SUMARIO

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Presidencia del diputado Óscar Martín Arce Paniagua

ASISTENCIA

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Respetuosamente se invita a los representantes de los medios de comunicación a ocupar los lugares que se tienen asignados para cumplir con tan importante labor informativa. Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

La Secretaria diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Se va a proceder a pasar lista de asistencia.

(Pase de lista)

Señor presidente, hay una asistencia de 32 legisladores.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua(11:54 horas): Hay quórum legal, por lo tanto se abre la sesión.

Antes de dar inicio al orden del día, esta Presidencia felicita a los señores legisladores, al público en general y a los encargados de medios de comunicación por este año 2010. Año en que festejaremos el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución. Esperamos que este año esté lleno de éxitos para todos y especialmente para nuestro país.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo..

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Vicepresidente diputado Arturo Zamora Jiménez: Señor presidente.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Sí. Una observación aquí. Adelante, diputado.

El Vicepresidente diputado Arturo Zamora Jiménez: Gracias, presidente. Solamente para solicitarle que sean tan amables de incluir en el resolutivo que tiene que ver con lo acordado la sesión anterior un tema que fue muy importante y que no aparece.

Es la propuesta que hizo el senador Rogelio Rueda en su momento, en la que intervino el senador Jesús Garibay, el diputado David Penchyna, y que finalmente el diputado Roberto Gil planteó un acuerdo que se aprobó, que es para que se instruya a la Tercera Comisión de esta Permanente del honorable Congreso de la Unión, para que celebre la comparecencia de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Energía, que se estimen pertinentes. Esto no aparece en el acta de la sesión anterior y nos gustaría que se incorporara.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: En lo que se toma nota y una vez que pasemos al punto de aprobación del acta, que se haga la anotación correspondiente. Proceda la Secretaría a cumplir.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras  y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, se aprueba por mayoría. Se dispensa la lectura.

«Primer Receso.— Primer Año de Ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 5 de enero de 2010

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los diputados María Guadalupe Silerio Núñez, Sara Gabriela Montiel Solís, Sergio González Hernández y Angélica del Rosario Araujo Lara.

Oficios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por el que informa que en el mes de noviembre de 2009 el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquélla que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Con el que remite información relativa a la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondiente al mes de noviembre de 2009.

Con el que remite el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el ejercicio fiscal 2010, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42, fracción VI, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Iniciativas

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los senadores Carlos Aceves del Olmo y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Ley de Energía para el Campo, suscrita por el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley de la Policía Federal, suscrita por el senador Mario López Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se convoca a comparecer ante la Tercera Comisión de Trabajo de esta soberanía, de manera urgente, al titular de la Secretaría de Economía para que explique las razones del alza de los precios de combustibles, suscrita por los senadores Rogelio Rueda Sánchez, Francisco Labastida Ochoa, Fernando Jorge Castro Trenti y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal y a su secretario de Finanzas a exponer la motivación de los excesivos y desproporcionados aumentos en diferentes servicios y cobro de derechos en la capital del país, suscrita por el diputado Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, en relación con el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas, división Nuevo Necaxa en el estado de Puebla, suscrita por la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y a las instancias correspondientes a frenar el alza indiscriminada de precios de los productos de la canasta básica, suscrita por el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a emitir recomendaciones a las instituciones financieras para no aumentar sus tasas de interés, suscrita por los senadores María del Socorro García Quiroz y Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se instruye a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que solicite a las entidades federativas, a través de sus respectivos Poderes Ejecutivos, información detallada sobre la aplicación de los recursos derivados de la cuota a la venta final de gasolinas al público en general, suscrita por el diputado Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa condolencias por la muerte de la ciudadana Esther Chávez Cano, suscrita por el senador Jesús Garibay García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a congelar los precios de gasolinas, diesel marino, gas LP y natural, así como de la energía eléctrica para el año 2010; asimismo, y se insta a crear una comisión legislativa que investigue los casos de corrupción y robo de bienes nacionales en Pemex y en la CFE, suscrita por el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a presentar su propuesta de iniciativa respecto de los distintos ordenamientos que acompañarán la reforma de justicia penal constitucional publicada el 18 de junio de 2008, suscrita por el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al secretario de Economía, a efecto de que explique los motivos del incremento en el precio del gas licuado de petróleo y se solicita al Ejecutivo federal que se revierta dicha alza y se congele su precio durante el 2010, suscrita por el senador Jesús Garibay García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a instruir al Secretario de Comunicaciones y Transportes a fin de cancelar la concesión para convertir en autopista de cuota el tramo federal El Desperdicio-Lagos de Moreno, suscrita por el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con la vigilancia de los aeropuertos de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de Economía, a fin de que explique los alcances de la escalada de precios que se ha desatado en el país, las expectativas en términos inflacionarios y la estrategia que se implementará para apoyar a la planta productiva y proteger el empleo, suscrita por el senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita la comparecencia del secretario de Seguridad Pública para que informe el estado que guarda la seguridad pública en México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, en relación con la fuga de cerebros en México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Agenda política

Comentarios respecto al aumento de precios y las perspectivas de la situación económica nacional, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios sobre el incremento a los energéticos, a cargo del diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Comentarios sobre la situación jurídica de los presos por el caso de San Salvador Atenco, a cargo del diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Por instrucciones del presidente se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, se aprueba por mayoría. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el martes veintidós de diciembre de dos mil nueve correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Ramírez Acuña

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de treinta y seis legisladores, a las doce horas con un minuto del martes veintidós de diciembre de dos mil nueve, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y enseguida al acta de la Sesión de Instalación, la que se aprueba en votación económica.

El Presidente formula pronunciamiento para condenar los hechos suscitados la madrugada de hoy en el ejido Quintín Arauz, de Villahermosa, Tabasco, en los que fueron asesinados la madre, hermana, tía y hermano del tercer maestre de la Secretaría de Marina, Melquisedec Angulo Córdova, quien falleciera en el operativo del pasado dieciséis de diciembre de dos mil nueve en el que resultó muerto el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva. En referencia al tema se concede el uso de la Tribuna a los legisladores diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional; diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Partido de la Revolución Democrática; diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional; senador Jesús Garibay García, del Partido de la Revolución Democrática; senador Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México, y senador Eugenio Guadalupe Govea Arcos, del Convergencia.

Solicitan licencia por tiempo indefinido para separarse de sus funciones como diputados federales, a partir de esta fecha, las diputadas Anel Patricia Nava Pérez, Laura Elena Ledesma Romo, Mariana Ivette Ezeta Salcedo, Ana María Rojas Ruiz, Carolina García Cañón y diputado Álvaro Raymundo Vargas Sáenz, electos en la primera, segunda, tercera y quinta circunscripciones plurinominales, respectivamente; Oralia López Hernández y Julián Francisco Velázquez y Llorente, electos en los distritos electorales primero y segundo del estado de Tlaxcala, por el periodo del primero de enero al treinta de abril de dos mil diez; y María Elena Perla López Loyo, electa en el tercer distrito electoral del estado de Tlaxcala, a partir del primero de enero de dos mil diez. Se concede el uso de la Tribuna a la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra de la autorización de las licencias de las diputadas mujeres; y desde su curul el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional, hace aclaraciones. En votación económica se aprueba el punto de acuerdo que concede las licencias solicitadas. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Se da cuenta con acuerdo que establece los Lineamientos para el Desarrollo de las Sesiones de la Comisión Permanente, que funcionará durante el Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura. En votaciones  económicas se dispensa la lectura y se aprueba.

Se da cuenta con acuerdo para la integración de las Comisiones de Trabajo de la Comisión Permanente, que funcionarán durante el Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura. En votación económica se dispensa la lectura y de la misma forma se aprueba.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal comunica que la ciudadana Clara Marina Brugada Molina rindió protesta como jefa delegacional en Iztapalapa. De enterado.

La Secretaría de la Función Pública remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. Se remite a la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

El Congreso del estado de Puebla remite acuerdo por el que solicita al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, declaren al Estado Libre y Soberano de Puebla como “Puebla, Sitio Histórico donde se inició la Revolución Mexicana”. Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras remite el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera directa en México, correspondiente al periodo enero-septiembre de dos mil nueve. Se remite a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, para su conocimiento, y la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.

La Secretaría de Gobernación solicita permiso para que los ciudadanos:

• Armando Antonio Aguilar Ruibal y Oscar Ernesto de la Fuente Groskorth, puedan aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del Reino de España en Los Cabos, con circunscripción consular en el Estado de Baja California Sur y como Cónsul Honorario de Malta en la Ciudad de México, con circunscripción consular en toda la República Mexicana,  respectivamente.

• Pedro Ramírez Campuzano, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Ucrania en la Ciudad de Tijuana, con circunscripción consular en el Estado de Baja California.

• Blanca Flor López de Jesús, Gustavo Adolfo Rangel Guerrero y Diana Plotnik Golcman, puedan prestar servicios de carácter administrativos en las Embajadas de Dinamarca, de Noruega y de Israel, en México, respectivamente.

• María Elena Patiño Vázquez, Alejandro García García, Edgar Sánchez Ladrón de Guevara y César Yamil Palozzi Moras, puedan prestar servicios en los consulados de los Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León; Nuevo Laredo, Tamaulipas y Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

• Lilia Gallegos Gómora, Carlos Ernesto Silva Torres y Luzana Álvarez Mitre, puedan prestar servicios en la Embajada de Canadá en México y en los consulados de los Estados unidos de América en Nogales, Sonora y Ciudad Juárez Chihuahua, respectivamente e informa que los ciudadanos Víctor Manuel Vélez Santiago, Jesús Castillejos Coutiño y José Manuel Hernández López han dejado de prestar servicios a gobiernos extranjeros.

• Fernando Rojas Camarillo, J. Rodolfo Álvarez Rincón, Johan Osiris Moreno García y Gustavo del Carmen Sánchez, puedan prestar servicios en la Embajada de Chile en México.

• Jorge Humberto Pastor Gómez, pueda aceptar y usar la Condecoración Honorífica de Interfuerzas del Estado Mayor de la Defensa Italiana, que le otorga la Marina Militar del Gobierno de la República Italiana.

• Raymundo Pedro Morales Ángeles, pueda aceptar y usar la Medalla Especial y la Cinta, que le otorga la Junta Interamericana de Defensa de la Organización de Estados Americanos.

• Eduardo Redondo Arámburo, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Mérito Naval, en grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República de Chile.

• Víctor Manuel Alarcón Daowz, pueda aceptar y usar la Medalla al Servicio Meritorio, que le otorga el Gobierno de los Estados Unidos de América.

• Alejandro González Palomeque, Carlos Alberto Cristerna Sánchez, Yuriko Sabrina Gancedo Aoki y Francisco Sánchez Rodríguez, puedan prestar servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América en México y de la República de Corea en México.

• Margarita Mercado Osorio, Pascale Marie José Schwab Jeannerat, Marcela Domínguez Hernández y Georgina Domínguez Hernández,  puedan prestar servicios en las Embajadas de Israel, de Bélgica y de la República de Corea en México, respectivamente; Perla Fabiola Arizmendi Hernández, Sergio Antonio Luján Plaza, y Santos Gabriel Guerrero Dávila, puedan prestar servicios en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nogales, Sonora; e informa que la ciudadana Mónica Gabriela Morales Juárez, deja de prestar servicios en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Las solicitudes de permiso se turnan a la Primera Comisión de Trabajo, y por lo que se refiere a los ciudadanos que dejan de prestar servicios, se remite a las comisiones de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

Cinco oficios de la Secretaría de Gobernación, con contestaciones a punto de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores. Se remiten a la Cámara de Senadores.

Se da cuenta con las siguientes iniciativas con proyectos de decreto de los legisladores:

• Diputado David Hernández Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona un artículo dos bis a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se turna a Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

• Diputado Óscar Martín Arce Paniagua, en nombre propio, del diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Partido Acción Nacional y de diputados de diversos grupos parlamentarios, que reforma el artículo cuarenta y uno de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Ciencia y Tecnología,  de la Cámara de Diputados.

• Senador Adolfo Toledo Infanzón, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo trece y deroga el catorce de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. Se turna a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

• Senadora Emma Lucía Larios Gaxiola, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Se turna las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Gobernación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

• Diputada Marcela Guerra Castillo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos doce, veinticinco, treinta y tres y setenta y cinco de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

Se reciben proposiciones con punto de acuerdo de los legisladores:

• Senadores Ramiro Hernández García y Carlos Jiménez Macías, del Partido Revolucionario Institucional, para evitar prácticas abusivas de carga de adeudos en depósitos bancarios de salarios, pensiones y de otras prestaciones de carácter laboral. Se turna a la tercera Comisión de Trabajo.

• Diputada Laura Elena Ledesma Romo, del Partido Verde Ecologista de México, con relación al Programa Integral Ambiental Fronterizo. Se turna a la tercera Comisión de Trabajo.

Se da cuenta con las siguientes proposiciones con punto de acuerdo de los legisladores:

• Senador Rogelio Rueda Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, instruya lo necesario a efecto de que los precios públicos de las gasolinas, diesel, diesel marino, gas licuado de petróleo y natural, y el servicio de suministro de energía eléctrica, tanto doméstica como industrial, se mantengan en los niveles que actualmente registran. En votación económica se considera de urgente resolución. Se refieren al tema los legisladores: senador Jesús Garibay García, del Partido de la Revolución Democrática; diputado David Penchyna Grub, del Partido Revolucionario Institucional; senador José Isabel Trejo Reyes y diputado Roberto Gil Zuarth del Partido Acción Nacional, quien propone modificaciones que se admiten a discusión en votación económica e intervienen al efecto los senadores Garibay García y Rueda Sánchez. En votación económica se aprueba el punto de acuerdo con las modificaciones presentadas. Comuníquese.

• Senador José Guadarrama Márquez, del Partido de la Revolución Democrática, relativo al operativo militar efectuado por las fuerzas especiales de la Armada de México en la Colonia Lomas de Selva, en Cuernavaca, Morelos. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputado Juan José Guerra Abud, del Partido Verde Ecologista de México, referente a las cumbres de la Organización de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Se turna a las juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

• Senador Alejandro González Yáñez, del Partido del Trabajo, para resarcir los daños causados por cajas de ahorro fraudulentas. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo, para que la integración de la Comisión de Concordia y Pacificación, se consideren a todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados. Se turna a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

• Senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez y suscrito por diversos legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, impulse el establecimiento de una zona económica estratégica que abarque los estados de Baja California, Baja California Sur y el Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senador Luis Alberto Villarreal García, del Partido Acción Nacional, por el que se reconoce la iniciativa presentada el pasado catorce de diciembre, denominada Reforma Migratoria para la Seguridad y Prosperidad en América Latina, como un primer paso para la consecución de una reforma migratoria integral por parte de Congresistas Estadounidenses. En votación económica no se considera de urgente resolución. Se turna a la segunda Comisión de Trabajo.

• Diputada Enoé Uranga Muñoz, en nombre propio y de la diputada Esthela Damián Peralta, del Partido de la Revolución Democrática, por el cual se solicita al Instituto Mexicano del Petróleo emita opinión técnica en relación con las tecnologías implementadas en el Proyecto Chicontepec y para que se cite a comparecer a su Titular y al Director General de Petróleos Mexicanos-Exploración y Producción, y al Director General del Instituto Mexicano del Petróleo, para que expliquen la viabilidad del proyecto; asimismo, para que la Auditoría Superior de la Federación incluya en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública dos mil nueve, una auditoría de desempeño al Proyecto Integral de Desarrollo de la Cuenca de Chicontepec que realiza Petróleos Mexicanos Exploración y Producción. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

El Presidente informa que las proposiciones con puntos de acuerdo no abordados se turnarán directamente a las comisiones correspondientes.

Se refieren al tema sobre las reformas aprobadas en materia de matrimonios entre personas del mismo sexo y adopción de menores, los legisladores: en contra el senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel  Suárez, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones; y en pro las diputadas Enoé Margarita Uranga Muñoz, en dos ocasiones, y Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Partido de la Revolución Democrática.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

El Presidente clausura la sesión a las quince horas con cinco minutos y cita para la que tendrá lugar el martes cinco de enero de dos mil diez a las once horas.»

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta, con las observaciones hechas por el diputado Arturo Zamora.

La Secretaria diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba, con lo comentado por el diputado Arturo Zamora. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Aprobada el acta.

DIPUTADOS QUE SOLICITAN LICENCIA

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Se han recibido licencias de los diputados María Guadalupe Silerio Núñez, Sara Gabriela Montiel Solís, Sergio González Hernández y Angélica del Rosario Araujo Lara.

El Secretario senador Adolfo Toledo Infanzón: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción VIII, y 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente solicito que tenga a bien poner a consideración de esta soberanía que se me conceda licencia para separarme de mis funciones como diputada federal de la presente legislatura, por tiempo indefinido, a partir del 1 de enero de 2010.

Agradezco de antemano su atención y aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de enero de 2010.— Diputada María Guadalupe Silerio Núñez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Distinguido Presidente:

En mi carácter de diputada federal a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62 y 63 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, y 47 y 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted que se sirva realizar los trámites necesarios a fin de que me sea otorgada licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo que ostento, por así convenir a mis intereses.

Sin más por el momento, reitero a usted la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 14 de diciembre de 2009.— Diputada Sara Gabriela Montiel Solís (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62 y 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente le solicito poner a consideración de esta soberanía que se me conceda licencia por tiempo indefinido para separarme de mis funciones como diputado federal de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados a partir del 4 de enero de 2010.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de diciembre de 2009.— Diputado Sergio González Hernández (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Distinguido señor Presidente:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo respetuosamente a usted para solicitarle muy atentamente que sea el conducto para someter a consideración del Pleno de esta Cámara mi solicitud de licencia para separarme de mi cargo como diputada federal a la LXI Legislatura, por tiempo indefinido a partir del día 1 de enero de 2010.

Asimismo, y en consecuencia, una vez que sea aprobada la presente solicitud de licencia, pido que sea llamado el ciudadano diputado suplente Efraín Ernesto Aguilar Góngora para ocupar el cargo.

Sin otro particular, agradezco la atención que brinde a la presente; quedo de usted.

Atentamente

México, Distrito Federal, 28 de diciembre de 2009.— Diputada Angélica del Rosario Araujo Lara (rúbrica).»

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: De conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.

El Secretario senador Adolfo Toledo Infanzón: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se concede licencia para separarse de sus funciones como diputados federales, por tiempo indefinido a partir de esta fecha, a los ciudadanos María Guadalupe Silerio Núñez, Sara Gabriela Montiel Solís, Sergio González Hernández y Angélica del Rosario Araujo Lara, electos en la primera, segunda y cuarta circunscripción plurinominal y el III distrito electoral del estado de Yucatán.

En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Permítame, diputado. Adelante, diputada. Tiene el uso de la voz la diputada Enoé.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Sí, señor presidente. Para continuar hablando en contra de este tema, y ya augurando que será la de la servidora una intervención constante en lo que este penoso asunto se resuelve, espero, con la modificación de la ley que corresponda y documentando que este bochornoso caso de la renuncia de mujeres legisladoras a espacios que son reservados, por cuota de género, para ser ocupados estrictamente en atención a los cumplimientos con tratados internacionales y con lo que establece el propio Cofipe, por mujeres. Son espacios que se han convertido en rehenes de una burla, de un fraude que lamentablemente cuenta con la complicidad de la mayoría de los institutos políticos que integran este Congreso de la Unión.

Incluido en este caso –y es importante anotarlo– el Partido de la Revolución Democrática, que también hoy se suma a esta penosa burla a la ley, desde luego con la reprobación enfática de la de la voz. De las mujeres que creemos que la democracia no puede entenderse en el país y concebirse, en la medida en que no estemos integradas de iure y de facto en el quehacer cotidiano de la política.

Lamentar que continuemos en esta dinámica en la que el desinterés sobre el impulso y el compromiso real por generar una participación equitativa entre los sexos en el quehacer público del país, siga minimizándose de tal forma que estemos hoy aquí con esta convalidación por parte del Congreso de la Unión de lo que, insisto, es un fraude a la ley.

Un fraude que burla a las y a los electores del país que votaron por estos partidos, creyendo que iban a cumplir con esta presencia de mujeres en la Cámara y que, finalmente, están siendo reemplazadas. En un asunto que además, para algunos partidos, se ha vuelto un asunto ya de norma cotidiana. Destaca por su persistencia, por el número de legisladoras sustituidas, el Partido Verde Ecologista que, quiero decir, parece que ha incorporado ya como un asunto de uso y costumbre, dentro de su estructura, esta burla a la ley.

Destaca también, lamentablemente, el que el Congreso prefiera no entrar a este debate, prefiera obviarlo y tratarlo como un trámite más, a sabiendas de que tendremos que rendir vergonzosas cuentas ante la ONU. Estaremos obligados a reportar a la ONU que hemos sido cómplices de este truco a la ley, y que no solamente hemos incumplido con el compromiso de fortalecer la cuota de género, sino que hemos permitido cínicamente que el Congreso de la Unión valide de manera unánime este atentado a la democracia moderna en el país.

Mientras las mujeres no estemos integradas a estos órganos de vida política, el referirnos a las mujeres de la vida pública seguirá siendo un asunto, tan sólo por el fraseo, de estigma. Muy distinto a como hablamos de los hombres en la vida pública.

Ustedes aquí, lamentablemente, son cómplices de ese estigma y de esa discriminación hacia las mujeres. Mala hora la de esta complicidad. Mala hora la de esta votación que llevarán a cabo, desde luego con el voto en contra de esta servidora, con el señalamiento público y, sin duda alguna, con la reprobación de la mayoría de las mujeres en el país.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Consulte la Secretaría si hay algún otro orador. No habiendo ningún otro orador, continúe la Secretaría con el punto de acuerdo.

El Secretario senador Adolfo Toledo Infanzón: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.Prosiga la Secretaría.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario senador Adolfo Toledo Infanzón: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera, por este conducto me permito hacer de su conocimiento que el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, en noviembre de 2009 únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquella que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Los bienes reportados como destinados por dichas autoridades aduaneras se informan en relación anexa.

Atentamente

México, DF, a 17 de diciembre de 2009.— Licenciado Fernando Garcidueñas Torres (rúbrica), administrador central de Destino de Bienes.»

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Remítase a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario senador Adolfo Toledo Infanzón: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 107, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito enviar la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de noviembre de 2009.

Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de noviembre de 2008.

De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para el mes de noviembre de 2009. Adicionalmente, se incluye la información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de noviembre del año en curso.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 30 de diciembre de 2009.— Ernesto Javier Cordero Arroyo (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Secretario senador Adolfo Toledo Infanzón: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42, fracción VI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Ley) se entrega el Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2010, conforme a lo siguiente:

Tomo I        Información global y específica

Tomo II       Ramos autónomos

Tomo III     Ramos administrativos

Tomo IV     Ramos generales

Tomo V       Entidades de control directo

Tomo VI     Entidades de control indirecto

Tomo VII    Programas y proyectos de inversión

Tomo VIII  Analítico de plazas y remuneraciones

Asimismo, se entrega disco compacto con la información de los tomos y una presentación complementaria a nivel sectorial, información que estará disponible en la página de la secretaría a partir de esta fecha, en la siguiente dirección electrónica: www.hacienda.gob.mx

Adicionalmente me permito mencionar a usted que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y 44 de la Ley, el pasado día 21 de diciembre se comunicó a las dependencias y entidades la distribución de sus presupuestos aprobados y sus calendarios de presupuesto autorizados 2010 mediante el oficio circular número 307-A.-2796, del cual se turnó copia a ese órgano legislativo, a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en el propio artículo 44 de la Ley. Cabe señalar que el oficio circular en comento, del cual se anexa copia, se encuentra disponible en la dirección http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/comunicacion/2010/index. html

Sin otro particular me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de diciembre de 2009.— Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione (rúbrica), subsecretario.»

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y remítase a la Dirección General del Centro de Documentación, Información y Análisis, para su consulta de los diputados.

ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Capítulo de iniciativas. Tiene la palabra el senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los senadores Carlos Aceves del Olmo y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI.

El senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Gracias, presidente. Quisiera que constara que esta iniciativa, además de quien usted ha señalado como que la suscribimos, pudiera anotarse al senador Carlos Jiménez Macías, como proponente de la misma.

Compañeros y compañeras legisladores, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos es un organismo público descentralizado. Su encomienda, de acuerdo con el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo, es fijar los salarios mínimos generales procurando asegurar la congruencia entre éstos y los atributos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al salario mínimo, así como actualizar periódicamente el sistema de salarios.

Es evidente que si observamos la realidad de los salarios y cómo se ha deteriorado su poder adquisitivo fácilmente se concluye que dicha comisión no cumple con lo dispuesto por la Constitución ni justifica su existencia ni el aparato burocrático que sostiene.

Conviene recordar que la Constitución de 1917 establece la figura del salario mínimo en la fracción VI del artículo 123, bajo el principio de que deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación, sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia.

Determina asimismo, en la fracción VIII, que el salario mínimo no podrá ser objeto de embargo, compensación o descuento alguno. Fue en 1986 cuando el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados aprobaron modificaciones que desaparecieron el sistema regional y determinaron que los salarios mínimos sean fijados por una Comisión Nacional. Desafortunadamente, nunca como hoy nos hemos alejado tanto del espíritu del Constituyente en materia de salarios.

Basta un ejemplo para ilustrar esta afirmación. A principios de los años 80, el salario mínimo alcanzaba para comprar 27 kilos de tortilla de maíz, en 2009 apenas alcanza para adquirir poco más de 6 kilos, considerando un promedio de 8.50 por kilo, pero bien es sabido que este alimento básico alcanza precios de hasta 14 pesos en algunas zonas del país.

En el informe de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el panorama laboral 2006, en América Latina y el Caribe, se puede observar gráficamente la caída dramática del poder adquisitivo de los salarios en México, que muchos estudiosos, representantes de los trabajadores y empresarios reconocen y han venido señalando.

Para este año, dicha comisión fijó un incremento de 4.6 por ciento que, aplicado a las 3 zonas geográficas que se tienen determinadas, establece 54.80 pesos para la zona A y menos para el resto de las zonas.

Formalmente esta decisión debe tomarse con base en trabajos de investigación y en estudios que las instancias de la comisión lleven a cabo, considerando el comportamiento de la economía del país, los cambios observados en la evolución de las actividades económicas, así como las variaciones del costo de la vida de las familias y las condiciones en el mercado laboral y en las estructuras salariales, cosa que realmente no sucede.

Es cierto que el valor de los salarios no puede recuperarse por decreto, pero también lo es que sin una estrategia deliberada para lograrlo, con la participación de todos los agentes económicos, el daño no sólo se mantendrá en los sectores más desprotegidos, sino que se extenderá a la economía y al tejido social del país.

Por lo anterior expuesto, señor presidente, y además de que la iniciativa en sus términos pudiera estar contenida en el Diario de los Debates, se considera fundamental hacer la siguiente proposición de reforma del párrafo tercero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Los salarios mínimos serán fijados anualmente por la Cámara de Diputados, a propuesta del titular del Ejecutivo federal, a más tardar el 8 de septiembre, excepto cuando éste inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, caso en el que la aprobación deberá darse a más tardar el 31 de diciembre de ese mes, de ese año.

Lo anterior no obsta para que, de considerarlo necesario, el presidente de la Republica formule una proposición salarial de emergencia, lo cual podría ponerse, en su caso, a consideración de la Cámara de Diputados o de la Comisión Permanente.

Signamos el senador Carlos Aceves del Olmo, el senador Carlos Jiménez Macías y su servidor, Ricardo Pacheco Rodríguez. Por su atención muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los senadores Carlos Aceves del Olmo y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Carlos Aceves del Olmo y Ricardo Pacheco Rodríguez, senadores de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) es un organismo público descentralizado, sectorizado bajo la responsabilidad de la Secretaría del Trabajo, y su encomienda –de acuerdo con el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo– es fijar los salarios mínimos legales, “procurando asegurar la congruencia entre éstos y los atributos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al salario mínimo, así como actualizar periódicamente el sistema de salarios mínimos”. Si observamos la realidad de los salarios y cómo se ha deteriorado su poder adquisitivo, fácilmente se concluye que dicha comisión no cumple lo dispuesto en la Constitución ni justifica su existencia y el aparato burocrático, que se sostiene con recursos hoy muy escasos.

Conviene recordar que la Constitución de 1917 establece la figura de “salario mínimo” en la fracción VI del artículo 123, conforme al principio de que “deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia...” Determina asimismo, en la fracción VIII, que el salario mínimo no podrá ser objeto de embargo, compensación o descuento alguno.

El Constituyente de 1917 dispuso, en la fracción IX del propio artículo 123, que el salario mínimo lo determinarían comisiones especiales que se formarían en cada municipio, subordinadas a la Junta Central de Conciliación que debería instalarse en cada estado. La idea de fijar salarios mínimos en el ámbito municipal prevaleció hasta 1963, cuando se crearon la Comisión Nacional y 111 regionales.

En 1986, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados aprobaron modificaciones que desaparecieron el sistema regional y determinaron que los salarios mínimos serán fijados por una comisión nacional, sistema vigente a la fecha. Aquella intención del Constituyente para que los salarios mínimos se determinaran a escala regional fue rebasada por la realidad, pero además el propósito de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos se ha desvirtuado y ésta ya no cumple con salvaguardar el poder adquisitivo de los salarios tal como establece la Constitución sino que, por el contrario, se ha convertido en un instrumento de contención de éstos.

Desafortunadamente, nunca como hoy nos hemos alejado tanto del espíritu del Constituyente en materia de salarios. Basta un ejemplo para ilustrar esa afirmación: a principios de los años ochenta, el salario mínimo alcanzaba para comprar 27 kilogramos de tortillas de maíz; en 2009 apenas si alcanza para adquirir poco mas de 6, considerando un precio de 8.50 pesos por kilogramo, pero es bien sabido que este alimento básico alcanza precios de hasta 14 pesos en algunas zonas del país.

En el informe de la Organización Internacional del Trabajo sobre el panorama laboral 2006 en América Latina y el Caribe se observa gráficamente la caída dramática del poder adquisitivo de los salarios en México, que muchos estudiosos, representantes de los trabajadores y empresarios reconocen y han venido señalando.

De acuerdo con esa información, hacia el tercer trimestre de 2006 el salario mínimo en México estaba casi 70 por ciento debajo del valor real del de 1980 y había retrocedido más de 20 puntos respecto al de 1990. En cambio, los países que han logrado recuperar el poder adquisitivo de sus salarios mínimos respecto a los años ochenta y noventa son Chile, Brasil, Argentina y, en menor medida, Costa Rica, Panamá, Colombia y Honduras. El valor de los salarios mínimos en Paraguay se mantiene equivalente a los de 1990, y los de Uruguay, Venezuela, Ecuador y Perú aún no recuperan el nivel de hace 20 años, pero avanzan paulatinamente respecto a 1990. Sólo México y El Salvador se mantienen en el cuadrante de retroceso respecto a los dos indicadores, noventa y ochenta, de los 14 países de la zona considerados en el estudio. Estos datos demuestran que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos es absolutamente innecesaria para asegurar la existencia de un salario remunerativo, como marcan el espíritu y la letra de la Constitución.

Para este año, dicha comisión fijó un incremento de 4.6 por ciento que, aplicado a las tres zonas geográficas que tiene determinadas, establece 54.80 pesos para la zona A, 53.26 para la B y 51.95 para la C. Formalmente, esta decisión debe tomarse con base en trabajos de investigación y estudios que las áreas de la comisión lleven a cabo, considerando el comportamiento de la economía del país, los cambios observados en la evolución de las actividades económicas, las variaciones en el costo de vida de las familias y las condiciones en el mercado laboral y en las estructuras salariales.

Eso es en lo formal, pero en realidad el criterio que pesa es el de contención inflacionaria respecto a las perspectivas de su crecimiento a futuro. Así, por ejemplo, para este año se estima que la inflación será de 4.5 por ciento, de acuerdo con los datos más recientes del Banco de México. Esta lógica explica el estancamiento que se refleja en el panorama de la OIT.

Es cierto que el valor de los salarios no pude recuperarse por decreto, pero también lo es que sin una estrategia deliberada para lograrlo, con la participación de todos los agentes económicos, el daño no sólo se mantendrá en los sectores más desprotegidos sino que se extenderá a la economía y al tejido social del país.

Es preciso reconocer que lo que hemos venido aceptando como salario legal no sólo dista mucho de lo establecido en la Constitución sino que aleja al país de una real recuperación económica. La política de contención salarial aplicada desde hace más de 20 años como el instrumento privilegiado de control inflacionario, resulta el argumento más cómodo para justificar lo injustificable: el empobrecimiento progresivo de la población, la migración creciente, la desigualdad cada vez mayor en la distribución del ingreso.

Los salarios mínimos establecidos por la Conasami han servido, en el mejor de los casos, como un referente o una unidad de medida para determinar el monto de multas, sanciones administrativas, en algunos casos en convenios de pensiones alimenticias, pero incluso en esos términos han perdido vigencia por su alejamiento de la realidad económica.

De acuerdo con datos recientes de la Asociación de Bancos de México, hay una población económicamente activa de 43 millones de personas, y ellos identifican un universo de 3.4 millones de trabajadores que ganan 7 mil pesos mensuales o más; mientras, el siguiente nivel, de quienes ganan entre 2 mil 500 y 7 mil pesos, está formado por 20 millones de personas. Ello significa que otros 20 millones de la PEA tienen ingreso por debajo de 2 mil 500 pesos mensuales.

El enorme deterioro del salario ha hecho que se extienda la informalidad laboral. Se dice que el salario mínimo es sólo una referencia porque pocos trabajadores realmente reciben ese salario. Lo cierto es que el piso establecido en los salarios mínimos ata la recuperación del poder adquisitivo en general.

¿Cómo podemos, en esta situación, pensar en un crecimiento sostenido de la economía y en el fortalecimiento del mercado interno? La experiencia internacional y nuestra propia experiencia muestran que sí es posible conciliar el fortalecimiento del salario y el crecimiento económico. Los países con desarrollo similar al nuestro que enfrentan problemas económicos similares han iniciado su recuperación económica de la mano del poder adquisitivo de los salarios mínimos.

En Chile, después de dos años de debate parlamentario, se promulgó la reforma laboral que permitió una recuperación del salario mínimo de 30 por ciento en términos reales entre 1998 y 2001, recuperación que ha sido consistente hasta la fecha.

En Argentina, merced al Decreto del Salario Mínimo Vital y Móvil, se ha conseguido la recuperación del poder adquisitivo del salario como una política de redistribución de ingreso al aumentar el piso de la estructura de salarios de la economía.

No se trata de extrapolar experiencias ni de desconocer los problemas que otros países enfrentan en materia de empleo, pero sí de llamar la atención sobre la necesidad de emprender una estrategia que nos lleve a recuperar el ingreso de los trabajadores mexicanos, sobre los que ha recaído el peso de los ajustes económicos.

La política salarial tiene que transformarse para convertir el salario en factor de aliento a la demanda agregada, y de mejora de la distribución del ingreso y elemento complementario de la política macroeconómica. Un primer paso en esa dirección tiene que darse cancelando el funcionamiento de la Conasami, debido a su obvia inoperancia y al alejamiento de los objetivos que alguna vez le dieron sustento.

La encomienda de hacer que se cumpla el espíritu de la Constitución debe recaer en el órgano por excelencia de representación ciudadana, la Cámara de Diputados. El Poder Legislativo federal, como representante de la sociedad, está obligado a cooperar en la coordinación y el desarrollo del esfuerzo nacional para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Como se mencionó, los efectos de los salarios mínimos son trascendentales en el impacto del desarrollo económico nacional y del bienestar de toda la población, así como la consecución de la eficacia de una de las instituciones fundamentales para la realización de la justicia social.

Sin embargo, para estimar que la Cámara de Diputados apruebe los salarios mínimos anuales, consideramos el aspecto de que en una república federal sirven las dos Cámaras para combinar en el Poder Legislativo el elemento popular y el federativo. Una Cámara de Diputados, elegidos en número proporcional a la población, representa el elemento popular; y un Senado, compuesto de igual número de senadores por cada estado, representa el elemento federativo.

Así, conforme al esquema del elemento popular, a la Cámara de Diputados se han asignado competencias específicas; por ejemplo, fungir como Cámara de origen en tres materias: 1. Empréstitos, 2. Contribuciones o impuestos; y 3. Sobre reclutamiento de tropas. Ello refleja una verdadera necesidad de participación de la Cámara de Diputados en estas materias, así como en el de fijación del salario mínimo, por el hecho de que representa a la mayoría de la población y a las más diversas preferencias e intereses económicos y políticos.

Por ello se considera fundamental, por ser una cuestión preponderante para la población, que la Cámara de Diputados, como representante del elemento popular del Estado, participe de manera directa con la aprobación de los salarios mínimos.

De conformidad con lo expuesto, se propone la discusión y, en su caso, aprobación del siguiente

Proyecto de Decreto

Único. Se reforma el párrafo tercero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 123. (...)

(...)

A. (...)

I. a V. (...)

VI. (...)

(...)

Los salarios mínimos serán fijados anualmente por la Cámara de Diputados, a propuesta del titular del Ejecutivo federal, a más tardar el 8 de septiembre, excepto cuando éste inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83, caso en el que la aprobación deberá darse a más tardar el 31 de diciembre. Lo anterior no obsta para que, de considerarlo necesario, el presidente de la República formule una proposición salarial de emergencia, la cual podrá ser puesta, en su caso, a consideración de la Cámara de Diputados o de la Comisión Permanente.

VII. a XXXI. (...)

B. (...)

I. a XIV. (...)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2010.— Senadores: Carlos Aceves del Olmo, Ricardo Pacheco Rodríguez (rúbrica).»

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Háganse las anotaciones solicitadas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

ARTICULO 135 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Tiene la palabra el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El senador Ricardo Monreal Ávila: Gracias, ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, quisiera presentar esta propuesta de iniciativa al artículo 135 constitucional. ¿Qué contiene esta disposición? Contiene el procedimiento para reformar la Constitución por el Poder Constituyente Permanente, el poder revisor de la Constitución.

Desde mi punto de vista, este artículo tiene lagunas profundas para la aprobación de normas constitucionales. Le solicitaría, por el tiempo, al presidente de la Cámara, de la Comisión Permanente, incluir el texto íntegro de esta iniciativa, porque acudí a ciertas instituciones de derecho comparado en España, en Alemania, en Francia y en algunas partes de América Latina, para revisar el procedimiento de reformas constitucionales.

México ha acudido de manera sistemática en la aprobación de normas constitucionales, al contenido del artículo 71 y 72 de la Constitución. Sin embargo, tiene profundas contradicciones, no establece un procedimiento debido y no establece reglas generales para la aprobación de normas constitucionales.

Por ejemplo, no contempla la facultad de iniciativa, excluye a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para la aprobación de las normas constitucionales o supremas.

Como ustedes recordarán, el Poder Constituyente se integra con las dos Cámaras del Congreso de la Unión, pero también con las legislaturas de los estados. Y no procede ningún veto, observación, a este tipo de reformas por parte de otro poder, en este caso del Ejecutivo federal. Sin embargo, no se establece, y hay en el cómputo de las legislaturas, como también ustedes recordarán, se aprueba en las dos Cámaras una modificación a la Constitución, y ésta tendrá que pasar a las legislaturas de los estados.

Las legislaturas de los estados simplemente la aprueban o la desaprueban, y dice la Constitución que teniendo la mitad más uno de los congresos locales o legislaturas estatales, quedará aprobada la norma constitucional, pero es omisa sobre qué pasa con las otras legislaturas o qué pasa si una de estas legislaturas hace observaciones al contenido de la iniciativa o al contenido de la norma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión. Las legislaturas simple y sencillamente forman parte pasiva de la modificación constitucional.

Tenía sentido esta norma hasta antes de 1857. Ustedes recordarán que este artículo 135 tiene su antecedente inmediato en el artículo 127 de la Constitución del 56. Se explica el procedimiento porque existía una sola Cámara, la Cámara de Diputados. Si ustedes recuerdan, el Senado de la República quedó excluido en la Constitución del 57 y no es restituido sino hasta la Reforma Lerdo de Tejada, entrando en vigencia en 1874.

Por eso es muy importante darle congruencia y sentido a este artículo de la Constitución enmarcado en el 135, porque tenemos que darles a las legislaturas mayor poder en esta facultad revisora de la Constitución. Creo que es el momento de discutirlo con profundidad.

En algunos países del mundo, como España, incluso para presentar una iniciativa de reforma a la Constitución se requieren cuando menos tres diputados o cinco senadores o tres legislaturas de los estados. Y los estados, las entidades federativas o los land, en Alemania tienen un poder extraordinario para la presentación de iniciativas de reforma a la Constitución. México no, no lo tiene. Por esa razón yo estoy presentando esta propuesta de reforma al artículo 135 constitucional.

Es un estudio de derecho comparado amplio. Me gustaría que los que estuvieran interesados lo leyeran, porque tiene que ver con lo que está pasando en el país. La reforma a la Constitución ha sido muy manoseada durante toda esta parte contemporánea del México moderno, y tenemos que establecer procedimientos muy claros para reformar la Constitución.

En casi todos los países del mundo hay sistemas complejos para poder reformar la Constitución. México es de los países que tienen más laxitud y más flexibilidad para reformar la Constitución, incluso principios fundamentales que le dan origen al constitucionalismo mexicano.

Por esa razón, ciudadano presidente, le solicitaría de manera atenta que pudiera plasmar íntegra la iniciativa que este día estoy presentando para su discusión inmediata. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT

Ricardo Monreal Ávila, senador de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno del Senado de la República la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En el sistema mexicano el titular de la soberanía se reconoce originalmente en la voluntad del pueblo, quien cuenta con el poder de hecho para tomar decisiones y transformarlas en derecho. Al hacer uso de este poder, la soberanía del pueblo se constituye en Estado jurídicamente organizado al expedir su ley fundamental que conocemos como Constitución, mediante la cual se consigna la forma de gobierno, se crean los poderes públicos y se establecen las llamadas garantías individuales, subsumiendo en ella su propio poder soberano, por lo que se necesitaría la ruptura del orden constitucional para que aflorara la soberanía en su estado originario sólo bajo ciertos casos y determinadas condiciones.

Como se ve, la soberanía, una vez ejercida a través de la Constitución, reside exclusivamente en ella y no en los órganos o individuos que gobiernan. Como señala Hans Kelsen: “Sólo un orden normativo puede ser soberano, es decir, autoridad suprema, o última razón de validez de las normas que un individuo está autorizado a expedir con el carácter de mandatos y que otros individuos están obligados a obedecer. El poder físico, que es un fenómeno natural, nunca puede ser soberano en el sentido propio del término”. Así, la supremacía de la Constitución tiene su origen en ser expresión de la soberanía, y en que por serlo está por encima de toda ley y autoridad.

Todo ordenamiento jurídico tiene una fuente principal de la cual emanan las demás normas jurídicas. En el derecho positivo esa función le corresponde a la Constitución Política de cada Estado-Nación, ya que es a través de ella que se establecen los principios y bases para el funcionamiento del sistema jurídico.

La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, ya que es expresión de la soberanía del pueblo. Más su supremacía presupone dos condiciones que ella misma debe prever: 1) que el poder constituyente sea distinto de los poderes constituidos; y 2) que la Constitución sea rígida y escrita. Esto significa que si los órganos creados por la Constitución reciben de ella sus facultades, por ser una fuente superior, el poder redactor de la Constitución es diferente a ellos, ya que se encuentra jerárquicamente por encima y recibe el nombre de Poder Constituyente, en tanto que los órganos establecidos por él se les conoce como poderes constituidos.

Al ser la Constitución la norma suprema, va a convertirse en punto de referencia para todas las demás normas existentes dentro del sistema jurídico en que tiene vigencia, lo que implica que la ley fundamental será la fuente de los órganos primarios del Estado, la demarcación de sus competencias y el sustento original de todo el ordenamiento jurídico.

El principio de supremacía se basa en que la Constitución representa la unidad del sistema normativo y se encuentra en su punto más elevado. Por lo tanto, como ya se mencionó, contiene las normas primarias que deben regir para todos dentro de un país, sean gobernantes o gobernados, y así dichas normas primarias constituyen el fundamento de validez de todas las demás que por eso se han llamado secundarias y que forman el derecho positivo en general. En términos de José María Iglesias, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las postrimerías del siglo XIX: “Sobre la Constitución, nada; bajo la Constitución, todo”.

El principio de supremacía constitucional se consagra en el artículo 133 de nuestra Carta Magna, que señala que la Constitución será la ley suprema de toda la Unión. Algunos otros artículos también prevén el principio de supremacía constitucional: el 40, que establece que la forma de estado y la forma de gobierno deberán estar a los principios de la Ley fundamental; el 41, que prescribe que las constituciones de los estados integrantes de la federación no podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal; el 128, que dispone que todos los funcionarios públicos deberán al tomar posesión de su cargo protestar guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen; y el 116, que señala como deben organizarse las constituciones estatales.

Otra forma de entender la supremacía de la Constitución, es a partir de la pirámide kelseniana de jerarquía normativa. Esta formulación doctrinal establece que habrá un sistema jurídico cuando exista jerarquía y unidad, y en la cúspide de la pirámide se encuentra la Constitución, seguida en el peldaño inmediato por las leyes ordinarias, en el que sigue por las disposiciones reglamentarias y en peldaño inferior por los actos jurídicos concretos. En esta lógica, un acto jurídico tiene su fundamento en una norma reglamentaria, y ésta a su vez en una ley, y esta última su fundamento en la constitución, por lo que hay una congruencia en el sistema al existir una relación de dependencia en el ordenamiento. Para que una norma tenga validez debe encontrar su sustento en la norma inmediata superior, por lo que existe una relación de  subordinación de la primera con la segunda.

La Constitución es una norma jurídica. Toda norma jurídica pretende ser cumplida. Siguiendo al profesor Luis López Guerra, la Constitución tendrá sentido como norma jurídica mientras tenga validez y eficacia, ello en tanto que toda norma lo que busca es su cumplimiento, para lo cual necesita de un mecanismo que opere en caso de su incumplimiento para defender los mandatos que se contienen en su texto.

Las amenazas que pueden poner en riesgo la vigencia efectiva de la Constitución son de dos tipos: 1) la destrucción por la vía de hecho del ordenamiento constitucional; y 2) el incumplimiento de sus disposiciones.

En el primer caso, se trata de la destrucción de la Constitución por vías antijurídicas, como la insurrección o un golpe de Estado; en el segundo, se busca su olvido e irrelevancia por quienes están obligados a cumplirla –gobernantes y gobernados.

Ante estos dos tipos de amenazas, la misma Constitución ha establecido procedimientos para su defensa, a los cuales el autor anteriormente referido ha acertado en llamar defensa extraordinaria y ordinaria de la constitución. Estos consisten en que en tiempos de normalidad, el control de la constitucionalidad mantenga vigente la norma fundamental; y para tiempos de violencia directa y frontal a la constitución, los poderes extraordinarios garanticen el mantenimiento del orden democrático-constitucional.

En nuestro país contamos con tres procedimientos principales para garantizar la supremacía de la constitución respecto de la legislación ordinaria:

1) El juicio de amparo es un instrumento procesal para proteger jurisdiccionalmente los derechos fundamentales contenidos en la Constitución. El juicio de amparo es un procedimiento cuyo único objeto es imponer a la autoridad el respeto al derecho o derechos del quejoso, dentro del marco de su reclamación, a fin de restablecer el orden jurídico según el régimen establecido por la constitución; en dicho procedimiento  se determina si la autoridad responsable ajustó sus actos a los preceptos constitucionales de respeto a los derechos que sean aplicables al caso concreto.

2) La controversia constitucional es un procedimiento para garantizar el respeto del marco de competencias establecido en la constitución. Están legitimados para vindicar sus competencias los poderes u órganos que gozan de autoridad, en ejercicio de las facultades que les han sido otorgadas por la Carta Magna. Mediante la controversia la Corte busca constreñir su actuación a lo establecido en la Constitución, dado que alguna de las partes invadió la esfera competencial de la otra.

3) La acción de inconstitucionalidad trata de un procedimiento a través del cual se plantea la posible contradicción entre una norma ordinaria de carácter general y la Constitución.

Los procedimientos antes descritos tienen su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: el juicio de amparo se encuentra previsto en los artículos 103 y 107; las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, en el artículo 105 de nuestra ley suprema.

De acuerdo a su origen y función en congruencia con el principio de supremacía, la Constitución no puede ser modificada a través del procedimiento legislativo ordinario, por lo que se necesita de uno distinto para poder reformar la ley suprema de nuestro país.

El origen de la norma fundamental es el pueblo. El pueblo hace y aprueba constituciones, mientras que el poder legislativo –los representantes del pueblo– sólo están autorizados a hacer leyes ordinarias.

La función de una Constitución es establecer la relación entre el individuo y el Estado, y la organización del Estado. Por tanto una Constitución no puede estar a merced del poder público ordinario al que pretende controlar mediante un marco de competencias. Además la constitución establece el sistema de fuentes del derecho, y uno de los valores que animan a dichas fuentes es la seguridad jurídica.

Toda Constitución como norma fundamental del sistema jurídico en que opera debe ser estable para que no exista incertidumbre jurídica; es por ello que el Poder Constituyente determina los métodos para asegurar esta estabilidad y así, al agravar los requisitos necesarios para modificar su contenido busca darle certidumbre jurídica a lo previsto en ella. Sin embargo, la estabilidad de cualquier Constitución depende no tanto de su forma, como de los factores sociales y económicos que la apoyan y sostienen y, por lo tanto, resulta importante señalar que el sistema jurídico de un país debe cambiar tal y como lo hace la sociedad en la que tiene vigencia, debido a que la transformación social que sufre cada pueblo necesita del continuo avance de su norma fundamental, que debe ser dinámica para no quedarse estancada con supuestos jurídicos que ya no se adecuen a la realidad social en la que opera. Y es por ello que cada constitución cuenta con un procedimiento para mantenerse al día, debido a que la sociedad en la que tiene aplicación va evolucionando a través del tiempo.

Según el método de reforma adoptado, las Constituciones se clasifican en rígidas y flexibles. En el primer caso se trata de Constituciones que establecen métodos especiales y en ocasiones órganos extraordinarios para lograr hacer cambios en el texto constitucional; mientras que por lo que hace a la segunda clasificación no se requiere de ningún procedimiento especial para poder cambiar el texto constitucional, ya que éste puede ser modificado a través del proceso legislativo ordinario previsto para la creación y reforma de leyes.

Existen varios sistemas para reformar una Constitución, algunos de ellos establecen mayorías especiales para que sean aprobadas las iniciativas de reforma, otros plantean además de la mayoría especial un quórum específico para poder discutir las iniciativas, así también hay los que prevén la posibilidad de la iniciativa popular o aquellas que necesitan de un referéndum para poder ser ratificadas y convertirse en parte del texto constitucional.

La Constitución mexicana vigente es una constitución rígida, ya que su reforma se hace por medio de un órgano compuesto por el Congreso de la Unión y las Legislaturas estatales. Este poder reformador recibe en la doctrina el nombre de “Constituyente Permanente”, considerando que participa de la función soberana del pueblo ya que puede alterar la constitución, su función es necesariamente constituyente; y como sobrevive al poder constituyente, se le puede calificar de permanente. Este órgano, a pesar de encontrarse previsto en la constitución se encuentra por encima de las poderes constituidos previstos en ella, como lo son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, toda vez que por tratarse de la norma fundamental del país, el constituyente determinó que fuera un órgano superior a los que la misma Constitución establece, ya que de lo contrario se dejaría al arbitrio de los poderes constituidos, y bajo los mismos procedimientos utilizados en el ejercicio de sus atribuciones, el modificar la voluntad del constituyente. Por ello, para poder realizar cambios en la constitución se necesita de un órgano superior al conocido como legislador ordinario, el cual a través de procedimientos especiales y con facultades determinadas puede reformar el texto constitucional, de acuerdo a lo previsto en el artículo 135 de nuestra norma fundamental.

Existen varios autores que han tratado de definir al poder constituyente, la de Linares Quintana parece ser la más adecuada al señalar que “es la facultad soberana del pueblo para otorgarse su ordenamiento jurídico-político fundamental originario a través de una Constitución”. Es decir, el poder constituyente es la atribución de estructurar libremente una Constitución, de constituir un orden jurídico a partir de una norma jerárquicamente superior a todas las demás.

El poder constituyente debe ser estudiado desde diferentes ángulos, entre los cuales destaca el que tiene que ver con su titular, es decir, quién debe realizar la función que se le encomienda. De acuerdo con Reinaldo Vanossi éste no es un problema jurídico sino más bien ideológico, dependiendo del régimen político que se trate de construir. Sobre esto mismo Sánchez Agesta agrega que el titular del poder constituyente no será quien quiera o crea estar legitimado para ello, sino quien esté en condiciones de dar una decisión eficaz, por lo que según este autor, el poder constituyente puede ser un dictador, un tirano, una clase social o bien, el pueblo.

Dentro de la teoría democrática el titular del poder constituyente no puede ser otro que el pueblo, puesto que dicho poder “pertenece originaria y esencialmente al pueblo, y no se puede ejercer de un modo satisfactorio sin su directa intervención”. Es importante señalar que para que el poder constituyente logre su objetivo, se requiere que ese poder tenga la hegemonía suficiente para imponerse a todas las voluntades que dentro de un conglomerado humano suelen actuar.

Del análisis expuesto por Pedro de Vega en su libro, “La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente”, tenemos que un Estado constitucional cuenta con dos principios fundamentales: uno, el principio político democrático, que señala que es facultad del pueblo como titular de la soberanía, el ejercicio de poder constituyente, y dos, el principio de supremacía constitucional, que considera que la constitución es ley superior que obliga a gobernantes y gobernados.

De acuerdo con la teoría del pacto social de Rousseau, el pueblo es soberano, y al ser la soberanía inalienable, el pueblo sólo debe obedecerse a sí mismo, ejercitando de forma directa el poder político, de lo que entendemos que la única democracia capaz de satisfacer estos requisitos de la soberanía ejercida por el pueblo de forma directa, es la democracia directa o de identidad, lo que nos lleva a que cualquier intento de limitación de poderes resulta incongruente, toda vez que no sería posible limitar al pueblo por ser el titular de la soberanía, por lo que la idea de una constitución como mecanismo de control resulta impensable en este orden de ideas. Es por ello que para la viabilidad de una constitución como instrumento organizador y limitador de los poderes del Estado, se hace necesario el imperativo impuesto por la realidad y por la historia de la democracia representativa, por encima de la teoría contractualista.

Al admitir el principio democrático de la soberanía popular como legitimador del Estado, y a la democracia representativa como la única forma viable de organización para la comunidad política, se establecen las bases sobre las que surge el poder constituyente. La democracia representativa implica la distinción entre representantes y representados, entre gobernantes y gobernados, y es así que la suprema autoridad del pueblo frente a la del gobernante, plantea el establecimiento de una constitución que obligue por igual a gobernantes y gobernados. La democracia constitucional como organización para la comunidad política debe observarse también como un límite que el pueblo se auto impone en ejercicio de su soberanía, para cuidarse de sí mismo, de pasiones momentáneas infladas por demagogos, lo que en inglés se conoce como “mob rule”, y que se entiende como el gobierno de las masas.

En contraposición de los poderes constituidos, ordenados y limitados en la constitución, aparece de este modo como poder previo, ilimitado y total, el poder constituyente cuya naturaleza es la de un poder absoluto y total, lo que nos lleva a la conclusión de que a diferencia de los poderes constituidos, que tienen su fundamento en la constitución y desde ella justifican su modo de actuación, el poder constituyente se justifica a sí mismo, y por tener un carácter pre-jurídico no sólo es ilimitado en los contenidos de su voluntad, sino también en las formas de su ejercicio.

La forma como el pueblo debe ejercer su derecho a la soberanía ha tenido dos sistemas diferentes: el americano, que requiere siempre de la participación directa del mismo pueblo como efectivo titular de la soberanía, y que sometía cualquier proyecto de constitución elaborado por las convenciones designadas al efecto a la ratificación popular a través del referendo; y el europeo, conforme al cual se incorpora el principio representativo a la mecánica del poder constituyente, al sustituir el concepto de la soberanía del pueblo por el de la soberanía de la nación, y al ser ésta una entidad abstracta necesita para poder expresar su voluntad de representantes, por lo que la voluntad constituyente solo podrá concretarse a través de representantes. Una vez terminada y aprobada la Constitución, el poder constituyente desaparece.

Ahora bien, encontramos que la Constitución no tiene su fundamento de validez en una norma, sino en una decisión política que toma un ser político sobre el modo y la forma del propio ser; así entendido, el poder constituyente pertenece al mundo del ser, ya que no se encuentra sometido a formas o procedimientos jurídicos sino que actúa siempre en estado de naturaleza. De lo anterior podemos resumir que el poder constituyente se encuentra dentro del campo de estudio del ser, pero con una especial importancia para el conocimiento del derecho constitucional.

Al ser el poder constituyente una expresión de la soberanía con el propósito de crear su norma fundamental existen, de acuerdo con el maestro Sieyés, tres circunstancias en las que puede ser convocado el poder constituyente (dos de las cuales pueden ser ejemplificadas a través de la historia de nuestro país):

1) La primera circunstancia, supone que una Colonia o reino dependiente alcanza su independencia y así asume su soberanía que se encontraba sometida y por ello convoca a un congreso constituyente.

2) El segundo caso, se refiere a la existencia de una trasgresión al orden jurídico que rige en un Estado constituido, y que con el triunfo del movimiento revolucionario, el grupo que obtiene la victoria convoca a un Congreso constituyente.

3) El tercer caso, necesita que la Constitución vigente en determinado Estado prevea un proceso constitucional, que tenga el propósito de modificar la ley suprema o substituirla con otra convocando a un Congreso constituyente.

En la doctrina resulta muy importante distinguir entre poder constituyente y el de asamblea o congreso constituyente y, en algunos casos el de asamblea proyectista. El poder constituyente es el pueblo que decide un orden jurídico, que construye una Constitución.

La asamblea o congreso constituyente (modelo europeo), es la designada por el pueblo con el objeto de discutir y aprobar una Constitución. En el caso mexicano, fue un congreso constituyente el que dicto y aprobó nuestra Carta Magna.

Jurídicamente el poder constituyente no tiene límites ya que, como se dijo antes, opera dentro del campo del ser, es decir ante la nada jurídica; sin embargo, ya en el siglo XX y XXI el derecho internacional y algunas razones históricas pudieran ser un límite a ese poder, como por ejemplo restringirse al territorio del Estado internacionalmente aceptado.

En términos prácticos resulta imposible que el pueblo como unidad, como seres humanos se sienten todos a elaborar, discutir y votar una constitución. Es por ello que como explicaba anteriormente se elige un cuerpo de representantes populares al que denominamos congreso constituyente para que en ejercicio del poder soberano del pueblo elaboren una Constitución en su nombre. Este cuerpo legislativo es diferente al poder constituyente, ya que sólo es depositario de ese poder, por lo que se requiere que sean auténticos representantes todos aquellos que formen parte del congreso constituyente, para que así sea la voluntad de la nación la que se encuentre presente para elaborar el texto con toda la legitimidad necesaria.

Los poderes constituidos son aquellos poderes o instituciones públicas que derivan de la Constitución, es decir son establecidos por ella. En el caso mexicano se trata de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, a los cuales la misma ley suprema les concede facultades y competencias, por lo que inferimos que se encuentran limitados ya que sólo pueden actuar conforme a lo establecido por la Carta Magna. También aquí se ubican los órganos constitucionales autónomos de última generación: El Banco de México, el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Para empezar diremos que los poderes constituidos derivan de la Constitución, por lo que son limitados, siendo que cuentan con facultades explícitas. Cualquier materia que no se encuentre prescrita dentro de ellas, no la pueden ejercer.

Estos órganos obtienen sus poderes de la Constitución; en ella se encuentra previsto de forma expresa, por ejemplo, que le corresponde a los poderes de la Federación y qué a los Estados federados, siendo las facultades de los primeros explícitas porque están de forma concisa dentro del texto constitucional, en tanto que aquello no otorgado a la Federación, se entiende reservado a los estados.

Tena Ramírez señala: “El origen de la distinción entre las dos clases de poderes se encuentra en la organización constitucional norteamericana. La teoría de la separación de los tres poderes de Montesquieu, además de plantear ya de por sí la división del poder público, presuponía lógicamente la necesidad de un poder más alto que marcara a cada uno de los tres órganos su respectiva competencia. Esto no lo alcanzó a advertir Montesquieu, ni se dio cuenta tampoco de que la unidad del Estado, quebrantada por la división de los poderes, se reconstruía en la obra del constituyente”.

Algunas diferencias entre estos dos poderes son:

1. Cronológicamente el poder constituyente es anterior a los poderes constituidos;

2. El poder constituyente desaparece una vez terminada su obra, la Constitución, en tanto que los poderes constituidos una vez promulgada la Constitución empiezan a existir; y

3. El poder constituyente no gobierna, sólo expide la norma en virtud de la cual gobiernan los poderes constituidos.

+ El proceso de reforma Constitucional en México.

Las Constituciones que han regido en nuestro país pueden ser consideradas como rígidas, ya que el procedimiento previsto para su reforma es un método especial.

- Constitución Política de la Monarquía Española.

El primer antecedente en nuestro país del procedimiento de reforma constitucional es el que establecía la Constitución de la monarquía española de 1812.

Se trataba de un procedimiento muy complejo, ya que para que una iniciativa pudiera convertirse en parte de la Constitución transcurrían por lo menos tres diputaciones o legislaturas, con una vigencia de dos años cada una, lo cual necesariamente tenía como resultado que se necesitaran seis años para hacer una modificación al texto constitucional. En cada una de las legislaturas se requería que la aprobación de una iniciativa de reforma fuera aprobada por una mayoría calificada cada vez que se sometía a discusión.

Es de hacerse notar que el procedimiento anteriormente descrito, a pesar de ser muy complicado, no presenta lagunas ni deja lugar a interpretaciones por parte del llamado constituyente permanente, toda vez que de manera puntual señala las reglas necesarias para reformar la Constitución.

El artículo 377 establecía la facultad de iniciativa, que era exclusiva de los diputados y tenía que presentarse por escrito y firmada al menos por veinte diputados. Una vez presentada la iniciativa era leída tres veces ante el pleno con un intervalo de seis días entre cada lectura y al terminar éstas se deliberaba sobre si se aceptaba a discusión o no; en caso de ser aceptada seguía el mismo trámite que todas las leyes ordinarias para su aprobación, con el requisito de que debía aprobarse esta iniciativa por las dos terceras partes de los votos de los diputados. Esta aprobación tan sólo era un requisito para que  pudiera volverse a discutir la iniciativa en la diputación siguiente.

Una vez aprobada por la primera diputación, la segunda diputación que conocía la iniciativa debía seguir las mismas formalidades referidas que la diputación anterior; en el segundo año de sus sesiones si así lo aprobaban las dos terceras partes de los votos de la segunda diputación, debía hacer la declaración de otorgamiento de poderes especiales a la siguiente diputación para hacer la reforma.

Hecha esta declaración, se mandaba a publicar y comunicar a todas las provincias y, de acuerdo con el tiempo en que se hubiere hecho, las Cortes determinarían si los poderes especiales se le concedían a la siguiente diputación o a la inmediatamente posterior a esta última. Los poderes especiales eran otorgados por las juntas electorales de provincia en la convocatoria que expedían para elecciones, y una vez en funciones la nueva diputación, se discutía otra vez la iniciativa en los mismos términos que en las dos anteriores diputaciones, y si era aprobada por las dos terceras partes de los votos, entonces la iniciativa se tenía por ley constitucional, por lo que era publicada por las Cortes y una diputación se la hacía conocer al Rey para que este la publicara y circulara a todos los pueblos de la monarquía.

En esta Constitución, el Rey tenía el derecho de vetar las iniciativas de reforma constitucional, ya que al seguirse el procedimiento legislativo ordinario previsto en los artículos 132 a 153 de este ordenamiento se le otorgaba esta facultad, y como no se trata de un órgano superior a los poderes constituidos el que aprueba la iniciativa, sino que estos mismos con algunos requisitos especiales son los que dan forma al procedimiento de reforma, pues es de entenderse que toda iniciativa de reforma constitucional era objeto de un posible veto por parte del monarca como cualquier otra iniciativa de ley.

- Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos (1824).

El segundo antecedente es el que se encuentra previsto en la Constitución de 1824, promulgada justo después de que nuestro país lograse su independencia de la Corona Española.

En este ordenamiento el procedimiento de reforma constitucional es realizado por el Congreso General, pero se le permite cierta participación a las Legislaturas estatales, y aunque también se hace referencia al procedimiento legislativo ordinario como parte del procedimiento de reforma constitucional, de forma expresa se encuentra señalado que el Ejecutivo no cuenta con facultad de veto.

En esta Constitución en sus artículos 165 a 171 se establecía que no se podían hacer observaciones o reformas al texto constitucional sino hasta 1830, y en su caso éstas tenían que provenir de las Legislaturas estatales para que el Congreso General las analizara, y si las calificaba de pertinentes emitía una declaración que el Presidente estaba obligado a comunicar y publicar sin hacer observaciones. El Congreso siguiente en el primer año de sus sesiones se ocupaba de las observaciones contenidas en la declaración del Congreso anterior, quedando como regla que ninguna reforma constitucional debía ser calificada y decretada por el mismo Congreso.

Las observaciones hechas con posterioridad a 1830 serían consideradas por el Congreso en el segundo año de sesiones, y si se calificaban de necesarias, se hacía la declaración para que el siguiente Congreso se ocupara de ellas. El artículo 170 de esta Constitución establecía que para las reformas y adiciones posteriores al año de 1830, se debía seguir el procedimiento legislativo ordinario para reformar la Constitución, pero con la disposición expresa en el mismo artículo de que el Presidente no podía hacer observaciones a estas iniciativas de reforma constitucional, es decir, no tenía la facultad de veto.

Lo que resulta más trascendente de este procedimiento es que el artículo 171 limita el poder del Constituyente Permanente, ya que señala una serie de principios que no pueden ser objeto de reforma, como lo son la independencia y libertad de la nación, así como la división de poderes en la Federación y los estados y algunos otros, que sujetaban a cualquier intento de reforma a respetar estos principios fundamentales que integraban la Constitución.

Es importante señalar que ningún artículo establecía la facultad de iniciativa en materia de reformas a la Constitución, salvo como se precisó en el párrafo anterior la posibilidad de las Legislaturas estatales de hacer observaciones; sin embargo, es posible que así como se seguía el procedimiento legislativo ordinario en la discusión y aprobación de las iniciativas de reforma al texto fundamental, también se tuviera como facultados para presentar este tipo de iniciativas a los mismos que podían presentarlas en materia de leyes secundarias. Así tampoco se establece una mayoría superior a la requerida para aprobar una ley, por lo que podemos concluir que no se trata de un órgano superior a los poderes constituidos, sino que se trata de ellos mismos pero con algunas salvedades como la comentada sobre las limitaciones del artículo 171 y otras descritas anteriormente.

- Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos (1857).

El último antecedente histórico federal de reforma constitucional es el que se encuentra previsto en el artículo 127 de la Constitución de 1857, el cual señala la posibilidad de hacer reformas o adiciones a la Carta Magna y establece el órgano facultado para hacer estos cambios.

El artículo 127 señala que el Constituyente Permanente en este caso, es un órgano superior a los poderes constituidos, ya que integra al Congreso de la Unión con las Legislaturas estatales para reformar la Carta Magna, así también se establece que la mayoría con la que debe ser aprobada la iniciativa de reforma en el Congreso de la Unión debe ser calificada, es decir, dos terceras partes de los votos de los individuos presentes, y que una mayoría simple de las legislaturas estatales deben dar su consentimiento para lograr hacer la reforma. El cómputo del voto de las Legislaturas estatales era realizado por el Congreso de la Unión.

Es importante señalar que en esta Constitución el Congreso de la Unión era unicameral, toda vez que sólo existía la Cámara de Diputados y no así el Senado. La reforma hecha en 1874 incluyó de nuevo al Senado, pero el artículo 127 no se reformó para adecuarse a la nueva realidad con un Congreso de la Unión integrado por dos Cámaras.

Este artículo deja lagunas jurídicas con respecto al procedimiento, ya que no establece quién tiene facultad de iniciativa, tampoco señala cual debía ser el trámite que debía seguir una iniciativa de reforma dentro del Congreso de la Unión para reformar la Constitución, tan sólo se limita a establecer al órgano y señalar requisitos necesarios para lograr la reforma.

A pesar de los anterior y a través de la interpretación sistemática de la Constitución, se logró subsanar estas omisiones del Poder Constituyente y se determinó seguir el procedimiento legislativo ordinario para la consecución de las reformas, así como la facultad de iniciativa prevista para las leyes secundarias; sin embargo, se dejó sin regulación el procedimiento a seguir en cada una de las Legislaturas Estatales para aprobar las iniciativas de reforma que les eran enviadas por el Congreso de la Unión.

Otra observación a este artículo es que por tratarse del procedimiento legislativo ordinario el que se ocupa en el trámite que se le da a las iniciativas, no deja de saltar a la vista la posibilidad que queda abierta a interpretación, de que el Ejecutivo haga observaciones a una iniciativa ya aprobada por el Constituyente Permanente, lo que significaría que un poder constituido hubiera podido hacer observaciones a un proyecto que se encuentra fuera de sus facultades, toda vez que no puede situarse el Presidente por encima del Constituyente Permanente.

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917).

La disposición constitucional que actualmente regula el procedimiento de reformas a la Constitución, es una copia del artículo 127 de la Constitución de 1857, que analizamos en el inciso anterior, por lo que se heredaron los inconvenientes que presentaba aquella norma, ya que la única adición que se le ha hecho al vigente artículo 135 de nuestra Carta Magna, es el establecimiento de que puede ser la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la que realice el cómputo de los votos de las Legislaturas estatales.

Como se menciono respecto del antecedente inmediato, a través de una interpretación sistemática de la Constitución, los facultados para iniciar una reforma constitucional son los mismos que pueden hacerlos respecto de leyes secundarias, es decir, son aquellos señalados en el artículo 71 de nuestra Constitución. Una vez presentada, la iniciativa sigue el mismo trámite previsto en el artículo 72 de la norma fundamental para su discusión en el Congreso de la Unión, con el requisito previsto en el artículo 135 de que la aprobación deberá ser de dos terceras partes de los individuos presentes en cada Cámara.

Una vez aprobado un proyecto de reforma por el Congreso de la Unión, se envía a las Legislaturas estatales para que emitan su voto, ya sea a favor o en contra del proyecto de reforma constitucional, en tanto que el Congreso de la Unión o durante sus recesos la Comisión Permanente hace el conteo de los votos emitidos por las Legislaturas locales. Una vez aprobado el proyecto por la mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los Congresos Estatales, se envía al Ejecutivo federal para su publicación.

+ Derecho Comparado

- Estados Unidos de América.

Los norteamericanos cuentan con un sistema complejo para realizar enmiendas a su Constitución. Aunque establecen dos procedimientos alternativos para reformarla, no dejan ambos de ser rígidos al necesitarse mayorías específicas para la aprobación de las iniciativas, así también en este sistema se toma mucho en cuenta a las legislaturas estatales como parte del procedimiento de reforma.

Este procedimiento, al ser de carácter rígido por requerir de mayorías específicas para reformar la constitución, le ha dado a la norma fundamental norteamericana una gran estabilidad a lo largo de su historia, aunque no es bastante clara por lo que hace a la discusión y aprobación de la iniciativa, por lo que deja a juicio del legislador estos asuntos de no menor importancia.

- Italia.

El procedimiento de reforma constitucional previsto en la Constitución de la República Italiana es rígido, ya que establece un procedimiento para la creación y reforma de leyes ordinarias, y otro para la reforma de su carta magna, esto es, el órgano facultado es el mismo para ambos procedimientos, pero la reforma constitucional necesita de la votación mayoritaria de todos los miembros de ambas cámaras, en tanto que las legislación ordinaria permite su aprobación incluso a través de comisiones por lo que no necesita de todos los miembros de las cámaras; fuera de este requisito los pasos a seguir para reformar la Constitución y cualquier ley son los mismos. La iniciativa popular se encuentra prevista para ambos casos, así como el referéndum de existir la solicitud por parte de los votantes o de los consejos regionales; resulta importante señalar que en este caso al no crearse un órgano superior para la reforma constitucional, el Presidente tiene la facultad para hacer observaciones a un proyecto aprobado por las Cámaras, aunque éstas tengan la posibilidad de no atenderlas en caso de volver a aprobar el mismo proyecto. Los artículos 138 y 139 del ordenamiento italiano dejan muchas lagunas en cuanto al procedimiento en sí, que se subsanan a través de la interpretación de la ley fundamental.

- España.

El procedimiento de reforma constitucional que se encuentra previsto en el texto fundamental español, establece dos tipos de reforma: la parcial y la total, en el primer caso se trata de cualquier enmienda que se proponga introducir al texto constitucional; y en el segundo caso se refiere a un cambio total de la Constitución.

El procedimiento previsto en la Constitución española parece ser uno bastante completo, es decir, no le permite al Poder Revisor de la Constitución mayor interpretación. En cuatro artículos detalla de manera general pero muy precisa cuáles deberán de ser las condiciones para reformar el texto constitucional, y tan sólo deja a interpretación el sistema que deberá seguir la iniciativa durante su discusión en ambas cámaras, además la Constitución en sí no prevé la posibilidad de hacer observaciones a los proyectos aprobados por las cámaras por parte del Rey o el Presidente del Gobierno; sin embargo, señala las mayorías con que deberán ser aprobadas las iniciativas y así también quién tiene facultad de iniciativa.

- Alemania.

La reforma constitucional en Alemania es rígida como en casi todas las constituciones escritas. Precisa de mayorías especiales para su aprobación, aunque no se necesite un órgano distinto al poder legislativo ordinario para sacar adelante las iniciativas presentadas.

El análisis de los artículos que establecen el procedimiento de reforma en la Ley Fundamental Alemana nos permite darnos cuenta de que no se hace referencia a la facultad de iniciativa, así tampoco se establece qué procedimiento se debe seguir para la discusión de un proyecto de reforma en ambas cámaras, más bien se dan requisitos que deberá cumplir la iniciativa para poder entrar en vigor. Por lo que hace a la figura del veto pareciera no existir dentro del sistema jurídico alemán, por lo menos no en los términos que lo conocemos en el sistema presidencial de nuestro país.

- Francia.

La Constitución francesa se caracteriza por tan sólo establecer principios mínimos dentro de su texto, dejando el mayor trabajo para la legislación secundaria y los poderes constituidos. El procedimiento de reforma constitucional no es la excepción y tan sólo establece algunas normas básicas para ello.

Del estudio de su articulado se puede ver que se trata de un sistema rígido de reforma, ya que se prevén procedimientos extraordinarios para aprobar una iniciativa que pretenda modificar el texto constitucional, además de que en caso de considerarlo prudente el Presidente puede convocar al Parlamento en Congreso para hacer la aprobación de un proyecto, lo que significa un órgano superior al legislativo ordinario al funcionar ambas cámaras en asamblea única.

Como ya se dijo anteriormente, la Constitución francesa tan sólo señala principios básicos, por lo que no establece el procedimiento a seguir en las cámaras para la discusión de la iniciativa o sobre la publicación y promulgación del decreto que modifique el texto de la Carta Magna; por lo que hace al veto, al no hacerse mención al respecto se considera que la figura no se encuentra prevista dentro del ordenamiento jurídico.

- Costa Rica.

Por tratarse de un sistema rígido establece requisitos especiales distintos al procedimiento legislativo ordinario para lograr la modificación del texto fundamental, así también prevé la reforma total de la Constitución y su procedimiento.

Resulta importante resaltar que la Constitución costarricense sostiene varios aspectos básicos sobre cómo debe ser el procedimiento de reforma constitucional, por ejemplo, señala quien tiene la facultad de iniciativa, así también remite al procedimiento legislativo ordinario durante el proceso de discusión y aprobación del proyecto de reforma, aunque estableciendo las mayorías específicas para cada caso, así como los tiempos para la consecución de la reforma; en este caso también se prevé la posibilidad de someter a referéndum el proyecto de reforma una vez aprobado pero antes de entrar en vigor. Por lo que hace a la reforma total de la constitución de Costa Rica, resulta ilustrador el hecho de que se encuentre previsto de forma explícita, ya que en constituciones como la nuestra, no se tiene señalamiento alguno sobre la posibilidad de una reforma total, por lo que se deja a la interpretación una cuestión tan trascendental como ésta.

Como ya se ha señalado a lo largo de esta iniciativa el procedimiento de reforma constitucional es un medio de defensa ordinario para garantizar la supremacía de la constitución. Al establecer un método agravado para poder introducir cambios en las normas constitucionales, se garantiza que ningún poder constituido pueda reformar nuestra norma fundamental por sí mismo, sino que se necesite de un método especial para estar en posibilidad de cambiar en alguna parte el texto constitucional.

Actualmente hay temas que dejan lugar a la interpretación del procedimiento de reforma constitucional, que deben ser corregidos, más aún cuando se ha puesto de “moda”, impugnar los cambios a nuestros Carta Magna, por la vía del Juicio de Amparo, donde algunos jueces han interpretado equívocamente el artículo 135 de la Constitución Mexicana.

El artículo 135 constitucional no hace referencia alguna a los individuos facultados para presentar una iniciativa de reforma a nuestra Constitución. Es por ello que a través de la historia el poder revisor de la Carta Magna ha interpretado que los facultados para presentar iniciativas de reforma constitucional, son los mismos que prevé el artículo 71 de la norma fundamental, entre los que se encuentran el Presidente de la República, los diputados y senadores, así como las legislaturas de los Estados. A tal conclusión se ha llegado a través de una interpretación sistemática de la Constitución, por lo que habría también que sumar a esta lista de facultados para iniciar una reforma constitucional a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en asuntos relacionados con este ente jurídico, conforme a lo previsto en el artículo 122 de la misma norma fundamental.

La falta de previsión en el artículo 135 respecto de la facultad de iniciativa ha generado que sea a través de la interpretación hecha por el Constituyente Permanente, la forma como se ha subsanado esta laguna.

En el caso particular de los senadores y diputados, creo que debería de requerirse un número determinado de legisladores que apoyen una iniciativa de reforma constitucional, ya que al permitirse la presentación de forma individual por parte de un legislador, lo que genera es que no se le dé la importancia suficiente al no contar desde un inicio con un apoyo sustancial que le permita abrirse paso en la agenda legislativa del Congreso de la Unión.

El artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es omiso en cuanto al procedimiento a seguir para una iniciativa de reforma constitucional durante su trámite en el Congreso de la Unión, ya que se limita a señalar tan sólo la mayoría con que debe ser aprobado en dicho órgano colegiado, más nunca hace referencia alguna sobre las reglas que deberá observar en alguna de las Cámaras.

De lo expuesto en el párrafo anterior surgen varias incógnitas: una de ellas es la posibilidad de que el Congreso de la Unión actúe como asamblea única por tratarse de una reforma constitucional, y no en Cámaras separadas como lo hace en el procedimiento legislativo ordinario. Esta duda encuentra su origen en la Constitución de 1857, ya que su artículo 127 es el antecedente inmediato del artículo 135 actual, y en aquella Constitución el Congreso de la Unión solamente se encontraba integrado por la Cámara de Diputados, ya que el Senado no había sido considerado por el Constituyente del ´56, aunque en una reforma posterior a la Constitución se incluyó de nueva cuenta al Senado de la República como integrante del Congreso; más esa modificación nunca se puntualizó en el artículo referente a las reformas constitucionales, por lo que al referirse al Congreso de la Unión en la Constitución del ´57 se trataba exclusivamente de la Cámara de Diputados.

Al igual que en el caso de la facultad de iniciativa, el poder revisor de la Constitución ha tenido que interpretar sistemáticamente nuestra norma fundamental para subsanar esta omisión cometida por el Poder Constituyente al redactar el artículo 135, y es por ello que se usa el proceso legislativo ordinario previsto en el artículo 72 constitucional, para darle seguimiento a una iniciativa presentada en cualquiera de las dos cámaras. Así, la propuesta de reforma es discutida en ambas cámaras de forma separada pero sucesiva. Para subsanar esta laguna se debe adicionar el artículo 135 para que haga referencia expresa a que el trámite de discusión se seguirá en los mismos términos que señala el artículo 72 de la norma fundamental, así como en los artículos relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y sus reglamentos.

Derivado de la interpretación hecha por el poder revisor, tenemos que el artículo 72 de la norma fundamental mexicana es el que rige el trámite que se le da a una iniciativa de reforma constitucional presentada en cualquiera de las dos cámaras. De la lectura del mismo artículo encontramos la figura del veto presidencial, o facultad del Poder Ejecutivo de hacer observaciones, así como la promulgación las cuales están previstas para el procedimiento legislativo ordinario. Pero no debiera aplicarse para el caso de una reforma constitucional, toda vez que no se trata del poder legislativo constituido y normado por la Constitución sino que se trata del poder revisor de la misma, por lo que resulta equívoco pensar que este poder pudiera verse sometido a la voluntad de un poder constituido como lo es el Ejecutivo Federal. Es por ello que las figuras del veto y la promulgación no tienen cabida en el procedimiento de reforma constitucional.

A pesar de resultar obvia la solución a la problemática planteada anteriormente, no deja de ser posible que el Ejecutivo federal en uso de las facultades que le confiere el artículo 72 de la Constitución, intente vetar un decreto de reforma constitucional, aprobado por el Congreso de la Unión a través del voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. Debe considerarse también que técnicamente se encuentra superado este obstáculo del veto, debido a la votación requerida para la aprobación de una iniciativa de reforma constitucional, que es la misma que debe obtener un proyecto de ley ordinaria para superar las observaciones hechas por el Presidente.

Tal y como se configuraba en la Constitución de 1824, la solución a este problema sería señalar de forma expresa que el Ejecutivo no puede hacer observaciones a un proyecto de reforma constitucional aprobado por el Constituyente Permanente, y que no es necesaria la promulgación ya que se trata de no someter a un poder constituido la voluntad del constituyente permanente.

Como ya se menciónó anteriormente, el poder revisor de la Constitución se encuentra integrado por el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas. Sin embargo, el artículo 135 no señala cuál es el procedimiento a seguir en dichas legislaturas por lo que se refiere a quórum, discusión y aprobación. Lo único a que hace referencia el artículo que norma el procedimiento de reforma en nuestra Constitución, es que el proyecto de reforma deberá ser aprobado por la mayoría de las Legislaturas estatales. Conforme con la presente iniciativa vale la pena recordar que también deber participar la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, entendiendo que a pesar de que el Distrito Federal es un ente jurídico con una naturaleza diferente a los Estados, no existe ningún impedimento para que participe en el procedimiento de reforma a la Ley fundamental.

Otra laguna en el procedimiento de reforma constitucional, es la que se refiere a la contabilización de los votos emitidos por las legislaturas estatales, con respecto a la aprobación o no de un proyecto de reforma enviado a ellas por el Congreso de la Unión.

El problema que surge respecto de esta parte del procedimiento, es que el artículo respectivo sólo señala que para formar parte de la Constitución un proyecto de reforma deberá ser aprobado por la mayoría de las legislaturas estatales, más no especifica si es necesario contabilizar el voto de todas las legislaturas o si con el solo hecho de conseguir el voto de la mayoría de ellas, ya no sería necesario esperar la determinación que tomen las demás con respecto del mismo proyecto de reforma enviado por el Congreso de la Unión.

El plazo cuando deberán emitir su aprobación o rechazo a un proyecto de reforma no está establecido, y se ha dado el caso de que una reforma de este tipo se queda detenida durante mucho tiempo en las legislaturas estatales, por lo que resulta importante también establecer un plazo específico para que las legislaturas se pronuncien respecto del proyecto enviado a ellas para el caso de no hacerlo dentro del previsto se les tendría por aprobado, ya que se busca crear un consenso alrededor de una reforma constitucional.

El plazo del que se habla en el párrafo anterior para que las legislaturas se pronuncien respecto de un proyecto de reforma constitucional podría ser de seis meses, ya que existe un antecedente en el artículo 73, fracción III, inciso 3° de la misma Constitución, en el cual se establece un plazo igual a los Congresos Estatales para enviar un informe al Congreso de la Unión respecto de la formación de nuevos estados dentro del territorio de los ya existentes, lo que implica una reforma a la Constitución Federal, por lo que podría ser una buena referencia para establecer un plazo para que las Legislaturas locales se pronuncien respecto de un proyecto enviado a ellas, que pretenda reformar la Constitución.

Conforme al actual procedimiento previsto en el artículo 135 de la Constitución, las Legislaturas estatales sólo se encuentran facultadas para dar su voto negativo o afirmativo respecto del proyecto enviado por el Congreso de la Unión.

Como se sabe nuestro sistema tiene un carácter federal, siendo una de sus principales características la distribución de competencias que se establecen en el artículo 124 de nuestra Constitución. Esto indica que lo que no se encuentra expresamente establecido para el poder federal, se entiende reservado a los estados.

Es en esta materia donde el procedimiento de reforma constitucional tiene una laguna, ya no de carácter técnico como los señalados párrafos arriba sino de fondo, al no permitir que las Legislaturas estatales puedan hacer observaciones a un proyecto de reforma constitucional cuando afecte alguna materia de su competencia, y que por lo mismo tenga alguna opinión trascendente sobre el equilibrio del pacto federal. Al no permitirse más que la aprobación o rechazo del proyecto, se deja en situación de indefensión a las entidades federativas en materias que les corresponden de acuerdo a lo establecido en la Constitución general.

No deja de observarse que el hecho de permitir las observaciones de las legislaturas estatales hace más complejo el procedimiento de reforma, por lo que creo que sólo se les debería obligar a emitir de forma razonada su voto, ya sea de aprobación o rechazo, a pesar de no ser vinculatorio para el Congreso de la Unión, no deja de ser trascendente para nuestro sistema federal la participación más activa de ellas dentro del procedimiento de reforma constitucional.

Otorgarle mayor relevancia a la participación de las Legislaturas de los estados en el procedimiento de reforma constitucional, es necesario en tanto que en el constitucionalismo federal mexicano del siglo XIX y buena parte del XX, esta participación se encontraba encomendada al Senado de la República como Cámara de representación territorial.

Pero a lo largo de la vida constitucional mexicana se fue diluyendo la representatividad territorial del Senado.

En la Constitución de 1824 los senadores de la República eran elegidos por las legislaturas de sus respectivos estados, lo que les otorgaba a estos últimos una gran participación en el procedimiento de reforma de la Constitución federal.

Como ya se mencionó anteriormente en la Constitución de 1857 no se contempló al Senado como integrante del Congreso de la Unión, por lo que la representación territorial del Senado no existía, a pesar de que en 1872 se reformo la Constitución para reintegrar a la Cámara Alta al Congreso de la Unión.

La Constitución actual reconoce al Senado como Cámara de representación territorial, y estableció un sistema electoral uninominal donde los estados eran la unidad geográfica electoral, lo que implicaba una representatividad territorial fuerte. Sin embargo esta vigorosa representatividad del Senado se ha venido diluyendo principalmente por dos adiciones y reformas a la Constitución: la primera de ellas es la introducción de la representación proporcional como sistema electoral para integrar el Senado, al establecerse una lista nacional. La segunda causa que mengua la representación territorial del Senado, es su organización interna en grupos parlamentarios de partidos políticos nacionales, con disciplina de voto. Por lo que en vez de representar a sus estados, representan posiciones nacionales partidistas.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes de cada una de las Cámaras, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y del Distrito Federal.  Las Legislaturas locales contarán con 6 meses para enviar su aprobación o rechazo, señalando las razones en que fundan su resolución; de no hacerlo dentro del plazo señalado se entenderá que su resolución es en sentido aprobatorio.

Tendrán facultad de iniciativa en esta materia los mismos sujetos señalados en el artículo 71 de esta Constitución pero las iniciativas presentadas por legisladores federales deberán ser suscritas por  un diputado o un senador, según corresponda; de igual manera lo podrá hacer la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en los términos señalados en la Base Primera, fracción V, inciso ñ), del artículo 122 de este mismo ordenamiento.

Estas iniciativas se tramitarán ante las Cámaras del Congreso de la Unión bajo el mismo procedimiento previsto en el artículo 72 de esta Constitución, con las salvedades de que las adiciones y reformas que se aprueben conforme a este artículo no podrán ser vetadas ni requerirán de promulgación del Ejecutivo Federal para tener vigencia.

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas. Una vez realizado el cómputo de las legislaturas de las entidades federativas, el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

Transitorios

Primero. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de la declaratoria hecha por el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente de haber sido aprobada.

Segundo. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación para conocimiento general.

Notas:

1 Kelsen, Hans, Teoría general del Derecho y del Estado, México, 1949, pp. 404.

2 Cfr., Tena Ramírez, Felipe, Derecho constitucional mexicano, Editorial Porrúa, México, 2003, pp.12.

3 Artículo 133. Esta constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, será la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglaran a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

4 Cfr. López Guerra, Luis, Introducción al derecho constitucional, Tirant lo blanch, Valencia, España, 1994, pp. 193.

5 Cfr., Quiroz Acosta, Enrique, Teoría de la constitución, Porrúa, México, 2005, pp. 125-129.

6 Cfr. Bryce, James, Constituciones flexibles y constituciones rígidas, Instituto de estudios Políticos, Madrid, 1952.

7 El poder reformador de la Constitución es otro de los atributos de la soberanía, es el que sigue en orden al Poder Constituyente, por lo que podría definirse paralelamente diciendo es un poder inherente al pueblo o nación, un poder supraestatal, de naturaleza político-jurídica, hacedor de reformas a la Constitución creada por el Poder Constituyente, bien entendido que dentro del vocablo reformas quedan incluidos los conceptos de adición y supresión de principios o normas. De la Cueva, Mario: Teoría de la Constitución, Ed. Porrúa, México, 1982, pp.143.

8 Quiroz Acosta, Enrique, Teoría de la Constitución, Editorial Porrúa, México, 2005, pp. 50.

9 Cfr. Op. Cit. Quiroz Acosta, Enrique, pp. 94-95.

10 Tena Ramírez, Felipe, op. cit. pp.12-13.

11 Constitución Federal de 1824, artículo 25: El senado se compondrá de dos senadores de cada Estado, elegidos a mayoría absoluta de votos por sus legislaturas, y renovados por mitad de dos en dos años.

Artículo 27. Cuando falte algún senador por muerte, destitución u otra causa, se llenará la vacante por la legislatura correspondiente, si estuviere reunida, y no estándolo luego que se reúna.

12 Cfr. Von Beyme, Klaus, Los partidos políticos en las democracias contemporáneas (traducción al español de Luis López Guerra y Jaime Nicolás Muñiz), Madrid, CIS, 1800, pp.

Dada en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 5 días del mes de enero de 2010.— Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.Inscríbase en el Diario de los Debates y publíquese íntegramente el contenido de la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria.

LEY GENERAL DE ENERGIA PARA EL CAMPO

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Tiene la palabra el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley General de Energía para el Campo.

El senador Adolfo Toledo Infanzón: Gracias, presidente. En el Segundo Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, que se elaboró en nuestro país en el 2002, nos situábamos dentro de los 15 principales países emisores.

Esto último, así como otras razones más, obligaron a que nuestro país advirtiera la necesidad de ejecutar acciones tendientes a disminuir los efectos del cambio climático, fomentando la eficiencia en la generación y uso de energía, incluyendo el transporte, las energías renovables y el uso de tecnologías de bajas emisiones en los procesos industriales, agropecuarios y de transporte, así como frenando la deforestación y reduciendo las emisiones de otros gases de efecto invernadero.

Aunado a ello México, al igual que el resto de los países del mundo, ha venido enfrentando una constante volatilidad en los precios de los hidrocarburos, así como una disminución histórica en la producción nacional de los mismos, lo cual cobra especial relevancia debido a que la mayor parte de nuestro consumo energético depende principalmente de fuentes no renovables como el petróleo y el gas natural.

Así, para este efecto, en noviembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, en la cual se afirmó que la energía es un bien que tiene incidencia en el medio ambiente, por lo que debe ser provista y utilizada de manera responsable, reduciendo en la mayor medida posible los efectos negativos que ésta puede generar.

La eficiencia energética contribuye al desarrollo sustentable de un país en la medida en que promueve el uso óptimo de sus recursos energéticos. En suma, el aprovechamiento sustentable de la energía debe concebirse como un derecho y una obligación tanto de la sociedad como del Estado.

Sin embargo, bajo la premisa de continuar con los esfuerzos de imprimir mayor sustentabilidad en la política energética nacional, así como de reducir los riesgos inherentes a la dependencia de los hidrocarburos, el grupo parlamentario de mi partido considera oportuno incorporar los criterios de sustentabilidad en el consumo de energéticos en el sector agropecuario.

En tal virtud, se propone que el programa Energía para el Campo, previsto en la Ley de Energía para el Campo, garantice la eficiencia energética mediante el uso óptimo de los energéticos utilizados en todos los procesos y actividades agropecuarias, contribuyendo así a reducir el impacto humano negativo, además de potenciar los servicios de los ecosistemas, destacando el manejo ambiental y el consumo de recursos por los seres humanos de manera responsable.

Cuando se impulsó la aprobación de la Ley de Energía para el Campo se esgrimió la urgente necesidad de reactivar al sector agropecuario a fin de mantenerlo vigente y competitivo dentro del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, y con el ánimo de que el mismo sector se defendiera de la globalización ante una política fiscal y una regularización en tarifas y precios de los hidrocarburos utilizados en el campo, que sólo contemplaba mantener aumentos mensuales programados, manteniendo en desventaja y, por ende, fuera de toda competitividad, a nuestros productos en los mercados internacionales.

Sin embargo, el espíritu que anidó en el ánimo de los legisladores al momento de impulsar la Ley de Energía para el Campo no reparó en el aspecto sustentable del consumo energético en el sector agropecuario en México, salvo en la productividad y en la competitividad del campo mexicano en su conjunto.

Ante ello consideramos que es responsabilidad de esta soberanía establecer todas y cada una de las previsiones legales que contribuyan a garantizar el uso sostenible de los recursos renovables en sus diferentes modalidades.

La crisis ecológica global nos impone la responsabilidad histórica de diseñar ordenamientos legales perfectamente adecuados a nuestra realidad, a fin de que se encuentre un marco de referencia que permita aplicar políticas públicas dirigidas a paliar los efectos de las actividades humanas en el medio ambiente.

Es por eso que, con base en lo que hemos expuesto, proponemos el proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 4o. de la Ley de Energía para el Campo. Dado que éste se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el día de hoy, le solicito, presidente, que pueda integrarse de manera total en el Diario de los Debates. Es cuanto, Presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 4 de la Ley de Energía para el Campo, suscrita por el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Adolfo Toledo Infanzón, senador a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley de Energía para el Campo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con el Segundo Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 1994-1998, elaborado en nuestro país en 2002, señalaba que durante aquel año México había generado el equivalente a 643,183 millones de toneladas de CO2, volumen que lo situaba dentro de los 15 principales países emisores, con una contribución de alrededor de 1.5% de las emisiones globales.

Esto último, así como otras razones más, obligaron a que nuestro país advirtiera la necesidad de ejecutar acciones tendientes a disminuir los efectos del cambio climático, fomentando la eficiencia en la generación y uso de energía, incluyendo el transporte, las energías renovables y el uso de tecnologías de bajas emisiones en los procesos industriales, agropecuarios y de transporte, así como frenando la deforestación y reduciendo las emisiones de otros gases de efecto invernadero.

Aunado a ello, México, al igual que el resto de los países del mundo, ha venido enfrentando una constante volatilidad en los precios de los hidrocarburos, así como una disminución histórica en la producción nacional de los mismos, lo cual cobra especial relevancia debido a que la mayor parte de nuestro consumo energético depende principalmente de fuentes no renovables como el petróleo y el gas natural.

Así, para tal efecto, en noviembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, en la cual se afirmó que “la energía es un bien que tiene incidencia en el medio ambiente, por lo que debe ser provista y utilizada de manera responsable, reduciendo en la mayor medida posible, los efectos negativos que ésta puede generar. La eficiencia energética contribuye al desarrollo sustentable de un país en la medida que promueve el uso óptimo de los recursos energéticos”. En suma, el aprovechamiento sustentable de la energía debe concebirse como un derecho y una obligación tanto de la sociedad como del Estado.

Sin embargo, bajo la premisa de continuar con los esfuerzos de imprimir mayor sustentablidad en la política energética nacional, así como de reducir los riesgos inherentes a la dependencia de los hidrocarburos, el Grupo Parlamentario del PRI considera oportuno incorporar los criterios de sustentabilidad en el consumo de energético agropecuario, toda vez que, al consistir la sustentabilidad o sostenibilidad en satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones de cubrir sus propias necesidades, resulta inaceptable el desarrollo rural del país requiera únicamente de acciones que den impulso únicamente a la productividad y la competitividad, en detrimento de los derechos de las generaciones futuras.

En tal virtud, se propone que el Programa de Energía para el Campo, previsto en la Ley de Energía para el Campo, garantice la eficiencia energética mediante el uso óptimo de los energéticos utilizados en todos los procesos y actividades agropecuarios, contribuyendo así a reducir el impacto humano negativo, además de potenciar los servicios de los ecosistemas, destacando el manejo ambiental y del consumo de recursos por los seres humanos de manera responsable.

Cuando se impulsó la aprobación de la Ley de Energía para el Campo, se esgrimió la urgente necesidad de reactivar al sector agropecuario, a fin de mantenerlo vigente, desarrollado y competitivo dentro del Tratado de Libre Comercio, y con el ánimo de que el mismo se defendiera de la feroz globalización; ante una política fiscal y una regularización en tarifas y precios de los hidrocarburos utilizados en el campo que sólo contemplaban mantener aumentos mensuales programados, manteniéndolo en desventaja y, por ende, fuera de toda competitividad nuestros productos en los mercados nacionales e internacionales.

Sin embargo, el espíritu que anidó en el ánimo de los legisladores al momento de impulsar la Ley de Energía para el Campo no reparó en el aspecto sustentable del consumo energético agropecuario en México, salvo en la productividad y competitividad del campo mexicano en su conjunto.

Así las cosas, es responsabilidad de esta soberanía establecer todas y cada una de las previsiones legales que contribuyan a garantizar el uso sostenible de los recursos renovables en todas sus diferentes modalidades, pues el consumo irracional de la energía, derivado de una ausencia de información, perjudicará los intereses económicos de los consumidores al aumentar innecesariamente el gasto que éstos requieren para satisfacer sus necesidades, con lo cual finalmente la competitividad del campo mexicano continuará siendo una aspiración.

La crisis ecológica global nos impone la responsabilidad histórica de diseñar ordenamientos legales perfectamente adecuados a nuestra realidad, a fin de que los gobiernos encuentren un marco de referencia que les permita aplicar aquellas políticas públicas dirigidas a paliar los perniciosos efectos de las actividades humanas en el medio ambiente. En suma, se requiere impulsar la competitividad y la sustentabilidad del campo mexicano de manera armoniosa e integral, en beneficio de nuestras futuras generaciones.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del siguiente proyecto de

Decreto

Único.Se adiciona un párrafo tercero al artículo 4o. de la Ley de Energía para el Campo, el cual quedaría como sigue:

Artículo 4o. (...)

(...)

El programa garantizará la eficiencia energética, en los términos de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, mediante el uso óptimo de los energéticos utilizados en todos los procesos y actividades agropecuarios.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2010.— Senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica).»

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía, de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

LEY DE LA POLICIA FEDERAL

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Tiene la palabra el senador Mario López Valdez para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de la Policía Federal.

El senador Mario López Valdez: Honorable asamblea: desde hace varios años la seguridad pública se ha convertido en un tema que por su incidencia en la gobernabilidad, el respeto a los derechos fundamentales y el desarrollo económico ha ocupado gran parte de la agenda nacional.

En 1999 se creó la Ley de la Policía Federal Preventiva. Dicha ley fue abrogada el primero de junio de 2009, al publicarse en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Policía Federal. Lo anterior con el objetivo de modernizar dicha corporación.

Pese a las reformas, la actualización de los ordenamientos jurídicos se sigue haciendo imprescindible porque de ello depende que la Policía Federal cumpla con las exigencias que le demanda nuestra realidad.

Es en razón de lo anterior que someto a su consideración dos propuestas, enmarcadas en esta iniciativa, para mejorar el funcionamiento de dicha policía. La primera propuesta tiene como objetivo crear unidades de proximidad social, por medio de las cuales se dotaría a las autoridades policiacas y ministeriales con mejores herramientas para el combate a la delincuencia. Procurando en muchos casos la reorganización de los cuerpos uniformados, para lo cual es necesario reformar los sistemas de operación policial preventivos y de investigación, para así transformarlos en un concepto moderno de policía ciudadano cercano y responsable ante su mando y ante la ciudadanía, enfocado en la prevención de los delitos y en la investigación delictiva bajo esquemas de supervisión y control.

La idea de unidades de proximidad social ha sido planteada desde los más altos niveles de gobierno desde el 2006, incluso en el texto del Tercer Informe de Gobierno se desprenden como parte del programa Enlaces de Prevención las siguientes acciones realizadas por la Policía Federal en el tema de proximidad social.

Realizar enlaces para unir a la Policía Federal con las comunidades, así como facilitar las vías, canales y acuerdos de colaboración intergubernamental, intersectorial y de participación ciudadana, para promover estrategias de prevención, intervención temprana y refuerzo a la cultura de la legalidad en cada una de las entidades federativas.

Sin embargo, pese a la aparente importancia que se le ha dado a la creación de una policía de proximidad social, la realidad es que en este momento nos encontramos muy lejos de alcanzar ese objetivo, puesto que ni siquiera ha sido elaborado un concepto que nos permita entender lo que es dicha agrupación, mucho menos existe un marco legal que sustente este modelo.

Se afirma lo anterior, toda vez que la llamada reingeniería a que ha sido sometida la Secretaría de Seguridad Pública, y en especial la Policía Federal, no ha sido proyectada en el Reglamento que rige la vida interna de esta entidad encargada de la prevención, tal como lo señala el artículo 11 de dicho ordenamiento legal.

Ahora bien, la segunda propuesta de la iniciativa es crear la Defensoría del Policía, en razón de que dichos cuerpos policíacos carecen de un organismo que permita defender a sus funcionarios de las vejaciones y posibles maltratos de que pudieran ser objeto.

Puesto que en estas corporaciones policíacas no en pocas ocasiones se conocen casos en los cuales se da la discriminación por cuestión de género, el acoso sexual, el abuso del poder, ejemplificado en cambios de adscripción infundados, arrestos injustificados, cargado de labores ominosas, horarios infernales, decisiones que en muchos casos encuentran su justificación en el capricho y la venganza.

La Defensoría del Policía en México tendría como atribuciones el recibir las peticiones y quejas que presenten los elementos de la Policía Federal acerca de las violaciones a sus derechos; atender las dudas, las observaciones, comentarios o sugerencias relacionadas con la protección de sus derechos, realizar investigaciones sobre hechos que tengan como consecuencia la violación de los derechos de los elementos policíacos.

Es en razón de lo anterior que me permito poner a su consideración estas adiciones a la Ley de la Policía Federal. Atentamente, señor presidente, le suplico sea insertado el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley de la Policía Federal, suscrita por el senador Mario López Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Mario López Valdez, senador de la República por el estado de Sinaloa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XLVI al artículo 8o. y un Capítulo XII a la Ley de la Policía Federal, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

En México desde hace varios años, la seguridad pública se ha convertido en un tema que por su incidencia en la gobernabilidad, el respeto a los derechos fundamentales y el desarrollo económico ha ocupado gran parte de la agenda nacional.

Con motivo de esa incidencia en 1999, se creó la Policía Federal Preventiva, cuya organización quedó instituida en su respectiva ley y reglamento, y su profesionalización se estipulo a partir de una serie de normas de la misma institución; no obstante, tras diversos intentos de generar una norma con un enfoque orientado hacia la creación del servicio policial de carrera, no se logró establecer una institución sólida, capaz de forjar un sistema que pudiera fungir como modelo de organización y gestión para todas las policías del país.

Fue en razón de lo anterior que el 30 de abril del presente año esta honorable asamblea tuvo a bien aprobar un dictamen que expedía la Ley de la Policía Federal, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio del 2009, con lo cual se abrogó la anterior norma, sustituyendo así a la Policía Federal Preventiva por la Policía Federal, esto en aras de modernizar dicha corporación y de dotarla de los elementos que le hacían falta para cumplir cabalmente con sus funciones.

Gracias a dichas reformas señaladas la Policía Federal se establece hoy día como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública que tiene, entre otros objetivos, aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención y combate de delitos e investigar la comisión de los mismos bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación.

Estos cambios en materia de seguridad pública y justicia penal se han complementado con la introducción de diversas metodologías y sistemas homologados, conjugados en la Plataforma México, la cual permite la interconexión de voz, datos e imagen con las estaciones de la Policía Federal, así como entre las entidades federativas, municipios y la federación, para alinear sus sistemas de información, producción de reportes y registro de datos.

Pese a todo lo que conlleva la reforma, la actualización de los ordenamientos jurídicos se sigue haciendo imprescindible, toda vez que de ello depende la legalidad de los actos de autoridad que ejerza la Policía Federal en el ejercicio de las facultades constitucionalmente conferidas a esta institución.

Además de ello depende que la Policía Federal cumpla con las exigencias que le demanda nuestra realidad, puesto que no podemos permitir que se siga incrementando el número de muertes en nuestro país. Actualmente tenemos más de 7 mil muertos como consecuencia de la lucha en contra del narcotráfico, equivalentes a 21 muertes diarias como consecuencia de esta lucha.

Es en razón de todo lo anterior someto a su consideración dos propuestas enmarcadas en esta iniciativa para mejorar el funcionamiento de la Policía Federal.

La primera propuesta tiene como objetivo crear unidades de proximidad social, por medio de las cuales se dotaría a las autoridades policiacas y ministeriales con mejores herramientas para el combate a la delincuencia, procurando en muchos casos la reorganización de los cuerpos uniformados, estas unidades tuvieron un comienzo con la publicación de la Ley de la Policía Federal.

Resulta indispensable terminar con la desconfianza que existe respecto de las figuras de autoridad y respeto que deben representar los policías; y esto sólo se conseguirá en la medida en que generemos un acercamiento entre los habitantes de este país y los funcionarios encargados de su seguridad.

Para ello es necesario reformar los sistemas de operación policial preventivos y de investigación para así transformarlos en un concepto moderno de policía ciudadano, cercano y responsable ante su mando y ante la ciudadanía, enfocado en la prevención de los delitos y en la investigación delictiva bajo esquemas de supervisión y control.

Las unidades de proximidad social, tendrán el trabajo de vincular a las autoridades locales para lograr su colaboración, además de  estimular la participación social en los programas que tenga la Policía Federal.

La anterior no es una propuesta desentrañada de la nada, puesto que el concepto de unidades de proximidad nace de varios trabajos que han realizado diversas autoridades federales desde 2006, incluso en el texto del Primer Informe de Gobierno del presidente Calderón puede leerse que en la Instancia de Coordinación de la Policía Federal (ICPF) que se contará con las divisiones de Proximidad Social, Información y Análisis, Inteligencia Policial, Servicios Judiciales y Ministeriales, Fuerzas Federales de Apoyo y la División Antidrogas.

De conformidad con el Primer Informe de Labores de la Secretaría de Seguridad Pública, el titular del ramo refiere que, dentro del marco de la Primera Reunión Nacional de Mandos de Seguridad Pública y Procuración de Justicia realizada en febrero de 2007, se planteó la implementación de diversas acciones de acuerdo con los diez ejes rectores del Convenio de Coordinación 2007, entre las cuales se destaca tomar como eje vinculatorio las estaciones de policía con la división de proximidad social, para que el programa preventivo de seguridad en escuelas, espacios públicos e información en salud se coordine con las autoridades estatales, municipales y en específico, con los comités de seguridad escolar que existen en cada una de ellas; dentro de las cuales participen maestros, alumnos y padres de familia.

Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados del 19 de septiembre de 2007, el Secretario de Seguridad Pública manifestó que existen acuerdos con policías de otros países para traer a México instructores por cada unidad de policía, con lo cual se contará con instructores alemanes para la formación de cuadros de proximidad social, unidad policiaca que, en palabras del propio funcionario, es la más importante en el combate al crimen en los países democráticos.

Aunado a lo anterior, del texto del Tercer Informe de Gobierno federal se desprenden como parte del Programa Enlaces de Prevención las siguientes acciones realizadas por la Policía Federal en el tema de la proximidad social:

Realizar enlaces para unir a la Policía Federal con las comunidades; así como facilitar las vías, canales y acuerdos de colaboración intergubernamental, intersectorial y de participación ciudadana, para promover estrategias de prevención, intervención temprana y refuerzo a la cultura de la legalidad en cada una de las entidades federativas.

Como resultado de lo anterior se detectaron 924 zonas de incidencia delictiva, que son sitios reportados por la ciudadanía en los que frecuentemente se registra la comisión de alguna falta administrativa o un delito, sin la intervención efectiva de las autoridades, las cuales han sido reportadas a las Comisarías Regionales de la Policía Federal para su atención. Desde octubre de 2007, cuando inició este programa, a junio de 2009, se han reportado 2,717 zonas de incidencia delictiva.

Se recibieron 1,924 denuncias ciudadanas sobre la probable comisión de delitos, las cuales fueron turnadas a las autoridades competentes; de octubre de 2007 a junio de 2009 se han recibido 3,437 denuncias.

Se impartieron 1,128 pláticas de prevención social a una población de 124,715 personas en 135 municipios del país.

De lo antes mencionado se podría inferir que ya contamos o que estamos en vías de contar con una policía federal de proximidad social, la cual constituiría un agrupamiento que por sus características coadyuvaría en el acercamiento entre ciudadanos y autoridades.

Pese a la aparente importancia que se ha dado a la creación de una policía de proximidad social, la realidad es que en este momento nos encontramos muy lejos de alcanzar ese objetivo tan plausible, puesto que, por principio de cuentas, ni siquiera ha sido elaborado un concepto que nos permita entender lo que es dicha agrupación, mucho menos existe un marco legal que sustente este modelo.

Se afirma lo anterior, toda vez que la llamada reingeniería a que ha sido sometida la Secretaría de Seguridad Pública, y en especial la Policía Federal, no ha sido proyectada en el Reglamento que rige la vida interna de esta entidad encargada de la preservación del orden público, tal como lo señala el artículo 11 de dicho ordenamiento legal, que a la letra que “Las relaciones jerárquicas en la Policía Federal, sus estructuras normativas y operativas, su organización territorial, las demás atribuciones de mando, dirección y disciplina, así como otros componentes de su régimen interno, serán determinados en el Reglamento de la presente ley, en términos de lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones jurídicas aplicables”.

Así las cosas, la instauración de las Coordinaciones de Proximidad Social carece del necesario sustento reglamentario, toda vez que no están integradas en la reciente ley publicada ni tampoco se encuentran en el reglamento, puesto que ni siquiera ha sido publicado por la autoridad correspondiente.

Nadie puede subestimar de las acciones hasta ahora desarrolladas por la Policía Federal en materia de proximidad social, que se traducen en los resultados antes referidos; sin embargo, la suma de las carencias y omisiones antes relatadas nos hace abrigar pocas esperanzas sobre la posibilidad de operar con éxito una policía de proximidad social.

Ahora bien, la segunda propuesta de la iniciativa es crear la defensoría del policía en razón de que dichos cuerpos policiacos carecen de un organismo que permita defender a sus funcionarios de las vejaciones y posibles maltratos de los cuales pudieran ser objeto.

Puesto que si bien es cierto que la imagen de nuestras corporaciones se encuentra seriamente dañada, no podemos dejar de lado que en la guerra contra el crimen organizado, quienes exponen su vida son los elementos uniformados.

Sin embargo en las corporaciones policiacas no en pocas ocasiones se da la discriminación por cuestión de género, práctica que impide a las mujeres que prestan sus servicios en las policías gozar de mejores condiciones para desempeñar sus labores. Para muchas policías resulta más fácil portar un arma y saber cómo manejarla, que enfrentarse a la falta de respeto por parte de sus compañeros y del público, toda vez que aún se piensa que por su condición de féminas carecen del carácter y la fuerza para desempeñar el trabajo policiaco. Asimismo, el acoso sexual resulta en una práctica común entre las fuerzas del orden.

De igual forma, resulta frecuente que muchos mandos policíacos abusen de su poder e incurran en prácticas que resultan contrarias a la dignidad humana, auténticos desvíos de poder que en muchas ocasiones lesionan la dignidad de los elementos y merman su autoestima de manera grave. Cambios de adscripción infundados, arrestos injustificados, encargo de labores ominosas, horarios infernales, decisiones que en muchos casos encuentran su justificación en el capricho y la venganza y no en la disciplina que toda corporación debe preservar como elemento indispensable para su funcionamiento.

Es en este sentido en el cual proponemos la instauración de una instancia que coadyuve en la limitación de los abusos que se cometen en contra de los guardianes del orden, sino que sea útil para que éstos manifiesten de manera libre y sin temor a represalias sus quejas e inconformidades con relación a la forma en que se dirige la corporación. Una unidad administrativa que se convierta en instrumento de control, tendiente a preservar algunos de los derechos humanos y laborales de los guardianes de la ley, a saber:

– Protección a la vida e integridad física;

– No ser discriminado;

– Respeto a la dignidad;

– Respeto al prestigio y reputación;

– Capacitación;

– Salario digno;

– Equipo de trabajo;

– Seguridad social;

– Estabilidad en la carrera policial; y

– Presunción de inocencia.

Esto ya es una realidad en otros países del mundo en donde han probado su eficacia de manera sobrada. El ejemplo más claro de esto lo constituye la Defensoría del Policía dependiente del Ministerio del Interior de Perú.

La Defensoría del Policía fue creada mediante Resolución Ministerial N° 0186-2002/0102 del 6 de febrero de 2002 con la finalidad de garantizar, al interior de la propia organización policial, los Derechos Humanos del personal que presta servicios en la Policía Nacional del Perú y plantear mecanismos de solución en salvaguarda de sus derechos fundamentales, mediante la debida aplicación de las normas y reglamentos vigentes concordante con la Constitución Política del Perú y demás leyes de la República.

Este organismo en Perú cuenta con diversas oficinas especializadas que buscan dar trámite y seguimiento a las quejas presentadas por los elementos de la policía. Tales oficinas son la de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, la cual tiene a su cargo el trámite de quejas y petitorios por vulneraciones a los derechos humanos del personal que presta servicios.

Además está la Oficina Especializada en Discapacidad, Viudas y Deudos, que atiende las quejas, petitorios y consultas del personal con discapacidad, viudas y deudos con el propósito de garantizar el respeto irrestricto a sus derechos humanos.

La Oficina de la Mujer encargada de atender las quejas, promover los derechos humanos de las mujeres, la equidad de género y la igualdad de oportunidades del personal femenino que presta servicios.

Finalmente, está la Oficina de Promoción y Defensoría, que formula, ejecuta, coordina y evalúa programas de capacitación en derechos humanos; además atiende quejas y consultas relativas a temas de asistencia social.

Estimamos que una instancia como la propuesta a través de la presente resulta necesaria en nuestro país, sobre todo si tomamos en consideración que, de conformidad con lo previsto por el artículo 123, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los miembros de las instituciones policiales de los municipios, entidades federativas, del Distrito Federal, así como de la Federación, podrán ser removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento de la remoción señalen para permanecer en dichas instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la remoción y, en su caso, sólo procederá la indemnización, situación que aún cuando tiene una razón de ser, reduce sobremanera las posibilidades de defensa que obran en favor de los policías del país.

La Defensoría del Policía tendría como atribuciones el recibir las peticiones y quejas que presenten los elementos de la Policía Federal acerca de violaciones a sus derechos; atender las dudas, observaciones, comentarios o sugerencias relacionadas con la protección de sus derechos; realizar investigaciones sobre hechos u omisiones que tengan como consecuencia la violación de los derechos de los elementos policiacos; formular recomendaciones y proponer la aplicación de sanciones en contra de aquellos servidores públicos que incurran en la violación de los derechos de los policías; plantear mecanismos de resolución de conflictos entre los elementos quejosos y los mandos de la Policía Federal; promover una cultura de respeto a los derechos y deberes del personal uniformado; elaborar informes y estudios que tengan por fin analizar aquellas situaciones en las que se exprese un patrón de violación de los derechos del personal policiaco; y proponer normas de carácter general, así como planes y programas que incidan en el respeto a los derechos de los policías.

Por lo expuesto, someto a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente Iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona una fracción XLVI al artículo 8o. y un Capítulo XII a la Ley de la Policía Federal

Artículo Único. Se adiciona una fracción XLVI al artículo 8o., recorriéndose en su orden las subsecuentes, y se adiciona un Capítulo XII a la Ley de la Policía Federal, para quedar como sigue:

Artículo 8o.La Policía Federal tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:

I. a XLV. ...

XLVI. Desplegarse en todo el territorio nacional, a fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos y promover la cultura de la denuncia, estableciendo para ello unidades de proximidad social; y

XLVII. y XLVIII. ...

Capítulo XIIDe la Defensoría del Policía

Artículo 56. La Defensoría del Policía es la unidad administrativa encargada de atender las peticiones y quejas formuladas por el personal policiaco con relación a la violación de sus derechos humanos y laborales al interior de la Policía Federal Preventiva, en virtud de conductas u omisiones que impliquen abuso, discriminación o dilación injustificada de trámites o procedimientos.

Artículo 57. La Defensoría del Policía tendrá las siguientes atribuciones:

I. Recibir las peticiones y quejas que presenten los elementos de la Policía Federal Preventiva acerca de violaciones a sus derechos;

II. Atender las dudas, observaciones, comentarios o sugerencias relacionadas con la protección de los derechos del personal policiaco;

III. Realizar investigaciones sobre hechos u omisiones que tengan como consecuencia la violación de los derechos de los elementos policiacos;

IV. Formular recomendaciones y proponer la aplicación de sanciones en contra de aquellos servidores públicos que incurran en la violación de los derechos de los policías;

V. Plantear mecanismos de resolución de conflictos entre los elementos quejosos y los mandos de la Policía Federal Preventiva;

VI. Promover una cultura de respeto a los derechos y deberes del personal policiaco;

VII. Elaborar informes y estudios que tengan por fin analizar aquellas situaciones en las que se exprese un patrón de violación de los derechos del personal policiaco; y

VIII. Proponer normas de carácter general, así como planes y programas que incidan en el respeto a los derechos de los policías.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo Federal deberá proveer los recursos para la creación y funcionamiento de la Defensoría del Policía.

Tercero. Dentro de los siguientes cuarenta y cinco días siguientes  a la entrada en vigor del presente decreto, deberán expedirse las normas reglamentarias tendientes a la constitución de la Defensoría del Policía. La referida unidad administrativa deberá estar operando y funcionando, a más tardar dentro de los siguientes ciento veinte días al inicio de la vigencia de este decreto.

Cuarto. El titular del Ejecutivo cuenta con noventa días a partir de la publicación del presente decreto, a efecto de realizar las modificaciones reglamentarias tendientes a la creación de la Policía de Proximidad Social.

Nota:

1 Conteo de El Universal sobre el número de asesinatos en el país; 8 de diciembre del 2009.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 5 de enero de 2010.— Senador Mario López Valdez (rúbrica).»

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.

PRECIOS DE COMBUSTIBLES

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Tiene la palabra el senador Francisco Labastida Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se convoca a comparecer ante la Tercera Comisión de Trabajo de esta soberanía, de manera urgente, al titular de la Secretaría de Economía para explicar las razones del alza de los precios de combustibles, suscrito por los senadores Rogelio Rueda Sánchez, Francisco Labastida Ochoa, Fernando Jorge Castro Trenti y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez.

El senador Francisco Labastida Ochoa: Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores legisladores, pedí hacer el uso de la palabra para solicitar la presencia del secretario de Hacienda, del director de Pemex y de la secretaria de Energía con el propósito de examinar y evaluar los aumentos en los precios de los combustibles, particularmente de la gasolina, del gas y de la energía eléctrica que se han dado en diciembre y en este año.

Tenemos interés, adicionalmente, en que el secretario de Economía asista también la semana entrante a la Tercera Comisión, con el propósito de examinar la inflación, que está muy por encima de las estimaciones que originalmente se habían presentado y la política arancelaria que el país ha seguido.

Quiero poner en conocimiento de ustedes las razones que fundamentan y explican esta solicitud que estamos haciendo a la honorable Comisión Permanente.

El país está viviendo una circunstancia particularmente desfavorable: fue la economía que más cayó, de América Latina, el año pasado. Es la economía que quizá menos va a crecer, de América Latina, en el presente año, y está conviviendo esto con una muy alta inflación, tanto en el año pasado como en este año.

Estamos convencidos de que atrás de ello están decisiones inadecuadas, muy desafortunadas y muy dañinas para el pueblo de México y para los consumidores. En parte por la política de precios de los combustibles y en parte por la política arancelaria. Me parece que es un asunto que debemos examinar en conjunto, porque tiene un alto costo para el empleo y tiene un alto costo para el nivel de vida de la población.

¿Cuáles son los hechos? El 24 de diciembre de 2008, el secretario de Economía modificó... modificó el Presidente, pero bajo la iniciativa del secretario de Economía, para entrar en funcionamiento el 1 de enero de 2009 la primera etapa, y el 1 de enero de 2010 la segunda etapa. Algo así como 10 mil 300 fracciones arancelarias que le dan al país el hecho de que más de 60 por ciento de las importaciones que en México se efectúen, se realicen con arancel 0. Se lo dimos a países, sin pedir ninguna compensación a cambio. Y con países con los cuales no tenemos ningún tratado comercial.

Eso implicó, obviamente, pérdida de miles de empleos. Adicionalmente, que tengamos ya déficit con países como China, superior a los 30 mil millones de dólares el año pasado. Estamos perdiendo empleos y, dado que el régimen de importaciones determina que las importaciones se realicen sólo por importadores autorizados, las utilidades de las importaciones del diferencial de precio internacional en un contexto de crisis económica y de subsidio a las exportaciones las están aprovechando los importadores y no los consumidores.

En este contexto es que nos interesa la presencia del secretario de Economía y en el contexto de un precio internacional del barril de petróleo, que hoy anda el spot en 75 dólares la mezcla mexicana y 59 dólares y centavos el precio autorizado por el Congreso. Eso nos da ingresos adicionales del orden de 130 mil millones de pesos al año para la Secretaría de Hacienda, si se sostuviera durante este año el precio del barril que en este momento existe.

La pregunta es ¿por qué teniendo ingresos extraordinarios a los previstos en el presupuesto se aplica una modificación de ocho centavos, como fue anunciada, para el litro de gasolina y el litro de diesel cada mes, incrementando la inflación y erosionando la economía de las clases sociales?

Vamos a caer en el absurdo de un Estado rico y un pueblo pobre. En eso estamos cayendo. Le están dando ingresos adicionales a la Secretaría de Hacienda las circunstancias en las cuales se está fijando el precio internacional del petróleo.

Nos parece que, tanto el secretario de Hacienda, como el director de Pemex y la secretaria de Energía deben explicar esta contradicción en el manejo de los instrumentos económicos. Y el secretario de Economía, la mala decisión de abrir nuestras fronteras, afectando a los consumidores, a los trabajadores y al crecimiento económico del país. Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo por el que se instruye a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que convoque a comparecer de manera urgente al titular de la Secretaría de Economía, Ing. Gerardo Ruiz Mateos, a efecto de que explique el impacto de los sucesivos aumentos de los combustibles en los precios de productos básicos, como la tortilla, así como las razones que han llevado a la dependencia a su cargo a mantener la política de eliminación arancelaria a miles de productos de importación, con lo cual se afecta seriamente a la planta productiva nacional y al empleo, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos Manlio Fabio Beltrones Rivera, Francisco Labastida Ochoa, Carlos Aceves del Olmo, Fernando Castro Trenti, Mario López Valdez, María del Socorro García Quiróz, Rogelio Rueda Sánchez y Ricardo Pacheco Rodríguez, senadores de la República de la LXI Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Desafortunadamente, el gobierno federal desoyó el exhorto que formulamos desde esta Comisión Permanente apenas el 22 de diciembre de 2009, para mantener sin cambios los precios de los combustibles, puesto que en vez de ello se han anunciado incrementos mayores y sucesivos a los precios de los combustibles y otros energéticos, mismos que ya han tenido un impacto directo en los precios de productos básicos, como la tortilla, alimento esencial en la dieta del pueblo mexicano.

• A partir del primero de enero el precio del gas licuado, el combustible de mayor consumo en los hogares del país, aumentó 14 centavos por kilogramo, para las zonas del Distrito Federal, estado de México e Hidalgo, al pasar de 9.17 pesos a 9.31 pesos, cotización que, además, se ha anunciado se mantendrá solamente durante enero, por lo que debemos esperar incrementos mayores.

Por lo pronto las familias que radican en la zona centro del país tendrán que pagar 186.12 pesos por un tanque de 20 kilogramos, por el que apenas el mes anterior 183.30 pesos. El tanque de 30 kilogramos pasa de 274.95 pesos, a 279.18 pesos en enero de 2010.

Pero en otras regiones del país el incremento es aún mayor, según el acuerdo publicado por la Secretaría de Economía (SE). El precio más alto para el gas LP al usuario final aplicable durante este mes será de 10.87 pesos por kilogramo en la región nueve, que incluye algunos municipios de Baja California Sur.

Por lo que toca a la gasolina, se observa un tercer incremento de precios en las gasolinas y el diesel, en apenas 12 días. Desde el primero de enero de 2010 la gasolina Magna subió 8 centavos por litro; la gasolina Premium nueve centavos y el diesel ocho centavos.

Con ello, la gasolina Magna ahora cuesta 7.88 pesos por litro; la de calidad Premium, 9.66 y el diesel 8.24 pesos por litro, lo que ya incluye la tasa del impuesto al valor agregado de 16 por ciento.

En el caso de los camiones que usan diesel, que son de carga, un tanque con capacidad de 189 litros, en enero de 2009 cuando el combustible costaba 7.33 pesos por litro se requería de mil 387 para llenarlo, ahora el costo de llenado del mismo tanque es de mil 559  pesos, 171 pesos más. Por otra parte, se anuncia que las tarifas eléctricas para los usuarios domésticos aumentarán 4 por  ciento en el año.

El ejemplo más claro del impacto que esto tiene en los precios de los productos básicos lo vemos en el caso de la tortilla cuyos montos de incremento varían de acuerdo a la entidad de que se trate, pero el aumento ha sido generalizado.

En el Distrito Federal el precio del kilo de tortilla se elevó 50 centavos, de 8.50 a 9.00 pesos, según el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados de la Secretaría de Economía (SNIIM), pero en otras entidades se han anunciado incrementos de hasta 35 por ciento.

De acuerdo con el Banco de México el impacto total de los aumentos sobre el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), será de 59 puntos base, de un total de 169 que contempla el alza en impuestos, precios y tarifas y costos indirectos. Banxico espera que las gasolinas tengan un desliz mensual de 6 y 4 centavos en el caso de Magna y Premium, respectivamente.

Estos aumentos en las tarifas de los energéticos se trasladarán de forma indirecta al costo de transporte Y la mayoría de los servicios y alimentos, por lo que el golpe al bolsillo será una reacción en cadena, afectando especialmente a la población de menores ingresos. De hecho, el raquítico incremento de 4.85 por ciento autorizado para el salario mínimo en este año ha quedado pulverizado con los recientes aumentos.

Debemos insistir en que los efectos la crisis internacional han sido devastadores para nuestra economía, en gran medida porque las acciones emprendidas por las dependencias responsables de la conducción económica han sido erráticas y muy mal planteadas.

La industria nacional no sólo ha sufrido los embates de la crisis externa, sino que ha tenido que remar contra la corriente ante decisiones que la perjudican y que provienen de las autoridades nacionales. Tal es el caso de la política de desgravación arancelaria que ha venido aplicando la secretaría de Economía desde el año pasado, misma que ha inundado al país de productos fabricados en el extranjero que ingresan sin ningún arancel, perjudicando a los industriales nacionales de distintas regiones del país que han hecho esfuerzos por mantener sus actividades y los puestos de trabajo.

Por un lado nos enfrentamos a una escalada de precios que daña la ya de por sí raquítica economía de las familias mexicanas, y por otro lado, las actividades de la planta productiva nacional que pudieran reactivar el mercado interno son afectadas abiertamente con la importación desgravada de mercancías que ya producimos en nuestro país, donde la política pública federal parecer proteger y beneficiar el empleo y a la economía de otras naciones y no las nuestras.

La apertura comercial del país ha sido unilateral e indiscriminada, sin considerar el interés de los productores nacionales, como lo hacen todos los países. Ya no se requieren tratados de libre comercio, porque nuestra apertura tiende a ser total, en momentos en que lo que otras naciones buscan proteger su planta productiva, sus empleos y su mercado interno.

La primera disminución de impuestos a la importación se hizo en enero de 2009, al disminuirse el arancel promedio de 10.4 a 8.3 por ciento, y la segunda etapa va a reducirlos a un promedio de 5.2 por ciento.

Son más de 5 mil productos los que ya se comercializan libremente, sin ningún arancel, perjudicando con ello a regiones enteras del país.

En el Senado hemos insistido en que antes de una baja de impuestos a la importación, el gobierno federal debería trabajar por hacer al país más competitivo, porque no avanzamos, seguimos en el lugar 60 del Reporte Mundial de Competitividad del Foro Económico Mundial.

Debe detenerse la desgravación programada para este año, máxime cuando lo que se debe alentar es la recuperación de la producción y del empleo nacional y la desgravación arancelaria no ha generado ninguno de estos beneficios para la economía nacional.

Respetables legisladores, el 60 por ciento de las importaciones que entran a nuestro país tienen arancel cero, lo que resulta inadmisible.

Tampoco ha crecido la inversión privada. De acuerdo con el Inegi, la inversión bruta nacional no se ha incrementado desde hace diez meses y la inversión extranjera directa disminuyó a la mitad en la primera mitad del 2009 con respecto a 2008.

Es por eso que consideramos de la mayor relevancia, que el titular de la Secretaría de Economía, ingeniero Gerardo Ruiz Mateos, nos explique cuales son las razones por las que ha desoído las demandas de industriales y productores mexicanos para detener esa política de desgravación arancelaria indiscriminada que no ayuda en nada en este momento a la economía nacional.

Se siguen abriendo nuestras fronteras indiscrimadamente a productos extranjeros, con lo que desalienta la actividad productiva nacional, mientras padecemos alzas de precios que le pegan a la actividad económica y directamente al bolsillo de los mexicanos.

¿Se seguirá por ese camino? ¿Cual es la política que seguirá el Ejecutivo federal, ya que por lo que se ve aquel Acuerdo Nacional a favor de la Economía y el Empleo, ha quedado en letra muerta? Es imprescindible saber que se hará para proteger a las familias ante la andanada de aumentos que ya se ve venir, así como lo que se piensa hacer para proteger a los productores  nacionales y los empleos que generan en las distintas regiones del país.

Por lo expuesto, solicito a esta asamblea se sirva aprobar el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruye a la Tercera Comisión para que realice lo conducente, a efecto de que lo antes posible sea citado a comparecer el ciudadano Gerardo Ruiz Mateos, secretario de Economía, para que informe y expliquen a esta soberanía la política que seguirá la administración pública federal en materia arancelaria, ante los evidentes inconvenientes de mantener una apertura indiscriminada y unilateral que afecta importantes sectores de la industria nacional; sobre las acciones para evitar alzas generalizadas que ya se comienzan a sentir entre la población del país, y sobre los mecanismos que se aplicarán para la protección de los ingresos de las familias mexicanas, y los mecanismos de protección que deberán imponerse a proteger la economía nacional.

Atentamente

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 5 de enero de 2010.— Senadores: Manlio Fabio Beltrones Rivera, Francisco Labastida Ochoa, Fernando Castro Trenti, Mario López Valdez, Ma. Socorro García Quiroz, Ricardo Pacheco Rodríguez, Adolfo Toledo Infanzón (rúbricas).»

El senador Jesús Garibay García (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Sí, señor senador.

El senador Jesús Garibay García(desde la curul): Si el senador Francisco Labastida Ochoa no tiene inconveniente en que me sume a la solicitud.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Señor senador Labastida, ¿tiene algún inconveniente en que el senador se sume a su solicitud? Perdón, tiene el uso de la voz, señor senador.

Señor senador Labastida, ¿tiene usted inconveniente en que haga uso de la voz el senador en este punto, antes de someterlo a votación?

El senador Francisco Labastida Ochoa: Ningún inconveniente, presidente.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Primeramente, en virtud de que está enlistado de obvia o urgente resolución, consulte la Secretaría si se considera así la propuesta.

El diputado Roberto Gil Zuarth (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Adelante, diputado Gil.

El diputado Roberto Gil Zuarth (desde la curul): Gracias, presidente. Yo le rogaría que si pudiera ordenar a la Secretaría que diera lectura al punto resolutivo que está proponiendo el senador Labastida, porque entiendo que la propuesta concreta del senador Labastida es que se cite a comparecer al secretario de Economía para analizar la cuestión arancelaria, en virtud de que la Tercera Comisión de esta Comisión Permanente acordó el día de hoy, en su sesión de instalación, la comparecencia de los secretarios de Hacienda y de los encargados de los temas energéticos.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Para mayor claridad, solicito a la Secretaría dé lectura al punto de acuerdo solicitado.

La Secretaria diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Punto de acuerdo. Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión instruye a la Tercera Comisión para que realice lo conducente a efecto de que lo antes posible sea citado a comparecer el ciudadano Gerardo Ruiz Mateos, secretario de Economía, para que informe y explique a esta soberanía sobre las razones que llevaron a ignorar los términos del Acuerdo Nacional a favor de la Economía y el Empleo; las acciones que se emprenderán para detener el alza de precios de los productos básicos, así como la política que seguirá la administración pública federal en materia arancelaria, ante los evidentes inconvenientes de mantener una apertura indiscriminada y unilateral que afecta a importantes sectores de la industria nacional; sobre las acciones para evitar alzas generalizadas que ya se comienzan a sentir entre la población del país y sobre los mecanismos que se aplicarán para la protección de los ingresos de las familias mexicanas.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Una vez aclarado el punto, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos...

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Permítame, secretaria.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Solamente rectificar que el punto de acuerdo se refiere a la segunda parte del punto de acuerdo. Lo que vamos a votar es la parte relativa a la política inflacionaria y aranceles y las políticas de protección, en este caso, a la economía mexicana.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Con la aclaración del señor diputado, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: ¿Seguros? En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores para hablar en contra y en pro. Senador Jesús Garibay, en pro. Haga uso de la voz.

El senador Jesús Garibay García: Gracias, ciudadano presidente, como bien señaló el señor senador Labastida, y como bien lo señaló nuestro compañero diputado, respecto del acta de la sesión anterior, donde se omitió justamente este punto que se discutió el 22 de diciembre, es que he solicitado hacer uso de la palabra.

Tal vez estemos ante el primer hecho, al parecer inédito en este país, en el cual se tenga que someter a un proceso penal a un secretario de Estado. Me explico: el 24 de septiembre de 2009 compareció el entonces secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, y protestó conducirse con verdad en los términos constitucionales. En ese entonces, el de la voz, le cuestionó qué iba a suceder con la política de precios respecto del gas licuado de petróleo y del gas natural para consumo doméstico.

En ése entonces, el secretario nos dio la siguiente respuesta, y cito: “con respecto del gas, no se pretende liberar el precio del gas, –así lo dijo– se pretende seguir trabajando como se ha trabajado hasta hoy, con las fórmulas que se han venido trabajando y no esperamos dar ninguna sorpresa de ningún tipo a las amas de casa, al contrario queremos proteger el ingreso de las familias”. Y continuó: “en algunos momentos tendremos, de hecho, y hay estudios de la Comisión Federal de Competencia, a ciertas áreas, donde existe competencia real en la parte del gas, donde ven que se puede empezar a liberar, pero no vamos a tener, mientras no tengamos algo perfectamente contundente, que nos permita ver que una liberación de éstas pueda tener un incremento en los precios de gas y que afecte a las familias”.

Es claro, los hechos nos lo demuestran, que el secretario mintió. Y es claro, también, que este Congreso debe tomar cartas en el asunto. No podemos permitir que, habiendo hecho una modificación constitucional y habiendo comparecido el secretario bajo protesta de decir verdad, ahora este Congreso no haga nada. Eso no podemos permitirlo.

Por eso, quisiera proponer al señor senador Labastida, y demás senadores que suscriben el punto de acuerdo, que pudiéramos hacer una adición al punto de acuerdo. El que estoy presentando dice:

Primero, La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita a comparecer al ciudadano secretario de Economía, ingeniero Gerardo Ruiz Mateos, a efecto de que explique y exponga los motivos del incremento anunciado en el acuerdo por el que se fija el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario final, correspondiente al mes de enero de 2010.

En eso coincidimos. ¿Cuál es el texto que propongo adicionar? El punto segundo de mi acuerdo dice, y es el que propongo adicionar: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, a efecto de que revierta el incremento al precio del gas licuado de petróleo, establecido en el acuerdo publicado por la Secretaría de Economía en el Diario Oficial de la Federación el 1 de enero de 2010, manteniendo a partir del 1 de febrero y hasta el 31 de diciembre de 2010 el precio que fue vigente durante el año 2009.

Ése es el texto que propongo se pudiese incorporar al punto de acuerdo que suscribe el señor senador Labastida y sus compañeros senadores. Presidente, muchas gracias y ahí está mi proposición para poder someterla a consideración. Muchas gracias.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Tiene la palabra el senador Ricardo Monreal, para hablar en pro.

El senador Ricardo Monreal Ávila: Gracias, ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, creo que muy pocos mexicanos podrán no coincidir en que la política económica del actual régimen es criminal y es verdaderamente errática, equivocada.

El gobierno mexicano persiste, se mantiene obcecado, necio, en aplicar un modelo económico totalmente agotado. En seguir aplicando una política neoliberal que hasta los países más ortodoxos de América Latina y del mundo han abandonado.

Nuestro país y sus gobernantes persisten en aplicar este modelo caduco, que tiene en una franca pobreza extrema a la mayoría de los mexicanos. Por eso estamos de acuerdo con la comparecencia del responsable de la economía, sin embargo, hace un rato que me entrevistaban, me decía una reportera, con tino: ¿y qué nos hace suponer que se regresarán al precio de diciembre los precios de los combustibles, con la comparecencia? ¿No serán de nueva cuenta solamente llamadas a misa y exhortos que nadie cumple, una comparecencia que a nadie satisfaga? Y le respondí: es probable.

Si el Congreso de la Unión ejerciera a plenitud sus facultades no estaríamos en esa disyuntiva y obligaríamos al gobierno mexicano a enmendar y a corregir su política económica. No actuaríamos como cómplices de esta clase gobernante mediocre, gris, menor.

Vean cómo está el país. Es verdaderamente intolerable, inadmisible que, de manera unilateral, violando sus propios acuerdos, Hacienda y Pemex hayan aplicado tres aumentos consecutivos en los últimos días de diciembre y nadie, absolutamente nadie, les llame la atención, los sancione, los aperciba, los amoneste. Con toda libertad, y en contra de la economía de millones de mexicanos, actúan impunemente.

El aumento a las gasolinas ha tenido una variación, en tres años, de cerca del 19 por ciento. Pero lo más grave: el aumento al diesel. En tres años, acumulado: 49.7 por ciento de aumento. ¿A quién afecta? A todos; pero fundamentalmente a la industria pesquera, a la del transporte y a la agricultura.

El diesel lo usan los pescadores pobres, el diesel lo usan los transportistas que ya hicieron su primera expresión de inconformidad el día de ayer, y el diesel lo usan los campesinos pobres en sus tractores, en su maquinaria agrícola, en sus pozos de combustión interna. La industria pesquera, la industria piscícola, la industria frutícola, la industria lechera. Todos están quebrando por esta política errática. Esta política económica obcecada y necia de un modelo que ha demostrado una y otra vez su absoluta incongruencia, de seguirse aplicando en nuestro país.

Es falso que México simplemente esté eliminando subsidios. Miren ustedes. El precio de la gasolina lo fijan varios factores: 69 por ciento provienen del precio del petróleo. México es productor de petróleo. Repito, 69 por ciento. El 4 por ciento es el costo de la refinación, el 12 por ciento es el costo de la distribución y el 15 por ciento de impuestos aplicados. Si México es productor, es dueño del petróleo, ¿por qué estos precios infames en contra de la población?

Ya se dijo aquí y coincidimos nosotros. En el PT tenemos estimaciones que este año, si se mantiene el precio internacional del petróleo, habrá un ahorro o un excedente, que no previó la Cámara de Diputados, de cerca de 120 mil millones de pesos. 120 mil millones de pesos. Y se sigue aplicando una política de sangría en contra de la población de este país.

Por esa razón no toco el tema de la energía eléctrica, que es otro problema más. Aquéllos que consumen más de 75 kilowats van a sufrir un aumento de cerca de 55 por ciento en este mes. Repito, cerca de 55 por ciento.

Yo les pregunto, señores legisladores senadores y diputados, ¿cómo es posible que mantengamos una actitud de indiferencia, de apatía, de desgano frente a estos problemas tan importantes de la población. ¿No se dan cuenta de la irritación social que hay en la calle? ¿No han sentido el desprecio que siente la gente por nosotros los políticos? ¿No se cansan de ser cómplices de un gobierno que está abusando del pueblo de México? Les pregunto.

Creo que el Congreso mexicano, el Poder Legislativo debería asumir una actitud más radical para defender a la población. Creo que es nuestra obligación, como diputados y senadores, establecer un freno a los abusos que se están cometiendo en el país contra la población. Creo que el Congreso mexicano debiera actuar con energía frente a esta escalada inflacionaria, y a esta, sin precedente, escalada de precios en la canasta básica.

México espera que el Congreso de la Unión actúe de inmediato. Yo espero que no lo decepcionemos, porque de una cosa estoy seguro: el abismo entre la sociedad y la clase política crece cada vez más.

Los legisladores y los políticos nos estamos convirtiendo en una casta alejada de la realidad y lo van a sentir en la calle: el desprecio, el reclamo a una clase política mediocre, gris, menor, lamentablemente. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: No habiendo más oradores, se considera suficientemente discutida la proposición con punto de acuerdo. Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la adición propuesta por el senador Jesús Garibay García.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Señor presidente, en qué términos quedaría la adición.

RECESO

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua(a las 13 horas): Se concede un receso de cinco minutos para acordar la proposición y aclararla.

(Receso)

PRECIOS DE COMBUSTIBLES

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua(a las 13:15 horas): Antes de someter a votación el punto de acuerdo y la adición al punto de acuerdo en la forma en que se aprobaría, solicito a la Secretaría dé lectura del punto en la forma en que quedaría redactado.

El Secretario senador Adolfo Toledo Infanzón: El punto de acuerdo quedaría así: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión instruye a la Tercera Comisión para que analice, en el marco de la comparecencia del secretario de Economía del gobierno federal, el impacto del aumento en el precio del gas LP para consumo doméstico y la posibilidad y conveniencia de revertir dicho aumento.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la adición propuesta por el senador Jesús Garibay García. Permítame, secretario. Adelante, senador, con qué objeto.

El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Es sobre este tema. Ciudadano presidente, lo felicito por ser flexible. El procedimiento que se está llevando a cabo es desaseado. Primero porque el trámite que el presidente, o la Presidencia, sometió a la consideración del pleno es un trámite especial, extraordinario, que el Reglamento en su artículo 59 denomina de obvia y urgente resolución.

¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aun cuando no estén en el orden del día, sigue un procedimiento extraordinario, y en esta misma sesión se debe aprobar si comparece o no el secretario de Economía, con el punto de acuerdo que contiene la propuesta del senador Labastida y con las adiciones que hicieron algunos compañeros.

Lo que procede, presidente, es decir, si la asamblea está de acuerdo en la comparecencia del secretario de Economía y luego, en una votación adicional, si están de acuerdo con el agregado que el senador Garibay está proponiendo en el sentido de que se revierte el aumento de la gasolina, que sufrió en diciembre y que se mantenga un congelamiento todo el 2010. Ése es el tema de fondo.

No se puede alterar ni se le puede enviar a la Tercera Comisión para que ésta analice lo que proceda. No, porque ya estamos en un trámite que usted inició y que usted suspendió declarando un receso de cinco minutos, pero no se puede echar atrás el trámite de la obvia y urgente resolución. Tiene que continuarse.

Y no es un asunto en contra de nadie. Es un asunto formal. Es un asunto al que tenemos que darle seguimiento. Queda, pues, simple y sencillamente pendiente tomar la votación si se admite. Ya se logró la obvia y urgente resolución, ya se votó, y ya se declaró por la Secretaría que sí procedía el análisis del asunto planteado y se le dio la naturaleza de obvia y urgente resolución, ahora lo que resta es, si se está de acuerdo en la comparecencia.

Y luego, en una votación separada, si se está de acuerdo en la adición que el senador Garibay plantea. Pero el asunto ya se consideró de obvia y urgente resolución. Y hoy tenemos que decidir, no en la próxima sesión de la Tercera Comisión, porque la Tercera Comisión se va a reunir el próximo miércoles, y entonces estamos dejando pasar un asunto grave para el país, por un mal procedimiento. Yo estoy en de acuerdo y le pido a la Presidencia continúe con el trámite de la obvia y urgente resolución. Muchas gracias.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Tiene la voz el diputado Carlos Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Se trata de una moción de procedimiento.

Efectivamente, a la propuesta original planteada por el senador Labastida, que implica la cita al secretario de Economía a través de la Tercera Comisión, obedece –explico primero las razones de esta propuesta– a que el jueves la Tercera Comisión tendrá una sesión para desahogar la comparecencia del secretario de Hacienda.

En ese caso, habiendo sesión de la Tercera Comisión, lo que se está proponiendo es que sea citado el secretario de Economía, nuevamente. Es decir, en una sesión aparte, a fin de desahogar trámites y asuntos ligados, pero diferentes en materia. Y al efecto, usted concedió la consulta de la urgente y obvia resolución que se aprobó. La urgente y obvia resolución sobre el punto planteado por el senador Labastida.

Ahora bien, el senador Garibay en su intervención propuso una adición a la propuesta del senador Labastida. Y es el momento en que votaríamos juntas, del senador Labastida, añadida la propuesta del senador Garibay en un solo acto de votación para lo cual el secretario nos ilustra y nos dice qué es lo que se está adicionando a la propuesta original. Le propongo, presidente, que pasemos inmediatamente, como ha pedido el senador Monreal, a votar que se cite al secretario de Economía y se le trate en la comisión el asunto planteado por el senador Garibay en esos términos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Bien. Previa lectura de la Secretaría de la propuesta y de la adición, someta a consideración de la asamblea si se considera y se aprueba la proposición como de urgente u obvia resolución... Perdón, si se admite la adición propuesta por el senador Jesús Garibay García, y que sean votadas en conjunto.

Consulte a la asamblea si se admite la adición propuesta por el senador Jesús Garibay García, que no se ha votado. Se vota y votamos en conjunto las dos propuestas: la adición y la propuesta original del senador Labastida.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez(desde la curul): Instrucción clara, porque no entendí, ¿sólo vamos a votar la adicción?

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Sí, señor diputado.

El Secretario senador Adolfo Jesús Toledo Infanzón: No, las dos.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: A ver, diputado Gil.

El diputado Roberto Gil Zuarth(desde la curul): Gracias, presidente. Simplemente para aclarar el procedimiento. Procede que usted someta a votación la admisión de la propuesta del senador Garibay en los términos en los que va a ser leída por la Secretaría. Acto seguido, una vez admitida la propuesta del senador Garibay se debe someter la proposición en su conjunto, con los dos componentes, para su aprobación o rechazo.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Muy bien. Proceda la Secretaría a consultar si se admite la proposición de adición del senador Jesús Garibay García.

El Secretario senador Adolfo Toledo Infanzón: Dado que ya di lectura a la adición del senador Garibay, voy a dar lectura nuevamente a esta adición. Dice: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión instruye a la Tercera Comisión para que analice, en el marco de la comparecencia, el impacto del aumento en el precio del gas LP para consumo doméstico y la posibilidad y conveniencia de revertir dicho aumento. Ésta es adición a la propuesta del punto de acuerdo del senador Francisco Labastida.

Por instrucciones de la Presidencia, voy a consultar primeramente, en votación económica a esta asamblea, si se admite la adición de la propuesta del senador Garibay. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

Se admite la propuesta de adición del senador Jesús Garibay García.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba la proposición con la adición propuesta por el senador Jesús Garibay García, y aceptada por la asamblea.

El Secretario senador Adolfo Toledo Infanzón: Se pregunta, en votación económica, a la asamblea si se aprueba la proposición, sumando a esta proposición inicial del senador Labastida la proposición que ya fue aprobada de la adición del senador Jesús Garibay. En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición con la adición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Aprobada. Comuníquese.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Tiene la palabra el senador Eduardo Nava Bolaños, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal, y a su secretario de Finanzas, a exponer la motivación de los excesivos y desproporcionados aumentos en diferentes servicios y cobro de derechos en la capital del país, proposición que hace a nombre del diputado Roberto Gil Zuarth.

El senador Eduardo Nava Bolaños: Gracias, señor presidente. Honorable asamblea, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos otorgan los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior, sometemos a consideración el siguiente punto de acuerdo.

Primero. El pasado 1 de enero de 2010, mientras cientos de miles de ciudadanos residentes en el Distrito Federal festejaban el fin de año, que pasará a la historia como el año en que azotó una de las peores crisis financieras de la historia, año en que México, y en particular la ciudad capital, sufrieron del virus AH1N1 y de las repercusiones económicas que esto representó, sus bolsillos estaban sufriendo un aumento en diversas tarifas, como la del agua potable, transporte, impuestos y pago de derechos.

Tiempo antes de estos aumentos, distintos legisladores del mismo partido político que gobierna el Distrito Federal y que impulsó esta alza desmedida e injustificada de aumentos atacaba el paquete fiscal aprobado por el Congreso federal hace prácticamente un par de meses, el 5 de noviembre de 2009, para ser exactos y quienes integramos este honorable Congreso de la Unión aprobamos después de un largo debate el paquete económico con el que deberá conducirse el país en el presente año y ejercicio fiscal.

Dicho paquete económico para el ejercicio fiscal 2010 incluye un incremento temporal y marginal de impuestos que permiten hacer frente a las necesidades del gasto que nuestro país requiere para resarcir y superar las secuelas que trajo consigo la crisis económica mundial. Resulta preciso reafirmar, compañeros legisladores, que la aprobación de estos ingresos adicionales o ahorros para las finanzas públicas del país se justifican con los consensos alcanzados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para la erogación de los mismos.

Estos acuerdos permitirán, además de impulsar la inversión en infraestructura en todo el territorio nacional, continuar el combate frontal a la pobreza con el programa de Oportunidades, que amplió su cobertura a zona urbana; como el Seguro Popular, en el cual se aprobaron más de 62 mil millones de pesos para 2010; continuar con la inversión al campo con un presupuesto de más de 268 mil 700 millones de pesos para el Programa Especial Concurrente (PEC), entre muchos otros rubros, que se vea reflejado hacia una mejor calidad de vida para todos los mexicanos.

También es preciso recalcar que las entidades federativas resultarán beneficiadas en gran medida con las reformas de carácter tributario y las medidas aprobadas en el paquete económico 2010, al haber incrementado el monto de participaciones y aportaciones que recibirán para erogar a discreción y de acuerdo a lo que justifique el Ejecutivo estatal y en lo que determinan sus propios Congresos locales. Queda de manifiesto entonces que lo aprobado el 5 de noviembre pasado, por el Congreso de la Unión, está plenamente justificado por todo lo que se ha mencionado hasta el momento.

Sin embargo, no todos los incrementos y medidas recaudatorias tienen un sustento y una justificación para los ciudadanos, como es el caso del Distrito Federal, en lo particular. Resultan aun injustificables, cuando en el Presupuesto de Egresos federal le fueron aprobados al Distrito Federal cerca de 80 mil millones de pesos entre participaciones federales, aportaciones federales, proyectos etiquetados en los anexos, sin incluir los 5 mil millones de pesos que fueron aprobados en la Ley de Ingresos, del Presupuesto de 2010, por concepto de endeudamiento. Mismo que situará a las obligaciones financieras del Distrito Federal en más de 50 mil millones de pesos durante 2010, ubicándola por mucho como la entidad federativa con mayor monto de endeudamiento en México, pese a no tener estrictamente el carácter de entidad federativa en la República Mexicana.

En el Partido de Acción Nacional siempre hemos pugnado por la transparencia, la rendición de cuentas, la justificación, eficiencia del gasto público, nos resulta inminente solicitarle al titular del Ejecutivo del Distrito Federal rinda al Congreso de la Unión un informe detallado en el gasto que ejercerá durante el 2010 con los recursos provenientes de estos incrementos.

También resulta vergonzoso e inadmisible el doble discurso que, por un lado, promete mayor gasto social para favorecer supuestamente a los más desprotegidos, y por otro lado, promueve un incremento a servicios fundamentales para los ciudadanos del Distrito Federal, que impactan considerablemente a las clases medias, además de afectar por supuesto a los más desfavorecidos.

Resaltan dudas sobre los criterios de justicia distributiva que se utilizaron para otorgar los descuentos aludidos a los sectores más desfavorecidos así como la logística operativa, que permite saber con precisión a quiénes se otorgarán los descuentos aludidos, así como garantías de que no existirá criterio político electoral para el otorgamiento de los descuentos.

La pregunta es, ¿qué pasa? Promovieron un discurso populista de incremento en el gasto social, pero que a la vez gastan sumas exorbitantes para lujosos eventos, como pista de hielo, árboles de Navidad gigantes y festejos onerosos, pretendiendo ahora hacerlo a costillas de las carteras de los capitalinos, ya de por sí considerablemente afectadas por una de las peores crisis del mundo.

Hace apenas poco más de dos meses, el 21 de octubre, un periódico de la capital del país refería que el jefe de Gobierno del Distrito Federal no debería subir impuestos y aumentar la carga de los contribuyentes. Necesitamos medidas de reactivación de la inversión pública. Ahora decide hacer un poco oportuno regalo navideño a los habitantes del Distrito Federal, que impactará considerablemente en las economías familiares y en los niveles de vida de la población.

Una inconsistencia en su actuar es que, según datos de la propia Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal, la canasta básica en esta entidad ha sufrido aumentos aproximados de 30 por ciento, el alza de los 27 productos que conforman esta canasta afectan a la gran mayoría, si no a todo el país, a todos los ciudadanos de la ciudad más poblada de México.

La crisis mundial de 2009, las secuelas económicas de la influenza en distintos ámbitos en la economía local, como son la hotelera, la restaurantera y en general de servicios, el alza necesaria en estos impuestos federales, los aumentos en la canasta básica en el DF no son considerados suficiente carga para los ciudadanos del Distrito Federal, para sus gobernantes, ya que aunado a esto han realizado los siguientes aumentos:

Al precio del transporte colectivo Metro, un aumento de 50 por ciento, acrecentado de dos a tres pesos. Siendo este medio de transporte el más socorrido por millones de trabajadores de las clases bajas. Los tres pesos que ahora costará este sistema de transporte colectivo representan poco más de 5 por ciento del salario mínimo, tomando en cuenta que generalmente, para trasladarse de un lugar a otro, los trabajadores deben comprar un boleto de ida y otro de regreso. Estamos hablando sólo de transporte, de que este incremento generaría para los capitalinos el 10 por ciento de su salario.

Al impuesto sobre nómina, un aumento de 20, pasando de 2 a 2.5, este aumento se dio en el ISR a un intervalo de población con cierto nivel de ingreso que es poco más de 6 por ciento. Los legisladores del Partido de la Revolución Democrática consideraron que este aumento iba a ser en el que hubiera menos inversión, dado que los inversionistas encontrarían costos más reducidos en otras partes del mundo. Estas afirmaciones se hicieron sobre el 6 por ciento de aumento, el 25 de incremento afecta de manera real a la competitividad de la capital y es una amenaza en contra del empleo.

Al impuesto del hospedaje, que también sufrió un 50 por ciento, pasó de 2 a 3, al impacto sufrido por hoteleros, por la difusión que se dio a la epidemia de AH1N, a nivel mundial y la imagen que se creó en México redujo de manera significativa el flujo de turistas internacionales y nacionales a esta hermosa ciudad. Sobresale, entre todo, el aumento al precio del agua, el cual se considera desmedido en toda proporción según el lugar donde se habite estos impuestos son: entre 125 y el 620 por ciento, dependiendo de la zona habitacional.

Actualmente el consumo estándar en la Ciudad de México es entre 30 y 50 metros cúbicos, por los cuales se pagan 71.54 pesos sin distinción. Como parte de la reforma se dividió a la Ciudad de México en cuatro niveles socioeconómicos: popular, bajo, medio y alto. Con este nuevo esquema, con el consumo estándar, el nivel popular pagará 161 pesos y el bajo 203, 475 en el medio y 515 en el alto.

Por lo que hace al predial, pago por derechos, servicios, de licencias de conducir, parquímetros y multas de tránsito, etcétera, cada uno de estos impuestos afecta, indudablemente, a toda la sociedad residente en el Distrito Federal, que se une a la serie de impuestos antes descritos.

Es por ello que a los legisladores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional nos preocupa considerablemente la insensible imposición del alza contemplada en el pago de servicios en el Distrito Federal, considerando menester contar con la información necesaria y satisfactoria sobre los criterios utilizados para tomar la decisión que ha llevado al gobierno del Distrito Federal a proponer las alzas antes descritas, que invariablemente laceran y hieren la economía familiar.

Por lo expuesto anteriormente, someto a consideración de la asamblea la siguiente propuesta con punto de acuerdo.

Primero. Se instruye a la Tercera Comisión a que se invite al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, a celebrar una reunión de trabajo ante esta soberanía, a fin de explicar y fundamentar cada uno de los aumentos propuestos para la capital del país.

Segundo. Se invita al ciudadano Mario Delgado Carrillo, secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que exponga la naturaleza de los desproporcionados aumentos de los diferentes servicios y pagos de derechos para los habitantes del Distrito Federal en su propuesta de paquete financiero para el Distrito Federal en 2010.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el día es 4 del mes de enero. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno y al secretario de Finanzas del Distrito Federal a exponer la motivación de los excesivos y desproporcionados aumentos de servicios y de derechos en la capital del país, suscrita por el diputado Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del PAN

Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo mediante los cuales se exhorta al jefe del gobierno y al secretario de Finanzas del Distrito Federal a explicar cada uno de los aumentos de los servicios y pagos de derechos que se establecen en su paquete financiero para el Distrito Federal 2010, que laceran y hieren la economía familiar de los habitantes de la capital del país, conforme a las siguientes

Consideraciones

El 1 de enero de 2010, mientras cientos de miles de ciudadanos residentes en el Distrito Federal festejaban el fin del año que pasará a la historia como aquel en que azotó al mundo una de las peores crisis financieras de la historia, en que México y en particular su ciudad capital sufrieron del virus de la influenza A (H1N1) y de las repercusiones económicas que esto representó, sus bolsillos estaban sufriendo de un aumento en diversas tarifas, como las de agua potable, transporte, impuestos y pago de derechos.

Tiempo antes de estos aumentos, distintos legisladores del mismo partido político que gobierna el Distrito Federal y que impulsó esta alza desmedida e injustificada, atacaba el paquete fiscal aprobado por el Congreso federal hace prácticamente un par de meses, el 5 de noviembre de 2009 para ser exactos, y que quienes integramos el Congreso de la Unión aprobamos, después de un largo debate, el paquete económico con que deberá conducirse el país en el presente año y ejercicio fiscal.

Dicho paquete económico para el ejercicio fiscal de 2010 incluye un incremento temporal y marginal de impuestos que permitirá hacer frente a las necesidades de gasto que el país plantea para resarcir y superar las secuelas de la crisis económica mundial.

La aprobación de estos ingresos adicionales o ahorros para las finanzas públicas del país se justifican con los consensos alcanzados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para la erogación de los recursos.

Estos acuerdos permitirán, además de impulsar la inversión en infraestructura en todo el territorio nacional, continuar el combate frontal de la pobreza con el programa Oportunidades, que amplió su cobertura a zonas urbanas; ampliar la cobertura en los servicios de salud con el Seguro Popular, al cual se aprobaron más de 62 mil millones de pesos para 2010;continuar el impulso de la educación de calidad en el país; fomentar la inversión en el campo, con un presupuesto de más de 268 mil 700 millones de pesos para el programa especial concurrente, entre muchos otros rubros que se reflejarán en una mejor calidad de vida de los mexicanos.

Las entidades federativas resultaron beneficiadas en gran medida con las reformas de carácter tributario y las medias aprobadas en el paquete económico de 2010: se incrementó el monto de participaciones y aportaciones que recibirán para erogar a discreción y de acuerdo con lo que justifique el Ejecutivo estatal, y en lo que determinen sus congresos.

Queda de manifiesto entonces que lo aprobado el 5 de noviembre pasado por el Congreso de la Unión está plenamente justificado por todo lo que he mencionado.

Sin embargo, no todos los incrementos y medidas recaudatorias tienen un sustento y una justificación para los ciudadanos, como es el caso particular del Distrito Federal para el presente ejercicio fiscal.

Resultan aún más injustificables cuando en el Presupuesto de Egresos federal fueron aprobados al Distrito Federal cerca de 80 mil millones de pesos, entre participaciones federales, aportaciones federales y proyectos etiquetados en los anexos, sin incluir los 5 mil millones de pesos que le fueron aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación de 2010 por concepto de endeudamiento, que situará las obligaciones financieras del Distrito Federal en más de 50 mil millones de pesos durante 2010, colocándola por mucho como la entidad federativa con mayor monto de endeudamiento en México, pese a no tener estrictamente el carácter de entidad federativa en la República Mexicana.

En el Partido Acción Nacional, que siempre ha pugnado por la transparencia, la rendición de cuentas, la justificación y la eficiencia del gasto, nos resulta inminente solicitar al titular del Ejecutivo del Distrito Federal que rinda al Congreso de la Unión un informe detallado del gasto que realizará en 2010 con los recursos provenientes de estos incrementos.

También resulta vergonzoso e inadmisible el doble discurso que, por un lado, promueve mayor gasto social para favorecer supuestamente a “los más desprotegidos” y que, por otro, promueve un incremento a servicios fundamentales para los ciudadanos del Distrito Federal que afectarán considerablemente a las clases medias, además de por supuesto a los más desfavorecidos.

Resaltan dudas sobre los criterios de justicia distributiva que se utilizarán para otorgar los descuentos a los “sectores más desfavorecidos”, así como sobre la logística operativa que permita saber con precisión a quiénes se otorgarán esos descuentos y garantías de que no habrá criterios político-electorales para otorgar los descuentos.

La pregunta es qué pasa promoviendo un discurso populista de incremento en el gasto social, pero que a la vez gasta sumas exorbitantes para lujos ostentosos, como pistas de hielo, árboles gigantes de Navidad y festejos onerosos, pretendiendo ahora hacerlo a las costillas de las carteras de los capitalinos, ya de por sí considerablemente afectadas por una de las peores crisis económicas que hemos padecido en el mundo.

Hace apenas poco más de dos meses (el 21 de octubre), un periódico de la capital del país refería que el jefe del Gobierno del Distrito Federal decía: “No deberíamos subir impuestos y aumentar la carga a los contribuyentes. Necesitamos medidas de reactivación de la inversión pública”, y ahora decide hacer un poco oportuno regalo navideño a los habitantes del Distrito Federal que repercutirá considerablemente en las economías familiares y en los niveles de vida de la población.

Otra inconsistencia en su actuar es que, según datos de la propia Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal, la canasta básica en esta entidad ha tenido aumentos aproximadamente de 30 por ciento, el alza de los 27 productos que forman esta canasta afecta a la gran mayoría si no es que a todos los ciudadanos de la ciudad más poblada del país.

La crisis mundial de 2009, las secuelas económicas de la influenza en distintos ámbitos importantes en la economía local, como la hotelera, la restaurantera y, en general, de servicios, el alza necesaria de los impuestos federales, los aumentos de la canasta básica en el Distrito Federal, no son consideradas suficiente carga para los ciudadanos del Distrito Federal para sus gobernantes ya que, aunado a esto, han realizado los siguientes aumentos:

• Al precio del transporte colectivo “Metro”, con un aumento de 50 por ciento: pasó de 2 a 3 pesos. Como este medio de transporte es el más socorrido por millones de trabajadores de clases bajas, los 3 pesos que ahora costará el servicio representan poco más de 5 por ciento del salario mínimo, tomando en cuenta que generalmente para trasladarse al lugar de trabajo se deben comprar un boleto de ida y otro de regreso, estamos hablando de que sólo por transporte este incremento hace que en los pocos casos que sólo se requiere el Metro gastarán 10 por ciento del salario.

• Al impuesto sobre nómina, que tendrá un aumento de 25 por ciento: pasa de 2 por ciento a 2.5. El aumento que se dio en el ISR a un intervalo de la población con cierto nivel de ingreso es de poco más de 6 por ciento, los legisladores del Partido de la Revolución Democrática consideraron que este aumento iba a hacer que hubiera menos inversión, dado que los inversionistas encontrarían costos más reducidos en otras partes del mundo; estas afirmaciones se hicieron sobre el 6 por ciento de aumento. El 25 por ciento de incremento afecta de manera real la competitividad de la capital, y es una amenaza contra el empleo.

• Al impuesto por hospedaje, que aumentó también 50 por ciento, pues pasó de 2 a 3 por ciento. El impacto sufrido por hoteleros por la difusión que se dio al epidemia de la influenza A (H1N1) a escala mundial y la imagen que se creó de México redujeron de manera significativa el flujo de turistas internacionales y nacionales a esta hermosa ciudad. El gobierno local, lejos de estimular este sector con regímenes preferentes o algún otro instrumento, le ha aumentado la carga fiscal con este impuesto.

• Sobresale entre todos el aumento en el precio del agua, el cual se considera desmedido. Según el lugar donde se habite, estos impuestos son de entre 125 y 620 por ciento, dependiendo la zona donde habitacional. Actualmente, el consumo estándar en la Ciudad de México es de entre 30 y 50 litros cúbicos, por los cuales se pagan 71.54 pesos sin distinción, como parte de la reforma perredista se dividió la ciudad en cuatro niveles socioeconómicos: popular, bajo, medio y alto. Con este nuevo esquema por el consumo estándar en el nivel popular se pagarán 161 pesos, en el bajo 203, 475 en medio y 515 en el alto.

• Por lo que hace al predial, pagos por derechos, servicios en licencias de conducir, parquímetros y multas de tránsito, reportan en algunos casos aumentos de más de 5 por ciento. Ejemplo claro es el costo de la multa por liberar un auto del corralón, que pasó de 566 a 579 pesos, el costo por “arrastre” de un vehículo de hasta 3.5 toneladas se modificó de 370 a 383.15 pesos, más 39 por derechos de piso. Para tramitar una licencia tipo A en la delegación Álvaro Obregón se debían pagar 422 pesos, ahora serán 438; el costo por matrimonio pasó de mil 397 a mil 447 pesos; el acta de nacimiento tuvo un aumento de 8 pesos, lo equivalente a poco menos de 4 por ciento, las tenencias vehiculares y el retiro de inmovilizadores, entre otros.

Cada uno de estos impuestos afecta indudablemente a toda la sociedad residente en el Distrito Federal; se unen a la serie de impuestos descritos.

Por ello, a los legisladores de Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional nos preocupa considerablemente la insensible imposición del alza considerada en el pago de servicios del Distrito Federal, y consideramos menester contar con la información necesaria y satisfactoria sobre los criterios utilizados para tomar la decisión que ha llevado al Gobierno del Distrito Federal a proponer las alzas descritas, que inevitablemente laceran la economía familiar de los habitantes de la capital del país, así como sobre sus previsibles consecuencias.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente propuesta con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, a comparecer ante esta soberanía a fin de explicar y fundamentar cada uno de los aumentos propuestos para la capital del país.

Segundo. Se invita al ciudadano Mario Martín Delgado Carrillo, secretario de Finanzas del Distrito Federal, a exponer la naturaleza de los desproporcionados aumentos en los servicios y pagos de derechos para los habitantes del Distrito Federal en su propuesta de paquete financiero de 2010.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 5 de enero de 2010.— Diputado Roberto Gil Zuarth (rúbrica).»

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: En virtud de estar listado el punto como de urgente resolución, consulte la secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario senador Adolfo Toledo Infanzón: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, hay...

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Para mayor claridad, le pido al secretario que repita de nueva cuenta la votación.

El Secretario senador Adolfo Toledo Infanzón: Repetiremos la votación. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores. Tiene el uso de la voz el senador Ricardo Monreal, en contra.

El senador Ricardo Monreal Ávila: Gracias, ciudadano presidente. Hace unas horas planteaba en esta misma tribuna, una modificación al artículo 135 constitucional, y dentro de los argumentos que esgrimía para tal reforma era que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal siempre era marginada, siempre era subestimada, y que incluso dentro del Constituyente Permanente la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no era parte del poder revisor de la Constitución.

Nosotros estamos de acuerdo en que puedan comparecer todos los funcionarios del Distrito Federal que se quiera, porque no utilizamos doble discurso. Creemos que en todos los gobiernos estatales, y el federal, deben una explicación en cualquier alza de bienes y servicios, lo que yo planteo es que debería ser la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la que hiciera las veces de convocante para que los funcionarios del Distrito Federal, incluyendo al jefe de Gobierno, comparecieran ante esa instancia y hacer las explicaciones pertinentes.

Por eso nosotros le planteamos a la Comisión Permanente, a la Presidencia y a los miembros de la Comisión Permanente, puedan enviar el punto de acuerdo a la Asamblea Legislativa, pero si se quiere que se comparezca ante este pleno de la Comisión Permanente, nosotros no nos oponemos absolutamente; es simplemente darle prestancia a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Yo les pregunto, porqué no citar al gobernador de cualquier estado del país; porqué no vamos a citar al gobernador de Guanajuato o de Jalisco o de Guerrero, porqué no hacerlo si así fuera el propósito y el motivo. En varios estados están ocurriendo aumentos a las tarifas de transporte; aumento a las tarifas del agua potable; aumento a las tarifas de servicios públicos que presta una entidad federativa y normalmente comparecen ante su legislatura local.

¿Cuál es el propósito? ¿Tratar de empatar la errática conducción económica de la federación con el Distrito Federal? Nosotros no tenemos inconveniente en dar el debate y la discusión del Distrito Federal y de la nación. Porque nos consta, sabemos que en el Distrito Federal se ha aplicado una política social sin precedente y sin comparación a la de la federación. Por esa razón, repito, para mantener nuestra congruencia, simplemente hacemos esta reflexión: que le compete a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el citar a comparecer a los distintos funcionarios y que esta Comisión Permanente debería enviar o reenviar esta solicitud a la Asamblea.

Pero si no se hiciera así, si el PRI y el PAN, aunque yo conozco mucha gente seria del PRI y saben que este argumento lo han esgrimido siempre, desde hace muchos años, entiendo la política y entiendo el momento que se está viviendo en el país. Pero si se acordara por la mayoría de la Comisión Permanente que compareciera, tampoco tengo inconveniente. No es una cosa en la que no haya una explicación lógica. Simple y sencillamente advierto que en el fondo hay otro propósito distinto al de la mera explicación de lo que está sucediendo en el Distrito Federal. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Tiene el uso de la voz, para hablar en pro, el diputado Roberto Gil.

El diputado Roberto Gil Zuarth: Gracias, presidente. Compañeras, compañeros legisladores, el Distrito Federal tiene una circunstancia constitucional atípica: no tiene la misma naturaleza que un estado de la República. Seguramente es un pendiente que tenemos que resolver como poder revisor de la Constitución. Pero mientras el régimen del Distrito Federal permanezca tal y como está plasmado en nuestra Carta Magna tenemos que reconocer que el Congreso de la Unión tiene facultades fiscales que tienen incidencia en la determinación de la política fiscal del Distrito Federal. Tan es así que el Congreso de la Unión aprueba el techo de endeudamiento del Distrito Federal.

Si hubiésemos conocido en esta Cámara de Diputados, a propósito de la aprobación del techo de endeudamiento, cuál iba a ser la política de tarifas y precios del Gobierno del Distrito Federal, supongo que la decisión de este Congreso hubiese sido diametralmente distinta y a lo mejor no se le hubiesen autorizado los cinco mil millones de pesos de techo de endeudamiento, porque, como se aprecia en los recientes aumentos que ha planteado el jefe de Gobierno del Distrito Federal a la Asamblea Legislativa, tiene una estrategia de recaudación muy clara a través de la política de precios y de tarifas de los servicios y bienes que presta el Gobierno del Distrito Federal.

Y no solamente es el aumento en el precio del Metro...

El diputado César Augusto Santiago Ramírez(desde la curul): Señor presidente, si me acepta el orador una interpelación.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Permítame, señor diputado. Si acepta una interpelación del señor diputado.

El diputado Roberto Gil Zuarth: Por supuesto que sí.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez (desde la curul): El gobierno federal, como parte de su estrategia en materia presupuestal y de ejercicio del gasto, en la opinión suya ¿no tiene también esa intención recaudatoria cuando aumenta el precio de la gasolina y de los otros insumos que hemos estados discutiendo en la mañana? O, ¿para el DF si es una estrategia y para el gobierno federal no?

El diputado Roberto Gil Zuarth: Presidente, ¿puedo continuar?

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Adelante, diputado.

El diputado Roberto Gil Zuarth: Le agradezco mucho la pregunta al diputado Augusto Santiago. En buena medida la respuesta vendrá en un punto de acuerdo que el Partido Acción Nacional presentará más adelante y tiene que ver con la cuota por la venta final de combustibles, de gasolinas, una reforma que se hizo a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 100 por ciento participable y a pesar de que durante este año no se deslizó el precio de la gasolina, los estados de la República, las entidades federativas, incluido el Distrito Federal, recibieron íntegramente la cuota que establece la ley, a pesar de que no hubo desliz. Esto implicó un subsidio del gobierno de la República hacia los estados y los municipios, del orden de 5 mil millones de pesos.

Y precisamente porque queremos discutir y entrar al fondo de estos argumentos y entrar al fondo de estas cuestiones, hemos aceptado las comparecencias del secretario de Hacienda y del secretario de Economía porque vamos a dar este debate en la Tercera Comisión y en este pleno.

Cuál es la razón –continúo con mi tiempo, señor Presidente– cuál es la razón para que se opongan a que el Gobierno del Distrito Federal venga a explicar su política de precios y tarifas, de cara a la revisión que tiene que hacer el Congreso de la Unión sobre las facultades fiscales que tiene el Congreso de la Unión y que tienen incidencia en el Distrito Federal.

Hemos aceptado, desde Acción Nacional, que comparezcan los funcionarios del Gobierno de la República que tienen la responsabilidad de determinar la política de precios porque tenemos razones para sostener esa política y porque creemos que fortalece las finanzas públicas.

Dejo una pregunta a la asamblea: ¿cuál es la razón para que se opongan a que el jefe de Gobierno o el secretario de Finanzas vengan y expliquen su política de precios? ¿Tendrá o no tendrá –es pregunta– incidencia en la futura determinación en materia fiscal hacia el Distrito Federal? Por supuesto que tiene incidencia y este Congreso no puede, bajo ninguna circunstancia, obviar sus facultades.

Entraremos a un ciclo presupuestal en los próximos meses e inevitablemente este tipo de determinaciones tienen impacto en esas decisiones. ¿Cuál es la razón para que este Congreso no conozca los argumentos y los motivos que tuvo el Gobierno del Distrito Federal para proponer esta política de precios? ¿Cuál es la razón? ¿A qué temen? ¿Cuál es la razón para que se nieguen a venir?

Con transparencia, claridad de propósitos y responsabilidad democrática, hemos propuesto que los funcionarios del gobierno federal vengan a esta Comisión Permanente.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Permítame, diputado. Adelante, diputado.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): En el tenor de lo que afirma, diputado, entonces por qué lo invitamos y no lo convocamos, como hacemos con los señores secretarios.

El diputado Roberto Gil Zuarth: Muchas gracias, señor diputado Ramírez Marín. Porque tratándose de un funcionario de carácter local, nuestras competencias son limitadas. Lo que estamos proponiendo es invitar a que participe el jefe de Gobierno con voluntad política, voluntad democrática, a discutir con el Congreso. Así está redactada la propuesta que hizo el senador Nava: instruimos desde esta Comisión Permanente a la Tercera Comisión, a que invite al jefe de Gobierno o a su secretario de Finanzas a participar con legisladores de la República los argumentos que tuvo para sostener su política de precios y tarifas. Es una invitación.

Será decisión del jefe de Gobierno y del secretario de Finanzas atender o no la invitación que les haga el Congreso de la Unión. No tengo ninguna duda de que el jefe de Gobierno atenderá esa convocatoria, si existen las razones para sostener esta política de precios. Muchas gracias.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Tiene el uso de la voz el senador Ricardo Monreal para rectificación de hechos.

El senador Ricardo Monreal Ávila: Gracias, ciudadano presidente. En mi pueblo –yo estudié en la Universidad de Zacatecas y después en la UNAM, en la División de Estudios de Posgrado– en mi pueblo había un abogado que en una ocasión se comió una letra de cambio. Al enseñar la demanda del juicio mercantil ejecutivo dijo ¿y dónde está el documento base de la acción? Se volteó el abogado, con unos lentes gruesos, y se comió el documento. A esos les llamamos nosotros abogados huizacheros porque se inventan argumentos.

No, no, en el fondo hay un asunto político porque no pueden cargar con esta política criminal de aumento de precios y quieren invitar a otros a su deterioro y a su desprestigio. Y se equivocan. Nosotros no nos oponemos. Nadie se opone a que venga. Por eso digo, subyace en el fondo un asunto político y estamos dispuestos  a debatir y a discutir el fondo de lo que está sucediendo en el país.

Es un distractor, quienes se crean que éste es un debate de fondo se equivocan. Es un distractor burdo. Vean las calles, los transportistas, los campesinos, las amas de casa protestando por esta política criminal del gobierno federal. Vean el antecedente de porqué el Distrito Federal ha generado esta política. La mayoría de la Cámara ahogó en el Presupuesto de Egresos al Distrito Federal. Y en el fondo piensan ir por el Distrito Federal. Pero ahí se van a topar con un muro infranqueable. Es una estrategia política que no pueden caer en la ingenuidad quienes piensan que es un alegato justiciero para la gente del Distrito Federal.

Y ahora nos dicen, vean que nosotros somos concesionarios graciosos para que vengan los funcionarios. No, ésa no es una concesión graciosa. Ésa es una obligación constitucional. No nos hacen ningún favor los del PAN diciendo que aceptaron que vinieran los funcionarios del gobierno federal a explicarnos. No, señores, ésa es una obligación que tienen. Y si este Congreso fuera más determinante, sería una obligación de esos funcionarios revertir, y sería un control auténtico a los excesos del Poder Ejecutivo federal. No lo hemos hecho, y no creo que lo hagamos.

Aun cuando hay un sector del PRI, que sabe que tengo razón. Pero hay otro sector del PRI que no quiere, aunque lo entiende. Por eso el PRI durante muchos años ha sostenido esta tesis, ¿cómo por una estrategia mediática inmediata pueden aceptar que comparezca?

Yo no me opongo, eh. Él sabe defenderse bien, el jefe de Gobierno y sus políticas públicas, y sus funcionarios, pero me parece que es un asunto huizachero, de una argumentación huizachera. Y hay muchos huizacheros en este país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Tiene el uso de la voz para hablar en contra, la diputada Enoé Uranga.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Muchas gracias, señor presidente. No hay ninguna razón, diputado, para que el Gobierno del Distrito Federal rinda los informes que se le soliciten y mal haría una izquierda, espero que nunca la vea usted en este Congreso de la Unión, oponiéndose a culturas que tienen que ver con la transparencia. La transparencia es una de las responsabilidades que por convicción tiene que impulsar todo aquél que se dice de izquierda.

No contra eso, ni siquiera contra las motivaciones que plantean ustedes en la propuesta de punto de acuerdo, que viene plagada de mentiras. El asunto del agua, por ejemplo, es un asunto que el Distrito Federal maneja atendiendo puntualmente a las observaciones de Conagua.

Mal hacen en señalar aumentos como el del Metro. Ahí comparto con quienes señalan la irresponsabilidad de gobiernos anteriores al PRD el no haber aumentado el Metro. Me parece que eso es algo que hay que festejarle al gobierno actual, su distancia con ese tipo de medidas populistas.

Más bien lo que creo que estarían ustedes dando, ni siquiera es un foro para saberse defender, sería un foro para que jefe de Gobierno actual se luciera. Estarían ustedes poniéndole una mesa para que viniera a rendir muy buenas cuentas y quedara muy bien con el país.

Ése no es el tema, diputado. El tema es de competencias, el tema es el que usted dejó ya entrever en su respuesta a la pregunta planteada por el vicecoordinador del PRI. El Congreso tiene facultades sólo en materia de deuda, sólo en materia del techo de endeudamiento y, si acaso, en el tema de seguridad pública para solicitarle cuentas al Distrito Federal.

El que ustedes abrieran la puerta en este momento, con la que incluso podríamos estar de acuerdo si concedemos que eso es lo que estamos planteando en este momento, estaríamos entonces creando un antecedente. En ese sentido tendría dos propuestas. Una, vamos en la lógica de lo que ustedes plantearon, nada más que le adicionamos al punto de acuerdo que en ese mismo sentido en el que se solicitará la comparecencia del jefe de Gobierno, que entiendo que también quieren a secretarios de gobierno y amigos que les acompañen.

Vamos a poder citar a cualquier gobernador, de cualquier estado y a cualquier secretario de rango menor, de cualquier estado, a que comparezcan aquí. Creemos ese antecedente formal o reduzcámoslo a las facultades que tenemos. Solicitemos la información que le genera inquietud a usted, que el Gobierno del Distrito Federal, estoy convencida, que con toda disposición otorgará, y quedémonos en el marco de las facultades que esta soberanía tiene.

Propongo que, en aras de esa transparencia con la que la izquierda siempre se mostrará dispuesta, ustedes pudieran, en el marco del respeto a la ley, que entiendo les gusta señalar como uno de sus distingos, que se modificara el planteamiento que hacen y que nos quedáramos solamente en la parte que tiene que ver con solicitar la información en los términos de lo que nuestras facultades permiten. Y que no abriéramos la puerta para que esto se convierta en una pasarela de gobernadores, luciendo sus malas o sus buenas cuentas.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Tiene el uso de la voz el diputado Carlos Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con su permiso, señor presidente. Está muy claro el espíritu que compartimos todos los partidos representados en esta Comisión Permanente respecto a la responsabilidad de informar y respecto a las facultades del Congreso de solicitar esta información.

A efecto de zanjar una discusión, cuyo fondo es eminentemente más político que legislativo, quisiéramos proponer a los señores diputados y senadores la presente modificación al punto de acuerdo, en el ánimo de, en lo que –hoy por la mañana, en sesión previa– los diputados y los senadores del PRI estuvimos de acuerdo en aceptar y en acompañar al punto de acuerdo. No sólo éste sino al siguiente, relacionado con la necesidad de que el Legislativo, como representante de la soberanía popular, tenga a la mano información respecto a temas que son del interés de toda la ciudadanía. Al efecto, la propuesta que les hacemos consiste en lo siguiente, señores diputados, señores senadores:

La Comisión Permanente instruye a la Tercera Comisión para que, en los términos y modalidades que considere correspondan a las facultades de este Congreso y respecto de las instancias locales, solicite al Gobierno del Distrito Federal la información respectiva a la motivación y fundamentos por el que se producen las alzas en los precios de diferentes servicios y derechos en el Distrito Federal.

Es cuanto. La entrego a la Secretaría, para efecto de que la puedan procesar.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: No habiendo más oradores registrados se considera suficientemente discutido.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.

El Secretario senador Adolfo Toledo Infanzón: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite la propuesta presentada por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín. En votación económica, quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa manifiéstenlo.

Se admite la propuesta presentada por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Consulte la Secretaría, una vez admitida la adición, si se aprueba la proposición de punto de acuerdo con la adición propuesta por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín y aceptada por la asamblea.

El Secretario senador Adolfo Toledo Infanzón: En votación económica se propone a la asamblea y se consulta si se aprueba el punto de acuerdo con la modificación presentada por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo en votación económica. Quienes estén por la negativa favor de expresarlo.

Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Aprobado. Comuníquese.

SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Tiene la palabra la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo con relación al conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas, división Nuevo Necaxa, en el estado de Puebla.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Gracias, señor presidente. La suscrita diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la aprobación de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones.

En la madrugada del 11 de octubre pasado, elementos de la Policía Federal Preventiva tomaron las instalaciones del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, en la Ciudad de México y en los estados de México, Morelos, Hidalgo y Puebla. Esta ocupación se efectuó horas antes de que el presidente Felipe Calderón emitiera un decreto por el que se extingue Luz y Fuerza del Centro, publicado ese mismo día en el Diario Oficial de la Federación, y a unos días de que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social negara la toma de nota a la dirigencia electa del Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, por presuntas irregularidades en el proceso electoral interno.

En virtud de tal decisión, las electricistas y los electricistas habitantes de Nuevo Necaxa, en el estado de Puebla, en uso de su derecho a la libre manifestación y apoyados por sus familias, comerciantes y campesinos de la zona, han venido realizando intensas movilizaciones de manera pacífica en las instalaciones de la planta Encasa, subestación El Salto, y en la entrada principal de Nuevo Necaxa. De igual manera mantienen cuatro guardias en Necaxa y una más en Beristáin, municipio de Ahuazotepec.

Todas estas formas de expresión y de protesta son la respuesta ante la exorbitante movilización del Ejército mexicano y de elementos de la PFP en dicha comunidad. Esta presencia, provocadora e injustificada, ha causado un clima de mayor tensión en un municipio totalmente afectado por la liquidación de Luz y Fuerza, que se siente agredido y que en los hechos está sitiado por fuerzas armadas.

Los pobladores de la región, ajenos al conflicto o a integrantes del SME, ven con preocupación la presencia significativa de elementos armados en las comunidades aledañas a la presa de Necaxa, la cual pudiera derivarse en un conflicto mayor.

Asimismo, existe la preocupación fundada por parte de electricistas de que al emitirse el decreto que extingue a Luz y Fuerza del Centro se ignoró la incapacidad técnica del personal de la Comisión Federal de Electricidad para operar los controles de esta hidroeléctrica y la impericia en el manejo de la presión del agua contenida en la presa de la región, lo que puede provocar una tragedia para los pobladores.

Son claros y latentes los peligros de colapso en el sistema eléctrico y en el hidráulico del complejo Necaxa. El desagüe inexperto de las presas ha provocado pérdidas de siembras o graves riesgos para las comunidades asentadas en las orilla del río Necaxa y han sido afectadas en sus derechos fundamentales, ya que con el accidentado y torpe manejo del cauce del río se están generando fenómenos migratorios, además de incuantificables pérdidas económicas para los campesinos, cuyo único patrimonio es la siembra. Todo ello aunado a factores como el reportado por el SME, respecto a la reciente provocación que la PFP efectuó en los plantones de la subestación de Teotihuacán, en los que el SME tiene una protesta contra la contratación de empresas particulares para dar el servicio que anteriormente realizaba la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, lo que derivó en un enfrentamiento entre integrantes de dicho sindicato con personal de la Comisión Federal de Electricidad y la Policía Federal.

Por lo anterior, ponemos a la consideración de esta soberanía la propuesta para exhortar a las autoridades competentes, a que ordenen la salida de los elementos de la PFP, no sólo de la hidroeléctrica, sino de las poblaciones que son ajenas al conflicto y que se exija realizar una valoración para supervisar las condiciones técnicas en las que se encuentra operando la presa Necaxa.

Todo ello para evitar cualquier desgracia, ya que trabajadores electricistas y las propias autoridades municipales de Juan Galindo, en el estado de Puebla, han alertado a Protección Civil sobre el riesgo en que se encuentra la zona, ya que las cinco presas del sistema se manejan de forma irresponsable e incompetente, ya que mientras unas se han desbordado, otras han bajado a su nivel crítico. Lo cual está a punto de provocar que los diques de arcilla se agrieten por falta de humedad y causen daño irreversible a las instalaciones que representan además un patrimonio histórico cultural.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los ciudadanos Fernando Gómez Mont, titular de la Secretaría de Gobernación; Guillermo Galván Galván, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional; y Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, a instrumentar mecanismos efectivos para retirar la presencia excesiva de los elementos del Ejército mexicano y de la Policía Federal Preventiva de los municipios de Ahuazotepec, Huachinango y Juan Galindo, en el estado de Puebla.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión acuerda la creación de un grupo plural de trabajo, integrado por 3 diputados y 3 senadores, para que visite la zona correspondiente a la presa Necaxa y una vez que dicho grupo culmine la visita y la integración de las constancias correspondientes, rinda un informe ante esta Comisión Permanente.

Tercero. Que se solicite la intervención de un dictaminador de respetabilidad internacional o un académico de prestigio, para evaluar, de la manera más objetiva y desinteresada, las condiciones actuales bajo las que opera el sistema hidráulico en Necaxa, para que, en su caso, se tengan elementos que permitan deslindar responsabilidades.

Cuarto y último. Con fundamento en la Ley Federal del Trabajo, exhortar al Ejecutivo federal para realizar el pago correspondiente del aguinaldo y el fondo de ahorro estipulado en la ley a los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, que conforme a la misma debió haberse efectuado con fecha límite de 20 de diciembre.

Es cuanto, señor presidente. Le pido que el texto sea integrado en el Diario de los Debates, dado que le hice algunas modificaciones.

«Proposición con punto de acuerdo, sobre el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas, división Nuevo Necaxa, en Puebla, suscrita por la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La madrugada del 11 de octubre pasado, elementos de la Policía Federal tomaron las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro en la Ciudad de México y en los estados de México, Morelos, Hidalgo y Puebla.

La ocupación se efectuó horas antes que Felipe Calderón emitiera un decreto por el que se extingue Luz y Fuerza del Centro, publicado el mismo 11 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, y a unos días de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social negara la toma de nota a la dirigencia electa del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), por presuntas irregularidades en el proceso electoral interno.

En virtud de tal decisión, los electricistas y los habitantes de Nuevo Necaxa, Puebla, decidieron hacer uso de su derecho a la libre manifestación y, apoyados por sus familiares, comerciantes y campesinos de la zona, han venido realizando intensas movilizaciones de manera pacífica en las instalaciones de la planta Encasa, subestación El Salto, y la entrada principal a Nuevo Necaxa. De igual manera, se mantienen cuatro guardias en Necaxa y una más en Beristáin, municipio de Ahuazotepec. Todas estas formas de expresión y de protesta han generado la movilización del Ejército Mexicano y de elementos de la Policía Federal, causando así un clima de mayor tensión en un municipio totalmente afectado por la liquidación de Luz y Fuerza, que se siente agredido y que en los hechos está sitiado con fuerzas armadas.

Sin embargo, los pobladores de la región ajenos al conflicto ven con preocupación la presencia significativa de elementos armados en las comunidades aledañas a la presa de Necaxa, la cual podría derivar en un conflicto mayor.

Asimismo, hay la preocupación por los electricistas de que al emitirse el decreto que extingue Luz y Fuerza del Centro se ignoró la incapacidad técnica del personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para operar los controles de esta hidroeléctrica y que la presión del agua contenida en las presas de la región puede provocar una tragedia para los pobladores.

Son claros y latentes ya los riesgos de colapso en el sistema eléctrico y en el hidráulico del complejo Necaxa. El desagüe inexperto de las presas ha provocado ya pérdidas de siembras y riesgos en comunidades que viven a la orilla del río Necaxa y que están siendo afectadas en sus derechos fundamentales, pues con el accidental y torpe manejo de la creciente del río se han generado hasta fenómenos migratorios, además de las incuantificables pérdidas económicas para campesinos cuyo único patrimonio es lo que ya se está poniendo en grave riesgo.

Este tipo de situaciones quedaron de manifiesto el pasado domingo 3 de enero, al generarse un enfrentamiento entre integrantes del SME con personal de la CFE y de la Policía Federal, derivado de las protestas que el SME mantiene por la contratación de la CFE de empresas particulares para prestar el servicio de luz que realizaba Luz y Fuerza del Centro.

Por tanto, ponemos a consideración de esta soberanía la propuesta de exhortar a las autoridades competentes a ordenar la salida de los elementos de la Policía Federal no sólo de la hidroeléctrica sino de las poblaciones que son ajenas al conflicto, y que se exija realizar una valoración para supervisar las condiciones en que se opera la presa de Necaxa. Todo ello, para evitar cualquier desgracia, ya que trabajadores electricistas y las propias autoridades municipales de Juan Galindo, en Puebla, han alertado sobre el riesgo en que se encuentra la zona, ya que las cinco presas del sistema se manejan de forma irresponsable e incompetente: mientras unas se han desbordado, otras las bajan a un nivel crítico. La situación está a punto de provocar que los diques de arcilla por falta de humedad se agrieten y causen un daño irreversible a las instalaciones, que representan además un patrimonio histórico y cultural.

Por todo lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los ciudadanos Fernando Gómez Mont Urueta, Guillermo Galván Galván y Genaro García Luna, secretarios de Gobernación, de la Defensa Nacional, y de Seguridad Pública, respectivamente, a instaurar mecanismos efectivos para retirar la presencia de los elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Federal en Ahuazotepec, Huauchinango y Juan Galindo, Puebla.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda la creación de un grupo plural de trabajo, integrado por tres diputados y tres senadores, nombrados por sus respectivos grupos parlamentarios, para que visite la zona correspondiente a la presa de Necaxa. Una vez que dicho grupo culmine la visita y la integración de las constancias correspondientes, rendirá un informe ante la Comisión Permanente.

Tercero.Que este grupo plural de trabajo solicite la intervención de un dictaminador de representatividad internacional o académico que evalúe de manera objetiva y desinteresada las condiciones actuales en que opera el sistema hidroeléctrico de Necaxa para que, en su caso, se tengan elementos que permitan deslindar responsabilidades.

Cuarto.Con fundamento en la Ley Federal del Trabajo, exhortar al Ejecutivo federal a realizar el pago correspondiente del aguinaldo y fondo de ahorro establecido en la ley, que conforme a ésta debió haberse efectuado con fecha límite de 20 de diciembre.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de enero de 2010.— Diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica).»

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajoe insértese el contenido completo del mismo en el Diario de los Debates.

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Tiene la palabra el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar y solicitar al Ejecutivo federal, y a las instancias correspondientes, para que frenen el alza indiscriminada de precios de los productos de la canasta básica.

El senador Ricardo Monreal Ávila: Gracias, ciudadano presidente. El incremento de 2.6 pesos al salario mínimo fue prácticamente aniquilado por los incrementos de fin de año y los aumentos de los precios de los productos de la canasta básica de los primeros días de este año.

Voy a manejar datos de la Procuraduría Federal del Consumidor. En 2006, 42 productos, los que componen la canasta básica, le costaban al ciudadano en México 812 pesos, en este momento, al día de hoy, adquirir los 42 productos de la canasta básica le cuestan al ciudadano, o al que no sea ciudadano, mil 436 pesos. Repito, de 812 pesos en 2006, a mil 436 pesos en 2010, un 67 por ciento de aumento.

En 2006 un trabajador, para adquirir estos 42 productos de la canasta básica, necesitaba aproximadamente 14 días de su trabajo de salario mínimo, hoy, a este día, para poder comprar y adquirir los 42 productos de la canasta básica, necesita 24 días.

Esto es, en términos muy simples, lo que nosotros denominamos el poder adquisitivo. Es como se ha venido disminuyendo el poder adquisitivo de la clase trabajadora, de todos. Y por esa razón este punto de acuerdo que hoy estamos planteando es con el ánimo de exhortar al gobierno para que implemente, con urgencia, medidas que congelen el precio, que detengan y frenen el alza indiscriminada de los productos de la canasta básica, y que pueda resarcirse, en parte, el poder adquisitivo de la clase trabajadora, con un aumento de emergencia al salario que vaya de entre el 5 y el 8 por ciento aplicable con urgencia, a partir de este momento. Esto es lo que contiene en términos generales este punto de acuerdo.

Algunos quizá piensen que es exagerado afirmar que en tres años la clase trabajadora ha perdido el poder adquisitivo, y algunos creerán que es exagerado estimar que la canasta básica aumentó 67 por ciento. Hay productos de la canasta básica que han sufrido un 140 por ciento de aumento en tres años.

No son datos inventados ni tampoco cifras alegres. Son datos de la Procuraduría Federal del Consumidor que, por cierto, está ausente. Es una burocracia pesada que no sirve para nada, porque la escalada en el aumento de los precios es imparable. No hay poder que frene esta alza indiscriminada.

Voy a dar sólo unos ejemplos. El azúcar, de 17 pesos que estaba en diciembre de 2006, ahora está en 41 pesos. De 17 a 41. El café soluble, de 28.70 a 44 pesos. El frijol negro, paquetes de un kilogramo, de 9 pesos en diciembre de 2006, a 22 pesos en este momento. El puré de tomate, el queso. El arroz súper extra de un kilo, de 7.75 a 18.90 en este momento. Y así pudiera agregar los 42 productos de la canasta básica. Éstos han sufrido un aumento de hasta 140 por ciento.

Por eso afirmo, y no me cansaré de insistir en que es una política criminal, infame, contra la población. No hay poder, no hay gobierno, no hay quien frene el aumento de los precios. Y lo más grave, señores y señoras legisladores, es que están empezando a ocultarse los productos para encarecerlos.

Ya está ocurriendo que en grandes almacenes están acumulando aceite, arroz, frijol, porque esperan dar un golpe con especulación, con mayores precios, con reetiquetaciones, y no hay quien frene ese abuso. Es más, de acuerdo con el artículo 253 del Código Penal Federal, es un delito cometido contra la economía, el ocultamiento y el encarecimiento de los productos y materias primas de la canasta básica.

Por eso es que llamo la atención de la Asamblea Legislativa, de la Comisión Permanente, para que todos, sin excepción, exijamos poner freno a la especulación desmedida de los grandes comerciantes que están haciendo su agosto en enero, en detrimento de la población. Ante la ausencia de gobierno, y ante la ausencia de mecanismos de control de los precios, está ocurriendo esta política infame.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Le pido concluya, señor senador.

El senador Ricardo Monreal Ávila: En un momento, ciudadano presidente. Por esa razón, ciudadanos legisladores, he sometido a la aprobación de este pleno –aunque sé que se turnará a comisiones– este punto de acuerdo para discutirlo de inmediato y establecer mecanismos de control a la voracidad y al alza indiscriminada de los precios de la canasta básica. Muchas gracias, presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y a las instituciones correspondientes a frenar el alza indiscriminada de los productos de la canasta básica, suscrita por el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT

La manera de actuar del gobierno federal es un insulto a la población, han sido muchas promesas no cumplidas y a tres años de un gobierno impuesto, aún no se pueden percibir los tan prometidos “resultados”. Más aún si vemos la forma en que se manejan los programas sociales que supuestamente deben cubrir a todos los mexicanos, pero en realidad terminan siendo artimañas electoreras para que unos cuantos puedan ganarse la confianza de un grupo social en específico.

En los programas sociales como Oportunidades, sabemos que la cobertura es selectiva la mayoría de las veces, y los apoyos no llegan a los más pobres, además de que, insisto, los programas son manejados de manera partidista como se ha demostrado hasta el cansancio.

Sabemos que los factores son muchos, como la importante recesión económica mundial, aunque es verdad que fue provocada por factores externos y que fue iniciada en Estados Unidos, no podemos olvidar que nuestro país es uno de sus principales socios comerciales. Esto provocó que los precios de los productos de la canasta básica se elevaran de manera desmedida, golpeando fuertemente a la familia mexicana.

Basta una sencilla ejemplificación con tres de los alimentos más básicos de la canasta: la tortilla aumentó en un 8.22 por ciento este noviembre en comparación con el mismo mes de 2008; el huevo 6.36 por ciento; y el pollo en piezas 8.66 por ciento. Y como lo dicta la tradición, año con año la primera quincena del mes de enero, no solo sufrimos la ya famosa “cuesta de enero” sino también el alza en los precios de los productos.

Sabemos que cada mes hay un incremento en los precios de los artículos de la canasta básica, pero el gobierno federal no hace nada para frenar la avalancha que se nos viene encima comenzando el próximo año, y a todo esto tendremos que sumar el aumento también de los impuestos y cargas tributarias que solo provocaran  una mayor inflación para el pueblo mexicano.

Tan solo en el primer año del gobierno del señor Calderón, la canasta básica integrada por 42 productos ha subido de precio en 35 por ciento. Así, mientras en diciembre de 2006 una familia requería de $818.44 pesos para su adquisición, hoy debe gastar para los mismos artículos alrededor de $1, 544.63 pesos.

En un reporte de julio de este año se encontró que entre 2006 y 2008, el porcentaje de personas en condición de pobreza patrimonial en el país se incrementó de 42.6% a 47.4%. Desde que Calderón, llegó al poder, los mexicanos deben trabajar más para subsistir.

Pero el Ejecutivo hace alarde de sus logros con un informe de los tres años al frente de uno de los peores gobiernos que ha tenido este país, festejando con toda la oligarquía como tienen al país sumido en la pobreza. Es indignante que en la actualidad el 47.4% de la población vive en pobreza patrimonial; es decir, esos mexicanos tienen un nivel de ingreso menor a mil 900 pesos mensuales en las ciudades y menor de mil 200 en las zonas rurales.

El 18.2% de la población del país se encuentran en el nivel de “pobreza alimentaria”; es decir, carecen de los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades de alimentación diaria, mientras 47% vive en situación de “pobreza patrimonial”. Estas cifras son la realidad más cotidiana de un reflejo del declive del país y de cómo se viene a pique, con el que se demuestra la incapacidad del gobierno de resolver los problemas que tiene México.

En lo que va de estos gobiernos de derecha, México no sólo perdió liderazgo regional, sino que extravío el rumbo. Ya no somos potencia en nada, más que en corrupción, debido que la pobreza no se ha reducido, los servicios públicos no han mejorado, y tampoco se han creado empleos suficientes, dignos y bien remunerados.

Los siguientes productos  son un claro ejemplo de que cada vez estamos peor, el precio de algunos de los productos que conforman la canasta básica:

Todas estas cosas son las que prometió el señor Calderón, al llegar, en el 2006 con una serie de promesas, que pareciera que en verdad cumpliría, o al menos eso pensaron quienes salieron a votar por él, las cuales son:

• Crear empleos bien pagados

• Reducir impuestos (ISR, IVA)

• Transparentar los impuestos que pagan

• Inversión del dinero (va a manejar en caja de cristal el dinero del pueblo, inversión en escuelas e universidades, inversiones en salud)

• Garantizar la estabilidad económica (para que los ciudadanos puedan adquirir una casa, automóvil)

De lo anterior, nada se ha cumplido y por el contrario, tenemos problemas serios con este tipo de aumentos que afectan cada vez más la economía de todos los mexicanos.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente,

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita al Ejecutivo federal que, a través de las autoridades responsables, frene el alza indiscriminada a todos los productos que conforman la canasta básica.

Segundo. Se solicita al Ejecutivo federal haga un llamado a todas las partes que son responsables del aumento de precios de la canasta básica, a frenar este aumento sin medida de dichos productos.

Nota:

1 Milenio Calderón, tres años de desastre.  03-12-2009

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 5 días del mes de enero de 2010.— Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

AUMENTO DE TASAS DE INTERES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Tiene la palabra la senadora  María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al gobierno federal, al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de que se emitan recomendaciones a las instituciones financieras para no aumentar sus tasas de interés, suscrito por los senadores María del Socorro García Quiroz y Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del PRI.

La senadora María del Socorro García Quiroz: Gracias, presidente. Señoras legisladoras y señores legisladores, recientemente el Banco de México publicó su reporte referente a las tasas de interés efectivas de tarjetas de crédito, datos a octubre de 2009.

En lo que respecta a los meses de agosto y de octubre pasado, los bancos comerciales aumentaron las tasas de interés de sus clientes que realizan pagos parciales de sus adeudos en tarjetas de crédito.

Estos reportes cumplen con el objetivo de otorgar una mayor transparencia, ya que con estas publicaciones se permite una mayor competencia entre los intermediarios financieros. Siendo así, los clientes tienen la oportunidad de identificar cuáles son las instituciones financieras que otorgan los créditos con las tasas efectivas más bajas del mercado financiero.

Los factores que determinan el nivel específico de la tasa de interés que se cobra a un cliente en particular se relacionan con el nivel de riesgo, el patrón de consumo y el pago del cliente, así como el nivel de competencia que perciben dichos bancos, la información disponible para el público y los costos de operación de cada intermediario.

Existen dos tipos de usuarios de tarjetas de crédito; algunos clientes utilizan las tarjetas solamente como medio de pago, cubriendo así cada mes la totalidad de sus adeudos. Estos clientes se denominan totaleros. Estos generan ingresos a los bancos por las comisiones y no por los intereses.

El otro segmento lo componen los clientes que haciendo uso de la facilidad del crédito realizan pagos parciales de sus adeudos, librando así la disponibilidad de los créditos, y se les denomina clientes no totaleros. No obstante, estos últimos son los clientes que no tienen la capacidad de pagar, siendo los más afectados.

De acuerdo con el citado reporte elaborado por Banxico, la tasa de interés efectiva promedio ponderada de los clientes no totaleros aumentó 30 puntos base; pasó de un 32 a un 32.9 por ciento. Estos usuarios muchas veces recurren a los bancos que cobran las tasas más elevadas debido a que son considerados como los de mayor riesgo por la capacidad de pago.

Estos usuarios usualmente fueron rechazados por las firmas tradicionales por el riesgo del no pago, encontrando una oportunidad de crédito sólo en las instituciones crediticias que cobran los mayores intereses, propiciando así un círculo vicioso de endeudamiento.

Por ejemplo, ninguno de los usuarios de Bancoppel pagó el total de su crédito a octubre. En Invex, 95.6 por ciento; en Global Card, 88.8 por ciento y en Banco Fácil, 83.7 por ciento de sus tarjeta-habientes no pudieron cubrir todo el monto que deben, generando así una espiral de endeudamiento que hace muchas veces imposible que logren liquidar sus deudas, debido, obviamente, a los altos costos en las tasas de interés.

Las cosas no fueron diferentes a la clientela de los bancos tradicionales: BBV Bancomer tiene 85.4 por ciento de clientes que solamente cumplen con una parte del pago; Banamex un 61.6 por ciento; Banorte 68 por ciento; Santander 73 por ciento y HSBC 61.3 por ciento.

De acuerdo con este reporte, actualmente existen 11 millones, 594 mil 805 tarjetas en existencia al cierre de octubre, que representan un saldo total de 165 mil 317 millones de pesos.

De este total de tarjetas, 8 millones, 466 mil 133, es decir, el 73 por ciento corresponde a clientes no totaleros (usuarios que no cubren el monto total que deben de un mes) su deuda representó 147 mil 637 millones de pesos a octubre pasado, la tasa a la que pagaron su crédito fue de 32.30 por ciento. Sólo un poco más de la cuarta parte de los mexicanos que tienen tarjeta de crédito liquida la totalidad de su deuda mes con mes.

De conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Instituciones de Crédito se establece que el Sistema Bancario Mexicano está integrado por el Banco de México, las instituciones de banca múltiple, las instituciones de banca de desarrollo y los fideicomisos públicos constituidos por el gobierno federal para el fomento económico que realicen actividades financieras, así como los organismos autorregulatorios bancarios. Es en este sentido que el Estado detenta la facultad rectora respecto del sistema bancario mexicano.

El Estado ejercerá la rectoría del sistema bancario mexicano a fin de que oriente fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional, basado en una política económica soberana, fomentando el ahorro de todos los sectores y regiones de la República y su adecuada canalización a una amplia cobertura regional que propicie la descentralización del propio sistema, con apego a sanas prácticas y a usos bancarios.

Para organizarse y operar como institución de banca múltiple se requiere autorización del gobierno federal, que compete otorgar discrecionalmente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previo acuerdo de su Junta de Gobierno y opinión favorable del Banco de México. Por su naturaleza, estas autorizaciones serán intransmisibles.

Con base en lo descrito anteriormente, es importante señalar que, en el difícil contexto económico, las instituciones financieras en corresponsabilidad con la ciudadanía y el gobierno sean sensibles al contexto en el que viven millones de mexicanos, que ante la necesidad de un crédito caen en un círculo vicioso de endeudamiento, debido a las altas tasas de interés que cobran algunos bancos, favoreciendo así el incremento de la cartera vencida, debido a que muchos de estos crédito se vuelven impagables.

En resumen, el mecanismo de funcionamiento de las tasas de interés implica que éstas se ajustan al alza para los segmentos que demuestran mayor vulnerabilidad. Por todo lo anterior, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo.

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco de México a que emitan recomendaciones a las instituciones financieras de no aumentar sus tasas de interés e impulsen el financiamiento en condiciones más saludables para la economía de los mexicanos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las instituciones bancarias a ofrecer programas de pago a sus clientes que se han visto en problemas para pagar sus deudas, a consecuencia de la pérdida de su empleo. Muchísimas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a emitir recomendaciones a las instituciones financieras para que no aumenten las tasas de interés, suscrita por los senadores María del Socorro García Quiroz y Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senador María del Socorro García Quiroz y senador Carlos Lozano de la Torre, integrantes del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Recientemente el Banco de México público sus reportes referentes a las tasas de interés efectivas de tarjetas de crédito con datos a octubre del 2009. En lo que respecta a los meses de agosto y octubre pasado, los bancos comerciales aumentaron las tasas de interés de sus clientes que realizan pagos parciales de sus adeudos en tarjetas de crédito.

Estos reportes cumplen con el objetivo de otorgar una mayor transparencia, ya que permiten una mayor competencia entre los intermediarios financieros, siendo así: los clientes tienen la oportunidad de identificar cuáles son las instituciones financieras que otorgan los créditos a las tasas efectivas más bajas del mercado financiero. Los factores que determinan el nivel especifico de la tasa de interés que se cobra a un cliente en particular, se relacionan con el nivel de riesgo, el patrón de consumo y el pago del cliente, así como el nivel de competencia que perciben dichos bancos, la información disponible para el público y los costos de operación de cada intermediario.

Existen dos tipos de usuarios de tarjetas de crédito, algunos clientes utilizan las tarjetas solamente como medio de pago, cubriendo así cada mes la totalidad de sus adeudos; estos se denominan totaleros, generan ingresos a los bancos por las comisiones, y no por los intereses. El otro segmento lo componen los clientes que haciendo uso de la facilidad del crédito, realizan pagos parciales de sus adeudos, liberando así la disponibilidad del crédito se les denomina clientes no totaleros.

No obstante estos últimos son los clientes que no tienen la capacidad de pagar siendo así los más afectados, de acuerdo con el citado reporte elaborado por el Banco de México, la tasa de interés efectiva promedio ponderada de los clientes no totaleros aumento 30 puntos base, pasó de 32.0 a 32.9%.

Estos usuarios muchas veces recurren a los bancos que cobran las tasas más elevadas, debido a que son considerados como los de mayor riesgo por la capacidad de pago, estos usuarios usualmente fueron rechazados por las firmas tradicionales por el riesgo del impago. Encontrando una oportunidad de crédito sólo en las instituciones crediticias que cobran los mayores intereses, propiciando así un círculo vicioso de endeudamiento.

Por ejemplo, ninguno de los usuarios de Bancoppel pago el total de su crédito a octubre, en Invex 95.6%, Global Card, 88.8% y Banco Fácil 83.7% de sus tarjetahabientes no pudieron cubrir todo el monto que deben, generando así un espiral de endeudamiento que hace muchas veces imposible que logren liquidar sus deudas, debido a los altos costos en las tasas de interés.

Las cosas no fueron muy diferentes a la clientela de los bancos tradicionales, BBVA Bancomer tiene 85.4 % de clientes que sólo cumplen con una parte del pago; Banamex 61.6; Banorte 68%; Santander, 73%; y HSBC, 61.3 %.

De acuerdo con este reporte, actualmente existen 11 millones 594 mil 805 tarjetas al cierre de octubre, que representan un saldo total de 165 mil 317 millones de pesos.

De este total de tarjetas, 8 millones 466 mil 113 (73 %) corresponde a clientes no totaleros (usuarios que no cubren el monto total que deben de un mes) su deuda representó 147 mil 637 millones de pesos a octubre pasado, la tasa a la que pagaron su crédito fue de 32.30%. Sólo un poco más de la cuarta parte de los mexicanos que tiene tarjeta de crédito liquida la totalidad de su deuda mes con mes.

De conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Instituciones de Crédito, el Sistema Bancario Mexicano está integrado por el Banco de México, las instituciones de banca múltiple, las instituciones de banca de desarrollo y los fideicomisos públicos constituidos por el gobierno federal para el fomento económico que realicen actividades financieras, así como los organismos autorregulatorios bancarios.

Es en este sentido el Estado detenta la facultad rectora respecto del sistema bancario mexicano.

El Estado ejercerá la rectoría del sistema bancario mexicano a fin de que éste oriente fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional, basado en una política económica soberana, fomentando el ahorro en todos los sectores y regiones de la república y su adecuada canalización a una amplia cobertura regional que propicie la descentralización del propio sistema, con apego a sanas prácticas y usos bancarios.

Para organizarse y operar como institución de banca múltiple se requiere autorización del Gobierno Federal, que compete otorgar discrecionalmente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previo acuerdo de su Junta de Gobierno y opinión favorable del Banco de México. Por su naturaleza, estas autorizaciones serán intransmisibles.

Con base en los descrito anteriormente, es importante que en el difícil contexto económico, las instituciones financieras en corresponsabilidad con la ciudadanía y el gobierno sean sensibles al contexto en el que viven millones de mexicano, que ante la necesidad de un crédito caen en un círculo vicioso de endeudamiento debido a las altas tasas de interés que cobran algunos bancos, favoreciendo así el incremento de la cartera vencida, debido a que muchos de estos crédito se vuelven impagables.

En resumen el mecanismo de funcionamiento de las tasas de interés implica que éstas se ajustan al alza para los segmentos que demuestran mayor vulnerabilidad.

Por todo lo anterior, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco de México a emitir recomendaciones a las instituciones financieras de no aumentar sus tasas de interés e impulsar el financiamiento en condiciones más saludables para la economía de los mexicanos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las instituciones bancarias a ofrecer programas de pago a los clientes que se han visto en problemas para pagar sus deudas a consecuencia de la pérdida de su empleo.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2010.— Senadores: María del Socorro García Quiroz, Carlos Lozano de la Torre (rúbricas).»

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

GASOLINAS

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Tiene la palabra el diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se instruye a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que solicite a las entidades federativas, a través de sus respectivos poderes ejecutivos, información detallada sobre la aplicación de los recursos derivados de la cuota a la venta final de gasolinas al público en general.

El diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba: Con su venia, señor presidente. Los suscritos, legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos otorgan los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se instruye a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a que solicite a las entidades federativas, a través de los respectivos poderes ejecutivos, información detallada sobre la aplicación de los recursos derivados de la cuota a la venta final de gasolinas al público en general en territorio nacional, con base en los siguientes considerandos.

El artículo 2-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, establece que se aplicarán las cuotas siguientes a la venta final al público en general de gasolinas en territorio nacional:

Gasolina Magna, 36 centavos por litro; gasolina Premium UBA, 43.92 centavos por litro. El último párrafo de dicho dispositivo prevé que los recursos que se recauden por este concepto se destinarán a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.

El artículo sexto transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1997, previó que las cuotas previstas en el artículo 2-A, fracción II, de la citada ley, para la venta de gasolinas al público, se aplicarán de manera gradual a través de incrementos mensuales de 2 centavos para la gasolina Magna y 2.4 centavos para la gasolina Premium, hasta alcanzar la cuota de 36 centavos por litro y 43.92 centavos por litro, respectivamente.

Por su parte, el artículo 4o. de la Ley de Coordinación Fiscal establece que la recaudación derivada de la aplicación de la cuota por venta final al público en general se dividirá en dos partes: del total recaudado, nueve onceavas partes corresponderán a las entidades federativas, en función del consumo efectuado en su territorio, siempre y cuando se encuentren en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y celebren los convenios respectivos.

Dos onceavas partes se destinarán a un fondo de compensación, el cual se distribuirá entre las 10 entidades federativas que tengan los menores niveles de producto interno bruto per cápita no minero y no petrolero.

Los incisos a), b), c) y d) del artículo 4-A, fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal, establecen un conjunto de obligaciones a cargo de las entidades federativas. Dichas obligaciones definen formas específicas de administración, dimensiones materiales de destino de los recursos y transparencia.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que en el caso particular de las gasolinas, durante 2009 el incremento anual acumulado será de 1.3 por ciento, incluidos los ajustes realizados durante diciembre. En términos reales el desliz acumulado en 2009 será negativo, de un estimado de 2.1 por ciento. Es decir, el precio se habría incrementado en menor proporción que la inflación.

Asimismo, según estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante 2008 se aplicó el incremento gradual al que se refiere el artículo sexto transitorio, en relación con el artículo 2-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, hasta alcanzar 24 centavos por litro para la gasolina Magna y 29.28 centavos para la gasolina Premium.

Esto significa que de la cuota por la venta anual de gasolinas, durante 2008 existía a diciembre una diferencia de 12 centavos para la gasolina Magna y 14.34 para la gasolina Premium.

Para sortear los efectos de la crisis económica internacional y apoyar a las familias mexicanas, el Gobierno de la República determinó congelar los precios de las gasolinas durante el ciclo más adverso de dicha crisis de 2009.

En términos estrictos y entre otras políticas en materia tributaria, se suspendió el desliz al que se refiere el multicitado transitorio; sin embargo, las entidades federativas recibieron íntegra la cuota participable por la venta final de gasolinas durante todo 2009, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, a pesar de que la recaudación efectiva se realizó sobre la base de 34 centavos para la Magna y 29 para la Premium, no así sobre los 36 centavos y los 43.92 centavos por litro, respectivamente.

Lo anterior implicó que a noviembre de 2009 las entidades federativas recibieran por este concepto un total de 17,051.900 millones de pesos. El diferencial entre la recaudación participada y la recaudación efectiva fue absorbido en su integridad por el gobierno federal, de modo que las entidades federativas no sufrieron merma alguna en sus finanzas locales por el congelamiento del precio de las gasolinas.

Para efectos de los ingresos locales, las entidades federativas gozaron de recursos como si la cuota por la venta final de gasolina se hubiera trasladado de manera total a los consumidores.

Dado que este subsidio fue absorbido por el gobierno federal, en el marco de una medida contracíclica de apoyo a las familias mexicanas, se hace necesario que las entidades federativas informen al Congreso de la Unión, a través de la Comisión Permanente, sobre el destino específico de los recursos recibidos por este concepto, de manera tal que esta soberanía esté en condiciones de instaurar las medidas legislativas y de control parlamentario que estime pertinentes para la adecuada aplicación de las normas que rigen su recaudación, participación y aplicación.

Con base en lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Se instruye a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que solicite a las entidades federativas, a través de los respectivos poderes ejecutivos, la información detallada sobre la aplicación de los recursos recibidos por concepto de la fracción II del artículo 2-A, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Segundo. La Tercera Comisión presentará al pleno de esta Comisión Permanente un informe sobre la información aportada por las entidades federativas, a más tardar el último día natural del mes de enero de 2010.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 5 de enero de 2010. Gracias, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se instruye a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente para que solicite a las entidades federativas, a través de los Poderes Ejecutivos, información detallada sobre la aplicación de los recursos derivados de la cuota a la venta final de gasolinas al público en general, suscrita por el diputado Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que se instruye a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a fin de que solicite a las entidades federativas, a través de los Poderes Ejecutivos, información detallada sobre la aplicación de los recursos derivados de la cuota a la venta final al público en general en territorio nacional de gasolinas, con base en los siguientes

Considerandos

I. El artículo 2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios establece que se aplicarán las cuotas siguientes a la venta final al público en general en territorio nacional de gasolinas:

a) Magna, 36 centavos por litro; y

b) Premium UBA, 43.92 centavos por litro.

El último párrafo de dicho dispositivo prevé que los recursos que se recauden por ese concepto se destinarán a las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.

II. El artículo sexto transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007 previó que las cuotas señaladas en el artículo 2o.-A, fracción II, de la citada ley para la venta al público de gasolinas se aplicarán de manera gradual, a través de incrementos mensuales de 2 centavos para la Magna y 2.44 para la Premium, hasta alcanzar la cuota de 36 y 43.92 centavos por litro, respectivamente.

III. El artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal establece que la recaudación derivada de la aplicación de la cuota por venta final al público en general se dividirá en dos partes: a) del total recaudado, 9/11 corresponderá a las entidades federativas en función del consumo efectuado en su territorio, siempre que se encuentren en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y celebren los convenios respectivos; y b) del total recaudado con motivo de la aplicación de las cuotas, 2/11 se destinarán a un fondo de compensación, el cual se distribuirá entre las 10 entidades federativas que tengan los menores niveles de producto interno bruto per cápita no minero y no petrolero.

IV. Los incisos a), b), c) y d) del artículo 4o.-A, fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal establecen un conjunto de obligaciones a cargo de las entidades federativas. Dichas obligaciones definen formas específicas de administración, y dimensiones materiales de destino de los recursos y de transparencia.

V. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que en el caso particular de las gasolinas, durante 2009 el incremento anual acumulado será de 1.3 por ciento, incluidos los ajustes realizados durante diciembre. En términos reales, el desliz acumulado en 2009 será negativo en un estimado de 2.1 por ciento; es decir, el precio se habría incrementado en menor proporción que la inflación.

VI. Asimismo, según estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante 2008 se aplicó el incremento gradual a que se refiere el artículo sexto transitorio en relación con el artículo 2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, hasta alcanzar 24 centavos por litro para la gasolina Magna y 29.28 para la Premium. Esto significa que de la cuota por la venta final de gasolinas durante 2008 había, a diciembre de 2008, un diferencia de 12 centavos para la Magna y de 14.34 para la Premium.

VII. Para sortear los efectos de la crisis económica internacional y apoyar a las familias mexicanas, el gobierno de la República determinó congelar los precios de las gasolinas durante el ciclo más adverso de dicha crisis en 2009. En términos estrictos, y entre otras medidas de política tarifaria, suspendió el desliz a que se refiere el multicitado transitorio de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Sin embargo, las entidades federativas recibieron íntegra la cuota participable por venta final de gasolinas durante todo 2009, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, pese a que la recaudación efectiva se realizó sobre la base de 24 centavos para la Magna y 29.28 para la Premium, no así sobre los 36 y los 43.92 centavos por litro, respectivamente.

VIII. Lo anterior implicó que a noviembre de 2009 las entidades federativas recibieron por este concepto 17 mil 51.9 millones de pesos. El diferencial entre la recaudación participada y la efectiva fue absorbido en su integridad por el gobierno federal, de modo que las entidades federativas no tuvieron merma alguna en sus finanzas por el congelamiento del precio de las gasolinas. Para efectos de los ingresos locales, las entidades federativas gozaron de recursos como si la cuota por venta final de gasolinas se hubiera trasladado de manera total a los consumidores.

IX. Dado que este subsidio fue absorbido por el gobierno federal en el marco de una medida contracíclica de apoyo a las familias mexicanas, se hace necesario que las entidades federativas informen al Congreso de la Unión, a través de la Comisión Permanente, sobre el destino específico de los recursos recibidos por este concepto, de manera tal que esta soberanía esté en condiciones de instaurar las medidas legislativas y de control parlamentario que estime pertinentes para la adecuada aplicación de las normas que rigen su recaudación, participación y aplicación.

Con base en lo expuesto, se someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se instruye a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a fin de que solicite a las entidades federativas, a través de los Poderes Ejecutivos, información detallada sobre la aplicación de los recursos recibidos por concepto de la fracción II del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Segundo. La Tercera Comisión presentará al pleno de la Comisión Permanente y, en su caso, a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados un informe sobre los datos aportados por las entidades federativas a más tardar el último día natural de enero de 2010.

Tercero. La Tercera Comisión enviará al presidente de la Cámara de Diputados la relación de las entidades federativas que hubiesen omitido la entrega de la información a que se refiere el presente acuerdo a más tardar el último día natural de enero de 2010, a efecto de que se publique en la Gaceta Parlamentaria, sin perjuicio de que el presidente de la Cámara de Diputados determine su publicación en otros medios de comunicación social.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de enero de 2010.— Diputado Roberto Gil Zuarth (rúbrica).»

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: En consecuencia, una vez aprobada, se pone a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores.

Tiene el uso de la voz el diputado Silvio Lagos, para hablar en pro de la proposición.

El diputado Silvio Lagos Galindo: Compañeros diputados y diputadas, senadores y senadoras, en el PRI nos queda muy claro que el asunto de la legalidad es un tema que nunca ha estado a discusión en ningún orden de gobierno, pero lo que no vemos viable en la relación recíproca de la federación con los estados es que pretendan hacer de un tema de participaciones federales un asunto que recaiga en la Cámara de Diputados y en esta Comisión Permanente. Por una razón muy sencilla, resulta que las cuentas públicas de los estados son aprobadas por las legislaturas de los estados, no por esta Cámara de Diputados.

Entonces, al solicitar a los estados esta petición estaríamos nosotros mismos yendo en contra de un principio federalista que ha sido la base y el origen del respeto en nuestro país.

Yo propongo lo siguiente, yo no digo no, yo digo sí, pero también vamos a pedirle a la Secretaría de Hacienda y al gobierno federal que nos diga dónde está todo el dinero de los excedentes petroleros, dónde está todo el dinero del Fondo de Compensación y entonces, a lo mejor habría que pensar en abrir algún tema de revisión de cuentas públicas, que por cierto, están algunas pendientes.

Pero ése no es el tema, sí estamos a favor de la legalidad, lo estaremos hoy, lo estaremos mañana, siempre y cuando sea por el respeto a las participaciones federales y el respeto a las entidades federativas en su toma de decisiones.

Por eso es que un servidor propone, a nombre del Partido Revolucionario Institucional, suprimir las dos fracciones del resolutivo, respetar el primero e incluir el resolutivo segundo para quedar de la siguiente manera:

Se instruye a la Tercera Comisión solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a Petróleos Mexicanos que informen por escrito el destino de los excedentes petroleros del pasado ejercicio fiscal, así como su aplicación de lo proyectado para este año, ambos como resultado del sobreprecio del petróleo, el balance del Fondo de Compensación, así como de todos los fideicomisos relativos por su objeto, por lo cual solicito que se adicione este resolutivo y se supriman los dos anteriores que expuso de manera correcta el diputado Becerra. Muchas gracias, es cuanto.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Tiene el uso de la voz el diputado Roberto Gil Zuarth.

El diputado Roberto Gil Zuarth: Gracias presidente. Me extraña que se exprese una preocupación por el destino de los excedentes petroleros cuando las fórmulas para aplicar esos excedentes petroleros están en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. No solamente eso, la evolución en los precios del petróleo y su diferencial con respecto al precio aprobado en la Ley de Ingresos se reporta en los avances trimestrales de gestión financiera.

Si quieren que la Secretaría de Hacienda les vuelva a mandar el informe de avance de gestión financiera, con mucho gusto el secretario de Hacienda lo va a hacer. Creemos que no hay ninguna duda.

Pero ¿de qué se trata este punto de acuerdo? Lo explico: sucede que en 2007 se reformó la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y se incorporó una cuota fija para la venta final de gasolinas. Una cuota 100 por ciento participable: 36 centavos para la gasolina Magna, 43 centavos para la gasolina Premium.

Se establece adicionalmente a la Ley de Coordinación Fiscal que para no aplicar esta cuota de manera directa se implementó un régimen de transición gradual, que establecía un desliz de 2 centavos al mes durante 18 meses. Este régimen de transición gradual concluiría en junio de 2009.

El desliz de 2 centavos para aplicar esta recaudación, que iba enteramente a los estados y los municipios, terminó en diciembre de 2008 y quedó en 24 centavos para la gasolina Magna. Faltaban, en consecuencia, 6 meses adicionales, un desliz de 12 centavos, para lograr la cuota de los 36 centavos.

El Gobierno de la República para apoyar a las familias determinó el congelamiento del precio de la gasolina durante 2009. Sin embargo, las entidades federativas y los municipios recibieron la recaudación como si la federación hubiese recaudado los 36 centavos, cuando en realidad únicamente recaudaba los 24 centavos.

Se habla de respeto a la soberanía. Me extraña que no se hubiese leído la Ley de Coordinación Fiscal, que dice claramente que el ejercicio de los recursos a los que se refiere a la fracción II del artículo 2-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, establece un conjunto de condicionantes para el ejercicio de esos recursos y dice el artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal: La aplicación de estos recursos estarán sujetos al cumplimiento de las obligaciones siguientes y el inciso c) establece incluir, en las publicaciones a las que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal, información relativa al destino específico de esos recursos.

No hay ninguna violación, en consecuencia, a la soberanía de los estados, ni se trata de participaciones como en su régimen general, se trata específicamente de recursos federales enteramente participables que tienen una naturaleza diametralmente distinta.

¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando, al mes de noviembre de 2009, de 17 mil millones de pesos que recibieron los estados, mil millones el estado de Veracruz, 17 mil millones, de los cuales al no haber aplicado el desliz que correspondía durante el 2009, esto significó que el Gobierno de la República le pagó a los estados y a los municipios un subsidio adicional por 4 mil 500 millones de pesos.

Es decir, el Gobierno de la República no solamente estaba subsidiando la gasolina, sino también estaba subsidiando las finanzas públicas de las entidades federativas y los municipios.

No escuchamos a ningún gobernador solidarizándose con la congelación del precio de la gasolina, renunciando a la participación por estas cuotas.

En consecuencia, me parece que no hay ninguna razón para negarse, para que los gobernadores le informen al Congreso de qué manera han aplicado estos recursos durante el año 2009. Nos ayudará a ver cuáles son las medidas contracíclicas que los gobiernos de los estados han implementado para paliar la crisis económica.

Saber dónde están estos recursos puede ayudar a saber si los gobernadores participaron en las estrategias contracíclicas y de salvamento en el marco de la crisis económica que vivió el mundo y que afectó a la economía del país. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Tiene el uso de la voz el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Estimados diputados y senadores, con su permiso, señor presidente, siempre, siempre estaremos a favor de la información, independientemente de cualquiera que sea la condición y el momento. Nos queda, sí, la grave duda de si efectivamente tenemos facultades para solicitar tal información a los estados, pero es preferible que se mantenga esta duda a que pareciera que nosotros no queremos que los estados informen, porque sí queremos.

Tan es así, que lo exigimos en la Comisión de Vigilancia, porque, oh sorpresa; los estados sí son auditados por la Auditoría Superior de la Federación; las cuentas públicas de los estados sí son revisadas por los congresos estatales año con año y puntualmente, y en las comisiones de Hacienda y de Presupuesto de los estados sí se exige un cumplimiento puntual a las cuentas públicas de los gobiernos estatales.

Este prurito de información, que sabemos que tiene como motivación la intención de repartir el golpe del gasolinazo y decir; no, no solamente nosotros, esto se va a los estados. Este prurito de información debe mantenerse, lo que queremos es esta solidaridad de Acción Nacional cuando exijamos el dictamen de la cuenta pública que lleva más de ocho años sin aprobarse en este Congreso.

En otras palabras, las cuentas de Hacienda, ésas sí que no las conocemos con detalle, por eso la información detallada que le pedimos es muy puntual; qué hace Hacienda, así como qué hacen los estados y los municipios con los ingresos de la gasolina; qué hace Hacienda con los ingresos excedentes del petróleo; qué hace Hacienda con los fideicomisos y los subejercicios; qué hace Hacienda con lo recaudado en excedente, porque a la hora de preparar el dictamen de Presupuesto no vemos esta disposición cuando se trata de hacer que rindan informes mensualmente y se permita redireccionar los excedentes por ingresos adicionales en los presupuestos federales.

Eso es lo que nos llama la atención, por eso estamos a favor de la propuesta del diputado Becerra Pocoroba, con la adición que muy atentamente solicitamos y espero que nos obsequien. No solamente le pidamos cuentas a los ejecutivos estatales y municipales; está obligado a rendir cuentas, antes que nadie, el presidente de la República y el Ejecutivo federal en su conjunto.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Tiene el uso de la voz el senador Labastida Ochoa.

El senador Francisco Labastida Ochoa: Declino mi participación.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Tiene el uso de la voz el diputado Héctor Ramírez.

El diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: Señor presidente, yo nada más quiero añadir a lo que ya dijo mi compañero Jorge Carlos Ramírez Marín, algunos puntos de vista que me llaman la atención.

Primero que nada, que al diputado Roberto Gil le van a llamar la atención muy seriamente, porque quiso componer el gasolinazo y le fue peor. Parece que el PAN está buscando cortinas de humo, como dicen los legisladores.

No es así, diputado Gil, como van a componer ustedes ese gasolinazo, ni al echarle la culpa a los gobiernos estatales y a otros partidos políticos de sus errores en la política hacendaria, fiscal y en las políticas de precios y tarifas.

Yo le preguntaría al diputado Gil si está de acuerdo en que venga Calderón o el secretario de Hacienda a explicar su política de precios y tarifas antes de la discusión del paquete fiscal de 2011, porque el año pasado nos vieron la cara. Aprobamos un paquete fiscal que, según Hacienda, era el adecuado; que con ése íbamos a salir y pocos días después nos dieron el albazo de la gasolina.

Hay que ver y revisar si es prudente que el gobierno federal, dentro del paquete fiscal y su discusión, discuta también la política de precios y tarifas; y que reformemos la ley, como ya lo planteó en alguna ocasión César Augusto Santiago, mi compañero diputado, para que los mandatarios que prometen en medios de comunicación políticas de precios y tarifas, como la que prometió Calderón y no cumplió, sean sancionados conforme a la ley. Porque no se vale utilizar a los medios para hacer campañas políticas y, a las primeras de cambio, darle un golpe de timón al país.

Solicitamos que nos digan, porque luego también desaparecen en los informes, de dónde salen los recursos para liquidar sindicatos en México, porque no se están revisando y no están contemplados en la discusión del paquete presupuestario. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Tiene el uso de la voz el diputado Roberto Gil, para alusiones personales.

El diputado Roberto Gil Zuarth: Gracias, presidente. A mí me extraña que se diga que las cuentas públicas no se revisan. Desde 1999, fecha en la que se reformó la Constitución y se creó la Auditoría Superior de la Federación, existe un órgano técnico con autonomía de gestión que revisa las cuentas públicas y que emite un informe a la Cámara de Diputados.

Me parece que ya quedaron muy atrás aquellas épocas en las que una mayoría, como suele suceder en algunos estados; valga la redundancia, simplemente levantan la mano para avalar la Cuenta Pública que avala o que envía el Ejecutivo.

Existe un órgano técnico que revisa puntualmente los resultados de la gestión financiera, presupuestal, del Ejecutivo federal y presenta esos informes a la Cámara. Informes que conocen todos los legisladores y que son públicos. Cualquiera de ustedes, cualquier ciudadano puede revisar estos informes en la Auditoría Superior de la Federación.

Pero no vine a resolver el tema del gasolinazo, señor diputado. De lo que se trata es de la corresponsabilidad entre los órdenes de gobierno. Aquí hemos visto, con mucha vehemencia, sostener la defensa de la economía popular pero insistimos: ¿dónde estuvieron los gobernadores al momento de recibir las participaciones por la cuota que no se estaba recaudando? Recibieron la cuota íntegra a pesar de que los deslices no se estaban realizando.

Doce centavos de desliz ordenados por ley, por una ley que aprobó el Congreso, en un transitorio que aprobó el Congreso y, por cierto, por unanimidad. Un desliz que es mandato legislativo de 12 centavos, que el desliz que se hizo a final de año, de 8 centavos, ni siquiera alcanza para satisfacer ese desliz ordenado por mandato del Congreso de la Unión. Eso de repente ya se nos olvidó.

Insisto: ¿dónde está la corresponsabilidad? A los ciudadanos les tenemos que decir toda la verdad. Nuestra investidura nos obliga, nos exige conducirnos siempre con la verdad y no con medios argumentos. De eso se trata esta discusión. Y que en esta discusión sobre la recaudación derivada del consumo de gasolinas, toda la información esté disponible para los ciudadanos.

Por lo que veo, en el PRI no hay ninguna preocupación en torno a que se presente la información, entonces no hay ninguna razón para que podamos votar este punto de acuerdo y que la Tercera Comisión reciba esta información antes del último día hábil de enero y podamos hacer el análisis puntual de cuál ha sido el destino específico de estos recursos en cada una de las entidades federativas y cuál ha sido la contribución de cada gobierno local a las medidas contracíclicas para paliar la crisis económica que, por cierto, vino de fuera.

No se preocupen, los veo muy vehementes, no se preocupen, avísenles a sus gobernadores que van a recibir esa solicitud de información para que la contesten y los ciudadanos podamos recibir con puntualidad estos datos.

Es función democrática de este Congreso, es función que ordena la ley y en tratándose de este tipo de recursos, estamos los legisladores obligados a hacer una revisión puntual del destino específico de estos recursos.

Vale decir que el Congreso de la Unión aprobó que estos recursos se destinaran a infraestructura. Un gobernador impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la inconstitucionalidad de esa disposición; todavía no nos explica por qué razón.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Para rectificación de hechos, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No se trata de poner en tela de juicio un tema diferente al que estamos tratando. Nos pidieron que nos sumáramos –cuando lo plantearon a este pleno– que nos sumáramos a una solicitud de información y lo hemos hecho.

No me ha quedado claro si se han sumado a nuestra solicitud de información. Lo que sí me queda claro es que, cuando se habla de revisiones, hay que decir que la Cuenta Pública como tal no ha sido objeto de dictamen en este Congreso, en esta Cámara de Diputados, como todavía está ordenado en la ley.

Lo que también me queda claro es que, cuando se trata de revisar, pregunten, señores diputados, a la Auditoría Superior de la Federación, cuántos litigios tiene interpuestos contra ella la Secretaría de Hacienda, precisamente para no ser revisada. Es el caso específico de varios fideicomisos; solamente por citar a uno diría yo, el fideicomiso de Isosa, pero son distintos litigios, precisamente para evitar la revisión puntual de parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Y no es que estemos escondiendo o que esté pretendiendo esconderse algo que no deba saberse; a lo mejor solamente se trata de una medida de un poder que asume que lo puede todo y en cualquier circunstancia y así lo demuestra en materia de seguridad, y así lo demuestra en materia de educación, y así lo demuestra también en materia hacendaria. Y lo que efectivamente sería la responsabilidad democrática de obedecer al Congreso, informar al Congreso y cumplir frente a la ciudadanía detalladamente, esperando el dictamen del Congreso, eso no ocurre.

Ése es el tema de fondo. ¿Podemos nosotros, como Congreso, pedir información a los estados? ¿Qué tipo de información? ¿Podemos, como Congreso, pedir información que es materia de estudio y dictamen de los congresos estatales? Hagámoslo, para que no se diga que no quisimos.

Pero por otro lado, lo que sí es nuestra responsabilidad no la abandonemos, porque mientras esté en duda si podemos o no pedírsela a los congresos estatales o a los ejecutivos estatales, lo que no está en duda es que tenemos la obligación de pedírsela al Ejecutivo federal.

Lo que no está en duda es que tenemos, por mandato constitucional, la obligación de revisar la Cuenta Pública, no solamente los informes de la Auditoría. Y esto, estimados amigos, es precisamente el tema por el cual el Partido Revolucionario Institucional se pronuncia a favor del punto de acuerdo, se pronuncia por la modificación que hemos propuesto y esperamos, señor presidente, que la votemos por unanimidad. Muchas gracias.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Tiene el uso de la voz, para rectificación de hechos, el senador Jesús Garibay.

El senador Jesús Garibay García: Muchas gracias, presidente. Resulta verdaderamente patético escuchar que en siete años los rebasaron por la derecha. Escuchar aquí que después de 70 años en el poder vinieron Ejecutivo y legisladores que los engañaron. Y digo esto porque están confesos. Aquí se ha dicho pues, nos engañaron. Y, por otro lado, en forma muy irresponsable se dice que en el Congreso por unanimidad aprobamos. A ver, a ver, a ver.

Yo entiendo y estoy de acuerdo que en el 2008 los legisladores de Acción Nacional, que ahora están en Cámara de Diputados, no eran legisladores. Eso yo lo entiendo. Tal vez por eso no están informados de que nosotros en el PRD, en el PT, en Convergencia no aprobamos los gasolinazos. No vengan a confundir.

Ustedes tienen otros socios, pero no somos nosotros. Ustedes tienen otros votos, pero no fueron los nuestros. El 22 de diciembre, si mal no recuerdo, yo aquí les decía que habíamos conocido gasolinazos de primera, de segunda y de tercera generación. No, pues a estas alturas ya la cosa está más complicada, pero sí vengo a rectificar hechos, porque exhorto respetuosamente a quienes carecen de la información a que la recaben, que si no pueden, porque ya no se la acaban, no la repartan, no. Asuman las consecuencias. Se los dijimos, se los advertimos, pero no nos la creyeron.

Pues como dicen los chamacos hoy, en estos tiempos: “Lástima Margaritos, se equivocaron”. Sí, se equivocaron, pero, reitero, no traigan confusión a tribuna, nosotros se los advertimos, se los dijimos y votamos en contra.

Y otro datito por ahí que tal vez les sea útil. Pregúntenle al señor secretario de Gobernación, y pregúntenle al señor secretario de Hacienda. No, no, ya no está el secretario de Hacienda, ahora es banquero, sí. Pregúntenle al ahora banquero, ¿de dónde salieron los 32 mil millones de pesos que tenían ahí reservaditos y guardaditos y que se los estaban regateando a los gobiernos de los estados? Pregúntenle.

Y dado que luego la información no se les da, digo, por eso de que aquí todos lo aprobamos. No, no, no todos lo aprobamos, consulten, pregunten. Ahí hay tres subsecretarios y alguno en especial que es el que sabe, pues, de dónde sacaron los centavitos y cuánto le tocó a cada estado.

Así que no vengamos aquí a querer pasarnos de inteligentes con esa información. Le agradezco, presidente, y ojalá con esto se les refresque la memoria a los que luego, al parecer, quisieran no tener.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Tiene el uso de la voz, para rectificación de hechos, el senador Francisco Labastida. Posteriormente el diputado Silvio Lagos y el diputado Pedroza.

Terminando el diputado Pedroza consultaré a la asamblea si está suficientemente discutido el punto de acuerdo.

El senador Francisco Labastida Ochoa: Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el propósito de mi intervención es simplemente precisar algún concepto que aquí ha sido tratado: la crisis económica que el país vivió, y todavía está sufriendo, como consecuencia de la crisis que se inició en Estados Unidos. Así se afirmó aquí hace unos minutos.

Es cierto, la crisis económica se inició en Estados Unidos, en el sector inmobiliario. De ahí pasó al sector financiero pero, casualmente, Estados Unidos y la Unión Europea, en el conjunto de países que integran la OCDE, su economía cayó cerca de 2 por ciento. México cayó cerca de 7 por ciento y la inflación en México fue muy superior, más del doble de lo que fue en los países de la OCDE.

La pregunta es ¿qué ocurrió?, ¿qué hicieron? No, qué hicimos, porque ninguno de los que estamos aquí presentes tomamos parte de esas decisiones.

Creo que las razones que explican esa diferencia en los resultados en la pérdida de cientos de miles de empleos y en la caída de 7 por ciento se origina, primero, porque los planes de recuperación económica fueron simple anuncio y nunca se aplicaron; segundo, porque la decisión de abrir las fronteras del país a más de 10 mil 300 fracciones arancelarias, el 24 de diciembre de 2008, redujo la competitividad del país y regaló el mercado mexicano, sin pedir nada a cambio de otros países con los cuales además no tenemos tratado económico e hizo que se perdieran miles y miles de empleos.

Tercero, porque los países que tenían dificultades aplicaron planes para inyectar recursos a la economía, no para quitárselos. México metió, el gobierno federal, fundamentalmente, un paquete para quitarle recursos a la economía, en lugar de inyectarle recursos y reactivar la economía. Eso, sumado al hecho, en cuarto lugar, de que guardaron recursos y no los ejercieron y provocó un desastre que estamos todavía viviendo en el país. Entonces, no le echemos la culpa a un problema que sí, es cierto, vino internacionalmente, pero, sin lugar a dudas, vino por los errores, por los graves errores que en México se cometieron.

El secretario de Hacienda dijo que México no iba a tener ni siquiera un catarrito, que ahí iban a tener pulmonía. El secretario de Economía dijo que la economía estaba blindada, que no teníamos que hacer nada, que estaba lista la economía y que no teníamos por qué preocuparnos.

Fue un mal diagnóstico, malas medidas, mal aplicadas y a veces medidas contrarias a las que se deberían tomar. Eso es lo que explica la caída en el nivel de vida de nuestra población, la pérdida de cientos de miles de empleos y yo diría, el cancelar las esperanzas de miles y miles de mexicanos. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Tiene el uso de la voz el diputado Silvio Lagos, para rectificación de hechos.

El diputado Silvio Lagos Galindo: Le agradezco al diputado Gil el haber hecho la mención de la cantidad de recursos que, en caso específico, recibió Veracruz. Pero, por una simple razón geográfica, pudiera decirle que lo que le dan a Veracruz es poco, porque Veracruz produce petróleo, Veracruz tiene un potencial en gas natural. Lo que le dan a cambio es muy poco y las afectaciones en el estado de Veracruz son muy grandes. En las afectaciones tienen que hacer frente, como en muchos otros estados, estoy seguro, los gobiernos de los estados.

Porque, para que entre una declaratoria de emergencia o un tema específico con Pemex, tal parece que los gobiernos de los estados tienen que estar rogando a que atiendan una petición del tema de ductos. Pero ése es otro tema. El fondo del asunto es, como lo dije, sí estamos a favor de la transparencia y de la revisión.

También se le olvidó mencionar, al diputado Gil, que el tema de la Ley Federal de Derechos, en su régimen especial de hidrocarburos, también trae un apartado muy específico de la fórmula en que se establece el Fondo de Compensación y que ése también es otro resultado federalista, con el cual yo no coincido, de muchos años de gobiernos claros y precisos que trazaron la ruta de este país y que por 70 años dio estabilidad política y, sobre todo, respeto a todos los grupos, sin importar su forma de pensar. Pero ése es también otro tema.

Yo aquí quiero concluir con esto. Hoy tenemos una situación económica en donde el aumento en los precios de todos los productos nos está afectando a todos los mexicanos y hace un rato decía un compañero diputado: “los mexicanos quieren que estemos a la altura del momento que está viviendo el país”. Sí vamos por la transparencia en los recursos; sí vamos por la información de los recursos, de cómo se aplica el dinero, pero que el presidente de la República sea el primero en honrar su palabra al haber jurado en la Constitución y en transparentar el uso de los recursos públicos e informar e instruir a sus secretarios que nos digan cómo se gasta el dinero.

No podemos nosotros pedir que ellos sí den, cuando de esta soberanía ha habido peticiones muy claras para conocer datos y la Secretaría de Hacienda se ha negado. No podemos pedir nosotros, en el caso de ustedes, Acción Nacional, que se transparente o que se dé información, cuando cada vez que un gobernador pide auxilio a la federación hay trabas y hay justificantes. No podemos seguir permitiendo que el excedente petrolero se siga utilizado de manera como al gobierno federal le conviene.

Entonces sí, vamos poniendo tierra de por medio y vamos a analizar las cosas que le preocupan a los mexicanos y, ¿qué les vamos a decir con el aumento tan raquítico del salario mínimo? ¿Qué les vamos a decir con el aumento de la luz, del gas, de la gasolina, del diesel, del diesel marino?

A la gente que gana un salario mínimo los aumentos les afectan realmente en el bolsillo y afectan a sus familias. Es ahí por lo que tenemos que trabajar. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Tiene el uso de la voz el diputado Ibarra Pedroza. Después del diputado consultaremos a la asamblea si está suficientemente discutido el punto.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Con su permiso, señor presidente. Señoras legisladoras y señores legisladores. Considero inadmisible el ser omiso en señalar y en aclarar algunas expresiones aquí vertidas.

El diputado Ramírez, miembro de la Mesa Directiva de la Permanente, afirmó ante lo que aquí se está discutiendo: “nos vieron la cara”. En otras palabras está diciendo: nos engañaron. Yo quiero precisar que no a todos nos vieron la cara, hubimos diputados del Partido del Trabajo, algunos del PRD y de Convergencia, que desde que se inició la discusión del paquete fiscal con toda claridad fijamos nuestra postura. Estuvimos en contra desde la comparecencia del señor Carstens; dijimos reiteradamente que las propuestas en la Ley de Ingresos y, en su momento, de egresos, no eran ni remotamente, ni medianamente eficaces para ayudar a mejorar las condiciones de la gente.

A contracorriente, los diputados y senadores del PT y del movimiento ciudadano que encabeza López Obrador presentamos dos iniciativas de ley: una, para la abolición de regímenes fiscales especiales; otra, sobre austeridad republicana. La mayoría ni siquiera admitió su discusión, ni en comisiones.

Si se quieren encontrar culpables, aquí están la mayoría. Los diputados del PAN, los senadores del PAN, igual los del PRI fueron los que avalaron las políticas económicas de Calderón y son las que están sumiendo cada vez más en la miseria a más millones de mexicanos.

De manera que, no se generalice aquí que a todos nos vieron la cara. Se las vieron a los del PRI, en confesión del diputado Ramírez y diputados de otros grupos parlamentarios. Por nuestra parte, los diputados del PT no entramos en esa bolsa, no podemos ser medidos con esa vara. Si hay responsables son los legisladores del PRI y del PAN que aprobaron nuevos impuestos, que aprobaron más gravámenes, que aprobaron exenciones en pago de derechos a empresas como Televisa. De manera que no todos podemos ser juzgados por el mismo rasero.

Aquí el diputado Gil, que ha intentado estoicas defensas, hablaba recurrentemente de deslices a los precios de la gasolina. Creo que los más graves deslices son en los que está incurriendo frecuente y permanentemente el gobierno de facto de Calderón. Muchas gracias.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Solicita el uso de la voz el diputado Héctor Ramírez, para alusiones personales.

El diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: Solamente, señor presidente, voy a utilizar unos cuantos segundos para contestar el argumento del diputado del Partido del Trabajo. Formo parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara, y en la discusión y aprobación del dictamen el PT votó a favor. Por tanto, es parte de ese dictamen que se votó en esa comisión, en ese momento.

Señor diputado, creo que no caben sus comentarios. Es otro tema. Le rogaría al señor presidente, si así lo considera pertinente, que podamos pasar a la aprobación o a resolver si pasa el tema del que estamos en discusión. Muchas gracias.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Tiene el uso de la voz el diputado Ibarra Pedroza, por alusiones personales.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Por supuesto que no voy a dejar pasar que el diputado Ramírez quiera desfacer el entuerto o el autoentuerto, porque en los dictámenes correspondientes a la Ley de Ingresos, aún en comisiones, todos los votos fueron en contra. En lo que se refiere a lo que usted menciona fue un voto en una comisión, pero en el pleno todos los votos fueron en contra. Gracias.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaria diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Se considera suficientemente discutida la proposición. Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta, por el diputado Silvio Lagos, al punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por el diputado Silvio Lagos. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo.

Señor presidente, es mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Se aprueba la modificación del diputado Silvio Lagos.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba la modificación junto con la propuesta del punto de acuerdo.

La Secretaria diputado Enoé Margarita Uranga Muñoz: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la propuesta integral en los términos presentados, con la modificación propuesta por el diputado Silvio Lagos. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Aprobado. Comuníquese.

ESTHER CHAVEZ CANO

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Tiene la palabra el senador Jesús Garibay García, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa condolencias por la muerte de la ciudadana Esther Chávez Cano.

El senador Jesús Garibay García: Gracias, presidente. Compañeras, compañeros, seré muy breve, el pasado 24 de diciembre falleció en su natal Chihuahua, Esther Chávez Cano, víctima de un cáncer terminal. Ella se distinguió como una de las más férreas defensoras de los derechos de las mujeres y una de las pioneras en la denuncia de los feminicidios en su estado.

Mi compañero, el señor senador René Arce, me dijo: “no podemos dejar pasar esto así nada más”.

Nació el 2 de junio de 1933. Ella creó, dirigió e integró diversos grupos y asociaciones en defensa de la mujer. Destaca en este particular la formación del Grupo 8 de marzo, creado para defender a las mujeres de la violencia en los hogares y en las calles, en 1992, y de Casa Amiga, creada para atender a las mujeres en crisis por violencia intrafamiliar, violaciones y vejaciones por parte de la autoridad al denunciar estos casos, en 1999.

Fue amenazada, fue violentada en sus derechos, porque descubrió una serie de hechos, una serie de complicidades entre autoridades y empresarios. Es más, recuerdo que cuando compareció ante comisiones el ahora procurador general de la República, éste fue uno de los temas cuestionados y fue uno de los temas que levantó polémica.

Pero ella no era una mujer que se dejara intimidar, no era una mujer que renunciara a sus creencias, a sus defensas y a sus defendidas. En un conmovedor texto publicado por Lydia Cacho, con motivo de la muerte de Esther Chávez Cano, rememora: “fue ella quien nos señaló el camino; fue Esther quien intuyó que las cloacas simbólicas no eran subterráneos callejeros, sino instituciones del Estado mexicano y colectivos de hombres capaces de asesinar, por placer o por poder”.

Creo que lo aquí expuesto es más que suficiente para solicitarle, señor presidente, que esta soberanía exprese a los familiares, amigos, amigas y compañeras de Casa Amiga su pesar y acompañamiento solidario por la muerte de la feminista e impulsora decidida de la lucha de las mujeres, por acceder a una vida libre de violencia, Esther Chávez Cano, acaecida el pasado 25 de diciembre en Ciudad Juárez, Chihuahua. Descanse en paz. Es cuanto, ciudadano presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa condolencias por la muerte de la ciudadana Esther Chávez Cano, suscrita por el senador Jesús Garibay García, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Jesús Garibay García, en nombre propio y de René Arce Islas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Senado de la República, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa a los familiares, amigos y compañeras de Casa Amiga su pesar y acompañamiento solidario por la muerte de la feminista e impulsora decidida de la lucha de las mujeres por acceder a una vida libre de violencia Esther Chávez Cano, acaecida el pasado 25 de diciembre en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 5 de enero de 2010.— Senadores: Jesús Garibay García (rúbrica), René Arce Islas.»

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: En virtud de que está contemplado como de urgente u obvia resolución, solicito a la Secretaría consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario senador Adolfo Toledo Infanzón: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: En consecuencia, está a discusión el punto. Para hablar en pro se inscribieron la senadora Sosa y la diputada Enoé Uranga. Tiene el uso de la voz, senadora.

La senadora Martha Leticia Sosa Govea: Muchas gracias, presidente. Compañeras diputadas; diputados y senadores. Hago uso de la voz en esta tribuna de la Comisión Permanente en nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

“Quiero tener la capacidad de mostrar el valor, energía y fortaleza de las mujeres que han sabido escapar de esas cárceles de horror; y de esas niñas y niños que han recuperado la fe y la confianza en la humanidad, después de haber sufrido los peores de los crímenes: el incesto o la violación”. Así hablaba la emblemática Esther Chávez Cano, activista mexicana de los derechos humanos, quien murió el pasado 25 de diciembre a consecuencia del cáncer.

Su principal legado fue el promover la defensa de las mujeres como la mejor forma de respetar la dignidad del género humano y, por ende, la causa de una sociedad más justa y democrática.

Esther Chávez Cano, distinguida en el año 2008 con el Premio Nacional de Derechos Humanos que otorga el gobierno federal, fundó el Grupo 8 de marzo; impulsó la Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales en Pro de la Mujer; e instituyó Casa Amiga en 1999, el primer centro de la franja fronteriza norte de nuestro país que brindó ayuda y atención a las víctimas de la violencia y a sus familias.

Esther Chávez fue pionera en registrar de manera empírica los casos de los feminicidios en Juárez y en convocar voces para denunciar en el ámbito local, estatal, nacional e internacional, el problema que padecía la ciudad por la violencia de género, lo que a su vez ayudó a que en otras ciudades se dieran a conocer casos de feminicidio.

La labor de Esther Chávez se extendió hasta contar con numerosas compañeras y compañeros de búsqueda; periodistas, investigadores buscando hacer efectiva la consigna ni una muerta más. A pesar de estos esfuerzos, hasta hoy no se ha logrado que se resuelvan los cientos de desapariciones y asesinatos de mujeres jóvenes.

Es por ello que el fallecimiento de la activista Esther Chávez Cano representa una pérdida para la lucha por la vigencia de las garantías individuales y el estado de derecho en nuestro país.

Nunca se olvidará la huella que deja esta activista en la materialización de la idea de que en las sociedades democráticas la igualdad de las personas equivale a la igualdad de derechos civiles y políticos, y no al hecho de que las personas sean idénticas por su naturaleza o por su condición.

Es por ello que en la lucha por los derechos humanos de las mujeres siempre celebraremos la carrera de Esther Chávez por su incansable labor, por su valor, por su entrega en mantener viva la esperanza de que es posible vivir en un estado de derecho y en armonía social.

En suma, la lucha emprendida hace más de tres lustros por Esther Chávez constituye uno de los pilares de la sociedad para hacer frente a la violencia, a la impunidad y a la inacción y debe ser por ello reconocida y su labor continuada. Porque, en palabras de esta mujer emblemática: “falta mucho por hacer para realizar el sueño de equidad y democracia que anhelamos”.

Es por ello que yo le solicito respetuosamente a esta asamblea, con la anuencia de la Presidencia, si es posible brindarle un minuto de silencio a Esther Chávez Cano.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Se concede brindar un minuto de silencio en nombre de Esther Chávez Cano. Por tanto, pido a los asistentes se pongan de pie.

(Minuto de silencio)

Tiene el uso de la voz, para hablar en pro, la diputada Enoé Uranga.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Gracias, señor presidente. Cuando los gobiernos locales negaron la existencia de los feminicidios, cuando las mujeres asesinadas eran invisibilizadas –tan negadas e invisibles como la situación de vulnerabilidad y abandono en el que se encuentran las mujeres de la maquila en el norte– Esther Chávez Cano y un grupo de valientes mujeres del norte caminaron desiertos buscando a las muertas de Juárez.

Enfrentó amenazas, presiones y no cejó en la lucha por ponerle nombre a esas muertas y por ponerle rostro a los culpables, así estuvieran dentro del gobierno.

Esther Chávez Cano hizo más, mucho más. Nos permitió recorrer un viaje sin retorno en términos de la visibilidad de la violencia hacia las mujeres. Baste ver la distancia entre los discursos de Acción Nacional en aquellas épocas, negando los crímenes hacia las mujeres y la muy respetable intervención que acabamos de oír ahora en este Congreso de la Unión. Eso lo logró Esther Chávez Cano.

Y logró más que ante la indolencia, ante el desinterés de las autoridades por la reparación del daño para la atención a las sobrevivientes de las muertas de Juárez, ante simplemente la volteada de la mirada por los hijos y las madres, Esther fundó y atendió –mientras el cáncer se lo permitió– una casa de atención a esas otras víctimas de las muertas de Juárez.

Esta guerrera contra la violencia, esta luchadora cuyas armas fueron además las más dignas contra la violencia, contra la intolerancia, contra la indolencia, contra la complicidad, contra la corrupción; construyó abrigo, refugio para el dolor y usó la voz y mostró que los derechos humanos se defienden así, con la voz, con discursos, con la vida.

Un recuerdo y un abrazo siempre y nuestro respeto más grande para nuestra maestra y querida amiga, Esther Chávez Cano.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: En virtud de no haber más oradores, se considera suficientemente discutida la proposición; por tanto, solicito a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

El Secretario senador Adolfo Toledo Infanzón: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Comuníquese.

DICTAMENES DE LA PRIMERA COMISION

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: La Primera Comisión de Trabajo entregó a esta Presidencia cuatro dictámenes con proyecto de decreto que conceden permisos a ciudadanos mexicanos para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario, para prestar servicios en diversas sedes diplomáticas en México y para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados les confieren gobiernos extranjeros.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día para incluir los dictámenes de la Primera Comisión de Trabajo.

La Secretaria diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día para incluir los dictámenes de la Primera Comisión de Trabajo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Se autoriza.

El siguiente punto del orden del día, por tanto, es la primera lectura de cuatro dictámenes con proyecto de decreto de la Primera Comisión de Trabajo, que conceden permiso a ciudadanos mexicanos para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario, para prestar servicios en diversas sedes diplomáticas en México y para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados les confieren gobiernos extranjeros.

En virtud de que se encuentran distribuidos entre los legisladores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura.

El senador Jesús Garibay García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Sí, señor senador.

El senador Jesús Garibay García (desde la curul): Presidente, con todo respeto yo le solicito nos dé tiempo para que sea distribuido el dictamen y podamos contar con el mismo.

RECESO

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Se autoriza un receso de tres minutos para que se les haga llegar el dictamen.

(Receso)

PERMISO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE CONSUL HONORARIO

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Es mayoría por la afirmativa.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el 22 de diciembre del año en curso por la Comisión Permanente se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Armando Antonio Aguilar Ruibal, Óscar Ernesto de la Fuente Groskorth y Pedro Ramírez Campuzano puedan aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario del Reino de España en Los Cabos, con circunscripción consular en el estado de Baja California Sur; de cónsul honorario de Malta en la Ciudad de México, con circunscripción consular en toda la República Mexicana; y de cónsul honorario de Ucrania en la ciudad de Tijuana, con circunscripción consular en el estado de Baja California, respectivamente, por lo que se turnó a la suscrita comisión, para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento; la residencia en la circunscripción consular, con las constancias de residencia y los nombramientos, con las notas formuladas por las Embajadas del Reino de España, de Malta y de Ucrania en México.

La Primera Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y, en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción IV del Apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de la Comisión Permanente el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Armando Antonio Aguilar Ruibal para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario del Reino de España en Los Cabos, con circunscripción consular en el estado de Baja Ca1ifornia Sur.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Óscar Ernesto de la Fuente Groskorth para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Malta en la Ciudad de México, con circunscripción consular en toda la República Mexicana.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Pedro Ramírez Campuzano para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Ucrania en la ciudad de Tijuana, con circunscripción consular en el estado de Baja California.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del  honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 5 de enero de 2010.

La Primera Comisión Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia:Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, diputado Javier Corral Jurado, secretarios; senador Jesús Garibay García (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, senador José González Morfín (rúbrica), senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), diputado Adán López Hernández (rúbrica), senador Arturo Escobar y Vega, diputado Pedro Vázquez González, senador Luis Maldonado Venegas.»

PERMISO PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el 22 de diciembre del año en curso por la Comisión Permanente se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Blanca Flor López de Jesús, Gustavo Adolfo Rangel Guerrero, Dina Plotnik Golcman, María Elena Patiño Vázquez, Alejandro García García, Edgar Sánchez Ladrón de Guevara, Cesar Yamil Palozzi Moras, Carlos Ernesto Silva Torres, Lilia Gallegos Gómora, Luzana Álvarez Mitre, Fernando Rojas Camarillo, J. Rodolfo Álvarez Rincón, Johan Osiris Moreno García y Gustavo del Carmen Sánchez puedan prestar servicios de carácter administrativo a diferentes gobiernos extranjeros, respectivamente, por lo que se turnó a la suscrita comisión, para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

Que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con las copias certificadas del acta de nacimiento y carta de naturalización.

La Primera Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción II del Apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Blanca Flor López de Jesús para prestar servicios como empleada doméstica en la Embajada de Dinamarca en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Gustavo Adolfo Rangel Guerrero para prestar servicios como asesor en la Embajada de Noruega en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Dina Plotnik Golcman para prestar servicios como empleada en la Embajada de Israel en México.

Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Lilia Gallegos Gómora para prestar servicios como asistente de Inmigración en la Embajada de Canadá en México.

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Fernando Rojas Camarillo para prestar servicios como contador en la Embajada de Chile en México.

Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano J. Rodolfo Álvarez Rincón para prestar servicios como chofer en la Embajada de Chile en México.

Artículo Séptimo. Se concede permiso al ciudadano Johan Osiris Moreno García para prestar servicios como Auxiliar de Servicios Menores en la Embajada de Chile en México.

Artículo Octavo. Se concede permiso al ciudadano Gustavo del Carmen Sánchez para prestar servicios como chofer y auxiliar de Archivo en la Embajada de Chile en México.

Artículo Noveno. Se concede permiso a la ciudadana María Elena Patiño Vázquez para prestar servicios como recepcionista en el Departamento de Información del Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Artículo Décimo.Se concede permiso al ciudadano Alejandro García García para prestar servicios como cajero clase B en la Sección Administrativa del Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Artículo Décimo Primero. Se concede permiso al ciudadano Edgar Sánchez Ladrón de Guevara para prestar servicios como técnico mecánico en la Sección de Servicios Generales del Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Artículo Décimo Segundo. Se concede permiso al ciudadano César Yamil Palozzi Moras para prestar servicios como cajero en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Décimo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Carlos Ernesto Silva Torres para prestar servicios como asistente de inventarios en el Consulado de Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.

Artículo Décimo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Luzana Álvarez Mitre para prestar servicios como auxiliar de Seguridad en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 5 de enero de 2010.

La Primera Comisión Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia:Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, diputado Javier Corral Jurado, secretarios; senador Jesús Garibay García (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), senador José González Morfín (rúbrica), senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), diputado Adán López Hernández (rúbrica), senador Arturo Escobar y Vega, diputado Pedro Vázquez González, senador Luis Maldonado Venegas.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la Comisión Permanente el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el 22 de diciembre del año en curso por la Comisión Permanente se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Alejandro González Palomeque, Carlos Alberto Cristerna Sánchez, Yuriko Sabrina Gancedo Aoki, Francisco Sánchez Rodríguez, Margarita Mercado Osorio, Marcela Domínguez Hernández, Pascale María José Schwab Jeannerat, Georgina Domínguez Hernández, Perla Fabiola Arizmendi Hernández, Sergio Antonio Luján Plaza, Santos Gabriel Guerrero Dávila e Irma Tapia Valencia puedan prestar servicios en las Embajadas de Estados Unidos de América, y de las Repúblicas de Corea, de Israel y de Bélgica en México, así como en los Consulados de Estados Unidos de América en Nogales y en Hermosillo, Sonora, por lo que se turnó a la suscrita comisión, para dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron la nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento.

La Primera Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción II del Apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Alejandro González Palomeque para prestar servicios como visa clerk en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Carlos Alberto Cristerna Sánchez para prestar servicios como voucher examiner en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Yuriko Sabrina Gancedo Aoki para prestar servicios como analista financiera en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Francisco Sánchez Rodríguez para prestar servicios como asesor del embajador en la Embajada de la República de Corea en México.

Artículo Quinto. Se concede permiso a la ciudadana Margarita Mercado Osorio para prestar servicios como empleada doméstica en la Embajada de Israel en México.

Artículo Sexto. Se concede permiso a la ciudadana Marcela Domínguez Hernández para prestar servicios como empleada doméstica en la Embajada de la República de Corea en México.

Artículo Séptimo. Se concede permiso a la ciudadana Pascale María José Schwab Jeannerat para prestar servicios como secretaria en la Embajada de Bélgica en México.

Artículo Octavo. Se concede permiso a la ciudadana Georgina Domínguez Hernández para prestar servicios como empleada doméstica en la Embajada de la República de Corea en México.

Artículo Noveno. Se concede permiso a la ciudadana Perla Fabiola Arizmendi Hernández para prestar servicios como guardia de seguridad en el Consulado de Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.

Artículo Décimo. Se concede permiso al ciudadano Sergio Antonio Luján Plaza para prestar servicios como guardia de seguridad en el Consulado de Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.

Articulo Undécimo. Se concede permiso al ciudadano Santos Gabriel Guerrero Dávila para prestar servicios como guardia de seguridad en el Consulado de Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.

Artículo Duodécimo. Se concede permiso a la ciudadana Irma Tapia Valencia para prestar servicios como asistente de seguridad en el Consulado de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 5 de enero de 2010.

La Primera Comisión Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia:Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, diputado Javier Corral Jurado, secretarios; senador Jesús Garibay García (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, senador José González Morfín (rúbrica), senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), diputado Adán López Hernández (rúbrica), senador Arturo Escobar y Vega, diputado Pedro Vázquez González, senador Luis Maldonado Venegas.»

PERMISO PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

La Secretaria diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la Comisión Permanente el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el 22 de diciembre del año en curso por la Comisión Permanente se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Jorge Humberto Pastor Gómez, Raymundo Pedro Morales Ángeles, Eduardo Redondo Arámburo y Víctor Manuel Alarcón Daowz puedan aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan en diferentes grados la Marina Militar del gobierno de la República Italiana, la Junta Interamericana de Defensa de la Organización de Estados Americanos, el gobierno de la República de Chile y el gobierno de Estados Unidos de América, respectivamente, por lo que se turnó a la suscrita comisión, para dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron la nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples del currículum vitae, de la identificación oficial y de las notificaciones en que se les comunica la intención de otorgarles las condecoraciones y medallas.

La Primera Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de acuerdo con lo que establecen la fracción III del Apartado C del artículo 37 constitucional y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de la Comisión Permanente el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Jorge Humberto Pastor Gómez para aceptar y usar la Condecoración Honorífica de Interfuerzas del Estado Mayor de la Defensa Italiana, que le otorga la Marina Militar del gobierno de la República Italiana.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Raymundo Pedro Morales Ángeles para aceptar y usar la Medalla Especial y la Cinta, que le otorga la Junta Interamericana de Defensa de la Organización de Estados Americanos.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Eduardo Redondo Arámburo para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Naval, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República de Chile.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Víctor Manuel Alarcón Daowz para aceptar y usar la Medalla al Servicio Meritorio, que le otorga el gobierno de Estados Unidos de América.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.– México, DF, a 5 de enero de 2010.

La Primera Comisión Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia:diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, diputado Javier Corral Jurado, secretarios; senador Jesús Garibay García (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), senador José González Morfín (rúbrica), senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), diputado Adán López Hernández (rúbrica), senador Arturo Escobar y Vega, diputado Pedro Vázquez González, senador Luis Maldonado Venegas.»

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Quedan de primera lectura. En virtud de que se encuentran publicados y distribuidos los dictámenes, consulte la Secretaría a la asamblea si se les dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se les dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y a votación de inmediato. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Se dispensa la segunda lectura. En consecuencia, se pide a la Secretaría dar lectura a los proyectos de decreto.

La Secretaria diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Armando Antonio Aguilar Ruibal, Óscar Ernesto de la Fuente Groskorth y Pedro Ramírez Campuzano, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario del Reino de España...

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Secretaria, perdón, solicite a la asamblea si se dispensa la lectura para que se lea solamente el resolutivo.

La Secretaria diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: En votación económica consulto a la asamblea si se dispensa la lectura. Quienes estén a favor, favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, favor de manifestarlo.

Se aprueba por mayoría, presidente.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Aprobada. En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal de los proyectos de decreto en un solo acto.

La Secretaria diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Se procede a recoger la votación nominal, en lo general y en lo particular, de los proyectos de decreto. Se pide que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Por la afirmativa, la de la voz, diputada Enoé Uranga, por la negativa el senador Jesús Toledo Infanzón. Para recoger la votación, señor secretario.

(Votación)

La Secretaria diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: ¿Falta alguna legisladora o legislador de emitir su voto? Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva (votación). Señor presidente, se emitieron 27 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Aprobados en lo general y en lo particular, por 27 votos, los proyectos de decreto que conceden permiso a ciudadanos mexicanos para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario, para prestar servicios en diversas sedes diplomáticas en México y para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados les confieren gobiernos extranjeros. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

PRECIOS DE LAS GASOLINAS, DIESEL MARINO, GAS LP Y NATURAL Y DE LA ENERGIA ELECTRICA

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Esta Presidencia recibió del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT, punto de acuerdo por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a congelar los precios de las gasolinas, diesel marino, gas LP y gas natural, así como de la energía eléctrica para 2010, y que inste a crear una comisión legislativa que investigue los casos de corrupción y robo de bienes nacionales en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad.

La Secretaria diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a congelar los precios de gasolinas, diesel marino, gas LP y natural, y energía eléctrica para 2010; y se insta a crear una comisión legislativa que investigue los casos de corrupción y robo de bienes nacionales en Pemex y en la CFE, suscrita por el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT

En México, antes del paradigma económico neoliberal, que John Williamson sintetizó en el Consenso de Washington, hubo dos épocas diferenciadas e importantísimas en nuestra historia económica; una es la del “desarrollo estabilizador” (1954-1970) y la otra es la del “desarrollo compartido” (1970-1982). En la primera la economía creció a una tasa anual promedio de 6.7% y el producto per cápita en un 3.3%; en la segunda el crecimiento de la economía fue de 6.2% y el producto per cápita fue de 3.1%.

No obstante, los supuestos modernizadores (tecnócratas neoliberales) aseguraron que este crecimiento se logró con malos resultados macroeconómicos que, a la postre, provocaron las crisis económicas y las devaluaciones. Se les olvidó que en realidad lo que hizo crisis fueron las políticas del desarrollismo. A partir de ahí (1982) con los “ajustes estructurales”; “las reformas de primera generación” y/o la “modernización económica”, la transformación económica del país se fincó en aspectos macroeconómicos, que ahogaron el crecimiento.

Pues esta política económica no es un modelo de desarrollo, sino de estancamiento. Sus resultados están a la vista y empíricamente son irrefutables; durante el periodo 1983-2009 la tasa media de crecimiento del producto interno bruto ha sido de 2.1% anual, con un crecimiento per cápita cercano al 0.4% anual; y la inversión fija bruta sólo ha crecido a una tasa media de 1.8% anual, con un crecimiento per cápita de 0.1% anual.

En materia de empleo los resultados han sido deplorables, baste decir que durante el periodo 1983-2008, 11.2 millones de trabajadores mexicanos emigraron al extranjero; en promedio año con año hemos expulsado medio millón de compatriotas a Estados Unidos. Además, recordemos que para absorber a las nuevas generaciones de demandantes de empleo en el país, la economía mexicana debería crecer a una tasa cercana al 6% anual, casi el triple de la tasa neoliberal.

Es decir, la aplicación de este modelo económico defendido a ultranza por la derecha como posible medio para modernizar al país, ha traído consigo los repetidos ciclos de freno de la economía mexicana, con un mediocre crecimiento promedio del PIB y del empleo. Por otra parte, la liberalización comercial a ultranza, combinada con la severa reducción del Estado en la economía general y sectorial, ha profundizado la desarticulación interna de la planta productiva, así como las desigualdades tecnológicas y de productividad entre sus distintos sectores.

El absurdo de esta política económica se ve reflejado en un sector estratégico para nosotros los mexicanos; el energético. Los gobiernos neoliberales, han tratado con saña a las empresas públicas de este sector porque siempre han buscado justificar o tener el pretexto para privatizar la industria eléctrica y el petróleo.

Sólo así se entiende su proceder, pues en vez de modernizar la industria petrolera y convertirla en palanca del desarrollo nacional, han optado deliberadamente por arruinarla y tener el pretexto para venderla y convertirla en un negocio privado.

Pero para los que padecen miopía histórica, hay que recordarles que el 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas del Río, llevó a cabo la expropiación del petróleo, para devolver al pueblo de México, esta riqueza que estaba en manos de compañías extranjeras. Con esta decisión histórica, ese gran estadista, ese presidente patriota –de los que ahora escasean– no sólo hizo valer la soberanía nacional, sino que abrió el horizonte a la economía del país. Y a casi siete décadas de la expropiación, en buena medida, el país se ha desarrollado por el dominio que la nación ejerce sobre el petróleo y de eso depende, en mucho, el futuro del país como nación libre e independiente.

Mientras que la nacionalización de la industria eléctrica debe verse desde el contexto de la demanda popular porque el Estado siguiera siendo el agente principal del bienestar social y garante de la Constitución.

El 25 de octubre de 1960 en el Diario de los Debates, aquí, en la Cámara de Senadores, el presidente Adolfo López Mateos, declaraba que “México ha sostenido tradicionalmente la tesis de que los recursos naturales y las fuentes de energía básicas, han de estar al servicio de la colectividad y de la elevación de los niveles de vida del pueblo mexicano”. La generación, transformación, distribución y abastecimiento de energía debía sustentarse en “razones de beneficio social y no en motivos de interés particular”. Siguiendo su legado, y en palabras del general Lázaro Cárdenas: por razones de “utilidad pública”.

Porque es a partir del proyecto de Ley de Energía Eléctrica, de agosto de 1938, cuando el Ejecutivo sentó las bases para “ir realizando gradualmente la nacionalización financiera de los negocios eléctricos” porque al Estado correspondía la coordinación de los planes regionales que espontáneamente surgieran para integrarlos en un plan nacional de electrificación. De este modo se pretendía que la Comisión Federal de Electricidad, como organismo descentralizado, controlara y dirigiera paulatinamente el potencial hidráulico del país para la prestación del servicio público.

Por lo que la decisión tomada por Adolfo López Mateos formaba parte de toda esta concepción política y económica donde el Estado cumplía con su obligación histórico fundamental: ser gestor y regulador del orden y bienestar social, donde el Ejecutivo fuera el garante de la Constitución de 1917; emanada del movimiento revolucionario que inició en 1910.

Sin embargo, esta tendencia comenzó a cambiar a partir de la década de los ochenta del siglo pasado. Pues desde ese periodo a la fecha la política energética ha sido manejada con perversidad y de manera irresponsable. Desde Miguel de la Madrid, pasando por Carlos Salinas de Gortari, continuando con Zedillo, llegando a Fox y, para no desentonar, Calderón también ha actuado de esta manera.

Por razones de tiempo ahora sólo me concentraré en las mal llamadas administraciones del cambio, esas donde el voto útil se convirtió en voto inútil, donde tristemente se perdió el tiempo habiendo tantas demandas nacionales insatisfechas.

De 2000 al 2007 México experimentó una bonanza por el incremento constante de los precios del petróleo, aunado a la estabilidad de las finanzas públicas y a la solidez del resto de las variables financieras, el boom petrolero mundial nos dio una de las mejores etapas de estabilidad y solidez que se recuerden en la economía mexicana.

El tamaño de los excedentes petroleros que ingresaron a México entre la administración foxista y el primer año de Calderón fue de dos puntos porcentuales del PIB cada año, ¿Qué quiere decir esto? Simple y sencillamente que si un punto del PIB se calcula en 120 mil millones de pesos, esto indica que anualmente los panistas recibieron 240 mil millones de pesos, que multiplicados por siete nos darían un billón 680 mil millones de pesos, repito, un billón 680 mil millones de pesos. Más de tres veces el tamaño del boquete en las finanzas públicas que se intenta tapar con el aumento de impuestos a los contribuyentes. Y más dinero que durante todo el tiempo que el PRI estuvo en el poder.

Llegados a esta punto cabe la pregunta de ¿Qué hizo Fox a lo largo de su sexenio, y Calderón en el primer año, con todos esos ingresos extraordinarios por los excedentes petroleros? Nada, absolutamente nada, lo único que supieron hacer fue dilapidar todo ese dinero en un manejo incierto (léase corrupción) y en el mejor de los casos sirvieron para engordar a la burocracia gubernamental con la creación de plazas de alto nivel para acomodar a las élites de panistas que reclamaban espacios y posiciones para poder vivir del presupuesto.  Por eso no es extraño que el gasto corriente del sector público, del año 2000 al 2007, haya subido de 714 mil millones de pesos a un billón 466 mil millones de pesos; es decir, se duplicó.

Y mientras las administraciones federales derrocharon un bien que pertenece a todos los mexicanos de manera irresponsable, países como Brasil, Venezuela y Arabia Saudita –todos ellos productores de petróleo como nosotros– aprovecharon sus excedentes petroleros de esos años para crear “fondos soberanos” en los que una parte de esos ingresos extraordinarios era ahorrada en reservas que pudieran financiar al país cuando bajaran los precios petroleros. México no actuó de esta manera y no ahorró ni un solo peso; esos países vieron más tranquilamente pasar la caída de los petroprecios y enfrentan con mayor capacidad la recesión mundial, mientras aquí estuvimos prácticamente en la quiebra y pidiendo a los contribuyentes que pagaran una vez más por los errores del gobierno; de nueva cuenta nos cargaron a los ciudadanos el enorme costo de su corrupta ineptitud. Esto se llama crimen de Estado, porque el crimen de Estado no es sólo una acción realizada desde sus aparatos, es también producto de sus omisiones.

Pero parece que a esta administración no le importan los ciudadanos, ni la población en general, porque no conforme con el aumento de impuestos, ahora, iniciando este año, nos recibe con el alza en los precios de gasolinas, diesel, diesel marino, gas LP y natural así como de energía eléctrica. Habría que recordarle al señor Calderón su propio Acuerdo Nacional a favor de la Economía y el Empleo, donde se comprometió a ayudar a la gente más pobre del país en estos momentos difíciles producto de la recesión mundial.

Pero también, no hay que perder de vista, a la par de esto, que nuestro sector energético sigue deteriorándose más y más con este proceder tan grave. En este contexto debe verse el robo que ha estado sufriendo nuestra principal empresa paraestatal, ya que como es de conocimiento público, el viernes 18 de diciembre de 2009 se publicó en varios medios de comunicación impresos que la Secretaría de Energía (Sener) apuntaló la participación de la iniciativa privada en la producción, almacenamiento, transporte y comercialización de combustibles para vehículos automotores con la asignación de 12 permisos a otras tantas empresas para la producción de “bioenergéticos”, particularmente de etanol anhidro y biodiesel.

Ese mismo día la Comisión Reguladora de Energía emitió una resolución vía la cual se le entregan bienes de la nación a empresas gaseras nacionales y multinacionales, con cargo a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. Se trata de otorgarles terminales de almacenamiento y ductos de gas natural y gas LP (licuado de petróleo) para uso de las firmas que se dediquen a la actividad.

O sea, la Comisión Reguladora de Energía se convierte en una suerte de administradora del patrimonio de Pemex, decidiendo a qué empresa gasera se le abastece vía la infraestructura de la empresa pública. La medida atenta contra la letra y espíritu de la Constitución, es una ofensa al pueblo de México, pone en riesgo la viabilidad de la industria de gas LP y amenaza los miles de empleos que genera.

Mientras esto ocurre, la industria estatal de refinación opera desde hace más de 14 años con pérdidas, la delincuencia organizada ha logrado consolidar una “empresa paralela” que obtiene cuantiosas ganancias con los combustibles que sustrae de forma ilícita de las instalaciones de esta misma área.

Los estados financieros de Petróleos Mexicanos (Pemex) de los últimos seis años muestran que este sector encargado de garantizar el suministro de combustibles al mercado nacional acumula pérdidas por 219 mil millones de pesos, debido fundamentalmente a la falta de capacidad de producción.

Y para no desentonar mencionemos que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó el 25 de diciembre de 2009 que la empresa trasnacional española Gas Natural firmó un acuerdo con las empresas Mitsui & Co. y Tokyo Gas (trasnacionales japonesas) para la venta de parte de sus activos de generación eléctrica en México, los cuales operan en nuestro país bajo la modalidad de productor externo de energía (PEE).

En sólo dos años las centrales mencionadas de generación eléctrica cambiaron de manos francesas a españolas y ahora lo harán a japonesas. De todas maneras, la trasnacional Gas Natural seguirá teniendo presencia en el sector eléctrico mexicano con las centrales de generación de ciclo combinado que opera como PEE.

De esta forma, de los casi 700 “permisos” otorgados por las administraciones federales (de Zedillo a Calderón) han provocado que alrededor de 40 por ciento de la generación eléctrica en el país esté en manos privadas.

Calderón no es ajeno a este proceder, pues recordemos que siendo secretario de Energía en el sexenio de Fox otorgó contratos en el sector energético que beneficiaron a su cuñado; su mano derecha –el señor Juan Camilo Mouriño– siendo entonces legislador del PAN hizo triangulaciones turbias para beneficiar a su familia en el negocio de los energéticos. Aunado, a la vergonzosa regalía que ambos funcionarios (Calderón y Mouriño) cedieron a empresas españolas en la cuenca de Burgos para que hicieran actividades ilícitas referentes a los energéticos.

En suma, el sector energético no ha tenido prioridad en los planes gubernamentales cuando se trata de modernizarlo, y gracias a esto México se ha convertido en exportador de crudo e importador de productos con mayor valor agregado. Todo esto nos ha llevado a una gravísima situación de dependencia. Estamos comprando en el exterior la cuarta parte del gas que necesitamos en el país y el 40 por ciento de la gasolina que consumimos.

Por si fuera poco, en México, la electricidad y el gas, le cuestan más al consumidor y al empresario, que en Estados Unidos y que en otros países del mundo.

En el sector energético se está destapando la cloaca, es apenas la punta del iceberg, Pemex y la CFE han representado un foco de corrupción enorme, constante y frecuente, hasta ahora se está sacando a la luz pública el robo, vía la entrega de bienes de la nación a empresas gaseras, nacionales y multinacionales; se apuntala la participación de la iniciativa privada en la producción, almacenamiento, transporte y comercialización de combustibles. Todo ello con la actitud solapadora de las autoridades de esas paraestatales, de los gremios, la complicidad de los gobernantes y de los empresarios beneficiados.

Es enorme el daño económico que durante la historia de Pemex y de la CFE se les ha causado a estas industrias en detrimento de los mexicanos.

Por estos motivos antes expuestos, considero pertinente una investigación profunda del Senado de la República, porque éste no ha hecho efectiva esta facultad de investigar a estas paraestatales o a organismos públicos descentralizados, es el momento de hacerlo, para investigar sobre la corrupción de Pemex y de la CFE, que ha sucedido durante muchas décadas, en complicidad con los gremios, las autoridades de las empresas, el gobierno y empresarios nacionales y extranjeros.

Punto de Acuerdo

Se exhorta al Ejecutivo a congelar los precios de gasolinas, diesel, diesel marino, gas LP y natural así como energía eléctrica, para el próximo año, eso por un lado, y por el otro propongo que se inste crear una comisión legislativa que investigue los casos de corrupción y tráfico de influencias a los que me he referido; no para darle carpetazo o una apariencia de que se está trabajando, sino para que actúe de manera eficaz y rápida porque no podemos seguir permitiendo más deterioro de nuestro sector energético.

Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

REFORMA DE JUSTICIA PENAL-CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Se recibió del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el cual exhorta al Ejecutivo federal a que presente en su propuesta de iniciativa respecto de los distintos ordenamientos que acompañarán la reforma de justicia penal-constitucional, publicada el 18 de junio de 2008.

La Secretaria diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a presentar su propuesta de iniciativa respecto a los ordenamientos que acompañarán la reforma de justicia penal constitucional publicada el 18 de junio de 2008, suscrita por el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

Arturo Zamora Jiménez, diputado a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en Ejercicio de la Facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, por conducto del titular de la Secretaría de Gobernación, a fin de que presente su propuesta de iniciativa respecto de los distintos ordenamientos que acompañaran la reforma de justicia penal constitucional, publicada el 18 de junio de 2008, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el decreto de reforma constitucional en material de justicia penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del año 2008 se contemplaron, además de las modificaciones a los diez artículos de la Constitución con los que se da nacimiento legislativo al sistema penal acusatorio, la obligación de legislar para crear un nuevo sistema de reinserción y la necesidad de establecer reglas para el combate al crimen organizado y la necesaria reforma penal así como procesal penal.

En el artículo segundo transitorio del decreto citado se estableció que el sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo –en ese momento– y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrarían en vigor cuando cobrara vigencia la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de la reforma.

Como se desprende del articulado transitorio, previsto por los integrantes de la LX Legislatura Federal, la vacatio legis establecida no debe considerarse simplemente como un tiempo por transcurrir, sino que se trata de la estimación ponderada que surgió, por una parte, de la magnitud de la reforma, que sin duda es de las de mayor calado en esta materia desde la promulgación de la Constitución de 1917 que nos rige, y de otro, ante la seria problemática por la que atraviesa el sistema de procuración y administración de justicia en nuestro país.

De esa ponderación, impuesta por nuestra realidad nacional, surgió la previsión, apuntada en el octavo transitorio del decreto, para que los diversos órdenes legislativos del país, encargados de la distribución del gasto público, tanto federales como estatales, y del Distrito Federal, destinarán los recursos necesarios para el diseño de las reformas legales, tanto en su vertiente material, como jurídica y de capacitación, de los distintos operadores del nuevo modelo de justicia; ello a partir del presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del decreto.

Luego, a fin de hacer factible el proceso de transformación buscado, en el artículo noveno transitorio de la reforma Constitucional, se creó una instancia de coordinación, integrada por representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con la participación del sector académico y la sociedad civil, así como de las Conferencias de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y de Presidentes de Tribunales, que opera a través de una secretaría técnica, que tienen como finalidad coadyuvar y apoyar a las autoridades locales y federales cuando así se lo soliciten.

A casi 20 meses de la publicación de la reforma constitucional en materia de justicia penal, esta LXI Legislatura federal no debe permanecer pasiva, toda vez que el papel del Poder Legislativo no se limita a la expedición de leyes, sino que la creación de la norma se ve culminada hasta que cobra vida y cumple el propósito de su formulación.

En consonancia con lo anterior, no debemos ignorar que la presente legislatura tiene en puerta además, y como parte del mismo proceso de transformación del modelo de justicia penal, la expedición de las leyes penales federales, básicamente el Código Penal Federal, el de Procedimientos Penales y de manera relevante la adecuación de la Ley de Amparo, así como las leyes en materia de readaptación o reinserción social, y en el ámbito del crimen organizado y vigilar que los diversos ordenamientos reglamentarios de la materia que acompañen sean congruentes con la reforma constitucional; sólo de esa manera podrán despejarse lo que hasta hoy han sido incógnitas y reservas hacia el cambio de modelo penal, en este sentido el Ejecutivo federal debe asumir la responsabilidad de proponer los institutos jurídicos para materializar la modificación integral del marco normativo concebido.

Son varios los estados de la república que han implementado el procedimiento oral bajo los principios del sistema acusatorio; esfuerzos loables que, las más de las veces, se mantienen a la expectativa sobre diversos aspectos que se saben relacionados con las tareas de control constitucional que incumben al Poder Judicial; por tanto, este órgano legislativo no puede mantenerse inactivo durante el periodo de transición, que se concibió para llevar a cabo de manera ordenada y gradual, lo que implica y amerita un trabajo permanente ya que de otra manera tendríamos como resultado la fragmentación y disparidad de las distintas legislaciones.

En mérito de lo anterior, se propone

Primero. Exhortar al Poder Ejecutivo federal, por conducto del titular de la Secretaría de Gobernación, para que en uso de sus atribuciones de iniciativa de leyes, proponga el cuerpo de normas secundarias que han de acompañar la implementación del nuevo modelo de justicia penal, concebido en la reforma constitucional publicada el dieciocho de junio de dos mil ocho.

Segundo. Solicito que el presente punto de acuerdo sea turnado a la Primera Comisión de la Comisión Permanente de este honorable Congreso de la Unión.

Diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

ESTADO DE JALISCO

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Se presentó por parte del diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del PT, proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a que gire instrucciones al secretario de Comunicaciones y Transportes, a fin de cancelar la concesión para convertir el tramo carretero federal El Desperdicio-Lagos de Moreno a autopista de cuota. Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza(desde la curul): Presidente, ¿me concede el uso de la palabra?

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Tiene el uso de la voz, señor diputado. Pase a tribuna, señor diputado.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (de la curul): Si quiere, desde aquí. Para pedirle se adicione el nombre del senador Ramiro Hernández García, quien telefónicamente me solicitó incorporarse a ese punto de acuerdo.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Tome nota la Secretaría.

VIGILANCIA DE LOS AEROPUERTOS DE MEXICO

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Se recibió del señor legislador David Hernández Pérez, proposición con punto de acuerdo en relación con la vigilancia de los aeropuertos de México, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI.

La Secretaria diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: «Proposición con punto de acuerdo, relativo a la vigilancia de los aeropuertos de México, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por medio del cual se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, licenciado Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta, y a la comisionada del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero Castillo, a comparecer a fin de que expongan y expliquen la situación actual y las acciones que están llevando a cabo enviados y agentes estadounidenses en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México para supervisar de manera directa el paso de extranjeros por territorio mexicano y determinen filtros a pasajeros que, en su caso, nieguen el acceso a nuestro país, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Desde octubre de 2009 la presencia de agentes de Estados Unidos en el aeropuerto de la Ciudad de México se ha visto incrementada, pues además de un crecimiento en presencia tienen la facultad de manera directa de supervisar a pasajeros provenientes de otros países sobre territorio mexicano.

Estos agentes fueron asignados por la Embajada de Estados unidos Mexicanos en donde imponen filtros que deben de aplicar para llevar un control de pasajeros que arriban al país provenientes del extranjero; cabe mencionar que dichos funcionarios son de origen latino (dominicanos, cubanos e incluso mexicano-estadounidenses), a los cuales se les ha dado la atribución de dictar medidas al personal del Instituto Nacional de Migración (INM) para el manejo del ingreso de los viajeros.

Los enviados estadounidenses operan como parte de un programa conjunto de seguridad de viajeros en México cuya coordinación está a cargo de Víctor Manuel Guerra Enríquez y cuyo programa, de acuerdo a testimonios del INM, el funcionario comentó que es parte de un programa piloto del conocido en Estados Unidos (Trsuted Traveler Program) y cuyos trabajos serán supervisados por Matthew Suárez , jefe del US Customs Border Protection (CBP), y son estos agentes los que portan gafetes del Instituto Nacional de Migración, pero con una leyenda más: “Embajada de Estados Unidos”.

Entre la lista de agentes figuran los de la CBP, los de Transportation Security Administration, Federal Aviation Administration, US Immigration and Customs Enforcement, los cuales tras el protocolo diplomático entregan una copia de su credencial y reciben a cambio una de alguna dependencia de México, ya sea de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o de la Secretaría de Agricultura.

Personal del INM señaló que agentes del CBP negaron el ingreso de una familia de origen iraquí, pese a que sus papeles estaban en regla.

En marzo de 2002 los gobiernos de Estados Unidos y el mexicano acordaron veintidós compromisos de asociación en materia de seguridad fronteriza para evitar riesgos de terrorismo, pese a esto agentes del INM comentaron que agentes de Custom Border Protection operan aplicando su criterio.

Considerandos

– El Instituto Nacional de Migración es un órgano técnico desconcentrado de la administración pública federal dependiente de la Secretaría de Gobernación, el cual aplica la legislación migratoria vigente, y su público usuario lo integran quienes nos visitan de otros países, y aquellos que quieren permanecer en México en forma temporal o permanente.

– Que a efecto de hacer constar su nacionalidad y gozar de los derechos que les concediesen las leyes y los tratados que México hubiese firmado con sus respectivas naciones, el INM lleva un registro ante la Secretaría de Estado y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

– Que los extranjeros gozarán de los derechos civiles y garantías otorgadas por la Constitución mexicana de la misma manera que los nacionales y que el INM tendrá como misión “contribuir al desarrollo del país a través de una gestión migratoria eficiente y segura, con base en el marco legal y el pleno respeto a la dignidad humana”, y una visión, en la cual “el INM es una entidad que brinda servicios migratorios de manera eficiente, honesta, segura y en armonía con el concierto internacional, y que como instancia de seguridad nacional intercambia información y se coordina adecuadamente con otras dependencias de gobierno” entre cuyos objetivos estratégicos se encuentran, entre otros:

• Facilitar los flujos migratorios legales

• Fortalecer la gestión de regulación, control y verificación

• Garantizar el respeto de los derechos de los migrantes

En virtud de lo anterior, es prioritario que el secretario de Gobernación, licenciado Fernando Francisco Gómez Mont y la Comisionada del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero Castillo, comparezcan ante el Pleno de este honorable órgano legislativo, con la finalidad de proporcionar un amplio panorama de lo que representan estos agentes estadounidenses provenientes de diferentes agencias; cuáles son sus funciones, en tanto que México cuenta con agentes propios del Instituto Nacional de Migración, previamente con Capacitación del Centro de Capacitación Migratoria; ante qué autoridades están sujetos dichos agentes en territorio mexicano, qué papel juegan, su jerarquía y qué atribuciones tienen.

Por lo expuesto y fundado, someto ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se acuerda llamar a comparecer ante el Pleno de esta Cámara al titular de la Secretaría de Gobernación, licenciado Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta; y a la comisionada del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero Castillo, a fin de que expongan y expliquen la situación actual y las acciones que están llevando a cabo enviados y agentes estadounidenses en el aeropuerto internacional de la ciudad de México para supervisar de manera directa el paso de extranjeros por territorio mexicano y determinen filtros a pasajeros que, en su caso, nieguen el acceso a nuestro país.

(Rúbrica).»

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

ESTADO DE JALISCO

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza(desde la curul): Presidente. Retiro el punto 11 del orden del día para que se ventile en la próxima sesión.

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Se retira el punto del diputado Pedroza para la próxima sesión. Tome nota la Secretaría.

SECRETARIA DE ECONOMIA

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Se recibe del senador Silvano Aureoles Conejo proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de Economía, a fin de que explique los alcances de la escalada de precios que se ha desatado en el país, las expectativas en términos inflacionarios y la estrategia que se implementará para apoyar a la planta productiva y proteger el empleo.

La Secretaria diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al secretario de Economía a fin de que explique los alcances de la escalada de precios desatada en el país, las expectativas en términos inflacionarios y la estrategia por establecer para apoyar la planta productiva y proteger el empleo, suscrita por el senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Silvano Aureoles Conejo, senador integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del honorable Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo para citar a comparecer al titular de la Secretaría de Economía, a fin de que explique los alcances de la escalada de precios que se ha desatado en el país, las expectativas en términos inflacionarios y la estrategia que se implementará para apoyar a la planta productiva y proteger el empleo, de conformidad con los siguientes

Considerandos

En 2010 esperamos la recuperación económica, debemos rescatar los 750,000 empleos que hemos perdido, esperamos redimir el 8 por ciento del Producto Interno Bruto que se nos fuera de las manos.

En materia económica, nuestro país durante la primera década del siglo XXI padeció una serie de problemas estructurales que nos han llevado a ser la nación con el menor crecimiento en América Latina, superado por naciones como Brasil, Chile e incluso Perú, con el desplome del 8% en el producto interno bruto este 2009, nuestra economía ha registrado un crecimiento anual promedio de apenas 1.6% en los últimos 10 años.

Los problemas estructurales parecen ser la constante, ya que los ingresos por impuestos que obtuvo el gobierno federal nuevamente sufrieron un descalabro. Este fin de ejercicio la recaudación sumó 86 mil 944 millones de pesos, una reducción de 15.5% respecto a noviembre de 2008, lo que constituye la caída más fuerte desde mayo del 2009.

Por lo que nos es raro que, en retrospectiva, durante el 2009 México haya tenido un déficit de 218 mil 100 millones de pesos en los primeros 11 meses del año, originado por la persistente caída en los ingresos tributarios y petroleros.

A pesar de este inicio fresco y las campañas mediáticas del gobierno federal en las que nos aseguran que la recuperación del empleo y la economía va viento en popa, la verdad es que a nivel de la realidad cotidiana, lo que se percibe es un aumento en la inconformidad social y en la violencia de la delincuencia.

Estamos iniciando el 2010 con la noticia de la aplicación de los nuevos impuestos y con el alza generalizada en los energéticos: gas doméstico, gasolina diesel, los cuales impulsaran la inflación lo cual, no nos dan el mejor panorama para esta año que inicia.

Este año se perfila como un periodo donde el poder adquisitivo de las personas se verá deteriorado significativamente por el efecto de los impuestos; 20 productos incrementaron su precio en promedio 4% desde el 15 de diciembre hasta ahora.

Al finalizar 2010 los mexicanos habremos perdido 51% del poder de compra desde que comenzó el actual sexenio, asegura un análisis multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM.

Como ejemplo, en el Distrito Federal durante los primeros 4 días de enero se registró un aumento del 30 por ciento en la canasta básica.

La economía familiar ya se ve afectada por el incremento en el gas licuado propano, el cual aumentó 14 centavos por kilogramo, para las zonas del Distrito Federal, estado de México e Hidalgo. Pasa de 9.17 pesos a 9.31 pesos.

Subió la gasolina Magna 8 centavos; la gasolina Premium 9 centavos y el diesel 8 centavos.

La gasolina Magna ahora cuesta 7.88 pesos por litro; la de calidad Premium, 9.66 y el diesel 8.24 pesos por litro.

Hace exactamente un año, la gasolina Magna costaba 7.70 pesos por litro. Es decir, que para llenar un tanque de 40 litros se requería el primero de enero de 2009 de 308 pesos y al primero de enero de 2010 se necesitan 315 pesos.

Es importante destacar que en el caso de los alimentos, prácticamente todos los productos que integran la canasta básica han registrado incrementos muy superiores al aumento del salario mínimo.

Debo advertir que, además de los factores exógenos que inciden en el alza de precios de la canasta básica, es probable que los especuladores y acaparadores aprovechen el contexto para enriquecerse ilegalmente y en detrimento de la población más marginada.

Por lo expuesto, someto a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer al titular de la Secretaría de Economía, a fin de que explique los alcances de la escalada de precios que se ha desatado en el país, las expectativas en términos inflacionarios y la estrategia que se implementará para apoyar a la planta productiva y proteger el empleo.

Segundo.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Procurador Federal del Consumidor que se redoblen sus esfuerzos para sancionar administrativamente a los vendedores o proveedores que especulen con relación a la venta de productos que integran la canasta básica.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 5 de enero de 2010.— Senador Silvano Aureoles Conejo (rúbrica).»

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Se turna a la Tercera Comisión

SEGURIDAD PUBLICA EN MEXICO

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Se recibió del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, proposición con punto de acuerdo por el cual solicita la comparecencia del secretario de Seguridad Pública para que informe el estado que guarda la seguridad pública en México, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI.

La Secretaria diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: «Proposición con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, ingeniero Genaro García Luna, para que informe cuál es el estado que guarda la seguridad pública en México, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del PRI miembros de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes de esta Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de conformidad en los siguientes:

Considerandos

Que el año 2009, en materia de seguridad, dejó para el país un saldo indeseable, por caótico y dramático. Sin duda, hubo también golpes espectaculares al crimen organizado asestados básicamente por las fuerzas armadas nacionales.

Al mismo tiempo, iniciamos un año con aumentos en combustibles, con encarecimiento por encima de aumentos salariales de los alimentos básicos y con desempleo que no termina por abatirse; todos estos rubros económicos forman un coctel pernicioso para pronosticar que este año que inicia, el asunto de la inseguridad no se mejorará substancialmente. Seguramente la zozobra y la intranquilidad en que viven muchos mexicanos van a continuar por un buen periodo de tiempo.

La inseguridad nos hace perder a todos, pero quienes más pierden son los pobres. No es de sorprender que las mayores tasas delictivas se concentren en las regiones de menores ingresos. Los 7 millones de jóvenes mexicanos que ni trabajan, ni estudian –como lo dijo José Narro, rector de la UNAM– pudieran inscribirse en la bolsa de trabajo del crimen organizado, porque han de encontrar más oportunidades en las industrias ilícitas, en el mercado informal en el mejor de los casos. No así en las universidades públicas o en las empresas legalmente establecidas.

No es este solo hecho el que tiene comprometida la vida social del país. El más grave riesgo lo constituye, el dato inequívoco de que en no pocas ocasiones, encontramos que la lucha contra la delincuencia se realiza más allá del estado de derecho, por encima del estado de derecho y lamentablemente, sin el estado de derecho.

El problema de la inseguridad, de no resolverse, quita viabilidad al Estado mexicano, por ello resulta urgente mejorar la eficacia del sistema integral de seguridad. No requerimos heroísmos espontáneos, que al corto tiempo desenmascaran fines mediáticos. Se necesita un aparato real de información, inteligencia y estrategia nacional que funcione en los hechos; no sólo publicidad maniquea que difunda los logros obtenidos en esta abominable lucha, en la que lamentablemente se pierden miles de vidas inocentes de miembros de nuestro propio ejército, de nuestra armada y de nuestros cuerpos policiacos.

Todo esto se cuestiona, al inicio de un largo camino que se pretende recorrer junto con agencias de seguridad internacionales. Pues, no queda claro ante los ojos del Congreso de la Unión, cómo se logrará una coordinación internacional cuando aún no es clara la logística nacional. Sólo basta observar el contraste entre los operativos de la Armada de México y las recientes declaraciones que hizo la Agencia Antidrogas estadounidense, a través de su vocera, Michele Leonhart quien en un comunicado oficial asegura que el golpe al narcotráfico en México, ejecutado el pasado el pasado 17 de diciembre de 2009 en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, fue resultado de la importante cooperación y el intercambio de información entre las agencias de seguridad de Estados Unidos y México. En este sentido, surgen las interrogantes de cuál es la ruta que se está trazando para el combate al narcotráfico, su estrategia y sobre qué premisas de garantías jurídicas y de certeza se sustenta, para todos los ciudadanos mexicanos.

Es imprescindible que la sociedad tenga la seguridad que nuestra respuesta de fuerza como Estado, obedece a la ley, se somete a la ley y está absolutamente subordinada a la Constitución y normas de la materia.

Trágicos hechos nos confirman la necesidad de que la Comisión Permanente convoque al responsable de la coordinación de esta lucha, de esta tarea que tiene, no debemos perderlo de vista, trascendencia que va mucho más allá de la simple acción de las armas.

• ¿Qué explicación le podemos dar a la familia de la señora Terroba, quien perdió la vida en un retén? ¿Quién fue responsable? ¿A quiénes se están haciendo responsables?

• ¿Bajo qué coordinación estamos actuando con fuerzas policiales de otros países? ¿Por qué el director de la DEA da explicaciones y celebra su participación en el operativo realizado en Cuernavaca, Morelos, y aquí no sabemos con exactitud en qué y cómo participaron y bajo qué acuerdo?

• ¿Por qué operó en estos hechos la Marina? ¿Cómo se explica que la Marina opere en estos hechos, fuera de su zona natural de desempeño? ¿Es esto resultado de su alto grado de entrenamiento? o ¿Corresponde a que otras fuerzas del orden están penetradas?

• ¿Qué participación han tenido autoridades locales en estos hechos? ¿Bajo qué ordenamientos, sujetos a qué normas?

Son muchas las dudas que a nosotros nos preocupan en el tema de seguridad pública. ¿Qué podemos esperar para este año 2010-en este rubro? ¿Cómo piensa la Secretaría responsable redimensionar su lucha? ¿Hay expectativas de triunfo a corto plazo o entregamos la plaza?

Compañeros legisladores: sólo ganaremos esta lucha si gana el estado de derecho. Si por encima de cualquier impulso, se impone el predominio de la ley.

De lo contrario, serán las arengas, los llamamientos a la lucha, los llamados al triunfo cueste lo que cueste, los que mantendrán viva una esperanza falaz en nuestra sociedad y entonces incubaremos héroes, unos oficiales y otros para los narcocorridos, pero no estaremos construyendo una nación. Una nación no se construye sobre sangre y lágrimas, se construye con instituciones públicas sólidas y en el cumplimiento estricto de la ley.

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo ordenado en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita que la Primera Comisión de esta honorable Comisión Permanente, acuerde la comparecencia del secretario de Seguridad Pública Federal, ingeniero Genaro García Luna, ante el pleno de dicho cuerpo colegiado, a efecto de que informe cuál es el estado que guarda la seguridad pública en México.

Diputados: Jorge Carlos Ramírez Marín, César Augusto Santiago Ramírez, Héctor Guevara Ramírez, David Hernández Pérez, Arturo Zamora Jiménez, Rogelio Cerda Pérez, Silvio Lagos Galindo, Marcela Guerra Castillo y Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva.»

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

FUGA DE CEREBROS

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Se recibió del diputado Silvio Lagos Galindo, proposición con punto de acuerdo en relación con la fuga de cerebros en México.

La Secretaria diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: «Proposición con punto de acuerdo, sobre la fuga de cerebros en México, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60, primer párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en lo siguiente:

De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, los porcentajes de jóvenes con estudios muestran “la posible descapitalización educativa de México a causa de la migración internacional en la búsqueda de mejores ingresos laborales”.

Debido a la migración de mexicanos hacia otros países, sobre todo a Estados Unidos, se tiene registro de que hay un stockde 811 mil mexicanos residentes en aquel país que cursaron algún ciclo universitario, aunque no terminaron sus estudios, sin embargo, 278 mil connacionales establecidos en dicho país tienen un título equivalente a profesional asociado o técnico superior universitario y hay 442 mil residentes con licenciatura y alrededor de 110 mil nacionales con estudios de maestría o doctorado.

Es de gran importancia reconocer que la educación y el desarrollo científico son la clave del desarrollo, por lo que resulta sumamente grave la descapitalización humana e intelectual que vive México por la llamada “fuga de cerebros”, atizada por las naciones desarrolladas.

Cabe mencionar que mientras en EUA existe un investigador por cada 10 mil habitantes, en nuestro país, menos del .5 de la población alcanza el nivel de posgrado y muchos de ellos salen del país o no regresan a él.

Asimismo, con base en las estadísticas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la mayoría de los estudiantes de posgrado se concentran en el área de ciencias sociales y humanidades, destacando la falta de estudiantes de posgrado en los tópicos de tecnología. Esto puede ser un primer acercamiento a descifrar el rezago tecnológico de México.

Ante tal situación se considera urgente la realización de políticas que busquen enfrentar el reto de la movilidad calificada o “fuga de cerebros”, y que no sólo se vea como una pérdida definitiva de talentos, sino que se busquen campos de oportunidad para México.

Por lo expuesto, presento a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al secretario de Educación Pública del Poder Ejecutivo federal que emita un programa para impulsar políticas más realistas y efectivas de desarrollo, empleo y aprovechamiento del capital humano del país, con visión de estado, en especial de quienes alcanzan niveles universitarios y de postgrado como una prioridad nacional.

(Rúbrica).»

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.Proceda la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: «Primer Receso.— Primer Año de Ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Miércoles 13 de enero de 2010

Lectura del acta de la sesión anterior.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua(a las 15:49 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el miércoles 13 de enero de 2010, a las 11 horas.

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