impactos que tienen los ecosistemas, la ganadería por sí misma es una de las principales fuentes de metano, gas de efecto invernadero, cuyo potencial de calentamiento de la atmósfera es 21 veces mayor que el bióxido de carbono.

Recordemos que México como país ha generado diversas acciones para reducir los gases de efecto invernadero. Tan sólo en diciembre pasado nuestro país anunció el compromiso de reducir para el año 2005 las emisiones de bióxido de carbono a 50 por ciento con respecto a los niveles de 2002.

Por tal motivo, debemos generar propuestas que permitan asegurar el logro de este objetivo, sin poner en riesgo las actividades de producción que actualmente se llevan a cabo en nuestro país.

La propuesta que vengo a presentarles pretende reducir los impactos ambientales que generan la producción agropecuaria, a través de la creación de incentivos para la reconversión de terrenos agropecuarios en terrenos agroforestales.

De forma general, la agroforestería es un método de uso de tierras que permite a los árboles crecer en áreas de ganado y cultivos agrícolas. Es decir, producir árboles maderables como un sistema alterno del cuidado en zonas agrícolas y ganaderas.

Este método, a pesar de que la Ley de Desarrollo Rural, esa agroforestería, todavía en nuestro país, no ha sido una estrategia difundida para disminuir la pérdida forestal y la degradación de los suelos. Por lo cual, debemos generar acciones que permitan que esta estrategia sea utilizada en la mayoría de los terrenos de cultivo agrícola y pecuario.

Con esta iniciativa, los productores con predios agropecuarios mayores a 30 hectáreas o su equivalente que permita mantener a 30 cabezas de ganado mayor, destinarán un área de no menos del 5 por ciento para plantaciones forestales comerciales, con la finalidad de aumentar la riqueza forestal con la reconversión de terrenos agropecuarios en terrenos forestales.

Como integrante del Partido Verde, estoy convencido que no sólo es necesario cuidar el ambiente sino también dar oportunidades de valor, que permitan a los productores generar estrategias para el cuidado de sus predios y de sus productos, incentivándolos para que comiencen a signar zonas que permitan la sustentabilidad ecológica y económica real de los predios. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Desarrollo Rural Sustentable, y General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo del diputado Pascual Bellizzia Rosique , del Grupo Parlamentario del PVEM

Pascual Bellizzia Rosique , diputado integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión el presente proyecto de decreto, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con los datos del Programa de Desarrollo 2007-2012 de México, ¹ del estado de los suelos en el país sobresale que 45.2 por ciento del territorio nacional sufre algún proceso de degradación causada por el hombre. El desconocimiento del potencial de los bosques y de las selvas conduce a su transformación para diferentes usos, como la ganadería y la agricultura. Entre 1976 y 2002, las superficies dedicadas a la agricultura y los agostaderos ² inducidos han aumentado en cerca de 5 millones de hectáreas cada una. Esto representa un incremento de 20 por ciento en el caso de la agricultura y de 35 por ciento en el de los agostaderos.

Las causas de la deforestación están ligadas a fenómenos naturales como los incendios y las plagas. Sin embargo, la principal causa son los cambios de uso de suelo intencionados, motivados por la rentabilidad del suelo de la tierra en usos agropecuarios o urbanos. De los 70 millones de hectáreas de bosques y de selvas que México tenía en 1993, para 2000 habían sido convertidos en tierras de cultivo 3.1 millones de hectáreas, mientras que otros 5.1 millones fueron convertidas en pastizales. Asimismo, la tala clandestina y el robo de madera en pie son motivos importantes de deforestación.3

Si bien es cierto que la ganadería genera una importante producción de alimentos, también lo es que el pastoreo o consumo excesivo (explotación excesiva) del forraje conduce a la degradación de la vegetación, la erosión de los suelos y el deterioro de su fertilidad y estructura. El pastoreo desmesurado es el resultado del uso excesivo del terreno: el número y tipo de animales superan la capacidad del área. Esto causa una reducción de las especies de forrajes favoritos y un aumento en las malezas. Se aumenta la erosión de los suelos, indirectamente, debido a la pérdida de la cobertura vegetal. Además, el pastoreo degrada la estructura del suelo, pulverizándolo y compactando la superficie. Aunado a los efectos que tiene en los ecosistemas, esta actividad es una de las principales fuentes de metano (gas de efecto invernadero) cuyo potencial de calentamiento de la atmósfera es 21 veces mayor que el del bióxido de carbono.4

En muchos lugares el ganado y la fauna coexisten, utilizando diferentes recursos y, de esta manera, evitan la excesiva competencia. En algunas áreas, el cultivo de la flora ha demostrado mayor potencial que la ganadería, y puede ser considerado una alternativa para la producción de carne, pieles y cuero. Otras opciones que pueden ser consideradas son el ecoturismo y tal vez actividades cinegéticas.

Todos los efectos negativos pueden revertirse con técnicas para la reconversión de terrenos que ayuden a un adecuado manejo de las tierras; o bien, a la aplicación de los sistemas agroforestales.

La transformación de bosques en pastizales para ganado amenaza la supervivencia de muchas especies y es una fuente importante de metano. Sin embargo, dependiendo del tipo de manejo de los predios ganaderos hay posibilidades interesantes para la conservación que deben ser exploradas a fin de proyectar las actividades productivas de manera compatible con el ambiente.

Por tal situación, la iniciativa pretende reducir los efectos ambientales que generan la producción agropecuaria, a través de la creación de incentivos para la reconversión de terrenos a través de programas agroforestales.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable está dirigida a promover el desarrollo rural del país, propiciar un ambiente adecuado, y garantizar la rectoría del Estado, en su papel en la promoción de la equidad. Con ello se establecen las bases para la adecuada planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas las acciones tendentes a la elevación de la calidad de vida de la población rural.5

Esta ley define en el artículo 3o. el término uso agroforestal como la combinación de agricultura y ganadería con el cultivo y aprovechamiento de especies forestales.

Un ejemplo de uso agroforestal es la producción de árboles maderables, como un sistema alterno del cuidado de zonas ganaderas. Con la inclusión de este tipo de árboles se permitirá la entrada de luz requerida por forrajeras creciendo en el sotobosque. Los árboles que permanecen sin cosechar deberán crecer más rápidamente. El pastoreo le brindará ingresos anuales mientras los árboles crecen.

La agroforestería es un método del uso de tierras que permite a los árboles crecer en áreas de ganado y cultivos. En un sentido, para conservar la biodiversidad. La actividad humana y específicamente la destrucción de hábitat han incrementado fuertemente el nivel de pérdida en la biodiversidad. Es sumamente importante mantener un funcionamiento propio de los ecosistemas y de las sociedades.

Sin embargo, la agroforestería, todavía en nuestro país, no ha sido una estrategia difundida para disminuir la pérdida forestal y la degradación de suelos. Por ello debemos generar acciones que permitan este tipo de uso en los terrenos de cultivo agrícola y pecuario.

La falta de aplicación de uso agroforestal puede ser causa de que en la misma ley sólo el término es usado en el segundo párrafo del artículo 57, donde se establece:

De este artículo debo resaltar que se otorgan apoyos para la reconversión6 en zonas frágiles o preferentemente forestales que dictamine la Semarnat. Sin embargo, la secretaría no cuenta con un registro de todos los terrenos con estas características, sólo en las áreas donde se cuenta con un programa de ordenamiento ecológico. Por ello no se cuenta con registros que permitan delinear estrategias para la promoción de una cultura agroforestal.

Por otro lado, la Sagarpa cuenta con un programa de fomento ganadero que plantea el impulso del sector, utilizando incentivos para la rehabilitación de tierras de pastoreo; premia, por ejemplo, el incremento de la disponibilidad de forraje por unidad de superficie de pastoreo mediante el uso de gramíneas, leguminosas y otras plantas forrajeras, lo cual permite incrementar la biomasa total por unidad de superficie, aumentando con ello la cantidad de carbono secuestrado por la vegetación y el suelo.

Este programa otorga apoyos a proyectos que establecen, rehabilitan o conservan tierras de pastoreo y que reforesta con cercos vivos.

Con este tipo de programas, los ganaderos utilizan cercas vivas y cortinas rompevientos como hábitat creados por el hombre que son transformados paulatinamente por los procesos de la sucesión natural7 de la vegetación. La composición de especies depende de las condiciones ecológicas locales, lo mismo que de las preferencias iniciales de los ganaderos y no necesariamente de la naturaleza del banco de semillas del bosque natural. La conectividad provista por una serie de cercas vivas afecta el desplazamiento de animales silvestres entre hábitat naturales remanentes y facilita la dispersión de semillas. Por tanto, este tipo de cercas pueden servir efectivamente como corredores biológicos, en paisajes agrícolas caracterizados por la fragmentación de los hábitat naturales. En algunas fincas, pequeños parches de bosque nativo permanecen en pie para proteger fuentes de agua, lo mismo que para proveer madera para distintos usos.

Sin embargo, es importante que se generen otras actividades agroforestales que permitan el adecuado manejo forestal en las zonas agropecuarias. Por ello es viable que se puedan habilitar zonas forestales en predios agropecuarios mayores de 30 hectáreas o su equivalente que permita mantener 30 cabezas de ganado mayor, con la finalidad de que una parte de su terreno sirva para aumentar la riqueza forestal.

Las ventajas de utilizar zonas forestales en predios agropecuarios son diversas, pero destacan las siguientes:

Agua

Los árboles reducen la velocidad de las gotas de lluvia y permiten mayor percolación en el suelo. Las raíces ayudan a filtrar contaminantes de aguas de escorrentías y aguas subterráneas.

Suelo

El forraje de los árboles reduce la velocidad de las gotas de lluvia, previniendo la erosión y ayudando a filtrar agua en el suelo. Las raíces evitan que el suelo se desprenda.

Vida silvestre

Los sistemas de árboles y forraje y los rompevientos proveen un hábitat diverso y cubierta para muchos animales terrestres. Los peces y otros animales acuáticos se beneficiaran del control de la erosión y filtración de contaminantes en aguas de escorrentía que proviene de los árboles.

Es necesario desarrollar una cultura hacia la conservación y multiplicación de los árboles en los diferentes sistemas agropecuarios.

Los integrantes del Partido Verde estamos convencidos de que no sólo es necesario cuidar el ambiente sino también dar oportunidades de valor, que permitan a los productores generar estrategias para el cuidado de sus predios y de sus productos, por lo cual es necesario incentivar a los productores para que comiencen a asignar zonas que permitan la sustentabilidad ecológica y económica real de los predios.

Por eso, la presente iniciativa tiene como objeto promover en la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable, la reconversión de terrenos agropecuarios con terrenos temporalmente forestales, a través de apoyos en la reconversión productiva, en plantaciones forestales comerciales que permita la restitución de 5 por ciento de terrenos agropecuarios mayores de 30 hectáreas o su equivalente que permita mantener 30 cabezas de ganado mayor.

Adicionalmente y derivado de que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable remite a la ley forestal en dos artículos, es necesario cambiar esta ley por la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable, toda vez que ésta derogo la ley forestal en 2003, y no se afecta el sentido de los artículos.

En atención de lo expuesto, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía sometemos a consideración del honorable Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Desarrollo Rural Sustentable, y General de Desarrollo Forestal Sustentable

Artículo Primero. Se adiciona una fracción al artículo 55, se reforma el segundo párrafo y se adiciona un tercero del artículo 57, se adiciona una fracción al artículo 59, se adiciona un segundo párrafo al artículo 166 y se reforman los artículos 171 y 172 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 55. Los apoyos para el cambio de la estructura productiva tendrán como propósitos

Artículo 57. ...

En las tierras dictaminadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales como frágiles y preferentemente forestales, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y demás ordenamientos aplicables, los apoyos para la reconversión productiva deberán inducir el uso forestal o agroforestal de las tierras o, en su caso, la aplicación de prácticas de restauración y conservación.

Las tierras con actividades agropecuarias mayores de 30 hectáreas o su equivalente que permitan mantener 30 cabezas de ganado mayor, tendrán destinada un área de no menos de 5 por ciento para plantaciones forestales comerciales, conforme a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Artículo 59. Los apoyos a la reconversión productiva en la actividad agropecuaria y agroindustrial se orientarán a impulsar preferentemente

Artículo 166. ...

Asimismo, generará las disposiciones necesarias para el establecimiento óptimo de las zonas de plantaciones forestales comerciales en terrenos con actividades agropecuarias que se establecen en el tercer párrafo del artículo 57 de esta ley.

Artículo 171. El gobierno federal, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y los municipales, apoyará de manera prioritaria a los productores de las zonas de reconversión, y especialmente a las situadas en las partes altas de las cuencas y las zonas donde se restituya 5 por ciento de terrenos agropecuarios, en reforestación , a fin de que lleven a cabo la transformación de sus actividades productivas con base en el óptimo uso del suelo y agua, mediante prácticas agrícolas, ganaderas y forestales que permitan asegurar una producción sustentable, así como la reducción de los siniestros, y la pérdida de vidas humanas y de bienes por desastres naturales.

Artículo 172. ...

De conformidad con lo establecido en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales establecerá procedimientos para señalar las tierras frágiles y preferentemente forestales, donde los apoyos y las acciones del Estado estarán orientados a la selección de cultivos y técnicas sustentables de manejo de las tierras, de acuerdo con lo establecido en los artículos 53 y 57 de esta ley.

Artículo Segundo. Se reforma el segundo párrafo y se adiciona una fracción al artículo 58, recorriéndose las subsiguientes, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 58. Corresponderá a la secretaría otorgar las siguientes autorizaciones:

Las autorizaciones a que se refieren las fracciones I, II, III y IV de este artículo podrán ser realizadas por las autoridades competentes de las entidades federativas en los términos de los mecanismos de coordinación previstos en la presente ley.

...

...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan la presente.

Notas: 1 http://pnd.presidencia.gob.mx/ 2 Agostadero son las tierras con capacidad para producir forraje para el ganado y animales silvestres. 3 Muñoz, C., et al. Pagar por los servicios hidrológicos del bosque en México, la venta de los servicios ambientales forestales, páginas 165-205, INE-Semarnat, 2006, México. 4 Información extraída de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, 2007, Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. 5 Conforme al artículo 1o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 6 Cambio de la estructura productiva. 7 Sucesión natural se conoce como la evolución que de manera natural se produce en un ecosistema por su propia dinámica interna. El término hace referencia a que su aspecto esencial es la sustitución en un ecosistema de unas especies por otras. La sucesión ecológica se pone en marcha cuando una causa natural o antropogénica (ligada a la intervención humana) despeja un espacio de las comunidades biológicas presentes en él o las altera gravemente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, señor diputado Pascual Bellizzia Rosique . Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, e insértese de manera integra la iniciativa en los términos que ha sido presentada.

Pido a la Secretaría que lea un documento que hemos signado todos los diputados de Chihuahua. Hemos llegado al apartado de agenda nacional.

ESTADO DE CHIHUAHUA

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva.--- Presente.

Los que suscribimos, diputados federales de Chihuahua, ante los lamentables acontecimientos ocurridos en la capital del estado la noche del domingo 22 del mes en curso, cuando como producto del altercado entre un grupo armado y elementos de la escolta satélite del gobernador constitucional del estado, perdiera la vida Alejandro Chaparro Coronel, integrante de la guardia personal del mandatario y coordinador especial de la Policía Ministerial, manifestamos públicamente nuestro absoluto repudio a tales actos de violencia.

Independientemente de los pormenores y motivos del enfrentamiento, ante hechos como el ocurrido, que a la vez que generan un ambiente de incertidumbre siembran un sentimiento de impotencia en la sociedad civil, consideramos urgente redoblar nuestros esfuerzos por recobrar el clima de paz y tranquilidad a que todos aspiramos como colectividad civilizada.

Así, al expresar nuestra solidaridad con el licenciado José Reyes Baeza Terrazas, gobernador constitucional del estado, y nuestro apoyo a las autoridades y corporaciones de todos los niveles, directamente responsables de la seguridad pública, los exhortamos para que redoblen su esfuerzo en el entorno estatal, en especial en las ciudades que recientemente han sido escenarios de sucesos sangrientos. Hacemos asimismo votos porque en el corto plazo el pueblo de Chihuahua vuelva a disfrutar del ambiente de trabajo sano y productivo que siempre lo ha caracterizado.

Nota Bene: Le rogamos tenga a bien disponer que el presente documento sea dado a conocer al Pleno en la sesión ordinaria del 24 de febrero.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputada Secretaria. Continúe la Secretaría con el orden del día.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán : «Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Jueves 26 de febrero de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Los asuntos no abordados en esta sesión, y los demás con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez (a las 15:18 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves, 26 de febrero, a las 11:00 horas. Asimismo, se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9: 30 horas.

--------------- O ---------------

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 3 horas 5 minutos
• Quórum a la apertura de sesión: 384 diputados
• Asistencia al cierre de registro: 405 diputados
• Diputados que solicitan licencia: 7
• Diputados suplentes que se incorporan: 6
• Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1
Diputados por grupo parlamentario que participaron durante la sesión: 27PAN-1 PRD-12 PRI-7 Convergencia-1 PVEM-3 Nueva Alianza-2 Alternativa-1
• Se recibieron:
• 1 oficio del Gobierno delEstado de Pueblacon el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente;
• 1 oficio del Gobierno delEstado de Sonoracon el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;
• 1 oficio de la Comisión Federal de Electricidadcon el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente;
• 1 oficio de la Junta de Coordinación Políticacon el que comunica cambios en la integración de las Comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios; de Agricultura y Ganadería; de Vivienda; de Participación Ciudadana; y Especial para Conocer las Políticas y la Procuración de Justicia Vinculada a los Feminicidios en el País;
• 3 oficios de la Secretaría de Gobernacióncon los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente;
• 1 comunicado de diputados federales del estado de Chihuahua, donde manifiestan su repudio al atentado ocurrido el 22 de febrero de 2009en contra del gobernador de esa entidad federativa y en el que perdiera la vida el ciudadano Alejandro Chaparro Coronel, integrante de la guardia personal del mandatario y coordinador especial de la policía ministerial;
• 1 iniciativa de senador del PRD;
• 3 minutas con proyectos de decreto
• Dictámenes aprobados:
• 1 de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que expide la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas; y se adiciona una fracción XVII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Batres Guadarrama, Valentina Valia(PRD) Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas - Código Federal de Procedimientos Penales: 27, 30
• Batres Guadarrama, Valentina Valia(PRD) Orden del día: 11, 22
• Bautista Bravo, Alliet Mariana(PRD) Artículo 1 constitucional: 49
• Bautista Bravo, Alliet Mariana(PRD) Ley Federal de Turismo: 79
• Bellizzia Rosique, Pascual(PVEM) Ley de Desarrollo Rural Sustentable - Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable: 135
• Cárdenas Fonseca, Manuel(Nueva Alianza) Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 94
• Chanona Burguete, Alejandro(Convergencia) Ley General de Población: 55
• Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe(Alternativa) Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres - Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria - Ley de Planeación: 60
• Dávila Esquivel, Humberto(Nueva Alianza) Código Civil Federal: 51
• Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías(PRI) Artículos 46, 73, 76 y 105 constitucionales: 86
• Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías(PRI) Ley Federal de Derechos: 110
• Garzón Contreras, Neftalí(PRD) Ley Federal del Trabajo - Ley del Seguro Social: 129
• Gómez Lugo, Elda(PRI) Ley General de Educación: 104
• Manrique Guevara, Beatriz(PVEM) Ley General de Salud: 125
• Matus Toledo, Holly(PRD) Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos: 71
• Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcóatl(PRI) Ley de Vivienda: 78
• Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcóatl(PRI) Ley Federal de Turismo: 59
• Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcóatl(PRI) Ley General de Cultura Física y Deporte: 99
• Pacheco Llanes, Ramón Félix(PRD) Ley que Reestatiza los Fondos de los Sistemas de Ahorro para el Retiro Regulados en las Leyes del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, Basados en un Régimen de Capitalización Individual, Restituyéndose el Sistema Solidario de Reparto: 114
• Reyna García, José Jesús(PRI) Artículos 73 y 89 constitucionales: 107
• Rodríguez, Luis Alejandro (PVEM) Ley Federal de Sanidad Vegetal: 90
• Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc(PRD) Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas - Código Federal de Procedimientos Penales: 28
• Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso(PRD) Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas - Código Federal de Procedimientos Penales: 29
• Torres García, Daniel(PRD) Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado - Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores: 100
• Zambrano Elizondo, Javier Martín(PAN) Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles: 83

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino	ASISTENCIA
2 Alcaraz Hernández Alma Edwviges	ASISTENCIA
3 Álvarez Bernal María Elena	ASISTENCIA
4 Amezola Fonceca Gerardo	ASISTENCIA
5 Antuña Batista Fidel	ASISTENCIA
6 Aranda Orozco Gerardo	ASISTENCIA
7 Arellano Arellano Joel	ASISTENCIA
8 Arenas Guzmán Margarita	ASISTENCIA
9 Argüelles Arellano María del Consuelo	INASISTENCIA
10Arizméndi Uribe Efraín	ASISTENCIA
11 Armendáriz García Pedro	ASISTENCIA
12 Arredondo Ibarra Salvador	ASISTENCIA
13 Arredondo Velázquez Jesús	ASISTENCIA
14 Ávila Mayo Obdulio	ASISTENCIA
15 Barradas Miravete Gregorio	INASISTENCIA
16 Barrios Rodríguez Juan Enrique	ASISTENCIA
17 Bello Pérez Alfonso Othón	ASISTENCIA
18 Berber Martínez Antonio	ASISTENCIA
19 Bernal Frausto Federico	ASISTENCIA
20 Bolaños Aguilar Edmundo Javier	INASISTENCIA
21 Bracho González Carlos Augusto	ASISTENCIA
22 Buganza Salmerón Gerardo	INASISTENCIA
23 Campos Galván María Eugenia	ASISTENCIA
24 Carbajal Méndez Liliana	ASISTENCIA
25 Cárdenas Sánchez Esmeralda	ASISTENCIA
26 Cardona Benavidez Alma Xóchil	ASISTENCIA
27 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto	ASISTENCIA
28 Carrasco Cárdenas Susana Sarahí	ASISTENCIA
29 Carrillo Sandoval Fortino	ASISTENCIA
30 Castaño Contreras Cristián	ASISTENCIA
31Castro De la Rosa Osiel	ASISTENCIA
32 Ceja Romero Ramón	ASISTENCIA
33 Collado Lara Beatriz	ASISTENCIA
34 Contreras Coeto José Luis	ASISTENCIA
35 Corral Aguilar María Mercedes	ASISTENCIA
36 Cuen Garibi Marcela	ASISTENCIA
37 Curiel Preciado Leobardo	INASISTENCIA
38 Dávila Fernández Adriana	ASISTENCIA
39 Dávila García Francisco	ASISTENCIA
40 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	ASISTENCIA
41 De la Torre Sánchez José	ASISTENCIA
42 De León Tello Jesús	ASISTENCIA
43 Degante Romero Silvia Emilia	ASISTENCIA
44Del Toro del Villar Tomás	ASISTENCIA
45 Del Valle Toca Antonio	ASISTENCIA
46 Delgado Oscoy Alejandro Enrique	ASISTENCIA
47 Denegre Vaught Ramírez Rosaura Virginia	ASISTENCIA
48 Díaz García José Antonio	OFICIAL COMISIÓN
49 Díaz Garibay Felipe	ASISTENCIA
50 Díaz Gordillo Martha Cecilia	ASISTENCIA
51 Díaz Mena Joaquín Jesús	ASISTENCIA
52 Díaz de León Torres Leticia	CÉDULA
53 Duck Núñez Edgar Mauricio	OFICIAL COMISIÓN
54 Enríquez Flores Armando	ASISTENCIA
55 Escaroz Soler Gerardo Antonio	ASISTENCIA
56 Espinosa Piña José Luis	ASISTENCIA
57 Félix Holguín Armando Jesús	ASISTENCIA
58 Felton González Carlos Eduardo	ASISTENCIA
59 Fernández Cabrera Adrián	ASISTENCIA
60Fernández Ugarte Ma. del Carmen	ASISTENCIA
61 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro	ASISTENCIA
62 Flores Grande Arturo	ASISTENCIA
63 Flores Morfín Jesús Vicente	ASISTENCIA
64 Fraile García Francisco Antonio	ASISTENCIA
65 Franco Cazarez Ricardo	ASISTENCIA
66 Fuentes Ortíz José Guillermo	ASISTENCIA
67 Galván Valles Rosa Elena	ASISTENCIA
68 García González Carlos Alberto	ASISTENCIA
69 García Müller Martha Margarita	ASISTENCIA
70 García Reyes Ángel Humberto	ASISTENCIA
71 García Reyes Beatriz Eugenia	ASISTENCIA
72 García Vivián Raúl	ASISTENCIA
73 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes	ASISTENCIA
74 Gómez Leyva Silvio	ASISTENCIA
75 González Betancourt Jorge Justiniano	ASISTENCIA
76 González Martínez María Gabriela	ASISTENCIA
77 González Morán Martín Oscar	ASISTENCIA
78 González Roaro Benjamín Ernesto	ASISTENCIA
79 González Ruiz Felipe	ASISTENCIA
80González Sánchez Ma. Dolores	CÉDULA
81Gudiño Ortíz Francisco Javier	ASISTENCIA
82 Guerrero Torres José Gildardo	ASISTENCIA
83 Gutiérez Aguilar Miguel Ángel	ASISTENCIA
84 Gutiérrez Lagunes María Victoria	INASISTENCIA
85 Hernández Núñez Elia	ASISTENCIA
86 Hurtado Pérez Nelly Asunción	ASISTENCIA
87 Iragorri Durán Enrique	ASISTENCIA
88Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles	ASISTENCIA
89 Jiménez Ramos María Esther	INASISTENCIA
90 Joaquín Coldwell Addy Cecilia	ASISTENCIA
91 Lagunes Viveros Violeta del Pilar	ASISTENCIA
92 Landero Gutiérrez Alejandro	INASISTENCIA
93 Landeros González Ramón	ASISTENCIA
94 Lara Compeán David	ASISTENCIA
95 Larios Córdova Héctor	ASISTENCIA
96 Laviada Hernández Iñigo Antonio	ASISTENCIA
97 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio	ASISTENCIA
98 Leura González Agustín	ASISTENCIA
99 Limas Frescas María Soledad	INASISTENCIA
100 Lizaola de la Torre Alonso Manuel	INASISTENCIA
101 López Cisneros José Martín	ASISTENCIA
102 López Reyna Omeheira	ASISTENCIA
103 López Silva Rubí Laura	INASISTENCIA
104 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel	ASISTENCIA
105 Lujano Nicolás Christian Martín	ASISTENCIA
106 Maawad Robert Luis Xavier	ASISTENCIA
107 Madrazo Limón Carlos	ASISTENCIA
108Magallón Arceo Leonardo Melesio de J.	ASISTENCIA
109 Malagón Ríos Martín	ASISTENCIA
110 Malcos Amaro María Ofelia Gloria	CÉDULA
111 Maldonado González David	ASISTENCIA
112Manuell-Gómez Angulo Dolores De María	ASISTENCIA
113 Martínez Valero Dora Alicia	ASISTENCIA
114 Medellín Varela Antonio	ASISTENCIA
115 Medina Macias Alma Hilda	CÉDULA
116 Medina Rodríguez Delber	INASISTENCIA
117 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia	ASISTENCIA
118 Mejía García Luis Alonso	ASISTENCIA
119 Méndez Meneses Apolonio	ASISTENCIA
120 Mendoza Morales Lucía Susana	ASISTENCIA
121 Mohamar Dainitin Oscar Miguel	ASISTENCIA
122 Mollinedo Hernández Agustín	INASISTENCIA
123 Monraz Ibarra Miguel Ángel	ASISTENCIA
124 Montes Sánchez Fabián Fernando	ASISTENCIA
125 Montiel Luis Lariza	ASISTENCIA
126 Mora Cuevas Marisol	ASISTENCIA
127 Morales Ramos José Nicolás	INASISTENCIA
128 Morales Utrera Mercedes	ASISTENCIA
129 Moreno Álvarez Mario Eduardo	ASISTENCIA
130 Morgan Franco Rocío del Carmen	ASISTENCIA
131 Muñoz Serrano José Antonio	ASISTENCIA
132 Murillo Flores Francisco Javier	ASISTENCIA
133 Murillo Torres José Luis	ASISTENCIA
134 Navarro Sugich Carlos Alberto	ASISTENCIA
135 Nordhausen González Jorge Rubén	ASISTENCIA
136Noriega Blanco Vigil María Nieves	ASISTENCIA
137 Ochoa López Nabor	ASISTENCIA
138 Olvera Higuera Edgar Armando	ASISTENCIA
139 Orozco Ruiz Velazco Marco Heriberto	ASISTENCIA
140Ortega Martínez Ma. del Pilar	ASISTENCIA
141 Ortiz Montoro Sagrario María del Rosario	ASISTENCIA
142 Ortíz Hernández Eduardo	ASISTENCIA
143 Oviedo Oviedo Ernesto	ASISTENCIA
144 Padilla Orozco Raúl Alejandro	PERMISO MESA DIRECTIVA
145 Palafox Núñez José Inés	INASISTENCIA
146 Paredes Rodríguez Francisco Javier	CÉDULA
147 Parra Jiménez Dolores María del Carmen	ASISTENCIA
148 Parra Noriega Luis Gustavo	ASISTENCIA
149 Pérez Cuéllar Cruz	ASISTENCIA
150 Pérez de Tejada Romero Diana Carolina	ASISTENCIA
151 Peyrot Solís Marco Antonio	ASISTENCIA
152 Plascencia Alonso Francisco Javier	ASISTENCIA
153 Priego Tapia Gerardo	ASISTENCIA
154 Pulido Pecero Pedro	ASISTENCIA
155 Quintero Bello Jorge	ASISTENCIA
156 Ramírez Barba Ector Jaime	ASISTENCIA
157 Ramírez Corral Ivette Jacqueline	ASISTENCIA
158 Ramírez Pech Edgar Martín	ASISTENCIA
159 Ramírez Villarreal Gustavo	ASISTENCIA
160 Ramos Covarrubias Héctor Manuel	ASISTENCIA
161 Reyes García María Isabel	ASISTENCIA
162 Reyes López Carlos Armando	ASISTENCIA
163 Rincón Vargas Mirna Cecilia	ASISTENCIA
164 Rivera Rivera José Guadalupe	ASISTENCIA
165 Rivero Rivero Rolando	ASISTENCIA
166 Rodríguez Ahumada Luis Fernando	INASISTENCIA
167 Rodríguez Jiménez Ricardo	ASISTENCIA
168 Rodríguez Montes Bibiana	CÉDULA
169 Rodríguez Prats Juan José	ASISTENCIA
170 Rodríguez Uresti Enrique	ASISTENCIA
171 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana	ASISTENCIA
172 Rojas Hernández Laura Angélica	ASISTENCIA
173 Román Isidoro Demetrio	ASISTENCIA
174 Romo Jiménez Martha Angélica	ASISTENCIA
175 Rubio Chávez José Ignacio Alberto	ASISTENCIA
176 Rueda Gómez Francisco	CÉDULA
177 Ruiz Velasco de Lira Ernesto	ASISTENCIA
178 Salas Contreras Marcos	ASISTENCIA
179 Salazar Madera Mario Alberto	ASISTENCIA
180 Salum del Palacio Jorge Alejandro	ASISTENCIA
181 Sánchez Díaz de Rivera Antonio	ASISTENCIA
182 Sánchez Domínguez Alejandro	ASISTENCIA
183 Sánchez Gil Carlos René	ASISTENCIA
184 Sánchez Juárez Claudia	ASISTENCIA
185 Sánchez Trujillo José Víctor	ASISTENCIA
186Sandoval Munguia Juan Manuel	ASISTENCIA
187 Serrato Castell Luis Gerardo	ASISTENCIA
188 Shej Guzmán Sara	ASISTENCIA
189 Solano Muñoz José de Jesús	ASISTENCIA
190 Stefanonni Mazzocco Martín	ASISTENCIA
191 Tamayo Herrera Yadhira Yvette	ASISTENCIA
192 Torres Gómez Artemio	ASISTENCIA
193 Torres Herrera Víctor Manuel	ASISTENCIA
194 Torres Torres Carlos Alberto	ASISTENCIA
195 Valenzuela García María Gloria Guadalupe	CÉDULA
196 Valladolid Rodríguez Antonio	ASISTENCIA
197 Vasconcelos Rueda Antonio	ASISTENCIA
198 Vázquez Martínez Alberto	ASISTENCIA
199 Vega Corona Antonio	ASISTENCIA
200 Velázquez Gutiérrez José Guillermo	ASISTENCIA
201 Verástegui Ostos César Augusto	ASISTENCIA
202 Verdín Saldaña Jaime	ASISTENCIA
203 Victoria Alva Juan	ASISTENCIA
204 Vieyra Olivares Adriana Rebeca	ASISTENCIA
205 Villanueva Arjona Juan Manuel	ASISTENCIA
206 Zambrano Elizondo Javier Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 179
Asistencias por cédula: 8
Asistencias comisión oficial: 2
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 16
Total diputados: 206

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1 Aguirre Alcaide Victor	ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida	ASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio	INASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón	ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes	ASISTENCIA
6Wilfrido Alonso Razo Humberto	ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos	CÉDULA
8 Alva Olvera Maribel Luisa	ASISTENCIA
9 Álvarez Ramón Silbestre	ASISTENCIA
10 Amaro Corona Alberto	INASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene	ASISTENCIA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel	INASISTENCIA
13Arreola Calderón Juan Dario	ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando	INASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia	ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana	ASISTENCIA
17Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh	ASISTENCIA
18 Brito González Modesto	INASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier	OFICIAL COMISIÓN
20 Campos Aburto Amador	ASISTENCIA
21 Cárdenas Hernández Raymundo	ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora	ASISTENCIA
23 Condado Escamilla Cuitlahuac	ASISTENCIA
24 Contreras Julián Maricela	ASISTENCIA
25 Cruz Santiago Claudia Lilia	ASISTENCIA
26 Cuevas Córdova Othón	ASISTENCIA
27 Chávez García Higinio	ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix	ASISTENCIA
29 De la Rosa García Juan Hugo	ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado	ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel	ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique	ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana	ASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz	ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime	ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica	CÉDULA
37 Flores Maldonado César	INASISTENCIA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro	ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael	ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo	ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo	ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí	ASISTENCIA
43 González Garza Javier	ASISTENCIA
44 González Miranda Facundo	CÉDULA
45 Guerra Ochoa Juan Nicasio	ASISTENCIA
46 Gutiérrez Calzadilla José Luis	ASISTENCIA
47 Hernández Gaytán Daisy Selene	ASISTENCIA
48 Hernández Hernández Sergio	ASISTENCIA
49 Hernández Manzanares Javier	ASISTENCIA
50 Hernández Silva Benjamín	ASISTENCIA
51Nohelia Ibarra Franquez Sonia	ASISTENCIA
52 Jacques y Medina José	ASISTENCIA
53 Jiménez Valenzuela María Eugenia	ASISTENCIA
54 Landero López Pedro	ASISTENCIA
55Lemarroy Martínez Juan Darío	ASISTENCIA
56 Leyva Piñón Ana Yurixi	ASISTENCIA
57 Lizárraga Peraza Víctor Manuel	ASISTENCIA
58 López Barriga Erick	ASISTENCIA
59 López Becerra Santiago	ASISTENCIA
60 López Torres Ma. Soledad	ASISTENCIA
61 Lozano Lozano Andrés	ASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia	INASISTENCIA
63 Macedo Escartín Miguel Ángel	ASISTENCIA
64 Márquez Madrid Camerino Eleazar	CÉDULA
65 Márquez Tinoco Francisco	ASISTENCIA
66 Martínez Hernández Alejandro	ASISTENCIA
67 Martínez Martínez Carlos Roberto	ASISTENCIA
68 Martínez Padilla Hugo Eduardo	ASISTENCIA
69 Martínez Vargas Octavio	ASISTENCIA
70 Matías Alonso Marcos	ASISTENCIA
71 Matus Toledo Holly	ASISTENCIA
72 Mayans Canabal Fernando Enrique	ASISTENCIA
73 Mendoza Arellano David	ASISTENCIA
74 Mendoza Flores Roberto	ASISTENCIA
75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio	ASISTENCIA
76 Mendoza Mendoza Irineo	INASISTENCIA
77 Monreal Ávila Susana	ASISTENCIA
78 Montalvo Rojas Victorio Rubén	ASISTENCIA
79 Morales Manzo Jesús Ricardo	CÉDULA
80 Morales Sánchez Efraín	ASISTENCIA
81 Morales Vázquez Carlos Orsoe	ASISTENCIA
82 Narcía Álvarez Héctor	ASISTENCIA
83 Navarro López Carlos Ernesto	ASISTENCIA
84 Navarro Quintero Miguel Ángel	ASISTENCIA
85 Ojeda Hernández Concepción	ASISTENCIA
86 Orcí Martínez Juan Adolfo	INASISTENCIA
87 Ortega Martínez Antonio	ASISTENCIA
88 Ortiz Magallón Rosario Ignacia	ASISTENCIA
89Pacheco LLanes Ramón Félix	ASISTENCIA
90 Pedraza Chávez Isidro	ASISTENCIA
91 Pedrozo Castillo Adrián	ASISTENCIA
92 Peña Sánchez Miguel Ángel	ASISTENCIA
93 Pérez Cruz Raciel	ASISTENCIA
94 Pérez Sánchez Heriberto	CÉDULA
95 Pulido Santiago Celso David	ASISTENCIA
96 Ramos Becerril Rafael Plácido	ASISTENCIA
97 Ramos Castellanos Martín	INASISTENCIA
98 Rasgado Corsi Gloria	ASISTENCIA
99 Ríos Gamboa Raúl	ASISTENCIA
100 Romero Gutiérrez Odilón	ASISTENCIA
101Ruíz Sánchez Salvador	ASISTENCIA
102 Saavedra Coronel José Antonio	ASISTENCIA
103Salinas Pérez Josefina	ASISTENCIA
104 Sánchez Barrios Carlos	ASISTENCIA
105 Sánchez Cabrales Rafael Elías	ASISTENCIA
106 Sánchez Camacho Alejandro	ASISTENCIA
107 Sánchez Camacho David	ASISTENCIA
108 Sánchez Ramos Francisco	ASISTENCIA
109 Sánchez Valdéz Eva Angelina	ASISTENCIA
110 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc	ASISTENCIA
111 Santos Arreola Francisco Javier	ASISTENCIA
112 Solares Chávez Miguel Ángel	ASISTENCIA
113 Soriano Sánchez Rosa Elva	ASISTENCIA
114 Soto Sánchez Antonio	ASISTENCIA
115 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso	ASISTENCIA
116 Torres Baltazar María Elena	ASISTENCIA
117 Torres García Daniel	ASISTENCIA
118 Trejo Pérez Pablo	ASISTENCIA
119 Ulloa Pérez Emilio	ASISTENCIA
120 Vallejo Estevez Mario	ASISTENCIA
121 Varela López Víctor Gabriel	ASISTENCIA
122 Villanueva Albarrán Gerardo	CÉDULA
123 Villicaña García Rafael	CÉDULA
124 Zavaleta Salgado Ruth	ASISTENCIA
125 Zazueta Aguilar Jesús Humberto	ASISTENCIA
126 Zepeda Hernández Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 107
Asistencias por cédula: 8
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 10
Total diputados: 126

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico	ASISTENCIA
2 Aguilar Diego	PERMISO MESA DIRECTIVA
3 Aguilar Solís Samuel	ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas	PERMISO MESA DIRECTIVA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio	ASISTENCIA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo	ASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel	ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto	PERMISO MESA DIRECTIVA
9 Ayala Almeida Joel	CÉDULA
10 Badillo Martínez Roberto	ASISTENCIA
11Barajas Del Toro Salvador	INASISTENCIA
12 Barajas López Ramón	PERMISO MESA DIRECTIVA
13 Barba Hernández Alfredo	ASISTENCIA
14 Beltrán Montes Israel	ASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique	ASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio	ASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando	ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis	ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando	PERMISO MESA DIRECTIVA
20 Camacho Quiroz César Octavio	ASISTENCIA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo	ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés	ASISTENCIA
23Cárdenas Del Avellano Enrique	PERMISO MESA DIRECTIVA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo	CÉDULA
25 Cervantes Andrade Raúl	ASISTENCIA
26 Colín Guadarrama María Mercedes	ASISTENCIA
27 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías	ASISTENCIA
28De la Garza Treviño Jorge Luis	ASISTENCIA
29 Díaz Athié Antonio de Jesús	ASISTENCIA
30Darinel Díaz Solorzano Elmar	ASISTENCIA
31 Domínguez Domínguez Nemesio	ASISTENCIA
32 Duarte Jáquez César Horacio	ASISTENCIA
33 Escajeda Jiménez José Rubén	ASISTENCIA
34 Escalante Jasso Aracely	PERMISO MESA DIRECTIVA
35 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías	ASISTENCIA
36 Estefan Chidiac Charbel Jorge	INASISTENCIA
37 Flores Sandoval Patricio	PERMISO MESA DIRECTIVA
38 Fuentes Téllez Octavio	ASISTENCIA
39 Gamboa Patrón Emilio	ASISTENCIA
40 Garza Garza Horacio Emigdio	ASISTENCIA
41 Gebhardt Garduza Yary del Carmen	PERMISO MESA DIRECTIVA
42 Gloria Requena Tomás	ASISTENCIA
43 Gómez Lugo Elda	ASISTENCIA
44 González Calderón Martha Hilda	ASISTENCIA
45 González Salum Miguel Ángel	ASISTENCIA
46 González Zarur Mariano	ASISTENCIA
47 Guerrero García Javier	OFICIAL COMISIÓN
48 Guerrero Juárez Joel	PERMISO MESA DIRECTIVA
49 Gurrión Matías Daniel	ASISTENCIA
50 Herrera Ale Juana Leticia	ASISTENCIA
51 Herrera Coyac Wenceslao	ASISTENCIA
52 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando	ASISTENCIA
53 Lagunes Gallina Gerardo	ASISTENCIA
54 Lescieur Talavera Jorge Mario	ASISTENCIA
55 López Balbuena Guillermina	PERMISO MESA DIRECTIVA
56 Madrid Tovilla Arely	ASISTENCIA
57 Martínez Rocha Arturo	PERMISO MESA DIRECTIVA
58 Martínez Rodríguez Lorena	OFICIAL COMISIÓN
59 Méndez Lanz Víctor Manuel	INASISTENCIA
60 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso	PERMISO MESA DIRECTIVA
61 Merodio Reza Lilia Guadalupe	CÉDULA
62 Morales García Elizabeth	CÉDULA
63 Mota Hernández Adolfo	ASISTENCIA
64 Muñoz Serna Rogelio	ASISTENCIA
65Murat José	ASISTENCIA
66 Narvaez Bravo Hilda Areli	CÉDULA
67 Ojeda Camacho Gilberto	PERMISO MESA DIRECTIVA
68 Olivares Monterrubio Alejandro	ASISTENCIA
69 Olivares Ventura Héctor Hugo	ASISTENCIA
70 Ordaz Jiménez Ismael	ASISTENCIA
71 Orihuela Bárcenas José Ascención	ASISTENCIA
72 Ortega Tzitzihua María Dolores Lucía	ASISTENCIA
73Ortiz Del Carpio Víctor	ASISTENCIA
74 Ortiz Proal Mauricio	ASISTENCIA
75 Padilla Gutiérrez Héctor	ASISTENCIA
76 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz	ASISTENCIA
77 Palma César Víctor Samuel	ASISTENCIA
78 Parás González Juan Manuel	ASISTENCIA
79 Partida Guzmán Martha Rocío	ASISTENCIA
80 Patrón Montalvo Jesús Manuel	ASISTENCIA
81 Peñuelas Acuña Mayra Gisela	PERMISO MESA DIRECTIVA
82 Pérez Valdés Daniel	ASISTENCIA
83 Pinete Vargas María del Carmen	ASISTENCIA
84 Quiñones Canales Lourdes	CÉDULA
85 Ramírez Martínez José Edmundo	ASISTENCIA
86 Ramírez Stabros Jesús	CÉDULA
87 Reyna García José Jesús	ASISTENCIA
88 Ríos Camarena Alfredo Adolfo	ASISTENCIA
89 Rivera Bedoya Juan Francisco	ASISTENCIA
90 Rivero Acosta Miguel	CÉDULA
91 Rodríguez Martínez Alicia	ASISTENCIA
92 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda	ASISTENCIA
93 Rojas Gutiérrez Carlos	ASISTENCIA
94 Salas López Ramón	ASISTENCIA
95 Sánchez Hernández Eduardo	ASISTENCIA
96 Sánchez Peñuelas Salvador	ASISTENCIA
97 Sandoval Paredes Sergio	ASISTENCIA
98 Serrano Escobar Enrique	ASISTENCIA
99 Sosa Castelán Gerardo	ASISTENCIA
100 Vargas Landeros Gerardo Octavio	ASISTENCIA
101 Velasco Pérez Juan Carlos	PERMISO MESA DIRECTIVA
102 Villa Villa Isael	ASISTENCIA
103 Virgen Carrera Víctor Manuel	ASISTENCIA
Asistencias: 74
Asistencias por cédula: 8
Asistencias comisión oficial: 2
Permiso Mesa Directiva: 16
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 3
Total diputados: 103

CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan	ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis	ASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías	ASISTENCIA
4 Castellanos Hernández Félix	ASISTENCIA
5 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús	CÉDULA
6 Chanona Burguete Alejandro	ASISTENCIA
7 Del Río Virgen José Manuel	ASISTENCIA
8 Godoy Cárdenas Jorge	ASISTENCIA
9 López Lena Cruz Humberto	ASISTENCIA
10 Melo Velázquez José Francisco	ASISTENCIA
11 Salvatori Bronca María del Carmen	ASISTENCIA
12 Samperio Montaño Juan Ignacio	ASISTENCIA
13 Sansores San Román Layda Elena	ASISTENCIA
14 Tagle Martínez Martha Angélica	ASISTENCIA
15 Uscanga Cruz Robinson	INASISTENCIA
16 Valdés Chávez Ramón	ASISTENCIA
17 Varela Lagunas Tomás José Luis	INASISTENCIA
18 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc	INASISTENCIA
Asistencias: 14
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 3
Total diputados: 18

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio	ASISTENCIA
2 Bellizzia Rosique Pascual	ASISTENCIA
3 Cobo Terrazas Diego	CÉDULA
4 Elizondo Garrido Francisco	ASISTENCIA
5 Estrada González Faustino Javier	ASISTENCIA
6 González Martínez Jorge Emilio	ASISTENCIA
7 Lavara Mejía Gloria	PERMISO MESA DIRECTIVA
8 López Adame Antonio Xavier	ASISTENCIA
9 Manrique Guevara Beatriz	ASISTENCIA
10 Notholt Guerrero Alan	ASISTENCIA
11Portilla Dieguez Manuel Salvador	ASISTENCIA
12 Puente Salas Carlos Alberto	OFICIAL COMISIÓN
13 Ramírez Cerda Ana María	ASISTENCIA
14Rodríguez Luis Alejandro	ASISTENCIA
15 Salgado Amador Manuel Salvador	ASISTENCIA
16 Sesma Suárez Jesús	ASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica	ASISTENCIA
Asistencias: 14
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén	ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo	PERMISO MESA DIRECTIVA
3 Cantú Garza Ricardo	ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime	ASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano	ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis	ASISTENCIA
7Maciel Ortiz Ma. Mercedes	INASISTENCIA
8 Peregrino García Abundio	ASISTENCIA
9 Romero Guzmán Rosa Elia	ASISTENCIA
10 Solís Parga Rodolfo	CÉDULA
11 Vela González Joaquín Humberto	CÉDULA
Asistencias: 7
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 11

NUEVA ALIANZA
1 Arriola G. Mónica T.	ASISTENCIA
2 Cárdenas Fonseca Manuel	ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel	ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto	INASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto	ASISTENCIA
6 Luna Becerril Blanca	CÉDULA
7 Luna Rodríguez Silvia	ASISTENCIA
8 Pérez Bolaños Ana Elisa	ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma	CÉDULA
Asistencias: 6
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 9

ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina	ASISTENCIA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe	ASISTENCIA
3 García Méndez Armando	ASISTENCIA
4 Hernández Valadés Delio	ASISTENCIA
5 Pedro Cortés Santiago Gustavo	ASISTENCIA
Asistencias: 5
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 5

1 Argüelles Arellano María del Consuelo 2 Barradas Miravete Gregorio 3 Bolaños Aguilar Edmundo Javier 4 Buganza Salmerón Gerardo 5 Curiel Preciado Leobardo 6 Gutiérrez Lagunes María Victoria 7 Jiménez Ramos María Esther 8 Landero Gutiérrez Alejandro 9 Limas Frescas María Soledad 10 Lizaola de la Torre Alonso Manuel 11 López Silva Rubí Laura 12 Medina Rodríguez Delber 13 Mollinedo Hernández Agustín 14 Morales Ramos José Nicolás 15 Palafox Núñez José Inés 16 Rodríguez Ahumada Luis Fernando Faltas por grupo: 16

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 Almazán González José Antonio
2 Amaro Corona Alberto
3 Arellano Pulido Miguel Ángel
4 Barreiro Pérez Armando
5 Brito González Modesto
6 Flores Maldonado César
7 Luna Munguía Alma Lilia
8 Mendoza Mendoza Irineo
9 Orcí Martínez Juan Adolfo
10 Ramos Castellanos Martín
Faltas por grupo: 10

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 Barajas Del Toro Salvador
2 Estefan Chidiac Charbel Jorge
3 Méndez Lanz Víctor Manuel
Faltas por grupo: 3

CONVERGENCIA
Diputado
1 Uscanga Cruz Robinson
2 Varela Lagunas Tomás José Luis
3 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc
Faltas por grupo: 3

PARTIDO DEL TRABAJO
Diputado
1 Maciel Ortiz Ma. Mercedes
Faltas por grupo: 1

NUEVA ALIANZA
Diputado
1 Dávila Esquivel Humberto
Faltas por grupo: 1

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VOTACIONES

Del dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que expide la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas, y adiciona una fracción XVII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales (en lo general y en lo particular los artículos no reservados)

PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino	Favor
2 Aguilar López, José Alejandro	Ausente
3 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges	Favor
4 Álvarez Bernal, María Elena	Favor
5 Amezola Fonceca, Gerardo	Favor
6 Antuna Batista, Fidel	Ausente
7 Aranda Orozco, Gerardo	Favor
8 Arellano Arellano, Joel	Ausente
9 Arenas Guzmán, Margarita	Favor
10 Argüelles Arellano, María del Consuelo	Ausente
11 Arizméndi Uribe, Efraín	Favor
12 Armendáriz García, Pedro	Favor
13 Arredondo Ibarra, Salvador	Favor
14 Arredondo Velázquez, Jesús	Favor
15 Ávila Mayo, Obdulio	Ausente
16 Barradas Miravete, Gregorio	Ausente
17 Barrios Rodríguez, Juan Enrique	Favor
18 Bello Pérez, Alfonso Othón	Favor
19 Berber Martínez, Antonio	Favor
20 Bernal Frausto, Federico	Favor
21 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier	Ausente
22 Bracho González, Carlos Augusto	Favor
23 Buganza Salmerón, Gerardo	Ausente
24 Campos Galván, María Eugenia	Favor
25 Carbajal Méndez, Liliana	Favor
26 Cárdenas Sánchez, Esmeralda	Ausente
27 Cardona Benavídez, Alma Xóchil	Favor
28 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto	Favor
29 Carrasco Cárdenas, Susana Sarahí	Favor
30 Carrillo Sandoval, Fortino	Favor
31 Castaño Contreras, Cristián	Favor
32 Castro de la Rosa, Osiel	Favor
33 Ceja Romero, Ramón	Favor
34 Collado Lara, Beatriz	Favor
35 Contreras Coeto, José Luis	Favor
36 Corral Aguilar, María Mercedes	Favor
37 Cuen Garibi, Marcela	Favor
38 Curiel Preciado, Leobardo	Ausente
39 Dávila Fernández, Adriana	Favor
40 Dávila García, Francisco	Favor
41 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio	Favor
42 De la Torre Sánchez, José	Favor
43 De León Tello, Jesús	Favor
44 Degante Romero, Silvia Emilia	Favor
45 Del Toro del Villar, Tomás	Favor
46 Del Valle Toca, Antonio	Favor
47 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique	Favor
48 Denegre Vaught, Rosaura	Favor
49 Díaz de León Torres, Leticia	Favor
50 Díaz García, José Antonio	Ausente
51 Díaz Garibay, Felipe	Favor
52 Díaz Gordillo, Martha Cecilia	Favor
53 Díaz Mena, Joaquín Jesús	Favor
54 Domínguez Servién, Francisco	Favor
55 Duck Núñez, Edgar Mauricio	Ausente
56 Enríquez Flores, Armando	Favor
57 Escaroz Soler, Gerardo Antonio	Favor
58 Escobar Jardinez, Adolfo	Ausente
59 Espinosa Piña, José Luis	Favor
60 Félix Holguín, Armando Jesús	Favor
61 Felton González, Carlos Eduardo	Favor
62 Fernández Cabrera, Adrián	Favor
63 Fernández Ugarte, Carmen	Favor
64 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro	Favor
65 Flores Grande, Arturo	Favor
66 Flores Morfín, Jesús Vicente	Favor
67 Fraile García, Francisco Antonio	Favor
68 Franco Cazarez, Ricardo	Favor
69 Fuentes Ortiz, José Guillermo	Favor
70 Galván Valles, Rosa Elena	Favor
71 García González, Carlos Alberto	Favor
72 García Müller, Martha Margarita	Favor
73 García Reyes, Ángel Humberto	Favor
74 García Reyes, Beatriz Eugenia	Favor
75 García Vivián, Raúl	Favor
76 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes	Favor
77 Gómez Leyva, Silvio	Favor
78 González Betancourt, Jorge Justiniano	Favor
79 González Martínez, María Gabriela	Favor
80 González Morán, Martín Oscar	Favor
81 González Roaro, Benjamín Ernesto	Favor
82 González Ruiz, Felipe	Favor
83 González Sánchez, María Dolores	Favor
84 Gudiño Ortiz, Francisco Javier	Ausente
85 Guerrero Torres, José Gildardo	Favor
86 Gutiérrez Aguilar, Miguel Ángel	Favor
87 Gutiérrez Lagunes, María Victoria	Ausente
88 Hernández Núñez, Elia	Favor
89 Hurtado Pérez, Nelly Asunción	Favor
90 Iragorri Durán, Enrique	Favor
91 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles	Favor
92 Jiménez Ramos, María Esther	Ausente
93 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia	Favor
94 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar	Favor
95 Landero Gutiérrez, Alejandro	Ausente
96 Landeros González, Ramón	Favor
97 Lara Compeán, David	Favor
98 Larios Córdova, Héctor	Favor
99 Laviada Hernández, Íñigo Antonio	Favor
100 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio	Favor
101 Leura González, Agustín	Favor
102 Limas Frescas, María Soledad	Ausente
103 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel	Ausente
104 López Cisneros, José Martín	Favor
105 López Reyna, Omeheira	Favor
106 López Silva, Rubí Laura	Ausente
107 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel	Favor
108 Lujano Nicolás, Christian Martín	Favor
109 Maawad Robert, Luis Xavier	Favor
110 Madrazo Limón, Carlos	Favor
111 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús	Favor
112 Malagón Ríos, Martín	Favor
113 Maldonado González, David	Favor
114 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María	Favor
115 Martínez Valero, Dora Alicia	Favor
116 Medellín Varela, Antonio	Favor
117 Medina Macias, Alma Hilda	Favor
118 Medina Rodríguez, Delber	Ausente
119 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia	Favor
120 Mejía García, Luis Alonso	Favor
121 Méndez Meneses, Apolonio	Favor
122 Mendoza Morales, Lucía Susana	Favor
123 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel	Ausente
124 Mollinedo Hernández, Agustín	Ausente
125 Monraz Ibarra, Miguel Ángel	Favor
126 Montes Sánchez, Fabián Fernando	Favor
127 Montiel Luis, Lariza	Favor
128 Mora Cuevas, Marisol	Favor
129 Morales Ramos, José Nicolás	Ausente
130 Morales Utrera, Mercedes	Favor
131 Moreno Álvarez, Mario Eduardo	Favor
132 Morgan Franco, Rocío del Carmen	Favor
133 Muñoz Serrano, José Antonio	Favor
134 Murillo Flores, Francisco Javier	Favor
135 Murillo Torres, José Luis	Favor
136 Navarro Sugich, Carlos Alberto	Favor
137 Nordhausen González, Jorge Rubén	Favor
138 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves	Favor
139 Ochoa López, Nabor	Ausente
140 Olvera Higuera, Edgar Armando	Favor
141 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto	Favor
142 Ortega Martínez, María del Pilar	Favor
143 Ortiz Hernández, Eduardo	Favor
144 Ortiz Montoro, Sagrario María del Rosario	Favor
145 Oviedo Oviedo, Ernesto	Favor
146 Padilla Orozco, Raúl Alejandro	Ausente
147 Palafox Núñez, José Inés	Ausente
148 Paredes Rodríguez, Francisco Javier	Favor
149 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen	Favor
150 Parra Noriega, Luis Gustavo	Ausente
151 Pérez de Tejada Romero, Diana Carolina	Favor
152 Pérez Cuéllar, Cruz	Favor
153 Peyrot Solís, Marco A.	Favor
154 Plascencia Alonso, Francisco Javier	Favor
155 Priego Tapia, Gerardo	Favor
156 Pulido Pecero, Pedro	Favor
157 Quintero Bello, Jorge	Favor
158 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana	Favor
159 Ramírez Barba, Ector Jaime	Favor
160 Ramírez Corral, Ivette Jacqueline	Favor
161 Ramírez Pech, Edgar Martín	Favor
162 Ramírez Villarreal, Gustavo	Favor
163 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel	Favor
164 Reyes García, María Isabel	Favor
165 Reyes López, Carlos Armando	Favor
166 Rincón Vargas, Mirna Cecilia	Favor
167 Rivera Rivera, José Guadalupe	Favor
168 Rivero Rivero, Rolando	Favor
169 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando	Ausente
170 Rodríguez Jiménez, Ricardo	Favor
171 Rodríguez Prats, Juan José	Favor
172 Rodríguez Uresti, Enrique	Favor
173 Rojas Hernández, Laura Angélica	Favor
174 Román Isidoro, Demetrio	Favor
175 Romo Jiménez, Martha Angélica	Favor
176 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto	Favor
177 Rueda Gómez, Francisco	Favor
178 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto	Favor
179 Salas Contreras, Marcos	Favor
180 Salazar Madera, Mario Alberto	Favor
181 Salum del Palacio, Jorge Alejandro	Favor
182 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio	Favor
183 Sánchez Domínguez, Alejandro	Favor
184 Sánchez Gil, Carlos René	Favor
185 Sánchez Juárez, Claudia	Favor
186 Sánchez Trujillo, José Víctor	Favor
187 Sandoval Munguia, Juan Manuel	Favor
188 Serrato Castell, Luis Gerardo	Ausente
189 Shej Guzmán Sara	Favor
190 Solano Muñoz, José de Jesús	Favor
191 Stefanonni Mazzocco, Martín	Favor
192 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette	Favor
193 Torres Gómez, Artemio	Favor
194 Torres Herrera, Víctor Manuel	Favor
195 Torres Torres, Carlos Alberto	Favor
196 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe	Ausente
197 Valladolid Rodríguez, Antonio	Favor
198 Vasconcelos Rueda, Antonio	Favor
199 Vázquez Martínez, Alberto	Favor
200 Vega Corona, Antonio	Favor
201 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo	Favor
202 Verástegui Ostos, César Augusto	Favor
203 Verdín Saldaña, Jaime	Favor
204 Victoria Alva, Juan	Favor
205 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca	Favor
206 Villanueva Arjona, Juan Manuel	Favor
207 Zambrano Elizondo, Javier Martín	Favor
Favor: 176
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 31
Total: 207

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor	Contra
2 Alavez Ruiz, Aleida	Contra
3 Almazán González, José Antonio	Ausente
4 Almonte Borja, Ramón	Contra
5 Alonso Flores, Lourdes	Contra
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo	Ausente
7 Altamirano Toledo, Carlos	Ausente
8 Alva Olvera, Maribel Luisa	Contra
9 Álvarez Ramón, Silbestre	Contra
10 Amaro Corona, Alberto	Ausente
11 Aragón Castillo, Irene	Contra
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel	Ausente
13 Arreola Calderón, Juan Dario	Contra
14 Barreiro Pérez, Armando	Ausente
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia	Contra
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana	Contra
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh	Contra
18 Brito González, Modesto	Ausente
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier	Ausente
20 Campos Aburto, Amador	Contra
21 Cárdenas Hernández, Raymundo	Contra
22 Cervantes Rodríguez, Aurora	Contra
23 Chávez García, Higinio	Ausente
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac	Contra
25 Contreras Julián, Maricela	Contra
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia	Contra
27 Cuevas Córdova, Othón	Ausente
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix	Contra
29 De la Rosa García, Juan Hugo	Ausente
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado	Contra
31 Dehesa Mora, Daniel	Contra
32 Del Toro , Mario Enrique	Contra
33 Díaz Contreras, Adriana	Contra
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz	Contra
35 Espejel Lazcano, Jaime	Contra
36 Fernández Balboa, Mónica	Contra
37 Flores Maldonado, César	Ausente
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro	Contra
39 Franco Melgarejo, Rafael	Ausente
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo	Contra
41 García Rodríguez, Víctor Hugo	Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí	Contra
43 González Garza, Javier	Contra
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio	Contra
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis	Contra
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene	Contra
47 Hernández Hernández, Sergio	Contra
48 Hernández Manzanares, Javier	Contra
49 Hernández Silva, Benjamín	Contra
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia	Ausente
51 Jacques y Medina, José	Contra
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia	Contra
53 Landero López, Pedro	Contra
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario	Contra
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi	Ausente
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel	Contra
57 López Barriga, Erick	Ausente
58 López Becerra, Santiago	Contra
59 López Torres, María Soledad	Ausente
60 Lozano Lozano, Andrés	Contra
61 Luna Munguía, Alma Lilia	Ausente
62 Macedo Escartín, Miguel Ángel	Ausente
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar	Contra
64 Márquez Tinoco, Francisco	Contra
65 Martínez Hernández, Alejandro	Ausente
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto	Ausente
67 Martínez Padilla, Hugo Eduardo	Contra
68 Martínez Vargas Octavio	Ausente
69 Matías Alonso, Marcos	Contra
70 Matus Toledo, Holly	Contra
71 Mayans Canabal, Fernando	Contra
72 Mendoza Arellano, David	Contra
73 Mendoza Flores, Roberto	Contra
74 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio	Contra
75 Mendoza Mendoza, Irineo	Ausente
76 Monreal Ávila, Susana	Contra
77 Montalvo Rojas, Victorio Rubén	Ausente
78 Morales Manzo, Jesús Ricardo	Contra
79 Morales Sánchez, Efraín	Ausente
80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe	Contra
81 Narcía Álvarez, Héctor	Contra
82 Navarro López, Carlos Ernesto	Contra
83 Navarro Quintero, Miguel Ángel	Contra
84 Ojeda Hernández, Concepción	Contra
85 Orcí Martínez, Juan Adolfo	Ausente
86 Ortega Martínez, Antonio	Contra
87 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia	Contra
88 Pacheco Llanes, Ramón Félix	Abstención
89 Pedraza Chávez, Isidro	Ausente
90 Pedrozo Castillo, Adrián	Contra
91 Peña Sánchez, Miguel Ángel	Contra
92 Pérez Cruz, Raciel	Contra
93 Pulido Santiago, Celso David	Contra
94 Ramos Becerril, Rafael Plácido	Ausente
95 Ramos Castellanos, Martín	Ausente
96 Rasgado Corsi, Gloria	Ausente
97 Ríos Gamboa, Raúl	Contra
98 Romero Gutiérrez, Odilón	Ausente
99 Ruiz Sánchez, Salvador	Contra
100 Salinas Pérez, Josefina	Contra
101 Sánchez Barrios, Carlos	Contra
102 Sánchez Cabrales, Rafael Elías	Ausente
103 Sánchez Camacho, Alejandro	Ausente
104 Sánchez Camacho, David	Contra
105 Sánchez Ramos, Francisco	Contra
106 Sánchez Valdéz, Eva Angelina	Contra
107 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc	Contra
108 Santos Arreola, Francisco Javier	Ausente
109 Solares Chávez, Miguel Ángel	Contra
110 Soriano Sánchez, Rosa Elva	Contra
111 Soto Sánchez, Antonio	Contra
112 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso	Contra
113 Torres Baltazar, María Elena	Ausente
114 Torres García, Daniel	Contra
115 Trejo Pérez, Pablo	Contra
116 Ulloa Pérez, Emilio	Contra
117 Vallejo Estevez, Mario	Contra
118 Varela López, Víctor Gabriel	Contra
119 Villanueva Albarrán, Gerardo	Ausente
120 Villicaña García, Rafael	Ausente
121 Zavaleta Salgado, Ruth	Favor
122 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto	Contra
123 Zepeda Hernández, Martín	Ausente
Favor: 1
Contra: 82
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 39
Total: 123

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico	Abstención
2 Aguilar , Diego	Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel	Abstención
4 Aispuro Torres, José Rosas	Ausente
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio	Favor
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo	Ausente
7 Amador Gaxiola, Daniel	Favor
8 Amador Leal, Narcizo Alberto	Ausente
9 Ayala Almeida, Joel	Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto	Contra
11 Barajas López, Ramón	Ausente
12 Barajas del Toro, Salvador	Ausente
13 Barba Hernández, Alfredo	Favor
14 Beltrán Montes, Israel	Favor
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique	Favor
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio	Favor
17 Biebrich Torres, Carlos Armando	Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis	Favor
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando	Ausente
20 Camacho Quiroz, César Octavio	Favor
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo	Ausente
22 Carballo Bustamante, Andrés	Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique	Ausente
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo	Ausente
25 Cervantes Andrade, Raúl	Favor
26 Colín Guadarrama, María Mercedes	Favor
27 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías	Ausente
28 De la Garza Treviño, Jorge Luis	Favor
29 Díaz Athié, Antonio de Jesús	Favor
30 Díaz Solorzano, Elmar Darinel	Favor
31 Domínguez Domínguez, Nemesio	Favor
32 Duarte Jáquez, César	Favor
33 Escajeda Jiménez, José Rubén	Favor
34 Escalante Jasso, Aracely	Ausente
35 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías	Favor
36 Estefan Chidiac, Charbel Jorge	Ausente
37 Flores Sandoval, Patricio	Ausente
38 Fuentes Tellez, Octavio	Favor
39 Gamboa Patrón, Emilio	Favor
40 Garza Garza, Horacio Emigdio	Favor
41 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen	Ausente
42 Gloria Requena, Tomás	Favor
43 Gómez Lugo, Elda	Favor
44 González Calderón, Martha Hilda	Ausente
45 González Salum, Miguel Ángel	Ausente
46 González Zarur, Mariano	Favor
47 Guerrero García, Javier	Ausente
48 Guerrero Juárez, Joel	Ausente
49 Gurrión Matías, Daniel	Favor
50 Herrera Ale, Juana Leticia	Favor
51 Herrera Coyac, Wenceslao	Favor
52 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando	Favor
53 Lagunes Gallina, Gerardo	Favor
54 Lescieur Talavera, Jorge Mario	Favor
55 López Balbuena, Guillermina	Ausente
56 Madrid Tovilla, Areli	Favor
57 Martínez Rodríguez, Lorena	Ausente
58 Martínez Rocha, Arturo	Ausente
59 Méndez Lanz, Víctor Manuel	Ausente
60 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso	Ausente
61 Merodio Reza, Lilia Guadalupe	Favor
62 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl	Favor
63 Morales García, Elizabeth	Favor
64 Mota Hernández, Adolfo	Favor
65 Muñoz Serna, Rogelio	Favor
66 Murat, José	Abstención
67 Ochoa González, Arnoldo	Ausente
68 Ojeda Camacho, Gilberto	Ausente
69 Olivares Monterrubio, Alejandro	Favor
70 Olivares Ventura, Héctor Hugo	Ausente
71 Ordaz Jiménez, Ismael	Favor
72 Orihuela Bárcenas, José Ascención	Favor
73 Ortega Tzitzihua, María Dolores Lucía	Favor
74 Ortiz del Carpio, Víctor	Favor
75 Ortiz Proal, Mauricio	Favor
76 Padilla Gutiérrez, Héctor	Favor
77 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz	Contra
78 Palma César, Víctor Samuel	Favor
79 Parás González, Juan Manuel	Favor
80 Partida Guzmán, Martha Rocío	Favor
81 Patrón Montalvo, Jesús Manuel	Favor
82 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela	Ausente
83 Pérez Valdés, Daniel	Ausente
84 Pinete Vargas, María del Carmen	Favor
85 Quiñones Canales, Lourdes	Favor
86 Ramírez Martínez, José Edmundo	Favor
87 Ramírez Stabros, Jesús	Favor
88 Reyna García, José Jesús	Abstención
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo	Contra
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco	Favor
91 Rodríguez Martínez, Alicia	Favor
92 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda	Favor
93 Rojas Gutiérrez, Carlos	Contra
94 Salas López, Ramón	Favor
95 Sánchez Hernández, Eduardo	Favor
96 Sánchez Peñuelas, Salvador	Favor
97 Sandoval Paredes, Sergio	Favor
98 Serrano Escobar, Enrique	Ausente
99 Sosa Castelán, Gerardo	Favor
100 Vargas Landeros, Gerardo Octavio	Ausente
101 Vega Ortiz, María Oralia	Favor
102 Velasco Pérez, Juan Carlos	Ausente
103 Villa Villa, Isael	Favor
104 Virgen Carrera, Víctor Manuel	Favor
Favor: 62
Contra: 4
Abstención: 4
Quorum: 0
Ausentes: 34
Total: 104

CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan	Contra
2 Aguilera Rico, José Luis	Favor
3 Cárdenas Márquez, Elías	Contra
4 Castellanos Hernández, Félix	Ausente
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús	Ausente
6 Chanona Burguete, Alejandro	Contra
7 Del Río Virgen, José Manuel	Favor
8 Godoy Cárdenas, Jorge	Contra
9 López Lena Cruz, Humberto	Contra
10 Melo Velázquez, José Francisco	Contra
11 Salvatori Bronca, María del Carmen	Ausente
12 Samperio Montaño, Juan Ignacio	Ausente
13 Sansores San Román, Layda Elena	Contra
14 Tagle Martínez, Martha Angélica	Contra
15 Uscanga Cruz, Robinson	Ausente
16 Valdés Chávez, Ramón	Contra
17 Varela Lagunas, Tomás José Luis	Ausente
18 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc	Ausente
Favor: 2
Contra: 9
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 7
Total: 18

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio	Favor
2 Bellizzia Rosique, Pascual	Favor
3 Cobo Terrazas, Diego	Favor
4 Elizondo Garrido, Francisco	Favor
5 Estrada González, Faustino Javier	Favor
6 González Martínez, Jorge Emilio	Favor
7 Lavara Mejía, Gloria	Ausente
8 López Adame, Antonio Xavier	Ausente
9 Manrique Guevara, Beatriz	Favor
10 Notholt Guerrero, Alan	Favor
11 Portilla Diéguez, Manuel	Favor
12 Puente Salas, Carlos Alberto	Ausente
13 Ramírez Cerda, Ana María	Favor
14 Rodríguez Luis, Alejandro	Favor
15 Salgado Amador, Manuel Salvador	Favor
16 Sesma Suárez, Jesús	Ausente
17 Velasco Rodríguez, Verónica	Favor
Favor: 13
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén	Contra
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo	Ausente
3 Cantú Garza, Ricardo	Contra
4 Cervantes Rivera, Jaime	Contra
5 Garay Ulloa, Silvano	Contra
6 Herrera Solís, Anuario Luis	Ausente
7 Maciel Ortiz, María Mercedez	Ausente
8 Peregrino García, Abundio	Ausente
9 Romero Guzmán, Rosa Elia	Contra
10 Solís Parga, Rodolfo	Ausente
11 Vela González, Joaquín Humberto	Contra
Favor: 0
Contra: 6
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 5
Total: 11

PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica	Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel	Favor
3 Castillo Nájera, Ariel	Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto	Ausente
5 Gómez Pasillas, Jacinto	Favor
6 Luna Becerril, Blanca	Ausente
7 Luna Rodríguez, Silvia	Ausente
8 Pérez Bolaños, Ana Elisa	Favor
9 Piñeyro Arias, Irma	Ausente
Favor: 4
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 5
Total: 9

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina	Contra
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe	Contra
3 García Méndez, Armando	Contra
4 Hernández Valadés, Delio	Contra
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo	Contra
Favor: 0
Contra: 5
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 5

Del dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que expide la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas, y adiciona una fracción XVII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales (en lo particular el artículo 2, fracción XVIII, reservado, en sus términos)

PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino	Favor
2 Aguilar López, José Alejandro	Ausente
3 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges	Favor
4 Álvarez Bernal, María Elena	Favor
5 Amezola Fonceca, Gerardo	Favor
6 Antuna Batista, Fidel	Ausente
7 Aranda Orozco, Gerardo	Favor
8 Arellano Arellano, Joel	Ausente
9 Arenas Guzmán, Margarita	Favor
10 Argüelles Arellano, María del Consuelo	Ausente
11 Arizméndi Uribe, Efraín	Favor
12 Armendáriz García, Pedro	Favor
13 Arredondo Ibarra, Salvador	Favor
14 Arredondo Velázquez, Jesús	Favor
15 Ávila Mayo, Obdulio	Ausente
16 Barradas Miravete, Gregorio	Ausente
17 Barrios Rodríguez, Juan Enrique	Favor
18 Bello Pérez, Alfonso Othón	Favor
19 Berber Martínez, Antonio	Favor
20 Bernal Frausto, Federico	Favor
21 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier	Ausente
22 Bracho González, Carlos Augusto	Favor
23 Buganza Salmerón, Gerardo	Ausente
24 Campos Galván, María Eugenia	Favor
25 Carbajal Méndez, Liliana	Favor
26 Cárdenas Sánchez, Esmeralda	Ausente
27 Cardona Benavídez, Alma Xóchil	Favor
28 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto	Favor
29 Carrasco Cárdenas, Susana Sarahí	Favor
30 Carrillo Sandoval, Fortino	Favor
31 Castaño Contreras, Cristián	Favor
32 Castro de la a, Osiel	Favor
33 Ceja Romero, Ramón	Favor
34 Collado Lara, Beatriz	Favor
35 Contreras Coeto, José Luis	Favor
36 Corral Aguilar, María Mercedes	Favor
37 Cuen Garibi, Marcela	Favor
38 Curiel Preciado, Leobardo	Ausente
39 Dávila Fernández, Adriana	Favor
40 Dávila García, Francisco	Favor
41 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio	Favor
42 De la Torre Sánchez, José	Favor
43 De León Tello, Jesús	Favor
44 Degante Romero, Silvia Emilia	Ausente
45 Del Toro del Villar, Tomás	Favor
46 Del Valle Toca, Antonio	Favor
47 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique	Favor
48 Denegre Vaught, Rosaura	Favor
49 Díaz de León Torres, Leticia	Ausente
50 Díaz García, José Antonio	Ausente
51 Díaz Garibay, Felipe	Favor
52 Díaz Gordillo, Martha Cecilia	Favor
53 Díaz Mena, Joaquín Jesús	Favor
54 Domínguez Servién, Francisco	Ausente
55 Duck Núñez, Edgar Mauricio	Ausente
56 Enríquez Flores, Armando	Favor
57 Escaroz Soler, Gerardo Antonio	Favor
58 Escobar Jardinez, Adolfo	Ausente
59 Espinosa Piña, José Luis	Favor
60 Félix Holguín, Armando Jesús	Favor
61 Felton González, Carlos Eduardo	Favor
62 Fernández Cabrera, Adrián	Favor
63 Fernández Ugarte, Carmen	Favor
64 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro	Favor
65 Flores Grande, Arturo	Favor
66 Flores Morfín, Jesús Vicente	Favor
67 Fraile García, Francisco Antonio	Favor
68 Franco Cazarez, Ricardo	Favor
69 Fuentes Ortiz, José Guillermo	Favor
70 Galván Valles, Rosa Elena	Favor
71 García González, Carlos Alberto	Favor
72 García Müller, Martha Margarita	Favor
73 García Reyes, Ángel Humberto	Favor
74 García Reyes, Beatriz Eugenia	Favor
75 García Vivián, Raúl	Favor
76 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes	Favor
77 Gómez Leyva, Silvio	Favor
78 González Betancourt, Jorge Justiniano	Favor
79 González Martínez, María Gabriela	Favor
80 González Morán, Martín Oscar	Favor
81 González Roaro, Benjamín Ernesto	Favor
82 González Ruiz, Felipe	Favor
83 González Sánchez, María Dolores	Favor
84 Gudiño Ortiz, Francisco Javier	Ausente
85 Guerrero Torres, José Gildardo	Favor
86 Gutiérrez Aguilar, Miguel Ángel	Favor
87 Gutiérrez Lagunes, María Victoria	Ausente
88 Hernández Núñez, Elia	Favor
89 Hurtado Pérez, Nelly Asunción	Favor
90 Iragorri Durán, Enrique	Favor
91 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles	Favor
92 Jiménez Ramos, María Esther	Ausente
93 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia	Favor
94 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar	Favor
95 Landero Gutiérrez, Alejandro	Ausente
96 Landeros González, Ramón	Favor
97 Lara Compeán, David	Favor
98 Larios Córdova, Héctor	Favor
99 Laviada Hernández, Íñigo Antonio	Favor
100 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio	Ausente
101 Leura González, Agustín	Favor
102 Limas Frescas, María Soledad	Ausente
103 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel	Ausente
104 López Cisneros, José Martín	Favor
105 López Reyna, Omeheira	Favor
106 López Silva, Rubí Laura	Ausente
107 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel	Favor
108 Lujano Nicolás, Christian Martín	Favor
109 Maawad Robert, Luis Xavier	Favor
110 Madrazo Limón, Carlos	Favor
111 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús	Favor
112 Malagón Ríos, Martín	Favor
113 Maldonado González, David	Favor
114 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María	Favor
115 Martínez Valero, Dora Alicia	Favor
116 Medellín Varela, Antonio	Favor
117 Medina Macias, Alma Hilda	Favor
118 Medina Rodríguez, Delber	Ausente
119 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia	Favor
120 Mejía García, Luis Alonso	Favor
121 Méndez Meneses, Apolonio	Favor
122 Mendoza Morales, Lucía Susana	Favor
123 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel	Ausente
124 Mollinedo Hernández, Agustín	Ausente
125 Monraz Ibarra, Miguel Ángel	Favor
126 Montes Sánchez, Fabián Fernando	Ausente
127 Montiel Luis, Lariza	Favor
128 Mora Cuevas, Marisol	Favor
129 Morales Ramos, José Nicolás	Ausente
130 Morales Utrera, Mercedes	Favor
131 Moreno Álvarez, Mario Eduardo	Favor
132 Morgan Franco, Rocío del Carmen	Favor
133 Muñoz Serrano, José Antonio	Favor
134 Murillo Flores, Francisco Javier	Favor
135 Murillo Torres, José Luis	Favor
136 Navarro Sugich, Carlos Alberto	Ausente
137 Nordhausen González, Jorge Rubén	Favor
138 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves	Favor
139 Ochoa López, Nabor	Ausente
140 Olvera Higuera, Edgar Armando	Favor
141 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto	Favor
142 Ortega Martínez, María del Pilar	Favor
143 Ortiz Hernández, Eduardo	Favor
144 Ortiz Montoro, Sagrario María del Rosario	Favor
145 Oviedo Oviedo, Ernesto	Favor
146 Padilla Orozco, Raúl Alejandro	Ausente
147 Palafox Núñez, José Inés	Ausente
148 Paredes Rodríguez, Francisco Javier	Favor
149 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen	Favor
150 Parra Noriega, Luis Gustavo	Ausente
151 Pérez de Tejada Romero, Diana Carolina	Favor
152 Pérez Cuéllar, Cruz	Favor
153 Peyrot Solís, Marco A.	Favor
154 Plascencia Alonso, Francisco Javier	Favor
155 Priego Tapia, Gerardo	Favor
156 Pulido Pecero, Pedro	Favor
157 Quintero Bello, Jorge	Favor
158 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana	Favor
159 Ramírez Barba, Ector Jaime	Favor
160 Ramírez Corral, Ivette Jacqueline	Favor
161 Ramírez Pech, Edgar Martín	Favor
162 Ramírez Villarreal, Gustavo	Favor
163 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel	Favor
164 Reyes García, María Isabel	Favor
165 Reyes López, Carlos Armando	Favor
166 Rincón Vargas, Mirna Cecilia	Favor
167 Rivera Rivera, José Guadalupe	Favor
168 Rivero Rivero, Rolando	Favor
169 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando	Ausente
170 Rodríguez Jiménez, Ricardo	Favor
171 Rodríguez Prats, Juan José	Favor
172 Rodríguez Uresti, Enrique	Favor
173 Rojas Hernández, Laura Angélica	Favor
174 Román Isidoro, Demetrio	Favor
175 Romo Jiménez, Martha Angélica	Favor
176 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto	Favor
177 Rueda Gómez, Francisco	Favor
178 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto	Favor
179 Salas Contreras, Marcos	Favor
180 Salazar Madera, Mario Alberto	Favor
181 Salum del Palacio, Jorge Alejandro	Favor
182 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio	Favor
183 Sánchez Domínguez, Alejandro	Favor
184 Sánchez Gil, Carlos René	Favor
185 Sánchez Juárez, Claudia	Favor
186 Sánchez Trujillo, José Víctor	Favor
187 Sandoval Munguia, Juan Manuel	Favor
188 Serrato Castell, Luis Gerardo	Ausente
189 Shej Guzmán Sara	Favor
190 Solano Muñoz, José de Jesús	Favor
191 Stefanonni Mazzocco, Martín	Favor
192 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette	Favor
193 Torres Gómez, Artemio	Favor
194 Torres Herrera, Víctor Manuel	Favor
195 Torres Torres, Carlos Alberto	Favor
196 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe	Favor
197 Valladolid Rodríguez, Antonio	Favor
198 Vasconcelos Rueda, Antonio	Favor
199 Vázquez Martínez, Alberto	Favor
200 Vega Corona, Antonio	Favor
201 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo	Favor
202 Verástegui Ostos, César Augusto	Favor
203 Verdín Saldaña, Jaime	Favor
204 Victoria Alva, Juan	Favor
205 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca	Favor
206 Villanueva Arjona, Juan Manuel	Favor
207 Zambrano Elizondo, Javier Martín	Favor
Favor: 171
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 36
Total: 207

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor	Contra
2 Alavez Ruiz, Aleida	Contra
3 Almazán González, José Antonio	Ausente
4 Almonte Borja, Ramón	Contra
5 Alonso Flores, Lourdes	Contra
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo	Ausente
7 Altamirano Toledo, Carlos	Ausente
8 Alva Olvera, Maribel Luisa	Contra
9 Álvarez Ramón, Silbestre	Contra
10 Amaro Corona, Alberto	Ausente
11 Aragón Castillo, Irene	Contra
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel	Ausente
13 Arreola Calderón, Juan Dario	Contra
14 Barreiro Pérez, Armando	Ausente
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia	Contra
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana	Contra
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh	Contra
18 Brito González, Modesto	Ausente
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier	Ausente
20 Campos Aburto, Amador	Contra
21 Cárdenas Hernández, Raymundo	Contra
22 Cervantes Rodríguez, Aurora	Contra
23 Chávez García, Higinio	Ausente
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac	Contra
25 Contreras Julián, Maricela	Contra
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia	Contra
27 Cuevas Córdova, Othón	Ausente
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix	Ausente
29 De la Rosa García, Juan Hugo	Ausente
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado	Contra
31 Dehesa Mora, Daniel	Contra
32 Del Toro , Mario Enrique	Contra
33 Díaz Contreras, Adriana	Contra
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz	Contra
35 Espejel Lazcano, Jaime	Contra
36 Fernández Balboa, Mónica	Contra
37 Flores Maldonado, César	Ausente
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro	Contra
39 Franco Melgarejo, Rafael	Contra
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo	Contra
41 García Rodríguez, Víctor Hugo	Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí	Contra
43 González Garza, Javier	Contra
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio	Contra
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis	Contra
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene	Contra
47 Hernández Hernández, Sergio	Contra
48 Hernández Manzanares, Javier	Contra
49 Hernández Silva, Benjamín	Contra
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia	Ausente
51 Jacques y Medina, José	Contra
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia	Contra
53 Landero López, Pedro	Contra
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario	Contra
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi	Ausente
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel	Contra
57 López Barriga, Erick	Ausente
58 López Becerra, Santiago	Contra
59 López Torres, María Soledad	Contra
60 Lozano Lozano, Andrés	Ausente
61 Luna Munguía, Alma Lilia	Ausente
62 Macedo Escartín, Miguel Ángel	Ausente
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar	Contra
64 Márquez Tinoco, Francisco	Contra
65 Martínez Hernández, Alejandro	Ausente
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto	Ausente
67 Martínez Padilla, Hugo Eduardo	Contra
68 Martínez Vargas Octavio	Ausente
69 Matías Alonso, Marcos	Contra
70 Matus Toledo, Holly	Contra
71 Mayans Canabal, Fernando	Contra
72 Mendoza Arellano, David	Ausente
73 Mendoza Flores, Roberto	Contra
74 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio	Contra
75 Mendoza Mendoza, Irineo	Ausente
76 Monreal Ávila, Susana	Contra
77 Montalvo Rojas, Victorio Rubén	Ausente
78 Morales Manzo, Jesús Ricardo	Contra
79 Morales Sánchez, Efraín	Ausente
80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe	Contra
81 Narcía Álvarez, Héctor	Contra
82 Navarro López, Carlos Ernesto	Contra
83 Navarro Quintero, Miguel Ángel	Contra
84 Ojeda Hernández, Concepción	Contra
85 Orcí Martínez, Juan Adolfo	Ausente
86 Ortega Martínez, Antonio	Contra
87 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia	Contra
88 Pacheco Llanes, Ramón Félix	Ausente
89 Pedraza Chávez, Isidro	Ausente
90 Pedrozo Castillo, Adrián	Contra
91 Peña Sánchez, Miguel Ángel	Contra
92 Pérez Cruz, Raciel	Contra
93 Pulido Santiago, Celso David	Contra
94 Ramos Becerril, Rafael Plácido	Ausente
95 Ramos Castellanos, Martín	Ausente
96 Rasgado Corsi, Gloria	Ausente
97 Ríos Gamboa, Raúl	Contra
98 Romero Gutiérrez, Odilón	Ausente
99 Ruiz Sánchez, Salvador	Contra
100 Salinas Pérez, Josefina	Ausente
101 Sánchez Barrios, Carlos	Contra
102 Sánchez Cabrales, Rafael Elías	Contra
103 Sánchez Camacho, Alejandro	Ausente
104 Sánchez Camacho, David	Ausente
105 Sánchez Ramos, Francisco	Contra
106 Sánchez Valdéz, Eva Angelina	Contra
107 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc	Contra
108 Santos Arreola, Francisco Javier	Ausente
109 Solares Chávez, Miguel Ángel	Ausente
110 Soriano Sánchez, Rosa Elva	Contra
111 Soto Sánchez, Antonio	Contra
112 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso	Contra
113 Torres Baltazar, María Elena	Ausente
114 Torres García, Daniel	Contra
115 Trejo Pérez, Pablo	Contra
116 Ulloa Pérez, Emilio	Contra
117 Vallejo Estevez, Mario	Contra
118 Varela López, Víctor Gabriel	Contra
119 Villanueva Albarrán, Gerardo	Ausente
120 Villicaña García, Rafael	Contra
121 Zavaleta Salgado, Ruth	Contra
122 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto	Contra
123 Zepeda Hernández, Martín	Ausente
Favor: 0
Contra: 81
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 42
Total: 123

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico	Contra
2 Aguilar , Diego	Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel	Favor
4 Aispuro Torres, José Rosas	Ausente
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio	Favor
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo	Ausente
7 Amador Gaxiola, Daniel	Favor
8 Amador Leal, Narcizo Alberto	Ausente
9 Ayala Almeida, Joel	Favor
10 Badillo Martínez, Roberto	Contra
11 Barajas López, Ramón	Ausente
12 Barajas del Toro, Salvador	Ausente
13 Barba Hernández, Alfredo	Favor
14 Beltrán Montes, Israel	Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique	Favor
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio	Favor
17 Biebrich Torres, Carlos Armando	Favor
18 Blanco Pajón, José Luis	Favor
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando	Ausente
20 Camacho Quiroz, César Octavio	Favor
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo	Ausente
22 Carballo Bustamante, Andrés	Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique	Ausente
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo	Ausente
25 Cervantes Andrade, Raúl	Favor
26 Colín Guadarrama, María Mercedes	Favor
27 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías	Ausente
28 De la Garza Treviño, Jorge Luis	Ausente
29 Díaz Athié, Antonio de Jesús	Favor
30 Díaz Solorzano, Elmar Darinel	Favor
31 Domínguez Domínguez, Nemesio	Favor
32 Duarte Jáquez, César	Favor
33 Escajeda Jiménez, José Rubén	Favor
34 Escalante Jasso, Aracely	Ausente
35 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías	Favor
36 Estefan Chidiac, Charbel Jorge	Ausente
37 Flores Sandoval, Patricio	Ausente
38 Fuentes Tellez, Octavio	Favor
39 Gamboa Patrón, Emilio	Favor
40 Garza Garza, Horacio Emigdio	Ausente
41 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen	Ausente
42 Gloria Requena, Tomás	Favor
43 Gómez Lugo, Elda	Favor
44 González Calderón, Martha Hilda	Ausente
45 González Salum, Miguel Ángel	Ausente
46 González Zarur, Mariano	Favor
47 Guerrero García, Javier	Ausente
48 Guerrero Juárez, Joel	Ausente
49 Gurrión Matías, Daniel	Ausente
50 Herrera Ale, Juana Leticia	Abstención
51 Herrera Coyac, Wenceslao	Favor
52 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando	Ausente
53 Lagunes Gallina, Gerardo	Contra
54 Lescieur Talavera, Jorge Mario	Ausente
55 López Balbuena, Guillermina	Ausente
56 Madrid Tovilla, Areli	Favor
57 Martínez Rodríguez, Lorena	Ausente
58 Martínez Rocha, Arturo	Ausente
59 Méndez Lanz, Víctor Manuel	Ausente
60 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso	Ausente
61 Merodio Reza, Lilia Guadalupe	Ausente
62 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl	Favor
63 Morales García, Elizabeth	Favor
64 Mota Hernández, Adolfo	Favor
65 Muñoz Serna, Rogelio	Favor
66 Murat, José	Contra
67 Ochoa González, Arnoldo	Ausente
68 Ojeda Camacho, Gilberto	Ausente
69 Olivares Monterrubio, Alejandro	Favor
70 Olivares Ventura, Héctor Hugo	Contra
71 Ordaz Jiménez, Ismael	Favor
72 Orihuela Bárcenas, José Ascención	Favor
73 Ortega Tzitzihua, María Dolores Lucía	Favor
74 Ortiz del Carpio, Víctor	Favor
75 Ortiz Proal, Mauricio	Ausente
76 Padilla Gutiérrez, Héctor	Favor
77 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz	Contra
78 Palma César, Víctor Samuel	Favor
79 Parás González, Juan Manuel	Favor
80 Partida Guzmán, Martha Rocío	Favor
81 Patrón Montalvo, Jesús Manuel	Favor
82 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela	Ausente
83 Pérez Valdés, Daniel	Ausente
84 Pinete Vargas, María del Carmen	Ausente
85 Quiñones Canales, Lourdes	Ausente
86 Ramírez Martínez, José Edmundo	Ausente
87 Ramírez Stabros, Jesús	Favor
88 Reyna García, José Jesús	Contra
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo	Contra
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco	Favor
91 Rodríguez Martínez, Alicia	Favor
92 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda	Ausente
93 Rojas Gutiérrez, Carlos	Contra
94 Salas López, Ramón	Ausente
95 Sánchez Hernández, Eduardo	Favor
96 Sánchez Peñuelas, Salvador	Favor
97 Sandoval Paredes, Sergio	Favor
98 Serrano Escobar, Enrique	Favor
99 Sosa Castelán, Gerardo	Ausente
100 Vargas Landeros, Gerardo Octavio	Ausente
101 Vega Ortiz, María Oralia	Favor
102 Velasco Pérez, Juan Carlos	Ausente
103 Villa Villa, Isael	Favor
104 Virgen Carrera, Víctor Manuel	Favor
Favor: 50
Contra: 9
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 44
Total: 104

CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan	Ausente
2 Aguilera Rico, José Luis	Favor
3 Cárdenas Márquez, Elías	Contra
4 Castellanos Hernández, Félix	Contra
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús	Ausente
6 Chanona Burguete, Alejandro	Contra
7 Del Río Virgen, José Manuel	Ausente
8 Godoy Cárdenas, Jorge	Contra
9 López Lena Cruz, Humberto	Contra
10 Melo Velázquez, José Francisco	Contra
11 Salvatori Bronca, María del Carmen	Ausente
12 Samperio Montaño, Juan Ignacio	Ausente
13 Sansores San Román, Layda Elena	Contra
14 Tagle Martínez, Martha Angélica	Contra
15 Uscanga Cruz, Robinson	Ausente
16 Valdés Chávez, Ramón	Contra
17 Varela Lagunas, Tomás José Luis	Ausente
18 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc	Ausente
Favor: 1
Contra: 9
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 8
Total: 18

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio	Favor
2 Bellizzia Rosique, Pascual	Favor
3 Cobo Terrazas, Diego	Favor
4 Elizondo Garrido, Francisco	Favor
5 Estrada González, Faustino Javier	Favor
6 González Martínez, Jorge Emilio	Favor
7 Lavara Mejía, Gloria	Ausente
8 López Adame, Antonio Xavier	Ausente
9 Manrique Guevara, Beatriz	Favor
10 Notholt Guerrero, Alan	Favor
11 Portilla Diéguez, Manuel	Favor
12 Puente Salas, Carlos Alberto	Ausente
13 Ramírez Cerda, Ana María	Favor
14 Rodríguez Luis, Alejandro	Favor
15 Salgado Amador, Manuel Salvador	Favor
16 Sesma Suárez, Jesús	Ausente
17 Velasco Rodríguez, Verónica	Favor
Favor: 13
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén	Contra
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo	Ausente
3 Cantú Garza, Ricardo	Contra
4 Cervantes Rivera, Jaime	Contra
5 Garay Ulloa, Silvano	Contra
6 Herrera Solís, Anuario Luis	Ausente
7 Maciel Ortiz, María Mercedez	Ausente
8 Peregrino García, Abundio	Ausente
9 Romero Guzmán, Rosa Elia	Contra
10 Solís Parga, Rodolfo	Ausente
11 Vela González, Joaquín Humberto	Contra
Favor: 0
Contra: 6
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 5
Total: 11

PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica	Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel	Favor
3 Castillo Nájera, Ariel	Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto	Ausente
5 Gómez Pasillas, Jacinto	Favor
6 Luna Becerril, Blanca	Ausente
7 Luna Rodríguez, Silvia	Favor
8 Pérez Bolaños, Ana Elisa	Favor
9 Piñeyro Arias, Irma	Ausente
Favor: 5
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 9

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina	Contra
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe	Contra
3 García Méndez, Armando	Contra
4 Hernández Valadés, Delio	Contra
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo	Contra
Favor: 0
Contra: 5
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 5