Diario de los Debates

organo oficial de la camara de diputados
del congreso de los estados unidos mexicanos
Poder Legislativo Federal, LX Legislatura
Correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio
Director General de
Crónica Parlamentaria
Gilberto Becerril Olivares
Presidente

Diputado César Duarte Jáquez
Director del
Diario de los Debates
Jesús Norberto Reyes Ayala
Año III
México, DF, jueves 12 de marzo de 2009
Sesión No. 14

SUMARIO


SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a la ceremonia cívica conmemorativa del LXXI aniversario de la expropiación petrolera. Se designa comisión de representación.

DICTAMENES NEGATIVOS DE PUNTOS DE ACUERDO

Comunicación de la Mesa Directiva en relación con dictámenes negativos con los que se desechan proposiciones de puntos de acuerdo de las comisiones de: .

Atención a Grupos Vulnerables, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Defensa Nacional, por el que se exhorta al secretario de la Defensa Nacional a implantar acciones inmediatas, en ejercicio de sus atribuciones legales, para modernizar el procedimiento del Registro Federal de Armas.

Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se solicita a esta soberanía que, con la realización de una sesión solemne el 29 de abril de 2008, se sume a los actos conmemorativos por el centenario del natalicio del maestro Rafael Preciado Hernández.

Relaciones Exteriores, relativo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América a la República de Cuba.

Salud, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a prohibir la venta de bebidas energéticas.

Salud, para exhortar al secretario de Salud a atender gratuitamente a los adictos al juego.

Turismo, por el que se solicita a la Comisión de Turismo de esta soberanía a integrar una subcomisión encargada de investigar las operaciones realizadas por John McCarthy Sandland durante y tras su ejercicio como director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.

Se instruye su publicación y el archivo de los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

DIPUTADO QUE SE RETIRA DE GRUPO PARLAMENTARIO

Comunicación del diputado Nabor Ochoa López, que informa que deja de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. De enterado, comuníquese.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

Oficio del diputado Eduardo Sánchez Hernández, por el que solicita licencia para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la cuarta circunscripción plurinominal. Aprobado.

FELIX BATISTA

Oficio del Gobierno del Estado de Coahuila, con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente en la sesión del 22 de diciembre de 2008, por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que informe sobre el caso del ciudadano cubano-estadounidense Félix Batista, presuntamente secuestrado en la Ciudad de Saltillo, Coahuila, el 10 de diciembre del 2008. Se remite al promovente para su conocimiento.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS

Oficio del Congreso del estado de Sinaloa con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Cámara de Diputados a dictaminar y aprobar las iniciativas con proyecto de decreto, cuyo objeto es adelantar el plazo de abrogación de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos a partir del 30 de marzo de 2009. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su conocimiento.

LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-ARTICULO 22 CONSTITUCIONAL - ARTICULO 31 CONSTITUCIONAL

Oficio del Congreso del Estado de Colima con el que remite las siguientes iniciativas:

Con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 2o. de la Ley General de las Personas con Discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo, pasando el actual segundo a ser el tercero y así sucesivamente al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Con proyecto de decreto que adiciona una fracción v al artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

ARTICULO 97 CONSTITUCIONAL

Oficio del Congreso del Estado de Colima con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que deroga el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL

Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que informa que a partir del 1 de marzo del presente año los generales de división diplomados de Estado Mayor Humberto Alfonso Guillermo Aguilar y Jorge Juárez Loera asumieron en la Secretaría de la Defensa Nacional los cargos de subsecretario de la Defensa Nacional y oficial mayor. De enterado.

PERMISO PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que envía solicitud de permiso constitucional para que puedan prestar servicios 11 ciudadanos en diversas representaciones diplomáticas, respectivamente; y comunica que 2 ciudadanos han dejado de prestar servicios en representaciones diplomáticas. Las solicitudes de permisos se turnan a la Comisión de Gobernación; la cancelación, a las comisiones de Gobernación de las Cámaras de Diputados y de Senadores.

ESTADO DE MEXICO

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 2 de diciembre de 2008, para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, envíe un grupo de inspectores al mercado de San Bernabé, en Almoloya de Juárez, en el estado de México, para evaluar las condiciones en que se trata a los animales que ahí se comercializan y emitan un dictamen técnico que permita establecer un punto de verificación e inspección zoosanitaria permanente o se clausure dicho mercado en definitiva. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para su conocimiento.

SALARIOS MINIMOS

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del pasado 10 de febrero, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a implantar como tabla única a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos los montos salariales que rigen a la zona ``A''. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

SALARIOS MINIMOS

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del pasado 10 de febrero, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a implantar como tabla única a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos los montos salariales que rigen a las zonas ``B'' y ``C''. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

SALARIOS MINIMOS

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del pasado 10 de febrero, relativo a la instauración de medidas que protejan los salarios y el bienestar de la clase trabajadora mexicana. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

CAZA DEPORTIVA

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del pasado 10 de febrero, por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a proporcionar información relativa a la legitimidad del trámite de licencias de caza deportiva que otorgó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en los años 2007 y 2008. Se remite al promovente para su conocimiento.

TASAS DE INTERES BANCARIAS

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente en la sesión del pasado 28 de enero, para exhortar al Banco de México, al Ejecutivo federal, a las instituciones de crédito y a los usuarios de los servicios financieros en materia de tasas de interés. Se remite al promovente para su conocimiento.

FAMILIAS MEXICANAS

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente en la sesión del pasado 21 de enero, por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que implemente en la administración pública federal políticas públicas que fortalezcan a las familias mexicanas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarto constitucional. Se remite al promovente para su conocimiento.

MUJERES - DESARROLLO ECONOMICO Y LABORAL

Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Unión a impulsar y aprobar las reformas legislativas en materia laboral, a fin de redefinir el papel de las mujeres como factor fundamental en el proceso de desarrollo económico y en el ámbito laboral. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Equidad y Género.

LEY DE COORDINACION FISCAL - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal y el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por los senadores Tomás Torres Mercado y Rosalinda López Hernández. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación.

PERMISO PARA ACEPTAR CONDECORACIONES

Cuatro oficios de la Cámara de Senadores con los que remite minutas con proyectos de decreto que conceden permiso a igual número de ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones que les otorga el Gobierno del Reino de Bélgica. Se turnan a la Comisión de Gobernación.

CAZA DEPORTIVA

La Presidencia rectifica el turno en relación al oficio de la Secretaría de Gobernación, que remite la contestación de la Secretaría de Medio Ambiente respecto a las licencias de caza deportiva expedidas en 2007-2008. Se turna a la Comisión de la Función Pública.

REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

Primera lectura del dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con proyecto de decreto que expide el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

Primera lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación.

REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

Desde sus respectivas curules, solicitan la dispensa de la segunda lectura del dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, los diputados:

Elías Cárdenas Márquez.

Layda Elena Sansores San Román.

La Presidencia hace comentarios de procedimiento.

LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL

Dictamen de la Comisión de Gobernación con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto, presentada el 17 de abril de 2008, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

LEY GENERAL DE SALUD

Dictamen de la Comisión de Salud con punto de acuerdo por el que se desecha minuta con proyecto de decreto, recibida el 30 de abril de 2008, que adiciona la fracción VI del artículo 61 de la Ley General de Salud.

LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPLANTES - LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD - LEY GENERAL DE SALUD

Dictamen de la Comisión de Salud con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto, presentada el 8 de abril de 2008, que expide la Ley del Instituto Nacional de Trasplantes y reforma las Leyes de los Institutos Nacionales de Salud, y General de Salud.

LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL

Dictamen de la Comisión de Justicia con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto, presentada el 6 de diciembre de 2006, que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS - LEY DE LA POLICIA FEDERAL PREVENTIVA - LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA - LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Dictamen de la Comisión de Justicia con punto de acuerdo por el que se desechan las iniciativas con proyecto de decreto que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados; de la Ley de la Policía Federal Preventiva; de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LAS CONDUCTAS DELICTIVAS QUE CONFORMAN LA TRATA DE PERSONAS

Dictamen de la Comisión de Justicia con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto, presentada el 6 de diciembre de 2006, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, del Código Federal de Procedimientos Penales, y que expide la Ley General para Prevenir y Sancionar las Conductas Delictivas que Conforman la Trata de Personas.

volumen ii

LEY DE AGUAS NACIONALES

Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos con punto de acuerdo por el que se desecha iniciativa con proyecto de decreto, presentada el 14 de marzo de 2006, que reforma el artículo 37 Bis de la Ley de Aguas Nacionales.

LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL

Dictamen de la Comisión de Justicia con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto recibida el 26 de abril de 2006 que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

LEY GENERAL DE EDUCACION

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con punto de acuerdo por el que se desecha minuta con proyecto de decreto, recibida el 8 de noviembre de 2007, que adiciona el artículo 7 de la Ley General de Educación.

LEY GENERAL DE EDUCACION

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con punto de acuerdo por el que se desecha iniciativa con proyecto de decreto, recibida el 6 de diciembre de 2007, que reforma la fracción X del artículo 7 de la Ley General de Educación.

En conjunto son aprobados los anteriores 10 dictámenes, archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos; en cuanto a las minutas, se devuelven al Senado de la República para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional.

ESTADO DE TAMAULIPAS

Dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Función Pública con punto de acuerdo sobre la proposición, presentada en la sesión del 23 de enero de 2008, por la que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a verificar el cumplimiento de condicionantes en materia de impacto ambiental para la construcción y operación del libramiento poniente en Tampico, Tamaulipas; y a la Secretaría de la Función Pública, a realizar una auditoría a la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en dicha entidad.

RUIDO

Dictamen de la Comisión de Economía con punto de acuerdo respecto a la proposición, presentada en la sesión del 30 de abril de 2008, por la que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a actualizar, mediante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la Norma Oficial Mexicana-081-ECOL-1994, a los estándares internacionales avalados por la Organización Mundial de la Salud sobre límites máximos de emisión de ruido en fuentes fijas.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA - MEXICO

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores con punto de acuerdo sobre la proposición, presentada en la sesión del 28 de enero de 2009, relativa a la reciente reunión de los Presidentes de Estados Unidos de América y México.

INICIATIVA MERIDA

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo referente a la proposición, presentada en la sesión del 11 de diciembre de 2008, relativa a los acuerdos adoptados en el marco de la Iniciativa Mérida.

REPUBLICA DE CUBA

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores con punto de acuerdo respecto a la proposición, presentada en la sesión del 11 de diciembre de 2008, relativa a brindar la cooperación necesaria al pueblo cubano ante los desastres naturales.

ELVIRA ARELLANO

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo respecto a la proposición, presentada en la sesión del 13 de diciembre de 2007, por la que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cancillería a otorgar un nombramiento diplomático a la ciudadana Elvira Arellano.

COMISION DE ASUNTOS MIGRATORIOS EN LEGISLATURAS LOCALES

Dictamen de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios con punto de acuerdo referente a la proposición, presentada en la sesión del 11 de diciembre de 2008, para exhortar a los congresos locales a establecer una Comisión de Asuntos Migratorios, y aquéllos que ya cuentan con una, a mantenerla y fortalecerla.

MIGRANTES

Dictamen de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios con punto de acuerdo referente a la proposición, presentada en la sesión del 11 de diciembre de 2008, relativa a la abstención de extorsionar, maltratar, agredir y a evitar toda forma de abuso hacia los mexicanos que regresen de los Estados Unidos a las distintas entidades del país, con motivo de las fiestas de fin de año.

ESTADO DE ZACATECAS

Dictamen de la Comisión de Turismo con punto de acuerdo sobre la proposición, presentada en la sesión del 11 de diciembre de 2008, para designar pueblo mágico el municipio de Sombrerete, Zacatecas.

ESTADO DE SONORA

Dictamen de la Comisión de Turismo con punto de acuerdo a proposición, presentada en la sesión del 11 de diciembre de 2008, para realizar un estudio y análisis sobre la viabilidad turística del municipio de San Pedro de la Cueva, Sonora, y de ser aprobado, implementar una estrategia para otorgar apoyos y convertirlo en lugar turístico.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD - TURISMO

Dictamen de la Comisión de Turismo con punto de acuerdo referente a la proposición, presentada en la sesión del 11 de diciembre de 2008, para intensificar y fortalecer acciones que generen y promuevan fuentes de financiamiento que otorguen otras instituciones del gobierno federal para la mejora de infraestructura y servicios a empresas que oferten productos y medios de accesibilidad necesarios para garantizar el libre tránsito y movilidad a las personas con discapacidad en las playas mexicanas y en general en todos los destinos turísticos.

EMPRESAS AEREAS DE BAJO COSTO

Dictamen de la Comisión de Turismo con punto de acuerdo respecto de la proposición, presentada en la sesión del 9 de diciembre de 2008, para exhortar al Ejecutivo federal a autorizar a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el pago diferido en parcialidades de las contribuciones y accesorios a las empresas aéreas de bajo costo.

PROGRAMA DE ATENCION A LOS ADULTOS MAYORES

Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables con punto de acuerdo sobre la proposición, presentada en la sesión del 13 de diciembre de 2007, para exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Desarrollo Social para que dentro del ámbito de su competencia procure que el Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 Años y Más se emplee de manera universal en todo el país.

PROGRAMA DE ATENCION A LOS ADULTOS MAYORES

Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables con punto de acuerdo respecto a la proposición, presentada en la sesión del 13 de diciembre de 2007, para exhortar al Ejecutivo federal a no realizar adecuaciones presupuestales reductivas del Programa de Adultos Mayores que Habiten en Poblaciones Menores a 2 Mil 500 Habitantes y que se pague a sus beneficiarios la totalidad de los recursos a que tienen derecho.

PROGRAMA DE ATENCION A LOS ADULTOS MAYORES

Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables con punto de acuerdo sobre la proposición, presentada en la sesión del 13 de diciembre de 2007, para exhortar al Ejecutivo federal evaluar a través de sus dependencias y entidades correspondientes la posibilidad de ampliar la cobertura del Programa de Atención a Adultos Mayores en Zonas Rurales, incluyendo en él a todas aquéllas personas mayores de 70 años, independientemente del lugar donde vivan, siempre y cuando reúnan los demás requisitos establecidos en dicho programa.

PIRATERIA DE SOFTWARE

Dictamen de la Comisión de Economía con punto de acuerdo relativo a la proposición, presentada en la sesión del 13 de diciembre de 2007, por la que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual a realizar un estudio de afectación económica por piratería de software en el país.

Se aprueban en conjunto los anteriores 16 dictámenes; comuníquense.

LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Segunda lectura del dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte con proyecto de decreto que reforma los artículos 53 y 55, fracción V, y deroga el último párrafo del artículo 55 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

El diputado Fidel Antuña Batista fundamenta el dictamen en nombre de la comisión.

Es aprobado en lo general y en lo particular; pasa a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

Segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables con proyecto de decreto que reforma el inciso k) del artículo 28 y adiciona un tercer párrafo, recorriéndose el actual para pasar a ser cuarto, al artículo 29 de la Ley de Asistencia Social.

A discusión, intervienen los diputados:

Martha Margarita García Müller.

Fernando Enrique Mayans Canabal.

Es aprobado en lo general y en lo particular; pasa a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

LEY DE AVIACION CIVIL

Segunda lectura del dictamen de la Comisión de Transportes con proyecto de decreto que reforma los artículos 61, 71, 79 y 81 y adiciona los artículos 81 Bis y 89 Bis de la Ley de Aviación Civil.

Interviene el diputado Jesús Ramírez Stabros.

El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto; pasa a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

CODIGO DE COMERCIO - LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

Segunda lectura del dictamen de la Comisión de Economía con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código de Comercio y de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

A discusión intervienen las diputadas:

Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez.

María del Pilar Ortega Martínez.

Es aprobado en lo general y en lo particular; pasa a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE - CODIGO PENAL FEDERAL

Segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Justicia con proyecto de decreto que adiciona los artículos 153 Bis, 153 Bis 1, 153 Bis 2, 153 Bis 3, 153 Bis 4 al Título Cuarto, Capítulo Sexto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y se reforma el primer párrafo del artículo 414 del Código Penal Federal. Sin discusión, es aprobado; pasa a la Cámara de Senadores para efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

Segunda lectura del dictamen de la Comisión de Seguridad Social con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.

Fija la posición de su grupo parlamentario el diputado José Rubén Escajeda Jiménez.

Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto con los artículos no impugnados.

A discusión en lo particular participan los diputados:

Rosario Ignacia Ortiz Magallón, quien propone modificaciones, que se admiten.

Mayra Gisela Peñuelas Acuña, quien propone modificaciones, que se desechan.

Ramón Salas López, quien propone modificaciones, que se desechan.

José Rubén Escajeda Jiménez, quien propone modificaciones, que se desechan.

Salvador Sánchez Peñuelas, quien propone modificaciones, que se desechan.

No se aprueba la propuesta presentada por la diputada Rosario Ignacia Ortiz Magallón.

Se aprueban en los términos del dictamen los artículos reservados. Pasa a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

CANAL DEL CONGRESO

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a otorgar una señal abierta para el Canal del Congreso.

Desde su curul, el diputado José Antonio Díaz García propone una modificación.

Respaldan la propuesta desde sus respectivas curules los diputados:

Javier González Garza.

Emilio Gamboa Patrón.

Héctor Larios Córdova.

Gloria Lavara Mejía.

Rodolfo Solís Parga.

María del Carmen Salvatori Bronca.

Aprobado; comuníquese.

MEXICO - UNION EUROPEA

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que la Cámara de Diputados saluda el reconocimiento de México como socio estratégico de la Unión Europea. Aprobado; comuníquese.

COMISIONES LEGISLATIVAS

Dos oficios de la Junta de Coordinación Política con los que comunica cambios en la integración de las Comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social; de Fortalecimiento al Federalismo; de Ciencia y Tecnología; de Presupuesto y Cuenta Pública; de Hacienda y Crédito Público; Especial de Ganadería; de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; de Trabajo y Previsión Social; del Distrito Federal; y de Desarrollo Social; del Grupo de Amistad con Colombia; del Parlamento Centroamericano; y del Comité de Información, Gestoría y Quejas. Aprobados.

LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS

Se recibe de diputados del Partido Acción Nacional iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, en materia de trabajo de los internos. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

ORDEN DEL DIA

De la próxima sesión.

VOTACIONES

De conformidad con lo que dispone el artículo 2, numeral 2, inciso c, del Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública de la H. Cámara de Diputados, se publican las votaciones de los siguientes dictámenes:

De la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma los artículos 53 y 55, fracción V, y deroga el último párrafo del artículo 55 de la Ley General de Cultura Física y Deporte (en lo general y en lo particular).

De las Comisiones Unidas de Salud, y de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma el inciso k) del artículo 28 y adiciona el tercer párrafo, recorriéndose el actual a cuarto, al artículo 29 de la Ley de Asistencia Social (en lo general y en lo particular).

De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma los artículos 61, 71, 79 y 81, y adiciona el 81 Bis y el 89 Bis de la Ley de Aviación Civil (en lo general y en lo particular).

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código de Comercio y de la Ley General de Sociedades Mercantiles (en lo general y en lo particular).

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 153 Bis, 153 Bis 1, 153 Bis 2, 153 Bis 3 y 153 Bis 4 al Título Cuarto, Capítulo VI, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y reforma el primer párrafo del artículo 414 del Código Penal Federal (en lo general y en lo particular).

De la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social (en lo general y en lo particular los artículos no reservados).

De la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social (en lo particular el artículo 239 A, reservado, con la modificación propuesta por la diputada Rosario Ortiz Magallón y aceptada por la asamblea).

De la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social (en lo particular, los artículos 237 D, 237 F, primer y tercer párrafos, y 237 I, reservados, en sus términos).


Presidencia del diputado César Duarte Jáquez


ASISTENCIA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y de diputados.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 251 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez (a las 11:52 horas): Se abre la sesión.



ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Jueves 12 de marzo de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica que, con motivo del 71 aniversario de la expropiación petrolera (1938), tendrá lugar el 18 de marzo a las 10:00 horas.

De la Mesa Directiva.

Del diputado Nabor Ochoa López .

Licencia del diputado Eduardo Sánchez Hernández .

Del Gobierno del Estado de Coahuila.

Del Congreso del Estado de Sinaloa.

Iniciativas del Congreso del Estado de Colima

Que reforma la fracción XI del artículo 2o. de la Ley General de las Personas con Discapacidad. (Turno a Comisión)

Que adiciona un segundo párrafo, pasando el actual segundo a ser el tercero y así, sucesivamente, al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Que adiciona una fracción V al artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Que deroga el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Por el que comunica que los generales de división diplomados de Estado Mayor Humberto Alfonso Guillermo Aguilar y Jorge Juárez Loera asumieron los cargos de subsecretario de la Defensa Nacional y oficial mayor.

Por el que solicita el permiso constitucional para que puedan prestar servicios los ciudadanos Gloria Silvia del Villar Núñez, Ivonne García Pérez, Gabriela Paola Rosas González, Edna Valeria Cepeda González, David Ernesto Garza Zaldívar, Jorge Xavier Reyes Ocaña, Ileana Berenice Velázquez Mejía, Edgardo Gutiérrez Castellanos, Bertrans Foulkes Romo y José Manuel Hernández López, en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus Consulados en Nuevo Laredo, Tamaulipas; Tijuana, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua; Cabo San Lucas, Baja California Sur; y Hermosillo, Sonora, respectivamente; y Éricka Daphne Marino Silva, Laura Melina Roa Uruzquieta y José Antonio Ruiz Velasco Rivera Melo, en la Embajada de Canadá en México. Asimismo, informa que han dejado de prestar servicios los ciudadanos Ernesto de Keratry y Echeverría y José Luna Villastrigo en el Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León. (Turno a Comisión)

Cinco, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Dos, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente.

Oficio de la Cámara de Senadores

Con el que remite iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal y el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por los senadores Tomás Torres Mercado y Rosalinda López Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

En el que se transcribe punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Unión a impulsar y aprobar las reformas legislativas en material laboral, a fin de redefinir el papel de las mujeres como factor fundamental en el proceso de desarrollo económico y en el ámbito laboral.

Minutas

Con proyecto de decreto que concede permiso para que el ciudadano Valentín Diez Morodo pueda aceptar y usar la condecoración de L'Ordre de Léopold, en grado de Commandeur, que le otorga el gobierno del Reino de Bélgica. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que concede permiso para que el ciudadano José Rafael Guadalupe Carral y Escalante pueda aceptar y usar la condecoración Commandeur de L'Ordre de la Couronne, que le otorga el gobierno del Reino de Bélgica. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que concede permiso para que el ciudadano Bernardo Quintana Isaac pueda aceptar y usar la condecoración de la L'Ordre de Léopold, en grado de Commandeur, que le otorga el gobierno del Reino de Bélgica. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que concede permiso para que el ciudadano Fernando del Paso y Morante, pueda aceptar y usar la Condecoración de la ``Orden de la Corona'' en grado de ``Comendador'', que le otorga el gobierno del Reino de Bélgica. (Turno a Comisión)

Iniciativas

Que reforma los artículos 84, 130 y 132 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 280 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General que Regula la Utilización de Videocámaras en materia de Seguridad Pública y reforma el artículo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Miguel Ángel Macedo Escartín , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Que adiciona un inciso g) al párrafo primero del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Que adiciona un inciso b) de la fracción I del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 35 y 42 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza y suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Ana Elisa Pérez Bolaños , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 201 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Beatriz Collado Lara , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3 y 4 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, suscrita por los diputados Elizabeth Morales García , Agustín Mollinedo Hernández y Juan Darío Lemarroy Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados José Jesús Reyna García y Mauricio Ortiz Proal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona tres artículos transitorios al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, a cargo de la diputada Valentina Batres Guadarrama , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Banco de México, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Enrique Serrano Escobar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 24 de la Ley de Puertos, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, a cargo del diputado Juan Victoria Alva , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria, a cargo del diputado Joel Guerrero Juárez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y adiciona los artículos 248 Ter, 248 Quáter y 248 Quintus al Código Penal Federal, suscrita por los diputados Gerardo Octavio Vargas Landeros y Raúl Cervantes Andrade , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley Federal de Austeridad, a cargo de la diputada Valentina Batres Guadarrama , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 74 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5 Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, a cargo del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 76 Bis a la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Andrea Ramírez Zollino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 12 y adiciona un artículo 13 Bis a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, a cargo de la diputada Silvia Luna Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Leonardo Magallón Arceo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 40 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado Jesús Ricardo Morales Manzo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 24 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Ma. de los Ángeles Jiménez Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier Martín Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Mónica Fernández Balboa y Raymundo Cárdenas Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Daniel Gurrión Matías , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado Antonio Xavier López Adame , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Jacinto Gómez Pasillas , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley del Consejo Social y Económico de Estado, suscrita por los diputados Mónica Fernández Balboa y Raymundo Cárdenas Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley para Agilizar el Ejercicio del Presupuesto y la Inversión Pública, a cargo del diputado Carlos Rojas Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y suscrita por diputados de diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que expide el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma los artículos 53 y 55, fracción V, y deroga el último párrafo del artículo 55 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De las Comisiones Unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma el inciso K) del artículo 28 y adiciona un tercer párrafo, recorriéndose el actual para pasar a ser cuarto, al artículo 29 de la Ley de Asistencia Social.

De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma los artículos 61, 71, 79 y 81 y adiciona los artículos 81 Bis y 89 Bis de la Ley de Aviación Civil.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código de Comercio y de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 153 Bis, 153 Bis 1, 153 Bis 2, 153 Bis 3, 153 Bis 4 al Titulo Cuarto, Capítulo VI, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y se reforma el primer párrafo del artículo 414 del Código Penal Federal.

De la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.

De la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona tres párrafos al artículo 33 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que adiciona el inciso m) a la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que adiciona la fracción VI Bis al artículo 104 de la Ley del Mercado de Valores.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley Orgánica de Nacional Financiera.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley sobre el Contrato de Seguro y de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

De la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que expide la Ley para el Desarrollo de la Sociedad de la Información.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 41 de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Profepa a verificar el cumplimiento de condicionantes en materia de impacto ambiental para la construcción y operación del libramiento poniente en Tampico, Tamaulipas; y a la Secretaría de la Función Pública, a realizar una auditoría a la delegación de esa procuraduría en dicha entidad.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a actualizar mediante la Semarnat la NOM-081-ECOL-1994 de acuerdo con los estándares internacionales avalados por la Organización Mundial de la Salud.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo relativo a la reunión entre el titular del Ejecutivo federal mexicano y el presidente electo de Estados Unidos de América.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo relativos a los acuerdos adoptados en el marco de la Iniciativa Mérida.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo relativos a brindar la cooperación necesaria al pueblo cubano ante los desastres naturales.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo relativo al caso de la ciudadana Elvira Arellano.

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo para exhortar a los congresos locales a que establezcan una comisión de asuntos migratorios y aquéllos que ya cuentan con una, la mantengan y fortalezcan.

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo relativos a la abstención de extorsionar, maltratar, agredir y evitar toda forma de abuso hacia los mexicanos que regresen de Estados Unidos a las distintas entidades del país con motivo de las fiestas de fin de año.

De la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo para que se designe pueblo mágico el municipio de Sombrerete, Zacatecas.

De la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo para que se realice un estudio y análisis sobre la viabilidad turística del municipio de San Pedro de la Cueva, Sonora, y en caso de ser aprobado, que implemente una estrategia para otorgar apoyos y convertirlo en lugar turístico.

De la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo para que se intensifiquen y fortalezcan acciones que generen y promuevan fuentes de financiamiento que otorguen otras instituciones del gobierno federal para la mejora de infraestructura y servicios a empresas que oferten productos y medios de accesibilidad necesarios a fin de que se garantice el libre tránsito y movilidad a las personas con discapacidad en las playas mexicanas y en general en todos los destinos turísticos.

De la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a autorizar a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un plazo mayor y con pago diferido en parcialidades de las contribuciones y accesorios a las distintas empresas aéreas nacionales de bajo costo que operan en el mercado nacional.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, instruir a la Secretaría de Desarrollo Social, para que dentro del ámbito de su competencia, procure que el Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 Años y Más, se emplee de manera universal en todo el país.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a que no se realicen adecuaciones presupuestales reductivas al Programa de Adultos Mayores que Habiten en Poblaciones Menores a 2 Mil 500 Habitantes, y que se pague a sus beneficiarios la totalidad de los recursos a los que tienen derecho.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a evaluar la posibilidad y ampliar a través de sus dependencias y entidades correspondientes la cobertura del Programa de Atención a Adultos Mayores en Zonas Rurales, incluyendo a todas las personas mayores de sesenta años, independientemente del lugar donde vivan, siempre y cuando reúnan los demás requisitos establecidos en dicho programa.

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual a realizar un estudio de afectación económica por piratería de software en el país.

Dictámenes negativos de iniciativas

De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta proyecto de decreto que adiciona la fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que expide la Ley del Instituto Nacional de Trasplantes y se reforman las Leyes de los Institutos Nacionales de Salud y General de Salud.

De la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

De la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo por los que se desechan las iniciativas que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados; de la Ley de la Policía Federal Preventiva; de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

De la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Federal de Procedimientos Penales y que expide la Ley General para Prevenir y Sancionar las Conductas Delictivas que Conforman la Trata de Personas.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 37 Bis de la Ley de Aguas Nacionales.

De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo, por el que se desecha la iniciativa que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta proyecto de decreto que adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma la fracción X del artículo 7o. de la Ley General de Educación.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que a través de la Sagarpa y de la Conapesca aplique un plan de rescate para las zonas afectadas por la plaga del pez plecos, en el estado de Tabasco, suscrito por los diputados Silbestre Álvarez Ramón y Carlos Orsoe Morales Vázquez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la publicación de la NOM-046-SSA2-2005. ``Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención'', a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres poderes del estado de Chihuahua a respetar el fuero constitucional del legislador local Roberto Lara, a cargo del diputado Carlos Armando Reyes López , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a las compras anticipadas de la cosecha de maíz del ciclo primavera-verano en el estado de Sinaloa, a cargo del diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a investigar a través de la CNBV y de la Condusef las irregularidades en las que han incurrido diversas instituciones de crédito en la zona fronteriza, respecto a cuentas de cheques en dólares, a cargo del diputado Enrique Serrano Escobar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a diseñar y aprobar, en coordinación con el Congreso de la Unión, un plan de distribución del gasto público que amortigüe los efectos negativos de la recesión económica en el país, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Trabajo y Previsión Social a implantar un plan integral que reactive la economía, frene el desempleo e impulse la ocupación en el país, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se invita a comparecer a los titulares de la Conagua y de la CFE, para que informen sobre diversas acciones que en materia hidráulica se realizan en el estado de Tabasco, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de Poder Ejecutivo federal a mantener a través de la SHCP, de manera temporal, el impuesto empresarial a tasa única en 16.5%, en tanto se reactiva la economía del país, a cargo del diputado José Rosas Aispuro Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCJN que nombre comisionados especiales para que averigüen los hechos que constituyen graves violaciones de las garantías individuales de la población que permanente o temporalmente reside o habita en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Dora Alicia Martínez Valero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades del estado de Durango a resolver el problema de drenaje y agua contaminada en el municipio de Poanas, en específico en Villita de San Atenógenes, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar a través de la Sener y de Pemex la construcción dentro del estado de Tamaulipas de la nueva refinería prevista en el Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura, a cargo del diputado Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del gerente estatal de Correos de México en Chiapas, a fin de que informe sobre las anomalías relativas a la violación a los paquetes con faltantes de peso y contenido, denunciadas por la ciudadana Mercedes Chacón Magchun, en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, a cargo del diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar las reglas de operación de la Sagarpa, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de diciembre de 2008 y eliminar el Comité Técnico Nacional, a cargo del diputado Héctor Padilla Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la titular de la Sener a informar a esta soberanía sobre los aerogeneradores instalados en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, al secretario del Trabajo y Previsión Social y al secretario de Hacienda y Crédito Público a otorgar un aumento salarial de emergencia, tanto a los salarios mínimos generales como a los contractuales y a los de los trabajadores al servicio del Estado, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir las disposiciones reglamentarias y administrativas señaladas en el decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2008, a cargo del diputado Eduardo Sánchez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a los programas y centros de estudios de género en las instituciones de educación superior nacionales y estatales, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que exhorte al Consejo General del IFE a unificar criterios o, en su caso, establecer reglas claras y que éstas se cumplan a cabalidad en cuanto la difusión y utilización de los logros de los programas sociales en la publicidad por cualquier medio de comunicación de las campañas electorales por parte de los partidos políticos, a cargo de la diputada Guillermina López Balbuena , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Infonavit a cesar el hostigamiento contra sus derechohabientes y replantear opciones de pago que respeten los derechos de seguridad y previsión social que rigen en la materia, a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la CFE a investigar la legalidad de los procesos internos y los trámites que se requieren a los usuarios para la celebración de convenios, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Ángulo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la SHCP y del gobernador del Banco de México para que informen sobre las medidas tomadas para detener la depreciación de la moneda nacional y atenuar la actual crisis financiera, a cargo del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Dirección General del IMSS a ampliar el cuadro de medicamentos disponible en las unidades médicas, así como de los materiales que permitan una atención adecuada y pertinente en caso de urgencias, tratamiento y curaciones de los derechohabientes, a cargo del diputado Ramón Barajas López , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a brindar a través de la Segob y del Instituto Nacional de Migración mayor seguridad en las rutas de migrantes y elaborar una base de datos con los nombres de los centroamericanos que fallecen en territorio nacional, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a destinar a través de la Sagarpa una partida presupuestal extraordinaria para sufragar los rezagos técnicos y materiales de la producción pesquera artesanal en todos y cada uno de los puertos, costas y zonas pesqueras de nuestro país, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar acciones inmediatas que eviten el alza en el precio del diesel, a cargo de la diputada Elizabeth Morales García , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo local y al Congreso del estado de Oaxaca a realizar las acciones correspondientes a fin de derogar el cobro del impuesto por reemplacamiento vehicular a los habitantes de dicha entidad, a cargo del diputado José Francisco Melo Velázquez , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a los responsables de las dependencias competentes, de manera destacada a la SHCP y a la Sedesol, para que pongan en marcha acciones que blinden los programas sociales con el fin de enfrentar la actual crisis económica mundial, a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a atraer a través de la PGR, por conducto de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, la denuncia presentada por el periodista Carlos Javier Velazco Molina, debido a las agresiones sufridas en el estado de Oaxaca, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que apruebe una partida presupuestaria para el ejercicio fiscal 2010 destinada a atender los problemas de expropiación de los ejidos colindantes con la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, a cargo del diputado Nemesio Domínguez Domínguez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y al Director del Fonatur a reivindicar el dominio directo del ex convento de Santa Catarina de Sena, Oaxaca, debido a que por mandato constitucional es patrimonio de la nación, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal y demás autoridades competentes a realizar las gestiones correspondientes para el cierre definitivo del relleno sanitario Bordo Poniente, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al juez tercero en materia penal Miguel Hernández Bautista a observar, en la sentencia que dicte a la ciudadana Magdalena García Soto, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suscrita por los diputados Camerino Eleazar Márquez Madrid y Daisy Selene Hernández Gaytán , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SSP a implementar un programa integral en materia de derechos humanos que comprenda lineamientos de respeto, protección, garantía y promoción de los mismos, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reducir y mantener a través de la SHCP el precio del diesel y alcance acuerdos sobre tarifas, a cargo del diputado Rafael Franco Melgarejo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para condenar el antisemitismo, el racismo y otras formas de discriminación y agresión racial y de manera especial el ataque a la sinagoga Maripérez en Caracas, Venezuela, el 30 de enero de 2008, suscrita por los diputados Javier Calzada Vázquez y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública a llevar a cabo un análisis del impacto de la crisis en los ingresos y niveles de gasto y proponer las modificaciones y reorientaciones que deben hacerse al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, a cargo de la diputada Valentina Batres Guadarrama , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a realizar estudios sobre el límite de velocidad establecido en las autopistas del país, a cargo del diputado Gildardo Guerrero Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de que la Cámara de Diputados brinde un reconocimiento público al general Raúl Esquivel Carvajal, primer superintendente del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, a cargo del diputado Rafael Plácido Ramos Becerril , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que solicita la comparecencia del titular de la SCT para que informe sobre el estado que guardan los asuntos del despacho que le ha delegado el Ejecutivo federal, a cargo del diputado Jesús Ramírez Stabros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la SHCP y de la PGR que informen a esta soberanía sobre la capitalización que diversos bancos han efectuado, así como las repercusiones jurídicas al respecto, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular del INAH, para que informe respecto de los problemas referidos a su gestión como director de dicho Instituto, suscrito por los diputados Aurora Cervantes Rodríguez y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se invita al gobernador del Banco de México a informar a esta soberanía sobre las políticas de compra-venta de dólares que dicha Institución ha efectuado durante los últimos meses, a cargo del diputado Jesús Alcántara Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a informar sobre las diversas irregularidades existentes en las casas hogar que operan en la Ciudad de México, a cargo del diputado Eduardo Sánchez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a establecer un programa orientado al peligro y el uso irresponsable de redes socializadoras de Internet, a cargo del diputado Miguel Ángel Macedo Escartín , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT y a Telecomunicaciones de México que informen a esta soberanía sobre el estado en que se encuentran o terminaron los contratos de seguros de vida o de retiro de Aseguradora Hidalgo, hoy Met Life, contratados en 1975 y subsecuentes para los trabajadores y ex trabajadores de Telecomm, a cargo del diputado Othón Cuevas Córdova , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar a través de la SRE, de la SEGOB, de la SHCP, de la STPS y de la Ssa las condiciones en que opera el comité técnico del Fideicomiso que Administra el Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a ordenar el retiro de los sellos de suspensión de actividades de las obras del paso a desnivel en Ferrocarril de Cuernavaca y Ejército Nacional, en la delegación Miguel Hidalgo, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía manifiesta su enérgica desaprobación a las declaraciones de la titular de la SRE en las que señala los estados de Baja California, Chihuahua y Sinaloa como la meca y zonas exclusivas del país afectados por la violencia y la inseguridad pública, a cargo del diputado Enrique Serrano Escobar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Titular de la STPS a vigilar y ordenar las medidas de seguridad e higiene industriales necesarias para la protección de los trabajadores de la construcción en diversos tramos carreteros de la autopista Durango-Mazatlán, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a aplicar a través de la SCT y de la Semarnat las medidas necesarias para que en la construcción y operación del puerto de Punta Colonet se salvaguarde de contaminación lumínica al cielo nocturno del estado de Baja California, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a investigar sobre los temas abordados en las conversaciones del titular de la SCT y hacer públicos los resultados de ellas, a fin de fincar responsabilidades y sancionar al culpable; asimismo, a investigar el desempeño como funcionaria del gobierno federal de la licenciada Purificación Carpinteyro, a cargo del diputado Jesús Ramírez Stabros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador, al Congreso local y al órgano de fiscalización del estado de Puebla para que rindan información relacionada con la Fiscalía Especial contra Pederastas, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a crear una unidad de género dentro de la estructura administrativa de la Comisión, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que suspenda la aplicación del horario de verano en tanto no se demuestren la disminución anual del consumo de electricidad y el ahorro acumulado desde su establecimiento, a cargo del diputado Juan Darío Lemarroy Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INEGI a presentar a esta soberanía los resultados obtenidos en VIII Censo Agropecuario 2007, a cargo del diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés , del Grupo Parlamentario de Alternativa. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a llevar a cabo las gestiones para que el humedal La Lagunita de El Naranjo, en el Municipio de Ensenada, Baja California, sea decretado área natural protegida e inscrito en la lista de sitios Ramsar, suscrito por los diputados Lucía Susana Mendoza Morales y Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a adoptar las medidas para que la SHCP otorgue un 10 por ciento de subsidio directo a la tarifa de cobertura que los distribuidores de gas natural contrataron con Pemex, a cargo del diputado Enrique Serrano Escobar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a integrar la averiguación previa para determinar la probable comisión de delitos cometidos por Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler, así como por los involucrados en los hechos, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del gobernador del Banco de México para que informe respecto de la cantidad de dólares que se han vendido a instituciones de crédito, en apoyo de la divisa mexicana, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza y suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno a señalar en los atlas o mapas de riesgo que los derechos de vía, las vías férreas, patios de maniobra y estaciones del sistema ferroviario mexicano, son zonas de alto riesgo y se tomen las medidas apropiadas, a cargo del diputado Santiago López Becerra , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a adecuar una nueva fórmula que fije una tarifa eléctrica especial, destinada al consumo de los inmuebles donde se practican actos de culto público, a cargo del diputado José Luis Blanco Pajón , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sedesol a participar con las diversas organizaciones sociales, empresariales, educativas y con la sociedad en el establecimiento de programas que ayuden a solucionar la problemática de los niños de la calle en el estado de Oaxaca, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implementar una política de diseño integral, a efecto de impulsar la competitividad de las empresas y la generación de empleos, suscrito por integrantes de las Comisiones Especial de prospectiva para la definición del futuro de México, y de Economía. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a agilizar a través de la Semarnat el trámite de autorización en materia de impacto ambiental de los proyectos de infraestructura carretera, ferroviaria y otros, aprobados en el PEF 2009, a cargo del diputado Luis Xavier Maawad Robert , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la CNDH que realice una investigación a los centros de capacitación policiaca federales y estatales en el ámbito de su competencia, a cargo del diputado Miguel Ángel Macedo Escartín , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar a través de las dependencias correspondientes cursos y talleres de información a nuestros migrantes con oportunidad de invertir, para dar a conocer los programas en que pueden participar de manera productiva en función del potencial y vocación productiva de sus regiones de origen, a cargo del diputado Miguel Rivero Acosta , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la SEP a incrementar el presupuesto para el establecimiento de programas que ayuden a asociaciones para solucionar la problemática de los niños de la calle en el estado de Oaxaca, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las treinta y una entidades federativas y del Distrito Federal a reducir la tasa del impuesto sobre nóminas, a cargo del diputado Fidel Antuña Batista , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a los incrementos en el pago del consumo de energía eléctrica, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a evitar que se incrementen los costos del peaje en las autopistas del país, a cargo del diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a modificar, dentro del ámbito de sus facultades, el acuerdo de fecha 25 de septiembre de 2000, relativo a la vigencia de placas de todos los vehículos que circulan en territorio nacional, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz . (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a ordenar el retiro de los sellos de suspensión de actividades del paso a desnivel en Ferrocarril de Cuernavaca y Ejército Nacional, delegación Miguel Hidalgo, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la solicitud de diversa información al secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, suscrito por las diputadas María Gabriela González Martínez y Rosaura Denegre Vaught Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la solicitud de diversa información al secretario de Obras del Gobierno del Distrito Federal, suscrito por las diputadas María Gabriela González Martínez y Rosaura Denegre Vaught Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT sobre el canje de placas para los ejercicios fiscales de 2009 a 2012, suscrita por los diputados Fidel Antuña Batista , Federico Bernal Frausto y Carlos Armando Reyes López , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las treinta y una entidades federativas y del Distrito Federal a suspender la aplicación del impuesto sobre nóminas, durante el presente año, suscrita por los diputados Carlos Armando Reyes López , Fidel Antuña Batista y Federico Bernal Frausto , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, así como a la CNDH a investigar el homicidio del reportero Paul Ibarra Ramírez y seguir de cerca el intento de homicidio de la periodista Liliana Merchán, respectivamente, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Oaxaca a firmar el convenio de colaboración para resarcir el daño causado a los socios defraudados por Sacriputla, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, en cumplimiento de la Ley que Crea el fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, a cargo del diputado Othón Cuevas Córdova , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrito por diputados de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a aplicar una política exterior basada en los principios de la Doctrina Estrada, a cargo del diputado Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría General de esta soberanía que incluya en el centro de desarrollo infantil Antonia Nava de Catalán a los hijos de las madres trabajadoras que prestan sus servicios de apoyo secretarial a los Grupos Parlamentarios, a cargo del diputado Felipe Díaz Garibay , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implementar políticas y programas de acción que permitan combatir la falta de oportunidades y de empleo que enfrentan los jóvenes al culminar sus estudios profesionales, a cargo de la diputada Aracely Escalante Jasso , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la SEP a flexibilizar, por única vez, los requisitos para que los hijos de inmigrantes mexicanos que han retornado a territorio nacional durante los últimos cuatro meses puedan acceder fácilmente a la educación en los diversos grados educativos y planteles oficiales del país, a cargo del diputado José Nicolás Morales Ramos , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la SE y a la Sener, así como a la CFE a reestructurar las tarifas eléctricas de Mexicali, Baja California, y San Luis Río Colorado, Sonora, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a las campañas de comunicación social del gobierno federal y de propaganda política del Partido Acción Nacional, mediante las cuales hacen promoción de sus logros en abierta violación a las normas electorales y a la civilidad política, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Juventud y Deporte hace un reconocimiento expreso a la ciudadana Lorena Ochoa Reyes, por su exitosa trayectoria deportiva, a cargo del diputado Octavio Fuentes Téllez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y del Senado de la República a descontar el 10% de la dieta neta total mensual incluyendo los apoyos para actividades legislativas de diputados y senadores, así como el 10% de la percepción neta total mensual de los servidores públicos de mando del Congreso de la Unión, a cargo del diputado Jacinto Gómez Pasillas , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INAH a tomar las medidas necesarias a fin de detener o impedir obras sin autorización en la zona arqueológica de Mezquitic de la Magdalena, municipio de San Juan de los Lagos, a cargo de la diputada Martha Angélica Romo Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a cancelar el permiso a Banamex para operar como banco, suscrita por los diputados Mónica Fernández Balboa , Aleida Alavez Ruiz , Rafael Elías Sánchez Cabrales y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a vigilar a través de la Dirección General de Aduanas el desempeño de los funcionarios de esos establecimientos y se fortalezcan los programas y medidas de protección a los pequeños empresarios y al migrante, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la designación del ciudadano Juan Molinar Horcasitas como nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía externa su beneplácito por el trabajo que realiza el caucus hispano de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, que busca mejorar sus políticas de migración y que beneficiarán a ciudadanos mexicanos que radican en dicha nación, a cargo del diputado José Jacques y Medina , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Agenda política

Relativa a la situación poselectoral en el estado de Hidalgo, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efeméride

Relativa al Día de la Bandera, por celebrarse el día 24 de febrero, a cargo del diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»



ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Diputado presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes diez de marzo de dos mil nueve, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia del diputado César Duarte Jáquez

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las 11 horas con 57 minutos del martes diez de marzo de 2009, con la asistencia de 279 diputadas y diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensa la lectura del orden del día, del acta de la sesión anterior y de la misma manera la aprueba.

Se recibe invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, a la ceremonia cívica a celebrar el 13 de marzo con motivo del 684 aniversario de la fundación de México Tenochtitlán. Se designa comisión de representación.

Remiten contestaciones:

• El gobierno de Nuevo León a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo a las reformas compatibles con la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se remite al promovente para su conocimiento.
• La Comisión Nacional de los Derechos Humanos a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la desaparición forzada y ejecución de dos integrantes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos, en Guerrero. Se remite a la Junta de Coordinación Política para su conocimiento.

La Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, informa que el senador Jorge Mendoza Garza , asumió la Presidencia el 4 de marzo de 2009, en su tercer año de ejercicio correspondiente al periodo 2009-2010. De enterado.

A solicitud de la Presidencia, la asamblea guarda un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de la ciudadana Gisela Hernández Espinal, esposa del diputado Raúl Ríos Gamboa , del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Jorge Emilio González Martínez solicita licencia por tiempo indefinido, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la Cuarta Circunscripción Plurinominal. En votación económica, la asamblea aprueba los puntos de acuerdo por los que se concede la licencia solicitada y se llama al suplente.

Informan la reincorporación a sus actividades legislativas los diputados: Jesús Alcántara Núñez y Alejandro Olivares Monterrubio , a partir del 9 de marzo y José Antonio Saavedra Coronel a partir del 16 de marzo. De enterado, comuníquense.

El Presidente comunica a la asamblea que a las puertas del salón de sesiones se encuentran los ciudadanos Andrea Geraldine Ramírez Zollino y Moisés Gil Ramírez , electos como diputados federales suplentes en la IV circunscripción plurinominal y XXIV distrito del Distrito Federal, quienes acompañados de una comisión designada, rinden la protesta de ley y entran en funciones de inmediato.

La Secretaría da lectura a un acuerdo de la Mesa Directiva por el que se autoriza una sesión solemne para conmemorar el 50 aniversario del Libro de Texto Gratuito. En votación económica se aprueba. Comuníquese a la Cámara de Senadores.

La Secretaría de Gobernación remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo al caso de Lucía Andrea Morett Álvarez. Se remite al promovente para su conocimiento.

La Cámara de Senadores remite:

• Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, suscrita por el senador Ramiro Hernández García , del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
• Solicitud de excitativa a las Comisiones Unidas de Economía, de Gobernación y de Desarrollo Rural, para que dictamine la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; reforma y adiciona el artículo treinta y cinco de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por el senador Ramiro Hernández García , del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía, Gobernación y Desarrollo Rural.
• Transcripción de punto de acuerdo por el que la Cámara de Senadores solicita a la Cámara de Diputados, en los términos del artículo 72 constitucional, proceda a la mayor brevedad posible a la votación y discusión de la minuta con proyecto de decreto, que reforma y adiciona los artículos setenta y cinco, ciento quince, ciento veintitrés y ciento veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Mesa Directiva.

Se concede el uso de la tribuna para presentar el posicionamiento de su respectivo grupo parlamentario, con motivo del Día Internacional de la Mujer a los diputados: Aída Marina Arvizu Rivas , de Alternativa; Ana Elisa Pérez Bolaños , de Nueva Alianza; Rosa Elia Romero Guzmán , del Partido del Trabajo;

Presidencia del diputado José Luis Espinosa Piña

Beatriz Manrique Guevara , del Partido Verde Ecologista de México; Elías Cárdenas Márquez , de Convergencia; Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del Partido Revolucionario Institucional; Maricela Contreras Julián , del Partido de la Revolución Democrática y María Mercedes Corral Aguilar , del Partido Acción Nacional.

A las 12 horas con 59 minutos se instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia, con un registro de 406 diputadas y diputados.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Seguridad Pública.
• Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , de Alternativa, que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turna a la Comisión de Economía.
• Jesús Sesma Suárez y Manuel Salvador Salgado Amador , del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo 1o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turna a la Comisión de Economía.
• Miguel Ángel González Salum , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos 297 y 304 de la Ley del Seguro Social y el artículo sesenta y siete del Código Fiscal de la Federación. Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Hacienda y Crédito Público.
• Integrantes de las Comisiones de Salud, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.
• Integrantes de la Comisión de la Función Pública, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a las Comisiones Unidas de la Función Pública y de Presupuesto y Cuenta Pública.
• Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos veintisiete Bis y doscientos setenta y nueve del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia.
• José Martín López Cisneros , del Partido Acción Nacional, que adiciona un artículo ciento setenta Bis al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Presentan iniciativas con proyecto de decreto los diputados:

• Leonardo Magallón Arceo, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia.
• Rodolfo Solís Parga , en nombre propio y de diversos diputados del Partido del Trabajo, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación.
• Raymundo Cárdenas Hernández , en nombre propio y del diputado Javier González Garza , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma diversas disposiciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
• César Duarte Jáquez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo séptimo de la Ley Orgánica de la Financiera Rural. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
• Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Población. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
• Holly Matus Toledo , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
• Alejandro Martínez Hernández , del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona un artículo ocho Bis a la Ley de Energía para el Campo. Se turna a la Comisión de Energía.

Se recibe iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción séptima Bis al artículo ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Héctor Larios Córdova , Dora Alicia Martínez Valero , ambos del Partido Acción Nacional; Javier González Garza , Juan Nicasio Guerra Ochoa , ambos del Partido de la Revolución Democrática y Emilio Gamboa Patrón , del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Continúan con la presentación de iniciativas con proyecto de decreto los diputados:

• Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , en nombre propio y de diversas diputadas del Partido Revolucionario Institucional, que expide la Ley General para la Promoción de la Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Desarrollo Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica.
• Andrea Geraldine Ramírez Zollino , del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
• Mauricio Ortiz Proal , en nombre propio y del diputado José Jesús Reyna García , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos 7, 39, y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo ocho de la Ley de Planeación. Se turna a las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Hacienda y Crédito Público.

Presidencia del diputado César Duarte Jáquez

Se recibe del diputado Itzcóatl Tonatiuh Bavo Padilla, del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal para incluir a la infraestructura de la educación media Superior como parte del Fondo de Aportaciones Múltiples. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública y Servicios Educativos.

Quedan de primera lectura, una vez que la asamblea la dispensa en votación económica, los siguientes dictámenes con proyecto de decreto de las comisiones de:

a) Atención a Grupos Vulnerables, que adiciona el inciso m) a la fracción I del artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social.

b) Ciencia y Tecnología, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología.

c) Hacienda y Crédito Público, que:

• Adiciona la fracción VI Bis al artículo 104 de la Ley del Mercado de Valores.
• Reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.
• Reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley Orgánica de Nacional Financiera.
• Reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Sobre el Contrato de Seguro y de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

d) La Función Pública, que expide la Ley para el Desarrollo de la Sociedad de la Información.

e) Educación Pública y Servicios Educativos, que reforma y adiciona el artículo cuarenta y uno de la Ley General de Educación.

En votación económica, la asamblea autoriza dar lectura sólo a los encabezados de los dictámenes negativos con puntos de acuerdo de las comisiones:

• Unidas de Justicia, y de Atención a Grupos Vulnerables, que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 43 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
• De Justicia, que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 201 Bis del Código Penal Federal.
• De Justicia, que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona al Código Penal Federal un artículo 261 Bis, al Capítulo Primero del Título Décimo Quinto y al Código Federal de Procedimientos Penales, un numeral treinta y cinco a la fracción primera del artículo ciento noventa y cuatro.
• De Economía, que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el Título Segundo Bis en el Libro Quinto del Código de Comercio.
• De Defensa Nacional, que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 24, el primer párrafo del artículo 30 y deroga el numeral 45 de la ``segunda categoría'' del artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
• Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Atención a Grupos Vulnerables, por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un inciso H) a la fracción I del artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo y un artículo 21 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
• De Recursos Hidráulicos, que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción LVI del artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales.
• De Asuntos Indígenas, que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 2 Bis de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
• De Economía, que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
• De Gobernación, que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y expide la Ley sobre Protección de los Derechos de los Emigrantes Mexicanos y de los Extranjeros en Territorio Nacional.
• De Salud, que desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud.
• Unidas de Justicia, y de Atención a Grupos Vulnerables, que desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
• De Medio Ambiente y Recursos Naturales, que desecha la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 179 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
• De Medio Ambiente y Recursos Naturales, que desecha la minuta proyecto de decreto que expide la Ley de Responsabilidad Civil por el Daño y el Deterioro Ambiental y deroga el artículo 203 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
• De Medio Ambiente y Recursos Naturales, que desecha la minuta proyecto de decreto que adiciona las fracciones XXXV y XXXVI al artículo 3; XXI al artículo 5; XXII al artículo 7; XVI al artículo 8, XXI al artículo 15 y VI al artículo 22 Bis, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

En votación económica, la asamblea aprueba los puntos de acuerdo. Se instruye el archivo de los expedientes como asuntos totalmente concluidos. Por lo que se refiere a la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud, se devuelve al Senado de la República para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional.

Presidencia del diputado José Luis Espinosa Piña

En votación económica, la asamblea autoriza la lectura de los encabezados de los siguientes dictámenes con punto de acuerdo de las comisiones:

• De Relaciones Exteriores, relativos a la liberación de Clara Rojas y Consuelo González, por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
• De Relaciones Exteriores, relativos a la participación de mexicanos en el ejército de Estados Unidos de América.
• De Relaciones Exteriores, relativos al Proceso Judicial en contra del estudiante mexicano Alejandro Ordaz Moreno, en la Ciudad de Sevilla, España.
• De Relaciones Exteriores, relativo a la conmemoración del natalicio de César Chávez.
• De Medio Ambiente y Recursos Naturales, relativo a la expedición de una Norma Oficial Mexicana que regule la disposición final de pilas y baterías importadas o fabricadas en México.
• De Medio Ambiente y Recursos Naturales, relativos a la empresa Química Central de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, para que retire de sus instalaciones residuos de cromo que contaminaron el suelo y el agua de los Pueblos del Rincón.
• De Justicia, relativo al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, a fin de combatir la delincuencia organizada y la ola de violencia y ejecuciones que aquejan a la sociedad mexicana.
• De Economía, para exhortar al Ejecutivo federal, a decretar un aumento salarial y a establecer un control de precios sobre diversos productos de la canasta básica.
• De Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, relativo a la defensa de los derechos de los migrantes y específicamente a las marchas, mítines y eventos de las organizaciones pro-migrantes.
• Unidas de Turismo, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, relativo a la firma de un acuerdo de coordinación con los gobiernos estatales y organismos municipales de Turismo, para garantizar y hacer valer el derecho de los mexicanos para gozar del acceso a las playas federales.
• De Relaciones Exteriores, para exhortar a las Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a mantener informada y actualizada a esta soberanía de los avances y medidas implantadas por México a consecuencia del revestimiento del Canal Todo Americano.
• De Relaciones Exteriores, para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a revisar e investigar la aplicación del Programa Tolerancia Cero en Estados Unidos de América.
• De Trabajo y Previsión Social, para exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en conjunto con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, trasladen a Coahuila al área geográfica A.
• Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a desarrollar e implantar una alternativa ambiental, económica y tecnológicamente viable para el control de la plaga de langosta centroamericana.
• De Recursos Hidráulicos, para exhortar a los gobernadores de los estados y al jefe del Gobierno del Distrito Federal, para que a través de las comisiones de aguas de sus entidades federativas, tanto en los proyectos de obra como en las licitaciones correspondientes, referentes a líneas de conducción de agua, se especifique el uso preferente de tuberías de acero de fabricación nacional.
• De Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para solicitar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, considere reorientar el destino del cobro del Derecho de No Inmigrante en un cien por ciento al Instituto Nacional de Migración.
• De Economía, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, para que considere modificar el decreto por el que se establece el impuesto general de importación para región fronteriza y la franja fronteriza norte del treinta y uno de diciembre del dos mil dos, para que la fracción arancelaria cero cuatrocientos seis. Noventa. Cero cuatro relativa a los quesos duros y semiduros sea exento de este impuesto.
• De Economía, para exhortar al Poder Ejecutivo federal a crear e implantar políticas, programas y acciones de gobierno encaminados a dinamizar el desarrollo integral y sustentable de la región fronteriza norte.

En votación económica, se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo mencionados. Comuníquense.

Presidencia del diputado César Duarte Jáquez

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura de los dictámenes de la Comisión de Gobernación, con proyectos de decreto que conceden permisos a los ciudadanos:

• Hanin Frangie Beltrán, Patricia Silvya Long Whitehouse, Mario Lorenzo Gutiérrez Ocampo, Daniel Arturo Jaime Ayala, David Hedilberto Gutiérrez González, Josefina Idalia Mozqueda Torres y Eligio López de la Cruz, para prestar servicios en las Embajadas de Canadá y de Estados Unidos de América, en México y en sus Consulados en Nogales, Sonora y Nuevo Laredo, Tamaulipas, respectivamente.
• Bárbara Selene Corchado Rivera y Albert Daman Agraz, para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América, en México y en su Consulado en Guadalajara, Jalisco respectivamente.
• Giancarla Calia Cerrillo, para prestar servicios en la Embajada de la India, en México.
• Mario de Jesús Riestra Venegas, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Panamá en la Ciudad de Puebla, con circunscripción consular en el estado de Puebla.
• Laurence Olivia Pantin, para prestar servicios en la Embajada de Francia en México; Érika Alejandra Hernández Victoria y Salvador Sánchez Colón, para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México; David Oliver González Bravo y Moisés Medrano González, para prestar servicios en el Consulado de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

El Presidente declara aprobados, en conjunto, en lo general y en lo particular los proyectos de decreto por 267 votos en pro, ninguno en contra y 11 abstenciones. Pasan al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Se reciben proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

• Joaquín Jesús Díaz Mena , del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Economía, a fin de realizar una campaña de promoción en los medios de comunicación para fomentar el consumo de productos hechos en México para evitar la pérdida y apoyar a las empresas mexicanas ante la actual crisis económica. Se turna a la Comisión de Economía.
• Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entregue a esta soberanía un diagnóstico integral del estado que guarda la autopista Tijuana-Ensenada. Se turna a la Comisión de Transportes.
• Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, instale una plaza de cobro auxiliar en la autopista Tijuana-Ensenada. Se turna a la Comisión de Transportes.
• Mónica Fernández Balboa y César Duarte Jáquez, de los Partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, utilice el ``Subsidio'' previsto en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil nueve, para reducir el precio de la gasolina y el diesel. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
• Humberto Zazueta Aguilar y José Jacques y Medina , del Partido de la Revolución Democrática, relativo a los derechos humanos de los ciudadanos de origen vasco que fueron procesados y extraditados por México. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.
• Fernel Arturo Gálvez Rodríguez , del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Congreso de Chiapas, para desaforar al ciudadano Renán Galán Gómez, presidente municipal de Huehuetán, Chiapas, para que enfrente las acusaciones penales en su contra. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
• Integrantes de las Comisiones de Salud, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, relativo al cambio climático en materia de salud. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
• Fernando Enrique Mayans Canabal , del Partido de la Revolución Democrática, relativo al cumplimiento de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 45/2006, dirigida al gobernador de Sonora, con motivo del fallecimiento del niño Ismael Mondragón Molina, en el Hospital Infantil de esa entidad. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.
• Carlos Roberto Martínez Martínez , del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta respetuosamente al gobierno federal, para que a través de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como su organismo sectorizado Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, realicen las acciones correspondientes en materia de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, ante la detección de contaminación de maíz nativo por maíz transgénico. Se turna a la Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Ciencia y Tecnología, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
• Daniel Dehesa Mora , del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, implemente un programa de rescate y reestructuración de la cartera vencida de pequeños consumidores y ahorradores, para reactivar la economía nacional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se reciben solicitudes de excitativas de los diputados del Partido de la Revolución Democrática:

• Érick López Barriga, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
• José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Gobernación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones mencionadas para que emitan el dictamen correspondiente.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

El Presidente levanta la sesión a las 15 horas con 27 minutos y cita para la próxima que se llevará a cabo el próximo jueves 12 de marzo de 2009 a las 11:00 horas.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo

Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobada el acta. Continúe la Secretaría con las comunicaciones.



SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 71 aniversario de la expropiación petrolera, ocurrida en 1938, el miércoles 18 de marzo, a las 10:00 horas, en el eje central Lázaro Cárdenas y doctor Erazo, colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de la honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente
Licenciada María Guadalupe Lozada León (rúbrica), coordinadora.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Para asistir en representación de la Cámara se designa a los diputados Armando Barreiro y Alfonso Suárez del Real y Aguilera.

Continúe la Secretaría.



DICTAMENES NEGATIVOS DE PUNTOS DE ACUERDO

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Mesa Directiva.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo, que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes Comisiones:

Atención a Grupos Vulnerables

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Defensa Nacional

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de la Defensa Nacional a implantar acciones inmediatas, en ejercicio de sus atribuciones legales, para modernizar el procedimiento del Registro Federal de Armas.

Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a esta soberanía que, con la realización de una sesión solemne el 29 de abril de 2008, se sume a los actos conmemorativos por el centenario del natalicio del maestro Rafael Preciado Hernández.

Relaciones Exteriores

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América a la República de Cuba.

Salud

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a prohibir la venta de bebidas energéticas.
• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Salud a atender gratuitamente a los adictos al juego.

Turismo

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Turismo de esta soberanía que integre una subcomisión encargada de investigar las operaciones realizadas por John McCarthy Sandland durante y tras su ejercicio como director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.

Solicito a ustedes que lo hagan del conocimiento de la honorable asamblea.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2009.--- Diputado César Horacio Duarte Jáquez (rúbrica), Presidente.»

«Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura fue turnada para estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a expedir con la mayor brevedad, con fundamento en la facultad que le confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a consideración de esta honorable asamblea el dictamen relativo al punto de acuerdo referido, el cual se realiza conforme a los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 13 de diciembre de 2007, el diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir con la mayor brevedad, con fundamento en la facultad que le confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

2. Con la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para efectos de análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

I. La comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

II. El proponente menciona en la exposición de motivos que el artículo quinto transitorio de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece que el Ejecutivo federal tendrá 120 días para expedir el reglamento conducente.

III. Que la citada ley refiere en el artículo quinto transitorio la expedición del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), el cual debe ser publicado dentro de los 120 días posteriores a la entrada en vigor de la ley en comento. En ningún momento hace referencia a la expedición de un reglamento.

IV. Que la Ley Federal de las Entidades Paraestatales menciona en el artículo 58, fracción VIII, lo siguiente:

Artículo 58. Los órganos de gobierno de las entidades paraestatales tendrán las siguientes atribuciones indelegables:
I. a VII. (...)
VIII. Aprobar la estructura básica de la organización de la entidad paraestatal, y las modificaciones que procedan a la misma. Aprobar asimismo y, en su caso, el estatuto orgánico tratándose de organismos descentralizados;
IX. a XVII. (...)

De este artículo se desprende que los organismos descentralizados como el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, conforme a su naturaleza jurídica, deberá expedir su estatuto orgánico más no un Reglamento.

V. De conformidad con lo que disponen los artículos 58 fracción VIII de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y el Quinto Transitorio de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, el Estatuto Orgánico del Inapam fue publicado el 6 de diciembre de 2004 en el Diario Oficial de la Federación, cumpliendo en el tiempo establecido que la ley le mandataba.

Por lo expuesto, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables considera que la propuesta queda sin materia, por lo que somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Resolutivo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentada el 13 de diciembre de 2007.

Conste.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Dado en la sala de juntas de la comisión, a 18 de febrero de 2009.
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados: Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), presidenta; Marcela Cuen Garibi (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunes (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui , secretarios; Irene Aragón Castillo , Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), Martha Margarita García Müller (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale , María Esther Jiménez Ramos , Rubí Laura López Silvia (rúbrica), Marisol Mora Cuevas (rúbrica), Diana Carolina Pérez de Tejada Romero (rúbrica), Jorge Quintero Bello , Mirna Cecilia Rincón Vargas , José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), Mario Vallejo Estévez, Martín Zepeda Hernández (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, atinente a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de la Defensa Nacional a implantar acciones inmediatas, en ejercicio de sus atribuciones legales, para modernizar el procedimiento del Registro Federal de Armas

La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 1, 2 fracción VII, y 3 del artículo 39; numerales 6, incisos e), f) y g) y 7, del artículo 45 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 56, 60, 65, 66, 87, 88, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; presenta a consideración de esta soberanía el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

En sesión celebrada el 17 de octubre de 2007 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado Gerardo Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de la Defensa Nacional, para que en ejercicio de sus atribuciones legales, implante acciones inmediatas para modernizar el procedimiento del Registro Federal de Armas.

La Presidencia de la Mesa Directiva dictó en esa fecha el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional''.

Valoración de la iniciativa

En su exposición de motivos, el texto de la iniciativa establece que:

• La federación, los estados y los municipios han celebrado diversas reuniones y signado múltiples convenios de colaboración y coordinación para hacer más eficiente el manejo de los recursos, en particular aquellos destinados para la infraestructura y el equipamiento de las corporaciones policiales.
• El trámite administrativo se vuelve engorroso y demasiado lento no sólo en la etapa de asignación de los recursos, sino también en la etapa de su ejercicio.
• Las disposiciones generales establecidas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento, son obsoletas y no permiten hacer una entrega pronta a las autoridades locales para que éstas, a su vez, cumplan cabalmente con su función de dotar de seguridad a la población.
• La seguridad pública en los estados y en los municipios se encuentra en crisis, ante el embate de la delincuencia organizada y la superioridad de su armamento.
• La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, debe revisar y modernizar sus procesos de control y registro de armas a nivel nacional, descentralizar o delegar funciones y responsabilidades, no concentrar todo el trámite en una sola Dirección General o reestructurar ésta, ya que desde hace varios años ha sido rebasada operativamente.
• Nadie puede negar la trascendencia que tiene para un país, un buen proceso de control y registro de armamento.

Consideraciones

La seguridad pública implica la protección de las personas, sus bienes y derechos por parte del Estado, por lo tanto, deber y servicio son actitudes que en los miembros de éste, implican intrínsecamente conocimientos e integridad.

Las personas, tienen derecho a una existencia segura, y el Estado tiene la obligación de tutelar esta demanda. Así, son los cuerpos policíacos el primer, básico y cotidiano contacto del ciudadano con el Estado, y es por ello lo delicado del tema, ya que cuando la inseguridad transforma para mal, el orden social, se esta a un paso de tornar de manera negativa el orden político democrático.

No obstante lo anterior, la inseguridad pública es un problema multifactorial, por lo que la seguridad en la práctica, y más allá de un concepto, requiere necesariamente de una ordenada coordinación, en la que participe la sociedad en general, y así las garantías individuales tuteladas por la ley suprema tengan plena vigencia.

Una garantía para el ciudadano la representa, también, el que aquélla persona que se encuentre armada por las calles, sea alguien en pleno goce de sus facultades mentales, con un alto sentido de responsabilidad, y con un objetivo perfectamente bien definido, siendo el más importante, entre otros, por supuesto, el de proteger a la población. En este último caso, desde luego, nos estamos refiriendo a los policías.

Es por ello que, el registro, control y enajenación de armas de fuego, es un asunto que requiere de un estricto y necesario procedimiento, además de que la competencia para proveer este servicio debe recaer en la entidad más limpia y confiable con que cuente el Estado mexicano, dado lo delicado de la materia.

En referencia a este punto, en la encuesta de opinión sobre la percepción ciudadana de la seguridad en México, realizada en enero de 2008 por ``México Unido contra la Delincuencia, AC'' y ``Consulta Mitofsky'', de ocho dependencias de gobierno, la consulta estableció que las más corruptas son: La PFP, la policía municipal, y la policía estatal, en ese orden; y la menos corrupta el Ejército.

En este sentido, el Ejército Mexicano retribuye a esta confianza ciudadana con su trabajo, a favor de la seguridad de los mexicanos, y a pesar de las amenazas que reciban sus miembros, por parte de la delincuencia organizada.

Así las cosas la Secretaría de la Defensa Nacional ha implantado el siguiente procedimiento para que una entidad de seguridad pública se haga de armamento:

1. Los titulares de las licencias oficiales colectivas, envían a los gobiernos de los estados las solicitudes de adquisición de armas para la aprobación.
2. La Sección de Comercialización de la Dirección del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, recibe la solicitud.
3. La misma sección pide opinión a la Sección de Licencias, del estatus de la licencia, sobre cuantas armas y elementos operativos tiene incluidos en la licencia oficial colectiva de que se trate.
4. Obtenida la información la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, DGRFACE, solicita a la Dirección de Comercialización de Armas y Municiones, dependiente de la Dirección General de Industria Militar, la cotización del material solicitado por los Cuerpos de Seguridad Pública de los Estados.
5. La Dirección de Comercialización de Armas y Municiones (DCAM), remite a la Dirección del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, el cuadro de materiales susceptibles de ser comercializados, relacionando marcas, modelos, calibres y costos.
6. Recibida la información se elabora la relación para ser enviada a la Sección Cuarta del Estado Mayor de la Defensa Nacional, EMDN, para consenso y autorización o negación; en caso positivo, ordena a la Dirección General de Industria Militar le cotice al gobierno el material propuesto.
7. Con la autorización de la Sección Cuarta del EMDN la DCAM remite la cotización a los gobiernos estatales, señalando que la contestación y aprobación por parte del interesado debe hacerse por escrito en un plazo no mayor a 30 días, indicando la cantidad, tipo y características de las armas, municiones y equipo que desea adquirir en definitiva, aceptando costos y condiciones de entrega asentados en la cotización; y finalmente espera que estos realicen el pago correspondiente para solicitar a la DGRFACE el permiso extraordinario de la adquisición de armamento y municiones.

Los plazos de entrega del material, empiezan a contar a partir del momento en que el licenciatario deposita el dinero; remitiendo vía fax a la Dirección General de Industria Militar una copia de la ficha de depósito y la carta de aceptación.

A propósito del procedimiento asentado, es oportuno mencionar que durante la última visita que esta Comisión de Defensa Nacional realizó a la correspondiente Secretaría del Ejecutivo federal de fecha 10 de octubre de 2008, en donde fue recibida por su titular, general Guillermo Galván Galván, a pregunta expresa de los asistentes respecto a la agilización en la entrega de armamento a los ayuntamientos y entidades federativas, el señor secretario respondió que cuando se han cumplido los requisitos, una vez depositado el importe económico correspondiente, y si el armamento solicitado es del que se fabrica en la propia dependencia, no se tarda más de 15 días en entregar el armamento.

La organización y el orden son dos elementos intrínsecos al Ejército Mexicano sin lugar a dudas. Este órgano legislativo ha sido fehaciente testigo de ello en las varias visitas a los diferentes establecimientos militares durante el transcurso de esta LX Legislatura. El Estado Mayor es el órgano que despliega los elementos mencionados en su más eficiente expresión; (incluso cabe recordar que empresas privadas han copiado este modelo para sus fines particulares, por supuesto cambiando la expresión Estado Mayor, por la de staff, en algunos casos), y al tener presencia en el proceso de compra de armamento por entidades de seguridad pública, garantiza la agilidad en su desarrollo.

Una vez que las corporaciones policiacas o de procuración de justicia adquieren armamento, la Dirección de Comercialización de Armas y Municiones realiza la entrega a través de la Zona Militar correspondiente.

En cuanto a la descentralización de funciones, la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos con apoyo de los mandos territoriales, descentraliza la ejecución de sus funciones de control y registro del armamento y municiones, manteniendo actualizado el Registro Federal de Armas de la propia Dirección General. Anualmente se realizan dos revistas físicas de manera semestral para verificar que el armamento amparado en las licencias oficiales colectivas, sea empleado conforme a lo autorizado.

En este sentido, las armas que proporciona la Sedena a los cuerpos de seguridad pública, son entregadas con un sobre del rayado de cada una de ellas, por lo que la identificación de éstas es plena en caso de ser necesario.

Los procedimientos respectivos se realizan a través de personal militar con aptitudes, especialización y capacidad profesional, así como experiencia para la realización de este tipo de responsabilidad.

Por las consideraciones anteriores, derivadas del estudio de la proposición con punto de acuerdo de referencia, se presenta la siguiente

Conclusión

Única. El procedimiento vigente de entrega de armamento y equipo para las corporaciones policiales del ámbito estatal y municipal a que se refiere el punto de acuerdo que se dictamina, una vez cubiertos los requisitos que la ley prevé, y que asciende a quince días como máximo, (si es que el armamento que se solicitó es fabricado por la Sedena), atiende a los procedimientos de control y cuidados necesarios para el otorgamiento del armamento.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Defensa Nacional

Acuerda

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de la Defensa Nacional, para que en ejercicio de sus atribuciones legales, implante acciones inmediatas para modernizar el procedimiento del Registro Federal de Armas.

Remítase se al archivo como un asunto totalmente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2009.
La Comisión de Defensa Nacional, diputados: Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), presidente; Jesús Arredondo Velázquez , Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía , Roberto Badillo Martínez , secretarios; Gerardo Aranda Orozco (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Nelly Asunción Hurtado Pérez (rúbrica), Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo , Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Marco Antonio Peyrot Solís (rúbrica), César Flores Maldonado (rúbrica), Javier González Garza , David Sánchez Camacho (rúbrica), José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), Israel Beltrán Montes , Octavio Fuentes Téllez (rúbrica), Andrés Carballo Bustamante , Pedro Montalvo Gómez , Carlos Rojas Gutiérrez , Carlos Ernesto Zataráin González, Antonio Xavier López Adame , Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, respecto a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a esta soberanía que, con la realización de una sesión solemne el 29 de abril de 2008, se sume a los actos conmemorativos por el centenario del natalicio del maestro Rafael Preciado Hernández

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias se turnó la proposición con punto de acuerdo enunciada en el encabezado de este documento, a través del Presidente de la Cámara de Diputados.

La comisión se abocó a su estudio y análisis para la formulación del presente dictamen, de conformidad con lo siguiente:

Antecedentes

En el orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 28 de febrero de 2008 se publicó la proposición con punto de acuerdo por la que solicita a esta soberanía se sume a los actos conmemorativos por el centenario del natalicio del maestro Rafael Preciado Hernández realizando una sesión solemne el 29 de abril de 2008, a cargo del diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quién solicitó que la proposición se atendiera de urgente resolución.

La proposición fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados número 2455-II, el jueves 28 de febrero de 2008.

El 24 de abril de 2008 se publicó en la Gaceta Parlamentaria número 2492-I el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que solicita a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que turne a las comisiones correspondientes todas las iniciativas de ley de decreto y las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día que no alcancen a ser desahogadas durante el segundo periodo de sesiones del segundo año de ejercicio.

El jueves 15 de mayo de 2008 se publicó en la Gaceta Parlamentaria, número 2505-I una comunicación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados por la que se daba cumplimiento a lo dispuesto en el artículo primero del Acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por el que se determinó dar el trámite correspondiente a las iniciativas de ley o de decreto y proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del 30 de abril de 2008 así como el listado de los asuntos referidos, entre los cuales figura con el número 86, la proposición con punto de acuerdo a cargo del diputado Lemus Muñoz Ledo, y fue turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Contenido de la proposición

La propuesta pretende llevar a cabo un homenaje en memoria del maestro Rafael Preciado Hernández, a cien años de su natalicio, efectuando una sesión solemne el martes 29 de abril del presente año.

El diputado Lemus Muñoz Ledo funda su proposición en la reconocida trayectoria profesional y en las aportaciones teóricas, académicas e ideológicas del maestro Preciado en el ámbito parlamentario y educativo de nuestro país.

Así, el autor enfatiza, respecto al desarrollo profesional del maestro, que fue un destacado jurista en la Universidad de Guadalajara, catedrático de la Universidad Autónoma de Guadalajara, de la Escuela Libre de Derecho y de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, hoy Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En el ámbito político, Rafael Preciado Hernández contribuyó a la fundación del Partido Acción Nacional, organización en la que ocupó diversos cargos y le permitió ser diputado federal en la XLVII Legislatura (1967-1970), donde destacó por su férrea defensa de la autonomía universitaria entre junio y octubre de 1968. En su discurso del 20 de septiembre expuso sus argumentos a favor de la Universidad Nacional Autónoma de México; exigió la libertad de la cátedra universitaria e hizo hincapié en la liberación del campus universitario por parte del Ejército.

Como parte de sus aportaciones teóricas e ideológicas se encuentran diversos libros y ensayos publicados a lo largo de su vida, entre los que se encuentran Lecciones de filosofía del derecho, Discursos parlamentarios (1967), Ensayos filosófico-jurídicos y políticos (1977), La autonomía universitaria y su rango constitucional (1980) y Tesis de Marx sobre el derecho (1995), entre otros.

Consideraciones

La Cámara de Diputados está facultada y tiene competencia para conocer y resolver la proposición arriba señalada, de conformidad con lo que establece el artículo 70, así como la fracción I, del artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias es competente para emitir un dictamen a la propuesta, conforme a lo que dispone el artículo 40, párrafo 2, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La proposición con punto de acuerdo que se analiza en este dictamen cumple los requisitos formales que la práctica parlamentaria ha habituado, porque se formuló por escrito y se inscribió por quien está facultado para iniciar el proceso legislativo.

La propuesta del diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo se inscribió en tiempo y forma ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, incluso solicitó el trámite de urgente resolución.

La proposición fue incluida en el orden del día por la Mesa Directiva en la sesión del 28 de febrero de 2008. Sin embargo, debido a la cantidad de asuntos por tratar en la sesión de ese día, el punto de acuerdo no llegó a presentarse el 28 de febrero, pero tampoco en las sesiones posteriores.

La prioridad que en las sesiones ordinarias se da al desahogo a los dictámenes de las comisiones, la presentación de iniciativas y los temas de coyuntura, así como el cúmulo de proposiciones con punto de acuerdo presentados en cada sesión por los legisladores y la falta de nuevas reglas que permitan el desahogo ágil de la agenda, impidieron que esta proposición, como muchas otras, fueran atendidas en el momento adecuado.

En tal sentido, la proposición que aquí se analiza fue recibida en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias el 21 de mayo de 2008, por lo que evidentemente perdió vigencia y oportunidad de ser considerada para aprobarse, sin ánimo de desdeñar los argumentos expuestos por el proponente.

Por lo expuesto, se propone a esta soberanía el siguiente

Acuerdo de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se desecha proposición con punto de acuerdo

Primero. No es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a esta soberanía se sume a los eventos conmemorativos por el centenario del natalicio del maestro Rafael Preciado Hernández realizando una sesión solemne el 29 de abril de 2008.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas parlamentarias, en febrero de dos mil nueve.
La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados: Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), presidente; María Elena Álvarez Bernal (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), secretarios; Elías Cárdenas Márquez , Jorge Luis de la Garza Treviño (rúbrica), Alejandro Enrique Delgado Oscoy , Rutilio Escandón Cadenas , Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Antonio Xavier López Adame , Víctor Samuel Palma César (rúbrica), Marta Rocío Partida Guzmán, Ana Elisa Pérez Bolaños (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, concerniente a la proposición con punto de acuerdo relativo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América a la República de Cuba

Honorable Asamblea:

La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

I. El 11 de diciembre de 2008, el diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo relativo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América a la República de Cuba, en el que se ponen a consideración de la Asamblea los siguientes puntos:
1 . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al Gobierno de los Estados Unidos de América para que cese de manera inmediata e incondicional el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la República de Cuba durante casi 50 años.
2 . A raíz de la devastación sufrida por el paso de los huracanes Ike y Gustav, exhorta al Ejecutivo federal y a todo el pueblo mexicano a redoblar sus acciones de solidaridad con el hermano pueblo de Cuba.
II. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Relaciones Exteriores para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

La Comisión de Relaciones Exteriores presenta el siguiente dictamen de acuerdo a las siguientes

Consideraciones

• El 3 de febrero de 1962, el entonces presidente de los Estados Unidos de América John F. Kennedy autorizó una serie de medidas para frenar las operaciones económicas, comerciales y financieras con la isla de Cuba.
• Entre las medidas estadounidenses destacan la ley Torricelli, lanzada en 1992, y la Helms-Burton, de 1996. La primera de estas limitaba la transferencia de divisas por familias exiliadas y establecía sanciones contra embarcaciones y empresas de terceros Estados que tuviesen vínculos comerciales con la isla; por su parte la segunda ley endurece las sanciones a terceros por su relación con Cuba, además establece un plan de sustitución de su régimen político y otorga a tribunales estadounidenses la facultad de juzgar asuntos relacionados a propiedades dentro de la isla.
• En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ha presentado anualmente y desde 1992 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, proyectos de resolución que condenan y piden el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.
• El bloqueo económico quebranta la libertad de comercio y navegación, al tiempo que restringe los intereses legítimos de entidades o personas bajo la jurisdicción de las leyes con que se implementa. Asimismo, las consecuencias de esta medida representan afectaciones severas para los habitantes de la República de Cuba, quienes enfrentan dificultades para recibir remesas de sus familiares en el exilio, realizar transacciones, recibir créditos y apoyos provenientes de entidades financieras internacionales, atraer inversión extranjera a su país e intercambiar bienes y servicios con entidades extranjeras, entre otras.

Por lo anterior, México ha decidido apoyar las iniciativas de la República de Cuba para poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América, a través del ejercicio de su voto en distintos foros como las cumbres iberoamericanas y en sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en las que se ha tratado el tema.

Cabe mencionar que desde la primera iniciativa, presentada por la representación de la República de Cuba ante el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992 y hasta la última de ellas, sometida a votación el pasado 29 de octubre de 2008, México se manifestó a favor de la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos de América contra la República de Cuba.

El resultado de la votación ocurrida el 29 de octubre de 2008 en el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas arrojó un total de 185 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos de América contra la República de Cuba. 1

De esta forma México promueve el uso de las vías multilaterales para solucionar los conflictos en el ámbito internacional y condena la utilización de mecanismos de coerción como el que constituye un bloqueo económico, comercial y financiero.

Por otra parte, tres huracanes han azotado recientemente a Cuba: Gustav ( 30 de agosto de 2008), Ike ( 8 de septiembre de 2008) y Paloma ( 7 de noviembre de 2008), lo que ha afectado a 14 provincias además de La Habana, y dañado el 70 por ciento de las cosechas.

De acuerdo al comunicado oficial del gobierno cubano, los daños materiales derivados de dichos huracanes ascendieron a diez mil millones de dólares, dejando a 200 mil personas sin hogar, 55 mil 700 hectáreas de cultivo perdidas y 4, 355 toneladas de alimento dañadas.

En consecuencia, las presiones a las finanzas de los cubanos se han visto incrementadas de manera considerable, por lo que además del cese al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América, Cuba requiere de la solidaridad internacional para hacer frente a la difícil coyuntura.

De acuerdo con el Comunicado Conjunto 256 de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país, el 11 de octubre de 2008 se envió en el buque Papaloapan de la Armada de México ayuda inicial a Cuba y Haití, consistente en 87.1 toneladas de carga de medicamentos, alimentos y equipo, de las cuales 50 toneladas de alimentos y material para reconstrucción fueron descargadas en La Habana. Sin embargo esta ayuda no puede ser un acto único ni último, pues constituye a penas un esfuerzo inicial para apoyar al pueblo cubano.

Sin embargo, en sesión ordinaria celebrada el martes 17 de febrero de 2009, el pleno de la honorable Cámara de Diputados aprobó en votación económica, ``Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se pronuncia a favor de levantar el bloqueo económico a la República de Cuba y de prestarle ayuda para que enfrente los desastres naturales que ha sufrido''. Dicho acuerdo fue rubricado por el diputado Javier González Garza , Presidente de la Junta y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; el diputado Héctor Larios Córdova , coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; el diputado Emilio Gamboa Patrón , coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; el diputado Alejandro Chanona Burguete , coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; la diputada Gloria Lavara Mejía , coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Ricardo Cantú Garza , coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; la diputada Silvia Luna Rodríguez , coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; y la diputada Aída Marina Arvizu Rivas , coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata; y se aprobó en los siguientes términos:

Primero. La Cámara de Diputados se pronuncia una vez más por el cese definitivo del bloqueo económico impuesto sobre la República de Cuba y exhorta al gobierno de Estados Unidos de América a dar cabal cumplimiento a las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas en ese sentido y a los principios comerciales suscritos por él mismo en la Organización Mundial de Comercio y permitir el libre tránsito de mercancías, de remesas económicas y de personas.

Segundo. Se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que, en el marco de su representación protocolaria, haga del conocimiento del titular del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos el presente punto de acuerdo para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se ratifique la posición de la Cámara de Diputados en favor de la suspensión del bloqueo económico que se impone a la República de Cuba.

Tercero. Se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que, en el mismo sentido del resolutivo anterior, comunique el presente punto de acuerdo a la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación Rusa, a los parlamentos de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales parlamentarias.

Por lo expuesto, esta comisión somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo sobre el ilegal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América en contra del pueblo de Cuba, presentada por el diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, de Convergencia y del Trabajo, el 11 de diciembre de 2008.

Segundo . Archívese como asunto totalmente concluido.

Nota: 1 Consulte ``For or seventeenth consecutive year, general assembly overwhelmingly calls for end to United States economic, trade embargo against Cuba'' [en línea]. Disponible enhttp://www.un.org/News/Press/docs/2008/ga10772.doc.htm
Honorable Cámara de Diputados, Comisión de Relaciones Exteriores, a 18 de febrero de 2009.
La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados: Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), presidente; María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Óscar Miguel Mohamar Dainitin, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica), Rodolfo Solís Parga (rúbrica), secretarios; Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo , César Camacho Quiroz , María Elena Álvarez Bernal , Ariel Castillo Nájera , Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Felipe Díaz Garibay , Édgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica), María Dolores González Sánchez , José Jacques y Medina (rúbrica), Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Jesús Sesma Suárez , José Murat, José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez , Cruz Pérez Cuéllar , Lourdes Quiñones Canales (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Rosaura Virginia Denegre Vaught Ramírez (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Artemio Torres Gómez , Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Salud, acerca de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a prohibir la venta de bebidas energéticas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a prohibir la venta de bebidas energéticas, presentada por el diputado José Luis Aguilera Rico , del Grupo Parlamentario de Convergencia.

La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que le otorgan los artículos 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1 y 3, 43, 44, 45, numeral 6, inciso e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo a los siguientes:

I. Antecedentes

El 7 de octubre de 2008 se presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a prohibir la venta de bebidas energéticas, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico , del Grupo Parlamentario de Convergencia.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

El punto de acuerdo que se estudia contiene un solo resolutivo:

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar las investigaciones y pruebas del caso, y prohibir la comercialización de bebidas energéticas, atendiendo a las consideraciones expuestas en líneas precedentes y por tratarse de bebidas que pueden provocar un problema de salud pública.

III. Consideraciones

Comprendiendo la preocupación del proponente por prevenir el abuso en el consumo de bebidas energéticas, los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora hemos realizado un análisis a fondo de la propuesta. Las principales consideraciones para dictaminar la proposición que se estudia son:

1. Los argumentos del proponente, que sustentan el punto de acuerdo en estudio, son:
• Las bebidas energéticas se encuentran ampliamente difundidas en el mercado latinoamericano, por su gran aceptación entre la juventud.
• Estas bebidas incrementan la resistencia física, ayudan a reaccionar de forma más rápida y aceleran el metabolismo, lo que las hace muy efectivas en días de ardua actividad física o mental, o para situaciones de atención extrema.
• Las primeras bebidas energéticas contenían 8 onzas de cafeína, pero las nuevas marcas triplican esa cantidad. Otros componentes activos son taurina, vitaminas y azúcares.
• Se sabe que el consumo frecuente de estas bebidas provoca taquicardia, arritmia cardiaca, sobrestimulación del sistema nervioso, irritabilidad, temblores, dolor de cabeza, hiperactividad e insomnio.
• El abuso en el consumo o su combinación con alcohol y drogas ha generado casos de desmayos, adicción, atención hospitalaria e incluso muerte de algunos consumidores.
• Las etiquetas de estos productos recomiendan un consumo moderado, incluso restringido en personas hipertensas, diabéticas o susceptibles a los componentes.
• Como ejemplo de acciones contra las bebidas energéticas, Pachuca, Hidalgo, ha prohibido su venta a menores de edad, así como la mezcla con bebidas alcohólicas.
2. La restricción en la venta de bebidas energéticas ha sido motivo de preocupación de varios legisladores. Como primer antecedente del punto de acuerdo que se estudia, citamos el siguiente:
``Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar, a través de las Secretarías de Salud y de Economía, las normas oficiales mexicanas relativas a la venta de bebidas energéticas''. Presentada el 26 de abril de 2007 por la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Las Comisiones Unidas de Economía, y de Salud dictaminaron este punto de acuerdo en sentido positivo, bajo las siguientes consideraciones:
• El acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio, suscrito por nuestro país, trata de garantizar que los reglamentos técnicos y las normas, así como los procedimientos de prueba y certificación, no creen obstáculos innecesarios al comercio. Restringir el mercado de bebidas energéticas generaría un obstáculo innecesario al comercio, contraviniendo lo establecido por el acuerdo citado.
• La información al público consumidor respecto a las bebidas energéticas no es, de ninguna manera, reservada, e igual que las bebidas alcohólicas, el abuso en su consumo es bajo estricta responsabilidad del consumidor.
• La Secretaría de Salud ha analizado el caso y dio a conocer, mediante un artículo público titulado bebidas energéticas 1, lo siguiente ``ante la creciente incorporación de productos nuevos al mercado, se vuelve indispensable contar con una norma oficial mexicana que establezca las disposiciones y especificaciones que deben cumplir los productos denominados bebidas funcionales y energéticas''.
• Desde 2002 se ha pretendido generar la norma respectiva, sin que al momento se haya concretado.
El resolutivo dictaminado en sentido favorable dice:
Único. Se insta al Ejecutivo federal para que, a través de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y las Secretarías de Economía y Salud, emitan la norma correspondiente de bebidas energéticas.
3. Otro antecedente importante del punto de acuerdo que se estudia es:
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Procuraduría Federal del Consumidor a prohibir la venta de bebidas energéticas. Presentada el 4 de octubre de 2007 por el diputado Alberto Esteva Salinas , del Grupo Parlamentario de Convergencia.
Las Comisiones Unidas de Economía, y de Salud dictaminaron este punto de acuerdo en sentido negativo, bajo las siguientes consideraciones:
• La evidencia científica indica que las bebidas energéticas son consideradas de bajo riesgo sanitario, cuando son consumidas por adultos sanos en las dosis recomendadas por el fabricante.
• La cafeína es una sustancia energética natural, presente en más de 60 especies de plantas, y en forma comercial se agrega a varias bebidas como café, té, chocolate y refrescos de cola. La susceptibilidad a esta sustancia es variable de persona a persona.
• La taurina también se encuentra naturalmente en varios alimentos. Ningún estudio ha demostrado que produzca toxicidad ni efectos secundarios, incluso en dosis altas (18 gramos diarios), mientras que las bebidas energéticas contienen hasta 1 gramo por cada 250 mililitros.
• El 6 de abril de 2006 se publicaron, en el Diario Oficial de la Federación, las reformas al Reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad, y al Reglamento Sanitario de Productos y Servicios, con la finalidad de controlar la venta y consumo responsable de las bebidas energéticas.
• Los contenidos y etiquetado de las bebidas energéticas serán regulados por la NOM-218-SSA1-2002, cuyo proyecto puede consultarse en el Diario Oficial de la Federación, del 22 de agosto de 2003.
4. Derivado del estudio de los antecedentes y de las consideraciones contenidas en la exposición de motivos del punto de acuerdo que se estudia, esta comisión dictaminadora concluye:
La Secretaría de Salud ha brindado atención al caso de bebidas energéticas, de manera que recientemente ha reformado los reglamentos pertinentes, y se encuentra en proceso de emisión de la NOM-218-SSA1-2002. Esta soberanía ya expidió el exhorto para acelerar la publicación de dicha norma.
Los fundamentos vertidos en la exposición de motivos y en los antecedentes no son suficientes para prohibir la venta de bebidas energéticas en el territorio nacional.

Por lo expuesto, esta comisión dictaminadora pone a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a prohibir la venta de bebidas energéticas, presentada por el diputado José Luis Aguilera Rico , del Grupo Parlamentario de Convergencia, el 7 de octubre de 2008.

Segundo. Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Nota: 1. Revista Red sanitaria www.cofepris.gob.mx/RevistaRED/portada2007septiembre/num11_art_3.htm
La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano , Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Efraín Morales Sánchez , María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara , Efraín Arizmendi Uribe , Maricela Contreras Julián (rúbrica), María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena , María Mercedes Maciel Ortiz , Lorena Martínez Rodríguez , Holly Matus Toledo (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García , Miguel Ángel Navarro Quintero , Gilberto Ojeda Camacho , Jorge Quintero Bello , José Ignacio Alberto Rubio Chávez , María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Salud, referente a la proposición con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Salud a atender gratuitamente a los adictos al juego

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada, para estudio, análisis y posterior dictamen, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a atender gratuitamente a los adictos al juego, a cargo del diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Los integrantes de esta dictaminadora, con fundamento en los artículos 39, numerales 1 y 3; 43, 44 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de los miembros de la honorable asamblea el presente dictamen, que se realiza con base en la siguiente

Metodología

La comisión desarrolla su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo ``Antecedentes'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida proposición y de los trabajos previos de esta comisión.

En el capítulo ``Contenido'' se exponen los motivos y el alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.

En el capítulo ``Consideraciones'', la comisión expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo de ésta.

I. Antecedentes

Con fecha 11 de diciembre de 2008, del diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante esta soberanía punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Salud a atender gratuitamente a los adictos al juego.

Con esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la proposición a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

El diputado proponente califica a la ludopatía como una enfermedad padecida por cerca de dos millones de mexicanos y que no ha sido debidamente atendida. Enfatiza la gravedad de la ludopatía en las consecuencias que genera, entre las que señala el alcoholismo, la drogadicción, insomnios, problemas cardiovasculares, migraña, pérdida del apetito, debilidad, dolores musculares, profunda depresión, comer y fumar en exceso o, incluso, intentos de suicidio, además de poder asociarse con conductas delictivas o un endeudamiento progresivo.

Derivado de su compromiso con la sociedad, el diputado se propone apoyar a quienes han caído en tal exceso y lo hace mediante una propuesta en la que esta soberanía exhorte a la Secretaría de Salud a dar atención gratuita a quienes presenten el padecimiento y que la misma secretaría establezca una campaña de difusión y prevención sobre las drásticas consecuencias de la adicción al juego.

III. Consideraciones

1. La ludopatía, así como otro grupo de adicciones comportamentales, han sido un tema ampliamente discutido por académicos especialistas en salud mental recientemente.

Por un lado, se considera que, al no haber una sustancia adictiva pero si una pérdida de control sobre determinada actividad, en este caso, el juego, se puede considerar a este último hecho como una adicción. Sin embargo existen también voces --de igual rango y peso académico-- que consideran a este tipo de adicciones un neologismo para replantear actitudes que desde siempre han existido. Incluso ésta y otras ``adicciones comportamentales'' se clasifican en el DSM-IV, en el capítulo de ``Trastornos del control de los impulsos no clasificados en otros apartados''.

2. En cualquier caso, son dos aspectos los que preocupan a esta dictaminadora. Por un lado la atención y por otro la prevención. Respecto a la atención a los ludópatas, podemos calificar como improcedente un exhorto para brindarles atención gratuita, porque estaríamos discriminando a otros más, como los adictos a Internet, a las compras, al sexo, por citar sólo algunas adicciones comportamentales, pero los más grave es que se daría preferencia a los ludópatas por sobre otro tipo de pacientes con desórdenes mentales, sin que se establezca el porqué de dicha preferencia.

3. Estaríamos además requiriendo un esfuerzo financiero, cuando éste no ha sido previsto en el ejercicio presupuestal próximo anterior. Podemos además afirmar que, tanto en las dependencias federales como en las estatales, se presentan exenciones no de manera generalizada, sino estudio caso por caso, mediante el trabajo social, a aquellos pacientes mentales o de cualquier enfermedad que se encuentran imposibilitados para pagar. El hecho de que no exista una condonación específica para pacientes ludópatas no significa que no lo haya para aquellos que presentan los trastornos asociados que cita el promovente en su exposición de motivos (pacientes con drogadicción, alcoholismo, etcétera).

4. De igual forma, compartimos la necesidad de prevención y actitud proactiva por parte de las autoridades, sin embargo, tal como lo deja ver el diputado que propone, la ludopatía supone una serie de desordenes cotidianos, no sólo sanitarios, sino además económicos.

Su complejidad deriva del hecho de que no existe sustancia adictiva para lo que se busca calificar como adicción, ello implica que una campaña de difusión no es un paso primero ni definitorio en la prevención, sino ulterior a un esfuerzo de dependencias públicas muy diversas.

No es sobre un grupo objetivo estereotipado sobre el que se debe inducir la comunicación o persuasión preventiva, sino sobre todo un sistema. No se trata de personas enfermas sino de sistemas que generan esa conducta.

El juego y sus consecuencias son una consecuencia antropológica muy arraigada que en otros tiempos incluso no sólo han generado intentos de suicidio, sino violencia de facto en bares o centros nocturnos, de ahí que en nuestro país algunos se encuentren restringidos por ordenamientos federales, estatales y hasta municipales. La prevención debe considerar a todo el sistema que permite a la ludopatía, incluyendo a los centros de juego --sean físicos o desarrollados a través de Internet-- lo que supondría por citar sólo alguna dependencia a la Procuraduría Federal del Consumidor.

Aunado a lo anterior, al tratarse de jóvenes, como lo cita el diputado, resulta indispensable la participación de autoridades educativas y, por supuesto, de la propia autoridad sanitaria. Consideramos que el exhorto que propone el diputado para condonar pagos y establecer una campaña de difusión, desafortunadamente no corresponde a la imprecisión y complejidad del padecimiento que se pretende prevenir.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LX Legislatura, con las atribuciones otorgadas en el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 45, numeral 6, inciso e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a consideración el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a atender gratuitamente a los adictos al juego, a cargo del diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentada el 11 de diciembre de 2008.

La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano , Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Efraín Morales Sánchez , María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara , Efraín Arizmendi Uribe , Maricela Contreras Julián (rúbrica), María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena , María Mercedes Maciel Ortiz , Lorena Martínez Rodríguez , Holly Matus Toledo (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García , Miguel Ángel Navarro Quintero , Gilberto Ojeda Camacho , Jorge Quintero Bello , José Ignacio Alberto Rubio Chávez , María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Turismo, atinente a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Turismo de esta soberanía que integre una subcomisión encargada de investigar las operaciones realizadas por John McCarthy Sandland durante y tras su ejercicio como director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita a este órgano legislativo de esta soberanía que integre una subcomisión encargada de investigar las operaciones realizadas por John McCarthy Sandland durante y después de su ejercicio como director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numeral 1, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58, 60, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen, que se realiza de acuerdo con lo siguiente:

Del proceso legislativo

Primero. En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Cámara de Diputados el 11 de diciembre de 2008 el diputado Víctor Manuel Lizarra Peraza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Turismo de esta soberanía, para que se integrara una subcomisión encargada de investigar las operaciones realizadas por John McCarthy Sandland durante y después de su ejercicio como director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.

Segundo. En esta misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante el Oficio. No. DGPL 60-II-5-2336, acordó que se turnará la propuesta citada a la Comisión Turismo, para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido de la proposición

a . El diputado que propone refiere que diversas fuentes informativas han dado cuenta de las presuntas operaciones ilícitas del señor John McCarthy Sandland durante su ejercicio como director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
b . Asimismo, el proponente menciona que durante su cargo en el Fonatur, éste vendió más de 15 millones de metros cuadrados de zonas costeras a precios irrisorios, terrenos que fueron arrebatados en su mayoría a ejidatarios, de igual forma comenta que actualmente John McCarthy, ex titular del organismo, se encuentra prófugo de la justicia por comerciar ilegalmente terrenos en Cancún y Baja California Sur.
c . El diputado Lizárraga Peraza refiere a que diversas organizaciones ambientalistas en México y en el extranjero señalan que dicha comercialización de terrenos para la construcción de proyectos turísticos se hizo ``a costa de la destrucción de ecosistemas regionales y la extorsión a ejidatarios, que terminan siendo expulsados de sus parcelas''.
d . De igual forma, el legislador hace referencia a que existe el conocimiento de que los predios e inmuebles que fueron comercializados a precios inferiores a su valor comercial a través de procesos de licitación poco transparentes. Además, muchos de los proyectos turísticos no son rentables ni mejoran la condición de vida de la región, sólo favorecen a la iniciativa privada.
e . Finalmente, el legislador señala que las acciones que McCarthy llevó a cabo durante su cargo necesitan una investigación, ya que siendo funcionario público participó ``...en actividades privadas que favorecieron a empresas inmobiliarias de Estados Unidos y España, en la adquisición de mil 500 hectáreas de El Rincón, en la zona de los Cabos, Baja California Sur''.

Consideraciones

I. la misión del Fonatur es participar en la consolidación del desarrollo sustentable del país a través del fomento a la actividad turística nacional, mediante el desarrollo de proyectos diversificados acorde con las tendencias tanto nacionales como mundiales, promover la participación de la inversión privada en proyectos que generen flujos económicos que contribuyan al desarrollo regional, es decir, que se logren beneficios económicos y sociales vinculados al entorno ecológico de cada región, así como, fortalecer la conservación y mantenimiento de los destinos turísticos denominados centros integralmente planeados.
II. Así el Fonatur tiene como objetivo el desarrollo turístico; en seguimiento de las leyes, debe fomentar y procurar la conservación de los ecosistemas nacionales. Sin embargo, este elemento no ha sido considerado por todas las Direcciones del Fonatur. El caso concreto que hoy nos ocupa es el de la administración de John McCarthy Sandland, durante el sexenio de Vicente Fox, se presentaron diversas irregularidades, como fue la venta de los lotes 4 A-1, 4 A-3 y 4 A-4, correspondiente a la playa Coral, a la empresa Bay View Grand, el caso de playa mirador en 2004 de la zona hotelera de Cancún. En dicho caso, McCarthy debió notificar al cabildo del ayuntamiento de Benito Juárez. El informe sobre estos predios sostiene que se vendieron a 300 pesos el metro cuadrado.
III. Se abrió la averiguación previa AP/PGR/QROO/ CAN/441/2006, donde McCarthy Sandland por los posibles delitos de fraude procesal, tráfico de influencias y extravío de documentos oficiales; presentada por el empresario Francisco Alfaro, quien mediante la resolución 612/2006, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, comprobó que los terrenos que había venido el ex director del fondo eran de su propiedad.
IV. La denuncia originó que se presentara una orden de aprehensión contra el ex titular de la dependencia por la venta de 255 hectáreas para el proyecto Cabo de Cortés, Baja California Sur, los terrenos se encontraban bajo litigio y no podían ser vendidos y aún así se llevó a cabo la operación para desarrollar un complejo turístico con un campo de golf y zona residencial. Así pues, se plantea fraude en venta de terrenos en Cancún y en Los Cabos, dos de los destinos más perjudicados durante su administración.
V. En el caso de los predios de Los Cabos, fueron vendidos a un precio de 71 pesos por metro cuadrado por parte del Fonatur en la administración de McCarthy. Este hecho se llevó a cabo, a pesar de que el organismo tenía conocimiento sobre el litigio que se tenía por esas tierras con Francisco Alberto Alfaro, quien denunció y demostró la nulidad de las escrituras de los predios antes mencionados. Esta acción originó que el caso fuera entregado en primera instancia a la Procuraduría de Justicia, posteriormente a la PGR y llegara hasta el Poder Judicial de Quintana Roo.
VI. En esa revisión se encontraron diversas irregularidades, principalmente relacionadas en la venta de terrenos. De acuerdo a fuentes oficiales de la oficina del Fonatur, los proyectos que llamaron la atención del departamento jurídico a nivel central fueron los siguientes: Río Nizuc, Puerto Cancún, Grand Island, Playa Mirador, Villas Tacul, Atlántica o Atrium y La Herradura, todos ellos en la zona hotelera.
VII. De todos estos proyectos, dos ya fueron auditados: Grand Island y Playa Mirador. Con respecto al primero el Fonatur decidió devolver 40 millones de pesos por el concepto de pago de excedente en cambio de uso de suelo que no estaba permitido dentro de la zona. Acciones que se están realizando en la actual dirección, a fin de deslindarse por completo de las irregularidades realizadas en la administración de John McCarthy para convertir a Cancún en una zona inmobiliaria donde es probable que existan acuerdos preestablecidos con los desarrolladores para la venta de terrenos, de los cuales no existen registros oficiales.
VIII. De acuerdo con la investigación realizada, la revisión de la administración de John McCarthy aún no concluye y se pueda proceder legalmente. Mientras tanto, la Procuraduría General de la República tiene conocimiento de los hechos para que actúe conforme lo establece la ley.
IX. Además del delito por venta de terrenos en propiedad ajena, por parte McCarthy, la investigación arrojó que desde un principio la zona donde se pretendía construir Grand Island tenía una unidad de gestión ambiental, UGA, considerada de alto riesgo, por lo cual no era una zona apta para una densidad tan alta como la que el proyecto planteaba.
X. Asimismo, el informe sostiene que para poder cobrar el excedente la administración de Ricardo Alvarado Guerrero a nivel local y John McCarthy a nivel nacional, el Fondo entró en negociación directa con la delegación estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para interceder y obtener los permisos federales.
XI. Con este movimiento se cuadró la negociación a pesar de que era ilegal construir dentro de un área vulnerable. La investigación del departamento jurídico presume que pudieron existir recursos que ingresaron de esa operación y no fueron reportados.
XII. Con esta venta se comenzó el desarrollar del proyecto Riviera Cancún, que contemplaba un campo de golf y áreas turísticas. Incluso la primera piedra del complejo la colocó el ex presidente, Vicente Fox Quesada, el 28 de octubre del 2004.
XIII. El proyecto de la Rivera Cancún, sufrió el primer descalabro, en la tercera etapa de Cancún fue a partir de la salida del grupo Golf & Resorts, el cual se deslindó ante cualquier eventualidad tras conocer en detalle el litigio. Con la pérdida de inversionistas, el entonces director nacional convenció al hotelero yucateco José Chapur para que fuera él quien retomara la inversión.
XIV. La que dictamina es consciente de los hechos anteriormente mencionados, los cuales, están siendo investigados por una Subcomisión Investigadora en el Senado de la República, por ello considera inviable el establecer otra subcomisión en la Cámara de Diputados para investigar el mismo caso, además que considera de que por las características de esta investigación, la comisión no cuenta con el factor humano especializado para realizar este tipo de investigación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del Pleno de esta Comisión de Turismo el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Turismo de esta soberanía que integre una Subcomisión encargada de investigar las operaciones realizadas por John McCarthy Sandland durante y después de su ejercicio como director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.

La Comisión de Turismo, diputados: Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Francisco Dávila García (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Amador Campos Aburto (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez , José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), Ana María Ramírez Cerda (rúbrica), Armando Enríquez Flores , Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui , Carlos Eduardo Felton González (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo (rúbrica en contra), Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica), Joel Guerrero Juárez , Benjamín Hernández Silva (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale , Addy Cecilia Joaquín Coldwell (rúbrica), Sonia Leslie del Villar Sosa , María Soledad López Torres (rúbrica), Francisco Márquez Tinoco (rúbrica), Gilberto Ojeda Camacho , Juan Adolfo Orcí Martínez (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas , Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), Sara Shej Guzmán (rúbrica), Vieyra Olivares Adriana Rebeca , Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Publíquese en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

Continúe con la comunicación del diputado Nabor Ochoa López .



DIPUTADO QUE SE RETIRA DE GRUPO PARLAMENTARIO

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : «Diputado Cesar Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura.

Por este conducto, y con fundamento en los artículos 70, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 30 de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; le informo que a partir de esta fecha dejo de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Por lo expuesto, y en ejercicio de mis derechos consagrados en las leyes que rigen y fundamentan el presente escrito, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes y posturas ideológicas representadas en esta Cámara de Diputados, he decidido pronunciarme como diputado independiente.

Lo anterior, lo hago de su conocimiento para que se me resguarden y hagan efectivos los derechos que se desprenden del artículo 30 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a los apoyos administrativos para diputados independientes.

Sin más por el momento me permito reiterar las seguridades de mi consideración.

Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2009.--- Diputado Nabor Ochoa López (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: De enterado. Comuníquese.



DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitarle que tenga a bien someter a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente solicitud de licencia para separarme de mi cargo como diputado federal a partir de esta fecha al 21 de marzo de 2009.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente
Palacio Legislativo, a 12 de marzo de 2009.--- Diputado Eduardo Sánchez Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : Está a discusión el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se concede licencia al diputado Eduardo Sánchez Hernández para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en la cuarta circunscripción plurinominal, del 12 al 21 de marzo del presente año.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado. Comuníquese.



FELIX BATISTA

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Escudo.--- Coahuila el gobierno de la gente.--- Secretaría de Gobierno.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo Federal.--- Presente

En atención a su oficio número D.G.P.L 90-II-6-2715, donde remite punto de acuerdo de la del Congreso de la Unión, me permito enviar a usted oficio número SUBMIN/321/2009 del licenciado Domingo González Favela, subprocurador ministerial del estado, el cual contiene la información requerida por la comisión a su digno cargo.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.
Saltillo, Coahuila, a 26 de febrero de 2009.--- Armando Luna Canales (rúbrica), secretario de Gobierno.»

«Escudo.--- Coahuila el gobierno de la gente.--- Secretaría de Gobierno.

Licenciado Armando Luna Canales, secretario de Gobierno.--- Presente

Por acuerdo del licenciado Jesús Torres Charles, procurador general de Justicia del Estado, y en contestación a su oficio de fecha siete de enero de los cursantes, en el cual remite punto de acuerdo de la del Congreso de la Unión, en el que se solicita información relacionada con el caso del ciudadano Félix Batista, me permito informarle lo siguiente:

En la Dirección General para la Investigación del Secuestro y Crimen Organizado, se integra actualmente la averiguación previa penal DGISCO/010/2008, relacionada con la desaparición del ciudadano estadounidense Félix Batista, ahora bien, de las diligencias que han sido practicadas hasta el momento dentro de la averiguación previa ya citada, se desprende que dicha persona se encontraba en nuestro estado, por motivos de negocios impartiendo pláticas acerca de seguridad privada y corporativa a diversos empresarios de la ciudades de Torreón y Saltillo, sin que hasta el momento se haya establecido que el señor Félix Batista haya sido contratado como asesor del gobierno del estado o bien que hubiese sido requerido por alguna de las dependencias del gobierno, así como tampoco se advierte que existiesen vínculos oficiales con funcionarios estatales.

Sin otro particular quedo de usted, aprovechando la oportunidad para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.
Saltillo, Coahuila, a 24 de febrero de 2009.--- Licenciado Domingo González Favela (rúbrica), subprocurador ministerial.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase al promovente, para su conocimiento. Continúe la Secretaría.



LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa.

Licenciado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión

Adjunto me permito remitir a usted el punto de acuerdo número 59 aprobado por LIX Legislatura del Congreso de Sinaloa, en sesión ordinaria celebrada el jueves 5 de marzo del presente año, el que textualmente dice:

Único. La LIX Legislatura del honorable Congreso de Sinaloa, exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a que se dé celeridad al proceso legislativo, a fin de que se dictaminen y aprueben las iniciativas con proyecto de decreto cuyo propósito es adelantar el plazo de abrogación de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, a partir del 30 de marzo de 2009.

Lo que comunico a usted para su valioso conocimiento y efectos correspondientes.

Atentamente
Culiacán, Sinaloa, a 6 de marzo de 2009.--- Licenciado Jacinto Pérez Gerardo (rúbrica), secretario general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa.

El honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por su LIX Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La LIX Legislatura del Congreso de Sinaloa exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a que dé celeridad al proceso legislativo, a fin de que se dictaminen y aprueben las iniciativas con proyecto de decreto cuyo propósito es adelantar el plazo de abrogación de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, a partir del 30 de marzo de 2009.

Dado en el Palacio Legislativo del estado, en Culiacán Rosales, Sinaloa, a 5 de marzo de 2009.--- Diputados: Ricardo Hernández Guerrero (rúbrica), presidente; Arturo Yáñez Cabanillas (rúbrica), Sadol Osorio Porras (rúbrica), secretarios.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento. Continúe con las iniciativas del Congreso de Colima.



LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD- ARTICULO 22 CONSTITUCIONAL - ARTICULO 31 CONSTITUCIONAL

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- 2006-2009 del H. Congreso del Estado de Colima.--- LV Legislatura.

Honorable Congreso del Estado.--- Presente.

Los integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción III, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, y 83, fracción I, 84, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su reglamento, someten a consideración de la honorable asamblea, la presente iniciativa de acuerdo con proyecto de decreto que reforma la fracción XI, del artículo 2o. de la Ley General para las Personas con Discapacidad, para lo cual se solicita que, una vez aprobado por el Pleno de esta Cámara, se remita al honorable Congreso de la Unión en los términos del numeral constitucional antes invocado, con base en lo siguiente:

Considerando

Primero. Que mediante oficio número 3202/09, de fecha 8 de enero de 2009, los diputados secretarios de este honorable Congreso remitieron a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, la iniciativa de acuerdo presentada por los diputados integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura del estado, para lo cual dicha comisión puso a consideración de los integrantes de esta legislatura el proyecto de referencia.

Segundo. Que de la exposición de motivos de la iniciativa de acuerdo en estudio se desprende que es nuestra responsabilidad respetar y hacer respetar los derechos humanos de todo individuo que habita nuestro territorio, mayormente tratándose de personas que tienen algún tipo de discapacidad, pues son quienes enfrentan en la vida cotidiana y en la práctica, mayor dificultad para acceder a todo tipo de oportunidades de desarrollo humano, económico, social, laboral entre otros rubros.

La Ley General para las Personas con Discapacidad tiene como objeto establecer las bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, dentro de un marco de igualdad en todos los ámbitos de la vida.

Se entiende como persona con discapacidad en la ley en mención, a toda persona que presenta una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social, como podemos ver n esta definición se trato de englobar a todas las personas que se pueden considerar merecedoras de los beneficios de la Ley de Discapacidad.

Del análisis de la ley en mención se observa que se deja desprotegida una parte de la sociedad que en dicha definición a simple vista no se encuentra claramente establecida, esta es la gente pequeña, como se han hecho llamar, haciendo la aclaración que este grupo vulnerable, no se encuentra actualmente protegido en ninguna ley nacional, ni tratado internacional, debiendo entenderse que dicha alteración se traduce en un trastorno genético de talla y peso congénito, cuyo nombre clínico es acondroplasia, que trae como consecuencias deformidades y trastornos de gran importancia para este sector, que desafortunadamente los estudios sobre el tema en nuestro país, así como la atención que las autoridades y las leyes le han prestado al mismo han sido nulas, en cambio sí se ha regulado en cuanto a los derechos a favor de otros grupos vulnerables, dejando a un lado a este sector tan importante. Por ello resulta necesario incluir entre las personas con discapacidad, a esa parte vulnerable de la población.

Debemos de entender que la acondroplasia es una de las más frecuentes manifestaciones del enanismo, el cual es un trastorno genético del crecimiento óseo, provocado por una alteración en la información genética de las células que hace que los huesos crezcan a lo largo. La acondroplasia se manifiesta espontáneamente en una mutación que tiene lugar por azar, con una incidencia aproximada en uno de cada veinte mil nacimientos.

En las personas con acondroplasia existen consecuencias físicas que traen aparejadas distintas problemáticas a lo largo de su vida, que hacen que sea difícil de recorrer por los trastornos de salud y la infraestructura del medio en la que se ven inmersos.

Entre el conjunto de características determinantes en las personas que tienen acondroplasia se encuentran estatura en la adultez promedio de 124 centímetros para las mujeres y 131 centímetros para hombres, miembros cortos y muchas veces incurvados, macrocefalia (cabeza grande), tórax estrecho y pequeño e hipotonía al nacer.

Existen actualmente avances en el conocimiento de los orígenes de la referida discapacidad, como también en la prevención y tratamiento de posibles complicaciones. Las complicaciones en la salud más comunes asociadas a la acondroplasia son:

• Infecciones en la garganta y en los oídos.
• Problemas en la caja torácica y en la columna vertebral.
• Dolor de articulaciones.
• Predisposición a sufrir otitis a repetición e hipoacusia debido a alteraciones a nivel del oído medio, que tiene como base la modificación del crecimiento óseo del macizo facial.
• Mayor compromiso ante infecciones respiratorias.

Tercero. Que los integrantes de esta legislatura después de realizar el correspondiente estudio y análisis respecto de la iniciativa planteada, coincide en esencia con la solicitud presentada por los diputados integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura, pues como se advierte, es pertinente el reconocimiento legal de las personas que padecen este mal congénito, ya que no solamente enfrentan la incomprensión de un mundo pensado y construido a la medida de personas altas, lo que marca una barrera insondable, que separa a las personas de talla baja, del acceso a fuentes dignas de trabajo, transporte, los foros sociales, la legislación, y la consideración comunitaria, así como un estándar de vida con el que ven obligados a realizar el doble de esfuerzo para llevar adelante cualquier tarea cotidiana este sector de la población, tiene el problema de la accesibilidad de espacios, y barreras arquitectónicas, ya que todos los elementos de construcción del sector público, social o privado, al estar construidos para que se desplacen personas de talla normal, a quienes tienen un trastorno de talla, por su baja estatura se les dificulta, entorpece e impide el libre acceso o desplazamiento en espacios interiores y exteriores. Pero también, el hecho de ser una persona con un trastorno de talla y peso conlleva la serie de complicaciones en la salud descritas anteriormente, motivos por demás suficientes, para que las personas de talla baja sean considerados en la Ley General para Personas con Discapacidad dentro del concepto de personas con discapacidad; con ello estarán accediendo a los beneficios contemplados a favor de las personas con discapacidad contemplados en la ley en estudio.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de su reglamento, se propone a esta honorable asamblea para su aprobación el siguiente:

Acuerdo

Artículo Primero. Se aprueba el presente acuerdo que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 2o. de la Ley General para las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. a X. ...
XI. Persona con Discapacidad. Toda persona que presenta una alteración funcional física, mental o sensorial; o un trastorno de talla y peso congénito o adquirido, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.
XII. a la XIV. ...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. De ser aprobado este acuerdo, solicitamos que se remita a la honorable Cámara de Diputados federal, a efecto de ejercer el procedimiento que establece el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Colima, Colima, a 10 de febrero de 2009.--- Diputados: José Fermín Santana, José de Jesús Plascencia Herrera, Imelda Lino Peregrina, Gonzalo Isidro Sánchez Prado, José López Ochoa, Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, Enrique Michel Ruiz, Martha Alicia Meza Oregón, Arturo García Arias, Aurora Espíndola Escareño, Luis Gaitán Cabrera, J. Francisco Anzar Herrera, Pedro Peralta Rivas, David Rodríguez Brizuela, Flavio Castillo Palomino, Fernando Ramírez González, Miriam Yadira Lara Ortega, Humberto Cabrera Dueñas, Jorge Octavio Íñiguez Larios, Karina Elizabeth Cárdenas Ochoa, René Díaz Mendoza, Gonzalo Medina Ríos, Adolfo Núñez González, Crispín Gutiérrez Moreno, Brenda del Carmen Gutiérrez Vega (rúbricas).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- 2006-2009 del H. Congreso del Estado de Colima.--- LV Legislatura.

Los diputados integrantes de la LV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción III; y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I; 83, fracción I; 84, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 126 de su reglamento, someten a la consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual se solicita que, una vez que sea aprobado por el Pleno de esta Cámara, se remita al Congreso de la Unión, en los términos del numeral constitucional antes citado, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Primero . Que mediante oficio número 3260/09, del 29 de enero de 2009, los secretarios de este honorable Congreso, remitieron a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, la iniciativa de acuerdo propuesta por la diputada Miriam Yadira Lara Arteaga, diputada independiente de esta legislatura, para lo cual dicha comisión puso a consideración de los integrantes de esta legislatura el proyecto de referencia.

Segundo . Que de la exposición de motivos de la iniciativa de acuerdo en estudio, se desprende que la Constitución es base y sustento de nuestro orden jurídico, y establece los derechos fundamentales de los gobernados, así como la competencia de los diversos órganos de los poderes públicos del estado. De igual forma, ante la posible contravención de sus disposiciones, prevé mecanismos procesales destinados a sancionar y reparar la inobservancia de sus disposiciones, permitiendo reformas a la misma.

Actualmente el texto del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice:

``Quedan prohibidas las penas de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado''.

Ahora bien, de lo anterior se desprende cuales son las penas expresamente prohibidas por la propia Constitución federal:

a) La pena de muerte;
b) Mutilación;
c) La infamia;
d) La marca;
e) Los azotes;
f) Los palos;
g) El tormento de cualquier especie:
h) La multa excesiva:
i) La confiscación de bienes: y
j) Cualquiera otra penas inusitadas y trascendentales.

Por otro lado, dicho dispositivo constitucional establece un criterio general a considerar en la graduación de la pena, esto es, el principio de proporcionalidad a que alude expresamente el mismo precepto constitucional al estipular:

``Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado''.

En ese orden de ideas, ha sido una constante ascendente en los últimos 20 años la comisión de crímenes violentos que laceran continuamente a las personas y a la sociedad en general; me refiero al secuestro, donde además de privar de la libertad a un individuo, se pide rescate económico, que de no pagarse puede causar torturas, mutilación, o muerte de la víctima.

Situaciones semejantes suceden con otro tipo de crímenes que afectan a la sociedad de manera violenta, y provocan que la gente se sienta impotente frente a criminales que, en el mejor de los casos, caen en prisión con la posibilidad de salir de nuevo a las calles y reincidan en el delito. Por ello, la suscrita estimó como una solución viable la aplicación de la cadena perpetua para delitos como homicidio y secuestro; para lo cual se debe analizar la conducta y circunstancias especiales de ejecución que determine cada legislatura. En otras palabras, cada legislatura, en función de su soberanía, atendiendo a las particularidades de la comisión del delito, podrá determinar los extremos de la pena de prisión, pero tendrá la posibilidad de establecer la pena perpetua; con el propósito de inhibir estas prácticas en la sociedad.

La adición propuesta se incluye en el espíritu del artículo 22 constitucional en cuanto a que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y el bien jurídico afectado, en este caso estamos hablando de delitos graves de entre los graves, además que los bienes jurídicos afectados son: la vida, la integridad, el patrimonio, la libertad, en muchos de los secuestros y homicidios cometidos, concurre la afectación de dos o más bienes jurídicos tutelados, por lo que en este sentido, es plenamente justificado el establecimiento de la cadena perpetua o pena vitalicia como sanciones, en las condiciones ya apuntadas, además por ser un reclamo social.

Lo anterior, toda vez que en la actualidad se han suscitado hechos lamentables en todo el territorio nacional, y Colima no es la excepción; ha aumentado delitos como el homicidio y el secuestro, que por su naturaleza requieren un sanción ejemplar; tomando en cuenta, además, que en estas son acciones premeditadas y brutales.

No desconocemos el sinnúmero de tratados y acuerdos internacionales tendientes a la protección de los derechos humanos, y las garantías individuales; sin embargo, la delincuencia organizada se ha incrementado, igual que la forma brutal de los delitos, por eso es necesario implementar normas constitucionales que sancionen con dureza el homicidio y secuestro.

Tercero . Los integrantes de esta legislatura, después del correspondiente estudio y análisis de la iniciativa planteada, coincide con la solicitud presentada por la diputada Miriam Yadira Lara Arteaga, pues atiende el principio de proporcionalidad referido en el artículo 22 constitucional; porque se toma en cuenta la graduación de la pena, proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Se propone la cadena perpetua sólo para los delitos de homicidio y secuestro, que sean cometidos con tal gravedad que los delincuentes signifiquen un problema para la sociedad en caso de alcanzar su libertad en otro momento. Por lo tanto, coincidimos con que se deben im poner medidas ejemplares para personas que cometan delitos con exceso de violencia.

Para una mejor radiografía de las penas máximas existentes en nuestro país mencionamos las siguientes:

1. Aguascalientes: 50 años.
2. Baja California Norte: 50 años.
3. Baja California Sur: 50 años.
4. Campeche: 40 años.
5. Chiapas: 110 años.
6. Chihuahua: 60 años.
7. Coahuila: 60 años.
8. Colima: 50 años.
9. D.F.: 70 años.
10. Durango: 70 años.
11. Estado de México: 70 años.
12. Guanajuato: 60 años.
13. Guerrero: 65 años.
14. Hidalgo: 50 años.
15. Jalisco: 50 años.
16. Michoacán: 40 años.
17. Morelos: 70 años.
18. Nayarit: 50 años.
19. Nuevo León: 50 años.
20. Oaxaca: 70 años.
21. Puebla: 70 años.
22. Querétaro: 50 años.
23. Quintana Roo: 30 años.
24. San Luis Potosí: 70 años.
25. Sinaloa: 50 años.
26. Sonora: 50 años.
27. Tabasco: 50 años.
28. Tamaulipas: 50 años.
29. Tlaxcala: 60 años.
30. Veracruz: 70 años o Vitalicia.
31. Yucatán: 40 años.
32. Zacatecas: 30 años.

De lo anterior, consideramos que atendiendo a las particularidades y modalidades de la comisión de delitos de homicidio y secuestro, cada legislatura, en función de su soberanía, podrá determinar los extremos mínimos y máximos de la pena de prisión; con la posibilidad de imponer la cadena perpetua; para inhibir la práctica de estas conductas antisociales.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos comprendidos entre el 90 y el 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y del 133 al 138 de su reglamento, se propone a esta honorable asamblea para su aprobación el siguiente

Acuerdo

Artículo Primero . Se aprueba el presente acuerdo que contiene la iniciativa de ley con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo, pasando el actual segundo a ser tercero, y así sucesivamente, al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 22 . ...

Tratándose de delitos de homicidio y secuestro se podrá imponer al infractor hasta cadena perpetua, atendiendo a la gravedad de la conducta y las circunstancias de la misma.

...

I a III. ...

Transitorio

Único . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo . De aprobarse la presente iniciativa de acuerdo, remítase a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para ejercer el procedimiento que establece el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente
Colima, Colima, a 10 de febrero de 2009.--- Diputados: José Fermín Santana, José de Jesús Plascencia Herrera, José López Ochoa, Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, Enrique Michel Ruiz, Martha Alicia Meza Oregón, Arturo García Arias, Aurora Espíndola Escareño, Luis Gaitán Cabrera, J. Francisco Anzar Herrera, Pedro Peralta Rivas, David Rodríguez Brizuela, Flavio Castillo Palomino, Fernando Ramírez González, Miriam Yadira Lara Ortega, Humberto Cabrera Dueñas, Jorge Octavio Iñiguez Larios, Karina Elizabeth Cárdenas Ochoa, Reené Díaz Mendoza, Gonzalo Medina Ríos, Adolfo Núñez González, Crispín Gutiérrez Moreno, Brenda del Carmen Gutiérrez Vega (rúbricas).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- 2006-2009 del H. Congreso del Estado de Colima.--- LV Legislatura.

Honorable Congreso del Estado. --- Presente.

Los integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción III, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, y 83, fracción I, 84, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su reglamento, someten a la consideración de la honorable asamblea, la presente iniciativa de acuerdo que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción V al artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual se solicita que, una vez que sea aprobado por el Pleno de esta Cámara, se remita al honorable Congreso de la Unión en los términos del numeral constitucional antes invocado, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. Que mediante oficio número 3241/09, de fecha 20 de enero de 2009, los diputados secretarios de este honorable Congreso remitieron a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios la iniciativa de acuerdo del diputado José Fermín Santana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Revolucionario Institucional, para lo cual dicha comisión puso a consideración de los integrantes de esta legislatura el documento de referencia.

Segundo. Que de la exposición de motivos de la iniciativa de acuerdo en estudio se desprende que nos encontramos ante un escenario internacional en el que los problemas ambientales ya no reconocen fronteras: el agotamiento de la capa de ozono, el calentamiento global, la deforestación, la contaminación y desaparición de mantos acuíferos y la alta generación de basura y productos tóxicos están afectando a la nación y acabando con las oportunidades de vida en el planeta tierra; aunado a estos efectos de la acción humana se presentan desequilibrios ecológicos generadores de grandes tragedias sociales y económicas, como han sido los maremotos, sismos, inundaciones, sequías, entre otros, que han afectado gravemente el patrimonio, la salud y las vidas de muchos seres humanos.

A pesar de la evolución de las políticas y acuerdos internacionales para la protección global del ambiente, sus alcances han sido limitados o inexistentes, lo que ha obligado a los estados a valorar la urgente necesidad de la participación individual y colectiva de las personas que forman la sociedad civil, para alcanzar un desarrollo ecológico sustentable que nos permita la conservación de la vida.

Se debe reconocer que la urgente necesidad de atender los peligros por las afectaciones ecológicas y las limitaciones gubernamentales han generado el surgimiento de muchas organizaciones ambientalistas de la sociedad civil con diversos grados de cohesión, visiones y métodos heterogéneos para influir en las políticas ambientales en el ámbito domestico e internacional, lo que ha inhibido su participación y generado conflictos sociales.

Ante las afectaciones de la ecología global, los derechos y obligaciones de toda persona nacida o residente en el territorio nacional van más allá del espacio político, económico y social de la soberanía nacional, lo cual obliga a todo mexicano a ocuparse del ambiente en cualquier parte del universo, ya que el daño sistemático y permanente de su entorno tendrá consecuencias inmediatas en su persona y en la vida de todos los seres humanos, sin importar nacionalidad, ideología o lugar donde habite.

Tercero. Que los integrantes de esta legislatura, después de realizar el correspondiente estudio y análisis respecto de la iniciativa planteada, coincide en esencia con la solicitud presentada por el diputado José Fermín Santana, pues, como se observa, si bien es cierto existe un derecho consagrado en el artículo 4o. constitucional para que los ciudadanos tengamos un medio ambiente adecuado, consideramos que debe existir como contraparte obligaciones al respecto, pues las circunstancias actuales hacen necesaria esta medida de manera urgente, en especial para enfrentar el cambio climático en el país y, por ende, en nuestro planeta.

Por lo anterior, es necesario generar un conjunto de valores y premisas compartidas sobre la protección humana y del medio ambiente, para generar una identidad común, consagrando los preceptos fundamentales en nuestra Carta Magna, como una obligación para todos los mexicanos.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de su reglamento, se propone a esta honorable asamblea para su aprobación el siguiente

Acuerdo

Artículo Primero. Se aprueba el presente acuerdo que contiene la iniciativa de ley con proyecto de decreto que adiciona una fracción V al artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

I. y II. ...
III. Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva, defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria así como la tranquilidad y el orden interior;
IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la federación como del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes; y
V. Servir a la patria y al medio ambiente con los valores inherentes a la existencias y conservación de la especie humana; protegiendo los ecosistemas; previniendo la contaminación ambiental y haciendo un adecuado aprovechamiento de los recursos naturales de la nación.

Transitorios

Único . El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. De ser aprobado este acuerdo, solicitamos se remita el presente a la honorable Cámara de Diputados federal, a efecto de ejercer el procedimiento que establece el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Colima, Colima, a 10 de febrero de 2009.--- Diputados: José Fermín Santana, José de Jesús Plascencia Herrera, Imelda Lino Peregrina, Gonzalo Isidro Sánchez Prado, José López Ochoa, Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, Enrique Michel Ruiz, Martha Alicia Meza Oregón, Arturo García Arias, Aurora Espíndola Escareño, Luis Gaitán Cabrera, J. Francisco Anzar Herrera, Pedro Peralta Rivas, David Rodríguez Brizuela, Flavio Castillo Palomino, Fernando Ramírez González, Miriam Yadira Lara Ortega, Humberto Cabrera Dueñas, Jorge Octavio Íñiguez Larios, Karina Elizabeth Cárdenas Ochoa, René Díaz Mendoza, Gonzalo Medina Ríos, Adolfo Núñez González, Crispín Gutiérrez Moreno, Brenda del Carmen Gutiérrez Vega (rúbricas).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.



ARTICULO 97 CONSTITUCIONAL

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- 2006-2009 del H. Congreso del Estado de Colima.--- LV Legislatura.

Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- México, DF

Por este conducto nos permitimos informarle que, en sesión pública ordinaria celebrada con esta fecha, la mayoría de los integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de lo establecido en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobaron un acuerdo por el que se propone enviar al Congreso de la Unión una iniciativa con proyecto de decreto para derogar el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los documentos se le remiten con base en lo establecido en el numeral 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Colima, Colima, a 17 de febrero de 2009.--- Diputado Francisco Anzar Herrera (rúbrica), Secretario; diputado Gonzalo Medina Ríos (rúbrica), Secretario.»

«Secretarios del Congreso del Estado.--- Presentes.

Los suscritos, integrantes de Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y el diputado único del Partido Verde Ecologista de México de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Calima, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción III, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 126 de su Reglamento, someten a consideración de la honorable asamblea la presente iniciativa de acuerdo, que contiene la iniciativa de ley con proyecto de decreto que deroga el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual se solicita que, una vez que sea aprobado por el Pleno de esta Cámara, se remita al honorable Congreso de la Unión, en los términos del numeral constitucional invocado, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Con las facultades que nos confieren los artículos mencionados de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, hacemos uso de tal derecho para presentar la iniciativa en cuestión, atendiendo además al compromiso que nos fijamos como diputados, en la agenda legislativa, entre lo que destaca velar por la ecuanimidad de las normas legislativas en los diferentes órdenes de gobierno.

La Constitución es base y sustento del orden jurídico, y establece los derechos fundamentales de los gobernados, así como la competencia de los órganos de los poderes públicos del Estado. De igual forma, ante la posible contravención de sus disposiciones, prevé mecanismos procesales destinados a sancionar y reparar la inobservancia de sus disposiciones.

La facultad indagatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un medio de control constitucional, establecido como defensa excepcional de las garantías individuales y de la voluntad soberana de la ciudadanía, expresada a través del voto público. Este instrumento legal permite que la Corte investigue por sí o a petición de parte, limitando esta última función al Ejecutivo federal, a los gobernadores o a alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, cuando se trate de una posible violación grave de las garantías individuales.

Dicha facultad, cabe aclarar, no es una atribución jurisdiccional sino una función de carácter meramente investigadora que carece de efectos vinculatorios. La Corte, ante tal facultad, efectivamente no actúa como tribunal ni emite una sentencia por carecer de facultad decisoria, así como de atribuciones de coerción o ejecución, pero es difícil que una opinión técnica de un superior jerárquico deje de observarse, implicando con ello viciar de fondo la opinión jurídica de quien vaya a juzgar, máxime cuando dependen de aquél. Jorge Carpizo, en el tratado Estudios constitucionales señala que, además, tampoco procura ante otros tribunales la debida impartición de justicia ni realiza una averiguación ministerial. Por otra parte, la misma Corte, en tesis, sostiene el criterio en el sentido de que se trata de una acción excepcional y extraordinaria que se le confiere porque se consideró que la Corte, ``como máxima instancia defensora de la Constitución, goza de una autoridad particular''.

Para mayor claridad, el texto del párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice textualmente:

Artículo 97. ...
La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún juez de distrito o magistrado de circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el gobernador de algún estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual. También podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal.
(Párrafo tercero. Se derogó)
...
...
...
...

La averiguación se realiza a través de alguno o algunos de los ministros de la Corte, de algún juez de distrito o magistrado de circuito, o a través de uno o varios comisionados especiales, y debe limitarse a determinar si hubo o no violación grave de garantías individuales, así como de precisar los hechos. El informe rendido por los encargados de la investigación no es vinculante; se trata de una opinión autorizada que podría o no servir para que las autoridades destinatarias procedan conforme a su competencia.

Los últimos casos relevantes de que se tiene conocimiento de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya hecho uso de la facultad que le confiere el párrafo segundo del artículo 97 constitucional son el caso de la matanza de Aguas Blancas, el problema de la periodista Lydia Cacho y el de San Mateo Atenco, en la Ciudad de México, sin que haya a la fecha proceso alguno contra los responsables.

Para la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, legisladores, políticos y autoridades ministeriales, no pasa inadvertido que la parte concerniente a la averiguación de algún hecho grave de violación de garantías por el más alto tribunal de la federación para investigar, señalado en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución General de la República, sea un tema motivo de polémica.

Los legisladores otorgaron la función de investigación a la Suprema Corte a principios del siglo XX, en lo que concierne a la investigación de hechos que violen en forma grave las garantías individuales. El resultado de esa investigación se presenta a la autoridad competente y sólo ellas deciden ejercitar o no los procesos que en derecho correspondan. Como se aprecia, no hay vinculación alguna del informe que rinden los ministros y la sanción efectiva de los presuntos responsables.

Las resoluciones de las investigaciones carecen de poder vinculatorio, además de que ni siquiera tiene rango de una recomendación como en las emitidas por la Comisión de Derechos Humanos.

La parte conducente a la investigación de algún hecho grave de violación de las garantías individuales del párrafo segundo del artículo 97 materia de esta iniciativa contraviene lo dispuesto en el artículo 21 de la misma Constitución federal, que en la parte que interesa dispone: ``La investigación y persecución de los delitos incumben al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo la autoridad y mando inmediato''.

La facultad para la investigación de los delitos es única y exclusiva del Ministerio Público, que si tiene una relación vinculatoria, al ejercitar la acción penal contra presuntos responsables y --lo más importante--, de existir los elementos necesarios, consignar al juez ya sea del fuero federal o del fuero común, y en su momento obteniendo una sanción, mediante la sentencia. De esa manera, la investigación sí tiene sentido, pues se culmina con ésta, a diferencia de la investigación realizada por el personal competente de la Suprema Corte, que no deja de ser una investigación sin efectos prácticos ni obligatoriedad jurídica.

El 20 de agosto de 2007, este Congreso aprobó la iniciativa de acuerdo para reformar el segundo párrafo y derogar tercero del artículo 97 constitucional, dando el trámite correspondiente.

A su vez, el 6 de noviembre de 2007, el Congreso de la Unión aprobó una reforma del numeral en estudio, concretamente para derogar el párrafo tercero, la que no se publicó en el Diario Oficial de la Federación hasta el 13 de noviembre de 2007.

Se realizó una reforma parcial, dado que la iniciativa del diputado con licencia Roberto Chapula de la Mora, la cual fue enviada oportunamente a la legislatura federal, no fue considerada en la reforma del arábigo 97 de la Constitución federal, ya que la reforma derogó únicamente el párrafo tercero, si bien ese párrafo y el segundo hacían referencia a la facultad de investigación en delitos electorales y actualmente por violaciones graves de garantías individuales, motivo por el que se insiste en la reforma del segundo párrafo del artículo 97 de la Carta Magna, a efecto de quitar la facultad de investigación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa de acuerdo, que contiene una iniciativa de ley con proyecto de

Decreto que deroga el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se deroga el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 97. ...

Se deroga.

...

...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. De aprobarse la presente iniciativa de acuerdo, remítase a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para el efecto de ejercer el procedimiento que establece el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Colima, Colima, a 17 de febrero de 2009.--- Diputados: José Fermín Santana, José de Jesús Plascencia Herrera, Imelda Lino Peregrina, Gonzalo Isidro Sánchez Prado, José López Ochoa, Karina Elizabeth Cárdenas Ochoa, Arturo García Arias, Aurora Espíndola Escareño, Luis Gaytán Cabrera, Francisco Anzar Herrera, David Rodríguez Brizuela, Flavio Castillo Palomino, Crispín Gutiérrez Moreno (rúbricas).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.



SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 17317, el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, ha comunicado a esta secretaría que a partir del 1 del actual los generales de división diplomados de Estado Mayor Humberto Alfonso Guillermo Aguilar y Jorge Juárez Loera asumieron los cargos de subsecretario de la Defensa Nacional y oficial mayor, respectivamente, de esa dependencia.

Por lo anterior y con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, remito copia del documento al que me he referido, para los fines procedentes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 6 de marzo de 2009.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: De enterado.

Queremos saludar esta mañana al personal docente, padres de familia y alumnos de la escuela primaria bilingüe José Vasconcelos, que nos visitan de San Miguel Allende, Guanajuato. Sean ustedes bienvenidos.

Continúe la Secretaría con el oficio de la Secretaría de Gobernación.



PERMISO PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-0393/09, Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Gloria Silvia del Villar Núñez.

Puesto: Asistente contable.

Lugar de Trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Edna Valeria Cepeda González.
Puesto: Investigadora en la Oficina de Seguridad Regional.
Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Nombre: Jorge Xavier Reyes Ocaña.
Puesto: Asistente administrativo.
Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
Nombre: David Ernesto Garza Zaldívar.
Puesto: Empleado en la Sección de Visas.
Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Nombre: Ileana Berenice Velázquez Mejía.
Puesto: Asistente de recursos humanos.
Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
Nombre: Ivonne García Pérez.
Puesto: Auxiliar contable.
Lugar de Trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.
Nombre: Gabriela Paola Rosas González.
Puesto: Asistente en visas.
Lugar de Trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.
Nombre: Éricka Daphne Marino Silva.
Puesto: Asistente de inmigración.
Lugar de Trabajo: Embajada de Canadá en México.
Nombre: Laura Melina Roa Uruzquieta.
Puesto: Recepcionista trilingüe.
Lugar de Trabajo: Embajada de Canadá en México.
Nombre: Edgardo Gutiérrez Castellanos.
Puesto: Jefe de Refrigeración.
Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Nombre: Bertrand Foulkes Romo.
Puesto: Asistente consular.
Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Cabo San Lucas, Baja California Sur.
Nombre: José Manuel Hernández López.
Puesto: Investigador.
Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.
Nombre: José Antonio Ruiz Velasco Rivera Melo.
Puesto: Coordinador de transportes.
Lugar de Trabajo: Embajada de Canadá en México.

Por lo anterior, me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo se informa que las personas que se citan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Ernesto de Keratry y Echeverría.
Puesto: Empleado del Departamento de Comercio.
Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
Nombre: José Luna Villastrigo.
Puesto: Empleado del Departamento de Servicios Generales.
Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 3 de marzo de 2009.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Las solicitudes de permisotúrnense a la Comisión de Gobernación.

Lo que se refiere a las cancelaciones de permiso, túrnense a las Comisiones de Gobernación de las Cámaras de Diputados y de Senadores.



ESTADO DE MEXICO

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 60-II-5-2228 signado por los diputados César Duarte Jáquez y José Manuel del Río Virgen , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número B00. 00370 suscrito por el médico veterinario zootecnista Enrique Sánchez Cruz, director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al mercado de San Bernabé en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 3 de marzo de 2009.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Por instrucciones del secretario del ramo y en atención a su oficio número SEL/300/5225/008 donde da a conocer a esta secretaría el punto de acuerdo remitido por los diputados César Duarte Jáquez y José Manuel del Río Virgen , Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; le informo que se trata de situaciones aisladas donde se reconoce el riesgo sanitario para la salud pública y animal que significa la existencia del mercado de San Bernabé, en Almoloya de Juárez, Estado de México, por la concentración de animales procedentes de diferentes entidades federativas y regiones aledañas. Las condiciones que prevalecen propician el maltrato de los animales; pero se considera inapropiada su clausura ya que el lugar responde a las costumbres de la población rural que encuentra mercados para sus animales y adquiere, ahí mismo, múltiples servicios y productos.

Con la participación comprometida de los grupos involucrados y de las autoridades a nivel federal, estatal y municipal, se disminuirán los riesgos sanitarios, al proveer la infraestructura y establecer la administración necesaria. Por lo anterior, está en marcha un programa sanitario integral que considera, entre otros, los siguientes aspectos: concluir la barda perimetral, construcción de embarcaderos, corrales de manejo para recepción y venta de animales por especie, áreas de sacrificio y de aislamiento en caso de enfermedad o traumatismos severos; sacrificio humanitario y disposición sanitaria. Asimismo, considerar las actividades de campañas sanitarias y de bienestar animal y de regulación, en cumplimiento de las normas oficiales mexicanas vigentes, incluyendo las de protección al medio ambiente y la fauna silvestre.

Se han efectuado reuniones periódicas con la participación de transportistas y comerciantes involucrados, funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del gobierno del Estado de México, representantes del ejido Mayorazgo de León, de la Unión Ganadera Regional Centro Norte de la entidad, del Comité de Fomento y Protección Pecuaria, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, de The Donkey Sanctuary y de las Asociaciones Protectoras de Animales de México, con el propósito de establecer la estrategia para revertir esta situación y aplicar la regulación sanitaria, con base en las atribuciones que la Ley Federal de Sanidad Animal y lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas confieren a la secretaría.

Derivado de la reunión celebrada en la Cámara de Diputados el 10 de julio de 2008, con la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dependencias de la administración pública de los tres niveles de gobierno y asociaciones protectoras de animales de México; se elabora el proyecto de reordenamiento y desarrollo de la plaza ganadera de San Bernabé; documento que estará concluido en la primera semana de marzo del presente año, y servirá de base para la obtención de recursos.

Está en trámite notarial la constitución de la Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, integrada por los ejidatarios de Mayorazgo, a fin de tener una figura jurídica que posibilite el manejo de recursos propios y las aportaciones tanto de los comerciantes como del gobierno federal, estatal y municipal, a fin de implementar los trabajos relativos a la infraestructura y administración de la plaza ganadera.

Atentamente
México, DF, a 23 de febrero de 2009.--- Enrique Sánchez Cruz (rúbrica), director en jefe.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para su conocimiento.



SALARIOS MINIMOS

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-2-2233, signado por los diputados César Duarte Jáquez y María Eugenia Jiménez Valenzuela , Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 327, suscrito por el doctor Álvaro Castro Estrada, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la unificación y al monto de los salarios mínimos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 3 de marzo de 2009.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su atento oficio número SEL/300/744/09, del 11 de febrero de 2009, dirigido al licenciado Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en su sesión del 10 de febrero del presente año.

El citado punto de acuerdo, en su resolutivo tercero, exhorta al Ejecutivo federal a solicitar, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que pondere y resuelva la necesidad de unificar en una sola área geográfica los salarios mínimos del país, y que, con el propósito de proteger y promover el poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos, la fijación de dichos salarios para 2009 sea por encima del pronóstico de inflación esperada. Asimismo, en su resolutivo cuarto, solicita que se promuevan las modificaciones que permitan la desaparición de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), ya que, en los últimos años, las acciones de esta comisión han sido avaladas únicamente por la representación del sector empresarial.

Cabe agregar que respecto a los exhortos referidos en los resolutivos primero y segundo del citado punto de acuerdo, éstos se encuentran dirigidos a otras entidades, por lo que esta dependencia del Ejecutivo federal no tiene competencia en la materia.

En tal sentido, conforme a la información con que se cuenta en la Conasami, en documento anexo al presente, se da respuesta a los resolutivos tercero y cuarto del referido punto de acuerdo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.

Atentamente
México, DF, a 27 de febrero de 2009.--- Doctor Álvaro Castro Estrada (rúbrica), subsecretario del Trabajo.»

«Respuesta a los resolutivos del punto de acuerdo aprobado por el honorable Congreso de la Unión en su sesión del 10 de febrero de 2009

1. Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo a conformar a sus facultades para que, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con base en la valoración de las actuales circunstancias económicas imperantes en el país, solicité a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que pondere y resuelva la necesidad de unificar en una sola área geográfica al país, en cuanto a las percepciones básicas del salario mínimo legal y de los salarios mínimos profesionales, para que éstos rijan en todo el territorio nacional, a través de las figuras de salario mínimo general y salarios mínimos profesionales, y que, con el propósito de proteger y promover el poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos, la fijación de dichos salarios para 2009 sea por encima del pronóstico de la inflación esperada que estableció el gobernador del Banco de México, licenciado Guillermo Ortiz Martínez, en su último informe.

Al respecto, en primer término debe tenerse presente que las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo (LFT) que rigen la fijación de los salarios mínimos señalan lo siguiente:

• Artículo 557
El Consejo de Representantes tiene los deberes y atribuciones siguientes:
III. Conocer el dictamen formulado por la dirección técnica y dictar resolución en la que se determinen o modifiquen las áreas geográficas en las que regirán los salarios mínimos. La resolución se publicará en el Diario Oficial de la Federación;
...
VIII. Fijar los salarios mínimos generales y profesionales;
• Artículo 554
El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos se integra con once representantes propietarios y once representantes suplentes de los trabajadores y un número igual de representantes de los patrones con la misma calidad, y con el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

• Artículo 570

Los salarios mínimos se fijarán cada año y comenzarán a regir el 1 de enero del año siguiente.
...
• Artículo 571

En la fijación de los salarios mínimos a que se refiere el primer párrafo del artículo 570, se observarán las normas siguientes:

III. El Consejo de Representantes, durante diciembre y antes del último día hábil del mes, dictará resolución en la que se fije los salarios mínimos, después de estudiar el informe de la dirección técnica y las opiniones, estudios e investigaciones presentadas por los trabajadores y los patrones.

En este sentido, conforme en lo dispuesto en el citado artículo 571, fracción III, de la LFT, el pasado diciembre el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos resolvió que el incremento promedio a los salarios mínimos que entraron en vigor el 1 de enero de 2009 fuera de 4.62 por ciento, porcentaje superior a la meta de inflación prevista por el Banco de México para el presente año, la cual situó dentro del rango de 3.50 y 4 por ciento.

Asimismo, acordó lo procedente respecto con avanzar en la convergencia de manera gradual de los salarios mínimos de las tres áreas geográficas que rigen en el país, a efecto de alcanzar un solo salario mínimo general. En este sentido, el considerando octavo, párrafo cuarto, de la resolución emitida por el Consejo de Representantes de la Conasami, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2008, estableció lo siguiente:

Para reiniciar el proceso de convergencia de los salarios mínimos de las tres áreas geográficas vigentes a una sola, se resolvió disminuir la diferencia entre las áreas geográficas A y B, de 3.20 por ciento actual a 2.89 por ciento, así como la diferencia entre los salarios mínimos de las áreas geográficas A y C, de 6.24 por ciento actual a 5.49 por ciento, y la diferencia existente entre las áreas geográficas B y C, de 2.95 por ciento actual a 2.52 por ciento.

2. Cuarto. Que esta honorable Cámara de Diputados en la LX Legislatura del Congreso Mexicano exprese públicamente su exhorto, tanto a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República como la de la Cámara de Diputados, a fin de promover las modificaciones que permitan la desaparición de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, ya que en los últimos años las acciones de ésta han sido avaladas únicamente por la representación del sector empresarial y porque insisten en violar el artículo 123 constitucional, en su fracción VI, al fijar salarios mínimo insuficientes, alejados de toda realidad y racionalidad económica, en prejuicio de los trabajadores mexicanos, con las consecuencias y responsabilidades que ello implica, por tanto la responsabilidad de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos sea transferida a la Cámara de Diputados.

Con relación al citado resolutivo cuarto del punto de acuerdo, es de señalarse que las aseveraciones expresadas en el sentido de que las resoluciones de la Conasami han sido avaladas únicamente por la representación del sector empresarial, son erróneas, ya que como consta en los acuerdos tomados por el Consejo de Representantes de los últimos seis años, relativos a la fijación de los salarios mínimos generales y profesionales, cada una de las decisiones se acordaron por unanimidad de los representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno.

Ejemplo de lo anterior son las resoluciones del Consejo de Representantes correspondientes a los años de 2003 a 2008, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en las fechas siguientes:

23 de diciembre de 2003 22 de diciembre de 2004 26 de diciembre de 2005 29 de diciembre de 2006 27 de diciembre de 2007 23 de diciembre de 2008

Más aun, las resoluciones de 2001 y 2002 se suscribieron con el voto a favor de los trabajadores y el gobierno, y el voto en contra de los patrones.

En cuanto al segundo argumento del citado resolutivo, que a la letra dice que ``al insistir en fijar salarios mínimos insuficientes alejados de toda realidad y racionalidad económica en prejuicio de trabajadores mexicanos, con las consecuencias y responsabilidades que ello implica'', debe señalarse que el Consejo de Representantes conoce, analiza y discute los informes mensuales elaborados por la dirección técnica de la Conasami, en los que se presenta un amplio análisis de la situación económica del país y de la economía mundial, así como de las medidas de política económica y social que se toman en nuestro país para le generación de empleo y para apoyar el ingreso de los trabajadores.

Lo anterior permite al Consejo de Representantes tener los elementos suficientes para valorar la evolución de los precios y de las variables que los impactan, para tomar sus resoluciones de manera responsable y en beneficio de los trabajadores que perciben un salario mínimo. Es así que en la resolución tomada el 23 de diciembre de 2008 refiere que ``los sectores obrero y patronal que integran el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con el gobierno federal hacen un público manifiesto que la resolución que emiten fijando los salarios mínimos que entrarán en vigor el primero de enero de 2009, representa una decisión unánime de contribuir a paliar la crisis económica, conciliando los diversos intereses en beneficio de México''.

Asimismo, el sector patronal ha expresado su intención de realizar el máximo esfuerzo para salvar la planta productiva del país y preservar las fuentes de empleo, en concordancia con la actitud moderada manifestada por el sector obrero en cuanto a sus exigencias salariales.

A mayor abundamiento, cabe precisar que los integrantes del Consejo de Representantes, al tomar sus resoluciones sobre los salarios mínimos que regirán en el país, tienen presente lo dispuesto en el convenio 131, relativo a la fijación de los salarios mínimos, con especial referencia a los países en vía de desarrollo, suscrito por nuestro país con la Organización Internacional del Trabajo, que entró en vigor para México el 18 de abril de 1974, particularmente lo que dispone el artículo tercero de dicho convenio:

Entre los elementos que deben tenerse en cuenta para determinar el nivel de los salarios mínimos deberían incluirse, en la medida en que sea posible y apropiado, de acuerdo con la práctica y las condiciones nacionales, los siguientes:

a) Las necesidades de los trabajadores y de sus familias, habida cuenta del nivel general de salarios en el país, del costo de vida, de las prestaciones de seguridad social y del nivel de vida relativo de otros grupos sociales;
b) Los factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico, los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo.

Por otra parte, la evidencia estadística muestra, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de la STPS y el Inegi, que en el cuarto trimestre de 2008 había en el país 6.4 millones de personas ocupadas que ganaban hasta un salario mínimo, de los cuales 3.3 millones eran trabajadores asalariados. De éstos, 1.17 millones laboraban una jornada completa.

Población ocupada total y asalariada perceptora de un salario mínimo

Tercer trimestre de 2008 *
Total: 43 millones 255 mil 617 ocupados.
Menos de 1 salario mínimo: 4 millones 600 mil 900 ocupados.
1 salario mínimo: 1 millón 851 mil 172 ocupados.
Hasta 1 salario mínimo: 6 millones 452 mil 72 ocupados.
*Incluye a las personas que ganan entre 1 peso y .89 del salario mínimo vigente. Incluye a las personas que ganan entre .90 y 1.22 del salario mínimo vigente. Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2008, cuarto trimestre. Inegi.

El total de trabajadores asalariados cotizantes al Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS), en diciembre de 2008, fue de 13.5 millones, de los cuales 371.7 miles fueron asalariados perceptores de un salario mínimo, es decir, 2.75 por ciento.

Como se puede notar, por el número de trabajadores que perciben un salario mínimo y que laboran una jornada ordinaria de trabajo, bien sea que nos refiramos al total de ocupados en la economía (formales e informales) o bien, a los que laboran en el sector formal privado (cotizantes al IMSS), la importancia de los salarios mínimos es poco relevante en la estructura ocupacional del país: 2.70 por ciento o 2.75 por ciento de los universos respectivos.

Además, se debe tener presente que el salario mínimo no es el único ingreso que en efectivo percibe este grupo de trabajadores, sino que también perciben el subsidio al empleo que fluctúa entre 25.5 por ciento y 27.0 por ciento del monto del salario mínimo mensual, dependiendo del área geográfica en que labore el trabajador asalariado.

Asimismo, de conformidad con el estudio Actualización del análisis de incidencia de beneficios del gasto público en la integración metodológica para conceptualizar el costo de vida de las familias de trabajadores de salarios mínimos en México, elaborado por el investigador John Scott, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC, en diciembre de 2007, basado en la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares de 2006, se concluye que ``en promedio, en 2006 los hogares con un trabajador de salario mínimo recibían transferencias públicas por un monto de 3 mil 19 pesos mensuales, que representan un incremento de 55 por ciento en la capacidad de compra de estos hogares respecto a sus ingresos antes de las transferencias''.

Las transferencias son tanto monetarias como en especie. Por transferencias en especie se entienden los bienes y servicios financiados, total o parcialmente, por medio de recursos públicos, principalmente en beneficio de hogares y personas individuales (servicios educativos y de salud, subsidios alimentarios, vivienda, etcétera).

En conclusión, son estos elementos, con toda la información presentada en el informe anual de la dirección técnica sobre la situación de la economía, el empleo, los salarios y los precios (artículo 571, fracción II de la Ley Federal del Trabajo), los que sirven de base para que el Consejo de Representantes determine los salarios mínimos que entran en vigor el 1 de enero de cada año.

Por último, en cuanto al señalamiento de que ``por tanto, la responsabilidad de la Comisión de los Salarios Mínimos sea transferida a la Cámara de Diputados'', se debe considerar que para ello sería necesario llevar a cabo una modificación al párrafo tercero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123 constitucional, que textualmente señala lo siguiente:

Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.



SALARIOS MINIMOS

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-1-2192 signado por los diputados César Duarte Jáquez y María del Carmen Pinete Vargas , Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 345-024 suscrito por Miguel Messmacher Linartas, titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a las áreas geográficas del salario mínimo y al aumento de precios.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 3 de marzo de 2009.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Con relación a su oficio número SEL/300/727/09 dirigido al doctor Agustín Guillermo Carstens Carstens mediante el cual envía el punto de acuerdo aprobado el 10 de febrero del presente por el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que se transcribe a continuación para pronta referencia.

``Se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, elimine las zonas B y C que se establecen actualmente en la división del territorio nacional en zonas geográficas por salario mínimo e implante como tabla única los montos salariales que rigen a la zona A y que el porcentaje del incremento salarial que regirá para 2009 se establezca en base al índice inflacionario de 2008 y, además, promueva acciones ante los titulares de las Secretarías de Economía, y de Hacienda y Crédito Público para que se instrumenten medidas para inhibir el aumento de precios''.

Al respecto anexo nuestros comentarios.

• Dentro del proceso de determinación de los salarios mínimos debe considerarse, en beneficio de todas las partes involucradas, que los ajustes salariales deben ser prospectivos respecto a la inflación y no retrospectivos. Lo anterior adquiere una mayor relevancia en economías donde la tendencia inflacionaria es descendente, considerando que los costos de pérdida-recuperación de esta tendencia pueden ser significativos. Un incremento al inicio de cada año de los salarios mínimos mayor a la inflación proyectada incrementa las expectativas de inflación y éstas favorecen mayores incrementos en precios, lo que a su vez induce a revisar nuevamente al alza las expectativas durante el periodo proyectado, generándose una espiral inflacionaria. Cabe señalar que contrario al propósito expreso el mayor incremento en el salario mínimo terminaría siendo absorbido en términos reales por una mayor inflación. Eventualmente esta situación tendría que ser objeto de ajustes, como los que se realizaron en el país en la década de los años 80. Bajo condiciones contrarias, con una tendencia inflacionaria creciente, incrementos salariales retrospectivos respecto a la inflación, minarían el poder adquisitivo de los asalariados.
• Debe recordarse que el comportamiento del mercado laboral es semejante al del resto de los mercados en la economía. Así, cuando el salario prevaleciente es mayor al de equilibrio la oferta de trabajo, esto es, el número de personas dispuestas a trabajar a ese salario, será mayor a la demanda por el mismo, es decir, el número de personas que las empresas desean contratar a ese salario, lo que se traducirá en desempleo ya que habrá personas dispuestas a trabajar que no encuentren empleo. En esta situación, habría individuos que estarían dispuestos a aceptar menores salarios con objeto de obtener un empleo, que de realizarse este ajuste se llegaría a una situación en que dicho desequilibrio (desempleo) desaparecería.
En el caso contrario, si el salario prevaleciente es menor al de equilibrio, la demanda de trabajo será mayor a la oferta, esto es, las empresas no podrían contratar a todas las personas que desearan. En tal situación, habría empresas dispuestas a ofrecer un salario más alto con objeto de poder contratar a un mayor número de personas. De realizarse este ajuste, el salario en el mercado se incrementaría hasta llegar al equilibrio en el que la oferta fuera igual a la demanda y todas las personas que desearan trabajar por ese salario encontrarían empleo.
Por lo anterior, fijar el salario mínimo en un valor mayor al del salario de equilibrio, dado que no sería posible pagar un salario menor, ocasionaría desempleo en circunstancias en que habría personas dispuestas a trabajar por un salario menor y empresas dispuestas a contratar un mayor número de personas si el salario fuera menor, pero la normatividad lo impediría. En contraste, si el salario mínimo fijado es menor al de equilibrio del mercado, dado que no existe restricción alguna a pagar un salario mayor al mínimo, las empresas ofrecerían salarios mayores hasta lograr contratar al número de personas deseado.
En conclusión, mientras que fijar un salario mínimo por debajo del de equilibrio no implica riesgo alguno para el empleo y las percepciones de los trabajadores, el fijarlo por arriba del salario de equilibrio de mercado implica generar desempleo como resultado de dicha decisión. En este sentido, además de lo ya señalado, en un periodo en que la inflación muestra una tendencia decreciente fijar el salario mínimo con base en la inflación observada el año anterior significa el riesgo de crear desempleo.
• En relación con la propuesta de eliminar las zonas B y C que se establecen actualmente en la división del territorio nacional en zonas geográficas por salario mínimo e implantar como tabla única los montos salariales que rigen a la zona A, es necesario considerar lo siguiente:
a. Existen importantes diferencias regionales en los niveles de instrucción y de productividad laboral.
b. Existen diferencias significativas en el grado de informalidad entre regiones.
c. El costo de la vida no es uniforme en todo el territorio nacional.
d. De considerarse procedente desaparecer las zonas geográficas, la homologación debiera hacerse con las zonas de menores salarios, de otra manera se incrementaría el riesgo de fijar el salario mínimo por arriba del salario de equilibrio del mercado, provocando, como ya se ha mencionado, desempleo.
• En referencia a la instrumentación de medidas para inhibir el aumento de precios, el gobierno federal desde el inicio de lá actual administración ha tomado diversas acciones para contribuir al combate de la inflación, las cuales incluyen el congelamiento o reducción de precios públicos durante diversos periodos, la firma de acuerdos y el empleo recursos públicos para este propósito. Entre ellas destacan:
- El 18 de enero de 2007 el gobierno federal suscribió con los sectores productivos de la cadena maíz-tortilla el acuerdo para estabilizar el precio de la tortilla, gracias al cual el precio al público de la tortilla de maíz en las tortillerías se mantuvo durante todo el año a un nivel inferior al que llegó a observarse en los días inmediatamente previos al acuerdo.
- El 27 de septiembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se suspenden los aumentos entre octubre y diciembre de ese año de los precios y tarifas en energía eléctrica para uso residencial, gasolina magna, diesel y gas licuado de petróleo.
- El 7 de enero de 2009 el presidente de los Estados Unidos Mexicanos anunció el Acuerdo Nacional a Favor de la Economía Familiar y el Empleo, dentro del cual:
a) Se congelan los precios de las gasolinas en todo el país;
b) Se reduce el precio del gas LP en 10 por ciento, manteniéndose en ese nivel por el resto del año;
c) Se reducen de forma retroactiva al primero de enero las tarifas eléctricas industriales en todas sus modalidades. Esta reducción será del 20 por ciento para alta tensión, 17 por ciento para media tensión y 9 por ciento la de baja tensión y comercial y podrá variar de acuerdo con el tipo de consumo;

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Sufragio efectivo. No Reelección.
México, DF, a 27 de febrero de 2009.--- Miguel Messmacher Linartas (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase al promovente, para su conocimiento.



SALARIOS MINIMOS

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-1-2192 signado por los diputados César Duarte Jáquez y María del Carmen Pinete Vargas , Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 322, suscrito por el doctor Álvaro Castro Estrada, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a las áreas geográficas del salario mínimo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 3 de marzo de 2009.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su atento oficio número SEL/300/725/09 del 11 de febrero de 2009, dirigido al licenciado Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en su sesión del 10 de febrero del presente año, por el que se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo que solicite a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que pondere y resuelva la necesidad de unificar en una sola área geográfica al país, y que el porcentaje del incremento salarial que regirá para 2009 se establezca en base al índice inflacionario de 2008.

Al respecto, conforme a la información con que se cuenta en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, es de señalarse:

En atención a lo dispuesto en el artículo 571, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, en diciembre pasado el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos resolvió que el incremento promedio a los salarios mínimos que entraron en vigor e1 1 de enero de 2009 fuera de 4.62 por ciento, porcentaje superior a la meta de inflación prevista por el Banco de México para el presente año, que se ubicó entre el 3.50 y el 4 por ciento.

Asimismo, acordó avanzar en la convergencia ---de manera gradual--- de los salarios mínimos de las tres áreas geográficas que rigen en el país, a efecto de alcanzar un sólo salario mínimo general. En este sentido, el considerando octavo, párrafo cuarto de la resolución emitida por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2008, estableció:

``Para reiniciar el proceso de convergencia de los salarios mínimos de las tres áreas geográficas vigentes a una sola, se resolvió disminuir la diferencia entre las áreas geográficas A y B de 3.20 actual a 2.89 por ciento, así como la diferencia entre los salarios mínimos de las áreas geográficas A y C, de 6.24 a 5.49 por ciento, y la diferencia existente entre las áreas geográficas B y C de 2.95 a 2.52 por ciento''.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.

Atentamente
México, DF, a 27 de febrero de 2009.--- Doctor Álvaro Castro Estrada (rúbrica), subsecretario del Trabajo.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.



CAZA DEPORTIVA

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-4-2024 signado por los diputados César Duarte Jáquez y José Manuel del Río Virgen , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número SGPA/DGVS/ 01264 /09 suscrito por el médico veterinario zootecnista Martín Vargas Prieto, director general de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la expedición de licencias de caza deportiva en 2007 y 2008.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 4 de marzo de 2009.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En atención a su oficio número SEL/300/729/09 del 11 de febrero del presente año, dirigido al ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, titular de esta secretaría, en el que indica que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acordó, en sesión celebrada el 10 de febrero, solicitar a esta instancia el número de licencias de caza deportiva que tiene registradas, su vigencia, sus modalidades, y cuántas fueron expedidas en 2007 y 2008, así como los criterios en los que se basa para su expedición. Sobre el particular, en archivo anexo se remite un documento que detalla todos los puntos requeridos.

Sin más de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Ciudad de México, a 3 de marzo de 2009.---Martín Vargas Prieto (rúbrica), director general.»

«Licencias de Caza Deportiva

La licencia de caza deportiva es el documento mediante el cual la autoridad competente acredita que una persona está calificada, tanto por sus conocimientos sobre los instrumentos y medios de las actividades cinegéticas, como de las regulaciones en la materia, para la caza deportiva en el territorio nacional.

Asimismo, la necesidad de portar dicha licencia para la caza deportiva tiene su fundamento en el artículo 96, segundo párrafo, de la ley General de Vida Silvestre; aunado a la entrada en vigor del reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, el 31 de diciembre de 2006, se crean dos modalidades de licencias de caza deportiva en función de su vigencia: anual e indefinida.

Para la obtención de la licencia de caza deportiva es necesario cumplir los requisitos establecidos en los artículos 117 y 118 del reglamento de la citada ley, que a la letra dicen:

Artículo 117. Las licencias de caza deportiva que expida la secretaría podrán ser anuales o indefinidas. Los interesados en obtener una licencia de caza deportiva anual deberán presentar a la secretaría, a más tardar quince días hábiles antes de que inicie la temporada de aprovechamiento, una solicitud en la que señale:
I. Nacionalidad del solicitante;
II. Calidad migratoria, y
III. Temporalidad por la que solicita la licencia.
En la solicitud se deberá señalar un domicilio en territorio nacional, y anexar copia de identificación oficial o, en el caso de extranjeros, del pasaporte.
Para obtener una licencia de caza deportiva indefinida se deberá presentar, además de los documentos señalados en el presente artículo, la constancia de aprobación de la evaluación que en la materia aplique la secretaría, o las personas con las que ésta celebre convenios para ello o, en su caso, la constancia donde acredite haber tomado el curso de caza responsable por una institución reconocida.
La secretaría expedirá las licencias de caza deportiva dentro de los veinte días hábiles siguientes al día hábil posterior a la presentación de la solicitud correspondiente.
Artículo 118. Los titulares de licencias de caza deportiva podrán solicitar su reposición o renovación cumpliendo con lo establecido en el artículo que antecede cuando éstas pierdan su vigencia o cuando hayan sido robadas o extraviadas.
La secretaría expedirá la reposición o renovación de licencia dentro de los veinte días hábiles siguientes a la presentación de las solicitudes.

Por otra parte, la Ley Federal de Derechos, publicada el 13 de noviembre de 2008, establece en su artículo 194-F1-IV un cobro por la expedición o reposición de cada licencia de caza deportiva en sus modalidades anual e indefinida; asimismo, de acuerdo con la actualización de cuotas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2008, los montos a pagar por dichos servicios para el 2009 son:

• Anual: 414 pesos
•·Indefinida: mil 287 pesos

Los cazadores que han tramitado licencia de caza deportiva desde que se implementó en julio de 2000 con la entrada en vigor de la Ley General de Vida Silvestre son 60 mil 83.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase al promovente, para su conocimiento.



TASAS DE INTERES BANCARIAS

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta del oficio número D.G.P.L. 60-II-I-2146, signado por los diputados César Duarte Jáquez y Marcela Cuen Garibi , Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número UBVA/ DGAARF /040 /2009, suscrito por Germán Saldívar Osorio, director general adjunto de Ahorro y Regulación Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la educación financiera.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 5 de marzo de 2009.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Esta secretaría hace referencia a su oficio número SEL/300/560/09, mediante el cual remite el punto de acuerdo sin número, aprobado por el Pleno del Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 28 de enero de 2009, que a continuación se transcribe:

Primero. La Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo federal a estudiar, implantar y evaluar programas de educación encaminados a informar a los usuarios de los servicios financieros para que éstos tengan elementos a fin de comparar, analizar y decidir sobre las opciones existentes en el mercado, con objeto de que obtengan las mejores condiciones crediticias. Segundo. La Comisión Permanente exhorta a las instituciones financieras a sensibilizarse ante el entorno financiero adverso y reduzcan las tasas de interés que cobran por los créditos, a partir del reconocimiento del costo de los recursos que captan y la diferenciación de nivel de riesgo que los diversos clientes les representan.

Sobre el particular, la Dirección General de Ahorro y Regulación Financiera, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 30, fracción XI, del Reglamento Interior de esta secretaria, le informa que en materia de política financiera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está consciente de que las acciones orientadas a promover la transparencia y fortalecer la protección del consumidor deben ir acompañadas de un tercer componente relacionado con acciones en materia de educación financiera.

Por lo anterior, uno de los ejes rectores de las estrategias y líneas de acción transversales establecidas en el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo 2008-2012 es diseñar e implantar una estrategia nacional de cultura financiera.

El diseño e implantación de dicha estrategia tienen por objeto habilitar a la población en el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan utilizar productos y servicios financieros para mejorar su calidad de vida, además de servir como detonante para una mayor competencia en el sistema financiero.

De tal manera, durante el segundo semestre de 2008 la SHCP trabajó en las siguientes líneas de acción de corto plazo:

Durante octubre de 2008 se puso en marcha una campaña nacional de difusión a través de los medios de comunicación, utilizando diferentes productos y materiales, con la finalidad de brindar consejos a toda la población sobre el uso de servicios financieros, en una campaña que será de largo plazo.

Dada la coyuntura por la que se atraviesa, para esta primera etapa se seleccionó el producto de tarjeta de crédito. En este sentido, si bien las autoridades financieras han implantado medidas prudenciales, al aumentar los requerimientos en los niveles de reservas preventivas, así como medidas regulatorias en materia de transparencia en los estados de cuenta de este producto, con esta campaña se busca comunicar a la población, a través de un enfoque educativo, ilustrativo e informativo, las ventajas del uso razonable del crédito al consumo que prevenga el sobreendeudamiento.

Los mensajes que dejaron en la población son sencillos, pero muy importantes, como: ``las ventajas de tener crédito'', ``cuidar el nivel de endeudamiento'', ``comparar y elegir los productos que más convengan'' o ``liquidar las deudas en un tiempo razonable'', así como crear conciencia de que ``el crédito no es dinero extra''.

En paralelo, la campana también busca fortalecer la imagen de la Condusef a fin de que la población la conozca y acuda a este organismo como hoy lo hace con la Profeco.

La SHCP trabaja en el diseño temático de las etapas futuras, a fin de identificar adecuadamente los productos y servicios financieros en que la población debe estar más informada.

La SHCP a través de la Condusef organizó en octubre de 2008 la Primera Semana de Educación Financiera, proyecto que a través de encuentros, productos educativos especiales y campanas masivas de comunicación social tuvo el propósito de generar un marco de referencia para dirigir todas las acciones que promuevan la educación financiera, así como suscitar una sinergia entre instituciones de diversos ámbitos para lograr efecto en la población.

Los principales temas desarrollados durante la semana fueron el presupuesto familiar, el ahorro, el crédito, la inversión y los seguros de los diferentes segmentos de la población. A este proyecto se sumaron 154 socios estratégicos nacionales y locales, de los que destacan instituciones gubernamentales, financieras y educativas.

Entre las casi 500 acciones o encuentros llevados a cabo en el país resaltan acciones como éstas:

• Asesorías sobre presupuesto familiar a vocales del programa Oportunidades de la Sedesol, en 23 puntos de la República Mexicana, a cargo de la Universidad Panamericana y de Banamex.
• Foro de Remesas Productivas en Jerez, Zacatecas (una de las principales zonas de migrantes en el país).
• Foro Queretano de Educación Financiera, el cual tuvo la finalidad de analizar la importancia de la educación financiera en general, y en particular en el sector de ahorro y crédito popular mexicano.

Por otra parte, esta secretaría, con la de Educación de Yucatán, difundió los mensajes de la Semana Nacional de Educación Financiera a municipios indígenas. Se instalaron módulos de atención específicos para ellos. Asimismo, se transmitieron cápsulas de radio en lengua maya.

En noviembre de 2008, la SHCP celebró una alianza estratégica con el Museo Interactivo de Economía para que la Condusef cuente con una exhibición interactiva que formará parte de la muestra permanente del museo, así como una exposición itinerante para presentarse en diversas plazas del interior del país durante los próximos tres años.

Las exposiciones buscarán mostrar a niños, a jóvenes y a adultos los conceptos de crédito, ahorro y aseguramiento, relevantes en las diferentes etapas de su vida.

Actualmente, la SHCP trabaja con el Museo Interactivo de Economía en el diseño de la exposición y se estima que para el segundo semestre de 2009 se inaugure.

Finalmente, las autoridades financieras reiteran que seguirán trabajando en proyectos que promuevan la protección de los intereses del público.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 4 de marzo de 2009.--- Germán Saldívar Osorio (rúbrica), director general adjunto de Ahorro y Regulación Financiera.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese la Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación. La anterior también fue al promovente. Continúe la Secretaría.



FAMILIAS MEXICANAS

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 60-III-2-2156, signado por los diputados César Duarte Jáquez y José Rubén Escajeda Jiménez , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número COLERE 100/2009, suscrito por el almirante CG diplomado de Estado Mayor Jorge Humberto Pastor Gómez, jefe de Estado Mayor General de la Armada de la Secretaría de Marina, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la implantación de políticas públicas que fortalezcan a las familias mexicanas.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 5 de marzo de 2009.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Marina.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Estimado licenciado:

Por instrucciones del almirante secretario de Marina, la Jefatura de Estado Mayor General a mi cargo, con relación a su atento oficio número SEL/300/438/09, de fecha 23 de enero de 2009, mediante el cual remite a esta secretaría el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 28 de enero del presente año, por medio del cual la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a implantar en la administración pública federal políticas públicas que tiendan a fortalecer a las familias mexicanas en su organización y desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o. constitucional, aprovechando las reflexiones y conclusiones que se dieran en ocasión del Encuentro Mundial de las Familias, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, hace de su conocimiento que esta dependencia, a través de la Dirección General Adjunta de Seguridad y Bienestar Social, ha implantado desde 2001 programas sociales, culturales y recreativos, con el propósito de fomentar la convivencia, la integración, el sano esparcimiento, y los valores cívicos y morales, en beneficio del personal naval y sus familias, a través de encuentros sociales, como los Días de Reyes, del Niño y de la Madre.

También como apoyo de la economía del personal naval y sus derechohabientes, se vincula con instituciones que otorguen descuentos, cortesías gratuitas en cines, teatros, parques recreativos, balnearios, etcétera, a fin de orientar y prevenir problemas presentados por el personal y sus familias en temas de bienestar social, se imparten conferencias de violencia familiar, las adicciones y sexualidad, entre otras.

Como respuesta a la necesidad de una vivienda digna, se construyeron unidades habitacionales en el sector naval de Cabo San Lucas y San Felipe, Baja California, así como la construcción y ampliación de centros de desarrollo infantil en apoyo de las trabajadoras militares.

Se otorgan becas a hijos del personal, en apoyo de estudios de nivel primaria, secundaria, media superior y superior.

Aunado a lo anterior y con el propósito de continuar fortaleciendo a las familias mexicanas en su organización y desarrollo, esta institución tiene como objetivo en el periodo 2009-2014 la creación de 14 centros de desarrollo infantil y 11 unidades habitacionales en los diferentes mandos navales en el territorio nacional.

Agradeceré que por su conducto se haga del conocimiento de la referida Mesa Directiva que esta institución, en cumplimiento del citado punto de acuerdo, lleva a cabo las acciones mencionadas en el presente documento.

Sin otro particular, encuentro oportuna la ocasión para reiterarle las seguridades de mi especial consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, a 3 de marzo de 2009.--- Almirante CG DEM Jorge Humberto Pastor Gómez (rúbrica), jefe de Estado Mayor General.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase al promovente, para su conocimiento.



MUJERES - DESARROLLO ECONOMICO Y LABORAL

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con el siguiente punto de acuerdo:

``Primero. Se exhorta al honorable Congreso de la Unión a impulsar y aprobar las reformas legislativas en material laboral, a fin de que permitan redefinir el papel de las mujeres como factor fundamental en el proceso de desarrollo económico y en el ámbito laboral.
Segundo. EL Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a actualizar con perspectiva de género el Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral.''
Atentamente
México, DF, a 11 de marzo de 2009.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Equidad y Género.



LEY DE COORDINACION FISCAL - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Tomás Torres Mercado y Rosalinda López Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal y el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La presidencia dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente
México, DF, a 9 de marzo de 2009.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente.»

«Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de garantizar a las entidades federativas los recursos necesarios para el desarrollo de sus economías y el bienestar de sus habitantes

Los suscritos, Tomás Torres Mercado y Rosalinda López Hernández , senadores a la LX Legislatura del Congreso de las Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso someten a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal y el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

Legisladores del PAN y del PRI han impulsado en las últimas semanas la derogación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, con el argumento de beneficiar a los dueños de autos y contribuir al conjunto de medidas anticíclicas emprendidas por el gobierno.

Lo cierto es que, más allá de los beneficios directos que traería a los propietarios de vehículos en este país, la eliminación del impuesto impactaría de manera negativa las finanzas de las entidades federativas y su capacidad de responder a las necesidades de sus ciudadanos.

Es importante recordar que el impuesto es 100 por ciento participable y su derogación significaría una reducción de alrededor de 22 mil millones de pesos en los recursos que reciben los 31 gobiernos de los estados y del Distrito Federal.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el impacto negativo para entidades como Baja California, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Nuevo León, Veracruz o Zacatecas sería el siguiente:

Participaciones pagadas a entidades federativas Enero-Diciembre de 2008

Entidad Tenencia
Baja California Más de 470 millones
de pesos (mdp)
Distrito Federal Más de 5,000 (mdp)
Guanajuato Más de 750 (mdp)
Guerrero Más de 250 (mdp)
Jalisco Más de 1,700 (mdp)
México Más de 2,200 (mdp)
Nuevo León Más de 2,200 (mdp)
Veracruz Más de 800 (mdp)
Zacatecas Más de 150 (mdp)

La situación es particularmente complicada, pues debido a la severa crisis económica por la que atraviesa el país, los gobiernos locales han dejado de recibir 12 mil millones de pesos en lo que va del año, por el concepto de participaciones federales. De hecho, algunos analistas consideran que las participaciones federales podrían caer todavía más en lo que resta del año, hasta en 40 mil millones de pesos.

Lo anterior contradice las expectativas artificiales generadas en los momentos que precedieron a la aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2009, cuando algunos diputados afirmaron que los Estados recibirían recursos nunca antes vistos en su historia; recursos, que fueron publicitados de forma indebida como producto de gestiones unipersonales.

Como senadores y representantes del pacto federal estamos obligados a impulsar propuestas responsables que velen por los intereses de los ciudadanos del país en su conjunto. No podemos generar expectativas falsas en la población con reformas que generen más daños que beneficios.

Consideramos que este es el momento para abrir un amplio debate sobre la necesidad de descentralizar el gasto público. Sin duda, el fortalecimiento de la capacidad financiera de las entidades federativas es un elemento fundamental para enfrentar la severa crisis en la que se encuentra nuestro país. Por su cercanía y conocimiento de los problemas locales, los gobiernos estatales son quienes pueden contribuir de' manera decisiva a impulsar la inversión productiva, generar empleos suficientes, garantizar el crecimiento del mercado interno y el bienestar de los ciudadanos.

No es posible por ejemplo, seguir sosteniendo el pesado aparato burocrático de las delegaciones de dependencias federales con sede en los Estados. Actualmente hay 235 delegaciones en los estados y el DF. En total, existen mil 390 delegados federales que son acompañados de una estructura de más de 5 mil funcionarios. De acuerdo con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2009 se destinaron a la estructura de delegaciones federales casi 15 mil millones de pesos tan sólo por concepto de gasto corriente. Esto es: una cifra equivalente al 68 por ciento de los 22 mil millones de pesos que reciben las entidades por concepto de tenencia se utiliza para el mantenimiento de las delegaciones en este año fiscal.

No sería razonable proponer la eliminación de todas las delegaciones federales, pero si racionalizar del tamaño de la actual estructura a fin de ahorrar recursos que puedan destinarse a inversión productiva y combate a las desigualdades.

Por otra parte, es necesario señalar que el simple incremento del porcentaje de la recaudación federal participable para conformar el Fondo General de Participaciones, como se ha venido proponiendo, no compensará a todas las entidades federativas de la misma forma.

Tan sólo el estado de México, Nuevo León, Distrito Federal, Jalisco, Puebla obtienen el 40 por ciento de los recursos del Fondo General de Participaciones y, por consiguiente, obtendrían una proporción igual derivada del incremento. Por ello resulta necesario establecer mecanismos que aporten recursos de manera equitativa a las entidades federativas, en una proporción similar a las establecidas en la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

A través de la presente iniciativa, proponemos incrementar en 3 puntos el actual porcentaje de la recaudación federal participable destinado a la constitución del Fondo General de Participaciones. De 20 a 23 por ciento.

De forma paralela proponemos una modificación a la fórmula de asignación siguiendo dos mecanismos. El mecanismo de asignación del 20 por ciento de la recaudación federal participable que constituye en Fondo actual se mantiene en sus términos. Por otro lado, proponemos un nuevo mecanismo de asignación para el 3 por ciento restante, a fin compensar de forma equitativa la disminución de los ingresos de las entidades federativas derivada de la eliminación de la tenencia y fortalecer los ingresos de las entidades con un mayor grado de pobreza.

Finalmente, debemos recordar que no será posible sentar bases sólidas para el desarrollo de México sin una reforma fiscal integral y progresiva que simplifique las obligaciones y elimine privilegios. Esto es algo que hemos propuesto en múltiples ocasiones desde el inicio de la LX Legislatura.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Artículo 2o. El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 23 por ciento de la recaudación federal participable que obtenga la Federación en un ejercicio.

...

...

...

El Fondo General de Participaciones se distribuirá conforme a la fórmula siguiente:

Donde:

C1i,t, C2i,t, y C3i,t son los coeficientes de distribución del Fondo General de Participaciones de la entidad i en el año en que se efectúa el cálculo.
C4i,t: Es el coeficiente que mide el peso del parque vehicular de la entidad i en el año en que se efectúa el cálculo respecto al total registrado en las entidades.
C5i,t: Es el coeficiente ponderado, que se construye por la segmentación del parque vehicular en tres estratos, el primero de 0 a 4 años, el segundo de 5 a 7 años, y el tercero de 8 a 10 años, con sus respectivas ponderaciones 10 por ciento, 30 por ciento y 60 por ciento. Este coeficiente toma en consideración para la asignación de los recursos la cantidad de parque vehicular en una entidad i en el año en que se efectúa el cálculo respecto al total registrado en las entidades en función de la antigüedad.
C6i,t: Es el coeficiente de la población ocupada que percibe hasta 2 salarios mínimos de las entidades respecto al total nacional, de la entidad i en el año en que se efectúa el cálculo respecto al total registrado en las entidades.
Pi,t es la participación del fondo a que se refiere este artículo, de la entidad i en el año t. compuesto por la metodología de asignación tradicional (Pi,) y un componente de amortización a las entidades i para responder a la disminución del fondo causado por la disminución de la recaudación federal, eliminación de la tenencia, inflación y un factor de asignación en función de la población ocupada de las entidades que percibe ingresos hasta 2 salarios mínimos (Pi,).
Pi,07 es la participación del fondo a que se refiere este artículo que la entidad i recibió en el año 2007.
DFGP07,t es el crecimiento en el Fondo General de Participaciones entre el año 2007 y el año t.
PIBi, es la información oficial del producto interno bruto del último año que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática para la entidad i.
PIBi, es la información oficial del producto interno bruto del año anterior al definido en la variable anterior que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática para la entidad i.
IEi,tes la información relativa a la recaudación de impuestos y derechos locales de la entidad i en el año t contenida en la última cuenta pública oficial. Para tal efecto, se considerarán impuestos y derechos locales todos aquellos que se recauden a nivel estatal, así como el impuesto predial y los derechos por suministro de agua. La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales podrá aprobar otros impuestos y derechos respecto de los cuales exista información certera y verificable, atendiendo a criterios de equidad entre las entidades federativas.
DIEi,tes un promedio móvil de tres años de las tasas de crecimiento en la recaudación de los impuestos y derechos locales de la entidad i, referidos en la variable anterior.
ni es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática para la entidad i.
Si es la suma sobre todas las entidades de la variable que le sigue.

Transitorios

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 17 Bis. En cada entidad federativa, habrá hasta 5 delegaciones, una por cada eje rector contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo, que contribuirán con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para prestar servicios o realizar trámites en cumplimiento de los programas a su cargo, siempre que cuenten con recursos aprobados para dichos fines y observen lo siguiente:

I. Los titulares de las delegaciones serán designados por el titular del Ejecutivo Federal y tendrán las atribuciones que señale el reglamento que éste emita. Asimismo, deberán reunir por lo menos los siguientes requisitos:
a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
b) Contar con estudios académicos en materias afines a las atribuciones que correspondan a la delegación respectiva;
c) Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en materia administrativa;
d) No haber sido sentenciado por delitos patrimoniales o estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, y
II. a III. ...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 9 días del mes de marzo de 2009.--- Senadores: Tomás Torres Mercado (rúbrica), Rosalinda López Hernández (rúbrica), Claudia Corichi García (rúbrica), Arturo Hérviz Reyes (rúbrica), José Luis García Zalvidea (rúbrica), María Rojo e Incháustegui (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación.



PERMISO PARA ACEPTAR CONDECORACIONES

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Valentín Díez Morodo para que pueda aceptar y usar la condecoración de L'Ordre de Léopold, en grado de Commandeur, que le otorga el gobierno del Reino de Bélgica.

Atentamente
México, DF, a 11 de marzo de 2009.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Valentín Díez Morodo para que pueda aceptar y usar la condecoración de L'Ordre de Léopold, en grado de Commandeur, que le otorga el gobierno del Reino de Bélgica.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 11 de marzo de 2009.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente; Senador Adrián Rivera Pérez (rúbrica), Secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 11 de marzo de 2009.--- Dr. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano José Rafael Guadalupe Carral y Escalante pueda aceptar y usar la condecoración Commandeur de L'Ordre de la Couronne, que le otorga el gobierno de Bélgica.

Atentamente
México, DF, a 11 de marzo de 2009.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano José Rafael Guadalupe Carral y Escalante pueda aceptar y usar la condecoración Commandeur de L'Ordre de la Couronne, que le otorga el gobierno de Bélgica.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 11 de marzo de 2009.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente; Senador Adrián Rivera Pérez (rúbrica), Secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 11 de marzo de 2009.--- Dr. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso para que Bernardo Quintana Isaac pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Leopoldo, en grado de Comendador, que le otorga el gobierno del Reino de Bélgica.

Atentamente
México, DF, a 11 de marzo de 2009.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único . Se concede permiso para que Bernardo Quintana Isaac pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Leopoldo, en grado de Comendador, que le otorga el gobierno del Reino de Bélgica.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 11 de marzo de 2009.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente; Senador Adrián Rivera Pérez (rúbrica), Secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 11 de marzo de 2009.--- Dr. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso para que Fernando del Paso y Morante pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Corona, en grado de Comendador, que le otorga el gobierno del Reino de Bélgica.

Atentamente
México, DF, a 11 de marzo de 2009.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que Fernando del Paso y Morante pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Corona, en grado de Comendador, que le otorga el gobierno del Reino de Bélgica.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 11 de marzo de 2009.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente; Senador Adrián Rivera Pérez (rúbrica), Secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 11 de marzo de 2009.--- Dr. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnense a la Comisión de Gobernación.



CAZA DEPORTIVA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Lo que corresponde al oficio de la Secretaría de Gobernación, que remite la contestación de la Secretaría de Medio Ambiente respecto a las licencias de caza deportiva expedidas en 2007-2008, remítase a la Comisión de la Función Pública, para su conocimiento. Continúe la Secretaría.



REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : ¿Falta algún diputado o alguna diputada de registrar su asistencia? Está abierto el sistema electrónico.

Ciérrese el sistema electrónico.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 367 diputadas y diputados.

Quienes no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.



REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es de dictámenes de primera lectura.

En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que expide el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados

Honorable Asamblea:

En uso de las facultades que el artículo 40, párrafo 2, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, otorga a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para preparar los proyectos de ley o decreto en materia de adecuación de las normas que rigen las actividades camarales; los integrantes de esta comisión sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto por el que se expide el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, al tenor siguiente:

Antecedentes

El 11 de junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en adelante Ley), que obliga a todas las dependencias y entidades de los tres poderes federales a garantizar al público la disponibilidad y medios de acceso a la información del gobierno.

El artículo 61 de la Ley incluyó al Poder Legislativo dentro de los sujetos obligados por la ley a establecer y desarrollar normas en materia de acceso a la información y el artículo cuarto transitorio le estableció la obligación de publicar las disposiciones reglamentarias correspondientes necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones legales, un año después de la entrada en vigor de la Ley.

A fin de dar cumplimiento a estos preceptos, la Cámara de Diputados aprobó el Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2003.

Asimismo el 29 de agosto del 2003 se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados número 1323, el Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establecen los criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.

El 11 de mayo de 2004, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se derogó la fracción II del artículo 22 de la Ley, para eliminar la salvedad de pedir autorización al individuo de proporcionar sus datos personales cuando se tratara de manejarlos por razones estadísticas, científicas o de interés general.

Tras casi 30 años de inmovilidad del texto del artículo 6º Constitucional y 4 años de ejercicio de la Ley, se evidenció la necesidad de adecuar la carta Magna para dotar al Poder Legislativo de mayores facultades en esta materia así como de establecer bases y lineamientos que cubrieran aspectos que el marco legal no contemplaba, tales como el principio de máxima publicidad; la protección de la vida privada y los datos personales; la accesibilidad gratuita de las personas a la información pública y a sus datos personales; el establecimiento de órganos especializados imparciales y autónomos que sustancien de manera expedita los procedimientos de revisión; la preservación de documentos, la transparencia de los recursos destinados por las instituciones públicas a los particulares y la sanción por el incumplimiento de estos elementos rectores. De esta manera, el 20 de julio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se añadió un segundo párrafo y siete fracciones al artículo 6º Constitucional.

La inclusión de estas transformaciones en el texto constitucional, implicó que tanto la Ley como los respectivos reglamentos en los 3 poderes, fueran nuevamente puestos en revisión para su adecuación normativa.

Esta reforma, sin embargo, no se ha realizado; la Ley aún no ha sido actualizada y ello ha sido un óbice importante para que las diversas instancias públicas de los tres poderes, realicen las modificaciones conducentes en sus respectivos reglamentos.

Hay que advertir que, considerando la teoría de la jerarquía normativa expuesta por el maestro Hans Kelsen, la validez de una norma inferior es tal, si y solo si respeta el cauce que le marca la norma superior. En ese sentido, la Ley debe regular dentro del marco que la propia Constitución le marca, y a su vez, los diversos reglamentos de todos los órganos públicos debieran hacer lo propio dentro del cauce que la ley establece; de tal manera que aventurarse a hacer una modificación reglamentaria, sin tener los límites dispuestos en la ley, es un riesgo grave en la construcción del derecho.

Sin embargo, el tema de la transparencia no ha sido ajeno al interés de los integrantes de las Cámaras; los legisladores de todos los partidos políticos han hecho propuestas para modificar diversos ordenamientos en materia de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública.

El 4 de octubre del 2007, el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó al Pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 23, 26, 30, 41, 44, 45, 46, 49, y se adicionan los artículos 47 Bis y 51 Bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2093, del jueves 20 de septiembre de 2007, que propone ``llevar a cabo reformas a nivel institucional que permitan coadyuvar y abonar al desarrollo nacional, a partir del combate a la corrupción, garantizando la transparencia y rescatando la ética en la gestión gubernamental. Los motivos que animan su iniciativa abonan a una reforma integral al régimen interno; su propuesta compila las propuestas para mejorar la efectividad del trabajo legislativo, surgido de las reflexiones realizadas en las sesiones del Grupo de Trabajo encargado de la aplicación permanente del principio ético en la Cámara de Diputados, que buscan dotar de mayor transparencia los recursos que los grupos parlamentarios manejan, aplicar una auténtica rendición de cuentas, fomentar la aplicación del principio ético en el ejercicio legislativo y procurar la rendición de cuentas ante el ciudadano y al interior del propio Congreso, entre otros temas''.

El 26 de abril del 2007, los diputados Pablo Trejo Pérez y Juan Guerra Ochoa, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, presentaron una iniciativa que reforma y adiciona los artículos 29, 34, 46 y 53 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de legalidad, fiscalización y transparencia turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2239-V, del martes 24 de abril de 2007; sugiere corregir la dudosa legalidad en el uso de los recursos asignados a la Cámara de Diputados, ``limitada fiscalización de los mismos, falta de transparencia, para ello, de aprobarse su propuesta, garantizará los principios de legalidad, fiscalización y transparencia en el uso de los recursos públicos asignados a la Cámara de Diputados''.

En la sesión del 9 de octubre del 2007, la diputada Dolores de María Manuell Gómez Angulo, del Grupo Parlamentario del PAN presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el párrafo cuarto del artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2355-III, del jueves 4 de octubre de 2007, con la que propone que ``los diputados y senadores integrantes del Congreso de la Unión presenten un informe anual de labores en el distrito, circunscripción o Estado que representen y por el que hayan sido electos como legisladores federales''.

En la sesión del 30 de abril del 2008, el diputado José Martín López Cisneros , del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una iniciativa en la que adiciona un párrafo cuarto al artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2492-II, del jueves 24 de abril de 2008; donde esboza ``disposiciones que impliquen la obligación de informar las actividades, que en el ejercicio de sus funciones, realicen los legisladores, ya sea que las mismas se lleven a cabo en sesiones ordinarias o permanentes, o en los periodos de receso al atender a la ciudadanía de la demarcación que representa, y con ello lograr que se forme un sistema integral de transparencia de gestión legislativa...''.

El 12 de septiembre del 2007 los diputados Juan Abad de Jesús , Layda Elena Sansores San Román , Alberto Esteva Salinas y Humberto López Lena, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2338-IV, del martes 11 de septiembre de 2007; para ``crear procedimientos de Acceso a la Información y Transparencia y Datos Personales de la Cámara de Diputados para ello la Cámara de Diputados, establecería una unidad administrativa con atribuciones para aplicar criterios y procedimientos institucionales, con el fin de proporcionar a las personas el acceso a la información pública, a través de procedimientos expeditos, procedimientos de protección de datos personales, e instituir un Órgano Autónomo de Garantías de Acceso a la Información y Transparencia y Datos Personales de la Cámara de Diputados''.

Aún la propia Junta de Coordinación Política mostró interés en el tema y el 2 de septiembre del 2008 presentó un ``Punto de Acuerdo por el que aprueba el Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública de la Cámara de Diputados''; propuesta que fue retirada de esa sesión y que junto con todas las iniciativas descritas, formaron parte de los insumos con los que esta comisión elaboró el presente proyecto.

Además de los documentos señalados, este órgano legislativo recibió las opiniones de la Dirección General Jurídica de esta Cámara y de la Dirección General de Tecnologías de Información; intercambió puntos de vista con investigadores del Instituto Federal de Acceso a la Información, y procesó las diversas publicaciones que hay en la materia. En este sentido, los integrantes presentamos a su consideración este proyecto que condensa todas estas fuentes y que pretende cumplir con las exigencias de una sociedad cada vez más participativa y plural.

Derivado de lo anterior, los integrantes de este órgano legislativo nos dimos a la tarea de construir este esfuerzo normativo que, por un lado, cubriera las nuevas disposiciones constitucionales y por otro pudiera respetar la competencia y alcances normativos que le corresponden a la ley.

Contenido

Dentro del cuerpo de este proyecto, compuesto por 140 artículos organizados en 5 títulos, se pretende establecer los procedimientos institucionales para fincar la transparencia institucional como una norma de actuación en la Cámara de Diputados y garantizar el acceso a la información pública.

De la misma forma, la protección a los datos personales tiene un tratamiento que asegura la creación de bases de datos cuya consulta, corrección, ratificación, oposición y hasta cancelación, se garantizan con estrictas medidas de control como un derecho a favor del titular de esa misma información.

Digno de comentar es el fortalecimiento institucional de la unidad de Enlace ya existente, como órgano administrativo encargado del primer contacto entre usuarios y la Cámara; y la creación de el Órgano Rector, integrado por los coordinadores parlamentarios encargado de sustanciar el recurso de revisión. Asimismo se crea el Consejo, como ente imparcial, autónomo y especializado el cual implementa y evalúa las políticas de transparencia y acceso a la información pública así como las políticas de protección de datos personales, construye y evalúa los indicadores de gestión, sugiere las adecuaciones para el cabal cumplimiento de la garantía de acceso y disposición de la información y finalmente resuelve en definitiva el recurso de reconsideración.

Es importante precisar, que el texto constitucional utiliza los conceptos de órgano u organismo, como dos figuras que tienen diferencias técnicas importantes. Los organismos son entes públicos que administran asuntos específicos y que cuentan con determinados grados de autonomía e independencia.

El organismo, además de ser un principio de organización, constituye un reparto de competencias públicas, integrándose una persona de derecho público, con personalidad jurídica, recursos propios y a la cual se le han delegado poderes de decisión; como es el caso de los organismos constitucionales; mientras que el órgano materializa el reparto de atribuciones dentro de la misma persona pública, pero está dotado de facultades para su actuación y decisión imparciales.

En este sentido, el dictamen de la Comisión no opta por la creación de un ente diverso y ajeno a la Cámara, sino por la creación del Consejo como un órgano que fortalece su estructura interna, al que se le encargan tareas específicas en materia de transparencia, acceso a información y datos personales.

Para cumplir integralmente con las disposiciones constitucionales, se dota a este órgano con las características que expresa el texto constitucional tales como especialización, imparcialidad, autonomía operativa, de gestión, presupuestal y de decisión.

Por otro lado, como parte de la satisfacción de los supuestos constitucionales, se ha establecido en el Reglamento, el principio de gratuidad de la información, pero para evitar un costo oneroso a la institución, se ha implementado, sin vulnerar este principio, disposiciones normativas.

Asimismo se crean dos recursos que se oponen a las resoluciones adversas a las solicitudes: el de revisión y el de reconsideración, que contemplan en todo tiempo la suplencia de la queja y la expedición de la información, sin costo de materiales para el solicitante, en caso de falta de respuesta de la autoridad en el plazo legal.

Finalmente, adoptando una práctica de la técnica legislativa más reciente, se ha decidido numerar absolutamente todos los párrafos de cada artículo, tal como lo hacen en la Ley Orgánica del Congreso y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por nombrar sólo algunos ejemplos. Esta práctica permite identificar con claridad cada párrafo más allá del formato editorial y una lectura y comprensión claras de los textos legales.

Por lo anteriormente señalado, y con fundamento en lo que disponen los artículos 77, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, párrafo 2, inciso a); 45, párrafo 6, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados

Unidos Mexicanos y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias presenta a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente

Proyecto de decreto por el que se expide el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados.

Artículo Único. Se expide el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados.

REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

1. Este Reglamento tiene por objeto establecer los órganos, criterios y procedimientos institucionales para implementar la política de transparencia, proporcionar a las personas el acceso a la información pública y garantizar la protección de los datos personales en la Cámara de Diputados, de conformidad con los principios y criterios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 2

1. Para los efectos de este Reglamento se entiende por:

I. Cámara: La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión;
II. Comisiones: Las comisiones de la Cámara de Diputados;
III. Comités: Los comités de la Cámara de Diputados;
IV. Conferencia: La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos V. Legislativos de la Cámara de Diputados;
V. Consejo: El Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados;
VI. Grupos: Los Grupos Parlamentarios representados en la Cámara de Diputados;
VII. Junta: La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados;
VIII. Ley: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;
IX. Ley Orgánica: La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;
X. Mesa Directiva: La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados;
XI. Órganos obligados: Los órganos técnicos, legislativos y administrativos que deben presentar información institucional;
XII. Órgano Rector: El Órgano Rector de las políticas y lineamientos en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales de la Cámara de Diputados;
XIII. Órgano administrativo: Los órganos de la Cámara de Diputados encargados de tareas administrativas;
XIV. Reconsideración: El recurso de reconsideración;
XV. Reglamento: El Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados;
XVI. Revisión: El recurso de revisión;
XVII. Secretario o Secretaría General: El Secretario o la Secretaría General de la Cámara de Diputados, y
XVIII. Unidad: La Unidad de Enlace de la Cámara de Diputados.

Artículo 3

1. Para efectos del Reglamento se utilizan las voces y significados siguientes:

I. Archivo: Los expedientes y documentos legislativos y administrativos que contienen información inherente al funcionamiento de la Cámara y/o de sus órganos, con independencia de su forma de presentación;
II. Cancelación de datos personales: El bloqueo o impedimento para que la información contenida en medios o sistemas electrónicos sea divulgada;
III. Causa legal: La resolución firme de autoridad o disposición legal que permita o impida la divulgación de la información;
IV. Clasificación: El acto administrativo que consiste en dar a la información el carácter de reservada, conforme a la ley para impedir su divulgación;
V. Destinatario: Cualquier persona física o moral, pública o privada que recibe datos personales;
VI. Duda razonable: Indecisión comprensible respecto del manejo que se pueda dar a una información o documento, en una situación en que sea difícil establecer una decisión entre el principio de máxima publicidad y las disposiciones legales que señalen su clasificación;
VII. Encargado: El servidor público responsable para llevar a cabo el tratamiento físico o automatizado de los datos personales;
VIII. Estrados electrónicos: Mecanismo mediante el cual se publican los avisos de las resoluciones en el portal de la Cámara de Diputados con lo que se notifica legalmente al solicitante;
IX. Estrados: Sitio en el que se colocan los avisos de las resoluciones, con lo que se notifica legalmente al solicitante. Cada órgano responsable de dar respuesta tiene los suyos;
X. Expediente: Conjunto ordenado de documentos;
XI. Información: Los datos y elementos contenidos en los documentos y expedientes;
XII. Lineamiento: Las normas jurídicas emitidas por las autoridades u organismos establecidos en el Reglamento;
XIII. Normatividad: El grupo de normas de diversa jerarquía que regulan el tema de la transparencia, el acceso la información pública y la protección de datos personales en la Cámara de Diputados a saber: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Reglamento de Acceso a la Información Pública de la Cámara de Diputados, los lineamientos, acuerdos y circulares respectivas;
XIV. Procesamiento de datos: Tratamiento de la información mediante los métodos y técnicas que permiten los avances tecnológicos como la computadora y las ciencias como la estadística;
XV. Prueba de riesgo de daño: Acreditación con elementos objetivos de que la divulgación de alguna información podría perjudicar el interés público en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;
XVI. Servidor público: Toda persona que labore en la Cámara de Diputados y se encuentre en el supuesto contenido en el párrafo primero del artículo ciento ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
XVII. Titular o titulares de datos personales: Las personas que generan información de sí mismas por el simple transcurso ordinario de su vida como el nombre, domicilio, edad, estado civil, etcétera; así como la relación de dominio que tienen sobre esa información;
XVIII. Usuario: Persona que hace uso de algún servicio o solicita algún trámite en materia de acceso, transparencia y protección de datos personales en la Cámara;
XIX. Versión estenográfica: Transcripción escrita de cuanto se dice en una reunión o sesión, hecha mediante la máquina de escribir de tipos taquigráficos y trasladados posteriormente al tipo de escritura ordinaria, y
XX. Versión Pública: Presentación de un documento al que se le ha eliminado, o suprimido la información cuya divulgación podría representar un riesgo en términos de la ley, con la finalidad de divulgar el resto de ella.

Artículo 4

1. El Reglamento es de observancia general para los diputados, los servidores públicos que prestan sus servicios a la Cámara y todos los órganos mencionados en el artículo cuarenta y siete del mismo ordenamiento.

TÍTULO SEGUNDO ÓRGANOS DE TRANSPARENCIA

CAPÍTULO PRIMERO DE LA UNIDAD

Artículo 5

1. La Unidad es el órgano operativo de la Cámara que:

I. Establece el vínculo con los órganos obligados a presentar la información institucional;
II. Da curso a las solicitudes y trámites en los plazos y bajo los procedimientos señalados;
III. Da respuesta a las solicitudes que le haga el Consejo en la sustanciación de los recursos de revisión y reconsideración;
IV. Informa del resultado de los recursos de revisión interpuestos y las versiones públicas de las resoluciones emitidas;
V. Informa de los amparos que existan en contra de las resoluciones de la Cámara en materia de acceso a la información;
VI. Informa de las estadísticas sobre las solicitudes de información, que deben contener el tipo de respuesta y el tema de las solicitudes;
VII. Informa del resultado en materia de los programas implantados para la protección de datos personales y organización de archivos, y
VIII. Mantiene actualizada la información a que se refiere el artículo cuarenta y seis y establece en forma visible la fecha de su actualización.

Artículo 6

1. La Unidad:

I. Recibe de los órganos obligados, la información a que se refiere el artículo cuarenta y seis;
II. Recibe, analiza y divulga, en su caso, la información pública obligatoria para cumplir con las políticas de transparencia;
III. Informa cada dos semanas por escrito a la Presidencia de la Mesa Directiva sobre el estado que guardan las solicitudes de acceso a la información pública y de acceso o rectificación de datos personales recibidas en la Cámara;
IV. Participa en el desarrollo de acciones conducentes a la automatización de archivos y conservación de éstos en medios electrónicos y digitales;
V. Coordina junto con las Secretarías de Servicios Parlamentarios y de Servicios Administrativos y Financieros, las acciones inherentes a la materia de archivos que se deberán implantar en la Cámara, de conformidad con los lineamientos que el Órgano Rector emita;
VI. Recibe y da trámite a las solicitudes de información y a las de consulta y corrección de datos personales;
VII. Auxilia a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en su caso, los orienta sobre las dependencias, entidades u órganos que pudieran tener la información que solicitan;
VIII. Realiza los trámites internos necesarios para entregar la información solicitada y vigila que se notifique a los particulares de las resoluciones que emite;
IX. Custodia los expedientes derivados de las solicitudes de acceso a la información pública;
X: Propone al Órgano Rector los procedimientos internos que aseguran la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información;
XI. Lleva un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus resultados y costos;
XII. Orienta a los servidores públicos de la Cámara en el proceso de clasificación, custodia y transmisión de la información clasificada como reservada o confidencial;
XIII. Difunde entre los titulares de datos personales la normatividad para el levantamiento, oposición, procesamiento, acceso, consulta, rectificación, corrección y cancelación de los datos personales;
XIV. Elabora y presenta informes semestrales al Pleno de la Cámara, al Órgano Rector y al Consejo en los términos de los lineamientos respectivos;
XV. Instrumenta los planes y programas de divulgación, capacitación, actualización y otras que en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, que determina el Consejo;
XVI. Propone los medios para la creación del acervo documental en materia de acceso a la información;
XVII. Registra los sistemas de datos personales;
XVIII. Realiza las gestiones necesarias para localizar los documentos administrativos en los que consta la información solicitada;
XIX. Mantiene un archivo histórico en sus anales;
XX. Establece los costos actualizados por los materiales o medios de reproducción de la información, y
XXI. Realiza las demás acciones que son necesarias para cumplir con sus obligaciones.

Artículo 7

1. La Unidad tiene el nivel de coordinación y depende de la Mesa Directiva.

2. A cargo de la Unidad está el Titular de la Unidad quien es designado por el Presidente de la Mesa Directiva.

3. El Titular de la Unidad dura en su cargo el mismo periodo que dure en el suyo el Presidente de la Mesa Directiva que lo haya nombrado.

Artículo 8

1. Para ser el titular de la Unidad se requiere:

I. Ser titulado en licenciatura afín;
II. No haber sido condenado por la comisión de un delito grave;
III. Tener cuando menos treinta años de edad al día de su designación, y
IV. Tener por lo menos tres años de experiencia comprobada en la materia.

Artículo 9

1. La Unidad debe contar con un espacio físico adecuado y personal capacitado para atender y orientar a las personas en materia de transparencia, acceso a la información pública y datos personales.

2. En dicho espacio, se deben disponer los medios para que los usuarios consulten la información pública y puedan formular las solicitudes de acceso a la información o de acceso o rectificación de datos a través de los sistemas electrónicos que para tal efecto se tienen.

CAPÍTULO SEGUNDO DEL ÓRGANO RECTOR

Artículo 10

1. El Órgano Rector es la instancia encargada de establecer las políticas institucionales en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en la Cámara.

2. El Órgano Rector de la Cámara se integra con un Presidente, tantos vocales como coordinadores de grupos parlamentarios haya y cuatro consultores.

3. Preside al Órgano Rector quien funja como Presidente de la Junta.

4. Los vocales son los coordinadores de los grupos parlamentarios que integran la Junta.

5. Los consultores son el Secretario General, el Contralor interno, el Director General de Asuntos Jurídicos y el titular de la Unidad.

Artículo 11

1. El Órgano Rector sesiona en pleno con la concurrencia de sus integrantes que representan la mayoría ponderada, toma sus decisiones por mayoría de voto ponderado.

2. Sesiona una vez al mes de manera ordinaria y cuantas veces sea necesario de manera extraordinaria.

3. Las sesiones son por regla general públicas y se deben hacer versiones estenográficas de ellas, salvo cuando se traten asuntos reservados o información confidencial.

4. Los integrantes del Órgano Rector pueden nombrar, de entre los diputados, suplentes que los representen y asuman sus responsabilidades en las sesiones.

5. A sus sesiones se puede invitar a otras personas, para ilustrar sobre asuntos determinados.

Artículo 12

1. Los vocales del Órgano Rector pueden solicitar al Presidente la realización de sesiones extraordinarias en cualquier momento, mediante escrito fundado y motivado.

2. La convocatoria y el orden del día se publican cuando menos cuarenta y ocho horas antes de la sesión ordinaria, y veinticuatro horas antes de la extraordinaria.

Artículo 13

1. Los asuntos a tratar se deben abordar en el orden siguiente:

I. Registro de asistencia y verificación del quórum;
II. Análisis, discusión y aprobación del orden del día;
III. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior;
IV. Informe del seguimiento a los acuerdos asumidos en la sesión anterior;
V. Análisis, discusión y resolución de los asuntos;
VI. Emisión de los acuerdos respectivos;
VII. Asuntos Generales, y
VIII. Clausura.

Artículo 14

1. Los acuerdos del Órgano Rector deben ser notificados a la Mesa Directiva y difundidos en internet y en la Gaceta Parlamentaria.

2. Los acuerdos del Órgano Rector tienen carácter público, salvo en los asuntos clasificados como reservados o confidenciales.

3. Los acuerdos del Órgano Rector respecto a su organización interna son válidos y obligatorios para todos sus integrantes.

Artículo 15

1. El Órgano Rector:

I. Establece los lineamientos y programas en materia de transparencia institucional en la Cámara y da seguimiento a su cumplimiento;
II. Establece los lineamientos y programas en materia de garantía de acceso a la información pública de la Cámara y da seguimiento a su cumplimiento;
III. Establece lineamientos y programas en materia de protección de datos personales y da seguimiento a su cumplimiento;
IV. Establece lineamientos y programas en materia de los sistemas electrónicos;
V. Establece los lineamientos en materia de manejo de información, datos, archivos y sistemas, de manera que su captación, procesamiento, mantenimiento, administración, acceso, consulta, control, depuración y preservación resulte eficiente, expedita, de calidad y cumpla con los fines y principios establecidos en la Constitución, la Ley y el Reglamento. Asimismo, da seguimiento a su cumplimiento;
VI. Establece lineamientos y programas en materia de preservación de documentos en archivos administrativos organizados y actualizados y da seguimiento a su cumplimiento;
VII. Establece lineamientos y programas en materia de control y consulta que permiten la correcta y adecuada organización, descripción, localización y conservación de los documentos y da seguimiento y cumplimiento a los mismos;
VIII. Establece lineamientos y programas en materia de clasificación y desclasificación de la información y da seguimiento a su cumplimiento;
IX. Establecer el programa de capacitación en transparencia para la Cámara.
X. Coordina y supervisa las acciones de la Cámara en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales;
XI. Recibe de los órganos obligados de la Cámara el índice de los expedientes clasificados como reservados para su aprobación o señalamiento de su corrección;
XII. Presenta a la Cámara y al Consejo informes semestrales;
XIII. Confirma, modifica o revoca la clasificación de la información hecha por los titulares de los órganos obligados;
XIV. Declara la inexistencia de la información solicitada, cuando es el caso;
XV. Elabora su programa anual de actividades donde se establece el calendario de sesiones ordinarias y los proyectos y programas de acciones a seguir en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales;
XVI. Da vista a la autoridad en caso de encontrar irregularidades u omisiones a la normatividad en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales;
XVII. Tiene acceso en cualquier momento a todos los documentos e información de la Cámara, a fin de resolver la revisión;
XVIII. Propone a la Presidencia de la Mesa Directiva la celebración o renovación de los convenios que en materia de transparencia, acceso a la información y datos personales deba celebrar la Cámara, y
XIX. Establece los lineamientos, acuerdos y normas internos necesarios para su funcionamiento interior y las que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

2. Toda normatividad y documentos generados por el Órgano Rector deben divulgarse en la Gaceta Parlamentaria y en el portal de internet de la Cámara, dentro de los diez días hábiles siguientes a su expedición.

Artículo 16

1. El Presidente del Órgano Rector:

I. Convoca y conduce las sesiones ordinarias y extraordinarias;
II. Presenta a la consideración del pleno del Órgano Rector el orden del día y las propuestas de resolución de los asuntos de su competencia, y
III. Presenta a la consideración del pleno el Programa Anual de Trabajo del Órgano Rector;
IV. Presenta a la consideración del pleno los informes semestrales del Órgano Rector, y
V. Nombra al Secretario Técnico del Órgano Rector.

Artículo 17

1. Los vocales del Órgano Rector:

I. Analizan el orden del día y la documentación que corresponde a los asuntos por tratar;
II. Participan en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Órgano Rector con voz y voto;
III. Resuelven los asuntos que les son puestos a votación;
IV. Informan con antelación al Presidente los asuntos que sugieran tratar
V. Realizan las demás funciones y actividades que acuerda el pleno del Órgano Rector.

Artículo 18

1. Los consultores:

I. Elaboran, conjuntamente con el Secretario Técnico la propuesta de Programa Anual de Trabajo;
II. Analizan y hacen propuestas de los asuntos y problemas que compete resolver al Órgano Rector, y
III. Elaboran, conjuntamente con el Secretario Técnico los Informes semestrales de labores.

2. Participan en las sesiones plenarias del Órgano Rector con derecho a voz pero sin voto.

Artículo 19

1. El Órgano Rector tiene un Secretario Técnico designado por el Presidente, que dura en su cargo mientras permanezca en el suyo el Presidente que lo nombra.

2. El Secretario Técnico del Órgano Rector:

I. Asiste a los integrantes del Órgano Rector durante las sesiones sin voz ni voto;
II. Elabora, en conjunto con los consultores, la propuesta de Programa Anual de Trabajo del Órgano Rector;
III. Elabora, en conjunto con los consultores, la propuesta de Informe Semestral del Órgano Rector;
IV. Programa las sesiones;
V. Elabora las convocatorias a sesión;
VI. Elabora los órdenes del día;
VII. Elabora los registros de asistencia;
VIII. Corrobora el quórum en cada sesión;
IX. Prepara la documentación necesaria para las sesiones del Órgano Rector;
X. Elabora las propuestas de redacción de los acuerdos;
XI. Lleva el registro y seguimiento de los acuerdos que someterá a consideración del Presidente del Órgano Rector;
XII. Realiza la propuesta de acta de la sesión anterior;
XIII. Remite los proyectos de acta a los integrantes del Órgano Rector;
XIV. Instrumenta todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los acuerdos;
XV. Divulga las convocatorias para la sesión, las actas y los acuerdos del Órgano Rector;
XVI. Cumple las tareas que le sean encomendadas por los vocales, el Pleno o el Presidente del Órgano Rector, y
XVII. Realiza las demás tareas que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Órgano Rector o inherentes a las responsabilidades de su cargo.

Artículo 20

1. En los acuerdos del Órgano Rector, se deben enunciar los órganos obligados, los funcionarios responsables de su cumplimiento y las fechas programadas para ello.

Artículo 21

1. La propuesta de acta de sesión debe remitirse a los integrantes del Órgano Rector para sus observaciones, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la sesión.

2. Los miembros del Órgano Rector deben enviar al Secretario Técnico las observaciones a la propuesta de acta de sesión anterior en un plazo no mayor de tres días hábiles, contados a partir de que reciban el documento para efecto de que elabore la versión final que será firmada, en la sesión siguiente.

Artículo 22

1. El Órgano Rector debe enviar al Consejo y al Pleno de la Cámara, dentro de los primeros diez días hábiles del mes de enero y julio de cada año, un informe semestral que debe contener:

I. Los datos respecto del número y tipo de todas las solicitudes de información presentadas y sus resultados;
II. Los tiempos de respuesta a las diferentes solicitudes;
III. El estado en que se encuentran las denuncias presentadas por el Consejo ante los órganos internos de control, y
IV. Las dificultades observadas en el cumplimiento de la ley, de este reglamento y de las demás disposiciones aplicables.

CAPÍTULO TERCERO DEL CONSEJO

Artículo 23

1. El Consejo, es el órgano especializado e imparcial de la Cámara con autonomía operativa de gestión y de decisión.

2. Se integra con tres especialistas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

3. Uno funge como presidente, electo por el voto directo y secreto de los consejeros, los otros dos como miembros de número.

4. Los consejeros duran en su cargo cinco años y pueden ser reelectos una sola vez.

5. El rango salarial de todos es equivalente al de Director General en la Cámara.

6. El Consejo funciona en Pleno con la concurrencia de la mayoría de sus integrantes y sesiona una vez a la semana de manera ordinaria y cuantas veces lo decida de manera extraordinaria.

7. Resuelve sus decisiones por mayoría de votos.

8. Las sesiones se realizan por convocatoria de su Presidente, son públicas por regla general y se elaboran versiones estenográficas de ellas, salvo cuando se traten asuntos reservados o de información confidencial.

9. La presidencia del Consejo dura un año con posibilidad de reelección.

10. La falta de algún integrante del Consejo es suplida en los mismos términos del proceso de designación establecido en este Reglamento.

Artículo 24

1. El Consejo:

I. Participa en el diseño de la política institucional de la Cámara en materia de transparencia, acceso a la información pública y la protección de datos personales mediante análisis, evaluaciones periódicas, estudios y recomendaciones;
II. Conoce, sustancia y resuelve los procedimientos de reconsideración, en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en la Cámara;
III. Interpreta el Reglamento para su exacta observancia;
IV. Aplica las medidas correctivas y/o de apremio conducentes;
V. Propone la estructura administrativa del Consejo;
VI. Designa a los directivos y al personal administrativo de confianza del Consejo;
VII. Establece los mecanismos de reclutamiento, selección, designación y promoción del personal del Consejo;
VIII. Propone a la Junta de Coordinación Política, el proyecto de presupuesto de egresos del Consejo;
IX. Establece las normas, procedimientos y criterios para la administración de recursos financieros y materiales del Consejo;
X. Establece los lineamientos que regulan los informes que deben presentarle el Órgano Rector y la Unidad;
XI. Recibe para su evaluación el informe anual de la Cámara respecto del ejercicio del derecho de acceso a la información pública;
XII. Establece los lineamientos de las evaluaciones a que se sujetan las acciones, planes, programas y lineamientos del Órgano Rector y la Unidad;
XIII. Diseña y aplica indicadores para evaluar el desempeño de la Cámara en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales;
XIV. Establece los indicadores de gestión de órganos y sujetos obligados;
XV. Tiene acceso en cualquier momento a todos los documentos e información de la Cámara, a fin de resolver la reconsideración, y
XVI. Emite semestralmente un análisis y evaluación de las políticas institucionales de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales y concluye con recomendaciones generales y específicas.

2. La normatividad y documentos generados por el Consejo deben divulgarse en la Gaceta Parlamentaria, y en el portal de internet de la Cámara dentro de los diez días hábiles siguientes a su expedición.

Artículo 25

1. Corresponde a la Cámara, por conducto de la Comisión de la Función Pública, emitir una convocatoria a las instituciones públicas y privadas de educación superior para que presenten aspirantes a consejeros.

2. La convocatoria debe establecer plazos, lugares, horarios de presentación de solicitudes, forma de acreditación de los requisitos y cualquier otra disposición necesaria para clarificar el proceso.

3. La convocatoria debe ser difundida por la Cámara a nivel nacional en los diarios de circulación nacional, la Gaceta Parlamentaria y el portal de internet de la Cámara.

Artículo 26

1. En la primera etapa, la Comisión de la Función Pública revisa en cada caso:

I. Cumplimiento de requisitos;
II. Revisión de impedimentos, y
III. Perfil académico.

2. Los aspirantes que cumplen lo anterior deben suscribir un compromiso por escrito del acatamiento de los resultados.

3. La Comisión de la Función Pública, debe publicar una lista de quienes pasen a la siguiente etapa, en la Gaceta Parlamentaria y el portal de internet de la Cámara.

Artículo 27

1. En la segunda etapa, la Comisión de la Función Pública vigila que la Dirección General de Recursos Humanos aplique un examen de perfil psicométrico a los aspirantes.

2. Los aspirantes deben presentar un ensayo inédito por escrito que debe:

I. Ser de un mínimo de veinticinco cuartillas, y
II. Abordar algún tema relativo a la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales.

3. Los aspirantes que cumplan con estos elementos, quedan inscritos.

4. La Comisión de la Función Pública vigila que se publique la lista de quienes queden inscritos en la Gaceta Parlamentaria y el portal de internet de la Cámara.

Artículo 28

1. En la tercera etapa, la Comisión de la Función Pública organiza sesiones de trabajo para entrevistar a los aspirantes inscritos, en las que cuestiona e intercambia puntos de vista, respecto de su ensayo.

2. La Comisión de la Función Pública hace una selección de los inscritos que pasen a la siguiente etapa y vigila que se publique la lista de esta selección en la Gaceta Parlamentaria y el portal de internet de la Cámara, durante tres días.

Artículo 29

1. En la etapa final, la Comisión de la Función Pública debe elaborar un dictamen en el que conste la propuesta que formula al Pleno de la Cámara para la integración del Consejo.

2. En la integración de la terna se debe procurar la equidad de representación de los géneros.

3. El Pleno de la Cámara resuelve, mediante voto calificado, la designación de los consejeros.

4. La resolución que apruebe el Pleno de la Cámara es definitiva.

Artículo 30

1. Para ser consejero se requiere:

I. Ser mexicano;
II. Contar con una edad mínima de treinta años al momento de la designación;
III. Contar con grado de licenciatura en el campo de las ciencias sociales, preferentemente con algún postgrado, y
IV. Contar con experiencia mínima comprobable de cinco años en la docencia y /o investigación.

Artículo 31

1. Es impedimento para ser consejero:

I. Haber sido dirigente de un partido político salvo que se haya separado del mismo cuando menos dos años antes de la fecha de la designación;
II. Tener vínculo consanguíneo hasta el segundo grado con los diputados o funcionarios que intervengan en el proceso de designación;
III. Tener vínculo de parentesco con los diputados o funcionarios que intervengan en el proceso de designación;
IV. Estar inhabilitado para ejercer cargos públicos;
V. Haber sido diputado federal o gobernador de un estado durante los dos años previos a la designación;
VI. Haber sido titular de alguno de los sujetos obligados en términos de la Ley, salvo que se haya separado del cargo dos años previos a la designación;
VII. Ser o haber sido ministro de culto, y
VIII. Haber sido condenado por la comisión de un delito grave.

Artículo 32

1. El cargo de Consejero es incompatible con:

I. Cualquier otro empleo, cargo o comisión en el mismo horario en el que se desempeñe el de Consejero;
II. Cualquier patrocinio, iguala, premio o estímulo otorgado por los partidos políticos, grupos parlamentarios o diputados sin partido, y
III. Cualquier patrocinio, iguala, premio o estímulo otorgado por los cabilderos en las Cámaras o los clientes de éstos.

Artículo 33

1. Cualquier persona, bajo su más estricta responsabilidad, puede presentar ante la Comisión Jurisdiccional, acusación de incompatibilidad que debe:

I. Constar por escrito;
II. Tener firma autógrafa;
III. Contener los datos generales del denunciante;
IV. Contener los datos generales del acusado;
V. Contener los motivos de la incompatibilidad;
VI. Contener los fundamentos de la acusación, y
VII. Acompañar los elementos probatorios que respalden su dicho.

2. El promovente debe presentar identificación oficial vigente en original y copia, que debe ser devuelta en el primer caso y conservada en el segundo previo cotejo.

Artículo 34

1. Los aspirantes inscritos para ser consejeros, se deben excusar de participar cuando:

I. No cumplan con lo estipulado en la convocatoria;
II. No cumplan con los requisitos establecidos en este ordenamiento; o
III. Se sitúen en cualquiera de los impedimentos señalados.

Artículo 35

1. Los aspirantes inscritos pueden ser recusados por cualquier ciudadano cuando:

I. No cumplan lo estipulado en la convocatoria;
II. No cumplan con los requisitos establecidos en este ordenamiento, o
III. Se sitúen en cualquiera de los impedimentos señalados.

Artículo 36

1. Los aspirantes inscritos pueden excusarse o ser recusados hasta un día antes de que la Comisión de Función Pública apruebe el dictamen que propone al Pleno de la Cámara.

Artículo 37

1. Para la excusa, basta comunicación por escrito del aspirante en que la haga constar.

2. El documento de excusa debe presentarse con firma autógrafa, ante la Comisión de la Función Pública.

Artículo 38

1. La Comisión de la Función Pública resuelve sobre la excusa dentro de las treinta y seis horas siguientes a la recepción de la promoción.

2. La resolución se debe hacer mediante acuerdo en el que se deben exponer las razones y causas que la fundamenten.

3. Esta resolución es definitiva.

Artículo 39

1. Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, puede recusar mediante una promoción que debe:

I. Presentarse por escrito con firma autógrafa;
II. Contener sus datos generales;
III. Contener los datos generales del candidato inscrito;
IV. Contener los motivos de la recusación;
V. Contener los fundamentos de la recusación, y
VI. Acompañar los elementos probatorios que respalden su dicho.

2. El promovente debe además, presentar identificación oficial vigente en original y copia, que debe ser devuelta en el primer caso y conservada en el segundo previo cotejo.

Artículo 40

1. La Comisión Jurisdiccional resuelve sobre la recusa dentro de las treinta y seis horas siguientes a su recepción.

2. La resolución se debe hacer mediante acuerdo que se propone al Pleno de la Cámara, en el que se deben exponer las razones y causas que la fundamenten.

3. Las recusaciones que no reúnan los requisitos deben ser desechadas.

4. El Pleno de la Cámara resuelve por mayoría calificada sobre ello de manera definitiva.

Artículo 41

1. Las denuncias sobre incompatibilidad son estudiadas y puestas en estado de resolución dentro de las treinta y seis horas siguientes a su recepción, por la Comisión Jurisdiccional, mediante dictamen que propone al Pleno de la Cámara.

2. Las denuncias que no reúnen los requisitos son desechadas.

3. El Pleno de la Cámara es quien decide por mayoría calificada sobre ello de manera definitiva.

4. La resolución del Pleno de la Cámara en el sentido de que se actualiza alguno de los supuestos de incompatibilidad da lugar a la separación del cargo.

Artículo 42

1. Los consejeros son sujetos de responsabilidad en los términos y por las causas que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Artículo 43

1. Para efecto del cómputo de los plazos y términos señalados en este capítulo se toman en cuenta únicamente los días hábiles.

TÍTULO TERCERO INFORMACIÓN EN LA CÁMARA

CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES, SUJETOS Y OBLIGACIONES

Artículo 44

1. Conforme a los principios de máxima publicidad y disponibilidad, toda información en poder de la Cámara se presume pública y debe estar asequible, salvo la que deba estar clasificada como reservada, la información confidencial y los datos personales protegidos.

2. La información pública debe estar a disposición del usuario gratuitamente vía electrónica en fuentes apropiadas y su consulta se sujeta sólo a la disponibilidad material y física de espacios, equipos y capacidad técnica.

3. En caso de duda razonable debe optarse por su publicidad siempre que no haya riesgo de daño o por versiones públicas que garanticen la reserva, la confidencialidad y los datos personales protegidos.

4. La Secretaría General, en coordinación con la Unidad, son responsables de mantenerla actualizada y de informar visiblemente de la fecha de su actualización.

5. Cuando se solicita información pública a la Cámara, se tiene por atendido el pedimento mediante la ubicación de las fuentes de consulta al usuario.

Artículo 45.

1. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información son responsables de ella en los términos de la Ley y el Reglamento.

2. Todo servidor público que reciba, procese, genere o administre información debe identificarla como pública, clasificada como reservada o confidencial, según sea el caso, con una leyenda en el margen inferior izquierdo de las hojas, impresos, archivos, etcétera.

3. Cuando se trate de información clasificada como reservada o información confidencial, se debe asentar el fundamento jurídico tanto de las disposiciones de la ley como las del Reglamento.

Artículo 46

1. La Cámara, está obligada a divulgar información sobre:

I. Estructura orgánica;
II. Facultades de cada órgano obligado;
III. Directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente hasta el Secretario General;
IV. Remuneración mensual por puesto, incluyendo compensaciones y/o percepciones extraordinarias;
V. El domicilio de la Unidad;
VI. La dirección electrónica donde pueden recibirse las solicitudes de información;
VII. Las metas y objetivos de los órganos y sujetos obligados en la Cámara;
VIII. Los servicios que se ofrecen;
IX. Los trámites, requisitos y formatos;
X. Presupuesto asignado e informe de ejecución;
XI. Resultado de las auditorias al ejercicio presupuestal de cada órgano y sujeto obligados;
XII. Licitaciones y contrataciones otorgadas, especificando los titulares;
XIII. Marco normativo aplicable a cada órgano y sujeto obligados;
XIV. Informes que generen los órganos y sujetos obligados;
XV. Mecanismos de participación ciudadana;
XVI. Indicadores de gestión de órganos y sujetos obligados, y
XVII. Cualquier otra información útil o relevante y la relativa a las preguntas o cuestionamientos que haga el público de manera más frecuente.

Artículo 47

1. Los órganos obligados a generar información en la Cámara son:

I. La Mesa Directiva;
II. La Junta;
III. La Conferencia;
IV. Los grupos;
V. Los diputados sin partido;
VI. Las comisiones;
VII. Los comités;
VIII. La Secretaría General;
IX. Las Secretarías de Servicios;
X. La Contraloría Interna;
XI. La Coordinación de Comunicación Social;
XII. El Consejo;
XIII. El Órgano, y
XIV. La Unidad.

Artículo 48

1. Los órganos de la Cámara obligados a generar información, deben designar de entre los servidores públicos que se encuentren adscritos a ellas, a los sujetos obligados a procesar la información que deben fungir, a la vez, como vínculo con la Unidad, para el trámite y desahogo de las solicitudes.

Artículo 49

1. Los órganos administrativos encargados de publicar la información a que se refiere el artículo cuarenta y seis son:

I. La Secretaría General;
II. La Secretaría de Servicios Parlamentarios y las direcciones generales que la integran;
III. La Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros y las direcciones generales que la integran;
IV. La Contraloría Interna, y
V. La Coordinación General de Comunicación Social.

2. Cada uno, de los anteriores, de acuerdo con el ámbito de su responsabilidad, deben publicar:

I. La Gaceta Parlamentaria;
II. El Diario de los Debates;
III. La bitácora de asistencia de los diputados a las sesiones del Pleno de la Cámara y de las comisiones ordinarias, así como el sentido de su voto en ambas;
IV. Los dictámenes o resoluciones que presenten las comisiones;
V. Las iniciativas o puntos de acuerdo que presenten los diputados;
VI. La agenda legislativa;
VII. Los viajes oficiales que realicen los diputados, demás servidores públicos y los informes correspondientes, y
VIII. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que realicen los centros de estudios siempre que hayan sido previamente registrados para salvaguardar el derecho de autor. La obligación de publicar no se aplica cuando los estudios e investigaciones se encomienden con carácter de reservados y/o sean necesarios para los procesos deliberativos de la Cámara.

Artículo 50

1. La Secretaría General tiene obligación de publicar la información a que se refiere el artículo cuarenta y seis relacionada con:

I. La Mesa Directiva;
II. La Junta;
III. La Conferencia;
IV. Los Diputados sin partido;
V. Las Comisiones, y
VI. Los Comités.

Artículo 51

1. Los coordinadores de los grupos parlamentarios están obligados a publicar la información a que se refiere el artículo cuarenta y seis, relacionada con los grupos parlamentarios.

Artículo 52

1. La Secretaría General debe publicar:

I. Las convocatorias a cada una de las sesiones ordinarias o extraordinarias del Pleno de la Cámara;
II. Las convocatorias a cada una de las sesiones ordinarias, extraordinarias de las comisiones y comités que integren la legislatura;
III. Las actas de sesiones, con la lista de asistencia;
IV. Los acuerdos que se adopten y el sentido del voto de los diputados;
V. La información relativa a la asignación, custodia y condiciones de los vehículos, espacios físicos, bienes muebles e inmuebles, y en general de todos los recursos materiales que les provea la Cámara; y
VI. La información sobre la aplicación y destino final de los recursos económicos asignados por la Cámara.

Artículo 53

1. Las comisiones y comités deben incluir en el informe semestral previsto en el inciso b) del párrafo sexto del artículo cuarenta y cinco de la Ley Orgánica, la información relativa a:

I. Integrantes;
II. Sesiones;
III. Actas;
IV. Dictámenes, minutas, iniciativas y puntos de acuerdo, así como el estado en que se encuentren, y
V. Ejercicio del presupuesto.

Artículo 54

1. Los grupos parlamentarios, a través de su coordinador, y los diputados sin partido, en lo individual, deben presentar al Órgano Rector informes semestrales sobre:

I. Custodia y condiciones de los vehículos;
II. Espacios físicos;
III. Bienes muebles e inmuebles, y
IV. Asignación y destino final a detalle de los recursos económicos y materiales que se les provea institucionalmente.

2. Los periodos que abarcan estos informes son del primer día de septiembre al último de febrero y del primero de marzo al último de agosto.

3. La fecha de presentación de los informes es dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de corte del informe que se trate.

4. En el año que finalice la legislatura, el último informe final se debe presentar dentro de los primeros diez días del mes de agosto.

CAPÍTULO SEGUNDO DE LA CLASIFICACIÓN

Artículo 55

1. La clasificación de la información compete al titular de cada uno de los órganos de la Cámara.

2. Al clasificar la información como reservada se debe cuidar que no cause detrimento, perjuicio, molestia o riesgo de daño.

3. Los documentos clasificados como reservados o parcialmente reservados deben ser debidamente custodiados y conservados por los titulares de los órganos obligados.

Artículo 56

1. El plazo de reserva inicia a partir de la fecha en que haya sido generado o recibido el documento.

2. En el caso de los expedientes, el plazo corre a partir de la fecha de la primera promoción.

Artículo 57

1. Los órganos obligados pueden solicitar al Consejo, la ampliación del periodo de reserva siempre que justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación.

Artículo 58

1. La información clasificada como reservada puede ser desclasificada:

I. A partir del vencimiento del periodo de reserva;
II. Cuando desaparezcan las causas que dieron origen a la clasificación;
III. Cuando así lo determine el Órgano Rector, en los términos de la normatividad, o
IV. Cuando así lo determine el Consejo.

CAPÍTULO TERCERO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículo 59

1. La información confidencial no tiene un periodo de vigencia ni puede cambiar su carácter por disposiciones administrativas.

2. La información confidencial puede divulgarse cuando haya consentimiento expreso del particular o se considere que existen razones de interés público relacionadas con los objetivos de la ley y del reglamento y medie una orden judicial para ello.

Artículo 60

1. Los documentos recibidos con el carácter de confidenciales, deben manejarse con discreción y mantenerse resguardados.

2. La violación de esta disposición da lugar a responsabilidad administrativa.

Artículo 61

1. Si la información en manos de la Cámara o sujetos obligados, se genera por un particular, se debe obtener su consentimiento expreso para difundirla. De no obtenerlo, se debe comunicar al solicitante.

2. De obtenerlo se debe difundir la versión completa en caso de consentimiento total o la versión pública en caso de consentimiento parcial.

3. En ambos casos, se debe anotar al pie de página, el fundamento jurídico tanto de las disposiciones legales como reglamentarias y el nombre del órgano obligado que resguarda el documento.

CAPÍTULO CUARTO DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Artículo 62

1. La Cámara periódicamente debe recabar datos personales y mantener un banco de los mismos a disposición de sus titulares.

2. La Cámara periódicamente debe invitar a los titulares de los datos a consultar y rectificar o ratificar sus datos personales en los bancos de datos personales con el fin de mantenerlos actualizados.

Artículo 63

1. Todo titular de datos incluidos en los sistemas de datos personales, tiene derecho a:

I. Otorgarlos;
II. Negarse a otorgarlos;
III. Consultarlos;
IV. Ser informado de la posible inclusión de sus datos personales por otra fuente;
V. Rectificarlos;
VI. Ratificarlos;
VII. Oponerse a su procesamiento, y
VIII. Cancelarlos.

Artículo 64

1. Las personas a quienes se soliciten datos personales deben ser previamente informadas de modo expreso, preciso e inequívoco de:

I. La existencia de una base de datos en la que se debe incluir la información;
II. La finalidad de la obtención de éstos;
III. Los destinatarios de la información;
IV. El carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a la solicitud;
V. Las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a su suministro;
VI. La posibilidad de que estos datos sean difundidos, en cuyo caso se debe hacer constar el consentimiento expreso de la persona;
VII. La posibilidad de que estos datos sean procesados;
VIII. La identidad y dirección del responsable del procesamiento, y
IX. La posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, ratificación, rectificación, corrección, oposición y cancelación.

Artículo 65

1. No es necesario recabar el consentimiento para el procesamiento de los datos personales, cuando:

I. Se divulguen por la Cámara para el cumplimiento de obligaciones legales;
II. Medie una orden de autoridad competente;
III. Requieran un procesamiento necesario para la prevención, diagnóstico o tratamiento médico, la gestión o prestación de asistencia sanitaria. En este caso, la persona que haga el procesamiento está obligada a mantener en reserva los datos en términos de un secreto profesional, o
IV. Figuren en fuentes de libre acceso y su procesamiento no implique quebranto de derechos y libertades fundamentales del interesado.

Artículo 66

1. La obligación de informar al titular de los datos en términos del artículo sesenta y cuatro, no procede cuando:

I. La ley expresamente lo prevea, o
II. No se pueda localizar al titular de la información o ello exija esfuerzos desproporcionados, lo cual se debe acreditar con elementos objetivos.

Artículo 67

1. La Unidad y los órganos obligados deben garantizar las condiciones y requisitos mínimos para la debida preservación del ejercicio de los derechos de acceso, ratificación, rectificación, corrección, oposición y cancelación de los particulares y velar por el manejo confidencial de los datos personales.

2. No pueden divulgarlos, transmitirlos o procesarlos, salvo por disposición legal, orden judicial o cuando medie el consentimiento expreso de los titulares por escrito o por un medio de autentificación similar, incluyendo los electrónicos.

3. La Unidad debe contar con los formatos necesarios para recabar el consentimiento.

4. El consentimiento puede ser revocado cuando exista causa justificada y no se le atribuyan efectos retroactivos.

5. Los datos personales sólo pueden usarse para las finalidades para las que fueron recolectados, pero pueden ser procesados posteriormente con fines históricos o estadísticos.

Artículo 68

1. Los datos personales deben ser suprimidos total y definitivamente de las bases de datos cuando:

I. Hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados, o
II. Sean bloqueados y transcurra el plazo para aclaraciones y responsabilidades.

2. En ambos casos se requiere la autorización de la Mesa Directiva, la Contraloría Interna y el Consejo.

TÍTULO CUARTO TRÁMITES Y RECURSOS

CAPÍTULO PRIMERO DEL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES

Artículo 69

1. Cualquier persona, por sí o su representante puede presentar ante la Unidad, su solicitud de información mediante:

I. Escrito de estilo libre;
II. Formatos impresos que le proporcione la Unidad; o
III. El sistema electrónico que tenga a su disposición la Unidad.

Artículo 70

1. Si el trámite se realiza mediante un representante, se requiere presentar ante la Unidad, carta poder firmada de manera autógrafa ante dos testigos, identificación oficial con foto y firma de representante y representado.

2. Para acreditar la identidad se admiten credencial para votar, pasaporte vigente, cartilla del servicio militar y cédula profesional.

Artículo 71

1. El personal de la Unidad debe orientar al usuario en el llenado de su solicitud, explicar las ventajas de presentar la solicitud en formato electrónico y permitir el uso de los equipos de cómputo disponibles con acceso a Internet para ese efecto.

Artículo 72

1. Los servidores públicos de la Unidad deben registrar todas las solicitudes de acceso a la información pública el mismo día en que se presenten.

Artículo 73

1. Las solicitudes sólo deben ser recibidas por la Unidad.

2. Ningún otro órgano de la Cámara puede recibir solicitudes de información, pero todos están obligados a indicar al solicitante la ubicación de la Unidad para encauzar su petición.

3. La Unidad no está obligada a dar trámite a solicitudes de acceso ofensivas.

4. La Cámara no tiene obligación de informar respecto de datos que no tenga o no sean de su responsabilidad, pero debe informarlo al solicitante.

Artículo 74

1. La Unidad tiene diez días hábiles para responder a las solicitudes; el término empieza a correr a partir de la fecha y hora de recepción de la solicitud.

2. En caso de que la cantidad o complejidad de documentos a revisar implique a utilizar más tiempo, el plazo puede ampliarse hasta por cinco días hábiles más. En estos casos el órgano obligado debe dar aviso a la Unidad fundando y motivando, y la Unidad notifica al solicitante.

3. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro del plazo legal actualiza la afirmativa ficta, en cuyo caso la Unidad proporciona la información solicitada en un periodo de tiempo no mayor a los diez días hábiles a partir de la determinación de la afirmativa ficta, sin ningún costo por la reproducción del material o medio, salvo que se trate de información clasificada como confidencial.

Artículo 75

1. Presentada la solicitud, la Unidad turna al servidor público de enlace en el órgano u órganos obligados que tengan la información, dentro de las veinticuatro horas siguientes.

2. El servidor público de enlace de los órganos obligados en que pueda estar la información hace una búsqueda para ubicarla y enviarla a la Unidad dentro de los siete días hábiles siguientes a que le turnen la solicitud.

Artículo 76

1. Si los datos proporcionados por el solicitante son erróneos o insuficientes para localizar la información, el servidor público del órgano de enlace lo notifica a la Unidad dentro del tiempo que tiene para resolver.

2. La Unidad, dentro del tiempo que tiene para resolver, requiere al solicitante corrija o amplíe los datos o aporte otros elementos que permitan localizar la información, apercibiéndolo de que, en caso de no hacerlo dentro de los cinco días hábiles siguientes, se tiene por no presentada la solicitud.

3. El requerimiento de ampliación o corrección de datos que haga la Unidad al solicitante dentro del plazo que tiene para resolver, se tendrá como cumplimiento del proceso en tiempo y forma y por tanto sin consecuencias para la Unidad.

4. La ampliación o corrección de datos hecha por el solicitante, renueva a los plazos y términos para resolver.

Artículo 77

1. Una vez localizada la información, el servidor público del órgano obligado debe enviarla a la Unidad y ésta, debe notificar al solicitante la disponibilidad de la información y acordar con él, el medio de transmisión o reproducción de la misma, para establecer el costo.

2. La información no tiene ningún costo, es gratuita; pero el solicitante debe cubrir los costos de los medios de transmisión o reproducción. La información sólo se debe entregar cuando se acredite haber pagado este costo.

3. Si se notifica la disponibilidad de la información y transcurren treinta días hábiles sin que el particular recoja la misma, opera la caducidad del trámite.

4. La Unidad debe notificar del acuerdo sobre la caducidad del trámite al interesado.

Artículo 78

1. En caso de que el órgano obligado que podría tener la información, no la localice en sus archivos, la solicitud y el reporte de búsqueda se deben remitir al Órgano Rector dentro del plazo que tiene el órgano obligado para resolver.

2. El Órgano Rector, una vez que reciba la solicitud y el resultado de búsqueda, debe ordenar una nueva búsqueda por una única vez, en algún otro órgano en el que pudiera estar la información solicitada, notificando al solicitante la copia del reporte de búsqueda y la nueva búsqueda ordenada. Esta notificación renueva los términos de la Cámara para resolver.

Artículo 79

1. El órgano obligado, en caso de no encontrar la información de esta nueva búsqueda, debe hacer un reporte de búsqueda al Órgano Rector dentro del plazo que tiene para resolver.

2. Dentro del plazo que tiene para resolver, el Órgano Rector debe expedir una resolución que confirme la inexistencia de la información solicitada motivado en el reporte de búsqueda y lo debe notificar al solicitante a través de la Unidad.

Artículo 80

1. Cuando la información solicitada haya sido clasificada como confidencial, los titulares de los órganos obligados que hayan clasificado la información, dentro del plazo de cinco días hábiles, deben remitir la solicitud, la información y la prueba de riesgo al Órgano Rector, quien debe resolver en un plazo de dos días hábiles si confirma la clasificación y niega el acceso a la información; si revoca la clasificación y concede el acceso a la información o si ordena la elaboración de una versión pública.

Artículo 81

1. La resolución que emite el Órgano Rector debe notificarse al interesado dentro del plazo que tiene la Unidad para resolver; en caso de ser negativa, la Unidad está obligada a indicar al solicitante que puede interponer un recurso contra la resolución ante el Consejo.

Artículo 82

1. Los titulares de los datos personales pueden solicitar ante la Unidad la consulta de sus datos, y derivado de ello pueden rectificar, ratificar o solicitar su cancelación.

2. Los trámites en el ejercicio de estos derechos, sólo los puede hacer el titular de los mismos o su representante legal.

3. Para hacerlo pueden:

I. Presentar escrito de estilo libre;
II. Utilizar los formatos impresos que proporcione la Unidad, o
III. Utilizar los medios electrónicos al alcance previa autentificación fidedigna de la identidad del solicitante.

4. La utilización de medios electrónicos para el ejercicio de este derecho no admite la representación.

Artículo 83

1. El derecho de negativa a otorgar datos y de oponerse a su procesamiento, surgen del deber que tienen los órganos obligados de levantar los datos, de informar al titular sobre su inclusión por otra vía y de informar al titular sobre su procesamiento.

Artículo 84

1. El titular acredita su personalidad presentando original y copia de identificación oficial vigente con fotografía y firma.

2. El representante legal acredita su personalidad mediante carta poder, poder notarial o cualquier otro documento que reúna los requisitos legales, pero debe presentar además, originales y copias de identificación oficial vigente con fotografía y firma tanto propia como de su representado.

3. La acreditación por vía electrónica se sujeta a los medios de autentificación que establezca la Unidad.

4. Las identificaciones originales deben ser devueltas en el acto por el personal de la Unidad tras la comparación con sus copias.

5. Para acreditar la identidad se admiten credencial para votar, pasaporte vigente, cartilla del servicio militar y cédula profesional.

Artículo 85

1. La solicitud de acceso, rectificación o cancelación de datos, se realiza ante la Unidad.

2. La Cámara tiene un plazo de quince días hábiles para responder.

3. El plazo empieza a correr a partir de la fecha y hora de recepción de la solicitud.

4. En caso de que la cantidad o complejidad de documentos a revisar implique utilizar más tiempo, el plazo puede ampliarse hasta por cinco días hábiles más; en este caso, la Unidad debe notificarlo al solicitante fundando y motivando su dicho.

Artículo 86

1. El personal de la Unidad debe informar al usuario la posibilidad de consultar sus datos personales desde los equipos de cómputo disponibles en la Unidad para ese efecto.

Artículo 87

1. Las solicitudes son recibidas y procesadas sólo por la Unidad.

2. Los servidores públicos de la Unidad deben registrar todas las solicitudes el día que se presenten.

Artículo 88

1. La resolución de la Unidad ante una solicitud de consulta de datos personales puede determinar:

I. La accesibilidad a los datos personales;
II. La inaccesibilidad a los datos personales, o
III. La inexistencia de datos personales.

Artículo 89

1. Cuando se localizan los datos personales, se debe notificar al titular y convenir con él el costo, si lo hay, de los materiales de reproducción o transmisión de la información.

2. Si se notifica la localización de datos personales y transcurren treinta días hábiles sin que el titular recoja la misma, opera la caducidad del trámite.

3. La Unidad debe notificar de este acuerdo al titular.

4. Si el solicitante lo desea, se le puede expedir una constancia de consulta de datos personales, previo pago del costo de los medios de reproducción.

Artículo 90

1. Las respuestas a solicitudes se entregan solamente en la Unidad al titular o a su representante legal previa comprobación de identidad y pago del costo de los materiales de reproducción, si los hay.

Artículo 91

1. La solicitud de rectificación debe ser procesada por la Unidad dentro de los ocho días hábiles posteriores a su presentación.

2. El órgano obligado debe proceder a efectuar la rectificación de los datos personales hasta que haya quedado fehacientemente acreditada la identidad del solicitante o de su representante legal y las facultades de éste, en su caso, y se haya efectuado el pago de los derechos respectivos cuando corresponda.

3. El solicitante, transcurridos los ocho días hábiles, obtiene una constancia de corrección de datos o una resolución negativa fundada y motivada.

Artículo 92

1. La solicitud de oposición se ejerce ante la Unidad sólo por el titular de los datos cuando tiene noticia del levantamiento de sus datos personales, de la obtención que de los mismos haga la Cámara por otro medio, de que la Cámara pretenda transferirlos a un tercero o de que se pretende procesarlos.

2. La oposición no opera en los casos señalados en los artículos sesenta y seis y sesenta y siete.

Artículo 93

1. La solicitud de cancelación de datos personales sólo la puede presentar el titular cuando deje de prestar servicios para la Cámara o cuando estos datos se hubiesen transferido de o a un tercero sin el consentimiento expreso del titular.

Artículo 94

1. Los datos personales cancelados deben conservarse a disposición de la Cámara durante cinco años, únicamente para efectos de establecer las posibles aclaraciones y responsabilidades surgidas del procesamiento de los datos.

2. Cumplido dicho plazo, los datos se deben suprimir o destruir, según sea el caso, total y definitivamente.

Artículo 95

1. Ningún archivo, documento o base de datos puede ser suprimido o destruido sin cumplir los requisitos que establezca el Órgano Rector en sus lineamientos.

Artículo 96

1. Toda resolución de la Unidad en materia de consulta, corrección o cancelación de datos personales, puede ser recurrida por los titulares de la información o por sus representantes mediante el recurso de revisión.

2. La Unidad debe informar de ello a los solicitantes en cada resolución que emita.

CAPÍTULO SEGUNDO DEL RECURSO DE REVISIÓN

Artículo 97

1. El recurso de revisión procede contra toda resolución o falta de la misma en los términos del Reglamento, atribuibles a la Unidad.

2. El recurrente puede desistirse a su entero perjuicio de la interposición del recurso en cualquier tiempo hasta antes de que se emita la resolución final.

Artículo 98

1. La revisión se interpone ante el Órgano Rector, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se presente la resolución o a la fecha en que la Unidad debía resolver y esta no emitió la resolución.

2. La puede presentar quien acredite tener interés jurídico en el asunto.

3. Puede presentarse personalmente o por un representante jurídico en las oficinas del Órgano Rector.

4. Puede ser interpuesto por escrito de estilo libre, en formatos que para tal efecto proporcione el Órgano Rector, o mediante el sistema electrónico que para tal efecto implemente el Órgano Rector.

Artículo 99

1. El escrito de solicitud de revisión debe contener:

I. El nombre del solicitante y del tercero interesado si lo hay;
II. El domicilio o medio que señalan para recibir notificaciones, en caso de optar por mensajería o correo certificado, deben cubrir el costo;
III. El acto que se solicita revisar, la autoridad que lo emitió y la fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento;
IV. Las razones de esa inconformidad;
V. Los puntos petitorios;
VI. La copia de la resolución que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente;
VII. Los elementos de prueba relacionando tiempo lugar y circunstancia, y
VIII. Los demás elementos que el promovente considere procedentes.

Artículo 100

1. En lo que respecta a datos personales, la solicitud de revisión, puede ser presentada por medios electrónicos, siempre que el particular provea su Clave Única de Registro Poblacional.

Artículo 101

1. El recurso de revisión debe ser resuelto dentro de los quince días hábiles posteriores a su admisión.

2. Los términos para resolver no corren sino hasta que se admita la solicitud.

3. En su sustanciación opera la suplencia de la queja.

4. Presentado el recurso, el Órgano Rector tiene tres días para admitirlo, prevenirlo o desecharlo.

5. Se debe admitir cuando cumpla con los requisitos establecidos.

6. Se debe prevenir por una sola vez, cuando incumpla con los requisitos establecidos y el Órgano Rector no cuente con elementos para subsanarlo.

Artículo 102

1. El recurso de revisión se desecha cuando:

I. Sea notoriamente improcedente, o
II. No tenga materia.

Artículo 103

1. El recurso de revisión se sobresee cuando:

I. El recurrente se desista;
II. Se trate de un segundo recurso sobre el mismo acto de los órganos de la Cámara, o
III. Se presente una resolución del órgano rector y transcurran 30 días hábiles sin que el promovente muestre interés en el asunto.

Artículo 104

1. Se debe admitir sólo un recurso de revisión por cada acto reclamado.

2. No se considera el mismo acto reclamado aquel derivado de los mismos hechos pero referido a una acción distinta de los órganos de la Cámara.

Artículo 105

1. La prevención consiste en una advertencia por escrito al promovente, a través del medio que haya elegido, de que su recurso carece de alguno de los elementos o datos necesarios para su sustanciación con la finalidad de que lo corrija o complete, dentro de un lapso máximo de cinco días hábiles, apercibido de que, en caso de no hacerlo, su recurso se tendrá por no presentado.

Artículo 106

1. Admitido el recurso, se envía al pleno del Órgano Rector para que tome conocimiento, lo turne al integrante ponente, y le de vista del mismo a la Unidad para que manifieste lo que a su derecho convenga en un plazo de tres días hábiles.

2. El integrante ponente del Órgano Rector debe integrar el expediente y presentar un proyecto de resolución al pleno del Órgano Rector, dentro de los diez días hábiles posteriores a su turno.

3. Durante el procedimiento debe asegurarse que las partes puedan presentar por escrito, los argumentos que funden y motiven sus pretensiones.

4. Los escritos y promociones del interesado pueden recibirse por vía electrónica.

5. El pleno del Órgano Rector debe resolver en definitiva, dentro de los diez días hábiles siguientes en que se presentó el proyecto de resolución.

6. Las resoluciones deben ser notificadas al recurrente y a la Unidad.

7. Las resoluciones del pleno del Órgano Rector son públicas y debe generase una versión pública del expediente.

8. Cuando haya causa justificada el pleno del Órgano Rector puede ampliar, por una vez y hasta por un periodo igual, los plazos establecidos en este artículo.

Artículo 107

1. Cuando el recurso de revisión reclame la falta de respuesta, el Órgano Rector debe requerir a la Unidad para que en el plazo de cinco días hábiles compruebe la respuesta al particular en tiempo y forma.

2. Si el hecho es comprobado a juicio del Órgano Rector, éste debe proceder a informarlo al particular a través de una resolución que se debe emitir dentro de los quince días hábiles siguientes a la admisión de la solicitud.

3. En caso contrario, se debe emitir una resolución donde conste la instrucción a la Unidad para entregar la información solicitada dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación que para esos efectos se lleve a cabo.

4. En el supuesto de que la Unidad no pueda comprobar que respondió en tiempo y forma al particular, y considere que se trata de información reservada o confidencial, debe remitir al Órgano Rector un informe en el que funde y motive la clasificación correspondiente en el plazo señalado en el párrafo anterior.

Artículo 108

1. En caso de que el informe sea insuficiente para determinar la clasificación correspondiente, el Órgano Rector puede citar la Unidad para que en un plazo de dos días hábiles aporte los elementos que permitan resolver lo conducente, incluida la información reservada o confidencial.

Artículo 109

1. El Órgano Rector debe valorar la clasificación hecha y, en su caso, emitir dentro de los quince días hábiles siguientes a la admisión del recurso, una resolución donde conste la instrucción a la Unidad para que le entregue la información solicitada, o bien en la que determine que los documentos en cuestión son reservados o confidenciales, en cuyo caso la resolución debe instruir a la Unidad para que resuelva de manera fundada y motivada la negativa correspondiente.

2. En ambos casos la instrucción debe acatarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación que para esos efectos se lleve a cabo.

Artículo 110

1. Se admiten como pruebas, todas las que admite la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, excepto la confesional de las autoridades.

2. No se considera confesional de autoridad, la petición de informes a los órganos obligados, respecto de hechos que consten en sus expedientes o de documentos agregados a ellos.

3. Todas las pruebas deben ser ofrecidas al momento de ser presentada la revisión.

Artículo 111

1. Las resoluciones del Órgano Rector pueden:

I. Desechar;
II. Sobreseer;
III. Confirmar la resolución del Órgano Rector;
IV. Revocar la resolución del Órgano Rector o de la Unidad, o
V. Modificar parcialmente la resolución del Órgano Rector o de la Unidad.

Artículo 112

1. Todas las resoluciones son por escrito, establecen plazos para su cumplimiento y procedimientos para asegurar su ejecución.

2. La resolución del Órgano Rector debe ser notificada dentro del plazo que tiene la Unidad para resolver.

3. En caso de ser negativa, el Órgano Rector esta obligado a indicar al recurrente que puede interponer el recurso de reconsideración ante el Consejo.

Artículo 113

1. Si el Órgano Rector no resuelve en el plazo establecido en este Reglamento, se tiene por confirmada la resolución recurrida.

CAPÍTULO TERCERO DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

Artículo 114

1. La reconsideración procede contra la resolución al recurso de revisión.

2. El solicitante puede desistirse a su entero perjuicio de la interposición del recurso en cualquier tiempo hasta antes de que se emita la resolución final.

Artículo 115

1. La solicitud de reconsideración debe contener:

I. El nombre del solicitante y del tercero interesado, si lo hay;
II. El domicilio o medio que señalan para recibir notificaciones, en caso de optar por mensajería o correo certificado, se cubre el costo;
III. El acto que se solicita reconsiderar, y la fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento;
IV. Las razones de esa inconformidad;
V. Los puntos petitorios;
VI. La copia de la resolución que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente;
VII. Los elementos de prueba relacionando tiempo lugar y circunstancia, y
VIII. Los demás elementos que el promovente considere procedentes.

Artículo 116

1. La reconsideración se interpone ante el Consejo, por quien ha promovido una revisión, dentro de los noventa días hábiles posteriores a la fecha en que se le haya notificado la resolución del recurso de revisión.

2. Puede presentarse personalmente o por un representante jurídico en las oficinas del Consejo.

3. Puede ser interpuesta por escrito de estilo libre, en formatos que para tal efecto proporcione el Consejo, o mediante el sistema electrónico que para tal efecto implemente el Consejo.

Artículo 117

1. La reconsideración puede tramitarse personalmente en las oficinas del Consejo o a través de representante.

2. Puede enviarse por correo certificado o mensajería, con acuse de recibo o en el sistema electrónico que establezca el Consejo, en todo caso se debe acusar recibo al particular de manera que conste la fecha de presentación.

3. La reconsideración tramitada por medios electrónicos y recibidos en días u horas inhábiles, se tiene por presentada a primera hora hábil del día hábil siguiente.

Artículo 118

1. La reconsideración debe ser resuelta dentro de los veinte días hábiles posteriores a su admisión.

2. Los términos para resolver no corren sino hasta que se admita la solicitud.

3. En su sustanciación opera la suplencia de la queja.

4. Presentado el recurso, el Consejo tiene tres días para admitirlo, prevenirlo o desecharlo.

5. Se debe admitir cuando cumpla con los requisitos establecidos.

6. Se debe prevenir por una sola vez, cuando incumpla con los requisitos establecidos y el Consejo no cuente con elementos para subsanarlo.

Artículo 119

1. El recurso de reconsideración se desecha cuando:

I. Sea notoriamente improcedente, o
II. No tenga materia.

Artículo 120

1. El recurso de reconsideración se sobresee cuando:

I. El recurrente se desista;
II. Se trate de un segundo recurso sobre el mismo acto de los órganos de la Cámara, o
III. Se presente una resolución del Consejo y transcurran treinta días hábiles sin que el promovente muestre interés en el asunto.

Artículo 121

1. Sólo se admite un recurso de reconsideración por cada acto reclamado; pero no se considera el mismo acto reclamado aquel derivado de los mismos hechos pero referido a una acción distinta de los órganos de la Cámara.

Artículo 122

1. La prevención consiste en una advertencia por escrito al promovente, a través del medio que haya elegido, de que su recurso carece de alguno de los elementos o datos necesarios para su sustanciación con la finalidad de que lo corrija o complete, dentro de un lapso máximo de cinco días hábiles, apercibido de que, en caso de no hacerlo, su recurso se tendrá por no presentado.

Artículo 123

1. Admitido el recurso, se envía al pleno del Consejo para que lo turne al integrante del Consejo ponente, y le de vista del mismo al Órgano Rector.

2. El Consejero ponente debe integrar el expediente y presentar un proyecto de resolución al pleno del Consejo, dentro de los diez días hábiles posteriores a su turno.

3. Durante el procedimiento debe asegurarse que las partes puedan presentar por escrito, los argumentos que funden y motiven sus pretensiones.

4. Los escritos y promociones del interesado pueden recibirse por vía electrónica.

5. El pleno del Consejo resuelve, en definitiva, dentro de los diez días hábiles siguientes en que se presentó el proyecto de resolución.

6. Las resoluciones deben ser notificadas al recurrente, son públicas y se debe generar una versión pública del expediente.

7. Cuando haya causa justificada el pleno del Consejo puede ampliar, por una vez y hasta por un periodo igual, los plazos establecidos en este artículo.

Artículo 124

1. Se admiten como pruebas, todas las que admite la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, excepto la confesional de las autoridades.

2. No se considera confesional de autoridad, la petición de informes a los órganos obligados, respecto de hechos que consten en sus expedientes o de documentos agregados a ellos.

3. Todas las pruebas deben ser ofrecidas al momento de ser presentada la revisión.

Artículo 125

1. Las resoluciones del Consejo pueden:

I. Desechar;
II. Sobreseer;
III. Confirmar su resolución, o
IV. Reconsiderar su resolución, en cuyo caso debe emitir una nueva, atendiendo a lo expuesto y probado en la sustanciación del recurso de reconsideración.

Artículo 126

1. Todas las resoluciones deben:

I. Ser por escrito;
II. Establecer plazos para su cumplimiento, y
III. Establecer procedimientos para asegurar su ejecución.

Artículo 127

1. Si el Consejo no resuelve en el plazo establecido en este Reglamento, se tiene por confirmada la resolución que se solicita reconsiderar.

Artículo 128

1. Las resoluciones del Consejo son implementadas por la Cámara en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que se haya notificado la resolución al Órgano Rector.

Artículo 129

1. Cuando el Consejo determina que algún servidor público incurrió en responsabilidad, lo hace del conocimiento de la Contraloría de la Cámara.

Artículo 130

1. Las resoluciones de la Unidad, el Órgano Revisor y el Consejo son obligatorias para los órganos de la Cámara y recurribles por los particulares.

CAPÍTULO CUARTO DISPOSICIONES COMUNES A LOS CAPÍTULOS DE ESTE TITULO

Artículo 131

1. Las solicitudes o recursos tramitados por vía electrónica en días u horas inhábiles, se tienen por presentados a partir de la primera hora hábil del día hábil siguiente.

2. La presentación de solicitudes o recursos por vía electrónica, no admiten representación jurídica.

Artículo 132

1. Las notificaciones surten efectos al día hábil siguiente al que se realicen.

Artículo 133

1. Toda solicitud o recurso tramitado por vía electrónica valida el uso de la misma vía para la respuesta o notificación, salvo que expresamente se señale un medio distinto.

Artículo 134

1. Las notificaciones se pueden hacer:

I. Personalmente o a través de un representante, en el domicilio de el Órgano Rector;
II. Por estrados;
III. Por correo certificado o mensajería en el domicilio del recurrente, con acuse de recibo, siempre que este haya cubierto el pago del servicio; o
IV. Por estrados electrónicos.

Artículo 135

1. La notificación hecha por estrados y por estrados electrónicos debe permanecer treinta días hábiles difundiéndose.

Artículo 136

1. Cuando el solicitante no señale un medio para recibir notificaciones, o no cubra el pago del servicio de mensajería la notificación se realiza mediante los estrados y los estrados electrónicos.

TÍTULO QUINTO BASES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL ACCESO Y LA TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Artículo 137

1. La Cámara debe contar con un conjunto de sistemas que le permitan desarrollar sus funciones de manera ágil, expedita, atingente y remota.

2. Estos sistemas son:

I. Sistema electrónico de archivo de la información, que permite que el personal autorizado por la Cámara reciba, envíe, almacene, organice, clasifique, preserve consulte e imprima información, datos y archivos de diversos formatos electrónico gráfico y de audio;
II. Sistema electrónico de procesamiento de solicitudes, que permite que la Cámara otorgue acceso remoto a los solicitantes, reciba solicitudes de información, reciba solicitudes de datos personales, permita la consulta de las bases de datos autorizadas, el bloqueo y cancelación de datos y la notificación de las resoluciones a los solicitantes, y
III. Sistema electrónico de control interno de gestión, que permite a los órganos obligados, a la Unidad, al órgano revisor y al Consejo, dar seguimiento a las solicitudes y respuestas a las mismas, así como consultar la clasificación o desclasificación de información para corroborarla o rectificarla.

Artículo 138

1. Los sistemas deben incluir:

I. El cuadro general de clasificación;
II. El catálogo de disposición documental, y
III. Los inventarios documentales.

Artículo 139

1. Las series documentales que formen el catálogo de disposición documental deben señalar los valores administrativos y legales de cada serie, así como su clasificación archivística como reservada o confidencial.

2. En el manejo de los documentos, la Cámara deben observar los principios de disponibilidad, eficiencia, localización expedita, integridad y conservación.

Artículo 140

1. En la administración y tratamiento de los sistemas de datos y la custodia de los datos personales que se encuentren bajo su resguardo, los funcionarios de los órganos obligados deben observar los principios de licitud, consentimiento, calidad e información.

Transitorios

Primero: El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo: Se abrogan el Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública de la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2003, así como el ``Acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados por el que se establecen los criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial'', publicado en la Gaceta Parlamentaria No. 1323 del 29 de agosto de 2003.

Tercero: La Cámara de Diputados, por conducto de la Secretaría General, deberá cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública relativas a las comisiones bicamerales por cuanto a los recursos proporcionados por esta Cámara, en tanto se emiten las disposiciones correspondientes.

Cuarto: El Órgano Rector tendrá 180 días hábiles para presentar los lineamientos en materia de organización de la información; clasificación, desclasificación, integración, organización y conservación de la información y de accesibilidad y calidad de la información. Estos lineamientos deben ser publicados en la Gaceta Parlamentaria y en la sección de transparencia del portal de internet de la Cámara de Diputados, dentro de los siete días posteriores a su creación.

Quinto: El Órgano Rector, en un plazo de cincuenta días hábiles, contados a partir de su instalación, deberá emitir los lineamientos generales en materia de datos personales, donde se considerarán los niveles de seguridad que se deberán emplear en la Cámara.

Sexto: La Comisión de la Función Pública de la Cámara, propondrá en un solo acto una terna para la elección de los tres consejeros fundadores.

Séptimo: El particular puede optar por sustanciar las solicitudes no resueltas a la entrada en vigor de este Reglamento, en términos del Reglamento anterior o de este.

Octavo: La Secretaría General y las de Servicios Administrativos y Financieros, harán las gestiones necesarias para proporcionar 2 asesores y 1 asistente por cada consejero, así como del personal secretarial, los espacios físicos, el equipo y mobiliario necesarios para que el Consejo funcione.

Noveno: La Secretaría General y las de Servicios Administrativos y Financieros y Parlamentarios harán, en el ámbito de su respectiva competencia, las previsiones necesarias para permitir la integración y funcionamiento adecuado de la Unidad, el órgano Rector, el Consejo y los sistemas electrónicos de archivo de la información, de procesamiento de solicitudes y de control interno de gestión.

Décimo: La Secretaría General y las de Servicios Administrativos y Financieros y Parlamentarios tendrán un plazo de 6 meses, en días naturales, para poner en marcha los sistemas electrónicos que se mencionan.

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en diciembre de dos mil ocho.
Por la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados: Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), presidente; María Elena Álvarez Bernal (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), secretarios; Elías Cárdenas Márquez (rúbrica), Jorge Luis de la Garza Treviño, Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Rutilio Escandón Cadenas , Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Silvia Luna Rodríguez , Víctor Samuel Palma César (rúbrica), Marta Rocío Partida Guzmán (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica).»

Es de primera lectura.



CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : «Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación

4 de marzo de 2009

Honorable Asamblea

Con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86 y 89 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República remitió la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación.

Esta Comisión resulta competente para dictaminar la minuta turnada por la Cámara de Senadores de conformidad con el Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se abocó al análisis de la Minuta antes señalada y conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público reunidos en Pleno, presenta a esta Honorable Asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del Senado de la República, el 4 de noviembre de 2008, los senadores Gustavo Madero Muñoz, José Isabel Trejo Reyes , Minerva Hernández Ramos y José Eduardo Calzada Rovirosa presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación.
2. El 4 de diciembre de 2008, en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, se presentó el dictamen, el cual fue aprobado por 77 votos y turnada a la Cámara de Diputados.
3. Por acuerdo de la Mesa Directiva de esta H. Cámara, el 5 de diciembre de 2008 se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la Minuta en comento para su estudio y dictamen.

Descripción de la minuta

La minuta propone reformar el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, a efecto de confirmar que todas las disposiciones fiscales, sin excepción, pueden ser interpretadas mediante la utilización de cualquier método interpretativo y, por otro lado, que sólo las normas referidas al objeto, base, tasa o tarifa y las relativas a las infracciones y sanciones deben ser aplicadas estrictamente.

Menciona la minuta que la interpretación en materia fiscal es una actividad delicada de la que depende en gran medida que no se grave a los ciudadanos con tributos o cargas excesivas ni que se prive al Estado de los recursos que legítimamente tiene derecho a percibir en beneficio del interés colectivo. Es decir, tiene la finalidad de buscar un equilibrio en la relación jurídico-tributaria cuyo propósito es sufragar el gasto público de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Por ello, la minuta señala que es pertinente delimitar el alcance de la propuesta en análisis toda vez que da cabida al método de interpretación por analogía, lo cual indudablemente rompería el equilibrio mencionado, pues se dejaría a su arbitrio la imposición de cargas excesivas y de sanciones injustificadas, que pudiera prestarse a un abuso del poder público y por consiguiente violatorio de la Constitución y a su vez, de los particulares, teniéndose además el riesgo de que el Estado no recaude lo que a su derecho corresponde.

Señala la minuta que dentro del cúmulo de las obligaciones de los ciudadanos sobresalen las tributarias, su debido cumplimiento es condición indispensable para que el Estado obtenga los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la sociedad, principal razón de su existencia.

La minuta en comento señala que la creciente dinámica social y, sobre todo, la relacionada con los fenómenos contemplados por las disposiciones fiscales, ha dado como resultado que cada vez más sujetos deban interpretar las disposiciones fiscales, por lo que debe evitarse la confusión que la actual redacción del artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación provoca.

Subraya la minuta que al hacer un recorrido por las diferentes tesis, resoluciones y documentos, que tanto autoridades como particulares han producido sobre este tema, se advierte que, errónea pero frecuentemente, se dice, por un lado, que existe un método de interpretación estricta y por el otro, que la aplicación que se hace de la norma interpretada es estricta, lo que ha dado lugar a que se hagan interpretaciones rigoristas con resultados indeseables, que han llegado al extremo de asimilar la aplicación estricta con la restrictiva.

Agrega la minuta que proveer los elementos para lograrlo, también es objetivo del quehacer legislativo, cuyo resultado se traduce en textos que deben ser interpretados tanto por contribuyentes, como por autoridades fiscales, jueces, académicos, entre otros, por lo que resulta fundamental que las reglas sobre su interpretación sean claras, a efecto de uniformar su utilización por todos los interesados y, con ello, favorecer resultados lo más consistentes posible, sin desconocer que por su naturaleza toda norma puede admitir diferentes interpretaciones.

Por lo anterior, la colegisladora considera que es de importancia la reforma al artículo 5º del Código Fiscal de la Federación, con el fin de fortalecer la protección de los usuarios para no dañar sus derechos patrimoniales.

Consideraciones de la comisión

Esta dictaminadora considera que es de aprobarse la minuta sobre la reforma al artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación a fin de confirmar que todas las disposiciones fiscales, sin excepción, deben ser interpretadas mediante la utilización de cualquier método interpretativo y, por otro lado, que sólo las normas referidas al objeto, base, tasa o tarifa y las relativas a las infracciones y sanciones deben ser aplicadas estrictamente, previa su interpretación por cualquier método aportado por la ciencia jurídica.

De lo anterior, esta comisión que dictamina estima conveniente que con esta nueva redacción quedará claro que no existe un método de interpretación estricta, sino que la norma interpretada conforme a cualquier método, deberá ser aplicada en forma estricta, únicamente cuando se trate de las relativas al objeto, sujeto, base, tasa o tarifa, así como las que contienen las infracciones y sanciones, sin ampliar ni restringir las hipótesis de causación así como sus excepciones.

La comisión que dictamina está de acuerdo que la propuesta contenida en la Minuta procura alcanzar los objetivos de establecer reglas claras de interpretación, con el propósito de fortalecer la certidumbre jurídica que debe emanar de esta H. Soberanía, siguiendo para ello las reglas sobre interpretación en materia fiscal que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido a través de su jurisprudencia y ajustando en consecuencia la redacción que pretende apegarse a la esencia de dichas jurisprudencias, que autoriza la aplicación de cualquier método aportado por la ciencia jurídica.

En el mismo sentido, la que dictamina considera que también aclara y precisa, el objetivo que persigue la reforma, en cuanto a la posibilidad de que tanto el destinatario, el intérprete, como cualquier aplicador de la norma tributaria, pueda adoptar cualquier método para su exégesis jurídica, a efecto de asegurar el debido cumplimiento de los objetivos buscados por el legislador al crear esas normas, a excepción de aquéllos cuya utilización pretendiera implicar la aplicación analógica o por mayoría de razón de las hipótesis de causación o de sus excepciones, en virtud de lo dispuesto en el primer párrafo del actual artículo 5, el cual permanece intocado y prescribe la aplicación estricta de las disposiciones fiscales que establecen cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas.

La que dictamina coincide en que con esta reforma se dotará de mayor claridad al artículo 5o. mencionado, en beneficio del marco jurídico tributario, a efecto de que las normas jurídicas en la materia se interpreten con mejor método y técnica interpretativas, y que las normas interpretadas que se refieran al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, así como las relacionadas con las infracciones y sanciones, se continúen aplicando en todos los casos en forma estricta, ajustándose al texto de la norma tributaria sustantiva.

Esta comisión estima conveniente que se coadyuve a que las reglas de interpretación de las normas fiscales sean claras, pues sólo de esta forma contribuirán a su cabal cumplimiento. De Igual forma, se considera que es puntual y precisa, toda vez que aclara e incorpora a la Ley principios del Derecho Fiscal respecto a los métodos de interpretación aceptados, con lo cual se dejará en claro lo que ya ha definido hoy la propia jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir que todas las disposiciones fiscales se interpretan aplicando cualquier método de interpretación jurídica, quedando desde luego prohibida la aplicación por analogía y la mayoría de razón.

Al respecto debe citarse la siguiente tesis de jurisprudencia firme de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala lo siguiente:

``INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS FISCALES QUE ESTABLECEN LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS TRIBUTOS. SU ALCANCE EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LEGALIDAD TRIBUTARIA Y SEGURIDAD JURÍDICA. Si bien es verdad que el juzgador, al momento de definir los elementos esenciales del tributo, debe partir del texto literal de la norma, como exigencia lógica de su aplicación al caso concreto, ello no implica que le esté prohibido acudir a los diversos métodos de interpretación reconocidos por la ciencia jurídica. Esto es así, ya que los principios de legalidad tributaria y de seguridad jurídica, y las disposiciones legales que establecen fórmulas dirigidas a condicionar la aplicación e interpretación de las normas tributarias, deben entenderse únicamente en el sentido de impedir aplicaciones analógicas en relación con los elementos esenciales de los tributos.
Contradicción de tesis 181/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Tercero, ambos del Décimo Quinto Circuito. 17 de febrero de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su ausencia hizo suyo el asunto Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretarios: Fernando Silva García y Paula María García Villegas. Tesis de jurisprudencia 26/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del primero de marzo de dos mil seis.''

Así la propuesta de reforma al artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, es coincidente con la interpretación que de la norma ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En efecto, se ha reconocido que cuando se tenga la necesidad de interpretar la norma, primeramente se debe desentrañar su alcance y posteriormente tiene que aplicarse única y exclusivamente a las hipótesis jurídicas o de hecho que coincidan con el desentrañamiento de su sentido, interpretado a partir de su texto y sin que procedan aplicaciones analógicas o por mayoría de razón.

Con lo anterior, se estima que el uso de los métodos de interpretación jurídica al interpretar y aplicar la norma, no puede generar supuestos de causación o imposición alguna, diversos a los que estrictamente establecen las disposiciones fiscales, misma conclusión que aplica para los supuestos de excepciones, infracciones y sanciones.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión estima necesaria la aprobación de la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o.del Código Fiscal de la Federación para dotar de mayor claridad al artículo mencionado, en beneficio de los contribuyentes, a efecto de que las normas jurídicas en la materia, se interpreten con mejor técnica, a través de cualquier método y que las normas interpretadas que se refieran al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y las relacionadas con las infracciones y sanciones, se continúen aplicando en forma estricta, como ya ahora lo dispone el Código Fiscal de la Federación, por lo que somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:

Decreto por el que se reforma el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación

Artículo Único. Se reforma el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 5o. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.

La interpretación de las disposiciones fiscales se efectuará a partir de su texto, mediante cualquiera de los métodos de interpretación jurídica. Tratándose de las disposiciones a que se refiere el primer párrafo de este precepto, deberá partirse en todo caso del texto de la norma, quedando prohibida la interpretación por analogía o mayoría de razón. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados a 4 de marzo de 2009.
Por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez , Carlos Alberto García González (rúbrica), Hugo Eduardo Martínez Padilla , José Antonio Saavedra Coronel , Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Horacio Garza Garza (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas , Juan Ignacio Samperio Montaño , Joaquín Humberto Vela González , Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), secretarios; José Alejandro Aguilar López , Samuel Aguilar Solís , José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), María del Consuelo Argüelles Arellano (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama , Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez , Ramón Ceja Romero , José de la Torre Sánchez (rúbrica), Javier Guerrero García (rúbrica), Mariano González Zarur (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa (rúbrica), José Martín López Cisneros (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Octavio Martínez Vargas , José Murat, Dolores María del Carmen Parra Jiménez , Mario Alberto Salazar Madera (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Pablo Trejo Pérez (rúbrica).»

Es de primera lectura.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes negativos relativos a iniciativas. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria... Sonido en la curul del diputado Elías Cárdenas.



REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

El diputado Elías Cárdenas Márquez (desde la curul): Gracias, señor presidente.

Únicamente para solicitar que se dispensen las lecturas del dictamen, en virtud de que ha habido tardanza en este reglamento que tanto nos interesa, para que se transparenten los manejos de la Cámara.

Al incumplir la Cámara de Diputados estamos incurriendo en una omisión legislativa de carácter absoluto en el desempeño de una facultad o competencia de ejercicio obligatorio, lo que genera una violación directa a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que persistirá en tanto no se realicen las modificaciones necesarias a la legislación correspondiente.

Por el bien de la Cámara, de la transparencia, de la rendición de cuentas, que hoy en la mañana incluso tuvimos la visita del auditor superior de la Federación, donde se hizo una lista de buenos deseos para que exista la transparencia en esta Cámara, es el motivo de mi súplica, señor presidente, a este pleno. Gracias por su atención.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, compañero diputado. Quiero decirle que precisamente se ha dispensado la primera lectura. Coincidimos plenamente en los conceptos que usted ha participado en esta intervención, pero para poder dispensar todos los trámites se requieren las dos terceras partes, y hay todavía precisión de algunos grupos parlamentarios en la reserva del mismo. Hemos dado el primer paso y éste está en primera lectura, y esperemos en la próxima sesión poderla resolver... Diputada Layda Sansores.

La diputada Layda Elena Sansores San Román (desde la curul): Presidente, insisto y apoyo a mi compañero Elías. Creo que desde el 10 de diciembre tienen ustedes en sus manos este dictamen aprobado, por mayoría, por la comisión encargada de elaborar este reglamento de transparencia.

La creación del órgano de revisión para asuntos de transparencia, autónomo, que propusimos también nosotros, por mandato constitucional debió crearse desde el año pasado, el 20 de julio de 2008.

Desde entonces estamos violando la Constitución y creo que somos muy flexibles para dispensar segundas lecturas y pasar directamente a la discusión de los dictámenes.

Cada día sacan, de su costal de mañas, otro pretexto más para posponer la discusión de ese dictamen. Nosotros insistimos que es un asunto de prioridad. Hemos soslayado el tema de transparencia y creo que ya los medios, todos los días, evidencian la corrupción que hay en la Cámara. El estercolero nos desborda, hay indignación popular y no podemos seguir posponiendo un tema tan importante.

Le pido que usted reflexione, y que la Junta de Coordinación sea más sensible y más flexible con los temas más importantes.

Le recuerdo a la Junta de Coordinación que fueron ellos los que, en diciembre de 2007, presentaron esta iniciativa. Nada más que después les vino la amnesia o les vino el miedo. ¿Por qué? ¿A qué le temen?

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias diputada. Le ruego que la representación de su grupo parlamentario en la Junta de Coordinación Políticahaga valer precisamente esta opinión, la cual compartimos en buena parte. Sin embargo, ha sido ya aprobado en primera lectura y vamos a insistir para que en la próxima sesión se resuelva. Gracias, diputada.



LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes negativos relativos a iniciativas.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se lean los encabezados de los mismos.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se lean los encabezados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se autoriza. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Esta comisión con fundamento en los artículos 72 y 73, fracción XXX, a la luz de lo dispuesto en artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 39, 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

1. Con fecha diecisiete de abril de dos mil ocho, los diputados Carlos Armando Biebrich Torres y José Rosas Aispuro Torres , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de la facultad que les confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentaron en sesión de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
2. Con esa misma fecha, diecisiete de abril de dos mil ocho, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que la iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen.
3. Con fecha dos de diciembre de dos mil ocho, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen.

Contenido de la iniciativa

Expone la iniciativa que por mandato de la reforma constitucional, al Congreso de la Unión le fue fijado un plazo para realizar la adecuación a las leyes secundarias en materia electoral; con ese propósito, los proponentes consideran realizar las adecuaciones a Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relativas a la estructura orgánica y competencias de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral a fin de armonizarla con las normas constitucionales en la materia.

En este sentido, la iniciativa destaca las siguientes reformas que los proponentes estiman necesarias a fin de armonizar las disposiciones legales materia del proyecto de decreto con las reformas constitucionales en materia electoral y el nuevo Código de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por lo que hace a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los proponentes consideran necesarias, entre otras, las siguientes reformas:

1. La permanencia de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
2. Fortalecer a la Sala Superior como instancia máxima tanto en los aspectos sustantivos del quehacer jurisdiccional como en lo relativo a la vida administrativa interna.
3. Modificar algunas reglas de operación y relaciones entre las instancias administrativas y de control interno del TEPJF.
4. Adecuar las atribuciones de la Comisión de Administración para perfeccionarlas o transferirlas a la Sala Superior o a las salas regionales.

En relación a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la iniciativa formula los siguientes planteamientos:

1. La posibilidad de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declare la nulidad de toda la elección presidencial.
2. El límite que la Constitución impone al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tratándose de las nulidades expresamente establecidas en la Ley de la materia.
3. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrá declarar la nulidad de una elección por las causas expresamente señalas en la ley, es decir en la Ley materia.
4. Nuevos criterios y normas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para atender los asuntos internos de los partidos políticos.
5. La capacidad confirmada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para declarar la no aplicación de leyes en materia electoral contrarias a la Constitución.
6. Establecer hipótesis, requisitos y procedimientos para que las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acuerden y realicen nuevos escrutinios y cómputos de la votación recibida en las casillas electorales.
7. Confirmar las causas de nulidad vigentes y las condiciones o requisitos que deben cumplirse para su aplicación, en especial el criterio de ``determinancia'', derivado del principio universal que el voto ciudadano.
8. Homologar el criterio cuantitativo para la nulidad de las elecciones de diputados federales y senadores al 20 por ciento de las casillas en la circunscripción territorial respectiva.

En este sentido, los iniciadores consideran que las reformas propuestas a las disposiciones en comento derivará en el perfeccionamiento de nuestro sistema electoral que ``ha sido producto de avances sucesivos y pactados por las principales expresiones políticas del país''.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la Iniciativa, los miembros de la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:

Consideraciones

I. La Ley para la Reforma del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dio fue resultado de los consensos entre las distintas fuerzas políticas que derivaron en las adiciones y reformas de los artículos 6°, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga el tercer párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral y de justicia electoral.

II. Estas reformas y adiciones al texto de la norma fundamental llevaron a la expedición de un nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil ocho, el cual introdujo figuras importantes en el derecho electoral mexicano como la prohibición a los partidos políticos para comprar propaganda en radio y televisión, en cualquier tiempo, la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, la reducción de los tiempos de campaña y el fortalecimiento de la autonomía y capacidades del Instituto Federal Electoral.

III. No obstante el nuevo marco electoral constitucional y secundario, quedaron pendientes de reformar las normatividades en materia de justicia electoral, entre las que destaca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, misma que debería ser acorde con lo dispuesto por el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reorganizó al Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

IV. En este sentido, los diputados integrantes de la LX Legislatura presentaron sus iniciativas con el fin de adecuar las disposiciones secundarias al nuevo marco constitucional y legal, entre ellas la de los diputados Carlos Armando Biebrich Torres y José Rosas Aispuro Torres y que es materia del presente dictamen.

V. El dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación que analizó la minuta con proyecto de decreto que reforma adiciona y derogas diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el veinte de junio de dos mil ocho, contempló la iniciativa enunciada en la consideración anterior. Efectivamente, en la consideración segunda ``Sobre la naturaleza de las reformas'', se afirma que: ``La iniciativa de los Diputados Carlos Armando Biebrich Torres y José Rosas Aispuro, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 17 de abril de 2008, coincide con el proyecto de reformas y adiciones remitido por el Senado, por lo que se reconoce que las propuestas señaladas contribuyeron a la discusión que armonizará los preceptos relativos a la justicia electoral con el nuevo marco constitucional en la materia''.

VI. En este sentido, al haber sido concluida la reforma de la legislación secundaria en materia de justicia electoral, misma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008 y, como afirma el dictamen de la Cámara de Diputados que le dio origen, al ser coincidente con el objetivo de la iniciativa presentada por los diputados Biebrich Torres y Aispuro Torres, esta Comisión estima que ha sido satisfecho el propósito de los iniciadores.

Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, presentada por los diputados Carlos Armando Biebrich Torres y José Rosas Aispuro Torres , el diecisiete de abril de dos mil ocho.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a dos de diciembre de dos mil ocho.
Por la Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez , Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama , Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica en abstención), Ricardo Cantú Garza , secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres , César Camacho Quiroz (rúbrica), Ariel Castillo Nájera , Jesús de León Tello , María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra , Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Raciel Pérez Cruz , José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola , Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reservan para su votación en conjunto. Continúe.



LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : «Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta proyecto de decreto que adiciona la fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LX Legislatura fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 61 de la Ley Federal de Salud, la cual tiene su origen en la iniciativa presentada por la senadora Amira Griselda Gómez Tueme , del Grupo Parlamentario del PRI.

La Comisión de Salud con fundamento en las atribuciones que le otorga el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, numerales 1º y 3º, 43, 44, 45 numeral 6, inciso e) y f), y de los demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen de acuerdo con la siguiente metodología:

I. Antecedentes

Con fecha 19 de abril de 2007, la senadora Amira Griselda Gómez Tueme , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó a nombre del Congreso de Quintana Roo, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud. En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la iniciativa a las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, para realizar el estudio y dictamen.

Con fecha 29 de abril de 2008, se publicó en la Gaceta del Senado, el dictamen de las Comisiones Unidas, referente a dicha iniciativa. Éste fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Senadores y turnado a la Cámara de Diputados.

Con fecha 30 de abril de 2008, se recibió en la Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud. En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la Minuta a la Comisión de Salud, para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

La minuta que se estudia propone establecer la preservación del material biológico proveniente del cordón umbilical del recién nacido. Este material contiene células estaminales, las cuales cuando están en buenas condiciones, pueden ser utilizadas en el tratamiento de enfermedades de la sangre y el sistema inmunológico.

Se señala que el Estado debe impulsar esta tecnología, para facilitar su acceso público, ya que actualmente el tratamiento es costoso y está principalmente bajo control de instituciones privadas.

III. Consideraciones

Comprendiendo la preocupación de la proponente por facilitar la preservación de células estaminales del cordón umbilical para uso en el tratamiento de enfermedades, los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora hemos realizado un análisis a fondo de la propuesta. Las principales consideraciones para dictaminar la Minuta fueron las siguientes:

1. Coincidimos con los siguientes argumentos planteados en la exposición de motivos de la iniciativa que dio origen a la minuta:

Varias enfermedades como la leucemia, diabetes, anemia severa e inmunodeficiencia han experimentado un crecimiento progresivo en nuestro país. En muchos de los casos, los pacientes no tienen acceso a las terapias o centros de salud especializados, ya que los tratamientos son costosos.

El transplante de células estaminales derivadas de la médula ósea es un recurso para estos pacientes, con el inconveniente de que en numerosos casos, no se encuentran donadores compatibles.

El cordón umbilical es otra fuente de células estaminales para el tratamiento de pacientes con enfermedades de la sangre y el sistema inmunológico, con la ventaja de tener un menor porcentaje de rechazo en los pacientes.

Actualmente en México, varias instituciones públicas y privadas han incursionado en la preservación y transplante de células estaminales del cordón umbilical, con resultados positivos; por consiguiente, es necesario que el Estado impulse esta tecnología, para facilitar su acceso público.

2. El dictamen realizado por las Comisiones Unidas del Senado de la República contiene consideraciones importantes, que es conveniente recapitular:

La iniciativa concuerda con lo establecido en el alcance y objetivos de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (artículos 1 y 2). México, como Estado firmante de esta declaración, debe implementar las medidas necesarias para reconocer el progreso científico así como su aplicación benéfica, salvaguardando la dignidad humana.

Resulta afortunado que la fracción que se pretende adicionar esté contenida en el Capítulo V - Atención Materno Infantil, de la Ley General de Salud, en virtud de que el artículo 3, fracción IV de la misma Ley considera la atención materno infantil como materia de salubridad general. La adición propuesta implica que el Estado Mexicano deberá procurar de manera prioritaria la preservación de células estaminales provenientes del cordón umbilical.

3. La Secretaría de Salud, en su opinión institucional sobre la Minuta emitida por el Senado, señala que los conceptos ``material genético'' y ``células estaminales'', no están definidos actualmente en la Ley General de Salud.

Con respecto al concepto ``material genético proveniente del cordón umbilical'', consideramos que no es acorde con el contexto de la iniciativa, puesto que para lograr los estudios que se pretenden, se requieren células completas, no solamente el material genético, definido como las moléculas que almacenan y transfieren información biológica (ADN, ARN y proteínas).

Por otra parte, el término ``células estaminales'' no está definido en la Ley General de Salud, porque se utiliza su sinónimo ``células progenitoras hematopoyéticas''. Cabe señalar que ese término se utiliza en un contexto más amplio. Los artículos 323, 341 y 375 de la Ley General de Salud se refieren a células progenitoras hematopoyéticas de la sangre de cualquier parte del cuerpo.

Adicionalmente, creemos que el concepto ``sistema inmunitario'' debería sustituirse por ``sistema inmunológico'', que es el término correcto en las ciencias médico-biológicas.

En este tenor, consideramos que la minuta, en sus términos actuales, puede causar confusiones e interpretación errónea de términos.

La opinión institucional de la Secretaría de Salud también señala necesario contar con la opinión técnica del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea y del Instituto Nacional de Medicina Genómica, para evaluar la factibilidad de la propuesta. Cabe mencionar que en la valoración de impacto presupuestario, presentado más adelante, se tomaron en cuenta varias de estas consideraciones técnicas.

4. Esta comisión dictaminadora, con fecha 23 de julio de 2008, solicitó al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, un estudio de impacto presupuestario de la Minuta que se estudia. En enero de 2009, el CEFP presentó la correspondiente Valoración del Impacto Presupuestario. Algunos datos relevantes de dicho estudio son:

Los bancos de sangre de cordón umbilical pueden ser de varios tipos:

Se tomó como ejemplo práctico el caso de Estados Unidos, donde el Congreso aprobó en 2004, una partida presupuestal por US$ 10 millones para fundar el Programa del Banco de Células Madre y Cordón Umbilical. Este programa incluyó actividades de investigación, desarrollo de mecanismos para el uso no clínico de las unidades disponibles para investigación, bancos de almacenamiento de cordón umbilical, procedimientos de certificación, desarrollo de estándares unificados para muestreo y establecimiento de sistemas de calidad.

Actualmente los bancos de sangre de cordón umbilical se apoyan en estándares internacionales, de manera que deben cumplir ciertos requisitos y condiciones mínimas para ser certificados. Entre estos requisitos destacan:

A. Disponer de una unidad médico-quirúrgica especializada en gineco-obstetricia.
B. Tener relación con un equipo de coordinación de transplantes.
C. Instalaciones y equipo para la obtención, preparación y almacenamiento de las muestras.
D. Un protocolo consensuado sobre la obtención, preparación y transporte y procesamiento de muestras.
E. Garantizar la realización de los estudios pertinentes para descartar la presencia de enfermedades transmisibles.
F. Personal y equipo para la criopreservación, con un protocolo validado.
G. Documentación de las condiciones de actuación con los centros de transplante.
H. Un registro, de acceso restringido y confidencial, donde constarán las extracciones realizadas, con todos los datos necesarios de identificación y destino de las muestras, que permitan el adecuado seguimiento.

Con base en estos antecedentes, se observa que la propuesta contenida en la Minuta que se estudia requiere varios elementos operativos y administrativos para su correcto funcionamiento; así pues, el CEFP presenta la siguiente tabla de costos:

Para valorar el impacto presupuestario, el CEFP consideró los siguientes supuestos:

1. Se consideró el costo de 7 bancos de cordón umbilical en la República Mexicana sin considerar el costo de equipos especializados (aunque no necesariamente sería en los estados que se propone).
2. Se tomó en cuenta el número de nacimientos únicamente en hospitales o clínicas oficiales de los estados propuestos.
3. El costo se calculó en base a precios de mercado de bancos de preservación privados.
4. Las actividades que se realizarían en esos hospitales básicamente serían las mismas que se llevan a cabo en el Banco de Sangre de Cordón Umbilical del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea.

Dado que una cobertura total en el país es muy costosa y difícil, si iniciaran operaciones únicamente siete bancos de cordón umbilical con estas características el costo fijo aproximado sería de $549.5 millones de pesos para el primer año, modificándose año con año debido a la dinámica de nacimientos en hospitales o clínicas oficiales.

El costo del equipo especializado depende del inventario que se desee alcanzar. Para un inventario de 100 mil unidades, los costos podrían ascender, a nivel nacional, a $2,100 millones. De igual manera, para un inventario de 300,000 unidades, como caso extremo, los costos totales serían de alrededor de $2,780 millones.

Bajo estos supuestos se concluye que la Minuta en estudio genera un impacto presupuestario total que va del rango de $2,696 millones a $3,332 millones, toda vez que contempla la inclusión de diversos bancos de sangre de cordón umbilical en la República Mexicana, así como equipo especializado para su operación.

5. El proyecto de decreto contenido en la minuta, supone que todos los recién nacidos serán donadores potenciales de cordón umbilical. Incluso, establece que a este material se le asignará ``un folio que deberá incluirse en la cartilla de vacunación''.

El alcance que se pretende es imposible, puesto que el transplante de células estaminales del cordón umbilical aún continúa en estudio y tiene varias limitaciones técnicas 1 , entre ellas:

• Las madres candidatas a la donación deben ser evaluadas desde el inicio del embarazo, deben cursar un embarazo sin complicaciones y tener un producto eutrófico, sano de término.
• Los productos de madres fumadoras, multigestas, o con trastornos en su embarazo, no reúnen los controles de calidad para una dosis celular adecuada, para garantizar la hematopoyesis post-transplante.
• La madre y el padre deben otorgar su consentimiento informado para la colección, procesamiento, almacenamiento y posterior aplicación de las células estaminales.
• Sólo el 40% de los productos obtenidos cumplen con los controles de calidad requeridos para su uso con fines terapéuticos.

Debido a estas limitaciones, los países desarrollados continúan haciendo investigación sobre técnicas de obtención, preservación y transplante de células estaminales, y han optado por mantener centros de referencia y un registro público internacional, para abatir costos y hacer eficientes los programas.

En consecuencia, los bancos de células estaminales deben ser de acceso público, no preferentes para el propio donante y sus familiares, como lo propone el segundo párrafo del proyecto de decreto que se estudia:

``El material genético a que se refiere la fracción anterior será utilizado preferentemente a favor del propio individuo al que le es extraído o sus familiares, quedando prohibida su comercialización, toda transferencia nuclear, o su uso para fines experimentales''.

6. El proyecto de decreto contenido en la minuta restringe su campo de aplicación al material ``proveniente del cordón umbilical del recién nacido''. Como se revisó anteriormente, existen otras fuentes de células estaminales, como la médula ósea, cuyo aprovechamiento resulta más conveniente en algunas ocasiones. Sin embargo, para abarcar todas las fuentes de células progenitoras hematopoyéticas, la adición propuesta en la Minuta no tendría lugar en el capítulo de Atención Materno Infantil.

Adicionalmente, es importante reiterar que la Ley General de Salud ya considera la disposición de células progenitoras hematopoyéticas para fines terapéuticos:

Artículo 341. La disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas con fines terapéuticos estará a cargo de bancos de sangre y servicios de transfusión que se instalarán y funcionarán de acuerdo con las disposiciones aplicables. La sangre será considerada como tejido.

Derivado de lo anterior, consideramos que el objetivo general de la minuta se encuentra cubierto por este artículo, de manera que actualmente el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea coordina las actividades del Banco de Sangre de Cordón Umbilical.

Otros aportes contenidos en la minuta que se estudia son inviables por motivos técnicos y presupuestarios. Como se revisó en la valoración de impacto presupuestario, la inversión requerida no se justifica en relación costo/beneficio.

Por lo anteriormente expuesto y para los efectos de lo dispuesto por la fracción d, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Salud ponemos a consideración de la asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único. Se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona la fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud, remitida por la Cámara de Senadores, el 30 de abril de 2008.

Nota: 1 Gómez-Morales, Enrique. Transplante de células progenitoras hempatopoyéticas. Una nueva perspectiva. Gac Méd Méx Vol. 139, Suplemento 3, 2003 www.medigraphic.com/pdfs/gaceta/gm2003/gms033k. pdf
Por la Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano , Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Efraín Morales Sánchez , María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara , Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Maricela Contreras Julián (rúbrica), María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena , María Mercedes Maciel Ortiz , Lorena Martínez Rodríguez , Holly Matus Toledo (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García , Miguel Ángel Navarro Quintero , Gilberto Ojeda Camacho , Jorge Quintero Bello , José Ignacio Alberto Rubio Chávez , María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reservan para su votación en conjunto. Continúe.



LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPLANTES - LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD - LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : «Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que expide la Ley del Instituto Nacional de Trasplantes; y reforma las Leyes de los Institutos Nacionales de Salud, y General de Salud

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y posterior dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley del Instituto Nacional de Trasplantes y se reforman las Leyes de los Institutos Nacionales de Salud y General de Salud presentada por la diputada Lorena Martínez Rodríguez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora con fundamento en los artículos 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 numerales 1°, 3°, 43, 44, 45, numeral 6, inciso e) y f) y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta honorable asamblea el presente dictamen mismo que se realiza bajo la siguiente:

Metodología

La Comisión encargada del análisis y dictamen de las iniciativas mencionadas, desarrolla su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de Antecedentes se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo del turno para el dictamen de ambas iniciativas, así como de los trabajos previos de la comisión.
II. En el capítulo correspondiente a Contenido se exponen los motivos y alcance de las propuestas en estudio, así mismo, se hace una breve referencia de los temas que componen.
III. En el capítulo de Consideraciones, la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen.

I. Antecedentes

En sesión celebrada el 8 de abril de 2008 la diputada Lorena Martínez Rodríguez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley del Instituto Nacional de Trasplantes y se reforman las Leyes de los Institutos Nacionales de Salud y General de Salud.

Con la misma fecha la mencionada iniciativa fue turnada a las Comisiones de Cuenta Pública para su opinión y Salud para dictaminación.

II. Contenido

En su exposición de motivos, la diputada que promueve asevera que en contraste con el desarrollo de los trasplantes en México, ha crecido la insuficiencia y discriminación para atender estos servicios que han crecido en lo que considera de una manera geométrica. Afirma que a falta de una política seria e imaginativa en la donación de órganos, en la actualidad sólo pueden contar con trasplantes las personas que cuentan con seguridad social.

Por ello y por la transición epidemiológica que genera mas necesidad de trasplantes, propone una reforma al Centro Nacional de Trasplantes para que de ser un órgano desconcentrado de la Secretaria de Salud, se convierta en un Instituto Nacional, recuperando la experiencia de los otros institutos regulados en la Ley de Institutos Nacionales de Salud, mediante reformas a ésta Ley, a la Ley General de Salud y la creación de una nueva Ley del Instituto Nacional de Trasplantes.

III. Consideraciones

1. La primera observación sobre la iniciativa en cuestión, trata de la forma. La Ley de los Institutos Nacionales de Salud abrogó las leyes diversas que existían para dichos organismos, por lo que crear una ley específica para un nuevo Instituto no estaría en concordancia con la legislación vigente, que además consideramos adecuada, en tanto concentra disposiciones comunes para organismos que, si bien descentralizados, encuentran coordinación operativa, normativa y administrativa en una misma secretaría de estado, como se establece en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

2. Más allá de la forma, la iniciativa plantea un serio problema en el fondo. Consideramos que la analogía en el desarrollo de los otros institutos nacionales con el área de trasplante, no resulta apropiada, dado que los institutos citados por la promovente y el que pretende sea creado, no parten de supuestos similares, los ya creados buscan, como bien lo señala la propia Ley de los Institutos Nacionales de Salud, además de la investigación, la atención concentrada en un tercer nivel, visión que va en contrario sensu con el avance logrado al momento en materia de trasplantes.

3. Compartimos la aseveración de la promovente respecto de la insuficiencia de los trasplantes que se realizan en México, sin embargo, podemos afirmar que la insuficiencia no depende de la creación o no de un centro hospitalario de tercer nivel específico para el trasplante; la insuficiencia depende, a nuestro modo de ver, de la capacidad de respuesta de autoridades judiciales y sanitarias para procurar la donación de los órganos así como del número de donaciones que se generen en todo el territorio nacional y la viabilidad de las mismas, en cuanto a su estado general de salud, la calidad de los órganos o la histocompatibilidad por citar algunos.

Derivado de lo anterior es evidente que, la creación de un gran hospital de tercer nivel puede asegurar el ingreso de pacientes, pero no por ello asegurarles el trasplante.

4. El Centro Nacional de Trasplantes obedece además a la necesidad de la Secretaría de Salud de contar dentro de su estructura orgánica una unidad que coordine, planee y vigile las acciones de los trasplantes.

La función de Cenatra es en lugar de centralizar la práctica, coordinar las procuraciones y donaciones en la mayor cantidad posible de hospitales públicos y privados por todo el país.

5. Respecto a las limitantes presupuestarias para el soporte con medicamentos inmunosupresores a pacientes trasplantados, resulta aun de mayor conflicto soportar financieramente la existencia de un hospital de tercer nivel con pacientes ingresados por tiempo indefinido y al mismo tiempo distribuir medicamentos en todas las entidades.

Si bien el Sistema Nacional de Trasplantes debe ser fortalecido, concluimos que no es a través de la creación de un nuevo Instituto Nacional.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de la Comisión de Salud de la LX Legislatura con las atribuciones que les otorgan los artículos 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a su consideración el siguiente:

Acuerdo

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley del Instituto Nacional de Trasplantes y se reforman las Leyes de los Institutos Nacionales de Salud y General de Salud presentada por la diputada Lorena Martínez Rodríguez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el 8 de abril de 2008.

Por la Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano , Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Efraín Morales Sánchez , María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe , Maricela Contreras Julián (rúbrica), María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena , María Mercedes Maciel Ortiz , Lorena Martínez Rodríguez , Holly Matus Toledo (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García , Miguel Ángel Navarro Quintero , Gilberto Ojeda Camacho , Jorge Quintero Bello , José Ignacio Alberto Rubio Chávez , María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. Ningún legislador ha solicitado la palabra; por tanto, se reserva para su votación en conjunto. Continúe.



LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : «Dictamen de la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma las Leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la minuta proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Esta Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen de la minuta proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión en fecha 6 de julio de 2005, el senador Héctor Larios Córdova , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, en esa misma fecha, mediante oficios números CP2R2AE.-959 y CP2R2AE.-958, acordó se turnara dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, respectivamente, las cuales, previo análisis y estudio de la misma, presentaron el dictamen correspondiente ante el Pleno de la Cámara de Senadores, que fue discutido y aprobado en sesión de fecha 26 de abril de 2006.

Tercero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 26 de abril de 2006, se dio cuenta con el oficio número II-2622, mediante el cual la Cámara de Senadores remite la minuta proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Cuarto. En fecha 5 de septiembre de 2006, la Mesa Directiva, mediante oficio número D.G.P.L.60-II-1-2008, acordó se turnara dicha minuta a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Consideraciones

Primera. En virtud del decreto publicado el 5 de diciembre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman y adicionan los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dividió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en dos comisiones: Comisión de Justicia y Comisión de Derechos Humanos, quedando a cargo de la Comisión de Justicia, la emisión del dictamen de la minuta aludida.

Segunda. En la minuta proyecto de decreto, la Cámara de Senadores propone una reforma integral a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se plantea otorgar a las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, competencia para conocer y resolver, en forma definitiva e inatacable, las controversias que se susciten por los juicios de revisión constitucional electoral, en única instancia y en los términos previstos en la ley de la materia, por actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes para organizar, calificar y resolver las impugnaciones en los procesos electorales de las entidades federativas, que violen un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las elecciones de diputados locales, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ayuntamientos o de los titulares de los órganos político-administrativos del Distrito Federal.

También se propone, facultar para conocer y resolver por lo que hace a los supuestos de elección de Gobernadores y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Tercera. Sin perjuicio de que la minuta que se analiza tiene como fin mejorar el sistema electoral, cabe hacer mención que la misma ha quedado sin materia por las siguientes consideraciones:

La Ley para la Reforma del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2007, creó la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión (CENCA), que tuvo varios grupos de trabajo integrados por legisladores y asesores, a fin de procesar la agenda de temas acordada, quedando a cargo del Grupo de Trabajo de Democracia y Sistema Electoral, el análisis del sistema de justicia electoral mexicano. Como resultado de los trabajos y consensos entre las distintas fuerzas políticas, finalmente el Congreso de la Unión aprobó el decreto que reforma los artículos 6°, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga el tercer párrafo del artículo 97, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estas reformas y adiciones al texto de la norma fundamental llevaron a la expedición de un nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008, el cual introdujo figuras importantes en el derecho electoral mexicano, como la prohibición a los partidos políticos para comprar propaganda en radio y televisión, en cualquier tiempo, la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, la reducción de los tiempos de campaña y el fortalecimiento de la autonomía y capacidades del Instituto Federal Electoral.

No obstante el nuevo marco electoral constitucional y secundario, quedaron pendientes de reformar las normatividades en materia de justicia electoral, entre las que destaca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, misma que debería ser acorde con lo dispuesto por el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reorganizó al Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por otra parte, se estudiaron y discutieron diferentes propuestas, con el objetivo fundamental de reglamentar las disposiciones emanadas de la Constitución, además de incluir ciertas adecuaciones que, sin derivar en forma directa de la reforma constitucional en materia electoral, permitieran dar armonía y coherencia a la legislación electoral federal en su conjunto.

Es así que el 1º de julio de 2008, fue publicado el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con lo cual se dio por concluido el proceso de reforma al sistema electoral mexicano, en su conjunto.

Tercera. Finalmente, esta Comisión estima que si bien el contenido de la minuta en análisis es loable, ha quedado sin materia a raíz de las reformas mencionadas en párrafos precedentes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Justicia sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:

Acuerdo

Primero. Se desecha la minuta proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, señalada en el capítulo de antecedentes de este dictamen.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de enero de 2009.
Por la Comisión de Justicia, diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Carlos Alberto Navarro Sugich , Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), secretarios; Mónica Arriola, Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Luis Enrique Benítez Ojeda , Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), José Manuel del Río Virgen , Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Arturo Flores Grande , Silvano Garay Ulloa , Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Andrés Lozano Lozano , Omeheira López Reyna , Victorio Rubén Montalvo Rojas , Jesús Ricardo Morales Manzo , Mario Eduardo Moreno Álvarez , Silvia Oliva Fragoso , Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que ningún legislador nos ha solicitado la palabra, se reserva para su votación en conjunto. Continúe.



CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS - LEY DE LA POLICIA FEDERAL PREVENTIVA - LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA - LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : «Dictamen de la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo por los que se desechan las iniciativas que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales, así como de las Leyes Federal contra la Delincuencia Organizada, que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, de la Policía Federal Preventiva, Orgánica de la Procuraduría General de la República, y Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la LX Legislatura, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, diversas iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados; de la Ley de la Policía Federal Preventiva; de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Esta Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 12 de diciembre de 2006, la diputada Silvia Oliva Fragoso , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Segundo. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en fecha 20 de marzo de 2007, el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Tercero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 11 de octubre de 2007, la diputada Dolores María Manuell-Gómez Angulo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales.

Cuarto. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 11 de octubre de 2007, el diputado Javier Hernández Manzanares , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal.

Quinto. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 31 de octubre de 2007, la diputada Arely Madrid Tovilla , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Sexto. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 11 de junio de 2008, los diputados César Camacho Quiroz , Raúl Cervantes Andrade , Jorge Mario Lescieur Talavera y Fernando Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; del Código Penal Federal; de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados; del Código Penal Federal; de la Ley de la Policía Federal Preventiva; de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Séptimo. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en fecha 9 de julio de 2008, el diputado Jorge Toledo Luis , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal.

Octavo. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 18 de septiembre de 2008, el diputado Andrés Lozano Lozano , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Noveno. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 2 de diciembre de 2008, el diputado Jacinto Gómez Pasillas , del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 193 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Décimo. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 11 de diciembre de 2008, el diputado Carlos Navarro Sugich , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Décimo Primero. La Mesa Directiva, en esas mismas fechas, mediante oficios números D.G.P.L. 60-II-4-91, D.G.P.L. 60-II-4-223, D.G.P.L. 60-II-1-520, D.G.P.L. 60-II-5-1033, D.G.P.L. 60-II-4-814, D.G.P.L. 60-II-3-993, CP2R2A.-705, CP2R2A.-1270, D.G.P.L. 60-II-1-1732, D.G.P.L. 60-II-1-1964 y D.G.P.L. 60-II-3-2104, respectivamente, acordó se turnaran las tres primeras iniciativas a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y las siguientes a la Comisión de Justicia.

Décimo Segundo. En virtud del decreto publicado el 5 de diciembre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman y adicionan los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dividió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en dos comisiones: Comisión de Justicia y Comisión de Derechos Humanos, quedando a cargo de la Comisión de Justicia, la emisión del dictamen de las tres primeras iniciativas a la que se ha hecho referencia.

Contenido de las iniciativas

A. Iniciativa presentada por la diputada Silvia Oliva Fragoso , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Señala la autora que la publicación de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada presentó en su momento una serie de inconsistencias que impedirían en su momento, la configuración de la figura de la delincuencia organizada cuando se refiriera al robo de vehículos cometido tanto a título local en el Distrito Federal, como a título federal, puesto que al artículo al que se refiere la fracción V del artículo 2º de la referida Ley (la cual hace referencia al Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de Fuero Federal) no corresponde con la figura del robo de vehículo. Añadiendo que, respecto de este mismo artículo, se pretende la adecuación de la mención que se hace a la legislación penal federal que ya no existe, adoptándose la denominación actual de Código Penal Federal.

Asimismo, señala que la redacción del artículo 3º, que supeditó a la Unidad encargada del combate a la delincuencia organizada a atraer los delitos tales como asalto, robo de vehículo, secuestro y sustracción de menores para poder conocer de ellos, no contempló la posibilidad de que se pueda dar sin la necesidad de la atracción para el caso de que los delitos no sean competencia de las entidades, sino de la Federación y que parte indispensable de la argumentación, se refiere al hecho de que cuando se publicó la citada Ley, se encontraba referida la delincuencia organizada a las figuras delictivas de la fracción V del referido artículo 2º ya fuera de las establecidas en el Código Penal para el Distrito Federal en materia del Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal (de aplicación dual, tanto para la Federación, como para el Distrito Federal), o en las correspondientes legislaciones penales ``estatales''.

Sin embargo, las reformas que el Congreso de la Unión rea-lizara al Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal, consistentes en el cambio de nombre, para quedar como Código Penal Federal, mismas que de fondo eliminaban la competencia local respecto del Distrito Federal, dieron al traste con la aplicabilidad de la referida Ley Federal contra la Delincuencia Organizada por lo que a esta entidad federativa se refiere, ya que, de acuerdo al artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforma diversas disposiciones en materia penal de 18 de mayo de 1999 se estableció que las menciones que en leyes federales se hicieran al Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal, se entenderían hechas al Código Penal Federal.

En virtud de ello, apunta, cuando el artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada hace mención al Código Penal, se entiende que tan solo se refiere al federal, excluyendo al del Distrito Federal el cual al no ser ``legislación penal estatal'', no se menciona jamás y por ende, no puede ser considerado para conformar el delito de segundo piso denominado delincuencia organizada.

Añade la autora que, el problema no termina allí puesto que la ley penal es de estricta aplicación, se debe hacer una interpretación gramatical de sus conceptos, no cabiendo siquiera, la interpretación teleológica o axiológica. Por ello es cuando se mencionan el asalto, el secuestro, etc. En las fracciones V del 2º, referido a las disposiciones penales estatales, se debe referir directamente la integración del tipo, de acuerdo al nomen iuris del delito. Esto es si la delincuencia organizada es la agrupación de tres personas o más que se organizan para cometer un secuestro contemplado en una legislación estatal, ese delito de secuestro, debe, forzosa e invariablemente, denominarse secuestro, dentro de dicha legislación. Por eso, cuando en una legislación local, se presenta una figura delictiva cuyas características típicas son idénticas a las características del tipo de secuestro de otras legislaciones (V.gr. el Código Penal Federal), pero que ella le llama de otra forma (como privación ilegal de la libertad, etc.), no debe ser considerada como factible a ser punible como delincuencia organizada, puesto que la redacción del tipo es clara al decir: Secuestro. Este nomen iuris , será indispensable en la integración del tipo.

Por otro lado, señala que el párrafo primero del 3º que estipula la competencia directa del Ministerio Público Federal por los delitos federales contemplados en las fracciones I a la IV del 2º, y por otro lado tenemos que el párrafo segundo del 3º, estipula la conditio sine qua non de que los delitos de la fracción V sólo serán competencia del Ministerio Público Federal cuando sean cometidos por los miembros de la delincuencia organizada y el Ministerio Público ejerza la facultad de atracción. Resulta evidente que en el caso de un robo de vehículos federales por miembros de la Delincuencia Organizada, el delito es eminentemente federal y que por ningún motivo puede el Ministerio Público Federal ejercer su facultad de atracción por delitos que de suyo le competen a él.

Expone la autora que ante estas condiciones, no debe entenderse que el Ministerio Público de la Federación no pueda conocer de los delitos de asalto, secuestro, tráfico de menores y robo de vehículos cuando sean cometidos en el fuero federal, por supuesto que será competente, pero en caso de que concurran con delincuencia organizada, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) no tendrá posibilidades de conocer de estos delitos, pues la exigencia de que se conozcan sólo cuando el Ministerio Público perteneciente a dicha Subprocuraduría, imposibilita que éste investigue y consigne por ellos, por lo que deberá ser otro Ministerio Público, y no el que pertenece a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada el que integre esta averiguación.

Esto es estricto apego a dicho precepto, sin que pase por alto el hecho de que lo que deseó el legislador, no fue eso, sino marcar esta excepción para el caso de los delitos conexos del fuero común y la delincuencia organizada federal, porque en el caso de que fueran federales los delitos establecidos en la fracción V, se realizara sin ulterior trámite. Dilucidando que de esta manera, resulta claro que el contenido del párrafo segundo del 3º tan sólo es aplicable a los delitos contemplados en las legislaciones penales estatales, sin contemplar, evidentemente al Código Penal Federal ni al Código Penal del Distrito Federal.

Por otro lado, y atendiendo a la economía en la técnica legislativa, es pertinente unificar la denominación con la que se refiere a los agentes del ``Ministerio Público de la Federación'' a que se refiere la Ley, para lo cual se propone que se le denomine Ministerio Público , sucediendo lo mismo con la denominación de la Policía Judicial, a fin de que exista correspondencia con la reforma constitucional y con las disposiciones aplicables de la Procuraduría General de la República.

Expone que de gran importancia resulta el establecer claramente que las facultades extraordinarias que se presentan en la Ley, tan solo son aplicables por lo que hace la figura de la Delincuencia Organizada por lo que cuando la diversidad de artículos establecen que ``por los delitos establecidos en esta ley'' deben dejar claro que se refieren al que se refiere el párrafo primero del artículo 2o. y no a todos los que establece la ley, pues ello implicaría abarcar las aplicaciones a todos aquellos a los que se refieren las cinco fracciones del mismo artículo, así como a las conductas delictivas de revelación de secretos y de intervención de comunicaciones que regula la misma ley y sobre los cuales no se deberá pensar en autorización de intervención de comunicaciones, arraigos hasta por 90 días, etc.

Igualmente propone que para estar acorde a los preceptos constitucionales, se establece la obligación de que para la Secretaría de hacienda y Crédito Público pueda realizar auditorías a personas físicas o morales, cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que son miembros de la delincuencia organizada, deba existir constancia de la solicitud que el Ministerio Público realice a dicha secretaría, debiendo fundar y motivar su solicitud.

Igualmente propone que a fin de no crear limitaciones que redunden en injusticias, se propone no restringir nominalmente las materias en la que existe prohibición para la intervención de comunicaciones, toda vez que con una redacción de esas características, se pueden excluir materias tales como la ambiental, la militar, etc., que por no estar señaladas ex profeso por la ley, puede interpretarse por exclusión, que no existe prohibición para realizar la intervención por conductas relacionadas con las mismas.

B. Iniciativa presentada por el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Expone el autor que la delincuencia organizada en nuestro país es, sin duda, un mal que aqueja a la sociedad cada día con mayor intensidad, manteniéndola atemorizada; el tipo penal considera que se materializa la misma cuando tres o más personas acuerdan organizarse o se organizan para realizar en forma permanente o reiterada conductas que, por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos establecidos en el artículo segundo de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, tales como terrorismo, delitos contra la salud, falsificación o alteración de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita, acopio y tráfico de armas, de indocumentados, de órganos y de menores; asalto, secuestro, entre otros tipos penales previstos en distintos ordenamientos jurídicos.

Manifestando que las consecuencias del crimen organizado son, principalmente violencia y muertes, inquietud y angustia comunitaria, tensiones en la relación gubernamental nacional e internacional, aumento en las adicciones, contaminación y corrupción en las instituciones públicas y privadas, pérdida de competitividad e inhibición de la inversión productiva, perversión de los valores éticos y de convivencia social y que los criminales organizados cuentan con un gran poder de intimidación, fortaleciéndose un círculo vicioso de impunidad. Aclarando que no está en sus prioridades enfrentar al Estado, sino infundir miedo a la sociedad y a las autoridades para controlar el territorio e inhibir el poder público, rebasando el poder del gobierno, lo que envilece la actuación de éste último.

Por ello, propone el autor salvaguardar la identidad, domicilio y demás datos personales de los testigos, asegurándose para tal efecto, en todo momento, la reserva de su identificación. Resulta complicado tener que atestiguar contra la delincuencia organizada, por ello esto ayudará al combate de tal ilícito.

En este sentido, la iniciativa pretende derogar el artículo 14 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en virtud de la limitada protección que ofrece, pues actualmente otorga reserva de identidad hasta el ejercicio de la acción penal, lo que significa que no gozan de una seguridad plena en su persona para rendir su testimonio y ello resulta complicado en la participación de los testigos que a sabiendas de su dicho corren riesgo en su persona.

Al respecto, el artículo 34 de la Ley en comento establece el derecho de apoyo y protección a jueces, peritos, testigos, víctimas y demás personas cuando por su intervención en un procedimiento penal así se requiera; sin embargo, el precepto legal contempla una protección incierta, al depender de la discrecionalidad de la Procuraduría General de la República. Por lo que se reforma en este sentido dicho precepto legal suprimiendo el término testigo a fin de ser contemplada su protección en el artículo 34 Bis.

C. Iniciativa presentada por la diputada Dolores María Manuell-Gómez Angulo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Señala la iniciante que la autoridad es el medio necesario para que la comunidad civil cumpla con legalidad vigente en nuestro marco jurídico y así poder obtener una sana convivencia y alcanzar a vivir en el tan anhelado estado de derecho. La legalidad es lo que debe regir los regímenes políticos de cualquier sociedad y es precisamente la autoridad el medio de garantizar la convivencia y el goce de los plenos derechos en la vía legal.

Para hablar de modificaciones que incumben al Ministerio Público, a la Policía Judicial y, en general, al cuerpo judicial penal, debemos remitirnos indudablemente a lo que establece el artículo 21 constitucional, el cual establece que ``la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumben al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato''.

La legalidad judicial alude en términos jurídicos al principio de nulla poena sine juditio y, por lo mismo, nulla poena sine judex , esto refiere a dos instrucciones centrales del régimen penal: Ministerio Público y Policía Judicial. El tema central a que se refiere la presente iniciativa se delimita a esta última figura de Policía Judicial, entendida como un órgano administrativo con la facultad jurisdiccional de ejercer, en sentido estricto, la persecutoria que mandata el Ministerio Público, recae en la responsabilidad de la Policía Judicial.

Apunta la autora que el objetivo principal de esta iniciativa es, por un lado, actualizar la denominación de la instancia auxiliar directa del Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos, en tanto que, por otro lado, poder erradicar la percepción inquisitiva que se tenía respecto a la llamada Policía Judicial para poder transitar hacia una percepción de una policía investigadora, basada en métodos y procedimientos científicos que aseguren su adecuada actuación.

Aunado a ello, señala que, en la mayoría de las entidades federativas las corporaciones policíacas antes denominadas judiciales del estado se les ha cambiado las siglas y ahora son llamadas Policías Ministeriales. Entre los estados se encuentran Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Sonora, estado de México, Jalisco, Michoacán y Morelos. El cambio sustancial radica en las funciones que desempeñan, y exige una mejor comprensión de las tareas a su encargo.

Concluyendo que con la aprobación de esta modificación se estaría dotando de certeza a las acciones, funciones y responsabilidades de la fuerza policíaca federal, ya que en la actualidad aún existe una confusión del término de la extinta policía judicial federal en el Código en comento.

D. Iniciativa presentada por el diputado Javier Hernández Manzanares , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Señala el autor que la libertad personal es un derecho fundamental que sólo puede ser restringido en determinados supuestos; en virtud de una orden expedida por autoridad competente y durante los plazos previstos en las normas constitucionales o las leyes. Son diversos los instrumentos internacionales vinculantes para nuestro país los que han regulado dicho derecho, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Manifiesta que la privación arbitraria de la libertad personal incluye supuestos de legalidad e ilegalidad de una detención, las cuales son consecuencia del sistema de procuración y administración de justicia que prevalece en nuestro país.

El informe del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas relativo a su visita a México en 2002 señaló que en la mayoría de las detenciones arbitrarias aparece frecuentemente el recurso de revisión y las vigilancias rutinarias, así como las redadas con cierta periodicidad, bajo la apariencia de acciones preventivas contra la delincuencia, asimismo de arrestos basados en denuncias anónimas o en actitudes sospechosas, sin que se le notifique el interesado las razones de su detención.

Los amparos y las quejas ante las comisiones de derechos humanos siguen siendo en su mayoría por detenciones arbitrarias. Amnistía Internacional --en su informe anual 2006, relativo a México-- señala que las violaciones a los derechos humanos y la impunidad siguieron siendo una práctica generalizada en México, mediante el uso excesivo de la fuerza policial.

El iniciante propone adicionar un Capítulo XIV con un artículo 224 bis en el que se tipifique la conducta de detención arbitraria, el cual consistiría en que aquel servidor público que sin el cumplimiento de los requisitos legales o sin el debido proceso, reciba o retenga a una persona para privarla de su libertad o mantenerla bajo medida de seguridad, imponiéndosele una sanción de uno a ocho años de prisión y de cincuenta hasta trescientos días multa e incluir este nuevo precepto al artículo 213 Bis del Código Penal Federal.

E. Iniciativa presentada por la diputada Arely Madrid Tovilla , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La iniciativa señala que en el México de actualidad, los derechos humanos constituyen el paradigma de legitimidad y justicia de las relaciones entre el gobierno y el pueblo, como elementos del Estado. Representan uno de los pocos signos positivos de esta época, caracterizada por alarmantes problemas sociales, como la delincuencia organizada, el narcotráfico, el terrorismo, la tortura, la desaparición forzada de personas, el abuso de autoridad y la detención en arraigo domiciliario por más tiempo del autorizado en el párrafo séptimo del artículo 16 constitucional, a pesar de los cuales sobresale la creciente importancia otorgada al tema del reconocimiento y respeto de los derechos humanos.

Expone la autora que en ninguna circunstancia debe tolerarse que la autoridad pase por encima de la Constitución y viole ilícitamente la libertad de la persona, sin obstar el subterfugio que esgrima para justificar su mala actuación. Por necesidad, por política criminal, la Constitución del país autoriza la detención de un individuo por breves horas, por parte de las autoridades competentes.

Esto es, en los casos de privación de la libertad personal se prevén plazos momentáneos, establecidos en horas, para que el inculpado sea puesto a disposición inmediata del órgano jurisdiccional de la causa y éste determine su situación jurídica. Sin embargo, en la legislación hay un precepto legal --artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales-- que expresamente transgrede la Constitución, que abiertamente viola el párrafo séptimo del artículo 16 constitucional, al establecer una detención espuria de más de 48 horas, una privación de libertad en arraigo domiciliario hasta por 30 días.

El arraigo domiciliario o la prohibición de abandonar una demarcación geográfica se prolongarán por el tiempo estrictamente indispensable, no debiendo exceder de treinta días naturales, en el caso del arraigo, y de sesenta días naturales, en el de la prohibición de abandonar una demarcación geográfica.

Cuando el afectado pida que el arraigo o la prohibición de abandonar una demarcación geográfica queden sin efecto, la autoridad judicial decidirá, escuchando al Ministerio Público y al afectado, si deben o no mantenerse, añadiendo que pese a que el arraigo domiciliario es una medida cautelar por la que sólo se autoriza para asegurar a una persona con el fin de que quede a disposición de la averiguación previa, sometida a la vigilancia del Ministerio Público --normalmente en su domicilio--, evitando que se fugue, lo cierto es --como a todos nos consta, por los medios de comunicación-- que dicha autoridad hoy lo impone inconstitucionalmente para incomunicar, intimidar, privar del derecho de defensa, obligar a declarar o aun para torturar, en hoteles o casas de seguridad con que, clandestinamente o no, cuentan las procuradurías.

Luego entonces, lo que procede en la Cámara de Diputados, señala el iniciante es someter a un riguroso análisis la legalidad del arraigo domiciliario, subordinándolo como corresponde en derecho a las referidas disposiciones constitucionales, con el único objeto de que sirva a la lucha contra el delito y a la justicia, y no, como hasta ahora se ha hecho, para utilizarlo con fines aviesos y represivos, propios de gobiernos despóticos y de facto, que no nos acomodan, que no son propios de México que está constituido democrática y republicanamente con gobierno representativo y federal.

F. Iniciativa presentada por los diputados César Camacho Quiroz , Raúl Cervantes Andrade , Jorge Mario Lescieur Talavera y Fernando Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Exponen los autores que el Constituyente Permanente reformó y adicionó la Constitución, para crear un nuevo sistema de justicia penal, orientado por el garantismo en el procedimiento y la eficacia en el combate a la delincuencia organizada.

Lo primero, al inscribirse dentro de avanzadas expresiones del derecho penal contemporáneo, incorporando los principios del debido proceso. Lo segundo, al establecer recursos jurídicos y materiales más adecuados para que el Estado enfrente exitosamente a quienes más agravian a la sociedad.

Señalando que, la reforma constitucional al sistema de justicia penal establece un sistema garantista; esto es, en el que se respeten los derechos de los involucrados en un proceso judicial penal y que proteja a las víctimas, logrando un equilibrio entre ambos, sin que el reconocimiento de un derecho para una parte suponga la anulación de un derecho de la otra parte; castigue efectivamente a los culpables; sea transparente y eficaz; y esté a cargo de instituciones sólidas y de servidores públicos profesionales y eficientes. En ese sentido apuntan las reformas y adiciones constitucionales aprobadas, con dos grandes propósitos: el establecimiento de un sistema acusatorio y oral, y la expedición de normas más adecuadas para combatir al crimen organizado.

De esta suerte, apuntan que vale la pena destacar que fue aprobada una de las reformas más esperadas, que contribuye a la consolidación del Estado Democrático y de Derecho en nuestro país, y pone las bases para que las instituciones recuperen la confianza de la gente.

Haciendo la aclaración los autores que, de conformidad con el régimen de transitoriedad de la reforma en análisis, el decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en los diez artículos transitorios siguientes; entre dichas disposiciones se encuentra todo lo relativo al sistema acusatorio y oral, que deberá implantarse, paulatinamente, en un plazo máximo de ocho años. Entre las reformas que entrarán en vigor de inmediato, una vez publicado el decreto, es necesario realizar una serie de reformas a diversos ordenamientos legales, a fin de dar congruencia y dotar a las autoridades, tanto de procuración como de impartición de justicia, de los elementos idóneos para poder dar cabal cumplimiento al nuevo mandato constitucional, evitar interpretaciones subjetivas o generar algún conflicto de inconstitucionalidad de leyes.

La iniciativa señala que los ordenamientos jurídicos que deben reformarse y adicionarse son el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Penal Federal, la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, la Ley de la Policía Federal Preventiva y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de conformidad con las siguientes disposiciones constitucionales:

• Artículo 16, párrafo décimo, petición de orden de cateo por cualquier medio a la autoridad judicial.

Sin duda una de las preocupaciones de las autoridades encargadas de la procuración de justicia es la celeridad en la emisión de la resolución del pedimento de una orden de cateo, pues actualmente se tramita mediante el tradicional procedimiento escrito, el cual dilata en ocasiones las acciones del Ministerio Público, bajo el riesgo de la desaparición, alteración o destrucción de las evidencias buscadas. Por ello, a fin de dar congruencia en el párrafo décimo del artículo 16 constitucional, se propone suprimir la obligación específica de que ese procedimiento sea por escrito, para que por cualquier medio se permita la solicitud de dichas órdenes.

• 2. Artículo 16, párrafo cuarto, definición de detención en flagrancia y su registro inmediato.

Las formas de detención de una persona se encuentran reguladas en la Constitución, sin embargo, ahora el Constituyente Permanente, a fin de evitar posibles excesos, definió el concepto de flagrancia, señalando que comprende desde el momento de la comisión del delito hasta el periodo inmediato posterior en que haya persecución física del involucrado, por lo que se propone actualizar las hipótesis de detención en flagrancia previstas en el Código Federal de Procedimientos Penales, no limitándose a la persecución material del sujeto sino que inmediatamente después de cometer el delito pueda ser señalada por la víctima, un testigo o partícipe en la comisión del delito y además que existan objetos o indicios que hagan presumir fundadamente que acaba de intervenir en él. Vinculado a la medida anterior, es necesario establecer un mecanismo de control a las autoridades que intervengan en la detención, mediante su registro inmediato, previa comunicación al centro de registro de detenciones.

En razón de lo anterior, los autores proponen crear un tipo penal, para el caso de su incumplimiento, incorporándose al Título Décimo, relativo a los delitos cometidos por servidores públicos.

• 3. Artículo 16, párrafo séptimo, y artículo décimo primero transitorio, arraigo domiciliario y para delincuencia organizada.

El párrafo séptimo del artículo 16 constitucional regula la figura del arraigo, estableciendo como requisito que se trate de delincuencia organizada y siempre y cuando sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia, señalando además un plazo de 40 días, prorrogables siempre que se acredite que subsisten las causas que le dieron origen y en ningún caso podrá exceder los 80 días. Por ello, resulta necesario actualizar los requisitos que establece la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a efecto de armonizarlos con los descritos en el texto constitucional.

Asimismo, se establece la posibilidad de aplicar esta medida en delitos que no se encuentren en el régimen de la delincuencia organizada, pero considerados graves por la ley, de conformidad con el artículo décimo primero transitorio; en ese sentido, se propone reformar el código adjetivo de la materia.

• 4. Artículo 16, párrafo undécimo, grabaciones de comunicaciones para que los particulares que participen en ellas puedan ofrecerlas como prueba.

Con la reforma constitucional, las comunicaciones entre particulares podrán ser intervenidas y grabadas, sin orden judicial, y aportadas como prueba durante el juicio cuando alguno de éstos participe en ellas, siempre y cuando se encuentren relacionadas con la comisión de un delito y no violen el deber de confidencialidad que establece la ley.

Al respecto, la iniciativa propone distintas hipótesis en las que un particular participa en una comunicación privada, sea una comunicación entre particulares y uno de ellos la grabe; sea una comunicación entre particulares y un tercero con conocimiento y acuerdo de uno de los participantes la grabe; o sea una comunicación de un particular participante con otro, con la colaboración del Ministerio Público y el delito sobre el que verse la comunicación sea de los expresamente señalados como graves en la ley.

• 5. Artículo 18, párrafos octavo y noveno, reglas especiales para procesados y sentenciados por delincuencia organizada y otros internos que requieran medidas especiales de seguridad.

Los centros preventivos y de reclusión no han sido impedimento para que delincuentes sigan cometiendo conductas ilícitas desde el interior, siendo indispensable regular la reserva de los centros de máxima seguridad para procesados o sentenciados por delincuencia organizada o para otros que requieran medidas especiales de seguridad, como la posibilidad del interno para evadirse de la acción de la justicia; que pueda cometer posibles conductas delictivas; cuando algún interno esté en riesgo por la eventual acción de otras personas; cuando el interno, por afectación psicológica, pueda poner en riesgo a otras personas; y en aquellos casos en que la autoridad lo considere indispensable para la seguridad del interno o de terceros.

Señalan los autores que es importante establecer la competencia de las autoridades para restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley.

Respecto de este tema, concluyen manifestando que, resulta fundamental regular la excepción de que aquellos sentenciados por delitos de delincuencia organizada puedan compurgar su condena cerca de su domicilio.

• 6. Artículo 21, párrafo primero, facultad de investigación de las policías.

Exponen que es importante regular en el Código Federal de Procedimientos Penales la facultad que se da a las policías para investigar, siempre bajo la conducción y mando del Ministerio Público, a fin de hacer eficiente la etapa de averiguación previa y al mismo tiempo establecer contrapesos que permitan evitar abusos por parte de la autoridad.

• 7. Artículo 22, párrafo primero, principio de proporcionalidad.

Los límites del derecho penal punitivo, ius puniendi , se encuentran regulados por diversos principios, entre los que destaca el principio de proporcionalidad previsto en el párrafo primero del artículo 22 constitucional.

Con lo anterior no sólo se pretende que el legislador ordinario, al momento de determinar las penas, busque el equilibrio entre la sanción y el bien jurídico, sino que el juzgador, al determinar la responsabilidad penal de una persona, sea congruente en la individualización de la sanción, de conformidad con los parámetros establecidos en la ley.

• 8. Artículo 123, Apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, cambio de régimen laboral para agentes del Ministerio Público, peritos y policías.

Derivado del cambio de régimen laboral en el texto constitucional para policías, agentes del Ministerio Público y peritos, si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.

Por ello, concluyen que es importante realizar las adecuaciones necesarias a la Ley de la Policía Federal Preventiva, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

G. Iniciativa presentada por el diputado Jorge Toledo Luis , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El iniciante manifiesta que la sociedad mexicana se encuentra ante una grave situación de inseguridad pública y enfrenta a diario los embates de una delincuencia cada vez más violenta e irracional que atenta contra la vida de las personas y sus bienes, destrozando a miles de familias en todo el país, lo que mantiene en la zozobra y en la desesperanza a grandes sectores de la población, evidenciando niveles intolerables de corrupción e impunidad.

Exponiendo que, el crimen organizado ha sido conceptualizado como una ``sociedad'' que pretende operar al margen de la ley y fuera del control de la acción del Estado, pues involucra a miles de personas que participan en estructuras complejas, ordenadas y disciplinadas como cualquier corporación, mismas que están sujetas a reglas aplicadas con rigidez.

Y añadiendo que la delincuencia organizada tiene un eje central de dirección y mando, con rangos permanentes de autoridad, de acuerdo con la célula o células que la integran; alberga una permanencia en el tiempo, más allá de la vida de sus miembros; cuentan un grupo de sicarios a su servicio y tienen, entre otros objetivos, el de corromper a las autoridades de prácticamente todos los órdenes y ámbitos de gobierno.

De igual forma, disponen de recursos humanos, materiales y financieros; del armamento más sofisticado y de una serie de redes que les permiten cometer ilícitos en cualquier instante y en cualesquier lugar, sin importar la pérdida de vidas inocentes, con el único fin de cometer sus reprobables objetivos.

Entre los medios de que se vale la delincuencia organizada para llevar a cabo las acciones antes mencionadas, se encuentran, entre otros, el uso indebido de uniformes, insignias, grados jerárquicos y siglas correspondientes a alguna corporación policíaca, a las Fuerzas Armadas mexicanas o incluso del extranjero, ya que la venta de estos enseres no se encuentra debidamente regulada y, por tanto, es relativamente sencillo adquirirlas y cometer con mayor facilidad, mediante la confusión y el temor de sus víctimas, los hechos delictivos.

Concluyendo que en el Código Penal Federal ya se contempla la sanción para aquellos que, sin ser servidores públicos, hagan mal uso de estos instrumentos que sirven para combatir a la delincuencia; sin embargo, considero que esta penalización no es suficiente para castigar el delito que se comete, ya que la sanción es sólo de uno a seis años de prisión y multa de cien a trescientos días de salario mínimo, aún cuando en estos supuestos se aumenta la mitad de las penas en cuanto a su duración y cuantía, pero aún así resultan insuficientes.

H. Iniciativa presentada por el diputado Andrés Lozano Lozano , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Expone el autor que en México, uno de los problemas más serios y complejos a los que se enfrentan las instituciones del Estado es la profesionalización de las policías ya que es la autoridad más próxima a la población, de ahí que el reto debe ser tal que la sociedad al requerir de su auxilio, reciba una ayuda eficiente y oportuna de su parte, mayor aún, cuando a ésta se les ha dado la facultad de investigar los delitos bajo el mando y control del Ministerio Público, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 relativo a la reforma de justicia penal.

Señala que dicho decreto establece las bases y los principios que debe regir en un sistema penal acusatorio, implementando lo que comúnmente se ha denominado los juicios orales bajo el principio de presunción de inocencia, así como los derechos de las víctimas, testigos y de toda persona imputada.

Y que dicha reforma, establece además una definición constitucional de seguridad pública estableciendo que sus instituciones serán de carácter civil, disciplinado y profesional, por lo que ninguna persona podrá ingresar a estas instituciones si no ha sido debidamente registrado y certificado. De manera integral, el artículo 21 de la Constitución se reforma para dotar de facultades a las policías para investigar los delitos y establecer una la relación con el Ministerio Público en torno a la investigación de los mismos.

Respecto a este punto, los policías en el ejercicio de la función de investigación estarán bajo la conducción y mando del Ministerio Público. Cabe señalar que estos policías podrán realizar funciones de análisis e investigación, pero de una manera taxativa en el momento en que la policía encuentre un delito deberá notificarlo y denunciarlo ante el Ministerio Público de manera inmediata.

Apunta que, dado el régimen de transitoriedad de la reforma, existen disposiciones que han entrado en vigor una vez publicado el decreto del 18 de junio de 2008, una de ellas es la relativa a la faculta de investigación del Ministerio Público y las policías, por lo que se hace necesario implementar las reformas correspondientes en el Código Federal de Procedimientos Penales, para dotar a las policías de la facultad de investigación de los delitos siempre y cuando se encuentren bajo la estricta dirección y control por parte del Ministerio Público y en su caso de la autoridad judicial.

De ahí que con la reforma constitucional en comento, se requiera que las policías que ejercen funciones de investigación, se encuentren debidamente capacitados y certificados, con la finalidad de que puedan desarrollar plenamente estas atribuciones, de ahí que la finalidad del legislador al aprobarse la reforma constitucional es que las policías que investigan los delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público, cuenten con los conocimientos que le permitan desarrollar su función.

Por tanto, manifiesta que la iniciativa que propone tiene como finalidad regular esta facultad otorgada a los policías para investigar los delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público y en su caso del control jurisdiccional, ya que no sería congruente que las policías se capaciten, se reorganicen, se tecnifiquen y adquieran mayor capacidad de investigación sino se le fijan los controles correspondientes en funciones que de alguna manera pudieran vulnerar derechos fundamentales.

• 1. Funciones de investigación únicamente a cargo del Ministerio Público.

Propone reformar el segundo párrafo del artículo 2°. del Código Federal de Procedimientos Penales para establecer expresamente las funciones de investigación que en la averiguación previa el Ministerio Público únicamente podrá realizar.

• 2. Funciones de investigación de las policías sin autorización del Ministerio Público.

Propone adicionar un artículo 3o. Bis al Código Federal de Procedimientos Penales para que las policías certificadas que ejerzan funciones de investigación puedan realizar sus atribuciones sin autorización previa del Ministerio Público. Cabe señalar que se trata de investigaciones que no representan actos de molestia para los ciudadanos; las cuales no tendrán valor de testimonios ni de indicios, y sólo podrán servir como criterios ordenadores de la investigación.

El hecho de que este tipo de investigaciones por parte de que las policías se realice por iniciativa propia, no significa que el Ministerio Público no intervenga en su conducción y mando, por el contrario, de estas labores de investigación las policías deberán presentar un informe detallado al Ministerio Público que conduzca la investigación, para que este analice si hubo violaciones a las garantías individuales o derechos fundamentales.

Cabe señalar que desde el momento en que tengan conocimiento de una conducta delictiva, comienza la labor de investigación de las policías, por lo que deben ejercer sus atribuciones tales como la inspección del lugar donde se cometió el delito, realizar entrevistas e interrogatorios. Además deberán identificar y recoger técnicamente los elementos materiales probatorios y evidencias físicas y registrarán por escrito o en grabación magnetofónica las entrevistas e interrogatorios. De igual manera, cuando deba de realizarse un examen médico a la víctima, cuando lo solicite, deberá acompañarla.

Asimismo, cuando en el desarrollo de su actividad, las policías consideren que una persona fue víctima o testigo presencial de un delito o que tenga una información útil para la investigación, realizará una entrevista con ella y, si fuere el caso, le dará la protección necesaria. Esta entrevista debe registrarse y grabarse por cualquier medio idóneo.

• 3. Funciones de investigación de los agentes de policías certificados que requieren autorización del Ministerio Público.

Propone adicionar un artículo 3o. Ter al Código Federal de Procedimientos Penales, para que las policías certificadas que ejerzan funciones de investigación puedan realizar sus atribuciones con autorización expresa del Ministerio Público, pero además, sean sometidas al control de legalidad ante un Juez de Control, incluyendo aquellas en las que no se obtuvo algún resultado, cabe señalar que, las reformas constitucionales al sistema de justicia penal, establecen en el artículo 16 la figura de jueces de control, los cuales se abocarán fundamentalmente a resolver los pedimentos ministeriales de medidas cautelares, providencias precautorias, técnicas de investigación para resolverlos de forma inmediata, para minimizar los riesgos de la demora en la ejecución de alguna diligencia, por lo que sin perjuicio de la responsabilidad del Ministerio Público y ahora, las que tienen las policías en la investigación de los delitos, se estima necesario establecer la existencia de jueces de control que se aboquen a resolver esta medidas, sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones.

Especificando que tales diligencias, son búsqueda selectiva en base de datos que implique acceso a información confidencial; la inspección corporal de una persona detenida en flagrancia o cuando existan motivos fundados que dentro del cuerpo de una persona exista elementos materiales y evidencia física para la investigación, vigilancia de un domicilio o entregas vigiladas de objetos o actuación de agentes encubiertos. En las actuaciones de agentes encubiertos y en las entregas vigiladas, se requerirá autorización expresa del procurador general de la República.

• 4. Medidas de investigación que requieren autorización judicial.

Propone adicionar un artículo 3o. Quáter al Código Federal de Procedimientos Penales, para establecer expresamente las circunstancias en que se requiere de esta autorización. Diligencias como el aseguramiento de computadoras o servidores, cuando la persona imputada ha estado transmitiendo información útil para la investigación, durante su navegación por Internet u otros medios tecnológicos que produzcan efectos similares; el cateo de un domicilio, la obtención de fluidos corporales, cabellos, vello púbico, semen, sangre u otro vestigio que permita determinar datos como la raza, el tipo de sangre y, en especial, la huella dactilar genética, mediante exámenes de ADN o la Intervención de comunicaciones privadas.

Por otra parte, el autor señala que la Iniciativa propone reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para homologar las facultades de investigación y hacer armónico a ambos ordenamientos. Se busca que no cualquier policía pueda auxiliar al Ministerio Público en la investigación de los delitos, sino aquellos servidores públicos que puedan aportar elementos sólidos en la integración de las investigaciones conjuntamente con la representación social, pues actualmente buena parte de los probables responsables logran evadir la acción de la justicia debido a la deficiente investigación de los delitos y por consecuencia una mala integración de las averiguaciones previas.

I. Iniciativa presentada por el diputado Jacinto Gómez Pasillas , del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

Expone el autor que la legislación del país, con relación a la justicia penal, hasta hace algunos meses se encontraba notoriamente retrasada y no satisfacía las exigencias de un verdadero sistema de justicia. Esto dio como resultado la necesidad de un nuevo sistema que, además de responder a las demandas de seguridad y justicia de la población, fuera respetuoso de los derechos y de las garantías de los indiciados de un determinado delito y que el respeto de los derechos humanos de quienes intervienen en todo procedimiento que tienda a la privación o afectación de algún derecho es de vital importancia para la prevalencia del estado de derecho de una sociedad.

Por lo que señala que la reforma constitucional en materia de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 modificó las bases constitucionales y normativas del sistema mexicano de seguridad y justicia con el fin de, entre otras cosas, garantizar la vigencia del debido proceso en materia penal, conforme al cual las autoridades deben respetar las formalidades esenciales del procedimiento, a fin de que el proceso se desarrolle de forma justa y equitativa, y permita que cualquier persona involucrada tenga la oportunidad de ser escuchada en defensa, ofreciendo pruebas, alegando a su favor, interponiendo recursos, etcétera; es decir, comprende un conjunto de elementos o condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa.

Concluye manifestando que para lograr la implantación de la reforma constitucional se tiene que realizar una serie de modificaciones de la legislación secundaria en la materia. Por ello, propone modificar el Código Federal de Procedimientos Penales, para que el Ministerio Público haga un registro inmediato al momento de una detención, atacando así una de las deficiencias del sistema de justicia penal vigente. Con esta modificación se busca que la impartición de la justicia en México sea eficaz, de calidad y respetuosa de las garantías mínimas que la Carta Magna establece para todos los ciudadanos.

J. Iniciativa presentada por el diputado Carlos Navarro Sugich , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Expone el autor que en las últimas décadas, a medida en que se han cerrado las fronteras al tráfico de estupefacientes, la delincuencia ha encontrado nuevas formas de operar, haciendo cada vez más necesario que las autoridades de los tres niveles de gobierno se coordinen para hacer frente a la delincuencia organizada, que se mezcla con la delincuencia común, para atacar un nuevo modo de operar que es la posesión para comercio y suministro, en el entorno cercano a la comunidad vecinal y familiar.

Manifiesta que la sociedad demanda de sus autoridades una respuesta inmediata y contundente que dé resultados en el corto, mediano y largo plazos. El 21 de agosto del presente año se suscribió el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Paz, donde los tres Poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil asumen el claro compromiso de replantear los mecanismos de coordinación interinstitucional para poner fin a la impunidad y la corrupción, adoptando políticas integrales en materia de prevención del delito procuración e impartición de justicia, readaptación social, participación ciudadana, inteligencia y análisis legislativo, control de confianza y de comunicación. Todo ello, con el objetivo de hacer de las instituciones encargadas de la seguridad, instituciones sólidas, eficaces y honestas para hacer frente de manera decidida al crimen en todas sus expresiones.

Señala que para combatir los problemas de inseguridad creados por la delincuencia organizada, y atendiendo los diversos instrumentos internacionales, se ha modificado la fracción XXI del artículo 73, por la cual se otorgan facultades exclusivas al Congreso de la Unión para legislar en materia de delincuencia organizada, lo que llevaría a fortalecer el Estado en sus capacidades de investigar, perseguir, procesar y sancionar la delincuencia organizada, sin lo cual se tornaría imposible el éxito de nuestro sistema de justicia. Es decir, sólo la Federación conocerá de delitos de esta naturaleza. En el régimen de transitoriedad se prevé que las legislaciones en dicha materia de las entidades federativas, continuarán en vigor hasta en tanto el Congreso de la Unión ejerza la facultad que ahora se le confiere.

Apunta que esta federalización conlleva un doble significado: por un lado, la certidumbre jurídica mediante la adopción de reglas claras que permitan delimitar competencias y, por el otro, la certeza jurídica mediante la adopción de figuras delictivas únicas para todo el territorio nacional, sus respectivas consecuencias jurídicas y la sustanciación de los procedimientos, por lo que con la recién aprobada reforma constitucional se hace necesario adecuar la legislación para dotar con oportunidad de los instrumentos legales necesarios las acciones de las autoridades que investigan los delitos. Por esta razón, el iniciante propone:

• 1. Actualizar el tipo penal de delincuencia organizada con objeto de distinguir este tipo de delito respecto de los tradicionales de asociación delictuosa, así como eliminar la posibilidad de sancionar a quienes simplemente acuerden organizarse para la comisión de delitos previstos en el régimen de delincuencia organizada. De esta manera, se evita la contradicción entre la definición constitucional de delincuencia organizada y la que se encuentra en la ley de la materia.
• 2. Se plantea la suspensión de los plazos para la prescripción de la acción penal, en el caso de que el inculpado sujeto a proceso, evada la acción de la justicia o sea puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, a fin de evitar impunidad en este tipo de delitos.
• 3. Se establecen de manera expresa los supuestos en que el órgano jurisdiccional podrá decretar el arraigo de una persona. A efecto de salvaguardar las garantías del arraigado y preservar el principio de seguridad jurídica, dicha medida no podrá exceder de 40 días, que se podrán prorrogar hasta por 80, sin que ningún supuesto pueda rebasar este plazo. Esta medida restringe la aplicación del arraigo a los delitos de delincuencia organizada, como una forma de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas, como es el ejercicio de la libertad personal, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo décimo primero transitorio de la referida reforma constitucional del 18 de junio de 2008.
• 4. A efecto de garantizar mejores resultados en la lucha contra la delincuencia organizada, se implanta la protección de víctimas, ofendidos y testigos, así como de las demás personas que intervengan en el procedimiento penal, en razón de que la autoridad, además de perseguir y castigar los delitos cometidos, también está obligada a garantizar la integridad, dignidad e identidad de los que coadyuvan a la consecución de la justicia.
• 5. Por la naturaleza de los delitos de delincuencia organizada y la peligrosidad de quienes los cometen, se propone que los procesados y los sentenciados sean recluidos en centros especiales de seguridad, sin perjuicio de que, en el caso de sentenciados, sean asignados a centros penitenciarios que no se encuentren cercanos a su domicilio.
• 6. Se propone que la autoridad penitenciaria tenga la facultad para restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados, con terceros, a excepción de las comunicaciones con su defensor. Así también, la autoridad podrá imponer medidas de vigilancia especial cuando lo considere necesario, justificando, en ambos casos, la necesidad de la implantación de dichas medidas.

Establecidos los antecedentes y el contenido de las iniciativas, los miembros de esta Comisión dictaminadora exponen las siguientes:

Consideraciones

Primera. En razón de su contenido, todas las iniciativas enunciadas en los antecedentes, han sido dictaminadas de manera conjunta, por coincidir con la materia del presente dictamen.

Derivado del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, muchas legislaciones se deben adecuar a la reforma del sistema de seguridad y justicia penal.

Ahora bien, de conformidad con el régimen de transitoriedad de la citada reforma, el Decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación, con excepción de lo dispuesto en los diez artículos transitorios que se incluyeron; entre dichas disposiciones se encuentra todo lo relativo al sistema acusatorio y oral, que deberá implantarse, paulatinamente, en un plazo máximo de ocho años.

Sin embargo, las disposiciones que ya son vigentes, demandan realizar una serie de reformas a diversos ordenamientos legales, a fin de dar congruencia y armonía jurídica, así como dotar a las autoridades, tanto de procuración como de impartición de justicia, de los elementos idóneos para poder dar cabal cumplimiento al nuevo mandato constitucional, evitar interpretaciones subjetivas o generar algún conflicto de inconstitucionalidad de leyes.

Por ello, el Congreso de la Unión aprobó en diciembre de 2008 múltiples reformas al Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, del Código Penal Federal, de la Ley de la Policía Federal Preventiva, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, denominada Miscelánea Penal. Las mismas ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2009.

Asimismo, el 2 de enero de 2009, se publicó en el Diario oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Segunda. Iniciativa presentada por la diputada Silvia Oliva Fragoso , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

En cuanto a la presente iniciativa, esta dictaminadora considera que la propuesta de la autora, ha sido recogida con diversas reformas realizadas a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, como por ejemplo la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2007, mediante la cual se hizo de conocimiento a la sociedad el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, reforma que modificó la fracción V del artículo 2° de ésta última, realizando la modificación correspondiente, respecto de la denominación del Código Penal Federal, de las disposiciones de las legislaciones penales Estatales y de las del Distrito Federal, cambiando con ello, la cita del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.

Por otro lado, respecto de la preocupación de la autora en cuanto al nombre jurídico (nomen iuris ) de algunos delitos que varían en las distintas legislaciones penales federales y locales, y que son considerados dentro de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, específicamente en la fracción V, del artículo 2°, es necesario aclarar que dicha disposición no vulnera la garantía de exacta aplicación de la ley penal, toda vez que, tanto el Ministerio Público, como el juez de la causa, al momento de imputar un delito o enjuiciar y sentenciar al imputado, respectivamente, no sólo deben cumplir con lo dispuesto por los artículos 16 y 19 constitucionales, como enunciar simplemente la nominación del delito de que se trate, sino además deben contemplar el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

Es decir, lo que regula el Derecho Penal son conductas delictivas descritas en la norma, sin que sea un inconveniente su denominación, por lo que consideramos que no se vulnera la garantía de exacta aplicación de la ley penal, en ese sentido si son punibles las conductas delictivas aún cuando varíe su nombre en las distintas legislaciones penales de la República Mexicana y que son consideradas dentro del régimen de la delincuencia organizada, por lo que no es indispensable en la integración del tipo, la denominación o nomen iuris del delito, si no más bien la conducta descrita en el mismo.

Al respecto resulta aplicable, la jurisprudencia por contradicción de tesis, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala lo siguiente:

No. registro: 170.391
Jurisprudencia
Materia(s): Penal
Novena Época
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XXVII, Febrero de 2008
Tesis: 1a./J. 3/2008
Página: 151
AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO EN SU CONTRA PUEDE RESERVARSE PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE RECLASIFIQUE EL DELITO POR EL CUAL SE EJERCIÓ LA ACCIÓN PENAL. Conforme al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la autoridad judicial, a través del auto de formal prisión, clasificar los hechos ante ella consignados y determinar qué delitos configuran, por lo que también está facultada para cambiar la clasificación del delito, esto es, modificar aquel por el que se ejerció la acción penal, y sujetar a proceso al acusado por otro, con base en el cual se normará la instrucción, siempre y cuando no se varíen los hechos de la acusación. Es decir, la Norma Fundamental prohíbe la modificación de la sustancia de los hechos, pero no su apreciación técnica o su denominación legal. Ahora bien, la concesión del amparo contra el auto de formal prisión, por no haberse acreditado el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del indiciado, trae consigo la declaratoria de invalidez de dicho auto, por lo que, formalmente, ya no estará sujeto a la etapa procedimental de la instrucción y será indispensable que la autoridad responsable defina su situación jurídica, pudiendo presentarse dos hipótesis: que aquélla reclasifique el delito por el cual se dictó el primer auto de formal prisión y se inicie el juicio por el ilícito cometido, en cumplimiento al artículo 19 mencionado, o bien, que no esté en condiciones de hacerlo porque ello implicaría variar los hechos materia de la consignación, en cuyo caso podrá dictar un auto de libertad por falta de elementos para procesar, con las reservas de ley. Por tanto, en la sentencia que concede el amparo contra el auto de formal prisión dictado incorrectamente el juzgador puede reservar plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable para que, en su caso, reclasifique el delito por el cual se ejerció la acción penal y se continúe la instrucción, pues dicha facultad de reclasificación no se fundamenta en una declaratoria judicial, sino en el indicado precepto constitucional; sin que con ello se agrave la situación del inculpado, porque la autoridad de amparo no vincula a la responsable a dictar un nuevo auto de formal prisión, debidamente fundado y motivado, sino que sólo reconoce la posibilidad de reclasificar el delito.
Contradicción de tesis 103/2007-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Séptimo, ambos en Materia Penal del Primer Circuito. 28 de noviembre de 2007. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez.
Tesis de jurisprudencia 3/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha cinco de diciembre de dos mil siete.

En el ámbito internacional, opera de la misma forma, por ejemplo en cuanto a los procedimientos de extradición, los tratados internacionales señalan que no es necesario que los delitos se denominen en la misma forma en los Estados que intervienen en la extradición de un imputado, sino simplemente que la conducta que se reprocha sea delictiva y que se encuentre descrita en la norma, al respecto resulta aplicable la siguiente jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

No. registro: 170.160
Tesis aislada
Materia(s): Penal
Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XXVII, Febrero de 2008
Tesis: P. XXIX/2008
Página: 21
TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. PARA CONCEDER LA ENTREGA DEL RECLAMADO NO ES NECESARIO QUE EL DELITO TENGA LA MISMA DENOMINACIÓN EN LAS LEYES PENALES INTERNAS. Conforme a los artículos 1 y 2 del citado Tratado, los Estados parte se comprometen a entregarse mutuamente a las personas respecto de las cuales las autoridades competentes del requirente hayan iniciado un procedimiento penal o que hayan sido declaradas responsables de un delito, y si el delito es cometido fuera del territorio de la Parte requirente la requerida concederá la extradición si sus leyes disponen que los hechos que se atribuyen al requerido constituye un ilícito. Ahora bien, lo anterior no implica que las normas del Estado requerido deban describir en los mismos términos la conducta infractora y fijar la misma punibilidad, toda vez que el Apéndice del Tratado no describe tipos penales, sino que enumera delitos por su nombre y, en algunos casos, sólo hace alusión al verbo rector del tipo; además, el artículo 2 del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América señala que darán lugar a extradición las ``conductas intencionales'' que, encajando dentro de cualquiera de los incisos de tal Apéndice, sean punibles conforme a las leyes de ambas partes contratantes con una pena privativa de libertad, cuyo máximo no sea menor de 1 año, por lo que es evidente que se refiere en general a las conductas que también estén catalogadas como delito en la ley del Estado requerido, con la pena límite de referencia, sin exigir que haya concordancia en la denominación o particularidades del tipo penal.
Amparo en revisión 1267/2003. Marco Antonio García López. 16 de febrero de 2006. Once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Cepeda Anaya.
Amparo en revisión 1303/2003. Antonio Derás González y Susana Aragón Lugo. 21 de febrero de 2006. Once votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Javier Arnaud Viñas.
Amparo en revisión 724/2004. Bernardino Carrión Vázquez. 21 de febrero de 2006. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Eunice Sayuri Shibya Soto.
Amparo en revisión 199/2004. Jesús Levario Sánchez. 27 de febrero de 2006. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Roberto Martín Cordero Carrera y Alfredo Villeda Ayala.
El Tribunal Pleno, el catorce de enero en curso, aprobó, con el número XXIX/2008, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de enero de dos mil ocho.

Respecto a la modificación del segundo párrafo del artículo 3° de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, cabe señalar que no es necesaria tal modificación, dado de conformidad con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2007, citada líneas arriba, se contempló a las conductas delictivas previstas en el Código Penal Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales Estatales o del Distrito Federal, por lo que la disposición del artículo 3° segundo párrafo en cuanto a que los delitos señalados en la fracción V del artículo 2° serán investigados, perseguidos, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de la Ley Federal Contra la delincuencia Organizada, únicamente si, además de cometerse por un miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad de atracción.

Igualmente no debe pasar inadvertido que, el Ministerio Público de la Federación no sólo está obligado a observar las reglas de la Ley en cita, sino además de cumplir con todas las disposiciones procesales que le son aplicables, como las señaladas en los artículos 10, 113 y 123 del Código Federal de Procedimientos Penales, mismos que fueron modificados en la reciente reforma denominada ``Miscelánea Penal''.

En cuanto al cambio de denominación de los agentes del ``Ministerio Público de la Federación'' por sólo Ministerio Público, igual que con la denominación de la Policía Judicial, a fin de que exista correspondencia con la reforma constitucional y con las disposiciones aplicables de la Procuraduría General de la República, es de señalarse que no es procedente tal modificación, en virtud de que al ser la Ley Federal Contra la delincuencia Organizada una ley especial únicamente aplicable al Ministerio Público de la Federación, como expresamente lo señala la propia Ley, no se incurre en ninguna falta de técnica legislativa. Igualmente por lo que hace al cambio de denominación de la Policía Judicial, se señala que la propia Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República dispone en el artículo Octavo Transitorio que las referencias que se hagan en otras disposiciones legales a la Policía Judicial Federal, se entenderán hechas a la policía federal investigadora, por lo que no es necesaria la modificación propuesta.

Por otra parte, en cuanto a establecer claramente que las facultades extraordinarias que se presentan en la Ley, tan solo son aplicables por lo que hace la figura de la Delincuencia Organizada y no a todos los delitos que la misma contempla, resulta improcedente, dado que la propia Ley dispone en su artículo 3°, que los delitos señalados en el artículo 2 serán investigados, perseguidos, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esa Ley, de la siguiente manera:

Artículo 3. Los delitos a que se refieren las fracciones I, II, III y IV del artículo anterior, que sean cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada, serán investigados, perseguidos, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta Ley.
Los delitos señalados en la fracción V de dicho artículo lo serán únicamente si, además de cometerse por un miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad de atracción. En este caso, el Ministerio Público de la Federación y las autoridades judiciales federales serán las competentes para conocer de tales delitos. Bajo ninguna circunstancia se agravarán las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas.

En relación a la propuesta para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda realizar auditorías a personas físicas o morales, cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que son miembros de la delincuencia organizada, deba existir constancia de la solicitud que el Ministerio Público realice a dicha Secretaría, debiendo fundar y motivar su solicitud, se señala que no es necesario, ya que es una obviedad que todo acto de autoridad que vulnere las garantías del gobernado, aún y cuando exista sospecha de que es miembro de la delincuencia organizada, debe constar por escrito y estar debidamente fundado y motiva do como lo obliga el artículo 16 constitucional.

En cuanto a la iniciativa para no restringir las materias de la intervención de comunicaciones, no es procedente la modificación, toda vez que la Ley, copia del texto constitucional las mismas materias en las que se prohíbe expresamente la intervención de comunicaciones, a saber, las materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

Por todas las consideraciones anteriores, se desecha la presente iniciativa.

Tercera. Iniciativa presentada por el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La iniciativa propone que se le de más protección a los testigos, para salvaguardar la identidad, domicilio y demás datos personales, asegurándose para tal efecto, en todo momento, la reserva de su identificación, al respecto la Comisión de Justicia resuelve que no es procedente tal modificación, en virtud de la tendencia y cambio de sistema de enjuiciamiento penal que acogió nuestro país, es decir el sistema acusatorio, mismo que se cimienta en principios como el de la contradicción, es decir las partes tienen el derecho de deponerse entre sí.

Este principio se refiere primordialmente a la posibilidad que tienen tanto la defensa como la parte acusadora, de conocer y controvertir las pruebas de su intención, y con la posibilidad de intervenir en su formación y tiene la finalidad contradecir y controvertir las pruebas principalmente a través de interrogatorios y contrainterrogatorios, pero con la posibilidad de debatir cualquier tipo de prueba, como los documentos o las periciales, en ese sentido es imposible, que no se conozca ya en el proceso judicial la identidad de un testigo.

No obstante lo anterior, con la reforma judicial al sistema de justicia penal, se reconocieron derechos a las víctimas y ofendidos así como a los demás sujetos que intervienen en el procedimiento penal, como los testigos, ello en términos de lo dispuesto por el la fracción V Apartado C del artículo 20 constitucional que obliga al Ministerio Público y a los jueces que deberán garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso.

Por ello y para adecuar el texto constitucional a las leyes secundarias, se modificaron los artículos 2 y 3 del Código Federal de Procedimientos Penales, que obliga al Ministerio Público y a las policías a brindar protección a víctimas, ofendidos, testigos, jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público y de la policía, y en general, de todos los sujetos que intervengan en el procedimiento, en los casos en que exista un riesgo objetivo para su vida o integridad corporal.

Así como también se reformó la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, señalando que corresponde a la Procuraduría General de la República prestar el apoyo y protección suficiente a las víctimas, ofendidos, testigos, peritos, jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público, de la policía y demás sujetos, cuando por su intervención en un procedimiento penal así lo requieran.

Por lo anteriormente expuesto se desecha la iniciativa en estudio.

Cuarta. Iniciativa presentada por la diputada Dolores María Manuell-Gómez Angulo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El objetivo principal de esta iniciativa es actualizar la denominación de la Policía Judicial para denominarla policía investigadora, dentro del Código Federal de Procedimientos Penales, sobre el particular, se considera que la modificación no es necesaria en virtud de que con motivo de la reforma constitucional al sistema de justicia penal, la concepción de las policías, cambió, toda vez que se modificó el artículo 21 constitucional y ahora se estable que a todas las policías les corresponde la investigación de los delitos, así como al Ministerio Público, quien conducirá y mandará a aquellas en el ejercicio de esta función.

Derivado de esta modificación, se reformó el Código Federal de Procedimientos Penales, dentro del paquete de reformas de la Miscelánea Penal, en el que se estableció un término genérico para los cuerpos de policía, denominándoles simplemente ``La Policía'', dándoles facultades específicas de investigación, como lo dispone el citado precepto constitucional.

En ese sentido, se desecha la iniciativa.

Quinta. Iniciativa presentada por el diputado Javier Hernández Manzanares , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Esta Comisión dictaminadora, considera improcedente la presente iniciativa debido a que el iniciante propone tipificar la conducta de detención arbitraria cuando un servidor público, sin el cumplimiento de los requisitos legales o sin el debido proceso, reciba o retenga a una persona para privarla de su libertad o mantenerla bajo medida de seguridad, con lo que observamos un innecesario aumento indiscriminado de los tipos penales, pues aunque la detención arbitraria por ``nomens criminis'' no se encuentra previsto, si está sancionada en diversos tipos penales, mismos que fueron reformados en la Miscelánea Penal:

Artículo 215. Comete el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes:
...
VII. Cuando teniendo conocimiento de una privación ilegal de la libertad no la denunciase inmediatamente a la autoridad competente o no la haga cesar, también inmediatamente, si esto estuviere en sus atribuciones.
...
XV. Omitir el registro de la detención correspondiente o dilatar injustificadamente poner al detenido a disposición de la autoridad correspondiente.
...
Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones VI a IX, XIII, XIV y XV, se le impondrá de dos a nueve años de prisión, de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Artículo 225. Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes:
...
X. Detener a un individuo durante la averiguación previa fuera de los casos señalados por la ley, o retenerlo por más tiempo del señalado en la Constitución;
...
XIV. Prolongar la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije la ley al delito que motive el proceso.
...
XVI. Demorar injustificadamente el cumplimiento de las providencias judiciales, en las que se ordene poner en libertad a un detenido.
...
XXVII. No ordenar la libertad de un procesado, decretando su sujeción a proceso, cuando sea acusado por delito o modalidad que tenga señalada pena no privativa de libertad o alternativa.
...
XXX. Retener al detenido sin cumplir con los requisitos que establece la Constitución y las leyes respectivas;
...
A quien cometa los delitos previstos en las fracciones IV, V, VI, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI y XXXII, se le impondrá pena de prisión de cuatro a diez años y de mil a dos mil días multa.
En todos los delitos previstos en este Capítulo, además de las penas de prisión y multa previstas, el servidor público será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

De lo anterior, se desecha la iniciativa en estudio.

Sexta. Iniciativa presentada por la diputada Arely Madrid Tovilla , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La presente iniciativa resulta haber quedado sin materia, toda vez que con motivo de la reforma constitucional pública el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, se incorporó a la Constitución la medida cautelar de arraigo para evitar que el imputado pueda evadirse de la autoridad ministerial en un primer momento y de la judicial ulteriormente, o bien, que pueda obstaculizar la investigación o afectar la integridad de las personas involucradas en la conducta indagada, modificándose el artículo 16 constitucional, así como el artículo décimo primero transitorio, mismos que señalan lo siguiente:

Artículo 16. ...
...
``La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.''.
...
Décimo Primero. En tanto entra en vigor el sistema procesal acusatorio, los agentes del Ministerio Público que determine la ley podrán solicitar al juez el arraigo domiciliario del indiciado tratándose de delitos graves y hasta por un máximo de cuarenta días.
Esta medida será procedente siempre que sea necesaria para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.
Por lo que también se modificó la ley secundaria, es decir, el Código Federal de Procedimientos Penales, en la citada Miscelánea Penal. Se reformó el artículo 133 Bis y se adicionó un artículo 133 Ter, para quedar como sigue:
Artículo 133 Bis. La autoridad judicial podrá, a petición del Ministerio Público, decretar el arraigo domiciliario del indiciado tratándose de delitos graves, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Corresponderá al Ministerio Público y a sus auxiliares vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido.
El arraigo domiciliario se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable, no debiendo exceder de cuarenta días.
El afectado podrá solicitar que el arraigo quede sin efecto, cuando considere que las causas que le dieron origen han desaparecido. En este supuesto, la autoridad judicial escuchará al Ministerio Público y al afectado, y resolverá si debe o no mantenerse.
Artículo 133 Ter. La autoridad judicial podrá, a petición del Ministerio Público, imponer las medidas cautelares a la persona en contra de quien se prepare el ejercicio de la acción penal, siempre y cuando estas medidas sean necesarias para evitar que el sujeto se sustraiga a la acción de la justicia; la destrucción, alteración u ocultamiento de pruebas, la intimidación, amenaza o influencia a los testigos del hecho a fin de asegurar el éxito de la investigación o para protección de personas o bienes jurídicos.
Corresponderá al Ministerio Público y a sus auxiliares vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido.
El cumplimiento a la prohibición de abandonar una demarcación geográfica podrá ser vigilado de manera personal o a través de cualquier medio tecnológico.
El afectado podrá solicitar que las medidas cautelares queden sin efecto, cuando considere que las causas que le dieron origen han desaparecido. En este supuesto, la autoridad judicial escuchará al Ministerio Público y al afectado, y resolverá si debe o no mantenerse.

De lo anterior se advierte que, la legislación procesal se adecuo al texto constitucional, estableciendo las formalidades para que la autoridad judicial pueda decretar el arraigo de una persona.

Por otra parte y respecto de la medida cautelar de la prohibición de abandonar una demarcación geográfica, se estableció que la autoridad judicial podrá, a petición del Ministerio Público, imponer las medidas cautelares a la persona en contra de quien se prepare el ejercicio de la acción penal, siempre y cuando estas medidas sean necesarias para evitar que el sujeto se sustraiga a la acción de la justicia; la destrucción, alteración u ocultamiento de pruebas, la intimidación, amenaza o influencia a los testigos del hecho a fin de asegurar el éxito de la investigación o para protección de personas o bienes jurídicos, y que al Ministerio Público y a sus auxiliares le corresponde la vigilancia, la cual podrá ser de manera personal o a través de cualquier medio tecnológico.

Por lo que es evidente que la citada iniciativa quedó sin materia, al haber sido reformadas las disposiciones constitucionales y legales citadas.

Séptima. Iniciativa presentada por los diputados César Camacho Quiroz , Raúl Cervantes Andrade , Jorge Mario Lescieur Talavera y Fernando Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta iniciativa se desecha en virtud de que la misma es muy semejante con el espíritu y disposiciones de la llamada Miscelánea Penal, lo que se advierte de las siguientes consideraciones.

En cuanto a la propuesta de petición de orden e cateo por cualquier medio, se reformaron los siguientes artículos del Código Federal de Procedimientos Penales:

Artículo 61. Cuando en la averiguación previa el Ministerio Público estime necesaria la práctica de un cateo, acudirá a la autoridad judicial competente, o si no la hubiere a la del orden común, a solicitar por cualquier medio la diligencia, dejando constancia de dicha solicitud, expresando su objeto y necesidad, así como la ubicación del lugar a inspeccionar y persona o personas que han de localizarse o de aprehenderse, y los objetos que se buscan o han de asegurarse a lo que únicamente debe limitarse la diligencia.
Al inicio de la diligencia el Ministerio Público designará a los servidores públicos que le auxiliarán en la práctica de la misma.
Al concluir el cateo se levantará acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia; los servidores públicos designados por el Ministerio Público para auxiliarle en la práctica de la diligencia no podrán fungir como testigos de la misma.
...
La petición de orden de cateo deberá ser resuelta por la autoridad judicial de manera inmediata, en un plazo que no exceda de las veinticuatro horas siguientes a que la haya recibido. Si dentro del plazo señalado el juez no resuelve sobre el pedimento de cateo, el Ministerio Público podrá recurrir al superior jerárquico para que éste resuelva en un plazo igual.
Artículo 62. Las diligencias de cateo se practicarán por el Ministerio Público, previa autorización judicial, el cual podrá auxiliarse de la policía, según se precise en el mandamiento. Si alguna autoridad hubiere solicitado del Ministerio Público la promoción del cateo, ésta podrá asistir a la diligencia.
Artículo 69. ...
Se formará un inventario de los objetos que se recojan relacionados con el delito que motive el cateo y, en su caso, otro por separado con los que se relacionen con el nuevo delito. En todo caso, deberán observarse las reglas a las que se refieren los artículos 123 Bis a 123 Quintus.

Igualmente se reformó la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, misma que ahora dispone lo siguiente:

Artículo 15. Cuando el Ministerio Público de la Federación solicite por cualquier medio al juez de distrito una orden de cateo con motivo de la investigación de alguno de los delitos a los que se refiere el presente ordenamiento, dicha petición deberá ser resuelta en los términos de Ley dentro de las doce horas siguientes después de recibida por la autoridad judicial.
...
...
Cuando el Juez de Distrito competente, acuerde obsequiar una orden de aprehensión, deberá también acompañarla de una autorización de orden de cateo, si procediere, en el caso de que ésta haya sido solicitada por el agente del Ministerio Público de la Federación, debiendo especificar el domicilio del probable responsable o aquél que se señale como el de su posible ubicación, o bien el del lugar que deba catearse por tener relación con el delito, así como los demás requisitos que señala el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo que es evidente que la propuesta ha sido atendida con la multicitada reforma.

Ahora bien, en relación a la propuesta de definición de detención en flagrancia y su registro inmediato, la misma es improcedente en razón de las reformas que se realizaron con motivo de la Miscelánea Penal, las cuales son las siguientes:

Artículo 193. Cualquier persona podrá detener al indiciado:
I. En el momento de estar cometiendo el delito;
II. Cuando sea perseguido material e inmediatamente después de cometer el delito, o
III. Inmediatamente después de cometer el delito, cuando la persona sea señalada por la víctima, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito, o cuando existan objetos o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el delito. Además de estos indicios se considerarán otros elementos técnicos.
El indiciado deberá ser puesto sin demora a disposición de la autoridad competente, conforme al artículo 16, párrafo cuarto, de la Constitución.
Las autoridades que realicen cualquier detención o aprehensión deberán informar por cualquier medio de comunicación y sin dilación alguna, a efecto de que se haga el registro administrativo correspondiente y que la persona sea presentada inmediatamente ante la autoridad competente. La autoridad que intervenga en dicha detención elaborará un registro pormenorizado de las circunstancias de la detención.
Desde el momento de la detención hasta la puesta a disposición ante la autoridad ministerial correspondiente, se deberán respetar los derechos fundamentales del detenido.
El Ministerio Público constatará que los derechos fundamentales del detenido no hayan sido violados.
La violación a lo dispuesto en los dos párrafos anteriores será causa de responsabilidad penal y administrativa.
La detención por flagrancia deberá ser registrada de inmediato por la autoridad competente.
Artículo 193 Bis. ...
a) a c)...
...
La detención por caso urgente deberá ser registrada de inmediato en los términos señalados por el artículo 193 Quater de este Código.
Artículo 193 Ter. Se entenderá que el indiciado queda a disposición del Ministerio Público para los efectos constitucionales y legales correspondientes, desde el momento en que le sea entregado física y formalmente.
Para los mismos efectos, cuando sea necesario ingresar al detenido a alguna institución de salud, la autoridad que haya realizado la detención deberá acompañar a su parte informativo, la constancia respectiva de dicha institución.
Del mismo modo, cuando otras autoridades tengan a disposición al indiciado por otros delitos y pongan en conocimiento al Ministerio Público de la Federación de algún delito de su competencia.
Artículo 193 Quáter. La autoridad que practique la detención deberá registrarla de inmediato en términos de las disposiciones aplicables. El registro, al menos, deberá contener:
I. Nombre y, en su caso, apodo del detenido;
II. Media filiación
III. Motivo, circunstancias generales, lugar y hora en que se haya practicado la detención;
IV. Nombre de quién o quiénes hayan intervenido en la detención. En su caso, rango y área de adscripción, y
V. Lugar a dónde será trasladado el detenido y tiempo aproximado para su traslado.
Artículo 193 Quintus. La información capturada en este registro será confidencial y reservada. A la información contenida en el registro sólo podrán tener acceso:
I. Las autoridades competentes en materia de investigación de los delitos, para los fines que se prevean en los ordenamientos legales aplicables, y
II. Los probables responsables, estrictamente para la rectificación de sus datos personales y para solicitar que se asiente en el mismo el resultado del procedimiento penal, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Los datos contenidos en el registro de detención serán proporcionados al detenido y a su abogado defensor, quienes sólo podrán utilizarlos en el ejercicio del derecho de defensa.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá acceso a ese registro cuando medie queja.
Bajo ninguna circunstancia se podrá proporcionar información contenida en el registro a terceros. El registro no podrá ser utilizado como base de discriminación, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad u honra de persona alguna.
Al servidor público que quebrante la reserva del registro o proporcione información sobre el mismo, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, según corresponda.
El registro deberá ser cancelado de oficio y sin mayor trámite cuando se resuelva la libertad del detenido o cuando en la averiguación previa no se hayan reunido los elementos necesarios para ejercitar la acción penal, cuando se haya determinado su inocencia o cuando se actualicen las hipótesis previstas en el artículo 165 Bis de este código.
Artículo 193 Sextus. El Ministerio Público, una vez que el detenido sea puesto a su disposición, recabará, en su caso, lo siguiente:
I. Domicilio, fecha de nacimiento, edad, estado civil, grado de estudios y ocupación o profesión;
II. Clave Única de Registro de Población;
III. Grupo étnico al que pertenezca;
IV. Descripción del estado físico del detenido;
V. Huellas dactilares;
VI. Identificación antropométrica, y
VII. Otros medios que permitan la identificación del individuo.
Artículo 193 Septimus. El Procurador General de la República emitirá las disposiciones necesarias para regular los dispositivos técnicos que permitan generar, enviar, recibir, consultar o archivar toda la información a que se refiere el artículo anterior, la que podrá abarcar imágenes, sonidos y video, en forma electrónica, óptica o mediante cualquier otra tecnología.
Artículo 193 Octavus. El Ministerio Público y la policía deberán informar a quien lo solicite, si una persona está detenida y, en su caso, la autoridad a cuya disposición se encuentre. Tratándose de delincuencia organizada, únicamente se proporcionará dicha información a los parientes consanguíneos en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, parientes colaterales consanguíneos o afines hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, cónyuge, y a su abogado.

Respecto de la propuesta de regulación de arraigo domiciliario y para la delincuencia organizada, la misma es improcedente, por las mismas observaciones expuestas en la el consideración séptima, y que en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por aquí transcritas y se toman en cuenta para desechar la presente propuesta.

Por otro lado, respecto de la iniciativa para regular las grabaciones de comunicaciones entre particulares, las reformas al Código Federal de Procedimientos Penales, contenidas en la Miscelánea Penal, señalan que:

Artículo 278 Bis. Las comunicaciones entre particulares podrán ser aportadas voluntariamente a la averiguación previa o al proceso penal, cuando hayan sido obtenidas directamente por alguno de los participantes en la misma.
El tribunal recibirá las grabaciones o video filmaciones presentadas como prueba por las partes y las agregará al expediente.
Las comunicaciones que obtenga alguno de los participantes con el apoyo de la autoridad, también podrán ser aportadas a la averiguación o al proceso, siempre que conste de manera fehaciente la solicitud previa de apoyo del particular a la autoridad. De ser necesario, la prueba se perfeccionará con las testimoniales o periciales conducentes.
En ningún caso el Ministerio Público o el juez admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la Ley, ni la autoridad prestará el apoyo a que se refiere el párrafo anterior cuando se viole dicho deber.
No se viola el deber de confidencialidad cuando se cuente con el consentimiento expreso de la persona con quien se guarda dicho deber.
Las empresas concesionarias y permisionarias del servicio de telecomunicaciones o de internet, estarán obligadas a colaborar con las autoridades para la obtención de dichas pruebas cuando así lo soliciten. Cualquier omisión o desacato a esta disposición será sancionada por la autoridad, en los términos del artículo 178 del Código Penal Federal.
Carecen de todo valor las comunicaciones que sean obtenidas y aportadas en contravención a las disposiciones señaladas en este Código.
Artículo 278 Ter. Cuando la solicitud de intervención de comunicaciones privadas sea formulada por el Procurador General de la República o los servidores públicos en quienes delegue la facultad, la autoridad judicial otorgará la autorización cuando se constate la existencia de indicios suficientes que acrediten la probable responsabilidad en la comisión de delitos graves.
El Ministerio Público será responsable de que la intervención se realice en los términos de la autorización judicial. La solicitud de autorización deberá contener los preceptos legales que la funda, el razonamiento por el que se considera procedente, el tipo de comunicaciones, los sujetos y los lugares que serán intervenidos, así como el periodo durante el cual se llevarán a cabo las intervenciones, el cual podrá ser prorrogado, sin que el periodo de intervención, incluyendo sus prórrogas, pueda exceder de seis meses. Después de dicho plazo, sólo podrán autorizarse nuevas intervenciones cuando el Ministerio Público acredite nuevos elementos que así lo justifiquen.
En la autorización, el juez determinará las características de la intervención, sus modalidades, límites y, en su caso, ordenará a instituciones públicas o privadas, modos específicos de colaboración.
En la autorización que otorgue el juez deberá ordenar que, cuando en la misma práctica sea necesario ampliar a otros sujetos o lugares la intervención, se deberá presentar ante el propio juez, una nueva solicitud; también ordenará que al concluir cada intervención se levante un acta que contendrá un inventario pormenorizado de las cintas de audio y video que contengan los sonidos o imágenes captadas durante la intervención, así como que se le entregue un informe sobre sus resultados, a efecto de constatar el debido cumplimiento de la autorización otorgada.
El juez podrá, en cualquier momento, verificar que las intervenciones sean realizadas en los términos autorizados y, en caso de incumplimiento, decretar su revocación parcial o total.
En caso de no ejercicio de la acción penal y una vez transcurrido el plazo legal para impugnarlo, sin que ello suceda, el juez que autorizó la intervención, ordenará que se pongan a su disposición las cintas resultado de las investigaciones, los originales y sus copias, y ordenará su destrucción en presencia del Ministerio Público.

Como se advierte de la simple lectura de la reforma en cita, la iniciativa ha quedado sin materia.

En relación a la propuesta de reforma respecto de las reglas especiales para procesados y sentenciados por delincuencia organizada y otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, la misma es improcedente, ya que se reformó tanto, la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, así como la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en los siguientes términos, respectivamente:

Artículo 3. La Secretaría de Seguridad Pública tendrá a su cargo aplicar estas normas en el Distrito Federal y en los reclusorios dependientes de la Federación. Asimismo, las normas se aplicarán, en lo pertinente, a los reos federales sentenciados en toda la República y se promoverá su adopción por parte de las entidades federativas. Para este último efecto, así como para la orientación de las tareas de prevención social de la delincuencia, el Ejecutivo Federal podrá celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas.
...
...
Podrá convenirse también que los reos sentenciados por delitos del orden federal compurguen sus penas en los centros penitenciarios a cargo de los Gobiernos Estatales, cuando estos centros se encuentren más cercanos a su domicilio que los del Ejecutivo Federal, y que por la mínima peligrosidad del recluso, a criterio de la Secretaría de Seguridad Pública, ello sea posible.
Para los efectos anteriores, en caso de reos indígenas sentenciados, se considerarán los usos y costumbres, así como las circunstancias en las que se cometió el delito. Esta medida no podrá otorgarse tratándose de reclusos sentenciados por alguno o más de los delitos que prevé la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, de conformidad con lo previsto en el artículo 6o., párrafo cuarto, de este ordenamiento.
En los convenios a que se refiere este artículo podrá acordarse que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.
La Secretaría de Seguridad Pública tendrá a su cargo, asimismo, la ejecución de las sanciones que, por sentencia judicial, sustituyan a la pena de prisión o a la multa, y las de tratamiento que el juzgador aplique, así como la ejecución de las medidas impuestas a inimputables, sin perjuicio de la intervención que a este respecto deba tener, en su caso y oportunidad, la autoridad sanitaria.
Artículo 6. El tratamiento será individualizado, con aportación de las diversas ciencias y disciplinas pertinentes para la reincorporación social del sujeto, consideradas sus circunstancias personales, sus usos y costumbres tratándose de internos indígenas, así como la ubicación de su domicilio, a fin de que puedan compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a aquél, esto último, con excepción de los sujetos internos por delincuencia organizada y de aquellos que requieran medidas especiales de seguridad.
...
...
En materia de delincuencia organizada, la reclusión preventiva y la ejecución de penas se llevarán a cabo en los centros especiales, del Distrito Federal y de los Estados, de alta seguridad, de conformidad con los convenios respectivos para estos últimos. Lo anterior también podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en los siguientes casos:
I. Tratándose de inculpados respecto de los cuales se haya ejercitado la acción penal en términos del artículo 10, párrafo tercero del Código Federal de Procedimientos Penales;
II. Que el interno cometa conductas presuntamente delictivas en los centros penitenciarios, o que haya indicios de que acuerda o prepara nuevas conductas delictivas desde éstos;
III. Cuando algún interno esté en riesgo en su integridad personal o su vida por la eventual acción de otras personas;
IV. Cuando el interno pueda poner en riesgo a otras personas;
V. En aquellos casos en que la autoridad lo considere indispensable para la seguridad del interno o de terceros, y
VI. Cuando así lo determine el perfil clínico criminológico que le realice la autoridad penitenciaria.
Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de esta Ley.
Para los efectos del párrafo anterior, serán autoridades competentes:
a) Durante el proceso, el juez de la causa, a solicitud del Ministerio Público, y
b) Durante la ejecución de la sentencia, el director del reclusorio, con ratificación posterior del consejo técnico interdisciplinario.
El responsable del centro de reclusión deberá aplicar la restricción de comunicaciones en los términos en que haya sido ordenada o ratificada.
Serán causas para la restricción de comunicaciones y la imposición de medidas de vigilancia especial:
I. Que el interno obstaculice el proceso penal en su contra o el desarrollo de investigaciones a cargo del Ministerio Público; cometa o intente cometer probables conductas delictivas, o exista riesgo fundado de que se evada de la acción de la justicia, o
II. Que el interno realice o intente realizar actos que pongan en peligro bienes relevantes como la vida, la seguridad de los centros especiales o la integridad de los internos, de las visitas, del personal penitenciario.
En la construcción de nuevos establecimientos de custodia y ejecución de sanciones y en el remozamiento o la adaptación de los existentes, la Secretaría de Seguridad Pública tendrá las funciones de orientación técnica y las facultades de aprobación de proyectos a que se refieren los convenios.
Artículo 14 Bis. Las medidas de vigilancia especial podrán consistir en:
I. Instalación de cámaras de vigilancia en los dormitorios, módulos, locutorios, niveles, secciones y estancias;
II. Traslado a módulos especiales para su observación;
III. Cambio de dormitorio, módulo, nivel, sección, estancia y cama;
IV. Supervisión ininterrumpida de los módulos y locutorios;
V. Vigilancia permanente de todas las instalaciones del Centro Penitenciario;
VI. El aislamiento temporal;
VII. El traslado a otro centro de reclusión;
VIII. Aplicación de los tratamientos especiales que determine la autoridad penitenciaria con estricto apego a las disposiciones legales aplicables;
IX. Suspensión de estímulos;
X. La prohibición de comunicación de telefonía móvil, Internet y radiocomunicación, y
XI. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.
Sin menoscabo de lo anterior, la autoridad penitenciaria que determine el Reglamento podrá decretar en cualquier momento estado de alerta o, en su caso, alerta máxima cuando exista riesgo o amenaza inminente que ponga en peligro la seguridad del Centro Federal, de la población penitenciaria, de su personal o de las visitas.
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
Artículo 45. Los sentenciados por los delitos a que se refiere esta ley no tendrán el derecho de compurgar sus penas en el centro penitenciario más cercano a su domicilio.
La legislación que establezca las normas sobre ejecución de penas y medidas de seguridad preverá la definición de los centros especiales para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias, la restricción de comunicaciones de los inculpados y sentenciados y la imposición de medidas de vigilancia especial a los internos por delincuencia organizada.

De lo anterior se advierte con claridad, que el espíritu de la iniciativa en estudio ha sido tomada en cuenta por la reforma trascrita, por lo que se desecha.

En relación a la propuesta de la facultad investigadora de los policías, la iniciativa se desecha dado que, de igual forma ha quedado sin materia, ya que se reformó el Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 3. Las Policías actuarán bajo la conducción y el mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y quedarán obligadas a:
I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito, sólo cuando debido a las circunstancias del caso aquéllas no puedan ser formuladas directamente ante el Ministerio Público, al que las Policías deberán informar de inmediato, así como de las diligencias practicadas y dejarán de actuar cuando él lo determine;
II. Practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los delitos y la identidad de los probables responsables, en cumplimiento de los mandatos del Ministerio Público;
III. Practicar detenciones en los casos de flagrancia en los términos de ley y poner a disposición de las autoridades ministeriales competentes a las personas detenidas o los bienes que se hayan asegurado o estén bajo su custodia, con estricto cumplimiento de los plazos constitucional y legalmente establecidos;
IV. Participar, en auxilio del Ministerio Público, en la investigación y persecución de los delitos, en la detención de personas o en el aseguramiento de bienes relacionados con la investigación de los delitos, cumpliendo sin excepción los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables;
V. Registrar de inmediato la detención, como garantía del inculpado, en términos de las disposiciones aplicables, así como remitir sin demora y por cualquier medio la información al Ministerio Público. En dicho registro deberá anotarse la resolución que se emita con relación a su situación jurídica.
El registro deberá ser cancelado de oficio y sin mayor trámite cuando se resuelva la libertad del detenido o cuando en la averiguación previa no se hayan reunido los elementos necesarios para ejercitar la acción penal, cuando se haya determinado su inocencia o cuando se actualicen las hipótesis previstas en el artículo 165 Bis de este código;
VI. Preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. Las unidades de la Policía facultadas para el procesamiento del lugar de los hechos deberán fijar, señalar, levantar, embalar y entregar la evidencia física al Ministerio Público, conforme a las instrucciones de éste y en términos de las disposiciones aplicables;
VII. Solicitar al Ministerio Público, que requiera a las autoridades competentes, informes y documentos para fines de la investigación;
VIII. Garantizar que se asiente constancia de cada una de sus actuaciones, así como llevar un control y seguimiento de éstas. Durante el curso de la investigación deberán elaborar informes sobre el desarrollo de la misma, y rendirlos al Ministerio Público, sin perjuicio de los informes que éste le requiera;
IX. Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen, con los requisitos de fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables, para tal efecto se podrán apoyar en los conocimientos científicos y técnicos que resulten necesarios;
X. Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito, para tal efecto deberá:
a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
b) Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
c) Garantizar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria;
d) Adoptar las medidas que se consideren necesarias tendientes a evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicológica, en el ámbito de su competencia;
e) Recibir y preservar todos los indicios y elementos de prueba que la víctima u ofendido aporten para la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado, informando de inmediato al Ministerio Público a cargo del asunto para que éste acuerde lo conducente, y
f) Otorgar las facilidades que las Leyes establezcan para identificar al imputado, sin riesgo para ellos, en especial en los casos de delitos contra la libertad, el normal desarrollo psicosexual o el libre desarrollo de la personalidad.
XI. Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos ministeriales y jurisdiccionales;
XII. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación en caso de flagrancia o por mandato del Ministerio Público;
XIII. Hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, video filmaciones, y demás operaciones que requiera la investigación, sin perjuicio de la intervención que corresponda a los servicios periciales. Las constancias, junto con las fotografías, video filmaciones y demás elementos que las soporten deberán remitirse al Ministerio Público para agregarse a la averiguación previa, y
XIV. Las demás que le confieran este Código y demás disposiciones aplicables.
En el ejercicio de la función investigadora a que se refiere este artículo, queda estrictamente prohibido a la Policía recibir declaraciones del indiciado o detener a alguna persona, fuera de los casos de flagrancia, sin que medien instrucciones escritas del Ministerio Público, del juez o del tribunal.
Artículo 123 Ter. Cuando las unidades de la policía facultadas para la preservación del lugar de los hechos descubran indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito, en el lugar de los hechos, deberán:
I. Informar de inmediato por cualquier medio eficaz y sin demora alguna al Ministerio Público e indicarle que se han iniciado las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos, para efectos de la conducción y mando de éste respecto de la investigación;
II. Identificar los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. En todo caso, los describirán y fijarán minuciosamente;
III. Recolectar, levantar, embalar técnicamente y etiquetar los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. Deberán describir la forma en que se haya realizado la recolección y levantamiento respectivos, así como las medidas tomadas para asegurar la integridad de los mismos, y
IV. Entregar al Ministerio Público todos los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito, sus respectivos contenedores y las actas, partes policiales o documentos donde se haya hecho constancia de su estado original y de lo dispuesto en las fracciones anteriores para efectos de la averiguación y la práctica de las diligencias periciales que éste ordene. En dichos documentos deberá constar la firma autógrafa de los servidores públicos que intervinieron en el procedimiento.

En cuanto a la iniciativa para reformar el Código Penal Federal respecto del principio de proporcionalidad, es de señalarse que este principio está dirigido primordialmente al legislador, para que al momento de estar creando la norma señale penas proporcionales respecto de la afectación de los bienes jurídicos que pretende tutelar, se concuerda con los proponentes que el juzgador al determinar la responsabilidad penal de una persona, debe ser congruente en la individualización de la sanción, pero siempre dentro de los parámetros establecidos en la ley, por ello es que se considera que atañe al legislador señalar proporcionalmente las penas correspondientes a los delitos. En ese sentido se desecha la propuesta.

Por último y en relación al régimen laboral de los agentes del Ministerio Público, peritos y policías, es de señalarse que también se desecha la iniciativa, ya que ha quedado sin materia al haber sido reformadas la Ley de la Policía Federal Preventiva, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para quedar como sigue:

Ley de la Policía Federal Preventiva
Artículo 3 Bis. Si la autoridad jurisdiccional resuelve que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, la Policía sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación o reinstalación a la Policía Federal.
Artículo 3 Bis 1. La indemnización a que se refiere el artículo anterior consistirá en:
I. Veinte días de salario por cada uno de los años de servicios prestados, si la relación de servicio fuere por tiempo indeterminado, y
II. Además, en el importe de tres meses de salario base.
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
Artículo 76. Los Agentes del Ministerio Público y peritos, así como los agentes de la policía federal investigadora, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos de permanencia que establezcan las leyes vigentes o cuando sean removidos por haber incurrido en alguna causa de responsabilidad en el desempeño de sus funciones.
Si la separación, remoción, baja, cese, destitución o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones, sin que proceda en ningún caso la reincorporación al servicio.
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
Artículo 28. ...
Se exceptúan del párrafo anterior, los Agentes del Ministerio Público, peritos oficiales y miembros de las instituciones policiales de la Federación; casos en los que la autoridad sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda la reincorporación al servicio, en los términos previstos en el apartado B, fracción XIII, del artículo 123 Constitucional.
...
...
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
Artículo 50. ...
...
...
...
...
Hecha excepción de lo dispuesto en fracción XIII, apartado B, del artículo 123 Constitucional, respecto de los Agentes del Ministerio Público, los Peritos y los Miembros de las Instituciones Policiales de la Federación, que hubiesen promovido el juicio o medio de defensa en el que la autoridad jurisdiccional resuelva que la separación, remoción, baja, cese, destitución o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada; casos en los que la autoridad demandada sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda la reincorporación al servicio.

Por lo que en las apuntadas consideraciones y de la trascripción realizada, se advierte que la iniciativa es improcedente al haber quedado sin materia.

Octava. Iniciativa presentada por el diputado Jorge Toledo Luis , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La iniciativa en estudio es improcedente, al haber quedado sin materia, toda vez que con motivo de la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se reformó el Código Penal Federal, para tipificar las conductas relacionadas con el uso indebido de uniformes, insignias, grados jerárquicos y siglas correspondientes a alguna corporación policíaca, a las Fuerzas Armadas mexicanas, para quedar como sigue:

Artículo 250 Bis. Al que cometa el delito de falsificación de uniformes y divisas de las fuerzas armadas o de cualquier institución de seguridad pública, se le impondrá de cinco a doce años de prisión y hasta quinientos días multa.
Comete el delito de falsificación de uniformes y divisas de las fuerzas armadas o de cualquier institución de seguridad pública, el que sin autorización de la institución correspondiente fabrique, confeccione, produzca, imprima o pinte, cualquiera de los uniformes, insignias, credenciales de identificación, medallas, divisas, gafetes, escudos, documentos, adheribles, distintivos o piezas que contengan imágenes, siglas u otros elementos utilizados en dichas instituciones.
Se entiende por uniformes, divisas o insignias para los efectos de este artículo, los señalados en las disposiciones aplicables de las fuerzas armadas o de cualquier institución de seguridad pública.
Artículo 250 Bis 1. Se impondrá de uno a seis años de prisión y de cien a trescientos días multa a quien:
I. Almacene, distribuya, posea o introduzca al territorio nacional uniformes o divisas de las fuerzas armadas o de cualquier institución de seguridad pública falsificadas;
II. Adquiera, enajene o use por cualquier medio o título, uniformes, divisas, balizaje, credenciales de identificación o insignias de las fuerzas armadas o cualquier institución de seguridad pública, falsificadas;
III. Obtenga, conserve, facilite o enajene sin autorización los verdaderos uniformes o divisas de las fuerzas armadas o de cualquier institución de seguridad pública;
IV. Cuando se utilicen vehículos con balizaje, colores, equipamiento, originales, falsificados o con apariencia tal que se asemejen a los vehículos utilizados por las fuerzas armadas o instituciones de seguridad pública; y
V. Al que utilice uniformes, balizaje, insignias, credenciales de identificación y divisas con tamaño similar o igual al reglamentario de las fuerzas armadas o de instituciones de seguridad pública, cuando dichas piezas, sin ser copia del original, presenten algunas de las imágenes o elementos de los contenidos en aquellos, resultando con ello objetos o piezas con apariencia similar, confundibles con los emitidos legalmente, con el objeto de hacerse pasar por servidor público.
Se impondrá de cinco a doce años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa a quien realice alguna de las conductas previstas en este artículo con el propósito de cometer algún delito o bien cuando el sujeto activo sea o haya sido servidor público de las fuerzas armadas o de cualquier institución de seguridad pública.
Para los efectos de este artículo, se entiende por uniformes, insignias, credenciales de identificación, medallas, divisas, balizaje, gafetes, escudos, documentos, adheribles, distintivos o piezas que contengan imágenes siglas u otros elementos utilizados en instituciones de las fuerzas armadas o de seguridad pública o procuración de justicia, los señalados en las disposiciones aplicables de dichas instituciones y sólo se considerarán auténticos los que sean adquiridos, distribuidos o enajenados por personas autorizadas para ello o a quienes se les haya adjudicado el contrato respectivo por la institución competente, conforme a las disposiciones aplicables.

Por lo que se desecha la iniciativa, al haber quedado sin materia.

Novena. Iniciativa presentada por el diputado Andrés Lozano Lozano , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Esta Comisión dictaminadora considera que las propuestas de reforma relacionadas con las funciones de investigación únicamente a cargo del Ministerio Público, las funciones de investigación de las policías sin autorización del Ministerio Público y las funciones de investigación de los agentes de policías certificados que requieren autorización del Ministerio Público, ya fueron atendidas con la citada reforma penal denominada Miscelánea Penal, ya que se reformó el Código Federal de Procedimientos Penales, como se señaló en la consideración octava del presente dictamen, por lo que en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por aquí transcritas y se toman en cuenta para desechar la presente propuesta.

En cuanto a la definición de flagrancia que propone el autor de la iniciativa en estudio, se señala que es improcedente, dado que igualmente se reformó el Código Federal de Procedimientos Penales, con motivo de la Miscelánea Penal, como quedó igualmente señalado en la consideración octava del presente dictamen, por lo que en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por aquí transcritas y se toman en cuenta para desechar la presente propuesta.

Décima. Iniciativa presentada por el diputado Jacinto Gómez Pasillas , del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

La propuesta de la presente iniciativa es establecer el registro inmediato de la detención de una persona, tema que ya fue materia de la reforma al Código Federal de Procedimientos Penales y a otras legislaciones, como se señaló en la consideración octava del presente dictamen, por lo que en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por aquí transcritas y se toman en cuenta para desechar la presente propuesta.

Décima Primera. Iniciativa presentada por el diputado Carlos Navarro Sugich , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Se desecha la propuesta de actualizar el tipo penal de delincuencia organizada, en la Ley de la materia, toda vez que con motivo de la reforma denominada Miscelánea Penal se reformó la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada para adecuarla al texto constitucional.

En cuanto a la regla de suspensión de los plazos para la prescripción de la acción penal en delitos contemplados por la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, se desecha en virtud de que son aplicables las reglas del Código Penal Federal, como expresamente lo señala la propia Ley en cita en su artículo 7°, que dispone lo siguiente:

Artículo 7. Son aplicables supletoriamente a esta Ley, las disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal, las del Código Federal de Procedimientos Penales y las de la legislación que establezca las normas sobre ejecución de penas y medidas de seguridad, así como las comprendidas en leyes especiales.

Como se desprende del citado artículo, son aplicables supletoriamente las disposiciones del Código Penal Federal, no obstante que el artículo trascrito siga señalando erróneamente la denominación de Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal, ya que no hay que olvidar que, cuando se modificó la actual denominación del Código Penal Federal con motivo de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 1999, se estableció en el segundo artículo transitorio, lo siguiente:

Segundo. Las menciones que en otras disposiciones de carácter federal se hagan al Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, se entenderán referidas al Código Penal Federal.

En ese sentido son aplicables las reglas del Código Penal Federal en cuanto a la prescripción de los delitos, por lo que se desecha la presente iniciativa.

Ahora bien, en cuanto a la propuesta de decretar el arraigo de una persona, este tema fue materia de la reforma al Código Federal de Procedimientos Penales y a otras legislaciones, como se señaló en la consideración octava del presente dictamen, por lo que en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por aquí transcritas y se toman en cuenta para desechar la presente propuesta.

Por cuanto hace a la propuesta de la protección de víctimas, ofendidos y testigos, así como de las demás personas que intervengan en el procedimiento penal, se desecha en virtud de que ya ha quedado sin materia, como se señaló en la consideración cuarta del presente dictamen, por lo que en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por aquí transcritas y se toman en cuenta para desechar la presente propuesta.

En relación a la propuesta de que los procesados y los sentenciados sean recluidos en centros especiales de seguridad, sin perjuicio de que, en el caso de sentenciados, sean asignados a centros penitenciarios que no se encuentren cercanos a su domicilio, es de señalarse que igualmente se desecha la iniciativa en virtud de que la misma ha quedado sin materia, como ha quedado señalado en la consideración octava del presente dictamen, por lo que en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por aquí transcritas y se toman en cuenta para desechar la presente propuesta.

Por último, y en cuanto a la iniciativa que faculta a la autoridad penitenciaria para restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados, igualmente se desecha por haber quedado sin materia con motivo de la Miscelánea Penal, por lo que en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por aquí transcritas y se toman en cuenta para desechar la presente propuesta, las manifestaciones señaladas en la consideración octava del presente dictamen.

Finalmente, debe decirse que resulta loable la intención de los legisladores, pero sus iniciativas han sido satisfechas con las reformas constitucionales y legales en comento, por lo las mismas deben desecharse, pero no se pasa inadvertido su trabajo, por lo que se les hace un distinguido reconocimiento a su pretensión de fortalecer las legislaciones que fundamentan el sistema penal mexicano.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Justicia sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

Acuerdo

Primero. Se desechan las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados; de la Ley de la Policía Federal Preventiva; de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, descritas en el Capítulo de Antecedentes del presente dictamen.

Segundo. Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de enero de 2009.
Por la Comisión de Justicia, diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Carlos Alberto Navarro Sugich , Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), secretarios; Mónica Arriola, Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Luis Enrique Benítez Ojeda , Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), José Manuel del Río Virgen , Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Arturo Flores Grande , Silvano Garay Ulloa , Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Andrés Lozano Lozano , Omeheira López Reyna , Victorio Rubén Montalvo Rojas , Jesús Ricardo Morales Manzo , Mario Eduardo Moreno Álvarez , Silvia Oliva Fragoso , Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que ningún legislador nos ha solicitado la palabra, lo reservamos para su votación en conjunto. Continúe.



LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LAS CONDUCTAS DELICTIVAS QUE CONFORMAN LA TRATA DE PERSONAS

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : «Dictamen de la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y del Código Federal de Procedimientos Penales, y expide la Ley General para prevenir y sancionar las Conductas Delictivas que conforman la Trata de Personas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia, le fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y del Código Federal de Procedimientos Penales, y que expide la Ley General para Prevenir y Sancionar las Conductas Delictivas que Conforman la Trata de Personas.

Esta Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en fecha 6 de diciembre de 2006 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la diputada Ana María Ramírez Cerda , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y del Código Federal de Procedimientos Penales, y que expide la Ley General para Prevenir y Sancionar las Conductas Delictivas que Conforman la Trata de Personas.

Segundo. La Mesa Directiva en esa misma fecha, mediante oficio número D.G.P.L. 60-II-3-216, acordó se turnara a la Comisión de Justicia.

Contenido de la iniciativa

Primera. Señala la diputada que las difíciles condiciones de vida que enfrentan los países menos desarrollados han propiciado diversas conductas que atentan directamente contra la dignidad de la persona y el respeto de los derechos humanos.

El tráfico de personas es el tercer mayor negocio transfronterizo, sin embargo algunos cálculos indican incluso que la trata de personas pronto ocupará el primer lugar por su alta rentabilidad, los traficantes ganan entre cuatro mil y cincuenta mil dólares por persona, dependiendo del lugar de origen y destino de la víctima, afirma.

Segundo. Señala la iniciante que México ha sido identificado como un país de origen, tránsito y destino de trata de personas. La mayoría de las víctimas que llegan o pasan por el país son centroamericanos con destino a Canadá, o Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos estima que de las 800 mil a 900 mil personas que son tratadas anualmente, 18 mil a 20 mil van a los Estados Unidos, México es uno de los lugares primordiales de tránsito en este mercado.

Tercero. La iniciativa propone crear la normatividad necesaria para prevenir y sancionar las conductas relacionadas con la trata de personas, esto a través de una Ley Especial, además de reformar el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales para incluir a la trata de personas como delito grave, y por último reformar el artículo 2º de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada para incluir el delito de trata de personas dentro del régimen de excepción, y dichas conductas sean investigadas a través de las reglas especiales de la delincuencia organizada.

Consideraciones

Primero. Sin duda la trata de personas ha sido uno de los flagelos sobre los cuales el Congreso de la Unión y el Estado Mexicano han puesto especial énfasis durante los últimos años.

México suscribió la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, ratificada por el Senado en 2002; posteriormente el 27 de marzo de 2007 se reformó el Código Penal Federal en el que se tipifica el delito y se establece como bien jurídico tutelado ``el libre desarrollo de la personalidad'' en lugar de la moral pública; en ese mismo año, pero el 27 de noviembre, se publicó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; asimismo se reformó el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en los términos propuestos por la autora de la iniciativa que nos ocupa.

Segundo. Ciertamente, la iniciativa en estudio se propuso antes de que se expidiera la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, por lo que ha quedado sin materia al encontrarse ya recogido su espíritu en la Ley vigente.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Justicia:

Acordó

Primero. Se deseche la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y del Código Federal de Procedimientos Penales, y que expide la Ley General para Prevenir y Sancionar las Conductas Delictivas que conforman la Trata de Personas.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de enero de 2009.
Por la Comisión de Justicia, diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Carlos Alberto Navarro Sugich , Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), secretarios; Mónica Arriola, Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Luis Enrique Benítez Ojeda , Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), José Manuel del Río Virgen , Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Arturo Flores Grande , Silvano Garay Ulloa , Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Andrés Lozano Lozano , Omeheira López Reyna , Victorio Rubén Montalvo Rojas , Jesús Ricardo Morales Manzo , Mario Eduardo Moreno Álvarez , Silvia Oliva Fragoso , Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo quien nos haya solicitado la palabra, se reservan para su votación en conjunto. Continúe.



LEY DE AGUAS NACIONALES

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : «Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 37 Bis de la Ley de Aguas Nacionales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, le fue turnada, para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 Bis de la Ley de Aguas Nacionales.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 14 de marzo de 2006, el diputado Israel Téntory García, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 Bis de la Ley de Aguas Nacionales.
2. En la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva dictó el trámite de la Iniciativa de referencia, turnándola a la Comisión de Recursos Hidráulicos para su análisis y dictamen.

Contenido de la iniciativa

En la exposición de motivos, el iniciador plantea que la disposición establecida en el artículo 37 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, vigente, que a la letra dice: ``Artículo 37 Bis. ``La Comisión'' podrá establecer definitiva o temporalmente instancias en las que se gestionen operaciones reguladas de transmisión de derechos que se denominarán ``bancos del agua'', cuyas funciones serán determinadas en los reglamentos respectivos.'', presenta una ambigüedad sobre el tipo de bancos de agua que el país requiere; por lo que propone reformar dicho artículo, modificando la denominación ``bancos de agua'', para llamarlos ``bancos públicos de agua''.

Señala que la creación de dichos bancos, es una medida pionera en México, orientada a la redistribución de los recursos hídricos con criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad, en razón del interés por dar respuesta a los conflictos, la competencia y el aumento de la escasez de agua en el país.

Expone que, aunque los bancos de agua pueden ser instrumentos útiles de política pública para enfrentar este tipo de problemas, con su creación, no se trata de privatizar el agua para una gestión integrada y sustentable del recurso.

Expresa que el agua es un bien común y, por ello, no puede ser poseída como propiedad privada, ni vendida como tal, convertida en simple mercancía con márgenes de utilidad; ya que si prevalece el interés privado sobre el público, se corre el riesgo de que la finalidad primordial del banco del agua sea la rentabilidad financiera.

Señala la existencia de experiencias negativas en países donde se ha regulado la transmisión de derechos de agua bajo esquemas privados, y que donde el tema ha sido dominado por conceptos de libre mercado y desregulación, los arreglos institucionales para la gestión integral del agua han fracasado.

Asume que los bancos del agua son asuntos de gobernabilidad y sustentabilidad así como de eficacia económica; por ello, el iniciador advierte que deben evaluarse con mucho cuidado los efectos económicos, sociales y ambientales causados por los cambios de uso del agua.

Según el iniciador, se trata de que el uso del agua sea efectivamente un fin social y ambientalmente beneficioso, o de otro modo se deben revocar los derechos. Los bancos públicos del agua deben ser instrumentos que garanticen la asignación eficiente de los derechos de agua, bajo control público.

Estima que los bancos públicos del agua ofertarán los derechos del agua y procederán a su cesión estableciendo precios de compraventa acordes con los costes de obtención del recurso y su rentabilidad económica, en términos de ahorro y eficiencia de los usos y gestión de la demanda.

Asume que dichos bancos se pueden conformar con recursos hídricos provenientes de ahorros producto de modernizaciones de regadíos y de redes de abastecimiento a poblaciones, así como de aportaciones voluntarias de derechos por usuarios determinados, entre otros.

Se trata, expone el iniciador, de que los organismos de cuenca sean autorizados para realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de uso de agua, para cederlos a otros usuarios mediante el precio que el propio organismo oferte.

Finalmente, propone reformar el artículo 37 Bis, y adicionar los párrafos segundo, tercero y cuarto al mismo artículo de la Ley de Aguas Nacionales para que diga:

``Artículo 37 Bis. ``La Comisión'' podrá establecer definitiva o temporalmente instancias en las que se gestionen operaciones reguladas de transmisión de derechos que se denominarán ``bancos públicos del agua''.
Los bancos públicos del agua formarán parte de la estructura orgánica de los Organismos de Cuenca. A través de los bancos públicos del agua los Organismos de Cuenca realizarán ofertas públicas de adquisición temporal o definitiva de derechos de agua para, posteriormente, cederlos en todo o en parte preferentemente a usos ambientales o para las personas físicas o morales interesadas en adquirirlos, mediante el precio que el propio Organismo oferte. La contabilidad y registro de operaciones que se realicen al amparo de este precepto se llevará separadamente respecto al resto de actos en que puedan intervenir los Organismos de Cuenca.
Las entidades federativas y municipales podrán solicitar de los bancos públicos del agua la realización de ofertas de adquisición de determinados derechos de agua indicando las finalidades a que deberán ser destinados. En estos casos y mediante convenio, las entidades federativas y los municipios podrán participar en el financiamiento de las labores de los bancos públicos del agua.
Las aguas nacionales y bienes inherentes generados como consecuencia de los procedimientos de suspensión, extinción, restricción, revocación o servidumbre serán puestos a disposición de los bancos públicos del agua para el cumplimiento de sus funciones.''

Al respecto, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora expresamos las siguientes:

Consideraciones

Coincidimos plenamente con el iniciador, en cuanto a que el agua, por su naturaleza, es un bien común que no puede ser poseído como propiedad privada, ni vendida como tal convirtiéndola en simple mercancía cuya enajenación produzca márgenes de utilidad. En consecuencia, coincidimos también, en que los bancos del agua, instancia que pudiera establecer la Conagua, para que en ellos se gestionen operaciones reguladas de transmisión de derechos, y cuyas funciones serán determinadas en los reglamentos respectivos, no tienen como finalidad la rentabilidad financiera que produzca ganancia alguna, en ningún plazo.

En cuanto a la ambigüedad que, según el iniciador, presenta el artículo 37 Bis de la Ley vigente, respecto al tipo de bancos del agua que el país requiere, estimamos que la interpretación de la disposición contenida en el artículo de referencia, no debe hacerse de manera aislada, sino en el contexto de la Ley.

Es de observarse que el artículo 37 Bis que nos ocupa, es parte del capítulo V de la Ley, denominado ``Transmisión de Títulos'', en el cual, se establece que los títulos de concesión, así como los permisos de descarga podrán transmitirse con base en las disposiciones del propio Capítulo V, y aquellas que prevea la Ley y sus reglamentos.

El artículo 33 de la propia ley, prevé que en el caso de cambio de titular, sin modificar las características del título de concesión, procederá la transmisión mediante solicitud por escrito presentada ante la ``autoridad del agua'', quien emitirá el acuerdo correspondiente, así como la inscripción en el REPDA, asimismo, dispone que en caso de posibles afectaciones a los derechos de terceros, conforme a los reglamentos de la Ley, o de posibles alteraciones o modificaciones a las condiciones hidrológicas o ambientales de las respectivas cuencas o acuíferos, se requiere (para la transmisión) autorización previa de la Autoridad del Agua, quien podrá otorgarla, negarla o instruir los términos y condiciones bajo los cuales se otorgue la autorización solicitada.

Adicionalmente, el artículo 34, establece que la Autoridad del Agua, mediante acuerdo de carácter general, por cuenca hidrológica, entidad federativa, zona o localidad, podrá autorizar las transmisiones de títulos dentro de una misma cuenca hidrológica o acuífero, mediando una solicitud fundada y motivada, siempre y cuando no se afecte el funcionamiento de los sistemas hidrológicos y se respete la capacidad de carga de los mismos. Señala también, los plazos y condiciones para la inscripción de transmisión de títulos en el REPDA, así como los derechos y obligaciones del adquirente de derechos.

Por su parte, el artículo 35 prevé la transmisión de derechos en zonas de veda o reglamentadas, con las mismas atribuciones de autorización a favor de la autoridad del agua, quien una vez efectuada la transmisión de derechos, expedirá el título de concesión a favor del adquirente, quien se subrogará en los derechos y obligaciones de la titularidad de la misma.

En ese contexto, resulta congruente la disposición del artículo 37 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, vigente, que faculta a la Autoridad del Agua para que pueda establecer instancias en las que se gestionen operaciones reguladas de transmisión de derechos que se denominarán ``bancos del agua'', cuyas funciones serán determinadas en los reglamentos respectivos.

De dicha disposición se desprende que, si las instancias de referencia podrán ser establecidas por la Comisión Nacional del Agua, estaríamos frente a instancias de carácter público y, desde luego, subordinadas a la autoridad del agua, en virtud de la incompetencia jurídica de la Conagua, para establecer entes privados o fuera de su ámbito de competencia.

La disposición del artículo 37 Bis, en vigor, es clara; se trata de regular los procedimientos para que los titulares de concesiones puedan efectuar la transmisión de de derechos, con apego a las disposiciones previstas en la Ley.

Por lo antes expuesto, esta comisión dictaminadora considera innecesario modificar la denominación de las instancias que puede establecer la Conagua, en las que se gestionen operaciones reguladas de transmisión de derechos, establecidas en el artículo 37 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, vigente.

Por otro lado, tanto la Constitución como la ley, reconocen el carácter público del recurso hídrico, y establecen que la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, solo puede realizarse mediante concesión otorgada por el Ejecutivo federal. Dichas concesiones, conforme lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley, son otorgadas a través de la Conagua o por medio de sus Organismos de Cuenca.

El párrafo sexto del artículo 27 constitucional, prevé que sobre las aguas nacionales, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes.

En ese tenor, en la Sección Segunda del Capítulo VIII del Título Primero de la Ley Federal de Derechos, artículos 192 a 192-C, se establecen las cuotas en concepto de derechos por el estudio, trámite y, en su caso, autorización de la expedición o prórroga de títulos de concesión o asignación, o de permisos o autorizaciones de transmisión, incluyendo su posterior inscripción en el REPDA.

Asimismo, el Capítulo VIII del Título Segundo de la Ley Federal de Derechos, artículos 222 a 229, establece el derecho sobre agua, a cuyo pago están obligadas las personas físicas y las morales que usen, exploten o aprovechen aguas nacionales, de acuerdo con la zona de disponibilidad en que se efectúe su extracción.

Por su parte, la fracción IV del artículo 29 de la Ley de Aguas Nacionales, establece la obligación de los concesionarios, de pagar puntualmente conforme a los regímenes que al efecto establezca la ley correspondiente, los derechos fiscales que se deriven de las extracciones, consumo y descargas volumétricas que realice en relación con la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales que le hayan sido concesionadas o asignadas; el incumplimiento de esta fracción por más de un ejercicio fiscal será motivo suficiente para la suspensión y, en caso de reincidencia, la revocación de la concesión o asignación correspondiente.

Con base en las disposiciones antes referidas, esta comisión dictaminadora estima improcedente la propuesta de establecer bancos públicos del agua, a través de los cuales los Organismos de Cuenca realicen ofertas públicas de adquisición de derechos de agua para cederlos a las personas físicas o morales interesadas en adquirirlas, mediante el precio que el propio organismo oferte.

Asimismo, consideramos improcedente la propuesta de establecer que las entidades federativas y los municipios puedan solicitar a bancos públicos del agua, la realización de ofertas de adquisición de determinados derechos de agua, y que participen en el financiamiento de las labores de los multicitados bancos públicos del agua; en virtud de que los bancos serían instancias del gobierno federal, y que las entidades federativas y los municipios serían solicitantes de ofertas y adquirentes de los derechos de agua y, a la vez, financiadores de los bancos, lo que se traduciría en un conflicto de intereses del adquirente financiador, y en un contrasentido de que el municipio o la entidad federativa financien el funcionamiento de un ente público federal.

Por último, es improcedente la propuesta de establecer: ``Las aguas nacionales y los bienes inherentes generados como consecuencia de los procedimientos de suspensión, extinción, restricción, revocación o servidumbre, serán puestos a disposición de los bancos públicos del agua para el cumplimiento de sus funciones''; en virtud de que dichos procedimientos no son generadores de aguas nacionales y bienes inherentes a éstos; adicionalmente, en el supuesto de que la propuesta se refiriere a los derechos de agua, éstos tampoco se generan con los procedimientos planteados, ya que la suspensión se levanta cuando el usuario infractor regulariza su situación administrativa, o cuando así lo resuelva la autoridad competente, recobrando el usuario el ejercicio pleno de sus derechos de agua. En cuanto a la extinción, ésta extingue totalmente la vida jurídica del título de que se trate y, en consecuencia, los derechos de agua de su titular. Por su parte, la revocación es una resolución administrativa con efectos de extinción del título y los derechos de agua de su titular.

Respecto a las restricciones de uso de agua y las servidumbres, las primeras se refieren a la facultad de la autoridad del agua, para negar las concesiones o permisos de descarga; y las segundas las impone la misma autoridad sobre bienes de propiedad pública o privada (predios) para ocupar áreas indispensables para la correcta gestión del recurso hídrico.

Por lo anterior expuesto y fundado, la Comisión de Recursos Hidráulicos presente a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, presentada por el diputado Israel Téntory García, el 14 de marzo de 2006.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2008.
Por la Comisión de Recursos Hidráulicos, diputados: Jesús Manuel Patrón Montalvo (rúbrica), presidente; Antonio Medellín Varela (rúbrica), Lourdes Alonso Flores , Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Cuitláhuac Condado Escamilla, José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán (rúbrica), secretarios; Pedro Armendáriz García , Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Modesto Brito González (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Diego Cobo Terrazas , Felipe González Ruiz (rúbrica), David Lara Compeán (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica en contra), Irineo Mendoza Mendoza , Pedro Montalvo Gómez (rúbrica), Héctor Hugo Olivares Ventura , Antonio Ortega Martínez (rúbrica), José Inés Palafox Núñez , Francisco Javier Paredes Rodríguez (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés , Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica), Ramón Salas López , Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), César Augusto Verástegui Ostos (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. Ningún legislador nos ha solicitado el uso de la palabra. Se reserva para su votación en conjunto. Continúe.



LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : «Dictamen de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma las Leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Esta Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 7 de diciembre de 2006, el diputado Mauricio Ortiz Proal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

2. La Mesa Directiva, mediante oficio número: D.G.P.L. 60-II-3-215, de 7 de diciembre de 2006, acordó se turnara la iniciativa a la Comisión de Justicia.

Contenido de la iniciativa

Establece el diputado proponente que uno de los principales valores que debe resguardar la función judicial en cualquiera de sus ámbitos es el respeto a los principios generales del derecho que rigen en materia procesal, entre los cuales destaca sin duda por su importancia el de publicidad.

Dicha importancia, se observa aún más en la materia electoral, en la que se dirimen controversias de índole jurídica de la mayor importancia, relacionadas con los derechos fundamentales político-electorales de los ciudadanos y, también, los diferendos relativos a los partidos políticos, que son --como señala nuestra Constitución federal-- entidades de interés público.

Es necesario denunciar que en la actualidad existe una lamentable falta de apego a lo dispuesto por la ley en relación con este tema, ya que con absoluta precisión la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala en el artículo 185, refiriéndose al trabajo de las salas del tribunal electoral, que ``sus sesiones de resolución jurisdiccional serán públicas''.

Asimismo, en concordancia con lo referido, el artículo 24 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral confirma el deber que tienen los magistrados de sesionar públicamente cuando se trata de emitir resoluciones. Dicho precepto señala: ``Las salas del tribunal electoral dictarán sus sentencias en sesión pública, de conformidad con lo que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Reglamento Interno del propio tribunal''.

La ley no autoriza expresamente la realización de sesiones privadas; es más: simplemente, no las prevé. Sin embargo, existen y en ellas se votan resoluciones jurisdiccionales, en franca contravención de la ley. El diputado afirma que no cuestiona el derecho e incluso la necesidad que tienen los magistrados de trabajar en el estudio de los asuntos fuera de sesión todo lo que se requiera, pero que es absurdo ver que los promoventes deambulan por los pasillos del tribunal indagando, como si se tratara de algo prohibido, sobre las resoluciones que se acuerdan en las llamadas ``sesiones previas'' o ``privadas'', que más bien parecen secretas.

Abunda aún más el diputado diciendo que por respeto a un principio elemental de transparencia y certeza, todas las sesiones de las salas superior y regionales del tribunal electoral deben ser públicas, pues no existe razón que justifique que deba ser de otro modo.

Por lo anterior, la iniciativa propone adecuar el marco jurídico que ya previene la publicidad de las sesiones de resolución, de las salas del tribunal electoral, para que en lo sucesivo, todas las sesiones del citado tribunal, sin excepción, se realicen de manera pública, para que los magistrados trabajen de cara a la ciudadanía y a los partidos políticos, para el bien de la democracia y de la transparencia en la resolución de las controversias electorales.

Consideraciones

Primera. Esta comisión estima pertinente realizar las siguientes consideraciones jurídicas:

El derecho de acceso a la información, se inscribe plenamente en la agenda democrática de México, y se inscribe como un derecho fundamental, al menos por dos razones: la primera, porque protege un bien jurídico valioso en sí mismo (que los ciudadanos puedan saber y acceder a información relevante para sus vidas) y en segundo lugar, porque sobre él se erige la viabilidad de un sistema democrático, porque cumple una función vital para la República, que los ciudadanos conozcan el quehacer, las decisiones y los recursos que erogan sus autoridades elegidas mediante el voto.

Puede decirse incluso que una de las piedras angulares de las democracias contemporáneas son las libertades de expresión y de información. En efecto, hoy se reconoce ampliamente que la información es una condición necesaria para la realización del estado democrático. Dicho de manera más simple, sin información no hay democracia posible.

Esta afirmación, que puede parecer obvia, resulta sin embargo extraordinariamente compleja cuando se traduce en su dimensión jurídica. En efecto, las rápidas transformaciones de las sociedades contemporáneas han generado una modificación sustantiva de la concepción de la libertad de expresión, para darle un nuevo contenido que comprende no sólo a los sujetos activos de la libre emisión de ideas u opiniones (que se encuentra consagrada en nuestro artículo 6º constitucional y cuyos orígenes están enraizados en toda la tradición constitucional mexicana) sino también, a los derechos de todos aquellos que las reciben o incluso, que las buscan activamente.

En este proceso de interpretación sobre el alcance de la naturaleza jurídica del artículo 6° constitucional, ha sido crucial la evolución jurisprudencial que sobre esta materia ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En efecto, nuestro más alto tribunal, en una decisión rendida con motivo de la investigación en relación con la matanza de Aguas Blancas en el estado de Guerrero, estableció que:

``Tal derecho [el de la información] es, por tanto, básico para el mejoramiento de una conciencia ciudadana que contribuya a que ésta sea más enterada, lo cual es esencial para el progreso de nuestra sociedad. Si las autoridades públicas... asumen ante ésta actitudes que permitan atribuirles conductas falta de ética, al entregar a la comunidad una información manipulada, incompleta, condicionada a intereses de grupos o personas, que le vede la posibilidad de conocer la verdad para poder participar libremente en la formación de la voluntad general, incurre en una violación grave a las garantías individuales en términos del artículo 97 constitucional, segundo párrafo, pues su proceder conlleva a considerar que existe en ellas la propensión de incorporar a nuestra vida política, lo que podríamos llamar la cultura del engaño, de la maquinación y de la ocultación, en lugar de enfrentar la verdad y tomar acciones rápidas y eficaces para llegar a ésta y hacerla del conocimiento de los gobernados''. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo III, junio de 1996, tesis P. LXXXIX/96, p. 513).

En esta decisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el derecho a la información constituía una garantía individual, pues sin ese supuesto, difícilmente podría haber apreciado que los hechos en cuestión constituían una violación a las garantías individuales al ejercer la facultad derivada del segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución. En diferentes decisiones, esta interpretación se ha confirmado plenamente, llegando incluso al reconocimiento por parte de la Corte de que su interpretación original, que lo limitaba a una garantía por los partidos políticos, era incorrecta y que se trataba claramente de una garantía individual. Así se desprende de la tesis titulada ``Derecho a la información. La Suprema Corte interpretó originalmente el artículo 6º constitucional como garantía de partidos políticos, ampliando posteriormente ese concepto a garantía individual y a obligación del Estado a informar verazmente.''. Como toda garantía, este derecho encuentra algunos límites, tales como ``los intereses nacionales y los de la sociedad, así como por el respeto a los derechos de terceros''. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Tomo IX, abril de 2000, p. 72).

Ahora bien, es de crucial importancia precisar que, según la doctrina aceptada, el derecho a la información tiene dos vertientes principales. La primera se refiere a los contenidos relacionados con el derecho a informar y que busca proteger el derecho de toda persona de expresar y comunicar por cualquier medio sus ideas y opiniones, y por otro, el derecho a ser informado (que comprende los derechos de investigar y recibir informaciones y opiniones desde la perspectiva del receptor). Desde esta perspectiva, el derecho a ser informado es una de las vertientes del derecho a la información, pero no lo agota.

La reforma constitucional establece las condiciones mínimas que aseguren el derecho de toda persona de tener acceso a la información pública, pero de ninguna manera prejuzga o limita la facultad del Constituyente Permanente de desarrollar en el futuro aspectos relacionados con el derecho a informar.

En otras palabras, la reforma desarrolla una de las vertientes del derecho a la información --en particular el derecho subjetivo de tener acceso a la información gubernamental-- pero de ninguna manera pretende agotar los contenidos del derecho.

Segunda. La iniciativa presentada, pretende ampliar la garantía de acceso a la información pública, es así que como todos los obligados en materia de transparencia y acceso a la información pública, el Poder Judicial de la Federación, del que el Tribunal Electoral es parte, con oportunidad dio cumplimiento a los preceptos correspondientes: mediante el acuerdo conjunto del Pleno de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Federal Electoral y del Consejo de la Judicatura Federal, con el que reglamentó y puso en vigor, en el ámbito de su competencia, las disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; implementó el Canal Judicial, dando una amplia difusión a las actividades de ese alto Tribunal y de otros órganos de impartición de justicia, en los que se pueden apreciar las discusiones en el Pleno de los asuntos de mayor trascendencia para la vida del país, lo que ha permitido ampliar los horizontes de la cultura jurídica y del cumplimiento de la ley. Por otra parte, ha intensificado la difusión de su jurisprudencia, haciendo más accesible su estudio y utilización, por los bajos costos y sistematicidad con la que se publica.

Sin embargo, refiere que los artículos 6º, 16 y 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, prescriben que por regla general las sesiones de la Suprema Corte y Tribunal Electoral serán públicas.

El Poder Legislativo Federal, a través de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Comisión Permanente y la Auditoría Superior de la Federación; el Poder Judicial de la Federación a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y de la Comisión de Administración del Tribunal Federal Electoral; los órganos constitucionales autónomos y los tribunales administrativos; en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán mediante reglamentos o acuerdos de carácter general, los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la información, de conformidad con los principios y plazos establecidos en esta Ley.

El Poder Judicial de la Federación, según se ve, no ha estado cerrado al escrutinio público ni permanece ajeno a la inercia nacional e internacional que acompaña al movimiento de la información y transparencia públicas, logrando a cabalidad la garantía en el ejercicio de un precepto constitucional.

Tercera. La Ley para la Reforma del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2007, creó la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión (CENCA), que tuvo varios grupos de trabajo integrados por legisladores y asesores, a fin de procesar la agenda de temas acordada, quedando a cargo del Grupo de Trabajo de Democracia y Sistema Electoral, el análisis del sistema de justicia electoral mexicano. Como resultado de los trabajos y consensos entre las distintas fuerzas políticas, finalmente el Congreso de la Unión aprobó el decreto que reforma los artículos 6°, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga el tercer párrafo del artículo 97, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estas reformas y adiciones al texto de la norma fundamental llevaron a la expedición de un nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008. No obstante el nuevo marco electoral constitucional y secundario, quedaron pendientes de reformar las normatividades en materia de justicia electoral, entre las que destaca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, misma que debería ser acorde con lo dispuesto por el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reorganizó al Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por otra parte, se estudiaron y discutieron diferentes propuestas, con el objetivo fundamental de reglamentar las disposiciones emanadas de la Constitución, además de incluir ciertas adecuaciones que, sin derivar en forma directa de la reforma constitucional en materia electoral, permitieran dar armonía y coherencia a la legislación electoral federal en su conjunto.

Es así que el 1º de julio de 2008, fue publicado el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con lo cual se dio por concluido el proceso de reforma al sistema electoral mexicano, en su conjunto.

No es óbice para esta Comisión señalar que desde 1996, el artículo 99 constitucional señala que, para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal Electoral funcionará en forma permanente con una Sala Superior y Salas Regionales, y que además sus funciones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. Dicho artículo, pese a haber sido reformado recientemente, preservó dicho mandato. Por su parte, las leyes de la materia se encuentran debidamente armonizadas con el mandato constitucional, por lo que esta Comisión estima que si bien el espíritu de la iniciativa que nos ocupa es loable, su contenido ya se encuentra recogido en el marco constitucional y legal vigente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Justicia sometemos a consideración del pleno de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, señalada en el capítulo de antecedentes de este dictamen.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de enero de 2009.
Por la Comisión de Justicia, diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Carlos Alberto Navarro Sugich , Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), secretarios; Mónica Arriola, Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Luis Enrique Benítez Ojeda , Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), José Manuel del Río Virgen , Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Arturo Flores Grande , Silvano Garay Ulloa , Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Andrés Lozano Lozano , Omeheira López Reyna , Victorio Rubén Montalvo Rojas , Jesús Ricardo Morales Manzo , Mario Eduardo Moreno Álvarez , Silvia Oliva Fragoso , Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que ningún legislador nos ha solicitado la palabra, lo reservamos para su votación en conjunto. Continúe.



LEY GENERAL DE EDUCACION

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : «Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se dese-cha la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura fue turnada, para su estudio y análisis, la minuta con proyecto de decreto que adiciona la fracción XIV al artículo 7o. de la Ley General de Educación, en materia de cultura financiera.

De conformidad con lo enunciado en los artículos 71 y 72 constitucionales, así como en lo dispuesto en los artículos 39, 43, 44 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 60, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se procedió al análisis de la mencionada minuta, por lo que se presenta a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Dictamen

I. Antecedentes

I. En sesión ordinaria del 7 de noviembre de 2006, el senador Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Educación, con el objeto de promover la cultura financiera; en la misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores la turnó a las Comisiones de Educación y Estudios Legislativos.

II. Con fecha del 24 de octubre de 2007, las Comisiones Unidas de Educación, y de Estudios Legislativos, Primera, de la LX Legislatura de la Cámara de Senadores, analizaron y aprobaron el dictamen de la iniciativa en comento.

III. Con fecha 8 de noviembre de 2007, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen en con 53 votos a favor, 21 en contra y 5 abstenciones. En la misma fecha el dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y dictaminación, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Descripción de la minuta

La minuta propone que se agregue la fracción XIV al artículo 7o. de la Ley General de Educación, de manera que se considere entre los fines de la educación ``fomentar y promover la cultura financiera'' con el sustento de que el conocimiento de las finanzas es un coadyuvante a que las condiciones económicas de los individuos tengan la oportunidad de mejorar.

Otra de las razones por las que la Cámara de origen considera importante incluir a la cultura financiera en la Ley General de Educación es el número de reclamaciones hacia el sistema bancario. La exposición de motivos señala que la experiencia de los talleres impartidos por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para el manejo de instrumentos financieros debe trasladarse al nivel básico de la educación pública.

Las consideraciones más importantes de la Cámara de Senadores son:

1. Que la Ley General de Educación es una norma que distribuye competencias y establece la concurrencia de los distintos órdenes de gobierno involucrados en la función social de la educación que brinda el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Se trata de un instrumento que define también los elementos que constituyen el sistema educativo nacional y sus relaciones.
2. Que los fines que el Estado persigue a través de la función social educativa están señalados tanto en el artículo 3o. constitucional, como en el artículo 7 de la ley. La norma suprema señala como criterios de la educación desarrollar armónicamente las facultades del ser humano y fomentar el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la justicia.
3. Que en lo que se refiere a las modificaciones propuestas en la iniciativa para fomentar y promover la cultura financiera en la educación, no contraviene a la Ley Suprema de nuestro país.
4. Que no se le resta mérito a la necesidad de insistir en el fortalecimiento y promoción de la cultura financiera, toda vez que representa un elemento que contribuye a mejorar significativamente la calidad de vida y de administración del patrimonio de las personas.

La redacción que propone la Cámara de Senadores es la siguiente:

Artículo Único. Se adiciona la fracción XIV al artículo 7o. de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 7o. ...
De la I a la XIII. ...
XIV. Fomentar y promover la cultura financiera.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. Consideraciones de la comisión

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, después de analizar la minuta enviada por la Cámara de Senadores, considera que el ahorro es una costumbre que se traduce en beneficios palpables para su persona y la sociedad, y que es una condición necesaria para que un ciudadano realice actividades en el ámbito de las finanzas.

Además, el ahorro total de una nación es una condición necesaria para su crecimiento y desarrollo económicos, como lo reconoce el premio Nobel de Economía de 1987, Robert Solow. Los bajos niveles de ahorro privado en México se muestran en las estadísticas del Fondo Monetario Internacional, 1 y puede observarse que este ha decrecido consistentemente entre el año 2000 donde era del orden del 20.6 por ciento del producto interno bruto (PIB) y se redujo hasta el 18.1 por ciento en el 2006.

Esta comisión considera que no obstante su importancia, el nivel de ahorro en un país per se no es una condición suficiente para garantizar que haya crecimiento económico, pues el sector financiero juega un papel preponderante en la transferencia de recursos de los ahorradores hacia las personas que requieren financiamiento. El mismo Fondo Monetario Internacional publica que la inversión privada, que va de la mano con el ahorro, tenía un nivel de 17.8 por ciento del PIB en 2000 y pasó a ser de 16 por ciento en el año 2006. Lo anterior refleja la agenda pendiente en términos de competencia y eficiencia del sector financiero en México, y su papel como ``facilitador de crédito'' ya que en los países desarrollados los datos de ahorro e inversión privada son prácticamente iguales.

Más aún, esta comisión coincide con la opinión oficial emitida por la Secretaría de Educación Pública, con fecha 19 de diciembre de 2007, donde destaca que:

``La Ley General de Educación no es la forma o medio apropiado para establecer los temas o contenidos específicos de la educación, como pretende la minuta en estudio [...] para ello existe la vía administrativa, es decir, los acuerdos secretariales mediante los cuales la autoridad educativa determina los contenidos de la educación, a través de los respectivos planes y programas de estudio, que en el caso de la educación básica, normal y demás para la formación de maestros de educación básica, corresponde determinar a la autoridad educativa federal, conforma a los fines y criterios establecidos en la propia ley (artículos 12, fracción I y 48 de la Ley General de Educación).''

Aunado a lo anterior, otro elemento considerado por esta comisión en el análisis de la minuta en cuestión, es que el fomento del ahorro ya está considerado como uno de los fines educativos establecidos en la fracción XII del artículo 7o. de la Ley General de Educación, que a la letra dice:

``Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:
...
XII. Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general.
...''

Es importante señalar que el plan y programa de estudio para la educación primaria (SEP, 1993) señala:

``A la escuela primaria se le encomiendan múltiples tareas. No sólo se espera que enseñe más conocimientos, sino también que realice otras complejas funciones sociales y culturales. Frente a esas demandas, es indispensable aplicar criterios selectivos y establecer prioridades, bajo el principio de que la escuela debe asegurar en primer Jugar el dominio de la lectura y la escritura, la formación matemática elemental y la destreza en la selección y el uso de información. Sólo en la medida en que cumpla estas tareas con eficacia, la educación primaria será capaz de atender otras funciones''.

Por otra parte, esta comisión reconoce que la fracción tercera del artículo 3o. constitucional establece que será el Ejecutivo federal quién determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, se tomará en cuenta la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale.

Asimismo, se considera que, tanto el artículo 7o. como el 8o. de la Ley General de Educación hablan de fines y propósitos generales y universales, no de contenidos específicos, mismos que corresponde al Poder Ejecutivo determinar por medio de la Secretaría de Educación Pública.

Aunado a lo anterior, cabe señalar que en el marco de sus atribuciones, desde 2007 la Secretaría de Educación Pública impulsa un programa de educación financiera para la educación básica; además, recientemente se anunció que las finanzas serían uno de los contenidos de los programas de educación primaria diseñados en el marco de la reforma curricular 2009. Así pues, se considera innecesario modificar la ley para plasmar un programa que ya se está implementando en las escuelas de educación básica.

Por otro lado, en lo que representa un esfuerzo notable, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras ha implementado programas para informar y asesorar a los usuarios de los servicios financieros, que en su mayoría son poseedores de tarjetas de crédito, sobre los límites, los riesgos y las formas en que se calculan los pagos que estos productos financieros implican.

Finalmente en el mes de octubre del 2008, se realizó la Semana Nacional de Educación Financiera, en la que participaron autoridades del sector, instituciones académicas e instituciones comerciales del mismo, hecho que demuestra un interés claro y acciones coordinadas de distintos actores de la sociedad en el enriquecimiento de la cultura financiera.

Por lo anteriormente expuesto, y para los efectos de lo dispuesto por la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación, remitida por la honorable Cámara de Senadores y turnada a esta comisión el 12 de noviembre de 2007.

Nota: 1 Fondo Monetario Internacional. México, 2007, article 4 consultation.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2009.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Leobardo Curiel Preciado , Delber Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo , Abundio Peregrino García (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres , Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Faustino Javier Estrada González , Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), María Gabriela González Martínez (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro , Sergio Hernández Hernández , Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Adolfo Mota Hernández , Francisco Javier Murillo Flores (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez, Sagrario María del Rosario Ortiz Montoro (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán , José Luis Varela Lagunas (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no ha habido legislador que nos solicite la palabra, lo reservamos para su votación en conjunto. Continúe.



LEY GENERAL DE EDUCACION

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : «Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma la fracción X del artículo 7o. de la Ley General de Educación

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura le fue turnada, para su estudio y análisis, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 7o. de la Ley General de Educación, en materia de prevención de adicciones.

De conformidad con lo enunciado en los artículos 39, 43, 44 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los artículos 56, 60, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se procedió al análisis de la mencionada minuta, presentando a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Dictamen

I. Antecedentes

1. Con fecha 6 de diciembre de 2007, la diputada federal Guadalupe Socorro Flores Salazar , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 7o. de la Ley General de Educación.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unió, turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo correspondiente y procedió al análisis de la propuesta.

II. Descripción de la iniciativa

La diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar aborda en su iniciativa un tema que, a juicio de esta comisión, resulta de suma importancia para nuestro país: la prevención de adicciones.

En sus argumentos, la diputada sostiene que una de las situaciones a las que están expuestos los jóvenes de nuestro país --29 millones de personas de entre 15 y 29 años de edad-- es el consumo de alcohol y tabaco. Afirma que, de acuerdo con especialistas, ``los adolescentes enfrentan mayor riesgo de caer en el alcoholismo, debido a las características de la personalidad propias de la edad''; otro factor que propicia la adicción es la imitación de conductas de los adultos.

Señala la promovente que los jóvenes suelen consumir alcohol ``de manera excesiva, ascendente y con mayor frecuencia y también a caer en el consumo de otras drogas. Expertos indican que el alcoholismo en los jóvenes es un serio problema de salud pública, y los que se hallan en el rango de 17 a 29 años de edad consumen mayor cantidad de alcohol''.

La diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar señala los siguientes datos de la Encuesta Nacional de Adicciones 2002:

-- 41.7 por ciento de la población de 12 a 29 años es bebedora actual.
-- El patrón de consumo de alcohol en los jóvenes de 18 a 29 años es de 47.5 por ciento.
-- 37.3 por ciento de los jóvenes del Distrito Federal de entre 12 y 17 años de edad son bebedores actuales.
-- Alrededor de 14.6 por ciento de los consumidores varones de alcohol ya tienen una condición de dependencia, situación que se presenta en 3.1 por ciento de las mujeres.

Respecto al tabaquismo, la diputada retoma datos de la Encuesta de Tabaquismo en Jóvenes 2003:

-- Una de las características en los estudiantes de secundaria de 12 a 15 años que consumen tabaco se relaciona con el entorno en el que viven.
-- La ciudad de Puebla tiene el porcentaje más alto de jóvenes fumadores, con 7.5 por ciento de estudiantes de secundaria que empezaron a fumar diariamente antes de los 10 años.
-- En el Distrito Federal se encuentra el mayor porcentaje de mujeres jóvenes que fuman actualmente.

La promovente concluye que ``el ambiente escolar representa un eje importante y materia prima para aprender aspectos básicos de socialización, como la participación responsable, la solidaridad, la amistad y los hábitos saludables. El espacio escolar debe ser uno de los medios idóneos para procurar y formar estudiantes conscientes de su propia dignidad de personas, hábiles en la toma de decisiones responsables, fomentando en ellos el compromiso con su bienestar, el de su familia y el de su comunidad''.

En consecuencia, propone9 que la educación que imparta el Estado se oriente a la protección de los jóvenes contra las adicciones, mediante programas obligatorios que formen estudiantes con estilos de vida saludables, a través de la reflexión de sus conductas. La propuesta de decreto está expresada en los siguientes términos:

Artículo Único. Se reforma la fracción X del artículo 7o. de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:
I. a IX. ...
X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos para crear conciencia sobre la preservación de la salud, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto de la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios, inculcando los principios de una vida sana, libre de adicciones. La educación fortalecerá el entendimiento sobre los problemas y las consecuencias del alcoholismo, drogadicción y tabaquismo, a través de programas de comportamientos saludables que ayuden en la prevención y control de las adicciones.
XI. a XIII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Educación Pública, conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley General de Educación, actualizará los programas y planes de estudio obligatorios a más tardar en el siguiente ciclo escolar a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

III. Consideraciones de la Comisión

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos coincide con la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar en la preocupación por el incremento de las adicciones en los adolescentes y jóvenes mexicanos, y reconoce que el tabaquismo, el alcoholismo y la drogadicción constituyen serios problemas de salud pública. La intervención del gobierno es indispensable para evitar que las adicciones incidan de manera negativa en el tejido social.

Esta comisión también coincide con la promovente respecto a la intención de que en los fines educativos plasmados en la Ley General de Educación se establezca de manera más explícita la prevención de adicciones.

Así, sin el ánimo de vulnerar las facultades que la ley establece para cada dependencia del sector público en cuanto a las acciones presentes y futuras en materia de prevención, control y atención de las adicciones, se coincide con la promovente en la propuesta de modificación de la fracción X del artículo 7o. de la Ley General de Educación, de manera que el tema de la prevención de adicciones se considere como uno de los fines de la educación, y se le otorgue certeza jurídica a esta política pública de vital importancia para nuestro país.

Asimismo, en opinión de esta comisión dictaminadora la propuesta de incorporar el concepto de adicciones en la citada fracción es procedente, toda vez que amplía y actualiza su contenido. De acuerdo con el Diccionario de la lengua española, el concepto vicio puede interpretarse como una ``mala costumbre'' o un ``hábito de obrar mal'', e incluso es sinónimo de ``mancha o defecto'', es decir, tiene una connotación moral, mientras que la palabra adicción refiere a la condición orgánica o fisiológica que presentan las personas que dependen de alguna sustancia o droga.

En este tenor, en abril de 2008 fue aprobada por esta soberanía la minuta que reforma la fracción X del artículo 7o. de la Ley General de Educación, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio del presente año, en los siguientes términos:

``Artículo 7o. ...
De la I. a la IX. ...
X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos, para crear conciencia sobre la preservación de la salud, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones fomentando el conocimiento de sus causas riesgos y consecuencias:
XI. XIII. ...''

Como puede apreciarse, el sentido de la iniciativa de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar está contenido en la reforma citada, por lo que esta comisión la considera atendida. La dictaminadora reconoce el trabajo e intención de la propuesta de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar , pero se estima suficiente y preciso lo establecido actualmente en la fracción X del artículo 7o. de la Ley General de Educación respecto al tema de la prevención de adicciones.

Por las razones anteriormente expuestas, los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos someten ante el pleno de la Honorable Cámara de Diputados, LX Legislatura, el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma la fracción X del artículo 7 de la Ley General de Educación, presentada por la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 13 de diciembre de 2007.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2009.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Leobardo Curiel Preciado , Delber Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo , Abundio Peregrino García (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres , Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Faustino Javier Estrada González , Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), María Gabriela González Martínez (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro , Sergio Hernández Hernández , Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Adolfo Mota Hernández , Francisco Javier Murillo Flores (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez, Sagrario María del Rosario Ortiz Montoro (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán , José Luis Varela Lagunas (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Están a discusión los puntos de acuerdo.

En virtud de que no se ha registrado orador alguno, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

Por lo que se refiere a los tres dictámenes sobre minutas, devuélvanse a la Cámara de Senadores para los efectos de la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



ESTADO DE TAMAULIPAS

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es el de dictámenes a discusión con puntos de acuerdo.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se lean los encabezados.

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se lean los encabezados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se autoriza.

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Función Pública, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profepa a verificar el cumplimiento de condicionantes en materia de impacto ambiental para la construcción y operación del libramiento poniente en Tampico, Tamaulipas; y a la Secretaría de la Función Pública, a auditar la delegación de esa procuraduría en dicha entidad

Honorable Asamblea:

Las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Función Pública de la Cámara de Diputados, con base en las facultades que les confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XVIII, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea el siguiente dictamen, sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a verificar el cumplimiento de condicionantes en materia de impacto ambiental para la construcción y operación del libramiento poniente en Tampico, Tamaulipas; y a la Secretaría de la Función Pública, a realizar una auditoría a la delegación de la Profepa en dicha entidad.

Antecedentes

I. La proposición que se dictamina fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2430-I, el 23 de enero del 2008, y presentada ante la Comisión Permanente en esa fecha por el diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
II. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente la turnó para estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Función Pública, con el número de expediente 3300.
III. Recibida en la Comisión Medio Ambiente y Recursos Naturales y una vez sometida a estudio y análisis, se preparó un proyecto de dictamen, en sentido positivo, el cual fue sometido a consideración y discusión del pleno de dicha comisión, que lo aprobó en la sesión celebrada el 9 de diciembre de 2008, por 17 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
IV. Recibida en la Comisión de la Función Pública y una vez sometida a estudio y análisis, se preparó un proyecto de dictamen, en sentido positivo, el cual fue sometido a consideración y discusión del pleno de dicha comisión, que lo aprobó en la sesión celebrada el 8 de octubre de 2008, por 17 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.

Análisis de la proposición

El proponente fundamenta su proposición en la problemática que se suscita en el libramiento poniente localizado en la zona noroeste de Tampico, debido a que sobre esa vía transita un número importante de transportadores de materiales y residuos peligrosos, situación preocupante debido a la posible contaminación en el sistema lagunario que cruza el libramiento poniente de esa ciudad, donde puede ocurrir algún accidente durante la transportación de los mencionados residuos.

Debido a lo anterior, el 9 de diciembre de 2005, el licenciado Fernando Azcárraga López, presidente municipal de Tampico, en representación del Consejo Técnico para la Implantación del Plan de Prevención de Accidentes en el Libramiento, solicitó al delegado de la Profepa en Tamaulipas que se realizara una verificación del cumplimiento de condicionantes ambientales establecidas en el oficio resolutivo número A.O.O.DGNA.-10307, emitido por el Instituto Nacional de Ecología (INE) en 1994, relativo a la construcción y operación del libramiento poniente en Tampico, Tamaulipas; información que le fue negada toda vez que no se le consideró parte del procedimiento administrativo que estaba llevando a cabo.

Por tanto, solicita que se exhorte a la Profepa a informar a esta soberanía sobre el seguimiento realizado al procedimiento administrativo número PFPA/TAMPS/54/0032-06, radicado en los expedientes que obran en la delegación de Tamaulipas, relativo a la verificación del cumplimiento de condicionantes en materia de impacto ambiental para la construcción y operación del libramiento poniente en Tampico, Tamaulipas, establecidas en el oficio resolutivo número A.O.O.DGNA.-10307, emitido por el INE en 1994.

De igual manera, solicita que se exhorte a la Secretaría de la Función Pública a efecto de que a través del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente se realice una auditoría en la delegación de la Profepa en Tamaulipas, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las solicitudes de acceso a la información.

Consideraciones

Primera. La fracción IV del artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que uno de los principios que deberá observar el Ejecutivo federal para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta ley en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente es que quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como asumir los costos que dicha afectación implique. Asimismo, debe incentivarse a quien proteja el ambiente y aproveche de manera sustentable los recursos naturales.

Segunda. El artículo 28 de la ley mencionada en la consideración anterior establece que la evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y las condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente, y determina los casos en que resulta necesaria dicha evaluación.

Tercera. La Profepa es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con autonomía técnica y operativa, la cual tiene a su cargo las siguientes atribuciones:

• Vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y al control de la contaminación ambiental, a la restauración de los recursos naturales, y a la preservación y protección de los recursos forestales, de vida silvestre, quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas en riesgo, sus ecosistemas y recursos genéticos, la zona federal marítimo-terrestre, playas marítimas y terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, y las áreas naturales protegidas, así como en materia de impacto ambiental y ordenamiento ecológico de competencia federal, y establecer políticas y lineamientos administrativos para tal efecto.

• Recibir, investigar y atender o, en su caso, determinar y canalizar ante las autoridades competentes las denuncias por incumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a los recursos, bienes, materias y ecosistemas.
• Salvaguardar los intereses de la población y fomentar su participación en el estímulo y la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones jurídicas ambientales, así como brindar asesoría en asuntos de protección y defensa del ambiente, la vida silvestre y los recursos naturales competencia de la secretaría.
• Coordinar el control de la aplicación de la normatividad ambiental con otras autoridades federales, así como de las entidades federativas, municipales, del Distrito Federal y delegacionales que lo soliciten.
• Emitir resoluciones derivadas de los procedimientos administrativos en el ámbito de su competencia.

Cuarta. La Profepa es competente para conocer de este asunto. Por tanto, es correcto realizar el exhorto planteado por el proponente derivado de los antecedentes que narra respecto a este caso en concreto, pues si bien al entonces presidente municipal de Tampico fue negada la información que solicitó a la delegación de la Profepa en Tamaulipas, con el argumento de que no era parte en él y de que era información reservada, las comisiones dictaminadoras consideran que es una cuestión de orden público conocer los resultados de dicho procedimiento, si es que ha concluido, para saber sobre la determinación a que llegó la autoridad competente, como pueden ser sanciones administrativas o medidas de mitigación, toda vez que el proponente establece que en la zona de los acontecimientos suelen ocurrir accidentes que pueden generar graves daños al ambiente.

Quinta. No es procedente realizar el exhorto en los términos plantados en el resolutivo segundo de la proposición que se dictamina, toda vez que el proponente no argumenta ni justifica el porqué la Secretaría de la Función Pública debe realizar una auditoría, a través del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la delegación de la Profepa en Tamaulipas, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las solicitudes de acceso a la información pues, por una parte, la Secretaría de la Función Pública no es la autoridad de la materia, es decir, no es la autoridad que debe verificar el cumplimiento de las solicitudes de información; y, por otra, en el texto de la propuesta no se argumenta ni se expone el porqué debe hacerse una auditoría sobre este rubro, es decir, no se especifica o detalla la probable violación que existe al respecto, razones por las cuales no es posible aprobar el resolutivo segundo.

Sin embargo, a fin de satisfacer la inquietud del diputado proponente, los integrantes de la Comisión de la Función Pública establecen como importante solicitar al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública que emita una opinión sobre si la reserva de la información argumentada por la Profepa para no presentar información al gobierno municipal de Tampico, Tamaulipas, está debidamente fundada y motivada, e informe a esta soberanía sobre el resultado de esa valoración.

En virtud de los motivos expuestos en las consideraciones anteriores, las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Función Pública, con base en las atribuciones legales y reglamentarias con que cuentan, ponen a su consideración el siguiente

Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a informar a esta soberanía sobre el seguimiento realizado al procedimiento administrativo número PFPA/TAMPS/54/0032-06, radicado en los expedientes que obran en la delegación de Tamaulipas, relativo a la verificación del cumplimiento de condicionantes en materia de impacto ambiental para la construcción y operación del libramiento poniente en Tampico, Tamaulipas, establecidas en el oficio resolutivo número A.O.O.DGNA.-10307, emitido por el Instituto Nacional de Ecología en 1994.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública a emitir una opinión sobre si la reserva de la información argumentada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para no presentar información al gobierno municipal de Tampico, Tamaulipas, está debidamente fundada y motivada, e informe a esta soberanía sobre el resultado de esa valoración.

La Comisión de la Función Pública, diputados: Benjamín González Roaro (rúbrica), presidente; José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Jesús Ricardo Morales Manzo (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez , Alma Edwivges Alcaraz Hernández (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo (rúbrica), Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica), Carlos Armando Biebrich Torres , María Eugenia Campos Galván , Andrés Carballo Bustamante (rúbrica), José de la Torre Sánchez (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Mario Enrique del Toro, Adriana Díaz Contreras , Arturo Flores Grande (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Lariza Montiel Luis (rúbrica), Carlos Orsoe Morales Vázquez , Alan Notholt Guerrero (rúbrica), Héctor Padilla Gutiérrez , Rafael Plácido Ramos Becerril , Marcos Salas Contreras (rúbrica), Ramón Valdés Chávez (rúbrica).
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández , José Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Juan Manuel Villanueva Arjona (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González , José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz , María Soledad López Torres , Rafael Villicaña García , Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez , Roberto Mendoza Flores , Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda , Carlos Ernesto Zataráin González, José Ascención Orihuela Bárcenas , Víctor Manuel Méndez Lanz , Octavio Fuentes Téllez (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Humberto López Lena Cruz .»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se han registrado oradores, lo consideramos suficientemente discutido y se reserva para su votación económica.



RUIDO

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Dictamen de la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a actualizar mediante la Semarnat la NOM-081-ECOL-1994 conforme a los estándares internacionales avalados por la Organización Mundial de la Salud

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LX Legislatura, fue turnada, para estudio y dictamen, proposición con punto de acuerdo citada al rubro del presente.

La comisión, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos d), e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio, análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo referida, con base en los siguientes

Antecedentes

Primero. Que en sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2008, los Secretarios dieron cuenta al Pleno de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a adecuar, mediante la Secretaría de Economía, la NOM-081-1994 a los estándares internacionales avalados por la Organización Mundial de la Salud, proposición que presentó el diputado Carlos Augusto Bracho González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio del derecho otorgado en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. La Presidencia de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Economía''.

Tercero. El legislador propone actualizar la norma oficial mexicana que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición a los parámetros que actualmente maneja la Organización Mundial de la Salud, debido a que la población está expuesta a niveles de ruido perjudiciales para su salud.

Consideraciones

Primera. Que en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece el derecho a la salud y a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

Segunda. Que la NOM-081-1994 sobre límites máximos permisibles de emisión de ruido en fuentes fijas y su método de medición se definía formalmente, hasta antes del 23 de abril de 2003, como NOM-081-ECOL-1994.

Tercera. Que en el artículo 3, fracción XV, de la Ley General de Salud, se establece que es materia de salubridad general ``la prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre'', y la NOM-081-ECOL-1994, que trata sobre niveles de ruido, es materia del Instituto Nacional de Ecología, organismo descentralizado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Cuarta. Que el pasado 23 de abril de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual se reforma la nomenclatura de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, por lo que la NOM-081-ECOL-1994, publicada el 13 de enero de 1995 y su aclaración el 3 de marzo de 1995, cambia su nomenclatura para quedar como NOM-081-SEMARNAT-1994.

Quinta. Que según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia el ruido es un ``sonido inarticulado, por lo general desagradable'', sin embargo, según diversos estudios, el nivel en el que el ruido pueda ser molesto, no sólo depende de la calidad del sonido, sino también de la actitud receptiva hacia este y el tiempo de exposición.

Sexta. Que la actual NOM-081-SEMARNAT-1994 no considera parámetros de medición a la actitud receptiva y, por tanto, a la aproximación de lo ``desagradable'' que puede resultar el ruido.

Séptima. Que la Organización Mundial de la Salud publica diversos estudios sobre los daños que el ruido produce en la salud, al grado que se pueden catalogar en tres tipos de afectación: 1. Efectos sobre la audición; 2. Efectos sobre el organismo; y 3. Efectos psicológicos; pero ninguno de esos avances científicos se ha visto reflejado en la actual NOM-081-SEMARNAT-1994.

Octava. Que la Organización Mundial de la Salud ha actualizado, en 2004, los estudios científicos (LARES Study) en referencia al ruido, que permiten identificar claramente los estragos a la salud, en varias edades y entornos, como consecuencia de la exposición sistemática a diferentes intensidades de ruido.

Novena. Que en el estudio LARES, ``Ruido y morbilidad'', publicado en 2004 por el Centro de Salud Pública de Berlín, se demuestra que existe un efecto negativo real en la calidad de vida de las personas y, si no se regula, la exposición prolongada puede generar estrés, bajo rendimiento, depresión y hasta la muerte.

Décima. Que en los artículos 58 y 59 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFSMN) se especifica que para coadyuvar en la política de normalización participarán en la Comisión Nacional de Normalización, todas dependencias que por la naturaleza de sus atribuciones, o conocimientos, requieran establecer regulación o especificaciones en una norma oficial mexicana.

Undécima. Que con fundamento en los artículos 43, 44 y 51 de la LFSMN, corresponde a las dependencias relacionadas con el tema, en este caso el ruido, regular o modificar la regulación existente, para lo cual deberán elaborar un anteproyecto de norma oficial y someterlo a la consideración de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización correspondientes.

Duodécima. Que con base en su catalogación --la NOM-081-SEMARNAT-1994-- le corresponde al Instituto Nacional de Ecología, dependiente de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, elaborar la propuesta de actualización de dicha norma para que la Comisión Nacional de Normalización emita la actualización correspondiente.

Decimotercera. Que los integrantes de la Comisión de Economía que dictaminan concluyen que corresponde a la Semarnat realizar la propuesta para modificar esa norma y reconocen que la exposición prolongada a diferentes niveles de ruido afecta la competitividad laboral, creando un efecto económico negativo y un daño en la salud pública.

Con fundamento en las observaciones y consideraciones antes expuestas, los diputados concluyen que es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a adecuar, mediante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la NOM-081-1994 (actualmente NOM-081-SEMARNAT-1994) a los estándares internacionales avalados por la Organización Mundial de la Salud.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Economía somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal a actualizar, mediante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la NOM-081-ECOL-1994 (actualmente NOM-081-SEMARNAT-1994) a los estándares internacionales avalados por la Organización Mundial de la Salud.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2008.
La Comisión de Economía, diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso (rúbrica), Narciso Alberto Amador Leal , Antonio Berber Martínez (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert , Martín Malagón Ríos (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Susana Monreal Ávila (rúbrica), José Amado Orihuela Trejo (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal (rúbrica), Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez , Raúl Ríos Gamboa (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y lo reservamos para la votación en conjunto, al término.



ESTADOS UNIDOS DE AMERICA - MEXICO

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo relativos a la reunión entre el titular del Ejecutivo federal mexicano y el presidente electo de Estados Unidos de América

Honorable Asamblea:

La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

I. El 28 de enero de 2009 el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo relativo a la reunión entre el titular del Ejecutivo Federal mexicano y el Presidente Electo de los Estados Unidos de América, en el cual se ponen a consideración de la Asamblea los siguientes puntos

1. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión se congratula por la reciente reunión celebrada entre el titular del Ejecutivo federal mexicano y el entonces presidente electo de Estados Unidos de América y hace votos porque el encuentro dé pie a una nueva etapa de cooperación entre ambos países.
2. Exhorta al Ejecutivo federal a pugnar por llevar a la agenda de negociación bilateral y trilateral en América del norte, tanto con los Ejecutivos como con los Congresos de Estados Unidos de América y de Canadá, el tema migratorio, el libre tránsito de personas, los derechos humanos de los trabajadores migrantes, la subsidiariedad en el desarrollo económico, la seguridad alimentaria, las energías renovables y el cambio climático, la transferencia de tecnología entre otros asuntos.
3. Exhorta también al titular del Ejecutivo federal para que incluya al Congreso de la Unión y a todos los sectores sociales y económicos involucrados en una amplia consulta sobre cuáles deben ser las prioridades de nuestro país en esta nueva etapa de cooperación trilateral con Estados Unidos de América y Canadá.

II. En esa fecha, la Mesa Directiva de esta honorable asamblea turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Relaciones Exteriores para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

La Comisión de Relaciones Exteriores presenta el siguiente dictamen de acuerdo a las siguientes

Consideraciones

El 12 de enero del presente año, el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa se reunió con el entonces presidente electo de Estados Unidos de América, Barack Obama. Este representó el primer encuentro del presidente Obama con un mandatario extranjero, por lo que ha sido calificado como una señal positiva para el fortalecimiento de las relaciones entre México y Estados Unidos durante su administración.

Durante la reunión, ambos mandatarios hicieron manifiesta la complejidad y amplitud de la agenda bilateral, que abarca temas de común interés como la economía, el medio ambiente, el combate al narcotráfico, el flujo de trabajadores migrantes y la seguridad. Al respecto, coincidieron en la necesidad de trabajar en estrategias conjuntas para hacer frente a dichos retos y resaltaron que es necesario actuar con buena voluntad en ambas partes para que los futuros encuentros sean fructíferos para nuestras naciones.

Dos pronunciamientos en particular destacan en esa agenda bilateral, por un lado el tema migratorio, del que se reconoce la falta de una estrategia integral y considerada; y por el otro, la actualización y mejoramiento del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN).

Es de destacar que la mencionada agenda se enmarca en un contexto dominado por los retos que impone la crisis de la economía global, además de la intensa lucha por la seguridad interna que atraviesa el país. En este sentido, es menester considerar a la política exterior como uno de los pilares de las políticas públicas que sirva para brindar certeza y posibilidades de desarrollo a la nación.

En consecuencia, y en consideración de los principios rectores de nuestra política exterior, esta comisión dictaminadora estima necesario aprovechar la buena voluntad manifestada por el presidente Obama en el inicio de su administración para impulsar la creación y revisión de mecanismos de acción conjunta que permitan hacer frente a los grandes retos comunes.

De igual forma, se considera pertinente ampliar el espectro de negociación y la búsqueda de lazos y recursos en la región norteamericana, al incluir a Canadá como parte fundamental de las soluciones que habrán de ayudar al desarrollo de nuestra zona geográfica. Esto tomando en cuenta que este último país ha manifestado a través de su embajador y al más alto nivel en su Senado, la voluntad por revisar el TLCAN y toda vez que temas como la seguridad y el desarrollo económico para los tres países se definen en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte.

Finalmente, es menester enfatizar que la complejidad del escenario internacional y la dinámica de la política exterior actual, exige una mayor participación de los diferentes actores de los poderes públicos, por lo que la cooperación y la unión de esfuerzos entre el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión se vuelve una condición indispensable para alcanzar resultados que beneficien al país.

Por lo anteriormente expuesto, esta comisión somete a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados se congratula por la reunión celebrada el 12 de enero de 2009 entre el titular del Ejecutivo federal mexicano y el presidente de Estados Unidos de América y hace votos porque el encuentro dé pie a una nueva etapa de cooperación entre ambos países.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo federal a continuar trabajando una agenda de negociación bilateral y trilateral en América del norte, tanto con los Ejecutivos como con los Congresos de Estados Unidos de América y de Canadá, el tema migratorio, el libre tránsito de personas, los derechos humanos de los trabajadores migrantes, la subsidiariedad en el desarrollo económico, la seguridad alimentaria, la energía renovable y el cambio climático, la transferencia de tecnología, entre otros.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que incluya al Congreso de la Unión y a todos los sectores sociales y económicos involucrados en una amplia consulta sobre cuáles deben ser las prioridades del país en esta nueva etapa de cooperación trilateral con Estados Unidos de América y Canadá.

Honorable Cámara de Diputados, Comisión de Relaciones Exteriores, 18 de febrero de 2009.
La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados: Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), presidente; María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Óscar Miguel Mohamar Dainitin, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica), Rodolfo Solís Parga (rúbrica), secretarios; Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo , César Camacho Quiroz , María Elena Álvarez Bernal , Ariel Castillo Nájera , Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Felipe Díaz Garibay , Édgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica), María Dolores González Sánchez , José Jacques y Medina (rúbrica), Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Jesús Sesma Suárez , José Murat, José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez , Cruz Pérez Cuéllar , Lourdes Quiñones Canales (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Rosaura Virginia Denegre Vaught Ramírez (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Artemio Torres Gómez , Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: En virtud de que no hay ningún legislador que haya solicitado el uso de la palabra, lo consideramos suficientemente discutido y se reserva para su acotación al término.



INICIATIVA MERIDA

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo relativos a lo pactado en el marco de la Iniciativa Mérida

Honorable Asamblea:

La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

I. El 11 de diciembre de 2008, el diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo relativo a los acuerdos adoptados en el marco de la Iniciativa Mérida, en el que se ponen a consideración de la asamblea los siguientes puntos:

1. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a entregar a esta soberanía toda la información disponible sobre la implementación en México de la llamada iniciativa Mérida, que contenga, entre otros documentos, el plan de trabajo, la estructura orgánica, los elementos normativos y la metodología con que se ejecutarán los acuerdos adoptados con el Gobierno de Estados Unidos.
2. Se exhorta al Ejecutivo federal a proporcionar también a esta soberanía la información sobre el número de integrantes y el tipo de función que realizará el personal extranjero que intervendrá en la implementación de los acuerdos de la denominada Iniciativa Mérida.

II. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Relaciones Exteriores para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

La Comisión de Relaciones Exteriores presenta el siguiente dictamen de acuerdo a las siguientes:

Consideraciones

En marzo del año 2007 se llevó a cabo la Cumbre Mérida, en la que se reunieron los presidentes Felipe Calderón y George W. Bush. Ahí se reconoce abiertamente que el problema de seguridad, así como el combate al narcotráfico y al crimen organizado transnacional ha crecido de manera exponencial en años recientes y es necesario hacerle frente mediante estrategias novedosas.

A partir de esa fecha comienza una serie de consultas entre los gobiernos de ambos países para establecer los criterios técnicos y otras consideraciones de tipo político que se estimaran necesarias para la elaboración de una estrategia conjunta que permita un combate más eficaz ante el crimen organizado transnacional. El resultado de este proceso es la llamada Iniciativa Mérida, que se da a conocer oficialmente mediante una conferencia de prensa el 22 de octubre de 2007.

Esta estrategia es un mecanismo de cooperación entre México y los Estados Unidos de América, mediante el que esta última nación se compromete a entregar recursos económicos y asistencia para ayudar a mejorar la capacidad de combate al crimen organizado y la procuración de justicia en nuestro país, al tiempo que se toman en cuenta otras medidas para fortalecer el combate al tráfico de drogas, armas y dinero en efectivo entre ambos países.

Después de un largo proceso de negociación y discusión tanto al interior de los Estados Unidos de América como en México, la aprobación de los recursos necesarios para la implementación de este mecanismo fue anunciada el 19 de junio del 2008.

La Iniciativa Mérida cobra especial importancia en la coyuntura actual que enfrenta México, en la que las amenazas a la seguridad pública y el combate a los grupos de delincuencia organizada se han convertido en un reto de la mayor envergadura. Por esta razón el promovente considera que la incorporación de recursos adicionales en esta materia debe suponer que ellos sean operados de manera tal que permitan la consecución de mejores resultados.

Asimismo, el promovente considera esencial mantener informados a los legisladores del país sobre los acuerdos y compromisos pactados en el ámbito internacional y particularmente en el marco de la Iniciativa Mérida.

Lo anterior, debido a que el Congreso tiene ante este asunto una doble obligación y competencia constitucional. Por un lado, la responsabilidad de analizar la política exterior a la luz del espíritu de los principios que la norman, contenidos en el artículo 89, fracción X; por el otro, sus facultades en materia de seguridad nacional, comprendidas en el artículo 73, fracción XXIX-M, mediante el cual se reconoce en este órgano su competencia para ``expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes''.

Por lo expuesto, esta comisión somete a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita de manera respetuosa al Ejecutivo federal que le proporcione toda información relativa a la implementación en México de los acuerdos adoptados en el marco de la Iniciativa Mérida.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados solicita de manera respetuosa al Ejecutivo federal que proporcione a esta soberanía información sobre el número de integrantes y el tipo de función que realizará el personal extranjero que intervenga en la implementación de los acuerdos adoptados en el marco de la Iniciativa Mérida.

Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal a proporcionar a esta soberanía la información de los posibles mecanismos de evaluación y los plazos definidos para la medición de la efectividad de la Iniciativa Mérida.

Cuarto. Se exhorta al Ejecutivo federal a dar prioridad, en la agenda del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, a la problemática del tráfico ilegal de armas en la frontera entre México y los Estados Unidos de América.

Quinto. Se solicita el envío de una delegación de diputados federales para que realicen una visita de trabajo al Congreso de los Estados Unidos de América con el objetivo de trabajar conjuntamente el tema de la Iniciativa Mérida con los legisladores de aquel país.

Sexto. Se solicita al Senado de la República que adelante, en la medida de las posibilidades de ambos países, la realización de la próxima cuadragésima octava Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos de América para que en ésta pueda ser considerada cuanto antes la aplicación de la Iniciativa Mérida y la cooperación entre ambas naciones contra el tráfico ilegal de armas provenientes de aquel país.

Honorable Cámara de Diputados, Comisión de Relaciones Exteriores, a 18 de febrero de 2009.
La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados: Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), presidente; María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Óscar Miguel Mohamar Dainitin, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica), Rodolfo Solís Parga (rúbrica), secretarios; Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo , César Camacho Quiroz , María Elena Álvarez Bernal , Ariel Castillo Nájera , Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Felipe Díaz Garibay , Édgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica), María Dolores González Sánchez , José Jacques y Medina (rúbrica), Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Jesús Sesma Suárez , José Murat, José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez , Cruz Pérez Cuéllar , Lourdes Quiñones Canales (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Rosaura Virginia Denegre Vaught Ramírez (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Artemio Torres Gómez , Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que nadie se ha registrado para hacer uso de la palabra, lo consideramos suficientemente discutido y se reserva para la votación en conjunto.



REPUBLICA DE CUBA

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo relativos a la prestación de la ayuda necesaria al pueblo cubano ante los desastres naturales

Honorable Asamblea:

La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

I. El 11 de diciembre de 2008, los diputados Alejandro Landero Gutiérrez y Eduardo de la Torre Jaramillo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron una proposición con punto de acuerdo para ``solicitar al Ejecutivo Federal que a través de la SRE brinde la cooperación necesaria al pueblo y gobierno cubanos ante los desastres naturales ocasionados por los huracanes que han azotado a ese país'', en el cual se pone a consideración de la asamblea el siguiente punto:

Único . De urgente y obvia resolución, por el que se solicita al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que brinde la cooperación necesaria al pueblo y gobierno cubano ante los desastres naturales consecuencia de los huracanes que han azotado a ese país.

II. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de esta honorable asamblea turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Relaciones Exteriores para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

La Comisión de Relaciones Exteriores presenta el siguiente dictamen de acuerdo con las siguientes:

Consideraciones

El 30 de agosto de 2008 azotó el oeste de la isla de Cuba el huracán Gustav, afectando en particular la ciudad de La Habana y la provincia de Pinar del Río. Días después, el 8 de septiembre, el huracán Ike tocó tierra en el país caribeño, afectando a 14 provincias y dañando el 70 por ciento de las cosechas. De acuerdo con el comunicado oficial del gobierno cubano, los daños materiales derivados de dichos huracanes ascendieron a nueve mil millones de dólares, dejando a 200 mil personas sin hogar, 55 mil 700 hectáreas de cultivo perdidas y 4 mil 355 toneladas de alimento dañadas.

El 7 de noviembre de 2008, un tercer huracán afectó la isla, en particular las provincias orientales de Sancti Spíritus y Granma, aumentando a 10 mil millones de dólares los daños materiales.

Entre las medidas adoptadas por el gobierno mexicano ante la situación en Cuba destacan la Declaración del Grupo de Río en Solidaridad con Cuba por los daños ocasionados por el huracán Paloma, emitida el 13 de noviembre de 2008 y en el marco de la cuarta reunión de la Comisión Mixta de Cooperación para el Desarrollo se manifestó la solidaridad de los mexicanos y su gobierno con el pueblo cubano, así como la disposición para examinar las demandas de asistencia técnica que Cuba pudiera tener para la etapa de reconstrucción.

De acuerdo con el Comunicado Conjunto 256 de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 11 de octubre de 2008 se envió en el buque Papaloapan de la Armada de México ayuda inicial a Cuba y Haití, consistente en 87.1 toneladas de carga de medicamentos, alimentos y equipo de las cuales 50 toneladas de alimentos y material para reconstrucción fueron descargadas en La Habana.

México es además, fehaciente promotor de instrumentos de cooperación internacional como el ``Mecanismo simplificado iberoamericano de cooperación en la atención de desastres naturales'' y ha seguido una tradición de solidaridad en estos casos, como parte de su política exterior.

Finalmente, hemos de considerar que durante los últimos meses, además de las consecuencias causadas por los huracanes, la situación del país caribeño se ha visto afectada por la crisis económica mundial y la caída del precio del níquel. En declaraciones, el ministro de Economía de Cuba, José Luis Rodríguez, mencionó que las pérdidas dejadas por el paso de los huracanes y la crisis en la exportación de materias primas llegan hasta 10 mil 250 millones de dólares por lo que los recursos son insuficientes en la isla.

En este marco, la ayuda que hasta ahora ha brindado México no puede ser un acto único ni último, pues constituye sólo un esfuerzo inicial para apoyar al pueblo cubano en esta difícil coyuntura.

Por lo expuesto, esta comisión somete a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión reconoce las labores de solidaridad realizadas por el Ejecutivo federal a través de las Secretarías de Marina y Relaciones Exteriores para ayudar al pueblo cubano ante los desastres naturales consecuencia de los huracanes que afectaron a ese país.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo federal a continuar dichos esfuerzos, en aras de brindar toda la cooperación necesaria al pueblo cubano.

Honorable Cámara de Diputados, Comisión de Relaciones Exteriores, a 18 de febrero de 2009.
La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados: Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), presidente; María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Óscar Miguel Mohamar Dainitin, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica), Rodolfo Solís Parga (rúbrica), secretarios; Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo , César Camacho Quiroz , María Elena Álvarez Bernal , Ariel Castillo Nájera , Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Felipe Díaz Garibay , Édgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica), María Dolores González Sánchez , José Jacques y Medina (rúbrica), Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Jesús Sesma Suárez , José Murat, José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez , Cruz Pérez Cuéllar , Lourdes Quiñones Canales (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Rosaura Virginia Denegre Vaught Ramírez (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Artemio Torres Gómez , Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que ningún legislador nos ha solicitado la palabra, los consideramos suficientemente discutido y se reservan para la votación en conjunto de manera económica.



ELVIRA ARELLANO

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo relativo al caso de la ciudadana Elvira Arellano

Honorable Asamblea:

La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la asamblea el siguiente dictamen

Antecedentes

I. El 13 de diciembre de 2007, el diputado José Jacques y Medina , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo relativa al caso de Elvira Arellano, en el cual se pone a consideración de la asamblea el siguiente punto:

1. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al titular del Poder Ejecutivo y a la cancillería para que, en el ámbito de sus facultades legales, otorguen un nombramiento diplomático a la ciudadana Elvira Arellano, activista y defensora de los derechos humanos de los migrantes mexicanos, como asesora en materia de migración en la misión permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

II. En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados para su análisis y elaboración de dictamen correspondiente.

III. El Servicio de Inmigración y Aduanas indicó que Elvira Arellano llegó a Washington de forma ilegal en 1997. Poco después fue deportada a México pero regresó y se mudó a Illinois, en 2000, donde consiguió trabajo limpiando aviones en el Aeropuerto Internacional O'Hare. Allí fue detenida en 2002 y condenada por trabajar con un número falso de Seguro Social. Debía entregarse a las autoridades pero se refugió en la iglesia metodista Adalberto, en Chicago, donde permaneció por un año. Después se convirtió en símbolo de los esfuerzos de millones de inmigrantes indocumentados para impedir que se les separe de sus familiares.

IV. El 19 de agosto de 2007 Elvira Arellano fue deportada a México después de su arresto en Los Ángeles.

V. Elvira Arellano tiene un hijo de 8 años nacido en Estados Unidos de América, del cual fue separada al momento de su deportación.

VI. El 28 de agosto de 2007 el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, recibió en la residencia oficial de Los Pinos a Elvira Arellano.

VII. El jefe del Ejecutivo expresó a Elvira Arellano toda su solidaridad ante la obligada separación de su hijo y le ofreció apoyo. Asimismo, ratificó la prioridad que su Gobierno otorga a las condiciones de vida de los migrantes mexicanos que residen en Estados Unidos y reiteró la necesidad de una reforma migratoria integral en ese país.

VIII. La señora Arellano solicitó que el gobierno de México gestionara ante las autoridades de Estados Unidos una visa que le permita regresar a ese país. Al respecto, el mandatario mexicano instruyó a la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, para que realizara un análisis de la situación que enfrentan la señora Arellano y su hijo, y que condujera las gestiones ante las autoridades estadounidenses.

La Comisión de Relaciones Exteriores presenta el presente dictamen, de acuerdo a las siguientes:

Consideraciones

La Comisión de Relaciones Exteriores considera que el caso de Elvira Arellano ejemplifica claramente que la actual legislación estadounidense en materia migratoria no atiende una realidad evidente. Este caso demuestra que la aplicación de la actual legislación no tiene políticas especiales para las familias mixtas 1 , lo cual propicia lamentables casos de ruptura familiar.

Es importante mencionar que el gobierno de México ha buscado el interés superior de los niños en el contexto del fenómeno migratorio y, muy particularmente, busca la reunificación familiar. En el caso del hijo de Elvira Arellano, Saúl Arellano, cabe mencionar que mientras permaneció en Chicago el Consulado de México en esa ciudad le brindó ayuda permanente y ofreció apoyar su educación y su desarrollo humano, defendiendo y promoviendo estos derechos fundamentales.

Por lo anterior, la Secretaría de Relaciones Exteriores, respetando el principio de que toda nación soberana determina las condiciones sobre las cuales los extranjeros pueden entrar a su territorio, ha realizado diversas gestiones ante la Embajada de los Estados Unidos de América, con la finalidad de que sea otorgada la visa a Elvira Arellano. Sin embargo, la respuesta de la embajada argumenta que la legislación migratoria vigente impide otorgar cualquier tipo de visado a quien cuenta con antecedentes penales y una deportación previa, como es el caso de Elvira Arellano.

Acorde con la misión diplomática, el que Elvira Arellano haya permanecido sin documentos en Estados Unidos por más de un año la hace inelegible para obtener dicha visa por un periodo de 10 años, y si ella intentase reingresar podría ser sujeta a detención y juicio para confrontar cargos que conllevan penas de varios años de prisión.

Asimismo, otras opciones legales que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha explorado son el perdón legislativo o el perdón presidencial. En el primer caso, se han presentado algunas iniciativas sin éxito. Respecto a la segunda parece ser muy remota por las circunstancias del caso.

En el caso concreto al que se refiere el diputado promovente, otorgarle un nombramiento diplomático, es importante considerar que esta medida no garantiza el regreso de la señora Arellano a los Estados Unidos de América, puesto que, de acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en México, se ha establecido el requisito de visa para los diplomáticos acreditados, y tal documento le sería negado a Elvira Arellano por sus antecedentes.

De igual forma, si intentará ingresar a Estados Unidos como funcionaria gubernamental con pasaporte diplomático u oficial, al amparo del acuerdo de supresión de visas entre ambos países, estaría sujeta a inspección migratoria y podría ser arrestada por sus antecedentes. La supresión de visa, al igual que la existencia, no significa que el país receptor renuncie a su derecho soberano de admitir o rechazar a un extranjero en su intento de ingresar a su territorio.

Por lo anteriormente expuesto, esta comisión somete a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que continúe las acciones necesarias para prevenir y contrarrestar los efectos derivados de las políticas migratorias que puedan separar familias y afectar a nuestros connacionales en el exterior, como el caso de la señora Elvira Arellano.

Nota: 1. Hogares en donde los padres pueden ser indocumentados y los hijos ciudadanos.
Cámara de Diputados, Comisión de Relaciones Exteriores, a 10 de diciembre de 2008.
La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados: Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), presidente; María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Óscar Miguel Mohamar Dainitin, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), Mario Enrique del Toro, Antonio de Jesús Díaz Athié (PRI), Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica), Rodolfo Solís Parga (rúbrica), secretarios. Samuel Aguilar Solís , Alliet Mariana Bautista Bravo , César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), María Elena Álvarez Bernal , Ariel Castillo Nájera , Alejandro Chanona Burguete , Felipe Díaz Garibay (rúbrica), Édgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica), María Dolores González Sánchez (rúbrica), José Jacques y Medina (rúbrica en contra), José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), José Murat, Miguel Ángel Peña Sánchez , Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Lourdes Quiñones Canales (rúbrica), Rosaura Virginia Denegre-Vaught Ramírez (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández , Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Antonio Soto Sánchez , Artemio Torres Gómez (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar .»

Presidencia del diputado José Luis Espinosa Piña

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de no haber oradores registrados, se considera suficientemente discutido. Se reserva para su votación económica en conjunto. Continúe la Secretaría.



COMISION DE ASUNTOS MIGRATORIOS EN LEGISLATURAS LOCALES

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Dictamen de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo para exhortar a los Congresos locales a establecer una comisión de asuntos migratorios y, en su caso, a mantenerla y fortalecerla

Honorable Asamblea:

Esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la LX Legislatura, con fundamento en las atribuciones conferidas por los artículos 39, fracción 1 y 2, 45 fracción 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite y somete a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados, dictamen a la proposición con punto de acuerdo para exhortar a los Congresos locales a que establezcan una Comisión de Asuntos Migratorios y aquellos que ya cuentan con una, que la mantengan y fortalezcan, y se instale una oficina en cada una de las 32 entidades que atienda la política migratoria, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones

Antecedentes

Que en fecha 11 de diciembre de 2008, se presentó la proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los Congresos locales, a que establezcan una Comisión de Asuntos Migratorios y aquellos que ya cuentan con una, que la mantengan y fortalezcan y se instale una oficina en cada una de las 32 entidades que atienda la política migratoria, a cargo originalmente del Diputado Alberto Amaro Corona y suscrita por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Que en esa fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dictó el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Contenido de la proposición

La proposición en comento, expone que de 32 Congresos locales, existen actualmente 20 entidades federativas que cuentan con una comisión que atiende los Asuntos Migratorios o Fronterizos, de lo que se desprende la necesidad de exhortar a los otros 12 Congresos locales que no cuentan con una a que la establezcan, en aras de fortalecer la política migratoria a nivel nacional y local.

Asimismo, se manifiesta que en virtud de que ningún estado escapa al fenómeno de la migración, el problema pueda ser atendido con oportunidad desde su origen y causas, mediante la coordinación, colaboración y las responsabilidades compartidas entre la Secretaría de Gobernación y los Poderes Legislativos federales y locales.

Consideraciones de la comisión

Esta comisión concuerda con el proponente en el sentido de que si bien ningún estado escapa a los efectos de los fenómenos migratorios, sí debemos actuar de manera responsable y coordinada entre las legislaturas locales, la federal y la Secretaría de Gobernación, toda vez que es esta última instancia la encargada de dirigir la política interior y de coordinar los proyectos de desarrollo de las regiones, así como de implantar acciones con diferentes autoridades.

Por tanto, esta comisión estima oportuno velar por que todos los Congresos locales atiendan de manera seria y profesional la materia migratoria, al haberse convertido esta temática en una toral y estratégica para el desarrollo nacional.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes

Acuerdos

Primero. Se exhorta a los Congresos locales a que establezcan una Comisión de Asuntos Migratorios, y aquellos que ya cuentan con una a que la mantengan y fortalezcan.

Segundo. Se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que constituyan una oficina que se encargue de atender la política migratoria, y a que mantengan una comunicación eficaz y eficiente con la Secretaría de Gobernación en ese sentido.

Palacio Legislativo, a 11 de febrero de 2009.
La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, diputados: Antonio Valladolid Rodríguez (rúbrica), presidente; José Jacques y Medina (rúbrica), José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), secretarios; Ivette Jacqueline Ramírez Corral (rúbrica), Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Daniel Chávez García , Rosaura Denegre Vaught Ramírez, Elia Hernández Núñez (rúbrica), Omeheira López Reyna , María Dolores González Sánchez , Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica), Cruz Pérez Cuéllar , José Nicolás Morales Ramos (rúbrica), Silbestre Álvarez Ramón (rúbrica), Alberto Amaro Corona (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido , Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Érick López Barriga (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , Antonio de Jesús Díaz Athié , Guillermina López Balbuena , Isael Villa Villa (rúbrica), José Luis Aguilera Rico , Irma Piñeyro Arias , Pascual Bellizzia Rosique (rúbrica).»

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Gracias. Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.



MIGRANTES

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Dictamen de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo relativos a la abstención de extorsionar, maltratar, agredir y evitar toda forma de abuso hacia los mexicanos que regresen de Estados Unidos al país con motivo de las fiestas de fin de año

Honorable Asamblea:

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la LX Legislatura, con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos; 39, fracciones 1 y 2, 45, fracción 6, incisos e) y f), todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite y somete a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados dictamen a la proposición con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades aduanales y de seguridad federales, estatales y municipales a abstenerse de extorsionar, maltratar, agredir y evitar toda forma de abuso hacia los mexicanos que regresen de Estados Unidos de América a las distintas entidades del país, con motivo de las fiestas de fin de año, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones.

Antecedentes

Que en fecha 11 de diciembre de 2008, se presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades aduanales y de seguridad federales, estatales y municipales a abstenerse de extorsionar, maltratar, agredir y evitar toda forma de abuso hacia los mexicanos que regresen de Estados Unidos de América a las distintas entidades del país, con motivo de las fiestas de fin de año, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona .

Que en esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dictó el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Contenido de la proposición

La proposición en comento hace referencia al incremento de los flujos migratorios de mexicanos hacia Estados Unidos de América, contando en la actualidad con cifras superiores a los 10 millones de connacionales residiendo del otro lado de la frontera.

A esto se suma la gran importancia que representan nuestros connacionales, los cuales viajan en busca de empleo y que, al mismo tiempo, se refleja en el envío masivo de remesas a sus familiares en nuestro país.

Cada año, con motivo de las fiestas de fin de año, nuestros connacionales regresan por los diferentes puntos o cruces fronterizos con el ánimo de reunirse con sus seres queridos, trayendo consigo en el camino diversos artículos, entre juguetes, ropa, aparatos eléctricos, entre otros, como producto de su esfuerzo y trabajo.

El proponente manifiesta su preocupación por los abusos y extorsiones de parte de las autoridades aduanales, de seguridad federal, estatal y municipal hacia nuestros connacionales en su regreso a nuestro país en las fechas mencionadas.

Consideraciones de la comisión

Esta comisión considera pertinente el planteamiento realizado por el diputado Alberto Amaro sobre las situaciones por las que atraviesan los connacionales en su regreso a casa en las fiestas de fin de año y de los abusos de autoridad y extorsión a los que año con año se han enfrentado.

Asimismo, estamos conscientes de las acciones y actividades que lleva a cabo el gobierno federal para combatir este tipo de agravios, por medio de la implantación del programa Paisano, el cual busca identificar y dar solución a los problemas, como los planteados por el proponente, a fin de evitar que se cometan y erradicar este tipo de prácticas.

Por otro lado, la Cámara de Diputados, a través de esta comisión, ha estado a cargo de la realización del programa Diputada Amiga-Diputado Amigo, que tiene como objetivos llevar a cabo una observación sobre el funcionamiento y forma de trato que se brinda a los connacionales por parte de las autoridades que participan en el programa Paisano y que, como se sabe, es parte de las actividades que desarrolla el gobierno federal.

La comisión considera que todos los esfuerzos encaminados a mejorar el trato y la recepción de nuestros connacionales deben desarrollarse, no solamente durante las fiestas de fin de año, sino como una estrategia permanente durante los 365 días del año, ya que los cruces fronterizos se realizan durante el transcurso de cada año.

Por las consideraciones expuestas anteriormente, los integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados manifiesta su rechazo a cualquier forma de discriminación, maltrato, despojo, así como de extorsión, entre otros, que lesionen los bienes y recursos con los que cuentan los connacionales en su regreso al país durante todo el año y, en especial, en las fiestas decembrinas.

Segundo. Se solicita al Poder Ejecutivo para que, por conducto de las autoridades que coordinan y ejecutan el programa Paisano, dicho programa pueda desarrollarse durante todo el transcurso del año y poniendo especial énfasis durante las fiestas decembrinas, pero sobre todo a que se fortalezcan los lazos de cooperación en la materia entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Tercero. Se exhorta a todas las autoridades estatales y municipales a intensificar e incrementar su colaboración con el gobierno federal para el mejor desempeño del programa Paisano.

Palacio Legislativo, a 11 de febrero de 2009.
La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, diputados: Antonio Valladolid Rodríguez (rúbrica), presidente; José Jacques y Medina (rúbrica), José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), secretarios; Ivette Jacqueline Ramírez Corral (rúbrica), Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Daniel Chávez García , Rosaura Virginia Denegre Vaught Ramírez , Elia Hernández Núñez (rúbrica), Omeheira López Reyna , María Dolores González Sánchez , Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica), Cruz Pérez Cuellar , José Nicolás Morales Ramos (rúbrica), Silbestre Álvarez Ramón (rúbrica), Alberto Amaro Corona (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido , Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Érick López Barriga (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , Antonio de Jesús Díaz Athié , Guillermina López Balbuena , Isael Villa Villa (rúbrica), José Luis Aguilera Rico , Irma Piñeyro Arias , Pascual Bellizzia Rosique (rúbrica).»

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo orador alguno registrado, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto. Continúe, secretario.



ESTADO DE ZACATECAS

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Dictamen de la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo para que se designe pueblo mágico Sombrerete, Zacatecas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada María Dolores González Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que se exhorta a la Secretaría de Turismo a designar pueblo mágico el municipio del Sombrerete, Zacatecas, e incluirlo en el programa respectivo de la Secretaría de Turismo.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58, 60, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen, que se realiza de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Cámara de Diputados el 11 de diciembre de 2008, la diputada María Dolores González Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Turismo a designar pueblo mágico el municipio del Sombrerete, Zacatecas, e incluirlo en el programa respectivo de la Secretaría de Turismo.

Segundo. En esta misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante el oficio número DGPL 60-II-5-2324, acordó que se turnara la propuesta citada a la Comisión de Turismo, para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido de la proposición

a. La proponente hace referencia en el exhorto a que el Programa Pueblos Mágicos contribuye a revalorar un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación y representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros.
b. De igual forma, la que propone asegura que el municipio de Sombrerete, Zacatecas, se presenta como uno de los atractivos turísticos más importantes del estado, el cual reúne belleza arquitectónica que se caracteriza por sus grandes construcciones de estilo churrigueresco y su belleza natural.
c. Siguiendo este mismo tenor, la proponente menciona que el municipio en mención ofrece a los turistas una amplia gama de opciones para desarrollar ecoturismo, turismo de aventura, histórico, gastronómico y religioso. Todo esto aunado a la calidez y amabilidad de su gente.
d. Asimismo, la diputada González asevera que el municipio de sombrerete ya visualiza su futuro en el turismo como fuente de generación de empleos, ya que aparte los atractivos con los que cuenta, también tiene infraestructura hotelera, restaurantera y de servicios necesaria para poder ofrecer servicios turísticos de alta calidad para los visitantes nacionales y extranjeros.
e. En conclusión, el exhorto refiere que el municipio de Sombrerete, Zacatecas, tiene todo el encanto que distingue a los pueblos mágicos, ya que reúne los requisitos, características y criterios de incorporación dentro de los que encontramos que exista una oferta de atractivos y servicios, magia de la localidad, condiciones y espacios territoriales, monumentos históricos, así como un atractivo turístico simbólico, entre otros, que se necesitan para ser incluido en el programa Pueblos Mágicos de México.

Consideraciones

I. La que dictamina considera que el turismo es un factor importante para el desarrollo socioeconómico y cultural del país, en el caso de México éste se encuentra entre los principales países receptores de turismo a nivel mundial, gracias a la posición geográfica en que se ubica, su infraestructura hotelera, el mosaico de culturas y la riqueza de vestigios arqueológicos con que cuenta.
II. Es así, que ante la gran diversidad de paisajes y recursos naturales y culturales, existen estados de la república con una vocación naturalmente turística, y en este particular la Comisión de Turismo, se referirá al estado de Zacatecas, el cual recibe una derrama económica por turismo de 800 mil 80 millones de pesos anuales, y en específico el municipio de Sombrerete, el cual se ha posicionado como la segunda ciudad más bella de este estado.
III. Sombrerete, el quinto municipio en importancia de Zacatecas, cuenta con una amplia oferta turística dirigida al segmento de turismo cultural, importante por los templos restaurados e iluminados de Santo Domingo, San Francisco y la Parroquia de San Juan Bautista, con un flujo de 44 mil 322 turistas al año y una derrama de 29 mil 67 millones de pesos.
IV. La que dictamina tras estudiar la riqueza cultural, raíces y tradiciones, además de la arquitectura de edificios eclesiásticos con los que cuenta esta municipalidad, y con la finalidad de analizar la viabilidad del exhorto, encontró, que este municipio el cual proponen sea designado pueblo mágico, actualmente se encuentra esperando desde hace un año, a partir de la entrega del expediente técnico, la dictaminación para la certificación del programa.
V. Es por ello que la que Comisión de Turismo considera necesario agilizar los trámites por parte de la Secretaría de Turismo federal para que, de cumplir con los requisitos y tras analizar todos los documentos, las zonas cercanas a sitios turísticos, accesos carreteros y respaldar el motivo histórico tradicional o religioso de este municipio, pueda lograr la denominación de pueblo mágico, contribuyendo así a elevar el valor de las poblaciones, mejorar su imagen urbana, preservar su patrimonio cultural, impulsar la participación localidades, mediante una mayor derrama y estadía de turistas, así como generar mayores empleos en esas comunidades.

En mérito de lo antes expuesto, la Comisión de Turismo se permite someter a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Turismo a agilizar los trámites para que, de cumplir con los requisitos del programa, se designe pueblo mágico el municipio de Sombrerete, Zacatecas.

Segundo. Se solicita al titular de la dependencia antes mencionada que se sirva informar a esta soberanía dentro de 30 días naturales de las medidas que haya adoptado para dar cumplimiento a lo adoptado en el plazo anterior.

La Comisión de Turismo, diputados: Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Francisco Dávila García (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Amador Campos Aburto (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez , José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), Ana María Ramírez Cerda (rúbrica), Armando Enríquez Flores , Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui , Carlos Eduardo Felton González (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo (rúbrica), Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica), Joel Guerrero Juárez , Benjamín Hernández Silva (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale , Addy Cecilia Joaquín Coldwell (rúbrica), Sonia Leslie del Villar Sosa , María Soledad López Torres (rúbrica), Francisco Márquez Tinoco (rúbrica), Gilberto Ojeda Camacho , Juan Adolfo Orcí Martínez (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas , Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), Sara Shej Guzmán (rúbrica), Vieyra Olivares Adriana Rebeca , Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica).»

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo orador alguno registrado, se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica en conjunto.



ESTADO DE SONORA

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Dictamen de la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo a fin de que se analice la viabilidad turística de San Pedro de la Cueva, Sonora, y --en su caso-- se implante una estrategia para otorgar apoyos y convertirlo en lugar turístico

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada, para estudio y dictamen, proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para exhortar al Ejecutivo federal a implementar, a través de sus dependencias, una estrategia para otorgar apoyos y convertir en un lugar turístico el municipio de San Pedro de la Cueva, Sonora.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 58, 60, 87,88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la honorable asamblea el dictamen que se realiza con base en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Cámara de Diputados el 11 de diciembre de 2008, el diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a implantar, a través de sus dependencias, una estrategia para otorgar apoyos y convertir en un lugar turístico el municipio de San Pedro de la Cueva, Sonora.

Segundo. En esta misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante el oficio número DGPL 60-II-4-1881, acordó que se turnará la propuesta citada a la Comisión Turismo para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido de la proposición

a) El diputado del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional que realiza este exhorto hace referencia a que el desarrollo económico de San Pedro de la Cueva, Sonora, por muchos años ha sido sostenido por actividades agropecuarias, las cuales han experimentado en los últimos años un fuerte estancamiento debido principalmente a la falta de tecnología y capacitación de los productores, las condiciones del mercado y la comercialización de productos.
b) Es por ello que el proponente hace referencia al gran potencial turístico de este pintoresco pueblo, el cual ofrece a sus visitantes una gran variedad de recursos para disfrutar, que van desde gozar un agradable paseo a caballo por el pueblo hasta una aventura en lancha por las hermosas aguas de la presa El Novillo, donde se practica la pesca deportiva, a la cual acuden anualmente una gran cantidad de turistas, principalmente extranjeros.
c) Finalmente, el legislador Palafox Núñez asevera que, ante el estancamiento agropecuario, el turismo en este municipio puede ser un detonador para la economía del lugar, ya que cuenta con una gran galería de recursos naturales y culturales que el visitante puede conocer, entre los que destacan la impresionante cueva La Pila, el templo de San Pedro Apóstol, las cañadas que ofrecen espectaculares paisajes y lugares en la sierra que son tesoros ocultos, entre otros. Es así que el proponente considera que, ante tal oferta de atractivos, el municipio estaría en condiciones de convertirse en un destino turístico.

Consideraciones

I. La que dictamina considera que la actividad turística en las zonas costeras es un proceso que tiene un peso muy significativo para muchos países, entre ellos México. De igual forma, el turismo de playa es uno de los más importantes en cuanto a la derrama económica que significa para las poblaciones y las regiones. Sin embargo, el turismo tiene efectos económicos, urbanos, sociales y ambientales, que amenazan a las zonas costeras, los lugares y las ciudades que posibilitan la actividad.
II. Esta dictaminadora considera importante referir que los efectos más notables de la actividad turística concentrada en el producto de sol y playa son, entre otros, la acelerada transformación de los usos del suelo y el consiguiente costo ambiental, cortinas de hoteles, marinas, desarrollos inmobiliarios, campos de golf que inmediatamente sustituyen a las zonas de humedales, manglares, dunas, asimismo, el paisaje natural se modifica en beneficio de paisajes artificiales y finalmente, entre otros, se crea un rápido y desacelerado crecimiento demográfico y urbano.
III. Es por ello que la Comisión de Turismo, asumiendo su papel como actor determinante en el desarrollo del turismo en México, considera que la diversificación del producto debe orientarse no sólo a sol y playa, sino aprovechar la cultura, el arte y las costumbres de nuestro país, generando nuevos segmentos de turismo como es en este caso el fronterizo.
IV. Es de gran relevancia mencionar que gran parte de la realidad actual de la frontera norte no puede ser entendida si no se acude al análisis de lo que el turismo ha significado para el desarrollo de sus principales ciudades, el cual representa 18.2 millones de viajeros que realizan turismo de fin de semana, turismo médico a la ciudad fronteriza, turismo de segunda residencia, entre otros, incluyendo el turismo cultural y de naturaleza que se lleva a cabo en Sonara, el cual es menester de este dictamen y, en particular, San Pedro de la Cueva.
V. Tras un amplio estudio, esta dictaminadora encontró que efectivamente el municipio cuenta con un potencial turístico concentrado en actividades de turismo rural, de aventura y cultural, este último con un amplio recurso histórico y legendario con tintes revolucionarios, y, por otra parte, la impresionante naturaleza de dos de los ríos más importantes del país como son el Yaqui y el Moctezuma, con una gran diversidad de flora y fauna.
VI. Es por ello que la que dictamina, ante la oportunidad de generar un mayor flujo de turismo fronterizo en lugares como San Pedro de la Cueva, considera prudente que se realice un análisis de la viabilidad turística de este lugar y, de ser potencialmente turístico, que el estado desarrolle estrategias específicas para convertir a este sitio en un destino líder en turismo fronterizo.

En mérito de lo antes expuesto, la Comisión de Turismo se permite someter a consideración del Pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Turismo a realizar un estudio y un análisis sobre la viabilidad turística del municipio de San Pedro de la Cueva, Sonora, y, en caso de ser aprobado, que implante una estrategia para otorgar apoyos y convertirlo en un lugar turístico.

Segundo. Se solicita al secretario de la dependencia antes mencionada que se sirva a informar a esta soberanía, dentro de 30 días naturales, las medidas que haya adoptado para dar cumplimiento a lo anterior.

La Comisión de Turismo, diputados: Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Francisco Dávila García (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Amador Campos Aburto (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez , José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), Ana María Ramírez Cerda (rúbrica), Armando Enríquez Flores , Eduardo Elías Espinoza Abuxapqui, Carlos Eduardo Felton González (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo (rúbrica), Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica), Joel Guerrero Juárez , Benjamín Hernández Silva (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale , Addy Cecilia Joaquín Coldwell , Sonia Leslie del Villar Sosa , María Soledad López Torres (rúbrica), Francisco Márquez Tinoco (rúbrica), Gilberto Ojeda Camacho , Juan Adolfo Orcí Martínez (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas , Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), Sara Shej Guzmán (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares .»

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo orador alguno registrado, se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica en conjunto.



PERSONAS CON DISCAPACIDAD - TURISMO

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Dictamen de la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo a fin de que se intensifiquen y fortalezcan acciones generadoras y promotoras de fuentes de financiamiento que otorguen otras instituciones del gobierno federal para la mejora de infraestructura y servicios de empresas que oferten productos y medios de accesibilidad necesarios, a efecto de garantizar el libre tránsito y la movilidad de las personas con discapacidad en las playas y, en general, en los destinos turísticos mexicanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Humberto López Lena Cruz , del Grupo Parlamentario de Convergencia, por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a que apoye con los elementos arquitectónicos, urbanísticos y medios de accesibilidad necesarios para garantizar el libre tránsito de las personas con capacidades diferentes dentro de los destinos turísticos con playa en el territorio nacional, en especial Huatulco.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; y 45, numerales 6, incisos e) y f); y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, bajo los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Cámara de Diputados el 27 de noviembre de 2008, el diputado Humberto López Lena Cruz , del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Turismo a apoyar con los elementos arquitectónicos, urbanísticos y medios de accesibilidad necesarios para garantizar el libre tránsito, o movilidad, de las personas con capacidades diferentes dentro de los destinos turísticos con playa en el territorio nacional, especialmente Huatulco.

Segundo. En esta misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante oficio número DGPL 60-II-4-1769, acordó que se turnara la propuesta a la Comisión Turismo, para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido

a. El proponente refiere en este exhorto que las personas con discapacidad deben ser tratadas como personas convencionales; por lo que el Estado tiene la obligación de formular y aprobar políticas de prevención, protección, atención de salud, trabajo, educación, rehabilitación, seguridad social y accesibilidad, para que las personas con discapacidad alcancen su desarrollo.
b. El legislador López Lena, del Grupo Parlamentario de Convergencia, asevera también que las personas con discapacidad tienen derecho al libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras en espacios públicos. Esto incluye las zonas turísticas del país; esto se establece en el artículo 2, fracciones IX y X, de la Ley Federal de Turismo, que adjudica la obligación a la Secretaría de Turismo de promover el turismo social y garantizar, a las personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo del turismo, para no menoscabar los derechos de ese sector de nuestra sociedad.
A pesar de lo antes expuesto, considera que Secretaría de Turismo, fuera de lo establecido expresamente en la Ley Federal de Turismo, no ha proporcionado los medios necesarios para cumplir lo que establece esta ley.
c. Es así que el proponente considera que el objetivo principal de este punto de acuerdo es conseguir que la Secretaría de Turismo logre dotar todos los destinos turísticos con playa en el país, y en particular Huatulco, de la accesibilidad adecuada para las personas con discapacidad, a sus diversas playas y bahías, tanto en lo que concierne a elementos arquitectónicos y urbanísticos, como de prestación de servicios, para que sean disfrutados por éstas de manera cómoda y garantizando su libre tránsito o desplazamiento.
d. De igual forma, el proponente asegura que desde un punto de vista económico es necesario ofertar un destino turístico de fácil acceso, que permita garantizar el libre tránsito y desplazamiento de estas personas y con esto atraer a un segmento del mercado turístico inexplorado por nuestro país, que es el de las personas con discapacidad, de gran atractivo debido al número de ciudadanos que lo integran.
e. Finalmente, y desde el punto de vista social, el que propone afirma que dotar de accesibilidad o fácil acceso para transitar los destinos turísticos playeros contribuiría a eliminar las desigualdades en el acceso al turismo, permitiendo a las personas discapacitadas, o con movilidad reducida, el disfrute y acceso a los servicios turísticos.

Consideraciones

I. La Comisión de Turismo esta convencida de que el sector turístico constituye, sin lugar a dudas, un importante motor de crecimiento económico en muchos países, pero es además un bien social al que han de tener acceso todos los ciudadanos, sin exclusión.

II. Es por ello que considera importante hacer referencia al Código Ético Mundial para el Turismo, que en su artículo 20 dice ``las actividades turísticas respetarán la igualdad de hombres y mujeres. Asimismo, se encaminarán a promover los derechos humanos, y en particular los derechos específicos de los grupos más vulnerables, especialmente los niños, las personas mayores, las personas con discapacidades, las minorías étnicas y los pueblos autóctonos''.

III. La que dictamina, desde el inicio de sus trabajos legislativos, ha sido consiente del derecho al turismo de todas las personas, como clave para el desarrollo humano, derecho que naturalmente incluye a las personas con discapacidad, segmento denominado como turismo accesible o turismo para todos, el cual engloba hoy un mercado potencial de más de 500 millones de personas en todos los continentes.

IV. Es por ello que, tras un extenso análisis, la comisión encontró importantes datos para la dictaminación de este exhorto, los cuales reflejan que el segmento de turismo para discapacitados, mencionado en la fracción precedente, representa alrededor del 10 por ciento de la población del mundo sin diferencia de clases sociales o niveles económicos; los cuales viajan, por lo general, con acompañantes o su núcleo familiar. En consecuencia, cada discapacitado que elige un destino turístico trae el aporte de varias personas.

Este amplio conjunto involucra además otros segmentos, como el grupo de la tercera edad, los grupos familiares con niños pequeños, niños y discapacitados temporales (mujeres embarazadas, personas enyesadas, etcétera) que según las estadísticas generales en conjunto conformarían el 40 por ciento de la población mundial, quienes tienen necesidades especiales analizan cuidadosamente sus destinos turísticos y sólo visitan aquellos que les aseguren las facilidades que necesitan, lo que representa una oportunidad para el turismo en México, siempre y cuando formulemos y desarrollemos acciones eficientes que propicien la movilidad de esta ciudadanía.

V. Como nación con vocación naturalmente turística, hemos observado una gran transformación en el sector turismo, el cual abarca un mayor número de segmentos y necesidades, generado en parte por el cambio de papel del consumidor, el cual deja de ser un mero usuario pasivo para convertirse en personaje activo en el diseño y gestión de su propio viaje, lo que conlleva una continua y constante innovación, ya no sólo del producto, sino de las empresas de servicios y las acciones que en general lleve acabo en ámbito público.

VI. Es por ello que la Comisión de Turismo considera fundamental que todo plan estratégico y de política turística nacional que se precie de ser eficiente, debe intentar ofrecer nuevos productos y servicios, crear nuevos atractivos, diversificar la oferta y procurar mejorar la calidad del servicio. Ya que el turismo, sus establecimientos y el desarrollo de las actividades recreativas, deben propiciar la integración de personas con discapacidad, esto debe hacerse no sólo por motivos sociales sino porque resulta rentable para la economía del país.

VII. La que dictamina, responsable de su labor a favor de la actividad turística, no puede soslayar la importancia de atraer este sector de demanda turística nacional e internacional que es numérica y económicamente importante. Como ejemplo, estudios realizados por entidades especializadas indican que en 2005 no menos de 71 millones de personas con capacidades diferentes residentes en América del Norte y Europa viajaron al exterior como turistas. Esto explica la importancia de prever el acceso, circulación y uso de la infraestructura turística para éste sector.

VIII. Es así que ante lo expuesto, y tras una intensa investigación, se considera necesario fortalecer las acciones del Estado en la materia, ya que, tal como lo menciona la política turística que lleva acabo la Secretaría de Turismo, se deben promover los mecanismos de financiamiento que faciliten la realización de viajes y la mejora de la infraestructura y servicios dedicados a la atención del segmento de turismo para todos, acercando fuentes de financiamiento que otorguen otras instituciones del gobierno federal, para la mejora de infraestructura y servicios a empresas que oferten productos a este segmento, coadyuvando a dotar a la sociedad de medios de accesibilidad necesarios para garantizar el libre tránsito de las personas con discapacidad dentro de los destinos turísticos, no sólo de playa sino de todos los destinos turísticos del país, con la intención de no limitar esta necesidad del sector sólo al producto de sol y playa.

IX. Finalmente, y con fundamento en el artículo 2, fracción X, de la Ley Federal de Turismo, en donde se garantiza a las personas con discapacidad la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo del sector turismo, y en mérito de lo antes expuesto, la Comisión de Turismo se permite someter a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Turismo a intensificar y fortalecer acciones que generen y promuevan fuentes de financiamiento que otorguen otras instituciones del gobierno federal, para la mejora de infraestructura y servicios a empresas que oferten productos y medios de accesibilidad necesarios para que se garantice el libre tránsito y movilidad de las personas con discapacidad en las playas mexicanas y en todos los destinos turísticos en general.

Segundo. Se solicita al titular de la dependencia antes mencionada que informe a esta soberanía, dentro de 30 días naturales, de las medidas aplicadas para dar cumplimiento a lo adoptado en el plazo anterior.

La Comisión de Turismo, diputados: Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Francisco Dávila García (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Amador Campos Aburto (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez , José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), Ana María Ramírez Cerda (rúbrica), Armando Enríquez Flores , Eduardo Elías Espinoza Abuxapqui, Carlos Eduardo Felton González (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo (rúbrica), Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica), Joel Guerrero Juárez , Benjamín Hernández Silva (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale , Addy Cecilia Joaquín Coldwell (rúbrica), Sonia Leslie del Villar Sosa , María Soledad López Torres (rúbrica), Francisco Márquez Tinoco (rúbrica), Gilberto Ojeda Camacho , Juan Adolfo Orcí Martínez (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas , Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), Sara Shej Guzmán (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares , Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica).»

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado ningún orador, se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica en conjunto. Continúe, señor secretario.



EMPRESAS AEREAS DE BAJO COSTO

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Dictamen de la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal a autorizar a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un plazo mayor y con pago en parcialidades de las contribuciones y los accesorios para las empresas aéreas nacionales de bajo costo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo, presentada por el diputado Armando García Méndez , del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, para exhortar al Ejecutivo federal a autorizar a través de la Secretaría de Turismo el pago en parcialidades de las contribuciones y los accesorios a las empresas aéreas de bajo costo.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, que se realiza conforme a lo siguiente:

Del proceso legislativo

Primero. En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Cámara de Diputados el 9 de diciembre de 2008, el diputado Armando García Méndez , del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a autorizar a través de la Secretaría de Turismo el pago en parcialidades de las contribuciones y los accesorios a las empresas aéreas de bajo costo.

Segundo. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante el oficio número DGPL 60-II-1-1983, acordó que se turnara la propuesta citada a la Comisión Turismo, para el estudio y dictamen correspondientes.

Contenido de la proposición

a) El diputado proponente asevera que la nación mexicana, desde hace ocho décadas, ingresó en el grupo de países civilizados que hacen uso de la transportación aérea, uso que ha venido aumentando día con día, en beneficio de la ciudadanía, lo que ha permitido a los usuarios trasladarse con mayor rapidez entre lugares distantes o cercanos.
b) El diputado García Méndez asegura que los precios, aun cuando en algunos casos son altos, se han incrementado más por la recesión que ahora padecemos. Esto se refleja en el alto costo de operación de diversas líneas aéreas.
c) El diputado de Alternativa Socialdemócrata comenta en el exhorto que no obstante ello, se han constituido empresas que prestan servicios aéreos de bajos costos, que ofrecen servicios a menor precio, al mismo tiempo que dan trabajo a más de 60 mil personas en forma directa y a 20 mil en forma indirecta.
d) De manera clara, el proponente expone que, debido a los aumentos mencionados del costo de operación, diversas líneas aéreas han suspendido el cumplimiento de sus obligaciones, principalmente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la que en estricto cumplimiento de sus deberes, y después de haber agotado los recursos del caso, se ha visto en la necesidad de suspender los vuelos de dichas empresas, lo que ha afectado a toda la República Mexicana y, en especial, la actividad turística.
e) Atendiendo a lo anterior, el que propone refiere que, con fundamento precario en lo dispuesto en el artículo 39, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, el cual faculta al Ejecutivo federal para autorizar el pago en parcialidades según lo crea conveniente, el pago de las contribuciones y sus accesorios que adeuden las compañías aéreas de bajo precio, ya que con la suspensión que en su contra han decretado las autoridades de aviación civil, la situación no sólo ha afectado las empresas sino a toda la ciudadanía.

Consideraciones

La que dictamina considera que el turístico es un sector de importancia en la economía nacional. Por ello es necesario implantar herramientas para fortalecer los flujos turísticos. De ahí la importancia paralela de apoyar los servicios conexos con el ramo, los cuales resultan elementos de decisión al momento de planear un viaje.

A partir de la entrada en operación de las denominadas ``líneas de bajo costo'', el turismo nacional se favoreció, ya que permitió reducir tiempos de traslado para una población que no tenía acceso a ese tipo de transporte. De igual forma, el funcionamiento por estas aerolíneas también ha influido en el cambio de preferencias, de otro grupo de viajeros, que gustaban de viajar al extranjero por los menores costos (en ocasiones las tarifas son más bajas que las de los vuelos nacionales).

Por otra parte, no se puede ignorar que el turismo doméstico representa 85 por ciento de la actividad turística, por lo cual se debe considerar que al apoyar este tipo de transporte de bajo costo se crean sinergias positivas de demanda económica en diversas regiones del país, a través de los diversos servicios turísticos, como la industria restaurantera y la hotelera, las agencias de viajes y los promotores de turismo.

Al disminuir la oferta, por la desaparición ya sea por quiebra o suspensión de más de tres aerolíneas en 2008 debido a los adeudos por el alza del costo de la turbosina, e incrementarse los costos de los vuelos nacionales, con la consiguiente eliminación de rutas aéreas, se ha contraído la derrama económica, especialmente en las ciudades donde sólo operaba una aerolínea, generando un retroceso en su crecimiento y desarrollo, ya que estas medidas han repercutido directamente en los empleos que generaban dichas aerolíneas, principalmente en las ciudades donde tenían su base de operación. Ese hecho representa claramente una contradicción del programa emergente ante la crisis económica mundial y las reiteradas declaraciones del Ejecutivo federal de defender la fuente de ingresos de las familias mexicanas.

Además de las aerolíneas afectadas en 2008, otras aerolíneas en la actualidad, con más de 15 años de operación, se encuentran en riesgo de desaparecer del mercado por cuestiones financieras de adeudo con el gobierno federal, tal es el caso de Aviacsa y de Líneas Aéreas Azteca.

Ante el escenario de crisis, se propone que se incluya en el programa de medidas económicas para enfrentar la crisis apoyar directamente las aerolíneas que se encuentran en situación de adeudo con el gobierno federal, con objeto de incentivar el turismo, pero sobre todo a miles de familias mexicanas que tienen el sustento alrededor de esta actividad. Por ello se propone que el gobierno federal, a través de la dependencia encargada, firme acuerdos de renegociación de las deudas y sobre todo les permita continuar operando en el mercado nacional, y continúen cumpliendo sus obligaciones fiscales.

Las aerolíneas tienen adeudos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por los conceptos del pago de turbosina y del TUA principalmente, a través de sus dependencias: Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano y con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por ello se solicita que la SCT, y no la Sectur, intervenga, con fundamento en el artículo 39, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, que establece como facultad del Ejecutivo autorizar pagos diferidos según crea conveniente y, por supuesto, considerando la problemática señalada.

Por lo expuesto y fundado, con la respectiva modificación del punto de acuerdo, a fin de que respete las facultades de competencia de cada secretaría, se somete a consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a autorizar a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un plazo mayor y con pago en parcialidades de las contribuciones y los accesorios a las empresas aéreas nacionales de bajo costo que operan en el mercado interno.

Segundo. Se solicita al titular de la dependencia mencionada que se sirva a informar a esta soberanía dentro de 30 días naturales sobre las medidas que haya adoptado para dar cumplimiento a lo anterior.

La Comisión de Turismo, diputados: Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Francisco Dávila García (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Amador Campos Aburto (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez , José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), Ana María Ramírez Cerda (rúbrica), Armando Enríquez Flores , Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui , Carlos Eduardo Felton González (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo (rúbrica), Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica), Joel Guerrero Juárez , Benjamín Hernández Silva (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale , Addy Cecilia Joaquín Coldwell (rúbrica), Sonia Leslie del Villar Sosa , María Soledad López Torres (rúbrica), Francisco Márquez Tinoco (rúbrica), Gilberto Ojeda Camacho , Juan Adolfo Orcí Martínez , José Ascención Orihuela Bárcenas , Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), Sara Shej Guzmán (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares , Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica).»

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo orador alguno registrado, se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica en conjunto. Seguimos, señor secretario.



PROGRAMA DE ATENCION A LOS ADULTOS MAYORES

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Desarrollo Social para que, en el ámbito de su competencia, procure que el Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 Años y Más se emplee de manera universal en el país

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura fue turnada para estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo a instruir a los responsables de las dependencias competentes, de manera destacada la Secretaría de Desarrollo Social, para que pongan en marcha el Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 Años y Más en todo el país.
Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable soberanía a efecto de que en próximo proyecto de egresos se tomen medidas conducentes para que el Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 Años y Más sea de manera universal en todo el país.
Tercero. Se exhorta al Poder Ejecutivo a informar a esta soberanía sobre las acciones que lleve a cabo en torno a esta iniciativa, señalando de manera detallada sus contenidos y alcances.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a consideración de esta honorable asamblea el dictamen relativo al punto de acuerdo referido, el cual se realiza conforme a los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 13 de diciembre de 2007, el diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a poner en práctica a través de la Secretaría de Desarrollo Social el Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 Años y Más.

2. Con la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para efectos de análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

I. Esta comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
II. La transición demográfica en México implica un rápido crecimiento de la población en edades avanzadas, que incide en el grupo de personas de 70 años y más. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía por el censo de 2005 calcula que en 2007 había 3.7 millones de adultos mayores y que en 2012 serán 4.4 millones.
III. La atención de las personas adultas mayores debe ser parte fundamental de observancia en el ejercicio de una política integral orientada a garantizar calidad de vida. Así, la Cámara de Diputados asignó 6 mil 250 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 para mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores de 70 años y más que habitan en zonas rurales del país en localidades de hasta 2 mil 500 habitantes.
IV. El 31 de diciembre de 2007 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación modificaciones de las Reglas de Operación del programa 70 y Más, que entraron en vigor el 1 de enero de 2008. Se indicó en el artículo segundo transitorio lo siguiente: ``De conformidad con lo establecido en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, el Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 Años y Más en zonas rurales atenderá a adultos mayores de 70 años y más que vivan en localidades de hasta 10 mil habitantes y, de existir recursos excedentes, se atenderán localidades de hasta 20 mil habitantes''.
V. Hacer universal a todos los adultos mayores el programa 70 y Más es una inquietud de varios grupos parlamentarios de la LX Legislatura, por lo que se requiere estimar y aprobar la cantidad necesaria en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo ejercicio fiscal.

Por lo expuesto, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo a instruir a la Secretaría de Desarrollo Social para que, en el ámbito de su competencia, procure que el Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 Años y Más se emplee de manera universal en todo el país.

Conste.

Dado en la sala de juntas de la comisión, a 19 de noviembre de 2008.
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados: Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), presidenta; Marcela Cuen Garibi (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunes (rúbrica), David Sánchez Camacho , Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), secretarios; Irene Aragón Castillo , Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), Martha Margarita García Müller (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale , María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silvia (rúbrica), Marisol Mora Cuevas , Diana Carolina Pérez de Tejada Romero (rúbrica), Jorge Quintero Bello (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez , Mario Vallejo Estévez, Martín Zepeda Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo orador alguno registrado, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.



PROGRAMA DE ATENCION A LOS ADULTOS MAYORES

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a no reducir el presupuesto del Programa de Adultos Mayores que Habiten en Poblaciones Menores de 2 Mil 500 Habitantes, y que se pague a los beneficiarios todos los recursos a que tienen derecho

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura fue turnada para estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que no se realicen adecuaciones presupuestales reductivas al Programa de Adultos Mayores que Habiten en Poblaciones Menores de 2 Mil 500 Habitantes y que se pague a sus beneficiarios la totalidad de los recursos a que tienen derecho.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a consideración de esta honorable asamblea el dictamen relativo al punto de acuerdo referido, el cual se realiza conforme a los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 13 de diciembre de 2007, el diputado Javier Calzada Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a efecto de que no se realicen adecuaciones presupuestales reductivas al Programa de Adultos Mayores que Habiten en Poblaciones Menores de 2 Mil 500 Habitantes y que se pague a sus beneficiarios la totalidad de los recursos a que tienen derecho.

2. Con la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para efectos de análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

I. Esta comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
II. La transición demográfica en México implica un rápido crecimiento de la población en edades avanzadas, que incide en el grupo de personas de 70 años y más. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía por el censo de 2005 calcula que en 2007 había 3.7 millones de adultos mayores y que en 2012 serán 4.4 millones.
III. Con base en lo anterior, los diputados federales de la LX Legislatura asignaron 6 mil 250 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 para mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores de 70 años y más que habitan en zonas rurales del país en localidades de hasta 2 mil 500 habitantes.
IV. El 31 de diciembre de 2007 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación modificaciones de las reglas de operación del programa, que entraron en vigor el 1 de enero de 2008. Se especificó en el artículo segundo transitorio: ``De conformidad con lo establecido en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, el Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 Años y Más en Zonas Rurales atenderá a adultos mayores de 70 años y más que vivan en localidades de hasta 10 mil habitantes y, de existir recursos excedentes, se atenderán localidades de hasta 20 mil habitantes''.
V. Sin embargo, a la hora de la ejecución de los recursos, se han presentado inconsistencias en lo relativo al pago; es decir, no se hizo efectivo el pago retroactivo.

Por lo expuesto, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que no se realicen adecuaciones presupuestales reductivas al Programa de Adultos Mayores que habiten en Poblaciones Menores de 2 Mil 500 Habitantes y que se pague a sus beneficiarios la totalidad de los recursos a que tienen derecho.

Conste.

Dado en la sala de juntas de la comisión, a 19 de noviembre de 2008.
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados: Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), presidenta; Marcela Cuen Garibi (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunes (rúbrica), David Sánchez Camacho , Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), secretarios; Irene Aragón Castillo , Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), Martha Margarita García Müller (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale , María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silvia (rúbrica), Marisol Mora Cuevas , Diana Carolina Pérez de Tejada Romero (rúbrica), Jorge Quintero Bello (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez , Mario Vallejo Estévez, Martín Zepeda Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo orador alguno registrado, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.



PROGRAMA DE ATENCION A LOS ADULTOS MAYORES

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal a evaluar por las dependencias y las entidades correspondientes la ampliación y, en su caso, incrementar la cobertura del programa de atención a adultos mayores en zonas rurales, incluyendo en él a todos los mayores de 60 años, independientemente del lugar donde vivan, siempre que reúnan los demás requisitos del programa

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fue turnado para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de sus dependencias y entidades correspondientes, evalúe la posibilidad de ampliar la cobertura del Programa de Atención a Adultos Mayores en Zonas Rurales, incluyendo a todas las personas mayores de sesenta años, independientemente del lugar donde vivan, siempre y cuando reúnan los demás requisitos establecidos en el programa.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a la consideración de esta honorable asamblea el dictamen relativo al punto de acuerdo referido, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

1. El 13 de diciembre de 2007, el diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a que, a través de las dependencias y entidades correspondientes, amplíe la cobertura del Programa de Atención a Adultos Mayores en Zonas Rurales.

2. Con la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo fue turnada a esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su análisis y dictamen correspondiente, previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

I. Esta comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
II. La esperanza de vida de y los mexicanos se ha transformado: en 1950 sólo el 41 por ciento de los hombres y 48 por ciento de las mujeres tenían probabilidad de llegar a los 65 años; en 2007 las mujeres tenían la probabilidad de llegar a los 77.2 años y los hombres a 71.8 años; lo que daba un promedio de 74.5 años.
III. Además, la transición demográfica en México implica un rápido crecimiento de la población en edades avanzadas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a partir del censo de 2005 calcula para 2007 aproximadamente 3.7 millones de adultos mayores de 70 años, y en 2012 un aproximado de 4.4 millones.
IV. En base a lo anterior, los diputados federales de esta LX Legislatura trabajan para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se asignen mayores recursos para este grupo de la población, sin embargo aun faltan mayores esfuerzos.

Es por tal virtud que la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de sus dependencias y entidades correspondientes, evalúe la posibilidad de ampliar la cobertura del Programa de Atención a Adultos Mayores en Zonas Rurales, incluyendo a todas las personas mayores de sesenta años, independientemente del lugar donde vivan, siempre y cuando reúnan los demás requisitos.

Dado en la sala de juntas de la comisión, a 19 de noviembre de 2008
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados: Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica) presidenta; Marcela Cuen Garibi (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunes (rúbrica), David Sánchez Camacho , Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), secretarios; Irene Aragón Castillo , Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonso, Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), Martha Margarita García Müller (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale , María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silvia (rúbrica), Marisol Mora Cuevas , Diana Carolina Pérez de Tejada Romero (rúbrica), Jorge Quintero Bello (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez , Mario Vallejo Estévez, Martín Zepeda Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. Como no se registró orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.



PIRATERIA DE SOFTWARE

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Dictamen de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual a realizar un estudio de afectación económica por piratería de software en el país

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y análisis proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual a realizar un estudio de afectación económica por piratería de software en el país.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos d), e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

Primero. Que en sesión celebrada en la Cámara de Diputados, el 11 de abril de 2007, los Secretarios de ésta, dieron cuenta al Pleno de la proposición que presentó el diputado Obdulio Ávila Mayo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión.

Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Economía''.

Tercero. El legislador propone lo siguiente:

• Que la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual:
-- Realice un estudio de impacto económico, para que dé los resultados, determine planes y programas, de conformidad con la legislación aplicable, que permitan coadyuvar a la disminución del fenómeno de la piratería de software en nuestro país.
-- Realice un diagnóstico a nivel nacional que permita conocer la situación actual del sistema de propiedad intelectual, así como su conocimiento y empleo por parte de la población.
-- Desarrolle actividades tendentes a difundir de manera directa e inmediata el sistema de propiedad intelectual en la población, destacando sus beneficios y las oportunidades que de este derivan.

Consideraciones

Primera. Que con base en los antecedentes indicados la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar la proposición con punto de acuerdo de referencia.

Segunda. Que entre los conceptos más aceptados por los tratadistas puede entenderse como propiedad intelectual ``al conjunto de prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales'' la propiedad intelectual a su vez se divide en 2 grandes vertientes, la propiedad industrial y los derechos de autor.

México se encuentra comprometido a brindar protección a los derechos de propiedad intelectual, conforme lo establecido por el artículo 28 de la Constitución federal y en un segundo plano en función de diversos tratados internacionales en la materia, como el Convenio de Berna, la Convención Universal, el Convenio de Ginebra, la Convención de Roma, el Convenio de París para la Propiedad Industrial, el Arreglo de Lisboa para la Protección de las Denominaciones de Origen, entre otros.

Tercera. Que la denominada piratería se refiere a la reproducción o explotación no autorizada de obras, discos, películas, libros y programas de cómputo protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, pero esta actividad ha extendido sus redes a la falsificación de marcas protegidas por la Ley de la Propiedad Industrial, como juguetes, muebles, medicinas, vinos, licores, perfumes, ropa, calzado, sólo por mencionar algunos. El fenómeno de la piratería es cometido en perjuicio del derecho de autor, los derechos conexos y la propiedad industrial constituye hoy día en México una práctica ilícita que afecta gravemente a nuestra planta productiva.

Cuarta. Que en la protección de los derechos de propiedad intelectual se deben respetar las normas constitucionales que establecen los principios de libre concurrencia y competencia económica, a fin de evitar el abuso en el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual y de mantener el equilibrio entre los diversos sectores que participan en la vida económica del país, con objeto de que se prevengan actos que puedan implicar una competencia desleal.

El fenómeno de la denominada piratería ha provocado, la promoción de una cultura de ilegalidad que niega respeto y seguridad jurídica a los titulares de derechos y que tiene por efecto debilitar la fortaleza y dinamismo de un estado de derecho.

Quinta. Que el 4 de octubre de 1993 se expidió el acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual (Comisión) la cual tiene por objeto coordinar las acciones que lleven a cabo las distintas dependencias de la administración pública federal, para asegurar el cabal cumplimiento y debida aplicación de las disposiciones legales que tengan por objeto la protección de los derechos de propiedad intelectual.

La Comisión está integrada por: un representante de la Secretaría de Gobernación, quien funge como secretario técnico de la Comisión; representantes de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía y de Educación Pública, de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Sexta. Que dentro de las funciones que desempeña la Comisión se encuentra: recabar información relativa a los distintos aspectos de la violación a los derechos de propiedad intelectual, coadyuvar con la Procuraduría General de la República para la integración de las averiguaciones previas y efectuar campañas publicitarias en contra de los violadores de los derechos de propiedad intelectual y en favor del respeto y cumplimiento a las disposiciones legales que protejan los derechos de autor y de la propiedad industrial. La Comisión también puede invitar a participar a las entidades federativas.

Séptima. Que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a través de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, recibe las denuncias contra la piratería para darles seguimiento.

La Ley de la Propiedad Industrial, contempla sanciones por falsificar, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas por esa ley, así como a quien o quienes produzcan, almacenen, transporten, introduzcan al país, distribuyan o vendan, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esa ley, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esa legislación.

En cuanto hace a las acciones efectuadas contra el delito de la denominada piratería, la PGR anunció, el pasado 1 de abril de 2008, que se han asegurado más de 18 millones de videogramas, 39 millones de fonogramas y se han desmantelado 337 laboratorios dedicados a la piratería, se han decomisado 18 inmuebles, 380 locales comerciales, se han desmantelado 14 fábricas, incautado 9 mil quemadores y 39 contenedores en aduanas con más de 12 millones de productos que infringen los derechos de propiedad intelectual.

Octava. Que en cuanto hace al fomento a la industria y el mercado de tecnologías de la información (TI) constituye una estrategia para incrementar la competitividad del país. Las TI tienen un efecto transversal en toda la economía, razón por la cual impactan positivamente la competitividad de todos los sectores.

Novena. Que de acuerdo a datos anunciados por el director general de Microsoft, Philippe Courtois, en la conferencia Planeación estratégica y Mercadotecnia en el marco de la Semana Nacional Pyme 2008 sólo el 20 por ciento de los trabajadores de las empresas del país tiene acceso a una computadora personal, lo que expresa que la penetración en las TI es baja. La tecnología sigue siendo un obstáculo constante de las empresas mexicanas. De las 4.3 millones de empresas que hay en México, la penetración en las TI sigue siendo considerablemente baja.

En cuanto hace los estudios realizados en nuestro país, puede citarse el realizado por Joint Future Systems y la Cámara Nacional de la Industria, Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información quienes en su IV Estudio de Percepción sobre Seguridad en Informática en México, muestran entre otros datos relevantes la apreciación de que México no ha podido posicionarse como un país productor de soluciones tecnológicas debido a que el desarrollo y la investigación aún son muy escasos y que los directivos de la mayoría de las empresas no han identificado a la seguridad en informática como una actividad estratégica del negocio.

El propósito del Estudio de Percepción sobre Seguridad en Informática en México es conocer las principales preocupaciones, así como la percepción de los usuarios de equipos de cómputo y comunicaciones en nuestro país, aparte del grado de conocimiento que se tiene sobre el tema de la seguridad en el ámbito laboral, generando con ello estadísticas y parámetros que permiten comparar las variaciones, avances o rezagos percibidos por los encuestados, desde el año 2004 a la fecha.

Décima. Que de acuerdo a datos de IDC, la principal firma mundial de inteligencia de mercado, la crisis financiera mundial ha generado incertidumbre a la mayoría de los sectores comerciales, pero la industria de las TI pudiera ser la excepción, sobretodo en Latinoamérica. La región representa el 3.8 por ciento del gasto mundial en TI, mientras que Asia-Pacífico, exceptuando a Japón, es la zona más grande con 12.7 por ciento del gasto mundial.

La participación de América Latina es relativamente pequeña, sin embargo, se espera que tenga un crecimiento de casi 15 por ciento durante 2008, mientras que la región asiática crecerá solamente 8 por ciento, según el estudio Latin America Black Book 2008.

Los casos Brasil y México, resultan muy interesantes, dado que son los países que más invierten en TI de la región Latinoamérica, representando el 45 por ciento y el 20 por ciento del gasto respectivamente. Ambos mercados son estables, el primero invierte fundamentalmente en software y servicios, mientras que el segundo crece por debajo del promedio de la región, según el reporte del Latin America Black Book 2008. La forma de adquirir tecnología en estos países muestra una demanda más madura, ya que el 60 por ciento de las compañías prefieren adquirir una solución en lugar de arrendarla o comprarla en partes separadas.

Según datos de la BSA (Business Software Alliance) 36 por ciento del software que se utiliza en el mundo es ilegal, implicando no sólo la actividad ilegal sino un latente riesgo para la información y equipos informáticos.

Undécima. Que los diputados integrantes de la Comisión de Economía que dictamina, reconocen y concluyen que la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual, actualmente desempeña las actividades que plantea el diputado promovente, sin embargo, coinciden en la importancia que reviste cualquier esfuerzo que se realice para proporcionar seguridad jurídica al desarrollo e innovación de tecnologías de la información, dado que constituyen herramientas cruciales que impulsan y favorecen el desarrollo de la competitividad nacional. Coinciden en lo dañino que puede ser el fenómeno de la denominada piratería y que se deben coordinar los esfuerzos por lo complejo e indeterminado del problema.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Economía somete al Pleno de la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, los siguientes

Acuerdos

Primero. Se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual, a coordinarse con las instancias nacionales e internacionales para actualizar la información que contribuya a combatir eficazmente el fenómeno de la piratería.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual, a proporcionar a las entidades federativas la información que le permita colaborar eficazmente a prevenir y combatir el fenómeno de la piratería.

Tercero. Se exhorta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al Instituto Nacional del Derecho de Autor y a la Secretaría de Educación Pública a diseñar y realizar campañas pedagógicas tendientes a fomentar una cultura de respeto a los derechos de propiedad intelectual, en los centros educativos del nivel básico, y ponerlas para consideración de las autoridades de las instituciones educativas del nivel medio superior y superior para que en su caso las apliquen.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de febrero de 2009.
La Comisión de Economía, diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal , Antonio Berber Martínez , Carlos Alberto García González , Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Martín Malagón Ríos (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica), Octavio Martínez Vargas , Susana Monreal Ávila , Alicia Rodríguez Martínez (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal (rúbrica), Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez , Raúl Ríos Gamboa , Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho , Alberto Amaro Corona , Joaquín Humberto Vela González , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo orador alguno registrado se considera suficientemente discutido.

Como es el último, voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo aquí expuestos.

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : Con todo gusto, presidente.

En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.



LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : El siguiente punto en el orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 53 y 55, fracción V, y que deroga el último párrafo del artículo 55 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma los artículos 53 y 55, fracción V, y deroga el último párrafo del artículo 55 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Honorable Asamblea:

La Comisión de Juventud y Deporte de la LX Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

A la Comisión de Juventud y Deporte de la LX Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 4230, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 55, fracción V, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, presentada por el diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, el 25 de junio de 2008.

El legislador promovente destaca que una de las finalidades de la Ley General de Cultura Física y Deporte consiste en fomentar, ordenar y regular las asociaciones y sociedades deportivas, deportivo-recreativas y del deporte en la rehabilitación y de la cultura física-deportiva, a las cuales reconoce de manera formal como asociaciones deportivas nacionales mediante el registro que otorga el gobierno federal por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y que trae aparejada una serie de derechos y obligaciones.

Asimismo, señala que en la regulación prevista en la ley sobre este tema existe contradicción en sus disposiciones; anota que, de acuerdo con el artículo 29 de la ley, el cual establece como atribución de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte otorgar el registro correspondiente a las asociaciones y sociedades que en el ámbito nacional tengan como objeto fomentar, desarrollar, promover, investigar, difundir e impulsar actividades de cultura física o deporte, así como el artículo 44, el cual señala con claridad que serán registradas por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte las asociaciones deportivas y las personas morales, cualquiera que sea su denominación y naturaleza jurídica, que conforme a su objeto social promuevan, practiquen o contribuyan al desarrollo del deporte sin fines económicos; por lo que corresponde a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte otorgar el registro correspondiente a las asociaciones y sociedades deportivas que tengan los objetivos mencionados. Esto es, afirma el promovente, contradictorio con lo establecido en la fracción V del artículo 55 de la ley, el cual exige a las asociaciones deportivas como requisito para obtener el registro, estar afiliadas a una federación deportiva internacional reconocida por la Asociación General de Federaciones Deportivas Internacionales, lo cual limita a las federaciones mexicanas afiliadas a la federación deportiva internacional respectiva cuando ésta no tiene reconocimiento de la Asociación General de Federaciones Deportivas Internacionales, al igual que aquéllas asociaciones deportivas mexicanas de cuya disciplina no existe federación internacional. Lo anterior, de acuerdo con el legislador, constituye una clara contradicción entre las diversas disposiciones de la ley en estudio, ocasionando incluso la inaplicabilidad de otras, como el derecho de muchas asociaciones deportivas a recibir su registro. Agrega el diputado promoverte que esta situación provoca una desigualdad entre las federaciones deportivas nacionales que se encuentran en los distintos supuestos ilustrados.

Por lo anterior, expone la necesidad de reconocer y homologar la intención de la legislación deportiva en el sentido de apoyar y registrar a todas las asociaciones deportivas nacionales que tengan como finalidades las señaladas por la ley en estudio, modificando las disposiciones que limiten la participación de los diferentes actores participantes en el ámbito de la cultura física y el deporte.

La Comisión de Juventud y Deporte procedió al estudio y análisis de la iniciativa de referencia, llevando a cabo, para tal efecto, reuniones de trabajo con los integrantes del pleno de la misma, hasta alcanzar el dictamen que hoy se presenta con las siguientes

Consideraciones

La Ley General de Cultura Física y Deporte es la norma rectora del deporte en nuestro país y tiene como objeto establecer las bases generales de coordinación y colaboración entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como de la concertación para la participación de los sectores social y privado en materia de cultura física y deporte, correspondiendo su aplicación e interpretación en el ámbito administrativo al Ejecutivo federal, por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

En efecto, como lo expone el diputado promovente, la ley ordena y regula la participación de las múltiples organizaciones deportivas legalmente constituidas a la luz de las disposiciones de la ley en estudio, siendo fundamental la congruencia de su contenido.

Derivado de la revisión realizada por esta comisión, encontramos que, como lo refiere atinadamente el legislador, existen disposiciones dentro de la ley que dificultan el cumplimiento de sus finalidades e inclusive atentan contra la igualdad de los sujetos a quienes se destina; la regulación que actualmente contempla la ley para las asociaciones deportivas constituye un claro ejemplo.

Los artículos 51 y 53 reconocen a las federaciones deportivas mexicanas su calidad como máxima instancia técnica de su disciplina, ordenan y establecen la forma de regulación a las asociaciones deportivas nacionales. A continuación, en los subsecuentes artículos se especifican las atribuciones, derechos y obligaciones, que orientan su actuar, tales como: calificar y organizar, en su caso, las actividades y competiciones deportivas oficiales; actuar en coordinación con sus asociados en la promoción general de su disciplina deportiva en todo el territorio nacional y colaborar con la administración de la federación, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios en la formación de técnicos deportivos y en la prevención, control y represión del uso de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte. Además, son sujetos de los apoyos y estímulos que en su caso acuerde el Ejecutivo federal, siempre que estén registradas de conformidad con la ley ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y cumplan las obligaciones que se les imponga como integrantes del Sistema Nacional del Deporte, las derivadas del estatuto de la Confederación Deportiva Mexicana y demás disposiciones aplicables en materia presupuestaria.

Asimismo, este ordenamiento señala en su artículo 55 los requisitos que deberán cumplir las federaciones deportivas mexicanas, o equivalentes, que pretendan obtener el registro y reconocimiento de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte como asociaciones deportivas nacionales, a saber:

I. Existencia de interés deportivo nacional o internacional de la disciplina.
II. Existencia de competiciones de ámbito internacional con un número significativo de participantes.
III. Representar mayoritariamente una especialidad deportiva en el país.
IV. Prever en sus estatutos la facultad de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de fiscalizar la correcta aplicación y ejercicio de los recursos públicos, así como evaluar los resultados de los programas operados con los recursos mencionados.
V. Contar con la afiliación a una federación internacional reconocida por la Asociación General de Federaciones Deportivas Internacionales.
VI. Estar reconocida conforme a la presente ley.
VII. Constancia de afiliación o asociación a la Confederación Deportiva Mexicana.

Deja exentas del cumplimiento de la fracción V a las federaciones mexicanas de charrería y juegos y deportes autóctonos, en virtud de que no existe federación internacional de dichas disciplinas.

Bajo este contexto, a simple vista se observa un estado de igualdad y de congruencia; sin embargo, la práctica ha mostrado la existencia de un estado de desigualdad entre las asociaciones deportivas de las distintas disciplinas legalmente constituidas, particularmente por lo dispuesto en la fracción V, que exige contar con la afiliación a una federación internacional reconocida por la Asociación General de Federaciones Deportivas Internacionales, y que ha sido un obstáculo, no sólo para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte pueda otorgar el registro como asociación deportiva nacional y para que pueda otorgarles apoyos y estímulos a los que tienen derecho, de conformidad con el artículo 56 de la Ley General de Cultura Física y Deporte 1 , sino para que las propias asociaciones puedan ser reconocidas legalmente por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte como asociaciones deportivas nacionales y con ello ser sujetos de todas las obligaciones y derechos, como recibir apoyos y estímulos económicos, contemplados y reconocidos en la propia ley de referencia. Si bien el texto vigente del artículo 55 exceptúa del cumplimiento de la fracción V, en el sentido de contar con la afiliación a una federación internacional reconocida por la Asociación General de Federaciones Deportivas Internacionales, a las federaciones mexicanas de charrería y juegos y deportes autóctonos, en virtud de que no existe federación internacional de dichas disciplinas; la realidad social ha superado por mucho la hipótesis de excepción; tal es el caso de las asociaciones deportivas que se citan a continuación en forma enunciativa mas no limitativa: Federación Mexicana de Padel, AC, Federación Mexicana de Lima Lama, AC; Federación Mexicana de Golf, AC; Federación Mexicana de Fútbol Rápido, AC; Federación de Dominó de la República Mexicana, AC; Federación Mexicana de Arte y Cultura, AC; Federación Mexicana de Nippon Kempo, AC; Federación Mexicana de Medicina del Deporte, AC; Federación Mexicana de Deportes para Sordos, AC; Federación Mexicana de Cross Bol, AC; Federación Mexicana de Colombofilia, AC; Asociación Mexicana de Medallistas Olímpicos, AC; Asociación Mexicana de Duni, AC; Asociación Mexicana de Actividad Física y Deporte para Adultos y Ancianos, AC. Estas asociaciones, además de las excepciones que contempla la ley vigente, han sido identificadas por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte por no contar con una federación internacional en su disciplina afiliada a la Asociación General de Federaciones Deportivas Internacionales (AGIFS) 2 .

Aunado a lo anterior, también han sido identificados otros supuestos, como el caso de asociaciones deportivas nacionales que por no estar al corriente en los pagos correspondientes a la afiliación de su federación internacional y precisamente por la ausencia de estímulos y apoyos económicos por parte del Estado, no obtienen la constancia anual que otorga esta última; tal ha sido el caso de las federaciones de hockey sobre hielo y levantamiento de pesas3, y en consecuencia pierden el cúmulo de atribuciones que otorga la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Es por todo lo anterior que la Comisión de Juventud y Deporte comparte la intención noble del legislador y estima que los alcances de su intención podrían ampliarse más aún si en lugar de modificar la fracción V del artículo 55, en términos de la propuesta original ``Contar con la afiliación a una federación internacional de su respectiva disciplina'', se modifica para quedar de la siguiente manera: ``Acreditar el reconocimiento de la federación u organización internacional, si la hubiera, con apego a las normas de los organismos deportivos internacionales''; se deroga el párrafo último del mismo artículo que actualmente excluye del cumplimiento de la fracción V a las federaciones mexicanas de charrería y juegos y deportes autóctonos, en virtud de que no existe federación internacional de dichos deportes, y se modifica la redacción del artículo 53 para complementar y armonizar la propuesta, el cual en el texto vigente dice ``las asociaciones deportivas nacionales son la máxima instancia técnica de su disciplina y deberán representar a un sólo deporte en todas sus modalidades y especialidades, en los términos del reconocimiento de su respectiva federación deportiva internacional''; para quedar como sigue: ``Las asociaciones deportivas nacionales son la máxima instancia técnica de su disciplina y deberán representar a un sólo deporte en todas sus modalidades y especialidades, en los términos del reconocimiento de su respectiva federación u organización internacional, si la hubiera. ''

De esta manera, se acotan los requisitos para reconocer legalmente a las asociaciones deportivas, en atención a los intereses que actualmente demanda la comunidad, no sólo nacional sino mundial, en materia deportiva, ya que por sus características obedecen a una estructura internacional, haciéndose efectiva la igualdad entre las asociaciones deportivas nacionales, pues serán sujetas a dicha fracción cuando exista una federación u organización internacional equivalente de su disciplina, que cumpla las normas de los organismos deportivos internacionales, que nuestra nación hace suyas, al igual que el resto de los países representados a través de las federaciones deportivas internacionales, salvaguardándose de esta manera la organización nacional y mundial del deporte. Asimismo, se otorga congruencia y claridad a nuestro ordenamiento deportivo y en general se avanza en el beneficio del deporte mexicano.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Juventud y Deporte somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente:

Decreto

Artículo único. Se reforman los artículos 53 y 55, fracción V, y se deroga el último párrafo del artículo 55 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 53. Las asociaciones deportivas nacionales son la máxima instancia técnica de su disciplina y deberán representar a un sólo deporte en todas sus modalidades y especialidades, en los términos del reconocimiento de su respectiva federación u organización internacional , si la hubiera .

Artículo 55. ...

I. a IV. ...
V. Acreditar el reconocimiento de la federación u organización internacional correspondiente, si la hubiera, con sujeción a las normas de los organismos deportivos internacionales.
VI. y VII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo . La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte tendrá 90 días después de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones reglamentarias correspondientes.

Notas: 1. Opinión institucional de la reforma en estudio , elaborado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y presentado ante esta comisión por conducto de la Secretaría de Gobernación, mediante oficio número SEL/UEL/311/DGAEGFSC/3207/08, del 19 de septiembre de 2008.2. Ídem.3. Ídem.
Salón de sesiones de la Comisión de Juventud y Deporte; Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2008.
La Comisión de Juventud y Deporte, diputados: Elizabeth Morales García (rúbrica), presidenta; Gregorio Barradas Miravete , Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Daisy Selene Hernández Gaytán (rúbrica), Gerardo Lagunes Gallina (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido , José Luis Aguilera Rico (rúbrica), Francisco Sánchez Ramos , Alma Hilda Medina Macías (rúbrica), José Inés Palafox Núñez (rúbrica), secretarios; Salvador Barajas del Toro , Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica), Ricardo Franco Cazarez (rúbrica), Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica), Pedro Montalvo Gómez (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Francisco Javier Plascencia Alonso (rúbrica), Celso David Pulido Santiago (rúbrica), Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Rafael Villicaña García (rúbrica), Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), Alma Xóchil Cardona Benavides (rúbrica), Fidel Antuña Batista (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica), Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar, Jorge Luis de la Garza Treviño, Emilio Ulloa Pérez , Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica).»

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : La Presidencia quiere aprovechar este momento para saludar y dar la bienvenida a los siguientes invitados: a los alumnos y el personal de la Universidad Autónoma Metropolitana delDistrito Federal, invitados por el diputado Jesús Arredondo Velázquez. Bienvenidos. A los alumnos y profesores de la Universidad Vasco de Quiroga, de Morelia, Michoacán, que también nos acompañan en esta sesión. Sean ustedes bienvenidos.

En consecuencia, se otorga el uso de la palabra al diputado Fidel Antuña Batista , para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Fidel Antuña Batista : Con el permiso de la Mesa Directiva.

La Comisión de Juventud y Deporte presenta hoy a ustedes la propuesta de modificar dos artículos de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para corregir una desigualdad que afecta a 18 asociaciones deportivas nacionales, comúnmente llamadas ``federaciones deportivas nacionales'', y que cumplen una labor importante para la sociedad, pero que están impedidas para recibir financiamiento público por causas no atribuibles a ellas, pues la ley les exige requisitos innecesarios e incumplibles.

El derecho a la igualdad es una máxima fundamental de cualquier sociedad, que garantiza el equilibrio y su desa-rrollo y que se extiende a todos los sectores, incluido el deporte.

El proyecto de reforma que la Comisión de Juventud y Deporte pone hoy a consideración de esta asamblea es parte del cumplimiento de ese compromiso social con el deporte de nuestro país, y con la equidad, con la visión de aprovechar a favor de la sociedad todo el potencial del propio deporte, de las otras expresiones de la cultura física, como la educación, la reeducación física, el ejercicio y la recreación.

Se trata en sí de modificar la Ley General de Cultura Física y Deporte, en los preceptos que se refieren a requisitos que deberán cumplir las federaciones deportivas del país, para tener derecho a recibir recursos públicos para el cumplimiento de sus funciones, de sus programas sociales e incluso el apoyo para la operación de la organización nacional respectiva.

La reforma a la ley se hace necesaria, ya que las exigencias previstas en la ley vigente excluyen injustificadamente a 18 organizaciones deportivas nacionales, que están imposibilitadas a cumplir los requerimientos, con excepción de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos Tradicionales y la Federación Mexicana de Charrería, cuyas características especiales sí están previstas en la ley, pero se omiten en sí a otras 18 organizaciones.

Actualmente la ley exige a las federaciones deportivas nacionales lo siguiente:

Primero, contar con federación internacional, en su modalidad, y esto no es posible para todas por la naturaleza de sus actividades, que no están en todos los casos, ni tienen fines de competencia, y porque la práctica de su actividad no la requiere o no existe en un número suficiente de países.

Segundo, que la respectiva federación internacional cuente con el reconocimiento de la Asociación General de Federaciones Deportivas Internacionales (AGIFS), que forma parte del movimiento olímpico internacional con lo que sí se encierra el círculo adverso, pues sin esta validación no pueden obtener el registro como asociación deportiva nacional sencillamente porque no existe federación internacional en su disciplina.

Esta disposición afecta a las otras 18 asociaciones deportivas nacionales que no están previstas en la excepción, no obstante que cumplen con tareas de utilidad social plenamente justificadas.

En esta condición están, entre otras organizaciones, la Federación Mexicana de Deportes para Sordos, la Asociación Mexicana de Actividad Física y Deporte para Adultos y Ancianos, la Federación Mexicana de Cross Bol ---deporte sumamente útil para la activación física para el medio laboral---, la Federación Mexicana de Arte y Cultura Deportiva, la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva, la Federación Mexicana de Lima Lama, la Federación Mexicana de Futbol Americano, la Federación Nacional de Futbol Rápido y la Federación Mexicana de Padel, entre otras.

Para subsanar esta exclusión, el dictamen aprobado prevé la modificación del artículo 55 y la consecuente armonización del artículo 53 para, sin afectar el necesario respeto de nuestro orden deportivo nacional e internacional, adecuar los requisitos existentes de la federación internacional y el reconocimiento de la AGIFS; y omitirlo en los casos en los que no es posible cumplir con este requisito con una redacción que no establezca excepciones específicas, sino condiciones de cumplimiento general.

La redacción propuesta fue acordada con el legislador proponente, nuestro compañero diputado José Inés Palafox, secretario de la comisión; con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), además de la consulta con varios expertos en materia deportiva y con el Sistema de Federaciones Deportivas Nacionales e Internacionales.

La propuesta de reforma no la fundamenta el caso de una, dos o tres organizaciones que actualmente son excluidas; se trata de 18 asociaciones civiles con fines deportivos en distintas disciplinas y de un sinnúmero de deportistas afiliados a las mismas.

Así, con la propuesta de reforma que se plantea, se verán beneficiadas todas las asociaciones deportivas nacionales que, imposibilitadas actualmente para cumplir con los requisitos, ya podrán obtener el registro que otorga la Conade y no verán más limitado su reconocimiento como entes socialmente útiles.

Asimismo, podrán colaborar con la administración de la federación, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios en la formación de técnicos deportivos y en la prevención, control y represión de uso de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte, como lo prevé la ley. Además, serán sujetos de todos los apoyos y estímulos que en su caso acuerde el Ejecutivo federal, de conformidad con lo previsto en la legislación.

Por todo esto, la Comisión de Juventud y Deporte presenta dictamen a favor de la propuesta y pide a esta honorable asamblea su voto en el mismo sentido, el cual será en beneficio del deporte nacional.

Solicito atentamente que el texto íntegro de este dictamen sea incluido en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Gracias, diputado Fidel Antuña. Así se hará, se atenderá su petición con mucho gusto.

En consecuencia, está a discusión en lo general. En virtud de que no hay orador alguno registrado, consulte la Secretaría a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Suficientemente discutido.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : La Presidencia quiere aprovechar este momento para saludar y dar la bienvenida a jóvenes participantes en el Primer Foro Nacional de Jóvenes Empresarios del Campo, la Ciudad y Universidades, invitados por el diputado Ernesto Oviedo y otros legisladores. Les damos, señoras y señores, la más cordial bienvenida a este recinto parlamentario.

Igualmente saludamos a alumnos del Colegio Ciudad de México; les damos la más cordial bienvenida. Ellos han sido invitados por el diputado Benjamín González Roaro . Deseamos que su estancia en este recinto sea grata y les damos un cordial saludo, de parte de los diputados.

Queremos también saludar a integrantes de la Conaca, Confederación Nacional de Centros de Abasto. Bienvenidos a este recinto.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : ¿Falta algún diputado de emitir su voto? Está abierto aún el sistema electrónico de votación.

¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Está abierto el sistema, diputado.

Ciérrese el sistema electrónico de votación.

Se emitieron 314 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención, diputado presidente.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Gracias, diputado secretario.Aprobado en lo general y en lo particular por 314 votos. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos 53 y 55, fracción V, y que deroga el último párrafo del artículo 55 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.



LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Continuando con nuestro orden del día, el siguiente punto es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el inciso k) del artículo 28, y que adiciona un tercer párrafo, recorriéndose al actual para pasar a ser cuarto, al artículo 29, de la Ley de Asistencia Social.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, y de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma el inciso k) del artículo 28; y adiciona el tercer párrafo, recorriéndose el actual a cuarto, al artículo 29 de la Ley de Asistencia Social

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Salud, y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura fue turnada, para estudio, análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso k) del artículo 28 y adiciona un párrafo tercero al artículo 29 de la Ley de Asistencia Social, presentada el 25 de octubre de 2007 por la diputada Martha Margarita García Müller , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Estas comisiones elaboraron el presente dictamen con fundamento en el artículo 39, numerales 1, 2, fracción III, y 3; los artículos 44, 45 numeral 1, 4, 6 incisos d) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 55, 56, 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y lo somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 25 de octubre de 2007, la diputada Martha García Müller , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa que reforma la Ley de Asistencia Social.

Segundo. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23 fracción f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la iniciativa que nos ocupa para su estudio y dictamen a estas comisiones.

Con base en lo anterior, las comisiones unidas hacen de su conocimiento el siguiente

Contenido de la iniciativa

1. Se propone reformar el inciso k) del artículo 28 y adicionar un párrafo tercero al artículo 29 ambos de la Ley de Asistencia Social para establecer como una atribución del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el elaborar y actualizar el Registro Nacional de personas con discapacidad, en colaboración con el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, Dependencias, Entidades Federales, Estatales y Municipales, para quedar como sigue:

Texto vigente

Artículo 28. El Organismo será el coordinador del Sistema, y tendrá las siguientes funciones:
a) a j) ...
k) Elaborar y actualizar el Directorio Nacional de las Instituciones Públicas y Privadas de Asistencia Social;
l) a z) ...
Artículo 29. En el diseño de las políticas públicas, operación de programas, prestación de servicios, y la realización de acciones, el Organismo actuará en coordinación con dependencias y entidades federales, estatales o municipales, de acuerdo con la competencia y atribuciones legales que éstas tengan.
...

Texto propuesto

Artículo 28. El Organismo será el coordinador del Sistema, y tendrá las siguientes funciones:
a) a j) ...
k) Elaborar y actualizar el Directorio Nacional de las Instituciones Públicas y Privadas de Asistencia Social y el Registro Nacional de Personas con Discapacidad.
l) a z) ...
Artículo 29. En el diseño de las políticas públicas, operación de programas, prestación de servicios, y la realización de acciones, el Organismo actuará en coordinación con dependencias y entidades federales, estatales o municipales, de acuerdo con la competencia y atribuciones legales que éstas tengan.
...
Elaborará y actualizará el Registro Nacional de Personas con Discapacidad con la colaboración del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, y en coordinación con Dependencias y Entidades Federales, Estatales y Municipales. Lo anterior en estricto apego, en lo que corresponda, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

2. La iniciativa propone que el ``Registro Nacional de Personas con Discapacidad contenga datos tales como el nombre de las personas, sus domicilios, edad, género, estado civil, tipo de discapacidad y características de la misma, así como los demás datos que se consideren necesarios incluir para su plena identificación''.

3. En la exposición de motivos se establece que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) es el encargado de apoyar a las personas con discapacidad y de coordinar el Sistema Nacional de Información en materia de Asistencia Social en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Consideraciones

I. La comisión está de acuerdo con la promovente en que es necesario que exista el Registro Nacional de Personas con Discapacidad realizado conjuntamente por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, con el fin de recabar los datos de las personas con discapacidad, ya que sólo con este conocimiento se podrá llevar a cabo el diseño de políticas públicas eficaces que atiendan las necesidades y demandas cotidianas de estas personas.

II. La Ley General para las Personas con Discapacidad establece en su artículo 29 que el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad es el instrumento permanente encargado de apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones, estrategias y programas derivados de la Ley General de las Personas con Discapacidad y en su artículo 30, fracción XVIII mandata:

Artículo 30. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:
I. a XVII. ...
XVIII. Ser el organismo de consulta y asesoría obligatoria para las dependencias y entidades de la administración pública federal, y en su caso, voluntaria para las instituciones de los sectores social y privado, que realicen acciones o programas relacionados con las personas con discapacidad.
De ello se desprende que en todo lo referente a programas y acciones a favor de las personas con discapacidad, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad será el organismo de consulta y asesoría obligatoria, por lo que es pertinente que el Registro Nacional se elabore y actualice en colaboración entre las dos instituciones.

III. La creación del Registro Nacional de Personas con Discapacidad no generará un impacto en el Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que estará a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia que utilizará la estructura tanto física como humana con la que cuenta actualmente para realizarlo; además contará con la colaboración del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, en coordinación con las dependencias y entidades federales, estatales y municipales. Por lo expuesto, las comisiones someten a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el inciso k) del artículo 28 y adiciona un párrafo al artículo 29 de la Ley de Asistencia Social

Artículo Único. Se reforma el inciso k) del artículo 28 y se adiciona el tercer párrafo, recorriéndose el actual para pasar a ser cuarto, al artículo 29 de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:

Artículo 28. El organismo será el coordinador del Sistema, y tendrá las siguientes funciones:

a) a j) ...
k) Elaborar y actualizar el Directorio Nacional de las Instituciones Públicas y Privadas de Asistencia Social y el Registro Nacional de Personas con Discapacidad.
l) a z) ...

Artículo 29. ...

...

Elaborará y actualizará el Registro Nacional de Personas con Discapacidad con la colaboración del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad;

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La elaboración, actualización y administración del Registro Nacional de Personas con Discapacidad se realizará con los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, por lo que no se requerirán recursos adicionales para tales efectos.

Dado en la sala de juntas de la comisión, a 2 de diciembre de 2008.
La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Efraín Morales Sánchez (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe , Maricela Contreras Julián , María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes , Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena , María Mercedes Maciel Ortiz , Lorena Martínez Rodríguez , Holly Matus Toledo , Roberto Mendoza Flores , Elizabeth Morales García , Miguel Ángel Navarro Quintero , Gilberto Ojeda Camacho , Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica).
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados: Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), presidenta; Marcela Cuen Garibi (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunes (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), secretarios; Irene Aragón Castillo , Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , Silvia Emilia Degante Romero , Martha Margarita García Müller (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale , María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silvia, Marisol Mora Cuevas (rúbrica), Diana Carolina Pérez de Tejada Romero (rúbrica), Jorge Quintero Bello (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez , Mario Vallejo Estévez, Martín Zepeda Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Gracias, secretario. En consecuencia, está a discusión en lo general.

Se les informa que la Presidencia recibió el registro en pro del dictamen, de los siguientes diputados: Martha Margarita García Müller , del Partido Acción Nacional, y Fernando Enrique Mayans Canabal , del Partido de la Revolución Democrática.

En consecuencia, se otorga el uso de la palabra a la diputada Martha Margarita García Müller , en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Hasta por cinco minutos, señora diputada.

La diputada Martha Margarita García Müller : Con su permiso, señor presidente.

Muy buenas tardes, compañeros diputados y compañeras diputadas, la iniciativa que hoy será sometida a consideración de ustedes atiende al sector más vulnerable de nuestro país, que son las personas con discapacidad.

Esta iniciativa reforma el inciso k) del artículo 28, y adiciona el párrafo tercero, recorriéndose al actual para pasar a ser cuarto, al artículo 29, de la Ley de Asistencia Social. Compañeros diputados y compañeras diputadas, se trata de la creación del Registro Nacional para Personas con Discapacidad.

Las estadísticas del Inegi señalan que en México sólo 2 por ciento de la población padece de alguna discapacidad. Sin embargo, es un porcentaje dudoso, ya que la Organización Mundial de la Salud estima que el promedio mundial de discapacidad es aproximadamente de 10 por ciento de la población mundial, o sea, 620 millones de habitantes.

Pongo el ejemplo de países como España, que tiene 9 por ciento de personas con discapacidad; Alemania, 12 por ciento; Honduras, 11 por ciento; Costa Rica, 6 por ciento; Chile, 7 por ciento; Inglaterra, 7 por ciento; y Argentina, 9 por ciento. Así, el promedio que da la Organización Mundial de la Salud es aproximadamente de 10 por ciento.

Lamentablemente, en nuestro país, se desconoce el porcentaje de las personas con discapacidad. Por esto vemos necesario crear el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, con la finalidad de que, mediante el registro, se tenga un control específico de cuántas personas con discapacidad hay y qué tipo de discapacidades tienen.

Es importante que el Registro Nacional de Personas con Discapacidad exista en nuestro país, para que el gobierno federal, el Congreso, los estados y los municipios tengamos claro de qué tamaño es la responsabilidad que tenemos con cada uno de ellos en el tema de salud, de accesibilidad, de educación, de empleo, de programas de apoyo, de vivienda, etcétera, así como el presupuesto, que tendremos que llevar a cabo nosotros.

Para el buen funcionamiento de este registro consideramos que la coordinación entre el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conadis) son fundamentales para que se logre un trabajo en conjunto para recabar los datos de las personas con discapacidad, ya que ambos actualmente están involucrados en el tema y podrán deliberar el diseño de las políticas públicas eficaces que atiendan a este grupo de personas con discapacidad.

En la Ley General de las Personas con Discapacidad, el artículo 29 establece que el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad es el instrumento permanente encargado de apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones, estrategias y programas derivados de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

Por lo consiguiente, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad es el facultado para colaborar con el DIF en la elaboración del registro. Este registro no generará impacto en el presupuesto ya que estará a cargo del DIF y se utilizará en estructura física y de recursos humanos del mismo.

En este registro pretendemos concentrar los siguientes datos: nombre de personas, domicilio, edad, género, estado civil, tipo de discapacidad, ya sea motora, auditiva, mental, visual, y las demás discapacidades que se vayan sumando al catálogo de salud y las características de la misma, así como los demás datos que se consideren necesarios.

Compañeros, debemos considerar que todos y cada uno de nosotros ---o alguno de nuestros familiares--- padece o puede padecer algún tipo de discapacidad.

Los convoco a que aprobemos el dictamen para darle visibilidad a este sector tan vulnerable de la sociedad; elaborar las políticas públicas necesarias y eficaces para que se vayan adaptando a nuestra realidad social.

Para la LX Legislatura sería un gran logro la creación de este Registro Nacional de Discapacidad ya que tenemos una deuda con este sector, que sin duda debemos ir saldando, y que no sólo se logrará trabajando en beneficio de este importante sector, sino que tenemos que emprender acciones reales para apoyarlos. Muchas gracias, compañeros.

Presidencia del diputado César Duarte Jáquez

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, compañera diputada.

Queremos resaltar la presencia de un grupo de ciudadanos de Liderazgo de Organizaciones de la Sociedad Civil de Ciudad Juárez, que hoy nos visitan, de esa ciudad lastimada, esa ciudad con la que esta Cámara ha sido solidaria por todos los acontecimientos que han pasado, desgraciadamente, y que hoy inician, sin duda, un nuevo rumbo a retomar la tranquilidad y la seguridad de Ciudad Juárez. Bienvenidos y felicidades.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , en nombre del Partido de la Revolución Democrática, en pro del dictamen.

El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal : Compañeras diputadas y compañeros diputados, en nuestro país se han realizado diferentes esfuerzos para determinar el número de personas con discapacidad y sus características.

Los mismos intentos fueron las boletas censales de la primera mitad del siglo en los censos de 1895, 1900, 1910, 1921, 1930 y en los años cuarenta, así como la Encuesta Nacional de Inválidos en 1982, de la Secretaría de Salud; el Conteo de Población y Vivienda de 1995, y más recientemente el Registro Nacional de Menores con Discapacidad, en 1995.

Según el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, una persona con discapacidad es la que presenta una limitación física o mental de manera permanente o por más de seis meses, que le impide desarrollar sus actividades en forma que se considere normal para un ser humano.

Datos que nos aportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que en el año 2000 las personas que tenían algún tipo de discapacidad eran 1 millón 795 mil, lo que representaba 8.1 por ciento de la población total.

Por su parte, el informe complementario de México al Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas, de la Organización de Estados Americanos, OEA, refiere que la edad promedio de inicio de la discapacidad en nuestro país es de 29.7 años; en el caso de las mujeres, y de 32.3 en el caso de los hombres, lo que muestra la mayor vulnerabilidad de las mujeres para este tipo de padecimientos.

El informe también destaca que la discapacidad motriz es la más frecuente en la población mexicana, ya que afecta a 45.3 por ciento de la población con discapacidad. En segundo lugar se encuentra la discapacidad visual, con 26 por ciento, que incluye a las personas ciegas y a quienes tienen debilidad visual. En tercer lugar figura la discapacidad mental, con 16.1 por ciento. En cuarto la auditiva, con 15.7 por ciento. Y en quinto la del lenguaje, con un 4.9 por ciento.

En México la principal causa de la discapacidad es por enfermedad, 31.6 por ciento; en segundo lugar se encuentra la edad avanzada, 22.7 por ciento, pues en los adultos mayores se incrementa la probabilidad de adquirir alguna discapacidad como resultado de la degeneración física propia de la vejez. La tercera causa de discapacidad en nuestro país está representada por el conjunto de anomalías de origen hereditario que se producen durante el embarazo o por aquellas que se presentan al momento del nacimiento. El 20 por ciento de las personas con discapacidad señaló tener discapacidad por alguna de estas razones.

Finalmente, cerca de 18 por ciento de las personas con discapacidad refirieron que su padecimiento fue producto de un accidente o de agresiones violentas. Por eso la reforma que se encuentra a su consideración propone que el Registro Nacional de Personas con Discapacidad contenga datos tales como el nombre de la persona, su domicilio, edad, género, estado civil, tipo de discapacidad y características de la misma, así como los demás datos que se considere necesario incluir para su plena identificación.

Asimismo, establece que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia sea el encargado de apoyar a las personas con discapacidad y de coordinar el sistema nacional de información en materia de asistencia social, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La reforma en comento es sin duda trascendental, ya que en años recientes hemos sido testigos del gran reto que la administración pública federal enfrenta para dar respuesta a las demandas de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la discapacidad.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, legislar en materia de discapacidad no es nuevo. Dentro de las principales medidas emprendidas se destaca la reforma del 14 de agosto de 2001 al tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que elevara a rango constitucional la prohibición de cualquier forma de discriminación, incluyendo a las personas con discapacidad. En ese tenor nosotros, como diputados federales, también hemos presentado distintas iniciativas al respecto.

Pero también es cierto que los malos gobiernos en México han aumentado la desigualdad y han fallado en la meta de reducir la pobreza extrema. Hoy día, como nación, no podemos asegurar la igualdad de oportunidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo, tal y como lo establece nuestra Constitución.

Es evidente que el Estado mexicano no ha logrado reducir significativamente la brecha social, económica y cultural persistente en la sociedad, lo que se traduce en que los mexicanos sean tratados con inequidad e injusticia en todas las esferas de su vida, de tal manera que lamentablemente aún persisten algunas formas de discriminación.

En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática creemos en la incorporación de las personas con discapacidad a los diferentes programas sociales que llevan a cabo los tres órdenes de gobierno. Creemos en el fortalecimiento de la coordinación de la administración pública federal con los gobiernos estatales y municipales, con el objeto de brindar un apoyo lo más integral posible y descartando la duplicidad de atención y creemos en los plenos derechos de las personas con algún tipo de discapacidad.

Por eso votaremos a favor del proyecto, porque con una información adecuada podremos estar en posibilidades de garantizar, realizar un diagnóstico temprano y canalizar oportunamente a las personas con discapacidad, a los servicios de estimulación temprana y rehabilitación, entre otros, para lograr su plena integración. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado Mayans. Suficientemente discutido.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por ocho minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Ábrase el sistema electrónico por ocho minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

¿Falta algún diputado o alguna diputada por registrar su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación.

Se emitieron 306 votos en pro, 0 abstenciones y 0 en contra, diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado en lo general y en lo particular por 306 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el inciso k) del artículo 28; y adiciona el tercer párrafo, recorriéndose el actual para pasar a ser cuarto del artículo 29 de la Ley de Asistencia Social. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.



LEY DE AVIACION CIVIL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 61, 71, 79 y 81; y adiciona los artículos 81 Bis y 89 Bis de la Ley de Aviación Civil.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma los artículos 61, 71, 79 y 81, y adiciona el 81 Bis y 89 Bis de la Ley de Aviación Civil

Honorable Asamblea

A la Comisión de Transportes de la honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura, fue turnada para su estudio y posterior dictamen la iniciativa presentada por el diputado Jesús Ramírez Stabros , con proyecto de decreto que reforma los artículos 61, 71, 79 y 81 y adicionan los artículos 81 bis, y 89 bis, de la Ley de Aviación Civil.

La Comisión de Trasportes, con fundamento en los artículos 39, 44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea, el presente dictamen de acuerdo con lo siguiente:

I. Antecedentes

En sesión de Comisión Permanente celebrada el 13 de agosto de 2008 por el pleno de la honorable Cámara de Senadores de la LX Legislatura, fue presentada la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Jesús Ramírez Stabros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de este órgano legislativo turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Transportes de la LX Legislatura para su estudio y dictamen correspondiente.

La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, número 2572 del 18 de agosto del 2008.

II. Contenido

En la exposición de motivos, el promovente señala el riesgo inherente al transporte aéreo, dado que una aeronave es una cosa intrínsecamente peligrosa por la velocidad que desarrolla y por la inflamabilidad de algunos de los fluidos que hacen posible su funcionamiento. No obstante, el transporte aéreo constituye una actividad que promueve el beneficio social y económico, razón por la cual el riesgo creado por una aeronave es aceptable, siempre y cuando el marco legal aplicable contemple supuestos lógicos y razonables de indemnización a favor de las víctimas de algún daño producido durante la realización del aerotransporte.

Además, el diputado Ramírez Stabros señala la importancia que tiene un contrato de transporte aéreo el cual es fuente de obligación para las partes que lo celebran: el transportista se obliga a transportar al pasajero, la carga o el correo y la contraparte se obliga a remunerar o pagar un precio al transportista.

Asimismo y derivado de los dos párrafos anteriores, el promovente menciona que la responsabilidad objetiva o teoría del riesgo creado es la que aplica al transportista en el supuesto de haber causado un daño, ya que la obligación de indemnizar surge al comprobarse el uso de cosas peligrosas, la existencia de un daño de carácter patrimonial y la relación de causa a efecto entre el hecho y el daño, sin considerar que este último se haya producido en forma dolosa o culposa. Complementariamente, señala que este tipo de responsabilidad abarca el ámbito contractual y entendiblemente alcanza el ámbito extracontractual, ya que una víctima sin relación alguna con el causante del daño que resiente, también es acreedor de ése.

El diputado Jesús Ramírez Stabros también expone que, al suceder un incidente o accidente de aviación, la indemnización a cargo del transportista y a favor de la víctima se actualiza con los montos que el primero --a título de responsable-- está obligado legalmente a pagar a la segunda. A partir del incidente o accidente y, con independencia de la obligación del transportista de cumplir los extremos de la responsabilidad objetiva, es imperativo que la autoridad aeronáutica --exclusivamente-- incide una investigación del suceso con el único fin de prevenir eventos futuros similares y aumentar así los márgenes de seguridad con los que se opera en la aviación, en beneficio de los usuarios del transporte aéreo y de aquellas personas que, extracontractualmente, pudieren sufrir un perjuicio patrimonial como consecuencia de un evento futuro similar. El Derecho Aeronáutico no contempla entre los objetivos de la investigación de un incidente o accidente de aviación buscar culpables; sin embargo, la Autoridad Aeronáutica, de ser así necesario, debe poner en conocimiento de la autoridad competente todo aquello que sea conducente.

El promovente menciona que el transporte de pasajeros, carga o correo por vía aérea, ya sea a nivel nacional o internacional es una actividad estratégica para el desarrollo del país y a la vez que nuestros ordenamientos internos deben guardar congruencia con otros instrumentos o acuerdos de carácter internacional, como lo es el denominado Convenio de Chicago. La Ley de la Materia en vigor es la Ley de Aviación Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de mayo de 1995.

En tal virtud el promovente propone que se reforme y adicionen diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil.

III. Consideraciones

Corresponde a esta Cámara conocer y resolver esta iniciativa, atento a los dispuesto en los artículos 70 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Comisión de Transportes expone la siguiente valoración de la iniciativa:

Es relevante señalar que es necesario adicionar el marco existente para hacerlo congruente con las disposiciones internacionales relativas a la investigación de incidentes o accidentes aéreos, ya que al presentarse algunos de estos eventos en nuestro país, debería intervenir exclusivamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En la realidad y dependiendo de la magnitud del daño ocasionado, es frecuente que por razones diversas, el Ministerio Público tome la determinación de participar en la investigación del suceso con el único propósito de encontrar presuntos responsables y consignarlos expeditamente ante la autoridad judicial, sin esperar la conclusión de la investigación del hecho en cuestión y sin tomar en cuenta el reporte final emitido por la autoridad aeronáutica, tal y como se establece en la Ley de Aviación Civil.

Esta Comisión coincide con el iniciador, en que el Ministerio Público y el Poder Judicial de la Federación requieren fortalecer sus estructuras con expertos técnicos en materia de aviación y con investigadores y dictaminadores de accidentes que, utilizando la metodología aceptada internacionalmente en esa materia, estén capacitados para emitir, respectivamente, una determinación y un juicio objetivos al respecto de las causas probables del hecho investigado y valorado.

Finalmente, la dictaminadora estima pertinentes las modificaciones a la Ley de Aviación Civil para efectos de considerar aspectos fundamentales como: armonizar la ley con protocolos internacionales que rigen la materia de investigación de incidentes y accidentes aéreos y que otorguen mayor seguridad y certeza jurídica en un campo cuyos principios generales son prevenir incidentes o accidentes; no determinar culpa o responsabilidad; hacer posible una adecuada y necesaria administración de justicia cuando el caso así lo amerite; protección de la información obtenida por medio de sistemas de recopilación y procesamiento de datos sobre seguridad operacional; y establecimiento de sistemas de notificación obligatoria y voluntaria de incidentes exentos de sanciones.

Por lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Transportes con las atribuciones que otorga el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como el artículo 45, párrafo 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 61, 71, 79, y 81 y se adicionan los artículos 81 Bis y 89 Bis de la Ley de Aviación Civil

Artículo Único. Se reforman los artículos 61, primer párrafo; 71, primer párrafo; 79; 81 y se adicionan los artículos 81 Bis y 89 Bis a la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue:

Artículo 61. Los concesionarios o permisionarios de los servicios de transporte aéreo nacional, serán los únicos responsables por los daños causados a los pasajeros, a la carga y al equipaje en el transporte.

...

...

...

Artículo 71. Se entiende por abordaje aéreo toda colisión entre dos o más aeronaves. En estos casos, los concesionarios o permisionarios y, tratándose del servicio de transporte aéreo privado no comercial, los propietarios o poseedores de las aeronaves, serán solidariamente los únicos responsables por los daños causados a los terceros o a los bienes en la superficie, cada uno dentro de los límites establecidos en el artículo siguiente.

...

Artículo 79. Los concesionarios o permisionarios y, en el caso del servicio de transporte aéreo privado no comercial, los propietarios o poseedores de aeronaves, deberán proveerse de equipos técnicos y del personal necesario para la prevención de accidentes e incidentes aéreos.

Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Accidente: Todo suceso, relacionado con la utilización de una aeronave, que ocurre dentro del periodo comprendido entre el momento en que una persona entra a bordo de la aeronave, con intención de realizar un vuelo, y el momento en que todas las personas han desembarcado, durante el cual:
a) Cualquier persona sufre lesiones mortales o graves a consecuencia de hallarse en la aeronave; o por contacto directo con cualquier parte de la aeronave, incluso las partes que se hayan desprendido de la aeronave; o por exposición directa al chorro de un reactor; excepto cuando las lesiones obedezcan a causas naturales, se las haya causado una persona a sí misma o hayan sido causadas por otras personas o se trate de lesiones sufridas por pasajeros clandestinos escondidos fuera de las áreas destinadas normalmente a los pasajeros y la tripulación, o
b) La aeronave sufre daños o roturas estructurales que afectan adversamente su resistencia estructural, su performance o sus características de vuelo y que normalmente exigen una reparación importante o el recambio del componente afectado; excepto por falla o daños del motor, su capó o sus accesorios; o por daños limitados en las hélices, extremos de ala, antenas, neumáticos, frenos o carenas, pequeñas abolladuras o perforaciones en el revestimiento de la aeronave, o
c) la aeronave desaparece o es totalmente inaccesible;
II. Incidente: Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que no llegue a ser un accidente que afecte o pueda afectar la seguridad de las operaciones, y
III. Incidente grave: Incidente en el que intervienen circunstancias que indican que casi ocurrió un accidente.

Artículo 81. Corresponde única y exclusivamente a la Secretaría la investigación de los accidentes e incidentes sufridos por aeronaves civiles. Concluida la investigación, que se llevará a cabo con audiencia de los interesados, determinará la causa probable de los mismos.

El único objetivo de la investigación de accidentes o incidentes será la prevención de futuros accidentes e incidentes. El propósito de esta actividad no es determinar culpa o responsabilidad.

Si hay lugar a ello, la Secretaría hará del conocimiento de la autoridad competente el contenido del informe preliminar y del informe final, para que dicha autoridad, mediante la participación de expertos técnicos en materia de aviación, de investigadores y dictaminadores de accidentes aéreos, en dado caso y a partir del contenido de los mencionados informes, determine lo conducente.

Artículo 81 Bis. Los registros pertenecientes a las investigaciones de accidentes e incidentes, cualquier sistema de notificación obligatoria de incidentes, cualquier sistema de notificación voluntaria de incidentes y cualquier sistema automático o manual de captura de datos, constituyen sistemas de recopilación y procesamiento de datos sobre seguridad operacional, y como tales, se establecen con el propósito exclusivo de mejorar la seguridad operacional de la aviación, estando prohibida su utilización para fines diferentes de aquellos para los que fue recopilada. Esta protección de la información sobre seguridad operacional tendrá las siguientes excepciones:

I. Cuando exista evidencia de que el evento ha sido originado por un acto que, de acuerdo con la ley, se considere que ha sido realizado con la intención de causar daño, o con el conocimiento de la posibilidad de que éste se originaría, y equivalga a una conducta temeraria, a negligencia grave o a acto doloso;
II. Cuando una autoridad competente, mediante la participación de expertos técnicos en materia de aviación, de investigadores y dictaminadores de accidentes aéreos, considere que las circunstancias indican razonablemente que el evento puede haber sido originado con la intención de causar daño, o con el conocimiento de la posibilidad de que éste se originaría y equivalga a una conducta temeraria, a negligencia grave o a acto doloso, o
III. Cuando mediante un examen de una autoridad competente, en el que hayan participado expertos técnicos en materia de aviación, investigadores y dictaminadores de accidentes aéreos, se determine que la divulgación de la información sobre seguridad operacional es necesaria para la administración apropiada de la justicia, y que su divulgación pesa más que las repercusiones adversas que a escala nacional e internacional dicha divulgación puede tener en la futura disponibilidad de la información sobre seguridad operacional.

Artículo 89 Bis. No obstante lo dispuesto en los artículos 88 y 89 de esta Ley, no serán sujetas a sanciones aquellas personas que emitan reportes, dirigidos a la Secretaría, relativos a deficiencias reales o posibles en materia de seguridad operacional, comprendidos dentro de un sistema de notificación obligatoria de incidentes; o reportes, dirigidos a la Secretaría, relativos a incidentes cuyo conocimiento facilite la recopilación de información, comprendidos dentro de un sistema de notificación voluntaria de incidentes, y que tal vez no sea captada por los sistemas de notificación obligatoria de incidentes, debiendo tales sistemas de notificación voluntaria de incidentes proteger las fuentes de la información.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a los 18 días del mes de noviembre de 2008.
La Comisión de Transportes, diputados: Rubén Aguilar Jiménez (rúbrica), presidente; Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Enrique Iragorri Durán , Marcos Salas Contreras (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Santiago López Becerra (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez (rúbrica), Gerardo Amezola Fonceca (rúbrica), Ramón Barajas López , Tomás del Toro del Villar , Antonio del Valle Toca (rúbrica), Francisco Dávila García , Rafael Franco Melgarejo (rúbrica), Felipe González Ruiz , Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica), Érick López Barriga, Martín Malagón Ríos , Agustín Mollinedo Hernández , Fabián Fernando Montes Sánchez (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna , Francisco Javier Paredes Rodríguez (rúbrica), Gloria Rasgado Corsi , María Mercedes Maciel Ortíz, Rafael Elías Sánchez Cabrales , Jorge Toledo Luis (rúbrica), Robinson Uscanga Cruz , Juan Carlos Velasco Pérez .»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haya solicitado el uso de la palabra, consulte la Secretaría a la asamblea...

El diputado Jesús Ramírez Stabros (desde la curul): Presidente, si me permite hacer uso de la palabra.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El diputado Jesús Ramírez Stabros, en pro del dictamen. El diputado Ramírez Stabros es autor de esta iniciativa.

El diputado Jesús Ramírez Stabros : Muchas gracias, señor presidente.

Compañeras y compañeros, el dictamen que votaremos es fundamental para la actualización de nuestra normatividad en términos de aeronáutica civil, que establece una responsabilidad única a los concesionarios y permisionarios del transporte aéreo en los daños causados a los pasajeros en la carga del equipaje.

Se tipifican características de accidentes con relación a las personas y a las aeronaves y se establece su distinción con respecto a lo que son accidentes e incidentes graves.

Se actualiza nuestra legislación conforme al Convenio de Chicago y, por tanto, a las determinaciones que como país tenemos dentro de este órgano y la organización de aviación civil internacional.

Es un tema discutido ampliamente en la Comisión de Transportes y dejaría en esta asamblea, entonces, esta consideración fundamental para la actualización, la prevención de accidentes, y desde luego el mejoramiento de las condiciones del transporte aéreo en nuestro país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, diputado Jesús Ramírez Stabros.

Se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por ocho minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por ocho minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Queremos destacar la presencia de alumnos de la escuela primaria Francisco Sarabia, del municipio de Huixquilucan,Estado de México. Bienvenidos.

También a alumnos del Colegio de Bachilleres F5, de San Martín Texmelucan, Puebla. Bienvenidos este día a nuestra sesión.

También saludamos a alumnos de la escuela primaria Benito Juárez, de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Bienvenidos.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : ¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación.

Señor presidente, se emitieron 290 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado en lo general y en lo particular por 290 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos 61, 71, 79 y 81, y adiciona los artículos 81 Bis y 89 Bis de la Ley de Aviación Civil. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.



CODIGO DE COMERCIO - LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código de Comercioy de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura del dictamen.

«Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código de Comercio y de la Ley General de Sociedades Mercantiles

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión correspondiente a la LX Legislatura le fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio y reforma otras de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 39, fracción XII, y 45, numeral 6, incisos d, e y f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 85, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa antes mencionada, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero. Durante la sesión de la Comisión Permanente celebrada el día 11 de junio de 2008, los ciudadanos secretarios de ésta dieron cuenta de la iniciativa presentada por el diputado José Luis Espinosa Piña , a nombre de los diputados María del Pilar Ortega Martínez y José Gildardo Guerrero Torres , todos ellos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Segundo. El ciudadano Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión''.

Tercero. Mediante oficio CE/2471/08, de fecha 16 de junio del año en curso, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Economía del contenido de esta iniciativa remitida por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.

Cuarto. Que la iniciativa objeto de este dictamen propone reformas al Código de Comercio y a la Ley General de Sociedades Mercantiles que se encaminan a precisar que solamente lo documentos que deban ser inscritos en el registro del comercio por las sociedades mercantiles correspondan a aquellos que efectivamente deban surtir efecto ante terceros, logrando con ello una aportación significativa a la desregulación y al otorgamiento de un tratamiento jurídico homogéneo respecto de la publicidad de los actos, tanto de lo previsto en el Código de Comercio como en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Quinto. Que se considera procedente la dictaminación en sentido favorable de la iniciativa de mérito, incluyendo ciertas precisiones y adiciones, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Que el registro público nace de la necesidad de llevar una cuenta a cada titular de un derecho, con un fin estrictamente administrativo, sin que estuviera conculcada la finalidad de la publicidad.

Ahora los efectos del registro público son más contundentes y su elemento común consiste en informar a toda persona que consulte, poniendo a su disposición los libros con los asientos que contienen.

En nuestro país, el Registro Público de la Propiedad es la Institución a través de la cual los gobiernos de las entidades federativas otorgan publicidad a los actos jurídicos que, conforme a la ley, precisan de este requisito para surtir sus efectos ante terceros. El Registro Público del Comercio, conforme a lo dispuesto por el artículo 18 del Código de Comercio, se encuentra en el ámbito de la institución del Registro Público de la Propiedad en cada una de las entidades federativas.

Segunda. Que la operación del Registro Público de Comercio está a cargo de la Secretaría de Economía y de las autoridades responsables del Registro Público de la Propiedad en los Estados y en el Distrito Federal, en términos del Código de Comercio y de los convenios de coordinación que se suscriban conforme a lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para estos efectos existirán las oficinas del Registro Público de Comercio en cada entidad federativa que demande el tráfico mercantil.

En él se inscriben los actos mercantiles, así como aquellos que se relacionan con los comerciantes y que conforme a la legislación lo requieran en aras de certidumbre jurídica y de transparencia de la actividad de las sociedades mercantiles.

Tercera. Que una tendencia de mejores prácticas internacionales predominante en el derecho registral es la desregulación de numerosos trámites pertenecientes al ámbito de la vida interna de las sociedades mercantiles, cuyo registro resulta ocioso o no aporta efectos de certidumbre jurídica.

Así, la desregulación de la inscripción en el registro del comercio de las modificaciones al contrato social de sociedades mercantiles y los nombramientos de representantes, referente al otorgamiento de poderes en sus diversas características y con los alcances jurídicos que conllevan resulta adecuado.

Cuarta. Que por principio de economía jurídica las relaciones jurídicas de índole mercantil --en la ejecución de actos de comercio-- no deben sobrerregularse en cuanto a la obligación de su inscripción, si además tales actos se encuentran avalados mediante la fe pública de un corredor o de un notario público.

Quinta. Que los actos societarios nacen extrarregistralmente y su inscripción en el Registro Público del Comercio no es constitutiva de derechos, por lo que si se identifica algún vicio que implique su nulidad, los socios o los terceros interesados pueden demandar tal nulidad sin restricción alguna.

Sexta. Que el objetivo de la institución registral es brindar certidumbre jurídica a ciertos actos del comercio y la oponibilidad de derechos frente a terceros, sin embargo, para que se cumpla de manera eficiente y eficaz con su cometido es necesario consolidar un programa de modernización, que permita un manejo confiable de las bases de datos, una capacitación continua del personal, la posibilidad de reducir el número de actos inscribibles, así como la homogenización de los procedimientos y trámites de registro y consulta.

Séptima. Que todo lo anterior nos conduce necesariamente al concepto de mejora regulatoria; es decir, que la regulación responda a fines razonables y que no se traduzca en mayores costos para los particulares y barreras a la inversión y al comercio. Esta concepción tampoco debe limitarse a desregular procesos burocráticos, sino a analizar y actualizar el marco jurídico para mejorar procesos y evitar que el ordenamiento jurídico sea excesivo o ineficiente.

Octava. Que el artículo 16 del Código de Comercio señala la obligación de los comerciantes, a inscribir en el Registro Público de Comercio, los documentos cuyo tenor y autenticidad deben hacerse notorios, por lo que reformar la fracción II del referido numeral para indicar la obligación de la inscripción de los documentos que deban surtir efecto frente a terceros, resulta redundante, ya que la función principal de cualquier registro es la producción de los efectos jurídicos de oponibilidad frente a terceros.

Es decir, la sustitución de la expresión ``documentos cuyo tenor y autenticidad deben hacerse notorios'' por ``documentos que deban surtir efectos frente a terceros'' no se considera adecuada, ya que al tenor de la redacción vigente, se establece la posibilidad de que la norma precise en cada caso que documentos deben hacerse notorios, al tiempo que se prescribe su inscripción en el registro y que con la descripción propuesta en la iniciativa se podría incurrir en una tautología que no aporta ningún elemento de certidumbre jurídica.

Novena. Que la reforma propuesta al artículo 19 resulta adecuada, ya que de la constitución y modificaciones de las sociedades mercantiles se clarifica qué actos serán susceptibles de inscripción por parte de la sociedad mercantil teniendo que ver con momentos trascendentales de su existencia jurídica, constitución, transformación, escisión, fusión, disolución y liquidación atendiendo a la personalidad jurídica de la sociedad, los elementos relacionados con su nomenclatura, clase de comercio que realiza, tipo de sociedad, capital, socios, domicilio, etcétera, pero sobre todo por la oponibilidad y surtimiento de efectos ante terceros, y por último en razón de la extinción de la personalidad jurídica de las sociedades.

Décima. Que por congruencia con lo anterior es indispensable analizar el contenido del artículo 21 del mismo ordenamiento, que contiene la descripción de los elementos que se deben anotar en los folios electrónicos del registro del comercio y que la iniciativa en dictamen propone una reforma a las fracciones V y XII y la derogación de la fracción VIII.

La fracción V de la propuesta usa el concepto ``escrituras'', que se considera adecuado cambiar por el de instrumentos públicos, en lo que corresponda ya que este término jurídico cuenta con mayor amplitud y permite la inscripción de tanto de escrituras como de actas, así mismo se estima necesario corregir de la redacción de la iniciativa, por lo que hace al señalamiento, ``de todas las sociedades mercantiles'', por ``de las sociedades mercantiles'' que se refiere efectivamente al universo de la totalidad de las mismas y se elimina de la propuesta la expresión ``cualquiera que sea su objeto o denominación'', porque al hablar genéricamente de ``instrumentos públicos'' no es necesaria la referencia específica para determinar la naturaleza de los mismos.

En tal sentido, se reconocen tres tipos especiales de documentos mediante los cuales puede otorgarse fe pública, a saber, escritura pública, actas y actos que tienen por objeto modificar la escritura o el acto.

Décima Primera. Por lo que hace a la propuesta de derogar la fracción VII del artículo 21 del Código de Comercio. Cabe destacar que se comparte inicialmente el criterio enunciado, ya que dicha derogación es congruente con lo dispuesto por el artículo 10, párrafo segundo, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que refiere: ``Para que surtan efectos los poderes que otorgue la sociedad mediante acuerdo de la asamblea o del órgano colegiado de administración, en su caso, bastará con la protocolización ante notario de la parte del acta en que conste el acuerdo relativo a su otorgamiento, debidamente firmada por quienes actuaron como presidente o secretario de la asamblea del órgano de administración según corresponda, quienes deberán firmar el instrumento notarial, o en su defecto lo podrá firmar el delegado especialmente designado para ello en sustitución de los anteriores'', de lo que se desprende que no prevé como requisito para la validez la inscripción de los poderes en el Registro de Comercio.

De igual manera el Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado al respecto con la tesis aislada emitida en el amparo en revisión 82/2002 del 22 de abril de 2002 en el que se señala que los poderes emitidos --en ese caso por instituciones de crédito-- solamente requieren: a) las inserciones relativas al acuerdo de consejo de administración que haya autorizado su otorgamiento; b) las relativas a las facultades que en los estatutos sociales se concedan en el propio consejo; c) las de comprobación del nombramiento de los consejeros. Se señala que el poder para pleitos y cobranzas que contenga tales requisitos es eficaz y suficiente para acreditar la representación del mandante, sin que se requiera de ningún otro que los señalados y mucho menos su inscripción en el Registro Público del Comercio.

El criterio judicial señala que el registro de los poderes no es un requisito esencial para la producción de los efectos jurídicos y tiene como consecuencia de derecho que en caso de revocación o renuncia, el apoderado que actúe de mala fe será responsable frente a la poderdante y al contratante de buena fe, independientemente de que ese produzcan los efectos jurídicos del acto. Su inscripción no es condicionante para la producción de tales consecuencias jurídicas. En este sentido, la inscripción o no del acto de revocación o renuncia es de nula utilidad para efectos fácticos.

No obstante lo anterior derogar completamente la hipótesis de inscripción contenida en el Código de Comercio, no resulta lo más idóneo, por lo que se considera más adecuado asentar una disposición que permita que dicho registro sea opcional, sólo para efectos de consulta o el comercio electrónico, sin contravenir el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y al mismo tiempo se satisface el interés de quienes en su carácter de socios o terceros quisieran que el acto de la manifestación de la voluntad del otorgamiento de un poder pueda quedar inscrito en el registro del comercio además de que se encuentre protocolizado ante el fedatario.

Al eliminar la condición imperativa y dar un tratamiento potestativo a la norma se logra un equilibrio entre el principio que señala que para la producción de efectos jurídicos no se requiere la inscripción de un poder y el interés de socios o terceros cuya intención sea llevar a cabo la inscripción correspondiente.

Décima Segunda. Por lo que corresponde a la última reforma propuesta al Código de Comercio, se sustituye el término ``fin social'' por objeto social, para mantener congruencia con lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en la que se señala que la escritura constitutiva de la sociedad deberá contener el objeto de la misma.

Décima Tercera. La reforma del artículo 177 de la Ley General de Sociedades Mercantiles corresponde al criterio de que todos los actos societarios nacen extrarregistralmente y que su inscripción en el Registro Público del Comercio no los convalidará si nacieron con algún vicio que implique su nulidad y los socios y terceros podrán, en su caso, demandar tal nulidad sin restricción alguna. Por tal motivo se excluye de la obligación de depósito de copia autorizada en el registro del comercio del dictamen del comisario que recaiga a la asamblea general de accionistas, observando que con la reforma propuesta se logran los efectos de publicidad perseguidos por la ley y se deja a salvo el derecho de los socios y de los terceros para poder demandar la nulidad en caso de irregularidades.

Sin embargo y toda vez que el derecho de los socios y terceros esta salvaguardado conforme a los artículos 201 y 205 del la propia Ley General de Sociedades Mercantiles, esta comisión dictaminadora determina que el segundo párrafo que compone la propuesta de modificación no resulta relevante para el ejercicio de la acción que pretende y sí representa una inscripción adicional ante el registro del comercio. Es decir, la oposición a que se refiere este párrafo puede ser desahogada en la vía correspondiente sin necesidad de que exista un antecedente previo en el registro, razón por la que se sugiere la eliminación de este párrafo.

Décima Cuarta. Que respecto de reformar el párrafo tercero del artículo 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles es consistente con la reforma a la fracción V del artículo 21 del Código de Comercio, toda vez que lo que resulta inscribible será el instrumento público y no el acta de asamblea en sí misma.

Décima Quinta. Que los ciudadanos diputados integrantes de la Comisión de Economía que dictaminan, reconocen y concluyen que la iniciativa presentada en esta Soberanía contiene propuestas que enriquecen, complementan y adecuan la legislación mexicana, por lo que hace suyos los motivos de los legisladores autores de la propuesta de mérito y a efecto de establecer criterios de interpretación y técnica jurídica correctos, se manifiesta por la necesidad de aprobar con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio y reforma otras de la Ley General de Sociedades Mercantiles, presentada por el diputado José Luis Espinosa Piña , en nombre de los diputados María del Pilar Ortega Martínez y José Gildardo Guerrero Torres , mediante el siguiente

Decreto que reforma diversas disposiciones del Código de Comercio y de la Ley General de Sociedades Mercantiles

Artículo Primero. Se reforman los artículos 19, 21, fracciones V, VII y XII, del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 19. La inscripción o matrícula en el registro mercantil será potestativa para los individuos que se dediquen al comercio y obligatoria para todas las sociedades mercantiles por lo que se refiere a su constitución, transformación, fusión escisión, disolución y liquidación y para los buques. Los primeros quedarán matriculados de oficio al inscribir cualquier documento cuyo registro sea necesario.

Artículo 21. ...

I. a IV. ...
V. Los instrumentos públicos en los que se haga constar la constitución de las sociedades mercantiles, así como los que contengan su transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación;
VI. ...
VII. Para efectos del comercio y consulta electrónicos, opcionalmente, los poderes y nombramientos de funcionarios, así como sus renuncias o revocaciones;
VIII. a XI. ...
XII. El cambio de denominación o razón social, domicilio, objeto social, duración y el aumento o disminución del capital mínimo fijo;
XIII. a XIX. ...

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 177 y 194, último párrafo, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para quedar como sigue:

Artículo 177. Quince días después de la fecha en que la asamblea general de accionistas haya aprobado el informe a que se refiere el enunciado general del artículo 172, deberán mandarse publicar los estados financieros incluidos en el mismo, juntamente con sus notas y el dictamen del comisario, en el periódico oficial de la entidad en donde tenga su domicilio la sociedad, o, si se trata de sociedades que tengan oficinas o dependencias en varias entidades, en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 194. ...

...

Las actas de las asambleas extraordinarias serán protocolizadas ante fedatario público.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Comisión de Economía, diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso, Narcizo Alberto Amador Leal , Antonio Berber Martínez (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Martín Malagón Ríos (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica), Octavio Martínez Vargas , Susana Monreal Ávila , José Amado Orihuela Trejo , Mauricio Ortiz Proal (rúbrica), Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez , Raúl Ríos Gamboa , Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez , Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho , Víctor Gabriel Varela López , Joaquín Humberto Vela González , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene la palabra la diputada Adriana Rodríguez Vizcarra para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez : Con su venia, señor presidente.

La Comisión de Economía, como lo ha venido haciendo a lo largo de esta legislatura, se ha preocupado por buscar la adecuación normativa en materia económica. Ha trabajado a favor de adecuar la legislación procesal vigente y, de igual manera, ha pugnado por la desregulación y agilización de trámites y procedimientos judiciales.

La propuesta legislativa que se somete hoy a su consideración modifica la regulación mercantil que rige los actos jurídicos en materia de registro público, contemplando una simplificación de los procedimientos de registro de actos de naturaleza comercial.

Acudir a los registros públicos en el país, para las empresas grandes o pequeñas, se ha convertido en un obstáculo a la eficiencia y operatividad de las mismas, orillando a la informalidad y a la falta de competitividad y de desarrollo. Además, cabe mencionar lo oneroso que resulta cualquier trámite registral.

El registro público en nuestro país tiene como principal objetivo dar publicidad a los actos que en él se registran, lo que los hace oponibles ante terceros en caso de ser necesario, además de brindar certidumbre jurídica respecto de ciertos actos registrables.

Ahora bien. No obstante lo anterior, existe y es evidente una tendencia de mejores prácticas internacionales predominante en materia de derecho registral, consistente en la desregulación de numerosos trámites pertenecientes al ámbito de vida interna de las sociedades mercantiles, tomando en cuenta que su registro resulta ocioso o, en su caso, no aporta elementos jurídicos que den certidumbre jurídica.

Por ello, bajo la consideración de que el registro de ciertos actos no produce efectos constitutivos de derechos y en cambio sí desincentiva a las empresas debido a los altos costos de registro, se exime de la obligación de registro a esta clase de actos de comercio, en que los efectos jurídicos que producen no son otorgados por la publicidad del registro, sino que la llevan intrínseca desde su origen.

Por lo anterior, y atendiendo a la necesidad de contar con una adecuación normativa, los invito a emitir su voto favorable en este decreto, dado que aporta sustancialmente una mejora regulatoria que permitirá, en gran medida, que la ley responda a fines razonables sin que se traduzca en mayores costos para los particulares. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputada doña Adriana Rodríguez Vizcarra. En consecuencia, está a discusión en lo general.

Nos ha solicitado en pro del dictamen la diputada María del Pilar Ortega Martínez ; por tanto, se le concede el uso de la palabra.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez : Con su permiso, presidente.

Diputados y diputadas, a nombre del grupo parlamentario del PAN vengo ante este pleno a solicitar el voto a favor de todos ustedes, para aprobar esta reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Como ustedes saben, el Registro de Comercio es uno de los pilares importantes de la vida jurídica de nuestro país. Es importantísima esta institución, ya que a través de la inscripción de los actos mercantiles en el mismo se consolida y se da certeza y transparencia a los actos mercantiles en México.

Este registro opera en todo el país de manera conjunta con los registros de la propiedad y en los últimos años, a partir de las reformas de 2000 al Código de Comercio, ha sufrido una serie de cambios importantes a partir de las cuales se ha generado una modernización importantísima de este registro.

Sin embargo, todavía hay algunas cuestiones legales que impiden que el registro siga avanzando de manera pronta y expedita y que, por tanto, faciliten la inscripción de sociedades y faciliten que los actos mercantiles tengan mayor oportunidad en el desarrollo de los mismos. Con ello, obviamente, se generan ciertas restricciones a la inversión en México.

Por ello, la motivación de la iniciativa que suscribimos, la suscrita junto con el diputado Gildardo Guerrero, pretendía precisamente esta desregulación que, además, comento que hay una tendencia de mejores prácticas internacionales predominante en el derecho registral. En este sentido, se propone esta desregulación de numerosos trámites pertenecientes al ámbito de la vida interna de las sociedades mercantiles.

Nosotros estamos proponiendo la modificación de tres artículos: el artículo 19, el artículo 21 y el artículo 117. Fundamentalmente, lo que estamos proponiendo es que no todos los actos societarios tengan una inscripción registral cuando no requieren surtir efectos ante terceros. Lo estamos clarificando perfectamente dentro del dictamen que ustedes hoy tienen a su consideración.

Creo que es una reforma que abonará a la desregulación a que la certidumbre jurídica y a que los actos que valida el Registro Público de Comercio se hagan con mayor eficiencia, con mayor eficacia y con mayor rapidez. Esto, en abono de mejorar la vida económica de nuestro país. Por tanto, solicitamos su voto a favor. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputada María del Pilar Ortega Martínez.

Suficientemente discutido.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular, especificando la ley de que se trate.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por ocho minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto en un solo acto.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por ocho minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Queremos agradecer su visita a las maestras jubiladas, egresadas del Benemérito Instituto Normal delEstado de Puebla. Bienvenidas. Son invitadas del diputado Apolonio Méndez Meneses.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : ¿Falta algún diputado o alguna diputada de emitir su voto? Continúa abierto el sistema, compañeros. ¿Falta algún compañero diputado de emitir su voto?

Ciérrese el sistema electrónico de votación.

Señor presidente, se emitieron 284 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado en lo general y en lo particular por 284 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código de Comercio y de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.



LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE - CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona los artículos 153 Bis, 153 Bis 1, 153 Bis 2, 153 Bis 3 y 153 Bis 4 al título cuarto, capítulo VI, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y reforma el primer párrafo del artículo 414 del Código Penal Federal.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 153 Bis, 153 Bis 1, 153 Bis 2, 153 Bis 3 y 153 Bis 4 al Título Cuarto, Capítulo VI, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y reforma el primer párrafo del artículo 414 del Código Penal Federal

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Justicia de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión les fue turnada por la Mesa Directiva, para su estudio y dictamen, la minuta proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 153 Bis, 153 Bis 1, 153 Bis 2, 153 Bis 3 y 153 Bis 4, al Título Cuarto, Capítulo VI, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y se reforma el primer párrafo del artículo 414, del Código Penal Federal.

Estas comisiones unidas, con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

1. En sesión plenaria celebrada el 27 de abril de 2004, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y se reforman el Código Penal Federal, en materia de protección al ambiente, presentada por el Senador Jesús Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

2. En esa misma fecha la iniciativa de referencia fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; de Justicia; y de Estudios Legislativos, del Senado de la República, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. El 17 de noviembre de 2004, el Pleno de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; de Justicia; y de Estudios Legislativos, remitiendo el expediente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 72 constitucional.

4. En la sesión plenaria celebrada el 28 de febrero de 2005, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados recibió la minuta con proyecto de decreto por la que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y se reforma el Código Penal Federal, en materia de protección al ambiente.

5. En esa misma fecha, la minuta de referencia fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Justicia y Derechos Humanos de esta Soberanía, iniciándose el correspondiente proceso de análisis y consulta, a efecto de elaborar el presente dictamen.

6. El día 12 de septiembre de 2006, el diputado Roberto Mendoza Flores , integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, envió observaciones a la minuta de referencia, que fueron tomadas en consideración.

7. En virtud del decreto publicado el 5 de diciembre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman y adicionan los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dividió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en dos: la de Justicia y la de Derechos Humanos, quedando a cargo de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Justicia, la emisión del dictamen de la minuta a la que se ha hecho referencia.

Consideraciones

Las naciones, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los Principios del Derecho Internacional, tienen el derecho soberano de explotar sus recursos con arreglo a sus políticas propias en las materias relacionadas con el ambiente y el desarrollo, así como la responsabilidad de velar por que las actividades que se realicen bajo su jurisdicción o control no causen daños al ambiente de otros Estados o de zonas situadas más allá de los límites de la jurisdicción nacional.

De acuerdo con este sentido de corresponsabilidad internacional sobre el control de las actividades que son un riesgo potencial para la salud humana y el ambiente, las naciones se han dado a la tarea de signar entre ellas y de manera voluntaria convenios y programas de cooperación internacional.

En esta materia, el día veintidós de mayo de dos mil uno, México suscribió el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, mismo que fue ratificando por el Senado de la República Mexicana, el día 17 diecisiete de octubre del año 2002 dos mil dos, adquiriendo con esto y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 133 constitucional, el carácter de Ley Suprema de la Unión.

De conformidad con lo mandatado por este artículo y los compromisos internaciones adquiridos por nuestro país, es necesario incorporar las disposiciones de estos convenios a nuestros los normativos federales, con el fin de reforzarlos y garantizar su cabal cumplimiento, otorgándoles el carácter coercitivo con que cuentan las leyes, mismo que faculta al Estado para hacerlas exigibles garantizando a las personas la protección y respeto a sus bienes jurídicamente tutelados, que en este caso son el ambiente y la salud pública.

En nuestro país los instrumentos de política ambiental se encuentran previstos principalmente en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, dentro de estos se encuentran los conocidos como ``instrumentos de control'', los cuales procuran garantizar la efectiva aplicación de las políticas ambiéntales mediante la aplicación de una serie de disposiciones jurídicas reparadoras y sancionadoras.

Razón por la que a los suscritos nos parece pertinente que la minuta en cuestión busque incorporar a nuestra legislación, los principios contenidos en el Convenio de Estocolmo, regulando el ingreso a territorio nacional de contaminantes orgánicos persistentes, así como su producción, comercialización y uso, con el fin de mitigar los efectos negativos que estos generan sobre la salud humana y el ambiente.

Asimismo, estas comisiones unidas consideramos que es necesario cumplir con los compromisos y acciones, adquiridos por México con la suscripción y ratificación del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, y estamos ciertos de que la minuta de referencia consolida a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el Capítulo de Delitos Contra el Ambiente del Código Penal Federal en esta materia.

Sin embargo, se debe destacar que el decreto puesto a nuestra consideración cuenta con algunas deficiencias conceptuales y de congruencia con lo establecido dentro del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, lo cual nos obliga a subsanarlas y realizar modificaciones de fondo con el único fin de hacerlas congruentes con las normas internaciones en la materia, así las cosas se estima que en relación con la definición de contaminante orgánico persistente, que obra en el actual artículo 153 Bis, es limitativa y no plasma en el cuerpo de la legislación referida el total de los criterios para especificar a los compuestos orgánicos persistentes (COP) contenidos dentro del Convenio de Estocolmo, como su persistencia, bioacumulación, toxicidad y potencial de transporte a grandes distancias, además de que se tiene que prever que paulatinamente la lista de los contaminantes considerados como orgánicos persistentes debe variar a medida que la Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo vaya aprobando la inclusión de nuevas sustancias en la lista de COP, por lo que se modifica para quedar como sigue:

Se entiende por contaminantes orgánicos persistentes las sustancias, mezclas y compuestos que por sus características de persistencia, bioacumulación y toxicidad son incluidos en el Convenio de Estocolmo.

Es necesario señalar que de los doce COP, contenidos en el Convenio de Estocolmo, ocho de ellos son utilizados como plaguicidas: Aldrin, Clordano, DDT, Dieldrin, Endrin, Heptacloro, Mirex y Toxafeno. Dos son productos químicos de aplicación industrial: bifenilos policlorados y hexaclorobenceno (que también es usado como plaguicida) y dos son subproductos no deseados: dioxinas y furanos; estos últimos no son productos fabricados a propósito por el hombre con fines utilitarios determinados, 1 más bien son sustancias generadas involuntariamente en ciertos procesos químicos que por lo general ingresan al organismo cuando se respira aire contaminado, se bebe agua contaminada, o mayormente, alrededor de un 90 por ciento, cuando se ingieren alimentos contaminados, particularmente aquellos con alto contenido de grasas de origen animal, como la carne de vaca, cerdo, aves de corral, pescado, leche y productos lácteos.

Otras vías de exposición importantes en ciertas poblaciones incluyen: a) el consumo de pescado contaminado directamente por las descargas de dioxinas y furanos o por el depósito en aguas superficiales a partir de la atmósfera; b) la inhalación de dioxinas y furanos en lugares próximos a las fuentes de emisión atmosférica; y c) ciertas exposiciones ocupacionales, por ejemplo de trabajadores de las industrias que producen compuestos clorados.

Por lo tanto en el caso de las dioxinas y furanos, una de las opciones es adoptar una política de selección de materiales usados en los procesos industriales que puedan contener dioxinas y furanos, y que pudieran entrar al país, para lo cual se considera la inserción de un nuevo párrafo tercero al artículo 153 Bis.

Sobre la excepción prevista en la minuta para el empleo de DDT, se debe establecer como un antecedente que en la década de 1950, el DDT se utilizó tanto en la agricultura (principalmente en la región lagunera de Coahuila y Durango), como en el combate al vector del paludismo. A partir de 1968, la producción del DDT estuvo a cargo de una empresa paraestatal (Fertilizantes Mexicanos), llegando a alcanzar un máximo de 80 mil toneladas anuales; en 1991 la compañía fue privatizada. La preocupación por la persistencia del DDT en los suelos, y los continuos rechazos a productos agrícolas de exportación por su presencia, llevaron a prohibir su uso en la agricultura durante la década pasada.

Actualmente, México ha sido reconocido internacionalmente por las medidas que ha implantado respecto a la eliminación y control de DDT. Hoy por hoy, el DDT es un plaguicida de uso restringido exclusivo para el combate del insecto vector del paludismo, por lo cual la única compañía que lo produce en México sólo tiene autorizada su venta, en el país, a la Secretaría de Salud. 2 Por esto se estima que los términos en que fue aprobado el artículo 153 Bis 4 por la colegisladora dejan abierta la posibilidad de producir o importar de nueva cuenta DDT sin establecer los tiempos de excepción y sin prever la existencia de inventarios, por lo que estas comisiones proponen una nueva redacción al citado artículo en la cual se prevé una prohibición a la exportación e importación de este producto.

Finalmente, es importante precisar que por las consideraciones argumentadas en párrafos que anteceden, se devuelve la minuta con modificaciones a la colegisladora, para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

Por las razones expuestas, las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Justicia, de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se permiten someter a la consideración de esta asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan los artículos 153 Bis, 153 Bis 1, 153 Bis 2, 153 Bis 3 y 153 Bis 4, al Título Cuarto, Capítulo VI, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y se reforma el primer párrafo del artículo 414 del Código Penal Federal.

Artículo Primero. Se adicionan los artículos 153 Bis, 153 Bis 1, 153 Bis 2, 153 Bis 3, y 153 Bis 4 a Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 153 Bis. Se prohíbe el ingreso a territorio nacional de los contaminantes orgánicos persistentes que se enlistan en el artículo 153 Bis 4 de la ley, de aquellos que determine la Secretaría en la norma oficial mexicana correspondiente y de los materiales que los contengan o estén contaminados con ellos, cualquiera que sea la forma de uso que haya adoptado, con las excepciones previstas en dicho artículo.

Dentro del territorio nacional se prohíbe la producción, comercialización y/o uso de nuevas aplicaciones de contaminantes orgánicos persistentes y de materiales que los contengan o estén contaminados con ellos.

Los productos y residuos contaminados por dibenzoparadioxinas policloradas y dibenzofuranos policlorados que hubieran sido fabricados y generados dentro del territorio nacional quedarán sujetos a las medidas de eliminación o reducción que establece el Convenio de Estocolmo y que aplicara en el plan nacional de implementación.

Se entiende por contaminantes orgánicos persistentes las sustancias, mezclas y compuestos que por sus características de persistencia, bioacumulación y toxicidad son incluidos en el Convenio de Estocolmo.

Artículo 153 Bis 1. Todas las aplicaciones cerradas que ingresen en el territorio nacional que contengan fluidos aislantes o de transferencia térmica, deben tener la identificación de las sustancias contenidas o, en su defecto, la indicación de que no contienen contaminantes orgánicos persistentes, tanto para información de las autoridades como de los usuarios.

Artículo 153 Bis 2. En todos aquellos casos en que se importen al territorio nacional productos de cualquier naturaleza de cuyo contenido o componentes se tenga presunción de la existencia de contaminantes orgánicos persistentes o de materiales que contengan estas sustancias o estén contaminados con ellas, las autoridades de control aduanero solicitaran la toma de muestras que se someterán a los análisis correspondientes. En caso de detectarse la presencia de compuestos orgánicos persistentes las autoridades aduaneras ordenaran el retorno de las mercancías al país de origen.

El costo de las muestras, análisis, estudios u otras diligencias que deban realizarse será a cargo del propietario de los productos en cuestión.

Artículo 153 Bis 3. La Secretaría elaborará el Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. El Plan debe contener, al menos, el inventario de existencias en el ámbito nacional, las fuentes de emisión, los niveles de contaminación y la metodología y cronograma de eliminación y remediación.

Artículo 153 Bis 4. Los contaminantes orgánicos persistentes a que se refiere el presente capítulo son los siguientes:

I. Aldrina;
II. Clordano;
III. Dieldrina;
IV. Endrina;
V. Heptacloro;
VI. Hexaclorobenceno;
VII. Mirex;
VIII. Toxafeno;
IX. Bifenilos policlorados (BPC);
X. DDT (1,1,1-tricloro-2, 2-bis(4-clorofenil)etano), y
XI. Los demás que determine la Secretaría.

La producción, importación y exportación de DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano) quedará prohibida y sólo se permitirá para el control de vectores de enfermedades siempre que su utilización se realice por dependencias y entidades gubernamentales.

Artículo Segundo. Se reforma el primer párrafo del artículo 414 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 414. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y de mil a tres mil días multa al que ilícitamente, o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, realice actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, transporte, abandono, desecho, descarga, o realice cualquier otra actividad con sustancias consideradas peligrosas, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables, radioactivas u otras análogas, lo ordene o autorice, que cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente.

...

...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El titular del Poder Ejecutivo federal, en un plazo que no exceda de 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, deberá elaborar el Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes.

Tercero. Se derogan y, en su caso, se abrogan, todas las disposiciones que se opongan al presente decreto, y se deja sin efectos cualquier disposición administrativa, reglamentaria, acuerdo, circular, convenio y todos los actos administrativos que contravengan este decreto.

Notas: 1 En algunos casos se producen como armas químicas.2 Situación de las sustancias toxicas de atención prioritaria en México. Instituto Nacional de Ecología. DDT.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2008.
La Comisión de Justicia, diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich , Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), secretarios; Mónica Arriola, Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade , Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), José Manuel del Río Virgen , Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Arturo Flores Grande (rúbrica), Silvano Garay Ulloa , Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Omeheira López Reyna (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas , Jesús Ricardo Morales Manzo , Mario Eduardo Moreno Álvarez , Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega , Alfredo Adolfo Ríos Camarena , Yadhira Yvette Tamayo Herrera .
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández , José Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Juan Manuel Villanueva Arjona (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González , José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz , María Soledad López Torres , Rafael Villicaña García , Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez , Roberto Mendoza Flores , Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas , Víctor Manuel Méndez Lanz (rúbrica), Octavio Fuentes Téllez (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Humberto López Lena Cruz .»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: En consecuencia, está a discusión en lo general.

No habiendo quien haga uso de la palabra se considera suficientemente discutido. En tanto, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular, especificando la ley de que se trate.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto en un solo acto.

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados del proyecto de decreto.

(Votación)

Está abierto el sistema electrónico de votación todavía.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Patricia Castillo, vote por favor.

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : Diputado Gamboa, está abierto el sistema electrónico.

Ciérrese el sistema electrónico de votación.

Se emitieron 271 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado en lo general y en lo particular por 271 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que adiciona los artículos 153 Bis, 153 Bis 1, 153 Bis 2, 153 Bis 3 y 153 Bis 4 al título cuarto, capítulo VI, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y reforma el primer párrafo al artículo 414 del Código Penal Federal. Pasa al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

Queremos destacar la presencia de alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México que hoy nos visitan. De la misma manera, a los alumnos de la Universidad José Vasconcelos, de Morelos. También a los alumnos del Centro de Investigación y Docencia Económica. Bienvenidos.



LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Seguridad Social, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Seguro Social, y Federal del Trabajo, para otorgar seguridad social a los trabajadores estacionales del campo, presentada por los diputados Rubén Escajeda Jiménez y Samuel Aguilar Solís , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A la Comisión de Seguridad Social fue turnada para estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, presentada por el senador Humberto Aguilar Coronado ( Partido Acción Nacional, PAN), en nombre propio y de los diputados Miguel Ángel Navarro Quintero ( Partido de la Revolución Democrática, PRD), Margarita Arenas Guzmán (PAN), Efraín Arizmendi Uribe (PAN), Patricio Flores Sandoval (PRI), Neftalí Garzón Contreras (PRD) y Daniel Dehesa Mora (PRD), así como de las senadoras Martha Leticia Sosa Govea (PAN) y María Dolores Serrano Serrano (PAN).

A la Comisión de Seguridad Social fue turnada también la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 154 de la Ley del Seguro Social, presentada por el diputado Diego Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI.

La Comisión de Seguridad Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, 72 y 73, fracción XXX, con relación a lo dispuesto en los artículos 3o., 4o. y 41, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 57, 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de las iniciativas de referencia, somete a consideración de esta honorable asamblea el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, presentada por el senador Humberto Aguilar Coronado (PAN), en nombre propio y de los diputados Miguel Ángel Navarro Quintero (PRD), Margarita Arenas Guzmán (PAN), Efraín Arizmendi Uribe (PAN), Patricio Flores Sandoval (PRI), Neftalí Garzón Contreras (PRD) y Daniel Dehesa Mora (PRD), así como de las Senadoras Martha Leticia Sosa Govea (PAN) y María Dolores Serrano Serrano (PAN), al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha nueve de diciembre de dos mil ocho, los diputados Rubén Escajeda Jiménez y Samuel Aguilar Solís , del Grupo Parlamentario del PRI, presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados, en uso de la facultad que les confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Seguro Social, y Federal del Trabajo, para otorgar seguridad social a los trabajadores estacionales del campo.
II. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades, determinó turnar dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social.
III. Con fecha veintiocho de enero de dos mil nueve, el senador Humberto Aguilar Coronado (PAN), en nombre propio y de los diputados Miguel Ángel Navarro Quintero (PRD), Margarita Arenas Guzmán (PAN), Efraín Arizmendi Uribe (PAN), Patricio Flores Sandoval (PRI), Neftalí Garzón Contreras (PRD) y Daniel Dehesa Mora (PRD), así como de las senadoras Martha Leticia Sosa Govea y María Dolores Serrano Serrano, en uso de la facultad que confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el Pleno de la del Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.
IV. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la del Congreso de la Unión dispuso que la iniciativa fuera turnada, para estudio y dictamen, a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
V. Con fecha doce de octubre de dos mil seis, el diputado Diego Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI, en uso de la facultad que confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 154 de la Ley del Seguro Social.
VI. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dispuso que la iniciativa fuera turnada, para estudio y dictamen, a la Comisión de Seguridad Social.

Establecidos los antecedentes del proyecto, la Comisión de Seguridad Social expone el contenido de las iniciativas de referencia:

Contenido de las iniciativas

Refieren los diputados Rubén Escajeda Jiménez y Samuel Aguilar Solís que el campo siempre ha sido considerado una fuente de empleo para los mexicanos: la agricultura, la ganadería y la explotación forestal son actividades económicas esenciales que proporcionan satisfactorios primarios a la población. La más importante de estas actividades es la agricultura, que representa casi dos tercios del producto interno bruto agropecuario. Sin embargo, los trabajadores agrícolas se mantienen como el sector de la población más marginado en cuanto a ingreso, condiciones de vida, expectativas de desarrollo y derechos sociales.

Se abunda en la citada iniciativa, y en la presentada por el senador Humberto Aguilar Coronado, en nombre propio y de diversas senadoras y diputados, que de acuerdo con datos oficiales, dados a conocer por la Secretaría de Desarrollo Social, en el país hay 1.2 millones de jornaleros agrícolas migrantes, de los que 42.6 por ciento corresponde a mujeres y 57.4 por ciento a hombres; aproximadamente 40 por ciento de ellos son menores de 15 años y el mismo porcentaje representa a los jornaleros que pertenecen a algún grupo indígena. De los jornaleros mayores de 14 años, 29 por ciento es analfabeto.

Así también, 55.6 por ciento de la población de jornaleros agrícolas migra en grupos familiares y cerca de 61.1 por ciento de los hijos de familias jornaleras de entre 4 y 14 años de edad no asiste a la escuela. Las jornaleras reciben mínima atención médica durante el embarazo, y casi la mitad de ellas carece por completo de ésta.

Lo anterior evidencia la necesidad de crear condiciones propicias para ampliar la cobertura de la seguridad social en el campo, elevando el nivel de vida de este tipo de trabajadores, mediante el acceso efectivo a la seguridad social y, en particular, a servicios de salud integrales, con calidad y trato digno, que satisfagan sus necesidades de salud.

De conformidad con la iniciativa de los diputados Rubén Escajeda Jiménez y Samuel Aguilar Solís , el Estado tiene la obligación de convertir el campo en un espacio para el desarrollo y de otorgar las garantías para una vida digna a cada uno de los mexicanos, a través de un mayor compromiso por contrarrestar los desequilibrios económicos y sociales, y de atender a los grupos más necesitados de la población, brindándoles protección social. Ésta es una obligación de la cual no debe abdicar.

Por otra parte, continúa la exposición de motivos de la iniciativa en cita, en materia de seguridad social para los trabajadores estacionales del campo, la participación del gobierno debe ser más amplia y permanente, compartiendo responsabilidades con patrones y trabajadores, haciendo efectivo el esquema tripartito del seguro social y garantizando su sustentabilidad.

Por ello, consideran los promoventes, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, inaplazable promover una reforma de los artículos relativos de la Ley del Seguro Social, mediante la cual se reconozca la modalidad del trabajo que desarrollan los trabajadores estacionales en el campo, ampliando sus formas de acceso a la seguridad social, reduciendo los períodos de espera establecidos en la propia ley para alcanzar los beneficios de la seguridad social, además de lograr que los trabajadores del campo tengan representación en la toma de decisiones del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS).

La iniciativa presentada por el senador Humberto Aguilar Coronado expone que las labores de los trabajadores eventuales se requieren de manera intermitente, sujetas a los requerimientos y a la duración de los ciclos productivos, que no se extienden, en promedio, más allá de 27 semanas al año, así como a las condiciones climáticas; es de gran rotación y se concentra en mayor cantidad al final del ciclo del cultivo, con la recolección de las cosechas.

De acuerdo con los promoventes, en 2007 el Ejecutivo federal dispuso medidas de apoyo al aseguramiento de los trabajadores eventuales del campo, a través del otorgamiento de beneficios fiscales y facilidades administrativas para éstos y sus patrones, que han favorecido la ampliación de la cobertura de la seguridad social para el sector. La vigencia de estos beneficios ha sido ampliada al 31 de diciembre de 2010.

Ambas iniciativas tienen por objeto, según lo establecido en las respectivas exposiciones de motivos, otorgar la mayor certeza y seguridad jurídica a los patrones y a los trabajadores eventuales del campo respecto a las condiciones de su acceso a la seguridad social, para lo cual resulta indispensable promover una reforma de los artículos relativos de la Ley del Seguro Social, mediante la cual se reconozca la modalidad del trabajo que desarrollan los trabajadores estacionales del campo, ampliando sus formas de acceso a la seguridad social, reduciendo los periodos de espera establecidos en la propia ley para alcanzar los beneficios de ella.

Refieren los promoventes de la iniciativa presentada por el senador Aguilar Coronado que entre las causas de la falta de aseguramiento de los trabajadores eventuales del campo sobresale el hecho de que para los patrones del campo de menores recursos, que constituyen una proporción importante del sector, resulta oneroso y de difícil cumplimiento el procedimiento general establecido para ello, debido a las peculiaridades de rotación y control que se presentan en los trabajos del campo, así como a la carencia de medios tecnológicos, realizar en tiempo y forma los trámites de registro y presentación de movimientos de altas, bajas, reingresos y movimientos salariales, además de la determinación y entero de cuotas obrero-patronales, e incluso los trámites para la obtención de beneficios fiscales previstos en disposiciones administrativas.

En tal virtud, en la iniciativa se propone un esquema simplificado para que estos patrones puedan cumplir las obligaciones relativas a su registro ante el IMSS, así como a la inscripción de los trabajadores y la comunicación de sus movimientos de alta, baja, reingreso y modificaciones de salario, en su caso.

Concuerdan las iniciativas en cita en fijar un salario de cotización equivalente a 1.68 veces el salario mínimo diario general de la zona geográfica de que se trate, siempre que el salario efectivamente recibido por el trabajador no sea inferior, pues en ese supuesto las cuotas se deberán enterar con base en el salario real del trabajador.

También coinciden en la finalidad de que el trabajador tenga mayor seguridad y una forma de comprobar su derecho a las prestaciones diferidas, se considera la obligación para el patrón de entregar a cada trabajador, al término de la relación laboral, una constancia escrita del periodo laborado durante el ciclo de cultivo y del salario recibido, la cual, en su caso, podrá ser exhibida por el trabajador para acreditar sus derechos, de manera que ese documento crea certeza y coadyuva a precisar los derechos laborales de los jornaleros y a preconstituir pruebas para hacerlos efectivos en el momento en que sea necesario.

La iniciativa presentada por el senador Humberto Aguilar Coronado propone que los trabajadores eventuales del campo y sus familias tengan acceso a servicios de salud durante los periodos en que, en razón de los ciclos a que está sujeta su actividad laboral, se encuentran en receso. Para ello, las dependencias y las entidades de la administración pública federal que forman parte del Sistema Nacional de Salud deberán facilitar su incorporación a los programas de salud del Estado mexicano en sus lugares de origen cuando no estén sujetos a una relación laboral.

Los promoventes de esta iniciativa exponen que por trabajar a lo sumo la mitad del año, a los trabajadores estacionales del campo resulta doblemente difícil acumular las semanas cotizadas que se exigen legalmente para tener derecho al otorgamiento de diversas prestaciones económicas establecidas en la Ley del Seguro Social, de ahí la propuesta de establecer periodos de espera proporcionales a la temporalidad de sus periodos de aseguramiento para acceder a las pensiones de invalidez, cesantía en edad avanzada y vejez, así como al subsidio de maternidad, en condiciones de equidad, y también la posibilidad de ampliar su capacidad de realizar retiros de sus cuentas individuales en el sistema de ahorro para el retiro en caso de desempleo.

Coincide, en fondo aunque no en forma, la propuesta de los diputados Rubén Escajeda Jiménez y Samuel Aguilar Solís , al modificar el primer párrafo del artículo 122 de la ley, para que las pensiones de invalidez sean más asequibles para los trabajadores estacionales, de tal suerte que se reduzcan los periodos de espera que se exigen en la actualidad, los que equivalen a 150 semanas cotizadas si el porcentaje de invalidez es de 75 por ciento o mayor, lo que equivale a 3 años continuos de trabajo, en tanto que si el grado de invalidez resulta menor de 75 por ciento, entonces se requieren 250 semanas de cotización. Estas últimas representan unos 5 años de actividad laboral continua, por lo que si consideramos que los trabajadores estacionales del campo laboran a lo sumo 6 meses al año, éstos requerirán periodos de 6 a 10 años de labores agrícolas (debidamente cotizadas al IMSS) para alcanzar tales pensiones.

Continúan los diputados: las pensiones de cesantía en edad avanzada y vejez, consideradas en los artículos 154 y 162 de la ley, requieren por lo menos mil 250 semanas de cotización para tener derecho a cualquiera de estas pensiones, por lo que si tal número de semanas equivale aproximadamente a 24 años de trabajo continuo, los trabajadores no permanentes, que sólo laboran en promedio 6 meses al año, en el mejor de los casos, necesitarán esperar por lo menos 48 años para iniciar el trámite de cualquiera de ellas, por lo que su disfrute resulta muy difícil de alcanzar.

Por lo que hace al otorgamiento del subsidio de incapacidad por maternidad, contenido en la fracción I del artículo 102 de la ley, se necesitan por lo menos 30 cotizaciones semanales en el periodo de 12 meses anteriores a la fecha en que deba comenzar su pago, y si tomamos en cuenta que la mayoría de las trabajadoras estacionales no laboran siquiera los 6 meses que se considera como promedio anual de labores de los trabajadores estacionales del campo, tampoco alcanzan a beneficiarse con tal subsidio, ya que en promedio laboran como asalariadas sólo tres meses al año.

En cuanto a la iniciativa presentada por el diputado Diego Aguilar, ésta propone reformar el artículo 154 de la Ley del Seguro Social a fin de garantizar a los trabajadores ``rurales jornaleros agrícolas'' un mínimo de 800 semanas de cotización al quedar privados de trabajo a partir de los 60 años de edad.

La Comisión de Seguridad Social, una vez analizadas la iniciativas del rubro, presenta el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, presentada por el senador Humberto Aguilar Coronado (PAN), en nombre propio y de los diputados Miguel Ángel Navarro Quintero (PRD), Margarita Arenas Guzmán (PAN), Efraín Arizmendi Uribe (PAN), Patricio Flores Sandoval (PRI), Neftalí Garzón Contreras (PRD) y Daniel Dehesa Mora (PRD), así como de las senadoras Martha Leticia Sosa Govea (PAN) y María Dolores Serrano Serrano (PAN), al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. La Comisión de Seguridad Social considera importante señalar que las tres iniciativas coinciden en una materia de estudio, garantizar el derecho a la seguridad social de los trabajadores eventuales del campo. Sin embargo, toda vez que la iniciativa presentada por los diputados Samuel Aguilar Solís y Rubén Escajeda Jiménez se encuentra turnada también a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, se concuerda en presentar dictamen, únicamente, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, presentada por el senador Humberto Aguilar Coronado (PAN), en nombre propio y de diversos senadores y diputados de diferentes grupos parlamentarios.
Lo anterior, sin perjuicio de establecer como documento base de la discusión la iniciativa de los diputados Samuel Aguilar Solís y Rubén Escajeda Jiménez, analizándola exhaustivamente e incluyendo sus propuestas en el cuerpo del decreto del presente dictamen.
2. La Comisión de Seguridad Social coincide con los promoventes de las iniciativas al señalar que el acceso efectivo al derecho a la seguridad social es aún tarea pendiente del Estado mexicano. Por ello resulta necesario avanzar en su cobertura, tomando en cuenta por supuesto las características propias del trabajo agrícola, que hacen de la labor de los trabajadores eventuales del campo una actividad compleja que ha requerido múltiples adecuaciones de las leyes en la materia.
3. De manera breve hay que destacar el notable avance de los trabajadores del campo en torno de su inclusión en la seguridad social; en 1960, al amparo del Reglamento para el Seguro Social Obligatorio de los Trabajadores del Campo, éstos tenían acceso apenas a dos ramos de seguro: enfermedades y maternidad y riesgos de trabajo, sin mecanismos para garantizar el registro e incorporación al Seguro Social de los trabajadores eventuales del campo por los patrones.
Hasta la reforma de la Ley del Seguro Social 1995-97, los trabajadores del campo no tuvieron reconocimiento del derecho de gozar de las prestaciones del régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social, accediendo así a cinco seguros, incluyendo el de enfermedades y maternidad. En 1997-98, como respuesta al efecto que generó en el campo mexicano la obligatoriedad del cumplimiento de la Ley del Seguro Social, el Ejecutivo federal emitió un decreto que estableció las bases para que el IMSS conviniera con el Consejo Nacional Agropecuario un esquema de transición gradual.
Producto de lo anterior se elaboró el Convenio de Bases Generales para el Aseguramiento de los Trabajadores Eventuales del Campo, en el que se estableció un porcentaje de reversión de la cuota obrero-patronal para el primer año de vigencia del convenio de 60 por ciento, ajustable a la baja anualmente hasta llegar a 20 por ciento en su último año de vigencia. También permitió un proceso simplificado para la afiliación de los trabajadores y el acceso a los servicios médicos.
Adicionalmente, en 2007 el Ejecutivo federal dispuso medidas de apoyo al aseguramiento de los trabajadores eventuales del campo, a través del otorgamiento de beneficios fiscales y facilidades administrativas para éstos y sus patrones, que han favorecido la ampliación de la cobertura de la seguridad social para el sector.
También por decreto del Ejecutivo federal se ha eximido parcialmente a los patrones del pago de las cuotas obrero-patronales y se ha establecido una base de cotización distinta del salario recibido por los trabajadores, consistente en un factor de 1.68 del salario mínimo general del área geográfica correspondiente, y se han otorgado facilidades administrativas para la adhesión, el registro y el pago.
4. Así entonces, se reitera, el marco normativo del régimen de seguridad social de los trabajadores eventuales del campo se ha modificado en diversas ocasiones para otorgar beneficios fiscales, con la finalidad de elevar el número de trabajadores inscritos en el IMSS.
5. La Comisión de Seguridad Social considera conveniente puntualizar que reformar y ampliar el Capítulo X, ``De la Seguridad Social en el Campo'', del Título Segundo de la Ley del Seguro Social responde a la propia división existente en la Ley Federal del Trabajo respecto a los trabajadores del campo, pues el principio de generalidad de las leyes se complementa con el de equidad, al tratar de manera igual a los iguales y desigual a los desiguales. Tal es el caso de las particularidades propias del trabajo del campo.
6. Como se observa en el contenido de la iniciativa y el marco jurídico, que se ha modificado a través de los años para otorgar seguridad social a los trabajadores del campo, la comisión dictaminadora coincide en que la iniciativa que se dictamina combina facilidades del decreto presidencial vigente y agrega otras: cuentas individuales de retiro, cesantía y vejez con posibilidad de retirar 99 por ciento en caso de desempleo; reconoce el derecho a trabajadores o representante legal para solicitar inscripción o modificaciones de salario en lugar de origen o destino; convenios para prestación de servicios médicos (reversión de cuotas) y guarderías (subrogación); base de cotización a partir de aplicar el factor 1.68; reduce de 250 a 125 o 75 las semanas para invalidez; reduce de 150 a 75 semanas para seguro de vida; reduce de mil 250 a 625 semanas para retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y reduce a 12 cotizaciones durante el año previo para acceder al subsidio por embarazo y puerperio.
7. Resulta importante señalar que un decreto presidencial no es el instrumento adecuado para modificar disposiciones en materia de seguridad social establecidas en las Leyes Federal del Trabajo, y del Seguro Social. Por ello, una vez analizada la iniciativa materia del presente dictamen, se advierte la necesidad de reformar la Ley del Seguro Social no sólo para resolver la situación descrita sino para asegurar al trabajador eventual del campo importantes beneficios que confluyen en su efectivo acceso a la seguridad social.
8. De acuerdo con el Inegi, en el país hay poco más de 1 millón 760 mil jornaleros agrícolas, de los que sólo 138 mil 672 se encuentran incorporados al IMSS y 830 mil son atendidos en unidades médicas de IMSS-Oportunidades.
Asimismo, mientras la Sagarpa cuenta con un padrón de 88 mil 522 patrones en actividades propias del campo, el IMSS en el cálculo más optimista refiere apenas un registro de 27 mil 165 patrones.
Esto es clara muestra del quehacer legislativo pendiente, pues aun cuando las anteriores reformas brindaron un esquema de beneficios para los trabajadores eventuales del campo y estímulos para los patrones que dieran de alta a sus trabajadores, la baja afiliación y la evasión de las cuotas obrero-patronales siguen siendo una constante del sector.
9. Entre otros factores, se han identificado diversas problemáticas que redundan en la no afiliación de los trabajadores del campo al Seguro Social. Tal es el caso de la dificultad, en el caso de los patrones, para mantener registros de trabajadores que tienen gran movilidad laboral; la imposibilidad de inscribir a personas que rara vez cuentan con documentación oficial; la complejidad de los procesos de afiliación y pago ante el IMSS; el incremento de los costos de la seguridad social al hacer que los trabajadores eventuales del campo pasaran de un régimen de seguridad social limitado a un régimen obligatorio; los altos costos de un servicio deficiente, y que los trabajadores perciben la imposibilidad para acceder a una pensión por jubilación.
10. La comisión dictaminadora considera que las reformas y adiciones de la Ley del Seguro Social que en este dictamen se someten a consideración de esta Cámara repercutirán positivamente en las finanzas del IMSS al incidir efectivamente en la afiliación de los trabajadores eventuales del campo, pero más importantes aún resultan los beneficios que se otorgan a los trabajadores, que contarán con la certeza jurídica de su incorporación y de la factibilidad de alcanzar los beneficios del retiro, que se encontraban fuera de sus posibilidades.
11. La comisión dictaminadora considera conveniente, de acuerdo con el espíritu de las iniciativas presentadas por los diputados Rubén Escajeda Jiménez y Samuel Aguilar Solís , y la correspondiente al senador Humberto Aguilar Coronado y diversos legisladores, que se sujete a los patrones a determinar las cuotas obrero-patronales a su cargo y enterar su importe al instituto, para lo cual deberán presentar a éste, dentro de los primeros ocho días hábiles del mes siguiente a aquel en que laboraron los trabajadores, la relación de éstos, señalando el nombre completo del trabajador, su número de seguridad social y el periodo laborado. En caso de que el patrón no determine las cuotas obrero-patronales a su cargo, el instituto, con base en la información proporcionada por el patrón, aquella con que cuente o la que conozca con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, determinará las cuotas causadas y notificará al patrón la cédula de liquidación correspondiente.
12. De igual manera, coinciden las iniciativas y la dictaminadora en que los patrones cubran las cuotas obrero-patronales, aun en el caso de que no sea posible individualizarlas oportunamente, así como garantizar el derecho de los trabajadores eventuales del campo de solicitar al instituto su inscripción y demás condiciones de trabajo presentando, en su caso, la documentación que acredite su relación de trabajo, demuestre el tiempo laborado y los salarios recibidos.
13. En el mismo sentido, y tomando en cuenta la existencia de facilidades fiscales otorgadas por decreto presidencial, según el cual se han venido cubriendo las obligaciones de los patrones hacia el instituto, en beneficio de los trabajadores eventuales del campo, y a propuesta de los diputados promoventes de ambas iniciativas de reforma, se estima indispensable sostener la inscripción y el pago de las cuotas obrero-patronales con el salario que resulte de aplicar el factor de 1.68 sobre el salario mínimo general del área geográfica que corresponda, siempre que el salario base de cotización sea superior a 1.68 veces el salario mínimo general. En caso contrario, la incorporación y el pago de las cuotas obrero-patronales se harán con base en el salario real recibido por el trabajador.
14. En el ámbito de la terciarización de los servicios, práctica cada vez más recurrida en el campo mexicano, mejor conocida como outsourcing, que favorece la evasión de las obligaciones patronales en perjuicio de los trabajadores, se coincide con las iniciativas en análisis al establecer que ``serán responsables de la inscripción y el pago de las cuotas obrero-patronales de los trabajadores eventuales del campo los patrones que contraten, a cualquier título, a terceros para la cosecha de sus cultivos, recolección y preparación de los productos para su primera enajenación, siendo estos últimos obligados solidarios con el patrón, en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta ley''.
15. Un avance significativo en la protección de la salud de los trabajadores eventuales del campo y sus familias es que durante el tiempo que aquéllos estén sujetos a una relación laboral reciban las prestaciones del seguro de enfermedades y maternidad en la localidad en que realizan su trabajo, o bien, en el lugar de su residencia, cuando los beneficiarios permanezcan en él.
16. En la misma tesitura, como parte de la sinergia del proyecto que se discute, las dependencias y las entidades de la administración pública federal que forman parte del Sistema Nacional de Salud, en términos de las disposiciones aplicables, deberán facilitar la incorporación de los trabajadores eventuales del campo a los programas de salud del Estado mexicano en sus lugares de origen, cuando no estén sujetos a una relación laboral y, por tanto, no gocen de los beneficios del régimen de seguridad social del IMSS, sin perjuicio de otorgarles apoyos previstos en otros programas de la administración pública federal. Lo anterior otorgará certeza a los trabajadores eventuales del campo cuya inmediata preocupación, al quedar desempleados, es la protección de la salud de sus familias y de ellos mismos, como pilares de la economía familiar.
17. En la dinámica de los servicios de salud, propuesta descrita con anterioridad, se ha identificado que cerca de 45 por ciento de los trabajadores eventuales del campo migra sin sus familias. Tomando en cuenta esta característica, se estima indispensable establecer que los servicios de guardería sean otorgados en sus lugares de origen cuando los hijos que tengan derecho al servicio de guardería no acompañen al trabajador. Asimismo, las dependencias y las entidades de la administración pública federal que forman parte del sistema nacional de guarderías y estancias infantiles celebrarán, a solicitud del IMSS, los convenios de colaboración correspondientes.
18. Por lo que se refiere a la reducción de las semanas de cotización como requisito para ser sujetos de diversos beneficios contenidos en la Ley del Seguro Social, y atendiendo precisamente al corto periodo laboral anual propio del ciclo agrícola, la Comisión de Seguridad Social coincide con la propuesta de los diputados Samuel Aguilar Solís y Rubén Escajeda Jiménez en que el subsidio otorgado durante el embarazo y el puerperio a las trabajadoras, contenido en los artículos 101 y 102 de la Ley del Seguro Social, sea otorgado, en el caso de la trabajadora eventual del campo, una vez cubiertas 12 cotizaciones semanales dentro de los 12 meses anteriores a la fecha en que debiera comenzar el pago del subsidio; de acuerdo con la ley vigente, se requieren 30 cotizaciones semanales, exigencia que excluye a las trabajadoras eventuales del campo que, a lo sumo, laboran 27 semanas anualmente.
La reducción de 30 a 12 cotizaciones semanales para obtener el subsidio por embarazo o puerperio es materia también de la iniciativa presentada por diputados y senadores al Congreso de la Unión el 28 de enero del presente año, por lo que con la inclusión de dicha reforma se atiende el espíritu de amabas iniciativas.
19. Conforme a las propuestas que se analizan y que la Comisión de Seguridad Social ha considerado importantes por los beneficios que otorgan a los trabajadores eventuales del campo, el seguro de sobrevivencia cubrirá a los beneficiarios del pensionado a consecuencia de un riesgo de trabajo, al fallecimiento de éste, la pensión y demás prestaciones económicas contenidas en la ley si al momento de producirse el riesgo de trabajo el asegurado hubiere cotizado cuando menos 75 semanas (la ley vigente requiere 150 cotizaciones semanales), el seguro de sobrevivencia también cubrirá el fallecimiento de éste por causas distintas de riesgos de trabajo o enfermedades profesionales.
20. Para gozar de las prestaciones del ramo de invalidez, se coincide con las propuestas de reformas presentadas el 9 de diciembre de 2008 y 28 de enero de 2009, respectivamente, se requerirá que al declararse ésta el trabajador eventual del campo tenga acreditado el pago de 125 semanas de cotización (la ley vigente exige 250 cotizaciones semanales). En caso de que el dictamen respectivo determine 75 por ciento o más de invalidez, sólo se requerirá que tenga acreditadas 75 semanas de cotización (de igual manera, la ley vigente exige 150 cotizaciones semanales).
Cuando ocurra la muerte del trabajador eventual o del pensionado por invalidez, el instituto otorgará a sus beneficiarios las prestaciones a que se refiere el artículo 127 de la Ley del Seguro Social, siempre que al fallecer el trabajador eventual del campo hubiese tenido reconocido el pago al instituto de un mínimo de 75 cotizaciones semanales (la ley vigente exige 150 cotizaciones semanales); o bien, que se encontrara disfrutando de una pensión de invalidez y que la muerte no se deba a un riesgo de trabajo.
21. Se ha considerado conveniente, como sostienen los diputados Rubén Escajeda Jiménez y Samuel Aguilar Solís y el senador Humberto Aguilar Coronado en las respectivas iniciativas (la última presentada por diversos legisladores), reducir a 625 cotizaciones semanales el requisito para gozar de las prestaciones del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; ello, para el caso del asegurado que se hubiese desempeñado siempre como trabajador eventual del campo y quede privado de trabajos remunerados a partir de los 60 años de edad, actualmente la ley exige mil 250 semanas de cotización.
De igual manera, en caso de que el asegurado se hubiese desempeñado siempre como trabajador eventual del campo y haya cumplido 65 años de edad, podrá tener derecho al goce de las prestaciones del ramo de vejez si tiene reconocidas por el instituto un mínimo de 625 cotizaciones semanales (la ley vigente exige mil 250 semanas de cotización).
22. Como se observa, la reducción de las semanas cotizadas como requisito para acceder al subsidio por embarazo y puerperio, en el caso de la trabajadora eventual del campo, y a los beneficios de cada uno de los seguros pensionarios contenidos en la Ley del Seguro Social, obedece precisamente a que la jornada anual de los trabajadores eventuales del campo no se extiende más allá de 27 semanas; es decir, poco más de la mitad del año es laborable. Por ello, con las actuales disposiciones de la Ley del Seguro Social, a un trabajador eventual del campo tomaría por lo menos 47 años acumular las mil 250 semanas cotizables para acceder a los beneficios del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. El ejemplo anterior se sostiene en la idea de un trabajador que anualmente cotiza, efectivamente, 27 semanas, por lo que en realidad, atendiendo tal situación, un trabajador eventual del campo tendría derecho a pensionarse por retiro pasados los 50 años de trabajo.
Por lo anterior, la Comisión de Seguridad Social considera de suma importancia la reducción, exactamente a 50 por ciento, de las semanas cotizables como requisito para acceder a los beneficios de los seguros de invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, lo que implica que un trabajador que cubre 27 semanas cotizables por año pueda llegar a retirarse después de 24 años de trabajo.
23. Asimismo, se coincide con la iniciativa que se dictamina al establecer que cuando el trabajador eventual del campo deje de estar sujeto a una relación laboral, en los términos de esta ley, tendrá derecho a recibir, tanto él como sus beneficiarios, asistencia médica, farmacéutica e incluso hospitalaria, en la forma y términos establecidos en los artículos 215 a 217 de esta ley; es decir, mediante las prestaciones o servicios de solidaridad social. Con ello se pretende asegurar el derecho a la protección de la salud del trabajador eventual del campo y sus familias.
24. La Comisión de Seguridad Social considera preciso señalar que, como la necesaria consecuencia de las reformas y adiciones contenidas en el presente dictamen, deben las dependencias y las entidades de la administración pública federal que forman parte del Sistema Nacional de Salud y del sistema nacional de guarderías coordinarse de manera efectiva a efecto de garantizar, por un lado, la protección de la salud de los trabajadores eventuales del campo y sus familias y, por otro, el cuidado de los hijos.
Para cumplir lo anterior es necesario aprovechar la experiencia y el compromiso de programas como IMSS-Oportunidades o el de atención de jornaleros operado por la Secretaría de Desarrollo Social. En el caso de IMSS-Oportunidades, se otorga atención a 830 mil jornaleros agrícolas a través de una estrategia de atención de la salud de los trabajadores eventuales del campo consistente en la centralización de unidades médicas móviles y consultorios agrícolas en campos de cultivo.
Son necesarias entonces la implantación y extensión gradual de consultorios agrícolas en los estados identificados con mayor concentración de trabajadores eventuales del campo, así como fortalecer el sistema nacional de guarderías y estancias infantiles a fin de avanzar en la total cobertura de los jornaleros agrícolas como uno de los grupos más vulnerables del país.
25. Importante resulta señalar que, en atención de la propuesta presentada por los diputados Rubén Escajeda Jiménez y Samuel Aguilar Solís en lo que se refiere a garantizar la cobertura del seguro de enfermedades y maternidad a los trabajadores ``estacionales'' del campo, aun en los periodos en que no se esté laborando y, por ende, cotizando al Seguro Social, se ha considerado conveniente, en virtud de la reciente ampliación provisional de los servicios del instituto para los trabajadores desempleados, no incluir dicha reforma en atención de la difícil situación económica que priva en el país, lo que presionaría las finanzas del instituto. Sin embargo, sería necesario rediscutirla una vez que la economía nacional recupere su ritmo de crecimiento.
26. Complementariamente, se plantea en la iniciativa presentada por el senador Humberto Aguilar Coronado y diversos legisladores la facultad de que el trabajador eventual del campo retire de su subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez 99 por ciento del saldo de la propia subcuenta, a partir del trigésimo día natural, contados desde el día en que quedó desempleado. Este derecho podrá ejercerlo, de acuerdo con la propuesta, siempre que no haya efectuado retiros por la misma causa durante los dos años inmediatos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud correspondiente.
27. En plena concordancia con el resto de las reformas y adiciones expuestas con anterioridad, propone la iniciativa en cita, y la comisión que emite el presente dictamen concuerda con ello, que se sancione como fraude, en los términos del Código Penal Federal, la inscripción como trabajador eventual del campo de personas que no tengan ese carácter, así como la obtención o el propiciar su obtención, de los seguros, prestaciones y servicios que esta ley establece, mediante cualquier engaño o aprovechamiento de error, ya sea en virtud de simulación, sustitución de personas o cualquier otro acto.
28. Tomando en cuenta las dificultades económicas por las que atraviesa el país es necesario, a juicio de la comisión dictaminadora, dar seguimiento exhaustivo a las reformas y adiciones en discusión, a fin de que una vez superada el periodo de crisis internacional y nacional, se busquen, en conjunto con el gobierno federal, los procedimientos para resarcir los recursos retirados de las cuentas individuales de los trabajadores y las semanas de cotización reducidas conforme al artículo 198 de la Ley del Seguro Social; evaluando, incluso, la inaplicabilidad del citado articulo a efecto de no mermar la suma de semanas cotizadas por los trabajadores.
29. Una vez que esta comisión ha juzgado conveniente presentar dictamen a la iniciativa presentada el 28 de enero de 2009 por el senador Humberto Aguilar Coronado (PAN) en nombre propio y de los diputados Miguel Ángel Navarro Quintero (PRD), Margarita Arenas Guzmán (PAN), Efraín Arizmendi Uribe (PAN), Patricio Flores Sandoval (PRI), Neftalí Garzón Contreras (PRD), Daniel Dehesa Mora (PRD) y de las senadoras Martha Leticia Sosa Govea (PAN) y María Dolores Serrano Serrano (PAN), se reconoce el aporte de los diputados Rubén Escajeda Jiménez y Samuel Aguilar Solís que, con su iniciativa, no sólo pusieron un tema tan importante como el de los jornaleros agrícolas en la discusión, sino que sus ideas y propuestas son base de las reformas que se presentan en el proyecto de decreto contenido en el presente dictamen.
30. Por último, la Comisión de Seguridad Social refrenda con éste dictamen su compromiso de fortalecer el derecho a la seguridad social y a sus instituciones, procurando siempre elevar el nivel de vida de las y los mexicanos garantizando su inclusión a los sistemas de seguridad social del país, es el caso de los trabajadores eventuales del campo cuya labor de cualidades especiales imposibilita al jornalero agrícola, bajo el esquema actual, el disfrute de los beneficios de la seguridad social, sin embargo, en el horizonte de las reformas y adiciones propuestas en el dictamen que emite esta comisión, se encuentra la tangible posibilidad de gozar, según sea el caso, de los beneficios de cada uno de los seguros contenidos en la Ley del Seguro Social.

Por lo anteriormente expuesto, y para los efectos del inciso A) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Seguridad Social de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social

Artículo Único. Se reforman los artículos 234, 237, 237-A, 237-B, 237-C, 237-D, 238 y 239, y se adicionan los artículos 237-E, 237-F, 237-G, 237-H, 239-A, 239-B, y 239-C, así como las secciones primera, ``Generalidades'', que comprende los artículos 234 al 237, y segunda, ``De los Trabajadores Eventuales del Campo'', que comprende los artículos 237-A al 239-C; al Capítulo X, ``De la Seguridad Social en el Campo'' del Título Segundo, todos ellos de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Capitulo X De la Seguridad Social en el Campo

Sección Primera Generalidades

Artículo 234. La seguridad social se extiende al campo mexicano en los términos y formas que se establecen en la presente ley y los reglamentos respectivos.

El acceso a la seguridad social de los sujetos a que se refiere el presente capítulo podrá ser apoyado por el tercer aportante establecido en el artículo 230 de esta ley. En cualquier caso, éstos podrán acceder al seguro de salud para la familia regulado por este ordenamiento.

Los indígenas, campesinos temporaleros de zonas de alta marginalidad y todas aquellas familias campesinas cuya condición económica se sitúe en pobreza extrema tendrán acceso a las prestaciones de solidaridad social, bajo la forma y términos que establecen los artículos 214 a 217 de esta ley.

...

Artículo 237. Los trabajadores asalariados de carácter permanente en actividades del campo se comprenden en el artículo 12, fracción I, de esta ley y accederán a la seguridad social en los términos que establezca ésta y sus reglamentos.

Sección Segunda De los Trabajadores Eventuales del Campo

Artículo 237 A. Los trabajadores asalariados eventuales dedicados a actividades del campo se comprenden en el artículo 12, fracción I, de la ley y accederán a la seguridad social en los términos, condiciones y modalidades que señala esta ley y las disposiciones reglamentarias y administrativas que de ella derivan.

Artículo 237 B. Los patrones del campo que contraten trabajadores eventuales del campo tendrán las obligaciones siguientes:

I. Registrarse ante el instituto e informarle, al inicio de cada ciclo de producción, el periodo y tipo de cultivo, superficie o unidad de producción, estimación de jornadas a utilizar en cada periodo y los demás datos que les requiera el instituto. Para el caso de los patrones con actividades ganaderas, deberán proporcionar la información sobre el tipo de ganado y el número de cabezas que poseen. La modificación de cualquiera de los datos proporcionados deberá ser comunicada al instituto en un plazo no mayor de treinta días naturales contados a partir de la fecha en que se produzcan;
II. Inscribir a los trabajadores eventuales del campo que contrate conforme a lo siguiente:
a) Dentro de los ocho días hábiles siguientes al inicio del ciclo de cultivo y durante éste, cuando contrate nuevos trabajadores, el patrón presentará al instituto una relación con el nombre completo y número de seguridad social de los trabajadores eventuales que contrate. En caso de que el trabajador no tenga número de seguridad social, se deberá proporcionar el mes y año de nacimiento del trabajador, en cuyo caso, el instituto asignará el número de seguridad social y lo comunicará al patrón.
b) La relación a que se refiere el inciso anterior deberá ser comunicada al Instituto en medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza, conforme a las disposiciones de esta ley y sus reglamentos. Los patrones de hasta treinta trabajadores podrán optar por comunicar los datos mencionados en documento impreso.
III. Determinar las cuotas obrero-patronales a su cargo y enterar su importe al instituto, para lo cual presentará a éste, dentro de los primeros ocho días hábiles del mes siguiente a aquél en que laboraron los trabajadores, la relación de éstos, señalando el nombre completo del trabajador, su número de seguridad social y el período laborado. La relación a que se refiere esta fracción será presentada en los mismos términos y condiciones señalados en el inciso B) de la fracción anterior.
Respecto de las cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, el instituto, por conducto de la subdelegación correspondiente, realizará la individualización y el pago en las entidades receptoras autorizadas, a efecto de que los recursos de cada trabajador sean depositados en la respectiva cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro.
El entero de las cuotas se realizará dentro del plazo señalado en el artículo 39 de esta ley, o bien, el patrón podrá optar por enterarlas conjuntamente con la actualización respectiva, en forma diferida o a plazos, sin la generación de recargos, conforme a las reglas de carácter general que emita el Consejo Técnico, tomando en cuenta la existencia de ciclos estacionales en el flujo de recursos en ciertas ramas de la producción agrícola.
En caso de que el patrón no determine las cuotas obrero-patronales a su cargo, el instituto, con base en la información proporcionada por el patrón, aquella con la que cuente o la que conozca con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, determinará las cuotas causadas y notificará al patrón la cédula de liquidación correspondiente.
IV. Entregar a cada trabajador, al término de la relación laboral, constancia escrita del periodo laborado durante el ciclo de cultivo y del salario percibido, la cual, en su caso, podrá ser exhibida por el trabajador para acreditar sus derechos.
Los patrones deberán cubrir las cuotas obrero-patronales, aun en el caso de que no sea posible individualizarlas oportunamente. En tanto se efectúa la individualización por parte del instituto, su monto se destinará a la reserva general financiera y actuarial a que se refiere el artículo 280, fracción IV, de esta ley, sin perjuicio de que a aquellos trabajadores que acreditaren sus derechos se les otorguen las prestaciones diferidas que les correspondan, y
V. Cumplir, en lo conducente, con las demás disposiciones de esta ley y sus reglamentos.

Artículo 237 C. Los trabajadores eventuales del campo tienen el derecho de solicitar al instituto su inscripción y demás condiciones de trabajo y, en su caso, presentar la documentación que acredite su relación de trabajo, demuestre el tiempo laborado y los salarios percibidos.

El derecho a que se refiere el párrafo anterior podrá ser ejercitado por los trabajadores de manera directa, o bien, a través de su representante legal quien acreditará dicha representación en los términos que establezca el reglamento correspondiente.

La solicitud de inscripción a que se refiere el primer párrafo de este artículo se podrá realizar en la localidad en la que estén prestando sus servicios, o en su lugar de origen.

Lo anterior no libera a los patrones del cumplimiento de sus obligaciones ni les exime de las sanciones y responsabilidades en que hubieran incurrido o del fincamiento de los capitales constitutivos previstos en esta ley.

De igual forma, el trabajador, por conducto del instituto, podrá realizar los trámites administrativos necesarios para ejercer los derechos derivados de las pensiones establecidas por esta ley.

Artículo 237 D. Los patrones del campo que contraten trabajadores eventuales del campo, podrán efectuar la inscripción y el pago de las cuotas obrero patronales con el salario que resulte de aplicar el factor de 1.68, sobre el salario mínimo general del área geográfica que corresponda, siempre y cuando el salario base de cotización sea superior a 1.68 veces el salario mínimo general. En caso contrario, la incorporación y pago de las cuotas obrero patronales, se hará con base en el salario real percibido por el trabajador.

El Consejo Técnico del instituto, proveerá lo necesario, ante el Ejecutivo federal, para la revisión de las bases de cotización a que se refiere este artículo, a fin de propiciar que se mantenga o restituya, en su caso, el equilibrio financiero de los seguros.

Lo anterior, sin perjuicio de los derechos del trabajador previstos en el artículo 237 C de esta ley.

Artículo 237 E. Serán responsables de la inscripción y el pago de las cuotas obrero patronales de los trabajadores eventuales del campo, los patrones que contraten, bajo cualquier título, a terceros para la cosecha de sus cultivos, recolección y preparación de los productos para su primera enajenación, siendo estos últimos obligados solidarios con el patrón, en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta ley.

Artículo 237 F. En aquellos lugares donde el Instituto no cuente con instalaciones, a juicio del propio instituto, para prestar los servicios de salud que tiene encomendados, éste podrá celebrar convenios con los patrones del campo, para que éstos otorguen a sus trabajadores las prestaciones en especie correspondientes al seguro de enfermedades y maternidad a que se refiere la Sección Segunda, Capítulo IV, del Título Segundo de esta ley, relativas a servicios médicos y hospitalarios, pudiendo convenirse en la reversión de una parte de la cuota obrero patronal en proporción a la naturaleza y cuantía de los servicios otorgados. En dichos convenios se pactará, en su caso, el pago de subsidios a través de un esquema programado de reembolsos, en los términos que establezcan las reglas de carácter general que para tal efecto expida el Consejo Técnico.

Los trabajadores eventuales del campo y sus beneficiarios, durante el tiempo que aquéllos estén sujetos a una relación laboral, recibirán las prestaciones del seguro de enfermedades y maternidad en la localidad en que realizan su trabajo, o bien, en el lugar de su residencia, cuando los beneficiarios permanezcan en el mismo lugar.

Las dependencias y entidades de la administración pública federal que forman parte del sistema nacional de salud, en términos de las disposiciones aplicables, facilitarán la incorporación de los trabajadores eventuales del campo a los programas de salud del Estado mexicano en sus lugares de origen, cuando no estén sujetos a una relación laboral y, por tanto, no gocen de los beneficios del régimen de seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin perjuicio de otorgarles apoyos previstos en otros programas de la administración pública federal.

Artículo 237 G. En aquellos lugares donde el instituto no cuente con instalaciones, a juicio del propio instituto, para prestar los servicios de guardería que tiene encomendados, éste podrá celebrar convenios con los patrones del campo y organizaciones de trabajadores eventuales del campo para la subrogación de los servicios que contempla el ramo de guarderías a que se refiere la Sección Primera, Capítulo VII, del Título Segundo, de esta ley, en los términos que establezcan las reglas de carácter general que para tal efecto expida el Consejo Técnico.

Cuando los hijos que tengan derecho al servicio de guardería no acompañen al trabajador, dichos servicios se prestarán en sus lugares de origen, en los términos establecidos en el párrafo anterior. Asimismo, las dependencias y entidades de la administración pública federal que forman parte del sistema nacional de guarderías y estancias infantiles celebrarán, a solicitud del Instituto Mexicano del Seguro Social, los convenios de colaboración correspondientes.

Artículo 237 H. En todo caso, los patrones del campo y las organizaciones a que se refiere este capítulo estarán obligados a proporcionar al instituto los informes y estadísticas que éste les exigiere y a sujetarse a las instrucciones, normas técnicas, inspecciones y vigilancia prescritas por el propio instituto, en los términos de las reglas de carácter general que con respecto a los servicios médicos y de guarderías expida el Consejo Técnico.

Artículo 238. La trabajadora eventual del campo tendrá derecho durante el embarazo y el puerperio a un subsidio en los términos establecidos en los artículos 101 y 102 de esta ley, con la salvedad que para tener derecho al subsidio se requiere que tenga cubiertas por lo menos doce cotizaciones semanales, dentro de los doce meses anteriores a la fecha en que debiera comenzar el pago del subsidio.

Artículo 239. Para efectos de las pensiones de los seguros que comprende el régimen obligatorio, los trabajadores eventuales del campo se sujetaran a las siguientes modalidades:

I. Riesgos de trabajo
El seguro de sobrevivencia cubrirá a los beneficiarios del pensionado a consecuencia de un riesgo de trabajo, al fallecimiento de éste, la pensión y demás prestaciones económicas a que se refiere el Capítulo III del Título Segundo de esta ley; si al momento de producirse el riesgo de trabajo, el asegurado hubiere cotizado cuando menos setenta y cinco semanas, el seguro de sobrevivencia también cubrirá el fallecimiento de éste por causas distintas a riesgos de trabajo o enfermedades profesionales.
II. Invalidez y vida
a) Para gozar de las prestaciones del ramo de invalidez se requiere que al declararse ésta el trabajador eventual del campo tenga acreditado el pago de ciento veinticinco semanas de cotización. En el caso que el dictamen respectivo determine el setenta y cinco por ciento o más de invalidez sólo se requerirá que tenga acreditadas setenta y cinco semanas de cotización.
b) Cuando ocurra la muerte del trabajador eventual o del pensionado por invalidez, el instituto otorgará a sus beneficiarios las prestaciones a que se refiere el artículo 127 de esta ley, siempre que al fallecer el trabajador eventual del campo hubiese tenido reconocido el pago al instituto de un mínimo de setenta y cinco cotizaciones semanales, o bien que se encontrara disfrutando de una pensión de invalidez y que la muerte no se deba a un riesgo de trabajo.
III. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez
a) Cuando el asegurado que se hubiese desempeñado siempre como trabajador eventual del campo, quede privado de trabajos remunerados a partir de los sesenta años de edad, para gozar de las prestaciones del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez establecidas en esta ley, requerirá de tener reconocidas ante el Instituto un mínimo de seiscientas veinticinco cotizaciones semanales.
b) Cuando el asegurado que se hubiese desempeñado siempre como trabajador eventual del campo, haya cumplido sesenta y cinco años de edad, podrá tener derecho al goce de las prestaciones del seguro citado en el inciso anterior, si tiene reconocidas por el instituto un mínimo de seiscientas veinticinco cotizaciones semanales.

Artículo 239 A. Cuando el trabajador eventual del campo deje de estar sujeto a una relación laboral, en los términos de esta ley, tendrá derecho a:

I. Recibir, tanto él como sus beneficiarios, asistencia médica, farmacéutica e incluso hospitalaria, en la forma y términos establecidos en los artículos 215 al 217 de esta ley.
II. Retirar de su subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, el noventa y nueve por ciento del saldo de la propia subcuenta, a partir del trigésimo día natural contado desde el día en que quedó desempleado. Este derecho podrá ejercerlo, siempre que no haya efectuado retiros por esta misma causa, durante los dos años inmediatos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud correspondiente.

Artículo 239 B. Las autoridades federales, estatales y municipales, así como los integrantes de los sectores social y privado, proporcionarán al instituto los datos que éste les solicite en relación con las actividades del campo a que se refiere esta sección, a fin de garantizar los derechos de los trabajadores eventuales del campo y sus beneficiarios.

Artículo 239 C. Se reputará como fraude y se sancionará como tal, en los términos del Código Penal Federal, la inscripción como trabajador eventual del campo de personas que no tengan ese carácter, así como la obtención o el propiciar su obtención, de los seguros, prestaciones y servicios que esta ley establece, mediante cualquier engaño o aprovechamiento de error, ya sea en virtud de simulación, sustitución de personas o cualquier otro acto.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor a los noventa días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. A partir de la entrada en vigor de este decreto se derogan las disposiciones que se opongan a éste.

Dado en el salón de sesiones de las Comisiones Unidas, Palacio Legislativo de San Lázaro, DF, a los 19 días de febrero del año 2009.
La Comisión de Seguridad Social, diputados: Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Neftalí Garzón Contreras (rúbrica), Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Sara Shej Guzmán (rúbrica), Joel Arellano Arellano , Alfonso Othón Bello Pérez (rúbrica), Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro , Addy Cecilia Joaquín Coldwell (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica), Ramón Almonte Borja (rúbrica), José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo , Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Patricio Flores Sandoval , Rogelio Muñoz Serna (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez , Joel Ayala Almeida , Lorena Martínez Rodríguez , Ana María Ramírez Cerda (rúbrica), Ramón Valdés Chávez (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: En consecuencia, está a discusión en lo general.

No habiendo quien haya solicitado el uso de la palabra...

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Sí, diputado Rubén Escajeda, ¿con qué objeto?

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez (desde la curul): Para el posicionamiento, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene el uso de la palabra, diputado Rubén Escajeda.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez : Con el permiso de la Presidencia, me permito hacer uso de la palabra para mostrar el posicionamiento de los diputados del sector agrario del PRI, relacionado con este importante dictamen que hoy se somete a la consideración de esta soberanía.

El dictamen que hoy se somete a votación tiene que ver con los intereses de los jornaleros agrícolas de este país. Hace unos meses el diputado Samuel Aguilar, y su servidor, planteamos, propusimos una iniciativa que tiene que ver justamente con buscar proteger la seguridad social y los intereses de los trabajadores, que temporalmente trabajan buscando obtener el sustento de su familia.

Si bien es cierto este dictamen considera algunos puntos importantes de la propuesta que hicimos, llama la atención cómo otra iniciativa, que entró muchos días después, lograse, en un acuerdo sospechoso entre los diputados de este lado con los del otro lado, que parecieran acuerdos obscuros que increíblemente nos llevan a pensar que los temas electorales están teniendo ya resultados en acuerdos obscuros, que parece increíble cómo ---diría yo--- del amor al odio solamente hay un paso, y las encuestas creo que lo resuelven todo.

Es cierto que en el dictamen que hoy se somete a discusión se incorporan cosas importantes de lo que nosotros plantea-mos. Se disminuyeron, por ejemplo, las semanas de cotización para acceder al subsidio por embarazo y puerperio; se reducen los tiempos para el retiro de cesantía y vejez, y se reduce de 250 a 125 las semanas para la invalidez.

Llama la atención cómo aquellos que en algún tiempo se manifestaron como los defensores de los intereses de los más pobres, hoy hacen alianza para proteger los intereses del gobierno. ¿En qué quedamos, compañeros, en qué quedamos?

Por ello, la fracción de diputados del PRI, particularmente los del sector agrario ---y tendría que reconocer el trabajo de nuestros compañeros del sector obrero que firmaron este dictamen---vamos a votar en lo general a favor, porque van incorporadas ---inteligentemente incorporaron, pira- tearon, o ¿cómo le llamaríamos?--- lo más importante del dictamen de Samuel Aguilar y mío, para luego lucir un dictamen como el que hoy se pone a consideración, buscando, diría yo, darle una pintadita de lo social, pero buscando también defender los intereses, extrañamente, del gobierno.

Reservaremos algunos artículos que estoy convencido de que no van a ser votados a favor, porque, en la intención de buscar incorporarlos en la discusión y la negociación, ya no sabíamos dónde buscar a los diputados, si en Convergencia o en el PT. Sin embargo, no hubo manera de avanzar.

Votaremos a favor de este dictamen, porque van incorporadas nuestras propuestas, pero las reservas que haremos las votaremos en contra, buscando que muchos compañeros diputados de esta soberanía lo hagan, buscando que el gobierno ---reitero, subrayo--- asuma su responsabilidad constitucional de aportar el dinero suficiente y necesario para que nuestros compañeros jornaleros y campesinos de este país, puedan tener las prerrogativas que se merecen como mexicanos. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, señor diputado Rubén Escajeda.

Se considera suficientemente discutido en lo general.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

Han reservado ante la Mesa Directiva la diputada Rosario Ortiz Magallón , el artículo 139; la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña , del PRI, el artículo 237-D; el diputado Ramón Salas López , del PRI, el 237-F, primer párrafo; el diputado José Rubén Escajeda Jiménez , el 237-F, tercer párrafo; y el diputado Salvador Sánchez Peñuelas , del PRI, la adición del artículo 237-I y de un tercer transitorio.

Pido a la Secretaría, con estas reservas, que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, del presente decreto.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación.

Se han emitido, diputado presidente, 280 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados, por 280 votos.

Tiene el uso de la palabra la diputada Rosario Ortiz Magallón , del Grupo Parlamentario del PRD, quien ha reservado el artículo 239.

La diputada Rosario Ignacia Ortiz Magallón : Con su venia, señor presidente.

Compañeras y compañeros, el tema de la seguridad social para los jornaleros agrícolas, con la aprobación que se hizo en este momento, sienta un precedente para que más de 2 millones de trabajadores del campo puedan tener acceso a una pensión digna.

En este tenor, la reserva que hace la suscrita, Rosario Ortiz Magallón , integrante del Grupo Parlamentario del PRD, y el diputado Ramón Valdés Chávez , integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, es para someter a consideración el siguiente punto.

La Ley del Seguro Social vigente establece, en la fracción II del artículo 191, que el trabajador que haya sido dado de baja del régimen obligatorio tiene derecho a retirar de su subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez la cantidad que resulte menor entre 75 días de su propio salario base de cotización de las últimas 250 semanas, o 10 por ciento del saldo de la propia subcuenta, a partir del cuadragésimo sexto día natural, contado desde el día en que quedó desempleado.

Ese derecho sólo podrán ejercerlo los trabajadores que acrediten no haber efectuado retiros durante los cinco años inmediatos anteriores a la fecha citada.

A su vez, el artículo 198 especifica que la disposición que realice el trabajador de los recursos de su cuenta individual disminuirá en igual proporción las semanas cotizadas efectuadas.

En el dictamen a discusión se propone, en el artículo 239-A, que para el caso de los trabajadores eventuales del campo puedan retirar de su subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, el 99 por ciento de saldo de la propia subcuenta, a partir del trigésimo día natural contado desde el día que quedó desempleado.

Este derecho podrá ejercerlo siempre que no haya efectuado retiros por esa misma causa, durante los años inmediatos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud correspondiente.

El efecto de esta disposición significaría reducir, en absoluto, el monto del ahorro para el retiro del trabajador, de por sí mínimo por el número de cotizaciones y el salario de los jornaleros agrícolas. Y anular de facto el componente de mayor beneficio de la propia iniciativa que es reducir los requisitos para acceder a pensiones en el marco de la Ley del Seguro Social.

El ahorro para el retiro, con este mecanismo, deja de tener el sentido de proporcionar al trabajador una pensión producto de la individualización del ahorro y de su inversión para obtener rendimientos.

Para evitar este efecto negativo que anula las bondades de este mismo dictamen y de la iniciativa de ley aprobada, se propone adicionar un párrafo al artículo 239-A, del dictamen, para que la disposición parcial de los recursos de los trabajadores eventuales del campo no signifique la sustracción de semanas de cotización proporcionales a la suma de las disposiciones de los recursos.

Es decir, compañeros, si se autoriza los trabajadores que retiren 99 por ciento de su ahorro individual, a la hora que ellos concluyan su periodo activo de vida con la disminución de las cotizaciones que se aprobaron en esta ley, los trabajadores no podrán llegar a cumplir con su pensión establecida, porque se les ha retirado el 99 por ciento de sus cotizaciones.

Entonces, el beneficio que da esta ley al disminuir estas cotizaciones, con el retiro del 99 por ciento, estaremos dejando a los trabajadores en un futuro sin la posibilidad de tener su pensión como marca la ley. Este punto contraviene el sentido original y de justicia social que plantea el dictamen.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente reserva que adiciona un párrafo al artículo 239-A del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 239-A. Cuando el trabajador eventual del campo deje de estar sujeto a una relación laboral en los términos de esta ley tendrá derecho a:

1. Recibir tanto él como sus beneficiarios asistencia médica farmacéutica, incluso hospitalaria, en la forma en términos establecidos, en los artículos 215 al 217 de esta ley.

2. Retirar de su subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, el 99 por ciento del saldo de la propia subcuenta, a partir del trigésimo día natural contado desde el día en que quedó desempleado.

Este derecho podrá ejercerlo, siempre que no haya efectuado retiros por esta misma causa durante los dos años inmediatos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud correspondiente.

La disposición que realice el trabajador eventual del campo, conforme a la fracción anterior, no disminuirá las semanas de cotización que tenga acumuladas. Es decir, que si por la situación económica que vive el campo y la necesidad que tengan los trabajadores de retirar su fondo individual, no implique que esas cotizaciones se les descuenten de sus aportaciones.

Es decir, que pueda tener este acceso y al finalizar su vida productiva el trabajador jornalero agrícola pueda pensionarse en los tiempos que establece esta ley recién votada, para que pueda tener su pensión conforme a lo establecido en esta ley. Espero su voluntad política para aprobar esta adición y garantizar a los trabajadores jornaleros agrícolas su pensión como establece la ley. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, compañera diputada.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la modificación propuesta por la diputada Rosario Ortiz Magallón , del Grupo Parlamentario del PRD.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si es de aceptarse la propuesta de la diputada Rosario Ortiz Magallón . Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por la diputada Rosario Ortiz Magallón.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación propuesta por la diputada Rosario Ortiz Magallón al ar- tículo...

El diputado Efraín Arizmendi Uribe (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: A ver, permítame, diputado. Sonido a la curul del diputado.

El diputado Efraín Arizmendi Uribe (desde la curul): Presidente, varios diputados presentes solicitamos que esta votación sea nominal, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: A ver, compañero diputado, estamos ya en proceso.

Concluya la consulta. Estamos consultando si es de admitirse.

A ver, sólo para ilustrar a la asamblea, ya se admitió a discusión y ya se agotó la discusión; nadie más solicitó la palabra. Ahora, estamos consultando a la asamblea si se aceptan las modificaciones que ha propuesto la diputada Rosario Ortiz Magallón .

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se admite y se reserva para su votación en conjunto.

Queremos destacar la presencia de alumnos del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, es un grupo de empresarios chihuahuenses que nos visitan hoy. Bienvenidos; nos da gusto que estén con nosotros.

Tiene el uso de la palabra la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña , quien ha reservado el artículo 237-D.

La diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña : Con su permiso, diputado presidente.

Hemos reservado el artículo 237-D del dictamen de la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, al tenor de las siguientes consideraciones:

El artículo 237-D del dictamen establece la forma en que se debe realizar la aplicación de la fórmula de cotización para la inscripción del trabajador del campo y el pago de sus cuotas obrero-patronales.

No obstante, en su segundo párrafo establece la facultad del Consejo Técnico del IMSS para prever lo necesario ante el Ejecutivo federal, para la revisión de la base de cotización.

La redacción de esta disposición, en caso de aprobarse en sus términos, generaría incertidumbre jurídica, tanto para patrones como para trabajadores del campo, con lo cual la iniciativa no produciría los efectos que la misma persigue.

En efecto, no se incrementará la afiliación a causa de la indeterminación, y esto repercutiría en que un gran número de patrones en todo el país no va a incorporar a sus trabajadores por el alto costo de la seguridad social.

Si por el contrario, se aprueba una redacción más precisa para la determinación y aplicación de las fórmulas de cotización, se lograría aumentar la afiliación al Seguro Social haciendo que se compartan el gasto e inversión de la seguridad social del campo, todos los estados de la república, y no solamente un grupo reducido de estados del noroeste.

La iniciativa establece 1.68 como salario base de cotización, pero deja al Consejo Técnico la revisión para mantenerlo o quitarlo, lo cual da incertidumbre y es contrario a los principios de certidumbre de la ley.

Para eliminar la discrecionalidad se debe eliminar la facultad del consejo técnico para modificar el factor 1.68 veces el salario mínimo. Se propone, en consecuencia, quitar el factor y únicamente sujetarlo a las variaciones y en los incrementos del salario mínimo.

Por lo expuesto, se sugiere que la redacción definitiva del artículo 237-D quede de la siguiente manera:

Artículo 237-D. Los patrones del campo que contraten trabajadores eventuales del campo, podrán efectuar la inscripción y el pago de las cuotas obrero-patronales con el salario que resulta de aplicar el factor de cotización del trabajador estacional del campo, entendido como el equivalente al 1.68 veces el salario mínimo diario general de la zona económica regional que corresponda de acuerdo con la clasificación de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, sobre el salario mínimo general, el área geográfica que corresponde, siempre y cuando el salario de base de cotización sea superior al 1.68 veces el salario mínimo general. En caso contrario, la incorporación y el pago de las cuotas obrero-patronales se harán con base en el salario real percibido por el trabajador.

El resultado del factor referido en el párrafo anterior se actualizará anualmente en función del porcentaje de incremento salarial que determine la propia comisión. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la reserva hecha por la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña al 237-D.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por la diputada Mayra Peñuelas Acuña. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la negativa, diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se dese-cha.

Tiene el uso de la palabra el diputado Ramón Salas López , quien ha reservado el artículo 237-F, primer párrafo. El diputado Salas López es miembro del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Ramón Salas López : Con su venia, diputado presidente.

Presento reserva al artículo 237-F del dictamen de la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley del Seguro Social, al tenor de las siguientes consideraciones:

En la parte final del primer párrafo del artículo 237-F se establece que en los convenios que los patrones del campo celebren con el instituto, a juicio del propio instituto, para que aquellos otorguen a sus trabajadores las prestaciones en especie correspondientes al seguro de enfermedades y maternidad, se pactará, en su caso, el pago de subsidios a través de un esquema programado de reembolsos, en los términos que establezcan las reglas de carácter general que para tal efecto expida el Consejo Técnico del propio instituto.

En primer lugar, esta disposición establece una facultad desmedida al IMSS para que sea el único criterio de su juicio el que determine la necesidad de subrogar dichas obligaciones. La subrogación debe darse con elementos objetivos y medibles, ya que como se encuentra en el dictamen, queda a juicio del IMSS y se desconoce qué elementos utilizará para emitir su juicio.

Por tanto, si existe una demanda de servicio estacional superior a la oferta que tiene el IMSS los trabajadores no van a recibir el servicio; y si a juicio del instituto la demanda está cubierta, no subrogará. Esta condición se traduce en una limitación para que los patrones presten el servicio donde el instituto no lo puede dar. Es necesario acotar la discrecionalidad del IMSS, a fin de que esta dependencia no pretenda una delegación absoluta de sus facultades en detrimento de los trabajadores del campo.

Por otra parte, la misma disposición busca hacer corresponsables ---y con justicia--- a los patrones del campo, de la seguridad social que se otorga a los trabajadores agrícolas, no obstante que en los términos que se encuentra redactada la disposición se corre el riesgo de que el Instituto Mexicano del Seguro Social, amparado en la imprecisión de la disposición, realice una delegación total de sus obligaciones en detrimento de los patrones del campo.

Por tanto, se propone que el monto de los reembolsos de los servicios por enfermedad y maternidad no quede al arbitrio del Consejo Técnico del instituto, sino que se garantice el pago del costo institucional como mínimo por concepto de reversión de los gastos en que se incurra.

El primer párrafo del artículo 237-F quedará de la siguiente manera:

Artículo 237-F. En aquellos lugares donde el instituto no cuente con instalaciones para prestar los servicios de salud que tiene encomendados y acredite mediante parámetros objetivos la imposibilidad material y humana para cubrir la demanda estacional, éste podrá celebrar convenios con los patrones del campo para que éstos otorguen a sus trabajadores las prestaciones en especie, correspondientes al seguro de enfermedades y maternidad a que se refiere la sección segunda, capítulo IV, del título segundo de esta ley, relativas a los servicios médicos y hospitalarios, pudiendo convenirse en la reversión de una parte de la cuota obrero-patronal en proporción a la naturaleza y cuantía de los servicios otorgados. En dichos convenios la contraprestación a los patrones u organismos de trabajadores nunca podrá ser menor al costo que representan para el instituto los servicios subrogados a cargo de aquellos.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, yo les solicito su voto a favor de esta reserva, ya que tenemos que buscar que el gobierno cumpla con su obligación; y, más aún, en aquellos lugares donde el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene la posibilidad de cumplir con ella. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado Ramón Salas.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Ramón Salas López .

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Ramón Salas López al artículo 237-F, primer párrafo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la negativa, diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se dese-cha.

Se concede el uso de la palabra al diputado Rubén Escajeda Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI, para fundamentar su reserva al artículo 237-F, tercer párrafo.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez : Con su permiso, señor presidente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 132 y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos vigesimotercero y vigesimocuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, presento ante esta soberanía reserva al artículo 237-F del dictamen de la Comisión de Seguridad Social con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, al tenor de las siguientes consideraciones:

El tercer párrafo del artículo 237-F establece que las dependencias y entidades de la administración pública federal que forman parte del sistema nacional de salud facilitarán ---aquí está la clave de la propuesta--- la incorporación de los trabajadores eventuales. Es decir, no obliga, sino que facilitarán la incorporación de los trabajadores eventuales del campo, a los programas de salud del Estado mexicano en su lugar de origen.

La propuesta concreta busca obligar más al gobierno de la república para que no quede ambiguo el término y no diga facilitarán, sino que diga de la siguiente forma:

Las dependencias y entidades de la administración pública federal que forman parte del sistema nacional de salud, en términos de las disposiciones aplicables, incorporarán a los trabajadores eventuales del campo a los programas de salud del Estado mexicano en sus lugares de origen, cuando no estén sujetos a una relación laboral y, por tanto, no gocen de los beneficios del régimen de seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin perjuicio de otorgarles apoyos previstos en otros programas de la administración pública federal.

Busca, compañeras diputadas y compañeros diputados, quitarle la ambigüedad a este artículo; para que en lugar de decir facilitará la incorporación, diga categóricamente: Incorporarán a los trabajadores eventuales del campo a los servicios de salud de este país.

Ojalá que la votación de ustedes sea favorable, porque pretende buscar que el gobierno de la República aporte, cumpla su responsabilidad republicana de dar seguridad social a los mexicanos que viven en nuestra patria. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, señor diputado don Rubén Escajeda Jiménez.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado José Rubén Escajeda Jiménez .

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la votación propuesta por el diputado Rubén Escajeda Jiménez al artículo 237-F, tercer párrafo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la negativa, diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se dese-cha.

Se concede el uso de la palabra al diputado Salvador Sánchez Peñuelas , del Grupo Parlamentario del PRI, quien ha reservado la adición al artículo 237-I, y un tercero transitorio.

El diputado Salvador Sánchez Peñuelas : Con su venia, señor presidente.

Presento reserva para adicionar el artículo 237-I y un artículo tercero transitorio al dictamen de la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, al tenor de las siguientes consideraciones:

Es un hecho irrefutable que hasta ahora el Estado mexicano ha mostrado su incapacidad para garantizar a los trabajadores estacionales del campo, a cabalidad, el derecho a la salud.

Por esta razón es necesario buscar una alternativa que, además de beneficiar a los trabajadores, simplifique el cumplimiento de las obligaciones patronales, favorezca la ampliación de la cobertura de la seguridad social en el campo mexicano, procure servicio de salud integral con calidad y trato digno, y de manera destacada, permita a los jornaleros el goce de una pensión; todo ello como condición para el fortalecimiento de la cohesión social y la protección de las familias rurales.

Es necesario enfatizar que los programas de gobierno que se han desarrollado hasta el momento con la finalidad de atender estas demandas son apenas un paliativo.

Aún cuando la seguridad social es una corresponsabilidad entre Estado, patrones y trabajadores, esta responsabilidad debe ser regulada por un sistema de normas que garantice la sustentabilidad de la seguridad social a lo largo del tiempo, pues no tiene sentido establecer mecanismos adecuados de altas, bajas y acceso, si no están respaldados por un cálculo de costos reales que los patrones puedan asumir.

Es fundamental que los trabajadores estacionales de campo cuenten con seguro social permanente, no sólo cuando están laborando, sino en los periodos de receso, cuando regresan a sus lugares de origen.

Así pues, es nuestra responsabilidad, como legisladores, el darle solución a este obstáculo que no ha sido superado hasta la fecha, pues la ausencia de seguridad social tiene severos efectos en el bienestar de las familias de los trabajadores estacionales del campo, principalmente en atención médica.

Por este motivo es indispensable reconocer una nueva modalidad del trabajo en el campo; esto es, el que desarrollan los trabajadores estacionales en el mismo, reconociendo y ampliando las modalidades de acceso a la seguridad social que reflejen las peculiaridades de estos trabajadores.

La seguridad social para los trabajadores estacionales del campo requiere de una amplia participación del gobierno de manera permanente y compartiendo responsabilidades con patrones y trabajadores, haciendo efectivo el esquema tripartito del Seguro Social y garantizando su sustentabilidad.

Por esta razón se plantea que la forma más viable de afrontar estos costos y responsabilidades es mediante una asignación presupuestal elaborada por la Cámara de Diputados, con la finalidad de no afectar inadecuadamente las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social, y lograr así materializar esta garantía de la manera más racional y real posible.

De ahí que para compensar a dichos trabajadores y el heroico esfuerzo que realizan para mantener a flote la importante actividad primaria que representa la agricultura, y de esta manera reconocerles mínimamente su aportación para la soberanía alimentaria de nuestro país, consideramos inaplazable promover una serie de modalidades a las que deberán sujetarse tanto los trabajadores estacionales del campo como sus patrones.

Para ello se propone la adición de un artículo que permitirá que los derechos de estos trabajadores que ahora son extendidos perduren, garantizando su viabilidad económica y sustentabilidad mediante la adición de un artículo transitorio donde se prevea que el origen de los recursos harán factible el cumplimiento de estas garantías sociales.

De esta forma, la redacción del artículo 237-I, que hoy se busca adicionar, se presenta del siguiente modo:

Artículo 237-I. Los trabajadores estacionales del campo y sus patrones se sujetarán a las siguientes modalidades:

1. El Estado cubrirá las prestaciones obrero-patronales en especie y en dinero, así como los gastos administrativos de los seguros de enfermedades y maternidad, guarderías e invalidez y vida, durante el tiempo que el trabajador tenga una relación de subordinación laboral. Las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad continuarán vigentes para los trabajadores y sus beneficiarios, con cargo al Estado, aun en los periodos en los que el trabajador no establezca una relación laboral remunerada.

2. Los patrones cubrirán, en términos de la presente ley, las cuotas para los seguros de riesgo de trabajo, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, durante el tiempo que subsista la relación laboral.

3. La prima de riesgo de trabajo para los patrones con trabajadores estacionales del campo será la mínima, de 0.5 por ciento sobre el salario base de cotización.

4. Los trabajadores estacionales y eventuales del campo disfrutarán de las prestaciones de los seguros de cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez y vida, en los términos establecidos en los capítulos respectivos de la propia ley.

Por lo que hace al artículo tercero transitorio, que se propone adicionar, se presenta de la siguiente manera:

Tercero. Para cumplir lo establecido en el artículo 237-I, la Cámara de Diputados deberá hacer la asignación presupuestal correspondiente, a fin de no afectar las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social y lograr la incorporación de los trabajadores eventuales del campo a los programas de salud del Estado mexicano, en sus lugares de origen.

Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor diputado don Salvador Sánchez Peñuelas.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la adición propuesta por el diputado Salvador Sánchez Peñuelas .

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la adición al artículo 237-I y un tercero transitorio, propuesta por el diputado Salvador Sánchez Peñuelas . Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la negativa, diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se dese-cha.

En consecuencia, vamos a votar en dos bloques. Primero la adición aceptada, que propuso la diputada Rosario Ortiz Magallón , al artículo 239-A.

Ábrase el sistema por cinco minutos.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del artículo 239-A, propuesto por la diputada Rosario Ortiz Magallón .

(Votación)

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Destacamos la presencia de alumnos del Instituto Cumbres, de Morelia, Michoacán, que asisten por invitación del diputado vicepresidente José Luis Espinosa Piña. Saludamos también a alumnos de primaria de Guanajuato que nos acompañan hoy.

También, a un grupo de ciudadanos que nos visitan del municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo. Bienvenidos.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : Ciérrese el sistema electrónico de votación.

Señor presidente, se emitieron 98 votos en pro, 158 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: No se aprueba la modificación propuesta, y queda en términos del dictamen.

Vamos a proceder a la segunda votación nominal del paquete de las reservas de los artículos 239, 237-B, 237-F, en términos del dictamen. Ábrase el sistema por tres minutos.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación de los artículos 239, 237-D y 237-F, en términos del dictamen.

(Votación)

¿Falta algún diputado de emitir su voto?

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está abierto el sistema, compañeros; favor de votar. Ésta es la última votación.

Diputada Lilia Merodio, es el último voto que se requiere para concluir.

Diputado González Zarur, sería el voto 252.

Diputada Lilia Merodio Reza ¿ya? Muy bien.

Ciérrese el sistema.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : Ciérrese el sistema electrónico de votación.

Se emitieron 250 en pro, 3 en contra y 0 abstenciones, diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobados por 250 votos. Aprobados los artículos en términos del dictamen.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Continúe la Secretaría con los acuerdos de la Junta de Coordinación Política.



CANAL DEL CONGRESO

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a otorgar una señal abierta para el Canal del Congreso

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Que de conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden;
II. Que como lo establece el artículo 34, numeral 1, inciso b), corresponde a la junta la atribución de presentar al Pleno proyectos de puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones de la Cámara que entrañen una posición política del órgano colegiado;
III. Que el artículo 131 del mismo ordenamiento establece que el Congreso de la Unión, para la difusión de sus actividades y de acuerdo con la legislación en la materia, contará con el canal de televisión que le asigne la autoridad competente, de conformidad con las normas técnicas aplicables;
IV. Que las primeras trasmisiones de las sesiones plenarias de ambas Cámaras se realizaron el 18 de marzo de 1998, pero fue hasta el año 2000 cuando el Canal del Congreso inició sus transmisiones regulares, primero sólo a través de los sistemas por cable y, a partir de 2001, por los sistemas de televisión restringida vía satélite;
V. Que, desde entonces, el Congreso se ha esforzado por comunicar por este medio a la sociedad su labor legislativa y parlamentaria, y ha contribuido con ello a la mejor compresión del papel que juega el Poder Legislativo en nuestro sistema político;
VI. Que el Canal del Congreso se ha convertido, así, en una ventana indispensable para observar el avance de la democracia, y que a pesar de los esfuerzos hechos hasta hoy, es necesario llegar a un mayor número de ciudadanos con el propósito de mejorar la percepción y compresión que éstos tienen sobre la labor de las Cámaras que lo integran;
VII. Que por este motivo, el Congreso de la Unión solicitó al titular del Poder Ejecutivo federal, el 3 de octubre de 2007, contar con una señal abierta, sin que a la fecha haya habido una respuesta positiva, a pesar de las gestiones que los órganos de gobierno de ambas Cámaras han realizado; y
VIII. Que en la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, celebrada el 12 de agosto de 2008, el funcionario sostuvo que la solicitud de una señal abierta para el Canal del Congreso se resolvería a principios de 2009, compromiso que hasta la fecha no se ha cumplido.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a otorgar, de inmediato, una señal abierta para el Canal del Congreso, con objeto de ampliar por este medio la labor de comunicación que realiza sobre su actividad legislativa y parlamentaria, y contribuir con ello al fortalecimiento de la democracia.

Palacio Legislativo de San Lázaro a los 11 días del mes marzo de 2009.--- Diputado Javier González Garza (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo; Diputada Silvia Luna Rodríguez (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata.»

El diputado José Antonio Díaz García (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado. Sonido a la curul del diputado Díaz García.

El diputado José Antonio Díaz García (desde la curul): Señor presidente, en mi de calidad de integrante de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso, solicito respetuosamente que esta excitativa incluya a la Secretaría de Gobernación, que está facultada dentro de la ley para dar la opinión respecto a este permiso; también que sea objeto de esta excitativa. Además, solicito que se turne comunicación de esta excitativa a la Junta de Coordinación de la colegisladora, para que sea discutida en su pleno y, en su caso, aprobada y apoyada también esta excitativa. Considerando que desde el 3 de octubre de 2007 el Congreso de la Unión entregó el expediente completo de la solicitud, debe dársele entonces el trato de petición correspondiente a este Poder Legislativo, el cual no ha recibido respuesta. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Sí, diputado. Consulto al Presidente de la Junta de Coordinación Política. Sonido a la curul del diputado González Garza.

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Es obvio que no hemos tenido reunión de la Junta de Coordinación Política, pero mi opinión es a favor de aceptar la propuesta del diputado. Creo que es muy importante que la enviemos a la Secretaría de Gobernación y a la Junta de Coordinación Política del Senado. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado presidente. Sonido a la curul del diputado Emilio Gamboa.

El diputado Emilio Gamboa Patrón (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. En el mismo tono del presidente de la Junta de Coordinación Política, no hemos tenido reunión, pero nos sumamos como grupo parlamentario a esta petición del diputado.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputado Héctor Larios, ¿algún comentario del Grupo Parlamentario de Acción Nacional?

El diputado Héctor Larios Córdoba (desde la curul): ¿Puede ser en contra? Desde luego respaldando la propuesta de nuestro compañero del grupo del PAN para que se amplíe esta excitativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado. Diputada Gloria Lavara.

La diputada Gloria Lavara Mejía (desde la curul): Diputado presidente, respaldando la propuesta en los términos que mis compañeros coordinadores.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputada. En virtud de que no observo a los demás coordinadores, si hubiera alguna inquietud de los grupos parlamentarios, que la hagan saber, de lo contrario solamente esperaríamos la adición inmediata, ya que ha sido aceptada la propuesta, para que siguiera el curso correspondiente.

Diputado Solís Parga, por el Partido del Trabajo.

El diputado Rodolfo Solís Parga (desde la curul): Por favor, señor presidente, que se asiente que el Partido del Trabajo, por supuesto, respalda esta excitativa. Además, ha sido un tema que hemos propuesto como grupo parlamentario.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado Solís Parga. También quiero hacer notar que ha sido un tema permanente en la Mesa Directiva, en la que hay total coincidencia que logremos, precisamente, esa oportunidad para la Cámara de Diputados.

El diputado Alejandro Chanona, también, por conducto del diputado Del Río Virgen nos avala.

Diputada Salvatori, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

La diputada María del Carmen Salvatori Bronca (desde la curul): Gracias, presidente. En el mismo sentido que mi compañero secretario, que en nombre de la fracción parlamentaria de Convergencia nos sumamos.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo, con la adición aceptada por los grupos parlamentarios, propuesto por el diputado José Antonio Díaz García.

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : Pregunto a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo con las adiciones señaladas desde la Presidencia de la Cámara. Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado. Comuníquese. Continúe con el siguiente acuerdo de la Junta de Coordinación Política.



MEXICO - UNION EUROPEA

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados saluda el reconocimiento de México como socio estratégico de la Unión Europea

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente que remiten a este órgano de gobierno los diputados Cristián Castaño Contreras y Omeheira López Reyna , del Grupo Parlamentario del PAN, así como el diputado Érick López Barriga del Grupo Parlamentario del PRD, por lo que se somete a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión saluda la aprobación del dictamen de conformidad a través del cual el Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo reconoce a México como socio estratégico y como un interlocutor privilegiado en lo político, en lo socioeconómico y en materia de cooperación.

Segundo. Reconoce el esfuerzo realizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de estrechar las relaciones con la Unión Europea, fortaleciendo el multilateralismo y el derecho internacional para enfrentar los desafíos a la paz, a la seguridad y al desarrollo internacional, beneficiando así a la población mexicana.

Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a continuar colaborando con la Unión Europea a fin de fortalecer y privilegiar dicha relación, para beneficio de los ciudadanos de ambas partes.

Palacio Legislativo, México, DF, a 12 de marzo de 2009.--- Diputado Javier González Garza (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Alejandro Chanona Burguete , Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Ricardo Cantú Garza , Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputada Silvia Luna Rodríguez (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas , Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata.»

En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado. Comuníquese. Continúe con el siguiente acuerdo.



COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Héctor Larios Córdova , coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que la diputada María Ofelia Gloria Malcos Amaro cause alta como integrante de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.
• Que la diputada María Ofelia Gloria Malcos Amaro cause alta como integrante del Comité de Información, Gestoría y Quejas.
• Que el diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera cause alta como secretario de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.
• Que el diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velasco cause baja como integrante de la Comisión de Desa-rrollo Social.
• Que el diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velasco cause alta como secretario de la Comisión de Desa-rrollo Social.
• Que la diputada Ivette Jacqueline Ramírez Corral cause alta como integrante de la Comisión de Desarrollo Social.
• Que la diputada Lucía Beristáin Enríquez cause alta como integrante de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.
• Que la diputada Lucía Beristáin Enríquez cause alta como integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
• Que la diputada Lucía Beristáin Enríquez cause alta como integrante del Comité de Información, Gestoría y Quejas.
• Que la diputada Bibiana Rodríguez Montes cause alta como integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
• Que la diputada Bibiana Rodríguez Montes cause alta como integrante del Comité de Información, Gestoría y Quejas.
• Que la diputada María Guadalupe Salazar Anaya cause alta como integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
• Que la diputada María Guadalupe Salazar Anaya cause alta como integrante de la Comisión Especial de Ganadería.
• Que la diputada María Guadalupe Salazar Anaya cause alta como integrante del Comité de Información, Gestoría y Quejas.
• Que la diputada María Guadalupe Salazar Anaya cause alta como integrante del Grupo de Amistad México-Colombia.
• Que la diputada María Guadalupe Salazar Anaya cause alta como representante ante el Parlamento Centroamericano.
• Que la diputada Beatriz Collado Lara cause alta como secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Palacio Legislativo, México, DF, a 12 de marzo de 2009.--- Diputado Javier González Garza (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que el diputado Ramón Félix Pacheco Llanes cause baja como integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
• Que el diputado Ramón Félix Pacheco Llanes cause alta como presidente de la Comisión del, en sustitución de Gerardo Villanueva Albarrán .

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Palacio Legislativo, México, DF, a 12 de marzo de 2009.--- Diputado Javier González Garza (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobados. Comuníquense.



LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió por parte de un grupo de diputados de Acción Nacional una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Los diputados federales Carlos Alberto Torres Torres , Héctor Ramos Covarrubias, Alejandro Landero Gutiérrez , Miguel Ángel Arellano Pulido , Gerardo Octavio Vargas Landeros y José Luis Trujillo Sotelo, ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo que se dispone en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas para la Readaptación Social de Sentenciados, en materia de trabajo de los internos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El sistema penitenciario mexicano tiene como objetivo final la reinserción del sentenciado, es decir, los internos que se encuentran en los penales de nuestro país, el día de mañana regresarán a la sociedad.

En este sentido, el presente proyecto de reforma surge a partir de la urgente necesidad de lograr una verdadera reinserción social de aquellos que infringieron la ley por una u otra razón, y que hoy se encuentran en alguno de nuestros centros penitenciarios, alejados del contacto con sus familiares y con la comunidad.

En estos momentos en los que el país atraviesa una batalla frontal contra la delincuencia y el crimen organizado, los ciudadanos demandan más que nunca un marco legal adecuado y políticas públicas sólidas que permitan restablecer la tranquilidad en la sociedad.

En este sentido, es necesario estructurar en nuestro sistema penitenciario, mecanismos que impulsen una correcta reinserción de los internos en la sociedad, evitando la reincidencia y la creación de nuevas células delictivas.

Partiendo de lo anterior, debemos recordar que el artículo 18 constitucional señala que nuestro sistema penitenciario ``se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir''; cabe resaltar que en el enunciado anterior, se señala como primer instrumento para la reincorporación de los internos: el trabajo.

Es decir, el Constituyente entendió como punto de partida, que era necesario dotar de herramientas a los internos, para que a su salida tuviesen la capacidad laboral necesaria, que les permitiera encontrar un oficio, tener un sustento económico que no los hiciera volver a delinquir y que fuese suficiente para colaborar en el gasto familiar, con lo cual se evitara reincorporarse a la población delictiva, y de esta manera se otorgaría mayor seguridad a las y los mexicanos.

Pese a los esfuerzos realizados por las autoridades penitenciarias, los trabajos u oficios que al día de hoy se ponen a disposición de los internos en la mayoría de los centros tienen un carácter meramente artesanal, lo que no resulta suficiente para que al salir sean empleados en un trabajo digno y bien remunerado, y si en los casos en que pudiese ser un entrenamiento para convertirse en un pequeño productor, al no tener un respaldo económico para iniciar por su propia cuenta, el anterior señalamiento se ve nulificado.

No obstante, existen ejemplos de centros penitenciarios que han buscado darle un nuevo giro a estas actividades laborales que se desempeñan en los mismos.

Se han incorporado empresarios mexicanos, con un sentido de responsabilidad y compromiso social, que han decidido instalar dentro de estos centros pequeñas y medianas industrias, que si bien generan riqueza para los mismos, también otorgan una capacitación tecnificada y mejores salarios para los internos.

Lo anterior permite otorgar verdaderas herramientas a quienes compurgan una pena para que, al cumplirla, puedan incorporarse al mercado laboral del país con empleos capacitados y bien remunerados.

Además, durante el tiempo que son empleados en estas industrias, la percepción que reciben, además de servir de apoyo para el sustento de los centros y la reparación del daño, como lo menciona la ley, resulta suficiente para otorgar un apoyo real a los dependientes económicos de los internos y para acumular un fondo de ahorro que servirá como soporte al interno al momento de regresar a la comunidad.

En México, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, hay una población penitenciaria de 219 mil 754 internos, de los cuales 204 mil 711, se encuentran con plena capacidad físico-mental para laborar (sin tomar en cuenta a enfermos mentales e inimputables, enfermos terminales, adultos mayores, y a quienes tienen alguna discapacidad física).

De igual manera, existen en todo el país 438 centros penitenciarios, y las entidades que cuentan con mayor población interna son el Distrito Federal 38 mil 105; Estado de México 18 mil 492; Baja California 17 mil 467; Jalisco 15 mil 833 y Sonora 12 mil 451.

Es decir, existe el suficiente capital humano disponible y una gran cantidad de centros que podrían ser habilitados para desarrollar en el país una sólida industria penitenciaria que auxilie a la sustentabilidad de los centros, a la economía nacional y a una mejor reinserción de los internos a nuestra sociedad.

Hoy en día, el interno que sale de un centro penitenciario, si no es que ha perfeccionado sus técnicas delictivas, se encuentra solo y sin las herramientas suficientes para valerse por sí mismo. Lo cual lo obliga cuando no inmediatamente, si en un corto plazo, a reincidir en la delincuencia.

Debemos establecer las condiciones necesarias para desarrollar en conjunto más y mejores empleos para quienes se encuentran privados de su libertad, que les permita al recuperarla ser útiles a sí mismos, a sus familias y a la sociedad.

El desarrollo de una industria penitenciaria en el país, permitirá la capacitación laboral del interno, su rehabilitación y reinserción social, la permanencia de un vínculo familiar, estabilidad y seguridad económica al término de la condena, así como mejorar la calidad de vida dentro del reclusorio. Y todo lo anterior redundará en la seguridad de los ciudadanos.

Se ha señalado que el trabajo dignifica a la persona humana, por lo que al realizar este tipo de actividades, sentirse realmente productivos para consigo mismos y sus familias, además de estar consientes de que se estarán construyendo un futuro promisorio, en definitiva mejorará las posibilidades de una mejor rehabilitación.

Por otro lado, es una realidad que en múltiples ocasiones, la familia de los internos, se desentiende de los mismos, no sólo por un sentimiento de vergüenza o decepción del delincuente, sino porque además representa una carga económica y emocional, con lo que se pierde el sentido de pertenencia. El otorgar al reo un trabajo que le permita desarrollarse como persona y apoyar a la economía familiar, y mantendrá el vínculo familiar, que en definitiva resulta un factor de estabilidad y apoyo para el sentenciado al momento de obtener su libertad.

Es por lo anterior que se busca con esta iniciativa garantizar un salario digno para los internos por el desempeño de sus labores. Si bien se ven limitados en muchos de sus derechos, es necesario que en cuestión salarial exista un mínimo suficiente para responder a los rubros en los que se distribuirá el ingreso: manutención del interno, reparación del daño, soporte a dependientes económicos y fondo de ahorro.

La idea es contar con industrias que puedan emplear al mayor número de empleados, en un espacio suficiente, pero reducido, que no requieran de grandes adaptaciones físicas; siempre bajo condiciones que respeten los derechos humanos de los internos y cuiden su integridad física y mental.

Los objetivos que busca esta reforma no serán posibles si la sociedad no se involucra en el proyecto, y los empresarios se deciden a realizar inversiones en el ramo.

Por lo expuesto, sometemos a consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas para la Readaptación Social de Sentenciados

Artículo Único. Se reforman el noveno párrafo del artículo 6, se adicionan un décimo y un undécimo párrafos; y se reforma párrafo tercero del artículo 10 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, para quedar como sigue:

Artículo 6. ...

...

...

En la construcción de nuevos establecimientos de custodia y ejecución de sanciones y en el remozamiento o la adaptación de los existentes, la Secretaría de Seguridad Pública tendrá las funciones de orientación técnica y las facultades de aprobación de proyectos a que se refieren los convenios, los cuales deberán establecer espacios e instalaciones adecuadas y exclusivas que promuevan y faciliten el desempeño de actividades de industria penitenciaria para las y los internos.

Las disposiciones del párrafo anterior, no aplicarán para aquellos establecimientos cuyos internos se encuentren exclusivamente relacionados con la Delincuencia Organizada o requieran medidas especiales de seguridad, con apego a lo establecido por el artículo 18 Constitucional.

Asimismo, se debe contemplar espacios que permitan al interno recibir educación y practicar el deporte.

Artículo 10. ...

...

Los internos contribuirán para su sostenimiento en el reclusorio con cargo a una parte de la percepción que en éste tengan como resultado del trabajo que desempeñen. Dicha remuneración se fijará de acuerdo en el salario mínimo general vigente en el área geográfica respectiva. Además, se establecerá a base de descuentos correspondientes a una proporción adecuada de la remuneración, proporción que deberá ser uniforme para todos los internos de un mismo establecimiento. El resto del producto del trabajo se distribuirá del modo siguiente: treinta por ciento para el pago de la reparación del daño, treinta por ciento para el sostenimiento de los dependientes económicos del interno, treinta por ciento para la constitución del fondo de ahorros de éste, y diez por ciento para los gastos menores del interno. Si no hubiese condena a reparación del daño o éste ya hubiera sido cubierto, o si los dependientes del interno no lo requieren para su sostenimiento, las cuotas respectivas se aplicarán por partes iguales a los fines señalados, con excepción del indicado en último término.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a los cuarenta y cinco días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Suscrita en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2009.--- Diputados: Carlos Alberto Torres Torres , Alejandro Landero Gutiérrez , Héctor Ramos Covarrubias, Gerardo Octavio Vargas Landeros , Miguel Ángel Arellano Pulido , José Luis Trujillo Sotelo (rúbricas).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública. Continúe con el orden del día.



ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : «Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Miércoles 18 de marzo de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Los asuntos no abordados en esta sesión y los demás con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»



CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez (a las 15:46 horas): Gracias, compañero diputado. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles, 18 de marzo, a las 11:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9: 30 horas.

--------------- O ---------------



RESUMEN DE TRABAJOS



DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

ASISTENCIA


DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 2, NUMERAL 2, INCISO C, DEL REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS, SE PUBLICA LA SIGUIENTE LISTA DE ASISTENCIA DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

SECRETARÍA GENERAL

GRUPO
PARLAMENTARIO
ASISTENCIA ASISTENCIA
POR CÉDULA
ASISTENCIA
COMISIÓN
OFICIAL
PERMISO
MESA
DIRECTIVA
INASISTENCIA
JUSTIFICADA
INASISTENCIAS TOTAL
ALT 167 17 0 0 0 22 206
PRD 95 11 0 11 0 8 125
PRI 57 16 0 20 0 6 99
CONV 15 2 0 0 0 1 18
PVEM 9 0 0 1 0 7 17
PT 8 2 0 0 0 1 11
NA 9 0 0 0 0 0 9
ALT 4 1 0 0 0 0 5
2 0 0 0 0 0 2
TOTAL 366 49 0 32 0 45 45

Nota: Las diferencias que existen entre las listas de asistencias y el número de votos puede variar conforme a los diputados presentes al momento de la votación.


SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino CÉDULA
2 Alcaraz Hernández Alma Edwviges ASISTENCIA
3 Álvarez Bernal María Elena ASISTENCIA
4 Amezola Fonceca Gerardo ASISTENCIA
5 Antuña Batista Fidel ASISTENCIA
6 Aranda Orozco Gerardo ASISTENCIA
7 Arellano Arellano Joel ASISTENCIA
8 Arenas Guzmán Margarita ASISTENCIA
9 Argüelles Arellano María del Consuelo ASISTENCIA
10Arizméndi Uribe Efraín ASISTENCIA
11 Armendáriz García Pedro ASISTENCIA
12 Arredondo Ibarra Salvador CÉDULA
13 Arredondo Velázquez Jesús ASISTENCIA
14 Ávila Mayo Obdulio ASISTENCIA
15 Barradas Miravete Gregorio ASISTENCIA
16 Barrios Rodríguez Juan Enrique ASISTENCIA
17 Bello Pérez Alfonso Othón CÉDULA
18 Berber Martínez Antonio ASISTENCIA
19 Beristáin Enríquez Lucía ASISTENCIA
20 Bernal Frausto Federico ASISTENCIA
21 Bolaños Aguilar Edmundo Javier ASISTENCIA
22 Bracho González Carlos Augusto ASISTENCIA
23 Buganza Salmerón Gerardo ASISTENCIA
24 Campos Galván María Eugenia CÉDULA
25 Carbajal Méndez Liliana INASISTENCIA
26 Cárdenas Sánchez Esmeralda ASISTENCIA
27 Cardona Benavidez Alma Xóchil CÉDULA
28 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto ASISTENCIA
29 Carrasco Cárdenas Susana Sarahí ASISTENCIA
30 Castaño Contreras Cristián ASISTENCIA
31Castro De la Rosa Osiel INASISTENCIA
32 Ceja Romero Ramón ASISTENCIA
33 Collado Lara Beatriz ASISTENCIA
34 Contreras Coeto José Luis ASISTENCIA
35 Corral Aguilar María Mercedes ASISTENCIA
36 Cuen Garibi Marcela INASISTENCIA
37 Curiel Preciado Leobardo ASISTENCIA
38 Dávila Fernández Adriana ASISTENCIA
39 Dávila García Francisco INASISTENCIA
40 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio ASISTENCIA
41 De la Torre Sánchez José ASISTENCIA
42 De León Tello Jesús ASISTENCIA
43 Degante Romero Silvia Emilia INASISTENCIA
44Del Toro del Villar Tomás ASISTENCIA
45 Del Valle Toca Antonio ASISTENCIA
46 Delgado Oscoy Alejandro Enrique ASISTENCIA
47 Denegre Vaught Ramírez Rosaura Virginia ASISTENCIA
48 Díaz García José Antonio ASISTENCIA
49 Díaz Garibay Felipe ASISTENCIA
50 Díaz Gordillo Martha Cecilia ASISTENCIA
51 Díaz Mena Joaquín Jesús ASISTENCIA
52 Díaz de León Torres Leticia INASISTENCIA
53 Duck Núñez Edgar Mauricio INASISTENCIA
54 Enríquez Flores Armando ASISTENCIA
55 Escaroz Soler Gerardo Antonio ASISTENCIA
56 Espinosa Piña José Luis ASISTENCIA
57 Félix Holguín Armando Jesús ASISTENCIA
58 Felton González Carlos Eduardo ASISTENCIA
59 Fernández Cabrera Adrián ASISTENCIA
60Fernández Ugarte Ma. del Carmen ASISTENCIA
61 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro ASISTENCIA
62 Flores Grande Arturo ASISTENCIA
63 Flores Morfín Jesús Vicente ASISTENCIA
64 Fraile García Francisco Antonio ASISTENCIA
65 Franco Cazarez Ricardo ASISTENCIA
66 Fuentes Ortíz José Guillermo ASISTENCIA
67 Galván Valles Rosa Elena ASISTENCIA
68 García González Carlos Alberto ASISTENCIA
69 García Müller Martha Margarita ASISTENCIA
70 García Reyes Ángel Humberto ASISTENCIA
71 García Reyes Beatriz Eugenia ASISTENCIA
72 García Vivián Raúl ASISTENCIA
73 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes ASISTENCIA
74 González Betancourt Jorge Justiniano ASISTENCIA
75 González Martínez María Gabriela CÉDULA
76 González Morán Martín Oscar ASISTENCIA
77 González Roaro Benjamín Ernesto ASISTENCIA
78 González Ruiz Felipe ASISTENCIA
79González Sánchez Ma. Dolores ASISTENCIA
80Gudiño Ortíz Francisco Javier ASISTENCIA
81 Guerrero Torres José Gildardo ASISTENCIA
82 Gutiérez Aguilar Miguel Ángel ASISTENCIA
83 Gutiérrez Lagunes María Victoria ASISTENCIA
84 Hernández Núñez Elia ASISTENCIA
85 Hurtado Pérez Nelly Asunción ASISTENCIA
86 Iragorri Durán Enrique INASISTENCIA
87Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles ASISTENCIA
88 Jiménez Ramos María Esther ASISTENCIA
89 Joaquín Coldwell Addy Cecilia ASISTENCIA
90 Lagunes Viveros Violeta del Pilar CÉDULA
91 Landero Gutiérrez Alejandro CÉDULA
92 Landeros González Ramón ASISTENCIA
93 Lara Compeán David ASISTENCIA
94 Larios Córdova Héctor CÉDULA
95 Laviada Hernández Iñigo Antonio ASISTENCIA
96 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio ASISTENCIA
97 Leura González Agustín ASISTENCIA
98 Limas Frescas María Soledad ASISTENCIA
99 Lizaola de la Torre Alonso Manuel INASISTENCIA
100 López Cisneros José Martín ASISTENCIA
101 López Reyna Omeheira ASISTENCIA
102 López Silva Rubí Laura ASISTENCIA
103 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel ASISTENCIA
104 Lujano Nicolás Christian Martín CÉDULA
105 Maawad Robert Luis Xavier ASISTENCIA
106 Macías Zambrano Gustavo INASISTENCIA
107 Madrazo Limón Carlos ASISTENCIA
108Magallón Arceo Leonardo Melesio de J. ASISTENCIA
109 Malagón Ríos Martín ASISTENCIA
110 Malcos Amaro María Ofelia Gloria ASISTENCIA
111 Maldonado González David CÉDULA
112Manuell-Gómez Angulo Dolores De María ASISTENCIA
113 Martínez Valero Dora Alicia ASISTENCIA
114 Medellín Varela Antonio ASISTENCIA
115 Medina Macias Alma Hilda ASISTENCIA
116 Medina Rodríguez Delber INASISTENCIA
117 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia CÉDULA
118 Mejía García Luis Alonso ASISTENCIA
119 Méndez Meneses Apolonio ASISTENCIA
120 Mendoza Morales Lucía Susana CÉDULA
121 Mohamar Dainitin Oscar Miguel ASISTENCIA
122 Mollinedo Hernández Agustín ASISTENCIA
123 Monraz Ibarra Miguel Ángel INASISTENCIA
124 Montes Sánchez Fabián Fernando ASISTENCIA
125 Montiel Luis Lariza ASISTENCIA
126 Mora Cuevas Marisol ASISTENCIA
127 Morales Ramos José Nicolás ASISTENCIA
128 Morales Utrera Mercedes ASISTENCIA
129 Moreno Álvarez Mario Eduardo ASISTENCIA
130 Morgan Franco Rocío del Carmen CÉDULA
131 Muñoz Serrano José Antonio ASISTENCIA
132 Murillo Flores Francisco Javier ASISTENCIA
133 Murillo Torres José Luis ASISTENCIA
134 Navarro Sugich Carlos Alberto ASISTENCIA
135 Nordhausen González Jorge Rubén ASISTENCIA
136Noriega Blanco Vigil María Nieves ASISTENCIA
137 Olvera Higuera Edgar Armando ASISTENCIA
138 Orozco Ruiz Velazco Marco Heriberto ASISTENCIA
139Ortega Martínez Ma. del Pilar ASISTENCIA
140 Ortiz Montoro Sagrario María del Rosario ASISTENCIA
141 Ortíz Hernández Eduardo ASISTENCIA
142 Oviedo Oviedo Ernesto ASISTENCIA
143 Padilla Orozco Raúl Alejandro ASISTENCIA
144 Palafox Núñez José Inés ASISTENCIA
145 Paredes Rodríguez Francisco Javier ASISTENCIA
146 Parra Jiménez Dolores María del Carmen INASISTENCIA
147 Parra Noriega Luis Gustavo ASISTENCIA
148 Pérez Cuéllar Cruz ASISTENCIA
149 Pérez de Tejada Romero Diana Carolina ASISTENCIA
150 Peyrot Solís Marco Antonio ASISTENCIA
151 Plascencia Alonso Francisco Javier ASISTENCIA
152 Priego Tapia Gerardo ASISTENCIA
153 Pulido Pecero Pedro ASISTENCIA
154 Quintero Bello Jorge ASISTENCIA
155 Ramírez Barba Ector Jaime ASISTENCIA
156 Ramírez Corral Ivette Jacqueline ASISTENCIA
157 Ramírez Pech Edgar Martín ASISTENCIA
158 Ramírez Villarreal Gustavo ASISTENCIA
159 Ramos Covarrubias Héctor Manuel ASISTENCIA
160 Reyes García María Isabel ASISTENCIA
161 Reyes López Carlos Armando INASISTENCIA
162 Rincón Vargas Mirna Cecilia ASISTENCIA
163 Rivera Rivera José Guadalupe INASISTENCIA
164 Rivero Rivero Rolando ASISTENCIA
165 Rodríguez Ahumada Luis Fernando ASISTENCIA
166 Rodríguez Jiménez Ricardo ASISTENCIA
167 Rodríguez Montes Bibiana ASISTENCIA
168 Rodríguez Prats Juan José ASISTENCIA
169 Rodríguez Uresti Enrique ASISTENCIA
170 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana ASISTENCIA
171 Rojas Hernández Laura Angélica ASISTENCIA
172 Román Isidoro Demetrio INASISTENCIA
173 Romo Jiménez Martha Angélica ASISTENCIA
174 Rubio Chávez José Ignacio Alberto ASISTENCIA
175 Rueda Gómez Francisco CÉDULA
176 Ruiz Velasco de Lira Ernesto ASISTENCIA
177 Salas Contreras Marcos ASISTENCIA
178Salazar Anaya Guadalupe ASISTENCIA
179 Salazar Madera Mario Alberto ASISTENCIA
180 Salum del Palacio Jorge Alejandro ASISTENCIA
181 Sánchez Díaz de Rivera Antonio ASISTENCIA
182 Sánchez Domínguez Alejandro INASISTENCIA
183 Sánchez Gil Carlos René ASISTENCIA
184 Sánchez Juárez Claudia CÉDULA
185 Sánchez Trujillo José Víctor INASISTENCIA
186Sandoval Munguia Juan Manuel ASISTENCIA
187 Serrato Castell Luis Gerardo ASISTENCIA
188 Shej Guzmán Sara ASISTENCIA
189 Solano Muñoz José de Jesús INASISTENCIA
190 Stefanonni Mazzocco Martín ASISTENCIA
191 Tamayo Herrera Yadhira Yvette ASISTENCIA
192 Torres Gómez Artemio ASISTENCIA
193 Torres Herrera Víctor Manuel ASISTENCIA
194 Torres Torres Carlos Alberto ASISTENCIA
195 Valenzuela García María Gloria Guadalupe CÉDULA
196 Valladolid Rodríguez Antonio INASISTENCIA
197 Vasconcelos Rueda Antonio ASISTENCIA
198 Vázquez Martínez Alberto ASISTENCIA
199 Vega Corona Antonio ASISTENCIA
200 Velázquez Gutiérrez José Guillermo ASISTENCIA
201 Verástegui Ostos César Augusto INASISTENCIA
202 Verdín Saldaña Jaime ASISTENCIA
203 Victoria Alva Juan ASISTENCIA
204 Vieyra Olivares Adriana Rebeca INASISTENCIA
205 Villanueva Arjona Juan Manuel ASISTENCIA
206 Zambrano Elizondo Javier Martín ASISTENCIA
Asistencias: 167
Asistencias por cédula: 17
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 22
Total diputados: 206


PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1 Aguirre Alcaide Victor ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida ASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón CÉDULA
5 Alonso Flores Lourdes CÉDULA
6Wilfrido Alonso Razo Humberto ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa ASISTENCIA
9 Álvarez Ramón Silbestre ASISTENCIA
10 Amaro Corona Alberto ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene ASISTENCIA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel ASISTENCIA
13Arreola Calderón Juan Dario ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia INASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana ASISTENCIA
17Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh ASISTENCIA
18 Brito González Modesto ASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier CÉDULA
20 Campos Aburto Amador ASISTENCIA
21 Cárdenas Hernández Raymundo ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora ASISTENCIA
23 Condado Escamilla Cuitlahuac INASISTENCIA
24 Contreras Julián Maricela ASISTENCIA
25 Cruz Santiago Claudia Lilia ASISTENCIA
26 Cuevas Córdova Othón ASISTENCIA
27 Chávez García Higinio ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix ASISTENCIA
29 De la Rosa García Juan Hugo ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana ASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz CÉDULA
35 Espejel Lazcano Jaime ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César PERMISO MESA DIRECTIVA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael CÉDULA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí ASISTENCIA
43 Gil Ramírez Moisés ASISTENCIA
44 González Garza Javier ASISTENCIA
45 González Miranda Facundo ASISTENCIA
46 Guerra Ochoa Juan Nicasio ASISTENCIA
47 Gutiérrez Calzadilla José Luis ASISTENCIA
48 Hernández Gaytán Daisy Selene CÉDULA
49 Hernández Hernández Sergio ASISTENCIA
50 Hernández Manzanares Javier PERMISO MESA DIRECTIVA
51 Hernández Silva Benjamín ASISTENCIA
52Nohelia Ibarra Franquez Sonia ASISTENCIA
53 Jacques y Medina José ASISTENCIA
54 Jiménez Valenzuela María Eugenia ASISTENCIA
55 Landero López Pedro ASISTENCIA
56Lemarroy Martínez Juan Darío ASISTENCIA
57 Leyva Piñón Ana Yurixi ASISTENCIA
58 Lizárraga Peraza Víctor Manuel ASISTENCIA
59 López Barriga Erick ASISTENCIA
60 López Becerra Santiago ASISTENCIA
61 López Torres Ma. Soledad PERMISO MESA DIRECTIVA
62 Lozano Lozano Andrés INASISTENCIA
63 Luna Munguía Alma Lilia INASISTENCIA
64 Macedo Escartín Miguel Ángel ASISTENCIA
65 Márquez Madrid Camerino Eleazar ASISTENCIA
66 Márquez Tinoco Francisco PERMISO MESA DIRECTIVA
67 Martínez Hernández Alejandro INASISTENCIA
68 Martínez Martínez Carlos Roberto ASISTENCIA
69 Martínez Padilla Hugo Eduardo ASISTENCIA
70 Martínez Vargas Octavio INASISTENCIA
71 Matías Alonso Marcos PERMISO MESA DIRECTIVA
72 Matus Toledo Holly ASISTENCIA
73 Mayans Canabal Fernando Enrique ASISTENCIA
74 Mendoza Arellano David ASISTENCIA
75 Mendoza Flores Roberto ASISTENCIA
76 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio ASISTENCIA
77 Mendoza Mendoza Irineo ASISTENCIA
78 Monreal Ávila Susana ASISTENCIA
79 Montalvo Rojas Victorio Rubén ASISTENCIA
80 Morales Manzo Jesús Ricardo ASISTENCIA
81 Morales Sánchez Efraín ASISTENCIA
82 Morales Vázquez Carlos Orsoe PERMISO MESA DIRECTIVA
83 Narcía Álvarez Héctor PERMISO MESA DIRECTIVA
84 Navarro López Carlos Ernesto CÉDULA
85 Navarro Quintero Miguel Ángel ASISTENCIA
86 Ojeda Hernández Concepción ASISTENCIA
87 Orcí Martínez Juan Adolfo ASISTENCIA
88 Ortega Martínez Antonio ASISTENCIA
89 Ortiz Magallón Rosario Ignacia ASISTENCIA
90Pacheco LLanes Ramón Félix ASISTENCIA
91 Pedraza Chávez Isidro CÉDULA
92 Pedrozo Castillo Adrián PERMISO MESA DIRECTIVA
93 Peña Sánchez Miguel Ángel ASISTENCIA
94 Pérez Cruz Raciel ASISTENCIA
95 Pérez Luna Armando INASISTENCIA
96 Pérez Sánchez Heriberto ASISTENCIA
97 Pulido Santiago Celso David ASISTENCIA
98 Ramos Castellanos Martín CÉDULA
99 Rasgado Corsi Gloria PERMISO MESA DIRECTIVA
100 Ríos Gamboa Raúl PERMISO MESA DIRECTIVA
101 Romero Gutiérrez Odilón ASISTENCIA
102Ruíz Sánchez Salvador ASISTENCIA
103Salinas Pérez Josefina ASISTENCIA
104 Sánchez Barrios Carlos ASISTENCIA
105 Sánchez Cabrales Rafael Elías ASISTENCIA
106 Sánchez Camacho Alejandro ASISTENCIA
107 Sánchez Camacho David ASISTENCIA
108 Sánchez Ramos Francisco ASISTENCIA
109 Sánchez Valdéz Eva Angelina CÉDULA
110 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc CÉDULA
111 Santos Arreola Francisco Javier PERMISO MESA DIRECTIVA
112 Solares Chávez Miguel Ángel ASISTENCIA
113 Soriano Sánchez Rosa Elva INASISTENCIA
114 Soto Sánchez Antonio ASISTENCIA
115 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso ASISTENCIA
116 Torres Baltazar María Elena ASISTENCIA
117 Torres García Daniel ASISTENCIA
118 Trejo Pérez Pablo ASISTENCIA
119 Ulloa Pérez Emilio ASISTENCIA
120 Vallejo Estevez Mario ASISTENCIA
121 Varela López Víctor Gabriel ASISTENCIA
122 Villicaña García Rafael ASISTENCIA
123 Zavaleta Salgado Ruth ASISTENCIA
124 Zazueta Aguilar Jesús Humberto ASISTENCIA
125 Zepeda Hernández Martín ASISTENCIA
Asistencias: 95
Asistencias por cédula: 11
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 11
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 8
Total diputados: 125


PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico ASISTENCIA
2 Aguilar Diego ASISTENCIA
3 Aguilar Solís Samuel ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas ASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio PERMISO MESA DIRECTIVA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo ASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto PERMISO MESA DIRECTIVA
9 Ayala Almeida Joel ASISTENCIA
10 Badillo Martínez Roberto ASISTENCIA
11Barajas Del Toro Salvador PERMISO MESA DIRECTIVA
12 Barajas López Ramón ASISTENCIA
13 Barba Hernández Alfredo ASISTENCIA
14 Beltrán Montes Israel ASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique INASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio CÉDULA
17 Biebrich Torres Carlos Armando PERMISO MESA DIRECTIVA
18 Blanco Pajón José Luis CÉDULA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio ASISTENCIA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés PERMISO MESA DIRECTIVA
23Cárdenas Del Avellano Enrique PERMISO MESA DIRECTIVA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl CÉDULA
26 Colín Guadarrama María Mercedes ASISTENCIA
27 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías PERMISO MESA DIRECTIVA
28De la Garza Treviño Jorge Luis ASISTENCIA
29 Díaz Athié Antonio de Jesús ASISTENCIA
30Darinel Díaz Solorzano Elmar INASISTENCIA
31 Domínguez Domínguez Nemesio ASISTENCIA
32 Duarte Jáquez César Horacio ASISTENCIA
33 Escajeda Jiménez José Rubén CÉDULA
34 Escalante Jasso Aracely PERMISO MESA DIRECTIVA
35 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías ASISTENCIA
36 Estefan Chidiac Charbel Jorge ASISTENCIA
37 Flores Sandoval Patricio CÉDULA
38 Fuentes Téllez Octavio CÉDULA
39 Gamboa Patrón Emilio ASISTENCIA
40 Garza Garza Horacio Emigdio ASISTENCIA
41 Gebhardt Garduza Yary del Carmen PERMISO MESA DIRECTIVA
42 Gloria Requena Tomás PERMISO MESA DIRECTIVA
43 González Calderón Martha Hilda PERMISO MESA DIRECTIVA
44 González Salum Miguel Ángel PERMISO MESA DIRECTIVA
45 González Zarur Mariano ASISTENCIA
46 Guerrero García Javier ASISTENCIA
47 Guerrero Juárez Joel ASISTENCIA
48 Gurrión Matías Daniel ASISTENCIA
49 Herrera Ale Juana Leticia ASISTENCIA
50 Herrera Coyac Wenceslao ASISTENCIA
51 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando ASISTENCIA
52 Lagunes Gallina Gerardo CÉDULA
53 Lescieur Talavera Jorge Mario ASISTENCIA
54 López Balbuena Guillermina PERMISO MESA DIRECTIVA
55 Madrid Tovilla Arely ASISTENCIA
56 Martínez Rocha Arturo PERMISO MESA DIRECTIVA
57 Martínez Rodríguez Lorena ASISTENCIA
58 Méndez Lanz Víctor Manuel ASISTENCIA
59 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso INASISTENCIA
60 Merodio Reza Lilia Guadalupe ASISTENCIA
61 Morales García Elizabeth ASISTENCIA
62 Mota Hernández Adolfo CÉDULA
63Murat José CÉDULA
64 Narvaez Bravo Hilda Areli ASISTENCIA
65 Ojeda Camacho Gilberto PERMISO MESA DIRECTIVA
66 Olivares Monterrubio Alejandro ASISTENCIA
67 Olivares Ventura Héctor Hugo ASISTENCIA
68 Ordaz Jiménez Ismael ASISTENCIA
69 Orihuela Bárcenas José Ascención CÉDULA
70 Ortega Tzitzihua María Dolores Lucía INASISTENCIA
71Ortiz Del Carpio Víctor ASISTENCIA
72 Ortiz Proal Mauricio PERMISO MESA DIRECTIVA
73 Padilla Gutiérrez Héctor ASISTENCIA
74 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz ASISTENCIA
75 Palma César Víctor Samuel ASISTENCIA
76 Parás González Juan Manuel ASISTENCIA
77 Partida Guzmán Martha Rocío ASISTENCIA
78 Patrón Montalvo Jesús Manuel ASISTENCIA
79 Peñuelas Acuña Mayra Gisela CÉDULA
80 Pérez Valdés Daniel INASISTENCIA
81 Pinete Vargas María del Carmen PERMISO MESA DIRECTIVA
82 Quiñones Canales Lourdes PERMISO MESA DIRECTIVA
83 Ramírez Martínez José Edmundo ASISTENCIA
84 Ramírez Stabros Jesús CÉDULA
85 Reyna García José Jesús ASISTENCIA
86 Ríos Camarena Alfredo Adolfo CÉDULA
87 Rivera Bedoya Juan Francisco PERMISO MESA DIRECTIVA
88 Rivero Acosta Miguel ASISTENCIA
89 Rodríguez Martínez Alicia ASISTENCIA
90 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda CÉDULA
91 Rojas Gutiérrez Carlos ASISTENCIA
92 Salas López Ramón ASISTENCIA
93 Sánchez Peñuelas Salvador CÉDULA
94 Sandoval Paredes Sergio PERMISO MESA DIRECTIVA
95 Serrano Escobar Enrique ASISTENCIA
96 Sosa Castelán Gerardo INASISTENCIA
97 Vargas Landeros Gerardo Octavio ASISTENCIA
98 Velasco Pérez Juan Carlos CÉDULA
99 Virgen Carrera Víctor Manuel ASISTENCIA
Asistencias: 57
Asistencias por cédula: 16
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 20
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 6
Total diputados: 99


CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis INASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías ASISTENCIA
4 Castellanos Hernández Félix ASISTENCIA
5 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús ASISTENCIA
6 Chanona Burguete Alejandro ASISTENCIA
7 Del Río Virgen José Manuel ASISTENCIA
8 Godoy Cárdenas Jorge ASISTENCIA
9 Melo Velázquez José Francisco CÉDULA
10 Ramos Becerril Rafael Plácido CÉDULA
11 Salvatori Bronca María del Carmen ASISTENCIA
12 Samperio Montaño Juan Ignacio ASISTENCIA
13 Sansores San Román Layda Elena ASISTENCIA
14 Tagle Martínez Martha Angélica ASISTENCIA
15 Uscanga Cruz Robinson ASISTENCIA
16 Valdés Chávez Ramón ASISTENCIA
17 Varela Lagunas Tomás José Luis ASISTENCIA
18 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc ASISTENCIA
Asistencias: 15
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 18


PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio ASISTENCIA
2 Bellizzia Rosique Pascual INASISTENCIA
3 Cobo Terrazas Diego ASISTENCIA
4 Elizondo Garrido Francisco ASISTENCIA
5 Estrada González Faustino Javier INASISTENCIA
6 Lavara Mejía Gloria ASISTENCIA
7 López Adame Antonio Xavier ASISTENCIA
8 Manrique Guevara Beatriz INASISTENCIA
9 Notholt Guerrero Alan INASISTENCIA
10Portilla Dieguez Manuel Salvador PERMISO MESA DIRECTIVA
11 Puente Salas Carlos Alberto ASISTENCIA
12 Ramírez Cerda Ana María ASISTENCIA
13 Ramírez Zollino Andrea Geraldine ASISTENCIA
14Rodríguez Luis Alejandro INASISTENCIA
15 Salgado Amador Manuel Salvador INASISTENCIA
16 Sesma Suárez Jesús ASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica INASISTENCIA
Asistencias: 9
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 7
Total diputados: 17


PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime INASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis ASISTENCIA
7Maciel Ortiz Ma. Mercedes ASISTENCIA
8 Peregrino García Abundio ASISTENCIA
9 Romero Guzmán Rosa Elia ASISTENCIA
10 Solís Parga Rodolfo CÉDULA
11 Vela González Joaquín Humberto CÉDULA
Asistencias: 8
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 11


NUEVA ALIANZA
1 Arriola G. Mónica T. ASISTENCIA
2 Cárdenas Fonseca Manuel ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto ASISTENCIA
6 Luna Becerril Blanca ASISTENCIA
7 Luna Rodríguez Silvia ASISTENCIA
8 Pérez Bolaños Ana Elisa ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma ASISTENCIA
Asistencias: 9
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 9


ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina CÉDULA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe ASISTENCIA
3 García Méndez Armando ASISTENCIA
4 Hernández Valadés Delio ASISTENCIA
5 Pedro Cortés Santiago Gustavo ASISTENCIA
Asistencias: 4
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 5


DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 López Lena Cruz Humberto ASISTENCIA
2 Ochoa López Nabor ASISTENCIA
Asistencias: 2
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 2


SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Diputado
1 Carbajal Méndez Liliana
2 Castro De la Rosa Osiel
3 Cuen Garibi Marcela
4 Dávila García Francisco
5 Degante Romero Silvia Emilia
6 Díaz de León Torres Leticia
7 Duck Núñez Edgar Mauricio
8 Iragorri Durán Enrique
9 Lizaola de la Torre Alonso Manuel
10 Macías Zambrano Gustavo
11 Medina Rodríguez Delber
12 Monraz Ibarra Miguel Ángel
13 Parra Jiménez Dolores María del Carmen
14 Reyes López Carlos Armando
15 Rivera Rivera José Guadalupe
16 Román Isidoro Demetrio
17 Sánchez Domínguez Alejandro
18 Sánchez Trujillo José Víctor
19 Solano Muñoz José de Jesús
20 Valladolid Rodríguez Antonio
21 Verástegui Ostos César Augusto
22 Vieyra Olivares Adriana Rebeca
Faltas por grupo: 22


PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 Batres Guadarrama Valentina Valia
2 Condado Escamilla Cuitlahuac
3 Lozano Lozano Andrés
4 Luna Munguía Alma Lilia
5 Martínez Hernández Alejandro
6 Martínez Vargas Octavio
7 Pérez Luna Armando
8 Soriano Sánchez Rosa Elva
Faltas por grupo: 8


PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 Benítez Ojeda Luis Enrique
2 Darinel Díaz Solorzano Elmar
3 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso
4 Ortega Tzitzihua María Dolores Lucía
5 Pérez Valdés Daniel
6 Sosa Castelán Gerardo
Faltas por grupo: 6


CONVERGENCIA
Diputado
1 Aguilera Rico José Luis
Faltas por grupo: 1


PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Diputado
1 Bellizzia Rosique Pascual
2 Estrada González Faustino Javier
3 Manrique Guevara Beatriz
4 Notholt Guerrero Alan
5 Rodríguez Luis Alejandro
6 Salgado Amador Manuel Salvador
7 Velasco Rodríguez Verónica
Faltas por grupo: 7


PARTIDO DEL TRABAJO
Diputado
1 Cervantes Rivera Jaime
Faltas por grupo: 1



VOTACIONES

Del dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma los artículos 53 y 55, fracción V, y deroga el último párrafo del artículo 55 de la Ley General de Cultura Física y Deporte (en lo general y en lo particular)
PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino Favor
2 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges Favor
3 Álvarez Bernal, María Elena Favor
4 Amezola Fonceca, Gerardo Favor
5 Antuna Batista, Fidel Favor
6 Aranda Orozco, Gerardo Favor
7 Arellano Arellano, Joel Favor
8 Arenas Guzmán, Margarita Favor
9 Argüelles Arellano, María del Consuelo Favor
10 Arizméndi Uribe, Efraín Favor
11 Armendáriz García, Pedro Favor
12 Arredondo Ibarra, Salvador Favor
13 Arredondo Velázquez, Jesús Favor
14 Ávila Mayo, Obdulio Favor
15 Barradas Miravete, Gregorio Ausente
16 Barrios Rodríguez, Juan Enrique Favor
17 Bello Pérez, Alfonso Othón Ausente
18 Berber Martínez, Antonio Favor
19 Beristáin Enríquez, Lucía Favor
20 Bernal Frausto, Federico Favor
21 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier Favor
22 Bracho González, Carlos Augusto Favor
23 Buganza Salmerón, Gerardo Favor
24 Campos Galván, María Eugenia Favor
25 Carbajal Méndez, Liliana Ausente
26 Cárdenas Sánchez, Esmeralda Ausente
27 Cardona Benavídez, Alma Xóchil Favor
28 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto Favor
29 Carrasco Cárdenas, Susana Sarahí Favor
30 Castaño Contreras, Cristián Favor
31 Castro de la Rosa, Osiel Ausente
32 Ceja Romero, Ramón Ausente
33 Collado Lara, Beatriz Favor
34 Contreras Coeto, José Luis Favor
35 Corral Aguilar, María Mercedes Favor
36 Cuen Garibi, Marcela Ausente
37 Curiel Preciado, Leobardo Favor
38 Dávila Fernández, Adriana Ausente
39 Dávila García, Francisco Ausente
40 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio Favor
41 De la Torre Sánchez, José Favor
42 De León Tello, Jesús Favor
43 Degante Romero, Silvia Emilia Ausente
44 Del Toro del Villar, Tomás Favor
45 Del Valle Toca, Antonio Ausente
46 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique Favor
47 Denegre Vaught, Rosaura Favor
48 Díaz de León Torres, Leticia Ausente
49 Díaz García, José Antonio Favor
50 Díaz Garibay, Felipe Favor
51 Díaz Gordillo, Martha Cecilia Ausente
52 Díaz Mena, Joaquín Jesús Favor
53 Duck Núñez, Edgar Mauricio Ausente
54 Enríquez Flores, Armando Favor
55 Escaroz Soler, Gerardo Antonio Favor
56 Espinosa Piña, José Luis Favor
57 Félix Holguín, Armando Jesús Favor
58 Felton González, Carlos Eduardo Favor
59 Fernández Cabrera, Adrián Favor
60 Fernández Ugarte, Carmen Favor
61 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro Ausente
62 Flores Grande, Arturo Favor
63 Flores Morfín, Jesús Vicente Favor
64 Fraile García, Francisco Antonio Favor
65 Franco Cazarez, Ricardo Abstención
66 Fuentes Ortiz, José Guillermo Favor
67 Galván Valles, Rosa Elena Favor
68 García González, Carlos Alberto Favor
69 García Müller, Martha Margarita Favor
70 García Reyes, Ángel Humberto Favor
71 García Reyes, Beatriz Eugenia Favor
72 García Vivián, Raúl Favor
73 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes Favor
74 González Betancourt, Jorge Justiniano Favor
75 González Martínez, María Gabriela Favor
76 González Morán, Martín Oscar Ausente
77 González Roaro, Benjamín Ernesto Favor
78 González Ruiz, Felipe Favor
79 González Sánchez, María Dolores Favor
80 Gudiño Ortiz, Francisco Javier Favor
81 Guerrero Torres, José Gildardo Favor
82 Gutiérrez Aguilar, Miguel Ángel Favor
83 Gutiérrez Lagunes, María Victoria Favor
84 Hernández Núñez, Elia Ausente
85 Hurtado Pérez, Nelly Asunción Favor
86 Iragorri Durán, Enrique Ausente
87 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles Favor
88 Jiménez Ramos, María Esther Ausente
89 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia Favor
90 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar Favor
91 Landero Gutiérrez, Alejandro Favor
92 Landeros González, Ramón Favor
93 Lara Compeán, David Favor
94 Larios Córdova, Héctor Favor
95 Laviada Hernández, Íñigo Antonio Favor
96 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio Favor
97 Leura González, Agustín Favor
98 Limas Frescas, María Soledad Favor
99 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel Ausente
100 López Cisneros, José Martín Favor
101 López Reyna, Omeheira Favor
102 López Silva, Rubí Laura Favor
103 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel Favor
104 Lujano Nicolás, Christian Martín Ausente
105 Maawad Robert, Luis Xavier Favor
106 Macías Zambrano, Gustavo Ausente
107 Madrazo Limón, Carlos Favor
108 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús Favor
109 Malagón Ríos, Martín Favor
110 Malcos Amaro, María Ofelia Gloria Favor
111 Maldonado González, David Favor
112 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María Favor
113 Martínez Valero, Dora Alicia Favor
114 Medellín Varela, Antonio Ausente
115 Medina Macias, Alma Hilda Favor
116 Medina Rodríguez, Delber Ausente
117 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia Favor
118 Mejía García, Luis Alonso Favor
119 Méndez Meneses, Apolonio Favor
120 Mendoza Morales, Lucía Susana Favor
121 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel Ausente
122 Mollinedo Hernández, Agustín Favor
123 Monraz Ibarra, Miguel Ángel Ausente
124 Montes Sánchez, Fabián Fernando Ausente
125 Montiel Luis, Lariza Favor
126 Mora Cuevas, Marisol Favor
127 Morales Ramos, José Nicolás Favor
128 Morales Utrera, Mercedes Favor
129 Moreno Álvarez, Mario Eduardo Favor
130 Morgan Franco, Rocío del Carmen Favor
131 Muñoz Serrano, José Antonio Favor
132 Murillo Flores, Francisco Javier Favor
133 Murillo Torres, José Luis Ausente
134 Navarro Sugich, Carlos Alberto Favor
135 Nordhausen González, Jorge Rubén Favor
136 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves Ausente
137 Olvera Higuera, Edgar Armando Ausente
138 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto Favor
139 Ortega Martínez, María del Pilar Favor
140 Ortiz Hernández, Eduardo Favor
141 Ortiz Montoro, Sagrario María del Rosario Favor
142 Oviedo Oviedo, Ernesto Favor
143 Padilla Orozco, Raúl Alejandro Favor
144 Palafox Núñez, José Inés Ausente
145 Paredes Rodríguez, Francisco Javier Favor
146 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen Ausente
147 Parra Noriega, Luis Gustavo Favor
148 Pérez de Tejada Romero, Diana Carolina Favor
149 Pérez Cuéllar, Cruz Favor
150 Peyrot Solís, Marco A. Favor
151 Plascencia Alonso, Francisco Javier Favor
152 Priego Tapia, Gerardo Favor
153 Pulido Pecero, Pedro Favor
154 Quintero Bello, Jorge Favor
155 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana Favor
156 Ramírez Barba, Ector Jaime Ausente
157 Ramírez Corral, Ivette Jacqueline Favor
158 Ramírez Pech, Edgar Martín Favor
159 Ramírez Villarreal, Gustavo Favor
160 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel Favor
161 Reyes García, María Isabel Ausente
162 Reyes López, Carlos Armando Ausente
163 Rincón Vargas, Mirna Cecilia Favor
164 Rivera Rivera, José Guadalupe Ausente
165 Rivero Rivero, Rolando Favor
166 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando Ausente
167 Rodríguez Jiménez, Ricardo Favor
168 Rodríguez Montes, Bibiana Favor
169 Rodríguez Prats, Juan José Favor
170 Rodríguez Uresti, Enrique Favor
171 Rojas Hernández, Laura Angélica Favor
172 Román Isidoro, Demetrio Ausente
173 Romo Jiménez, Martha Angélica Favor
174 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto Favor
175 Rueda Gómez, Francisco Favor
176 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto Favor
177 Salas Contreras, Marcos Favor
178 Salazar Anaya, María Guadalupe Favor
179 Salazar Madera, Mario Alberto Ausente
180 Salum del Palacio, Jorge Alejandro Favor
181 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio Favor
182 Sánchez Domínguez, Alejandro Ausente
183 Sánchez Gil, Carlos René Favor
184 Sánchez Juárez, Claudia Favor
185 Sánchez Trujillo, José Víctor Ausente
186 Sandoval Munguia, Juan Manuel Favor
187 Serrato Castell, Luis Gerardo Ausente
188 Shej Guzmán Sara Favor
189 Solano Muñoz, José de Jesús Ausente
190 Stefanonni Mazzocco, Martín Favor
191 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette Favor
192 Torres Gómez, Artemio Favor
193 Torres Herrera, Víctor Manuel Favor
194 Torres Torres, Carlos Alberto Favor
195 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe Favor
196 Valladolid Rodríguez, Antonio Ausente
197 Vasconcelos Rueda, Antonio Favor
198 Vázquez Martínez, Alberto Favor
199 Vega Corona, Antonio Favor
200 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo Favor
201 Verástegui Ostos, César Augusto Ausente
202 Verdín Saldaña, Jaime Favor
203 Victoria Alva, Juan Favor
204 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca Ausente
205 Villanueva Arjona, Juan Manuel Favor
206 Zambrano Elizondo, Javier Martín Favor
Favor: 159
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 46
Total: 206
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor Ausente
2 Alavez Ruiz, Aleida Ausente
3 Almazán González, José Antonio Favor
4 Almonte Borja, Ramón Favor
5 Alonso Flores, Lourdes Ausente
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos Ausente
8 Alva Olvera, Maribel Luisa Ausente
9 Álvarez Ramón, Silbestre Ausente
10 Amaro Corona, Alberto Favor
11 Aragón Castillo, Irene Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario Favor
14 Barreiro Pérez, Armando Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia Ausente
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana Favor
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh Favor
18 Brito González, Modesto Favor
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier Favor
20 Campos Aburto, Amador Favor
21 Cárdenas Hernández, Raymundo Ausente
22 Cervantes Rodríguez, Aurora Favor
23 Chávez García, Higinio Ausente
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac Ausente
25 Contreras Julián, Maricela Ausente
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia Favor
27 Cuevas Córdova, Othón Ausente
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix Favor
29 De la Rosa García, Juan Hugo Ausente
30 De la Rosa Milán, Pedro Ausente
31 De los Santos Molina, Joaquín Conrado Ausente
32 Dehesa Mora, Daniel Favor
33 Del Toro , Mario Enrique Ausente
34 Díaz Contreras, Adriana Ausente
35 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz Favor
36 Espejel Lazcano, Jaime Favor
37 Fernández Balboa, Mónica Favor
38 Flores Maldonado, César Ausente
39 Flores Salazar, Guadalupe Socorro Favor
40 Franco Melgarejo, Rafael Ausente
41 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo Ausente
42 García Rodríguez, Víctor Hugo Ausente
43 Garzón Contreras, Neftalí Favor
44 Gil Ramírez, Moises Favor
45 González Garza, Javier Favor
46 González Miranda, Facundo Favor
47 Guerra Ochoa, Juan Nicasio Favor
48 Gutiérrez Calzadilla, José Luis Favor
49 Hernández Gaytán, Daisy Selene Favor
50 Hernández Hernández, Sergio Favor
51 Hernández Manzanares, Javier Ausente
52 Hernández Silva, Benjamín Favor
53 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia Favor
54 Jacques y Medina, José Favor
55 Jiménez Valenzuela, María Eugenia Favor
56 Landero López, Pedro Favor
57 Lemarroy Martínez, Juan Dario Favor
58 Leyva Piñón, Ana Yurixi Favor
59 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel Favor
60 López Barriga, Erick Ausente
61 López Becerra, Santiago Favor
62 López Torres, María Soledad Ausente
63 Lozano Lozano, Andrés Ausente
64 Luna Munguía, Alma Lilia Ausente
65 Macedo Escartín, Miguel Ángel Ausente
66 Márquez Madrid, Camerino Eleazar Favor
67 Márquez Tinoco, Francisco Ausente
68 Martínez Hernández, Alejandro Ausente
69 Martínez Martínez, Carlos Roberto Favor
70 Martínez Padilla, Hugo Eduardo Favor
71 Martínez Vargas Octavio Ausente
72 Matías Alonso, Marcos Ausente
73 Matus Toledo, Holly Ausente
74 Mayans Canabal, Fernando Favor
75 Mendoza Arellano, David Ausente
76 Mendoza Flores, Roberto Favor
77 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio Favor
78 Mendoza Mendoza, Irineo Favor
79 Monreal Ávila, Susana Ausente
80 Montalvo Rojas, Victorio Rubén Ausente
81 Morales Manzo, Jesús Ricardo Ausente
82 Morales Sánchez, Efraín Ausente
83 Morales Vázquez, Carlos Orsoe Ausente
84 Narcía Álvarez, Héctor Ausente
85 Navarro López, Carlos Ernesto Ausente
86 Navarro Quintero, Miguel Ángel Favor
87 Ojeda Hernández, Concepción Favor
88 Orcí Martínez, Juan Adolfo Favor
89 Ortega Martínez, Antonio Favor
90 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia Favor
91 Pacheco Llanes, Ramón Félix Ausente
92 Pedraza Chávez, Isidro Favor
93 Pedrozo Castillo, Adrián Ausente
94 Peña Sánchez, Miguel Ángel Favor
95 Pérez Cruz, Raciel Favor
96 Pérez Luna, Armando Ausente
97 Pérez Sánchez, Heriberto Favor
98 Pulido Santiago, Celso David Ausente
99 Ramos Castellanos, Martín Favor
100 Rasgado Corsi, Gloria Ausente
101 Ríos Gamboa, Raúl Ausente
102 Romero Gutiérrez, Odilón Favor
103 Ruiz Sánchez, Salvador Ausente
104 Salinas Pérez, Josefina Favor
105 Sánchez Barrios, Carlos Favor
106 Sánchez Cabrales, Rafael Elías Favor
107 Sánchez Camacho, Alejandro Ausente
108 Sánchez Camacho, David Favor
109 Sánchez Ramos, Francisco Favor
110 Sánchez Valdéz, Eva Angelina Ausente
111 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc Favor
112 Santos Arreola, Francisco Javier Ausente
113 Solares Chávez, Miguel Ángel Ausente
114 Soriano Sánchez, Rosa Elva Ausente
115 Soto Sánchez, Antonio Favor
116 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso Favor
117 Torres Baltazar, María Elena Ausente
118 Torres García, Daniel Favor
119 Trejo Pérez, Pablo Ausente
120 Ulloa Pérez, Emilio Ausente
121 Vallejo Estevez, Mario Favor
122 Varela López, Víctor Gabriel Favor
123 Villicaña García, Rafael Favor
124 Zavaleta Salgado, Ruth Favor
125 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto Favor
126 Zepeda Hernández, Martín Favor
Favor: 71
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 55
Total: 126
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico Favor
2 Aguilar , Diego Favor
3 Aguilar Solís, Samuel Ausente
4 Aispuro Torres, José Rosas Favor
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio Ausente
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo Favor
7 Amador Gaxiola, Daniel Favor
8 Amador Leal, Narcizo Alberto Ausente
9 Ayala Almeida, Joel Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto Favor
11 Barajas López, Ramón Favor
12 Barajas del Toro, Salvador Ausente
13 Barba Hernández, Alfredo Favor
14 Beltrán Montes, Israel Favor
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique Ausente
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio Ausente
17 Biebrich Torres, Carlos Armando Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis Favor
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio Ausente
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo Favor
22 Carballo Bustamante, Andrés Ausente
23 Cárdenas del Avellano, Enrique Ausente
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo Ausente
25 Cervantes Andrade, Raúl Favor
26 Colín Guadarrama, María Mercedes Favor
27 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías Ausente
28 De la Garza Treviño, Jorge Luis Favor
29 Díaz Athié, Antonio de Jesús Ausente
30 Díaz Solorzano, Elmar Darinel Ausente
31 Domínguez Domínguez, Nemesio Favor
32 Duarte Jáquez, César Favor
33 Escajeda Jiménez, José Rubén Favor
34 Escalante Jasso, Aracely Ausente
35 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías Favor
36 Estefan Chidiac, Charbel Jorge Ausente
37 Flores Sandoval, Patricio Favor
38 Fuentes Tellez, Octavio Favor
39 Gamboa Patrón, Emilio Ausente
40 Garza Garza, Horacio Emigdio Favor
41 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen Ausente
42 Gloria Requena, Tomás Ausente
43 González Calderón, Martha Hilda Ausente
44 González Salum, Miguel Ángel Ausente
45 González Zarur, Mariano Favor
46 Guerrero García, Javier Favor
47 Guerrero Juárez, Joel Favor
48 Gurrión Matías, Daniel Favor
49 Herrera Ale, Juana Leticia Favor
50 Herrera Coyac, Wenceslao Favor
51 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando Favor
52 Lagunes Gallina, Gerardo Favor
53 Lescieur Talavera, Jorge Mario Ausente
54 López Balbuena, Guillermina Ausente
55 Madrid Tovilla, Areli Favor
56 Martínez Rodríguez, Lorena Favor
57 Martínez Rocha, Arturo Ausente
58 Méndez Lanz, Víctor Manuel Ausente
59 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso Ausente
60 Merodio Reza, Lilia Guadalupe Favor
61 Morales García, Elizabeth Favor
62 Mota Hernández, Adolfo Favor
63 Murat, José Favor
64 Narváez Bravo, Hilda Areli Favor
65 Ojeda Camacho, Gilberto Ausente
66 Olivares Monterrubio, Alejandro Ausente
67 Olivares Ventura, Héctor Hugo Favor
68 Ordaz Jiménez, Ismael Favor
69 Orihuela Bárcenas, José Ascención Ausente
70 Ortega Tzitzihua, María Dolores Lucía Ausente
71 Ortiz del Carpio, Víctor Ausente
72 Ortiz Proal, Mauricio Ausente
73 Padilla Gutiérrez, Héctor Favor
74 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz Ausente
75 Palma César, Víctor Samuel Ausente
76 Parás González, Juan Manuel Favor
77 Partida Guzmán, Martha Rocío Favor
78 Patrón Montalvo, Jesús Manuel Favor
79 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela Favor
80 Pérez Valdés, Daniel Ausente
81 Pinete Vargas, María del Carmen Ausente
82 Quiñones Canales, Lourdes Favor
83 Ramírez Martínez, José Edmundo Favor
84 Ramírez Stabros, Jesús Favor
85 Reyna García, José Jesús Favor
86 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo Ausente
87 Rivera Bedoya, Juan Francisco Ausente
88 Rivero Acosta, Miguel Favor
89 Rodríguez Martínez, Alicia Favor
90 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda Favor
91 Rojas Gutiérrez, Carlos Favor
92 Salas López, Ramón Ausente
93 Sánchez Peñuelas, Salvador Favor
94 Sandoval Paredes, Sergio Ausente
95 Serrano Escobar, Enrique Favor
96 Sosa Castelán, Gerardo Ausente
97 Vargas Landeros, Gerardo Octavio Favor
98 Velasco Pérez, Juan Carlos Favor
99 Virgen Carrera, Víctor Manuel Favor
Favor: 57
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 42
Total: 99
CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan Favor
2 Aguilera Rico, José Luis Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías Ausente
4 Castellanos Hernández, Félix Favor
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús Ausente
6 Chanona Burguete, Alejandro Ausente
7 Del Río Virgen, José Manuel Favor
8 Godoy Cárdenas, Jorge Favor
9 Melo Velázquez, José Francisco Ausente
10 Ramos Becerril, Rafael Plácido Favor
11 Salvatori Bronca, María del Carmen Favor
12 Samperio Montaño, Juan Ignacio Ausente
13 Sansores San Román, Layda Elena Favor
14 Tagle Martínez, Martha Angélica Ausente
15 Uscanga Cruz, Robinson Ausente
16 Valdés Chávez, Ramón Favor
17 Varela Lagunas, Tomás José Luis Ausente
18 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc Favor
Favor: 9
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 9
Total: 18
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio Ausente
2 Bellizzia Rosique, Pascual Ausente
3 Cobo Terrazas, Diego Ausente
4 Elizondo Garrido, Francisco Favor
5 Estrada González, Faustino Javier Ausente
6 Lavara Mejía, Gloria Favor
7 López Adame, Antonio Xavier Ausente
8 Manrique Guevara, Beatriz Ausente
9 Notholt Guerrero, Alan Ausente
10 Portilla Diéguez, Manuel Ausente
11 Puente Salas, Carlos Alberto Ausente
12 Ramírez Cerda, Ana María Favor
13 Ramírez Zollino, Andrea Geraldine Favor
14 Rodríguez Luis, Alejandro Ausente
15 Salgado Amador, Manuel Salvador Ausente
16 Sesma Suárez, Jesús Ausente
17 Velasco Rodríguez, Verónica Ausente
Favor: 4
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 13
Total: 17
PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén Ausente
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo Ausente
3 Cantú Garza, Ricardo Ausente
4 Cervantes Rivera, Jaime Ausente
5 Garay Ulloa, Silvano Ausente
6 Herrera Solís, Anuario Luis Ausente
7 Maciel Ortiz, María Mercedez Favor
8 Peregrino García, Abundio Ausente
9 Romero Guzmán, Rosa Elia Favor
10 Solís Parga, Rodolfo Favor
11 Vela González, Joaquín Humberto Ausente
Favor: 3
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 8
Total: 11
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel Ausente
3 Castillo Nájera, Ariel Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto Favor
6 Luna Becerril, Blanca Favor
7 Luna Rodríguez, Silvia Favor
8 Pérez Bolaños, Ana Elisa Favor
9 Piñeyro Arias, Irma Ausente
Favor: 6
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 9
PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina Ausente
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe Favor
3 García Méndez, Armando Favor
4 Hernández Valadés, Delio Favor
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo Favor
Favor: 4
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 5
DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 López Lena Cruz, Humberto Favor
2 Ochoa López, Nabor Ausente
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 2
Del dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, y de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma el inciso k) del artículo 28; y adiciona el tercer párrafo, recorriéndose el actual a cuarto, al artículo 29 de la Ley de Asistencia Social (en lo general y en lo particular)
PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino Favor
2 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges Ausente
3 Álvarez Bernal, María Elena Favor
4 Amezola Fonceca, Gerardo Favor
5 Antuna Batista, Fidel Favor
6 Aranda Orozco, Gerardo Favor
7 Arellano Arellano, Joel Favor
8 Arenas Guzmán, Margarita Favor
9 Argüelles Arellano, María del Consuelo Favor
10 Arizméndi Uribe, Efraín Favor
11 Armendáriz García, Pedro Favor
12 Arredondo Ibarra, Salvador Ausente
13 Arredondo Velázquez, Jesús Favor
14 Ávila Mayo, Obdulio Favor
15 Barradas Miravete, Gregorio Ausente
16 Barrios Rodríguez, Juan Enrique Favor
17 Bello Pérez, Alfonso Othón Favor
18 Berber Martínez, Antonio Favor
19 Beristáin Enríquez, Lucía Favor
20 Bernal Frausto, Federico Favor
21 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier Favor
22 Bracho González, Carlos Augusto Favor
23 Buganza Salmerón, Gerardo Favor
24 Campos Galván, María Eugenia Favor
25 Carbajal Méndez, Liliana Ausente
26 Cárdenas Sánchez, Esmeralda Ausente
27 Cardona Benavídez, Alma Xóchil Favor
28 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto Favor
29 Carrasco Cárdenas, Susana Sarahí Favor
30 Castaño Contreras, Cristián Favor
31 Castro de la Rosa, Osiel Ausente
32 Ceja Romero, Ramón Ausente
33 Collado Lara, Beatriz Favor
34 Contreras Coeto, José Luis Favor
35 Corral Aguilar, María Mercedes Favor
36 Cuen Garibi, Marcela Ausente
37 Curiel Preciado, Leobardo Favor
38 Dávila Fernández, Adriana Ausente
39 Dávila García, Francisco Ausente
40 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio Favor
41 De la Torre Sánchez, José Favor
42 De León Tello, Jesús Favor
43 Degante Romero, Silvia Emilia Ausente
44 Del Toro del Villar, Tomás Favor
45 Del Valle Toca, Antonio Favor
46 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique Favor
47 Denegre Vaught, Rosaura Favor
48 Díaz de León Torres, Leticia Ausente
49 Díaz García, José Antonio Favor
50 Díaz Garibay, Felipe Favor
51 Díaz Gordillo, Martha Cecilia Ausente
52 Díaz Mena, Joaquín Jesús Favor
53 Duck Núñez, Edgar Mauricio Ausente
54 Enríquez Flores, Armando Favor
55 Escaroz Soler, Gerardo Antonio Favor
56 Espinosa Piña, José Luis Favor
57 Félix Holguín, Armando Jesús Favor
58 Felton González, Carlos Eduardo Favor
59 Fernández Cabrera, Adrián Favor
60 Fernández Ugarte, Carmen Favor
61 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro Ausente
62 Flores Grande, Arturo Favor
63 Flores Morfín, Jesús Vicente Favor
64 Fraile García, Francisco Antonio Favor
65 Franco Cazarez, Ricardo Favor
66 Fuentes Ortiz, José Guillermo Favor
67 Galván Valles, Rosa Elena Favor
68 García González, Carlos Alberto Ausente
69 García Müller, Martha Margarita Favor
70 García Reyes, Ángel Humberto Favor
71 García Reyes, Beatriz Eugenia Favor
72 García Vivián, Raúl Favor
73 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes Ausente
74 González Betancourt, Jorge Justiniano Favor
75 González Martínez, María Gabriela Favor
76 González Morán, Martín Oscar Ausente
77 González Roaro, Benjamín Ernesto Favor
78 González Ruiz, Felipe Favor
79 González Sánchez, María Dolores Favor
80 Gudiño Ortiz, Francisco Javier Favor
81 Guerrero Torres, José Gildardo Favor
82 Gutiérrez Aguilar, Miguel Ángel Favor
83 Gutiérrez Lagunes, María Victoria Favor
84 Hernández Núñez, Elia Favor
85 Hurtado Pérez, Nelly Asunción Favor
86 Iragorri Durán, Enrique Ausente
87 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles Ausente
88 Jiménez Ramos, María Esther Ausente
89 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia Favor
90 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar Favor
91 Landero Gutiérrez, Alejandro Favor
92 Landeros González, Ramón Favor
93 Lara Compeán, David Favor
94 Larios Córdova, Héctor Favor
95 Laviada Hernández, Íñigo Antonio Favor
96 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio Favor
97 Leura González, Agustín Favor
98 Limas Frescas, María Soledad Favor
99 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel Ausente
100 López Cisneros, José Martín Favor
101 López Reyna, Omeheira Favor
102 López Silva, Rubí Laura Favor
103 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel Favor
104 Lujano Nicolás, Christian Martín Favor
105 Maawad Robert, Luis Xavier Favor
106 Macías Zambrano, Gustavo Ausente
107 Madrazo Limón, Carlos Favor
108 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús Favor
109 Malagón Ríos, Martín Favor
110 Malcos Amaro, María Ofelia Gloria Favor
111 Maldonado González, David Favor
112 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María Favor
113 Martínez Valero, Dora Alicia Favor
114 Medellín Varela, Antonio Favor
115 Medina Macias, Alma Hilda Favor
116 Medina Rodríguez, Delber Ausente
117 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia Favor
118 Mejía García, Luis Alonso Favor
119 Méndez Meneses, Apolonio Favor
120 Mendoza Morales, Lucía Susana Favor
121 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel Ausente
122 Mollinedo Hernández, Agustín Favor
123 Monraz Ibarra, Miguel Ángel Ausente
124 Montes Sánchez, Fabián Fernando Ausente
125 Montiel Luis, Lariza Favor
126 Mora Cuevas, Marisol Favor
127 Morales Ramos, José Nicolás Favor
128 Morales Utrera, Mercedes Favor
129 Moreno Álvarez, Mario Eduardo Favor
130 Morgan Franco, Rocío del Carmen Favor
131 Muñoz Serrano, José Antonio Favor
132 Murillo Flores, Francisco Javier Favor
133 Murillo Torres, José Luis Favor
134 Navarro Sugich, Carlos Alberto Ausente
135 Nordhausen González, Jorge Rubén Favor
136 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves Favor
137 Olvera Higuera, Edgar Armando Favor
138 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto Favor
139 Ortega Martínez, María del Pilar Favor
140 Ortiz Hernández, Eduardo Ausente
141 Ortiz Montoro, Sagrario María del Rosario Favor
142 Oviedo Oviedo, Ernesto Favor
143 Padilla Orozco, Raúl Alejandro Favor
144 Palafox Núñez, José Inés Ausente
145 Paredes Rodríguez, Francisco Javier Favor
146 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen Ausente
147 Parra Noriega, Luis Gustavo Ausente
148 Pérez de Tejada Romero, Diana Carolina Favor
149 Pérez Cuéllar, Cruz Favor
150 Peyrot Solís, Marco A. Favor
151 Plascencia Alonso, Francisco Javier Favor
152 Priego Tapia, Gerardo Favor
153 Pulido Pecero, Pedro Favor
154 Quintero Bello, Jorge Favor
155 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana Favor
156 Ramírez Barba, Ector Jaime Ausente
157 Ramírez Corral, Ivette Jacqueline Favor
158 Ramírez Pech, Edgar Martín Ausente
159 Ramírez Villarreal, Gustavo Favor
160 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel Favor
161 Reyes García, María Isabel Favor
162 Reyes López, Carlos Armando Ausente
163 Rincón Vargas, Mirna Cecilia Favor
164 Rivera Rivera, José Guadalupe Ausente
165 Rivero Rivero, Rolando Favor
166 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando Ausente
167 Rodríguez Jiménez, Ricardo Ausente
168 Rodríguez Montes, Bibiana Favor
169 Rodríguez Prats, Juan José Favor
170 Rodríguez Uresti, Enrique Favor
171 Rojas Hernández, Laura Angélica Favor
172 Román Isidoro, Demetrio Ausente
173 Romo Jiménez, Martha Angélica Favor
174 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto Ausente
175 Rueda Gómez, Francisco Favor
176 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto Favor
177 Salas Contreras, Marcos Favor
178 Salazar Anaya, María Guadalupe Favor
179 Salazar Madera, Mario Alberto Ausente
180 Salum del Palacio, Jorge Alejandro Favor
181 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio Favor
182 Sánchez Domínguez, Alejandro Ausente
183 Sánchez Gil, Carlos René Favor
184 Sánchez Juárez, Claudia Favor
185 Sánchez Trujillo, José Víctor Ausente
186 Sandoval Munguia, Juan Manuel Favor
187 Serrato Castell, Luis Gerardo Ausente
188 Shej Guzmán Sara Favor
189 Solano Muñoz, José de Jesús Ausente
190 Stefanonni Mazzocco, Martín Favor
191 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette Favor
192 Torres Gómez, Artemio Ausente
193 Torres Herrera, Víctor Manuel Favor
194 Torres Torres, Carlos Alberto Favor
195 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe Favor
196 Valladolid Rodríguez, Antonio Ausente
197 Vasconcelos Rueda, Antonio Favor
198 Vázquez Martínez, Alberto Favor
199 Vega Corona, Antonio Favor
200 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo Favor
201 Verástegui Ostos, César Augusto Ausente
202 Verdín Saldaña, Jaime Favor
203 Victoria Alva, Juan Favor
204 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca Ausente
205 Villanueva Arjona, Juan Manuel Favor
206 Zambrano Elizondo, Javier Martín Favor
Favor: 157
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 49
Total: 206
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor Ausente
2 Alavez Ruiz, Aleida Ausente
3 Almazán González, José Antonio Favor
4 Almonte Borja, Ramón Favor
5 Alonso Flores, Lourdes Favor
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos Ausente
8 Alva Olvera, Maribel Luisa Ausente
9 Álvarez Ramón, Silbestre Favor
10 Amaro Corona, Alberto Ausente
11 Aragón Castillo, Irene Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario Favor
14 Barreiro Pérez, Armando Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia Ausente
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana Favor
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh Favor
18 Brito González, Modesto Favor
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier Favor
20 Campos Aburto, Amador Favor
21 Cárdenas Hernández, Raymundo Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora Favor
23 Chávez García, Higinio Ausente
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac Ausente
25 Contreras Julián, Maricela Ausente
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia Favor
27 Cuevas Córdova, Othón Ausente
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix Ausente
29 De la Rosa García, Juan Hugo Ausente
30 De la Rosa Milán, Pedro Ausente
31 De los Santos Molina, Joaquín Conrado Favor
32 Dehesa Mora, Daniel Favor
33 Del Toro , Mario Enrique Ausente
34 Díaz Contreras, Adriana Ausente
35 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz Ausente
36 Espejel Lazcano, Jaime Favor
37 Fernández Balboa, Mónica Favor
38 Flores Maldonado, César Ausente
39 Flores Salazar, Guadalupe Socorro Ausente
40 Franco Melgarejo, Rafael Favor
41 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo Favor
42 García Rodríguez, Víctor Hugo Ausente
43 Garzón Contreras, Neftalí Favor
44 Gil Ramírez, Moises Favor
45 González Garza, Javier Favor
46 González Miranda, Facundo Favor
47 Guerra Ochoa, Juan Nicasio Ausente
48 Gutiérrez Calzadilla, José Luis Favor
49 Hernández Gaytán, Daisy Selene Favor
50 Hernández Hernández, Sergio Favor
51 Hernández Manzanares, Javier Ausente
52 Hernández Silva, Benjamín Favor
53 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia Ausente
54 Jacques y Medina, José Favor
55 Jiménez Valenzuela, María Eugenia Favor
56 Landero López, Pedro Favor
57 Lemarroy Martínez, Juan Dario Favor
58 Leyva Piñón, Ana Yurixi Favor
59 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel Favor
60 López Barriga, Erick Ausente
61 López Becerra, Santiago Favor
62 López Torres, María Soledad Ausente
63 Lozano Lozano, Andrés Ausente
64 Luna Munguía, Alma Lilia Ausente
65 Macedo Escartín, Miguel Ángel Ausente
66 Márquez Madrid, Camerino Eleazar Favor
67 Márquez Tinoco, Francisco Ausente
68 Martínez Hernández, Alejandro Ausente
69 Martínez Martínez, Carlos Roberto Favor
70 Martínez Padilla, Hugo Eduardo Favor
71 Martínez Vargas Octavio Ausente
72 Matías Alonso, Marcos Ausente
73 Matus Toledo, Holly Favor
74 Mayans Canabal, Fernando Favor
75 Mendoza Arellano, David Ausente
76 Mendoza Flores, Roberto Favor
77 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio Favor
78 Mendoza Mendoza, Irineo Favor
79 Monreal Ávila, Susana Ausente
80 Montalvo Rojas, Victorio Rubén Ausente
81 Morales Manzo, Jesús Ricardo Ausente
82 Morales Sánchez, Efraín Ausente
83 Morales Vázquez, Carlos Orsoe Ausente
84 Narcía Álvarez, Héctor Ausente
85 Navarro López, Carlos Ernesto Favor
86 Navarro Quintero, Miguel Ángel Favor
87 Ojeda Hernández, Concepción Favor
88 Orcí Martínez, Juan Adolfo Favor
89 Ortega Martínez, Antonio Favor
90 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia Favor
91 Pacheco Llanes, Ramón Félix Ausente
92 Pedraza Chávez, Isidro Favor
93 Pedrozo Castillo, Adrián Ausente
94 Peña Sánchez, Miguel Ángel Favor
95 Pérez Cruz, Raciel Favor
96 Pérez Luna, Armando Ausente
97 Pérez Sánchez, Heriberto Favor
98 Pulido Santiago, Celso David Ausente
99 Ramos Castellanos, Martín Ausente
100 Rasgado Corsi, Gloria Ausente
101 Ríos Gamboa, Raúl Ausente
102 Romero Gutiérrez, Odilón Favor
103 Ruiz Sánchez, Salvador Ausente
104 Salinas Pérez, Josefina Favor
105 Sánchez Barrios, Carlos Favor
106 Sánchez Cabrales, Rafael Elías Ausente
107 Sánchez Camacho, Alejandro Ausente
108 Sánchez Camacho, David Favor
109 Sánchez Ramos, Francisco Favor
110 Sánchez Valdéz, Eva Angelina Ausente
111 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc Favor
112 Santos Arreola, Francisco Javier Ausente
113 Solares Chávez, Miguel Ángel Ausente
114 Soriano Sánchez, Rosa Elva Ausente
115 Soto Sánchez, Antonio Ausente
116 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso Favor
117 Torres Baltazar, María Elena Ausente
118 Torres García, Daniel Favor
119 Trejo Pérez, Pablo Ausente
120 Ulloa Pérez, Emilio Ausente
121 Vallejo Estevez, Mario Favor
122 Varela López, Víctor Gabriel Favor
123 Villicaña García, Rafael Favor
124 Zavaleta Salgado, Ruth Favor
125 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto Favor
126 Zepeda Hernández, Martín Favor
Favor: 70
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 56
Total: 126
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico Favor
2 Aguilar , Diego Favor
3 Aguilar Solís, Samuel Favor
4 Aispuro Torres, José Rosas Favor
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio Ausente
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo Favor
7 Amador Gaxiola, Daniel Favor
8 Amador Leal, Narcizo Alberto Ausente
9 Ayala Almeida, Joel Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto Favor
11 Barajas López, Ramón Favor
12 Barajas del Toro, Salvador Ausente
13 Barba Hernández, Alfredo Favor
14 Beltrán Montes, Israel Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique Ausente
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio Favor
17 Biebrich Torres, Carlos Armando Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis Favor
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio Ausente
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo Ausente
22 Carballo Bustamante, Andrés Ausente
23 Cárdenas del Avellano, Enrique Ausente
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo Ausente
25 Cervantes Andrade, Raúl Favor
26 Colín Guadarrama, María Mercedes Favor
27 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías Ausente
28 De la Garza Treviño, Jorge Luis Favor
29 Díaz Athié, Antonio de Jesús Favor
30 Díaz Solorzano, Elmar Darinel Ausente
31 Domínguez Domínguez, Nemesio Ausente
32 Duarte Jáquez, César Favor
33 Escajeda Jiménez, José Rubén Favor
34 Escalante Jasso, Aracely Ausente
35 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías Favor
36 Estefan Chidiac, Charbel Jorge Ausente
37 Flores Sandoval, Patricio Favor
38 Fuentes Tellez, Octavio Ausente
39 Gamboa Patrón, Emilio Ausente
40 Garza Garza, Horacio Emigdio Ausente
41 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen Ausente
42 Gloria Requena, Tomás Ausente
43 González Calderón, Martha Hilda Ausente
44 González Salum, Miguel Ángel Ausente
45 González Zarur, Mariano Ausente
46 Guerrero García, Javier Ausente
47 Guerrero Juárez, Joel Favor
48 Gurrión Matías, Daniel Favor
49 Herrera Ale, Juana Leticia Favor
50 Herrera Coyac, Wenceslao Favor
51 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando Favor
52 Lagunes Gallina, Gerardo Ausente
53 Lescieur Talavera, Jorge Mario Favor
54 López Balbuena, Guillermina Ausente
55 Madrid Tovilla, Areli Ausente
56 Martínez Rodríguez, Lorena Favor
57 Martínez Rocha, Arturo Ausente
58 Méndez Lanz, Víctor Manuel Ausente
59 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso Ausente
60 Merodio Reza, Lilia Guadalupe Favor
61 Morales García, Elizabeth Favor
62 Mota Hernández, Adolfo Favor
63 Murat, José Ausente
64 Narváez Bravo, Hilda Areli Favor
65 Ojeda Camacho, Gilberto Ausente
66 Olivares Monterrubio, Alejandro Favor
67 Olivares Ventura, Héctor Hugo Ausente
68 Ordaz Jiménez, Ismael Ausente
69 Orihuela Bárcenas, José Ascención Favor
70 Ortega Tzitzihua, María Dolores Lucía Ausente
71 Ortiz del Carpio, Víctor Ausente
72 Ortiz Proal, Mauricio Ausente
73 Padilla Gutiérrez, Héctor Favor
74 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz Ausente
75 Palma César, Víctor Samuel Favor
76 Parás González, Juan Manuel Favor
77 Partida Guzmán, Martha Rocío Favor
78 Patrón Montalvo, Jesús Manuel Favor
79 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela Favor
80 Pérez Valdés, Daniel Ausente
81 Pinete Vargas, María del Carmen Ausente
82 Quiñones Canales, Lourdes Ausente
83 Ramírez Martínez, José Edmundo Favor
84 Ramírez Stabros, Jesús Favor
85 Reyna García, José Jesús Favor
86 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo Ausente
87 Rivera Bedoya, Juan Francisco Ausente
88 Rivero Acosta, Miguel Favor
89 Rodríguez Martínez, Alicia Favor
90 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda Favor
91 Rojas Gutiérrez, Carlos Favor
92 Salas López, Ramón Favor
93 Sánchez Peñuelas, Salvador Favor
94 Sandoval Paredes, Sergio Ausente
95 Serrano Escobar, Enrique Ausente
96 Sosa Castelán, Gerardo Ausente
97 Vargas Landeros, Gerardo Octavio Favor
98 Velasco Pérez, Juan Carlos Favor
99 Virgen Carrera, Víctor Manuel Favor
Favor: 51
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 48
Total: 99
CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan Ausente
2 Aguilera Rico, José Luis Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías Ausente
4 Castellanos Hernández, Félix Ausente
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús Favor
6 Chanona Burguete, Alejandro Ausente
7 Del Río Virgen, José Manuel Favor
8 Godoy Cárdenas, Jorge Favor
9 Melo Velázquez, José Francisco Favor
10 Ramos Becerril, Rafael Plácido Favor
11 Salvatori Bronca, María del Carmen Favor
12 Samperio Montaño, Juan Ignacio Ausente
13 Sansores San Román, Layda Elena Ausente
14 Tagle Martínez, Martha Angélica Favor
15 Uscanga Cruz, Robinson Ausente
16 Valdés Chávez, Ramón Favor
17 Varela Lagunas, Tomás José Luis Ausente
18 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc Favor
Favor: 9
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 9
Total: 18
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio Ausente
2 Bellizzia Rosique, Pascual Ausente
3 Cobo Terrazas, Diego Favor
4 Elizondo Garrido, Francisco Favor
5 Estrada González, Faustino Javier Ausente
6 Lavara Mejía, Gloria Favor
7 López Adame, Antonio Xavier Ausente
8 Manrique Guevara, Beatriz Ausente
9 Notholt Guerrero, Alan Ausente
10 Portilla Diéguez, Manuel Ausente
11 Puente Salas, Carlos Alberto Favor
12 Ramírez Cerda, Ana María Favor
13 Ramírez Zollino, Andrea Geraldine Favor
14 Rodríguez Luis, Alejandro Ausente
15 Salgado Amador, Manuel Salvador Ausente
16 Sesma Suárez, Jesús Ausente
17 Velasco Rodríguez, Verónica Ausente
Favor: 6
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 11
Total: 17
PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén Ausente
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo Ausente
3 Cantú Garza, Ricardo Ausente
4 Cervantes Rivera, Jaime Ausente
5 Garay Ulloa, Silvano Ausente
6 Herrera Solís, Anuario Luis Ausente
7 Maciel Ortiz, María Mercedez Ausente
8 Peregrino García, Abundio Favor
9 Romero Guzmán, Rosa Elia Favor
10 Solís Parga, Rodolfo Favor
11 Vela González, Joaquín Humberto Ausente
Favor: 3
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 8
Total: 11
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel Ausente
3 Castillo Nájera, Ariel Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto Ausente
6 Luna Becerril, Blanca Favor
7 Luna Rodríguez, Silvia Favor
8 Pérez Bolaños, Ana Elisa Favor
9 Piñeyro Arias, Irma Ausente
Favor: 5
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 9
PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina Ausente
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe Favor
3 García Méndez, Armando Favor
4 Hernández Valadés, Delio Favor
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo Favor
Favor: 4
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 5
DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 López Lena Cruz, Humberto Favor
2 Ochoa López, Nabor Ausente
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 2
Del dictamen de la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma los artículos 61, 71, 79 y 81, y adiciona el 81 Bis y 89 Bis de la Ley de Aviación Civil (en lo general y en lo particular)
PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino Favor
2 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges Favor
3 Álvarez Bernal, María Elena Favor
4 Amezola Fonceca, Gerardo Favor
5 Antuna Batista, Fidel Favor
6 Aranda Orozco, Gerardo Favor
7 Arellano Arellano, Joel Favor
8 Arenas Guzmán, Margarita Favor
9 Argüelles Arellano, María del Consuelo Favor
10 Arizméndi Uribe, Efraín Favor
11 Armendáriz García, Pedro Favor
12 Arredondo Ibarra, Salvador Favor
13 Arredondo Velázquez, Jesús Ausente
14 Ávila Mayo, Obdulio Favor
15 Barradas Miravete, Gregorio Ausente
16 Barrios Rodríguez, Juan Enrique Favor
17 Bello Pérez, Alfonso Othón Favor
18 Berber Martínez, Antonio Favor
19 Beristáin Enríquez, Lucía Favor
20 Bernal Frausto, Federico Favor
21 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier Favor
22 Bracho González, Carlos Augusto Favor
23 Buganza Salmerón, Gerardo Favor
24 Campos Galván, María Eugenia Favor
25 Carbajal Méndez, Liliana Ausente
26 Cárdenas Sánchez, Esmeralda Ausente
27 Cardona Benavídez, Alma Xóchil Favor
28 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto Ausente
29 Carrasco Cárdenas, Susana Sarahí Favor
30 Castaño Contreras, Cristián Favor
31 Castro de la Rosa, Osiel Ausente
32 Ceja Romero, Ramón Favor
33 Collado Lara, Beatriz Favor
34 Contreras Coeto, José Luis Favor
35 Corral Aguilar, María Mercedes Ausente
36 Cuen Garibi, Marcela Ausente
37 Curiel Preciado, Leobardo Favor
38 Dávila Fernández, Adriana Ausente
39 Dávila García, Francisco Ausente
40 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio Favor
41 De la Torre Sánchez, José Favor
42 De León Tello, Jesús Favor
43 Degante Romero, Silvia Emilia Ausente
44 Del Toro del Villar, Tomás Favor
45 Del Valle Toca, Antonio Ausente
46 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique Ausente
47 Denegre Vaught, Rosaura Favor
48 Díaz de León Torres, Leticia Ausente
49 Díaz García, José Antonio Favor
50 Díaz Garibay, Felipe Favor
51 Díaz Gordillo, Martha Cecilia Favor
52 Díaz Mena, Joaquín Jesús Favor
53 Duck Núñez, Edgar Mauricio Ausente
54 Enríquez Flores, Armando Favor
55 Escaroz Soler, Gerardo Antonio Favor
56 Espinosa Piña, José Luis Favor
57 Félix Holguín, Armando Jesús Favor
58 Felton González, Carlos Eduardo Favor
59 Fernández Cabrera, Adrián Favor
60 Fernández Ugarte, Carmen Favor
61 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro Ausente
62 Flores Grande, Arturo Favor
63 Flores Morfín, Jesús Vicente Favor
64 Fraile García, Francisco Antonio Ausente
65 Franco Cazarez, Ricardo Favor
66 Fuentes Ortiz, José Guillermo Favor
67 Galván Valles, Rosa Elena Favor
68 García González, Carlos Alberto Ausente
69 García Müller, Martha Margarita Favor
70 García Reyes, Ángel Humberto Ausente
71 García Reyes, Beatriz Eugenia Favor
72 García Vivián, Raúl Ausente
73 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes Favor
74 González Betancourt, Jorge Justiniano Favor
75 González Martínez, María Gabriela Favor
76 González Morán, Martín Oscar Ausente
77 González Roaro, Benjamín Ernesto Favor
78 González Ruiz, Felipe Favor
79 González Sánchez, María Dolores Favor
80 Gudiño Ortiz, Francisco Javier Favor
81 Guerrero Torres, José Gildardo Favor
82 Gutiérrez Aguilar, Miguel Ángel Ausente
83 Gutiérrez Lagunes, María Victoria Favor
84 Hernández Núñez, Elia Favor
85 Hurtado Pérez, Nelly Asunción Favor
86 Iragorri Durán, Enrique Ausente
87 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles Ausente
88 Jiménez Ramos, María Esther Ausente
89 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia Favor
90 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar Favor
91 Landero Gutiérrez, Alejandro Favor
92 Landeros González, Ramón Favor
93 Lara Compeán, David Favor
94 Larios Córdova, Héctor Favor
95 Laviada Hernández, Íñigo Antonio Favor
96 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio Favor
97 Leura González, Agustín Favor
98 Limas Frescas, María Soledad Favor
99 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel Ausente
100 López Cisneros, José Martín Favor
101 López Reyna, Omeheira Favor
102 López Silva, Rubí Laura Favor
103 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel Favor
104 Lujano Nicolás, Christian Martín Favor
105 Maawad Robert, Luis Xavier Ausente
106 Macías Zambrano, Gustavo Ausente
107 Madrazo Limón, Carlos Favor
108 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús Favor
109 Malagón Ríos, Martín Favor
110 Malcos Amaro, María Ofelia Gloria Favor
111 Maldonado González, David Favor
112 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María Favor
113 Martínez Valero, Dora Alicia Favor
114 Medellín Varela, Antonio Favor
115 Medina Macias, Alma Hilda Favor
116 Medina Rodríguez, Delber Ausente
117 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia Favor
118 Mejía García, Luis Alonso Ausente
119 Méndez Meneses, Apolonio Ausente
120 Mendoza Morales, Lucía Susana Favor
121 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel Ausente
122 Mollinedo Hernández, Agustín Favor
123 Monraz Ibarra, Miguel Ángel Ausente
124 Montes Sánchez, Fabián Fernando Ausente
125 Montiel Luis, Lariza Favor
126 Mora Cuevas, Marisol Favor
127 Morales Ramos, José Nicolás Favor
128 Morales Utrera, Mercedes Favor
129 Moreno Álvarez, Mario Eduardo Favor
130 Morgan Franco, Rocío del Carmen Favor
131 Muñoz Serrano, José Antonio Favor
132 Murillo Flores, Francisco Javier Favor
133 Murillo Torres, José Luis Favor
134 Navarro Sugich, Carlos Alberto Ausente
135 Nordhausen González, Jorge Rubén Favor
136 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves Favor
137 Olvera Higuera, Edgar Armando Favor
138 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto Favor
139 Ortega Martínez, María del Pilar Favor
140 Ortiz Hernández, Eduardo Favor
141 Ortiz Montoro, Sagrario María del Rosario Favor
142 Oviedo Oviedo, Ernesto Favor
143 Padilla Orozco, Raúl Alejandro Favor
144 Palafox Núñez, José Inés Favor
145 Paredes Rodríguez, Francisco Javier Ausente
146 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen Ausente
147 Parra Noriega, Luis Gustavo Ausente
148 Pérez de Tejada Romero, Diana Carolina Favor
149 Pérez Cuéllar, Cruz Favor
150 Peyrot Solís, Marco A. Favor
151 Plascencia Alonso, Francisco Javier Favor
152 Priego Tapia, Gerardo Favor
153 Pulido Pecero, Pedro Favor
154 Quintero Bello, Jorge Favor
155 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana Favor
156 Ramírez Barba, Ector Jaime Ausente
157 Ramírez Corral, Ivette Jacqueline Favor
158 Ramírez Pech, Edgar Martín Ausente
159 Ramírez Villarreal, Gustavo Favor
160 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel Favor
161 Reyes García, María Isabel Ausente
162 Reyes López, Carlos Armando Ausente
163 Rincón Vargas, Mirna Cecilia Ausente
164 Rivera Rivera, José Guadalupe Ausente
165 Rivero Rivero, Rolando Favor
166 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando Ausente
167 Rodríguez Jiménez, Ricardo Ausente
168 Rodríguez Montes, Bibiana Favor
169 Rodríguez Prats, Juan José Favor
170 Rodríguez Uresti, Enrique Favor
171 Rojas Hernández, Laura Angélica Favor
172 Román Isidoro, Demetrio Ausente
173 Romo Jiménez, Martha Angélica Ausente
174 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto Favor
175 Rueda Gómez, Francisco Favor
176 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto Favor
177 Salas Contreras, Marcos Favor
178 Salazar Anaya, María Guadalupe Favor
179 Salazar Madera, Mario Alberto Ausente
180 Salum del Palacio, Jorge Alejandro Favor
181 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio Favor
182 Sánchez Domínguez, Alejandro Ausente
183 Sánchez Gil, Carlos René Favor
184 Sánchez Juárez, Claudia Ausente
185 Sánchez Trujillo, José Víctor Ausente
186 Sandoval Munguia, Juan Manuel Favor
187 Serrato Castell, Luis Gerardo Ausente
188 Shej Guzmán Sara Favor
189 Solano Muñoz, José de Jesús Ausente
190 Stefanonni Mazzocco, Martín Favor
191 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette Favor
192 Torres Gómez, Artemio Favor
193 Torres Herrera, Víctor Manuel Favor
194 Torres Torres, Carlos Alberto Favor
195 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe Favor
196 Valladolid Rodríguez, Antonio Ausente
197 Vasconcelos Rueda, Antonio Favor
198 Vázquez Martínez, Alberto Favor
199 Vega Corona, Antonio Favor
200 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo Favor
201 Verástegui Ostos, César Augusto Ausente
202 Verdín Saldaña, Jaime Favor
203 Victoria Alva, Juan Ausente
204 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca Ausente
205 Villanueva Arjona, Juan Manuel Favor
206 Zambrano Elizondo, Javier Martín Favor
Favor: 148
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 58
Total: 206
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor Ausente
2 Alavez Ruiz, Aleida Ausente
3 Almazán González, José Antonio Ausente
4 Almonte Borja, Ramón Favor
5 Alonso Flores, Lourdes Favor
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos Ausente
8 Alva Olvera, Maribel Luisa Ausente
9 Álvarez Ramón, Silbestre Favor
10 Amaro Corona, Alberto Ausente
11 Aragón Castillo, Irene Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario Favor
14 Barreiro Pérez, Armando Ausente
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia Ausente
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana Favor
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh Favor
18 Brito González, Modesto Favor
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier Favor
20 Campos Aburto, Amador Favor
21 Cárdenas Hernández, Raymundo Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora Favor
23 Chávez García, Higinio Favor
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac Ausente
25 Contreras Julián, Maricela Ausente
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia Favor
27 Cuevas Córdova, Othón Favor
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix Favor
29 De la Rosa García, Juan Hugo Ausente
30 De la Rosa Milán, Pedro Ausente
31 De los Santos Molina, Joaquín Conrado Favor
32 Dehesa Mora, Daniel Favor
33 Del Toro , Mario Enrique Ausente
34 Díaz Contreras, Adriana Ausente
35 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz Ausente
36 Espejel Lazcano, Jaime Ausente
37 Fernández Balboa, Mónica Favor
38 Flores Maldonado, César Ausente
39 Flores Salazar, Guadalupe Socorro Ausente
40 Franco Melgarejo, Rafael Favor
41 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo Favor
42 García Rodríguez, Víctor Hugo Ausente
43 Garzón Contreras, Neftalí Ausente
44 Gil Ramírez, Moises Favor
45 González Garza, Javier Ausente
46 González Miranda, Facundo Favor
47 Guerra Ochoa, Juan Nicasio Ausente
48 Gutiérrez Calzadilla, José Luis Favor
49 Hernández Gaytán, Daisy Selene Ausente
50 Hernández Hernández, Sergio Favor
51 Hernández Manzanares, Javier Ausente
52 Hernández Silva, Benjamín Favor
53 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia Ausente
54 Jacques y Medina, José Ausente
55 Jiménez Valenzuela, María Eugenia Ausente
56 Landero López, Pedro Ausente
57 Lemarroy Martínez, Juan Dario Favor
58 Leyva Piñón, Ana Yurixi Favor
59 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel Favor
60 López Barriga, Erick Ausente
61 López Becerra, Santiago Favor
62 López Torres, María Soledad Ausente
63 Lozano Lozano, Andrés Ausente
64 Luna Munguía, Alma Lilia Ausente
65 Macedo Escartín, Miguel Ángel Ausente
66 Márquez Madrid, Camerino Eleazar Favor
67 Márquez Tinoco, Francisco Ausente
68 Martínez Hernández, Alejandro Ausente
69 Martínez Martínez, Carlos Roberto Favor
70 Martínez Padilla, Hugo Eduardo Favor
71 Martínez Vargas Octavio Ausente
72 Matías Alonso, Marcos Ausente
73 Matus Toledo, Holly Favor
74 Mayans Canabal, Fernando Favor
75 Mendoza Arellano, David Ausente
76 Mendoza Flores, Roberto Favor
77 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio Favor
78 Mendoza Mendoza, Irineo Favor
79 Monreal Ávila, Susana Ausente
80 Montalvo Rojas, Victorio Rubén Ausente
81 Morales Manzo, Jesús Ricardo Ausente
82 Morales Sánchez, Efraín Ausente
83 Morales Vázquez, Carlos Orsoe Ausente
84 Narcía Álvarez, Héctor Ausente
85 Navarro López, Carlos Ernesto Favor
86 Navarro Quintero, Miguel Ángel Favor
87 Ojeda Hernández, Concepción Favor
88 Orcí Martínez, Juan Adolfo Favor
89 Ortega Martínez, Antonio Favor
90 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia Ausente
91 Pacheco Llanes, Ramón Félix Favor
92 Pedraza Chávez, Isidro Ausente
93 Pedrozo Castillo, Adrián Ausente
94 Peña Sánchez, Miguel Ángel Favor
95 Pérez Cruz, Raciel Favor
96 Pérez Luna, Armando Ausente
97 Pérez Sánchez, Heriberto Favor
98 Pulido Santiago, Celso David Ausente
99 Ramos Castellanos, Martín Ausente
100 Rasgado Corsi, Gloria Ausente
101 Ríos Gamboa, Raúl Ausente
102 Romero Gutiérrez, Odilón Favor
103 Ruiz Sánchez, Salvador Ausente
104 Salinas Pérez, Josefina Ausente
105 Sánchez Barrios, Carlos Favor
106 Sánchez Cabrales, Rafael Elías Favor
107 Sánchez Camacho, Alejandro Ausente
108 Sánchez Camacho, David Favor
109 Sánchez Ramos, Francisco Favor
110 Sánchez Valdéz, Eva Angelina Ausente
111 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc Favor
112 Santos Arreola, Francisco Javier Ausente
113 Solares Chávez, Miguel Ángel Ausente
114 Soriano Sánchez, Rosa Elva Ausente
115 Soto Sánchez, Antonio Ausente
116 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso Favor
117 Torres Baltazar, María Elena Ausente
118 Torres García, Daniel Favor
119 Trejo Pérez, Pablo Ausente
120 Ulloa Pérez, Emilio Favor
121 Vallejo Estevez, Mario Favor
122 Varela López, Víctor Gabriel Favor
123 Villicaña García, Rafael Favor
124 Zavaleta Salgado, Ruth Favor
125 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto Favor
126 Zepeda Hernández, Martín Favor
Favor: 64
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 62
Total: 126
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico Favor
2 Aguilar , Diego Favor
3 Aguilar Solís, Samuel Ausente
4 Aispuro Torres, José Rosas Favor
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio Ausente
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo Favor
7 Amador Gaxiola, Daniel Favor
8 Amador Leal, Narcizo Alberto Ausente
9 Ayala Almeida, Joel Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto Favor
11 Barajas López, Ramón Favor
12 Barajas del Toro, Salvador Ausente
13 Barba Hernández, Alfredo Ausente
14 Beltrán Montes, Israel Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique Ausente
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio Ausente
17 Biebrich Torres, Carlos Armando Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis Ausente
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio Favor
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo Favor
22 Carballo Bustamante, Andrés Ausente
23 Cárdenas del Avellano, Enrique Ausente
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo Ausente
25 Cervantes Andrade, Raúl Favor
26 Colín Guadarrama, María Mercedes Favor
27 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías Ausente
28 De la Garza Treviño, Jorge Luis Favor
29 Díaz Athié, Antonio de Jesús Favor
30 Díaz Solorzano, Elmar Darinel Ausente
31 Domínguez Domínguez, Nemesio Ausente
32 Duarte Jáquez, César Favor
33 Escajeda Jiménez, José Rubén Favor
34 Escalante Jasso, Aracely Ausente
35 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías Favor
36 Estefan Chidiac, Charbel Jorge Ausente
37 Flores Sandoval, Patricio Favor
38 Fuentes Tellez, Octavio Ausente
39 Gamboa Patrón, Emilio Ausente
40 Garza Garza, Horacio Emigdio Ausente
41 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen Ausente
42 Gloria Requena, Tomás Ausente
43 González Calderón, Martha Hilda Ausente
44 González Salum, Miguel Ángel Ausente
45 González Zarur, Mariano Favor
46 Guerrero García, Javier Favor
47 Guerrero Juárez, Joel Ausente
48 Gurrión Matías, Daniel Favor
49 Herrera Ale, Juana Leticia Favor
50 Herrera Coyac, Wenceslao Favor
51 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando Favor
52 Lagunes Gallina, Gerardo Ausente
53 Lescieur Talavera, Jorge Mario Favor
54 López Balbuena, Guillermina Ausente
55 Madrid Tovilla, Areli Ausente
56 Martínez Rodríguez, Lorena Ausente
57 Martínez Rocha, Arturo Ausente
58 Méndez Lanz, Víctor Manuel Ausente
59 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso Ausente
60 Merodio Reza, Lilia Guadalupe Favor
61 Morales García, Elizabeth Favor
62 Mota Hernández, Adolfo Ausente
63 Murat, José Favor
64 Narváez Bravo, Hilda Areli Favor
65 Ojeda Camacho, Gilberto Ausente
66 Olivares Monterrubio, Alejandro Ausente
67 Olivares Ventura, Héctor Hugo Ausente
68 Ordaz Jiménez, Ismael Ausente
69 Orihuela Bárcenas, José Ascención Ausente
70 Ortega Tzitzihua, María Dolores Lucía Ausente
71 Ortiz del Carpio, Víctor Favor
72 Ortiz Proal, Mauricio Ausente
73 Padilla Gutiérrez, Héctor Favor
74 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz Ausente
75 Palma César, Víctor Samuel Ausente
76 Parás González, Juan Manuel Favor
77 Partida Guzmán, Martha Rocío Favor
78 Patrón Montalvo, Jesús Manuel Favor
79 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela Favor
80 Pérez Valdés, Daniel Ausente
81 Pinete Vargas, María del Carmen Ausente
82 Quiñones Canales, Lourdes Ausente
83 Ramírez Martínez, José Edmundo Ausente
84 Ramírez Stabros, Jesús Favor
85 Reyna García, José Jesús Favor
86 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo Ausente
87 Rivera Bedoya, Juan Francisco Ausente
88 Rivero Acosta, Miguel Favor
89 Rodríguez Martínez, Alicia Favor
90 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda Favor
91 Rojas Gutiérrez, Carlos Favor
92 Salas López, Ramón Favor
93 Sánchez Peñuelas, Salvador Favor
94 Sandoval Paredes, Sergio Ausente
95 Serrano Escobar, Enrique Favor
96 Sosa Castelán, Gerardo Ausente
97 Vargas Landeros, Gerardo Octavio Favor
98 Velasco Pérez, Juan Carlos Favor
99 Virgen Carrera, Víctor Manuel Favor
Favor: 47
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 52
Total: 99
CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan Ausente
2 Aguilera Rico, José Luis Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías Favor
4 Castellanos Hernández, Félix Favor
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús Favor
6 Chanona Burguete, Alejandro Ausente
7 Del Río Virgen, José Manuel Favor
8 Godoy Cárdenas, Jorge Favor
9 Melo Velázquez, José Francisco Favor
10 Ramos Becerril, Rafael Plácido Favor
11 Salvatori Bronca, María del Carmen Favor
12 Samperio Montaño, Juan Ignacio Ausente
13 Sansores San Román, Layda Elena Ausente
14 Tagle Martínez, Martha Angélica Favor
15 Uscanga Cruz, Robinson Ausente
16 Valdés Chávez, Ramón Ausente
17 Varela Lagunas, Tomás José Luis Ausente
18 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc Favor
Favor: 10
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 8
Total: 18
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio Ausente
2 Bellizzia Rosique, Pascual Ausente
3 Cobo Terrazas, Diego Favor
4 Elizondo Garrido, Francisco Favor
5 Estrada González, Faustino Javier Ausente
6 Lavara Mejía, Gloria Favor
7 López Adame, Antonio Xavier Ausente
8 Manrique Guevara, Beatriz Ausente
9 Notholt Guerrero, Alan Ausente
10 Portilla Diéguez, Manuel Ausente
11 Puente Salas, Carlos Alberto Favor
12 Ramírez Cerda, Ana María Favor
13 Ramírez Zollino, Andrea Geraldine Favor
14 Rodríguez Luis, Alejandro Ausente
15 Salgado Amador, Manuel Salvador Ausente
16 Sesma Suárez, Jesús Ausente
17 Velasco Rodríguez, Verónica Ausente
Favor: 6
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 11
Total: 17
PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén Ausente
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo Favor
3 Cantú Garza, Ricardo Favor
4 Cervantes Rivera, Jaime Ausente
5 Garay Ulloa, Silvano Ausente
6 Herrera Solís, Anuario Luis Ausente
7 Maciel Ortiz, María Mercedez Ausente
8 Peregrino García, Abundio Favor
9 Romero Guzmán, Rosa Elia Favor
10 Solís Parga, Rodolfo Ausente
11 Vela González, Joaquín Humberto Ausente
Favor: 4
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 7
Total: 11
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel Ausente
3 Castillo Nájera, Ariel Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto Ausente
6 Luna Becerril, Blanca Favor
7 Luna Rodríguez, Silvia Favor
8 Pérez Bolaños, Ana Elisa Favor
9 Piñeyro Arias, Irma Ausente
Favor: 5
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 9
PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina Favor
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe Favor
3 García Méndez, Armando Favor
4 Hernández Valadés, Delio Favor
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo Favor
Favor: 5
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 5
DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 López Lena Cruz, Humberto Favor
2 Ochoa López, Nabor Ausente
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 2
Del dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código de Comercio y de la Ley General de Sociedades Mercantiles (en lo general y en lo particular)
PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino Favor
2 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges Favor
3 Álvarez Bernal, María Elena Favor
4 Amezola Fonceca, Gerardo Favor
5 Antuna Batista, Fidel Favor
6 Aranda Orozco, Gerardo Favor
7 Arellano Arellano, Joel Favor
8 Arenas Guzmán, Margarita Favor
9 Argüelles Arellano, María del Consuelo Favor
10 Arizméndi Uribe, Efraín Favor
11 Armendáriz García, Pedro Favor
12 Arredondo Ibarra, Salvador Favor
13 Arredondo Velázquez, Jesús Favor
14 Ávila Mayo, Obdulio Ausente
15 Barradas Miravete, Gregorio Ausente
16 Barrios Rodríguez, Juan Enrique Favor
17 Bello Pérez, Alfonso Othón Favor
18 Berber Martínez, Antonio Favor
19 Beristáin Enríquez, Lucía Favor
20 Bernal Frausto, Federico Favor
21 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier Favor
22 Bracho González, Carlos Augusto Favor
23 Buganza Salmerón, Gerardo Ausente
24 Campos Galván, María Eugenia Ausente
25 Carbajal Méndez, Liliana Ausente
26 Cárdenas Sánchez, Esmeralda Ausente
27 Cardona Benavídez, Alma Xóchil Favor
28 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto Favor
29 Carrasco Cárdenas, Susana Sarahí Favor
30 Castaño Contreras, Cristián Favor
31 Castro de la Rosa, Osiel Ausente
32 Ceja Romero, Ramón Favor
33 Collado Lara, Beatriz Ausente
34 Contreras Coeto, José Luis Favor
35 Corral Aguilar, María Mercedes Ausente
36 Cuen Garibi, Marcela Ausente
37 Curiel Preciado, Leobardo Favor
38 Dávila Fernández, Adriana Ausente
39 Dávila García, Francisco Ausente
40 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio Favor
41 De la Torre Sánchez, José Ausente
42 De León Tello, Jesús Favor
43 Degante Romero, Silvia Emilia Ausente
44 Del Toro del Villar, Tomás Favor
45 Del Valle Toca, Antonio Ausente
46 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique Ausente
47 Denegre Vaught, Rosaura Favor
48 Díaz de León Torres, Leticia Ausente
49 Díaz García, José Antonio Favor
50 Díaz Garibay, Felipe Favor
51 Díaz Gordillo, Martha Cecilia Ausente
52 Díaz Mena, Joaquín Jesús Favor
53 Duck Núñez, Edgar Mauricio Ausente
54 Enríquez Flores, Armando Favor
55 Escaroz Soler, Gerardo Antonio Favor
56 Espinosa Piña, José Luis Favor
57 Félix Holguín, Armando Jesús Favor
58 Felton González, Carlos Eduardo Favor
59 Fernández Cabrera, Adrián Favor
60 Fernández Ugarte, Carmen Favor
61 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro Ausente
62 Flores Grande, Arturo Favor
63 Flores Morfín, Jesús Vicente Favor
64 Fraile García, Francisco Antonio Favor
65 Franco Cazarez, Ricardo Favor
66 Fuentes Ortiz, José Guillermo Ausente
67 Galván Valles, Rosa Elena Favor
68 García González, Carlos Alberto Ausente
69 García Müller, Martha Margarita Favor
70 García Reyes, Ángel Humberto Favor
71 García Reyes, Beatriz Eugenia Favor
72 García Vivián, Raúl Favor
73 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes Favor
74 González Betancourt, Jorge Justiniano Favor
75 González Martínez, María Gabriela Favor
76 González Morán, Martín Oscar Ausente
77 González Roaro, Benjamín Ernesto Ausente
78 González Ruiz, Felipe Favor
79 González Sánchez, María Dolores Ausente
80 Gudiño Ortiz, Francisco Javier Ausente
81 Guerrero Torres, José Gildardo Favor
82 Gutiérrez Aguilar, Miguel Ángel Favor
83 Gutiérrez Lagunes, María Victoria Favor
84 Hernández Núñez, Elia Ausente
85 Hurtado Pérez, Nelly Asunción Favor
86 Iragorri Durán, Enrique Ausente
87 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles Favor
88 Jiménez Ramos, María Esther Ausente
89 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia Favor
90 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar Favor
91 Landero Gutiérrez, Alejandro Favor
92 Landeros González, Ramón Favor
93 Lara Compeán, David Favor
94 Larios Córdova, Héctor Favor
95 Laviada Hernández, Íñigo Antonio Favor
96 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio Favor
97 Leura González, Agustín Favor
98 Limas Frescas, María Soledad Favor
99 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel Ausente
100 López Cisneros, José Martín Favor
101 López Reyna, Omeheira Favor
102 López Silva, Rubí Laura Favor
103 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel Favor
104 Lujano Nicolás, Christian Martín Favor
105 Maawad Robert, Luis Xavier Ausente
106 Macías Zambrano, Gustavo Ausente
107 Madrazo Limón, Carlos Favor
108 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús Favor
109 Malagón Ríos, Martín Favor
110 Malcos Amaro, María Ofelia Gloria Favor
111 Maldonado González, David Favor
112 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María Favor
113 Martínez Valero, Dora Alicia Favor
114 Medellín Varela, Antonio Favor
115 Medina Macias, Alma Hilda Ausente
116 Medina Rodríguez, Delber Ausente
117 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia Favor
118 Mejía García, Luis Alonso Favor
119 Méndez Meneses, Apolonio Favor
120 Mendoza Morales, Lucía Susana Favor
121 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel Ausente
122 Mollinedo Hernández, Agustín Favor
123 Monraz Ibarra, Miguel Ángel Ausente
124 Montes Sánchez, Fabián Fernando Ausente
125 Montiel Luis, Lariza Favor
126 Mora Cuevas, Marisol Favor
127 Morales Ramos, José Nicolás Favor
128 Morales Utrera, Mercedes Favor
129 Moreno Álvarez, Mario Eduardo Favor
130 Morgan Franco, Rocío del Carmen Favor
131 Muñoz Serrano, José Antonio Favor
132 Murillo Flores, Francisco Javier Favor
133 Murillo Torres, José Luis Favor
134 Navarro Sugich, Carlos Alberto Ausente
135 Nordhausen González, Jorge Rubén Favor
136 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves Favor
137 Olvera Higuera, Edgar Armando Favor
138 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto Favor
139 Ortega Martínez, María del Pilar Favor
140 Ortiz Hernández, Eduardo Favor
141 Ortiz Montoro, Sagrario María del Rosario Favor
142 Oviedo Oviedo, Ernesto Favor
143 Padilla Orozco, Raúl Alejandro Favor
144 Palafox Núñez, José Inés Favor
145 Paredes Rodríguez, Francisco Javier Ausente
146 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen Ausente
147 Parra Noriega, Luis Gustavo Ausente
148 Pérez de Tejada Romero, Diana Carolina Favor
149 Pérez Cuéllar, Cruz Favor
150 Peyrot Solís, Marco A. Favor
151 Plascencia Alonso, Francisco Javier Favor
152 Priego Tapia, Gerardo Favor
153 Pulido Pecero, Pedro Favor
154 Quintero Bello, Jorge Favor
155 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana Favor
156 Ramírez Barba, Ector Jaime Favor
157 Ramírez Corral, Ivette Jacqueline Favor
158 Ramírez Pech, Edgar Martín Favor
159 Ramírez Villarreal, Gustavo Favor
160 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel Favor
161 Reyes García, María Isabel Favor
162 Reyes López, Carlos Armando Ausente
163 Rincón Vargas, Mirna Cecilia Favor
164 Rivera Rivera, José Guadalupe Ausente
165 Rivero Rivero, Rolando Favor
166 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando Ausente
167 Rodríguez Jiménez, Ricardo Ausente
168 Rodríguez Montes, Bibiana Favor
169 Rodríguez Prats, Juan José Favor
170 Rodríguez Uresti, Enrique Favor
171 Rojas Hernández, Laura Angélica Favor
172 Román Isidoro, Demetrio Ausente
173 Romo Jiménez, Martha Angélica Favor
174 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto Favor
175 Rueda Gómez, Francisco Ausente
176 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto Favor
177 Salas Contreras, Marcos Favor
178 Salazar Anaya, María Guadalupe Favor
179 Salazar Madera, Mario Alberto Ausente
180 Salum del Palacio, Jorge Alejandro Favor
181 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio Favor
182 Sánchez Domínguez, Alejandro Ausente
183 Sánchez Gil, Carlos René Favor
184 Sánchez Juárez, Claudia Ausente
185 Sánchez Trujillo, José Víctor Ausente
186 Sandoval Munguia, Juan Manuel Favor
187 Serrato Castell, Luis Gerardo Ausente
188 Shej Guzmán Sara Favor
189 Solano Muñoz, José de Jesús Ausente
190 Stefanonni Mazzocco, Martín Favor
191 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette Favor
192 Torres Gómez, Artemio Favor
193 Torres Herrera, Víctor Manuel Favor
194 Torres Torres, Carlos Alberto Favor
195 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe Favor
196 Valladolid Rodríguez, Antonio Ausente
197 Vasconcelos Rueda, Antonio Ausente
198 Vázquez Martínez, Alberto Favor
199 Vega Corona, Antonio Favor
200 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo Favor
201 Verástegui Ostos, César Augusto Ausente
202 Verdín Saldaña, Jaime Favor
203 Victoria Alva, Juan Favor
204 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca Ausente
205 Villanueva Arjona, Juan Manuel Favor
206 Zambrano Elizondo, Javier Martín Favor
Favor: 149
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 57
Total: 206
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor Ausente
2 Alavez Ruiz, Aleida Ausente
3 Almazán González, José Antonio Ausente
4 Almonte Borja, Ramón Favor
5 Alonso Flores, Lourdes Ausente
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos Ausente
8 Alva Olvera, Maribel Luisa Ausente
9 Álvarez Ramón, Silbestre Ausente
10 Amaro Corona, Alberto Ausente
11 Aragón Castillo, Irene Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario Favor
14 Barreiro Pérez, Armando Ausente
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia Ausente
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana Favor
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh Favor
18 Brito González, Modesto Favor
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier Favor
20 Campos Aburto, Amador Favor
21 Cárdenas Hernández, Raymundo Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora Favor
23 Chávez García, Higinio Favor
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac Ausente
25 Contreras Julián, Maricela Ausente
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia Favor
27 Cuevas Córdova, Othón Favor
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix Ausente
29 De la Rosa García, Juan Hugo Favor
30 De la Rosa Milán, Pedro Ausente
31 De los Santos Molina, Joaquín Conrado Favor
32 Dehesa Mora, Daniel Ausente
33 Del Toro , Mario Enrique Ausente
34 Díaz Contreras, Adriana Ausente
35 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz Ausente
36 Espejel Lazcano, Jaime Favor
37 Fernández Balboa, Mónica Favor
38 Flores Maldonado, César Ausente
39 Flores Salazar, Guadalupe Socorro Ausente
40 Franco Melgarejo, Rafael Favor
41 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo Favor
42 García Rodríguez, Víctor Hugo Ausente
43 Garzón Contreras, Neftalí Favor
44 Gil Ramírez, Moises Favor
45 González Garza, Javier Favor
46 González Miranda, Facundo Favor
47 Guerra Ochoa, Juan Nicasio Ausente
48 Gutiérrez Calzadilla, José Luis Favor
49 Hernández Gaytán, Daisy Selene Favor
50 Hernández Hernández, Sergio Favor
51 Hernández Manzanares, Javier Ausente
52 Hernández Silva, Benjamín Ausente
53 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia Ausente
54 Jacques y Medina, José Ausente
55 Jiménez Valenzuela, María Eugenia Ausente
56 Landero López, Pedro Ausente
57 Lemarroy Martínez, Juan Dario Ausente
58 Leyva Piñón, Ana Yurixi Favor
59 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel Favor
60 López Barriga, Erick Ausente
61 López Becerra, Santiago Favor
62 López Torres, María Soledad Ausente
63 Lozano Lozano, Andrés Ausente
64 Luna Munguía, Alma Lilia Ausente
65 Macedo Escartín, Miguel Ángel Ausente
66 Márquez Madrid, Camerino Eleazar Favor
67 Márquez Tinoco, Francisco Ausente
68 Martínez Hernández, Alejandro Ausente
69 Martínez Martínez, Carlos Roberto Favor
70 Martínez Padilla, Hugo Eduardo Favor
71 Martínez Vargas Octavio Ausente
72 Matías Alonso, Marcos Ausente
73 Matus Toledo, Holly Favor
74 Mayans Canabal, Fernando Favor
75 Mendoza Arellano, David Ausente
76 Mendoza Flores, Roberto Ausente
77 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio Favor
78 Mendoza Mendoza, Irineo Favor
79 Monreal Ávila, Susana Ausente
80 Montalvo Rojas, Victorio Rubén Ausente
81 Morales Manzo, Jesús Ricardo Favor
82 Morales Sánchez, Efraín Ausente
83 Morales Vázquez, Carlos Orsoe Ausente
84 Narcía Álvarez, Héctor Ausente
85 Navarro López, Carlos Ernesto Favor
86 Navarro Quintero, Miguel Ángel Favor
87 Ojeda Hernández, Concepción Favor
88 Orcí Martínez, Juan Adolfo Ausente
89 Ortega Martínez, Antonio Favor
90 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia Favor
91 Pacheco Llanes, Ramón Félix Favor
92 Pedraza Chávez, Isidro Favor
93 Pedrozo Castillo, Adrián Ausente
94 Peña Sánchez, Miguel Ángel Favor
95 Pérez Cruz, Raciel Favor
96 Pérez Luna, Armando Ausente
97 Pérez Sánchez, Heriberto Favor
98 Pulido Santiago, Celso David Ausente
99 Ramos Castellanos, Martín Ausente
100 Rasgado Corsi, Gloria Ausente
101 Ríos Gamboa, Raúl Ausente
102 Romero Gutiérrez, Odilón Favor
103 Ruiz Sánchez, Salvador Ausente
104 Salinas Pérez, Josefina Ausente
105 Sánchez Barrios, Carlos Ausente
106 Sánchez Cabrales, Rafael Elías Favor
107 Sánchez Camacho, Alejandro Ausente
108 Sánchez Camacho, David Favor
109 Sánchez Ramos, Francisco Favor
110 Sánchez Valdéz, Eva Angelina Ausente
111 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc Favor
112 Santos Arreola, Francisco Javier Ausente
113 Solares Chávez, Miguel Ángel Ausente
114 Soriano Sánchez, Rosa Elva Ausente
115 Soto Sánchez, Antonio Ausente
116 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso Favor
117 Torres Baltazar, María Elena Ausente
118 Torres García, Daniel Favor
119 Trejo Pérez, Pablo Ausente
120 Ulloa Pérez, Emilio Favor
121 Vallejo Estevez, Mario Favor
122 Varela López, Víctor Gabriel Ausente
123 Villicaña García, Rafael Favor
124 Zavaleta Salgado, Ruth Favor
125 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto Favor
126 Zepeda Hernández, Martín Favor
Favor: 62
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 64
Total: 126
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico Ausente
2 Aguilar , Diego Favor
3 Aguilar Solís, Samuel Favor
4 Aispuro Torres, José Rosas Favor
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio Ausente
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo Favor
7 Amador Gaxiola, Daniel Favor
8 Amador Leal, Narcizo Alberto Ausente
9 Ayala Almeida, Joel Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto Favor
11 Barajas López, Ramón Favor
12 Barajas del Toro, Salvador Ausente
13 Barba Hernández, Alfredo Favor
14 Beltrán Montes, Israel Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique Ausente
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio Ausente
17 Biebrich Torres, Carlos Armando Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis Ausente
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio Favor
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo Favor
22 Carballo Bustamante, Andrés Ausente
23 Cárdenas del Avellano, Enrique Ausente
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo Ausente
25 Cervantes Andrade, Raúl Ausente
26 Colín Guadarrama, María Mercedes Ausente
27 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías Ausente
28 De la Garza Treviño, Jorge Luis Favor
29 Díaz Athié, Antonio de Jesús Favor
30 Díaz Solorzano, Elmar Darinel Ausente
31 Domínguez Domínguez, Nemesio Ausente
32 Duarte Jáquez, César Favor
33 Escajeda Jiménez, José Rubén Favor
34 Escalante Jasso, Aracely Ausente
35 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías Ausente
36 Estefan Chidiac, Charbel Jorge Ausente
37 Flores Sandoval, Patricio Favor
38 Fuentes Tellez, Octavio Ausente
39 Gamboa Patrón, Emilio Favor
40 Garza Garza, Horacio Emigdio Ausente
41 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen Ausente
42 Gloria Requena, Tomás Ausente
43 González Calderón, Martha Hilda Ausente
44 González Salum, Miguel Ángel Ausente
45 González Zarur, Mariano Favor
46 Guerrero García, Javier Favor
47 Guerrero Juárez, Joel Ausente
48 Gurrión Matías, Daniel Favor
49 Herrera Ale, Juana Leticia Favor
50 Herrera Coyac, Wenceslao Favor
51 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando Favor
52 Lagunes Gallina, Gerardo Ausente
53 Lescieur Talavera, Jorge Mario Favor
54 López Balbuena, Guillermina Ausente
55 Madrid Tovilla, Areli Ausente
56 Martínez Rodríguez, Lorena Ausente
57 Martínez Rocha, Arturo Ausente
58 Méndez Lanz, Víctor Manuel Ausente
59 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso Ausente
60 Merodio Reza, Lilia Guadalupe Favor
61 Morales García, Elizabeth Favor
62 Mota Hernández, Adolfo Ausente
63 Murat, José Favor
64 Narváez Bravo, Hilda Areli Favor
65 Ojeda Camacho, Gilberto Ausente
66 Olivares Monterrubio, Alejandro Ausente
67 Olivares Ventura, Héctor Hugo Ausente
68 Ordaz Jiménez, Ismael Ausente
69 Orihuela Bárcenas, José Ascención Favor
70 Ortega Tzitzihua, María Dolores Lucía Ausente
71 Ortiz del Carpio, Víctor Favor
72 Ortiz Proal, Mauricio Ausente
73 Padilla Gutiérrez, Héctor Ausente
74 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz Ausente
75 Palma César, Víctor Samuel Ausente
76 Parás González, Juan Manuel Favor
77 Partida Guzmán, Martha Rocío Favor
78 Patrón Montalvo, Jesús Manuel Favor
79 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela Favor
80 Pérez Valdés, Daniel Ausente
81 Pinete Vargas, María del Carmen Ausente
82 Quiñones Canales, Lourdes Ausente
83 Ramírez Martínez, José Edmundo Ausente
84 Ramírez Stabros, Jesús Favor
85 Reyna García, José Jesús Ausente
86 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo Ausente
87 Rivera Bedoya, Juan Francisco Ausente
88 Rivero Acosta, Miguel Favor
89 Rodríguez Martínez, Alicia Favor
90 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda Favor
91 Rojas Gutiérrez, Carlos Favor
92 Salas López, Ramón Favor
93 Sánchez Peñuelas, Salvador Favor
94 Sandoval Paredes, Sergio Ausente
95 Serrano Escobar, Enrique Favor
96 Sosa Castelán, Gerardo Ausente
97 Vargas Landeros, Gerardo Octavio Favor
98 Velasco Pérez, Juan Carlos Favor
99 Virgen Carrera, Víctor Manuel Favor
Favor: 45
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 54
Total: 99
CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan Ausente
2 Aguilera Rico, José Luis Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías Favor
4 Castellanos Hernández, Félix Favor
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús Favor
6 Chanona Burguete, Alejandro Ausente
7 Del Río Virgen, José Manuel Favor
8 Godoy Cárdenas, Jorge Favor
9 Melo Velázquez, José Francisco Favor
10 Ramos Becerril, Rafael Plácido Favor
11 Salvatori Bronca, María del Carmen Favor
12 Samperio Montaño, Juan Ignacio Ausente
13 Sansores San Román, Layda Elena Ausente
14 Tagle Martínez, Martha Angélica Favor
15 Uscanga Cruz, Robinson Ausente
16 Valdés Chávez, Ramón Ausente
17 Varela Lagunas, Tomás José Luis Favor
18 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc Favor
Favor: 11
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 7
Total: 18
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio Ausente
2 Bellizzia Rosique, Pascual Ausente
3 Cobo Terrazas, Diego Favor
4 Elizondo Garrido, Francisco Favor
5 Estrada González, Faustino Javier Ausente
6 Lavara Mejía, Gloria Favor
7 López Adame, Antonio Xavier Ausente
8 Manrique Guevara, Beatriz Ausente
9 Notholt Guerrero, Alan Ausente
10 Portilla Diéguez, Manuel Ausente
11 Puente Salas, Carlos Alberto Ausente
12 Ramírez Cerda, Ana María Favor
13 Ramírez Zollino, Andrea Geraldine Favor
14 Rodríguez Luis, Alejandro Ausente
15 Salgado Amador, Manuel Salvador Ausente
16 Sesma Suárez, Jesús Ausente
17 Velasco Rodríguez, Verónica Ausente
Favor: 5
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 12
Total: 17
PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén Ausente
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo Favor
3 Cantú Garza, Ricardo Ausente
4 Cervantes Rivera, Jaime Ausente
5 Garay Ulloa, Silvano Ausente
6 Herrera Solís, Anuario Luis Favor
7 Maciel Ortiz, María Mercedez Ausente
8 Peregrino García, Abundio Favor
9 Romero Guzmán, Rosa Elia Favor
10 Solís Parga, Rodolfo Ausente
11 Vela González, Joaquín Humberto Ausente
Favor: 4
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 7
Total: 11
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel Ausente
3 Castillo Nájera, Ariel Ausente
4 Dávila Esquivel, Humberto Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto Ausente
6 Luna Becerril, Blanca Ausente
7 Luna Rodríguez, Silvia Favor
8 Pérez Bolaños, Ana Elisa Favor
9 Piñeyro Arias, Irma Ausente
Favor: 3
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 6
Total: 9
PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina Ausente
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe Favor
3 García Méndez, Armando Favor
4 Hernández Valadés, Delio Favor
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo Favor
Favor: 4
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 5
DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 López Lena Cruz, Humberto Favor
2 Ochoa López, Nabor Ausente
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 2
Del dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 153 Bis, 153 Bis 1, 153 Bis 2, 153 Bis 3 y 153 Bis 4 al Título Cuarto, Capítulo VI, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y reforma el primer párrafo del artículo 414 del Código Penal Federal (en lo general y en lo particular)
PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino Favor
2 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges Favor
3 Álvarez Bernal, María Elena Favor
4 Amezola Fonceca, Gerardo Favor
5 Antuna Batista, Fidel Favor
6 Aranda Orozco, Gerardo Favor
7 Arellano Arellano, Joel Favor
8 Arenas Guzmán, Margarita Favor
9 Argüelles Arellano, María del Consuelo Favor
10 Arizméndi Uribe, Efraín Favor
11 Armendáriz García, Pedro Favor
12 Arredondo Ibarra, Salvador Favor
13 Arredondo Velázquez, Jesús Favor
14 Ávila Mayo, Obdulio Ausente
15 Barradas Miravete, Gregorio Ausente
16 Barrios Rodríguez, Juan Enrique Favor
17 Bello Pérez, Alfonso Othón Favor
18 Berber Martínez, Antonio Ausente
19 Beristáin Enríquez, Lucía Favor
20 Bernal Frausto, Federico Favor
21 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier Favor
22 Bracho González, Carlos Augusto Favor
23 Buganza Salmerón, Gerardo Favor
24 Campos Galván, María Eugenia Ausente
25 Carbajal Méndez, Liliana Ausente
26 Cárdenas Sánchez, Esmeralda Ausente
27 Cardona Benavídez, Alma Xóchil Favor
28 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto Ausente
29 Carrasco Cárdenas, Susana Sarahí Favor
30 Castaño Contreras, Cristián Favor
31 Castro de la Rosa, Osiel Ausente
32 Ceja Romero, Ramón Favor
33 Collado Lara, Beatriz Ausente
34 Contreras Coeto, José Luis Favor
35 Corral Aguilar, María Mercedes Ausente
36 Cuen Garibi, Marcela Ausente
37 Curiel Preciado, Leobardo Favor
38 Dávila Fernández, Adriana Ausente
39 Dávila García, Francisco Ausente
40 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio Favor
41 De la Torre Sánchez, José Ausente
42 De León Tello, Jesús Favor
43 Degante Romero, Silvia Emilia Ausente
44 Del Toro del Villar, Tomás Favor
45 Del Valle Toca, Antonio Ausente
46 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique Ausente
47 Denegre Vaught, Rosaura Favor
48 Díaz de León Torres, Leticia Ausente
49 Díaz García, José Antonio Favor
50 Díaz Garibay, Felipe Favor
51 Díaz Gordillo, Martha Cecilia Ausente
52 Díaz Mena, Joaquín Jesús Favor
53 Duck Núñez, Edgar Mauricio Ausente
54 Enríquez Flores, Armando Favor
55 Escaroz Soler, Gerardo Antonio Favor
56 Espinosa Piña, José Luis Favor
57 Félix Holguín, Armando Jesús Favor
58 Felton González, Carlos Eduardo Favor
59 Fernández Cabrera, Adrián Favor
60 Fernández Ugarte, Carmen Favor
61 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro Ausente
62 Flores Grande, Arturo Favor
63 Flores Morfín, Jesús Vicente Favor
64 Fraile García, Francisco Antonio Ausente
65 Franco Cazarez, Ricardo Favor
66 Fuentes Ortiz, José Guillermo Ausente
67 Galván Valles, Rosa Elena Favor
68 García González, Carlos Alberto Ausente
69 García Müller, Martha Margarita Favor
70 García Reyes, Ángel Humberto Favor
71 García Reyes, Beatriz Eugenia Favor
72 García Vivián, Raúl Favor
73 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes Favor
74 González Betancourt, Jorge Justiniano Favor
75 González Martínez, María Gabriela Favor
76 González Morán, Martín Oscar Ausente
77 González Roaro, Benjamín Ernesto Ausente
78 González Ruiz, Felipe Favor
79 González Sánchez, María Dolores Favor
80 Gudiño Ortiz, Francisco Javier Ausente
81 Guerrero Torres, José Gildardo Favor
82 Gutiérrez Aguilar, Miguel Ángel Favor
83 Gutiérrez Lagunes, María Victoria Favor
84 Hernández Núñez, Elia Ausente
85 Hurtado Pérez, Nelly Asunción Favor
86 Iragorri Durán, Enrique Ausente
87 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles Favor
88 Jiménez Ramos, María Esther Ausente
89 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia Favor
90 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar Favor
91 Landero Gutiérrez, Alejandro Favor
92 Landeros González, Ramón Favor
93 Lara Compeán, David Favor
94 Larios Córdova, Héctor Favor
95 Laviada Hernández, Íñigo Antonio Favor
96 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio Favor
97 Leura González, Agustín Ausente
98 Limas Frescas, María Soledad Favor
99 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel Ausente
100 López Cisneros, José Martín Favor
101 López Reyna, Omeheira Favor
102 López Silva, Rubí Laura Favor
103 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel Favor
104 Lujano Nicolás, Christian Martín Favor
105 Maawad Robert, Luis Xavier Ausente
106 Macías Zambrano, Gustavo Ausente
107 Madrazo Limón, Carlos Favor
108 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús Favor
109 Malagón Ríos, Martín Favor
110 Malcos Amaro, María Ofelia Gloria Favor
111 Maldonado González, David Favor
112 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María Favor
113 Martínez Valero, Dora Alicia Favor
114 Medellín Varela, Antonio Favor
115 Medina Macias, Alma Hilda Favor
116 Medina Rodríguez, Delber Ausente
117 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia Favor
118 Mejía García, Luis Alonso Favor
119 Méndez Meneses, Apolonio Favor
120 Mendoza Morales, Lucía Susana Favor
121 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel Ausente
122 Mollinedo Hernández, Agustín Favor
123 Monraz Ibarra, Miguel Ángel Ausente
124 Montes Sánchez, Fabián Fernando Ausente
125 Montiel Luis, Lariza Favor
126 Mora Cuevas, Marisol Favor
127 Morales Ramos, José Nicolás Ausente
128 Morales Utrera, Mercedes Favor
129 Moreno Álvarez, Mario Eduardo Favor
130 Morgan Franco, Rocío del Carmen Favor
131 Muñoz Serrano, José Antonio Favor
132 Murillo Flores, Francisco Javier Favor
133 Murillo Torres, José Luis Favor
134 Navarro Sugich, Carlos Alberto Ausente
135 Nordhausen González, Jorge Rubén Favor
136 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves Favor
137 Olvera Higuera, Edgar Armando Ausente
138 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto Favor
139 Ortega Martínez, María del Pilar Favor
140 Ortiz Hernández, Eduardo Ausente
141 Ortiz Montoro, Sagrario María del Rosario Favor
142 Oviedo Oviedo, Ernesto Favor
143 Padilla Orozco, Raúl Alejandro Favor
144 Palafox Núñez, José Inés Ausente
145 Paredes Rodríguez, Francisco Javier Ausente
146 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen Ausente
147 Parra Noriega, Luis Gustavo Ausente
148 Pérez de Tejada Romero, Diana Carolina Favor
149 Pérez Cuéllar, Cruz Ausente
150 Peyrot Solís, Marco A. Favor
151 Plascencia Alonso, Francisco Javier Favor
152 Priego Tapia, Gerardo Favor
153 Pulido Pecero, Pedro Favor
154 Quintero Bello, Jorge Favor
155 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana Favor
156 Ramírez Barba, Ector Jaime Favor
157 Ramírez Corral, Ivette Jacqueline Favor
158 Ramírez Pech, Edgar Martín Favor
159 Ramírez Villarreal, Gustavo Favor
160 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel Favor
161 Reyes García, María Isabel Favor
162 Reyes López, Carlos Armando Ausente
163 Rincón Vargas, Mirna Cecilia Favor
164 Rivera Rivera, José Guadalupe Ausente
165 Rivero Rivero, Rolando Favor
166 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando Ausente
167 Rodríguez Jiménez, Ricardo Ausente
168 Rodríguez Montes, Bibiana Favor
169 Rodríguez Prats, Juan José Favor
170 Rodríguez Uresti, Enrique Favor
171 Rojas Hernández, Laura Angélica Favor
172 Román Isidoro, Demetrio Ausente
173 Romo Jiménez, Martha Angélica Favor
174 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto Favor
175 Rueda Gómez, Francisco Ausente
176 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto Favor
177 Salas Contreras, Marcos Favor
178 Salazar Anaya, María Guadalupe Favor
179 Salazar Madera, Mario Alberto Ausente
180 Salum del Palacio, Jorge Alejandro Favor
181 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio Favor
182 Sánchez Domínguez, Alejandro Ausente
183 Sánchez Gil, Carlos René Favor
184 Sánchez Juárez, Claudia Ausente
185 Sánchez Trujillo, José Víctor Ausente
186 Sandoval Munguia, Juan Manuel Favor
187 Serrato Castell, Luis Gerardo Ausente
188 Shej Guzmán Sara Favor
189 Solano Muñoz, José de Jesús Ausente
190 Stefanonni Mazzocco, Martín Favor
191 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette Favor
192 Torres Gómez, Artemio Ausente
193 Torres Herrera, Víctor Manuel Favor
194 Torres Torres, Carlos Alberto Favor
195 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe Favor
196 Valladolid Rodríguez, Antonio Ausente
197 Vasconcelos Rueda, Antonio Ausente
198 Vázquez Martínez, Alberto Favor
199 Vega Corona, Antonio Favor
200 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo Favor
201 Verástegui Ostos, César Augusto Ausente
202 Verdín Saldaña, Jaime Favor
203 Victoria Alva, Juan Favor
204 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca Ausente
205 Villanueva Arjona, Juan Manuel Favor
206 Zambrano Elizondo, Javier Martín Favor
Favor: 142
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 64
Total: 206
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor Ausente
2 Alavez Ruiz, Aleida Ausente
3 Almazán González, José Antonio Ausente
4 Almonte Borja, Ramón Favor
5 Alonso Flores, Lourdes Ausente
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos Ausente
8 Alva Olvera, Maribel Luisa Ausente
9 Álvarez Ramón, Silbestre Ausente
10 Amaro Corona, Alberto Ausente
11 Aragón Castillo, Irene Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario Favor
14 Barreiro Pérez, Armando Ausente
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia Ausente
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana Favor
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh Favor
18 Brito González, Modesto Favor
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier Favor
20 Campos Aburto, Amador Favor
21 Cárdenas Hernández, Raymundo Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora Favor
23 Chávez García, Higinio Ausente
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac Ausente
25 Contreras Julián, Maricela Ausente
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia Favor
27 Cuevas Córdova, Othón Favor
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix Ausente
29 De la Rosa García, Juan Hugo Favor
30 De la Rosa Milán, Pedro Ausente
31 De los Santos Molina, Joaquín Conrado Favor
32 Dehesa Mora, Daniel Favor
33 Del Toro , Mario Enrique Ausente
34 Díaz Contreras, Adriana Ausente
35 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz Ausente
36 Espejel Lazcano, Jaime Favor
37 Fernández Balboa, Mónica Favor
38 Flores Maldonado, César Ausente
39 Flores Salazar, Guadalupe Socorro Ausente
40 Franco Melgarejo, Rafael Favor
41 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo Favor
42 García Rodríguez, Víctor Hugo Ausente
43 Garzón Contreras, Neftalí Favor
44 Gil Ramírez, Moises Favor
45 González Garza, Javier Ausente
46 González Miranda, Facundo Favor
47 Guerra Ochoa, Juan Nicasio Favor
48 Gutiérrez Calzadilla, José Luis Favor
49 Hernández Gaytán, Daisy Selene Favor
50 Hernández Hernández, Sergio Favor
51 Hernández Manzanares, Javier Ausente
52 Hernández Silva, Benjamín Ausente
53 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia Ausente
54 Jacques y Medina, José Ausente
55 Jiménez Valenzuela, María Eugenia Ausente
56 Landero López, Pedro Ausente
57 Lemarroy Martínez, Juan Dario Favor
58 Leyva Piñón, Ana Yurixi Favor
59 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel Favor
60 López Barriga, Erick Ausente
61 López Becerra, Santiago Favor
62 López Torres, María Soledad Ausente
63 Lozano Lozano, Andrés Ausente
64 Luna Munguía, Alma Lilia Ausente
65 Macedo Escartín, Miguel Ángel Ausente
66 Márquez Madrid, Camerino Eleazar Favor
67 Márquez Tinoco, Francisco Ausente
68 Martínez Hernández, Alejandro Ausente
69 Martínez Martínez, Carlos Roberto Favor
70 Martínez Padilla, Hugo Eduardo Favor
71 Martínez Vargas Octavio Ausente
72 Matías Alonso, Marcos Ausente
73 Matus Toledo, Holly Abstención
74 Mayans Canabal, Fernando Favor
75 Mendoza Arellano, David Ausente
76 Mendoza Flores, Roberto Ausente
77 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio Favor
78 Mendoza Mendoza, Irineo Favor
79 Monreal Ávila, Susana Ausente
80 Montalvo Rojas, Victorio Rubén Ausente
81 Morales Manzo, Jesús Ricardo Favor
82 Morales Sánchez, Efraín Ausente
83 Morales Vázquez, Carlos Orsoe Ausente
84 Narcía Álvarez, Héctor Ausente
85 Navarro López, Carlos Ernesto Favor
86 Navarro Quintero, Miguel Ángel Favor
87 Ojeda Hernández, Concepción Favor
88 Orcí Martínez, Juan Adolfo Ausente
89 Ortega Martínez, Antonio Ausente
90 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia Ausente
91 Pacheco Llanes, Ramón Félix Ausente
92 Pedraza Chávez, Isidro Favor
93 Pedrozo Castillo, Adrián Ausente
94 Peña Sánchez, Miguel Ángel Favor
95 Pérez Cruz, Raciel Ausente
96 Pérez Luna, Armando Ausente
97 Pérez Sánchez, Heriberto Favor
98 Pulido Santiago, Celso David Ausente
99 Ramos Castellanos, Martín Ausente
100 Rasgado Corsi, Gloria Ausente
101 Ríos Gamboa, Raúl Ausente
102 Romero Gutiérrez, Odilón Favor
103 Ruiz Sánchez, Salvador Ausente
104 Salinas Pérez, Josefina Favor
105 Sánchez Barrios, Carlos Ausente
106 Sánchez Cabrales, Rafael Elías Ausente
107 Sánchez Camacho, Alejandro Ausente
108 Sánchez Camacho, David Favor
109 Sánchez Ramos, Francisco Favor
110 Sánchez Valdéz, Eva Angelina Ausente
111 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc Favor
112 Santos Arreola, Francisco Javier Ausente
113 Solares Chávez, Miguel Ángel Ausente
114 Soriano Sánchez, Rosa Elva Ausente
115 Soto Sánchez, Antonio Ausente
116 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso Favor
117 Torres Baltazar, María Elena Ausente
118 Torres García, Daniel Favor
119 Trejo Pérez, Pablo Ausente
120 Ulloa Pérez, Emilio Favor
121 Vallejo Estevez, Mario Favor
122 Varela López, Víctor Gabriel Favor
123 Villicaña García, Rafael Favor
124 Zavaleta Salgado, Ruth Ausente
125 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto Favor
126 Zepeda Hernández, Martín Favor
Favor: 58
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 67
Total: 126
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico Ausente
2 Aguilar , Diego Favor
3 Aguilar Solís, Samuel Favor
4 Aispuro Torres, José Rosas Favor
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio Ausente
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo Favor
7 Amador Gaxiola, Daniel Favor
8 Amador Leal, Narcizo Alberto Ausente
9 Ayala Almeida, Joel Favor
10 Badillo Martínez, Roberto Favor
11 Barajas López, Ramón Favor
12 Barajas del Toro, Salvador Ausente
13 Barba Hernández, Alfredo Favor
14 Beltrán Montes, Israel Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique Ausente
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio Favor
17 Biebrich Torres, Carlos Armando Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis Ausente
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio Ausente
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo Favor
22 Carballo Bustamante, Andrés Ausente
23 Cárdenas del Avellano, Enrique Ausente
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo Ausente
25 Cervantes Andrade, Raúl Ausente
26 Colín Guadarrama, María Mercedes Ausente
27 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías Ausente
28 De la Garza Treviño, Jorge Luis Favor
29 Díaz Athié, Antonio de Jesús Favor
30 Díaz Solorzano, Elmar Darinel Ausente
31 Domínguez Domínguez, Nemesio Ausente
32 Duarte Jáquez, César Favor
33 Escajeda Jiménez, José Rubén Ausente
34 Escalante Jasso, Aracely Ausente
35 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías Ausente
36 Estefan Chidiac, Charbel Jorge Ausente
37 Flores Sandoval, Patricio Favor
38 Fuentes Tellez, Octavio Favor
39 Gamboa Patrón, Emilio Favor
40 Garza Garza, Horacio Emigdio Ausente
41 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen Ausente
42 Gloria Requena, Tomás Ausente
43 González Calderón, Martha Hilda Ausente
44 González Salum, Miguel Ángel Ausente
45 González Zarur, Mariano Favor
46 Guerrero García, Javier Favor
47 Guerrero Juárez, Joel Ausente
48 Gurrión Matías, Daniel Favor
49 Herrera Ale, Juana Leticia Favor
50 Herrera Coyac, Wenceslao Favor
51 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando Favor
52 Lagunes Gallina, Gerardo Ausente
53 Lescieur Talavera, Jorge Mario Favor
54 López Balbuena, Guillermina Ausente
55 Madrid Tovilla, Areli Ausente
56 Martínez Rodríguez, Lorena Ausente
57 Martínez Rocha, Arturo Ausente
58 Méndez Lanz, Víctor Manuel Ausente
59 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso Ausente
60 Merodio Reza, Lilia Guadalupe Favor
61 Morales García, Elizabeth Favor
62 Mota Hernández, Adolfo Ausente
63 Murat, José Ausente
64 Narváez Bravo, Hilda Areli Favor
65 Ojeda Camacho, Gilberto Ausente
66 Olivares Monterrubio, Alejandro Ausente
67 Olivares Ventura, Héctor Hugo Ausente
68 Ordaz Jiménez, Ismael Ausente
69 Orihuela Bárcenas, José Ascención Ausente
70 Ortega Tzitzihua, María Dolores Lucía Ausente
71 Ortiz del Carpio, Víctor Ausente
72 Ortiz Proal, Mauricio Ausente
73 Padilla Gutiérrez, Héctor Ausente
74 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz Ausente
75 Palma César, Víctor Samuel Favor
76 Parás González, Juan Manuel Favor
77 Partida Guzmán, Martha Rocío Favor
78 Patrón Montalvo, Jesús Manuel Favor
79 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela Favor
80 Pérez Valdés, Daniel Ausente
81 Pinete Vargas, María del Carmen Ausente
82 Quiñones Canales, Lourdes Ausente
83 Ramírez Martínez, José Edmundo Favor
84 Ramírez Stabros, Jesús Favor
85 Reyna García, José Jesús Favor
86 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo Ausente
87 Rivera Bedoya, Juan Francisco Ausente
88 Rivero Acosta, Miguel Favor
89 Rodríguez Martínez, Alicia Favor
90 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda Favor
91 Rojas Gutiérrez, Carlos Favor
92 Salas López, Ramón Favor
93 Sánchez Peñuelas, Salvador Favor
94 Sandoval Paredes, Sergio Ausente
95 Serrano Escobar, Enrique Favor
96 Sosa Castelán, Gerardo Ausente
97 Vargas Landeros, Gerardo Octavio Favor
98 Velasco Pérez, Juan Carlos Favor
99 Virgen Carrera, Víctor Manuel Favor
Favor: 46
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 53
Total: 99
CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan Ausente
2 Aguilera Rico, José Luis Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías Favor
4 Castellanos Hernández, Félix Favor
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús Favor
6 Chanona Burguete, Alejandro Ausente
7 Del Río Virgen, José Manuel Favor
8 Godoy Cárdenas, Jorge Favor
9 Melo Velázquez, José Francisco Favor
10 Ramos Becerril, Rafael Plácido Favor
11 Salvatori Bronca, María del Carmen Favor
12 Samperio Montaño, Juan Ignacio Ausente
13 Sansores San Román, Layda Elena Ausente
14 Tagle Martínez, Martha Angélica Favor
15 Uscanga Cruz, Robinson Ausente
16 Valdés Chávez, Ramón Ausente
17 Varela Lagunas, Tomás José Luis Favor
18 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc Favor
Favor: 11
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 7
Total: 18
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio Ausente
2 Bellizzia Rosique, Pascual Ausente
3 Cobo Terrazas, Diego Favor
4 Elizondo Garrido, Francisco Favor
5 Estrada González, Faustino Javier Ausente
6 Lavara Mejía, Gloria Favor
7 López Adame, Antonio Xavier Ausente
8 Manrique Guevara, Beatriz Ausente
9 Notholt Guerrero, Alan Ausente
10 Portilla Diéguez, Manuel Ausente
11 Puente Salas, Carlos Alberto Ausente
12 Ramírez Cerda, Ana María Favor
13 Ramírez Zollino, Andrea Geraldine Favor
14 Rodríguez Luis, Alejandro Ausente
15 Salgado Amador, Manuel Salvador Ausente
16 Sesma Suárez, Jesús Ausente
17 Velasco Rodríguez, Verónica Ausente
Favor: 5
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 12
Total: 17
PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén Ausente
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo Favor
3 Cantú Garza, Ricardo Ausente
4 Cervantes Rivera, Jaime Ausente
5 Garay Ulloa, Silvano Ausente
6 Herrera Solís, Anuario Luis Ausente
7 Maciel Ortiz, María Mercedez Favor
8 Peregrino García, Abundio Ausente
9 Romero Guzmán, Rosa Elia Favor
10 Solís Parga, Rodolfo Ausente
11 Vela González, Joaquín Humberto Ausente
Favor: 3
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 8
Total: 11
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel Ausente
3 Castillo Nájera, Ariel Ausente
4 Dávila Esquivel, Humberto Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto Ausente
6 Luna Becerril, Blanca Ausente
7 Luna Rodríguez, Silvia Favor
8 Pérez Bolaños, Ana Elisa Favor
9 Piñeyro Arias, Irma Ausente
Favor: 3
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 6
Total: 9
PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina Ausente
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe Favor
3 García Méndez, Armando Ausente
4 Hernández Valadés, Delio Ausente
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo Favor
Favor: 2
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 5
DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 López Lena Cruz, Humberto Favor
2 Ochoa López, Nabor Ausente
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 2
Del dictamen de la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social (en lo general y en lo particular los artículos no reservados)
PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino Favor
2 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges Favor
3 Álvarez Bernal, María Elena Favor
4 Amezola Fonceca, Gerardo Favor
5 Antuna Batista, Fidel Favor
6 Aranda Orozco, Gerardo Favor
7 Arellano Arellano, Joel Ausente
8 Arenas Guzmán, Margarita Favor
9 Argüelles Arellano, María del Consuelo Favor
10 Arizméndi Uribe, Efraín Favor
11 Armendáriz García, Pedro Favor
12 Arredondo Ibarra, Salvador Favor
13 Arredondo Velázquez, Jesús Favor
14 Ávila Mayo, Obdulio Ausente
15 Barradas Miravete, Gregorio Ausente
16 Barrios Rodríguez, Juan Enrique Favor
17 Bello Pérez, Alfonso Othón Ausente
18 Berber Martínez, Antonio Favor
19 Beristáin Enríquez, Lucía Favor
20 Bernal Frausto, Federico Favor
21 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier Ausente
22 Bracho González, Carlos Augusto Favor
23 Buganza Salmerón, Gerardo Ausente
24 Campos Galván, María Eugenia Ausente
25 Carbajal Méndez, Liliana Ausente
26 Cárdenas Sánchez, Esmeralda Ausente
27 Cardona Benavídez, Alma Xóchil Favor
28 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto Favor
29 Carrasco Cárdenas, Susana Sarahí Favor
30 Castaño Contreras, Cristián Favor
31 Castro de la Rosa, Osiel Ausente
32 Ceja Romero, Ramón Favor
33 Collado Lara, Beatriz Ausente
34 Contreras Coeto, José Luis Favor
35 Corral Aguilar, María Mercedes Ausente
36 Cuen Garibi, Marcela Ausente
37 Curiel Preciado, Leobardo Favor
38 Dávila Fernández, Adriana Ausente
39 Dávila García, Francisco Ausente
40 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio Favor
41 De la Torre Sánchez, José Ausente
42 De León Tello, Jesús Favor
43 Degante Romero, Silvia Emilia Ausente
44 Del Toro del Villar, Tomás Favor
45 Del Valle Toca, Antonio Favor
46 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique Ausente
47 Denegre Vaught, Rosaura Favor
48 Díaz de León Torres, Leticia Ausente
49 Díaz García, José Antonio Favor
50 Díaz Garibay, Felipe Favor
51 Díaz Gordillo, Martha Cecilia Ausente
52 Díaz Mena, Joaquín Jesús Favor
53 Duck Núñez, Edgar Mauricio Ausente
54 Enríquez Flores, Armando Favor
55 Escaroz Soler, Gerardo Antonio Favor
56 Espinosa Piña, José Luis Favor
57 Félix Holguín, Armando Jesús Favor
58 Felton González, Carlos Eduardo Favor
59 Fernández Cabrera, Adrián Favor
60 Fernández Ugarte, Carmen Favor
61 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro Ausente
62 Flores Grande, Arturo Favor
63 Flores Morfín, Jesús Vicente Favor
64 Fraile García, Francisco Antonio Ausente
65 Franco Cazarez, Ricardo Favor
66 Fuentes Ortiz, José Guillermo Ausente
67 Galván Valles, Rosa Elena Favor
68 García González, Carlos Alberto Favor
69 García Müller, Martha Margarita Favor
70 García Reyes, Ángel Humberto Favor
71 García Reyes, Beatriz Eugenia Favor
72 García Vivián, Raúl Favor
73 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes Ausente
74 González Betancourt, Jorge Justiniano Favor
75 González Martínez, María Gabriela Ausente
76 González Morán, Martín Oscar Ausente
77 González Roaro, Benjamín Ernesto Ausente
78 González Ruiz, Felipe Favor
79 González Sánchez, María Dolores Favor
80 Gudiño Ortiz, Francisco Javier Ausente
81 Guerrero Torres, José Gildardo Favor
82 Gutiérrez Aguilar, Miguel Ángel Favor
83 Gutiérrez Lagunes, María Victoria Favor
84 Hernández Núñez, Elia Ausente
85 Hurtado Pérez, Nelly Asunción Favor
86 Iragorri Durán, Enrique Ausente
87 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles Favor
88 Jiménez Ramos, María Esther Ausente
89 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia Favor
90 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar Favor
91 Landero Gutiérrez, Alejandro Favor
92 Landeros González, Ramón Favor
93 Lara Compeán, David Favor
94 Larios Córdova, Héctor Favor
95 Laviada Hernández, Íñigo Antonio Favor
96 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio Favor
97 Leura González, Agustín Favor
98 Limas Frescas, María Soledad Favor
99 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel Ausente
100 López Cisneros, José Martín Favor
101 López Reyna, Omeheira Favor
102 López Silva, Rubí Laura Favor
103 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel Favor
104 Lujano Nicolás, Christian Martín Favor
105 Maawad Robert, Luis Xavier Favor
106 Macías Zambrano, Gustavo Ausente
107 Madrazo Limón, Carlos Favor
108 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús Favor
109 Malagón Ríos, Martín Favor
110 Malcos Amaro, María Ofelia Gloria Favor
111 Maldonado González, David Favor
112 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María Favor
113 Martínez Valero, Dora Alicia Favor
114 Medellín Varela, Antonio Favor
115 Medina Macias, Alma Hilda Favor
116 Medina Rodríguez, Delber Ausente
117 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia Favor
118 Mejía García, Luis Alonso Favor
119 Méndez Meneses, Apolonio Favor
120 Mendoza Morales, Lucía Susana Favor
121 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel Ausente
122 Mollinedo Hernández, Agustín Ausente
123 Monraz Ibarra, Miguel Ángel Ausente
124 Montes Sánchez, Fabián Fernando Ausente
125 Montiel Luis, Lariza Favor
126 Mora Cuevas, Marisol Favor
127 Morales Ramos, José Nicolás Favor
128 Morales Utrera, Mercedes Favor
129 Moreno Álvarez, Mario Eduardo Favor
130 Morgan Franco, Rocío del Carmen Favor
131 Muñoz Serrano, José Antonio Favor
132 Murillo Flores, Francisco Javier Favor
133 Murillo Torres, José Luis Favor
134 Navarro Sugich, Carlos Alberto Ausente
135 Nordhausen González, Jorge Rubén Favor
136 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves Favor
137 Olvera Higuera, Edgar Armando Ausente
138 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto Favor
139 Ortega Martínez, María del Pilar Favor
140 Ortiz Hernández, Eduardo Favor
141 Ortiz Montoro, Sagrario María del Rosario Favor
142 Oviedo Oviedo, Ernesto Favor
143 Padilla Orozco, Raúl Alejandro Favor
144 Palafox Núñez, José Inés Ausente
145 Paredes Rodríguez, Francisco Javier Ausente
146 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen Ausente
147 Parra Noriega, Luis Gustavo Ausente
148 Pérez de Tejada Romero, Diana Carolina Favor
149 Pérez Cuéllar, Cruz Ausente
150 Peyrot Solís, Marco A. Favor
151 Plascencia Alonso, Francisco Javier Favor
152 Priego Tapia, Gerardo Favor
153 Pulido Pecero, Pedro Favor
154 Quintero Bello, Jorge Favor
155 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana Favor
156 Ramírez Barba, Ector Jaime Favor
157 Ramírez Corral, Ivette Jacqueline Favor
158 Ramírez Pech, Edgar Martín Favor
159 Ramírez Villarreal, Gustavo Favor
160 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel Favor
161 Reyes García, María Isabel Favor
162 Reyes López, Carlos Armando Ausente
163 Rincón Vargas, Mirna Cecilia Favor
164 Rivera Rivera, José Guadalupe Ausente
165 Rivero Rivero, Rolando Favor
166 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando Ausente
167 Rodríguez Jiménez, Ricardo Favor
168 Rodríguez Montes, Bibiana Favor
169 Rodríguez Prats, Juan José Favor
170 Rodríguez Uresti, Enrique Favor
171 Rojas Hernández, Laura Angélica Favor
172 Román Isidoro, Demetrio Ausente
173 Romo Jiménez, Martha Angélica Favor
174 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto Favor
175 Rueda Gómez, Francisco Ausente
176 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto Ausente
177 Salas Contreras, Marcos Favor
178 Salazar Anaya, María Guadalupe Favor
179 Salazar Madera, Mario Alberto Ausente
180 Salum del Palacio, Jorge Alejandro Favor
181 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio Favor
182 Sánchez Domínguez, Alejandro Ausente
183 Sánchez Gil, Carlos René Favor
184 Sánchez Juárez, Claudia Favor
185 Sánchez Trujillo, José Víctor Ausente
186 Sandoval Munguia, Juan Manuel Favor
187 Serrato Castell, Luis Gerardo Ausente
188 Shej Guzmán Sara Favor
189 Solano Muñoz, José de Jesús Ausente
190 Stefanonni Mazzocco, Martín Favor
191 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette Favor
192 Torres Gómez, Artemio Ausente
193 Torres Herrera, Víctor Manuel Favor
194 Torres Torres, Carlos Alberto Favor
195 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe Favor
196 Valladolid Rodríguez, Antonio Ausente
197 Vasconcelos Rueda, Antonio Ausente
198 Vázquez Martínez, Alberto Favor
199 Vega Corona, Antonio Favor
200 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo Favor
201 Verástegui Ostos, César Augusto Ausente
202 Verdín Saldaña, Jaime Favor
203 Victoria Alva, Juan Favor
204 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca Ausente
205 Villanueva Arjona, Juan Manuel Favor
206 Zambrano Elizondo, Javier Martín Favor
Favor: 144
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 62
Total: 206
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor Ausente
2 Alavez Ruiz, Aleida Ausente
3 Almazán González, José Antonio Ausente
4 Almonte Borja, Ramón Favor
5 Alonso Flores, Lourdes Ausente
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo Ausente
7 Altamirano Toledo, Carlos Ausente
8 Alva Olvera, Maribel Luisa Ausente
9 Álvarez Ramón, Silbestre Ausente
10 Amaro Corona, Alberto Ausente
11 Aragón Castillo, Irene Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario Favor
14 Barreiro Pérez, Armando Ausente
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia Ausente
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana Favor
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh Favor
18 Brito González, Modesto Favor
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier Favor
20 Campos Aburto, Amador Favor
21 Cárdenas Hernández, Raymundo Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora Favor
23 Chávez García, Higinio Ausente
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac Ausente
25 Contreras Julián, Maricela Ausente
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia Favor
27 Cuevas Córdova, Othón Favor
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix Ausente
29 De la Rosa García, Juan Hugo Favor
30 De la Rosa Milán, Pedro Ausente
31 De los Santos Molina, Joaquín Conrado Favor
32 Dehesa Mora, Daniel Favor
33 Del Toro , Mario Enrique Ausente
34 Díaz Contreras, Adriana Ausente
35 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz Ausente
36 Espejel Lazcano, Jaime Favor
37 Fernández Balboa, Mónica Favor
38 Flores Maldonado, César Ausente
39 Flores Salazar, Guadalupe Socorro Favor
40 Franco Melgarejo, Rafael Favor
41 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo Ausente
42 García Rodríguez, Víctor Hugo Ausente
43 Garzón Contreras, Neftalí Favor
44 Gil Ramírez, Moises Favor
45 González Garza, Javier Favor
46 González Miranda, Facundo Favor
47 Guerra Ochoa, Juan Nicasio Ausente
48 Gutiérrez Calzadilla, José Luis Favor
49 Hernández Gaytán, Daisy Selene Ausente
50 Hernández Hernández, Sergio Favor
51 Hernández Manzanares, Javier Ausente
52 Hernández Silva, Benjamín Ausente
53 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia Ausente
54 Jacques y Medina, José Ausente
55 Jiménez Valenzuela, María Eugenia Favor
56 Landero López, Pedro Ausente
57 Lemarroy Martínez, Juan Dario Favor
58 Leyva Piñón, Ana Yurixi Favor
59 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel Favor
60 López Barriga, Erick Ausente
61 López Becerra, Santiago Favor
62 López Torres, María Soledad Ausente
63 Lozano Lozano, Andrés Ausente
64 Luna Munguía, Alma Lilia Ausente
65 Macedo Escartín, Miguel Ángel Ausente
66 Márquez Madrid, Camerino Eleazar Favor
67 Márquez Tinoco, Francisco Ausente
68 Martínez Hernández, Alejandro Ausente
69 Martínez Martínez, Carlos Roberto Favor
70 Martínez Padilla, Hugo Eduardo Favor
71 Martínez Vargas Octavio Ausente
72 Matías Alonso, Marcos Ausente
73 Matus Toledo, Holly Favor
74 Mayans Canabal, Fernando Favor
75 Mendoza Arellano, David Ausente
76 Mendoza Flores, Roberto Ausente
77 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio Favor
78 Mendoza Mendoza, Irineo Favor
79 Monreal Ávila, Susana Ausente
80 Montalvo Rojas, Victorio Rubén Ausente
81 Morales Manzo, Jesús Ricardo Favor
82 Morales Sánchez, Efraín Ausente
83 Morales Vázquez, Carlos Orsoe Ausente
84 Narcía Álvarez, Héctor Ausente
85 Navarro López, Carlos Ernesto Favor
86 Navarro Quintero, Miguel Ángel Favor
87 Ojeda Hernández, Concepción Favor
88 Orcí Martínez, Juan Adolfo Ausente
89 Ortega Martínez, Antonio Favor
90 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia Favor
91 Pacheco Llanes, Ramón Félix Ausente
92 Pedraza Chávez, Isidro Ausente
93 Pedrozo Castillo, Adrián Favor
94 Peña Sánchez, Miguel Ángel Favor
95 Pérez Cruz, Raciel Favor
96 Pérez Luna, Armando Ausente
97 Pérez Sánchez, Heriberto Favor
98 Pulido Santiago, Celso David Ausente
99 Ramos Castellanos, Martín Ausente
100 Rasgado Corsi, Gloria Ausente
101 Ríos Gamboa, Raúl Ausente
102 Romero Gutiérrez, Odilón Favor
103 Ruiz Sánchez, Salvador Ausente
104 Salinas Pérez, Josefina Favor
105 Sánchez Barrios, Carlos Ausente
106 Sánchez Cabrales, Rafael Elías Favor
107 Sánchez Camacho, Alejandro Ausente
108 Sánchez Camacho, David Favor
109 Sánchez Ramos, Francisco Ausente
110 Sánchez Valdéz, Eva Angelina Ausente
111 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc Ausente
112 Santos Arreola, Francisco Javier Ausente
113 Solares Chávez, Miguel Ángel Ausente
114 Soriano Sánchez, Rosa Elva Ausente
115 Soto Sánchez, Antonio Ausente
116 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso Favor
117 Torres Baltazar, María Elena Ausente
118 Torres García, Daniel Favor
119 Trejo Pérez, Pablo Ausente
120 Ulloa Pérez, Emilio Favor
121 Vallejo Estevez, Mario Favor
122 Varela López, Víctor Gabriel Ausente
123 Villicaña García, Rafael Favor
124 Zavaleta Salgado, Ruth Favor
125 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto Favor
126 Zepeda Hernández, Martín Favor
Favor: 60
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 66
Total: 126
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico Favor
2 Aguilar , Diego Favor
3 Aguilar Solís, Samuel Favor
4 Aispuro Torres, José Rosas Favor
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio Ausente
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo Favor
7 Amador Gaxiola, Daniel Favor
8 Amador Leal, Narcizo Alberto Ausente
9 Ayala Almeida, Joel Favor
10 Badillo Martínez, Roberto Favor
11 Barajas López, Ramón Ausente
12 Barajas del Toro, Salvador Ausente
13 Barba Hernández, Alfredo Favor
14 Beltrán Montes, Israel Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique Ausente
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio Ausente
17 Biebrich Torres, Carlos Armando Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis Ausente
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio Favor
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo Favor
22 Carballo Bustamante, Andrés Ausente
23 Cárdenas del Avellano, Enrique Ausente
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo Ausente
25 Cervantes Andrade, Raúl Ausente
26 Colín Guadarrama, María Mercedes Favor
27 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías Ausente
28 De la Garza Treviño, Jorge Luis Favor
29 Díaz Athié, Antonio de Jesús Favor
30 Díaz Solorzano, Elmar Darinel Ausente
31 Domínguez Domínguez, Nemesio Ausente
32 Duarte Jáquez, César Favor
33 Escajeda Jiménez, José Rubén Favor
34 Escalante Jasso, Aracely Ausente
35 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías Ausente
36 Estefan Chidiac, Charbel Jorge Ausente
37 Flores Sandoval, Patricio Favor
38 Fuentes Tellez, Octavio Favor
39 Gamboa Patrón, Emilio Favor
40 Garza Garza, Horacio Emigdio Ausente
41 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen Ausente
42 Gloria Requena, Tomás Ausente
43 González Calderón, Martha Hilda Ausente
44 González Salum, Miguel Ángel Ausente
45 González Zarur, Mariano Favor
46 Guerrero García, Javier Favor
47 Guerrero Juárez, Joel Ausente
48 Gurrión Matías, Daniel Favor
49 Herrera Ale, Juana Leticia Favor
50 Herrera Coyac, Wenceslao Favor
51 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando Favor
52 Lagunes Gallina, Gerardo Ausente
53 Lescieur Talavera, Jorge Mario Favor
54 López Balbuena, Guillermina Ausente
55 Madrid Tovilla, Areli Ausente
56 Martínez Rodríguez, Lorena Favor
57 Martínez Rocha, Arturo Ausente
58 Méndez Lanz, Víctor Manuel Ausente
59 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso Ausente
60 Merodio Reza, Lilia Guadalupe Favor
61 Morales García, Elizabeth Favor
62 Mota Hernández, Adolfo Ausente
63 Murat, José Ausente
64 Narváez Bravo, Hilda Areli Favor
65 Ojeda Camacho, Gilberto Ausente
66 Olivares Monterrubio, Alejandro Ausente
67 Olivares Ventura, Héctor Hugo Favor
68 Ordaz Jiménez, Ismael Ausente
69 Orihuela Bárcenas, José Ascención Ausente
70 Ortega Tzitzihua, María Dolores Lucía Ausente
71 Ortiz del Carpio, Víctor Favor
72 Ortiz Proal, Mauricio Ausente
73 Padilla Gutiérrez, Héctor Ausente
74 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz Ausente
75 Palma César, Víctor Samuel Ausente
76 Parás González, Juan Manuel Favor
77 Partida Guzmán, Martha Rocío Favor
78 Patrón Montalvo, Jesús Manuel Favor
79 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela Favor
80 Pérez Valdés, Daniel Ausente
81 Pinete Vargas, María del Carmen Ausente
82 Quiñones Canales, Lourdes Ausente
83 Ramírez Martínez, José Edmundo Favor
84 Ramírez Stabros, Jesús Favor
85 Reyna García, José Jesús Ausente
86 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo Favor
87 Rivera Bedoya, Juan Francisco Ausente
88 Rivero Acosta, Miguel Favor
89 Rodríguez Martínez, Alicia Ausente
90 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda Favor
91 Rojas Gutiérrez, Carlos Favor
92 Salas López, Ramón Favor
93 Sánchez Peñuelas, Salvador Favor
94 Sandoval Paredes, Sergio Ausente
95 Serrano Escobar, Enrique Favor
96 Sosa Castelán, Gerardo Ausente
97 Vargas Landeros, Gerardo Octavio Favor
98 Velasco Pérez, Juan Carlos Favor
99 Virgen Carrera, Víctor Manuel Favor
Favor: 49
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 50
Total: 99
CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan Favor
2 Aguilera Rico, José Luis Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías Favor
4 Castellanos Hernández, Félix Favor
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús Favor
6 Chanona Burguete, Alejandro Ausente
7 Del Río Virgen, José Manuel Favor
8 Godoy Cárdenas, Jorge Favor
9 Melo Velázquez, José Francisco Favor
10 Ramos Becerril, Rafael Plácido Favor
11 Salvatori Bronca, María del Carmen Favor
12 Samperio Montaño, Juan Ignacio Ausente
13 Sansores San Román, Layda Elena Favor
14 Tagle Martínez, Martha Angélica Favor
15 Uscanga Cruz, Robinson Ausente
16 Valdés Chávez, Ramón Ausente
17 Varela Lagunas, Tomás José Luis Favor
18 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc Favor
Favor: 13
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 5
Total: 18
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio Ausente
2 Bellizzia Rosique, Pascual Ausente
3 Cobo Terrazas, Diego Favor
4 Elizondo Garrido, Francisco Favor
5 Estrada González, Faustino Javier Ausente
6 Lavara Mejía, Gloria Favor
7 López Adame, Antonio Xavier Ausente
8 Manrique Guevara, Beatriz Ausente
9 Notholt Guerrero, Alan Ausente
10 Portilla Diéguez, Manuel Ausente
11 Puente Salas, Carlos Alberto Ausente
12 Ramírez Cerda, Ana María Ausente
13 Ramírez Zollino, Andrea Geraldine Favor
14 Rodríguez Luis, Alejandro Ausente
15 Salgado Amador, Manuel Salvador Ausente
16 Sesma Suárez, Jesús Ausente
17 Velasco Rodríguez, Verónica Ausente
Favor: 4
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 13
Total: 17
PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén Ausente
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo Ausente
3 Cantú Garza, Ricardo Ausente
4 Cervantes Rivera, Jaime Ausente
5 Garay Ulloa, Silvano Ausente
6 Herrera Solís, Anuario Luis Favor
7 Maciel Ortiz, María Mercedez Favor
8 Peregrino García, Abundio Ausente
9 Romero Guzmán, Rosa Elia Favor
10 Solís Parga, Rodolfo Ausente
11 Vela González, Joaquín Humberto Ausente
Favor: 3
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 8
Total: 11
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel Favor
3 Castillo Nájera, Ariel Ausente
4 Dávila Esquivel, Humberto Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto Ausente
6 Luna Becerril, Blanca Ausente
7 Luna Rodríguez, Silvia Favor
8 Pérez Bolaños, Ana Elisa Favor
9 Piñeyro Arias, Irma Ausente
Favor: 4
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 5
Total: 9
PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina Ausente
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe Favor
3 García Méndez, Armando Ausente
4 Hernández Valadés, Delio Ausente
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo Favor
Favor: 2
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 5
DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 López Lena Cruz, Humberto Favor
2 Ochoa López, Nabor Ausente
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 2
Del dictamen de la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social (en lo particular, los artículos 237 D, 237 F primer y tercer párrafos y 237 I, reservados, en sus términos)
PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino Favor
2 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges Favor
3 Álvarez Bernal, María Elena Favor
4 Amezola Fonceca, Gerardo Favor
5 Antuna Batista, Fidel Favor
6 Aranda Orozco, Gerardo Favor
7 Arellano Arellano, Joel Ausente
8 Arenas Guzmán, Margarita Favor
9 Argüelles Arellano, María del Consuelo Favor
10 Arizméndi Uribe, Efraín Favor
11 Armendáriz García, Pedro Favor
12 Arredondo Ibarra, Salvador Favor
13 Arredondo Velázquez, Jesús Favor
14 Ávila Mayo, Obdulio Favor
15 Barradas Miravete, Gregorio Favor
16 Barrios Rodríguez, Juan Enrique Favor
17 Bello Pérez, Alfonso Othón Favor
18 Berber Martínez, Antonio Favor
19 Beristáin Enríquez, Lucía Favor
20 Bernal Frausto, Federico Favor
21 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier Ausente
22 Bracho González, Carlos Augusto Favor
23 Buganza Salmerón, Gerardo Favor
24 Campos Galván, María Eugenia Ausente
25 Carbajal Méndez, Liliana Ausente
26 Cárdenas Sánchez, Esmeralda Ausente
27 Cardona Benavídez, Alma Xóchil Favor
28 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto Favor
29 Carrasco Cárdenas, Susana Sarahí Favor
30 Castaño Contreras, Cristián Favor
31 Castro de la Rosa, Osiel Ausente
32 Ceja Romero, Ramón Favor
33 Collado Lara, Beatriz Ausente
34 Contreras Coeto, José Luis Favor
35 Corral Aguilar, María Mercedes Ausente
36 Cuen Garibi, Marcela Ausente
37 Curiel Preciado, Leobardo Favor
38 Dávila Fernández, Adriana Ausente
39 Dávila García, Francisco Ausente
40 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio Favor
41 De la Torre Sánchez, José Ausente
42 De León Tello, Jesús Ausente
43 Degante Romero, Silvia Emilia Ausente
44 Del Toro del Villar, Tomás Favor
45 Del Valle Toca, Antonio Favor
46 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique Ausente
47 Denegre Vaught, Rosaura Favor
48 Díaz de León Torres, Leticia Ausente
49 Díaz García, José Antonio Favor
50 Díaz Garibay, Felipe Favor
51 Díaz Gordillo, Martha Cecilia Ausente
52 Díaz Mena, Joaquín Jesús Favor
53 Duck Núñez, Edgar Mauricio Ausente
54 Enríquez Flores, Armando Favor
55 Escaroz Soler, Gerardo Antonio Favor
56 Espinosa Piña, José Luis Favor
57 Félix Holguín, Armando Jesús Favor
58 Felton González, Carlos Eduardo Ausente
59 Fernández Cabrera, Adrián Favor
60 Fernández Ugarte, Carmen Ausente
61 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro Favor
62 Flores Grande, Arturo Favor
63 Flores Morfín, Jesús Vicente Favor
64 Fraile García, Francisco Antonio Favor
65 Franco Cazarez, Ricardo Favor
66 Fuentes Ortiz, José Guillermo Ausente
67 Galván Valles, Rosa Elena Favor
68 García González, Carlos Alberto Ausente
69 García Müller, Martha Margarita Favor
70 García Reyes, Ángel Humberto Ausente
71 García Reyes, Beatriz Eugenia Favor
72 García Vivián, Raúl Favor
73 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes Ausente
74 González Betancourt, Jorge Justiniano Favor
75 González Martínez, María Gabriela Favor
76 González Morán, Martín Oscar Ausente
77 González Roaro, Benjamín Ernesto Favor
78 González Ruiz, Felipe Favor
79 González Sánchez, María Dolores Favor
80 Gudiño Ortiz, Francisco Javier Ausente
81 Guerrero Torres, José Gildardo Favor
82 Gutiérrez Aguilar, Miguel Ángel Favor
83 Gutiérrez Lagunes, María Victoria Favor
84 Hernández Núñez, Elia Ausente
85 Hurtado Pérez, Nelly Asunción Favor
86 Iragorri Durán, Enrique Ausente
87 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles Favor
88 Jiménez Ramos, María Esther Ausente
89 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia Favor
90 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar Favor
91 Landero Gutiérrez, Alejandro Favor
92 Landeros González, Ramón Favor
93 Lara Compeán, David Favor
94 Larios Córdova, Héctor Favor
95 Laviada Hernández, Íñigo Antonio Favor
96 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio Favor
97 Leura González, Agustín Favor
98 Limas Frescas, María Soledad Favor
99 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel Ausente
100 López Cisneros, José Martín Favor
101 López Reyna, Omeheira Favor
102 López Silva, Rubí Laura Favor
103 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel Favor
104 Lujano Nicolás, Christian Martín Ausente
105 Maawad Robert, Luis Xavier Favor
106 Macías Zambrano, Gustavo Ausente
107 Madrazo Limón, Carlos Favor
108 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús Favor
109 Malagón Ríos, Martín Favor
110 Malcos Amaro, María Ofelia Gloria Favor
111 Maldonado González, David Ausente
112 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María Ausente
113 Martínez Valero, Dora Alicia Favor
114 Medellín Varela, Antonio Favor
115 Medina Macias, Alma Hilda Ausente
116 Medina Rodríguez, Delber Ausente
117 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia Ausente
118 Mejía García, Luis Alonso Favor
119 Méndez Meneses, Apolonio Favor
120 Mendoza Morales, Lucía Susana Favor
121 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel Ausente
122 Mollinedo Hernández, Agustín Ausente
123 Monraz Ibarra, Miguel Ángel Ausente
124 Montes Sánchez, Fabián Fernando Ausente
125 Montiel Luis, Lariza Favor
126 Mora Cuevas, Marisol Ausente
127 Morales Ramos, José Nicolás Ausente
128 Morales Utrera, Mercedes Favor
129 Moreno Álvarez, Mario Eduardo Ausente
130 Morgan Franco, Rocío del Carmen Favor
131 Muñoz Serrano, José Antonio Favor
132 Murillo Flores, Francisco Javier Favor
133 Murillo Torres, José Luis Favor
134 Navarro Sugich, Carlos Alberto Ausente
135 Nordhausen González, Jorge Rubén Favor
136 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves Favor
137 Olvera Higuera, Edgar Armando Ausente
138 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto Favor
139 Ortega Martínez, María del Pilar Favor
140 Ortiz Hernández, Eduardo Favor
141 Ortiz Montoro, Sagrario María del Rosario Favor
142 Oviedo Oviedo, Ernesto Favor
143 Padilla Orozco, Raúl Alejandro Favor
144 Palafox Núñez, José Inés Ausente
145 Paredes Rodríguez, Francisco Javier Ausente
146 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen Ausente
147 Parra Noriega, Luis Gustavo Ausente
148 Pérez de Tejada Romero, Diana Carolina Favor
149 Pérez Cuéllar, Cruz Ausente
150 Peyrot Solís, Marco A. Favor
151 Plascencia Alonso, Francisco Javier Favor
152 Priego Tapia, Gerardo Favor
153 Pulido Pecero, Pedro Favor
154 Quintero Bello, Jorge Favor
155 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana Favor
156 Ramírez Barba, Ector Jaime Favor
157 Ramírez Corral, Ivette Jacqueline Favor
158 Ramírez Pech, Edgar Martín Favor
159 Ramírez Villarreal, Gustavo Favor
160 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel Favor
161 Reyes García, María Isabel Favor
162 Reyes López, Carlos Armando Ausente
163 Rincón Vargas, Mirna Cecilia Favor
164 Rivera Rivera, José Guadalupe Ausente
165 Rivero Rivero, Rolando Favor
166 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando Ausente
167 Rodríguez Jiménez, Ricardo Favor
168 Rodríguez Montes, Bibiana Favor
169 Rodríguez Prats, Juan José Favor
170 Rodríguez Uresti, Enrique Favor
171 Rojas Hernández, Laura Angélica Favor
172 Román Isidoro, Demetrio Ausente
173 Romo Jiménez, Martha Angélica Favor
174 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto Favor
175 Rueda Gómez, Francisco Favor
176 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto Favor
177 Salas Contreras, Marcos Ausente
178 Salazar Anaya, María Guadalupe Favor
179 Salazar Madera, Mario Alberto Ausente
180 Salum del Palacio, Jorge Alejandro Ausente
181 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio Favor
182 Sánchez Domínguez, Alejandro Ausente
183 Sánchez Gil, Carlos René Favor
184 Sánchez Juárez, Claudia Ausente
185 Sánchez Trujillo, José Víctor Ausente
186 Sandoval Munguia, Juan Manuel Favor
187 Serrato Castell, Luis Gerardo Ausente
188 Shej Guzmán Sara Favor
189 Solano Muñoz, José de Jesús Ausente
190 Stefanonni Mazzocco, Martín Favor
191 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette Favor
192 Torres Gómez, Artemio Ausente
193 Torres Herrera, Víctor Manuel Favor
194 Torres Torres, Carlos Alberto Favor
195 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe Favor
196 Valladolid Rodríguez, Antonio Ausente
197 Vasconcelos Rueda, Antonio Ausente
198 Vázquez Martínez, Alberto Favor
199 Vega Corona, Antonio Favor
200 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo Favor
201 Verástegui Ostos, César Augusto Ausente
202 Verdín Saldaña, Jaime Favor
203 Victoria Alva, Juan Favor
204 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca Ausente
205 Villanueva Arjona, Juan Manuel Favor
206 Zambrano Elizondo, Javier Martín Favor
Favor: 138
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 68
Total: 206
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor Ausente
2 Alavez Ruiz, Aleida Ausente
3 Almazán González, José Antonio Ausente
4 Almonte Borja, Ramón Ausente
5 Alonso Flores, Lourdes Favor
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo Ausente
7 Altamirano Toledo, Carlos Ausente
8 Alva Olvera, Maribel Luisa Ausente
9 Álvarez Ramón, Silbestre Ausente
10 Amaro Corona, Alberto Ausente
11 Aragón Castillo, Irene Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario Ausente
14 Barreiro Pérez, Armando Ausente
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia Ausente
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana Favor
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh Favor
18 Brito González, Modesto Ausente
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier Favor
20 Campos Aburto, Amador Favor
21 Cárdenas Hernández, Raymundo Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora Favor
23 Chávez García, Higinio Ausente
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac Ausente
25 Contreras Julián, Maricela Ausente
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia Favor
27 Cuevas Córdova, Othón Favor
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix Favor
29 De la Rosa García, Juan Hugo Favor
30 De la Rosa Milán, Pedro Ausente
31 De los Santos Molina, Joaquín Conrado Favor
32 Dehesa Mora, Daniel Favor
33 Del Toro , Mario Enrique Ausente
34 Díaz Contreras, Adriana Favor
35 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz Ausente
36 Espejel Lazcano, Jaime Favor
37 Fernández Balboa, Mónica Favor
38 Flores Maldonado, César Ausente
39 Flores Salazar, Guadalupe Socorro Favor
40 Franco Melgarejo, Rafael Ausente
41 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo Favor
42 García Rodríguez, Víctor Hugo Ausente
43 Garzón Contreras, Neftalí Favor
44 Gil Ramírez, Moises Favor
45 González Garza, Javier Favor
46 González Miranda, Facundo Favor
47 Guerra Ochoa, Juan Nicasio Favor
48 Gutiérrez Calzadilla, José Luis Favor
49 Hernández Gaytán, Daisy Selene Favor
50 Hernández Hernández, Sergio Favor
51 Hernández Manzanares, Javier Ausente
52 Hernández Silva, Benjamín Ausente
53 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia Favor
54 Jacques y Medina, José Ausente
55 Jiménez Valenzuela, María Eugenia Ausente
56 Landero López, Pedro Ausente
57 Lemarroy Martínez, Juan Dario Ausente
58 Leyva Piñón, Ana Yurixi Favor
59 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel Favor
60 López Barriga, Erick Ausente
61 López Becerra, Santiago Favor
62 López Torres, María Soledad Ausente
63 Lozano Lozano, Andrés Ausente
64 Luna Munguía, Alma Lilia Ausente
65 Macedo Escartín, Miguel Ángel Ausente
66 Márquez Madrid, Camerino Eleazar Ausente
67 Márquez Tinoco, Francisco Ausente
68 Martínez Hernández, Alejandro Ausente
69 Martínez Martínez, Carlos Roberto Favor
70 Martínez Padilla, Hugo Eduardo Favor
71 Martínez Vargas Octavio Ausente
72 Matías Alonso, Marcos Ausente
73 Matus Toledo, Holly Favor
74 Mayans Canabal, Fernando Favor
75 Mendoza Arellano, David Ausente
76 Mendoza Flores, Roberto Ausente
77 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio Favor
78 Mendoza Mendoza, Irineo Favor
79 Monreal Ávila, Susana Favor
80 Montalvo Rojas, Victorio Rubén Ausente
81 Morales Manzo, Jesús Ricardo Ausente
82 Morales Sánchez, Efraín Ausente
83 Morales Vázquez, Carlos Orsoe Ausente
84 Narcía Álvarez, Héctor Ausente
85 Navarro López, Carlos Ernesto Favor
86 Navarro Quintero, Miguel Ángel Favor
87 Ojeda Hernández, Concepción Favor
88 Orcí Martínez, Juan Adolfo Ausente
89 Ortega Martínez, Antonio Favor
90 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia Ausente
91 Pacheco Llanes, Ramón Félix Ausente
92 Pedraza Chávez, Isidro Ausente
93 Pedrozo Castillo, Adrián Favor
94 Peña Sánchez, Miguel Ángel Ausente
95 Pérez Cruz, Raciel Ausente
96 Pérez Luna, Armando Ausente
97 Pérez Sánchez, Heriberto Favor
98 Pulido Santiago, Celso David Ausente
99 Ramos Castellanos, Martín Favor
100 Rasgado Corsi, Gloria Ausente
101 Ríos Gamboa, Raúl Ausente
102 Romero Gutiérrez, Odilón Ausente
103 Ruiz Sánchez, Salvador Ausente
104 Salinas Pérez, Josefina Favor
105 Sánchez Barrios, Carlos Favor
106 Sánchez Cabrales, Rafael Elías Ausente
107 Sánchez Camacho, Alejandro Ausente
108 Sánchez Camacho, David Favor
109 Sánchez Ramos, Francisco Ausente
110 Sánchez Valdéz, Eva Angelina Ausente
111 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc Favor
112 Santos Arreola, Francisco Javier Ausente
113 Solares Chávez, Miguel Ángel Favor
114 Soriano Sánchez, Rosa Elva Ausente
115 Soto Sánchez, Antonio Favor
116 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso Favor
117 Torres Baltazar, María Elena Ausente
118 Torres García, Daniel Favor
119 Trejo Pérez, Pablo Ausente
120 Ulloa Pérez, Emilio Favor
121 Vallejo Estevez, Mario Favor
122 Varela López, Víctor Gabriel Favor
123 Villicaña García, Rafael Favor
124 Zavaleta Salgado, Ruth Favor
125 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto Ausente
126 Zepeda Hernández, Martín Favor
Favor: 60
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 66
Total: 126
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico Favor
2 Aguilar , Diego Favor
3 Aguilar Solís, Samuel Ausente
4 Aispuro Torres, José Rosas Favor
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio Ausente
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo Ausente
7 Amador Gaxiola, Daniel Ausente
8 Amador Leal, Narcizo Alberto Favor
9 Ayala Almeida, Joel Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto Ausente
11 Barajas López, Ramón Ausente
12 Barajas del Toro, Salvador Ausente
13 Barba Hernández, Alfredo Favor
14 Beltrán Montes, Israel Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique Ausente
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio Ausente
17 Biebrich Torres, Carlos Armando Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis Ausente
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio Favor
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo Favor
22 Carballo Bustamante, Andrés Ausente
23 Cárdenas del Avellano, Enrique Ausente
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo Ausente
25 Cervantes Andrade, Raúl Ausente
26 Colín Guadarrama, María Mercedes Favor
27 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías Ausente
28 De la Garza Treviño, Jorge Luis Ausente
29 Díaz Athié, Antonio de Jesús Favor
30 Díaz Solorzano, Elmar Darinel Ausente
31 Domínguez Domínguez, Nemesio Ausente
32 Duarte Jáquez, César Favor
33 Escajeda Jiménez, José Rubén Contra
34 Escalante Jasso, Aracely Ausente
35 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías Ausente
36 Estefan Chidiac, Charbel Jorge Ausente
37 Flores Sandoval, Patricio Favor
38 Fuentes Tellez, Octavio Ausente
39 Gamboa Patrón, Emilio Favor
40 Garza Garza, Horacio Emigdio Ausente
41 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen Ausente
42 Gloria Requena, Tomás Ausente
43 González Calderón, Martha Hilda Ausente
44 González Salum, Miguel Ángel Ausente
45 González Zarur, Mariano Favor
46 Guerrero García, Javier Ausente
47 Guerrero Juárez, Joel Ausente
48 Gurrión Matías, Daniel Ausente
49 Herrera Ale, Juana Leticia Favor
50 Herrera Coyac, Wenceslao Favor
51 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando Favor
52 Lagunes Gallina, Gerardo Ausente
53 Lescieur Talavera, Jorge Mario Favor
54 López Balbuena, Guillermina Ausente
55 Madrid Tovilla, Areli Ausente
56 Martínez Rodríguez, Lorena Ausente
57 Martínez Rocha, Arturo Ausente
58 Méndez Lanz, Víctor Manuel Ausente
59 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso Ausente
60 Merodio Reza, Lilia Guadalupe Favor
61 Morales García, Elizabeth Favor
62 Mota Hernández, Adolfo Ausente
63 Murat, José Ausente
64 Narváez Bravo, Hilda Areli Favor
65 Ojeda Camacho, Gilberto Ausente
66 Olivares Monterrubio, Alejandro Favor
67 Olivares Ventura, Héctor Hugo Ausente
68 Ordaz Jiménez, Ismael Ausente
69 Orihuela Bárcenas, José Ascención Ausente
70 Ortega Tzitzihua, María Dolores Lucía Ausente
71 Ortiz del Carpio, Víctor Ausente
72 Ortiz Proal, Mauricio Ausente
73 Padilla Gutiérrez, Héctor Ausente
74 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz Ausente
75 Palma César, Víctor Samuel Favor
76 Parás González, Juan Manuel Favor
77 Partida Guzmán, Martha Rocío Favor
78 Patrón Montalvo, Jesús Manuel Favor
79 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela Favor
80 Pérez Valdés, Daniel Ausente
81 Pinete Vargas, María del Carmen Ausente
82 Quiñones Canales, Lourdes Ausente
83 Ramírez Martínez, José Edmundo Favor
84 Ramírez Stabros, Jesús Ausente
85 Reyna García, José Jesús Contra
86 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo Ausente
87 Rivera Bedoya, Juan Francisco Ausente
88 Rivero Acosta, Miguel Favor
89 Rodríguez Martínez, Alicia Favor
90 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda Ausente
91 Rojas Gutiérrez, Carlos Ausente
92 Salas López, Ramón Contra
93 Sánchez Peñuelas, Salvador Favor
94 Sandoval Paredes, Sergio Ausente
95 Serrano Escobar, Enrique Ausente
96 Sosa Castelán, Gerardo Ausente
97 Vargas Landeros, Gerardo Octavio Favor
98 Velasco Pérez, Juan Carlos Favor
99 Virgen Carrera, Víctor Manuel Favor
Favor: 34
Contra: 3
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 62
Total: 99
CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan Ausente
2 Aguilera Rico, José Luis Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías Favor
4 Castellanos Hernández, Félix Favor
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús Favor
6 Chanona Burguete, Alejandro Ausente
7 Del Río Virgen, José Manuel Favor
8 Godoy Cárdenas, Jorge Ausente
9 Melo Velázquez, José Francisco Favor
10 Ramos Becerril, Rafael Plácido Favor
11 Salvatori Bronca, María del Carmen Favor
12 Samperio Montaño, Juan Ignacio Ausente
13 Sansores San Román, Layda Elena Favor
14 Tagle Martínez, Martha Angélica Ausente
15 Uscanga Cruz, Robinson Ausente
16 Valdés Chávez, Ramón Ausente
17 Varela Lagunas, Tomás José Luis Ausente
18 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc Ausente
Favor: 8
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 10
Total: 18
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio Ausente
2 Bellizzia Rosique, Pascual Ausente
3 Cobo Terrazas, Diego Ausente
4 Elizondo Garrido, Francisco Ausente
5 Estrada González, Faustino Javier Ausente
6 Lavara Mejía, Gloria Favor
7 López Adame, Antonio Xavier Ausente
8 Manrique Guevara, Beatriz Ausente
9 Notholt Guerrero, Alan Ausente
10 Portilla Diéguez, Manuel Ausente
11 Puente Salas, Carlos Alberto Favor
12 Ramírez Cerda, Ana María Ausente
13 Ramírez Zollino, Andrea Geraldine Favor
14 Rodríguez Luis, Alejandro Ausente
15 Salgado Amador, Manuel Salvador Ausente
16 Sesma Suárez, Jesús Ausente
17 Velasco Rodríguez, Verónica Ausente
Favor: 3
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 14
Total: 17
PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén Ausente
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo Favor
3 Cantú Garza, Ricardo Ausente
4 Cervantes Rivera, Jaime Ausente
5 Garay Ulloa, Silvano Ausente
6 Herrera Solís, Anuario Luis Ausente
7 Maciel Ortiz, María Mercedez Ausente
8 Peregrino García, Abundio Ausente
9 Romero Guzmán, Rosa Elia Favor
10 Solís Parga, Rodolfo Ausente
11 Vela González, Joaquín Humberto Favor
Favor: 3
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 8
Total: 11
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel Ausente
3 Castillo Nájera, Ariel Ausente
4 Dávila Esquivel, Humberto Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto Ausente
6 Luna Becerril, Blanca Ausente
7 Luna Rodríguez, Silvia Favor
8 Pérez Bolaños, Ana Elisa Favor
9 Piñeyro Arias, Irma Ausente
Favor: 3
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 6
Total: 9
PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina Ausente
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe Ausente
3 García Méndez, Armando Ausente
4 Hernández Valadés, Delio Ausente
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo Favor
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 5
DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 López Lena Cruz, Humberto Ausente
2 Ochoa López, Nabor Ausente
Favor: 0
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 2