SUMARIO

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Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente.

¿Falta algún legislador o legisladora de pasar lista de asistencia? Hay una asistencia de 36 legisladores, señor presidente, por lo que se declara que hay quórum.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña(12:01 horas): Muchas gracias, señor secretario. Se abre la sesión al haber quórum. Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: Se va a dar lectura al orden del día.

El senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, señor secretario. Sí dígame usted, señor senador.

El senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez(desde la curul): En virtud de que los legisladores tenemos repartido el documento que está siendo leído por el secretario, pediría a usted si puede dispensarse de lectura.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Atendemos su propuesta. Pido a la Secretaría, en votación económica, pregunte a la asamblea si se obvia la lectura en virtud de que ha sido ya publicada y repartida a todas las señoras y señores senadores y diputados.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se solicita a la asamblea si se dispensa de lectura el orden del día. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Los que estén por la negativa. Abstenciones.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

«Comisión Permanente.— Primer Receso.— Primer Año de Ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 22 de diciembre de 2009.

Lectura del acta de la sesión de instalación.

Comunicaciones

De los diputados Anel Patricia Nava Pérez, Laura Elena Ledesma Romo, Mariana Ivette Ezeta Salcedo, Ana María Rojas Ruiz, Carolina García Cañón, Álvaro Raymundo Vargas Sáenz, Oralia López Hernández, Julián Francisco Velázquez y Llorente y María Elena Perla López Loyo.

Acuerdo que establece los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de la Comisión Permanente que funcionará durante el primer receso del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura.

Acuerdo para la integración de las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente, que funcionarán durante el Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXI Legislatura.

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Oficio de la Secretaría de la Función Pública

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

Oficio del congreso del estado de Puebla

Con el que remite acuerdo por el que solicita al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, declaren el Estado Libre y Soberano de Puebla como “Puebla, sitio histórico donde se inició la Revolución Mexicana”.

Oficio de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras

Con el que remite el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera directa en México, correspondiente al periodo enero-septiembre de 2009.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Armando Antonio Aguilar Ruibal pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario del Reino de España en Los Cabos, con circunscripción consular en el estado de Baja California Sur. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Óscar Ernesto de la Fuente Groskorth pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Malta en la Ciudad de México, con circunscripción consular en toda la República Mexicana. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Pedro Ramírez Campuzano pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Ucrania en la ciudad de Tijuana, con circunscripción consular en el estado de Baja California. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Blanca Flor López de Jesús, Gustavo Adolfo Rangel Guerrero y Diana Plotnik Golcman puedan prestar servicios en las Embajadas de Dinamarca, de Noruega y de Israel, en México, respectivamente. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Elena Patiño Vázquez, Alejandro García García, Edgar Sánchez Ladrón de Guevara y César Yamil Palozzi Moras puedan prestar servicios en los consulados de estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León; Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Lilia Gallegos Gómora, Carlos Ernesto Silva Torres y Luzana Álvarez Mitre puedan prestar servicios en la Embajada de Canadá en México y en los Consulados de los Estados Unidos de América en Nogales, Sonora, y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente, e informa que los ciudadanos Víctor Manuel Vélez Santiago, Jesús Castillejos Coutiño y José Manuel Hernández López han dejado de prestar servicios a gobiernos extranjeros. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Fernando Rojas Camarillo, J. Rodolfo Álvarez Rincón, Johan Osiris Moreno García y Gustavo del Carmen Sánchez, puedan prestar servicios en la Embajada de Chile en México. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jorge Humberto Pastor Gómez pueda aceptar y usar la condecoración honorífica de Interfuerzas del Estado Mayor de la Defensa Italiana, que le otorga la Marina Militar del Gobierno de la República Italiana. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Raymundo Pedro Morales Ángeles pueda aceptar y usar la Medalla Especial y la Cinta que le otorga la Junta Interamericana de Defensa de la Organización de Estados Americanos. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Eduardo Redondo Arámburo pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Naval, en grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República de Chile. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Víctor Manuel Alarcón Daowz pueda aceptar y usar la Medalla al Servicio Meritorio, que le otorga el Gobierno de Estados Unidos de América. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Alejandro González Palomeque, Carlos Alberto Cristerna Sánchez, Yuriko Sabrina Gancedo Aoki y Francisco Sánchez Rodríguez puedan prestar servicios en las Embajadas de Estados Unidos de América y de la República de Corea en México. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Margarita Mercado Osorio, Pascale Marie José Schwab Jeannerat, Marcela Domínguez Hernández y Georgina Domínguez Hernández puedan prestar servicios en las Embajadas de Israel, de Bélgica y de la República de Corea en México, respectivamente; Perla Fabiola Arizmendi Hernández, Sergio Antonio Luján Plaza, y Santos Gabriel Guerrero Dávila puedan prestar servicios en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nogales, Sonora. (Turno a Comisión)

Cinco, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.

Iniciativas

Que adiciona un artículo 2 Bis a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrito por el diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrito por diputados de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 13 y deroga el 14 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, a cargo del senador Adolfo Jesús Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, suscrita por la senadora Emma Lucía Larios Gaxiola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 12, 25, 33 y 75 de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para evitar prácticas abusivas de carga de adeudos en depósitos bancarios de salarios, pensiones y de otras prestaciones de carácter laboral, suscrito por los senadores Ramiro Hernández García y Carlos Jiménez Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con relación al Programa Integral Ambiental Fronterizo, suscrito por la diputada Laura Elena Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir lo necesario a efecto de que los precios públicos de las gasolinas, diesel, diesel marino, gas LP y natural, y el servicio de suministro de energía eléctrica, tanto doméstica como industrial, se mantengan en los niveles que actualmente registran, a cargo del senador Rogelio Rueda Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados a dictaminar el Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4 y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 constitucional, y a ampliar el turno a la Comisión de Juventud y Deporte para que emita su opinión al respecto, suscrito por la diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al Instituto Mexicano del Petróleo que emita una opinión técnica en relación con las tecnologías implementadas en el proyecto Chicontepec y para que se cite a comparecer a su titular y al Director General de Pemex Exploración y Producción, para que expliquen la viabilidad del proyecto, asimismo, para que la ASF incluya en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2009 una revisión de desempeño al mismo, a cargo de la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz y suscrito por la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, referente a las cumbres de la ONU sobre cambio climático, a cargo del diputado Juan José Guerra Abud, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para resarcir los daños causados por cajas de ahorro fraudulentas, suscrito por el senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a impulsar el establecimiento de una zona económica estratégica que abarque los estados de Baja California, Baja California Sur y el Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, a cargo del senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez y suscrito por legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se reconoce la iniciativa presentada el pasado 15 de diciembre, denominada Reforma Migratoria para la Seguridad y Prosperidad en América, como un primer paso para la consecución de una reforma migratoria integral por parte de congresistas estadounidenses, a cargo del senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al operativo militar efectuado por las fuerzas especiales de la Armada de México en la colonia Lomas de Selva, en Cuernavaca, Morelos, a cargo del senador José Guadarrama Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SFP y a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro que investiguen sobre el uso indebido de recursos públicos en la adquisición de bienes inmuebles por parte y a favor del ex gobernador Francisco Garrido Patrón, a cargo de la senadora María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de México a modificar su determinación respecto a la designación de Magistrados por parte del Poder Ejecutivo, suscrito por el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar y flexibilizar, a través de la Secretaría de Economía, las Reglas de Operación para el otorgamiento de Apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, suscrito por la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al asesinato de líder indígena Miguel Ángel Pérez Cazales, a cargo del senador José Guadarrama Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a incluir en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2009, una revisión especial al Sistema de Administración Tributaria, para evaluar el cumplimiento de metas y objetivos de los programas de auditorías fiscales a grandes contribuyentes, a cargo de la diputada Enoé Uranga Muñoz y suscrito por la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del IMSS a garantizar la prestación del servicio de guarderías o estancias infantiles en todo el país, según establece el artículo 123 constitucional, a cargo del senador Rubén Fernando Velázquez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con relación a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco versus los Estados Unidos Mexicanos, suscrito por la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al número, ubicación e integración accionaria de empresas comercializadoras y financieras que intervienen en la canalización de apoyos y subsidios al campo, así como respecto a la intervención de éstas en el proceso de adquisición de perecederos, coberturas financieras, cobro de comisiones y honorarios por prestación de servicios a los beneficiarios de dichos subsidios, suscrito la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cofepris la excepción al requisito de pasteurización de la leche en la elaboración del queso cotija, estableciendo mecanismos diversos para asegurar su inocuidad, a cargo del senador Jesús Garibay García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con relación a la periodicidad de las sesiones celebradas por la Comisión Permanente, a cargo del senador Jesús Garibay García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al cierre del ingenio azucarero en Los Mochis, Sinaloa, suscrito por el senador Mario López Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al cierre de guarderías en todo el país, suscrito por el senador Rubén Fernando Velázquez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en la integración de la Cocopa se considere a todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Agenda política

Comentarios sobre la intervención militar y policiaca en el estado de Morelos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios sobre lo suscitado hoy en el estado de Tabasco, a cargo del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios sobre las reformas aprobadas en materia de matrimonios entre personas del mismo sexo y la adopción de menores, a cargo del diputado Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado.Proceda la Secretaría a dar lectura al acta de la sesión de instalación.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Se va a dar lectura al acta de la sesión de instalación...

El senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, dígame usted.

El senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez(desde la curul): Pediríamos igual trámite para el documento que va a dar lectura la Secretaría.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias. Pido a la Secretaría someta a votación la propuesta a efecto de omitir la lectura del acta de instalación.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Se consulta a la asamblea si se dispensa de lectura al acta de la sesión de instalación. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la dispensa de lectura del acta de la sesión de instalación.

«Acta de la sesión de instalación de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles dieciséis de diciembre de dos mil nueve, correspondiente al Primer Receso del Primer año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.

Presidencia provisionaldiputado Óscar Martín Arce Paniagua

Conforme lo establece el artículo ciento dieciocho de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente designa como Secretarios provisionales a los siguientes diputados: Arturo Zamora Jiménez y Uriel López Paredes.

En el Salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de treinta y tres legisladores, a las doce horas con siete minutos del miércoles dieciséis de diciembre de dos mil nueve, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al artículo ciento veinte de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, posteriormente se aprueba el punto de acuerdo suscrito por los representantes de los grupos parlamentarios para elegir una vicepresidencia adicional de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura y en seguida se procede a la elección por cédula respectiva. Realizados el escrutinio y cómputo correspondientes, se elije por treinta y cuatro votos a favor, a los siguientes Legisladores: diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, como Presidente; diputados Óscar Martín Arce Paniagua, y Arturo Zamora Jiménez, como Vicepresidentes; senador Luis Alberto Villarreal García, senador Adolfo Jesús Toledo Infanzón, diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, y diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, como Secretarios, quienes a invitación del Presidente toman posesión de sus cargos.

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Ramírez Acuña

Puestos todos de pie, el Presidente declara:

“La Comisión Permanente que funcionará durante el Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso de la Unión se declara legalmente instalada”.

El Presidente designa comisiones protocolarias para participar la instalación de esta Comisión Permanente, al Presidente de la República y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Presidente levanta la sesión a las doce horas con veintidós minutos y cita para la que tendrá lugar el miércoles veintidós de diciembre de dos mil nueve a las once horas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa de lectura correspondiente. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta de la sesión anterior.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Está a discusión el acta de la sesión de instalación. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada el acta correspondiente.

ARTURO BELTRAN LEYVA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señoras y señores diputados y senadores, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena enérgicamente los hechos suscitados la madrugada de hoy en el ejido Quintín Arauz, de Villahermosa, Tabasco, en los que fueron asesinados la señora Irma Córdova Palma, Yolidabey Angulo Córdova, Josefa Angulo Flores y Benito Angulo Córdova, madre, hermana, tía y hermano del tercer maestre de las fuerzas especiales de la Secretaría de Marina, Melquisedet Angulo Córdova, quien falleciera en el cumplimiento de su deber el pasado 16 de diciembre del presente año.

A sus familiares y amigos, nuestras condolencias sentidas y solidaridad.

Expresamos nuestro total respaldo a las fuerzas que combaten al crimen organizado. Y manifestamos que estos hechos no deben ser motivo para amedrentar su tarea en el marco de la ley. Esta soberanía repudia los hechos de violencia y reitera su confianza en las instituciones de la República para salvaguardar el estado de derecho y condiciones de seguridad y justicia para todos los mexicanos.

Asimismo, exhortamos a las autoridades correspondientes a que se deslinden las responsabilidades del caso y se castigue a los responsables de tan artero crimen.

Sobre este punto ha solicitado el uso de la palabra el señor diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, a quien se le concede el uso de la misma.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con su permiso, señor presidente. Señores senadores y señoras senadoras; señores diputados y señoras diputadas, ésta es una lucha desigual. Ésta es una lucha donde no todos pierden lo mismo; pierden más los pobres, como la familia de Melquisedet. Pobres y desprotegidos. Pobres, después de que un miembro de su familia diera la vida en un enérgico combate, en un enérgico hecho de armas que terminó con la muerte de uno de los más importantes capos del crimen organizado.

Pero no todos pierden lo mismo. Los pobres pierden más. La sociedad civil pierde más. Quienes no cuentan con la protección debida pierden más. Esto es lo más lamentable de estos hechos.

Apenas hace unas cuantas horas, antes de su asesinato, eran entrevistados y gozaban de la precaria fama de que un familiar suyo hubiera dado la vida por todos nosotros, porque nosotros viviéramos mejor, porque nuestro gobierno hiciera mejor su trabajo. A ese familiar que pagó su servicio con su propia vida, hoy se suman además las muertes de su madre, de su hermana, de su cuñada y de su hermano.

Amigos y amigas, tal parece que estamos entrando a una carrera de horror, donde todos los días vemos algo más horrorizante, más espeluznante. Tal parece que no sólo enfrentamos, efectivamente, a las fuerzas del crimen organizado, sino a una maldad que no conoce límite.

Entonces, las preguntas obligadas para quienes formamos parte de los Poderes del Estado son: ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo tienen que ponerle límites?

Ha sido el presidente de la Mesa Directiva, y lo hemos suscrito todos los grupos parlamentarios, que apoyamos, respaldamos a las fuerzas del orden que combaten el crimen organizado y lo hemos hecho enérgica y decididamente, con más presupuesto, con mejores leyes, con más equipamiento.

El Poder Legislativo no ha dudado ni un segundo en dotar de todas las herramientas necesarias para el combate al crimen organizado. Y no lo dudará.

Estos hechos, los que ocurran todos los días, por más aterrorizantes que sean, no pueden intimidar ni a los legisladores ni a quienes tienen el combate frente a frente con estas fuerzas del desorden, con estas fuerzas que amenazan –esto lo demuestra– no solamente la estabilidad y la seguridad del Estado mexicano, sino la vida, la propia vida, la cotidiana vida de cada habitante de este país.

No podemos dudar en brindar este respaldo. No podemos dudar, amigos y amigas, en entregar lo que fuere necesario para que este combate continúe, pero eso no exenta que no pidamos también cuentas y claridad sobre cómo ese combate se produce.

Hoy más que nunca necesitamos saber cuáles son las fuerzas del orden con las que efectivamente contamos. Tenemos el derecho a saber cuáles son las razones por las que el Ejército y la Marina realizan acciones en determinadas áreas, más allá del ámbito en el que normalmente hemos visto su comportamiento.

Queremos ver y saber cuál es nuestra relación clara con los organismos internacionales y las agencias internacionales que colaboran con México y qué compromisos estamos asumiendo. Y si no queremos que hechos como los ocurridos en Tabasco se repitan, estimados amigos, tenemos que recordar aquella frase de Hemingway: las campanas no doblan hoy por la familia de Melquisedet; las campanas no doblan hoy por estos compañeros de Tabasco. Están doblando por todos nosotros.

El que piense que esta lucha es sólo del gobierno está equivocado. Y el que piense que esta lucha terminará con la captura de un solo personaje, está equivocado. Y el que piense que tenemos un momento para titubear, un momento para ceder, está equivocado.

Desde aquí, el Grupo Parlamentario del PRI respalda a las fuerzas que combaten al narcotráfico, exige al gobierno el deslinde de estos hechos y el castigo inmediato a quienes los cometieron, y exige al gobierno: ni un momento, ni un minuto de duda, ni un momento de amedrentarse. No es hora de recular, amigos; es hora de marchar hacia adelante. Es hora de exigir más y es hora de trabajar mejor.

No vamos, por el hecho de apoyar a las fuerzas del orden, a dejar de criticar su tarea. Hoy es por Melquisedet y su familia, y estar con él es por cada uno de nosotros y por nuestras propias familias. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Teresa Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, estamos ante una guerra sin cuartel que desde el gobierno federal se ha enderezado en contra del crimen organizado. Hemos visto operativos en Chihuahua, Michoacán, Sinaloa, recientemente en Morelos, y en otros sitios del país.

A tres años de esta guerra, la violencia ha llegado a un increíble grado que ya no asombra a ninguno de nosotros, a pesar de las espeluznantes escenas de cuerpos mutilados, de ejecutados con el tiro de gracia; cuerpos descuartizados y vilmente torturados; individuos colgados en las vías principales de comunicación; cuerpos deshechos en ácido, entre otras aberraciones criminales.

Debemos decir en este momento que aunque la violencia no cesa, esta táctica del gobierno federal de atacar solamente las redes humanas del crimen organizado y no desarticular las estructuras económicas de estas empresas, es fallida. Es decir, no basta con exhibir y con capturar o con ejecutar a las cabezas principales de estas organizaciones, porque las empresas, como ustedes saben, no se terminan porque se termine o se aprehenda a los ejecutivos de estas empresas.

Las empresas siguen y mientras no se le drene el agua al pez del crimen organizado, la existencia de estas redes va a seguir siendo una tortura para todos los mexicanos y las mexicanas.

En ese sentido, nosotros exhortamos, el Partido de la Revolución Democrática exhorta al Ejecutivo a utilizar más la inteligencia contra los criminales, a capturar las redes económicas de estas empresas, a acabar efectivamente con lo que nutre desde las élites a estas organizaciones, que es la economía del narcotráfico.

También es esta falta de educación, de oportunidades a los jóvenes, lo que hace que se reclute por abajo a tantos sicarios y a tantas personas que sirven a estas organizaciones.

Estamos consternados por lo que pasó en Tabasco y realmente nos solidarizamos con la pena que embarga a esta familia y efectivamente a todos los mexicanos, porque –como atinadamente comentó el diputado que me antecedió– esto es un atentado también contra todos nosotros.

Sin embargo, pensamos que no es con esta estrategia de violencia con la que va a terminarse con este mal endémico, sino con una estrategia de inteligencia que desarticule efectivamente las redes económicas de lavado, de inversión, porque sabemos que hay mucho del dinero de estas organizaciones que circula en las élites económicas de nuestro país.  En ese sentido ese es nuestro exhorto. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas: Con su venia, señor presidente. Señores legisladores, en México hoy es momento de unidad; es momento de unidad en torno a un flagelo que ha venido a afectar, a trastocar la vida de todos los mexicanos en los diversos órdenes sociales. Hoy es momento de unidad en torno a condenar enérgicamente estos hechos. Hoy es momento de unidad, no de mezquindad. Porque el combate a la delincuencia no admite tonos, tintes partidistas o de cualquier otro interés ajeno al bienestar de los mexicanos.

Hoy necesitamos que la sociedad no se atemorice y siga denunciando. Hoy necesitamos que los medios de comunicación informen de manera clara y veraz lo que está sucediendo en torno a esta lucha.

Esta tarea de combate a la delincuencia está poniendo en tela de juicio si las células delincuenciales pueden hacer temblar al Estado mexicano.

Hoy está en riesgo la seguridad de nuestros hijos, hoy está en riesgo la seguridad de nuestras familias y, por ello, quiero pedir a los legisladores que integramos esta Comisión Permanente que hagamos el más amplio reconocimiento a las fuerzas armadas mexicanas por su labor solidaria y subsidiaria, supliendo algunas veces la labor que correspondería a las fuerzas policiacas.

Hoy hablamos de la seguridad interna del país, hoy hablamos en este momento de unidad en que las fuerzas democráticas debemos unir esfuerzos en torno a los gobiernos que combaten esta problemática. Nuestro reconocimiento al marino Melquisedet y a su familia, quienes han entregado su vida. Nuestro reconocimiento a estas fuerzas armadas. La seguridad interna de México no será vulnerada.

México es más grande que cualquier organización criminal. México y los mexicanos no nos vamos a arredrar ante esto que pareciera una reacción inminente de la delincuencia organizada. México y sus instituciones, incluidos nosotros, los legisladores, haremos lo concerniente para que este flagelo pueda controlarse.

Aprovecho esta tribuna para hacer un llamado a los diversos órdenes de gobierno: al federal, al estatal y al municipal. Esto no es tarea, insisto, de un color o de un signo de partido político. Lo mismo hemos tenido esta problemática en gobiernos de un color o de otro.

Concluyo, señor presidente, pidiendo a esta Comisión Permanente que hagamos un exhorto a esos órdenes de gobierno, y que todos juntos demostremos efectivamente que México es más grande que cualquier organización criminal; que México en este momento tendrá unidad y no mezquindad; que México en este momento respalda y se solidariza con las fuerzas armadas de México por el bien de las familias mexicanas. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor senador Jesús Garibay García.

El senador Jesús Garibay García: Gracias, presidente. Hoy es Melquisedet, hace seis días fue Anaid. Y llevamos tres años en los que lo que cambia es el nombre. Las víctimas siguen siendo los mismos inocentes.

Quiero compartir con ustedes hoy lo que dije en tribuna el 17 de septiembre de 2008, a dos días del primer acto terrorista que hubo en este país. También ahí cayeron inocentes. También ahí murieron maestros, maestras, niños, abuelos. También ahí fuimos víctimas. Pero, qué desgracia, al 15 de septiembre continuó el 15 de diciembre de este año. También ahí cayeron inocentes.

Por cierto, no cayó ningún integrante de las fuerzas armadas, ningún integrante de las policías municipales, estatales o federales. Ahí también quedó una madre que a estas horas continúa debatiéndose entre la vida y la muerte.

Ésta es una etapa muy difícil. Ésta es una guerra loca en la que están cayendo lo mismo inocentes, lo mismo integrantes de las fuerzas federales, estatales, municipales; lo mismo integrantes de las fuerzas armadas. Pero, sobre todo, están llegando –y cada día más– actos no sólo terroristas sino verdaderamente crueles.

Parece que lo que está ahora en riesgo verdaderamente es el estado de derecho. Parece que al siguiente día estamos esperando ya peor noticia. No cómo se está resolviendo, porque no se está resolviendo, sino que sigue.

Verdaderamente es preocupante que el día de mañana nos encontremos con un Estado fallido. Ese Estado fallido del que se habló hace dos años y medio y que todo mundo condenamos diciendo: “¿Estado fallido? ¿Cuál? No. Ésta es una República donde todo va, y va bien”.

Señores, es verdad, no es asunto de colores y lo es menos cuando con intención se señala. Éste es un asunto de la República. Éste es un asunto que tenemos que resolver entre todos. No podemos estar recurrentemente viniendo a tribuna a lamentar la desgracia del día anterior.

Creo que ha llegado el momento en que, si no queremos que el 15 de septiembre, sumado al 15 de diciembre, sumado al michoacanazo –allá en mi tierra, de donde vengo–, sumado al estado de derecho y al que violan también, termine siendo un centenario y un bicentenario que concluya con un 45; 15, 15. Por cierto a los 15 meses del primer acto terrorista, en Michoacán, se repitió el 15 de diciembre. Sumen los tres quinces, a ver qué nos da, y recuerden a qué nos conduce eso.

Compañeros, los invito a que nos sumemos por el bien de la República y de los inocentes. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Arturo Escobar y Vega.

El senador Arturo Escobar y Vega: Gracias, presidente. La solidaridad, el respeto y el reconocimiento más amplio del Grupo Parlamentario del Partido Verde –y seguramente del Congreso mexicano– a las fuerzas armadas de nuestro país, son absolutos.

Reconocemos también que, como en cualquier actuar de los humanos, existen soldados, existen marinos y existen policías que también son enemigos del Estado mexicano. Es absolutamente reprobable que los nombres de aquellos que participaron en un operativo de extrema peligrosidad como el que se ejecutó en Cuernavaca, Morelos, el pasado jueves, hayan llegado a manos de los enemigos del Estado mexicano.

Es ahí donde las autoridades mexicanas tienen que poner el dedo en el renglón. Cómo puede ser que se fugue información de esa envergadura que ponga en peligro a las familias de aquellos que pierden su vida cuidando nuestra libertad.

Es ahí donde el Congreso mexicano tiene que levantar la mano y decir: “No soy nada más una oficialía de partes”. Es donde el Congreso mexicano tiene que decir: “Sí apruebo los recursos económicos; pero así como soy partícipe y corresponsable de los malos resultados, tengo que ser copartícipe también de la estrategia nacional que el Estado mexicano está llevando a cabo en contra del crimen organizado”.

El presidente Calderón tiene todo nuestro respaldo, pero exigimos también que si el Congreso va a ser corresponsable, también tenga en sus manos la información sobre qué estamos haciendo, cuánto va a durar y cuánto más tiempo estará en juego la vida de todos los mexicanos inocentes.

Dice con razón el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín que el Congreso tiene que estar a la altura de los momentos más críticos de inseguridad. Tiene toda la razón. Pero es nuestra responsabilidad seguir legislando en las materias de crimen organizado, pasando por narcotráfico, narcomenudeo, secuestro, extorsión y todo aquello que tanto trasgrede la libertad de los mexicanos.

Pero, como cualquier Parlamento o Congreso del mundo, exigimos en este momento tener mucha mayor información de lo que está pasando. Porque, que se oiga claro y se oiga bien: en el momento de dividir responsabilidades siempre el Congreso también es responsable. Entonces, por tanto, seamos más activos, exijamos más información, y ni en un grado disminuyamos el apoyo al gobierno federal, pero también exijamos que se nos dé mayor información. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Eugenio Govea Arcos.

El senador Eugenio Govea Arcos: Con su permiso, diputado presidente. Los norteamericanos ponen los drogadictos y en México ponemos los muertos. Es tiempo ya de, efectivamente –y coincido con el senador Escobar y Vega–, de redefinir una estrategia de combate frontal al crimen organizado. Ésta es la hora.

Se hace necesario, por supuesto, llamar a la cooperación internacional en este tema. No solamente una Iniciativa Mérida, que se queda, desde mi punto de vista, muy corta, en relación al desafío que enfrentamos. Necesitamos involucrar a más naciones.

Quiero hoy reconocer el valor con el que se han expresado los argumentos de quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Se ha hablado con fuerza, con determinación, con valor. Pero creo que finalmente los hechos se escuchan más fuerte que las palabras. Y son hechos los que nos exige el pueblo de México, al gobierno en su conjunto. A nosotros como legisladores. Y tenemos que hacer un alto en el camino y reconocer que tenemos muchos pendientes por resolver en este tema.

Estamos enfrentando desafíos nuevos con soluciones viejas. La batalla, habrá que reconocerlo, está en su momento más álgido. Quiero expresar, a nombre del Grupo Parlamentario de Convergencia, la solidaridad con el presidente Calderón en este combate frontal al crimen organizado.

Sin embargo, quiero exhortar a todos mis compañeros, senadores y diputados federales, para que entremos a la mayor brevedad a la discusión, al análisis, a las propuestas. Si es necesaria la creación de una policía nacional tenemos que discutirlo y analizarlo. Hoy el crimen organizado ha penetrado esos órganos y por eso se hace necesario enfrentarlo con métodos diferentes.

Finalmente, diputado presidente, quiero pedirle, respetuosamente, consulte al pleno para guardar un minuto de silencio en honor del marino Melquisiadec, quien ha muerto en cumplimiento de su deber. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, señor senador, procedemos a guardar un minuto de silencio en memoria de estos mexicanos.

(Minuto de silencio)

Continúe la Secretaría con el capítulo de comunicaciones.

DIPUTADOS QUE SOLICITAN LICENCIA

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—  LXI Legislatura.

Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del hnorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto me dirijo a sus finas atenciones para que, con fundamento en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva tramitar en la sesión de este día mi licencia indefinida a partir de esta fecha al cargo de diputada federal a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados; esta decisión la he tomado por así convenir a mis intereses. Asimismo le solicito sea llamado mi suplente a tomar protesta del cargo de diputado federal.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de diciembre de 2009.— Diputada Anel Patricia Nava Pérez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.

Estimado diputado Francisco Ramírez Acuña:

Con fundamento en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a usted atenta y respetuosamente con la finalidad de solicitarle licencia indefinida al cargo de diputada federal por la primera circunscripción a la LXI Legislatura a partir del 22 de diciembre de 2009.

Sin otro particular me despido reiterándole mí más alta estima.

Atentamente

México, DF, a 22 de diciembre de 2009.— Diputada Laura Ledesma Romo (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.— Presente.

Por éste medio y con fundamento en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito licencia indefinida para separarme de mi cargo como diputada federal a partir de esta fecha.

Por tal motivo, solicito a Usted realice todos los trámites conducentes que sobrevienen al presente acto jurídico y se llame a mi suplente.

Sin otro particular y para los efectos legales que haya a lugar.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de diciembre de 2009.— Diputada Mariana Ivette Ezeta Salcedo (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito dirigirme a usted con la finalidad de solicitarle muy atentamente que sea el conducto para someter a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados mi solicitud de licencia para separarme del cargo de Diputada Federal de la LXI Legislatura, por tiempo indefinido, a partir de esta fecha.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 1 de septiembre de 2009.— Diputada Ana María Rojas Ruiz (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura.— Presente.

Por este conducto y con fundamento en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito licencia indefinida como diputada federal a partir de esta fecha.

Por tal motivo, solicito a usted que realice todos los trámites conducentes que devienen del presente acto jurídico.

Sin otro particular.

Atentamente

Ciudad de México, a 2 de septiembre de 2009.— Diputada Carolina García Cañón (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito licencia indefinida para separarme de mi cargo como diputado federal a partir de esta fecha.

Por tal motivo, solicito a usted que realice todos los trámites conducentes que devienen del presente acto jurídico y que se llame a mi suplente.

Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de diciembre de 2009.Diputado Álvaro Raymundo Vargas Sáenz (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción VIII, y 62 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente solicito que tenga a bien poner a consideración de esta soberanía que se me conceda licencia por tiempo indefinido para separarme de mi cargo de diputada federal a la LXI Legislatura, por el periodo del primero de enero de dos mil diez al treinta de abril del dos mil diez.

Agradezco de antemano su atención y aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de diciembre de 2009.— Diputada Oralia López Hernández (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción VIII, y 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente solicito que tenga a bien poner a consideración de esta soberanía que se me conceda licencia para separarme de mis funciones como diputado federal de la presente legislatura, por el periodo del primero de enero de dos mil diez al treinta de abril del dos mil diez.

Agradezco de antemano su atención y aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de diciembre de 2009.— Diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción VIII, y 62 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente solicito que tenga a bien poner a consideración de esta soberanía que se me conceda licencia por tiempo indefinido para separarme de mi cargo de diputada federal a la LXI Legislatura, a partir del primero de enero de dos mil diez.

Agradezco de antemano su atención y aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de diciembre de 2009.— Diputada María Elena Perla López Loyo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Proceda la Secretaría a poner a discusión el punto de acuerdo.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputada. Primero vamos a dar a conocer el punto de acuerdo, y enseguida, con muchísimo gusto, le concedemos el uso de la palabra, diputada.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se concede licencia por tiempo indefinido para separarse de sus funciones como diputados federales, a partir de esta fecha, a las diputadas Anel Patricia Nava Pérez, Laura Elena Ledesma Romo, Mariana Ivette Ezeta Salcedo, Ana María Rojas Ruiz, Carolina García Cañón y al diputado Álvaro Raymundo Vargas Sáenz, electos en la primera, segunda, tercera y quinta circunscripciones plurinominales, respectivamente.

Oralia López Hernández y Julián Francisco Velázquez y Llorente, electos en los distritos electorales I y II, de Tlaxcala, por el periodo del 1 de enero al 30 de abril de 2010; y a María Elena Perla López Loyo, electa en el III distrito electoral de Tlaxcala, a partir del 1 de enero de 2010.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor secretario. Tiene el uso de la palabra la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Le agradezco, señor presidente. Bienvenido el cambio de los dos compañeros legisladores que solicitan hacerlo. Me refiero en esta intervención en específico, a las siete mujeres que hoy están cediendo sus cargos para que sean ocupados por hombres. Mujeres que, lamentablemente, se prestaron para servir de prestanombres, para dar paso a sujetos que fueron incapaces de ganarse un lugar en las urnas y buscaron robarle, “robarle” el lugar a las mujeres, destinados por ley a las mujeres, haciendo que, innegablemente, se trate de un fraude a la ley; siendo otra vez sujetos de discriminación política, a partir, lamentablemente, de una práctica, de una usanza en las instituciones políticas que ha establecido el truco, ya incluso como un asunto de norma cotidiana, de engañar a la ley, pero no sólo a la mexicana.

México es firmante de diversos tratados internacionales que le obligan a garantizar estas cuotas de género. México se ha comprometido en más de siete ordenamientos internacionales, entre los que destaca la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer), Acuerdos de Beijing y, particularmente, el Consenso de Quito, en el que, incluso, se comprometió a buscar la paridad entre hombres y mujeres en las representaciones populares; se ha comprometido a garantizar no sólo la cuota de género, sino que ésta sea implementada de iure y de facto.

México reconoció en estas convenciones internacionales que los partidos políticos, que las instituciones habían encontrado cómo hacerle truco a la ley y que no bastaba con que la legislación, el Código Federal Electoral, señalara este compromiso de las cuotas, sino que sus Congresos, sus Cámaras, tendrían que comprometerse a garantizar que esta medida fuera efectiva para que esos truhanes, que hoy asaltan, toman por asalto lugares que no estaban destinados para ellos, lugares que fueron destinados por estos compromisos internacionales, porque la ley lo dice y porque las mujeres en el país y la democracia moderna lo demandan para las mujeres, han decidido de nueva cuenta hacer este truco a la ley. Y espero no sea con la lamentable ratificación de este Congreso de que somos parte de ese fraude, porque tendremos –y lo digo para que después no eludamos eso–, tendremos, porque así lo firmó México en la ONU, que rendirle cuentas a la ONU.

Tendremos que presentar en la ONU un informe en el que reconozcamos que traicionamos los compromisos internacionales establecidos, que traicionamos la democracia moderna; que traicionamos nuestro compromiso con las mujeres y que este Congreso, aun a conciencia de esas responsabilidades legales que a nivel internacional tiene, decidió hacerse cómplice de esta trastada. Que este Congreso le va a rendir cuentas a la ONU en su reporte, de que ha decidido burlar la ley y pasar por encima de estos compromisos internacionales.

Desde luego habrá que ver cómo pretenden esos señores, que tendrán que entrar por la puerta de atrás, jurar bajo protesta de decir verdad en la Constitución, cumplir una ley que están de entrada violando. Cómo podrán jurar ante esta tribuna cumplir la ley quienes, para ocupar una curul, lo han hecho a partir de burlar esa ley.

Si alguien duda de la necesidad de reforzar la presencia de las mujeres, vean a los senadores y a los diputados en este momento platicando con total desinterés de este tema. Si alguien duda de la necesidad de mayor presencia política de las mujeres, vean la integración de la Mesa Directiva.

Es indispensable para la democracia de este país la presencia activa de las mujeres. La calidad política de un país sólo se mide en función de su capacidad de no discriminar. Ésta Cámara hoy está enviando a la nación un vergonzoso mensaje, por eso lo hace el 22 de diciembre, el día que calculó que los medios y la población en general no lo notará. Por eso lo hace hoy, porque tiene vergüenza de ello.

Será, sin duda alguna, un voto de vergüenza del que, quienes platican ahora, prefieren eludir. Es tal su vergüenza que prefieren no enterarse de lo que están haciendo. Vergonzoso día.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas. Desde la curul, por favor.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Presidente, para efecto de dejar constancia que, con la última frase que hace la diputada Enoé Uranga, la bancada de Acción Nacional coincide en una mayor presencia política de las mujeres. Por eso aclaramos y decimos que la diputada Oralia López Hernández, la diputada María Elena Perla López Loyo y el diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente, los tres diputados por Tlaxcala, no están en el caso que se discute y que ha presentado la diputada Enoé Uranga. Antes bien, se han separado de este cargo para contender de manera equitativa en el proceso interno de selección para la gubernatura de ese estado, de Tlaxcala. Por tanto, pediríamos hacer la aclaración, para que en ese paquete de lo que ya se ha mencionado, no se encuentran el caso de estos tres diputados, que antes bien van a contender por un cargo mayor, en el cual también reconocemos que en Acción Nacional las mujeres tienen esta oportunidad. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Al no haber más diputados y senadores inscritos en este tema se considera suficientemente discutido. Pido a la Secretaría que someta a votación el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.Continúe la Secretaría dando lectura al acuerdo de la Comisión Permanente.

TRABAJOS LEGISLATIVOS

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para el primer receso del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura...

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, señor secretario. Sí, diputado Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): El acuerdo se encuentra suscrito por los grupos parlamentarios, publicado en la Gaceta Parlamentaria y está circulando. Suplicaríamos que pudiera dispensarse de lectura para economizar el tiempo de la sesión.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto. Atendiendo su solicitud, pido a la Secretaría que, en votación económica, consulte a la asamblea si omitimos la lectura, en virtud de estar publicado y haber sido suscrito el acuerdo por todos los grupos parlamentarios.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta. Los legisladores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo federal.— Comisión Permanente.

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión durante el primer receso del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura

Honorable Asamblea:

El Presidente de la Mesa Directiva y los representantes de los grupos parlamentarios de la Comisión Permanente que funcionará durante el primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y

Considerando

I. Que para el adecuado ejercicio de las facultades y obligaciones constitucionales y legales que la Comisión Permanente tiene encomendados, es necesario contar con un instrumento normativo que sistematice, interprete y amplíe la normatividad vigente, con la finalidad de hacer más eficiente el desarrollo de sus trabajos.

II. Que si bien la normatividad existente relativa al funcionamiento de la Comisión Permanente presenta diversos aspectos no considerados, es posible integrar gran parte de ellos a través de los acuerdos parlamentarios, considerando los precedentes que rigen la organización y funcionamiento de las Cámaras del honorable Congreso de la Unión.

III. Que, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es necesario definir el procedimiento para que la información producida en el ámbito del presente acuerdo pueda ser publicada y difundida con base en los criterios establecidos.

Por lo expuesto, nos permitimos someter a su consideración el siguiente

Acuerdo

Que establece los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de la Comisión Permanente del primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura

Disposiciones generales

Artículo Primero. El presente acuerdo tiene por objeto la interpretación de las normas legales y reglamentarias que rigen a la Comisión Permanente en lo relativo a la celebración de las sesiones; los registros de asistencia de las legisladoras y los legisladores; la integración, formulación y desahogo del orden del día; los procedimientos para las discusiones; el control de acceso a las sesiones y la difusión de los trabajos de la Comisión Permanente.

Artículo Segundo.Los asuntos no previstos en el presente acuerdo serán interpretados y resueltos por consenso de los integrantes de la Mesa Directiva.

De la celebración de las sesiones

Artículo Tercero. La Comisión Permanente sesionará una vez por semana, preferentemente los días miércoles, de conformidad con el calendario legislativo aprobado y que se anexa al presente acuerdo. Las sesiones darán inicio a las 11 de la mañana y tendrán una duración de hasta cuatro horas. La Asamblea podrá acordar que se amplíe el tiempo cuando existan asuntos cuyo despacho sean de especial interés, o para agotar todos los puntos que integran el orden del día.

La Presidencia de la Mesa Directiva podrá convocar a sesiones extraordinarias de la Comisión Permanente notificando a sus integrantes cuando menos con 24 horas de anticipación. También, por acuerdo de la asamblea, podrán celebrarse sesiones en días u horas distintos a los programados.

De las asistencias

Artículo Cuarto.Para verificar que exista el quórum legal para el inicio de cada sesión, la Secretaría de la Mesa Directiva pasará lista de asistencia.

Por ello, y con objeto de contar con el registro correcto de asistencias y solicitudes de uso de la palabra, los representantes de los grupos parlamentarios informarán a la Secretaría de la Mesa Directiva, a más tardar al inicio de la sesión, los nombres de las legisladoras y los legisladores que sustituirán de manera indistinta en sus funciones a los titulares.

Una vez declarada abierta la sesión, las legisladoras y los legisladores que hayan pasado lista de asistencia no podrán ser sustituidos. En caso de que algún legislador titular no pueda asistir a las reuniones de las comisiones de trabajo a las que pertenezca, el coordinador die su grupo parlamentario deberá notificarlo por escrito al Presidente de la misma, informando el nombre del legislador sustituto que cubrirá dicha ausencia. Dicho legislador tendrá voz y voto en la comisión de que se trate.

De la integración, formulación ydesahogo del orden del día

Artículo Quinto. La Mesa Directiva sostendrá reunión previa el día de la sesión, preferentemente a las 10:00 horas, para acordar el orden del día correspondiente. Al efecto, deberá considerar las propuestas que reciba oportunamente de los representantes de los grupos parlamentarios, los dictámenes que le remitan las comisiones de trabajo y, en general, los asuntos que reciba de los otros dos Poderes de la Unión, los poderes de los Estados, las autoridades locales del Distrito Federal y demás organismos públicos o, en su caso, de la ciudadanía.

Después de esta reunión no se podrá registrar ningún asunto, salvo por acuerdo de la Mesa Directiva.

A esta reunión se invitará a los representantes de los grupos parlamentarios que haya designado cada Cámara.

Artículo Sexto. La legisladora o el legislador que requiera la inclusión en el orden del día de una iniciativa, proposición con punto de acuerdo, excitativa, o algún punto para la agenda política, hará llegar la solicitud a la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Mesa Directiva por conducto del representante de su grupo parlamentario, hasta las 14:00 horas del día anterior a la sesión en la que se solicita que el asunto sea incorporado.

Siempre que se trate de iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo y excitativas, al oficio de petición se anexará el documento en versión impresa y electrónica. El documento impreso deberá contener el nombre y la firma autógrafa o, en su caso, electrónica, de la legisladora o el legislador que la suscribe y el trámite que solicite. Los asuntos remitidos por legisladores no integrantes de la Comisión Permanente serán objeto de “sólo turno a comisión”, a menos que el representante del grupo parlamentario anuncie previamente qué legislador los presentaría en tribuna en su nombre.

Cuando se requiera que algún asunto sea tramitado de obvia o urgente resolución, así deberá de señalarse expresamente.

Artículo Séptimo. La Mesa Directiva integrará los asuntos a desahogar durante las sesiones, preferentemente de acuerdo al siguiente orden:

a. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior;

b. Comunicaciones;

c. Solicitudes de licencia;

d. Iniciativas de ley o de decreto;

e. Dictámenes;

f. Proposiciones con punto de acuerdo;

g. Solicitudes de excitativa;

h. Agenda política.

Este orden podrá modificarse por acuerdo de la asamblea.

Artículo Octavo. El Pleno podrá dispensar la lectura del acta de la sesión anterior, siempre y cuando haya sido publicada previamente en la Gaceta Parlamentaria. En este caso y de no haber objeción de alguna legisladora o legislador se pondrá de inmediato a votación.

Artículo Noveno. Las comunicaciones se publicarán en la Gaceta Parlamentaria. Sólo se dará lectura a aquellas que deban seguir algún trámite reglamentario. En ningún caso se someterá a discusión o votación de la Asamblea una comunicación.

Artículo Décimo. Cuando algún legislador o legisladora solicite licencia, deberá dirigir el oficio a la Presidencia de la Mesa Directiva, especificando la causa o motivo de la petición y el tiempo que permanecerá separado de su encargo, en los términos del artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Décimo Primero. En el rubro de proposiciones con punto de acuerdo podrán presentarse los asuntos de orden político, cultural o social, que afecten a una comunidad, grupo, partido o colectividad y cuyos efectos sean de interés general, para que la Comisión Permanente, en el ámbito de su competencia, se pronuncie o resuelva lo conducente.

Toda proposición con punto de acuerdo que vaya dirigida a cualquiera de las Cámaras, o aquellas cuya materia no sea competencia explícita de las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente, será turnada inmediatamente por la Presidencia de la Mesa Directiva a la comisión o comisiones ordinarias que correspondan.

Artículo Décimo Segundo. En cada sesión serán inscritas todas las proposiciones con punto de acuerdo que interesen a las o los legisladores; el número máximo que se presentarán en tribuna será conforme a la siguiente distribución; en este sentido, los grupos parlamentarios definirán el orden o prioridad en el registro para abordarse en la sesión:

Grupo Parlamentario

PRI 6

PAN 5

PRD 2

PVEM 1

PT 1

Convergencia 1

Artículo Décimo Tercero. La Presidencia dictará el turno a las comisiones que corresponda a aquellas proposiciones publicadas en la Gaceta Parlamentaria que no alcancen a ser abordadas en la misma sesión en que se registren, salvo que el grupo parlamentario solicite que se consideren para una subsecuente.

Artículo Décimo Cuarto.Cuando se solicite que se formule excitativa a alguna comisión legislativa, el promovente deberá remitir por medio del representante de su grupo parlamentario un oficio dirigido a la Presidencia de la Mesa Directiva, en el que detalle lo siguiente:

a) El autor de la iniciativa, proposición o asunto que se trate;

b) La fecha de presentación y del turno respectivo; y

c) La comisión o comisiones a las que se turnó para su estudio y dictamen.

Una vez recibido el oficio, el asunto será programado en el orden del día de la sesión para que la Presidencia de la Mesa Directiva informe en su oportunidad de la recepción de la solicitud respectiva y dicte el trámite que corresponda.

Artículo Décimo Quinto. El rubro de agenda política se desarrollará mediante debate pactado y se incorporarán aquellos temas de interés general que motivan la discusión de las legisladoras y los legisladores, pero que no entrañan una proposición con punto de acuerdo o algún otro trámite posterior.

Se destinará la última hora de cada sesión para abordar este capítulo.

Artículo Décimo Sexto. A petición de los representantes de los grupos parlamentarios, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, instruirá la publicación en la Gaceta Parlamentaria de los textos remitidos por los legisladores que tengan por objeto alguna efeméride y la Secretaría General de la Cámara de Diputados gestionará ante el Canal del Congreso la emisión de un programa especial en la materia.

Artículo Décimo Séptimo. El tiempo de que disponen las legisladoras y los legisladores para la presentación de los asuntos es el siguiente:

a) Iniciativas hasta por cinco minutos;

b) Proposiciones con punto de acuerdo hasta por cinco minutos; y

c) Agenda política hasta por cinco minutos tanto para el promovente como para los demás oradores.

Estos tiempos podrán reducirse, previo acuerdo entre la Mesa Directiva y los representantes de cada grupo parlamentario, con el objeto de agilizar las tareas de la asamblea.

De las discusiones

Artículo Décimo Octavo. Los dictámenes publicados podrán ser objeto de dispensa de su correspondiente lectura sólo si fueron distribuidos al menos antes de que se vayan a abordar en la sesión y previa consulta a la asamblea en votación económica. En todo caso, la publicación de los dictámenes surtirá los efectos del artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.

Artículo Décimo Noveno. En la discusión en lo general de un dictamen podrá hacer uso de la palabra para fijar su posición un orador por cada grupo parlamentario hasta por cinco minutos.

Las demás reglas para la discusión de los dictámenes serán las que señala el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pudiendo la Mesa Directiva, en consenso con los representantes de los grupos parlamentarios, determinar e interpretar los términos del debate en cuanto al número de oradores y tiempo de las intervenciones.

Artículo Vigésimo. Las proposiciones cuya materia sea competencia de la Comisión Permanente serán turnadas por la Presidencia de la Mesa Directiva a la comisión de trabajo que corresponda, sin que proceda a discusión. Sólo podrán darse dos excepciones:

a) Si hubiere objeción de alguna legisladora o legislador, en cuyo caso su admisión será discutida y votada por la Asamblea, pudiendo intervenir un orador en contra y un orador en pro hasta por cinco minutos, sin que se puedan presentar intervenciones para rectificación de hechos. Si la proposición no hubiere alcanzado mayoría se considerará desechada y no podrá volver a presentarse.

b) Cuando el trámite haya sido solicitado de obvia o urgente resolución y sea calificado así por el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes, en cuyo caso será leída y puesta inmediatamente a discusión y votación por la asamblea.

Artículo Vigésimo Primero. Las deliberaciones sobre los asuntos contenidos en la agenda política deberán iniciar con el grupo parlamentario que haya solicitado su registro, pudiendo anotarse hasta una ronda de oradores para cada grupo parlamentario, en el orden que se acuerde, para que fijen su posición al respecto. La Presidencia de la Mesa Directiva podrá destinar la última hora de sesión para discutir o deliberar sobre alguno o los temas de este capítulo, acordando con los representantes de los grupos parlamentarios el tiempo destinado para la presentación de otros asuntos del orden del día.

Del control de acceso a las sesiones

Artículo Vigésimo Segundo. Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 212 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sólo con permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente podrán ingresar al salón de sesiones personas que no sean legisladoras o legisladores. A tal efecto, los interesados deberán acreditarse previamente y no podrán portar pancartas u objetos que perturben el orden, obstruyan la visibilidad o distraigan a los legisladores; de igual forma, se deberán comprometer a observar lo dispuesto en los artículos 205, 207 y 209 del Reglamento Interior.

Artículo Vigésimo Tercero. Para apoyar el trabajo de las legisladoras y los legisladores en el interior del recinto, cada grupo parlamentario podrá contar con el número de personal de apoyo que por consenso acuerden sus representantes. Dicho personal deberá estar debidamente acreditado por la Secretaría General de la Cámara de Diputados y se ubicará en las áreas que no obstruyan la visibilidad de los legisladores ni perturben el orden.

De la difusión de los trabajosde la Comisión Permanente

Artículo Vigésimo Cuarto. En la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados se publicará todo lo relativo al desarrollo de los trabajos de la Comisión Permanente. Invariablemente se deberá publicar lo siguiente:

a) Las actas de las sesiones públicas;

b) Las comunicaciones;

c) Las iniciativas con proyectos de ley o de decreto que se presenten en las sesiones;

d) Los dictámenes de las comisiones de trabajo y los votos particulares que sobre los mismos se presenten;

e) Los proyectos de punto de acuerdo;

f) Los acuerdos del Pleno de la Comisión Permanente y de las comisiones, en su caso;

g) Las proposiciones y acuerdos de la Mesa Directiva y de los representantes de los grupos parlamentarios;

h) Las convocatorias y el orden del día de las reuniones de las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente;

i) Los documentos que disponga la Mesa Directiva y aquellos cuya publicación soliciten a ésta los representantes de los grupos parlamentarios.

Por lo que se refiere a las iniciativas con proyecto de ley o de decreto, las proposiciones con punto de acuerdo de las legisladoras y los legisladores y las solicitudes de excitativa, la Presidencia de la Mesa Directiva dictará el trámite que haya sido solicitado expresamente al momento de registro para inclusión en el orden del día, o que corresponda de conformidad con los documentos remitidos para publicación en la Gaceta Parlamentaria, según establece el artículo sexto del presente acuerdo.

Artículo Vigésimo Quinto. La Gaceta Parlamentaria se imprimirá todos los días en que sesione la Comisión Permanente. Su contenido se difundirá a través de los servicios electrónicos de información de la Cámara de Diputados.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y tendrá vigencia durante el primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura.

Salón Legisladores de la República, a 22 de diciembre de 2009.— Por la Mesa Directiva: Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica), Presidente;por los Grupos Parlamentarios: diputado Francisco José Rojas Gutiérrez, PRI;senador José González Morfín (rúbrica), PAN;diputado Roberto Gil Zuarth (rúbrica), PAN;senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), PRI;diputado Uriel López Paredes (rúbrica), PRD;senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), PRD;diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), PVEM;senador Arturo Escobar y Vega (rúbrica), PVEM;diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), PT;senador Luis Maldonado Venegas (rúbrica), Convergencia;senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), PT.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se omite su lectura y, por consiguiente, le pido que someta a votación de la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo que establece los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de la Comisión Permanente.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado.Pido a la Secretaría que proceda dando lectura a la integración de las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente. En virtud de haber sido publicado el acuerdo, pido a la Secretaría que también solicite en votación económica si omitimos su lectura.

COMISIONES DE TRABAJO

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Se consulta a la asamblea si se aprueba la dispensa de lectura de la integración de las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente. En votación económica, se pregunta si se dispensa. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo federal.— Comisión Permanente.

Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, sobre la integración de las comisiones de trabajo para el primer receso del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura

La Mesa Directiva, de conformidad con lo que establecen los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116, 123, 127, 128 y 129 de la Ley Orgánica del Congreso, así como 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior, somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos proyecto de acuerdo para la integración de las comisiones de trabajo correspondientes al despacho de los negocios de su competencia, de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

Primera. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión es el órgano constitucional que funcionará durante los recesos de éste, siendo integrado por 37 legisladores de entre los cuales 19 son diputados y 18 son senadores, que representan a sus grupos parlamentarios de conformidad con la configuración con que cuente cada Cámara.

Segunda. Que de conformidad con la Constitución federal, tiene competencia para resolver sobre diversos asuntos de orden público, para lo cual requiere el auxilio de comisiones de trabajo, previstas en la normatividad parlamentaria.

Por lo expuesto, se propone a consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo por el que se integran las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente del primer receso del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura

Primero.Se propone para ocupar las directivas y para integrar las correspondientes comisiones de trabajo de la Comisión Permanente durante el presente receso a los siguientes legisladores.

Primera Comisión: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia

Diputado Héctor Guevara Ramírez, presidente (PRI)

Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, secretario (PRI)

Diputado Javier Corral Jurado, secretario (PAN)

Senador Jesús Garibay García, secretario (PRD)

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI)

Diputado César Augusto Santiago Ramírez (PRI)

Diputado Arturo Zamora Jiménez (PRI)

Senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (PRI)

Senador José González Morfín (PAN)

Senadora Martha Leticia Sosa Govea (PAN)

Senador Guillermo Tamborrel Suárez (PAN)

Diputado Óscar Martín Arce Paniagua (PAN)

Diputado Adán López Hernández (PRD)

Senador Arturo Escobar y Vega (PVEM)

Diputado Pedro Vázquez González (PT)

Senador Luis Maldonado Venegas (Convergencia)

Segunda Comisión: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública

Senador Rubén Fernando Velázquez López, presidente (PRD)

Diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo, secretario (PRI)

Senador Jorge Ocejo Moreno, secretario (PAN)

Senador José Guadarrama Márquez, secretario (PRD)

Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (PRI)

Diputado César Augusto Santiago Ramírez (PRI)

Diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (PRI)

Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (PRI)

Senadora María del Socorro García Quiroz (PRI)

Senador Guillermo Tamborrel Suárez (PAN)

Senadora Martha Leticia Sosa Govea (PAN)

Diputado Óscar Arce Paniagua (PAN)

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (PAN)

Diputado Juan José Guerra Abud (PVEM)

Diputado Pedro Vázquez González (PT)

Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas

Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba, presidente (PAN)

Senador Rogelio Rueda Sánchez, secretario (PRI)

Senador Eduardo Nava Bolaños, secretario (PAN)

Diputado Uriel López Paredes, secretario (PRD)

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI)

Diputado Cruz López Aguilar (PRI)

Diputado David Hernández Pérez (PRI)

Senador Adolfo Toledo Infanzón (PRI)

Senadora María del Socorro García Quiroz (PRI)

Senador Jorge Ocejo Moreno (PAN)

Senador José Isabel Trejo Reyes (PAN)

Diputado Roberto Gil Zuarth (PAN)

Senador Rubén Fernando Velázquez López (PRD)

Diputado Juan José Guerra Abud (PVEM)

Senador Ricardo Monreal Ávila (PT)

Segundo.Las mesas directivas de las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente adoptarán sus decisiones por mayoría absoluta, mediante el sistema de voto ponderado, en el cual los respectivos integrantes representarán tantos votos como miembros tenga su grupo parlamentario en la Comisión Permanente.

Transitorio

Único. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 22 de diciembre de 2009.— Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica), Presidente;diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Vicepresidente;diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), Vicepresidente;senador Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Secretario; senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), Secretario; diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (rúbrica), Secretario; diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), Secretaria.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se omite su lectura y, por consiguiente, pido a la Secretaría que pregunte, en votación económica, si se aprueba el acuerdo para la integración de las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta si se aprueba la propuesta para la integración de las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Continúe la Secretaría con las comunicaciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— V Legislatura.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción XXV, y 106 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y 10, fracción XXI, y 36, fracciones V y XV, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en la fecha citada al rubro fue designada y, en consecuencia, rindió protesta de ley como jefa delegacional en Iztapalapa la ciudadana Clara Marina Brugada Molina.

Lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente

Recinto Legislativo, a 11 de diciembre de 2009.— Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Presidenta.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado.Continúe con oficios de la Secretaría de la Función Pública.

LEY DE PEMEX, EXPLORACION Y PRODUCCION

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de la Función Pública.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente

Por instrucciones del titular del ramo, me refiero al oficio DGPL 60-II-2-1392 de fecha 6 de marzo de 2008, firmado por las entonces diputadas Ruth Zavaleta Salgado y María del Carmen Salvatori Bronca quienes para esas fechas eran presidenta y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la LX Legislatura, por el que comunican el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo en la sesión celebrada en dicha fecha con el cual exhortan a esta secretaría para que conforme a sus facultades, realice los procedimientos de revisión y, en su caso, de sanción que les confiere la Ley de Pemex, Exploración y Producción, zona norte.

Sobre el particular, le comunico que esta secretaría requirió al órgano interno de control en Pemex, Exploración y Producción zona norte, la actualización de las revisiones llevadas en los ejercicios 2007, 2008, 2009, mediante la cual informan lo siguiente:

Ejercicio 2007:

Se realizaron 17 revisiones en las cuales se examinaron 36 contratos de obra pública y 3 contratos de adquisiciones, generándose 14 observaciones que se solventaron en su totalidad.

Ejercicio 2008:

En este período se ejecutaron 15 auditorías, en las que se revisaron 18 contratos (16 de obra pública y 2 de adquisiciones), así como 3 licitaciones (2 de obra pública y 1 de adquisiciones), generándose 49 observaciones, de las cuales únicamente 2 se encuentran en proceso de solventación.

Ejercicio 2009:

Al mes de septiembre se han efectuado 9 auditorías en las que se analizaron 10 contratos (6 de obras y 4 de adquisiciones) así como 2 licitaciones (1 de obras y 1 de adquisiciones), habiéndose determinado 21 observaciones, encontrándose al cierre 9 en proceso de atención.

Lo anterior se informa para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración más distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 19 de noviembre de 2009.— Ingeniero Ernesto González Cancino (rúbrica), coordinador de asesores.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, para su conocimiento. Continúe la Secretaría con oficios del Congreso de Puebla.

ESTADO DE PUEBLA

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— H. Congreso del Estado de Puebla.— LVII Legislatura.

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente

En sesión pública ordinaria, el pleno de la LVII Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, tuvo a bien aprobar el acuerdo que en lo conducente establece lo siguiente:

Único. Se solicita al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que en el ámbito de sus atribuciones y dentro del marco de los festejos del bicentenario del inicio de la Independencia y centenario del inicio de la Revolución Mexicana, declaren a Puebla como “Puebla, sitio histórico donde se inicio la Revolución Mexicana”.

Por lo anterior, se anexa al presente copia simple del citado acuerdo para los efectos correspondientes.

Atentamente

Heroica Puebla de Zaragoza, a 3 de diciembre de 2009.— Diputado Eugenio Edgardo González Escamilla (rúbrica), presidente; diputada Josefina García Hernández (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— H. Congreso del Estado de Puebla.— LVII Legislatura.

Honorable LVII Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla.

Considerando

Que en sesión pública ordinaria de esta fecha, el pleno de esta soberanía tuvo a bien aprobar el acuerdo presentado por la Comisión Especial de Apoyo a los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, por el que se solicita al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que en el ámbito de sus atribuciones y dentro del marco de los festejos del bicentenario del inicio de la Independencia y centenario del inicio de la Revolución Mexicana, declaren a Puebla como “Puebla, sitio histórico donde se inicio la Revolución Mexicana”.

Que los días 16, 17 y 18 de noviembre del año en curso, el Congreso de Puebla fue sede de la séptima Reunión nacional de comisiones legislativas conmemorativas para las celebraciones del bicentenario y centenario de los movimientos sociales de los Poderes Legislativos del país y la respectiva del Senado de la República, durante los trabajos organizados en el tercer día, presidió el director ejecutivo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, dependencia designada para la Coordinación Ejecutiva de los Programas y Calendarios, que acuerde con el coordinador de la comisión, José Manuel Villalpando, a quien se le solicitó su intervención para lograr que el gobierno federal gestione la declaratoria que reconozca a Puebla el derecho legítimo a llamarse “sitio histórico en el que se inicio la Revolución Mexicana”.

Petición que, aunada a la presentada en la honorable Cámara de Diputados, vendría a complementar el acuerdo aprobado por el Congreso de Puebla, fundados en los siguientes hechos históricos:

La primera de las grandes revoluciones sociales del siglo tuvo lugar en América Latina. México estaba bajo el control del dictador Porfirio Díaz. Si bien su política económica favoreció el progreso comercial y la producción mexicana, los beneficios se repartían entre los miembros de una oligarquía excluyente. Para 1910, 85 por ciento de la tierra mexicana le pertenecía a menos del 1 por ciento de la población. Los campesinos se quedaron sin tierras y sin trabajo y sufrían a diario los efectos del hambre y la pobreza.

Luego de más de 30 años en el poder, Díaz hizo un simulacro de apertura democrática y llamó a elecciones ese año.

Surgió un oponente poderoso, Francisco I. Madero, que simpatizaba con la causa de la reforma agraria, contaba con el apoyo del campesinado y postulaba el principio de la no reelección. Aun así y como Madero señaló el movimiento maderista era considerado una aventura inaudita y a los maderistas se les tildaba de ilusos. Y fue justamente en Puebla donde, por primera vez, Madero dejó de ser el candidato del Partido Antirreleccionista para convertirse en el candidato de la inmensa mayoría de la nación, Madero así lo afirma en su discurso pronunciado en Puebla el 14 de julio de 1911, un año después de iniciado el movimiento cuando señala:

“... Entonces la nación dudaba todavía del triunfo, pero cuando vine aquí a Puebla, señores, ese grito poderoso que salió de todos vuestros pechos, conmovió a la república, le hizo comprender que el pueblo se daba perfectamente cuenta del papel que yo representaba y del papel que iba a representar él mismo, y vosotros, los poblanos, fuisteis los primeros que con vuestro vigoroso grito dijisteis a la nación que teníais fe en mí; vosotros, con la clarividencia que da el sufrimiento, adivinasteis cuáles eran mis sentimientos; adivinasteis cuáles eran mis intenciones, comprendisteis que yo con vosotros, derrocaría al dictador y conquistaríamos nuestra libertad.

Los acontecimientos de Puebla en aquella vez cambiaron la faz de la campaña política. Antes de Puebla yo era el candidato del Partido Antirreeleccionista para la Presidencia de la República; después de Puebla fui el candidato de todo el pueblo mexicano, de la nación entera que me aclamaba, no como su candidato para la presidencia de la república, sino como el jefe nato del pueblo para reconquistar su libertad.”

Cabe destacar que Puebla fue no sólo el primer sitio que creyó en Madero y lo hizo su candidato, sino que, además, fue Puebla el lugar reconocido por el propio Francisco I. Madero que fertilizó con la sangre derramada de los hermanos Serdán la lucha que estalló dos días después en todos los rincones de la patria según lo dejó asentado así Madero cuando en el discurso de referencia señaló:

“Y así como en la campaña democrática fue Puebla la que dio la nota más saliente, en la guerra, señores, cuando principió la lucha armada, cuando fue necesario repeler la fuerza con la fuerza y demostrar a nuestros opresores que el pueblo también sabía manejar las armas, que sabía defenderse, que sabía vencer, fue aquí en Puebla donde se encendió la primera chispa, fue aquí en la calle de Santa Clara en donde un grupo de patriotas, encabezados por el gran Serdán, dieron el primer golpe de muerte a la dictadura.

Esos trágicos acontecimientos de la calle de Santa Clara, que dieron pábulo a que se creyese que la revolución había abortado vinieron a conmover profundamente a la república y la sangre derramada por estos héroes no fue en vano, porque hizo germinar en el suelo patrio muchos otros Aquiles Serdán que vinieron a vengar su muerte, que vinieron a dar a la patria libertad derramando con gusto su sangre generosa.

Aquiles Serdán es un hombre del cual no solamente Puebla se enorgullece, sino la nación mexicana entera, porque es para la nación una de las figuras más gloriosas de la guerra que acaba de pasar. Ojalá y hubiese sobrevivido. Estaría con nosotros en estos momentos cantando el triunfo; la lucha hubiera sido más pronto, porque con un héroe del tamaño de Serdán en el sur, el movimiento hubiese estallado con más prontitud y vigor, hubiese tenido más importancia y más pronto hubiese caído el dictador bajo los golpes del pueblo mexicano.”

En suma, Puebla fue el sitio donde se inició el primer brote sangriento del movimiento revolucionario en México. Y el reconocimiento del actuar de Aquiles Serdán fue hecho por Francisco I. Madero.

Los hermanos Serdán al igual que cientos de luchadores que prepararon el final de la dictadura porfirista merecen el reconocimiento pleno de la nación.

Al profundizar en el estudio de los acontecimientos históricos de nuestro país, en la reflexión presente y futura de ambos movimientos sociales en vísperas de conmemorar el bicentenario del inicio de la Independencia y el centenario del inicio de la Revolución Mexicana se hace necesario reinscribir como legado del movimiento de la Revolución Mexicana, el papel que Puebla ocupó en estos acontecimientos.

Por lo expuesto es que se solicita al gobierno federal y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que, en el ámbito de sus atribuciones, declaren a Puebla como “Puebla, sitio histórico en el que se inicio la Revolución Mexicana”.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 70 y 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Puebla; 93, fracción II, 94 y 130 del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla, se emite el siguiente:

Acuerdo

Único.Se solicita al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en el ámbito de sus atribuciones y dentro del marco de los festejos del bicentenario del inicio de la Independencia y centenario del inicio de la Revolución Mexicana, declaren a Puebla como “Puebla, sitio histórico donde se inicio la Revolución Mexicana”.

Palacio del Poder Legislativo en la heroica ciudad de Puebla de Zaragoza, a 3 de diciembre de 2009.— Diputados: Eugenio Edgardo González Escamilla, presidente; Josefina García Hernández, vicepresidenta; Enrique Guevara Montiel, Carolina O’Farril Tapia, secretarios (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. Continúe con el oficio de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

COMISION NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

En uso de las atribuciones conferidas a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 27 de la Ley de Inversión Extranjera, me permito enviarle el Informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México (enero-septiembre de 2009).

Sin otro particular, me pongo a sus órdenes para cualquier aclaración sobre este asunto.

Atentamente

México, DF, a 25 de noviembre de 2009.— Licenciado Felipe Duarte Olvera (rúbrica), secretario ejecutivo.»

«Informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México (enero-septiembre de 2009)

Introducción

En uso de las atribuciones conferidas a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 27 de la Ley de Inversión Extranjera, se hace del conocimiento del Congreso de la Unión el presente informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México durante el periodo enero-septiembre de 2009.

En la primera parte del informe se presenta una nota metodológica sobre la cobertura y la recopilación de las fuentes de información requeridas para elaborar las estadísticas sobre inversión extranjera directa (IED) en México. En la segunda parte se describe el comportamiento de la IED durante enero-septiembre de 2009, destacando el sector económico a que se destinan las inversiones y el país de origen.

De manera adicional, el informe incluye un apéndice estadístico con cifras sobre fuentes de información de la IED, destino económico, geográfico y país de origen.

1. Metodología para la elaboración de las cifras sobre los flujos de IED

1.1. Nota metodológica

La metodología para medir y dar a conocer los montos de IED en México fue elaborada por la Secretaría de Economía y el Banco de México, siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La Secretaría de Economía(SE) da a conocer de manera trimestral los flujos de IED acumulados en el periodo de referencia. Las cifras sobre IED se elaboran con datos de dos fuentes de información:

a) El valor de los movimientos de inversión realizados por empresas con IED y notificados al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) durante el periodo de referencia; y

b) Un monto estimado del valor de los movimientos de inversión de empresas con IED que se sabe fueron realizados durante el periodo de referencia, pero que aún no han sido notificados al RNIE.

a) El valor de los movimientos de inversión realizados por empresas con IED y notificados al RNIE consiste en movimientos de inversión notificados por

I. Personas físicas o morales extranjeras que realizan actos de comercio en México y sucursales de inversionistas extranjeros establecidos en el país.

II. Sociedades mexicanas con participación extranjera.

III. Instituciones fiduciarias que participan en fideicomisos de bienes inmuebles de los que se derivan derechos en favor de inversionistas extranjeros.

Estas cifras corresponden a lo siguiente:

- Inversiones iniciales realizadas por personas físicas o morales extranjeras al establecerse en México;

- Nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías de sociedades ya establecidas;

- Monto de inversión involucrado en las transmisiones de acciones por inversionistas mexicanos a extranjeros, a través de las cuales la IED adquiere total o parcialmente sociedades mexicanas ya establecidas.

- Monto de la contraprestación en los fideicomisos de bienes inmuebles.

De acuerdo con los artículos 32 y 33 de la Ley de Inversión Extranjera y 38 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, los movimientos mencionados deben ser reportados al RNIE, dependiente de la Dirección General de Inversión Extranjera de la SE.

Esta primera fuente de información (El valor de los movimientos de inversión realizados por empresas con IED y notificados al RNIE) tiene la característica de proporcionar cifras muy preliminares, debido a que las notificaciones al RNIE de dichos movimientos por las empresas con IED tienden a darse con un importante rezago respecto a las fechas en que se realizaron las inversiones debido, entre otras razones, al periodo que se requiere para formalizar el acta de asamblea en la cual se asienta la inversión realizada (los movimiento de inversión –cambios en el capital social– deben por ley ser protocolarizados ante un fedatario).

Este rezago se traduce en que los montos de IED reportados al RNIE en un periodo determinado corresponden en su mayoría a inversiones realizadas varios meses antes, y en menor cuantía a las inversiones realizadas en el lapso en cuestión. Por ende, la cifra reportada como IED realizada en un periodo determinado no es definitiva, ya que ésta aumenta posteriormente en la medida en que el RNIE recibe las notificaciones del resto de las inversiones realizadas en dicho periodo. Debido a ello, en la generación de cifras sobre el monto total de IED se incluye una estimación de los montos de IED ya realizados pero que aún no han sido notificados al RNIE.

b) Un monto estimado del valor de los movimientos de inversión de empresas con IED que se sabe fueron realizados durante el periodo de referencia, pero que aún no han sido notificados al RNIE. Esta estimación se elabora tomando en cuenta el comportamiento mostrado por el rezago mencionado durante los últimos años, y con la información de diversos indicadores obtenidos por el Banco de México (información obtenida de diversas áreas del propio banco, de las empresas y de medios de información especializados). Este monto es estimado por la SE y el Banxico, y se debe señalar que no se dispone de desagregaciones por país, sector y estado, solamente se estima un monto global.

1.2. Información sectorial y regional sobre la IED

Se dispone de información desagregada por sector económico, entidad federativa y país de origen únicamente respecto a los montos realizados y notificados al RNIE.

La información geográfica de la IED se refiere a la entidad federativa donde se halla el domicilio del representante legal o de la oficina administrativa de cada empresa (único dato que proporcionan los inversionistas extranjeros cuando notifican al RNIE sus movimientos de inversión), y no necesariamente a la entidad federativa donde se realizan las inversiones.

1.3. Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras

Finalmente, los montos de IED involucrados en los proyectos autorizados por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, de conformidad con lo establecido en los artículos 8o., 9o. y noveno transitorio de la Ley de Inversión Extranjera, representan un importante indicador de las inversiones por realizarse en el corto plazo. Estas inversiones se incluyen en las estadísticas sobre IED únicamente a partir de que se realizan y se notifican al RNIE.

2. Comportamiento de la IED en enero-septiembre de 2009

A continuación se presentan las cifras que reflejan la evolución de la IED en el periodo enero-septiembre de 2009, recopiladas hasta el 30 de septiembre de ese año, de acuerdo con la metodología descrita en la sección anterior.

El monto de la IED total reportada para en enero-septiembre de 2009 asciende a 9 750.0 millones de dólares (md), cantidad 37.3 por ciento menor que la reportada en igual periodo de 2008 (15 560.1 md).

De acuerdo con la fuente de la inversión, los 9 750.0 md de IED reportada en enero-septiembre de 2009 se integraron con 1 098.4 md (11.2 por ciento) de nuevas inversiones, 5 359.6 md (55.0 por ciento) de reinversión de utilidades y 3 292.0 md (33.8 por ciento) de cuentas entre compañías.

Los montos de IED correspondientes al periodo enero-septiembre de 2009 fueron realizados por 2 937 sociedades mexicanas con inversión extranjera directa en su capital social.

2.1. Distribución sectorial y por país de origen de la IED notificada al RNIE

Los 9 750 md de IED realizada y notificada en enero-septiembre de 2009 se canalizaron principalmente a la industria manufacturera, que recibió 38.9 por ciento, para servicios financieros fue 22.9; en otros servicios, 16.2; comercio, 16.2; y otros sectores, 5.8.

Asimismo, durante enero-septiembre de 2009, la IED provino principalmente de Estados Unidos, que participó con 53.3 por ciento; Holanda, con 14.8; Puerto Rico, 11.9; Canadá, 5.8; Reino Unido, 4.4; España, 4.2; Francia, 2.0; Irlanda, 1.1; y otros países, 2.5.

2.2. Proyectos autorizados por la CNIE

Durante enero-septiembre de 2009, la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) autorizó 20 proyectos de inversión, por un total de 1 907.6 md. De ellos, 13 proyectos corresponden al sector servicios; 5, al extractivo; 1, a transportes y comunicaciones; y otro, a construcción.

Apéndice estadístico

Notas:

1 Manual de balanza de pagos, capítulo XVIII, Fondo Monetario Internacional, quinta edición, 1993.

2 “Benchmark definition of foreign direct investment”, en Benchmark definition, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, tercera edición, 1996.

3 El 1 de noviembre de 2006 se publicó el “Decreto para el fomento de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación”, con el cual se integraron en un solo programa los correspondientes al fomento y a la operación de la industria maquiladora de exportación y el de importación temporal para producir artículos de exportación, denominado “Pitex”. Como resultado de lo anterior, en la estadística de inversión extranjera ya no se distinguirán las empresas maquiladoras del resto de ellas, por lo que para fines comparativos, la IED reportada en el rubro “Importaciones de activo fijo realizadas por empresas maquiladoras con inversión extranjera” se ha integrado en “Cuentas entre compañías”.

4 Se refiere a los establecimientos que personas morales extranjeras abren en México para prestar servicios sin que para ello constituyan una sociedad mexicana.

5 Incluye inversiones en activo fijo y capital de trabajo para realizar actos de comercio en México. Este tipo de inversiones se refiere a las realizadas por personas físicas o morales extranjeras a quienes el Código de Comercio reconoce personalidad jurídica y la Ley de Inversión Extranjera posibilita para efectuar actividades económicas en México, sin constituirse como una sociedad mexicana.

6 Es la parte de las utilidades que no se distribuye como dividendos y que, por representar un aumento de los recursos de capital propiedad del inversionista extranjero, es parte de la IED. En la contabilidad de la balanza de pagos, en congruencia con lo dispuesto en la quinta edición del Manual de balanza de pagos del FMI, la contrapartida a la reinversión de utilidades de la IED (que se registra en la cuenta de capital como entrada virtual) es una erogación (también virtual) en los pagos factoriales de la cuenta corriente.

7 Se refiere a las transacciones originadas por deudas entre empresas asociadas. Así, incluye tanto préstamos de las matrices residentes en el exterior a sus filiales en México como préstamos o adelantos de pagos de las filiales a sus matrices. Estas transacciones son consideradas IED porque significan un ingreso proveniente del exterior, financiado directamente por el inversionista extranjero a su filial en México.

8 Estos movimientos se consideran IED porque tienen la finalidad de obtener un interés de largo plazo en empresas mexicanas, lo cual es congruente con la definición de IED de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( Benchmark definition of foreign direct investment, tercera edición, 1996, página 7), que señala lo siguiente: “La inversión extranjera directa refleja el objetivo de obtener un interés duradero por una entidad residente en una economía (inversionista directo), en una entidad residente en otra economía diferente de la del inversionista (empresa de inversión directa)”. El interés duradero implica la existencia de una relación de largo plazo entre el inversionista directo y la empresa, así como un grado significativo de influencia en el manejo de la empresa.

9 Debido a la existencia de este rezago, se debe tener cuidado en la comparación de los flujos de IED correspondientes a dos periodos, pues las inversiones realizadas durante el menos reciente han tenido más tiempo para haber sido notificadas ante el RNIE. Por ejemplo, sí sería válido comparar las cifras de IED correspondientes al lapso enero-septiembre de 2009, que se tienen registradas hasta el 30 de septiembre de 2009, con la información que se tenía al 30 de septiembre de 2008, relativa al periodo enero-septiembre de 2008.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, para su conocimiento, y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.Continúe con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por favor.

PERMISO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE CONSUL HONORARIO

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número PRO-12271, el embajador Jorge Castro-Valle Kuehne, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción IV, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que Armando Antonio Aguilar Ruibal pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario del Reino de España en Los Cabos, con circunscripción consular en el estado de Baja California Sur.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de su expediente, originales de la carta dirigida al honorable Congreso de la Unión con la que el interesado solicita el permiso respectivo y de la constancia de residencia, copia certificada del acta de nacimiento de dicha persona, así como copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la nota de nombramiento formulada por la Embajada del Reino de España en México.

Atentamente

México, DF, a 6 de noviembre de 2009.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número PRO- 12275, el embajador Jorge Castro-Valle Kuehne, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción IV, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que Óscar Ernesto de la Fuente Groskorth pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Malta en la Ciudad de México, con circunscripción consular en toda la República Mexicana.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de su expediente, originales de la carta dirigida al honorable Congreso de la Unión con la que el interesado solicita el permiso respectivo y de la constancia de domicilio, copia certificada del acta de nacimiento de dicha persona, así como copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la nota de nombramiento formulada por la Embajada de Malta.

Atentamente

México, DF, a 6 de noviembre de 2009.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número PRO-13958, el embajador Jorge Castro-Valle Kuehne, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción IV, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que Pedro Ramírez Campuzano pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Ucrania en la ciudad de Tijuana, con circunscripción consular en el estado de Baja California.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de su expediente, originales de la carta dirigida al honorable Congreso de la Unión con la que el interesado solicita el permiso respectivo, y del certificado de residencia, copia certificada del acta de nacimiento de dicha persona, así como copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la nota de nombramiento formulada por la Embajada de Ucrania en México.

Atentamente

México, DF, a 16 de diciembre de 2009.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turnan a la Primera Comisión de Trabajo

PERMISO PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número DEP-1572/09, Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Blanca Flor López de Jesús.

Puesto: Empleada doméstica.

Lugar de trabajo: Embajada de Dinamarca en México.

Nombre: Gustavo Adolfo Rangel Guerrero.

Puesto: Asesor.

Lugar de trabajo: Embajada de Noruega en México.

Nombre: Dina Plotnik Golcman.

Puesto: Empleada.

Lugar de trabajo: Embajada de Israel en México.

Por lo anterior, me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento y de la carta de naturalización que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de sus identificaciones oficiales.

Atentamente

México, DF, a 13 de octubre de 2009.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante el oficio número DEP-1751/09, Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: María Elena Patiño Vázquez.

Puesto: Recepcionista en el Departamento de Información.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Nombre: Alejandro García García.

Puesto: Cajero clase B en la sección administrativa.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Nombre: Édgar Sánchez Ladrón de Guevara.

Puesto: Técnico mecánico en la sección de servicios generales.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Nombre: César Yamil Palozzi Moras.

Puesto: Cajero.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de los expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de las identificaciones oficiales.

Atentamente

México, DF, a 13 de noviembre de 2009.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número DEP-1843/09, Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite, ante el Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Carlos Ernesto Silva Torres.

Puesto: Asistente de Inventarios.

Lugar de trabajo: Consulado de los Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.

Nombre: Lilia Gallegos Gómora.

Puesto: Asistente de Inmigración.

Lugar de trabajo: Embajada de Canadá en México.

Nombre: Luzana Álvarez Mitre.

Puesto: Auxiliar de Seguridad.

Lugar de trabajo: Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo se informa que las personas que se citan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Víctor Manuel Vélez Santiago.

Puesto: Operador de computadoras en la sección de Sistemas de Informática.

Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Nombre: Jesús Castillejos Coutiño.

Puesto: Suministros/agente de adquisiciones/chofer en la sección APHIS del Departamento de Agricultura.

Lugar de trabajo: Consulado de los Estados Unidos de América en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Nombre: José Manuel Hernández López.

Puesto: Empleado.

Lugar de trabajo: Consulado de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.

Atentamente

México, DF, a 16 de diciembre de 2009.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número DEP-1898/09, Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Fernando Rojas Camarillo.

Puesto: Contador.

Lugar de trabajo: Embajada de Chile en México.

Nombre: J. Rodolfo Álvarez Rincón.

Puesto: Chofer.

Lugar de trabajo: Embajada de Chile en México.

Nombre: Johan Osiris Moreno García.

Puesto: Auxiliar de servicios menores.

Lugar de trabajo: Embajada de Chile en México.

Nombre: Gustavo del Carmen Sánchez.

Puesto: Chofer y auxiliar de archivo.

Lugar de trabajo: Embajada de Chile en México.

Por lo anterior, me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de sus identificaciones oficiales.

Atentamente

México, DF, a 16 de diciembre de 2009.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-1675/09, Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Francisco Sánchez Rodríguez.

Puesto: Asesor del embajador.

Lugar de trabajo: Embajada de la República de Corea en México.

Nombre: Alejandro González Palomeque.

Puesto: Visa clerk.

Lugar de Trabajo:Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Carlos Alberto Cristerna Sánchez.

Puesto: Voucher examiner.

Lugar de Trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Yuriko Sabrina Gancedo Auki.

Puesto: Analista Financiero.

Lugar de Trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de sus identificaciones oficiales.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2009.— Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número DEP-1631, Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Margarita Mercado Osorio.

Puesto: Empleada doméstica.

Lugar de trabajo: Embajada de Israel en México.

Nombre: Marcela Domínguez Hernández.

Puesto: Empleada doméstica.

Lugar de trabajo: Embajada de la República de Corea en México.

Nombre: Pascale Marie José Schwab Jeannerat.

Puesto: Secretaria.

Lugar de trabajo: Embajada de Bélgica en México.

Nombre: Georgina Domínguez Hernández.

Puesto: Empleada doméstica.

Lugar de trabajo: Embajada de la República de Corea en México.

Nombre: Perla Fabiola Arizmendi Hernández.

Puesto: Guardia de seguridad.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.

Nombre: Sergio Antonio Luján Plaza.

Puesto: Guardia de seguridad.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.

Nombre: Santos Gabriel Guerrero Dávila.

Puesto: Guardia de seguridad.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.

Nombre: Irma Tapia Valencia.

Puesto: Asistente de seguridad.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento y de la carta de naturalización que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas, y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo se informa que la persona que se cita a continuación solicita la cancelación del permiso que le fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Mónica Gabriela Morales Juárez

Puesto: Empleada

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2009.— Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turnan a la Primera Comisión de Trabajo, y por lo que se refiere a los ciudadanos que dejan de prestar servicios, se remiten a las Comisiones de Gobernación de ambas Cámaras, para su conocimiento

PERMISO PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-13186, la consejera María Teresa Mercado Pérez, directora general adjunta del Ceremonial, encargada de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que Jorge Humberto Pastor Gómez pueda aceptar y usar la condecoración honorífica de Interfuerzas del Estado Mayor de la Defensa Italiana, que le otorga la Marina Militar del gobierno de la República Italiana.

Por lo anterior, me permito anexar, para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Atentamente

México, DF, a 2 de diciembre de 2009.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-13027, el embajador Jorge Castro-Valle Kuehne, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Raymundo Pedro Morales Ángeles pueda aceptar y usar la Medalla Especial y la Cinta que le otorga la Junta Interamericana de Defensa de la Organización de Estados Americanos.

Por lo anterior, me permito anexar, para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la medalla de referencia.

Atentamente

México, DF, a 26 de noviembre de 2009.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número PRO-13028, el embajador Jorge Castro-Valle Kuehne, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que Eduardo Redondo Arámburo pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Naval, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República de Chile.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración al expediente, original de la solicitud del interesado, dirigida al Congreso de la Unión, para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, y copias simples del currículo, de la identificación oficial y de la notificación en que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Atentamente

México, DF, a 26 de noviembre de 2009.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número PRO-13026, el embajador Jorge Castro-Valle Kuehne, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que Víctor Manuel Alarcón Daowz, pueda aceptar y usar la Medalla al Servicio Meritorio, que le otorga el gobierno de Estados Unidos de América.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente original de la solicitud del interesado, dirigida al Congreso de la Unión, para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, y simples del currículo, de la identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la medalla de referencia.

Atentamente

México, DF, a 26 de noviembre de 2009.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turnan a la Primera Comisión de Trabajo

CERTIFICADO DE NO GRAVIDEZ

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes

En respuesta al oficio número DGPL-1P1A.-1966, signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 1466, suscrito por el doctor Álvaro Castro Estrada, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la implementación de programas que impidan la solicitud del certificado de no gravidez.

Atentamente

México, DF, a 16 de diciembre de 2009.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Cámara de Senadores.

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes

En respuesta al oficio número DGPL-2P3A.-10214, signado por el senador José González Morfín, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 349-A- 1210, suscrito por el licenciado Juan Manuel Pérez Porrúa, jefe de la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la situación que afecta a la industria automotriz mexicana.

Atentamente

México, DF, a 16 de diciembre de 2009.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Cámara de Senadores.

SECTOR TRANSPORTISTA PUBLICO

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes

En respuesta al oficio número DGPL-2P3A.-10639, signado por el senador José González Morfín, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 349-A-1209, suscrito por el licenciado Juan Manuel Pérez Porrúa, jefe de la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al apoyo del sector transportista público.

Atentamente

México, DF, a 16 de diciembre de 2009.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Cámara de Senadores.

EXPLOTACION SEXUAL INFANTIL

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes

En respuesta al oficio número DGPL-1P1A.-1418, signado por el senador Arturo Núñez Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGPPCI/V/3256/ 09, suscrito por la ciudadana Érika Santoyo Morales, directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la explotación sexual infantil.

Atentamente

México, DF, a 18 de diciembre de 2009.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Cámara de Senadores.

PLANTACIONES CAFETALERAS

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes

En respuesta al oficio número DGPL-1P1A.-2951, signado por el senador Arturo Núñez Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 112.1.-697, suscrito por el ciudadano Luis Alfonso Velázquez Mezta, director de Enlace con el Congreso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a las plantaciones cafetaleras.

Atentamente

México, DF, a 18 de diciembre de 2009.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Cámara de Senadores.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Continuamos con el orden del día y pasamos al punto correspondiente a iniciativas. Tiene la palabra el diputado David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 2 Bis a la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

El diputado David Hernández Pérez: Con su permiso, compañero presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, con la propuesta que hoy presento ante este pleno se trata de solicitar la reducción del IEPS con base en una escala de producción de la industria cervecera artesanal. Esta industria cervecera está integrada en el país por 12 empresas que no producen más de 15 mil hectolitros por año, cada una de ellas.

Estas empresas tienen en promedio 500 trabajadores, 500 personas que dependen directamente, y 500 más, aproximadamente, que dependen de manera indirecta. Además, en 2008 estas empresas tuvieron un crecimiento de 45 por ciento en ventas, en promedio, a diferencia de las grandes industrias que crecieron solamente 4 por ciento. Esto significa que estas microempresas crecieron 400 por ciento más que los grandes grupos cerveceros. Este crecimiento en ventas se dio a pesar del enorme incremento de los costos operacionales de las materias primas, que ascendió en un orden de 40 por ciento, en promedio.

Para que le calculen, estas cervecerías registradas en 2007, para 2008 crecieron 50 por ciento; esto es, eran 8 y ahora son 12 cerveceras. La intención de esta propuesta, basada en la reducción de 60 por ciento del IEPS, beneficiaría en gran medida y contribuiría a la creación de nuevos empleos.

Actualmente la industria cervecera independiente contribuye con alrededor de 35 millones de pesos en IEPS. Esta medida reduciría los ingresos de Hacienda en 15 millones, pero estos 20 millones de pesos que no ingresarían a Hacienda permitirían cuando menos la creación de 500 empleos directos. Sobre todo que estas empresas, a diferencia de las grandes industrias cerveceras, tienen costos mucho más altos. Entonces, beneficiaría de manera importante el que pudiera avanzarse en esta reducción de IEPS para estas empresas.

El costo de producción de la caja de cerveza en las grandes industrias, por ejemplo, es 50 por ciento menos que en las industrias cerveceras artesanales. Aunado a esto, las grandes empresas tienen ya de manera horizontal toda la producción de insumos, desde la malta hasta el lúpulo. La diferencia es el sabor de la cerveza, para los consumidores. La verdad no hay competencia entre ellos; por lo que sería de gran beneficio el que esto trascendiera para las pequeñas industrias cerveceras.

Como un antecedente, hace 25 años la industria cervecera en Estados Unidos era igual de pequeña que la nuestra, pero actualmente hay grandes, hay 2 mil pequeñas cervecerías en Estados Unidos, que recaudan más de 204 mil millones de dólares. Entonces esto puede ser un buen insumo para poder, a largo plazo, recaudar mayores impuestos.

Por lo expuesto, presento ante este pleno el decreto que adiciona el artículo 2 Bis a la Ley del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios, que es simple y sencillamente basado en la reducción del IEPS con base en una escala de producción.  Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que adiciona el artículo 2 Bis a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito diputado integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, al tenor siguiente:

Antecedentes

La industria cervecera independiente nacional se integra por 12 cervecerías que producen desde mil a 15 mil hectolitros por año.

Emplea directamente a cerca de 500 personas y de manera indirecta a otras 500, por lo menos, a las que se les destinan más de 50 millones de pesos anuales, en sueldos y prestaciones. Asimismo contribuye al pago de 25 millones de pesos al año por concepto del impuesto al valor agregado IVA (en adelante IVA), sin contar las contribuciones que hace al pago del impuesto especial sobre producción y servicios (en adelante IEPS).

En 2008 el crecimiento de las ventas en las cervecerías artesanales fue del 45 por ciento en promedio, con respecto a 2007 contra un 4 por ciento que creció el mercado de los grupos mayoristas. Esto significa que las microempresas crecieron  400 por ciento más que los grandes grupos cerveceros.

Este crecimiento en ventas se dio a pesar del enorme incremento en los costos operacionales y de materia prima, que ascendió en un orden del 40 por ciento en promedio.

Las cervecerías registradas en 2007, en relación con 2008 creció un 50 por ciento. Esto es en una proporción de 8 a 12.

Como ninguna de las empresas cerveceras independientes produce más de 15 mil hectolitros anuales, cada cual tendrá una reducción del 60 por ciento en el IEPS general, cuando menos.

Actualmente la industria cervecera independiente contribuye con alrededor de 35 millones de pesos anuales en IEPS. ¿Con esta medida? la captación del fisco en cuestión disminuiría únicamente de 35 a 15 millones. Esta reducción de 20 millones de pesos anuales no afectaría en nada la recaudación al país y tendría un gran impacto al desarrollo de la industria cervecera artesanal, ya que ayudaría a mantener a las empresas en operación, asegurando con ello; las fuentes de trabajo generadas a la fecha.

La reducción de este impuesto se basa en la diferencia de costos y productos que los pequeños  productores de cerveza tienen en comparación de las grandes industrias.

El costo de producción por caja de cerveza industrializada es de hasta el 50 por ciento inferior al de una cerveza artesanal. Esto es porque las grandes empresas producen a gran escala y tienen integrada de manera horizontal toda la producción de insumos: desde la malta y el lúpulo con agricultura por contrato, hasta vidrio, cartón, corcholatas, etiquetas, transporte y centros de consumo a través de concesiones exclusivas.

Como antecedente, hace 25 años la industria cervecera independiente en Estados Unidos era pequeña  y gracias a la Ley de Descuentos a Impuestos Especiales vigente, aunada a una estricta legislación antimonopolios, se ha catapultado el hasta llegar a la existencia de más de 2,000 micro cervecerías y a la recaudación de $204,994,874 (doscientos cuatro millones, novecientos noventa y cuatro mil ochocientos setenta y cuatro) dólares norteamericanos, en el 2008, únicamente de las cervecerías independientes.

Si en otros países como Canadá y Estados Unidos se ha logrado un incremento y una recaudación tan importante, podemos de igual forma llevarlo a cabo en nuestro país.

Es importante que como legisladores apoyemos la industria artesanal para fortalecer  y garantizar su crecimiento siendo un generador de empleos para la pequeña industria cervecera.

Por lo anterior expuesto someto a la consideración  de esta asamblea el siguiente proyecto:

Decreto que adiciona el artículo 2 Bis a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Único. Se adiciona el artículo 2 Bis a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Artículo 2 Bis. En la enajenación o, en su caso, en la importación de bebidas con contenido alcohólico y cerveza de la industria (artesanal-independiente) que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas siguientes:

1. A la producción anual de 2,000 hectolitros  2.5 %

2. A la producción anual de 2,001 a 5,000 hectolitros                   5%

3. A la producción anual en hectolitros 5,001 a 15,000                 10%

4. A la producción anual de 15,0001 a 50,000 hectolitros              17.5%

5. A la producción anual de 50,001 a 75,000 hectolitros               21.25%

6. A la producción anual de más de 75,000 hectolitros                  25%

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de diciembre de 2009.— Diputado David Hernández Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Óscar Martín Arce Paniagua, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por el diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del PAN, y por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

El diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Con su venia, presidente. Esta iniciativa se presenta a nombre de los diputados Miguel Antonio Osuna Millán, Reyes Tamez Guerra, Alejandro Bahena Flores y José Trinidad Padilla López.

Lo que contempla este proyecto es establecer en nuestro país una política de Estado para impulsar el desarrollo científico y tecnológico y de innovación.

México actualmente ocupa el último lugar en inversión en ciencia y tecnología de todos los países miembros de la OCDE, de la que es la parte, que le destinan un gasto mayor; el cual equivale solamente aquí en México al 0.45 de nuestro producto interno bruto. Por tal motivo el Congreso de la Unión expidió una Ley de Ciencia y Tecnología, que es reglamentaria de la fracción V del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el artículo 9 Bis la Ley de Ciencia y Tecnología marca como meta destinar 1 por ciento del producto interno bruto a la investigación científica y desarrollo tecnológico. Sin embargo, desde que entró en vigor dicha ley, el Estado mexicano ha incumplido con proporcionar esa meta y ese destino de gasto a ciencia y tecnología.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es el mecanismo a través del cual debe reformarse y retomar esa senda para impulsar la ciencia y tecnología. Esta iniciativa pretende adicionar un inciso en el artículo 41 de dicha ley, con cuatro motivos fundamentales, de esta manera garantizaríamos que en nuestro país pueda ubicarse en la vanguardia mundial en materia de ciencia y tecnología, pero al mismo tiempo se proporcionarían criterios y obligaciones de carácter presupuestal mucho más claros, acorde a las necesidades de este país en desarrollo.

Por tanto, a nombre de mis compañeros, someto a la elevada consideración de esta honorable Comisión Permanente, el decreto que dice lo siguiente:

Artículo 1o. Se adiciona con un inciso o) al numeral II del artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue:

Artículo 41. El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá:

I. ...

II. El proyecto de decreto, los anexos y tomos, los cuales incluirán:

a) a ñ) ...

o) Un capítulo específico que contenga las erogaciones de las dependencias y entidades destinadas al programa de ciencia y tecnología.

De conformidad con la meta de gasto establecida en el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, las asignaciones en el presupuesto de egresos para el rubro de investigación científica y desarrollo tecnológico no podrán, en ninguno de los ejercicios fiscales, ser inferiores a 1 por ciento del producto interno bruto. Para tales efectos se contemplará como parte del monto destinado a dicho concepto las inversiones que realizan las instituciones de educación superior.

Los recursos asignados a la investigación científica y desa-rrollo tecnológico deberán incrementarse cada año, como proporción del PIB, y en ningún caso podrán ser inferiores o iguales al año anterior.

Al dictaminar el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública observará y tomará en cuenta, a manera de marco referencial, cuál es el promedio que destinan a ciencia y tecnología aquellos países en vías de desarrollo que mayores avances han registrado en la materia, así como aquellos que han alcanzado mayores tasas de crecimiento económico.

Transitorio. Único. La presente reforma y adición entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por el diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del PAN, y por integrantes de diversos grupos parlamentarios

Los que suscribimos, diputados federales de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que nos otorgan los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos poner a la consideración de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de ciencia y tecnología, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

1. Nuestro país se ha propuesto establecer una política de Estado para su desarrollo científico, tecnológico y de innovación, basado en la adecuada formación de investigadores y tecnólogos que sean capaces de resolver los grandes problemas nacionales.

2. México ocupa el último lugar en inversión en ciencia y tecnología de todos los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la que es parte, con un gasto equivalente al 0.45 por ciento de nuestro producto interno bruto (PIB).

3. El desarrollo científico y tecnológico debe ser, cada vez en mayor medida, motor de la economía y palanca para el desarrollo nacional.

4. En el marco del derecho constitucional a la educación, nuestra Carta Magna establece claramente en la fracción quinta de su artículo tercero, que “el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos necesarios para el desarrollo de la nación” y, en ese sentido, “apoyará la investigación científica y tecnológica”.

5. Por tal motivo, el Congreso de la Unión expidió la Ley de Ciencia y Tecnología, misma que es reglamentaria de la fracción V del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6. El artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología marca como meta destinar al menos el 1 por ciento del PIB a la investigación científica y desarrollo tecnológico. Sin embargo, desde que dicha ley entró en vigor, el Estado mexicano ha incumplido dicha meta de gasto.

7. Por lo anterior, se vuelve fundamental incorporar en el marco jurídico idóneo, una puntual obligación y parámetro de partida para definir los montos mínimos que el gobierno federal deberá invertir para ciencia y tecnología.

8. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es el instrumento que marca los principios y las normas a las que debe sujetarse la programación, elaboración y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

9. La presente iniciativa pretenda adicionar un inciso al artículo 41 de dicha ley con 4 motivos fundamentales:

• Que el proyecto de decreto del Presupuesto, sus anexos y tomos, contenga, de manera permanente y necesaria, un capítulo específico para las erogaciones en ciencia y tecnología, como se ha estipulado ya en varios ejercicios fiscales anteriores; y

• Establecer de manera obligatoria, como regla, un mínimo de gasto para la investigación científica y desarrollo tecnológico del 1 por ciento del PIB, de conformidad con el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología.  No es suficiente que esta disposición ya esté contemplada en dicha ley, habría que trasladarla a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para convertirla en una auténtica obligación presupuestaria.

• Incorporar una disposición expresa en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para establecer también de manera obligatoria que los recursos destinados a ciencia y tecnología sean incrementales año tras año, como porcentaje del PIB, para que el monto que se apruebe cada año tenga que ser mayor forzosamente a aquel del año anterior.

• Establecer en la misma ley, como parámetro referencial de gasto, la disposición de que deberá observarse cuál es el promedio de lo que los principales países en vías de desarrollo destinan para ciencia y tecnología, para que sea tomado en cuenta al momento de la dictaminación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por ejemplo, tomando como referencia las últimas cifras internacionales proporcionadas por la UNESCO en términos del gasto de los países en investigación científica y desarrollo tecnológico, como proporción de su PIB, haríamos un promedio (para ilustrar el caso) de lo que destinan países como Rusia, Brasil, India y Argentina. De esta manera, tendríamos, respectivamente, la siguiente proporción de gasto como porcentaje del PIB:

Fórmula ejemplo = (1.1% de Rusia + 1% de Brasil + 0.8% de la India + 0.5% de Argentina) / 4.

Lo anterior nos daría un promedio igual a 0.85 por ciento del PIB, que sería en ese caso el parámetro que debería de guiar la asignación presupuestal para ciencia y tecnología en nuestro país.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendría la discrecionalidad para diseñar la fórmula específica, así como definir cuántos y qué países en concreto se utilizarán para realizar el promedio que serviría como referencia.  Pero en ninguno de los casos se podría destinar menos del 0.6 por ciento de nuestro PIB para ciencia y tecnología.

De esta manera, garantizaríamos que nuestro país pueda ubicarse a la vanguardia mundial en materia de ciencia y tecnología, pero al mismo tiempo, proporcionaríamos criterios y obligaciones de carácter presupuestal mucho más claros y acordes a las necesidades del país en ese sentido.

Por tanto, sometemos a la elevada consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se adiciona con un inciso o) al numeral II del artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 41. El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá:

I. ...

II. El proyecto de Decreto, los anexos y tomos, los cuales incluirán:

a)  ñ) ...

o) Un capítulo específico que contenga las erogaciones de las dependencias y entidades destinadas al Programa de Ciencia y Tecnología. De conformidad con la meta de gasto establecida en el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, las asignaciones en el Presupuesto de Egresos para el rubro de investigación científica y desarrollo tecnológico no podrán, en ninguno de los ejercicios fiscales, ser inferiores al 1 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional. Para tales efectos, se contemplará como parte del monto destinado a dicho concepto las inversiones que realizan las instituciones de educación superior.

Los recursos asignados a la investigación científica y desarrollo tecnológico deberán incrementarse cada año, como proporción del PIB, y en ningún caso podrán ser inferiores o iguales a los del año anterior.

Al dictaminar el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública observará y tomará en cuenta, a manera de marco referencial, cuál es el promedio de gasto que destinan a ciencia y tecnología aquellos países en vías de desarrollo que mayores avances han registrado en la materia, así como aquellos que han alcanzado mayores tasas de crecimiento económico.

Transitorios

Único. La presente reforma y adición entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputados: Reyes Tamez Guerra, Miguel Antonio Osuna Millán, Alejandro Bahena Flores, José Trinidad Padilla López (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados.

LEY PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 13 y deroga el 14 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

El senador Adolfo Jesús Toledo Infanzón: Gracias, presidente. En la exposición de motivos de la iniciativa que dio origen a la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía se afirmó que la energía es un bien que tiene incidencia en el ambiente, por lo que debe ser provista y utilizada de manera responsable, reduciendo en la mayor medida posible los efectos negativos que ésta puede generar.

Sin embargo, en la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía no se garantizan las condiciones legales mínimas que permitan suponer que la preservación del ambiente será abordada a cabalidad en la planeación, desarrollo y ejecución de los programas de eficiencia energética, toda vez que no se prevé la presencia de expertos en materia ambiental en la elaboración de dichas actividades.

Por esto, resulta inadmisible que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no participe en la integración del Consejo Consultivo para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, establecido en el Capítulo II de dicho cuerpo legal, al ser el sector público el más y mejor informado sobre el impacto ambiental ocasionado por las diversas actividades humanas.

Por ello, este día someto a la consideración de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma y adiciona la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, a fin de ampliar el número de integrantes de dicho Consejo Consultivo, para dar paso a representantes expertos en materia ambiental, a la vez que se propone clarificar la duración en el encargo y el método de selección de tales integrantes.

Es innegable que la actividad humana está acabando con el ambiente a una velocidad vertiginosa, razón por la cual resulta insuficiente que en la planeación y ejecución de programas diseñados para el uso sustentable de la energía participen únicamente expertos de la Secretaría de Energía.

Es necesario, por tanto, ampliar el número de integrantes del Consejo Consultivo para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, a fin de incluir a un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a dos legisladores que representen a las Comisiones de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

Finalmente, se propone establecer el plazo en que habrán de durar en su encargo los miembros del Consejo Consultivo, el cual será de tres años, a excepción del titular de la Secretaría de Energía, así como la obligatoriedad de que los seis investigadores académicos pertenezcan al Sistema Nacional del Investigadores del Conacyt.

En suma, mediante esta reforma estaremos avanzando en la configuración más congruente del órgano legal encargado de evaluar el cumplimiento de los objetivos, estrategias, acciones y metas establecidas en el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

De conformidad con lo expuesto, se propone el siguiente proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 13 y se adicionan las fracciones III, IV y V del artículo 13, y se deroga el artículo 14, todos de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

Señor presidente, en virtud de que el texto íntegro de esta iniciativa se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, le solicito se inserte en el Diario de los Debates de esta sesión. Es todo presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 13 y deroga el 14 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, a cargo del senador Adolfo Jesús Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Adolfo Toledo Infanzón, senador de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

En la exposición de motivos de la iniciativa que dio origen a la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía se afirmó que “la energía es un bien que tiene incidencia en el medio ambiente, por lo que debe ser provista y utilizada de manera responsable, reduciendo en la mayor medida posible, los efectos negativos que ésta puede generar. La eficiencia energética contribuye al desarrollo sustentable de un país en la medida que promueve el uso óptimo de los recursos energéticos”.

Ciertamente, la sustentabilidad o sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones de cubrir sus propias necesidades. De ahí que existan principalmente diversas formas de reducir el impacto humano negativo y de potenciar los servicios de los ecosistemas, entre las que destacan el manejo ambiental y el manejo del consumo de recursos por los seres humanos.

Sin embargo, aún cuando en la exposición de motivos de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía se preveía que ésta “... buscaría superar las barreras e imperfecciones de los mercados energéticos que imponen barreras a la eficiencia energética y sentar las bases jurídicas para formular estrategias, políticas y programas orientados a promover el aprovechamiento sustentable de la energía”; lo cierto es que en la misma no se garantizan las condiciones legales mínimas que permitan suponer que la preservación del medio ambiente será abordado a cabalidad en la planeación, desarrollo y ejecución de los programas de eficiencia energética, toda vez que no se prevé la presencia de expertos en materia de medio ambiente en la elaboración de dichas actividades.

En tal virtud, resulta inadmisible que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no participe en la integración del Consejo Consultivo para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, establecido en el Capítulo Segundo de dicho cuerpo legal, al ser el sector público más y mejor informado sobre el impacto ambiental ocasionado por las diversas actividades del ser humano.

Así las cosas, el día de hoy someto a la consideración de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma y adiciona la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, a fin de ampliar el número de integrantes de dicho Consejo Consultivo, para dar paso a representantes expertos en materia de medio ambiente, a la vez que se propone clarificar la duración en el encargo y el método de selección de tales integrantes.

En días pasados se celebró la 15ª Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Cambio Climático que reunió en la capital danesa a 193 países en busca de un nuevo acuerdo mundial sobre el cambio climático, buscando lograr acuerdos para reducir entre 25 y 40 por ciento las emisiones con respecto al año 1990 para 2020.

Así, para tal efecto, el gobierno de EUA ha ofrecido rebajar sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) en 17 por ciento hasta 2020 con respecto a 2005, mientras que China hará lo propio al reducir su intensidad de carbono entre 40 y 45 por ciento con respecto a 2005, para el año 2020. A su vez, la Unión Europea se ha comprometido a disminuir en un 20 por ciento sus emisiones de CO2 hasta 2020, con respecto a sus niveles de 1990.

México, por su parte, ha propuesto en el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) reducir sus emisiones de GEI en un 50 por ciento en 2050, en relación con el volumen emitido en el año 2000; para lo cual, el gobierno federal prevé duplicar la generación de energía renovable en el país en los próximos años.

De tal suerte que, en la citada Cumbre se ha pretendido lograr un acuerdo global en el que todos los países del mundo participen con un objetivo: reducir las emisiones de gases de invernadero y, con ello, evitar un mayor calentamiento global.

Así, en definitiva, es innegable que la actividad humana está acabando con el medio ambiente a una velocidad vertiginosa, razón por la cual resulta insuficiente que en la planeación y ejecución de programas diseñados para el uso sustentable de la energía participe únicamente expertos provenientes de la Secretaría de Energía.

Es necesario, por lo tanto, ampliar el número de integrantes del Consejo Consultivo para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, a fin de incluir a un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a dos legisladores que representen a las Comisiones de Energía y Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

Finalmente, se propone establecer el plazo que habrán de durar en su encargo los miembros del Consejo Consultivo, el cual será de tres años, a excepción del titular de la Secretaría de Energía; así como la obligatoriedad de que los seis investigadores académicos pertenezcan al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

En suma, mediante esta reforma estaremos avanzando en la configuración más congruente del órgano legal encargado de evaluar el cumplimiento de los objetivos, estrategias, acciones y metas establecidos en Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del siguiente:

Proyecto de Decreto

Único.Se reforma la fracción II del artículo 13, se adicionan las fracciones III, IV y V del artículo 13, y se deroga el artículo 14, todos de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, para quedar como sigue:

Artículo 13. ...

I. ...

II. Seis investigadores académicos, que durarán en su encargo tres años, y que deberán ser miembros del Sistema Nacional de Investigadores, propuestos por el Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con amplia experiencia en la materia y que colaboren en instituciones de educación superior y de investigación inscritas en el Padrón de Excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quienes participarán de manera honorífica, sin remuneración alguna;

III. Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

IV. Un legislador integrante de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y;

V. Un legislador integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

..

...

Artículo 14. Se deroga

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de  su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Cámara de origen: Senadores. Exposición de Motivos. México, DF, a 2 de septiembre de 2008. Iniciativa de senadores (Grupo Parlamentario del PAN)

Senadores: Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, Adolfo Toledo Infanzón (rúbricas).»

El senador Felipe González González(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, como no, senador.

El senador Felipe González González(desde la curul): Si el senador me lo permite, me sumo a la iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Está usted de acuerdo, señor senador, en que se adhieran a su propuesta?

El senador Adolfo Toledo Infanzón: Estoy de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo. Quien desee suscribirla podrá hacerlo en la Secretaría.

Como lo solicita, señor senador, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO - LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA FEDERACION

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la senadora Emma Lucía Larios Gaxiola, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, suscrita por la senadora y el Grupo Parlamentario del PAN.

La senadora Emma Lucía Larios Gaxiola: Con su permiso, diputado presidente. Los trabajadores construyeron sus primeras organizaciones sindicales en un proceso histórico. Los sindicatos fueron en su origen herramientas organizacionales creadas por los propios obreros para enfrentar la explotación del capital en una relación directa con las condiciones brutales de labor en los lugares de trabajo.

Sus características iniciales estuvieron determinadas por las circunstancias del momento; relación de fuerzas y grado de conciencia de clase, así como por las estrategias de conflicto que lo mismo se dieron o pretendieron darse en cada época.

Una parte trascendental del proceso de consolidación democrática de México tiene que ver con el fortalecimiento de los mecanismos de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, como señales evidentes de la apertura de todos los niveles de la administración pública y los Poderes del Estado hacia los ciudadanos.

En la sociedades democráticas se requiere de gobiernos transparentes en los cuales los ciudadanos puedan obtener toda la información necesaria sobre el cómo y por qué se gastan los recursos públicos que provienen de sus impuestos, para que así esos ciudadanos interesados en el quehacer de sus gobernantes tengan más elementos para evaluar críticamente a sus gobiernos y, en su caso, para exigirles cuentas.

En este sentido, entre menos espacios se dejen para la opacidad en el manejo de los recursos públicos, mayor será la confianza que generen los gobiernos hacia sus gobernados, creando así una ciudadanía activa, participativa e interesada en los asuntos de los procesos públicos y políticos.

Aquí, en el Congreso de la Unión, en las pasadas legislaturas se ha hecho patente el compromiso con la transparencia como factor indispensable para generar esa confianza a los ciudadanos, al aprobarse la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y previamente la Ley Federal de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Sin embargo, todavía persisten algunos ámbitos ligados al sector público, que siguen ajenos al proceso de apertura y transparencia que priva en la actualidad.

Por tanto, estoy convencida de que es nuestro deber acotar esos espacios de opacidad, para que, sin excepción, todos los organismos e instituciones que reciben directamente dinero del gobierno federal, en este caso los sindicatos empleados del sector público, estén sujetos a la fiscalización de los recursos federales que les son otorgados.

Cabe señalar que el pasado 10 de septiembre, mi compañero y senador, Santiago Creel, presentó una iniciativa para incluir como sujetos obligados indirectos de los principios, obligaciones y disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental a las organizaciones gremiales que se integran por servidores públicos, lo que representaría un avance muy importante en cuanto a la rendición de cuentas.

Pero este día, compañeras y compañeros senadores y diputados, yo les invito a ir un paso más allá con esta iniciativa que hoy presento, que propone reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, con el objeto de convertir a los sindicatos que reciben recursos públicos, en sujetos obligados y, asimismo, para facultar a la Auditoría Superior de la Federación para realizar auditorías a los sindicatos que no cumplan con los requisitos de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.

En el mismo sentido, y con el afán de otorgar a los miembros de los sindicatos mayores derechos, sin violar la autonomía sindical, se incluyen reformas a la Ley Federal del Trabajo para establecer obligaciones mínimas a las dirigencias sindicales, que deberán cumplir con los trabajadores sindicalizados con la prestación y difusión de los estados financieros y del patrimonio sindical, así como el derecho de los trabajadores a acudir ante las autoridades correspondientes en caso de que se les niegue el acceso a estas cuentas, y las posibles sanciones a la dirigencia sindical por dichas conductas.

Los trabajadores sindicalizados también tendrán el derecho, por ley, a obtener una copia de los estatutos y de los contratos colectivos de trabajo o contrato de ley vigente que regula sus propias condiciones laborales.

Quisiera señalar que de ninguna manera estas reformas buscan afectar los logros históricos del sindicalismo en México; por el contrario, el objetivo de estas reformas pretende, por un lado extender a los sindicatos que reciben recursos públicos, las mismas obligaciones que tienen todos los organismos, niveles y poderes del Estado, fortaleciendo así la transparencia y la rendición de cuentas en beneficio de cada uno de los ciudadanos de México.

En el aspecto laboral se busca garantizar a los trabajadores sindicalizados mayores facultades y derechos para protegerse ante posibles malversaciones de fondos y abusos de poder, de parte de los líderes sindicales que deberían protegerlos.

Así las cosas, creo que es necesario que aquí, en el Congreso de la Unión, comencemos a discutir y analizar los temas y alternativas respecto a la democratización de los sindicatos en México, en congruencia con las exigencias de cambios de fondo que la ciudadanía nos está pidiendo.

Por cuestiones de tiempo y debido a que está publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito a la Secretaría que la iniciativa sea integrada en su totalidad en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, y de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, suscrita por la senadora Emma Lucía Larios Gaxiola, del Grupo Parlamentario del PAN

Emma Lucía Larios Gaxiola, senadora de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El sindicalismo nació como un instrumento de lucha de la clase trabajadora en contra del capital. En otras palabras, el sindicato es una organización que respondió ante la necesidad de abolir la explotación del hombre por el hombre y por lograr su mejoramiento económico, social y cultural.

La raíz idiomática de sindicato “es derivada de síndico y de su equivalencia latina syndicus, y del griego syndicos, vocablo compuesto de otros dos, que significa con justicia”, este término se utilizaba para nombrar a la persona encargada de representar los intereses de un grupo de individuos.

En México, el derecho de trabajo se forjó con el fin inmediato de buscar la justicia social, en este sentido es por esencia un conjunto de normas jurídicas de equidad dentro de un marco equilibrado entre los patrones y los trabajadores, pero tomando en cuenta la diferencia entre ambos sujetos garantizando el respeto pleno de sus derechos.

En el marco constitucional se consagró la garantía de libertad de asociación en el artículo 9o. constitucional y en el artículo 123, Apartado A, fracción XVI, se estableció expresamente el reconocimiento de coaligarse en defensa de los intereses de sus agremiados, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera, y con ello establecer el pleno respeto a la libertad de asociación entre trabajadores para velar por el derecho de mejorar sus condiciones laborales y económicas siendo la negociación de las condiciones de trabajo su máxima expresión.

Asimismo, se estableció en el artículo 356 de la Ley Federal de Trabajo, la definición de sindicato como “... la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses”. En este contexto, se reconoce al sindicato como la asociación de trabajadores o patrones, para mejorar y defender un fin común.

Por otra parte, expresa en su artículo 359 que “los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular sus programas de acción”. Con esta disposición se da un gran avance en materia sindical, considerando que en estas normas se establecen los lineamientos para el desarrollo y funcionamiento interno de los sindicatos.

Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha emitido diversos convenios en esta materia, entre los más importantes se encuentra el Convenio 87 de la OIT, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, que expresa que la libertad sindical, este instrumento es muy importante para el pleno desarrollo de las asociaciones, considerando que ésta permite desarrollar las facultades que le dotan de viabilidad para el estudio, mejoramiento y la defensa de los intereses de los trabajadores y de las organizaciones sindicales.

Este convenio es un instrumento fundamental para la protección del derecho de sindicación y de la democracia sindical. Los principales aspectos que contiene son:

1. El derecho de constituir organizaciones sindicales. Sin ninguna distinción y sin autorización previa, los trabajadores y los empleadores podrán constituir las organizaciones que estimen convenientes y afiliarse a ellas.

El otorgamiento de la personalidad de los sindicatos, federaciones y confederaciones no puede estar sujeta al registro del sindicato ni a condiciones que limiten el ejercicio de la libertad sindical.

2. Derechos de las organizaciones sindicales. Una vez constituidos en sindicatos, los trabajadores o los empleadores son titulares de los siguientes derechos:

a) Las autoridades públicas no podrán intervenir en forma tal que limiten o entorpezcan el ejercicio de la libertad sindical;

b) Tienen derecho de elaborar sus estatutos y reglamentos administrativos;

c) Tienen el derecho de elegir a sus representantes;

d) Tienen el derecho de organizar su administración y sus actividades, así como el de formular su programa de acción;

e) La disolución o suspensión de estas organizaciones sólo procede por decisión jurisdiccional, y no por vía administrativa;

f) Tienen derecho a constituir federaciones y confederaciones. Todas éstas, a su vez, tienen el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales.

Los sindicatos nacieron de un interés real de proteger los intereses de sus agremiados, por esta razón se requieren establecer mecanismos de democracia y transparencia sindical con el objetivo de mejorar la representatividad de los agremiados en busca de la mejora de la calidad de vida de estos.

El desarrollo democrático sindical está directamente relacionado con su capacidad, no solamente de seleccionar personas con un elevado valor moral como líderes a través del voto libre y secreto, sino también de vigilar sus actos u omisiones, de obligarlos a rendir cuentas ante la asamblea y de sancionarlos legalmente en caso de que se incurra en abusos de autoridad y poder.

Por tanto, la rendición de cuentas de los líderes sindicales a sus agremiados, a través de la creación de mecanismos de transparencia interna y externa, contribuyen a lograr una mayor transparencia y eficiencia en el ejercicio de la administración del sindicato.

En este contexto, la rendición de cuentas forma parte uno de los principales instrumentos para controlar el abuso de poder y garantizar que los lideres cumplan con transparencia, honestidad, eficiencia y eficacia el mandato hecho por los agremiados.

Actualmente, la calidad y la confiabilidad del sistema de rendición de cuentas influyen de modo decisivo en la percepción ciudadana. En este orden de ideas, el evaluar la actividad sindical constituye una tarea prioritaria para transformar la opacidad en transparencia en el desempeño de estas asociaciones.

En este sentido, se propone establecer mecanismos de transparencia interna para que los trabajadores puedan acceder a la información relativa a las cuotas, contrato colectivo o de ley, y los estatutos de los sindicatos, y en el caso de no cumplir esta obligación con sus agremiados, sancionar a los líderes sindicales para evitar la opacidad en sus acciones.

Actualmente, los sindicatos reciben recursos de la federación vía el Presupuesto de Egresos de la Federación a través de los donativos regulados por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que establece, en su artículo 10, que las dependencias y entidades podrán otorgar subsidios o donativos, los cuales mantienen su naturaleza jurídica de recursos públicos federales para efectos de su fiscalización y transparencia, siempre cuando se otorguen en los términos de establecidos en la ley de la materia y su reglamento.

Entre los lineamientos previstos en estos marcos jurídicos, se encuentra que dichos recursos se identificarán específicamente en una subcuenta, la cual deberá reportarse en los informes trimestrales, conforme lo dispone el reglamento, identificando los ingresos incluyendo rendimientos financieros del periodo, egresos, así como su destino y saldo.

En este sentido se requiere que la Auditoría Superior de la Federación, que observa que los programas y su ejecución se ajusten a los términos y montos aprobados, así como el despeño, eficacia y económica con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto. Por lo que se refiere a su control interno de gestión, poseen un órgano para vigilar la aplicación de las políticas y la normatividad se efectúe conforme a lo establecido.

La Auditoría Superior de la Federación fue creada para apoyar a la Cámara de Diputados en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, vinculadas con la revisión de la Cuenta Pública federal, con el objetivo de conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si ésta se ajustó a las disposiciones normativas aplicables y constatar la consecución de los objetivos para que se designo la partida presupuestal.

En cumplimiento de su mandato y ejerciendo con responsabilidad su autonomía técnica y de gestión, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informa objetiva y oportunamente a la ciudadanía del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública. Además, emite observaciones y recomendaciones que, a su juicio, son procedentes para fomentar que las administraciones públicas, estén comprometidas con la obtención de resultados y la satisfacción de las necesidades de la población.

En consecuencia, la ASF es una institución nacional impulsora del manejo eficaz, productivo y honesto de los recursos públicos, y promotora de la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las entidades fiscalizables, como elementos inherentes de la democracia y el Estado de derecho que aspiramos como mexicanos.

Los retos actuales del sindicalismo en México, giran en torno a la restructuración de sus sistemas de representación, mediante los cuales sus dirigentes para ser electos con capacidades de gestión para conservar derechos que respondan a realidades claras.

Por tanto, la transparencia y la rendición de cuentas deben ser base de nuestro sistema constitucional y el principal eje de desarrollo democrático.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos del proemio, se propone esta iniciativa para establecer mecanismos internos y externos, de transparencia y rendición de cuentas de los líderes sindicales para que estas acciones se conviertan en actos cotidianos para los mexicanos, quedando claro que es un asunto que demanda corresponsabilidad, en los siguientes términos

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

Primero. Se adiciona la fracción IV al artículo 377, se reforman los artículos 371 y 373 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 371. Los estatutos de los sindicatos contendrán:

I. a VIII. ...;

IX.Procedimiento para la elección de la directiva y número de sus miembros podrá ser mediante voto secreto o votación pública;

X. a XII. ...;

XIII. Época de presentación de cuentas y sanciones a sus directivos en caso de incumplimiento;

XIV. a XV. ....

Artículo 373. La directiva de los sindicatos deberá rendir a la asamblea cada seis meses, por lo menos, cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical, para lo cual deberá difundir ampliamente entre los trabajadores miembros del sindicato. Esta obligación no es dispensable.

Ante la omisión de la obligación señalada en el párrafo anterior, los miembros del sindicato podrán acudir ante la autoridad competente para que esta obligación se cumpla. Esto con independencia de otras acciones que legalmente procedan.

Artículo 377. Son obligaciones de los sindicatos:

I. Proporcionar los informes que les soliciten las autoridades del trabajo, siempre que se refieran exclusivamente a su actuación como sindicatos;

II. Comunicar a la autoridad ante la que estén registrados, dentro de un término de 10 días, los cambios de su directiva y las modificaciones de los estatutos, acompañando por duplicado copia autorizada de las actas respectivas;

III. Informar a la misma autoridad cada tres meses, por lo menos, de las altas y bajas de sus miembros, y

IV. Proporcionar al trabajador copia de los estatutos y del contrato colectivo de trabajo o contrato ley vigente que regula sus condiciones de trabajo.

Segundo. Se reforman los artículos 2, 15, 29 y 37 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Artículo 2. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

I. a VIII. ...

IX. Entidades fiscalizadas: los Poderes de la Unión, los entes públicos federales y los órganos jurisdiccionales que no formen parte del Poder Judicial de la Federación; las entidades federativas, los municipios, los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, que administren o ejerzan recursos públicos federales; incluyendo a sus respectivas dependencias y entidades paraestatales y paramunicipales; las entidades de interés público distintas a los partidos políticos; los mandantes, mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, fideicomisarios o cualquier otra figura jurídica análoga, así como los mandatos, sindicatos, fondos o fideicomisos públicos o privados cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos federales, no obstante que no sean considerados entidades paraestatales por la ley de la materia y aún cuando pertenezcan al sector privado o social y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales, incluidas aquellas personas morales de derecho privado que tengan autorización para expedir recibos deducibles de impuestos por donaciones destinadas para el cumplimiento de sus fines;

X. a XIX. ...

...

Artículo 15. Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación tendrá las atribuciones siguientes:

I. a X. ...

XI.Fiscalizar los recursos públicos federales que las entidades fiscalizadas de la federación hayan otorgado con cargo a su presupuesto a entidades federativas, demarcaciones territoriales del Distrito Federal, municipios, sindicatos, fideicomisos, fondos, mandatos o cualquier otra figura análoga, personas físicas o morales, públicas o privadas, cualesquiera que sean sus fines y destino, así como verificar su aplicación al objeto autorizado;

XII. a XXVIII. ...

Artículo 29. El informe del resultado contendrá los informes de las auditorías practicadas e incluirá como mínimo lo siguiente:

I. a VI. ...;

VII. Los resultados de la fiscalización del manejo de los recursos federales por parte de las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de los sindicatos;

VIII. a X. ...

Artículo 37. La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará directamente los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a sindicatos, fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en otras leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

...

...

...

...

...

Transitorio

Único.Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Cabanellas, Guillermo, Diccionario enciclopédico de derecho usual, 12a. edición, Buenos Aires, editorial Heliasta, tomo VI, página 174.

2 Ratificado por México, Diario Oficial, 16 de octubre de 1950.

Recinto legislativo de San Lázaro, a 22 de diciembre de 2009.— Legisladores: Emma Lucía Larios Gaxiola, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señora senadora. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Gobernación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

Solicitó el uso de la palabra la diputada Carmen Incháustegui. Adelante, diputada.

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (desde la curul): Señor presidente, para solicitar que le pregunte a la senadora si me permite suscribirme a su iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Senadora Gaxiola, está solicitando la diputada Incháustegui si acepta que suscriba su documento.

La senadora Emma Lucía Larios Gaxiola(desde la curul): Con mucho gusto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Acepta. Para quien lo quiera realizar, pase a la Secretaría, por favor. Gracias.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Marcela Guerra Castillo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, 25, 33 y 75 de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada y por el Grupo Parlamentario del PRI por el estado de Nuevo León.

La diputada Marcela Guerra Castillo: Compañeras, compañeros. Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, la educación es un pilar fundamental para el de- sarrollo económico y social de cualquier nación y nuestro país no es la excepción. Por ello, una mejora en los niveles de cobertura y calidad en nuestro sistema educativo debe ser visto como una política de fomento al desarrollo social y de combate a la pobreza.

La actual coyuntura de recesión económica y pérdida de empleos en nuestro país, ha menoscabado los niveles de pobreza de amplios sectores de la población. Por eso es oportuno reflexionar sobre el papel que debería estar jugando la educación para elevar las expectativas sobre la calidad de vida de las familias que se encuentran en las zonas de alta marginalidad en nuestro país.

La pobreza ha sido un recurrente problema no resuelto en nuestro país a lo largo de la historia posrevolucionaria, periodo en el cual se han impulsado diferentes programas sociales como desayunos escolares e incluso en algunos lugares uniformes, apoyo al transporte, becas en general. Todo esto en medida, que se apoyaban a continuar con los estudios de los niños y los jóvenes, pero dada la situación prevaleciente en el país es necesario no solamente retomarlos, sino focalizarlos y fortalecerlos.

Por lo anterior, se propone esta iniciativa de ley que busca apoyar a las familias de pobreza extrema, que en ocasiones ven en la educación más que una oportunidad de desarrollo y de ascenso social para los niños, una pesada carga económica, ya que normalmente no cuentan con los recursos necesarios para que sus hijos puedan acudir a ellas con condiciones aceptables como son niños bien alimentados y con los útiles necesarios para desempeñarse adecuadamente.

Todos sabemos que el gobierno federal tiene muchos programas como es el caso de Oportunidades, donde se contemplan becas educativas, pero éstas son entregadas mediante recursos monetarios, de los cuales, las familias en pobreza extrema muchas veces los usan simple y sencillamente para comer porque no les alcanza. Es ahí donde es importante destacar que también muchos gobiernos estatales, viendo esto, tienen en operación programas de entrega de útiles escolares con buenos resultados.

Sin embargo, se observa que todos estos programas de apoyo escolar se caracterizan por ser muy buenos, sí –y se aprecian los esfuerzos–, pero son esfuerzos aislados y desarticulados a escala nacional.

Así entonces, se propone con esta iniciativa elevar a nivel de ley general el carácter de obligatoria en los tres órdenes de gobierno, la obligación de las autoridades federales de proporcionar útiles escolares a los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de las instituciones públicas en las zonas de alta marginalidad en el país.

Recordemos que tan sólo esta crisis ha arrojado a 6 millones de familias más que viven en la pobreza extrema y esto da un total de casi 57 millones de mexicanos que ya están en condiciones precarias.

Creo que este tipo de programas debe ser apoyado por todas y todos, simple y sencillamente por la coyuntura por la que estamos pasando.

Así que, de aprobarse, esto deberá estar etiquetado mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación, que es la herramienta financiera más importante de este país, y debe ser para la utilidad política y para la utilidad de la gente.

Por lo anterior, nos permitimos presentar el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12, fracción V; 33, último párrafo, y 75, también fracción V, de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

V. Fijar lineamientos generales del material educativo y de su uso, así como de los útiles escolares indispensables para la educación preescolar, primaria y secundaria, otorgando a los alumnos de las instituciones públicas –de estos niveles y ubicados en los polígonos de zonas de atención prioritaria, clasificados por la Secretaría de Desarrollo Social– un paquete de útiles escolares al inicio de cada ciclo escolar.

Viene después el artículo 25, donde los recursos necesarios para otorgar un paquete de útiles escolares a los alumnos de preescolar, se repite, se es contundente. Y secundaria se refiere al artículo 12, fracción V; y viene después el 33, en el mismo sentido, y el 75.

Quienes suscribimos esto, por favor les pedimos su apoyo, la de la voz, Marcela Guerra, María de Jesús Aguirre Maldonado, el diputado Eduardo Alonso Bailey, Rogelio Cerda Pérez, Benjamín Clariond Reyes Retana, María Cristina Díaz Salazar, Ildefonso Guajardo Villarreal, Felipe Enríquez Hernández y Fermín Montes. Muchas gracias, es cuanto.

«Iniciativa que reforma los artículos 12, 25, 33 y 75 de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales por Nuevo León del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura, Marcela Guerra Castillo, María de Jesús Aguirre Maldonado, Eduardo Alonso Bailey Elizondo, Rogelio Cerda Pérez, Benjamín Clariond Reyes Retana, María Cristina Díaz Salazar, Ildefonso Guajardo Villarreal, Felipe Enríquez Hernández, y Fermín Montes Cavazos, en ejercicio de la facultad que les conceden los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman los artículos 12, fracción V, 33, último párrafo, y 75, fracción V, de la Ley General de Educación.

Exposición de Motivos

La educación es pilar fundamental para el desarrollo económico y social de cualquier nación, y nuestro país no es la excepción. Por ello, una mejora en los niveles de cobertura y calidad de nuestro sistema educativo debe de ser visto como una política de fomento al desarrollo social y de combate a la pobreza.

La actual coyuntura de recesión económica y pérdida de empleos en nuestro país ha exacerbado los niveles de pobreza de amplios sectores de la población, por lo cual es oportuno reflexionar sobre el papel que debería estar jugando la educación para elevar las expectativas sobre la calidad de vida de las familias que se encuentran en las zonas de alta marginalidad en nuestro país.

Con base en los resultados de evaluación de los exámenes estandarizados aplicados a los estudiantes mexicanos (la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares, ENLACE, y el Programa para la Evaluación Internacional, PISA), se tiene que el nivel educativo de nuestros niños y jóvenes no solamente se incrementa con los años de educación formal, sino también es necesario que nuestras escuelas incremente la calidad en la enseñanza.

Adicionalmente, los obstáculos para la continuación y desarrollo de los estudios son muchos, por ejemplo: la repetición de grados escolares; la lejanía de las instalaciones escolares, sobre todo en el ámbito rural; la falta de recursos económicos, en donde el menor desde temprana edad forma parte de la fuerza laboral de la familia; las escazas oportunidades laborales al termino de la educación formal y la baja probabilidad de ascensos social derivada de la educación, etcétera.

De esta forma, se conforma un círculo vicioso, en donde las pocas y accidentadas oportunidades educativas para los jóvenes inciden en las reducidas oportunidades de trabajo formal y satisfactorio para ellos, lo cual desafortunadamente afianza el binomio de menor escolaridad y mayor pobreza.

En este contexto, los niños y jóvenes que no acuden regularmente a su escuela son poblaciones de alto riesgo, no solamente por la deficiente formación escolar, sino también por la alta probabilidad de sufrir abuso y maltrato intrafamiliar, callejero y laboral, así como estar más expuestos a conductas delictivas.

Por lo anterior, se propone la presente iniciativa de ley, que busca el apoyar a las familias de pobreza extrema que, en ocasiones, ven en la educación más que una oportunidad de desarrollo y ascenso social para sus niños, una pesada carga económica, ya que normalmente no cuentan con los recursos necesarios para que sus hijos puedan acudir a ellas en condiciones aceptables, como son bien alimentados y con la calidad y cantidad de útiles escolares.

Hay que recordar que desafortunadamente la pobreza ha sido un recurrente problema no resuelto en nuestro país a lo largo de sus historia posrevolucionaria, periodo en el cual se han impulsado diferentes programas sociales como desayunos escolares; incluso en algunos lugares uniformes, apoyo a transporte, becas en general y, el apoyo para la adquisición de útiles escolares. Programas que en menor o mayor medida apoyaban a continuar con los estudios de niños y jóvenes, pero que dada la situación prevaleciente en el país es necesario no solamente retomarlos, sino focalizarlos y fortalecerlos.

El gobierno federal ha venido impulsando, entre otras políticas sociales y de combate a la pobreza, el programa Oportunidades, que contempla una partida para becas educativas, que según establece sus reglas de operación, brinda un apoyo monetario para los estudiantes de entre tercero y sexto año de primaria para la compra de útiles escolares. Este programa si bien cumple una función importante, no hay que olvidar que sus apoyos son monetarios, por lo que es común que las familias beneficiadas utilicen estos recursos no siempre para lo establecido por el programa, dadas sus variadas necesidades básicas.

Es importante destacar que diferentes gobiernos estatales tienen en operación programas de entrega de útiles escolares con buenos resultados como son los casos de Nayarit, Hidalgo, Distrito Federal, Guerrero, Yucatán, Tabasco, Guanajuato, Michoacán, Sonora, Chihuahua, Estado de México, Tamaulipas y Querétaro, en donde se han repartido útiles escolares para los niños de familias de escasos recursos, en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, los cuales, tienen un precio unitario estimado de ciento ochenta y cinco pesos.

Sin duda, todos estos programas y acciones descritas tienen beneficios sociales importantes, como son el soporte real a los padres de familia beneficiados para que sus niños no dejen sus estudios por razones económicas. Sin embargo, para que estos programas logren sus objetivos y se mantengan a lo largo del tiempo, es importante que los padres de familia beneficiados reciban estímulos para que sus niños continúen con sus estudios, siempre y cuando estos programas se encuentren ajenos a intereses y coyunturas electorales y trasciendan en cobertura y con una adecuada focalización a lo largo del tiempo.

Por otro lado, se observa que los programas de apoyo escolar se caracterizan por ser loables esfuerzos locales, pero aislados y desarticulados a nivel nacional, por lo que es importante que no se diversifiquen los esfuerzos y se concentren los recursos con objetivos y metas coherentes a través de un ordenamiento rector. Para ello se considera oportuno que sean las autoridades educativas de los tres órdenes de gobierno quienes se coordinen y lleven a cabo el apoyo en útiles escolares a las familias con mayor índice de marginalidad, pero partiendo de una obligación del Gobierno Federal de proporcionar los recursos presupuestales etiquetados y bajo un mecanismo transparente, con criterios claros de focalización, así como de evaluación, rendición de cuentas.

Por ello, se propone con esta iniciativa elevar a nivel de Ley General, de carácter obligatoria en los tres órdenes de gobierno, la obligación de las autoridades federales de proporcionar útiles escolares a los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de las instituciones públicas, en las zonas de alta marginalidad del país.

En este sentido, se establece que las autoridades educativas, y no las de desarrollo social, contemplen anualmente un presupuesto suficiente para contar con los recursos para atender esta necesidad. Con este mismo espíritu, se establece que esta obligación no es limitativa y en donde las posibilidades lo permitan se deben estructurar programas adicionales de apoyo para avanzar en el derecho constitucional de acceso a la educación obligatoria a todos los niños y jóvenes del país.

Por otra parte, y toda vez que la presente iniciativa, establece como una obligación presupuestal del gobierno federal destinar recursos a estados y municipios, su ejercicio deberá ser fiscalizado y se establecerán sanciones para aquellos funcionarios, en los tres órdenes de gobierno, que incumplan el presente mandato.

Es claro que, si bien la propuesta requiere de una participación activa y coordinada de los tres órdenes de gobierno un tema tan noble e importante como el que se propone al dotar de útiles escolares a niños y jóvenes de escasas posibilidades en zonas de alta marginalidad para apoyar a sus padres en los costos de su educación, de ninguna manera violenta el respeto a la soberanía y autonomía de los gobiernos locales.

En todo caso, lo que se busca es contar con un marco normativo adecuado que ordene y establezca la obligatoriedad de apoyar a nuestra niñez y juventud que está en condiciones de marginalidad, para que no solamente accedan a la educación sino que, los padres de familia beneficiados no tengan escusas para alejar a sus hijos de sus estudios, y con ello abonar a un mejor futuro para ellos, basado en una formación escolarizada bien cimentada y lograda con el esfuerzo propio.

Es claro que como sociedad no queremos solamente de nuestro gobierno programas asistencialistas y clientelares como Oportunidades, sino tener la oportunidad real de acceder con nuestro propio esfuerzo y dedicación a una vida digna y satisfactoria que permita emancipar esa enorme capacidad y creatividad individual con la riqueza y tradiciones que existe en cada una de nuestras regiones y que su amalgama nos da identidad y cohesión como sociedad y nación.

Decreto por el que se reforman los artículos 12, fracción V, 33, último párrafo, y 75, fracción V, de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

V. Fijar lineamientos generales del material educativo y su uso, así como de los útiles escolares indispensables para la educación preescolar, primaria y la secundaria; otorgando a los alumnos de las instituciones públicas de estos niveles ubicados en los polígonos de zonas de atención prioritaria clasificados por la Secretaría de Desarrollo Social un paquete de útiles escolares al inicio de cada ciclo escolar.

Artículo 25. El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado –federación, entidades federativas y municipios– destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1 % del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas, y los recursos necesarios para otorgar un paquete de útiles escolares a los alumnos de preescolar, primaria y secundaria a que se refiere el artículo 12, fracción V. En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible.

Artículo 33. Para cumplir lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

El Estado también llevará a cabo programas asistenciales, ayudas alimenticias, campañas de salubridad y de apoyos adicionales para útiles escolares a que se refiere el artículo 12, fracción V, y demás medidas tendientes a contrarrestar las condiciones sociales que inciden en la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

Artículo 75. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

V. Incumplir los lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación preescolar, la primaria y la secundaria; y no otorgar el apoyo a la educación preescolar, primaria y secundaria con el otorgamiento de éstos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de diciembre de 2009.— Diputados: Marcela Guerra Castillo (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado, Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Rogelio Cerda Pérez (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Ildelfonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Felipe Enríquez Hernández (rúbrica), Fermín Montes Cavazos (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

ADEUDOS BANCARIOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo para evitar prácticas abusivas, de carga de adeudos, en depósitos bancarios de salarios, pensiones y de otras prestaciones de carácter laboral, suscrita por los senadores Ramiro Hernández García y Carlos Jiménez Macías, del Grupo Parlamentario del PRI.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Proposición con punto de acuerdo, para evitar prácticas abusivas de carga de adeudos en depósitos bancarios de salarios, pensiones y otras prestaciones laborales, suscrita por los senadores Ramiro Hernández García y Carlos Jiménez Macías, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos senadores Ramiro Hernández García y Carlos Jiménez Macías, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, sustentado en las siguientes:

Consideraciones

El pasado 12 de noviembre de 2009, los que hoy suscribimos la presente propuesta presentamos ante el pleno del Senado de la República la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 72 Ter a la Ley de Instituciones de Crédito, con la que se pretende establecer con toda claridad que en la celebración de contratos de apertura de crédito en cuenta corriente, a los que se refiere la fracción VII del artículo 46 de dicha ley, mediante la expedición de tarjetas de crédito, no podrá pactarse el cobro de los adeudos no cubiertos en tiempo y forma con los recursos captados del mismo cliente en distinta cuenta de ahorro, pero sólo cuando se refiera a cuentas de ahorro en las que empleador o patrón del cliente transfiera de manera electrónica su salario y demás prestaciones laborales.

La iniciativa da cuenta de las prácticas bancarias abusivas en las cuentas de ahorro de nómina, que atentan en contra del salario de los trabajadores, que consiste en el cobro directo de los adeudos de los créditos de cuenta corriente originados por el uso de las tarjetas de crédito y/u otros créditos personales, en aquellas cuentas de ahorro destinadas para el pago de nómina.

Estas prácticas están auspiciadas en buena medida por la ausencia de una regulación concreta y clara sobre el uso y operación de las tarjetas de crédito en nuestro país; sin embargo, el Banco de México, con fundamento en las facultades que le otorga su ley orgánica, ha emitido la circular número 29/2008, denominada “Reglas a las que habrá de sujetarse la emisión y operación de tarjetas de crédito”, con lo que pretende llenar la vacatio legis; autorizando a las instituciones de banca múltiple a cargar los adeudos no cubiertos en tiempo por el uso de la tarjeta de crédito en cualquier otra cuenta que tenga abierta el mismo cliente con la institución bancaria.

En virtud que esta iniciativa se turnó para su estudio y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, y esta debe seguir el procedimiento legislativo establecido por nuestra carta fundamental, por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por su Reglamento para el Gobierno Interior, lo que supone llevaría algún tiempo para su resolución y en su caso aprobación por el pleno del Senado, que a su vez debe seguir el mismo procedimiento en la colegisladora, es que nos estamos permitiendo plantear la propuesta que hoy ponemos a su amable consideración, la que además cobra mayor fuerza al estar frente a esta temporada de fin de año, en la que los trabajadores mexicanos recibirán sus aguinaldos, gratificaciones y otras prestaciones laborales, para cuyo pago correspondiente se prevé habrán de utilizarse los mismos instrumentos bancarios de depósito de nómina.

Considerando que la crisis económica que afecta a nuestro país es más aguda con los trabajadores y sus familias; aunque las autoridades financieras mencionen que hay indicios de recuperación en la economía, esta tardaría en llegar finalmente a las familias mexicanas.

Es por eso que proponemos que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorte al Banco de México para que reforme la circular número 29/2008, denominada “Reglas a las que habrá de sujetarse la emisión y operación de tarjetas de crédito”, a fin de que no se aplique la disposición que permite a los bancos cargar los adeudos no cubiertos en tiempo por el uso de la tarjeta de crédito en cualquier otra cuenta que tenga abierta el mismo cliente con la institución bancaria, incluidas aquellas cuentas de nómina.

Consideramos también que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), de acuerdo a las facultades contenidas en el artículo 11 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, tiene el deber de vigilar que las instituciones bancarias no sigan cometiendo este tipo de prácticas abusivas, mucho menos aún en esta temporada del año.

Ello es así, porque resulta indispensable proteger el salario de los trabajadores en contra de prácticas bancarias que pudieran afectar el derecho de no embargo y de no privación del salario sin orden judicial, como en todo caso lo es la sustracción que bancos e instituciones de crédito en general realizan de recursos captados a través de depósitos bancarios provenientes de transferencias que electrónicamente los patrones hacen del salario de sus trabajadores, que constituye el pilar de los hogares mexicanos.

Si bien es cierto que a consecuencia de la crisis económica actual millones de personas en nuestro país se han visto en la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones crediticias, ello no debe constituir, bajo ninguna circunstancia, un riesgo o peligro para su salario, ante, insistimos, un eventual cobro indebido e unilateral por parte de la institución bancaria en las cuentas de nómina de los trabajadores mexicanos.

En razón de lo anterior, nos permitimos someter a la consideración de esta asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.Se exhorta al Banco de México, para que a la brevedad reforme la circular número 29/2008, denominada “Reglas a las que habrá de sujetarse la emisión y operación de tarjetas de crédito”, y deje sin efecto la cláusula 3.6 de dichas Reglas, para que no se apliquen las disposiciones que permiten a los bancos cargar los adeudos no cubiertos en tiempo por el uso de la tarjeta de crédito en cualquier otra cuenta que tenga abierta el mismo cliente con la Institución bancaria, incluida la de nómina.

Segundo.Se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros para que vigile el funcionamiento de las instituciones de crédito para evitar prácticas abusivas de carga de adeudos en los depósitos bancarios de salarios, pensiones y de otras prestaciones de carácter laboral en cuentas de nómina de los trabajadores.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 22 de diciembre de 2009.— Senadores: Ramiro Hernández García, Carlos Jiménez Macías (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

PROGRAMA INTEGRAL AMBIENTAL FRONTERIZO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió proposición con punto de acuerdo, con relación al Programa Integral Ambiental Fronterizo, suscrita por la diputada Laura Elena Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Proposición con punto de acuerdo, sobre el Programa Integral Ambiental Fronterizo, suscrita por la diputada Laura Elena Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del PVEM

Laura Elena Ledesma Romo, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta proposición con puntos de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El Sistema de Aforo Vehicular (Siave) es un método electrónico de seguridad aduanera compuesto por dispositivos que toman el peso, las dimensiones y las placas de todo tipo de vehículos; está colocado en los 165 carriles de 44 puentes internacionales y aduanas, a fin de otorgar eficacia en el combate del contrabando.

En su etapa inicial, el Siave provoca filas de hasta 500 vehículos en las horas pico, lo cual afecta no sólo la actividad económica comercial y turística sino, también, la calidad del aire, dada la fuerte cantidad de emisiones que ese conglomerado de vehículos de combustión genera.

Se entiende que para las autoridades de la Dirección General de Aduanas, la prioridad es el combate del tráfico de armas y de sustancias ilícitas, para lo cual implantan mayores controles en las puertas de entrada del país, como en este caso el cruce de la garita de San Ysidro, por donde entran 57 mil autos diarios, el cruce fronterizo más transitado del mundo.

Para el Servicio de Aduana y Control de Fronteras (Customs and Border Protection), el cruce fronterizo Tijuana-San Diego por las garitas actuales es referido como el de mayor densidad en el mundo: se estima un promedio diario de 110 mil cruces de vehículos ligeros y 50 mil peatones.

La recurrente exposición a contaminantes atmosféricos asociados con el tráfico vehicular se ha relacionado con efectos adversos a la salud, como asma, enfermedades cardiovasculares y daños mutagénicos.

Los estudios por exposición a las emisiones en los automóviles son menores en comparación con los estudios realizados en centros de trabajo y en el hogar. Sin embargo, está demostrado que las concentraciones de CO y material particulado PM10, PM2.5,PM0.1, así como de carbón negro, e hidrocarburos policíclicos aromáticos, aumentan en tráfico parado o lento, con el consiguiente daño a la salud pública.

Estudios realizados por expertos de la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Estatal de San Diego y la Agencia de Protección del Ambiente de Estados Unidos arrojan que los niveles de material particulado son mayores durante el cruce fronterizo y dependen de la velocidad del tráfico determinado por medio de un geoposicionador, o GPS. El material particulado PM2.5 en la zona de cruce fronterizo fue mayor en territorio de México respecto a Estados Unidos, los valores de PM2.5 en la zona de cruce fronterizo fueron iguales a los encontrados en otras zonas de elevado tráfico vehicular de Tijuana.

Por lo anterior, de nueva cuenta hacemos nuestro el reclamo de los conciudadanos en la frontera norte del país, cada vez más afectados por las medidas que se implantan en las aduanas, que en los hechos no corresponde con lo proyectado por la autoridad federal, como es el caso del Siave, el cual originalmente se presentó como un programa bondadoso, ágil y sencillo, que requeriría sólo siete segundos para medir el nivel de riesgo del vehículo en turno. Todo ello, operado desde una oficina de la capital del país.

“De acuerdo con la Administración General de Aduanas, el sistema permitirá cuando esté completamente en funciones que los casi 90 millones de cruces vehiculares de ingreso en toda la frontera sean sometidos a un proceso de medición de riesgo, revisándose cada vehículo que cruza al país.

Se pesará el vehículo, se le tomará una fotografía, se registrarán los datos de las placas y se harán cruces de información para saber si tiene algún reporte de robo o si ha sido utilizado en algún hecho ilícito.

”Con esta información, la aduana mexicana se convertirá en mejor administradora de riesgo: continuará brindando las facilidades y agilizando el tránsito de mercancía de los exportadores e importadores que están plenamente identificados y que no representan ningún riesgo, y hará mejor su labor de detener el tráfico ilegal de mercancías, armas sustancias y personas”, ha dicho la autoridad aduanera.

Reiteramos que compartimos plenamente la gran preocupación que hay por el clima de violencia que se ha desatado en el país; eso no está en duda. Diferimos es en las medidas que se toman, por considerarlas aisladas y faltas de articulación en su diseño e implantación.

No podemos, en aras de combatir un fenómeno como la delincuencia organizada, provocar daños tan graves a la economía de una región como la fronteriza, y la salud pública, cual sucede ahora.

El Colegio de la Frontera Norte ha revelado el efecto existente en el cruce de mercancías y personas, el cual en los últimos 15 años ha crecido en 408 por ciento, mientras que la infraestructura en garitas sólo 26 por ciento. La creciente lentitud generada por este rezago histórico provoca que cada día de lado mexicano se pierda medio millón de dólares, mientras del estadounidense 200 mil dólares. Y ahora tenemos el Siave, que vuelve más urgente la tarea de construir nuevos cruces fronterizos en la región.

Es urgente que las dependencias federales relacionadas con los cruces fronterizos y las aduanas del país hagan un mayor esfuerzo para agilizar los procesos que se siguen a efecto de resolver este cuello de botella que, como se observa y demuestra, causa graves daños a la economía de la región, a la salud pública y a la calidad de vida de la población.

Como hemos expuesto en esta tribuna, tenemos el reto de promover el desarrollo fronterizo, con una visión integral y coherente. Y ello nos obliga a escuchar los reclamos de la población y atender sus propuestas con el mayor sentido de responsabilidad posible.

Demandamos que el Ejecutivo federal instaure un programa integral de desarrollo que considere todas las dimensiones que se han venido señalando por los actores locales y regionales de la frontera.

Por lo expuesto y fundado, me permito poner a su atenta consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a revisar la implantación del Programa Integral Ambiental Fronterizo, y las acciones para reducir la contaminación en los cruces fronterizos, a la luz del nuevo Sistema de Aforo Vehicular.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir las dependencias encargadas de la ejecución del Plan de Modernización de Aduanas 2007-2012 para que agilicen al máximo el proceso de construcción del nuevo puerto fronterizo Otay II.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 22 de diciembre de 2009.— Diputada Laura Elena Ledesma Romo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

PRECIOS DE GASOLINAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el senador Rogelio Rueda Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que instruya lo necesario, a efecto de que los precios públicos de las gasolinas, diesel, diesel marino, gas LP y natural, y el servicio del suministro de energía eléctrica tanto doméstica como industrial, se mantengan en los niveles que actualmente registran.

El senador Rogelio Rueda Sánchez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladores y compañeros legisladores, hemos compartido durante los últimos meses la información y la preocupación sobre la gravedad de la crisis económica.

Esta crisis dejó sentir sus efectos desde los meses finales de 2008. Ha implicado, durante el año que corre, una caída en la economía mexicana, que se estima que será mayor a 7 por ciento. Se han perdido cientos de miles de empleos. Para el trimestre que está por concluir se espera una caída del producto interno bruto de entre 3.5 y 4 por ciento, comparada con el mismo periodo del año anterior.

2010 ofrece, en el mejor de los casos, condiciones para iniciar una lenta y muy gradual recuperación, pero más que los números y las cifras de información macroeconómica, nos queremos ocupar de la economía de las familias mexicanas, de los cientos de miles, de los millones de familias mexicanas que han resentido más los efectos de esta crisis; son ellos los más afectados por la inflación que estará escalando durante el próximo año.

Es con esta sensibilidad necesaria, que parece faltar en el gobierno, pero que reconozco en mis compañeros legisladores, que vengo a plantear un extrañamiento por el reciente incremento en el precio de la gasolina.

En efecto, faltando al Acuerdo nacional a favor de la economía familiar y el empleo, suscrito por el propio presidente de la República en enero de este año, que implicó un compromiso de no aumentar durante todo el año el precio de la gasolina, resulta que el pasado fin de semana se ordenó un aumento de 5 centavos a cada litro, en una decisión que sin duda golpea la economía de las familias. Es por ello que, atentos a que la prioridad de las decisiones sea cuidar la economía de las familias mexicanas, así como fortalecer la inversión, impulsar el crecimiento económico y de manera especial generar empleos, como solución de fondo a la crisis, es que proponemos los siguientes puntos de acuerdo –en los que no abundo porque se explican solos– solicitando que se autoricen con el trámite de urgente u obvia resolución.

Primero. Se cita a comparecer a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Energía ante la Tercera Comisión de esta Comisión Permanente con objeto de esclarecer la política de precios y tarifas en el sector energético y su impacto en los precios públicos; así como para que expliquen aquellas acciones de las dependencias a su cargo que están afectando o son susceptibles de afectar la economía familiar en lo que resta de 2009 y en los primeros trimestres de 2010. Asimismo, para que se sirvan detallar aquellas acciones con las que pudiera darse mayor viabilidad a la recuperación de la economía y el empleo en el año por iniciar.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta al ciudadano presidente de la República a respetar el Acuerdo nacional a favor de la economía familiar y el empleo, suscrito el pasado 7 de enero de 2009 por él mismo.

Asimismo, para que instruya lo necesario a efecto de que los precios públicos de las gasolinas, diesel, diesel agropecuario y marino, gas LP y natural, y el servicio de suministro de energía eléctrica, tanto doméstica como industrial, se mantengan en los niveles que han registrado en 2009. Que reciban en los casos que así corresponda los mismos apoyos y descuentos previstos en el citado acuerdo nacional, que fue signado también por el Congreso de la Unión, los ejecutivos estatales y diversos organismos de representación social y gremial.

Tercero. Se solicita atentamente al Ejecutivo federal que instruya lo necesario a efecto de que la atención médica y de maternidad del Seguro Social se amplíe a trabajadores desempleados de 2 a 6 meses, al menos por los dos primeros trimestres de 2010.

En virtud de que el texto de esta propuesta tiene diferencias de redacción con el que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, lo entrego a la Mesa Directiva solicitando sea el que se considere y también sea publicado. Muchas gracias, presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir lo necesario para que los precios públicos de gasolinas, diesel, diesel marino, gas LP y natural, y energía eléctrica doméstica e industrial se mantengan en los niveles actuales, a cargo del senador Rogelio Rueda Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Rogelio Rueda Sánchez, senador de la república ante la LX y la LXI Legislaturas de este honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo en atención a la siguiente

Exposición de Motivos

Es de conocimiento común la severidad que ha tenido la crisis económica en nuestro país desde el cuarto trimestre de 2008. Dicha gravedad tiene su expresión, entre otros datos, en el crecimiento negativo de 7.0 por ciento que se espera para el año que concluye. Asimismo, y de acuerdo a la encuesta realizada en este diciembre por el Banco de México entre especialistas del sector privado se espera que este año cierre con una pérdida de 422 mil empleos.

De hecho la dureza de esta crisis, aún y cuando confiamos que vaya cediendo en sus efectos, todavía mostrará su aspereza en este último trimestre de 2009 y en los primeros del 2010. Una muestra de ello es que para este último trimestre se espera una caída del producto de 3.67 por ciento relativa al mismo periodo del año anterior. Asimismo, y de acuerdo a la mayoría de especialistas, se espera que, aunque menor, el primero y segundo trimestres de 2010 también registren tasas negativas de crecimiento. Ello sin mencionar que en la última de las once revisiones que lleva ya la cifra de inflación, todas al alza, se estima un nivel ya de 5.07 por ciento para el siguiente año.

A un nivel más general, si bien la probabilidad de una doble recesión es cada vez menor, también lo es el que la inmensa mayoría de especialistas internacionales coinciden en que la recuperación económica será lenta y gradual. Este pronóstico resulta particularmente aplicable para el caso de Estados Unidos de América, nuestro vecino y principal socio comercial en el que se espera un crecimiento para 2010 que podría oscilar del 1.9 al 2.6 por ciento, aún menor al que se espera para nosotros.

Es en tal contexto de fragilidad de la recuperación que el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, le ha solicitado al Congreso americano una ampliación de los fondos del programa de apoyo para activos en conflicto (TARP -Troubled Asset Relief Program), así como de la extensión de su vigencia hasta por lo menos el tercer trimestre de 2010.

A estas consideraciones de orden económico que evidencian la conveniencia de un uso proactivo, e incluso contracíclico, de diversos instrumentos de política económica, se suma una preocupación aún mayor de naturaleza social. Esta última señala hacia la evidente presión a que la economía familiar sin duda estará sometida en los primeros trimestres de 2010.

Las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y del Instituto Mexicano del Seguro Social nos hacen ver que la recuperación del empleo es incipiente y frágil. Asimismo, el nivel de ingresos y las horas promedio, así como las prestaciones sociales asociadas a éste resultan aún en un escenario optimista claramente insuficientes. Un elemento adicional de presión a la economía familiar será sin duda el reciente aumento en la carga impositiva.

Es así como un previsible aumento en los precios de bienes y servicios públicos al iniciar 2010 tendría un gran impacto lesivo en la economía familiar, así como en el sector productivo. Tal es el caso de las gasolinas, el diesel, el gas, tanto LP como natural, y el servicio de energía eléctrica. Este impacto contribuiría sin duda a que la mayor parte de la inflación esperada para 2010 se registre en el primer trimestre lo cual aunado a la situación del empleo e ingresos referida afectaría con un efecto de tijera a por lo menos 70 por ciento de los cerca de 28 millones de hogares mexicanos. Aún más, esto adelgazaría el consumo retrasando aún más la consolidación de la economía.

Por tal motivo se estima de la mayor relevancia que el precio de los mencionados bienes y servicios públicos se mantengan en su precios actuales al menos en los primeros dos trimestres del año que entra. De manera similar se estima conveniente dada la conocida estacionalidad del empleo en los primeros meses del año mantener  por el periodo citado la ampliación de la cobertura del Seguro Social en atención médica y de maternidad a trabajadores desempleados de dos a seis meses, misma que se instrumentó dados los efectos de la crisis.

Es oportuno recordar que la última detención o congelamiento de precios públicos también se inscribe en el marco de la actual crisis. El Acuerdo Nacional a favor de la Economía y el Empleo, suscrito el pasado 7 de enero de 2009 por el Ejecutivo federal, los Ejecutivos estatales, las mesas directivas del Congreso de la Unión, organizaciones sociales diversas, así como representantes obreros y empresariales, consideró mantener sin incrementos los precios de las gasolinas “en todo el país durante todo el año”. (cita textual del discurso presidencial pronunciado en Palacio Nacional el pasado 7 de enero ante representantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como Ejecutivos estatales, alcaldes y representantes de organizaciones empresariales, del trabajo y sociales).

Se trata de una propuesta recaudatoria insensible y que mal posiciona al recién nombrado secretario de hacienda, así como a la titular de la Secretaría de Energía.

Al respecto cabe formular un extrañamiento al secretario de Hacienda y Crédito Público por el reciente incremento en el precio de la gasolina magna de 7.72 a 7.77 pesos por litro (equivalente a un aumento del 0.65 por ciento) registrado el pasado sábado 19 del presente mes en abierta contravención a los suscrito y ofrecido por el Ejecutivo federal. Lo mismo sucedió con el diesel al aumentar 3 centavos su precio, no obstante haber registrado un anterior incremento catorce días antes, lo cual, entre otras cosas, arroja claridad anticipada sobre las intenciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para inicio de año, que por lo visto se les hace tarde para empezar.

En el citado acuerdo se consideró también reducir el precio del gas LP en 10 por ciento, comprometiéndose a mantenerlo en ese nivel por el resto del año. Del mismo modo, se anunció la reducción retroactiva de las tarifas eléctricas industriales en un rango del 9 al 20 por ciento. En tanto, también se comprometió el Ejecutivo a ampliar la atención médica y de maternidad de dos a seis meses a trabajadores desempleados.

Las medidas que se proponen atienden a un criterio de sensibilidad social mínimo dadas las muy anticipables dificultades que experimentará la mayoría de los hogares mexicanos en la primera mitad del 2010.

Como se puede apreciar se solicita una suspensión temporal, que no indefinida, de los citados bienes y servicios públicos toda vez que no se pretende incurrir en irracionalidad económica. Antes al contrario, se estima que esta medida permitiría tener un mayor ingreso familiar que a su vez pueda ser un activo para la reactivación del muy necesario crecimiento del producto y el empleo.

Asimismo, es de tal trascendencia asegurar la viabilidad de la recuperación económica, de la planta productiva y del empleo, que se estima conveniente y de la mayor oportunidad la comparecencia ante la comisión correspondiente de esta representación soberana del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la titular de la Secretaría de Energía.

Ello de cara a la fragilidad y lentitud que previsiblemente caracterizarán la mencionada recuperación en el primer semestre del 2010, y con el objeto de que detalle a esta Soberanía aquellas acciones a cargo de la dependencia a su cargo que está afectando, o son susceptibles de afectar la economía familiar, así como aquellas otras con las que se piensa apuntalar la dinámica económica y la recuperación del empleo.

Es en atención a las consideraciones expuestas que se proponen a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución.

Puntos de Acuerdo

Primero. Se cita a comparecer a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Energía, ante la Tercera Comisión de la Comisión Permanente con el objeto de esclarecer la política de precios y tarifas en el sector energético y su impacto en los ingresos públicos, así como para que expliquen aquellas acciones de las dependencias a su cargo que están afectando, o son susceptibles de afectar, la economía familiar lo que resta de año 2009 y en los primeros trimestres del 2010. Asimismo, para que se sirvan detallar aquellas acciones con las que pudiera darse mayor viabilidad a la recuperación de la economía y el empleo en el año por iniciar.

Segundo.La Comisión Permanente exhorta al ciudadano Presidente de la República a respetar el acuerdo nacional a favor de la economía familiar y el empleo suscrito el pasado 7 de enero de este 2009 por el mismo. Asimismo para que instruya lo necesario a efecto de que los precios públicos de las gasolinas, diesel, diesel agropecuario y marino, gas LP y natural, y el servicio de suministro de energía eléctrica tanto doméstica como industrial se mantengan en los niveles que registraron en 2009, recibiendo en los casos que así corresponda, los mismos apoyos y descuentos previstos en el citado Acuerdo Nacional que fue signado también por el Congreso de la Unión, los Ejecutivos estatales y diversos organismos de representación social y gremial.

Tercero.Se solicita atentamente al Ejecutivo federal a instruir lo necesario a efecto de que la atención médica y de maternidad del Seguro Social se amplíe a trabajadores desempleados a seis meses por al menos los dos primeros trimestres del 2010.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 22 de diciembre de 2009.— Senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: En votación económica, se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada. Se considera de urgente resolución.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. Ha solicitado el uso de la palabra para hablar en pro de la propuesta el senador Jesús Garibay García.

El senador Jesús Garibay García: Muchas gracias, ciudadano presidente. Saludo con todo respeto y con todo afecto a mi amiga, la diputada Vázquez Mota. Me da mucho gusto saludarla.

Hace un año, cuando el famoso gasolinazo, les comenté a los señores senadores del Partido Acción Nacional cómo se ve que son nuevos en esta materia. ¿Cómo se les ocurre lanzar el gasolinazo con un decreto del Ejecutivo, que además viene con el vuelo que viene?

Les dije también: aprendan. Acuérdense cómo le hacían antes, antes de que ustedes llegaran. Simplemente de la Dirección de Comercialización de Petróleos Mexicanos salía una circular que decía: “A partir de mañana aumentan las gasolinas”, y esa noche todo mundo corría –o corríamos– a llenar el tanque de gasolina.

Pero también eran muy comunes –lo recuerdo– grandes filas para llenar los tanques de gasolina porque ya habían anunciado el incremento. También recuerdo que generalmente se hacía cuando la ciudadanía estaba de vacaciones, y el problemón en los centros turísticos porque se acababa la gasolina, y se acababa la gasolina del precio anterior. Al siguiente día ya había gasolina, no había problema y podíamos disponer del combustible.

Eso lo dije sólo para que se enteraran mis amigos los senadores del PAN de cómo se hacían las cosas en aquellos tiempos. Pero qué bárbaros, no sólo se la aprendieron, sino hasta la superaron.

Ahora nos enteramos de que en una estación de servicio, allá en Coahuila –tierra de don Ricardo García Cervantes– un despachador de gasolina había informado que ésta sufriría un incremento en el precio.

Y con eso ahora sí que corrió como reguero de gasolina por todo el país, y el asunto se nacionalizó. Pero yo pensé que nada más en el Senado no hacían caso. No. Aquí veo que también.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, señor senador. Pedimos a todas las compañeras legisladoras y a los compañeros legisladores que, por favor, tomen asiento para que escuchemos a nuestros compañeros a la hora de que estén manifestando sus puntos de vista. Continúe, señor senador.

El senador Jesús Garibay García: Muchas gracias, señor presidente.

Pero no sólo se incrementó el precio de la gasolina, sino que ahora nos han metido en un verdadero problema, y este gasolinazo es de tercera generación. Les voy a explicar por qué es un gasolinazo de tercera generación.

La primera fue cuando se dijo que antes de enero de 2008 se incrementaría el precio de las gasolinas. Luego tomaron la decisión de que siempre no, que sería hasta enero. Ésa fue la segunda generación. La tercera es ésta, donde un despachador de gasolina no ha respetado el compromiso que hizo el ciudadano presidente de la República, como aquí bien ha sido señalado por el señor senador Rogelio Rueda.

Este despachador de gasolina, mi querido senador Rogelio, violó, violentó el acuerdo del Ejecutivo federal de que se mantendrían los precios de los combustibles sin incrementarse durante 2009. Habrá que investigar quién es ese despachador de gasolina.

Pero nos ha metido en otro problema. Cuando el desglose del Informe del Ejecutivo federal de este año, el desglose de este año, el secretario de Economía le envió un mensaje a las amas de casa de todo el país, de que no se modificaría, que no se incrementaría el precio del gas LP para consumo doméstico.

Esperemos que este despachador de gasolina no se haya despachado con la cuchara grande y ahora informe que también se va a incrementar el precio del gas LP. Esperemos que no sea así, por el bien de la economía de las amas de casa de este país.

Muchas gracias, presidente. Les agradezco su atención y consideración.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor senador. Tiene la palabra el diputado David Penchyna Grub.

El diputado David Penchyna Grub: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores y diputados de esta Comisión Permanente, en 2008 hubo un escándalo en el debate económico mexicano, cuando el gobierno federal destinó más de 200 mil millones de pesos en el subsidio a hidrocarburos, principalmente a la gasolina y al diesel.

Para 2009, a instancias del Ejecutivo federal, en enero se signó un acuerdo denominado Acuerdo nacional a favor de la economía familiar, que por cierto firmaron otros Poderes del Estado mexicano y que fue materia también de diferentes comentarios en cuanto a los subsidios a los hidrocarburos de consumo cotidiano.

Hace algunas horas nos amanecimos con la noticia de que había que subir el precio de la gasolina.

Quisiera citar que este punto de acuerdo no es menor. Independientemente de que ningún aumento a la gasolina puede pasar desapercibido en este país, porque afecta a todos los bienes de consumo y no de consumo, afecta también las metas inflacionarias que aprobamos hace –yo diría– días en materia de la Ley de Ingresos.

Es una trampa, independientemente de que incumple la palabra el señor presidente firmada en un acuerdo nacional. De hecho yo los invitaría a que prendan la página de Internet de Presidencia de la República. Aparece a cuadro el señor presidente, que sabemos que es su costumbre, y afirma como segundo punto de 25 puntos, el que graciosamente él le otorga a la ciudadanía la garantía que en 2009 no va a haber aumento a la gasolina.

Con todo respeto al señor presidente, falta a su palabra y a su compromiso firmado ante toda la nación. Pero no sólo eso. Está echando por abajo de inmediato las estimaciones de inflación de la Ley de Ingresos y, por tanto, del crecimiento económico del país.

Yo me pregunto: ¿qué empresa, de qué país del mundo o de qué continente puede planear sus finanzas a partir de la no política de precios y tarifas del sector público? La no política de precios y tarifas del sector público tiene que ver con la acción electorera del presidente de la República. Y así no se puede planear la vida nacional. Es altamente inflacionario, echa por tierra la Ley de Ingresos en sus estimaciones de Criterios Generales de Política Económica y, además, el margen de utilidad que pudiera haber tenido una empresa en este año, seguramente ya se vio socavado.

Abundaría, a lo que dijo el senador Rueda, que este año el desempeño de nuestra economía ha perdido 8 puntos del producto interno bruto, ha perdido más de 800 mil empleos formales, ha perdido una incalculable cifra de empleos formales, le ha apostado a una economía recesiva ante un Programa Nacional de Infraestructura que está totalmente fracasado. ¿Adónde vamos?

Creo que ése es el tema de fondo. Plantear que nos vengan a explicar aquí, tanto el titular de Hacienda como la de la Secretaría de Energía, como responsables, según la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ¿dónde está la política tarifaria de precios y tarifas del sector público? No existe. No tiene lógica económica. No tiene herramientas para poder enfrentar los ciclos económicos.

Es evidente que el subsidio multimillonario de los 200 mil millones de pesos a gasolina, diesel e hidrocarburos de 2008 es evidente que tenía que ver con 2009 porque había elecciones. Seguramente como ya no va a haber elecciones en 2010, por lo menos de carácter federal, el Ejecutivo se avienta un primer golpe en diciembre de este año y se aventará otro golpe en febrero y sistemáticamente a lo largo del año.

Llamo la atención de ustedes, con respeto, porque no me parece un asunto menor. El presidente es evidente que adoptó una medida para empezar a cotizar sus aumentos en forma diferenciada a partir el año que entra, y que el subsidio a las gasolinas y al diesel simplemente se vaya despareciendo. Si ésa es la política tarifaria sería bueno conocerla; si ésa es la política de aquí en adelante, sería bueno conocerla.

Un exhorto respetuoso a que cuando firmemos acuerdos, a la mejor en la última letra chiquita de esos acuerdos que se signaron, como el de enero, pues le pongamos que se cumplan; que no se dejen de cumplir. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el senador José Isabel Trejo, en pro.

El senador José Isabel Trejo Reyes: Muchas gracias, señor presidente, honorables legisladoras, honorables legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, hemos discutido en la bancada del PAN la pertinencia de apoyar el fondo de la petición del senador Rogelio Rueda.

Creemos que el acuerdo de enero, celebrado entre el Ejecutivo, las Cámaras, las entidades federativas, se hizo en un contexto de proyección de un año muy difícil, de un 2009 que se inició difícil y que iba a terminar también en las mismas condiciones; de tal manera que el entorno de dificultad económica no varió mucho de cómo se inició a cómo se proyectó.

También en la discusión del paquete económico de 2010, ciertamente se contempló la dolorosa posición de contemplar el incremento a los precios públicos. El adelanto claramente, en mi opinión, debe ser modificado.

Estamos de acuerdo en la comparecencia de los señores secretarios ante la Tercera Comisión de esta Comisión Permanente; hemos estado de acuerdo siempre en que comparezcan los secretarios ante las comisiones correspondientes para que expliquen, tal y como lo dice el primer punto propuesto y modificado por el senador Rogelio Rueda.

Sí creo que debemos de insistir en la parte del segundo punto de acuerdo. Solicitar formalmente que no haya incremento en el precio de la gasolina ni del diesel ni siquiera en los cinco centavos ni en los tres centavos para el diesel, porque tenemos que honrar todos los acuerdos tenidos en enero; si no, vamos a ir perdiendo el sentido de los acuerdos de carácter político de fondo entre los Poderes de la Unión, con la ceremonialidad que le dimos todos, ante el pueblo de México, y sí creo que en el resto de los días del año pueden ser contenidos los precios para que se haga el ajuste correspondiente en enero, ya de conformidad con la Ley de Ingresos apoyada por el Congreso de la Unión.

Estaríamos acordando, estaríamos honrando el acuerdo de los Poderes de la Unión ante el pueblo de México y esta- ríamos también llevando los ajustes de conformidad con la ley ya aprobada por todos los legisladores, en su gran mayoría, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.

En este momento no solamente pensaríamos en los mercados financieros y en los mercados fiscales, tenemos que pensar también en términos de las necesidades del pueblo de México.

Sí creo que es de mucho mayor dimensión honrar los acuerdos políticos, aunque tengamos efectos de carácter financiero y fiscal, de dificultad; que todos estamos conscientes que a lo mejor las medidas pospuestas si las llevamos en enero pudieran tener  otro tipo de consecuencias, pero así está el acuerdo, así está el plan, así está la ley. Y creo y creemos en la bancada y estamos aceptando de hecho tácitamente de manera implícita y explícita, y así lo haremos en la bancada del PAN, previa una corrección a la propuesta hecha por el senador Rogelio Rueda, para que quede con precisión el tema en el fondo.

Creo que sería lo mejor y hacer el exhorto al Ejecutivo ante las instancias correspondientes, para que nos mantengamos con los mismos precios. No al incremento al precio de la gasolina ni en los cinco centavos a la Magna ni tres centavos al precio del diesel.

Creemos que es lo mejor en este momento, señor presidente, señoras y señores legisladores. Es la propuesta que nosotros avalaremos con esta previa redacción que haremos al ajuste de último momento. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor senador. Ha concluido la lista de oradores inscritos. Tiene el uso de la palabra el diputado Roberto Gil.

El diputado Roberto Gil Zuarth: Gracias, presidente. Señoras y señores legisladores de la República, como lo ha anunciado el senador Isabel Trejo, de Acción Nacional, Acción Nacional está en la mejor disposición de que la Comisión Permanente, y específicamente la Tercera Comisión que tiene facultades para analizar los temas hacendarios, pueda analizar con detalle las razones que sustentan el desliz en el precio de estos combustibles y también cuál es el impacto de estos aumentos con respecto a la política tarifaria que el gobierno de la República seguirá durante el ejercicio siguiente.

En ese sentido, Acción Nacional propone una modificación a la proposición con punto de acuerdo que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario del PRI, a efecto de que el resolutivo que se somete a la consideración de esta asamblea quede en los siguientes términos:

Se instruye a la Tercera Comisión de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a que celebre comparecencias con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Energía que estime pertinentes, a efecto de analizar las razones del aumento a la gasolina y demás combustibles durante 2009, así como su impacto en la política tarifaria para 2010.

Con esta propuesta de adición, Acción Nacional mantiene en consecuencia su voluntad de acompañar el punto de acuerdo.

En consecuencia, señor presidente, le pediría que si puede usted someter a consideración la admisión de esta propuesta de modificación. Y, en el caso de que así lo acuerde la asamblea, someta a consideración del pleno de la Comisión Permanente el punto de acuerdo, en los términos en los que ha sido leído por el de la voz. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En virtud de la propuesta que realiza el señor diputado Gil, en los términos del artículo 58 del Reglamento, sometemos a consideración de la asamblea el punto de acuerdo.

El senador Jesús Garibay García (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, señor senador.

El senador Jesús Garibay García (desde la curul): Yo había solicitado el uso de la palabra.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, solamente que la propuesta que se hace en los términos del Reglamento debemos presentarla inmediatamente a votación. Es en los términos en los que tenemos que procesarla, señor senador. Posteriormente estaría su intervención, una vez que sea resuelta la propuesta que se hace a través del señor diputado. Con mucho gusto.

Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se acepta la modificación que propone el señor diputado Gil, a efecto de que sea considerada por los grupos parlamentarios y los comparecientes en esta sesión.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: En votación económica, se pregunta si se acepta la modificación propuesta por el diputado Gil, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Los legisladores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Se acepta la proposición. Se concede el uso de la palabra al señor senador Jesús Garibay.

El senador Jesús Garibay García: Gracias, señor presidente. Lo que me trae aquí es que podamos tener claridad en el acuerdo y no vayamos a engañar a la población. Si este punto de acuerdo se turna tal cual está a comisiones, sólo quiero llamar la atención en lo siguiente.

Las comisiones se van a estar instalando a partir del 4 de enero. Si la Tercera Comisión, a la que se le daría turno, se instala hasta el 4 o el 5 de enero, señor presidente, el precio de la gasolina continuará como está. Y señor senador, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, estaríamos engañando a la población. Creo que eso no sería correcto.

Estaría buscando y proponiendo que esto se aprobara aquí en el pleno, no que se turnara a comisiones. Y que se le hiciese llegar por la vía institucional respectiva hoy mismo, hoy mismo, al titular del Poder Ejecutivo, para los efectos conducentes.

Para esto llamo la atención, señor presidente, y por lo cual he solicitado hacer uso de la palabra. Gracias por la generosidad de usted y de todos mis compañeros.

El senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (desde la curul): Señor presidente, solicito el uso de la palabra.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pase por favor. Tiene el uso de la palabra, señor senador.

El senador Rogelio Humberto Guerra Sánchez: Gracias, presidente. Solamente para hacer alguna precisión, en el sentido de que hemos acordado que pueda modificarse la redacción del punto primero para el efecto de la comparecencia ante la Tercera Comisión de funcionarios del Ejecutivo.

Sin embargo, el punto segundo, que estaría satisfaciendo la inquietud del senador Garibay, está planteando que esta Permanente exhorte al Presidente a que se respete el acuerdo, a que se honre no sólo la palabra empeñada y firmada, sino que se cuide la economía de las familias. Ésa es la preocupación que se tiene, eso lo compartimos y esperamos que reciba el apoyo, por supuesto, de los compañeros legisladores para que podamos contemplar ambos asuntos: la comparecencia de los funcionarios y el exhorto al Presidente para que respete el acuerdo y se corrija esta decisión en el precio de la gasolina. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor senador. En virtud de que ha concluido la lista de oradores, pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición aprobada hace un momento.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se considera suficientemente discutida. Por consiguiente, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición en los términos planteados.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se acepta la proposición en los términos que se plantearon. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se aprueba. Se instruye a la Tercera Comisión de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a que celebre las comparecencias de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Energía que estime convenientes, a efecto de analizar las razones del aumento a la gasolina y demás combustibles.

Se pospone la participación de la diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, del Grupo Parlamentario del PAN, acerca de su propuesta de adicionar un párrafo décimo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J, del artículo 73 constitucional.

ARTURO BELTRAN LEYVA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el senador José Guadarrama Márquez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo al operativo militar efectuado por las fuerzas especiales de la Armada de México en la colonia Lomas de la Selva, en Cuernavaca, Morelos.

El senador José Guadarrama Márquez: Señor presidente, compañeras legisladores y compañeros legisladores, el suscrito, senador José Guadarrama Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones:

El pasado 16 de diciembre tuvo lugar en Cuernavaca un espectacular operativo militar, en el que perdió la vida el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva. Paradójicamente, la principal víctima de dicho operativo no fue el autodenominado jefe de jefes, sino la poca credibilidad con la que aún contaban las fuerzas armadas mexicanas, tras ser asignadas por el Poder Ejecutivo federal a tareas de seguridad publica y lucha contra la delincuencia organizada.

En efecto, el operativo efectuado por fuerzas especiales de la Armada de México ha dejado tras de sí un mar de dudas y especulaciones; entre ellas la idea de que el Ejército mexicano fue mantenido al margen del operativo, dada su vinculación con el crimen organizado.

Esto ha hecho más evidente que nunca la vulnerabilidad de los cuerpos militares y policiacos y ha comenzado a destapar una profunda red de corrupción que llega hasta los niveles más altos de la estructura del Estado. Sólo así puede entenderse el nivel de impunidad con el que las estructuras delincuenciales se mueven y operan a lo largo y ancho del país.

De esta forma, el hecho de que el operativo haya sido encargado a la Armada constituye una inequívoca y muy preocupante señal de la pérdida de confianza del Ejecutivo hacia el Ejército, y también hacia las propias autoridades locales de Morelos.

Fue justamente esta desconfianza la que derivó en una ausencia total de inteligencia y coordinación que puso en riesgo la vida de civiles. Las imágenes transmitidas por la televisión dieron cuenta de la forma en la que los efectivos militares que rodeaban la zona tenían que improvisar para hacer frente a los imprevistos en un operativo que, a todas luces y en todo momento, estuvo fuera de control.

La prensa escrita hoy nos detalla la forma en la que los vecinos de la zona residencial en la que se emprendió esta pequeña guerra, ni siquiera fueron avisados o evacuados para salvaguardar y garantizar su seguridad.

A lo anterior debemos agregar la inexplicable manipulación y vejación del cadáver de Arturo Beltrán Leyva. La foto del narcotraficante bañado en sangre y cubierto de joyas y billetes le ha dado la vuelta al mundo y ha puesto de manifiesto la peor cara de la fallida estrategia del gobierno federal en la lucha contra la delincuencia.

A nadie convence el secretario de Gobernación cuando señala que se encuentran realizando una investigación para determinar quién manipuló el cadáver para tomar fotos aberrantes. En el fondo lo único que quedó claro es el desdén del gobierno federal por el estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos.

El Estado mexicano, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, puede apartarse del principio de legalidad, argumentando que la lucha contra la delincuencia sólo puede librarse si se adoptan los mismos métodos que los delincuentes.

No puedo dejar de mencionar el artero ataque perpetrado durante la madrugada de este martes contra la familia de Melquisedet Angulo Córdova, tercer maestre de las fuerzas especiales de la Marina, fallecido en el operativo que derivó en la muerte de Arturo Beltrán Leyva.

Por lo expuesto, pongo a su consideración el siguiente punto de acuerdo:

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de Gobernación un informe detallado sobre la participación de las fuerzas especiales de la Marina en el operativo efectuado el pasado 16 de diciembre en la colonia Lomas de Selva, en Cuernavaca, Morelos.

Segundo. La honorable Comisión Permanente condena la manipulación y vejación con efectos propagandísticos del cadáver de Arturo Beltrán Leyva y exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a garantizar el apego, en la lucha contra la delincuencia organizada, al estado de derecho y a la vigencia de los derechos humanos. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la operación militar efectuada por las fuerzas especiales de la Armada de México en Lomas de Selva, de Cuernavaca, Morelos, a cargo del senador José Guadarrama Márquez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador José Guadarrama Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado jueves 17 de diciembre tuvo lugar en Cuernavaca un espectacular operativo militar en el que perdió la vida el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.

Paradójicamente, la principal víctima de dicho operativo no fue el autodenominado “Jefe de Jefes”, sino la poca credibilidad con la que aún contaban las fuerzas armadas mexicanas tras ser asignadas por el Poder Ejecutivo federal a tareas de seguridad pública y lucha contra la delincuencia organizada.

En efecto, el operativo efectuado por fuerzas especiales de la armada de México ha dejado tras de sí un mar de dudas y especulaciones. Entre ellas, la idea de que el Ejército Mexicano fue mantenido al margen del operativo dada su vinculación con el crimen organizado.

Esto ha hecho más evidente que nunca la vulnerabilidad de los cuerpos militares y policiacos, y ha comenzado a destapar una profunda red de corrupción que llega hasta los niveles más altos en la estructura del Estado.

Sólo así puede entenderse el nivel de impunidad con el que las estructuras delincuenciales se mueven y operan a lo largo y ancho del país.

De esta forma, el hecho de que el operativo haya sido encargado a la armada constituye una inequívoca y muy preocupante señal de la pérdida de confianza del Ejecutivo hacia el Ejército y también hacia las propias autoridades locales de Morelos.

Y fue justamente esta desconfianza la que derivó en una ausencia total de inteligencia y coordinación que puso en riesgo la vida de civiles. Las imágenes transmitidas por la televisión dieron cuenta de la forma en la que los efectivos militares que rodeaban la zona tenían que improvisar para hacer frente a los imprevistos de un operativo que a todas luces y en todo momento estuvo fuera de control.

La prensa escrita hoy nos detalla la forma en la que los vecinos de la zona residencial en la que se emprendió esta “pequeña guerra” ni siquiera fueron avisados o evacuados para salvaguardar y garantizar su seguridad.

A lo anterior debemos agregar la inexplicable manipulación y vejación del cadáver de Arturo Beltrán Leyva. La foto del narcotraficante bañando en sangre y cubierto de joyas y billetes le ha dado la vuelta al mundo y ha puesto de manifiesto la peor cara de la fallida estrategia del gobierno federal en la lucha contra la delincuencia.

A nadie convence el secretario de Gobernación cuando señala que se encuentran realizando una investigación para determinar quien manipuló el cadáver para tomar fotos aberrantes. En el fondo, lo único que quedó claro es el desdén del gobierno federal por el estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos.

El Estado mexicano, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, puede apartarse del principio de legalidad argumentando que la lucha contra la delincuencia sólo puede librarse si se adoptan los mismos métodos que los delincuentes.

Por todo lo expuesto, pongo a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional un informe detallado sobre la participación de las fuerzas especiales de la Marina en el operativo efectuado el pasado jueves 17 de diciembre en la colonia Lomas de Selva, en Cuernavaca, Morelos; y

Segundo.La honorable Comisión Permanente condena la manipulación y vejación con efectos propagandísticos del cadáver de Arturo Beltrán Leyva y exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a garantizar la sujeción, de la lucha contra la delincuencia organizada, al estado de derecho y a la vigencia de los derechos humanos.

Salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente, a 22 de diciembre de 2009.— Senador José Guadarrama Márquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor senador. Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

CAMBIO CLIMATICO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Juan José Guerra Abud, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo referente a las cumbres de la Organización de las Naciones Unidas sobre cambio climático.

El diputado Juan José Guerra Abud: Gracias. Con su permiso, señor presidente. Estimados colegas legisladores, todos esperábamos más de Copenhague. Desgraciadamente las naciones más contaminantes del planeta, que rara vez tienen opiniones coincidentes, en esta ocasión sí pudieron ponerse de acuerdo en hacer poco o, para efectos prácticos en el corto plazo, nada para frenar la emisión de gases de efecto invernadero y, en consecuencia, del calentamiento global.

En esta conferencia considero que la delegación de nuestro país hizo un buen papel. México recibió el reconocimiento de la Organización Global de Legisladores para un Ambiente Balanceado (GLOBE, por sus siglas en inglés) y por lo que he leído en medios nacionales e internacionales, la propuesta de crear un Fondo Verde, propuesta de nuestro país, seguramente tendrá éxito en el futuro y, sobre todo, porque obtuvimos la sede para el foro de 2010, que entiendo se realizará en noviembre.

Para mí, es evidente que los gobernantes de las naciones más contaminantes –que pena les debería dar– no están atendiendo el reclamo de la población para realizar un esfuerzo real que reduzca el calentamiento global.

Seguramente la presión que sobre ellos ejercen las grandes corporaciones y los intereses económicos creados principalmente en torno a los combustibles fósiles, les impide tomar medidas drásticas y sobre todo realizar las inversiones que son necesarias.

Por ello, colegas legisladores, veo la solución en los parlamentos. Somos –creo– los legisladores quienes tenemos que obligar a los gobiernos, con leyes, a tomar medidas contundentes.

Creo, colegas legisladores, que buena parte de los escenarios catastrofistas los van a sufrir nuestros hijos y nietos. Por ello tenemos la responsabilidad moral de hacer que las cosas sucedan.

Dado que nuestro país será la sede de la próxima conferencia de partes, el Partido Verde Ecologista de México propone que como parte de esta conferencia mundial, este Congreso de la Unión, o sea, nosotros, promovamos una reunión en paralelo, anticipadamente o de manera conjunta a la de los gobiernos, a la que asistan los representantes de los parlamentos de por lo menos los 15 países que más emisiones emiten.

Que seamos nosotros, que sea nuestro Congreso, el Congreso mexicano, el que promueva a escala mundial un actuar más decidido de los parlamentos mundiales, como representantes del pueblo que somos, en esta cruzada contra el calentamiento global y la contaminación en su conjunto.

Por ello, señor presidente, someto a la consideración de este Congreso que se proponga a las respectivas Juntas de Coordinación Política la creación de una Comisión Bicamaral que organice y promueva esta conferencia de parlamentos contra el calentamiento global y realice las invitaciones a los representantes de los países que más contaminan. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, referente a las cumbres de la ONU sobre cambio climático, a cargo del diputado Juan José Guerra Abud, del Grupo Parlamentario del PVEM

Juan José Guerra Abud, diputado integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El cambio climático es un tema de relevancia mundial, y es reconocido por todos los gobiernos que, de no generarse acciones para mitigar la emisión de gases efecto invernadero (GEI), los desastres que se avizoran en consecuencia serán de gran impacto.

En 1992, 166 países se adhirieron a un tratado internacional denominado Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), con la finalidad de considerar las acciones que se deben realizar para reducir el calentamiento atmosférico y adoptar medidas para hacer frente a la elevación de la temperatura que es inevitable. Esta convención ha sido ratificada por 192 países.

La CMNUCC tiene como órgano rector la Conferencia de las Partes (Cop), que es una asociación de todos los países parte de la convención. Esta conferencia tiene por objeto comprometer esfuerzos internacionales para resolver los problemas del cambio climático.

La labor fundamental de la Cop es examinar las comunicaciones nacionales y los inventarios de emisiones presentados por las partes. Asimismo evalúa los efectos de las medidas adoptadas por las partes.

La Cop se reúne todos los años y, como todos sabemos, durante este mes se celebró la reunión número 15 de la Cop, en Copenhague, Dinamarca. La cual buscaba un acuerdo global sobre cambio climático para poder limitar los efectos antropogénicos negativos sobre el sistema climático para las generaciones futuras.

La importancia de esta reunión era generar un acuerdo global vinculante sobre el clima, para entrar en vigor después de 2012, fecha en que el protocolo de Kioto terminará sus compromiso.

El Protocolo de Kioto, fue adoptado en la tercer reunión de la Conferencia de las partes en 1997, y fue el primer instrumento en donde se lograron establecer objetivos vinculantes para las emisiones de GEI, países industrializados de 2008 a 2012.

Por tal motivo, la Conferencia de Copenhague, pretendía alcanzar un acuerdo global en la lucha global contra el fenómeno del cambio climático, mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, buscando un mecanismo de financiamiento para la adaptación y mitigación en países en vías de desarrollo, así como para transferencia tecnológica y definir si se continúa la implementación del Protocolo de Kioto a partir del 2013.

Sin embargo los objetivos planteados para la reunión de la Cop15 en Copenhague, no fueron alcanzados. Los participantes de la conferencia sólo acordaron que deben hacer todo lo posible para limitar la subida de la temperatura a 2°C, como máximo, hacia 2050 y se anunció la creación de un fondo internacional para reducir las emisiones de deforestación y la degradación de bosques. El Reino Unido, Noruega, Estados Unidos, Japón, Francia y Australia se comprometieron a contribuir con 3 500 millones de dólares a este proyecto en 2010.

Definitivamente las metas no fueron las esperadas, los gobiernos no pudieron establecer los acuerdos necesarios para garantizar la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero, y esto en gran medida por las grandes corporaciones que presionan a los titulares del poder ejecutivo para que sean omisos a las expectativas que la población ha depositado en ellos.

México, es uno de los países clave para lograr negociaciones que permitan avanzar en los compromisos posteriores a 2012, puesto que será la sede para una nueva reunión de la Cop en el 2010, y a que fue durante la Cop 15 el país al que le fue entregado el premio de la organización Globe International, en reconocimiento a su liderazgo medioambiental.

Es necesario examinar las acciones que nuestro país ha realizado en materia de cambio climático, las cuales son:

• Conformación de una comisión intersecretarial de cambio climático, la cual se encuentra integrada por ocho secretarías de Estado. Asimismo, ha realizado comunicaciones nacionales e inventario nacionales de emisiones de gases efecto invernadero.

• Compromiso en de reducir para el año 2050, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) al 50% respecto a los niveles de 2002, sin tener la obligación de hacerlo.

• Propuesta de creación de un fondo mundial contra el cambio climático (Fondo Verde) el cual busca contribuir en la reducción de emisiones de carbono y financiar programas de adaptación al cambio climático.

Por tal motivo, el premio Globe International y las acciones generadas a la fecha deben fortalecer los trabajos en materia ambiental de nuestro país y con ello buscar la forma para que en el 2010 México sea la sede para un nuevo acuerdo internacional de reducción de emisiones de gases efecto invernadero y estrategias de adaptación a los efectos del cambio climático a través del desarrollo de tecnología y la búsqueda de financiamientos.

Debemos tomar en consideración que los primeros ministros, no son los únicos que deben trabajar para lograr el consenso político para trabajar en pro del ambiente, los parlamentos son una base fundamental para la toma de decisiones.

Lo anterior, tomando en cuenta que el presupuesto es aprobado por los parlamentos, así como las reformas a la legislación nacional, herramientas que han permitido el desarrollo de acciones en pro del ambiente en cada uno de los países miembros de la CMNUCC

Por lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México cree conveniente que el Congreso de la Unión realice una reunión de trabajo en paralelo a la de la conferencia de las partes con legisladores de por lo menos las 15 naciones más contaminantes del orbe, que representen a sus Congresos o a las Comisiones de Medio Ambiente de los 192 países parte de la CMNUCC.

Para ello es necesario que las Juntas de Coordinación Política realicen las gestiones necesarias para llevar a cabo la programación, presupuestación y realización de dicha reunión de trabajo, paralela a la Convención de Cambio Climático que ha realizarse en nuestro país en 2010.

Lo anterior, para que sean los legisladores mundiales los que obliguen a los jefes de gobierno a implementar acciones concretas y eficientes para contrarrestar los efectos del cambio climático, por medio de la legislación de cada país y con ello evitar la desilusión de Copenhague.

En mérito de lo expuesto y fundado, someto a consideración de este honorable Pleno, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Congreso de la Unión a realizar un Foro Mundial con los Congresos de por lo menos los 15 países con mayor número de emisiones de gases de efecto invernadero, de las 192 naciones miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con la finalidad de lograr acuerdos previos, que permitan el consenso para la próxima reunión de la Conferencia de las Partes (Cop16) en diciembre de 2010 que se celebrará en México.

Segundo.Se exhorta respetuosamente a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras a integrar un Grupo Bicameral para organizar el Foro Mundial con los legisladores de los países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 22 de diciembre de 2009.— Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

CAJAS DE AHORRO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió proposición con punto de acuerdo para resarcir los daños causados por las cajas de ahorro fraudulentas, suscrita por el senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del PT.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Proposición con punto de acuerdo, para resarcir los daños causados por cajas de ahorro fraudulentas, suscrita por el senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, senador de la república, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Deseamos aprovechar el espacio que nos da la honorable Comisión Permanente para plantear un problema que por desgracia es recurrente en nuestro país. Nos referimos a los fraudes perpetrados por personas sin escrúpulos, que se aprovechan de la buena fe y del legítimo afán de los ciudadanos de mejorar su situación económica y recibir un mejor rendimiento de sus escasos ahorros.

El caso en cuestión implica a varias cajas de ahorro, entre las que están la Financiera Coofia, que operaba en 9 estados de la república, entre ellos Oaxaca, Puebla, Veracruz, y Tlaxcala; el Grupo Bienestar Social La Paz, SC; el Grupo Sitma, en once estados de la república; y el grupo inmobiliario Verhome, SA de CV, mejor conocido como Invergroup, operando en Puebla y Aguascalientes, además en las ciudades de León, Guanajuato y Ciudad Juárez.

La problemática generada afecta ya a miles de clientes sólo en Puebla, los cuales han presentado denuncias penales contra estas organizaciones financieras que los defraudaron. El daño patrimonial a los clientes se estima en más de mil 300 millones de pesos. El “gancho” de estas empresas era ofrecer a los ahorradores rendimientos superiores a los que otorga la banca comercial, lo cual era por demás atractivo en una época de crisis. Basados en esta promesa y actuando de buena fe, miles de ciudadanos poblanos les confiaron sus ahorros, con la confianza de que las empresas operaban de manera legal y con los permisos que señala la normatividad vigente.

Cabe mencionar que la caja de ahorro Coofia inició operaciones en 1997, sus propietarios son Valente Medina, Alfonso Colunga Velázquez, Miguel Ángel Corona, Ana María de Gante y Anastasio Pineda, entre otros, quienes valiéndose de una fuerte publicidad en medios escritos y electrónicos, así como de figuras públicas a nivel local y nacional e incluso, presumiblemente, de funcionarios del gobierno de Puebla y de los municipios, promovieron las bondades de estas sociedades que aseguraban al público que todo era legal y que no se desconfiara de ellos.

En el caso de Coofia, el gobierno del estado le autorizó la captación de los impuestos locales en 2008, como la tenencia vehicular, el impuesto sobre nómina y otros, pese a que desde 2005 la financiera estaba descapitalizada. A pesar de ello, Coofia y las demás sociedades empezaron a tener problemas de solvencia y cumplimiento de sus obligaciones desde principios de 2009.  La situación se tornó crítica a mediados de este mismo año, concretamente en mayo varios de los ahorradores solicitaron se les reintegrará su ahorro, a lo que las empresas se negaban, ofreciendo renovar los contratos con mayores beneficios.

Se calcula que los afectados en la entidad poblana ascienden a 50 mil personas y a nivel nacional a casi 100 mil, con un daño patrimonial total a nivel nacional de 4 mil millones de pesos, según constan varios documentos oficiales de las mismas empresas y la información recaba por las instancias investigadoras.

Es necesario que esta soberanía exhorte a las autoridades del gobierno federal y del estado de Puebla a efecto de que los ahorradores defraudados puedan ser resarcidos en el daño patrimonial y puedan ser sujetos del apoyo que brinda el Fideicomiso Pago, considerado en laLey que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. De la misma forma es necesario que para las personas defraudadas por las instituciones, como Sitma e Invergroup, que no entran en el beneficio de la ley mencionada, se cree un fondo estatal y federal que restituya los ahorros.

Asimismo, proponemos que la Procuraduría General de la República intervenga en este asunto, investigando los hechos y fincando responsabilidades a los propietarios de estos negocios y a los funcionarios federales, estatales y municipales que se hayan coludido para cometer este gigantesco fraude.

Por ello proponemos crear un grupo plural de trabajo de diputados federales que dé seguimiento a la investigación de este fraude para que propongan las acciones y las medidas legislativas que prevengan la comisión de estos delitos.

Por las consideraciones antes expuestas sometemos a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Artículo Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a integrar el padrón de afectados por el fraude de la Financiera Coofia y Grupo Bienestar Social la Paz, a fin de que puedan ser beneficiados con los recursos del Fideicomiso Pago, previsto en la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

Artículo Segundo. La creación de un fondo estatal y federal para resarcir el daño patrimonial a los afectados de las inmobiliarias Invergroup y Sitma.

Artículo Tercero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar los hechos y fincar responsabilidades a los propietarios de estos negocios y a los funcionarios federales, estatales y municipales que se hayan coludido para cometer estos delitos financieros.

Artículo Cuarto. Se acuerda la creación de un grupo plural de diputados federales que dé seguimiento a la investigación de este fraude, a fin de que propongan las acciones y las medidas legislativas para resarcir el daño causado y prevengan la comisión de estos delitos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de diciembre de 2009.— Senador Alejandro González Yáñez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

COMISION DE CONCORDIA Y PACIFICACION

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo para que en la integración de la Cocopa se considere a todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados.

El diputado Pedro Vázquez González: Con la venia de la Presidencia. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo propone que la Cocopa, que como todos sabemos es una de las instancias de intermediación para alcanzar la paz digna y justa en Chiapas, tenga una integración paritaria en su composición.

A nadie pueden escapar las condiciones de miseria y marginación de los indígenas chiapanecos, que motivaron que el 1 de enero de 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional declarara la guerra al gobierno mexicano. La sociedad mexicana jugó un papel importante al movilizarse a todo lo largo y a todo lo ancho del país demandando que el Ejército no masacrara a los indígenas chiapanecos, en virtud de la gran diferencia de capacidad de fuego entre uno y otro ejército.

El Congreso de la Unión, en su LVI Legislatura, integró una comisión de diálogo y conciliación para Chiapas, y en 1995 se aprobó la ley, la vigente Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Justa y Digna en Chiapas.

Es necesario mencionar que desde la primera Cocopa que se instaló el 15 de marzo de 1995, todos los grupos parlamentarios, tanto en el Senado como de esta Cámara de Diputados, han tenido representación en ella, así ocurrió en la LVI, LVII, LVIII, LIX y LX Legislaturas.

Reiteramos que ha sido una representación paritaria de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Por eso nos llama la atención que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados haya propuesto una integración de la Cocopa con sólo 6 diputados, 2 del PRI, 2 del PAN y 2 del PRD, dejando fuera a las cuatro fuerzas políticas restantes: Partido Verde, PT, Nueva Alianza y Convergencia.

Debemos recordar que la Comisión de Concordia y Pacificación está prevista en el artículo 8o. de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Justa y Digna en Chiapas y que ahí se menciona que quedaría integrada por los miembros de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para Chiapas.

Es pertinente recordar que en esta comisión todos los grupos parlamentarios, en ambas Cámaras, estaban debidamente representados de manera paritaria.

Por otro lado, ni la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Justa y Digna en Chiapas ni la Ley Orgánica del Congreso General del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos establecen el número de integrantes de la Cocopa. El único indicador es la antigua y extinta en la LVI Legislatura, la llamada Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para Chiapas. Por lo que ante la omisión de estas leyes debe servir como criterio orientador lo que se dispone en el artículo 34, inciso c, de la Ley Orgánica, como facultad de la Junta de Coordinación Política para proponer al pleno la integración de las comisiones, y el artículo 43, numeral 4, de la Ley Orgánica, en cuanto a la proporción que representen los grupos parlamentarios del pleno para la integración de las comisiones.

Además, por los fines que persigue la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Justa y Digna en Chiapas y las atribuciones de la Cocopa, debe prevalecer en su integración el principio de pluralidad, para que todas las fuerzas políticas estén representadas en dicha comisión de manera paritaria.

Las atribuciones de la Cocopa previstas en el artículo 9o. de la ley son fundamentalmente de coadyuvancia en la búsqueda de la paz.

En opinión del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo las Cámaras del Congreso de la Unión, por medio de la Cocopa, deben seguir desempeñando su tarea de coadyuvancia en la búsqueda de la paz en Chiapas. Y debe ser integrada de manera proporcional, pero plural e incluyente.

Estimamos que, de ser aprobada la propuesta en los términos que ya señalé, será una mala señal para una de las partes en conflicto.

Compañeros legisladores y compañeras legisladoras, nuestro grupo parlamentario se pronuncia por la inclusión de todas las fuerzas políticas en esta comisión tan importante por los altos fines que persigue, que es la obtención de la paz en Chiapas.

En consecuencia, señor presidente, proponemos el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se propone a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que la representación de la Comisión de Concordia y Pacificación sea paritaria, donde estén representados todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados.

Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por su atención.

«Proposición con punto de acuerdo para que en la integración de la Cocopa se considere a todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, presentada por el diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión,. integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la H. Comisión Permanente para que sea turnada a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se propone que la representación de la Comisión de Concordia y Pacificación sea paritaria, donde estén representados todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, bajo las siguientes

Consideraciones

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo propone que la Cocopa, que como todos sabemos es una de las instancias de intermediación para alcanzar la paz justa y digna en el estado de Chiapas, tenga una integración paritaria en su composición.

A nadie pueden escapar las condiciones de miseria y marginación de los indígenas chiapanecos que motivaron que el primero de enero de 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional declarara la guerra al gobierno mexicano.

La sociedad mexicana jugó un importante papel al movilizarse a todo lo largo y ancho de todo el país demandando que el ejército no masacrara a los indígenas chiapanecos en virtud de la gran diferencia en capacidad de fuego entre uno y otro ejército.

El Congreso de la Unión en su LVI Legislatura integró una Comisión de Diálogo y Conciliación para el Estado de Chiapas y en 1995, se aprobó la vigente Ley para el Diálogo la Conciliación y la Paz Justa y Digna en Chiapas.

Es necesario mencionar que desde la primera Cocopa que se instaló el 15 de marzo de 1995, todos los grupos parlamentarios, tanto en el Senado como en esta Cámara, han tenido representación en ella, así ocurrió en la LVI, LVII, LVIII, LIX y LX Legislatura, reiteramos, ha sido una representación paritaria de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso..

Por eso nos llama la atención que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados haya propuesta una integración de la Cocopa con sólo seis diputados: 2 del PRI, 2 del PAN y 2 del PRD, dejando fuera a las cuatro fuerzas políticas restantes PVEM, PT, Nueva alianza y Convergencia.

Debemos recordar que la Comisión Concordia y Pacificación está prevista en el artículo 8 de la Ley para el Diálogo la Conciliación y la Paz Justa y Digna en Chiapas y que ahí se menciona que quedaría integrada por los miembros de la Comisión Legislativa del congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas.

Es pertinente recordar que en esta Comisión todos los Grupos Parlamentarios, en ambas Cámaras, estaban debidamente representados de manera paritaria.

Por otro lado, ni la Ley para el Diálogo la Conciliación y la Paz Justa y Digna en Chiapas, ni la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establecen el numero de integrantes de la Cocopa, el único indicador es la antigua y extinta en la LVI Legislatura Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Dialogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas.

Por lo que ante la omisión de estas leyes debe servir como criterio orientador lo que se dispone en el Artículo 34 inciso c) de la Ley Orgánica como facultad de la Junta de Coordinación Política para proponer al pleno la integración de las Comisiones y el artículo 43 numeral 4 de la Ley Orgánica, en cuanto a la proporción que representen los Grupos Parlamentarios del pleno para la integración de Comisiones.

Además, por los fines que persigue la Ley para el Diálogo la Conciliación y la Paz Justa y Digna en Chiapas y las atribuciones de la Cocopa debe prevalecer, en su integración, el principio de pluralidad para que todas las fuerzas políticas estén representadas en dicha Comisión de manera paritaria.

Las atribuciones de la Cocopa previstas en el artículo 9 de la Ley son, fundamentalmente, de coadyuvancia en la búsqueda de la paz.

En opinión del Grupo Parlamentario del Partido del Traba-jo las Cámaras del Congreso de la Unión, por medio de la Cocopa, deben seguir desempeñando su tarea de coadyuvancia en búsqueda de la paz en Chiapas y debe ser integrada de manera proporcional pero plural e incluyente.

Estimamos que de ser aprobada la propuesta en los términos que se presenta será una mala señal para una de las partes en conflicto.

Compañeras y compañeros legisladores: nuestro grupo parlamentario se pronuncia a favor de la inclusión de todas las fuerzas políticas en esta Comisión tan importante por los altos fines que persigue que es la obtención de la paz en el Estado de Chiapas.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Comisión Permanente para que sea turnada a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la siguiente proposición, para quedar como sigue:

Punto de Acuerdo

Único.Se propone a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que la representación de la Comisión de Concordia y Pacificación sea paritaria, donde estén representados todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente,  a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil nueve.— Diputado Pedro Vázquez González.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que impulse el establecimiento de una zona económica estratégica que abarque los estados de Baja California y Baja California Sur, y el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, suscrito por los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Solicito, si así lo tiene a bien, que se turne.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a impulsar el establecimiento de una zona económica estratégica que abarque Baja California, Baja California Sur y San Luis Río Colorado, Sonora, a cargo del senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez y suscrita por legisladores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscribimos, Fernando Castro Trenti, Irma Martínez Manríquez, Francisco Javier Obregón Espinoza y Humberto Lepe Lepe, integrantes de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración del Pleno de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Cada región de este país, por diversos factores como el ecosistema y el clima, se encuentra diferenciada de las demás. En el norte de México la población se debe enfrentar a los desafíos que la naturaleza impone; del desierto surge la cultura del esfuerzo, y de la adversidad del clima la determinación.

Lamentablemente, los ejecutores de las políticas gubernamentales, quienes desconocen las ventajas comparativas del norte del país, en especial de la frontera, no han promovido políticas que impulsen su desarrollo. Al desconocer nuestras costumbres, tradiciones y circunstancias geográficas, lejos de la capital de la república y cerca de la franja fronteriza, se generan medidas que al ignorar nuestras diferencias, entorpecen y detienen nuestro desarrollo y crecimiento.

La implementación de programas generales, como el Sistema de Aforo Vehicular, el cual pretende brindar eficacia en el combate al contrabando, no se justifica por los efectos negativos que tendrá en la vida común de las fronteras, afectando el comercio, el turismo, el empleo y, por ende, mermando la ya muy deteriorada capacidad de consumo de las familias mexicanas, en especial las bajacalifornianas.

Combatir de fondo los problemas de inseguridad pública que padece el país, no está reñido con una política de crecimiento económico que incremente el empleo, atraiga las inversiones e incentive el turismo.

Por cuanto hace a la medida en contra de la importación de vehículos usados, en los estados del norte del país se han movilizado numerosos ciudadanos inconformes con la forma en que las autoridades hacendarias y policiacas han venido criminalizando a los propietarios de autos importados.

Desde 2007, el Servicio de Administración Tributaria y la Policía Federal Preventiva han realizado operativos tendientes a decomisar vehículos procedentes principalmente, de Estados Unidos, esto acompañado muchas veces del uso excesivo de la fuerza, cuando no de la brutalidad policiaca, lo cual constituye un menoscabo en la dignidad de quienes son víctimas de esta clase de actividades.

Si lo antes descrito por sí sólo resulta grave, los instrumentos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 y 31 de diciembre de 2008, a través de los cuales se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, y se reforma el anexo dos de la resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, han vuelto insoportable la situación para miles de habitantes de los estados fronterizos del norte del país.

En los últimos años, Baja California ha vivido económicamente problemas que agravan nuestra situación: desplome de las actividades como la industria, comercio, servicios, turismo, maquiladora y construcción inmobiliaria; reducción del circulante y del flujo de efectivo; contracción del mercado interno; pérdida de competitividad regional y sectorial; fuga de consumidores; y altas tasas de desocupación.

De septiembre de 2007 a junio de 2009, en Baja California se ha incrementado el número de personas desocupadas, pasando de 21 mil 800 a 82 mil, lo que coloca a esta entidad en el décimo lugar nacional en tasa de desocupación. Entre 1950 y 1970, el coeficiente de retención del ingreso fronterizo fue de 40 por ciento; a partir de 1985, éste oscila entre el 10 y el 15 por ciento.

Otra situación que ha pasado casi inadvertida, pero que representa un factor importante en la situación actual de la zona fronteriza, es la migración; mientras que entre 1930 y 1990 la población de México se multiplicó por seis, las ciudades fronterizas en su conjunto crecieron 14 veces, pero cada una a distinto ritmo. Tijuana es el caso de mayor dinamismo, la que en el lapso de seis décadas, multiplicó su población 66 veces.

Asimismo, Baja California es el estado norteño que más migrantes recibe al año, con alrededor de 170 mil.

Además, debemos sumar que en esta zona del país, el costo de vida es alto debido en gran medida al costo de las tarifas que se pagan por servicios indispensables, como luz eléctrica y agua potable; resulta alarmante que en estos estados norteños, se pague casi 12 veces más que en la capital de la república por el servicio de agua potable y que, por otro lado, no se consideren las condiciones extremas del clima que lleva a los ciudadanos del norte a consumir más energía eléctrica que en otras regiones, debido a los sistemas de aire acondicionado y calefacción que se utilizan, trayendo como consecuencia que gran parte del salario de los bajacalifornianos se destine en pagar las altas tarifas que se cobran por el suministro de energía eléctrica.

No obstante lo anterior, en 2004 Baja California tenía 869 maquiladoras, que representaban un 31% del total nacional, y un 42% de total de todos los estados fronterizos. Esta entidad también tiene la ciudad con más maquiladoras en todo el país; Tijuana, con 566; además, cuenta con más de 240 770 trabajadores, lo que representa el 21% del total nacional; lamentablemente, la imposición de políticas que frenan el desarrollo y competitividad de este sector ha hecho que la inversión extranjera se incline por otros destinos, como el asiático, y esto genera problemas en la región, como desempleo e inseguridad, ya que la población que llega a Baja California buscando un trabajo honesto para ganar el sustento de su familia y que no lo encuentra, se ha visto orillada a engrosar las filas de la delincuencia.

La zona que comprende las dos baja californias y San Luis Rio Colorado, Sonora, tienen ventajas y problemas derivados de su posición geopolítica que no tienen todas las ciudades del país y que, por lo tanto, requieren de una atención especial por parte de nuestras autoridades federales.

Se requiere un trato diferenciado, basado en las características que representa la dinámica de intercambio económico, cultural, social, entre dos naciones asimétricas; por ello, resulta improcedente imponer las mismas políticas en todo el país por igual. Deben analizarse las particularidades de cada región y, con base en ello, establecer los mecanismos de acción que beneficien a la sociedad.

Señores legisladores: para detonar el crecimiento económico, la competitividad y el empleo en la franja fronteriza, el sector económico de la zona a través de organizaciones, como el Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara Nacional de Comercio y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación han propuesto, con base en estudios sociológicos y económicos, el establecimiento de un régimen especial de orden jurídico, territorial, fiscal, aduanal y de comercio exterior; es decir, el establecimiento de una Zona Económica Estratégica en el área comprendida por los estados de Baja California, Baja California Sur y el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.

La zona económica estratégica es un territorio delimitado de un país, donde se goza de algunos beneficios tributarios, como el no pago de derecho de importación de mercancías o el no cobro de algunos impuestos, con el fin de atraer capitales y promover el desarrollo económico de la región.

Se puede definir el desarrollo económico regional como un proceso de crecimiento y cambio estructural que, mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio, conduce a la mejora del bienestar de la población de una localidad o una región.

En el ámbito regional, desde 1980 se interrumpió su proceso de convergencia. La dinámica económica y social en curso no está cerrando las brechas entre las entidades y regiones. Las áreas predominantemente rurales presentan las peores condiciones socio-económicas, mientras que están mejorando y son más competitivas las que tienen sectores dinámicos de manufacturera o de servicios.

El Congreso de la Unión, en apoyo y solidaridad con las autoridades y la población de la región fronteriza del norte del país, exhorta al Gobierno Federal a evaluar profesionalmente y de manera responsable, la problemática que se vive en la frontera norte del país; al convertirse en localidades con alto grado de inseguridad por la falta de oportunidades y deterioro de la calidad de vida de la población, es necesario que con base en estudios sociales, económicos y científicos, se comiencen a diseñar y establecer bases sobre las cuales se planifiquen adecuadamente las políticas gubernamentales que contribuyan en la solución de los conflictos de la zona fronteriza, y que impulsen el desarrollo económico e industrial, fomentando la competitividad y productividad del norte del país, para estar en condiciones de competencia con la economía más sólida del mundo

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este Pleno, con carácter de urgente y de obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, al reconocer la diversidad de las realidades regionales, y de las medidas administrativas aplicadas en la zona fronteriza, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a que, con base en estudios de regionalización, sociológicos, económicos y científicos, analice la posibilidad de establecer una zona económica estratégica que abarque los estados de Baja California, Baja California Sur y el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.

Notas:

1 Banco de Información Económica, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

2 Con base en datos de El Colegio de la Frontera Norte.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 22 días del mes de diciembre de 2009.— Senadores: Fernando Castro Trenti (rúbrica), Irma Martínez Manríquez, Francisco Javier Obregón Espinoza, diputado Humberto Lepe Lepe.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto. En tales condiciones se turna esta solicitud a la Tercera Comisión de Trabajo.

REFORMA MIGRATORIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se reconoce la iniciativa presentada el pasado 15 de diciembre, denominada Reforma Migratoria Integral para la Seguridad y Prosperidad en América, como un primer paso para la consecución de una reforma migratoria integral por parte de congresistas estadunidenses.

El senador Luis Alberto Villarreal García: Gracias, presidente. Le solicitaría que de manera íntegra se inscriba en el Diario de los Debates el contenido de mi punto de acuerdo, así como solicito que el tratamiento que se le dé sea de urgente u obvia resolución.

En los últimos años cada vez más, cada vez peor, los migrantes, no solamente mexicanos, sino de diversas nacionalidades en Estados Unidos han sufrido por parte de grupos xenofóbicos la persecución, el ataque de manera cotidiana en los medios de comunicación, a través de líderes de opinión, a través de decisiones, a través de cabildos, a través de decisiones en los condados y a través también, incluso, de distintas leyes en diferentes estados de la Unión Americana que han buscado perseguir y amedrentar a los migrantes.

Pero es innegable que también, en los últimos años, ellos, los migrantes, se han organizado, han entendido el nombre del juego en Estados Unidos de América, han empezado a hacer cada vez más y mejor un trabajo de cabildeo sofisticado, han logrado aglutinar a gente, no solamente mexicanos o latinoamericanos, sino afroamericanos y asiáticos, en pos de defender los derechos que les corresponden por las aportaciones económicas y sociales que tienen para ese país.

Por eso celebramos que el pasado 15 de diciembre los representantes Solomon Ortiz y Luis Gutierrez, así como otros 92 congresistas de la Cámara baja, demócratas, presentarán una iniciativa denominada Reforma migratoria integral para la seguridad y la prosperidad en América, que permite regularización de los inmigrantes indocumentados que cumplan ciertos requisitos, que expande los programas existentes de visas para trabajadores temporales, que facilita la integración familiar e incluye lo estipulado en otras iniciativas importantes como la de Development, Relief, and Education for Alien Minors Act de 2009, la cual propone modificaciones a la ley para que los inmigrantes indocumentados puedan acceder a beneficios de educación superior en Estados Unidos y la Agricultural Job Opportunities, Benefits and Security Act, la cual amplía el número de visas disponible para trabajadores agrícolas.

Otras medidas importantes que esta propuesta establece son la eliminación del denominado programa 287 (g) y la reforma del sistema de detención de inmigrantes indocumentados del país. El programa 267 (g) autoriza a las autoridades locales aplicar las leyes de inmigración del país y ha sido fuertemente criticado debido a que ha fomentado la discriminación y las detenciones arbitrarias, basadas en perfiles raciales en contra de los inmigrantes.

En cuanto al sistema de detención, éste ha sido fuertemente criticado también por organizaciones civiles debido a que los detenidos no tienen acceso a servicios básicos, tal como atención médica y son constantemente víctimas de abusos.

La iniciativa presentada por los representantes demócratas marca sin duda el inicio de la discusión de una reforma migratoria integral en Estados Unidos, la cual, como lo manifestó en campaña el presidente Barack Obama, es necesaria debido a que el sistema migratorio estadunidense es disfuncional y está rebasado por la realidad.

Al plantear la posibilidad de regularizar a los trabajadores indocumentados y establecer medidas que faciliten la entrada de trabajadores temporales, la iniciativa presentada por los representantes demócratas reconoce, contraria a otras tantas que sólo buscaban detener y castigar al inmigrante, la aportación que éstos hacen a la economía estadunidense.

Siendo claros y respetuosos de la soberanía de otros Estados-nación, y particularmente respetuosos de las decisiones que se toman en el Congreso norteamericano, nos parece, desde luego, saludar la iniciativa que han presentado, y por eso presento la proposición con punto de acuerdo:

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión reconoce la iniciativa presentada el pasado 15 de diciembre, denominada Reforma migratoria integral para la seguridad y la prosperidad en América, por parte de los representantes federales estadunidenses Luis Gutierrez, Solomon Ortiz y otros 90 congresistas demócratas, como un importante primer paso para la consecución de una reforma migratoria integral, además, hace un llamado para que en cualquier reforma aprobada por ese Congreso se reconozca y valore la importante contribución de los inmigrantes a la economía y a la sociedad estadunidense.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que la iniciativa Reforma Migratoria para la Seguridad y Prosperidad en América, presentada el pasado 14 de diciembre, se reconoce como un primer paso a fin de conseguir una reforma migratoria integral por congresistas estadounidenses, a cargo del senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN

Luis Alberto Villarreal García, senador de la república por el estado de Guanajuato, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se reconoce la iniciativa presentada el pasado 15 de diciembre, denominada “Reforma migratoria para la seguridad y prosperidad en América”, por parte de los representantes federales estadounidenses Luis V. Gutiérrez, Salomon Ortiz y otros 90 congresistas demócratas.

Exposición de Motivos

El Senado de la República, observando y respetando los procesos legislativos internos de Estados Unidos de América, de acuerdo al principio de no intervención en los asuntos de otros Estados, ha seguido con detenimiento el debate en torno a la posible realización de una reforma migratoria integral por parte del Congreso de Estados Unidos de América.

La historia de Estados Unidos de América es una historia de inmigrantes. Desde la llegada de los primeros colonos a las costas de Virginia a principios del siglo XVII, el país se ha visto enriquecido por la llegada de ciudadanos de todos los rincones del mundo que llegaban en búsqueda de un mejor futuro.

En el caso de la inmigración de mexicanos hacia Estados Unidos, ésta se ha dado desde la existencia de ambas naciones como Estados independientes, pero su intensidad aumentó considerablemente a partir de la década de los ochenta del siglo pasado. Actualmente, se calcula que existen casi 12 millones de inmigrantes mexicanos viviendo en Estados Unidos, de los cuales poco más de la mitad se encuentra en el país de manera indocumentada.

Según expertos en la materia, los factores que alimentan la emigración de mexicanos a Estados Unidos son los siguientes: 1) la demanda de mano de obra en EU; 2) la oferta laboral en México; y 3) un sistema de redes que facilita el proceso. Consideran que el análisis de los tres factores revela que la inmigración de mexicanos a EU es un proceso dinámico, que se originó en parte por la aprobación de un programa de trabajadores temporales entre México y Estados Unidos, implementado de 1942 a 1964.

Después de 1964 el gobierno estadounidense se negó a renovar el programa de trabajadores temporales, por lo que la emigración de mexicanos a Estados Unidos se dio, mayoritariamente, de manera indocumentada. El gobierno estadounidense tuvo una actitud pasiva hacia la llegada de inmigrantes indocumentados hasta 1986, cuando se promulgó el Acta para la Reforma y el Control de la Inmigración, o Simpson Mazzoli, en 1986. Entre otras medidas, esa reforma criminalizó el contratar, con conocimiento, a un trabajador indocumentado y fijó penas para los empleadores que no respetaran la ley. Asimismo, permitió la regularización de los trabajadores indocumentados que cumplieran con ciertos requisitos.

A finales de la década de los ochenta y durante principios de los noventa, Estados Unidos endureció su posición hacia los migrantes indocumentados. Entre otras medidas, en noviembre de 1994, California aprobó la Propuesta 187, Salvemos nuestro Estado, que excluía a los inmigrantes indocumentados de los servicios sociales, servicios médicos y educación pública.

El siguiente cambio relevante tendiente modificar el sistema migratorio estadounidense fue la aprobación en 1996, e la Illegal Reform and Responsibility Act. Esta ley, entre otras provisiones, incluyó: 1) un incremento en el número de agentes fronterizos, así como inversión en tecnología para vigilar la frontera; 2) barreras en la frontera entre México y Estados Unidos; 3) endurecimiento de penas de tráfico de inmigrantes; 4) implementación de la figura de deportación expedita; 5) proceso de verificación para empleadores; entre otros.

A partir de entonces, y en especial desde los atentados terroristas del 11 de septiembre, se ha dado en Estados Unidos un fuerte movimiento antiinmigrante, cuyos proponentes tanto en la esfera mediática como en la política han utilizado argumentos falsos y en múltiples ocasiones xenófobos en contra de los inmigrantes, manifestando, entre otras cosas, que son un costo para Estados Unidos. Dicho movimiento en contra de los inmigrantes indocumentados se ha reflejado a nivel local y federal en medidas que buscan, tal como lo hizo la Propuesta 187 en California, restringir servicios básicos a los inmigrantes indocumentados, tales como servicios médicos o servicios educativos para sus hijos. También, a nivel local, se han dado medidas que restringen servicios a los inmigrantes y que, inclusive, penalizan el rentar un lugar para vivir o para poner un negocio a un inmigrante indocumentado.

A nivel federal, la medida más radical que se propuso en contra de la inmigración fue la Border Protection, Anti-terrorism, and Illegal Immigraton Control Act de 2005, mejor conocida como la Iniciativa Sensenbrenner, por el apellido de su autor, el Representante Federal, Jim Sensenbrenner, la cual criminalizaba la estancia indocumentada en el país; requería la detención obligatoria de todo inmigrante indocumentado que hubiera entrado al país a partir del 1 de octubre de 2006; penalizaba otorgar cierta asistencia a los inmigrantes y requería la construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos.

Aunque la propuesta fue rechazada, la construcción de un muro fronterizo, de 700 millas fue aprobada en a través de la Secure Fence Act en el 2006. Hasta el momento, 600 millas del muro han sido construidas.

El pasado 15 de diciembre, los Representantes Solomon Ortiz, Luis V. Gutiérrez y otros 92 Congresistas demócratas presentaron una iniciativa, denominada Reforma Migratoria para la Seguridad y la Prosperidad en América, que permite la regularización de los inmigrantes indocumentados que cumplan ciertos requisitos, y expande los programas existentes de visas para trabajadores temporales. Asimismo, facilita la integración familiar e incluye lo estipulado en otras iniciativas importantes como la Development, Relief, and Education for Alien Minors Act 2009,  la cual propone modificaciones a la ley para que los inmigrantes indocumentados puedan acceder a beneficios de educación superior en Estados Unidos y la Agricultural Job Opportunities, Benefits and Security Act, la cual amplía el número de visas disponible para trabajadores agrícolas.

Otras medidas importantes de la propuesta son la eliminación el denominado programa 287 (g) y la reforma del sistema de detención de inmigrantes indocumentados del país. El programa 267 (g), autoriza a las autoridades locales aplicar las leyes de inmigración del país y ha sido fuertemente criticado debido a que ha fomentado la discriminación y las detenciones arbitrarias, basadas en perfiles raciales, en contra de los inmigrantes. En cuanto al sistema de detención, éste ha sido fuertemente criticado por organizaciones civiles debido a que los detenidos no tienen acceso a servicios básicos, tal como atención médica y son constantemente víctimas de abusos.

La iniciativa presentada por los Representantes demócratas marca el inicio del debate de una reforma migratoria integral en Estados Unidos, la cual, tal como lo manifestó el Presidente Barack Obama durante la pasada campaña presidencial en Estados Unidos, es necesaria debido a que el sistema migratorio estadounidense es disfuncional y está rebasado por la realidad.

Al plantear la posibilidad de regularizar a los trabajadores indocumentados y establecer medidas que faciliten la entrada de trabajadores temporales, la iniciativa presentada por los Representantes demócratas reconoce, contrariamente a otras tantas iniciativas que sólo buscaban detener y castigar al inmigrante, la aportación que éstos hacen a la economía estadounidense.

El reconocimiento al valor del trabajo que los inmigrantes realizan en Estados Unidos es trascendental si se quiere lograr una reforma migratoria integral. Detener y deportar a los inmigrantes es una falsa solución que no sólo es imposible de poner en la práctica, sino que tendría un enorme costo para la economía estadounidense. Los inmigrantes en Estados Unidos, en particular los indocumentados, cubren un sector de la oferta laboral cada más reducido en Estados Unidos. Mientras que en 1960 la mitad de los adultos estadounidenses no terminaron el bachillerato, la cifra actual es de 8%. A pesar de lo anterior, la demanda de trabajadores esas características educativas en Estados Unidos continúa. Se espera que para el 2016 el mercado laboral de Estados Unidos cree 33.4 millones de puestos de trabajo, de los cuales sólo 17.4 millones podrán ser cubiertos por residentes y ciudadanos estadounidenses.

En 2008, los trabajadores indocumentados representaron gran parte de la fuerza de trabajo en sectores importantes de la economía estadounidense: el 25 por ciento de los trabajadores en el sector agrícola; 19 por ciento en el sector de mantenimiento; 17 por ciento en el sector de la construcción y 12 por ciento en la preparación de alimentos. Asimismo, a pesar de que constantemente se argumenta lo contrario, los inmigrantes indocumentados pagan impuestos y aportan contribuciones al servicio de seguridad social que jamás reclaman, lo cual da un excedente a las finanzas públicas de 7 mil millones de dólares al año.

Por lo expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión reconoce la iniciativa presentada el pasado 15 de diciembre, denominada “Reforma Migratoria Integral para la Seguridad y Prosperidad en América”, por parte de los representantes federales estadounidenses Luis V. Gutiérrez, Salomon Ortiz y otros 90 congresistas demócratas, como un importante primer paso para la consecución de una reforma migratoria integral. Además hace un llamado para que cualquier reforma aprobada por ese Congreso reconozca y valore la importante contribución de los inmigrantes a la economía y sociedad estadounidenses.

Notas:

1 Fernández de Castro Rafael y Domínguez, Jorge, ¿Socios o adversarios? México-Estados Unidos hoy; Océano, 2001, p. 272.

2 http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d109:HR04437:@@@D&summ2=m&

3 http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-109publ367/content-detail.html

4 http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/D?d111:3:./temp/~bdQzUw::|/bss/111search. html|

5 http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/D?d111:2:./temp/~bdumgO::|/bss/111search. html|

6 http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/D?d111:3:./temp/~bdQzUw::|/bss/111search. html|

7 Hanson Gordon, The Economics and Policy of Illegal Immigration in the United States, Migration Policy Institute, diciembre de 2009, pg. 5.

8 Cámara de Comercio de Estados Unidos, Immigration, Myths and the Facts behind the fallacies, p. 3.

9 Porter Eduardo, “Illegal Immigrants are Bolstering Social Security with Billions”, The New York Times, 5 de abril de 2005.

Presentada ante el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 22 de diciembre de 2009.— Senador Luis Alberto Villarreal García (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, señor senador, insértese en el Diario de los Debates. En virtud de que está agendada como de urgente resolución, pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: En votación económica, se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, favor de manifestarlo.

Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No se considera de urgente resolución. Por tanto, se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): La expresión es, no alcanza las dos terceras partes, no quedó claro.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pido a la Secretaría que repita la votación, a efecto de que quede claridad en el resultado de la misma.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: Para que haya mayor claridad, señor presidente, los legisladores que estén por la afirmativa de la proposición, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse, manifestarlo. No se cumplen las dos terceras partes.

Señor presidente, se necesitan las dos terceras partes para que sea de obvia o urgente resolución.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No se considera de urgente resolución. Se turna a la Segunda Comisión de trabajo.

PETROLEOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Mexicano del Petróleo que emita opinión técnica en relación con las tecnologías implementadas en el proyecto Chicontepec y para que se cite a comparecer a su titular y al director general de Pemex Exploración y Producción, para que expliquen la viabilidad del proyecto. Asimismo, para que la Auditoría Superior de la Federación incluya en el programa anual de auditorías para la fiscalización de la Cuenta Pública 2009, una auditoría de desempeño al mismo, suscrita por la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Gracias, señor presidente. Las suscritas, diputadas Esthela Damián Peralta y Enoé Uranga, a nombre de las y de los legisladores integrantes del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones y antecedentes.

Antecedentes. La página electrónica de Petróleos Mexicanos revela que el proyecto Chicontepec es de gran relevancia para el país, ya que representa 39 por ciento de la reserva total de hidrocarburos del país. Es decir, cerca de 17.7 miles de millones de barriles de crudo equivalente.

El Paleocanal de Chicontepec se localiza en la cuenca geo-lógica Tampico-Misantla, al poniente de la plataforma de Tuxtla (Faja de Oro). El proyecto cubre un área de cerca de tres mil 800 kilómetros cuadrados y compromete 12 municipios: 9 de Veracruz y 3 de Puebla.

De acuerdo con la publicación de Internet, el objetivo de Pemex es convertir al proyecto Chicontepec en una cuenca que pueda producir cerca de 550 mil y 700 mil barriles diarios hacia 2017, lo que requerirá del desarrollo y administración de tecnologías especializadas que incrementen significativamente la productividad por pozo y permita reducir los costos al mínimo.

También refiere que los yacimientos de Chicontepec se caracterizan por su bajo contenido de hidrocarburos, baja permeabilidad y baja presión, por lo que la productividad de los pozos es reducida y su explotación compleja.

De acuerdo con la paraestatal, se pretende desarrollar el proyecto Chicontepec con un enfoque preventivo y de largo plazo, para lo cual se requiere integrar en una misma estrategia las metas de producción, el entorno socioeconómico y el ambiente.

El presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, Juan Carlos Zepeda, declaró ante los medios de comunicación que la pobre producción que se obtuvo del yacimiento en los últimos cuatro años se debe al incorrecto método de explotación que actualmente desarrolla Pemex, por lo que el proyecto debe ser detenido y replanteado hasta que no se tenga disponible un verdadero plan de desarrollo.

La decisión –agregó– involucra la revisión de al menos ocho contratos que Pemex firmó a igual número de compañías en un costo total de cerca de 2 mil millones de dólares, entre las que se encuentra una firma propiedad del empresario Carlos Slim por trabajos para la perforación de pozos.

Que con motivo del análisis del régimen fiscal de Pemex, especialistas convocados en el Senado el año pasado consideraron que el problema principal de la paraestatal no es la escasez de recursos para inversión, sino la ineficiencia operativa e incapacidad en el método de ejecución de proyectos de gran complejidad y tamaño, entre ellos el proyecto Chicontepec.

Consideraciones: dada la importancia del proyecto Chicontepec que está por desarrollar Petróleos Mexicanos Exploración y Producción, es necesario que los mexicanos deban conocer cómo se van a gastar los dineros que son producto del esfuerzo de todos los mexicanos.

El artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al H. Congreso de la Unión a hacer comparecer para asuntos de tal envergadura a los funcionarios, tanto de las dependencias del Ejecutivo federal como de las entidades paraestatales, para que informen de ello a los legisladores.

Que quienes suscribimos la presente proposición con punto de acuerdo estamos convencidos de que es necesaria la comparecencia del ingeniero petrolero Carlos Arnoldo Morales Gil, director general de Pemex Exploración y Producción; y la del director general del Instituto Mexicano del Petróleo, doctor Héber Cinco Ley, con el propósito de que expliquen técnica y detalladamente la viabilidad del proyecto Chicontepec.

Del mismo modo y en razón de la necesidad de que exista una opinión técnica en la materia y de la contratación tecnológica que se utiliza en el proyecto Chicontepec, así como de la viabilidad del proyecto integral Chicontepec y en su caso den alternativas tecnológicas para que esta zona genere un verdadero proyecto productivo, es necesario requerir la presencia del Instituto Mexicano del Petróleo para que se pronuncie y dicte dichas opiniones técnicas.

Estimamos pertinente que el señor auditor superior de la Federación, con las atribuciones y facultades que le concede la Constitución General de la República y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, revise los fondos y las acciones relativas a tan importante proyecto social.

Por lo anterior, presentamos a su consideración el siguiente punto de acuerdo:

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita a comparecer al ingeniero petrolero Carlos Arnoldo Morales Gil, director general de Pemex Exploración y Producción; y al director general del Instituto Mexicano del Petróleo, doctor Héber Cinco Ley, con el propósito de que expliquen técnica y detalladamente la viabilidad del proyecto Chicontepec. La comparecencia se efectuará dentro de los 15 días posteriores a la entrega de la opinión que estime el Instituto Mexicano del Petróleo.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Instituto Mexicano del Petróleo que emita opinión técnica relativa a la contratación y tecnologías que se utilizan en el proyecto Chicontepec, así como que opine sobre la viabilidad del proyecto integral Chicontepec y, en su caso, proponga alternativas tecnológicas para que en esa zona se genere un verdadero proyecto productivo.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que, en ejercicio de su autonomía técnica y de gestión, incluya en el programa anual de auditorías para la fiscalización de la Cuenta Pública 2009 una auditoría de desempeño al proyecto integral de desarrollo de la cuenca de Chicontepec que realiza Pemex Exploración y Producción.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Lo suscribimos la diputada Esthela Damián y su servidora.

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita que el Instituto Mexicano del Petróleo emita opinión técnica sobre las tecnologías implantadas en el proyecto Chicontepec y que se cite a comparecer a su director general y al de Pemex Exploración y Producción a fin de que expliquen la viabilidad del proyecto, así como para que la ASF incluya en el programa anual de auditorías relativas a la fiscalización de la Cuenta Pública de 2009 una auditoría de desempeño a éste, a cargo de la diputada Enoé Uranga Muñoz y suscrita por la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Esthela Damián Peralta, en nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Actualmente, la página electrónica de Petróleos Mexicanos (Pemex) revela que el proyecto Chicontepec es de gran relevancia para el país, ya que representa 39 por ciento de la reserva total de hidrocarburos, es decir, cerca de 17.7 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

2. El paleocanal de Chicontepec se localiza en la cuenca geológica Tampico-Misantla, al poniente de la plataforma de Tuxpan (Faja de Oro). El proyecto cubre un área de cerca de 3 mil 800 kilómetros cuadrados y comprende doce municipios: nueve en Veracruz y tres en Puebla.

3. De acuerdo con la publicación de Internet, el objetivo de Pemex es convertir al proyecto Chicontepec en una cuenca que pueda producir entre 550 mil a 700 mil barriles diarios hacia el año 2017, lo que requerirá del desarrollo y administración de tecnologías especializadas que incrementen significativamente la productividad por pozo y permitan reducir los costos al mínimo.

4. También refiere que los yacimientos de Chicontepec se caracterizan por su bajo contenido de hidrocarburos, baja permeabilidad y baja presión, por lo que la productividad de los pozos es reducida y su explotación compleja.

5. De acuerdo a la paraestatal se pretende desarrollar el proyecto Chicontepec con un enfoque preventivo y de largo plazo, para lo cual se requiere integrar en una misma estrategia las metas de producción, el entorno socioeconómico y el medio ambiente.

6. El presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, Juan Carlos Zepeda, declaró ante los medios de comunicación “que la pobre producción que se obtuvo de este yacimiento en los últimos cuatro años se debe al incorrecto método de explotación que actualmente desarrolla Pemex, por lo que el proyecto debe ser detenido y replanteado hasta que no se tenga disponible un verdadero plan de desarrollo”, la decisión –agregó– involucra la revisión de al menos ocho contratos que Pemex firmó con igual número de compañías, con un costo total cercano a 2 mil millones de dólares, entre las que se encuentran una firma propiedad del empresario Carlos Slim (Servicios Integrales GSM) por trabajos para la perforación de pozos.

7. Que con motivo del análisis del régimen fiscal de Pemex, especialistas convocados al Senado de la República, el año pasado consideraron que el problema principal de la paraestatal no es la escasez de recursos para inversión, sino la ineficacia operativa e incapacidad en el momento de ejecutar proyectos de gran complejidad y tamaño, entre ellos, el proyecto Chicontepec.

Consideraciones

I. Dada la importancia del proyecto Chicontepec que está por desarrollar Petróleos Mexicanos Exploración y Producción, es necesario que los mexicanos deban conocer cómo se van a gastar los dineros que son producto del esfuerzo de todos los mexicanos.

II. Que el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al honorable Congreso de la Unión a hacer comparecer para asuntos de tal envergadura a los funcionarios tanto de las dependencias del Ejecutivo federal, como de las entidades paraestatales para que informen de ello a los legisladores federales.

III. Que quienes suscribimos la presente proposición con punto de acuerdo estamos convencidos de que es necesaria la comparecencia del ingeniero petrolero Carlos Arnoldo Morales Gil, director general de Pemex Exploración y Producción, y al director general del Instituto Mexicano del Petróleo, doctor Héber Cinco Ley, con el propósito de que expliquen técnica y detalladamente la viabilidad del proyecto Chicontepec.

Del mismo modo y en razón de que es necesario que exista una opinión técnica en materia de contratación de tecnología que se utilizaría en el proyecto Chicontepec, así como sobre la viabilidad del proyecto integral Chicontepec y que, en su caso, se den alternativas tecnológicas para que en esa zona se genere un verdadero proyecto productivo, es necesario requerir al mismo Instituto Mexicano del Petróleo se pronuncie y dicte dichas opiniones técnicas.

IV. Asimismo, estimamos pertinente que el auditor superior de la Federación, con las atribuciones y facultades que le concede la Constitución General de la República y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, revise los fondos y las acciones relativas a tan importante proyecto económico y social.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita a comparecer al ingeniero petrolero Carlos Arnoldo Morales Gil, director general de Pemex Exploración y Producción, y al director general del Instituto Mexicano del Petróleo, doctor Héber Cinco Ley, con el propósito de que expliquen técnica y detalladamente la viabilidad del proyecto Chicontepec. La comparecencia se efectuará dentro de los quince días posteriores a la entrega de la opinión que emita el Instituto Mexicano del Petróleo.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Instituto Mexicano del Petróleo que emita opinión técnica relativa a la contratación y tecnologías que se utilizan en el proyecto Chicontepec; asimismo, para que opine sobre la viabilidad del proyecto integral Chicontepec y, en su caso, proponga alternativas tecnológicas para que en esa zona se genere un verdadero proyecto productivo.

Tercero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, en ejercicio de su autonomía técnica y de gestión, a incluir en el programa anual de auditorías para la fiscalización de la Cuenta Pública de 2009 una auditoría de desempeño al proyecto integral de desarrollo de la cuenca de Chicontepec que realiza Pemex Exploración y Producción.

Notas:

1 http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=143

2 http://www.elvistobueno.com/v4/2009/10/comision-de-hidrocarburos-pedira-suspend er-chicontepec/

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 22 de diciembre de 2009.— Diputadas: Esthela Damián Peralta, Enoé Margarita Uranga Muñoz  (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Las proposiciones no abordadas en esta sesión, salvo la 12, que se pospone; la 14 y la 20, que se retiran, serán turnadas directamente a las comisiones que correspondan.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SFP y a la Entidad Superior de Fiscalización de Querétaro que investiguen sobre el uso indebido de recursos públicos en la adquisición de bienes inmuebles por parte y en favor del ex gobernador Francisco Garrido Patrón, a cargo de la senadora María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, senadora María del Socorro García Quiroz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Antes de iniciar su mandato como gobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón no tenía ningún bien inmueble a su nombre, sin embargo al año de haber iniciado su mandato comenzó adquirir inmuebles de diferentes tipos.

El lunes 14 de diciembre, el periódico Reforma publicó un artículo en el que se menciona que durante su mandato adquirió seis inmuebles que, en conjunto, tienen un valor catastral de 10 millones 360 mil pesos.

El salario que devengó durante el periodo en que se compraron dichos inmuebles fue por la cantidad de 7 millones 200 mil pesos, es decir  3 millones 160 mil pesos menos que el valor total de los inmuebles.

De conformidad con datos proporcionados por el Registro Público de la Propiedad del estado de Querétaro, hoy día es propietario de dos lotes del Club Campestre de Querétaro, por los cuales pagó 3 millones 200 mil pesos.

Igualmente es dueño de una vivienda situada en la colonia Lomas de Querétaro, otro más en la colonia San Pablo, que costó 660 mil pesos, dos lotes en la colonia Jardines de Santiago y un predio localizado en el municipio de Corregidora por el cual pagó 6 millones 500 mil pesos.

En ocasiones anteriores, también se ha hecho del conocimiento de este pleno la utilización indebida de bienes y recursos públicos del estado para fines privados o electorales, como son el caso de dos aviones, del Programa de Acción Comunitaria y del Proyecto Acueducto II, por mencionar algunos.

También se ha solicitado que se investigue a los ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo y Obras Públicas, de la Comisión Estatal de Agua, así como al oficial mayor del gobierno del estado de la administración del ex gobernador del estado, en virtud de que existen diversas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

El actual gobierno estatal ha estado realizando diversas investigaciones a la administración pasada, como consecuencia de las diversas denuncias por malos manejos de fondos por parte de las autoridades.

Una auditoría realizada precisamente a la Secretaría de Desarrollo y Obras Públicas trajo como resultado una serie de irregularidades por un monto de 35 millones de pesos, respecto a entrega de recursos para la realización de obras, que físicamente no se encuentran en la obra; además de que 80 por ciento de las obras fueron asignadas únicamente a tres empresas.

La administración a cargo del ciudadano Francisco Garrido Patrón también manifestó haber entregado la suma de 45 millones de pesos a  Operadora Queretana Prepago, empresa de transporte público.

No obstante lo anterior y de acuerdo con la declaración del presidente de la empresa mencionada, dichos recursos nunca les fueron entregados, razón por la cual no se instalaron los dos mil lectores de “tarjeta inteligente” en las unidades de transporte público.

Por otra parte, también se difundió la nota de que el Partido Acción Nacional excedió en 10 millones 500 mil a de pesos, el tope de financiamiento privado que establece la Ley Electoral del Estado de Querétaro.

El ordenamiento legal establece que el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro es el encargado de establecer los topes de financiamiento para las campañas electorales, los cuales se señalaron para las elecciones locales en el acuerdo de fecha 6 de marzo de 2009, y su contravención constituye una infracción.

Por tal motivo y antes las constantes irregularidades que han sido detectadas durante la administración del ciudadano Francisco Garrido Patrón, es necesario realizar una fiscalización del uso de los recursos públicos, a fin de transparentar el destino de los mismos y fincar las responsabilidades que conforme a derecho correspondan. Asimismo, se sancione al Partido Acción Nacional en Querétaro por haber excedido el tope de financiamiento privado en los gastos de campaña electoral autorizados.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación y a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado Libre y Soberano de Querétaro a realizar una investigación sobre el uso indebido de recursos públicos por parte del ex gobernador Francisco Garrido Patrón en la adquisición de bienes inmuebles a su favor.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al gobierno federal para que, a través de la entidad responsable, realice una investigación exhaustiva sobre el uso indebido de recursos públicos por parte de funcionarios públicos durante el mandato del ciudadano Francisco Garrido Patrón en el estado de Querétaro e informe a esta soberanía sobre los resultados obtenidos.

Tercero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Consejo Estatal del Instituto Electoral de Querétaro a imponer una sanción conforme a derecho al Partido Acción Nacional en la entidad al haber excedido el tope de financiamiento privado en los gastos de campaña electoral autorizados.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 22 de diciembre de 2009.— Senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar y flexibilizar mediante la Secretaría de Economía las Reglas de Operación para el Otorgamiento de Apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, suscrita por la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, diputada a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

La economía de Michoacán es relativamente pequeña aún. En 2002 el producto interno bruto (PIB) del estado representaba 2.28 por ciento del PIB nacional y para 2006 había descendido a 2.23 por ciento.

El PIB del estado por gran división de actividad económica (en millones de pesos [mdp] a precios de 1993) fue de 33 mil 967.22 mdp, en tanto que para 2006 alcanzaba el monto de 37 mil 735.09 mdp.

Por su parte, la industria manufacturera en la entidad tuvo en 2002 un PIB de 4 mil 261.21 mdp y para 2006 fue de 4 mil 237.15 mdp. Lo que representaba 1.41 por ciento del PIB manufacturero nacional en 2002 y 1.28 por ciento del PIB manufacturero nacional en 2006.

Para 2003 la entidad contaba con 21 mil 403 unidades económicas manufactureras, con 79 mil 749 personas ocupadas dependientes de la razón social, 44 mil 772 personas ocupadas remuneradas dependientes de la razón social, y 4 mil 157 personas ocupadas no dependientes de la razón social en este tipo de unidades económicas. Estas mismas unidades económicas manufactureras generaron 2 mil 70.25 mdp en remuneraciones, una producción bruta total por 29 mil 130.38 mdp, un consumo intermedio por 18 mil 789.40 mdp y un valor agregado censal bruto de 10 mil 340.97 mdp; el total de sus activos fijos era de 21 mil 315.01 mdp.

La economía michoacana ha sufrido los mismos problemas que la economía nacional y ha enfrentado problemas para crecer y dar empleo suficiente y bien remunerado a sus habitantes. Los beneficios de los programas federales de desarrollo en Michoacán, han tenido escaso impacto debido a la rigidez y obsolescencia de sus reglas de operación. Es el caso particular de las Reglas de Operación para el Otorgamiento de Apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme).

Dichas reglas inhiben la detonación de las inversiones y el crecimiento económico de la entidad por lo que resulta indispensable e inaplazable su actualización y modernización.

En consecuencia exhortamos al Ejecutivo federal a efecto de que por conducto de la Secretaría de Economía, modifique y flexibilice las Reglas de Operación para el Otorgamiento de Apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme).

Según las reglas del fondo, se debe de impulsar proyectos productivos en el territorio nacional de los familiares, descendientes y ascendientes en territorio nacional de migrantes, siempre y cuando sean emprendedores en proceso de establecer una micro, pequeña o mediana empresa, o cuenten con una, con la participación de los gobiernos estatales o municipales y de los propios migrantes, pero este apoyo no debe ser preferente, sobre el que se brinda a los nacionales, ya que esto crea barreras por el lugar en que se habita, situación que crea cierto grado de discriminación.

Los emprendedores, las micro, pequeñas y medianas empresas deben de tener una esperanza real de acceder a los beneficios del fondo en mención, no así los talleres familiares, en virtud de que dichos talleres han desaparecido, y aun se les considera en la ley.

Los apoyos del Fondo Pyme, destinados a la ejecución de un proyecto, deberán ser complementados con las aportaciones de los sectores, público en sus tres niveles, ya que el municipio es la piedra angular del sistema de gobierno, pero también hace falta del sector social, privado o del conocimiento, de tal forma que se integran al apoyo de los proyectos en el concepto solicitado a través de la cedula de apoyo, pero no conforme a disposiciones, sino a criterios claros, que deben estipularse en las reglas de operación.

Las cédulas de apoyo de proyectos en los que no existan aportaciones del gobierno estatal serán evaluadas y opinadas técnicamente por la unidad administrativa de la Spyme competente en función del concepto de apoyo solicitado, misma que debe contar al momento de evaluar los proyectos con la documentación que en su caso haya sido entregada de forma impresa por los organismos intermedios.

En el caso de proyectos en los que, por insuficiencia presupuestal no participe el gobierno estatal, éstos serán igualmente evaluados y se les otorgará seguimiento por el subcomité técnico estatal, y se considerará sólo la participación de la federación exclusivamente para aquellos casos en los que los proyectos sean de gran impacto económico.

En los casos de proyectos estratégicos o de importancia regional o sectorial deben ser consideradas las inversiones realizadas hasta dos años antes del registro del proyecto, en virtud de que los proyectos inician operaciones antes de que sean aprobados por el Fondo Pyme, ya que éste se demora demasiado en aprobar uno o algunos proyectos.

Se debe crear la subcategoría de apoyos directos destinados al fortalecimiento tecnológico para microempresas en materia de modernización en equipamiento, con participación tripartita y un monto máximo de 20 mil pesos.

Las reglas de operación estipulan que los apoyos son por ejercicio fiscal y la unidad de seguimiento exige que los recursos sean aplicados al término del año, siendo que estos llegan en ocasiones a finales de año o en algunos casos a principios del año siguiente, lo que lleva a reprogramar las actividades traspasando el año fiscal.

Los micro, pequeños y medianos empresarios reclaman identidad en la solicitud de documentación para el registro de proyectos, ya que los requisitos que solicita el Fondo Pyme para la integración y presentación de proyectos en el sistema de transparencia, sean los que se establecen en las reglas de operación y manual de procedimientos, ya que una vez que los expedientes son integrados y revisados por las ventanillas de los estados, en algunos casos el sistema de transparencia y las ventanillas de la Spyme, piden documentación adicional no referida.

En virtud de lo anteriormente señalado, y estando seguro de la comprensión y buena disposición de los legisladores, propongo a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que por medio de la Secretaría de Economía, modifique y flexibilice las Reglas de Operación para el Otorgamiento de Apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme) en el sentido propuesto.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 22 de diciembre de 2009.— Diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a incluir en el programa anual de auditorías relativo a la fiscalización de la Cuenta Pública de 2009 una especial respecto del Servicio de Administración Tributaria para evaluar el cumplimiento de metas y de objetivos de los programas de auditorías fiscales a grandes contribuyentes, a cargo de la diputada Enoé Uranga Muñoz y suscrita por la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Esthela Damián Peralta, en nombre de los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a incluir en el programa anual de auditorías para la fiscalización de la Cuenta Pública de 2009 una auditoría del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para evaluar el cumplimiento de metas y objetivos de los programas de auditorías fiscales a grandes contribuyentes, al tenor de la siguientes

Consideraciones

1. Estamos convencidos de que la fiscalización superior dirigida a acciones o programas prioritarios permite mejorar la calidad de la gestión pública, combatir la corrupción y las ineficiencias gubernamentales, y promover la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.

2. La crisis económica del país, un faltante fiscal de 300 mil millones de pesos, aumento de impuestos y deuda pública son factores para hacer necesario que la ASF incluya en el programa anual de auditorías de la Cuenta Pública de 2009 una auditoría del SAT para evaluar la recaudación del impuesto sobre la renta de personas morales, rubro de grandes contribuyentes.

3. El objetivo de la revisión consistirá en verificar que la recaudación del impuesto sobre la renta, personas morales-grandes contribuyentes se determinó, registró, reportó en la contabilidad y presentó en la Cuenta Pública de 2009 de conformidad con la normativa aplicable.

4. La revisión tendrá como objetivo evaluar los programas de recaudación derivados del sistema integral de información de grandes contribuyentes del impuesto sobre la renta, personas morales reportados en la Cuenta Pública y el cumplimiento de los objetivos y de las metas de los programas.

5. El SAT reporta actualmente que se incrementó la recaudación asociada a los grandes contribuyentes como resultado de la mejora de su conocimiento y control, lo que también ha derivado en una fiscalización más eficiente. Asimismo, informa que estas estrategias han apoyado el incremento del cumplimiento voluntario y oportuno de las obligaciones fiscales de los grandes contribuyentes. Señaló que las acciones de 2009 se orientarían al desarrollo de modelos de riesgo de fiscalización y a implantar la recepción de solicitudes de devolución y aviso de compensación por Internet.

6. Toda vez que la recaudación asociada a los grandes contribuyentes está considerada en los programas estratégicos del SAT, es necesario evaluar el desempeño de los recursos recaudados de los grandes contribuyentes para verificar el cumplimiento de los objetivos y de las metas.

7. En congruencia con los programas estratégicos, entre ellos la recaudación asociada a grandes contribuyentes, es pertinente que se verifiquen los ingresos que provengan de los actos de fiscalización conforme al programa operativo anual de 2009, para confirmar las metas reportadas por el SAT y por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, en el cumplimiento de las políticas internas y de la normativa aplicable.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al auditor superior de la Federación a incluir en el programa anual de auditorías para la fiscalización de la Cuenta Pública de 2009 una revisión del Servicio de Administración Tributaria cuyo objetivo primordial consista en evaluar la pertinencia y el cumplimiento de metas y de objetivos de las auditorías fiscales practicadas a grandes contribuyentes, y verificar que la recaudación del impuesto sobre la renta, personas morales-grandes contribuyentes se determinó, registró y reportó en la contabilidad y presentó en la Cuenta Pública de 2009 de conformidad con la normativa aplicable, en términos de las consideraciones que anteceden.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 22 de diciembre de 2009.— Diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del IMSS a garantizar la prestación del servicio de guarderías o estancias infantiles en todo el país, según lo establece el artículo 123 constitucional, a cargo del senador Rubén Fernando Velázquez López, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Rubén Fernando Velázquez López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Senado de la República, en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo relativo al cierre de guarderías en todo el país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El 5 de junio de 2009 se enmarca ya como una fecha de tristes recuerdos para el pueblo de Sonora y para todo México. El incendio sucedido en la guardería ABC, que acabaría con la vida de 49 menores de edad fue el hecho generador que captaría –aunque demasiado tarde– la atención de las autoridades.

A partir de ese siniestro se demandaría una revisión integral del sistema de subrogación en todo el territorio mexicano, consistente en la inspección de las condiciones físicas y legales en que operan las guarderías subrogadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de aquellas en que el servicio se preste de manera directa (recomendación número 49/2009, sobre el caso de la Guardería ABC, SC, situada en Hermosillo, Sonora. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH).

La CNDH emitió la recomendación general 49/2009, en la que exhorta al IMSS a tomar las medidas administrativas correspondientes para iniciar o, en su caso, agotar los procedimientos administrativos conducentes, así como a determinar –si procede– la continuación del servicio de guarderías; o bien, la suspensión del mismo por no garantizar de manera adecuada las condiciones de seguridad necesarias.

Asimismo, el Poder Legislativo, consciente de la urgencia de la materia, se incluyó en la búsqueda de garantizar las mejores condiciones de seguridad y atención a los menores que acuden a las guarderías o estancias infantiles del país, mediante el fortalecimiento de la legislación actual y la presentación de nuevos proyectos de ley.

2. El pasado 18 de diciembre, la presidenta de la Asociación Nacional de Guarderías, María Luisa Gárate, anunció que el IMSS cerraría 130 estancias que operan en el esquema de subrogación. Sin embargo, aun cuando esta decisión es acompañada por la terminación de los contratos o porque no se cumplen las medidas de seguridad establecidas en la ley, debe garantizarse en todo momento la prestación del servicio de guarderías o estancias infantiles, en estricto cumplimiento de la fracción XXIX del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Si bien en primer momento se habló de la suspensión de 130 guarderías, el IMSS sólo rescindió el contrato con 36 prestadores del servicio.

Estamos ciertos de que el IMSS no actuaría de manera determinante al suspender el servicio de las 36 guarderías en todo el país sin examinar detalladamente las condiciones en que operaban y los riesgos que incurren al dejarlos seguir laborando; sin embargo, es deber de este órgano legislativo velar por los intereses de la población más necesitada, como son los 20 mil niños y madres de familia que necesitan el servicio –afectados por esta decisión–, sumados a la pérdida de aproximadamente 5 mil empleos.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta representación soberana la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, maestro Daniel Karam Toumeh, a garantizar la prestación del servicio de guarderías o estancias infantiles en todo el país, según establece la fracción XXIX del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 22 de diciembre de 2009.— Senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Proposición con punto de acuerdo, con relación a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco versus los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El problema de los desaparecidos políticos en México continúa siendo una deuda histórica en nuestro país con los familiares, amigos y víctimas. Es evidente que las desapariciones forzadas de lo que hoy se conoce como el periodo de la guerra sucia se dieron en un contexto de operaciones de contrainsurgencia y entre las víctimas se encontraban luchadores sociales e integrantes de organizaciones sociales. En muchos casos estas personas desaparecieron o fueron ejecutadas tras haber sido detenidos por miembros de las Fuerzas Armadas y policíacas.

En México, ni las víctimas ni sus familiares tuvieron acceso a la justicia ni a la verdad histórica, a pesar de haberse creado una fiscalía especial para tal efecto, derivada de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde por primera vez un organismo gubernamental reconoce la existencia antes negada de una serie de asesinatos y de desapariciones forzadas que fueron llevados a cabo por las fuerzas de seguridad del Estado.

Es a través de esta recomendación, que se solicita al Ejecutivo crear una fiscalía especial con el fin de que se hiciera cargo de la investigación y persecución de los delitos derivados de esta recomendación y poner a consideración de las autoridades correspondientes los resultados de las investigaciones; sin embargo, los resultados de esta fiscalía fueron nulos. Por lo anterior, los familiares y víctimas tuvieron que recurrir a los mecanismos de justicia del derecho internacional de los derechos humanos.

Tal es el caso de los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco, quienes después de décadas de agotar las instancias internas en México acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual el pasado 23 de noviembre de 2009 condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco y reconoce la existencia de un contexto de violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos durante la llamada guerra sucia; además, mandató continuar con la búsqueda del señor Rosendo Radilla o, en su caso, de sus restos mortales. Para ello el Estado deberá tener en cuenta la existencia de los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones a los derechos humanos.

Entre los elementos más importantes que la corte ordena y retoma se encuentran: la competencia de la propia corte para conocer del caso, el reconocimiento del contexto histórico mexicano, la confirmación de la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, la violación al debido proceso y al acceso a la justicia de éste y sus familiares, la determinación de la incompatibilidad de la aplicación de la justicia militar en casos de graves violaciones de derechos humanos con los estándares internacionales, la falta de adecuación de la legislación interna a la definición internacional de desaparición forzada y, finalmente, las reparaciones a las víctimas.

Por lo antes expuesto se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al ciudadano Fernando Gómez Mont Urueta, titular de la Secretaría de Gobernación a implementar los mecanismos para que el gobierno mexicano dé cabal cumplimiento a la sentencia de fecha 23 de noviembre de 2009, relativas al caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 22 de diciembre de 2009.— Diputada Florentina Rosario Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Proposición con punto de acuerdo, relativo al número, a la ubicación y a la integración accionaria de empresas comercializadoras y financieras que intervienen en la canalización de apoyos y subsidios al campo, así como respecto a la intervención de éstas en el proceso de adquisición de perecederos, coberturas financieras, cobro de comisiones y honorarios por prestación de servicios a los beneficiarios de dichos subsidios, suscrita por la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión requiera información relativa al número, ubicación e integración accionaría de empresas comercializadoras y financieras que intervienen en la canalización de apoyos y subsidios al campo, así como respecto a la intervención de éstas en el proceso de adquisición de perecederos, coberturas financieras, cobro de comisiones y honorarios por prestación de servicios a los beneficiarios de dichos subsidios, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El incremento de recursos destinados al campo en los últimos años, particularmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, muestra un marcado sesgo de derivación de fondos mediante transferencias, subsidios y otros apoyos al campo, sin que exista normativa que establezca lineamientos que provean a la transparencia y efectiva rendición de cuentas, en lo tocante a la efectiva recepción por parte de los sectores de la población identificados como beneficiarios de tales apoyos.

Nuestra Carta Magna es clara en cuanto a la excepcionalidad de asignar en forma selectiva recursos presupuestarios, obligando a las autoridades a contar previamente con un marco normativo que evite el abuso, concentración o desvío de las partidas y erogaciones efectuadas a fondo perdido.

Es por ello que resulta preocupante la discrecionalidad y carencia de controles efectivos en los mecanismos operados durante los últimos años por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), especialmente en aquellos implementados mediante la intervención de su agente Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) en los programas operados con la intervención de fondos y fideicomisos manejados por la Banca de Desarrollo, existen múltiples indicios de concentración y de privilegio infundado.

En el pasado reciente, resulta innegable que tal laxitud ha derivado en una inconveniente concentración de recursos en empresas comercializadoras que por sus características económicas y operativas distan de ser los sujetos que se pretende beneficiar con los apoyos y subsidios contemplados en los planes y programas del sector agropecuario, propiciándose mercados altamente especulativos y de poca competencia ante el bajo número de participantes.

Resulta irresponsable que tras exigir un enorme esfuerzo a los mexicanos para sufragar con cargo al alza de impuestos el referido presupuesto, no se adopten las medidas y providencias necesarias para proveer a un ejercicio transparente y eficaz del gasto público.

El justo reclamo proveniente del desprotegido sector campesino no sólo no ha sido debidamente atendido, sino que los agricultores ven como mediante el desarrollo de mecanismos de intermediación los apoyos aprobados son absorbidos por dudosos esquemas de coberturas y servicios de “apoyo” que ocasionan multimillonarias utilidades a un número reducido de intermediarios cuya participación en el proceso de derivación de fondos no queda claramente justificado desde el punto de vista operativo.

El surgimiento de figuras que alejan a los destinatarios de los subsidios federales, mediante la gestación de asesorías y consultorías, provisión de supuestos servicios comerciales y financieros debe ser materia de preocupación y seguimiento puntual por parte de esta Cámara, que tiene la responsabilidad de asignar las partidas presupuestales correspondientes y debe procurar una fiscalización oportuna y eficiente.

Son cada vez más las voces e indicios que apuntan a una imprudente creación de grupos de interés, que depositan, año con año, fortunas en unas cuantas manos por concepto de intermediación empresarial mientras que los núcleos campesinos se ven afectados por la acción devastadora de quienes periódicamente manipulan especulativamente la totalidad de los subsidios.

La enorme discrecionalidad y la inexplicable preferencia desplegada por la Sagarpa, a través de su instancia de apoyo a la comercialización, ha derivado en un esquema superpuesto de mediadores que anula los programas de apoyo al campo. Sin mecanismos de verificación de requisitos se ha permitido que anualmente crezca la participación de estos intermediarios comercializadores que acumulan preocupantemente porcentajes desmedidos del total de apoyos.

Es urgente evitar que los enormes recursos aprobados para el sector campesino sean desviados o acumulados por empresas comercializadoras en detrimento de la población que justifica y avala la existencia de tales programas.

Son muchos los requerimientos que diputados en forma individual han hecho llegar a Aserca; sin embargo, la información disponible es poco clara y mantiene en la absoluta opacidad el número de empresas comercializadoras que reciben apoyos, así como los montos por año que se han canalizado en su provecho.

La relación entre las almacenadoras, comercializadoras y un conjunto de fideicomisos manejados por la Banca de Desarrollo ha mantenido la canalización de recursos en un entorno poco transparente, que a la vista de todos ha sido poco eficiente en mejorar las condiciones del campo.

Las reglas de operación y demás políticas administrativas, por su construcción dan un gran margen a la preferencia y selectividad a favor de pequeños grupos que se han apoderado de mercado de perecederos, quienes intervienen en forma decisiva y por anticipado de las cosechas, influyendo en las condiciones de compra y almacenamiento, marginando de los beneficios a los destinatarios de los apoyos.

Tal situación debe cesar y, en su lugar, deben implementarse mecanismos de seguimiento y supervisión de la forma en que Aserca efectúa erogaciones y de la cercanía de los servidores públicos con los accionistas y administradores de esas empresas comercializadoras, así como de mantener a dichas empresas ajenas a fines y propósitos no relacionados con el fomento al campo.

También resulta indispensable que la derivación de fondos se realice en esquemas diseñados para evitar el abuso de los apoyos y subsidios con propósitos electoreros. A la fecha, Aserca ha sido omisa en rendir cuenta respecto de la permanencia y crecimiento de empresarios identificados con instancias de naturaleza política como intermediarios o, peor aún, receptores de sumas multimillonarias sin reunir condiciones como productores, campesinos o ser agrupaciones integradas por estos.

Por ello someto a la consideración de esta comisión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda requerir al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que envíe un informe en el que se señale por ejercicio el nombre, ubicación y grupo de control accionario de las empresas que han recibido apoyos, subsidios o transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, en los ejercicios de 2003 a 2009, con motivo de planes o programas de promoción al campo y al sector campesino, en específico de los productos maíz, fríjol, trigo, café y sorgo. En dicho reporte se deberá informar el nombre de empresas comercializadoras y almacenadoras, por entidad federativa, que hayan participado en dichos ejercicios, en mecanismos, procesos, esquemas, fideicomisos o análogos vinculados a la derivación o canalización de subsidios federales. El informe deberá ser acompañado por los requisitos, límites, prohibiciones aplicados en cada ejercicio para ser elegible a recibir los indicados apoyos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 22 de diciembre de 2009.— Diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cofepris la excepción del requisito de pasteurización de la leche en la elaboración del queso cotija, con el establecimiento de mecanismos diversos para garantizar su inocuidad, a cargo del senador Jesús Garibay García, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, Jesús Garibay García, Rubén Fernando Velázquez López y José Guadarrama Márquez, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Senado de la República, en ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras y su Comisión Permanente, ha asumido el compromiso de proteger a los productores nacionales de leche y sus derivados, mediante la presentación de distintos puntos de acuerdo, de entre los que destacan los presentados el 30 de abril de 2009 –ante la Comisión Permanente– con relación al precio de la leche en el marco del Programa de Adquisición de Leche Nacional; el 29 de septiembre de 2009 –ante el Senado de la República– con relación a la previsión de un recorte de 31% al presupuesto de Liconsa para el ejercicio fiscal de 2010, y el 3 de diciembre de 2009 –ante la Cámara de Diputados– por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a Liconsa mediante la Sedesol para que reoriente el Programa de Abasto Social de Leche Subsidiada por el de leche fresca y suspenda la rehidratación y el abastecimiento de leche en polvo. Estos exhortos, han sido suscritos y apoyados por legisladores de todos los partidos.

En esta ocasión y continuando con la defensa de este sector –que ha sido uno de los más gravemente afectados por la crisis económica en la que estamos inmersos– los proponentes, consideramos oportuno elevar a esta tribuna el problema que amenaza a los productores de queso cotija artesanal madurado.

El queso cotija es uno de los insumos de producción artesanal considerados parte de nuestro patrimonio cultural, pues nace de la hibridación de los procesos de producción indígenas y españoles hace más de 400 años, motivo que ha merecido que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), a través de su Programa de Apoyo al Desarrollo de la Agroindustria Rural de América Latina y el Caribe, apoye la implementación de políticas de calidad específica para favorecer los procesos de preservación y contribuir a mejorar el acceso de los pequeños productores en los mercados, mediante estrategias que les permitan agregar valor a las producciones de origen agropecuario, tales como el establecimiento de un sello de calidad.

En este tenor, los agremiados en la Asociación de Productores del Queso Cotija han impulsado y negociado ante el Consejo para el Fomento de la Calidad de la Leche y sus Derivados AC, una norma oficial mexicana específica, mediante la cual podrían comercializar y exportar su producto en los mercados nacional e internacional, lo que les permitiría exportar y vender casi 300 toneladas de producción anual en 400 pesos el kilo en el mercado internacional, lo que representaría una derrama económica anual para la región de mil 200 millones de pesos, y atraer inversiones, dado que al contar con el reconocimiento de región de origen, quienes quieran producir queso Cotija, tendrán que hacerlo en alguno de los seis municipios que integran la región serrana de Michoacán y Jalisco que pueden utilizar esa marca colectiva.

Así las cosas, desde agosto de 2007 se logró incluir en el programa nacional de normalización 2008, el insumo en comento, por lo que el 19 de junio de este año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NMX-F-735-COFOCALEC-2009, “Sistema producto Leche – Alimentos – Lácteos – Alimento lácteo regional – Queso Cotija artesanal madurado – Denominación, especificaciones y Métodos de Prueba.”, documento en el cual se justifica la razón por la que se contempla el uso de leche cruda y no pasteurizada en su elaboración, refiriendo que además de ser una cuestión artesanal y tradicional, sólo la flora nativa asegura las características organolépticas de este producto lácteo.

Cabe señalar que el proyecto de NOM es congruente con el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, que en el punto III.5.1 de su apéndice, permite el uso de leche cruda, cuando se asegura con otros mecanismos la inocuidad del producto. En este sentido, la propuesta de NOM es clara al establecer un mecanismo triple de sanidad:

1. La leche debe provenir de hatos libres de brucelosis y tuberculosis;

2. Se deben observar buenas prácticas de higiene y sanidad en los procesos de producción, y

3. Se ha de respetar un proceso de maduración de cuando menos tres meses.

El problema entonces, surge con la incompatibilidad de este proyecto, con otro de la misma naturaleza, a cargo de la Secretaría de Salud, nos referimos al Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-243-SSA1-2005, “Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos.” que establece que la leche usada como materia prima para la elaboración de productos lácteos, debe someterse a un tratamiento térmico que garantice su inocuidad, independientemente del uso que se le dé posteriormente, pudiendo ser ebullición, pasteurización, ultrapasteurización, esterilización o deshidratación.

Como es evidente, el proyecto de NOM a cargo de la Secretaría de Salud, no reconoce como mecanismos efectivos de inocuidad los contemplados en el proyecto a cargo del organismo técnico especializado denominado “Consejo para el Fomento de la Calidad de la Leche y sus Derivados (Cofocalec)”. Tal cuestión, causaría un conflicto entre normas que afectaría a los productores de queso cotija artesanal madurado, al obstaculizar el comercio de esos productos.

Tal situación fue advertida por Cofocalec, por lo que el pasado 18 de agosto, remitió a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el oficio número CFC-DG-1041-2009, en el cual instaba al reconocimiento de estos sistemas de inocuidad; sin embargo la Cofepris respondió que “se debe eliminar el uso de leche cruda y no exceptuar dentro de las especificaciones la pasteurización a la cual debe someterse para la elaboración del queso”.

En este tenor, resulta necesario instar a la Secretaría de Salud, a través de la Cofepris, a considerar el daño económico y cultural que se está causando a los productores al mantener una postura estricta y limitada respecto de los mecanismos usados para asegurar la inocuidad de la leche como materia prima para la elaboración del queso cotija, solicitándoles reconsiderar su postura.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta representación soberana, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión extiende un respetuoso exhorto al secretario de Salud, doctor José Ángel Córdova Villalobos, para que instruya al titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, licenciado Miguel Ángel Toscano Velasco, a establecer en el proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-243-SSA1-2005, “Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos.”, disposiciones de inocuidad compatibles con el proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NMX-F-735-COFOCALEC-2009, “Sistema producto Leche – Alimentos – Lácteos – Alimento lácteo regional – Queso Cotija artesanal madurado – Denominación, especificaciones y Métodos de Prueba.”, en específico en lo relativo a establecer una excepción al requisito de pasteurización de la Leche para la elaboración de queso cotija artesanal madurado, siempre y cuando la materia prima sea leche de hatos libres de brucelosis y tuberculosis, se observen buenas prácticas de higiene y sanidad en los procesos de producción, y se respete un proceso de maduración de cuando menos tres meses; todo ello con la finalidad de no afectar a los productores de dicho insumo.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al secretario de Salud, doctor José Ángel Córdova Villalobos, y al titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, licenciado Miguel Ángel Toscano Velasco, que remitan a esta representación soberana, a la brevedad posible, un informe sobre el trámite dado y las consecuencias derivadas al presente exhorto.

Nota:

1 Ocho productos han sido estudiados entre la FAO y el Prodar/IICA, con estos objetivos: maíz blanco gigante del Cusco, en Perú; queso cotija de México; queso turrialba, en Costa Rica; cacao chuao, de Venezuela, café de Colombia; limón de Pica, en Chile; cacao Arriba, en Ecuador y chivito de Neuquén, en Argentina.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 22 de diciembre de 2009.— Senadores: Jesús Garibay García (rúbrica), Rubén Fernando Velázquez López, José Guadarrama Márquez.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:  Se turna a la Tercera Comisión

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Proposición con punto de acuerdo, relativo al cierre del ingenio azucarero de Los Mochis, Sinaloa, suscrita por el senador Mario López Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Actualmente 15 estados de la república desarrollan actividades relacionadas con la agroindustria de la caña de azúcar, a través de los 57 ingenios que existen en el país, los cuales son abastecidos por más de 160 mil productores, generando más de 450 mil empleos directos, así como una serie de beneficios indirectos para más de 2 millones de mexicanos relacionados con el sector.

Aunado con los empleos existentes, resulta importante decir que a partir de la producción de bioenergéticos podrían obtenerse beneficios a futuro que pueden generar gran cantidad de empleos y potencializar el desarrollo de las comunidades en donde se genera este recurso.

Como sabemos, la situación actual de la agroindustria azucarera a nivel nacional es complicada debido a que entre enero de 2007 y diciembre de 2008, el precio del azúcar disminuyó alrededor de 35 por ciento, lo cual ocasionó que en 2009 la producción nacional se disminuyera en 10 por ciento. Durante el ciclo 2007-2008, la superficie cosechada de caña a nivel nacional fue de 683 mil hectáreas con un rendimiento de 70.7 toneladas por hectárea, que permitieron un total de caña molida de 48.3 toneladas y 5.5 millones de toneladas de azúcar.

Posteriormente, en mayo del 2009, como consecuencia de la falta de este producto para satisfacer al mercado internacional, el precio del azúcar comenzó su recuperación; desafortunadamente en nuestro país tras dos años con excedentes y cifras récord en las exportaciones de este producto, actualmente se tienen un desabasto en el mercado interno nacional.

Enmarcado en esta situación complicada de este sector tan importante para la economía nacional es que vengo hoy ante esta asamblea para hablarles particularmente del ingenio azucarero de Los Mochis, ubicado en Sinaloa, con más de 100 años en funcionamiento y que, tras graves conflictos económicos y laborales, ha tomado la difícil decisión de cerrar sus puertas y declararse en quiebra.

Haciendo un recuento de la problemática de este ingenio propiedad de la Agrícola Ohuira, es importante mencionar en un primer punto que su producción ha venido cayendo poco a poco desde hace dos años; en el 2007 se obtuvo la cifra récord de 106 mil toneladas de azúcar en 149 días de zafra, mientras que para este 2009 la zafra duró sólo 118 días, la temporada más corta en los últimos 10 años, de la que se obtuvieron solamente 66 mil toneladas.

Ahora bien, encontramos que desde el 7 de abril del presente año, se comenzaba a vislumbrar una difícil y complicada situación cuando cerca de 300 transportistas de las diferentes asociaciones de la localidad le exigieron el pago del acarreo de la caña y de la renta de las parcelas.

Posteriormente, en julio se dio a conocer a la opinión pública por parte de las autoridades locales del municipio de Ahome, un problema más para los dueños del ingenio puesto que este adeudaba en ese momento, sólo por el concepto de predial, casi 20 millones de pesos.

Respecto a lo anterior cabe hacer mención que desde el 2 de abril del mismo año, el ingenio había otorgado al cabildo un predio a cambio de la condonación de una parte del adeudo del pago de predial, para lo cual el presidente municipal dispuso utilizar un despacho jurídico externo para manejar los adeudos de la empresa.

En el mismo mes de julio, y a pesar de que el agua representa en los costos de producción de los ingenios entre 2 y 4 por ciento, el director general de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego manifestó que con la dependencia a su cargo el ingenio también tenía un adeudo, y que se encontraba en serios riesgos de que se les quitara el suministro de este líquido que representa el insumo fundamental para que cualquier ingenio subsista.

Aunado a la difícil situación con diversas dependencias, también se comenzaron a tener problemas con los trabajadores y ejidatarios, debido a que a mediados de julio, los productores de caña y responsables del ingenio habían acordado una serie de puntos en beneficio de los trabajadores del campo, los cuales no pudieron ser cumplidos por los dueños debido a las diversas deudas que tienen con muchas organizaciones y dependencias.

Los puntos más importantes de dicho acuerdo eran que el ingenio tendría que cubrir el pago por la renta de las tierras de forma inmediata, puesto que existían productores a los que en ese momento se les debía hasta 75 mil pesos por la renta de la tierra. Asimismo, se otorgaría un aumento anual por hectárea de 9 mil pesos, en lugar de los 6 mil 500 que se les pagaban y, finalmente, que los productores tengan derecho al seguro social, aunque tengan menos de cinco hectáreas.

En noviembre pasado, se dio a conocer que Agrícola Ohuira debía entre 4 y 5 millones de pesos en rentas, además de que de acuerdo con la Unión Local de Productores de Caña, no había cumplido en tiempo y forma con el pago del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), puesto que existen 2 mil 200 campesinos a los que se les adeuda.

En ese mismo mes, el alcalde de Ahome ventiló el interés que mostraban empresarios colombianos de invertir o adquirir las acciones del ingenio azucarero; sin embargo, los dueños expresaron su interés de seguir adelante, pero debido a los serios problemas se les complicó la situación por inconvenientes de adeudos con el Seguro Social y con Hacienda.

Debido a todo lo anterior, el pasado 15 de diciembre, más de mil 800 productores de caña del municipio de Ahome instalaron un plantón en las entradas del ingenio azucarero, en espera de una respuesta a su situación.

Dos días después, se cerró y se declaró en quiebra el ingenio, por lo que al día siguiente el centro de la ciudad de Los Mochis se paralizó como consecuencia de los bloqueos de más de 500 trabajadores, los cuales tomaron las calles como medida de protesta.

En los últimos días varios empresarios, funcionarios locales y el propio alcalde de Ahome han dicho que están trabajando para la obtención de recursos para pagarle en primera instancia a los ejidatarios y poder entrar al rescate por medio del campo u obtener las acciones del ejido para poder rescatarlo.

También, al parecer se está gestionando, con el gobierno del estado y municipal, la entrega de despensas y la posibilidad que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social consiga que les otorguen 4 millones y medio para cubrir el pago de los aguinaldos.

Sinaloa produce alrededor de 300 mil toneladas de azúcar de la zafra de los ingenios de Eldorado, Navolato y Los Mochis, este último produce 30 por ciento. Sin embargo, según estimaciones de la sección 12 del Sindicato de Cañeros, para el ciclo que viene antes de que se anunciara el cierre del ingenio se esperaba una producción de 70 mil toneladas de azúcar a nivel estatal, ahora con el cierre de este ingenio la situación resulta preocupante, no sólo a nivel local sino a nivel nacional, luego de que en septiembre de este año la Secretaría de Economía publicara en el Diario Oficial de la Federación el tercer cupo para la importación de este producto, con lo que en este año se podrían importar al país más de 900 mil toneladas de azúcar en un periodo en el que el producto escasea en el mercado interno.

De cerrarse de forma definitiva el ingenio de Los Mochis se impactará enormemente a toda la economía de Sinaloa, debido a que estamos hablando de una de las más grandes empresas locales, ya que además de que son millones de pesos los que genera en circulante, esta empresa da trabajo a más de 300 trabajadores de confianza, 500 obreros y 4 mil ejidatarios; gente que trabaja, siembra y transporta caña de azúcar, y que a la vez mantiene relación directa con proveedores de químicos, insumos, comercializadores de azúcar, en lo que conforma una cadena económica muy amplia, eso sin mencionar los más de 600 jubilados sindicalizados y de confianza con los que cuenta el ingenio.

Ya en otras ocasiones el gobierno federal ha rescatado empresas e intervenido en la solución de conflictos entre empleados y patrones, por lo que es momento de que esta labor sea realizada nuevamente en aras de rescatar una empresa que ha dado de comer a millones de familias mexicanas.

Es necesario hacerlo para no dejar sin empleo a otros 5 mil mexicanos, que también se han visto perjudicados con la difícil situación que actualmente prevalece.

Como legisladores es nuestra obligación perseguir uno de los objetivos que se establecieron al constituir la Comisión Especial para la Agroindustria Azucarera del Senado de la República, el de consolidar una industria integrada y competitiva para que enfrente con éxito los mercados interno y externo de edulcorantes y bioenergéticos, apoyándola de forma especial en razón de que esta actividad representa un sector estratégico para nosotros como nación.

En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y 159 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta asamblea, como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente, solicita al Ejecutivo federal, para que, a través de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Economía; de Hacienda y Crédito Público; y del Trabajo y Previsión Social, para que de manera coordinada intervengan a la brevedad posible y busquen las medidas necesarias para solucionar los múltiples conflictos que mantiene el ingenio de Los Mochis, Sinaloa, y rescatarlo de la quiebra.

Segundo. Asimismo, se exhorta a la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera en el Senado de la República a realizar las gestiones necesarias entre el gobierno federal, la Agrícola Ohuira, los trabajadores y los demás actores dentro de la problemática, para la pronta solución de los conflictos imperantes en dicho ingenio azucarero.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 22 de diciembre de 2009.— Senador Mario López Valdez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

MATRIMONIOS ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO Y LA ADOPCION DE MENORES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El siguiente punto del orden del día es agenda política. Sobre las reformas aprobadas en materia de matrimonios entre personas del mismo sexo y la adopción de menores. Tiene la palabra el senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN.

El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez: Gracias, con el permiso de la Presidencia. Vengo a referirme a una reforma aberrante e irresponsable en la que, disfrazada de vanguardista y con un tufo electorero, la mayoría del PRD y del PT de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprueba reformas al Código Civil para permitir el matrimonio de personas del mismo sexo, así como para permitirles adoptar a menores. Por su trascendencia y gravísimo impacto, y considerando la limitación de tiempo, me concentraré en el tema de la adopción.

La reforma mencionada ignoró el principio del interés superior de la infancia; total, los menores de edad no votan. Ignoró el contenido de la Declaración de Ginebra, de 1924; la Declaración de los Derechos del Niño, de 1959; la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, de la que México es parte y que, por tanto, tiene el carácter de ley suprema. Y aquí me permito citar simplemente el artículo 21, que dice lo siguiente:

Los Estados parte, que reconocen o permiten el sistema de adopción, cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial.

Asimismo, ignoraron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Me permito citar el siguiente artículo.

Artículo 23. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia, si tiene edad para ello.

Ignoraron también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; ignoraron el Convenio de La Haya sobre adopción internacional; ignoraron la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y aquí me permito compartir con ustedes dos artículos.

La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, entre otros, el de vivir en familia como espacio primordial de desarrollo.

O bien, el artículo 4o., que establece lo siguiente: De conformidad con el principio de interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes se entenderán dirigidas a procurarles primordialmente los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.

Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá en ningún momento ni en ninguna circunstancia condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Todos ellos son instrumentos jurídicos que plasman claramente el mencionado principio del interés superior de la infancia y que, aunados a los múltiples estudios serios, profesionales y científicos, establecen con claridad que el desarrollo óptimo de la personalidad de un menor requiere de la presencia tanto de la madre como del padre.

Aunado a la omisión jurídica en la que consideran al menor como un objeto de deseo de una pareja del mismo sexo, también se violenta la naturaleza misma. La naturaleza nos dio un padre y una madre, ya que cada uno de ellos tiene un papel que cumplir en la sana y plena formación de los hijos.

De hecho, observamos que en los casos de las madres solteras o madres solas sus hijos requieren y buscan una imagen paterna que les dé rumbo y sentido de pertenencia –entre muchas otras cosas– en los abuelos, los tíos y, en ocasiones, en los maestros.

Entonces, cabe la pregunta: ¿por qué mutilar deliberadamente posibilidades de desarrollo a los menores que están en posición de ser adoptados?

Por cierto, en México hay alrededor de 34 mil menores en casas-hogar, orfanatorios, casas-cuna, etcétera. Pero hay más familias que desean adoptar y que, si hoy no lo hacen, es precisamente porque la tramitología es extenuante. Es ahí donde debiesen legislar la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y otras muchas Cámaras locales.

Amigas legisladoras y amigos legisladores, el reto es encontrar una familia para cada menor y nunca un hijo para una pareja, cualquiera que sea su conformación.

Por ello y desde esta tribuna exhorto a la mayoría del PRD y del PT de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a enmendar su error; al jefe del Gobierno del Distrito Federal a observar la reforma y a no publicarla y, en su caso, a jueces y demás responsables de los procesos de adopción a que no entreguen en adopción a menor alguno a parejas del mismo sexo.

Exhorto respetuosamente a todos a respetar el interés superior de la infancia y a no a ir en contra de la naturaleza y la esencia humana. Por su atención, muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor senador. Ha solicitado el uso de la palabra la diputada Enoé Uranga Muñoz.

La diputada Margarita Enoé Uranga Muñoz: Pues sí se puede solicitar la palabra por todos los motivos que nuestros ordenamientos internos permiten. Y en este caso, es el mío.

Uno pensaría que la naturaleza es algo que sería sencillo de comprender para los naturales; sin embargo, me acaban de decir aberrante y junto con ello acaban de explicar justamente una de las responsabilidades que el Ejecutivo tiene a nivel federal y que ha eludido seriamente: la de la educación objetiva e informada.

Hay una serie de estigmas, de exhortaciones al odio, de misoginia, de homofobias, de machismos que no son naturales. Natural, tan natural como una lesbiana y un homosexual es un heterosexual.

Un homófobo, según la Organización Mundial de la Salud, es un enfermo. Y, según la ley de nuestro país es un discriminador. Ese tipo de cosas son las que el Ejecutivo ya debería haber incorporado en los planes de educación, para revertir toda esta terrible cultura discriminatoria que hemos heredado.

Hay una necesidad de ir armonizando con la ONU, en la lógica de entender que la diversidad justamente es un valor de la convivencia entre distintos; que la democracia justamente es entender que hay una amplia gama, un abanico de formas, de afectos, de formas de vivir la vida, que no pueden estar regidas por la lógica de una creencia religiosa que, además, se “encloseta” para presentarse en esta tribuna.

Una cuarta parte de los hogares en nuestro país, una cuarta parte, son de jefaturas femeninas, es decir, mujeres solas con hijos. El 30 por ciento de los divorcios en el país, son la última cifra que Conapo da... y junto con ella señala la necesidad de atender a las nuevas composiciones de hogares familiares.

México es signante de los acuerdos de Beijing y de El Cairo, por cierto, ratificados en el gobierno de Fox, que reconocen que no hay una única forma de familia. Reconocen puntualmente que las familias son en plural, acostúmbrense, “las familias”, no “la familia”. Ése es el compromiso que México ha establecido.

Y a partir de él, justamente, tiene la obligación de ir atendiendo a otras normatividades internacionales. Efectivamente, la de la protección del niño, la de cuidarle los servicios y atenciones que merece, ésas que le son negadas a los hijos que hoy existen de lesbianas, homosexuales y transgéneros, y que al ser negados, al ser invisibilizados por la hipocresía y la moral de una política que sigue inventándose un México que no existe, son carentes de derecho.

Esos niños que son hoy parte de estos hogares no pueden tener servicios de salud, de herencia, etcétera, de quienes son sus padres. Nadie va a impedir el que los humanos, que estamos apropiados de nuestra vida, perdamos de vista que el reto no es que nadie le imponga a nadie cómo vivir su vida. El reto es la felicidad.

El reto es que aprendamos a vivir en armonía empezando por procurar que los niños que hoy existen no vivan en una sociedad de odios, de estigmas, de descalificaciones producto de la ignorancia y de una religión que pretende, que persiste en invadir el Estado laico.

Efectivamente, es la vida en las familias la que merece hoy este reconocimiento que establece el Convenio de La Haya. Son ustedes los que están violando esas normatividades internacionales, porque justamente es la conciencia de los países desarrollados, nada más y nada menos los 10 países que encabezan la lista del desarrollo humano del PNUD, nada más y nada menos los 10 países con más alto índice de educación, más alto empleo, menos pobreza y más éxito en términos de su convivencia social, los que reconocen a las familias con niños. Y que han mostrado que justamente es esa política de inclusión social la que fortalece a las sociedades, que ya entendieron que no hay verdades únicas e incuestionables que se le puedan imponer a los otros.

Es justamente el romper con las hipocresías y las mocherías de una lógica que persiste en prohibir hasta los besos en un estado como Guanajuato y seguir buscando las exhortaciones al odio, la violencia y andar jugando a las guerritas, en vez de apostarle a la inclusión y a la convivencia armónica entre los mexicanos, que eso sería lo deseable.

La apuesta, sin duda alguna, es a la felicidad y al respeto de quienes hoy existimos. Si no tuviera usted fuero lo demandaría por haberme dicho “aberrante”.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Tiene la...

El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez(desde la curul): Presidente, por alusiones personales.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señor senador, efectivamente, por alusiones personales tiene usted el uso de la palabra.

El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez: Muchas gracias. Antes que nada celebro la voluntad de la diputada, de respetar lo que me concede el artículo 61 constitucional, así como yo respeto el de ella.

Pero aquí, compañera diputada, el tema es que es responsabilidad del Estado mexicano, del cual formamos parte, velar por el respeto pleno de todos los derechos de todas las personas.

Es precisamente donde tendremos que empezar por los derechos de aquellos que se encuentran en vulnerabilidad, como son niñas, niños y adolescentes; y más aún de aquellos que se encuentran en condiciones de ser adoptados.

Coincido con usted en el sentido de que el reto es ser feliz; coincido con usted en que el desarrollo debe ser pleno, integral, precisamente para alcanzar la felicidad. Pero no se le olvide, y no lo digo yo, lo dicen los expertos, que lo óptimo, lo ideal para todos los menores, es el de contar con un padre y con una madre aun cuando no vivan juntos. Es precisamente eso lo que tendríamos que buscar defender a toda costa.

Por ello, acudo a la tribuna a reiterar los exhortos que he hecho hace tan sólo unos momentos. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor senador. Cómo no, diputada Uranga, tiene usted el uso de la palabra.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: En un estado democrático de derecho es el deber del Poder Legislativo velar por la protección de los derechos de la ciudadanía y de todos sus integrantes, creando las condiciones para el ejercicio de los derechos humanos.

La tentativa de cancelar los derechos de adopción para determinados grupos sociales no sólo fomenta las prácticas discriminatorias y la segregación social, sino que violenta la Constitución y la civilidad democrática y, desde luego, los tratados internacionales.

Me queda claro que hay en una parte de la población una fuerte ignorancia, fuertes dudas promovidas por quienes se esmeran en fomentar el odio entre los distintos, por este tema. Me queda claro, ciertamente, que es responsabilidad del Ejecutivo del Distrito Federal comprometerse en acercar los mecanismos de información objetiva, que no ha dado, ciertamente.

Pero me queda claro que el temor de quienes tienen los recursos para educarse y para tener acceso a información de calidad, si no se resuelve por esa vía, debería resolverse en terapia.

Está, insisto, señalado por la Organización Mundial de la Salud, que lo natural de la presencia lésbica-gay, transexual y heterosexual sí genera alteraciones en una parte de la población homofóbica. Pero le tengo la buena noticia de que la homofobia, también nos reportan, es curable.

Entonces, podría buscar algunos mecanismos; sé que tiene los recursos económicos para hacerlo.

No existe, desde luego, investigación empírica, científica y objetiva que sustente las barbaridades que señalan aquí. Son declaraciones que han surgido del imaginario de la alta jerarquía católica y que repiten sus voceros en esta tribuna.

Sí existe y de manera muy precisa, científica y medida, en países como Finlandia, Dinamarca y Holanda, donde este derecho es un derecho que existe desde hace muchos años, información del éxito que han tenido los hijos en familias lésbicas y gays.

No les quiero presumir, pero en países donde –y esta es cifra dura– lleva más de 20 años de existir este derecho, resulta que les ganamos por 2 por ciento en términos de los niños que terminan siendo profesionales en las carreras a nivel licenciatura, posgrado y doctorado. Resulta que los hijos de las lesbianas y los gays tienen mejores resultados en términos de sus ingresos económicos.

Ni siquiera creo que sea, a final de cuentas, así. Creo que resultará finalmente igual y que dependerá del estado económico y de la situación social en la que cada uno de los integrantes de la familia vivan. No se trata de echar carreras. Sólo se trata de establecer que lo científico, lo duro, lo medido objetivamente en países que se han esmerado en entender cómo están estructuradas sus sociedades.

Que ya se enteraron de que lo natural es que haya de todo y que los seres humanos naturalmente le apostemos al amor y a la elección individual. Que ya se enteraron que lo que socialmente, y como Estado, se tiene como responsabilidades, justamente es atender a estas realidades, pues han permitido el que las familias –en plural– que existen crezcan en una armonía y en una convivencia que permite lo que yo espero un día para México: sociedades de éxito, sociedades con altos niveles de educación, con muy baja criminalidad y con espacios de convivencia en que la descalificación y el odio no sólo estén sancionados por la ley, sino por la sociedad toda.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Teresa Incháustegui Romero.

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero: Gracias, señor presidente. Aquí se ha tachado de “aberrante” e “irresponsable” la política de un gobierno –a diferencia del mar de conservadurismo que se ha extendido como una enfermedad por todo el país, que criminaliza a las mujeres que abortan y que retira de las farmacias y de los hospitales la píldora del día siguiente–, de un gobierno progresista, de un gobierno democrático, de un gobierno que está reconociendo los derechos de todas las personas. A eso se califica de “aberrante”.

Cuando se habla de una familia como una familia natural, como si en el mundo las únicas familias que existieran son las que están basadas en la filiación y el parentesco. Señores, hace más de 25 años la familia ha tenido –eso que le llaman ustedes la familia– una gran cantidad de transformaciones, producto, justamente, de los cambios sociales, pero también de los cambios que hay en la procreación.

Hay familias que tienen hijos que no son sus hijos. Hay familias que tienen hijos que los tuvieron otras mujeres, los alojaron en un útero distinto. Hay familias con hijos de otros matrimonios. De tal suerte que esta familia natural ya no es el padrón, y por eso en todas partes del mundo este concepto de familia se ha diversificado por un concepto mucho más amplio que da lugar a familias de todo tipo, dentro de las cuales también están las familias formadas por personas del mismo sexo.

Aquí se quisiera, en cambio, que a tono con las declaraciones de excomunión que se han hecho en contra de todos los homosexuales y las lesbianas, se levantara una pira para quemarlos, para lapidarlos; en lugar de estar abriendo las posibilidades a los derechos civiles y al reconocimiento de la moralidad de los homosexuales y las lesbianas.

Aquí se dice, se habla del interés superior de la infancia, y yo le quiero recordar respetuosamente al senador, que no hay política de infancia desde 2000, que este interés superior de la infancia del que ahorita hablan no ha existido para los gobiernos desde 2000. No hay un programa nacional de infancia. El mismo Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, por sus siglas en inglés) ha estado insistiendo para que tengan ustedes una política de infancia, y no la hay. Y en este momento hablan del interés superior de la infancia.

De cualquier modo quiero señalar que la presunción de “aberrante” de la que habla, supone de entrada que los homosexuales y las lesbianas son seres incapaces de amar, de cuidar, de proteger, y que son personas sin moral y sin valores; eso es justamente parte del estigma. Supone entonces que la orientación sexual y afectiva inhabilita tanto moral como jurídicamente a las personas.

Al contrario de esto, las reformas que se acaban de aprobar buscan naturalizar este tipo de uniones. ¿Qué quiere decir?, que la gente empiece a aceptarlas, que empiece a verlos como relaciones naturales, como familias naturales y que justamente todo el estigma que producen estos señalamientos de falta de moralidad terminen y la gente pueda desarrollarse plenamente, independientemente de su orientación sexual.

En este sentido, al contrario de lo que se afirma, creo que sí son reformas democráticas que reconocen la diversidad y que destacan como una isla al Distrito Federal en reconocimiento de derechos humanos, frente al océano de conservadurismo en el que nos quieren hundir.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Al no haber más oradores en este tema, se da por concluido este punto del orden del día.

Pido al secretario que nos indique en qué punto nos encontramos en el orden del día de esta sesión.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Comisión Permanente.— Primer Receso.— Primer Año de Ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 5 de enero de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por el que informa que en el mes de noviembre de 2009, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquélla que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña(a las 15:05 horas): Muchas gracias. Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el próximo martes 5 de enero de 2010, a las 11:00 horas, deseándoles a todos los empleados de la Cámara de Diputados una feliz Navidad y un mejor año, así como a los señores de los medios de comunicación y a todos ustedes, integrantes de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Que pasen una feliz Navidad y nos vemos el próximo martes 5 de enero de 2010, a las 11:00 horas.

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