SUMARIO

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Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente.

(Pase de lista)

Se encuentran presentes 32 ciudadanas legisladoras y ciudadanos legisladores.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña(a las 12:02 horas): Hay quórum, por tanto, se abre la sesión

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Consulte la Secretaría a la asamblea si es de dispensarse la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: En votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Aquellos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Aquellos legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Evidente mayoría, presidente. Se dispensa la lectura.

«Primer Receso.— Primer Año de Ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Miércoles 13 de enero de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del senador Rafael Moreno Valle Rosas, del diputado Samuel Herrera Chávez, del senador Antonio Mejía Haro, de la diputada Hilda Esthela Flores Escalera y del diputado Héctor Agustín Murguía Lardizábal.

De la diputada Olga Luz Espinosa Morales.

Solicitud de particular

Del ciudadano Miguel Ángel Domínguez Morales, por el que solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel La Católica, en Grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María del Pilar Jordán Muela, María Paulina Pérez Digón, Jesús Laurencio Cuamea Velázquez y Aracely Castro Piña, puedan prestar sus servicios a los Consulados de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua; Mérida, Yucatán; Nogales, Sonora, y Matamoros, Tamaulipas, respectivamente. (Turno a Comisión)

Tres, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Trece, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.

Dos, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente el 22 de julio de 2009 y el 26 de agosto de 2009.

Oficio de la Cámara de Senadores

Con el que remite el presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el mes de febrero de 2010.

Pronuciamiento en relación al terremoto que afectó a la República de Haití el día 12 de enero de 2010, a cargo de los grupos parlamentarios.

Iniciativas

Que reforma el artículo 404 del Código Penal Federal, suscrita por el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el senador Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones al artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, suscrita por el senador Jesús Garibay García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8 de la Ley de Petróleos Mexicanos, suscrita por el diputado Silvio Lagos Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y abroga la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, suscrita por los senadores Rubén Fernando Velázquez López y Antonio Mejía Haro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Periodismo de Alto Riesgo, suscrita por los Senadores Mario López Valdez, Fernando Castro Trenti y Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 406, 407 y 412 del Código Penal Federal, suscrita por el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictámenes a discusión

De la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Comisión Permanente, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a remitir la información relativa a los avances en la implantación del nuevo modelo de justicia penal publicada el 18 de junio de 2008.

De la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Comisión Permanente, con punto de acuerdo en relación con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Radilla Pacheco versus Estados Unidos Mexicanos

De la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Comisión Permanente, con punto de acuerdo por el que se convoca a comparecer al secretario de Seguridad Pública federal, ingeniero Genaro García Luna, con la finalidad de que informe a este órgano legislativo sobre el estado que guarda la seguridad pública en México

De la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Comisión Permanente, con punto de acuerdo por el que se solicita al director general del IMSS, Daniel Karam Toumeh, información relacionada con las guarderías infantiles del país.

De la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Comisión Permanente, con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Unión reconoce la iniciativa Reforma Migratoria para la Seguridad y Prosperidad en América como el inicio del debate para la consecución de una reforma migratoria integral.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Tlaxcala y al titular de la Condusef, implementen medidas que permitan recuperar sus recursos a los ahorradores de la caja popular Juntos y Organizados Venceremos, suscrita por el diputado Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a destinar, a través de la Secretaría de Salud, recursos económicos para la construcción de un hospital regional de tercer nivel en el municipio de Yajalón, estado de Chiapas, suscrita por la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sagarpa que implemente de inmediato una fase preventiva para inspeccionar cultivos y se contrarresten los efectos de la mosca de la fruta y lotes larvados que han afectado cultivos importantes de mango ataulfo en el estado de Chiapas, suscrita por la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco a presentar un informe al honorable Congreso de la Unión respecto de las medidas para el combate a la escalada de precios, suscrita por el diputado David Penchyna Grub, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno –federal, estatal y municipal–, organismos autónomos, descentralizados y desconcentrados a que inicien de inmediato un programa integral de sustitución de focos incandescentes por lámparas ahorradoras en todas las instalaciones, edificios y oficinas para contribuir de manera importante en la mitigación de los efectos del cambio climático y en el aumento de la eficiencia energética en nuestro país, suscrita por el senador Humberto Andrade Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al asesinato del líder indígena Miguel Ángel Pérez Cazales, suscrita por el senador José Guadarrama Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a integrar una mesa interinstitucional en relación con la cedula de identificación ciudadana, suscrita el diputado Juan José Guerra Abud, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a girar instrucciones al secretario de Comunicaciones y Transportes con el fin de cancelar la concesión para convertir el tramo carretero federal El Desperdicio-Lagos de Moreno en autopista de cuota, suscrita por el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob, de la Sagarpa, y de la Conagua a implementar de manera inmediata acciones que permitan otorgar apoyos a las regiones cafetaleras de los estados de Puebla, Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo, las cuales han sido afectadas por la heladas atípicas presentadas en las últimas semanas, suscrita por el diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un urgente llamado a los tres órdenes de gobierno dentro de sus ámbitos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para que en sus acciones y resoluciones tomen como principio rector el Interés Superior del Niño, debiendo garantizar la observancia de los derechos de niñas y niños, así como su bienestar, por encima del beneficio de los adultos, suscrita por los senadores Martha Leticia Sosa Govea y Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y al presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del estado de Guerrero a implementar los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a la recomendación 78/2009 de la CNDH, relativa al secuestro, tortura y ejecución de los dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, suscrita por la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la violación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por parte del gobernador del estado de México, suscrita por el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del secretario del Trabajo y Previsión Social, con la finalidad de que dé cuenta de la política del combate al desempleo y los asuntos laborales del país, suscrita por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía expresa su enérgica condena por las recientes declaraciones del gobernador del estado de Coahuila con relación al secuestro y el asesinato del periodista Valentín Valdez Espinosa y lo exhorta a atenerse a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, suscrita por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se convoca al honorable Congreso de la Unión a celebrar un periodo extraordinario de sesiones, suscrita por el senador Jesús Garibay García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, ingeniero Genaro García Luna, suscrita por el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP que se sirva responder concretamente y por escrito las preguntas formuladas en su pasada comparecencia ante este honorable Congreso, en un plazo no mayor a la duración de la Comisión Permanente, para los efectos correspondientes, suscrita por el diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de México, a través de su Legislatura local, para que el incremento aprobado en las tarifas de impuesto predial de entre 16% y 50% durante el ejercicio fiscal 2010, en 54 de los 125 municipios que integran la entidad, sea proporcional al incremento del 1.2% recibido por participaciones y aportaciones federales durante el mismo año, suscrita por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a implementar los mecanismos necesarios para que el Gobierno Mexicano dé cabal cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero versus México, suscrita por la diputada Mary Telma Guajardo Villareal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que tome las medidas necesarias para investigar a fondo las muertes de periodistas e impedir se sigan suscitando agresiones en contra de éstos, suscrita por el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instrumentar las medidas necesarias para dar una solución al problema de inseguridad que se vive en el estado de Baja California y a no realizar acciones administrativas que agraven la precaria situación que viven las familias, suscrita por el senador Fernando Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobernador del Estado de Puebla a instalar una mesa de diálogo con la participación de legisladores federales, a fin de atender la problemática de los inversionistas afectados por los Grupos Inmobiliarios denominados Sitma e Invergroup, suscrita por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Nayarit a resolver el conflicto agrario del ejido de Pantanal, municipio de Xalisco, derivado del pago de indemnizaciones de sus tierras para la construcción del aeropuerto Amado Nervo, de la ciudad de Tepic, suscrita por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal a exhortar a través de la cancillería al Gobierno de Estados Unidos de América a excluir a Cuba de la lista de países promotores del terrorismo, suscrita por el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre las medidas para el resguardo y buen uso de vacunas o medicamentos de emergencia, suscrita por la senadora María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de México a rectificar su determinación respecto a la designación de magistrados por parte del Poder Ejecutivo y se exhorta al Poder Judicial a interponer controversia constitucional por invasión de competencias, suscrita por el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de Nayarit a derogar el cobro de la tenencia, reemplacamiento y verificación vehicular aprobado el 20 de diciembre de 2009, así como al titular del Ejecutivo del estado, a desarrollar y poner en marcha programas emergentes que disminuyan el impacto del aumento en los precios de los productos de la canasta básica y de los combustibles, suscrita por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se investigue la evasión fiscal de los grandes consorcios empresariales nacionales e internacionales, suscrita por el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía, y de la Profeco a publicar de inmediato la información relacionada con el establecimiento del precio de los productos provenientes del campo, con el objetivo de proporcionar información al consumidor de dichas mercancías, suscrita por el diputado Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar la comparecencia del titular de la Secretaría de Economía y del director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a fin de que rindan un informe detallado sobre el contenido y alcances del acuerdo comercial antipiratería; y que la Junta de Coordinación Política del Senado de la República integre una subcomisión o comisión especial que dé seguimiento a las negociaciones de dicho acuerdo, suscrita por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a adoptar, a través de las dependencias correspondientes, medidas para mejorar la situación de los niños y niñas de padres migrantes y garantizar su normal desarrollo social y educativo, suscrita por el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a garantizar en la autopista concesionada Las Choapas-Ocozocuautla las condiciones mínimas de seguridad, comodidad y rapidez, suscrita por el senador Rubén Fernando Velázquez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a revertir los aumentos en las tarifas de energía eléctrica para usuarios domésticos, suscrita por el senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Profepa para que explique la cancelación de proyectos turísticos del Fonatur en Huatulco, Oaxaca, suscrita por el diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se insta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a cumplir con el pago puntual de las becas a los estudiantes de instituciones educativas nacionales y en el extranjero, suscrita por la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar a esta soberanía, a través de la SHCP, sobre el monto de subejercicio de la Sagarpa en el ejercicio fiscal 2009, así como lo relativo a la reasignación de dichos recursos a los mismos programas y beneficiarios de apoyo al campo, y que en los programas de tipo pari passu no se exija la aportación estatal correspondiente, suscrita por el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de la Familia, suscrita por la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua a realizar una investigación expedita de los asesinatos de dos jóvenes en dicho estado, suscrita por la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Excitativa

A las Comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado, a cargo del senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Agenda política

Comentarios sobre la situación jurídica de los presos por el caso de San Salvador Atenco, a cargo del diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Comentarios sobre la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si es de dispensarse la lectura, tomando en consideración que ésta ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el martes 5 de enero de 2010, correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura

Presidencia del diputadoÓscar Martín Arce Paniagua

En el Salón Legisladores de la República sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de 32 legisladores, a las 11 horas con 54 minutos, del martes 5 de enero de 2010, el presidente declaró abierta la sesión.

En votación económica se dispensó la lectura al orden del día y –enseguida– al acta de la sesión anterior, la que se aprobó de esa manera.

Solicitaron licencia por tiempo indefinido para separarse de sus funciones como diputados federales, a partir de esta fecha María Guadalupe Silerio Núñez, del Partido de la Revolución Democrática; Sara Gabriela Montiel Solís, del Partido Revolucionario Institucional; Sergio González Hernández, del Partido Acción Nacional; y Angélica del Rosario Araujo Lara, del Partido Revolucionario Institucional, electos en la primera, segunda y cuarta circunscripciones plurinominales y tercer distrito electoral de Yucatán. Intervino en contra la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo por el que se concedieron las licencias solicitadas. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Se dio cuenta de oficios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

• Por el que informa que en noviembre de 2009, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquélla que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Se remitió a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

• Con el que remite la información relativa los montos de endeudamiento interno neto; el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondiente a noviembre de 2009. Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

• Con el que remite el Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado para el Ejercicio Fiscal de 2010, en cumplimiento del artículo 42, fracción VI, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y se remite a la Dirección General del Centro de Documentación, Información y Análisis, para su consulta.

Se dio cuenta con las siguientes iniciativas con proyectos de decreto de los legisladores:

• Senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, en nombre propio y del senador Carlos Aceves del Olmo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

• Senador Ricardo Monreal Ávila, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

• Senador Adolfo Toledo Infanzón, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 4o. de la Ley de Energía para el Campo. Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía, de Agricultura y Ganadería, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

• Senador Mario López Valdez, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona diversas disposiciones a la Ley de la Policía Federal. Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

Se dio cuenta con las siguientes proposiciones con punto de acuerdo de los legisladores:

• Senador Francisco Labastida Ochoa, en nombre propio y de los senadores, Rogelio Rueda Sánchez, Fernando Jorge Castro Trenti y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se convocaba a comparecer ante la Tercera Comisión de Trabajo al titular de la Secretaría de Economía en relación con la alza de precios de diversos productos. Desde su curul intervinieron los legisladores: diputado Roberto Gil Zuarth, del Partido Acción, para solicitar la lectura del resolutivo del punto de acuerdo y el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificación de hechos. En votación económica se consideró de urgente resolución. Se concedió el uso de la tribuna en pro y para proponer modificación al senador Jesús Garibay García, del Partido de la Revolución Democrática; y en pro al senador Ricardo Monreal Ávila, del Partido del Trabajo, en dos ocasiones. Se consideró suficientemente discutido. Desde su curul el diputado Ramírez Marín solicitó un receso. A las 13:00 horas el presidente declaró un

Receso

A las 13 horas con 15 minutos se reanudó la sesión. Se dio lectura a la modificación propuesta. Desde su curul el diputado Ramírez Marín, hizo comentarios de procedimiento. En votación económica se aceptó la modificación propuesta y de la misma forma se aprobó el punto de acuerdo con la modificación aceptada. Comuníquese.

• Senador Eduardo Tomás Nava Bolaños, en nombre propio y del diputado Roberto Gil Zuarth, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal y a su secretario de Finanzas a exponer la motivación de los excesivos y desproporcionados aumentos en diferentes servicios y cobro de derechos en la capital del país. En votación económica se consideró de urgente resolución. Se concedió el uso de la tribuna a los legisladores: en contra al senador Ricardo Monreal Ávila, del Partido del Trabajo, en dos ocasiones; en pro al diputado Roberto Gil Zuarth, del Partido Acción Nacional, quien aceptó interpelaciones de los diputados: César Augusto Santiago Ramírez y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional; en contra a la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Partido de la Revolución Democrática; y en pro al diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional, quien propuso una modificación. Se consideró suficientemente discutido el punto de acuerdo y en sendas votaciones económicas se aceptó la modificación propuesta y se aprobó el punto de acuerdo con la modificación aceptada. Comuníquese.

• Diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas, división Nuevo Necaxa en Puebla. Se turnó a la Primera Comisión de Trabajo.

• Senador Ricardo Monreal Ávila, del Partido del Trabajo, para exhortar al Ejecutivo federal y a las instancias correspondientes a que frenen el alza indiscriminada de precios de los productos de la canasta básica. Se turnó a Tercera Comisión de Trabajo.

• Senadora María del Socorro García Quiroz, en nombre propio y del senador Carlos Lozano de la Torre, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al gobierno federal, al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de que emitan recomendaciones a las instituciones financieras para no aumentar las tasas de interés. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba, en nombre propio y del diputado Roberto Gil Zuarth, del Partido Acción Nacional, por el que se instruye a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que solicite a las entidades federativas a través de sus respectivos Poderes Ejecutivos, información detallada sobre la aplicación de los recursos derivados de la cuota a la venta final de gasolinas al público en general. En votación económica se consideró de urgente resolución. Se concedió el uso de la tribuna a los legisladores: diputado Silvio Lagos Galindo, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones y en la primera propuso modificaciones; diputado Roberto Gil Zuarth, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, en dos ocasiones, y diputado Héctor Pablo Ramírez Pugna Leyva, en dos ocasiones, ambos del Partido Revolucionario Institucional; senador Jesús Garibay García, del Partido de la Revolución Democrática; senador Francisco Labastida Ochoa, del Partido Revolucionario Institucional y el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo, en dos ocasiones. En votación económica se consideró suficientemente discutido el punto de acuerdo y de esa forma se aceptó la modificación propuesta por el diputado Silvio Lagos. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo con la modificación aceptada. Comuníquese.

• Senador Jesús Garibay García, del Partido de la Revolución Democrática, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresó condolencias por la muerte de la ciudadana Esther Chávez Cano. En votación económica se consideró de urgente resolución. Se concedió el uso de la tribuna en pro a las legisladoras: senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Partido Acción Nacional, –a solicitud de ella se guardó un minuto de silencio en honor de la ciudadana Chávez Cano–; y diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Partido de la Revolución Democrática. Se consideró suficientemente discutido y en votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Comuníquese.

De la Primera Comisión de Trabajo se recibieron 4 dictámenes con proyectos de decreto relativos a diversos permisos constitucionales, y en votación económica se aprobó su inserción en el orden del día. Desde su curul el senador Jesús Garibay García, del Partido de la Revolución Democrática solicitó un receso. A las 15 horas con 37 minutos el presidente declaró un

Receso

A las 15 horas con 39 minutos se reanudó la sesión, y en sendas votaciones económicas se dispensaron la primera y segunda lectura de los dictámenes. Se aprobaron los proyectos de decreto en lo general y en lo particular por 27 votos en pro, cero en contra y una abstención. Pasaron al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Se recibieron proposiciones con puntos de acuerdo de los legisladores:

• Senador Ricardo Monreal Ávila, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a congelar los precios de gasolinas, diesel marino, gas LP y natural, así como de la energía eléctrica para 2010, asimismo se inste a crear una comisión legislativa que investigue los casos de corrupción y robo de bienes nacionales en Petróleos Mexicanos y en la Comisión Federal de Electricidad. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputado Arturo Zamora Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a fin de que presente su propuesta de iniciativa respecto de los distintos ordenamientos que acompañarán la reforma de justicia penal constitucional publicada el 18 de junio de 2008. Se turnó a la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputado David Hernández Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la vigilancia de los aeropuertos de México. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senador Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de Economía, a fin de que explique los alcances de la escalada de precios que se ha desatado en el país, las expectativas en términos inflacionarios y la estrategia que se implantará para apoyar a la planta productiva y proteger el empleo. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional, por el cual se solicita la comparecencia del secretario de Seguridad Pública para que informe el estado que guarda la seguridad pública en México. Se turnó a la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputado Silvio Lagos Galindo, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la fuga de cerebros en México. Se turnó a la Segunda Comisión de Trabajo.

La Secretaría dio lectura al orden del día de la próxima sesión.

El presidente clausuró la sesión a las 15 horas con 49 minutos y citó para la que tendrá lugar el miércoles 13 de enero de 2010 a las 11:00 horas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En consecuencia. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada el acta.

Pido a la Secretaría que continúe dándole lectura a las solicitudes presentadas por los ciudadanos legisladores.

SENADOR QUE SOLICITA LICENCIA

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LXI Legislatura.

Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Rafael Moreno Valle Rosas, senador de la república a la LXI Legislatura por Puebla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62 y 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a usted atentamente para solicitar me sea concedida licencia por tiempo indefinido a partir del 15 de enero de 2010.

Atentamente

México, DF, a 11 de enero de 2010.— Senador Rafael Moreno Valle (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LXI Legislatura.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en los artículos 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, Antonio Mejía Haro, senador de la república por el estado de Zacatecas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura, solicito que me sea concedida licencia para separarme de mi encargo como senador por tiempo indefinido, a partir del día 24 de enero de 2010.

No sin antes agradecer a mis compañeras y compañeros legisladores las consideraciones que han tenido para con su servidor, le solicito que se sirva dar el trámite conducente a la presente solicitud.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 12 de enero de 2010.— Senador Antonio Mejía Haro (rúbrica).»

DIPUTADA QUE SOLICITA LICENCIA

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— LXI Legislatura.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto, y para los efectos conducentes, me permito solicitar se me conceda licencia por tiempo indefinido para separarme de mi cargo como diputada federal a partir del día de hoy.

La presente se funda en lo dispuesto en los artículos 62 y 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y es motivado por razones personales.

La ocasión es propicia para agradecer el apoyo y colaboración recibida durante mis actividades legislativas de parte de todos mis compañeros y compañeras de la LXI Legislatura. Compartimos y reconozco, en todas y todos, un alto compromiso por los intereses de la nación.

Agradeciendo pueda resolverse conforme a derecho, sin otro particular, reitero mi consideración y respeto.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 11 de enero de 2010.— Diputada Hilda Flores Escalera (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: Por instrucciones de la Presidencia pregunto a la asamblea si se pone a discusión el punto de acuerdo. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Perdón, leo el punto de acuerdo.

Único. Se concede licencia a los ciudadanos: Hilda Esthela Flores Escalera, por tiempo indefinido, a partir de esta fecha, para separarse de sus funciones como diputada federal, en la segunda circunscripción plurinominal y a los senadores Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Mejía Haro. Repito, para separarse de sus funciones como senadores de la República, por tiempo indefinido, a la LXI Legislatura, por los estados de Puebla y Zacatecas, a partir del 15 de enero y del 24 de enero respectivamente.

En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el presente punto de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores esta resolución.Continúe la Secretaría.

DIPUTADO QUE SE REINCORPORA

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Héctor Agustín Murguía Lardizábal, mexicano, mayor de edad, por mis propios derechos, en mi carácter de diputado propietario federal con licencia por el II distrito electoral del estado de Chihuahua, integrante de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, ante usted, con el debido respeto, comparezco a exponer:

Mediante el presente ocurso, con fundamento en lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a solicitarle que se deje sin efecto la licencia que me fue concedida con la finalidad de separarme temporalmente de mi encargo como diputado propietario federal por el II distrito electoral del estado de Chihuahua; en consecuencia de lo anterior, gírense la instrucciones necesarias con la finalidad de reintegrarme con la mayor brevedad a las labores propias de mi encargo.

Por lo expuesto, a usted, ciudadano presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados atentamente solicito

Único. Acordar de conformidad lo solicitado en el cuerpo del presente escrito.

Protesto lo necesario.

México, Distrito Federal, a 11 de enero de 2010.— Diputado Héctor Agustín Murguía Lardizábal (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.Continúe la Secretaría con las comunicaciones.

DIPUTADA QUE SOLICITA LICENCIA

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Con fundamento en los artículos 26, párrafo 3; 29, párrafos 1 y 3, inciso a), así como 84, párrafo 2, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con los numerales 20, fracción III, y 21 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en cumplimiento de lo ordenado en la SENTENCIA dictada el día en que se actúa por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,en el expediente al rubro indicado, le notifico por oficio la referida determinación judicial, de la que se anexa copia certificada. Lo anterior, para los efectos legales precisados en la resolución en comento. Doy fe.

Atentamente

México, DF, a 30 de diciembre de 2009.— Licenciado Juan Carlos Medina Santiago (rúbrica), actuario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.— Sala Superior

SUP-JDC-3049/2009 y SUP-JDC-3048/2009 ACUMULADO

En razón de lo expuesto, lo procedente es confirmar la negativa de llamar al enjuiciante a ocupar el cargo de diputado materia de la impugnación, contenida en el oficio LXI-I/PMD7ST/036/09.

Por lo expuesto y fundado se

Resuelve

Primero.Se ordena acumular el expediente SUP-JDC-3048/2009,promovido por Carlos Enrique Esquinca Cancino, al juicio ciudadano radicado en el expediente SUP-JDC-3049/2009,atendiendo a las razones expuestas en el considerando segundo de este fallo, por lo cual agréguese en su oportunidad, copia certificada de esta ejecutoria al primero de los expedientes citados.

Segundo.Se ordena a la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, al Presidente de la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política de dicho órgano legislativo; y, en su caso, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que emitan en el ámbito de sus atribuciones la repuesta que en Derecho proceda a la petición que formuló Olga Luz Espinosa Morales, dentro de los plazos precisados en la parte final del considerando séptimo de esta ejecutoria.

Tercero.Dentro de las veinticuatro horas siguientes a su cumplimiento, el funcionario responsable deberá rendir por escrito el informe correspondiente a esta Sala Superior.

Cuarto. Se confirma el oficio LXI-I/PMD7ST/036/09, de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, emitido por el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que contiene la negativa de tomarle protesta a Carlos Enrique Esquinca Cancino como diputado suplente, en los términos precisados en el considerando octavo de este fallo.

Notifíquese personalmente a los actores, en los domicilios señalados en sus demandas; por oficio, con copia certificada de esta sentencia, a la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, a su Presidente de la Mesa Directiva, a la Junta de Coordinación Política de dicha Cámara y, en su caso, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y por estrados a los demás interesados. Lo anterior con fundamento en los artículos 26, párrafo 3; 28; 29, párrafos 1 y 3, inciso a), y 84, párrafo 2, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Devuélvanse los documentos atinentes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron los señores Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ausentes los Magistrados María del Carmen Alanis Figueroa, Flavio Galván Rivera y Salvador Olimpo Nava Gomar, actuando como Presidente por ministerio de ley el Magistrado José Alejandro Luna Ramos. El Subsecretario General de Acuerdos autoriza y da fe.

Magistrados: José Alejandro Luna Ramos, Presidente por Ministerio de Ley; Constancio Carrasco Daza, Manuel González Oropeza y Pedro Esteban Penagos López (rúbricas); Rafael Elizondo Gasperín (rúbrica), Subsecretario General de Acuerdos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El suscrito, licenciado Rafael Elizondo Gasperín, Subsecretario General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

Certifica

Que la presente copia, en veinticuatro fojas debidamente cotejadas y selladas, corresponde a la sentencia dictada en sesión pública celebrada en esta fecha, cuyo original obra en el expediente SUP-JDC-3049/2009 y ACUMULADO, integrado con motivo de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovidos por Olga Luz Espinosa Morales y otro, radicados en esta Sala Superior.

Lo que certifico en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 201, fracción X, y 202 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 14, fracción IV, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en cumplimiento de lo ordenado en la propia sentencia. Doy fe.

México, Distrito Federal, a 30 de diciembre de 2009.— Rafael Elizondo Gasperín (rúbrica), Subsecretario General de Acuerdos.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo.

El Secretario diputado Luis Alberto Villarreal García: Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Olga Luz Espinosa Morales para separarse de sus funciones como diputada federal electa de la tercera circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.

En votación económica...

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, señor secretario. Ha solicitado el uso de la palabra la diputada Enoé Uranga. Se le concede el tiempo, hasta por 5 minutos.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Muy agradecida, señor presidente. Para el caso de este tema he pedido la oportunidad de intervenir una vez más, porque se trata de un caso más grave y, sin duda, el más vergonzoso, de todas las sustituciones que se han dado para fraudear la ley y ocupar un espacio destinado para las mujeres de una manera perversa.

El caso que nos ocupa es, bochornosamente, de un integrante del Partido de la Revolución Democrática, que intentó primero ser candidato de forma directa, ocupando una curul destinada de origen para la cuota de género.

Éste, todavía en su carácter de candidato, fue sancionado por el IFE (Instituto Federal Electoral). El IFE le indicó que no podía ocupar esa curul, y este personaje decidió, de manera calculada, registrar a una persona a su servicio, para garantizar que ocuparía este puesto.

Pero lo hizo, además, con la conciencia de que violaba una norma interna del Partido de la Revolución Democrática. Los estatutos del PRD indican con toda puntualidad que los puestos de elección popular que sean destinados para la cuota de género siempre deberán llevar en su suplencia a alguien del mismo sexo que el titular.

Él no sólo calculó hacer el truco a la ley, sino que le ocultó al partido que representa, esta trampa. Por ello, incluso, tuvo que llegar hasta el Tribunal y usando argumentos como el de que lo que estamos demandando las legisladoras que defendemos estas curules, que defendemos que se respeten los tratados internacionales y el Cofipe; que estos argumentos que hemos expuesto...  Está así. Todos y cada uno de ustedes lo pueden consultar en sus razones, en el tribunal, para demandarlos en el Tribunal Federal Electoral. Estos argumentos para el señor Esquinca son frivolidades.

Ése es el adjetivo que él ha usado para demandar a esta soberanía el ocupar un espacio haciendo fraudes a la ley. Quiero ser muy específica. La instrucción del Tribunal Federal Electoral es que resolvamos este día lo conducente con relación al espacio que esta prestanombres quiere dejarle a quien hará fraude a la ley.

No dice que lo hagamos en favor o en contra. Tenemos toda la facultad de, ante la evidencia total de esta burla al electorado, votar en contra; porque además el Tribunal puntualmente lo que sí hace es desechar la demanda de Esquinca, señalando que no hay materia en tanto el dictamen sobre la licencia, la procedencia de la licencia o no de la diputada Olga proceda.

Estoy llamando en este particular caso a la mayoría de esta Permanente, de esta soberanía, a votar ante este intento por parte de un integrante del Partido de la Revolución Democrática, con el Partido de la Revolución Democrática. Mayoritariamente el PRD se opondrá hoy aquí en el Congreso, a que esta canallada sea cometida.

Hoy el PRD no se hará cómplice de esta trastada. Hoy el PRD abrirá un espacio interno para intentar resolver, y lograr de una vez por todas que en una izquierda que está obligada a la defensa de los derechos de las mujeres se actúe en congruencia. Lo que estoy pidiendo del PRI y del PAN es que puedan considerar sumarse a esta oposición y dar por la vía de la negativa la respuesta que puntualmente estamos obligados a atender con respecto al Tribunal Federal Electoral. Muchas gracias de verdad por su atención.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Pido a la Secretaría, en virtud de que no tenemos ninguna otra diputada o diputado, senadora o senador inscrito en contra o a favor de este tema, que en votación económica consulte a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la abstención sírvanse manifestarlo.

Evidente mayoría por la abstención, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Por tanto, no se aprueba la licencia ni se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Olga Luz Espinosa Morales. Comuníquese.

Continúe la Secretaría con la solicitud de particulares.

PERMISO PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Honorable Congreso de la Unión.— México, DF.

Honorable Congreso de la Unión:

El que suscribe Miguel Ángel Domínguez Morales,mexicano por nacimiento, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en la finca marcada con el número 330 de la calle Paseo de los Parques, fraccionamiento Colinas de San Javier, en Zapopan, Jalisco, código postal 45110, con teléfono 33 36 41 77 94, correo electrónico madominguez@axerta.com, comparezco ante ustedes respetuosamente a expresar lo siguiente:

En razón de que el gobierno de España, por conducto de su embajador el excelentísimo señor don Carmelo Angulo Barturén, hizo de mi conocimiento que es deseo del Rey de España concederme la encomienda de la Orden de Isabel la Católica, motivo por el cual me dirijo a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para solicitar me sea expedido el permiso correspondiente con fundamento en la fracción III del inciso B) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración extranjera mencionada.

Para tal efecto acompaño a esta solicitud de permiso, la comunicación del embajador de España, donde se concede la Encomienda, mi acta de nacimiento original, “currículum vital” actualizado, copia de mi identificación con fotografía y comprobante de domicilio.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirvan prestar a la presente, quedo en espera de sus noticias.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a 18 diciembre de 2009.— Miguel Ángel Domínguez Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

Continúe la Secretaría con oficios de la Secretaría de Gobernación.

PERMISO PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-1924/09, Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: María del Pilar Jordán Muela.

Puesto: Cajera.

Lugar de trabajo: Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Nombre: María Paulina Pérez Digón.

Puesto: Agente de compras.

Lugar de trabajo: Consulado de los Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán.

Nombre: Jesús Laurencio Cuamea Velázquez.

Puesto: Asistente de Mantenimiento.

Lugar de trabajo: Consulado de los Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.

Nombre: Aracely Castro Piña.

Puesto: Auxiliar administrativo/ Recursos Humanos.

Lugar de trabajo: Consulado de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de sus identificaciones oficiales.

Atentamente

México, DF, a 6 de enero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

Continúe la Secretaría con oficios de la Secretaría de Gobernación.

PRECIO DEL DIESEL

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes

En respuesta al oficio número DGPL 60-II-6-2851 signado por los diputados César Horacio Duarte Jáquez y María Eugenia Jiménez Valenzuela, Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 349-A-1253 suscrito por el ciudadano Juan Manuel Pérez Porrúa, jefe de la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al precio de la gasolina y el diesel.

Atentamente

México, DF, a 6 de enero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— México, DF

Hago referencia al escrito, de fecha 17 de febrero de 2009, firmado por el entonces presidente de la Mesa Directiva en la honorable Cámara de Diputados, dirigido al secretario de Gobernación, licenciado Fernando Francisco Gómez Mont Urueta, mediante el cual da a conocer el “Exhorto” aprobado por la honorable Cámara de Diputados, el cual señala lo siguiente:

“Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal, en el ámbito de sus atribuciones, para que: 1. Diseñe un esquema que permita disminuir el precio del diesel en cuando menos un peso por cada litro, pasando de los 7.53 pesos a los 6.53 pesos por litro, con lo que favoreceremos a la reactivación del aparato productivo nacional en aras de solventar de mejor manera la actual crisis económica. 2. Se mantenga el precio de 6.63 pesos por litro durante todo el año fiscal a fin de fomentar la inversión en los rubros agropecuarios y de transporte que utilizan el diesel como un insumo, para con ello permitir la recuperación económica de dichas actividades en beneficio de la sociedad mexicana. Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que utilice el “subsidio” previsto en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, y que disminuirá en virtud de las nuevas condiciones del mercado, para reducir el precio de la gasolina y el diesel, para que el precio de venta de estos combustibles, dentro del territorio nacional, sea el mismo que estuvo vigente durante junio de 2008.”

Al respecto, le comento lo siguiente para que de considerarlo conveniente, se informe por su amable conducto a la honorable Cámara de Diputados. La política de precios de los bienes y servicios de la administración pública federal tiene como objetivo reflejar su costo de oportunidad, buscando fomentar el saneamiento financiero e incrementar la eficiencia productiva de las empresas públicas.

En lo que respecta al diesel y a la gasolina Magna la política de precios de este combustible se ha determinado considerando los siguientes elementos:

• Para 2010 y 2011, la curva de futuros de los precios del diesel y las gasolinas del Nymex presenta una tendencia creciente. Congelar o disminuir el precio en México implicaría un mayor rezago en este precio, con sus consecuentes perjuicios sobre las finanzas públicas federales, estatales y municipales. En México se estaría dando una señal errónea a los consumidores de este combustible.

• Cuando el IEPS del diesel es positivo, los aumentos al precio de ese combustible en México no afectan a los usuarios formales, ya que, el IEPS causado por Pemex en la enajenación del diesel es acreditable contra el ISR, ya sea propio o retenido a terceros. Cuando el IEPS es negativo, los consumidores mexicanos pagan un precio menor que el que pagan sus competidores estadounidenses en ese país.

• Dentro del sector transporte en general, los contribuyentes tienen incentivos fiscales como son el acreditar el IEPS y el 50 por ciento de los peajes que pagan, contra el ISR. El IEPS a las gasolinas y al diesel es una manera de hacer que los contribuyentes informales de este sector contribuyan al financiamiento del gasto público e incentiva a su formalización y, por ende, al ordenamiento de ese mercado.

• Para las actividades agropecuarias la Ley de Energía para el Campo (LEC), establece precios de estímulo de acuacultura y pesca. El precio de estímulo del diesel se determina considerando el precio que pagan los agricultores en Estados Unidos, país con el que tenemos el mayor flujo de comercio exterior. En ningún caso este precio puede ser mayor que el precio del diesel nacional pagado por el sector de autotransporte, y la Sagarpa utilizando su presupuesto garantiza que el apoyo sea de al menos 2 pesos por litro. De esta forma, los usuarios de este combustible en estas actividades pagaron durante noviembre un precio inferior en 2.0 pesos por litro con respecto al resto de los usuarios del diesel y 3.72 pesos por litro menos a lo pagado por los consumidores del diesel en Estados Unidos. Por su parte, el precio de estímulo de la gasolina para el mes de noviembre fue de 5.72 pesos por litro un precio inferior en 2.0 pesos por litro con respecto al resto de los usuarios de la gasolina Magna y 3.60 pesos por litro menos a lo pagado por los consumidores de la gasolina Magna en Estados Unidos.

• En apoyo de los sectores productivos de nuestro país, a partir de febrero de este año se redujo el desliz del precio del diesel de cinco centavos semanales a cinco centavos mensuales, esto es una disminución de 75 por ciento en su ritmo de crecimiento.

• Por otra parte con el objeto de apoyar a las familias mexicanas, a principios de este año el jefe del Ejecutivo congeló el precio de la gasolina Magna en 7.72 pesos por litro y de la Premium en 9.57 pesos por litro.

Por lo anterior, no se considera adecuado reducir el precio de la gasolina y el diesel.

En lo que se refiere, a aplicar el “subsidio” previsto en la Ley de Ingresos de la Federación para el 2009, al precio del diesel, le comento que el monto negativo que se indica en el rubro del IEPS, corresponde a la diferencia entre el mayor precio internacional y el precio de venta en México, la cual es entregada a Petróleos Mexicanos (Pemex) por parte del gobierno federal, para que las finanzas de la paraestatal no se vean afectadas por la política de apoyo al transporte mexicano a través de precios menores a los que se aplican en Estados Unidos. Es decir, Pemex recibe los ingresos que obtendría de valuar sus combustibles a precios internacionales.

Le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de diciembre de 2009.— Juan Manuel Pérez Porrúa (rúbrica), jefe de la Unidad.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Energía, de la Cámara de Diputados para su conocimiento.

ESTADO DE CHIHUAHUA

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL-61-II-9-0436, signado por los diputados Francisco Javier Salazar Sáenz y Georgina Trujillo Zentella, vicepresidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número DGF/ 881/2009, suscrito por el ciudadano Rubem Hofliger Topete, director general del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a las condiciones climáticas registradas en Chihuahua.

Atentamente

México, DF, a 6 de enero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/2255/09, de fecha 9 de diciembre de 2009, dirigido inicialmente a la licenciada Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil, y que fuera recibido en la Dirección General del Fonden (DGF) el 11 de diciembre del año en curso, por medio del cual hace de nuestro conocimiento que mediante oficio número D.G.P.L 61-II-9-0436 los diputados Francisco Javier Salazar Sáenz y Georgina Trujillo Zentella, vicepresidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, comunican a la Secretaría de Gobernación (Segob) el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 8 de diciembre de 2009, y cuyo contenido se reproduce a continuación:

Primero.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación, a través del Sistema Nacional de Protección Civil, a emitir la declaratoria de desastre en Chihuahua por las condiciones climáticas que han generado nevadas intempestivas que han puesto en peligro a la población de la entidad.

Segundo.Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a liberar los recursos del Fondo de Desastres Naturales que permitan atender las consecuencias derivadas de las fuertes nevadas y heladas que se han registrado y se seguirán registrando en estos días en diversos municipios de Chihuahua.

Sobre el particular, y una vez analizado el punto de acuerdo que antecede, se comunica a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que si bien el Fonden es un instrumento que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, y que en su implantación la Segob puede emitir declaratorias de desastre con las que declara formalmente zona de desastre natural determinados municipios (u órganos político-administrativos del Distrito Federal), debemos precisar que, atentos a la normatividad aplicable al Fonden, la emisión de tales declaratorias y, por ende, la liberación de los recursos con cargo a este programa federal no son actos que puedan ser realizados de oficio o de manera unilateral por parte de la Segob sino que son el resultado de diversas actuaciones previas efectuadas por instancias ajenas a dicha dependencia y, por ende, a esta unidad administrativa, motivo por el cual el cumplimiento del exhorto que nos ocupa, en la forma y términos solicitados, no resultaría atendible.

Tal afirmación se sustenta en las siguientes consideraciones:

• Atentos a las disposiciones contenidas en el acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (ROF), para efectos de la emisión de una declaratoria de desastre natural se establece la necesidad de contar con una solicitud de declaratoria de desastre, suscrita por el titular del Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente, dirigida a la Coordinación General de Protección Civil (CGPC) de la Segob, en la que se deberán manifestar, entre otros aspectos, la descripción del fenómeno natural perturbador de que se trate, la fecha de su ocurrencia, los municipios u órganos político-administrativos que hayan sido previamente corroborados por la instancia técnica facultada respectiva como afectados por el fenómeno en cuestión, y la manifestación de que ha sido rebasada su capacidad financiera y operativa para atender, por sí misma, la totalidad de los efectos producidos por él.

Se considera importante comunicar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que a la fecha, el gobierno de Chihuahua no ha presentado, por conducto de su titular, solicitud alguna de declaratoria de desastre por la ocurrencia de las heladas y nevadas a que se refiere el punto de acuerdo que nos ocupa, razón por la cual no han sido autorizados recursos para dar atención al fenómeno natural referido.

Al mismo respecto, se puntualiza que en términos del numeral 7 de las ROF, la entidad federativa que haya sufrido la ocurrencia de un fenómeno natural perturbador debe solicitar a la instancia técnica facultada correspondiente (según se detalla líneas adelante) la corroboración del fenómeno de que se trate dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la ocurrencia de éste. Ello, en el entendido de que, según el numeral 8 del ordenamiento en cita, las solicitudes de corroboración que presenten las entidades federativas fuera de los plazos previstos se considerarán improcedentes por tales instancias técnicas facultadas.

• En la implantación del Fonden (e independientemente del fenómeno natural perturbador de que se trate), a esta unidad administrativa únicamente corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los recursos con cargo al Fonden Reconstrucción, motivo por el cual resulta ajena a nuestra competencia la autorización de tales recursos a las entidades federativas, toda vez que éstos (según se detalla líneas adelante) se canalizan del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (federal), al Fideicomiso Fonden Estatal que corresponda, en el entendido de que, en términos de lo dispuesto en los numerales 39 y 41 de las ROF, el fiduciario pagará directamente a los contratistas de obra pública, prestadores de bienes y servicios y proveedores por cuenta y orden de las instancias ejecutoras estatales, previamente a la presentación de, entre otras cosas, las facturas que amparen la ejecución de las obras y acciones realizadas.

De igual forma, tampoco se deriva responsabilidad o participación alguna de la DGF en la ejecución de obras y acciones de reconstrucción de la infraestructura dañada, toda vez que en las ROF se dispone que dichas acciones corresponden específicamente a las entidades federativas, a través de las instancias estatales designadas para tales efectos.

Finalmente, y con el ánimo de apoyar las afirmaciones hasta aquí vertidas, ofrecemos a usted una descripción sucinta de las características generales del programa Fonden, de los instrumentos que opera y del procedimiento de acceso a los suministros de auxilio o recursos que se autorizan con cargo a este programa federal:

Comenzaremos por mencionar que el Fonden, en términos de lo dispuesto en el numeral 1 de las ROF, se define como un instrumento de coordinación intergubernamental e interinstitucional cuyo objeto es, conforme a principios de corresponsabilidad, complementariedad, oportunidad y transparencia, ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil.

A través del presente instrumento se establecen mecanismos que permiten apoyar a las entidades federativas cuando los daños ocasionados por los fenómenos naturales perturbadores superen su capacidad financiera y operativa de respuesta, así como a las dependencias y entidades de la administración pública federal, en los términos de las disposiciones aplicables.

Para la realización de tales objetivos, el Fonden cuenta con los instrumentos siguientes, a través de los cuales, atendiendo a sus características y alcances, se autorizan suministros de auxilio o recursos para dar atención al fenómeno natural perturbador de que se trate:

a) El Fondo Revolvente Fonden, que sólo podrá ser utilizado cuando haya una declaratoria de emergencia y con ello que la DGF autorice la adquisición de suministros de auxilio conforme a la normatividad aplicable para responder de manera inmediata a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población afectada por situaciones de emergencia generadas o asociadas con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un fenómeno natural perturbador (numeral 3, fracción I, de las ROF, en concordancia con los artículos 1 y 3 del acuerdo que establece los lineamientos para emitir las declaratorias de emergencia y la utilización del Fondo Revolvente Fonden, los “lineamientos”).

Si bien a la DGF corresponde autorizar la adquisición de suministros de auxilio con cargo al Fondo Revolvente Fonden, y coordinar el procedimiento de acceso a ellos, esta unidad administrativa no tiene a su cargo la entrega de tales suministros de auxilio a las entidades federativas, municipios o delegaciones políticas en particular, dado que las entidades federativas son las encargadas de llevar a cabo dichas acciones, a través de las instancias estatales designadas para tales efectos, según el artículo 15 de los lineamientos.

b) El Fonden Reconstrucción (que incluye el programa Fondo de Desastres Naturales del ramo general 23, “Provisiones salariales y económicas”, del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, o el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, en términos del numeral 3, fracciones II y III, de las ROF). Con cargo a este instrumento se autorizan recursos, ya sea del programa o del fideicomiso, destinados a la restitución, parcial o total, de los daños ocasionados en la infraestructura pública o sector vivienda de las entidades federativas, municipios o delegaciones del Distrito Federal afectados por un fenómeno natural perturbador.

Respecto a este instrumento, se puntualiza que, según se ha apreciado, a la Segob, por conducto de la DGF, únicamente corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los recursos del Fonden Reconstrucción, dando cumplimento para tales efectos a los plazos, requisitos y formalidades establecidos en las ROF, motivo por el cual no autoriza ni tiene a su cargo la entrega de los recursos autorizados a un municipio o delegación política en particular, así como tampoco actúa como ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado.

En la misma lógica, se precisa que son las entidades federativas las encargadas de llevar a cabo la ejecución de obras de reconstrucción y la correspondiente distribución de los recursos autorizados con cargo al instrumento en mención, a través de las instancias ejecutoras estatales designadas para esos efectos (numeral 39 de las ROF).

Ahora bien, para efectos del acceso a los recursos que se autorizan con cargo al Fonden Reconstrucción, es necesario que se cumplan los requisitos, procedimientos y formalidades establecidos en las ROF, por lo que a continuación se presenta una descripción de esos aspectos:

Procedimiento de acceso a los recursos del Fonden Reconstrucción

Para acceder a los recursos con cargo al Fonden Reconstrucción, deberá observarse el procedimiento contenido en las ROF, que se encuentra descrito de manera gráfica en la dirección electrónica del Sistema Nacional de Protección Civil México, específicamente en el vínculo

http://www.proteccioncivil.gob.mx/upLoad/Fonden/flujograma/Proc edimiento_de_acceso_a_recursos_Fonden_e.swf

No obstante, para pronta referencia, a continuación se detalla tal procedimiento. Para esos efectos se transcribe en su totalidad el numeral 4 de las ROF:

4. Son fines del Fondo de Desastres Naturales

I. Canalizar al Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales constituido por cada una de las entidades federativas los recursos que le corresponda aportar, por cuenta y orden de las entidades federativas, para la restitución parcial o total de los daños sufridos por un fenómeno natural perturbador en los sectores de competencia de las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, previstos en las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación establecidos, así como en la mitigación de los daños de las viviendas de la población de bajos ingresos afectadas por un fenómeno natural perturbador.

Los recursos que se ejerzan en coparticipación estarán condicionados a la aportación de las entidades federativas, de acuerdo con los porcentajes establecidos en las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, con excepción de los apoyos parciales inmediatos y los anticipos, los cuales no están sujetos de inicio a dicha coparticipación;

II. Apoyar la restitución parcial o total de los daños sufridos en los sectores de competencia federal afectados por un fenómeno natural perturbador, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación previstos en las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, con excepción de los bienes de dominio público de la federación objeto de concesión o cualquier otra figura análoga por la cual se otorgue su uso o explotación;

III. Otorgar recursos a través de apoyos parciales inmediatos para la ejecución de las acciones emergentes, así como los trabajos y obras de carácter prioritario y urgente, dirigidos a solventar la situación crítica derivada del desastre natural, tales como el restablecimiento de las comunicaciones, los servicios básicos, la limpieza inmediata, remoción de escombros y todo lo que coadyuve a la normalización de la actividad de la zona afectada, así como para evitar mayores daños y proteger a la población;

IV. Otorgar recursos al Fondo Revolvente Fonden y al Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales a que se refiere el numeral 3 de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales;

V. Otorgar recursos a las dependencias y entidades de la administración pública federal para la adquisición de equipo especializado destinado a la atención de emergencias y desastres naturales;

VI. Otorgar recursos a las entidades federativas para la constitución de fondos estatales para la prevención y atención de desastres naturales;

VII. Constituir mediante subcuentas específicas en el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales fondos y reservas financieras con el propósito de asegurar la oportuna asignación y aplicación de recursos dirigidos a proyectos preventivos y a solventar aspectos prioritarios y urgentes relacionados o derivados de fenómenos naturales perturbadores;

VIII. Canalizar recursos para la realización de proyectos y el establecimiento de instrumentos de administración y transferencia de riesgos que estén relacionados con la prevención y atención de los efectos ocasionados por fenómenos naturales perturbadores, y para la protección financiera del patrimonio del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, así como los servicios necesarios relacionados con dichas contrataciones, en términos de lo previsto en el anexo 1 de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales; y

IX. Aportar y recibir recursos del Programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales y del Fideicomiso Preventivo a cargo de la Secretaría de Gobernación y de otros programas e instrumentos financieros relacionados con los fines del Fondo de Desastres Naturales, en términos de las disposiciones aplicables.

Para tener acceso a los recursos del instrumento en estudio se deberá observar el siguiente procedimiento:

• Ante la presencia de un desastre natural, la entidad federativa correspondiente debe solicitar inmediatamente a la instancia técnica facultada que indique si, desde su punto de vista, el desastre natural respectivo existe o tiene la magnitud necesaria para ser susceptible de apoyo del Fonden (numeral 7 de las ROF). Dicha solicitud deberá contener, entre otros aspectos, los municipios involucrados, es decir, todos los que se considera que sufrieron o pudieron haber sufrido afectaciones a causa del fenómeno natural perturbador de que se trate (numeral 7, fracción II, de las ROF).

• La instancia técnica facultada tiene cuatro días hábiles para emitir su respuesta a la solicitud de la entidad federativa (numeral 8 de las ROF).

• En caso de resultar afirmativa la respuesta de la instancia técnica facultada, el gobierno de la entidad federativa deberá convocar a un comité de evaluación de daños (CED), que tiene por objeto evaluar y cuantificar los daños producidos por un fenómeno natural perturbador en particular. Dicho comité se integrará por servidores públicos estatales y federales de los sectores afectados, funcionando en subcomités, que se agruparán por materia o sector.

En este momento, la entidad federativa deberá entregar al representante de la Segob la solicitud de emisión de una declaratoria de desastre natural, firmada por el titular del Ejecutivo de dicha entidad federativa (numeral 9 de las ROF).

Desde la instalación del comité de evaluación de daños correspondiente, las dependencias y entidades federales, así como las entidades federativas, podrán solicitar apoyos parciales inmediatos, con cargo al Fonden (numeral 11 de las ROF).

• En los cuatro días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de la declaratoria de desastre natural, siempre que ésta cumpla los requisitos señalados, la Segob, por conducto de la CGPC, deberá emitir y publicar en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de desastre natural respectiva.

• A partir de la instalación del CED, empieza a correr una cuenta regresiva de hasta 10 días hábiles (prorrogables) para realizarse la entrega de resultados del referido CED, donde se identificarán por sector afectado los datos referidos en el numeral 14 de las ROF (numeral 13, fracción II, de las ROF).

• Durante la sesión de entrega de resultados se realizan las siguientes acciones (numeral 13, fracción III, de las ROF):

- Presentación y entrega de los resultados de cuantificación y evaluación de daños elaborados por el estado y por las contrapartes de las dependencias y entidades federales;

- Entrega de la solicitud de anticipos por el gobierno del estado.

• Una vez que la Segob remite a la UPCP de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la solicitud de recursos, ésta autorizará con cargo al Programa Fonden, comprendido en el ramo general 23, “Provisiones salariales y económicas”, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que resulte aplicable o convocará a sesión del Comité Técnico del Fideicomiso Fonden para que los recursos sean aprobados con cargo al patrimonio del citado fideicomiso, a efecto de que la entidad federativa de que se trate, a través de las instancias estatales ejecutoras correspondientes, pueda disponer de los recursos del Fonden para iniciar de inmediato las acciones de reconstrucción o apoyo autorizadas, previa aportación de la coparticipación que le corresponda ante el Fideicomiso Fonden Estatal.

• Por todo lo anterior y en su oportunidad, los recursos en coparticipación serán transferidos del patrimonio del Fideicomiso 2003, Fonden Federal, al estatal, en el pari passu respectivo, conforme a las aportaciones que realice el gobierno estatal, de acuerdo con el calendario aprobado y autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso Estatal en comento.

Como se ha señalado en su oportunidad, en materia de atención de desastres naturales, la DGF no autoriza ni tiene a su cargo la entrega de los recursos a un municipio o delegación política en particular, y tampoco actúa como ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado.

Sin otro particular, y esperando que la presente información sea de utilidad, le saludo cordialmente.

Notas:

1 Entendidos como los eventos generados por la naturaleza que, por sus características extremas, atípicas o severas, condiciona o genera una situación de desastre natural, caracterizado por la ausencia relativa de la participación directa o indirecta del ser humano.

2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2009.

3 Puede ser la Comisión Nacional Forestal, para el caso de incendios forestales; la Comisión Nacional del Agua, Conagua, para el de los fenómenos hidrometeorológicos; o el Centro Nacional de Prevención de Desastres, para el de los fenómenos geológicos.

4 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008.

5 Según se ha visto, los entes facultados para corroborar la ocurrencia de un desastre natural en una fecha y lugar determinado, ya sea la Comisión Nacional del Agua, por tratarse de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos; la Comisión Nacional Forestal, en caso de incendios forestales; o el Centro Nacional de Prevención de Desastres, para los fenómenos geológicos.

6 Entendiéndose como los recursos destinados para la ejecución de acciones emergentes, trabajos y obras de carácter prioritario y urgente dirigidas a solventar la situación crítica del desastre natural, tales como el restablecimiento de las comunicaciones, servicios básicos, la limpieza inmediata, remoción de escombros y todo lo que coadyuve a la normalización de la actividad de la zona afectada, para evitar mayores daños y proteger a la población.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 16 de diciembre de 2009.— Rubem Hofliger Topete (rúbrica), director general del Fondo de Desastres Naturales.

(Con fundamento en el artículo 103 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, firma por ausencia el director general adjunto de Coordinación, Análisis y Normatividad, licenciado José María Quijano Torres.).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para su conocimiento.

SALUD MENTAL

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-61-II-9-0342, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Jaime Arturo Vázquez Aguilar, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/DGAVS/1280/09, suscrito por el licenciado Miguel Gutiérrez Hernández, director general adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al pago de cuotas en los servicios de atención de salud mental.

Atentamente

México, DF, a 18 de diciembre de 2009.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Contador Público José Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención a su oficio SEL/UEL/311/2046/09, relativo al punto de acuerdo presentado y aprobado el 18 de noviembre pasado, por el cual se exhorta a la Secretaría de Salud a adoptar, junto con las Secretarías de Salud de las entidades federativas, un acuerdo en el seno del Consejo Nacional de Salud, para eximir del pago de cuotas de recuperación a las consultas externas en los servicios de atención de salud mental en todo el país, presentado por la diputada Mariana Ivette Ezeta Salcedo (del Grupo Parlamentario del PVEM).

Al respecto, me permito informar que en la duodécima reunión ordinaria del Consejo Nacional de Salud, celebrada del 25 al 27 de noviembre pasado, se tomó el acuerdo número 39/XII/ROCNS2009, por el cual se turna a la Comisión Jurídica y Administrativa, para su estudio, análisis y dictamen, el exhorto de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, contenido en el punto de acuerdo referido.

Con base en lo anterior, he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de diciembre de 2009.— Licenciado Miguel Gutiérrez Hernández (rubrica), director general adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para su conocimiento.

DENGUE - INFLUENZA AH1N1

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P1A.-3353, signado por el senador Arturo Núñez Jiménez, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia de los similares números 170/UCVPS/DGAVS/1312/09 y 170/UCVPS/DGAVS/ 1363/2009, suscritos por el licenciado Miguel Gutiérrez Hernández, director general adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como los anexos que en éstos se mencionan, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al dengue y a la influenza AH1N1 en Jalisco.

Atentamente

México, DF, a 6 de enero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Cámara de Senadores.

INDUSTRIA TURISTICA

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P1A.-3108, signado por el senador Arturo Núñez Jiménez, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SOT/552/2009, suscrito por el licenciado Alejandro Moreno Medina, subsecretario de Operación Turística de la Secretaría de Turismo, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la industria turística.

Atentamente

México, DF, a 6 de enero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Cámara de Senadores.

ESTADO DE OAXACA

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P1A.-3103, signado por el senador Arturo Núñez Jiménez, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SOT/DGPR/1105/ 2008, suscrito por el licenciado Pedro Delgado Beltrán, director general de Programas Regionales de la Secretaría de Turismo, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la promoción turística para el estado de Oaxaca.

Atentamente

México, DF, a 6 de enero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Cámara de Senadores.

TIBURON MARTILLO

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P1A.-3360 signado por el senador Arturo Núñez Jiménez, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112.1.-719 suscrito por el ciudadano Luis Alfonso Velázquez Mezta, director de enlace con el Congreso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en el se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al tiburón martillo.

Atentamente

México, DF, a 6 de enero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Cámara de Senadores.

MUNDO MAYA

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P1A.-3112, signado por el senador Arturo Núñez Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número SOT/553/09, suscrito por el licenciado Alejandro Moreno Medina, subsecretario de Operación Turística de la Secretaría de Turismo, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la zona de Mundo Maya.

Atentamente

México, DF, a 6 de enero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Cámara de Senadores.

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P1A.-2953, signado por el senador Arturo Núñez Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número INM/CAS/041/ 2009, suscrito por el doctor Antonio Díaz Lara, coordinador de asesores de la comisionada del Instituto Nacional de Migración, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes.

Atentamente

México, DF, a 6 de enero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Cámara de Senadores.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2009

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P1A.-2087, signado por el senador Arturo Núñez Jiménez, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número H000/280-O/09, suscrito por el ingeniero Salvador Rojas Aburto, director adjunto de Administración y Finanzas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como un anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a los proyectos y programas afectados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009.

Atentamente

México, DF, a 6 de enero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Cámara de Senadores.

SECTOR TURISTICO

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P1A.-3105, signado por el senador Arturo Núñez Jiménez, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SOT/DGPR/1106/ 2008, suscrito por el licenciado Pedro Delgado Beltrán, director general de Programas Regionales de la Secretaría de Turismo, así como el anexo que en éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la inversión privada en el sector turístico

Atentamente

México, DF, a 6 de enero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Cámara de Senadores.

DERECHOS DE MIGRANTES MEXICANOS

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P1A.-1524, signado por el senador Arturo Núñez Jiménez, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEP-1915/09, suscrito por la ciudadana Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el anexo que en éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a los derechos de los migrantes mexicanos.

Atentamente

México, DF, a 7 de enero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Cámara de Senadores.

GOLFO DE MEXICO

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P1A.-2572, signado por el senador Arturo Núñez Jiménez, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEP-1930/09, suscrito por la ciudadana Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la zona conocida como “polígono oriental del Golfo de México”.

Atentamente

México, DF, a 7 de enero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Cámara de Senadores.

INFLUENZA AH1N1

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto, y en alcance a mi oficio número SEL/ UEL/311/2244/09, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/DGAVS/ 1375/09, suscrito por el licenciado Miguel Gutiérrez Hernández, director general adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como los anexos que en el mismo se mencionan, en forma impresa y en medio magnético, mediante los cuales complementa la respuesta al punto de acuerdo relativo a la influenza AH1N1.

Atentamente

México, DF, a 7 de enero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Cámara de Senadores.

CULTURA FISICA Y DEPORTE

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P1A.-1042 signado por el senador Arturo Núñez Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número UR 120 UCE/CECU/0286/09, suscrito por el ciudadano Fabricio Montaño Figueroa, coordinador de Enlace con el honorable Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la cultura física y deporte.

Atentamente

México, DF, a 8 de enero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Cámara de Senadores.

ADICCIONES

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P1A.-2955, signado por el senador Arturo Núñez Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número UR 120 UCE/CECU/0287/09, suscrito por el ciudadano Fabricio Montaño Figueroa, coordinador de Enlace con el honorable Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la prevención de las adicciones.

Atentamente

México, DF, a 8 de enero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Cámara de Senadores.

DERECHOS DE MIGRANTES MEXICANOS

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número CP2R3A-4523, signado por el senador José González Morfín, Vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DEP-1801/09, suscrito por la ciudadana Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a los derechos humanos de los trabajadores migratorios.

Atentamente

México, DF, a 7 de enero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Cámara de Senadores.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número CP2R3A.-5497, signado por el senador José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 1479, suscrito por el doctor Álvaro Castro Estrada, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al servicio de guarderías a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Atentamente

México, DF, a 6 de enero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Cámara de Senadores.

CAMARA DE SENADORES

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presentes.

Por instrucciones de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, me permito remitir a ustedes, para atención a la honorable Comisión Permanente, el proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de febrero del año en curso.

Atentamente

México, DF, a 8 de enero de 2010.— Doctor Arturo Garita (rúbrica), secretario general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LXI Legislatura.— Comité de Administración.

Presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la honorable Cámara de Senadores para febrero de 2010

Servicios personales                                   115,852,729

Materiales y suministros                      3,975,000

Servicios generales                          113,861,884

Bienes muebles e inmuebles                            4,950,000

Ayudas y subsidios                                293,074

Total                                                           238,932,687

Importa el presente presupuesto la cantidad de doscientos treinta y ocho millones novecientos treinta y dos mil seiscientos ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional

México, DF, a 8 de diciembre de 2009.— Senadora Minerva Hernández Ramos (rúbrica), secretaria;senador Fernando Castro Trenti (rúbrica), secretario;licenciada Graciela Brasdefer H. (rúbrica), tesorera.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pido a la Secretaría poner a votación el proyecto de presupuesto.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Se consulta a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el proyecto de presupuesto. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado, comuníquese.

REPUBLICA DE HAITI

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señoras legisladoras y señores legisladores, como es de su conocimiento, la hermana República de Haití fue sacudida ayer violentamente por un devastador terremoto de 7 grados en la escala de Richter, que costó la pérdida de vidas humanas y el patrimonio de muchos haitianos.

Por lo anterior, la Mesa Directiva se permite formular el siguiente pronunciamiento.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión permanente del honorable Congreso de la Unión.

pronunciamiento

Primero.La Comisión Permanente del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos se solidariza con el pueblo y gobierno de la República de Haití en estos trágicos momentos y expresa sus condolencias por las vidas humanas perdidas a raíz del terremoto que la sacudió ayer.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos hace un llamado a la comunidad internacional, a incrementar y acelerar la ayuda humanitaria para la República de Haití.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos exhorta al gobierno mexicano para que, a través de las instituciones nacionales de salud, asistencia social y demás que resulten necesarias en esta situación de emergencia, acudan en auxilio de la población haitiana.

Salón Legisladores de la República, a 13 de enero de 2010.— Mesa Directiva: Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica), presidente; diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), vicepresidente; diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), vicepresidente; senador Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), secretario; senador Adolfo Jesús Toledo Infanzón (rúbrica), secretario; diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (rúbrica), secretario; diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, secretaria (rúbrica).»

Han solicitado el uso de la palabra para intervenir en posicionamiento sobre este tema el señor diputado César Augusto Santiago Ramírez, del PRI; el senador Luis Alberto Villarreal García, del PAN; la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, del PRD; el senador Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México; el senador Ricardo Monreal Ávila, del Partido del Trabajo. Por tanto, se concede el uso de la palabra al diputado César Augusto Santiago Ramírez del PRI, hasta por cinco minutos.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez:Buenas tardes, compañeros diputados y compañeras diputadas; señor presidente.

Por supuesto, para expresar nuestra solidaridad con la expresión de la Presidencia, con relación a este suceso desafortunado de la hermana República de Haití. Creo que nosotros en México hemos sido recipiendarios de solidaridad latinoamericana internacional, con generosidad y con respeto, cada vez que nosotros hemos estado en problemas como el que ahora sufren nuestros hermanos haitianos; en consecuencia, nuestra solidaridad debe ser absoluta.

Máxime cuando se trata de una nación que tiene serios problemas económicos, que tiene niveles de pobreza y marginación muy lamentables que obligan a la solidaridad internacional, independientemente de estos sucesos desafortunados.

Sin embargo, señor presidente, quisiera pedirle, y es la razón por la que vengo a platicar y reflexionar con ustedes sobre este asunto, que me parece que la expresión de solidaridad no podría ser otra.

Es decir, sería muy difícil que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión no manifestara su solidaridad ante un evento tan lamentable y triste como el que estamos viendo, pero creo también que sola la expresión, por sí misma, no muestra, en efecto, una voluntad de ser solidarios, de verdad, con una tragedia de esta magnitud.

Entonces quisiera pedirle a usted, señor presidente, que en la expresión que usted ha formulado y que yo suscribo plenamente, se pudiese agregar una consideración donde la Mesa Directiva de la Comisión Permanente exhorte a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, para que podamos aportar un día del importe de nuestras dietas; hacer una bolsa modesta, pero que se vea la voluntad de contribuir de manera económica a solventar algunas de las necesidades elementales del pueblo de Haití.

Me parece que la expresión oral y reconociendo, señor presidente, su elocuencia, no podría ser de otra manera. Creo que es grato que hayamos expresado esto con tanta oportunidad, pero sostengo que sería más útil que las Juntas de Coordinación Política nos pidieran una contribución de carácter económico para poder acudir al apoyo de nuestros hermanos con mayor eficacia. Le pediría que considerara la oportunidad de que esto se pudiese votar para que tuviésemos alguna fuerza en nuestra proposición. Le agradezco mucho. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias a usted, señor diputado.

En virtud de hacer una proposición concreta el señor diputado Augusto Santiago Ramírez, en los términos del artículo 59 de nuestros ordenamientos, le pido a la Secretaría ponga a consideración de la asamblea si es de aprobarse lo propuesto, a efecto de exhortar a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para que soliciten, a su vez, a cada uno de los miembros de ambas Cámaras, la aportación de un día de dieta para apoyar a nuestros hermanos de Haití.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: En votación económica se consulta a la asamblea si es de aceptarse la adición propuesta por el diputado César Augusto Santiago. Aquellos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Aquellos legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Es de aceptarse la propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias. Aprobado. Señor secretario, en consiguiente, remítase el exhorto correspondiente a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para tal fin.

Tiene el uso de la palabra el senador Luis Alberto Villarreal García, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El senador Luis Alberto Villarreal García: Gracias, presidente. El día de ayer un fuerte terremoto, el más intenso que se ha registrado en la región durante los últimos 200 años azotó a Haití, el país más pobre del continente americano, trayendo consigo destrucción y desolación a un país donde la guerra civil y la violencia ya han ocasionado el sufrimiento y la desesperación de su pueblo, de esta nación hermana.

Aunque la cifra de fallecidos en el desastre aún no se conoce, se calcula que ésta rebasa las 100 mil víctimas. De acuerdo con la información de la Cruz Roja Internacional, un tercio de los 9 millones de haitianos necesitarán ayuda de emergencia y prácticamente la mitad de sus habitantes hoy están en carácter de damnificados.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se solidariza en estos difíciles momentos con el pueblo de Haití y ofrece a su presidente, René Préval, su apoyo incondicional ante esta terrible catástrofe natural.

Los senadores y los diputados del Partido Acción Nacional nos sumamos al mensaje que el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, ha dirigido a nombre del gobierno de México al pueblo y al gobierno de Haití. Lamentamos profundamente la pérdida irreparable de decenas de miles de vidas humanas.

Saludamos también los esfuerzos que la Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, están realizando para enviar ayuda a la brevedad posible.

México debe contribuir en forma expedita y oportuna con el envío de todo el apoyo material y humano posible para enfrentar con efectividad la situación de emergencia.

Asimismo, hacemos un respetuoso exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que a través de los canales conducentes se sensibilice a la comunidad internacional y a la Organización de las Naciones Unidas sobre la importancia de diseñar, en forma oportuna, un proyecto de reconstrucción que permita al pueblo de Haití recuperar la infraestructura perdida y que garantice el apoyo completo a los damnificados, más allá del contexto inmediato de la emergencia.

La cooperación internacional con el pueblo de Haití debe garantizarse también en el largo plazo para que esta nación, la más pobre del hemisferio y una de las más pobres del mundo, pueda aspirar a condiciones de desarrollo y a un futuro más próspero y pleno para sus habitantes.

México ha demostrado tener un irrefutable compromiso con el desarrollo de Haití, como lo demuestra la creación del Fondo de México para la Cooperación con Haití, su participación con la Conferencia Hemisférica de Coordinación de la Cooperación Internacional hacia Haití y otros múltiples proyectos que se han desarrollado para ayudar a ese Estado a superar la pobreza y a comenzar su camino hacia el desarrollo y la prosperidad.

Por eso hoy la cooperación, la solidaridad de México, del Estado mexicano, se hacen más apremiantes que nunca y el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en esta Comisión Permanente, hace un llamado a ésta para que se lleve a cabo de manera inmediata y sin cortapisas. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor senador. Tiene el uso de la palabra la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Gracias, señor presidente. Un país hermano se encuentra hoy en el peor de los mundos. Colonizado como nosotros, ese país consiguió su independencia cuando ya había sido saqueado totalmente y se encontraba en la peor de las pobrezas.

La marginación, el racismo, la indolencia colectiva, la de todo el planeta, han propiciado, desde el hambre más extrema –se trata del país más pobre del continente, en el que la gente muere de hambre día a día– hasta que miran en sus cifras de salud los datos más escalofriantes, entre los que destacan la gran pandemia del VIH en ese país, por encima de los índices más altos de este continente y el europeo.

Están ya, antes del sismo, en la peor de las crisis. Por ello, la tragedia ocurrida ayer los coloca en uno de los escenarios más monstruosos de la historia, sin duda alguna, de los más monstruosos en la desgracia más grave que nuestro continente haya sufrido en el siglo pasado y en éste.

México no puede hacer menos de lo que hizo en el momento en el que el pueblo de Nueva Orleáns necesitó nuestra ayuda cuando las inundaciones. En este momento la solidaridad debe ser integral, del país todo, del Ejecutivo federal, de este Congreso de la Unión, de todos los gobiernos locales y de la población en general, sin burocracias.

Toca, incluso –y aquí el exhorto–, valorar si es precisa la realización de un periodo extraordinario del Senado para que se tomen medidas que consideren la posibilidad de que intervenga o no el Ejército en los apoyos, de manera similar a la que se ofrecieron al pueblo de Nueva Orleáns.

Tenemos que tomar con toda seriedad la gravísima situación que está costando vidas ya no hora tras hora, sino minuto tras minuto, en un pueblo que ya de por sí vivía altos índices de migración. Nos espera una desbandada colectiva de la que, además, tenemos que asumir hacernos cargo.

Valoremos, incluso, si es el momento de abrir las puertas al pueblo haitiano. No tomar medidas que atiendan a esta emergencia es condenar a la muerte a seres humanos que históricamente han sido considerados –y déjenme decirlo así porque así ha sido– como seres humanos de desecho.

Se trata de vidas humanas que, espero que tengan las mismas horas de preocupación para los políticos y para los medios, que tienen las horas que nos ocupan cuando los ricos en este país se mueren. Espero de verdad que las vidas de miles de haitianos nos ocupen tanto como nos ocupa la vida que se pierde, también dolorosa por cierto, de tres o cuatro personas que han vivido en una situación privilegiada en este país, de lo que desde luego nos condolemos, pero que son tan vidas humanas como esas miles y miles que están perdiéndose hoy en Haití.

Ser indolentes, hacer de esto un trámite simplemente de condolencia formal nos haría cómplices de lo que sucederá. Es, en serio, momento de que nos hagamos cargo, más allá de las declaraciones, con medidas efectivas y sin burocracia.

Hagámonos todos cargo, de verdad, de que ésta no es una acción de solidaridad; ésta es la responsabilidad, la obligación que tenemos con nuestros hermanos de América. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el senador Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

El senador Arturo Escobar y Vega: Gracias, presidente. Creo que los oradores que me han antecedido en la palabra han manifestado con gran pulcritud, y la diputada que me antecedió en el uso de la palabra no exagera con sus palabras sobre el estado de emergencia, el estado de desesperación, el estado de caos que viven los hermanos haitianos.

México en 85 recibió de la comunidad internacional enormes apoyos. Me congratulo de que esta Comisión Permanente exhorte a las Juntas de Coordinación Política del Senado de la República y de la Cámara de Diputados para que todos los legisladores federales podamos donar por lo menos un día de dieta de nuestros ingresos; pero creo que no es suficiente.

Habrá que hacer un llamado al pueblo mexicano, a las empresas mexicanas, al gobierno mexicano para que se construyan campañas invitando a los mexicanos a donar lo que sea, desde recursos económicos, alimentos, cobijas, ropa para paliar la situación que hoy se vive en Puerto Príncipe, la situación que hoy se vive en el país más pobre de América, un país que tiene, por ejemplo, 16 líneas telefónicas  por cada mil habitantes; un país en el que más de 50 por ciento de su población vive en el analfabetismo, un país hermano que hoy vive una situación de enorme crisis económica y no nada más eso, sino que vive hoy un desastre de enorme envergadura.

Seamos sensibles, seamos conscientes de que hoy es por nuestros hermanos haitianos y seguramente el día de mañana México recibirá también esta ayuda de la comunidad internacional. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor senador. Tiene el uso de la palabra el senador Ricardo Monreal Ávila, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.

El senador Ricardo Monreal Ávila: Gracias, ciudadano presidente. La población aproximada de Haití es de 9.8 millones de habitantes, de los cuales tres cuartas partes viven por debajo del umbral de la pobreza, ocupan el lugar 146 de los 177 –según el Índice de Desarrollo Humano 2008– y es uno de los países más pobres del mundo. Por eso ahora, en esta sesión, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo expresa su más profundo pesar por los daños ocasionados al pueblo hermano de Haití, producto del terremoto que sacudió a la nación el día de ayer.

El pueblo mexicano sabe bien lo que es una tragedia de estas dimensiones, porque en diversas ocasiones las hemos padecido. En 1985 la Ciudad de México fue devastada por un terremoto sin precedente; la ciudadanía y el mundo se solidarizaron con México. Por eso ahora la ayuda internacional no debe escatimarse en estos momentos, porque es la única manera de reconfortar en forma inmediata a los familiares y a los afectados.

Hoy, México y los mexicanos tendremos, por obligación moral, que solidarizarnos con los habitantes de Haití, para proporcionarles ayuda humanitaria que requieren en estos momentos tan angustiosos.

Haití padece de nueva cuenta un terremoto y, los pobres, que son más de tres cuartas partes de la nación, cerca de 7 millones de habitantes, viven en estragos y en una calamidad nunca vista en ese país. Necesita reconstruir su infraestructura dañada, las viviendas destruidas, recibir urgentemente medicamentos y medicinas, que son cruciales en estas circunstancias. Ya varias naciones del mundo han ofrecido una respuesta inmediata. México no puede abstraerse de dar una respuesta adecuada para paliar, en la medida de lo posible, las necesidades del pueblo de Haití.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hace un llamado a todos los mexicanos, a todos los integrantes del gobierno, a todos los niveles de los gobiernos municipales y estatales, organizaciones empresariales, a solidarizarse con el pueblo de Haití. De igual forma consideramos que, de ser necesario, pueda, de conformidad con el artículo 76 de la Constitución, analizarse el envío –una vez que lo aprobara el Senado– de las Fuerzas Armadas para fines estrictamente humanitarios.

Por esa razón, México no puede escatimar ningún tipo de ayuda al hermano pueblo de Haití. Es el momento de la solidaridad mundial. Es el momento en el que México debe responder, como siempre lo ha hecho, en este carácter humanitario. La política exterior de México siempre se ha distinguido y caracterizado por ser solidaria con los pueblos hermanos en desgracia. Por eso no debe haber límites para apoyar al pueblo hermano de Haití. Recuérdenlo solamente: 9 millones de habitantes y más de 100 mil de ellos han perdido la vida –según cifras extraoficiales. De ese tamaño es la tragedia de este pueblo pobre de Haití. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Ha concluido la lista de los integrantes de esta asamblea que han solicitado el uso de la palabra. Por tanto, continuamos con el capítulo de iniciativas del orden del día.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 404 del Código Penal Federal.

El diputado Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor presidente. Antes de que inicie el conteo en el reloj legislativo, y con el ánimo de dar cuenta a este pleno en la intervención de ambas iniciativas que están listadas para el día de hoy, solicito me autorice para leer de una vez el contenido de ambas con la consideración correspondiente del tiempo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto, señor diputado. Adelante.

El diputado Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Señores diputados y señores senadores, el proceso de apertura y participación democrática que se ha desarrollado en México, en los últimos 25 años, es el resultado de diversas reformas que han permitido tutelar diferentes bienes o intereses jurídicos, tanto de los partidos políticos como también bienes e intereses de los candidatos y de las instituciones en general, particularmente de las instituciones electorales.

En este sentido debemos reconocer que el derecho electoral tutela, entre otras cosas, la adecuada función electoral, el respeto a la libertad de expresión de la voluntad popular, la voluntad plena del sufragio, el desarrollo normal de los procesos electorales, así como también garantizar la secrecía en el ámbito del voto.

En este orden de cosas, en el ámbito del derecho penal electoral existen diferentes figuras que fueron creadas antes de que se hicieran modificaciones constitucionales, incluso, en el ámbito de los ministros de los cultos religiosos.

En este orden de cosas, señores legisladores, debo recordar a ustedes que la denominación de ministro de culto religioso en la Constitución fue sustituida, precisamente, por una denominación que tiene que ver con los participantes intervinientes o con quienes de alguna manera forman parte de asociaciones religiosas.

En este orden de cosas, el artículo 404 del Código Penal Federal tutela como delito la conducta de aquellos ministros de culto religioso que en el desarrollo de actos públicos, propios de su ministerio, induzcan expresamente al electorado a votar a favor o en contra de un determinado candidato o partido político, o bien, a la abstención del derecho de voto.

Es en este sentido que la iniciativa de reforma y adición al artículo 404 del Código Penal Federal que propongo, establece que se amplíe el marco, no solamente a los ministros de cultos religiosos, sino también a quienes forman parte de las asociaciones religiosas.

Debo hacer saber a ustedes que en este momento hay 7 mil 74 asociaciones religiosas registradas ante la Secretaría de Gobernación. De tal suerte que, no es asunto menor el que se haga una adecuación al Código Penal para que se incluyan todas aquellas personas que forman parte de asociaciones religiosas, de iglesias, de agrupaciones de cualquier religión o sus auxiliares.

En este sentido ampliamos el marco jurídico para que el tipo penal no solamente sancione a quienes inducen de manera directa, sino a quienes lo hacen a través de interpósita persona y también a quienes no solamente inducen de manera directa a través del uso de la locución verbal, sino también quienes lo hagan a través del uso de cualquier medio, ya sea escrito, electrónico o cualquier otro medio que pueda causar el efecto que se pretende tutelar o proteger. Que no haya una inducción para que las personas puedan elegir libremente a favor de qué partido o de qué candidato votar o que no haya, tampoco, una inducción para que se evite la abstención del voto.

Es en este sentido, también, que quiero poner a consideración de los señores legisladores una reforma y adición al artículo 406, fracción VII, del Código Penal Federal, en lo relativo precisamente a la conducta que tiene que ver con los delitos cometidos por los servidores públicos, que actualmente solamente se castiga a aquellos que obtienen y utilizan, a sabiendas y en su calidad de candidatos, fondos provenientes de actividades ilícitas.

En este sentido, el marco se amplía para incluir a los candidatos no solamente, sino también a los precandidatos que durante la fase de una precandidatura reciben a sabiendas, obtienen a sabiendas bienes, y no solamente bienes, sino también fondos o servicios por sí o por interpósita persona, de bienes producto de actividades ilícitas.

Por otro lado, debo poner a consideración de ustedes que actualmente el artículo 407 del propio Código Penal Federal establece la imposición de sanción para el servidor público que obligue a sus subordinados de manera expresa, y haciendo uso de su autoridad o jerarquía, a emitir votos a favor de un partido político, candidato o precandidato.

En este sentido, la ley actual solamente se limita a las actividades de los servidores públicos para favorecer a los candidatos, y la idea que nosotros tenemos es que se amplíe el marco de referencia para aquellos servidores públicos que de alguna manera prevalecen del servicio que generan para favorecer no solamente a los candidatos, sino también a los precandidatos.

Finalmente, el artículo 412, que actualmente establece sanción privativa de libertad a los organizadores de actos de campaña que, a sabiendas, aprovechan bienes o servicios provenientes de servidores públicos, la idea es que este marco de referencia típico se amplíe también, no solamente para quienes favorecen o reciben el favor siendo candidatos, sino también siendo precandidatos.

En síntesis, señores legisladores, la idea y la finalidad del derecho penal, por supuesto, es prever conductas futuras. La idea y finalidad del derecho penal es evitar que haya impunidad ante actos que puedan generar personas que forman parte de asociaciones religiosas, de las 7 mil 74 asociaciones religiosas, o personas que teniendo la calidad de candidatos, o en su caso, de precandidatos, que ya es una figura reconocida en el derecho electoral, o también quienes son funcionarios públicos, se prevalezcan de sus actividades para inducir indebidamente al voto.

Ésa es la razón por la que hago estas propuestas de reforma y adiciones a los artículos que he mencionado del Código Penal Federal. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 404 del Código Penal Federal, suscrita por el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe Arturo Zamora Jiménez, diputado a la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa de ley para adicionar y reformar el artículo 404 del Código Penal Federal, en materia de delitos electorales cometidos por ministros de culto, asociaciones religiosas o sus auxiliares al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El sistema electoral de un Estado que se precie ser democrático debe propiciar por todos los medios la garantía de los ciudadanos a expresar libremente su voto, el proceso de apertura y participación democrática que se ha desarrollado en México en los últimos 25 años, es el resultado de diversas reformas que han permitido tutelar entre otros bienes jurídicos los siguientes:

a) La función electoral adecuada.

b) El respeto a la libertad de expresión de la voluntad popular.

c) La voluntad plena del sufragio.

d) El desarrollo normal de los procesos electorales en cuanto a su transparencia y limpieza.

e) La garantía sobre la secrecía del voto, todo ello con la finalidad de garantizar la permanencia democrática de las instituciones, de los partidos políticos así como los derechos de quienes intervienen o participan en los procesos comiciales.

Es importante afirmar el sentido teleológico del artículo 404 del Código Penal Federal que emana de los principios consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a través de los artículos 3o., fracción I, 24 y 130, párrafo primero, en los cuales se define al Estado mexicano como laico, se afirma el principio histórico de la separación del Estado-Iglesia y que por ende todas las agrupaciones religiosas, están sujetas a la ley.

En este sentido, el Congreso de la Unión tiene la función exclusiva de, legislar en materia de culto público, de iglesias y agrupaciones religiosas, e indicar las bases a que se sujetará la ley reglamentaria respectiva; es importante recordar que el artículo 130 constitucional en su párrafo segundo, incisos d) y e), establece los límites a la capacidad jurídica de los ministros de cualquier culto en la esfera política, al establecer que no podrán desempeñar cargos público y aunque tienen derecho a votar (derecho al voto activo), no tienen derecho a ser votados (derecho al voto pasivo) a menos que hubieren dejado de ser ministros de culto con la anticipación y en la forma que establezca la ley. Asimismo, no “podrán asociarse con fines políticos, ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones...”

Estas disposiciones restringen ciertos derechos a los ministros de cualquier culto, se les prohíbe las prerrogativas que a los ciudadanos concede el artículo 35, en sus fracciones II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que consisten en el derecho a ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, reuniendo las cualidades que establezca la ley y asociarse libre y pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país.

El derecho electoral establece reglas sobre la organización de elecciones y constantemente sufre modificaciones sobre diferentes temas, sin embargo la evolución sobre lo que podemos llamar la parte sustantiva y adjetiva del derecho electoral ha dejado rezagada la correspondiente de carácter penal, que también tutela y protege derechos de la misma naturaleza, por lo que presento a esta soberanía iniciativa para reformar y adicionar el artículo 404 del Código Penal Federal relativo a delitos electorales cometidos por ministros, representantes de cultos o asociaciones religiosas.

El texto vigente del artículo que se propone reformar y adicionar es el siguiente:

Artículo 404 del Código Penal Federal. Se impondrán hasta 500 días multa a los ministros de cultos religiosos que, en el desarrollo de actos públicos propios de su ministerio, induzcan expresamente al electorado a votar en favor o en contra de un candidato o partido político; o a la abstención del ejercicio del derecho del voto.

La figura descrita se limitó como conducta típica exclusivamente para quienes llevan a cabo el desarrollo de actos religiosos, sin embargo el legislador que la creó no contempló la intervención de dicho comportamiento de terceras personas que se desempeñan como auxiliares de quienes ejercen ministerios religiosos, esto es, de quienes participan en ceremonias, ritos o actividades religiosas, pero que sin tener el carácter de ministro de culto religioso se prevalecen del ámbito de influencia que también pueden ejercer en quienes asisten a los servicios religiosos, a través de lo cual pueden aprovechar su posición para influir en los electores a fin de que su decisión electoral se emitan en un determinado sentido.

Al no estar prevista la intervención de terceros que se prevalecen de dicha influencia como delito, reconociendo que estamos en presencia de una conducta que indudablemente lesiona bienes necesitados de protección, se hace necesario incorporar la hipótesis descrita como típica a fin de que la norma sea más eficaz en la prevención de delitos de esta naturaleza.

En relación al mismo artículo, pero en otro orden de ideas, el comportamiento típico de autor se reduce exclusivamente al tiempo en que se llevan a cabo el desarrollo de actos públicos propios del ejercicio del culto religioso de que se trate, en este sentido el legislador fue omiso al no reconocer que los ministros de culto religioso pueden influir sobre la feligresía no solamente durante el ejercicio público de su ministerio, sino también (e incluso con mayor eficacia) en momentos diferentes al ejercicio de éste, esto es, por un lado se encuentra prevista la inducción “in genere” mas no la forma de inducción personal o directa que también es una manera de atentar contra los bienes que deben estar tutelados frente a comportamientos de actores cualificados (ministros de culto religioso) quienes no están exentos de delinquir tanto en eventos públicos, propios de su ministerio, como en eventos privados.

La Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación en el país tiene registradas 7 mil 74 asociaciones religiosas que se integran jurídicamente bajo ésta denominación por lo que se debe hacer la adecuación correspondiente complementado el vocablo ministro de culto religioso con el de “asociación religiosa”, sin embargo debemos reconocer que existen agrupaciones religiosas o sectas que no se encuentran registradas en la Secretaría de Gobernación por lo que se debe prever que el tipo penal a fin de que cumpla eficientemente con su función debe ser genérico para que abarque todas las asociaciones religiosas, iglesias, cultos, agrupaciones o sectas, estén o no debidamente registradas ante la Secretaría de Gobernación, en cuyo caso cuando sus representantes jerárquicos lleven a cabo la conducta lesionadora de bienes jurídicos necesitados de protección dicho comportamiento no quede impune.

Finalmente, y en relación al artículo multicitado, el medio comisivo establecido por el legislador es el de la inducción expresa al electorado para votar a favor o en contra de un candidato o partido político o bien para abstenerse de votar, en este sentido resulta necesario que quede claro, para evitar interpretaciones que induzcan a la permanencia de disposiciones penales que favorecen conductas de impunidad, el que se determine que tal inducción no sólo se refiere a la de carácter oral a través del discurso que se lleva a cabo a través de cualquier medio como puede ser al momento del desarrollo de homilías, sermones, charlas, conferencias, conversaciones públicas, entrevistas, sino también el incorporar como comportamiento típico cuando se utilicen como medios comisivos no sólo la oralidad, sino los medios que provee el avance tecnológico como vía eficiente en el uso de medios escritos, como electrónicos, digitales o cualquier otro medio que sea eficaz e idóneo para influir en la opinión del elector o para perseguir o atacar a grupos que son objeto de discriminación.

Por los motivos expuestos y con la finalidad de cumplir con el principio de exacta aplicación de la ley penal previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales se hace necesario que esta figura hipotética tenga mayor claridad y certeza frente a la visión interpretativa.

Previo a la propuesta resulta importante destacar el contenido de artículos de distintas entidades de la República que contempla la conducta motivo de la presente iniciativa como delito:

Baja California

Artículo 353. Ministros de cultos religiosos. Se impondrá prisión de dos a seis años y multa de cincuenta a doscientos días, a los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión o secta, que por cualquier medio en el desarrollo de actos propios de su ministerio, en un proceso electoral, induzcan al electorado a votar en favor o en contra de un candidato o partido político o a la abstención.

Colima

(Adicionado, P.O. 9 de julio de 1994)

Artículo 135-Bis-7. Se impondrá de tres días a dos años de prisión y multa hasta por 50 unidades, a los ministros de cultos de cualquier religión o secta, que en el desarrollo de actos propios de su ministerio, por cualquier medio fomenten la abstención o induzcan al electorado a votar en favor o en contra de un determinado candidato o partido político.

Chiapas

Artículo 482. Se impondrá multa de hasta 500 días del salario mínimo vigente en la entidad, a los ministros de cultos religiosos, que por cualquier medio induzcan de manera pública o privada al electorado a votar a favor de un candidato o partido político, o a la abstención, en los edificios destinados al culto o en cualquier otro lugar

Chihuahua

Artículo 337. Se impondrán hasta 500 días de multa a los ministros de cultos religiosos que por cualquier medio en el desarrollo de actos propios de su ministerio, realicen algunas de las prácticas previstas en el artículo 209 de la Ley Electoral.

Guanajuato

Artículo 289. Se impondrán hasta quinientos días multa a los ministros de culto religioso que en el desarrollo de actos públicos propios de su ministerio induzcan expresamente al electorado a votar en favor o en contra de un candidato o partido político o a la abstención del ejercicio del derecho al voto.

Morelos

(Reformado, P.O. 19 de febrero de 1997)

Artículo 318. Se impondrá hasta 500 días multa a los ministros de cultos religiosos, que por cualquier medio en el desarrollo de actos propios de su ministerio, induzcan al electorado a votar en favor o en contra de un candidato, partido político, o favorezcan la abstención.

Quintana Roo

Artículo 263. Se impondrá hasta 500 días multa a los ministros de cultos religiosos que por cualquier medio induzcan al electorado a votar en favor o en contra de un candidato o partido político, o a la abstención, en los edificios destinados al culto o en cualquier otro lugar.

En mérito de lo anteriormente expuesto es que propongo a esta soberanía incorporar en la legislación correspondiente al derecho positivo la actualización, adiciones y reformas al artículo 404 del Código Penal Federal en los términos siguientes:

Texto vigente

Artículo 404 del Código Penal Federal. Se impondrán hasta 500 días multa a los ministros de cultos religiosos que, en el desarrollo de actos públicos propios de su ministerio, induzcan expresamente al electorado a votar en favor o en contra de un candidato o partido político; o a la abstención del ejercicio del derecho del voto.

Texto propuesto

Artículo 404. Se impondrán hasta 500 días multa a los ministros de culto, asociaciones religiosas, iglesias o agrupaciones de cualquier religión o secta, o a sus auxiliares que en el desarrollo de actos públicos propios de su ministerio, o fuera de estos induzcan por sí o por interpósita persona, por cualquier medio al electorado a votar a favor o en contra de un candidato o partido político; o a la abstención del ejercicio al derecho al voto. También procede cuando se ataque u hostigue a algún grupo que sea discriminado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2010.— Diputados: Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 406, 407 y 412 del Código Penal Federal, suscrita por el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe Arturo Zamora Jiménez, diputado a la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía iniciativa para adicionar y reformar los artículos 406, 407 y 412 del Código Penal Federal, en materia de delitos electorales, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El sistema electoral de un Estado que se precie ser democrático debe propiciar por todos los medios la garantía de los ciudadanos a expresar libremente su voto, el proceso de apertura y participación democrática que se ha desarrollado en México en los últimos 25 años, es el resultado de diversas reformas que han permitido tutelar entre otros bienes jurídicos los siguientes:

a) La función electoral adecuada.

b) El respeto a la libertad de expresión de la voluntad popular.

c) La voluntad plena del sufragio.

d) El desarrollo normal de los procesos electorales en cuanto a su transparencia y limpieza.

e) La garantía sobre la secrecía del voto, todo ello con la finalidad de garantizar la permanencia democrática de las instituciones, de los partidos políticos así como los derechos de quienes intervienen o participan en los procesos comiciales.

El derecho electoral establece reglas sobre la organización de elecciones y constantemente sufre modificaciones sobre diferentes temas, sin embargo, la evolución sobre lo que podemos llamar la parte sustantiva y adjetiva del derecho electoral ha dejado rezagada la correspondiente de carácter penal entorno a posibles conductas delictivas cometidas no sólo por candidatos, sino también, por precandidatos, por lo que presento a esta Soberanía iniciativa para reformar y adicionar el artículo 406 del Código Penal Federal.

El texto vigente del artículo que se propone reformar y adicionar es el siguiente:

Delitos cometidos por candidatos

Artículo 406, fracción VII, del Código Penal Federal. ...Obtenga y utilice a sabiendas y en su calidad de candidato, fondos provenientes de actividades ilícitas para su campaña electoral.

De acuerdo con lo establecido en el artículo citado, la figura delictiva se encuentra limitada por su redacción en cuanto a la exigencia para el autor del hecho de obtener y además utilizar fondos provenientes de actividades ilícitas en campañas electorales, esta soberanía debe considerar la urgente necesidad de blindar los procesos electorales en México, debido a la creciente necesidad de los grupos delictivos de intervenir e influenciar las instituciones democráticas del país por medio del financiamiento de campañas electorales, es indispensable vacunar a la democracia mexicana de este tipo de tentaciones, evitando la influencia que, a través de la aportación de fondos económicos ilícitos, puedan llevar a cabo en futuros representantes populares, personas que se dediquen a cometer delitos y que con el producto de estos soporten o financien gastos de campaña.

Conforme a la redacción actual para que la sanción prevista en este delito se aplique, se hace necesario no solamente el obtener, sino además utilizar recursos de procedencia ilícita en campaña electoral, sin embargo, puede darse el supuesto en que se lleve a cabo el acto exclusivo de obtención en tiempos electorales por parte de un candidato de fondos provenientes de delito sin que estos se utilicen, por lo que nos encontramos ante un vacio de ley que indudablemente se presta para que haya el riesgo de que existan formas específicas de blanqueo de recursos provenientes de delito, al exigir el legislador en el tipo penal actual conductas que materialmente se desarrollan en dos tiempos o momentos diferentes que son, por un lado, la obtención y por otro la utilización de dichos fondos, por lo que esta conducta única debe disgregarse para convertirla en un comportamiento delictivo bifronte, esto es, que tenga dos formas de realización en cuyo caso no esté dependiendo una de la otra habida cuenta que desde el momento en que se acepta la recepción de bienes, de numerario o incluso de servicios provenientes de conductas delictivas se están lesionando bienes jurídicos necesitados de tutela.

Por otro lado, es importante advertir que el comportamiento descrito líneas anteriores sólo tutela como delictivo la acción del candidato, al adecuarse a la conducta prevista por el legislador, esto es, solamente puede llevarlo a cabo quien en su momento tenga el carácter de candidato, razón por la cual ante las modificaciones jurisdiccionales que reconocen la figura de precandidato, por lo que a este se le debe incluir como autor de la conducta delictiva. Más allá debemos considerar la participación de terceras personas ajenas a dicha clasificación en el ámbito del derecho electoral, en este sentido señores legisladores reconocemos la existencia de las distintas formas de autoría y participación previstas en el artículo 13 del Código Penal Federal referido a los autores y partícipes, sin embargo, al tratarse, en este caso, de un modelo delictivo en el que la ley exige una cualidad específica al autor (ser candidato o precandidato) resulta necesario aclarar a nivel del tipo penal la participación en el comportamiento previsto por el artículo 406, fracción VI,I de terceras personas que no tengan las características señaladas, en este orden de ideas es que se propone ampliar el círculo de autor de este tipo penal en los términos mencionados.

Por otro lado, y con la finalidad de brindar certeza jurídica en el modelo delictivo que se propone modificar, en cuanto a los autores y el momento de su realización, esto es, certera la aplicación de la ley para efectos personales y temporales, es necesario valorar la necesidad de ampliar el margen de aplicación en este delito que actualmente se reduce a la realización de comportamientos que se encuentran restringidos por efectos temporales ya que si bien es cierto los bienes que jurídicamente se tutelan en el ámbito del derecho penal, tradicionalmente sólo pueden ser lesionados en tiempos electorales, no es menos cierto afirmar que ante el reconocimiento de la figura de precandidato se debe reconocer para los efectos de este delito los tiempos preelectorales, esto es, durante la realización de precampañas también se ven amenazados y dañados los principios, bienes y valores que están necesitados de tutela en el ámbito penal durante dichos momentos que no son estrictamente electorales.

Por tanto, al no estar tutelado como delito cuando la persona adquiere el carácter de precandidato existe un vacío de ley, y al no preverse que pueden utilizarse recursos provenientes tanto de la delincuencia común como del crimen organizado para soportar gastos de precampaña es por lo que en este sentido se propone ampliar la calidad de autor que actualmente se limita a la de candidato para incorporar la de precandidato y como consecuencia resulta obvio que con ello se amplía el margen de la posible realización de este comportamiento delictivo que ya no sólo se limitaría a los tiempos del desarrollo de una campaña sino también se ampliaría a los tiempos de precampañas establecidos por los partidos políticos en la normatividad correspondiente.

Finalmente la figura delictiva que se limita exclusivamente a la recepción de fondos provenientes de actividades ilícitas sin contemplar como delictivo la conducta de los candidatos o precandidatos relativa a la recepción de bienes, muebles o inmuebles a título de comodato (préstamo), donación o cualquier otra forma que esto pueda realizarse, en este sentido es obvio que el actual marco normativo sólo exige la recepción de fondos para que sea una conducta penada por la norma, de tal suerte que nos encontramos ante otra laguna que genera, indudablemente, la posibilidad de la existencia de comportamientos impunes por limitar como forma de comisión un comportamiento uniofensivo, no obstante que en la realidad se puede generar el daño a los bienes tutelados por la norma a través de diferentes vías, esto es, de la recepción no sólo de numeraria, sino de bienes o servicios producto de las actividades ilícitas de los diversos grupos delictivos que operan en el país.

Por los motivos expuestos y con la finalidad de cumplir con el principio de exacta aplicación de la ley penal previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales se hace necesario que esta figura hipotética tenga mayor claridad y certeza frente a la visión interpretativa.

Por lo anterior es que propongo a esta soberanía reformar y adicionar la fracción VII del artículo 406 del Código Penal Federal para quedar en los siguientes términos:

Artículo 406, fracción VII del Código Penal Federal. ...Obtenga o utilice a sabiendas y en su calidad de candidato o precandidato, por si o por interpósita persona fondos, bienes o serviciosprovenientes de actividades ilícitas para su campaña o precampañaelectoral.

Por otro lado, en lo referente al artículo 407 del Código Penal Federal se plantea la necesidad de hacer adecuaciones en los términos siguientes.

La legislación actual establece lo siguiente:

Artículo 407. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de uno a nueve años, al servidor público que:

I. Obligue a sus subordinados, de manera expresa y haciendo uso de su autoridad o jerarquía, a emitir sus votos en favor de un partido político o candidato;

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un partido político o candidato;

III. Destine, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo tales como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de un partido político o de un candidato, sin perjuicio de las penas que pueda corresponder por el delito de peculado; o

IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a los partidos políticos o a sus candidatos, a través de sus subordinados, usando del tiempo correspondiente a sus labores, de manera ilegal.

En la legislación federal se contemplan diferentes figuras hipotéticas a través de las cuales se pretende evitar que quienes tienen el carácter de servidores públicos se prevalezcan de su condición jerárquica frente a quienes dependen de ellos o bien condicionen un servicio u obra pública a la emisión de un sufragio en un determinado sentido o la destinación de fondos, bienes o servicios, por sí o a través de subordinados utilizando su tiempo para favorecer a un partido político o a un candidato.

Reconocemos que el Instituto Federal Electoral es responsable de la organización, desarrollo, rectoría y supervisión de los procesos electorales, sin embargo, no se está exento de que los funcionarios públicos de diferentes dependencias en los tres niveles de gobierno o de los tres poderes del Estado intenten o favorezcan a través de cualquiera de las formas de comisión a candidatos sin que hasta el momento se contemple la necesidad de tutelar los mismos bienes que se protegen a través de las cuatro fracciones del artículo 407 del Código Penal Federal frente a ataques por los cuales no se contempla la participación de estos medios comisivos por parte de funcionarios públicos para favorecer a quienes tienen la calidad o cualidad de precandidatos.

Al no estar tutelado como delito cuando la persona adquiere el carácter de precandidato y por su comportamiento se encuadra en lo establecido por la norma en la actualidad existe un vacío de ley al no prever como delito la utilización de recursos provenientes de funcionarios públicos para las precampañas electorales.

Por los motivos expuestos propongo a esta soberanía que se incorpore en la legislación adiciones y reformas al artículo 407 del Código Penal Federal en los siguientes términos:

Artículo 407. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de uno a nueve años, al servidor público que:

I. Obligue a sus subordinados, de manera expresa y haciendo uso de su autoridad o jerarquía, a emitir sus votos en favor de un partido político , candidato o precandidato;

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un partido político , candidato o precandidato;

III. Destine, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo tales como vehículos, aeronaves, inmuebles y equipos, al apoyo de un partido político , de un candidato o precandidato, sin perjuicio de las penas que pueda corresponder por el delito de peculado; o

IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a los partidos políticos , a sus candidatos o precandidatos, a través de sus subordinados, usando del tiempo correspondiente a sus labores, de manera ilegal.

Finalmente en lo que respecta al artículo 412 del Código Penal Federal, en lo relativo a los delitos cometidos por funcionarios de partido se establece la necesidad de hacer adecuaciones en los términos siguientes:

La actual legislación establece respecto del artículo 412 del Código Penal Federal lo que a continuación se transcribe.

Artículo 412. Se impondrá prisión de dos a nueve años, al funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña que, a sabiendas aproveche ilícitamente fondos, bienes o servicios en los términos de la fracción III del artículo 407 de este Código. En la comisión de este delito no habrá el beneficio de la libertad provisional.

En los mismo términos que motivan la reforma y adición del artículo 407, hace falta considerar en este artículo la inclusión de las precampañas electorales cuando ilícitamente en ellas se reciben o se aprovechan fondos o bienes para favorecer a precandidatos, por lo cual propongo a esta soberanía que se adicione y reforme el artículo 412 del Código Penal Federal en los siguientes términos:

Artículo 412. Se impondrá prisión de dos a nueve años, al funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña o precampaña que, a sabiendas aproveche ilícitamente fondos, bienes o servicios en los términos de la fracción III del artículo 407 de este Código. En la comisión de este delito no habrá el beneficio de la libertad provisional.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2010.— Diputados: Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnense ambas a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Diputada Enoé.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz(desde la curul): Solicitar, si fuera tan amable el diputado, en permitir que me sume a su propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Zamora Jiménez, está solicitando la diputada Enoé sumarse a su propuesta.

El diputado Arturo Zamora Jiménez: Claro que sí, con todo gusto. Por supuesto, ella y los diputados y senadores que así lo deseen.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprueba. Está de acuerdo el señor diputado Zamora Jiménez, así que todas aquellas compañeras y aquellos compañeros que deseen sumarse, favor de pasar a la Secretaría a suscribirlo.

ARTICULO 81 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el senador Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El senador Juan Bueno Torio: Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, compañeras legisladoras y compañeros legisladores.

Solicito, señor presidente, que se inserte el texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates.

Vengo a presentar esta iniciativa, ya que recientemente en México los ciudadanos hemos sido testigos de grandes avances en torno a la democracia, que se fortalece diariamente producto del esfuerzo de todos los mexicanos. Esto no quiere decir que ya hayamos concluido la tarea, sino que hoy más que nunca necesitamos continuar en la modernización de nuestro sistema político.

México requiere, además de los avances  y las propuestas de entorno económico, fortalecer el sistema político para fortalecer nuestra vinculación con la sociedad. Nuestro Poder Legislativo requiere de mejoras que permitan cumplir a plenitud la función de representar a la nación, por lo que sería oportuno que al momento de aprobar reformas y al tratar las grandes necesidades de nuestro país se contara con la experiencia, el conocimiento, la propuesta de quienes hubieran sido candidatos presidenciales –y que éstos tengan voz y voto en el Congreso de la Unión–, lo que nos permitiría, al mismo tiempo, una mayor representatividad de la sociedad en la Cámara de Diputados, en particular.

Por su cercanía con la sociedad y por su participación en el proceso electoral, sin duda, la aportación de un candidato a presidente de la República que no ganara la elección, bien puede enriquecer y al mismo tiempo dar más y mejores fundamentos dentro del ámbito legislativo a favor de México y de la democracia, fomentando la pluralidad y alentando el debate entre los distintos institutos políticos representados en el Congreso de la Unión y con el Ejecutivo que entre en funciones.

Hoy, cada elección representa una verdadera oportunidad de decisión para los ciudadanos sobre el porvenir de México; y qué mejor que poder contar con la participación de quienes fueron candidatos a presidentes de la República dentro de la lista plurinominal de cada partido político por el cual hubieran contendido en la elección constitucional.

De ser así, nuestro país estará mejor representado en el Congreso de la Unión favoreciendo en todo momento el proceso de consolidación política a favor de la ciudadanía y permitiendo que, el voto otorgado a ese candidato en particular cuente con representación vigente en el Congreso de la Unión.

En atención a los retos que demanda hoy nuestro país, resulta evidente fortalecer la participación constante y responsable de cada ciudadano, propiciando con ello un mayor equilibrio y productividad dentro del Congreso de la Unión.

Por lo anterior es que vengo a presentar ante esta honorable Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 1o. Se adiciona un párrafo al artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 81. Los candidatos que no obtengan la mayoría absoluta encabezarán la lista plurinominal de la circunscripción correspondiente.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor presidente. Gracias por su atención, compañeros.

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el senador Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del PAN

Juan Bueno Torio, senador de la República de la LXI Legislatura integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanente, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La necesidad en México sobre modernizar y fortalecer el sistema de gobierno mexicano resulta evidente, sin duda el régimen consolidado hace ya más de 70 años hoy en día es ineficiente ineficaz. A partir de la LIV Legislatura, los mecanismos de interacción política entre los Poderes de la Unión comienzan a cambiar; condición que se hace más evidente tras la alternancia del Ejecutivo en el año 2000.

Nuestro país exige un cambio político que vaya más allá de lograr una regla electoral. Es precisamente aquí, donde el Poder Legislativo representa un papel que es trascendental en el desarrollo de México al ser éste un actor principal que genera y aprueba las leyes que regulan las relaciones entre éste y los distintos actores políticos.

Por lo anterior es importante que el Congreso de la Unión como primordial órgano reformador, debe iniciar por reformarse así mismo resulta fundamental para poder legislar eficiente y eficazmente.

Recientemente en México los ciudadanos hemos sido testigos de grandes avances en torno a la democracia la cual sigue fortaleciéndose diariamente producto del esfuerzo de todos los mexicanos, esto no quiere decir que hemos alcanzado el progreso total, por ello hoy más que nunca México requiere avances simultáneos dentro del campo político, de la separación y equilibrio de poderes lo que fortalecerá al Congreso reflejándose en el trabajo entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo en beneficio de nuestro país manteniendo en todo momento vigente el estado de derecho.

Es así que resulta necesario seguir dotando de elementos que otorguen un mayor equilibrio al Poder Legislativo; por lo que la idea de proponer que los candidatos a presidentes de la República Mexicana que no resulten victoriosos sean integrados a la tarea legislativa significaría contar con legisladores experimentados propiciando un mayor equilibrio en las relaciones ejecutivo-legislativo y trasladándolo de manera inmediata al sistema político en general. Asimismo, su influencia y aporte permitirán al Congreso de la Unión estar a la altura de las responsabilidades, retos y reformas de fondo que México requiere.

El Poder Legislativo en nuestro país requiere de mejoras que permitan cumplir a plenitud la función de representar a la nación lo cual resultaría oportuno que al momento de aprobar reformas constitucionales y al tratar las grandes necesidades de México se contara con la experiencia de los que fueron candidatos presidenciales con voz y voto desde el Congreso, mejorando con ello la integración de la Cámara de Diputados y atendiendo a la representación de la nación en la Cámara de Diputados.

El derecho parlamentario mexicano se encuentra definido como aquella parte, rama, sector o disciplina de especial importancia del derecho constitucional mexicano, que se refiere al estudio y a la regulación de la organización, composición o estructura, privilegios, estatutos, funciones del Congreso de la Unión, así como sus interrelaciones con otras instituciones y órganos estatales en donde el análisis no solo debe ser jurídico, sino, además, histórico, sociológico, político, e incluso económico.

La naturaleza jurídica del derecho parlamentario en México se centra en que, por un lado, es considerado como un derecho cuasi constitucional, porque es el constituyente originario o el permanente quien lo emite y es, al mismo tiempo, su destinatario; por otro lado al derecho parlamentario se le considera como una rama, disciplina o sector del derecho constitucional ya que este último abarca temas como el constitucionalismo; la Constitución como norma fundamental; la estructura o partes de la Constitución como son los derechos fundamentales, normas de organización y procedimiento; el control de la constitucionalidad de leyes y actos; la forma de Estado; la forma de gobierno; el sistema de gobierno y la división de Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Resulta necesario señalar que la representación política es una de las ideas que mayor relevancia han adquirido en el pensamiento político y jurídico moderno incluso puede ser considerado como uno de los principios clave en la lucha que el liberalismo político emprendió en contra de las monarquías absolutas, lo que permitió establecer el Estado constitucional en contra del Estado absoluto.

Para el tema en comento resulta de gran importancia mencionar que el sistema electoral proporcional busca asignar los cargos de representación entre los contendientes en proporción a los votos que cada uno de ellos obtuvo en una determinada demarcación electoral; dicho sistema proporcional tiene la finalidad de reproducir, en la medida de lo posible, el grado de preferencias electorales obtenidas por cada una de las opciones políticas contendientes en la integración de los órganos de representación, de esta manera en realidad ninguno de los partidos políticos gana o pierde, sino que recibe el número de representantes que le corresponden a partir de un cálculo proporcional a los votos que recibió.

En México reiteradamente se ha dicho que la evolución del Poder Legislativo y, ahora, del derecho parlamentario mexicano dependen no solo de los cambios políticos sino del conocimiento que se obtenga de las obras elaboradas tanto en Inglaterra, los Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Italia, España, Canadá y Chile.

Lo anterior con el ánimo de que cada vez más mexicanos puedan vivir mejor, sin importar qué partido, qué gobierno o qué poder se encuentre al frente de México, siempre en busca de que las actividades legislativas diariamente se enriquezcan y motiven al fortalecimiento del Poder legislativo que permita ampliar la cultura política nacional, abundando en todo momento en el conocimiento del quehacer parlamentario mexicano.

Ante estos retos es de gran importancia proporcionar una visión general acerca de la importancia y funciones de la institución parlamentaria en la actualidad así como un conocimiento detallado de las normas que regulan la organización, los privilegios, estatutos, las relaciones con otros órganos e instituciones, las facultades y la problemática del Congreso mexicano y, en algunos casos de dicha institución en otros países, sin duda la aportación que un candidato a presidente de la República Mexicana que no ganara la presidencia, bien podría enriquecer y dar fundamento y mayor dirección desde el ámbito legislativo siempre a favor de México y de la democracia, fomentando la pluralidad y la competencia entre las distintos institutos políticos de nuestro país.

Hoy, nuestro país, en cada proceso electoral pone a prueba el poder de convocatoria de cada institución política, de todos sus actores y de sus propuestas con el objetivo de obtener la aprobación de la ciudadanía, sin duda cada elección hoy representa una verdadera oportunidad de decisión para el ciudadano sobre el porvenir de México, por lo que en el Congreso se asumen con gran responsabilidad los reclamos de los mexicanos y qué mejor que poder contar con la participación de los que fueron candidatos a presidentes de la República Mexicana dentro de la lista plurinominal de cada partido político por el cual contendieron en la elección constitucional, de ser así nuestro país estaría mejor representado ante el Congreso de la Unión favoreciendo en todo momento la consolidación política de cambio a favor de la ciudadanía y permitiendo que el voto otorgado a ese candidato cuente igual al de todos los demás permitiendo al ciudadano se sienta representado.

Uno de los mayores retos que enfrenta actualmente el país es fortalecer la participación activa y responsable de los ciudadanos en la definición de los asuntos públicos. En este sentido es necesario promover escenarios que permitan un equilibrio entre el principio de acceso al ejercicio del poder público a través de los partidos políticos y las candidaturas independientes

En atención a los retos que demanda hoy nuestro país resulta evidente fortalecer la participación constante y responsable de cada ciudadano, propiciando con ello una mayor equilibrio y productividad dentro del Congreso de la Unión, por lo anterior es que vengo a presentar ante esta honorable Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo al artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 81. ...

Los candidatos que no obtengan la mayoría absoluta, encabezarán la lista plurinominal de la circunscripción correspondiente.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2010.— Senador Juan Bueno Torio (rubrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el senador Carlos Navarrete Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010.

El senador Carlos Navarrete Ruiz: Gracias, señor presidente. Ciudadanas legisladoras y ciudadanos legisladores, integrantes de esta Comisión Permanente, en el último trimestre de 2008 nuestro país empezó a resentir los efectos de una crisis económica de carácter global.

En octubre, noviembre y diciembre de 2008 empezamos a sentir que lo que había ocurrido en el seno de la economía más importante del mundo, la de los Estados Unidos, y que había cimbrado por primera ocasión en muchas décadas al gigante económico mundial, empezaba también a hacer estragos en la economía mexicana, al igual que ocurrió con países de América, de Europa y de Asia.

Cuando se presentó el paquete económico para 2009, ya había una coincidencia de sectores económicos, de sectores académicos, del gabinete económico del presidente Calderón y, desde luego, de los partidos políticos y de los grupos parlamentarios en ambas Cámaras. Algo estaba ocurriendo y no era para bien; empezamos a perder empleo, se empezó a caer la transferencia de remesas de nuestros paisanos, empezó a caerse el consumo, empezaron ya elementos graves de lo que vendría en el 2009.

En diciembre de 2008 el Congreso de la Unión, sus dos Cámaras, decidieron convocar a un foro para finales de enero y principios de febrero, en el que establecíamos un espacio para analizar el impacto de la crisis económica en México, con una pregunta directa: ¿qué hacer para crecer en México? ¿Y cómo enfrentar la situación económica que ya se venía, y que era ya previsible que no iba a ser tan tranquila, como se auguraba cuando se aprobó el paquete económico para 2009?

Unos días antes de que este foro se iniciara, con la participación de jefes de Estado o ex jefes de Estado de varios países del mundo, del gobierno del presidente Calderón a través de varios de sus secretarios, del gobernador del Banco de México, de especialistas nacionales, empresarios, legisladores y académicos, el presidente Calderón salió a dar un mensaje al país, reconociendo lo que se venía en el 2009. Por primera vez reconoció, a nombre del gobierno de México, que nuestro país enfrentaría una grave situación económica ese año; que tendría impacto general en la economía y, por supuesto, que tendría impacto en la recaudación calculada para ese año.

El presidente Calderón, haciéndose eco ya de reclamos y de preocupaciones y adelantándose un poco a lo del foro económico del Congreso, determinó un conjunto de medidas económicas en donde el gobierno se preparaba para enfrentar la situación que se venía de manera previsible. Acordó un paquete de medidas emergentes de carácter económico; pretendió apuntalar la micro, pequeña y mediana empresa; colocó el tema de atajar el desempleo que ya se avizoraba; determinó medidas administrativas y le pidió al Congreso que legislara de manera urgente, a partir de febrero, en un conjunto de leyes necesarias para facilitar la inversión pública, el gasto público a tiempo y eficiente, las expropiaciones para la obra de carreteras, la facilitación de los créditos y el gasto urgente en el primer semestre.

Una de las medidas que tomó y que fue correcta, en aquél momento, a través del gabinete económico, fue el anuncio de congelar el precio de los combustibles en el país. El presidente Calderón argumentó que el gobierno haría un esfuerzo de contención en el precio de los combustibles, porque era consciente que incrementar el precio en el transcurso del año iba a ser un disparador permanente de un incremento de la inflación, de incremento de los costos para las empresas, pero, sobre todo, un grave golpe a la economía de las familias consumidoras de gas y de combustibles, y en aquel momento nadie en el gobierno, menos en el Congreso, argumentó que sería una medida de carácter irresponsable.

Nadie dijo que se trataba de una medida de carácter populista. Nadie argumentó que en el 2009 había elecciones federales en julio. Nadie dijo que había que proteger la economía del gobierno aunque se desprotegiera la economía de consumidores, de asalariados, de familias o de empresas.

Todos le dimos la bienvenida al primer paquete que se anunció en enero. Muchos dijimos: Es insuficiente; hay que ir más allá, hay que colocarnos por delante del golpe, hay que prever el impacto de la crisis en el país, hay que recurrir a medidas extraordinarias, hay que focalizar los apoyos, hay que ver el campo, hay que ver la empresa, hay que ver los trabajadores, hay que ver los comerciantes, hay que generar consumo, hay que evitar que el desempleo cunda, hay que ir en respaldo de los empresarios incentivándolos fiscalmente, incluso, para que no pierdan empleos.

Que haya paros técnicos, incluso, lo avalamos. Que haya acuerdos bilaterales entre sindicatos y empresas, y las medidas de gobierno tienen que profundizarse; pero nadie criticó la medida de un programa emergente de atención a la crisis económica.

Pasó 2009, y pasó lo que pasó. No voy a hacer un recuento. Pudo haber sido peor de lo ocurrido. Estoy consciente de ello, y ayudó a que no fueran peores las medidas de gobierno anunciadas en enero; pero también pudo haber sido mejor y hubiéramos obtenido una mejor recuperación si el gobierno hubiera profundizado el programa de recuperación económica.

Entramos a 2010 y aquí en el Congreso se aprobó un paquete económico de ingresos y egresos. Y aquí dijimos los legisladores del PRD: Es una equivocación que sin habernos recuperado económicamente ahora vayamos a incrementar impuestos, IVA, impuesto sobre la renta, a los depósitos en efectivo, a las telecomunicaciones; va a haber un disparo inflacionario y va a haber, sobre todo, una afectación de la economía de millones de mexicanos y de las empresas.

Así no se genera empleo, así no se genera consumo. Despojando del bolsillo de las familias los recursos básicos para enriquecer o para satisfacer las finanzas públicas no se recupera la economía. Se puede recuperar la economía del gobierno, pero no la de la población.

Una mayoría parlamentaria opinó lo contrario y votó en consecuencia, y el gobierno tiene hoy facultad legal para cobrar lo que tiene que cobrar y gastar como tiene que gastar. Pero en la primera quincena de este año, señores legisladores, ha ocurrido lo que temíamos, y lamentamos haber tenido razón.

Hay zozobra. Hay inquietud. Hay indignación y, sobre todo, hay impacto, porque en los recibos de la primera quincena de enero están ya los impactos de los impuestos. Pero hay una medida que se ha convertido otra vez en un disparador del incremento de precios: el precio de los combustibles, de las gasolinas, del diesel, del gas, de la energía eléctrica.

Está en los recibos ya. Está cuando el gas surte a cada domicilio de México. Esta situación no puede pasar de noche para el Congreso ni podemos permanecer impasibles. Por eso vengo, señores legisladores, a nombre de diputados y senadores de los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y de Convergencia a presentar, en ejercicio de las facultades otorgadas en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente proyecto de decreto que pretende que en el periodo que empieza a partir del 1 de febrero, la Cámara de origen, la Cámara de Diputados, entre en materia en el siguiente tenor:

Artículo único. Se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto, sexto y séptimo, incluyendo una tabla, recorriendo en su orden los párrafos subsecuentes, todo ello del artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, para quedar como sigue:

Artículo 1o. Por razones de interés público y como excepción a lo establecido en la fracción I del artículo 7o., de la Ley Federal de Competencia Económica, se determina en 8.03 pesos por kilogramo antes del impuesto al valor agregado, el precio máximo al usuario final del gas licuado de petróleo.

La Secretaría de Energía, por conducto de la Comisión Reguladora de Energía, establecerá la metodología para la determinación de los precios máximos de venta de primera mano de gas licuado de petróleo.

Petróleos Mexicanos, con base en dicha metodología, calculará los precios máximos del gas licuado de petróleo, objeto de venta de primera mano, de manera que al considerarlo dentro del cálculo de los precios máximos de venta al usuario final, se alcance el objetivo de 8.03 pesos por kilogramo antes del impuesto al valor agregado en el precio promedio ponderado nacional al público.

Como excepción a lo establecido en la fracción X del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se establece como precio de venta al usuario final, el de los combustibles  que a continuación se enumeran:

Gasolina Magna, 7.72 pesos por litro, incluyendo el impuesto al valor agregado; gasolina Premium, 9.18 pesos por litro, incluyendo el impuesto al valor agregado; diesel, 8.08 pesos por litro, incluyendo el impuesto al valor agregado.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Señores legisladores, por responsabilidad política, financiera y económica, el gobierno decretó que no subieran los precios de los combustibles en 2009. No es aceptable que hoy se diga que por la misma responsabilidad se incrementan.

Hay que pedirle al gobierno un esfuerzo financiero, fiscal, en sus ingresos. Hay que establecer medidas extraordinarias para ajustar lo que pasa con la falta de ingresos para el gobierno si esto se aprobará. Pero lo que no puede ocurrir es que el Congreso se mantenga impasible.

Somos representantes del pueblo de México. Hay que tomarles el pulso a los ciudadanos, a los consumidores, a las empresas, a los que consumen combustibles, a las amas de casa y actuar en consecuencia. Es momento de que el Congreso se ponga del lado de los consumidores y obligue al gobierno a un ajuste en esta materia. El Congreso puede hacerlo y tiene la palabra a partir del 1 de febrero. Le agradezco, señor presidente. Gracias, señores legisladores.

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones al artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, suscrita por el senador Jesús Garibay García, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Jesús Garibay García ,senador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, en materia de precios de combustibles, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante los últimos días del mes de diciembre de 2009, los mexicanos recibimos con extrañeza un aumento al precio de la gasolina, de ocho centavos la magna y 9 centavos la Premium, incremento que causó descontento generalizado, no sólo porque una vez más se pretende aprovechar el periodo vacacional para restar impacto mediático a una medida que afectará la economía social, sino porque esto además se hace incumpliendo el compromiso asumido públicamente por el ejecutivo federal a principios del año pasado para congelar durante todo ese año el precio de las gasolinas, a través del “Acuerdo para proteger la economía familiar y el empleo”.

Entonces, un compromiso que al anunciarse fue ampliamente publicitado, se quebranta en el mayor sigilo, de hecho, el gobierno federal no da explicación alguna, sino hasta después de enfrentar la presión y crítica de una sociedad que indignada, demanda explicaciones. Así, el 30 de diciembre de 2009, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite un escueto comunicado de prensa, en el que básicamente señala que nuestros precios de energéticos son sensiblemente más bajos que el promedio internacional, que el propósito de los precios congelados ya había sido cumplido, que la actividad económica y el empleo se encuentran ya en recuperación, que en todo caso la responsabilidad era del Congreso por haber aprobado un incremento del uno por ciento en el impuesto al valor agregado, que ésta era una medida responsable que evitaría imponer cargas fiscales mayores a consumidores y contribuyentes y que las críticas que se dieran a la política de precios de los energéticos, sólo confunden a la población.

Una historia similar, pero aún más oculta, se vive a partir del 1 de enero con los precios de otro energético fundamental para el 80 por ciento de las familias mexicanas. Me refiero por supuesto al gas licuado de petróleo.

Resulta lamentable que las familias mexicanas comiencen el año con más golpes a su economía de los que ya de por sí han soportado, como lamentable resulta que el Ejecutivo rehuya su responsabilidad con explicaciones que sólo se entienden en la comodidad del escritorio de su despacho. Ciertamente los precios de nuestros combustibles son menores al costo promedio en Estados Unidos, pero significan un porcentaje de impacto mucho menor en la relación gasto-ingreso; es cierto también que el incremento a los impuestos, en particular el IVA, fue aprobado en el Congreso; pero a propuesta del Ejecutivo, y más aún, ello sólo fue posible por la alianza PAN-PRI; el PRD, advirtiendo que algo así pasaría, presentó sendas propuestas alternativas que fueron desestimadas por esa mayoría que hoy pretende eludir su responsabilidad.

Ahora bien, el Ejecutivo federal, argumenta que nuestra economía se encuentra en “franca recuperación”; aseveración que no es defendible ni en el terreno de las ideas ni en los hechos: la situación de cada vez más familias es precaria, el número de personas que viven en pobreza alimentaria es el mayor en la historia moderna y las políticas de escritorio no aguantan ni el más mínimo roce con la realidad. Lo que en sus cifras y estadísticas presenta el gobierno como un país en rumbo a la bonanza, es en las calles una sociedad al borde del colapso, pero eso no se le puede señalar al administrador sin ser desestimado, para el gobierno o se está de acuerdo con sus políticas, o se es fatalista, ignorante, o se pretende confundir a la sociedad.

Finalmente, señala el gobierno que el alza de precios es una atinada medida que evitará otros aumentos. Parecen olvidar que los energéticos son por excelencia, insumos estrechamente ligados al índice inflacionario, que determinan de manera inmediata el costo de transportes y la actividad industrial.

Es oportuno hacer constar, que la Ley de Ingresos de la Federación para el esente ejercicio fiscal, tomó como base el precio de los combustibles antes del aumento, por lo que es perfectamente viable mantener el mismo durante todo el 2010.

En este contexto, es conveniente repasar brevemente la política de precios de combustibles en nuestro país.

La industria de hidrocarburos, es una actividad estratégica conducida por la Nación (no sólo por el ejecutivo), por lo que el dominio directo del petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos le corresponden de manera inalienable e imprescriptible.

En este tenor, el Congreso de la Unión otorgó al ejecutivo –a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público– la facultad de establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal, facultad consignada en la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Estos precios, debieran ser establecidos conforme a criterios de eficiencia económica y saneamiento financiero, considerando el costo de producción y no el “promedio” internacional, cuando éste redunde en aumentos, que como el que ahora vemos, resulta socialmente perjudicial.

Ahora bien, hay una diferencia entre los precios establecidos para gasolinas y diesel y para gas licuado de petróleo. Al ser las primeras insumos que comercializa el Estado (aun cuando sea a través de franquicias) es el ejecutivo el que ha determinado el precio de venta, mientras que el gas es un producto liberado en el que pueden participar los sectores social y privado, por lo que su tarea se limita al establecimiento de precios máximos. Cabe señalar que la necesidad de establecer precios máximos para el gas LP deriva de la ausencia de condiciones efectivas de competencia, que desde que se abrió esta industria, han persistido.

Por ello, aunque ambos precios se debieran determinar con base en costos de oportunidad para productor y son administrados en su precio al público, tienen una integración distinta y se determinan con base en diversos fundamentos jurídicos.

Las gasolinas y el diesel, requieren para fijar el precio productor uno de referencia, que se ajusta por su calidad y costo de manejo y transporte, lo que resulta en un precio productor, a ello se le agrega el flete y un margen comercial, integrado ello, se agregan los impuestos especial sobre producción y servicios y al valor agregado, lo que resulta en el precio al público. Todo este cálculo fue tomado como referencia en la aprobación de la Ley de Ingresos por lo que para este año, no se justificaría aumento alguno.

Es en este escenario, que por razones de interés público y de manera excepcional, se determina a nivel legal –en congruencia con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 28 constitucional– el precio máximo al usuario final del gas licuado del petróleo, de las gasolinas Magna y Premium y del diesel; precios que serán vigentes durante el ejercicio fiscal de 2010.

Por lo expuesto, y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta representación soberana el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto, sexto y séptimo, incluyendo una tabla, recorriendo en su orden los párrafos subsecuentes; todo ello al artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, para quedar como sigue:

Artículo 1. ...

...

...

Por razones de interés público y como excepción a lo establecido en la fracción I del artículo 7 de la Ley Federal de Competencia Económica, se determina en 8.03 pesos por kilogramo, antes del impuesto al valor agregado, el precio máximo al usuario final del gas licuado del petróleo.

La Secretaría de Energía, por conducto de la Comisión Reguladora de Energía, establecerá la metodología para la determinación de los precios máximos de venta de primera mano de gas licuado de petróleo. Petróleos Mexicanos, con base en dicha metodología, calculará los precios máximos del gas licuado de petróleo objeto de venta de primera mano, de manera que al considerarlos dentro del cálculo de los precios máximos de venta al usuario final se alcance el objetivo de 8.03 pesos por kilogramo, antes del impuesto al valor agregado, en el precio promedio ponderado nacional al público.

Como excepción a lo establecido en la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se establecen como precio de venta al usuario final, los de los combustibles que a continuación se enumeran:

Gasolina Magna                       7.72 pesos por litro

incluyendo el impuesto al valor                                               agregado.

Gasolina Premium                   9.18 pesos por litro

incluyendo el impuesto al valor                                               agregado.

Diesel                                      8.08 pesos por litro

incluyendo el impuesto al valor                                               agregado.

(en lo sucesivo) ...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el día 13 del mes de enero de 2010.— Senadores: Carlos Navarrete Ruiz, Francisco Javier Castellón Fonseca, Jesús Garibay García, Ricardo Monreal Ávila, Rubén Fernando Velásquez López, Jóse Guadarrama Márquez, Luis Maldonado Venegas, Enoé Margarita Uranga Muñoz; diputados: Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Uriel López Paredes, Víctor Manuel Castro Cosío, Guadalupe Acosta Naranjo (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor senador. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Se pospone la participación del diputado Silvio Lagos Galindo, del Grupo Parlamentario del PRI.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL - LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el senador Rubén Fernando Velázquez López, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y abroga la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, suscrita por los señores senadores Rubén Fernando Velázquez López y Antonio Mejía Haro, del Grupo Parlamentario del PRD.

El senador Rubén Fernando Velázquez López: Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Esta iniciativa tiene el propósito de proponer se constituya la Secretaría de la Juventud de la Administración Pública Federal.

Para todos nosotros es del conocimiento el porcentaje de la población mexicana que está considerada en el rango de joven y también sabemos de los fracasos en los que frecuentemente caen los jóvenes por falta de atención a este gran sector de la población que es transversal, seguramente, en todos los programas que son autorizados en su presupuesto por la Cámara de Diputados. Sin embargo, la atención en este sector se dispersa en las múltiples prioridades que se deben fijar a la hora de ejercer el presupuesto.

Hay datos técnicos informativos por parte del Inegi, por parte de la OCDE, en donde resalta la población joven que tenemos en México y que en los futuros años se va a considerar como un bono demográfico el tener a esta población afortunada entre nosotros.

Por ello hemos pensado, el senador Antonio Mejía Haro, de Zacatecas, y este servidor, que es importante que se analice esta prioridad, sin duda alguna, para este país nuestro.

Esta secretaría tendría como prioridades definir e instrumentar una política nacional de juventud que incorpore plenamente a los jóvenes en el desarrollo del país. Elaborar programas especiales orientados a mejorar la condición de salud, de educación, de vivienda, de trabajo, de cultura, de deporte, así como el que no fracasen en las universidades.

Crear grandes planes de becas para que podamos mantener a los jóvenes en las universidades y de ahí puedan salir al mercado de trabajo, vincularlos con el mercado de trabajo, que es algo que desafortunadamente no se hace y no hay nadie dando el seguimiento que corresponde.

Por eso consideramos que el Instituto de la Juventud debe elevar su rango, ya que seguramente hay otras dependencias que podrían cooperar en esta materia para que en la constitución de la Secretaría de la Juventud, en un país de jóvenes, como siempre se nos ha dicho, se les dé el valor, la importancia que realmente tienen los jóvenes en nuestro México y que sin duda atraviesa a todos los partidos, a todas las capas económicas y a todos los sectores y regiones de México.

La iniciativa está publicada en la Gaceta Parlamentaria, por lo que podemos documentarnos más sobre lo que aquí estamos proponiendo. De tal manera que esperamos, el senador Mejía Haro y este servidor, la simpatía de la comisión a dónde sea turnada y sobre este tema, lo podamos analizar, discutir ampliamente en la comisión que corresponda para poder sustentar ampliamente los porqués de esta propuesta, de esta iniciativa que hoy estamos poniendo en la mesa para que pueda constituirse la Secretaría de la Juventud.

Es frustrante ver cómo miles y miles de jóvenes se quedan al margen de la educación, se quedan al margen del trabajo, se quedan al margen de prácticamente todo y tienen que irse al extranjero o tienen que irse a otras áreas que no nos gustan a los mexicanos, como son las bandas de delincuentes que ahora se nutren más y más con jóvenes.

Dejo la iniciativa, señor diputado, y espero la sanción correspondiente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y abroga la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, suscrita por los senadores Rubén Fernando Velázquez López y Antonio Mejía Haro, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Rubén Fernando Velázquez López, en nombre de Antonio Mejía Haro, senadores a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 26 y 42 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y se abroga la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, con arreglo en la siguiente

Exposición de Motivos

En los tiempos actuales y derivado de la composición demográfica de nuestro país, resulta ineludible reforzar las políticas públicas dirigidas principalmente a los jóvenes, por lo que, con el objeto de potencializar su desarrollo y tener un beneficio a nivel nacional, es impostergable elevar al Instituto de la Juventud a rango de secretaría federal.

En ese sentido, el Estado mexicano debe asumir su responsabilidad en materia impulso a los jóvenes y más ahora que nos enfrentamos a la peor crisis económica que se tenga registro; las políticas públicas del Estado deben dar prioridad y contemplar el amplio y diverso universo de los jóvenes en México.

La sustracción temprana de la escuela, del trabajo y de la esfera productiva y ciudadana, es un enorme costo tanto a mediano como a largo plazo para solidificar la cohesión social y la armonía de México.

El objetivo de toda política pública orientada a los jóvenes debe encontrar una articulación de desarrollo en los ambientes familiar, educacional, laboral y de condiciones de vida del barrio, calle o pueblo, sin lo cual ven limitadas su posibilidad de desarrollo y, en el peor de los casos, frenada su integración plena a los beneficios sociales del desarrollo.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en su informe Los jóvenes en México,señala que la estructura por edad de población en estos últimos años, las generaciones más numerosas provienen del sector juvenil; a partir del año 2000, la población de 15 a 29 años superaba el 30 por ciento de la población total. Para el año 2010 se calcula que la población joven será de más de treinta millones de habitantes.

La política pública orientada a los jóvenes debe establecer como prioridad el desarrollo e impulso de la participación de los mismos en todas las actividades productivas, con igualdad de oportunidades, y la preservación de sus derechos a la educación, salud, vivienda, trabajo, cultura y deporte.

Dichas políticas deben considerar características propias de la actual condición juvenil, las cuales han sido alteradas por la crisis económica que se está viviendo, ya que tiene que sortear cuatro elementos que prevalecen en la actualidad:

1. La difícil transición educación-mercado de trabajo que se produce en cualquier nivel educativo;

2. Los deterioros de la condición de salud integral de los jóvenes;

3. La ausencia de estrategias orientadas a la construcción de una ciudadanía juvenil, que les fortalezca sus derechos de acceso a contar con un empleo bien remunerado; y

4. La carencia de espacios para la agregación y socialización de los jóvenes en condiciones de respeto de sus derechos y formas propias de manifestación cultural.

Ante esta problemática se tiene que apoyar la inserción paulatina y constante de los jóvenes al trabajo y a la capacitación; se debe contar con un sistema nacional de becas y apoyos en todos los niveles educativos para impulsar la mayor permanencia de los jóvenes en las instituciones educativas. Además de implementar en el marco legal laboral la incorporación paulatina de los jóvenes al mercado de trabajo en condiciones seguras y con amplias perspectivas de desarrollo personal y profesional.

Un problema que afecta severamente a los jóvenes es la falta de oportunidades para su educación, ello se observa a través de comparaciones con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por ejemplo, el promedio, en porcentajes, de los treinta países miembros indica que la gente con educación se concentró en la población de 15 a 19 años de edad, la cual registró un promedio de 83 por ciento, seguido de los que tienen de 20 a 24 años de edad con 39.7 por ciento y finalmente los de 25 a 29 años con 13.8 por ciento.

En cambio, en ese orden, México registró promedios de 54.9, 20.3 y 4.4 por ciento, respectivamente, lo que evidencia una gran diferencia entre la media de la OCDE y los bajos niveles presentados por México para el año 2004.

Con respecto al promedio de la población sin educación en México, se va incrementando de acuerdo con los segmentos de edades señalados anteriormente, se obtiene que para los jóvenes entre 20 y 24 años, el promedio fue de 79 por ciento y en los de 25 a 29 años el porcentaje fue cercano al 96 por ciento; estos porcentajes reflejan la necesidad de apoyar a los jóvenes en estas actividades tan fundamentales en su formación básica.

México está viviendo una fuerte transición demográfica ya que cuenta con una oferta de trabajo abundante: el 68 por ciento de la población se encuentra entre los 14 y los 64 años de edad; por lo tanto, en los próximos años tenemos un “bono demográfico”.

Es por ello que, en estas primeras dos décadas del siglo XXI, México tiene que aprovechar la favorable composición de su pirámide demográfica. La condición indispensable es propiciar el empleo, de tal manera que la población activa pueda aportar a la generación de riqueza en el país, de no ocurrir lo anterior, el bono demográfico se volverá un pasivo demográfico.

Tenemos una incapacidad estructural para generar empleo que afecta a nuestro país desde hace décadas, la cual se ha visto agravada por la crisis económica mundial, así como por el hecho de que el país no cuenta con sistemas públicos de protección al desempleo. La crisis en México está siendo, de forma severa, una crisis de empleo y, por tanto, de ingresos y de bienestar para las familias.

La pérdida de más de 500 mil empleos formales en 2009 evidencia que tenemos un alto grado de flexibilidad laboral en términos de despido o conclusión de las relaciones de trabajo; pero se trata de una flexibilidad asimétrica, en tanto no se observan altas tasas de creación de puestos de trabajo formal en las fases expansivas del ciclo económico.

En las últimas décadas, México ha experimentado un incremento importante de la población en edad laboral, la cual se prevé siga creciendo durante las próximas tres décadas, hecho que constituye un reto para las políticas públicas orientadas a la generación de empleo en el país.

Del total de la población en edad de trabajar, la población económicamente activa (PEA) contempla a las personas de 12 años y más, distinguiendo entre ellos a dos grupos: los ocupados y los desocupados; por su parte, la población no económicamente activa (PNEA) que agrupa a las personas que se dedican al estudio, a los quehaceres domésticos, los pensionados, jubilados y discapacitados.

Ese tipo de población, que tiene entre 15 a 29 años la PEA, está conformada por 15.7 millones de jóvenes (58.6 por ciento), de los cuales, 10.2 millones son hombres y 5.5 millones son mujeres. La PNEA abarca al 41.4 por ciento restante con 2.8 y 8.3 millones de personas del sexo masculino y femenino, respectivamente. Entre los varones 8 de cada 10 conforman la PEA, mientras que en el grupo de mujeres esta relación cae a la mitad, es decir, 4 de cada 10.

Cabe señalar que al interior de la PEA la tasa de ocupación en ambos sexos es similar, ligeramente superior entre los varones (96.7 por ciento) que entre las mujeres (95.2 por ciento), y aunque este indicador se incrementa con el aumento de la edad, no se observan grandes variaciones entre los diferentes grupos (95.6 por ciento en el de 15 a 19, y 97.3 por ciento en el de 25 a 29).

Asimismo, necesitamos diseñar una estrategia integral de acceso a servicios de salud específicos y profesionalizados para los jóvenes y que abarquen áreas de sexualidad, alimentación, abuso de alcohol y drogas, así como los temas de depresión, soledad, problemas afectivos y de relación social.

Propiciar en las instituciones públicas y políticas del país, el fomento y defensa de los derechos juveniles, superando los prejuicios y estereotipos en torno a ellos que, por su condición de pobreza y marginación, se vinculan a redes de violencia y delincuencia; para lo cual se requieren verdaderos programas de reinserción social y desarrollo social.

Para fomentar el desarrollo de los jóvenes se requiere una amplia reforma educativa al nivel básico y al medio, que permita superar las deficiencias en la formación de los niños y jóvenes mexicanos que afectan su desempeño escolar en niveles superiores y en el mercado laboral; siendo también indispensable ampliar la cobertura de la educación media superior y superior, para dar acceso a los jóvenes para los próximos diez años y así dar la cobertura que debe alcanzar al 50 por ciento de la población en edad de cursar estudios universitarios.

Al mismo tiempo se deben incrementar los recursos públicos del presupuesto destinados al apoyo del desarrollo integral de la juventud mexicana, en programas de becas para estudios, de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para jóvenes, de Incubadoras de Negocios para Jóvenes, becas para madres jóvenes y jóvenes embarazadas y Jóvenes con Oportunidades, y en general con todos aquellos que tengan que ver con nuestros jóvenes.

En los últimos años el dinamismo del sector de la población juvenil lo ha convertido en un elemento estratégico para el desarrollo integral de la población.

Para alcanzar los objetivos de apoyo y fortalecimiento a la participación de los jóvenes se debe crear, a nivel federal, una Secretaria de la Juventud, que instrumenté, de manera efectiva, el mejoramiento en la prestación de los servicios públicos a la juventud.

La administración pública federal requiere que sus estructuras orgánicas logren un mayor nivel de operatividad y capacidad funcional sobre la base de una adaptación flexible y dinámica a las condiciones adversas prevalecientes, para la instrumentación de las políticas públicas de impulso a la juventud.

En este sentido, que la presente iniciativa propone sustituir al actual Instituto Mexicano de la Juventud y en su lugar crear a la Secretaria de la Juventud, la cual tendría mayores atribuciones considerando las que ya tenía el Instituto; una participación más directa en la atención y orientación hacia las actividades recreativas y productivas que realizan los jóvenes mexicanos; promocionando su participación en la sociedad y potencializando su desarrollo, impulsando, al mismo tiempo, el crecimiento económico mediante actividades creativas y productivas.

El Estado mexicano estaría, así, asumiendo su responsabilidad frente a las precarias condiciones en las que se desenvuelve nuestra juventud, dotándola de las herramientas indispensables para que, con el tiempo, logren insertarse exitosamente en la actividad productiva que necesita nuestro país.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Mexicanos someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo Primero. Se adiciona la Secretaría de la Juventud al artículo 26 y se recorren las subsecuentes y se adiciona un artículo 42 Bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 26.Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:

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Secretaría de la Juventud

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Artículo 42 Bis. A la Secretaría de la Juventud le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Definir e instrumentar una política nacional de juventud, que incorpore plenamente a los jóvenes en el desarrollo del país;

II. Elaborar programas especiales orientados a mejorar las condiciones de salud, educación, vivienda, trabajo, cultura y deporte de los jóvenes; así como los espacios para la convivencia y recreación, sin menoscabo de las atribuciones que en estos propósitos competen a otras dependencias;

III. Implementar políticas y acciones relacionadas con el desarrollo de la juventud, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo;

IV. Organizar y promover programas en coordinación con las autoridades estatales, municipales y del sector social y privado;

V. Promover coordinadamente con las dependencias y entidades de la administración pública federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, económicas, culturales y de derechos;

VI. Fungir como representante del Gobierno Federal en materia de juventud, ante los Gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales, así como en foros, convenciones, encuentros y demás reuniones en las que el Ejecutivo solicite su participación;

VII. Promover la coordinación interinstitucional con organismos gubernamentales y de cooperación en el ámbito nacional e internacional, como mecanismo eficaz para fortalecer las acciones en favor de la juventud mexicana;

VIII. Celebrar acuerdos y convenios de colaboración con organizaciones privadas y sociales, para el desarrollo de proyectos que beneficien a la juventud;

IX. Consultar, en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas las políticas, programas y acciones de desarrollo de los jóvenes indígenas; garantizando la participación de éstos en su diseño y operación; y, en su caso, incorporar a la planeación nacional sus recomendaciones propuestas;

X. Realizar, promover y difundir estudios e investigaciones de la problemática y características juveniles;

XI. Recibir y canalizar propuestas, sugerencias e inquietudes de la juventud;

XII. Coadyuvar con las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como a los gobiernos de las entidades federativas y municipios en la difusión y promoción de los servicios que presten a la juventud cuando así lo requieran;

XIII. Prestar los servicios que se establezcan en los programas diseñados en pro de los jóvenes;

XIV. Promover y ejecutar acciones para el reconocimiento público y difusión de las actividades sobresalientes de los jóvenes mexicanos en distintos ámbitos del acontecer nacional y, en especial, aquellas que reconozcan y fomenten la herencia cultural de los pueblos y comunidades indígenas y fortalezcan el respeto y el conocimiento de las diversas culturas existentes en el país;

XV. Elaborar, en coordinación con las dependencias y las entidades de la Administración pública Federal, programas y cursos de orientación e información sobre adicciones, nutrición, educación sexual y salud reproductiva, medio ambiente, servicios culturales juveniles, genero y equidad, apoyo a jóvenes en situación de exclusión, derechos humanos, migración, incorporación laboral, autoempleo, vivienda, organización juvenil, liderazgo social y participación y en general todas aquellas actividades que de acuerdo a su competencia y a su capacidad presupuestal, estén orientados al desarrollo integral de la juventud;

XVI. Fomentar el acceso al financiamiento para las MIPYMES que estén constituidas principalmente por jóvenes;

XVII. Impulsar la construcción de incubadoras de empresas y formación de jóvenes emprendedores;

XVIII. Constituir anualmente un fondo de apoyo para la creación de micros y pequeños negocios para jóvenes. Este fondo deberá ir acompañado de capacitación y asesoría técnica para la realización de los proyectos; y

XIX. Fomentar el aprendizaje de idiomas como herramienta de comunicación por medio de los intercambios.

Artículo Segundo.Se abroga la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los noventa días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los recursos humanos, materiales y presupuestales del instituto Mexicano de la Juventud pasarán a formar parte de la Secretaría de la Juventud.

Tercero. Dentro de los noventa días siguientes a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación:

I. El Instituto Mexicano de de la Juventud se sujetará a lo siguiente:

a) Se abstendrá de asumir compromisos adicionales más allá de los necesarios para la continuación en la atención de los asuntos pendientes a su cargo o a los que resulten por ley, garantizando la continuidad, en su caso, de los servicios públicos;

b) Dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación del presente decreto elaborará una relación detallada de los asuntos pendientes que tenga a su cargo, con la finalidad de que se transfiera a la Secretaría de la Juventud, y

c) Dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación del presente decreto, elaborará una relación del personal adscrito al servicio de la misma, detallando nivel, funciones y área de adscripción, para entregarla a la dependencia que asumirá sus funciones, la relación deberá ser actualizada dentro de los sesenta y noventa días naturales siguientes a la publicación del presente decreto.

Cuarto.Una vez que se constituya la Secretaría de la Juventud, los recursos materiales de los órganos internos de control quedarán bajo la responsabilidad de está; asimismo, los recursos presupuestarios o financieros programados en las dependencias y entidades de la administración pública federal, estarán disponibles o serán transferidos en lo que resulte estrictamente necesario, para continuación de las funciones de dicha dependencia.

Quinto. A partir del día siguiente en que se publique el presente decreto, el oficial mayor fungirá como responsable para, en su caso, coordinar y formalizar la transferencia de recursos financieros, materiales y humanos, en lo que resulte procedente o necesario.

Sexto. Los derechos de los trabajadores del Instituto Mexicano de la Juventud se respetarán conforme a la ley.

Séptimo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2010.— Senadores: Antonio Mejía Haro (rúbrica), Rubén Fernando Velázquez López.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

LEY DE PERIODISMO DE ALTO RIESGO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra, el senador Mario López Valdez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Periodismo de Alto Riesgo, suscrita por los senadores Mario López Valdez, Fernando Castro Trenti y Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del PRI.

El senador Mario López Valdez: Gracias, señor presidente; honorable asamblea, los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconocen como libertades fundamentales de los individuos el derecho a la información, así como la libre manifestación de las ideas.

El reconocimiento de los derechos específicos de los profesionales de la información, que el orden constitucional consagra, es fundamental para la consolidación de un estado de derecho pleno y democrático.

El derecho a la información en un Estado participativo incide directamente en el proceso de formación de la opinión pública; cualquier interferencia en este proceso, bien sea que provenga del poder político, del poder económico, de los mismos medios de comunicación o del crimen organizado atenta no sólo contra los derechos individuales de los periodistas, sino contra las bases y los fundamentos de un sistema democrático.

A nivel internacional sabemos que la actividad periodística es, en muchas ocasiones, de alto riesgo. Hay corresponsales que cubren la fuente de información de una guerra, de un movimiento social, de un movimiento político, de un acto terrorista y también de los fenómenos naturales.

El ejercicio de un periodismo de alto riesgo, por sus características, afecta intereses de terceros, lo que pone en peligro la integridad física de los profesionales de la información, de las instalaciones del medio de comunicación en el que laboran y hasta de sus familias. Es por tal motivo que nuestra propuesta incorpora el concepto de periodismo de alto riesgo, concepto que reconoce el peligro constante en que ejercen su profesión.

Los periodistas que sean considerados periodistas de alto riesgo deben tener el derecho de solicitar a las autoridades correspondientes la protección de su persona, de su familia, y de ser necesario, de las instalaciones del medio de comunicación que se ve amenazado, y si llegara a ocurrirle un atentado o accidente derivado de su profesión de alto riesgo, los periodistas debieran contar con la prestación de servicios médicos por parte del sistema de salud.

También los periodistas deben contar con el derecho del secreto profesional donde se otorga la garantía jurídica que asegure su anonimato y evitar las posibles consecuencias que se puedan derivar después de haber revelado una información sobre el sujeto primero que la ha proporcionado.

La necesidad de otorgar más seguridad a los periodistas se debe a que vemos con preocupación que las agresiones, intimidaciones, asesinato de periodistas y atentados en contra de instalaciones de los medios de comunicación son cada vez más frecuentes. La situación que viven los comunicadores y el periodismo de investigación a escala nacional es muy grave; vemos cómo organismos nacionales e internacionales exigen que se tomen medidas serias para hacer frente a la violencia contra los comunicadores. La fragilidad de los periodistas en México es cada vez mayor.

Esta situación ya se califica como fuera de control y pone a México a la cabeza de las naciones de mayor riesgo, no sólo en América Latina, sino a escala internacional para el ejercicio del periodismo. ¿Por qué no pasar de ser un país clasificado a nivel internacional de alto riesgo para el ejercicio del periodismo, con una legislación deficiente, a ser un modelo internacional en el respeto a los modelos de comunicación y a la vanguardia en la legislación en la materia?

Es en razón de lo anterior que me permito poner a su consideración esta iniciativa que expide la Ley de Periodismo de Alto Riesgo, cuyo objetivo es permitir el reconocimiento y protección del ejercicio de los profesionales de la comunicación como base de nuestro sistema democrático y de desarrollo social.

Señor presidente, atentamente le solicito que sea incluido el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.

«Iniciativa que expide la Ley de Periodismo de Alto Riesgo, suscrita por los senadores Mario López Valdez, Fernando Castro Trenti y Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del PRI

Mario López Valdez, Fernando Castro Trenti y Carlos Lozano de la Torre, senadores por Sinaloa, Baja California y Aguascalientes, respectivamente, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Periodismo de Alto Riesgo y adiciona el Código Federal de Procedimientos Penales, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconocen como libertades fundamentales de los individuos el derecho a la información, así como la libre manifestación de las ideas. El reconocimiento de los derechos específicos de los profesionales de la información, que el orden constitucional consagra, es fundamental para la consolidación de un estado de derecho pleno y democrático.

Los medios de comunicación juegan un papel cada vez más determinante en los procesos sociales, políticos, económicos y culturales de una sociedad. Influyen en la formación del pensamiento del colectivo y es por esto que la sociedad les reclama mayor confiabilidad y compromiso en la búsqueda y difusión de la verdad, acciones en las que indiscutiblemente el periodismo encuentra su plena justificación.

El derecho a la información en un estado participativo incide directamente en el proceso de formación de la opinión pública. Cualquier interferencia en este proceso, bien sea que provenga del poder político, del poder económico, de los medios de comunicación o del crimen organizado, atenta no sólo contra los derechos individuales de los periodistas, sino contra las bases y los fundamentos de un sistema democrático.

A nivel internacional sabemos que la actividad periodística es, en muchas ocasiones, de alto riesgo. Hay corresponsales que cubren la fuente de información de una guerra, un estallido social, de acciones terroristas, de rebeldes políticos, de movimientos sociales, y también en ocasiones se cubre por parte de los medios de comunicación los fenómenos naturales, como huracanes, inundaciones, deslaves y terremotos, entre otros fenómenos.

En el caso específico de nuestro país, nos enfrentamos en la actualidad a la fuerte presencia del crimen organizado y muy en especial al poder del narcotráfico que ha permeado en diversas actividades, las cuales van desde la participación empresarial, control de bandas delictivas de secuestradores, robo de vehículos, hasta la participación en política.

La presencia del crimen organizado en México también se refleja en las muertes de periodistas, amenazas y atentados contra medios de comunicación.

El ejercicio de un periodismo de alto riesgo, por sus características, afecta intereses de terceros, lo que pone en peligro la integridad física de los profesionales de la información, de las instalaciones del medio de comunicación en el que laboran y hasta de sus familiares y conocidos.

Es por tal motivo que nuestra propuesta incorpora el concepto de “periodismo de alto riesgo”, concepto que reconoce el peligro constante en que ejercen su profesión.

En caso de amenazas o presunto riesgo, los periodistas que sean considerados “de alto riesgo” deben de tener el derecho de solicitar a las autoridades correspondientes la protección de su persona, de su familia y, de ser necesario, de las instalaciones del medio de comunicación que se vea amenazado, y si llegara a ocurrirle un atentado o accidente derivado de su profesión de alto riesgo, los periodistas contarán con la prestación de servicios médicos por parte del sistema nacional de salud.

También los periodistas deben contar con el derecho al secreto profesional con el que se otorga la garantía jurídica que asegure su anonimato y así evitar las posibles consecuencias que puedan derivar después de haber revelado una información sobre el sujeto primero que la ha proporcionado.

El interés público de la noticia que justifica su difusión prevalece sobre la identidad del confidente, por ello, podemos decir que las razones que subyacen a mantener en secreto las fuentes son básicamente:

a) Protegerlas de posibles represalias por haber transmitido la información.

b) Salvaguardar la credibilidad en la discreción del periodista.

c) Garantizar que la continuidad en el flujo de la información de interés público que es transmitida a los periodistas para su publicación no se vea interrumpida y, con ello, puedan verse disminuidos el ejercicio de los derechos a comunicar y a recibir información.

La necesidad de otorgar más seguridad a los periodistas se debe a que vemos con preocupación que las agresiones, intimidaciones, asesinato de periodistas y atentados en contra de instalaciones de los medios de comunicación son cada vez más frecuentes.

Debemos reconocer que hay avances en este tema, como lo demuestra la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, varias iniciativas de ley que se han presentado en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, recomendaciones de organismos internacionales, de los medios de comunicación organizados y de expertos académicos.

Por su parte, la Cámara de Diputados ha aprobado adiciones al Código Penal Federal con la finalidad de sustraer del ámbito local los delitos contra periodistas y medios de comunicación, así como fortalecer el ejercicio periodístico, amenazado de manera notable en las regiones donde la delincuencia organizada ha querido imponerse a la autoridad.

El espíritu que anima esta iniciativa de ley es el de salvaguardar el derecho a la información de nuestra sociedad y sentar las bases para el buen desempeño de la actividad periodística. Su fortalecimiento significa la consolidación de la democracia y del estado de derecho.

La situación que viven los comunicadores y el periodismo de investigación a escala nacional es muy grave. Vemos como organismos nacionales e internacionales le exigen al gobierno federal y al Congreso de la Unión que se tomen medidas serias para hacer frente a la violencia contra los comunicadores. La fragilidad de los periodistas en México es cada vez mayor.

Con el homicidio de Alberto Velázquez, reportero del periódico Expresiones de Tulum, el pasado martes 22 de diciembre, se elevó a 12 el número de periodistas asesinados en 2009, y a 57 los que han perdido la vida del año 2000 a la fecha.

Los estados con mayor incidencia en delitos contra periodistas son: Veracruz, Tamaulipas, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

En Sinaloa, el 7 de septiembre de 2009 estalló una granada de fragmentación en las instalaciones del semanario Río Doce, en Culiacán y, también en 2009, fue asesinado Fabián Ramírez López, locutor de Mega Radio México.

En Durango fueron tres los periodistas muertos el año pasado; el más reciente, Vladimir Antuna García y antes Carlos Ortega Samper, los dos del diario El Tiempo;además de Gerardo Esparza Mata, vocero de Seguridad Pública de la capital del estado.

En Guerrero fueron ultimados Jean Paul Ibarra Ramírez, de Diario 21, en Iguala; Juan Carlos Hernández y Daniel Martínez Gil, locutor de Radiorama de Acapulco.

La lista se completa con Luis Daniel Méndez, de La Poderosa, de Huayacocotla, Veracruz; Eliseo Barrón, de La Opinión Milenio, de Torreón, Coahuila; Martín Javier Miranda, del periódico Panorama, de Michoacán; Ernesto Montañés, de la revista Enfoque; Norberto Miranda, de Radio Visión, y Omar Gándara, los tres últimos de Chihuahua.

Para cerrar 2009, el miércoles 30 de diciembre, el periodista José Luis Romero, reportero del noticiero radiofónico Línea Directa de Los Mochis, Sinaloa, fue levantado por varios sujetos armados en una calle céntrica de la ciudad y hasta el momento se teme por su vida. Con este hecho lamentable suman nueve desapariciones de comunicadores y siete atentados con explosivos a instalaciones de medios de comunicación en nuestro país en 2009.

Por desgracia, hemos iniciado 2010 con el asesinato de Valentín Valdés Espinosa, reportero del periódico Zócalo de Saltillo de Coahuila, quien fue acribillado el pasado viernes 8 de enero, y también el asesinato de Óscar Torres Carrillo, hijo de la gerente regional del Grupo Radiofónico ACIR de Culiacán, Sinaloa, quien había sido levantado a finales de 2009.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), México se ha convertido en un país de alto riesgo para el trabajo periodístico, situación que se demuestra en el conteo de expedientes:

En el año 2000 se radicaron 13 expedientes; en 2001, 21; en 2002, 43; en 2003, 29; en 2004, 43; en 2005, 72; en 2006, 74; en 2007, 84; en 2008, 80; y al mes de noviembre de 2009 la cifra era de 78.

Se ha generado miedo entre los periodistas y directivos de sus medios. Han optado por la autocensura, antes de que se cumplan las amenazas de muerte de las que son objeto ellos y sus familias. Los ataques a los reporteros son constantes y muchos de ellos ni siquiera son registrados ante el temor de que se cumplan las amenazas.

Esta situación ya se califica como fuera de control y pone al país a la cabeza de las naciones de mayor riesgo, no sólo en América Latina, sino a escala internacional para el ejercicio del periodismo.

Debemos de hacer mención de la 65 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa que se llevó a cabo la segunda semana de noviembre de 2009, en Buenos Aires, Argentina. Uno de sus principales resolutivos trata sobre la “impunidad en México”, en el que insta al presidente de México, Felipe Calderón, a combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad de la prensa, y exhorta al Congreso de la Unión a defender la libertad de expresión e investigar los asesinatos.

El 28 de noviembre del mismo año, diputados del PRI, PAN, PRD y PVEM se pronunciaron por atender las agresiones a periodistas, recordando el exhorto que el Congreso de la Unión hizo a la CNDH y a la Procuraduría General de la República para que resuelva, investigue y dictamine lo antes posible los casos pendientes de las amenazas, extorsiones y asesinatos a periodistas.

Ante esta situación, como Grupo Parlamentario del PRI estamos dispuestos a asumir nuestro compromiso con los profesionales de la información y trabajar para el fortalecimiento de una verdadera libertad de expresión.

Estamos conscientes que no es posible en esta relatoría de poder enumerar a todos los profesionales de la comunicación que han sido agredidos, secuestrados y hasta asesinados; por lo que les ofrezco a los miembros de los medios de comunicación una disculpa a nombre de mi grupo parlamentario porque no ha sido suficiente lo realizado para contrarrestar esta problemática, pero también les pido que se sumen en apoyo de esta propuesta.

Ya es hora de reconocer su papel en el desarrollo democrático de nuestro país y reconocer también el sacrificio que han vivido los periodistas caídos.

• No podemos solamente seguir contando los asesinatos de periodistas.

• No aceptamos que las intimidaciones, ataques y agresiones a los medios de comunicación vayan en aumento.

• No podemos permitir que el secuestro de profesionales de la información siga creciendo.

• No debemos permitir tanta impunidad. En cada aniversario luctuoso de un periodista asesinado, se suma a la tristeza de la pérdida de un ser querido, la rabia e impotencia que siente toda una sociedad lastimada al ver que no hay avances en las investigaciones.

• No aceptamos que los delitos en contra de los periodistas y medios de comunicación se vean como una cifra estadística que simplemente va creciendo.

Es tiempo de que se reconozca su labor, es tiempo de que el Estado y nosotros como Congreso asumamos con responsabilidad la defensa de los medios de comunicación. Todos queremos un México sin mordazas, sin miedo.

Basta de ser uno de los principales países que a nivel internacional cuenta con el mayor número de agresiones, secuestros, asesinatos de periodistas y de atentados en contra de los medios de comunicación, basta de tanta impunidad.

¿Por qué no pasar de ser un país clasificado a nivel internacional de alto riesgo para el ejercicio del periodismo, con una legislación deficiente, a ser un modelo internacional en el respeto a los medios de comunicación y a la vanguardia en la legislación en materia?

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que expide la Ley de Periodismo de Alto Riesgo y adiciona el Código Federal de Procedimiento Penales

Primero. Se expide la Ley de Periodismo de Alto Riesgo, para quedar como sigue:

Ley de Periodismo de Alto Riesgo

Capítulo IDisposiciones Generales

Artículo 1. La presente ley es de observancia general en toda la República Mexicana, sus disposiciones son de orden público e interés social.

Artículo 2. El objetivo de la presente ley es el de salvaguardar el derecho a la información y comunicación en México y dotar de los instrumentos necesarios que permitan sentar las bases para el buen desempeño de la actividad periodística de alto riesgo y de investigación, y:

I. Fortalecer las normas jurídicas que regulan la actividad periodística a fin de preservar las libertades y los derechos que correspondan al desempeño de esta profesión.

II. Fomentar el periodismo de investigación, mediante el fortalecimiento de la ley y el respeto a la investigación periodística y de opinión.

III. Fomentar el ejercicio pleno del derecho a la información y la libertad de expresión, en un marco plural y participativo que coadyuve a la conformación de una opinión pública bien informada.

IV. Reconocer la función del periodismo, y en especial el periodismo de alto riesgo, como parte fundamental del desarrollo social y democrático de nuestra sociedad.

V. Fomentar el respeto y colaboración por parte de los servidores públicos de la actividad periodística de alto riesgo.

VI. El derecho a la seguridad, mediante la protección y apoyo por parte del estado a la actividad periodística de alto riesgo.

VII. El derecho de los periodistas al secreto profesional.

VIII. El derecho a la asistencia social y de salud de los periodistas de alto riesgo.

IX. El derecho a la seguridad económica de las familias de los periodistas de alto riesgo.

Artículo 3. Las amenazas, intimidaciones, agresiones y asesinatos de periodistas; así como atentados contra instalaciones de medios de comunicación, sustracción de material, equipo periodístico y daño a información digitalizada son considerados delitos graves del fuero federal.

Artículo 4. Son autoridades competentes para aplicar el presente ordenamiento, dentro de sus respectivas atribuciones conforme a esta ley:

I. La Secretaría de Gobernación.

II. La Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas.

Artículo 5. El Congreso de la Unión contará con la Comisión Bicamaral de Seguimiento y Atención de Delitos en contra de Periodistas y Medios de Comunicación, que nombrará como observadores a dos representantes de los medios de comunicación y dos representantes de los periodistas organizados.

Artículo 6. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas de la Procuraduría General de República deberá presentar un informe de avances y resultados ante la Comisión Bicamaral de Seguimiento y Atención de Delitos en contra de Periodistas y Medios de Comunicación del Congreso de la Unión, de manera trimestral.

Artículo 7. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. Periodista. Toda persona que hace del ejercicio de las libertades de expresión e información su actividad principal, entendida como la actividad de buscar y difundir información a la sociedad, de manera permanente y en forma remunerada.

II. Profesional de la información. Cualquier persona física que lleve a cabo una función periodística de manera permanente que consista en la elaboración, tratamiento o difusión de información por cualquier medio impreso, electrónico o audiovisual.

III. Periodista de alto riesgo. Cualquier persona física o moral que lleve a cabo una función periodística de manera permanente, que por sus características maneje información que afecte intereses de terceros, de hechos delictivos, de denuncia o relacionados con el crimen organizado y ponga en riesgo su integridad física, de su familia o las instalaciones del medio de comunicación.

IV. Periodismo de investigación. Es la etapa periodística de búsqueda e investigación en la que el material a utilizarse es base de la información, su clasificación, análisis y seguimiento.

V. Libertad de expresión. Es la prerrogativa que tiene toda persona para difundir y publicar ideas u opiniones a través de cualquier medio.

Capítulo IIDel Derecho a la Seguridad

Artículo 8. Se entenderá como “periodista de alto riesgo” a quien desarrolle una función periodística y de investigación de manera permanente, que por sus características maneje información que afecte o trate sobre intereses creados, hechos delictivos, de denuncia o relacionados con el crimen organizado y ponga en riesgo su integridad física, la de su familia, o de las instalaciones de un medio de comunicación.

Artículo 9. En caso de amenazas o presunto riesgo, los periodistas podrán solicitar a las autoridades correspondientes la protección de su persona y de su familia.

Las empresas, medios de comunicación y organizaciones de profesionales de la comunicación que se vean amenazados, también contarán con el apoyo de las autoridades correspondientes para la protección de sus instalaciones.

Artículo 10. Los periodistas de alto riesgo deberán contar con:

I. Un registro ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas.

II. Capacitación y profesionalización en el ámbito de seguridad personal.

III. Capacitación y profesionalización en el ámbito de investigación y búsqueda de información.

IV. Un seguro de vida, además de las prestaciones necesarias que les permitan la seguridad física y económica de sus familias.

V.Una bitácora personal en la cual deberán de llevar el seguimiento de las investigaciones de alto riesgo.

Artículo 11. En caso de agresión, atentado o accidente, los periodistas de alto riesgo gozarán de los beneficios del sistema nacional de salud.

Capítulo IIIDel Secreto Profesional

Artículo 12. Los profesionales de la información tienen el derecho jurídico y el deber ético de mantener en secreto la identidad de las fuentes que hayan facilitado información bajo condición, expresa o tácita, de reserva. La protección de las fuentes informativas constituye una garantía del derecho de los ciudadanos a recibir una información libre y veraz.

Este derecho es oponible frente a su empresario y las autoridades públicas, incluidas las judiciales, y no podrá ser sancionado por ello ni deparársele ningún tipo de perjuicio.

Artículo 13. Los demás miembros involucrados en el proceso informativo están obligados, asimismo, a amparar el secreto profesional de sus compañeros, absteniéndose de revelar la identidad de las fuentes utilizadas por los demás.

Artículo 14. El periodista de alto riesgo citado a declarar en una investigación prejudicial o en un procedimiento judicial podrá invocar su derecho al secreto profesional y negarse, en consecuencia, a identificar a sus fuentes, y excusar cualquier respuesta que pudiera revelar la identidad de las fuentes reservadas.

Artículo 15. El derecho al secreto alcanza las notas, equipo de grabación, documentos profesionales, soportes electrónicos y digitales, que pudieran manifestar la identidad de la fuente, documentos que no podrán ser aprehendidos policial ni judicialmente.

Artículo 16. El derecho al secreto profesional asiste igualmente a cualquier otro profesional de la información involucrado en el proceso informativo que hubiera podido conocer indirectamente la identidad de la fuente reservada.

Capítulo IVDe la Observancia de esta Ley

Artículo 17. Para todo lo no previsto se atenderá de manera supletoria a lo dispuesto en la Ley del Federal del Trabajo, el Código Penal Federal y el Código Civil.

Artículo 18. La violación u omisión en la aplicación de esta ley por parte de servidores públicos, se considerará una falta grave, la cual se sancionará de acuerdo con la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos respectiva.

Segundo. Se adiciona una fracción XVII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. a XVI. ...

XVII. De la Ley de Periodismo de Alto Riesgo, el previsto en el artículo 3.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan a las normas previstas en la presente ley.

Notas:

1 El derecho a la información aparece por vez primera en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948:

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

2 El derecho al secreto profesional se define según el Consejo de Europa de 1974 como “el derecho del periodista a negarse a revelar la identidad del autor de la información, a su empresa, a terceros y a las autoridades públicas o judiciales”.

3 Acuerdo A/031/06 del procurador general de la República, por el que se crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas. DOF, 15 de febrero de 2006.

4 Esta iniciativa debe de continuar el proceso legislativo hasta su aprobación. Será de competencia federal, el caso de un delito penal que se cometa “con el propósito de impedir, interferir, limitar o atentar contra la actividad periodística”, se establece en el artículo 430 del Código Penal Federal.

Los diputados aprobaron la adición de un Título XXVII al Libro Segundo del Código Penal Federal, “De los delitos cometidos contra la libertad de expresión ejercida mediante la actividad periodística”, buscando su federalización.

5La Jornada,

http://www.jornada.unam.mx/2010/01/02/index.php?section=estados&article=021n2est

6 El Universal, Redacción, Ciudad de México, viernes 25 de diciembre de 2009.

7 En lo que ha transcurrido del año van 12 homicidios que representan más de dos terceras partes del total de asesinatos que hay en América Latina a profesionistas del ramo, por lo que México es el primer lugar en agresiones contra comunicadores.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2010.— Legisladores: Mario López Valdez (rúbrica), Fernando Jorge Castro Trenti, Carlos Lozano de la Torre (rúbrica), Adolfo Jesús Toledo Infanzón (rúbrica), Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, senador. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente punto del orden del día que es dictámenes a discusión.

REFORMA DE JUSTICIA PENAL-CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión con punto de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se autoriza, en consecuencia. Proceda la Secretaría a dar lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Dictamen de la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Permanente, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a remitir la información relativa a los avances en la implantación del nuevo modelo de justicia penal publicada el 18 de junio de 2008

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a presentar su propuesta de iniciativa respecto a los ordenamientos que acompañarán la reforma de justicia penal constitucional, publicada el 18 de junio de 2008, suscrita por el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del honorable pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

l. En el capítulo de Antecedentes se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;

II. En el capítulo correspondiente al Contenido se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio;

III. En el capítulo de Consideraciones la primera comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de las propuestas y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar la proposición en análisis.

I. Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 5 de enero de 2010 y turnada para su debido estudio y realizar el dictamen correspondiente a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia–.

II. Contenido

I. En el contenido de la proposición con punto de acuerdo, el suscrito diputado Arturo Zamora Jiménez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, manifiesta que el decreto de reforma constitucional en materia de justicia penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 se contemplaron, además de las modificaciones a los 10 artículos de la Constitución con los que se da nacimiento legislativo al sistema penal acusatorio, la obligación de legislar para crear un nuevo sistema de reinserción y la necesidad de establecer reglas para el combate al crimen organizado y la necesaria reforma penal así como procesal penal;

II. Refiere que en el artículo segundo transitorio del decreto citado se estableció que “el sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrarían en vigor cuando cobrara vigencia la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de la reforma.”

III. Sigue manifestando el proponente, que como se desprende de los artículos transitorios, la vacatio legis establecida, no debe considerarse como un tiempo por transcurrir, sino que se trata de la estimación ponderada que surgió, por una parte, de la magnitud de la reforma. Que de esa ponderación surgió la previsión apuntada en el octavo transitorio del decreto, para que los diversos órdenes legislativos del país, encargados de la distribución del gasto público, tanto federales como estatales y del Distrito Federal, destinarán los recursos necesarios para el diseño de las reformas legales, tanto en su vertiente material, como jurídica y de capacitación, de los distintos operadores del nuevo modelo de justicia; ello a partir del presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del decreto;

IV. Continúa que a fin de hacer factible el proceso de transformación previsto en el artículo noveno transitorio de la reforma constitucional, se creó una instancia de coordinación, integrada por representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con la participación del sector académico y la sociedad civil, así como de las Conferencias de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y de Presidentes de Tribunales, que opera a través de una secretaría técnica, que tienen como finalidad coadyuvar y apoyar a las autoridades locales y federales cuando así se lo soliciten. Que esta LXI Legislatura federal no debe permanecer pasiva, toda vez que el papel del Poder Legislativo no se limita a la expedición de leyes, sino que la creación de la norma se ve culminada hasta que cobra vida y cumple el propósito de su formulación;

V. Concluye, no se debe ignorar que la presente legislatura tiene en puerta, además, y como parte del mismo proceso de transformación del modelo de justicia penal, la expedición de las leyes penales federales, básicamente el Código Penal Federal, el de Procedimientos Penales y de manera relevante la adecuación de la Ley de Amparo, así como las leyes en materia de readaptación o reinserción social, y en el ámbito del crimen organizado y vigilar que los diversos ordenamientos reglamentarios de la materia que acompañen sean congruentes con la reforma constitucional; sólo de esa manera podrán despejarse lo que hasta hoy han sido incógnitas y reservas hacia el cambio de modelo penal, en este sentido el Ejecutivo federal debe asumir la responsabilidad de proponer los “institutos jurídicos” para materializar la modificación integral del marco normativo concebido. Que son varios los estados de la república que han implementado el procedimiento oral bajo los principios del sistema acusatorio; por tanto, este órgano legislativo no puede mantenerse inactivo durante el periodo de transición, que se concibió para llevar a cabo de manera ordenada y gradual, por lo que el suscrito formula el siguiente

“Punto de Acuerdo: Por el que se solicita exhortar al Poder Ejecutivo federal, por conducto del titular de la Secretaría de Gobernación, para que en uso de sus atribuciones de iniciativa de leyes, proponga el cuerpo de normas secundarias que han de acompañar la implementación del nuevo modelo de justicia penal, concebido en la reforma constitucional publicada el dieciocho de junio de dos mil ocho. Y solicita que el presente punto de acuerdo sea turnado a la Primera Comisión de la Comisión Permanente de este honorable Congreso de la Unión.”

III. Consideraciones

La comisión dictaminadora coincide parcialmente con los planteamientos del autor de la proposición, conforme a las siguientes consideraciones: que el Decreto de Reforma Constitucional en materia de Justicia Penal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del año 2008, obliga a la federación, los estados y el Distrito Federal a expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios, a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio; asimismo, el artículo segundo transitorio del citado decreto señala que:

“Segundo. El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este decreto.

En consecuencia, la federación, los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio. La federación, los estados y el Distrito Federal adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito.

En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se refiere el párrafo anterior, los poderes u órgano legislativos competentes deberán emitir, asimismo, una declaratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales, en la que señale expresamente que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías que consagra esta Constitución empezarán a regular la forma y términos en que se substanciarán los procedimientos penales.”...

De igual forma, la comisión dictaminadora toma en cuenta que si bien es cierto que el citado artículo transitorio establece un plazo mediante el cual se deberá llevar a cabo la expedición o modificaciones de los ordenamientos legales que sean necesarios, a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio, tanto el Ejecutivo federal, como los estados y el Distrito Federal se encuentran en tiempo y forma para la adecuación de los diversos ordenamientos; por lo que, no se considera pertinente exhortar al Poder Ejecutivo federal, por conducto del titular de la Secretaría de Gobernación, para que en uso de sus atribuciones de iniciativa de leyes, proponga el cuerpo de normas secundarias que han de acompañar la implementación del nuevo modelo de justicia penal, concebido en la reforma constitucional publicada el dieciocho de junio de dos mil ocho.

Es de resaltarse la importancia del conjunto de cuerpo de normas secundarias que han de acompañar la implementación del nuevo modelo de justicia penal, las cuales pudieran ser propuestas como lo afirma el proponente por el titular del Ejecutivo federal; sin embargo, el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta también a los diputados y senadores al Congreso de la Unión y a las legislaturas estatales a iniciar leyes o decretos; en razón de lo anterior, para dar continuidad y seguimiento al asunto planteado, la comisión dictaminadora considera pertinente solicitar información precisa al titular del Ejecutivo federal en relación con los avances en la implementación del nuevo modelo de justicia penal, sin soslayar el exhorto para que adopte las acciones y medidas administrativas necesarias y convenientes para impulsar los trabajos de la instancia de coordinación competente para agilizar y fortalecer las acciones encaminadas a concluir, presentar y, en su caso, publicar y dotar de vigencia a las normas correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia–, somete a la consideración del pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 45, numerales 1, 3 y 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exhorta al Ejecutivo federal, a través del titular de la Secretaría de Gobernación, remita a esta soberanía información relativa de los avances en la implementación del nuevo modelo de justicia penal, correspondiente a la reforma penal publicada el 18 de junio de 2008.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, México, DF, a 12 de enero de 2010.

La Primera Comisión Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia: Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), presidente; senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), diputado Javier Corral Jurado(rúbrica), senador Jesús Garibay García (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, senador José González Morfín (rúbrica), senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Óscar Martín Arce Paniagua, diputado Adán López Hernández, senador Arturo Escobar y Vega, diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido.

Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

Continúe la Secretaría dando lectura a los puntos de acuerdo del dictamen de la Primera Comisión de Trabajo.

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Dictamen de la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Permanente, con punto de acuerdo en relación con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Radilla Pacheco versus Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo con relación a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo “Antecedentes” se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;

II. En el capítulo correspondiente al “Contenido” se exponen los motivos y el alcance de la propuesta en estudio;

III. En el capítulo “Consideraciones”, la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar las proposiciones en análisis.

I. Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 22 de diciembre de 2009, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

II. Contenido

I. En el contenido de la proposición con punto de acuerdo, la suscrita, diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se refiere a lo que llama desaparecidos políticos en México y lo considera como una deuda histórica con los familiares, amigos y víctimas;

II. Señala que tal es el caso de los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco, “quienes después de décadas de agotar las instancias internas en México acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, afirmando que el pasado 23 de noviembre de 2009 condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco y reconociendo la existencia de un contexto de violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos; además, mandató continuar con la búsqueda del señor Rosendo Radilla o, en su caso, de sus restos mortales. Para ello, el Estado deberá tener en cuenta la existencia de los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones a los derechos humanos; y

III. Finalmente, señala que entre los elementos más importantes que la Corte ordenó está el reconocimiento del contexto histórico mexicano, la confirmación de la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, la violación al debido proceso y al acceso a la justicia de éste y sus familiares, la determinación de la incompatibilidad de la aplicación de la justicia militar en casos de graves violaciones de derechos humanos con los estándares internacionales, la falta de adecuación de la legislación interna a la definición internacional de desaparición forzada y, finalmente, las reparaciones a las víctimas, por lo que formula el siguiente

“Punto de Acuerdo: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al ciudadano Fernando Gómez Mont Urueta, titular de la Secretaría de Gobernación, a implantar los mecanismos para que el gobierno mexicano dé cabal cumplimiento a la sentencia de fecha 23 de noviembre de 2009, relativas al caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.”

III. Consideraciones

La comisión dictaminadora reconoce que los derechos humanos desde su creación institucional y normativa, como hoy los concebimos, yacen del año 1945 con la carta de San Francisco, donde se disponen principios y valores universales de respeto a todos los derechos y libertades del ser humano para acceder a una vida de calidad, donde impere la justicia, la igualdad, el respeto, la paz y con ello el desarrollo de un Estado democrático.

La comisión dictaminadora acoge para sustentar lo anterior un concepto dado por Antonio Enrique Pérez Luño, donde refiere que los derechos humanos son un conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional.*

Por tanto, la comisión dictaminadora coincide en que el Estado mexicano debe de respetar y difundir los derechos humanos mediante mecanismos institucionales y con pleno apego a las leyes nacionales y documentos internacionales que sean ratificados y aprobados por las instituciones del poder público que corresponden.

En este sentido, la comisión dictaminadora señala que la Convención Americana sobre Derechos Humanos es un instrumento regional de protección y difusión de derechos humanos, que siguió el debido proceso interno para que formara parte del orden jurídico mexicano, siendo en 1981 cuando México ratifica y aprueba la adhesión a la Convención.

La comisión dictaminadora cita los artículos y fracciones constitucionales que son fundamento para ratificar y aprobar instrumentos internacionales, siendo los siguientes:

Artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala lo siguiente:

Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes:

“X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre éstos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;”

Artículo 133 constitucional, que a la letra dice lo siguiente:

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con ésta, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.”

El artículo 76 constitucional, fracción primera, párrafo segundo, que señala lo siguiente:

I. ...

“Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre éstos.”

De tal forma que conforme a lo anterior, los tratados internacionales celebrados por el presidente de la República, con aprobación del Senado, son la ley suprema de toda la unión.

Asimismo, la comisión dictaminadora toma en cuenta el artículo 62 de la Convención Americana de Derechos Humanos que refiere

1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención.

...

También, la comisión dictaminadora corrobora que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia del caso referido a la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco, con fecha 23 de noviembre de 2009.

La comisión dictaminadora reconoce la postura del gobierno federal, después de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encontrándose lo siguiente: Que el 15 de diciembre de 2009, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado de prensa mediante el cual la secretaría señala que “en cumplimiento con el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual México es parte desde 1981, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es definitivo e inapelable. Asimismo, en virtud del compromiso adquirido por el Estado mexicano en diciembre de 1998, al ratificar la competencia contenciosa de ese tribunal, es su obligación internacional cumplir con la sentencia. Por tanto, el gobierno de México llevará a cabo todas las acciones necesarias para ejecutar la sentencia de ese órgano jurisdiccional y que el gobierno de México reitera su firme compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos en todo el país”.

La comisión dictaminadora concluye que considerando que los instrumentos internacionales de derechos humanos son complementarios de la leyes mexicanas y que las convenciones al tener una naturaleza jurídica vinculante, el gobierno mexicano ha tomado la debida postura de dar cumplimiento de lo resuelto por la Corte Interamericana ya que reconoció la competencia contenciosa el16 de diciembre de 1998, pero deberá trasladarlo a los hechos.

Por tanto, la comisión dictaminadora considera procedente el exhorto al titular de la Secretaría de Gobernación, considerando que si hay adelantos sobre el cumplimiento de la resolución definitiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se solicita que proporcione un informe sobre la situación que guarda el cumplimiento de la sentencia.

Por lo expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia somete a la consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez Mont Urueta, a implantar los mecanismos para que el gobierno mexicano dé cabal cumplimiento a la sentencia de fecha 23 de noviembre de 2009 relativa al caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 45, numerales 1, 3 y 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano solicita al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont Urueta, sirva remitir un informe acerca de las acciones que haya realizado o se estén realizando sobre la situación que guarda el asunto concerniente a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el caso Radilla Pacheco.

Nota:

* Pérez Luño, Antonio Enrique. Delimitación conceptual de los derechos humanos en la obra colectiva: los derechos humanos. Significación, estatuto jurídico y sistema. Ediciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 1979, página 43.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.– México, DF, a 12 de enero de 2010.

La Primera Comisión Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia:Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), presidente; senador María del Socorro García Quiroz (rúbrica), diputado Javier Corral Jurado (rúbrica), senador Jesús Garibay García (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), senador José González Morfín (rúbrica), senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Óscar Martín Arce Paniagua, diputado Adán López Hernández, senador Arturo Escobar y Vega, diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno...

El senador Guillermo Tamborrel Suárez(desde la curul): Señor presidente, pido el uso de la palabra.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Algún otro senador o diputado desea participar? Tiene el uso de la palabra, señor senador.

El senador Guillermo Tamborrel Suárez: Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Acudo a esta tribuna a hablar en pro del punto de acuerdo; sin embargo, debo señalar que el punto de acuerdo hace generalizaciones con las que no estoy de acuerdo. No acepto que se diga que las fuerzas militares y policíacas, así, de manera general, participaron en detenciones y desapariciones forzadas.

Además, es de señalarse que el Ejecutivo federal ya expresó su total disposición de acatar la sentencia, motivo del presente punto de acuerdo, a través de un comunicado de prensa de la Secretaría de Gobernación el pasado 15 de diciembre, y cito: En cumplimiento con el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual México es parte desde 1981, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es definitivo e inapelable. Asimismo, en virtud del compromiso adquirido por el Estado mexicano en diciembre de 1998, al ratificar la competencia contenciosa de ese tribunal, es su obligación internacional cumplir con la sentencia. Por tanto, el gobierno de México llevará a cabo todas las acciones necesarias para ejecutar la sentencia de ese órgano jurisdiccional y que el gobierno de México reitera su firme compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos en todo el país.

Votaremos a favor, porque aunada a la obligación ética de hacerlo porque es un acto de justicia, votaremos a favor, sobre todo, porque no queremos que las desapariciones forzadas regresen al país.

En el pasado no contábamos con los espacios idóneos para expresarse en contra de las acciones del gobierno, afortunadamente hoy ya tenemos dichos espacios y hoy el Congreso de la Unión es uno de ellos.

Sin embargo, debemos seguir avanzando. Es necesario pasar del posicionamiento que sólo critica, que sólo destruye, divide y polariza y no propone, a un debate constructivo en el que se señalen los problemas, los errores y las deficiencias, sí, pero que también proponga soluciones.

Un debate en el que se acuda con argumentos y no con intereses personales o de grupo; en el que se acuda sin prejuicios ni resentimientos. En suma, acudir al diálogo con la convicción de convencer, pero también con la disposición de ser convencido por la contraparte. Sólo así evitaremos una nueva guerra sucia. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor senador. No habiendo quien haga uso de la palabra, se considera suficientemente discutido.

Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobados los puntos de acuerdo.

Le pido a la Secretaría continúe dándole lectura a los puntos de acuerdo del dictamen de la Primera Comisión de Trabajo.

SEGURIDAD PUBLICA EN MEXICO

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Dictamen de la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Permanente, con punto de acuerdo por el que se convoca a comparecer al secretario de Seguridad Pública federal, ingeniero Genaro García Luna, con la finalidad de que informe a este órgano legislativo sobre el estado que guarda la seguridad pública en México

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fueron turnadas para su debido estudio y posterior dictamen las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:

1. Para solicitar la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, ingeniero Genaro García Luna, para que informe cuál es el estado que guarda la seguridad pública en México, suscrita por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2. Relativo al operativo militar efectuado por las fuerzas especiales de la Armada de México en la colonia Lomas de Selva, en Cuernavaca, Morelos, presentada por el senador José Guadarrama Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Primera Comisión, someten a la consideración del honorable pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo de antecedentes se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de las referidas proposiciones con punto de acuerdo;

II. En el capítulo correspondiente al contenido se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio;

III. En el capítulo de consideraciones la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de las propuestas y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar las proposiciones en análisis.

I. Antecedentes

Las proposiciones con punto de acuerdo que se citan en el proemio, fueron registradas en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha martes 5 de enero de 2010 y martes 22 de diciembre de 2009, respectivamente, y turnadas para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

II. Contenido

I. En el contenido de la primera proposición con punto de acuerdo, el suscrito diputado Jorge Carlos Ramírez Marín del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, manifiesta que el año 2009, en materia de seguridad, dejó para el país un saldo indeseable, por caótico y dramático, y que hubo también golpes espectaculares al crimen organizado asestados básicamente por las fuerzas armadas nacionales;

II. Continúa señalando, que en no pocas ocasiones, la lucha contra la delincuencia se realiza más allá del estado de derecho, por encima del estado de derecho o lamentablemente, sin estado de derecho;

III. Refiere que el problema de la inseguridad tiene comprometida la vida social del país y que de no resolverse, puede quitar viabilidad al Estado mexicano, por lo que resultan urgente mejores leyes y un sistema integral de seguridad;

IV. Señala que se necesita un aparato real de información y estrategia nacional pues no queda claro ante el Congreso de la Unión cómo se logrará una coordinación internacional cuando aún no es clara la logística nacional;

V. Menciona que es imprescindible que la sociedad tenga la seguridad que nuestra respuesta de fuerza como Estado, obedece a la ley, se somete a la ley y está absolutamente subordinada a la Constitución y normas de la materia;

VI. Finalmente, manifiesta que trágicos hechos confirman la necesidad de que la Comisión Permanente convoque al responsable de la coordinación de esta lucha, de esta tarea que tiene trascendencia, que va mucho más allá de la simple acción de las armas, por lo que formula el siguiente:

Punto de Acuerdo: Por el que se solicita que la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerde la comparecencia del secretario de Seguridad Pública Federal, ingeniero Genaro García Luna, ante el pleno de dicho cuerpo colegiado, a efecto de que informe cuál es el estado que guarda la seguridad pública en México.

VII. Por lo que se refiere a la segunda proposición con punto de acuerdo el proponente senador José Guadarrama Márquez, del Grupo Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, refiere que el pasado jueves 16 de diciembre tuvo lugar en Cuernavaca un espectacular operativo militar en el que perdió la vida el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva y que dicho operativo efectuado por fuerzas especiales de la Armada de México ha dejado tras de sí “un mar de dudas y especulaciones”, por lo que esto ha hecho más evidente que nunca, la vulnerabilidad de los cuerpos militares y policiacos;

VIII. Señala que las “imágenes transmitidas por la televisión dieron cuenta de la forma en la que los efectivos militares que rodeaban la zona tenían que improvisar para hacer frente a los imprevistos de un operativo que a todas luces y en todo momento estuvo fuera de control”. Señala que la prensa escrita detalla la forma en la que los vecinos de la zona residencial ni siquiera fueron avisados o evacuados para salvaguardar y garantizar su seguridad;

IX. Continúa el proponente señalando, que la inexplicable manipulación y vejación del cadáver de Arturo Beltrán Leyva, así como la foto del narcotraficante bañando en sangre y cubierto de joyas y billetes le ha dado la vuelta al mundo y ha puesto de manifiesto la peor cara de la estrategia del gobierno federal en la lucha contra la delincuencia;

X. Finalmente, manifiesta que el secretario de Gobernación ha señalado que se encuentran realizando una investigación para determinar quien manipuló el cadáver para tomar fotos aberrantes, por lo que formula el siguiente:

Punto de Acuerdo: Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de Gobernación un informe detallado sobre la participación de las fuerzas especiales de la Marina en el operativo efectuado el pasado 16 de diciembre de 2009 en la colonia Lomas de Selva, en Cuerna vaca, Morelos; y segundo: La honorable Comisión Permanente condena la manipulación y vejación con efectos propagandísticos del cadáver de Arturo Beltrán Leyva y exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a garantizar la sujeción, de la lucha contra la delincuencia organizada, al estado de derecho y a la vigencia de los derechos humanos. 11

III. Consideraciones

La comisión dictaminadora considera que por la coincidencia de fondo en la materia, en cuanto a que ambas proposiciones tienen por objeto referirse al tema de la Seguridad Pública en México, es pertinente por racionalidad práctica y economía procesal parlamentaria, atenderlas en un mismo dictamen.

La comisión dictaminadora coincide en la urgente necesidad que el Estado tiene en abatir a la inseguridad pública, mejorando la eficacia con políticas públicas integrales en la materia para lograr la finalidad estatal de este rubro, que es el brindar seguridad pública a los mexicanos.

En este sentido, la comisión dictaminadora señala que el fundamento constitucional de la seguridad pública se encuentra en el artículo 21, párrafo noveno que textualmente señala:

“La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.”

Por ello, y por su incidencia en la sociedad en momentos de crisis y al ser la seguridad pública tarea nodal del Estado mexicano, es que resulta insoslayable y urgente adoptar medidas que promuevan la implementación de programas para resolver la coordinación nacional entre las diferentes dependencias a cargo de la Seguridad Pública Federal, y en sus demás ordenes de gobiernos;

Por lo anterior, se considera necesario, oportuno y procedente para conocer dicha información, utilizar el mecanismo de colaboración de poderes, que es el de comparecencia para convocar al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Ingeniero Genaro García Luna a que informe ante pleno de la Primera Comisión de la Comisión Permanente, el estado que guarda la seguridad pública en México.

En relación, con la segunda proposición con punto de acuerdomencionada, la comisión dictaminadora manifiestan su coincidencia con los planteamientos formulados por el proponente de la proposición que se dictamina y se está de acuerdo que los hechos citados efectivamente acontecieron el pasado 16 de diciembre de 2009, que se conocieron por diversos medios de comunicación, donde personal de infantería de Marina de la Armada de México, llevó a cabo un operativo en la colonia Lomas de Selva en Cuernavaca, Morelos, resultando la muerte del presunto narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, así como la publicación de diversas fotos sobre el mismo.

En este sentido, se afirmó por la Secretaría de Marina y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, que la escena del crimen pudo haber sido manipulada, por lo que se determinó iniciar procesos administrativos y penales contra funcionarios del Servicio Médico Forense del estado de Morelos, resultando la suspensión provisional de seis empleados de éste;

También la comisión dictaminadora está a favor de la transparencia en la información de los asuntos de interés público, por lo que coincide con el proponente en solicitar la información necesaria al secretario de Gobernación del asunto manifestado, ya que éste ha señalado que se encuentran realizando una investigación para determinar quien manipuló el cadáver para tomar fotos aberrantes.

La comisión dictaminadora manifiesta, que cada órgano del Estado mexicano debe cumplir con las tareas explícitas e implícitas en el marco de la colaboración de poderes señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia–, somete a la consideración del pleno, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, convoca al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, ingeniero Genaro García Luna a que comparezca para que informe al pleno de la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, el estado que guarda la seguridad pública en México.

La Primera Comisión realizará los actos preparatorios para dicha reunión de trabajo, establecerá el formato de ésta y con la intervención del presidente de la Comisión Permanente determinará la fecha y hará la invitación correspondiente para realizarla.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 45 numerales 1, 3 y 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano solicita, al titular de la Secretaría de Marina, remita a esta Soberanía, un informe detallado sobre la participación de las fuerzas especiales de la Marina en el operativo efectuado el pasado 16 de diciembre en la colonia Lomas de Selva, en Cuernavaca, Morelos.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, México, DF, a 12 de enero de 2010.

La Primera Comisión Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia:Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), secretario; diputado Javier Corral Jurado (rúbrica), secretario; senador Jesús Garibay García (rúbrica), secretario; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica); diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), senador José González Morfín (rúbrica), senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Óscar Martín Arce Paniagua, diputado Adán López Hernández, senador Arturo Escobar y Vega, diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor secretario. Están a discusión los puntos de acuerdo.

El senador José Guadarrama Márquez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, señor senador.

El senador José Guadarrama Márquez (desde la curul): Para hablar a favor del dictamen.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Por favor, haga uso de la palabra.

El senador José Guadarrama Márquez: Señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en el punto de acuerdo que habíamos puesto a consideración de este pleno y que se turnó a la Primera Comisión, habíamos solicitado el informe del secretario de Gobernación, en virtud de ser la cabeza del gabinete de seguridad. El dictamen nos solicita la aprobación el día de hoy, con el informe del secretario de Marina.

El interés, indudablemente, que hemos mantenido es para que este informe nos pueda clarificar y podamos conocer directamente la estrategia que el gobierno federal está llevando contra el crimen organizado.

La preocupación es que en este operativo de Lomas de la Selva, en Cuernavaca, el Ejército fue mantenido al margen. Indudablemente obedece al desgaste que ha venido teniendo por darle actividades que no corresponden al Ejército mexicano; pero han permeado en la sociedad mexicana una serie de rumores, de comentarios en torno a la infiltración del crimen organizado en los cuerpos policíacos, incluso, en éste, al mantener al Ejército, se ha manifestado que al propio Ejército mexicano.

No queremos caer, desde luego, en una crítica al instituto armado, el más prestigiado que tiene nuestro Estado mexicano; pero sí es importante que esta estrategia la conozcamos a fondo y sepamos el rumbo que va a tener esta lucha contra la delincuencia organizada.

Sin duda este informe es sumamente importante, pero también nos preocupa que en estos operativos, como en éste que perdió la vida el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, se den estas aberrantes fotografías de un cadáver bañado en sangre, cubierto de billetes y de joyas, y que no encontremos una explicación de ninguna autoridad, y que, desde luego, a ninguno convence la explicación que dio el secretario Gómez Mont sobre quién fue el responsable de esta situación.

En tal virtud, creemos importante que este informe que tenga la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, nos permita ver esta estrategia de gobierno en contra de la delincuencia organizada, porque esta foto, este operativo, estas circunstancias en que se han dado tantos rumores y tantos comentarios, apuntan a que la estrategia ha ido fallando y que necesitamos, en esta Comisión Permanente, discutir debidamente con los responsables la estrategia que tanto requiere el pueblo mexicano.

Desde luego, señor presidente, votaremos a favor del dictamen, pero sí quería hacer el comentario de que nosotros habíamos solicitado que el informe fuera de la cabeza del gabinete de seguridad. Desde luego, también exhortamos, como lo hicimos en el punto de acuerdo, al titular del Poder Ejecutivo, de apegarse estrictamente al estado de derecho en el combate contra la delincuencia y el respeto a los derechos humanos. Es todo presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor senador. Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Arturo Zamora Jiménez.

El diputado Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, presidente, para hablar a favor de este punto de acuerdo. En nuestro grupo parlamentario tenemos conciencia de lo que debe ser el verdadero y auténtico estado de derecho. Ésa es la razón por la que nuestro vicecoordinador, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, solicitó precisamente un punto de acuerdo, con la finalidad de que compareciera ante esta soberanía el ingeniero Genaro García Luna, para que explique una serie de dudas que existen en el seno de nuestro grupo parlamentario.

Nosotros consideramos que es importante que se defina para nuestro país cuáles son las políticas públicas que se van a seguir dando en materia de seguridad y, sobre todo, en materia de evitación de los delitos, esto es en materia de la procuración de los derechos de tantas víctimas inocentes que también han muerto en esta llamada guerra contra el crimen organizado.

Como grupo parlamentario también apoyamos el hecho de que haya una comparecencia en el seno de esta Primera Comisión de quien es el responsable –jurídicamente hablando– de los asuntos de la seguridad pública y, por supuesto, de la garantía de todos los derechos, de todos y cada uno de los derechos de los ciudadanos mexicanos, en el ámbito de lo que pudiéramos decir su patrimonio, su vida y sus libertades.

Nosotros por esa razón compartimos el hecho de que se lleve a cabo esta comparecencia,  porque no estamos de acuerdo en que las políticas públicas de quien está a cargo de enfrentar la violencia urbana, la violencia rural y el crimen organizado sean más en el sentido de dar a conocer anticipadamente las estrategias.

Una estrategia que se comunica deja de ser estrategia y el día  de hoy tuvimos un ejemplo en el sentido de que el responsable de la seguridad en este país acaba de dar a conocer que en un estado del norte del país se iniciará el día de mañana un operativo. ¿Qué sentido tiene que el responsable de la seguridad avise a los delincuentes que en ese lugar se va llevar a cabo un operativo?

Nos parece que hay muchas dudas y hay bastantes cosas que campean en el ambiente que tienen que dar respuesta. Repito, una estrategia que se anticipa es una estrategia que huele en ocasiones incluso a complicidad o a mensaje o a aviso.

Ésa es la razón por la que nosotros, como grupo parlamentario, seguiremos en el camino que nos permita establecer el mantenimiento de un auténtico estado de derecho. Y esa es la razón por la que estamos muy interesados de participar en una comparecencia que enriquezca las posibilidades de solución al problema tan grande y fuerte que los mexicanos estamos viviendo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el senador Escobar y Vega.

El senador Arturo Escobar y Vega: Gracias, presidente. Coincidiendo con el diputado Arturo Zamora, yo buscaría establecer una diferenciación en lo que tiene que ver con una responsabilidad que debe tener el Congreso mexicano sobre sí conocer la estrategia general que está llevando a cabo el Estado, que están llevando a cabo las Fuerzas Armadas, las fuerzas policíacas en contra del crimen organizado.

Coincido con el diputado Zamora en que no tenemos por qué conocer, ni nosotros ni nadie, ni fechas de operativos ni mecanismos de investigación que se están realizando para llegar al fondo, pero por supuesto que tenemos que conocer cuál es la estrategia general que realiza el Estado mexicano.

Es tal la desesperación del pueblo mexicano, que inclusive se oyen voces de que se debería negociar con el crimen organizado para encontrar mecanismos o vínculos de paz y recuperación de espacios públicos.

El problema que tenemos como Congreso y como poder, que se supone que representa a la ciudadanía, es que tampoco tenemos información. Estamos absolutamente facultados para conocer cuál es el plan general, ¿cuál es el tiempo razonable que van a durar las Fuerzas Armadas en las calles? ¿Qué mecanismos de investigación, en materia de investigación bancaria y recursos económicos, se están realizando para detener el flujo de recursos económicos, de recursos de procedencia ilícita? Eso tampoco lo conocemos.

Por decir un ejemplo: en el Congreso norteamericano se cita a los secretarios de Defensa, de Marina y de la Armada de manera mensual, para conocer cómo van avanzando en la guerra en Afganistán o en Irak. En México no lo hacemos.

Ojalá no asumamos con la comparecencia del secretario de Seguridad Pública a una comparecencia política. De nada nos serviría. Ésta es una comparecencia que tiene que ver con dotarnos de información de adónde vamos, qué rumbo queremos, cuál es el objetivo, para cuándo acabaremos, qué resultados debemos esperar en el año 2010, cómo se invierten, cómo se gastan los recursos económicos, cómo nos van a comprobar que se están gastando con el destino correspondiente. Ésa tiene que ser la materia de la comparecencia.

Hago un exhorto a mis compañeros de la Primera Comisión, para que podamos el próximo martes llevar a cabo una reunión con el secretario, que tenga como objetivo final dotarnos de información para llevarla a los ciudadanos, llevarla a nuestros partidos, comunicarle a los medios de comunicación y darle un consuelo a la gente, una esperanza de que algún día esta guerra va a terminar, y de que el gobierno mexicano y que el Estado mexicano tienen un objetivo común, un objetivo claro y una estrategia inteligente para detener el crimen organizado que amenaza nuestra libertad. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, senador Arturo Escobar y Vega. Tiene la palabra el diputado Carlos Pérez Cuevas.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas: Con su venia, señor presidente. Señores legisladores, sólo para fijar la postura del Partido Acción Nacional en cuanto a este tema. Con gusto también esperaremos esta comparecencia para saber a detalle cómo está la seguridad pública en el país.

También nosotros tenemos dudas y preguntaremos sobre la responsabilidad que corresponde a los diversos órdenes de gobierno. No está por demás recalcar, desde esta tribuna, que la seguridad pública no admite tintes ni colores ni distingos de partido.

Celebramos, con quien me antecedió en la palabra, que ojalá esa comparecencia sea una comparecencia para pedir datos, los que se puedan conocer en torno a una estrategia que también es complicada y difícil de manejar, dada la problemática que todos sabemos de la infiltración de las células delincuenciales en los cuerpos policiacos de todos los órdenes de gobierno, y hoy en este debate que se genera, incluso de lo que se ha llamado la narcopolítica.

Por eso ojalá las preguntas y los cuestionamientos sean en torno a lo que implementa esta estrategia para el bien de las familias mexicanas. No con un tinte partidista. No con una intención de tratar de hacer mella en un trabajo que implica la responsabilidad de velar por el bien de todos.

Ése es el llamado que hacemos a nuestros compañeros legisladores y la bancada de Acción Nacional estará muy atenta en esa comparecencia, para estar también preguntando sobre la corresponsabilidad, sobre el trabajo conjunto que hayan hecho los señores gobernadores de los estados y los presidentes municipales, que mucha responsabilidad tienen en este tema.

Ojalá derivado de esa comparecencia saquemos aquí, en el Congreso de la Unión, los señores senadores y diputados, la parte que nos corresponde para legislar y ayudar a que esta estrategia tenga buenos resultados.

Las Fuerzas Armadas no están en la calle por gusto. Las Fuerzas Armadas no han llegado a las entidades federativas o municipales porque así ellos lo hayan premeditado. Ellos han llegado por petición de presidentes municipales y de gobernadores, en el trabajo de manera subsidiaria y solidaria para en conjunto atacar este flagelo.

Es cuanto, señor presidente; es cuanto, señores legisladores, y estaremos al tanto de esa comparecencia.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Pérez Cuevas. Tiene la palabra el senador Ricardo Monreal Ávila.

El senador Ricardo Monreal Ávila: Gracias, ciudadano presidente. En diciembre de 2006 el señor Calderón lanzó oficialmente su guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado. Lo hizo motivado por dos factores: para atender la principal demanda ciudadana en ese momento, que era la seguridad; pero también para buscar la legitimación política que no había obtenido en las urnas. Sacar al Ejército a las calles y fotografiarse con una casaca militar buscando objetivos mediáticos ruidosos y emblemáticos.

Recuerdo muy bien que la guerra se justificó oficialmente con cuatro objetivos: recuperar territorios ocupados por el crimen organizado; desmantelar las redes de protección del narcotráfico; disminuir la violencia y la inseguridad en el país y disminuir las adicciones entre la población, sobre todo entre la población joven.

Para ello el gobierno solicitó y la mayoría del Congreso lo concedió, armas constitucionales, legales y presupuestales, para lanzar esta guerra y ganarla sin excusas ni pretextos.

Hoy, a tres años de iniciada esa embestida, tenemos indicadores y argumentos de sobra para evaluar si la guerra va por buen camino o es el momento de corregir su rumbo y su curso. Lejos de recuperar los territorios que dominaba el crimen en el 2006, sus dominios se han ampliado. Hoy existen regiones en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Aguascalientes, Oaxaca, Guanajuato, Puebla, Chihuahua, Colima, todos los estados donde el crimen no sólo controla la droga, sino el comercio informal, el cobro de impuestos, el secuestro, la extorsión, los taxis piratas, los giros negros, la venta de protección, la venta a comercios pequeños y medianos, todas las actividades son controladas por el narcotráfico y por el crimen organizado.

Las redes de protección al narcotráfico siguen intactas. Buena parte del fracaso de esta guerra se explica porque el enemigo está dentro, en las propias filas de las autoridades, de los órganos policíacos. Hay una impunidad, hay una cohabitación y contubernio con los capos y con el crimen organizado.

Hoy tenemos más ejecuciones y desapariciones en las calles, mucho más que cuando empezó esta guerra. De 2000 a 2006 pasamos a 7 mil 500 ejecuciones el año pasado, superando las 15 mil muertes violentas en la vía pública y sumando ya cerca de 4 mil las personas desaparecidas en los últimos tres años.

Esto es un récord mundial que no lo tiene ni Ruanda ni Somalia, países que han sido acusados de genocidio y violadores sistemáticos de derechos humanos en los tribunales internacionales.

La violencia que se ha tenido en México no tiene precedente. La inseguridad ocupa el primer lugar de las preocupaciones, junto con el desempleo y el aspecto económico. Es enorme la preocupación de la población y se agravan las adicciones a la droga entre la población joven, que están creciendo más que el alcohol.

Hoy los jóvenes están acudiendo a las drogas como una salida falsa frente a los problemas de desempleo y de falta de incorporación a un sistema confiable.

En resumen, no se ha avanzado nada. Se ha potenciado el mal que se buscaba eliminar. En lugar de contener, aislar y extirpar el tumor canceroso, se ha venido a generar con más problema y ha venido a invadir el resto del cuerpo humano, que es la sociedad. Por eso es grave lo que está pasando y por eso nos sumamos a la comparecencia. Vamos a votar a favor de la comparecencia del secretario de Seguridad Pública.

El país vive momentos aciagos. El crimen organizado ya se apoderó de toda la actividad económica. Ahora hay un gran peligro porque en los 15 estados del país donde habrá elecciones el crimen organizado estará presente y no hay autoridad.

Yo estuve el día de ayer en una población alejada, en Zacatecas. Fui con motivo del sepelio de un amigo. Es una población que se llama Nieves y son cinco mil personas las que viven ahí. Pues ahí hay un grupo que se dedica a extorsionar, a secuestrar y a lastimar a los ciudadanos de Nieves. Son intocables. Es un grupo de tres, de cuatro, identificado.

Todo mundo lo sabe y todo mundo lo sabe en cualquier municipio. Traen camionetas sin placas, dentro de los vehículos traen armas prohibidas o sólo del uso exclusivo del Ejército. Todo mundo sabe quiénes son, pero nadie se atreve, ninguna autoridad, a sancionarlos, a procesarlos o a detener este gran problema de extorsión, secuestro, intimidación y protección ilegal a los comercios –cobro de impuestos, señores–.

Son los que deciden a quién instalar en los tianguis, son los que deciden qué comercio dejar. Ayer, en Ciudad Juárez, quemaron 12 autobuses o camiones de personas que se negaron a pagar el derecho a la protección de una empresa de autotransportes. Al pequeño comercio, al restaurante, al que vende discos en la plaza pública o en la vía pública, ése tiene que pagar derecho de piso.

Es una guerra fallida la que el gobierno federal ha emprendido contra el crimen organizado, carente de inteligencia, carente de estrategia, carente de objetivos claros. Es simplemente un efecto mediático, ruidoso, sin ninguna consecuencia ni eficacia en beneficio de la sociedad.

Por eso aquí lo esperaremos no sólo para que nos dé cifras, sino para pedirle cuentas, para pedirle cuentas sobre los resultados de esta lucha sin cuartel contra el crimen organizado en la que estamos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es en la estrategia que han emprendido y que es ineficaz, torpe y fallida.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor senador. Tiene la palabra el diputado Roberto Gil.

El diputado Roberto Gil Zuarth: Gracias, presidente. En otros países, en otros parlamentos con fuerzas democráticas responsables, frente a un flagelo como la delincuencia organizada, el narcotráfico, con un propósito tan claro como la seguridad pública y también la seguridad nacional, otros discursos se escuchan.

Otros discursos se escuchan en las paredes de los parlamentos y otros discursos escuchan los ciudadanos que están esperando de las fuerzas democráticas unidad de propósitos, claridad y tensión, y sobre todo, sobre todo, cohesión de voluntad en la persecución de la causa de devolver la tranquilidad a las familias, y en este caso, a las familias mexicanas.

Se habla de estrategia fallida, se habla de estrategia mediática y no se dicen muchas cosas, ¿cuál es la alternativa? Pregunto, ¿cuál es la alternativa? ¿La alternativa son los pactos? ¿La alternativa son los acuerdos de las autoridades políticas, precisamente para que los delincuentes sienten sus reales en cada comunidad? ¿La alternativa es mirar atrás, bajar los brazos, rendir a la sociedad frente a los delincuentes y los criminales? ¿Ésa es la alternativa? ¿La alternativa es dejar atrás el problema, no buscar las soluciones, y simplemente llenar al Parlamento de discursos de intención? ¿Ésa es la alternativa?

Para Acción Nacional no hay alternativa, el Estado tiene que ejercer el monopolio de la coacción legítima y vencer a los delincuentes y a los criminales. Nosotros queremos que las Fuerzas Armadas mantengan y tengan bajo su responsabilidad esta conducción de una estrategia, porque es necesaria, porque es pertinente, porque es oportuna, porque además es urgente.

Nosotros no queremos ver a las Fuerzas Armadas regresando a los cuarteles, rendidos frente a los delincuentes. Nosotros queremos que el Estado mexicano y que la sociedad mexicana demuestre que es más fuerte que los criminales y que venzamos, de una vez por todas, a ese flagelo.

Quien quiere ver rendidas a las Fuerzas Armadas que lo diga en esta tribuna y que lo diga con responsabilidad.

Se dice que es una estrategia fallida y voy a dar datos. En los últimos 3 años se han roto todos los récords en la lucha contra la delincuencia organizada: 227 laboratorios destruidos, 389 millones de dólares decomisados, 30 mil 500 armas de guerra, 24 mil 900 armas cortas, 409 aeronaves, 310 embarcaciones, 22 mil 900 vehículos terrestres.

Los capos más sanguinarios, los líderes de todos los carteles, que tienen influencia en territorio nacional, están hoy bajo el resguardo de la justicia y serán presentados ante las autoridades correspondientes.

No hay ningún cártel que no haya sido combatido con toda la fuerza del Estado, porque la lucha contra la delincuencia organizada y los criminales se ha hecho con decisión, con voluntad democrática, pero, sobre todo, con responsabilidad política.

Por supuesto que desde Acción Nacional vamos a apoyar que el secretario esté presente ante el Congreso de la Unión, porque ésta también es una lucha que se debe encabezar con las instituciones y los resortes que da la democracia y el estado de derecho, y parte de esos resortes e instrumentos es, precisamente, el diálogo responsable y sereno entre el Gobierno de la República y las autoridades encargadas de la seguridad pública y nacional con el Congreso de la Unión.

Pero también exigimos con esa misma claridad que estamos combatiendo un enorme flagelo con los resortes del estado democrático de derecho, exigimos de los partidos de oposición sensibilidad, sensatez, pero sobre todo responsabilidad.

Ésta no es una lucha del Gobierno de la República de un signo o de otro. Ésta no es una lucha de unos funcionarios públicos contra unos criminales. Ésta es la lucha de toda la sociedad mexicana y de las instituciones contra un flagelo histórico, y nosotros vamos a respaldar esa lucha, porque queremos heredarle a nuestros hijos una mejor condición de vida. Quienes no quieran combatir y enfrentar a este flagelo que lo digan aquí y que se hagan responsables de sus dichos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Castro Cosío.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío: Compañeras y compañeros, yo creo que la nación entera reclama hoy resultados. Si de discurso se trata y calificativos se buscan para esconder las razones profundas que reclamamos la ciudadanía y algunos legisladores de distintos partidos, bastaría decir que hasta pena me da hablar de récords, de veras.

¿Por qué? Porque tenemos récords de muertos, de inocentes. No es un asunto de minimizar los resultados; hoy día cualquier ciudadano con una mínima información le dice a uno en dónde está la falla. Subsecretarios, directores, infiltración policíaca aceptada por el panismo en todos los niveles de gobierno, aceptada hace apenas unos minutos.

Una estrategia fallida no significa otra cosa que asumir responsabilidades. Se ha fracasado hoy. No lo decimos nosotros; se ha fracasado hoy, baste ver cuánta gente murió antier.

De un lado o del otro. ¿Cuánto va a seguir costando al pueblo de México esta guerra? Se inicia sin ninguna estrategia. Va a ser la segunda comparecencia del señor secretario de Seguridad Pública. Vino aquí, cómo han venido los otros, a oír con cinismo desgarrador. Oyen, oyen y no responden. No te oigo, no te veo, no hay razones, y si esgrime uno razones, te califican, y ya con eso basta para decir: voy a apoyar a los secretarios que estén presentes.

Claro, ¿qué les queda decir? Frente a su fracaso de la política de seguridad pública: la complicidad, el respaldar. ¿Qué? ¿El que sigan muriendo inocentes? Hemos planteado básicamente y estamos dando propuestas concretas.

El compañero del Partido Verde hizo una propuesta. Es irrefutable. No quieren ustedes, compañeros panistas, asumir responsabilidades. No nos las vengan a trasladar acá. Asúmanlas y digamos: ¡Eh, esto no está fallando! Es lo que les hemos dicho; no les hemos dicho otra cosa.

Corrijamos esa política que sólo está dejando muertos por doquier. No toman en cuenta a los gobiernos de los estados, a los ayuntamientos, qué esperanzas que se les tome en consideración. Soy ex alcalde. Jamás tenemos, exigiéndoles... jamás se ha visto como una responsabilidad nacional el que de perdida los alcaldes tengan un puesto en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Ni siquiera eso. Llegan los federales, atropellan a medio mundo, a todo mundo, sin ninguna consideración.

No es ésa la mejor estrategia. Hoy, cómo decir nosotros, decirles: nos sumamos a esta guerra fallida. Los resultados no están como para aplaudirse. Nosotros les decimos: panistas, escuchen a su pueblo, escuchen. Déjense de sorderas inútiles, vamos trabajando sobre estrategias.

Hay un planteamiento concreto hoy de inteligencia, de financiamiento, de qué manera nosotros podemos contribuir, cómo nos integramos a esa lucha y cómo no ser excluidos. Por supuesto que queremos participar, pero participemos con absolutos criterios de compartir responsabilidades.

No ha sido resuelto en ninguna ciudad. Vayan a Juárez, vayan ustedes, diputados, una comisión, y oigan a su pueblo, allá en Juárez, y les dirán: aquí tuvimos la operación más grande del país. ¿Cuáles son los resultados en Juárez? –dicho por legisladores panistas. Hay una disputa que no se quiere más que aventar a los partidos de oposición, para decir: se partidiza, se politiza.

No, nosotros queremos también contribuir a los resultados, pero no es diciendo que tenemos récords. Si proliferan las tienditas en cualquier pueblo de este país, tenemos récord de ventas. Nos debería apenar, récord de ventas. Y en el mercado: —–oye, ¿a qué te dedicas? –A la compra y venta de marihuana. Con un cinismo terrible.

No nos quieren escuchar. ¿A qué vino Genaro Luna aquí? A nada. ¿A quién pusieron de procurador? No oyeron al pueblo. Se empecinaron en llegar a acuerdos políticos, darle una oportunidad a una persona que había sido ineficiente en Chihuahua como procurador. Y no lo digo yo, lo dice su pueblo. Ahí están los feminicidios.

¿En manos de quién quedó el pacto de seguridad pública?, flanqueado Calderón de gente no proba en este país. Ahí están todavía los testimonios de en manos de quién quedó ese pacto de la seguridad pública. ¿Dónde están los puntos firmados, dónde están los resultados?

Los secuestros, el narcotráfico, la venta ilegal de automóviles en la frontera de carros robados crece y crece. Por eso sostenemos que es una guerra fallida y que hay que cambiar el rumbo y la estrategia para tener mejores resultados. Por eso sostenemos eso. No es un asunto político. Es un asunto que no ha servido para darle confianza al pueblo de México.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el senador Monreal.

El senador Ricardo Monreal Ávila: Gracias, ciudadano presidente. Qué dirán los electores de Baja California al ver a sus representantes sometidos, al ver a sus representantes populares como aplaudidores oficiales de una estrategia torpe, absurda, estúpida. Qué dirán los electores que votaron por un diputado en una circunscripción o en un distrito cuando escuchan estas defensas totalmente absurdas.

¿Será cierto que es correcta la estrategia? Es una estrategia incorrecta. Y que no nos pongan mañosamente entre la espada y la pared de: si no eres amigo, eres enemigo. Los que no son mis amigos, son mis enemigos. Los que están en contra de esta estrategia es que quieren que el narcotráfico y el crimen organizado avance. Ésa es una absurda, mañosa y grosera manipulación.

Por cierto, señores y señoras, el primero que llegó a afirmar que se pactara con el narcotráfico fue el ex vocero del primer presidente panista y dijo él: que se pacte. Pídanle cuentas a él, porque en el PRD, en el PT y en Convergencia, en la izquierda mexicana, nunca hemos pedido ni nunca lo haremos, que se pacte y que se negocié con el crimen organizado.

Todavía ahora, el señor Calderón, en la reunión con embajadores y cónsules, dijo: señores, los gobernadores de los estados vienen y me dicen que les ayude contra el crimen organizado y les contesto: es como aquéllos que permiten en su cochera a dos individuos que no conocen, que sólo van a bolear los zapatos de los vecinos y al otro día los encuentras en la cocina y al otro día los encuentras en la recámara y en las partes íntimas de tu habitación. Ése fue el ejemplo que puso Calderón con los embajadores y los cónsules. Y dijo Calderón: yo les digo a los gobernadores, ¿quién los dejó entrar? ¿Cómo permitiste que entrara el crimen organizado y que aceptaras en complicidad su asentamiento?

Yo digo: sí el señor Calderón fuera responsable diría nombres y hubiera procesado a esos gobernadores o a esos políticos, quienes hayan sido.

Claro que es una estrategia fallida por los resultados: 15 mil muertos. ¿Cuánta gente inocente ha muerto? Claro, también cuánto delincuente.

Nosotros criticamos la estrategia por la falta de inteligencia. Nunca hemos dicho que no deba establecerse una estrategia sin tregua contra el crimen organizado. Nosotros hemos respaldado la lucha contra el crimen organizado, pero hemos dicho que se requiere un rediseño, se requiere revisar la estrategia.

¿Es mucho pedirles, señores del PAN, que revisemos la estrategia? En cualquier parte del mundo los parlamentos citan a comparecer al secretario de la Defensa Nacional, citan al de Marina, al de la Fuerza Aérea. En este país es el único lugar donde es un mito, casi imposible, que acuda el secretario de la Defensa Nacional o el de Marina para explicarnos sobre la estrategia que están llevando a cabo para las partidas presupuestales y para dotarlos de instrumentos jurídicos que hagan más eficaz la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra el crimen organizado.

Pero les pregunto, ¿hay alguna ciudad en el país en donde haya mejorado la seguridad pública de hace 11 años a la fecha? No creo que haya una sola, ¿Juárez? ¿Baja California Norte? ¿Aguascalientes? ¿Chihuahua? ¿Cuál ciudad ha mejorado? ¿No es momento de hacer un alto y revisar la estrategia? No estamos demeritando a las Fuerzas Armadas, ¿quién dice eso?

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pediríamos concluir, señor senador.

El senador Ricardo Monreal Ávila: Sí, ciudadano presidente. Por esa razón sigo pensando en que este tema es clave para el país. No nos neguemos a hacer el trabajo que la Constitución y la ley nos obligan a hacer. La comparecencia del secretario es clave, pero me temo que será otra comparecencia como tantas, sin consecuencias.

Si escuchamos a los voceros del gobierno negarse siquiera a revisar la estrategia, es claro lo que va a pasar. Allá ustedes. Allá ustedes que aplauden sin rubor, sin vergüenza, esta estúpida guerra contra el crimen organizado, sin inteligencia, sin estrategia.

Y por cierto, para nosotros en la izquierda, las Fuerzas Armadas son de las pocas instituciones que aún tienen el respaldo ciudadano. Nunca hemos degradado ni hemos hablado en detrimento de las instituciones, particularmente del Ejército.

Ustedes en el PAN son quienes los han llevado a ser cuestionados por la sociedad. Cada vez más violaciones de derechos humanos. Una institución limpia que la han sometido a una estrategia fallida, con un desgaste institucional que no puede negar que ahí está, lamentablemente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, senador.

En virtud de no haber ningún otro compañero registrado o compañera registrada, se considera suficientemente discutido.

Le pido a la Secretaría que solicite a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Pido a la Secretaría que continué leyendo los puntos de acuerdo del dictamen de la Segunda Comisión de trabajo.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Dictamen de la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Comisión Permanente, con punto de acuerdo por el que se solicita al director general del IMSS, Daniel Karam Toumeh, información relacionada con las guarderías infantiles del país

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo relativo al cierre de guarderías en todo el país, presentada por el senador Rubén F. Velázquez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y de más aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que suscriben someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

I. El pasado 22 de diciembre de 2009, el senador Rubén Fernando Velázquez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo relativo al cierre de guarderías en todo el país.

II. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que dicha solicitud de punto de acuerdo se turnara, para su estudio y dictamen correspondiente, a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

I.En su capítulo “Consideraciones”, el autor de la proposición en comento hace referencia al lamentable incendio ocurrido el pasado 5 de junio de 2009 en la guardería ABC, expresando que este suceso, fue el hecho determinante para captar la atención de las autoridades y así generar una revisión integral al sistema de subrogación de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como de aquellas en las que el servicio se presta de manera directa.

Asimismo, se expone que el 18 de diciembre de 2009 se anunció el cierre de diversas guarderías infantiles, las cuales operaban bajo esquema de subrogación; tal situación podría afectar a 20 mil niños y madres de familia necesitados del servicio.

El proponente manifiesta que la decisión del Instituto Mexicano del Seguro Social, aun cuando es acompañada por la terminación de los contratos o porque no se cumplen las medidas de seguridad estipuladas en la ley, debe garantizarse en todo momento la prestación del servicio de guarderías infantiles, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por todo ello, la proposición concluye con el siguiente resolutivo:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mtro. Daniel Karam Toumeh, a garantizar la prestación del servicio de guarderías o estancias infantiles en todo el país, según establece la fracción XXIX del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II.Esta dictaminadora es conocedora de diversas proposiciones con punto de acuerdo relacionadas con la seguridad de las guarderías y estancias infantiles a nivel nacional y de manera específica, del caso de la guardería ABC, ubicada en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

En su momento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 49/2009 sobre el caso de la guardería ABC, SC, en la cual se exhorta al director general del IMSS –entre otras autoridades– a verificar las condiciones en que están operando las guarderías subrogadas y determinar si resulta conveniente, la continuación del servicio o la suspensión del mismo. Acerca de la suspensión del servicio, la CNDH expuso que procedería siempre que no se garanticen las condiciones de seguridad establecidas en la ley.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación por su parte, en uso de la facultad que le confiere el párrafo segundo del artículo 97 constitucional, integró una comisión investigadora encargada de averiguar si en los lamentables hechos del 5 de junio en Hermosillo, Sonora, existieron graves violaciones a las garantías individuales. Es objeto de dicha investigación –entre otras causas– el origen y situación actual de los convenios de subrogación celebrados por el IMSS con particulares no patrones para la prestación del servicio de guarderías.

A partir de la tragedia en mención y una vez que el director General del IMSS conoció de diversos exhortos, asumió el compromiso de proporcionar la información necesaria y de cooperar con las autoridades o instituciones competentes, todo ello para fortalecer el ramo de guarderías infantiles a nivel nacional.

Asimismo, se inició la revisión de todas las guarderías que operan bajo el esquema de subrogación y de aquellas que prestan el servicio de manera directa, con el objeto de cerciorarse si efectivamente se cumplen las medidas de seguridad.

En contexto, el proponente refiere la fecha del 18 de diciembre de 2009 como el día en que se anunció el cierre de diversas guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social. De ello se advierte sobre el particular que únicamente puede verificarse información relacionada en prensa; no obstante la importancia social que ha generado, es necesario valorarla en términos legales y considerarla para una eventual expresión de esta Comisión Permanente.

Al respecto, es oportuno señalar que en atención a la sensibilidad del tema y a la preocupación de madres y padres de familia (quienes resultan afectados con tal decisión) esta comisión dictaminadora ha recibido e incorporado propuestas en el presente dictamen, tanto de los legisladores como de la sociedad civil.

De ello, concordamos con la visión según la cual el servicio de guarderías infantiles es un derecho constitucional considerado a favor de los trabajadores que tiene por objeto cubrir el riesgo de no poder proporcionar cuidados a sus hijos durante la jornada de trabajo; sin embargo, esta prestación no la cubre por completo el Instituto Mexicano del Seguro Social y los patrones, sino que los trabajadores destinan al ramo de guarderías el 1% sobre su salario base de cotización.

En la fracción XXIX del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece expresamente:

Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guarderíay cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

Además de la seguridad que proporciona el citado precepto constitucional, esta comisión a partir de las siguientes circunstancias jurídicas y de acuerdo a un análisis de interpretación legal, considera que el servicio de guarderías infantiles debe garantizarse en todo momento:

a) El Reglamento para la Prestación de los Servicios de Guarderías (Diario Oficial de la Federación, 30/06/1997) estipula:

Artículo 31. La dependencia responsable de la operación de las guarderías en cada delegación podrá ordenar la suspensión temporal o indefinida de los servicios que presta una guardería, cuando se den las causas que se mencionan a continuación:

I.Cuando se detecte la existencia o la posibilidad de un padecimiento epidémico entre los menores, de tal manera que se haga indispensable aislar el área que ocupa la guardería por el tiempo que los servicios médicos institucionales consideren necesario.

II.Cuando a juicio del Instituto sea necesario ejecutar obras de reparación, ampliación, remodelación o reacondicionamiento del inmueble que ocupa la guardería, durante las cuales sea imposible la prestación del servicio en condiciones normales para los menores o se ponga en riesgo su seguridad.

III.Cuando sobrevenga algún fenómeno natural, calamidad o causa operativa que impida la prestación del servicio.

b) La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio de un criterio de tesis aislada dicta que toda vez “que este precepto constitucional establece como de utilidad pública la expedición de una Ley del Seguro en la que se comprendan, entre otros, los seguros de guarderías y cualquier otro tendiente a la protección y bienestar de los trabajadores y otros sectores sociales y sus familiares, de manera que si en las disposiciones contenidas en el capítulo VII del título segundo de la Ley del Seguro Social, se prevé el establecimiento del seguro de guarderías y de las prestaciones sociales, destinado a cubrir el riesgo de la mujer trabajadora y del trabajador viudo o divorciado que conserve la custodia de los hijos, de no poder durante su jornada de trabajo proporcionarles los cuidados necesarios en su primer infancia, así como a fomentar la salud, prevenir enfermedades y accidentes y contribuir a la elevación general de los niveles de vida de la población y de los jubilados y pensionados, a través de servicios y programas de prestaciones sociales que fortalezcan la medicina preventiva y el autocuidado de la salud, el mejoramiento de su economía y la integridad familiar (...) con ello se cumple el citado mandato constitucional, pues el aludido seguro tiende a garantizar la prestación del servicio de guarderías y de otros que buscan la protección y bienestar de los trabajadores asegurados, sus familiares y otros sectores sociales (...)”

A su vez, la tesis aislada con número de registro 233629 emitida por el mismo órgano constitucional establece que si la fracción XXIX del artículo 123 de la Constitución Federal considera la implantación del Seguro Social como un servicio público, deben concurrir en su creación y funcionamiento las características generales de todo servicio público; es decir, la satisfacción ininterrumpida de la necesidad social que se trata de cubrir, uniforme y poco onerosa, finalidades éstas que obligan una intervención especial del poder público que garantice la realización eficaz de esos objetivos (...)

Basta decir que el Instituto se encuentra legalmente autorizado para ordenar la suspensión temporal o definitiva de los servicios que prestan las guarderías, no obstante, es claro que independientemente de las faltas cometidas por los prestadores del servicio (originando la suspensión del mismo o la rescisión del contrato), el Instituto Mexicano del Seguro Social debe garantizar en todo momento la satisfacción del servicio público de guarderías infantiles, de lo contrario, estaríamos ante la presencia de un acto por demás ilegal de la autoridad.

Consciente de ello, el director general del IMSS, maestro Daniel Karam Toumeh, mediante comunicado de prensa, destacó que el instituto “garantizará el servicio de guarderías y que las madres derechohabientes deben tener la certeza de que si un prestador no cumple con las medidas establecidas, el Seguro Social no las abandonará, y sus hijos serán reubicados en otras guarderías, o se buscará otro esquema que les permita continuar con su actividad productiva, con la seguridad de que sus hijos estarán bien cuidados”.

En atención y haciendo uso de sus facultades, el Consejo Técnico del IMSS publicó el pasado 29 de diciembre de 2009, el acuerdo ACDO.AS1.HCT.161209/306.P.DJ, por el cual se autorizan las modificaciones y adiciones al Reglamento para la Prestación de los Servicios de Guarderías.

Dicha modificación afecta a los artículos 2 y 31 del Reglamento, para quedar como sigue:

Artículo 2 (...)

I a III. (...)

IV.Trabajador. Se entenderá por el o los trabajadores, a la mujer trabajadora, al trabajador viudo o divorciado, a quien judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, así como a los asegurados que por resolución judicial ejerzan la patria potestad y la custodia de un menor, siempre que estén vigentes en sus derechos ante el Instituto y no puedan proporcionar la atención y cuidados al menor.

Artículo 31 (...)

I a III. (...)

En los casos a que se refiere la fracción II de este artículo, el Instituto, previo acuerdo del H. Consejo Técnico, mientras dure la suspensión temporal, cuando ésta se deba, a juicio del Instituto, a que esté en riesgo la seguridad de los menores, empleados de la guardería y, en general, de las personas que requieran asistir a dicho inmueble, otorgará a los trabajadores una ayuda en efectivo equivalente a la cuota que cubre el Instituto a los prestadores de servicios de guardería en la localidad correspondiente, a fin de que se proporcionen a sus hijos los cuidados necesarios durante su jornada de trabajo.

Sin embargo, las buenas intenciones hasta el momento sólo manifiestas y no resueltas han dejado a un número considerable de madres y niños beneficiarios del servicio en completa incertidumbre jurídica, ya que el acuerdo en mención entró en vigor el 1 de enero de 2010 y no se sabe con exactitud el tiempo que tardará la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, en emitir los lineamientos específicos que determinen la manera en que los trabajadores podrán recibir la ayuda en efectivo, toda vez que no se prestará el servicio de guarderías como establece la ley.

Además, el monto en efectivo que harán las autoridades federales responde a una política provisional e inmediata a las exigencias sociales, pero no cumple con la siguiente disposición legal:

Artículo 204 de la Ley del Seguro Social. Para otorgar la prestación de los servicios de guardería, el Instituto establecerá instalaciones especiales, por zonas convenientemente localizadas en relación a los centros de trabajo y de habitación, y en las localidades donde opere el régimen obligatorio.

Los legisladores integrantes de esta comisión saludamos todas aquellas acciones que garanticen el fortalecimiento en la calidad, seguridad y transparencia del funcionamiento de las guarderías infantiles del Instituto Mexicano del Seguro Social; de la misma manera, somos conocedores de la preocupación del gobierno federal por cubrir el riesgo de los trabajadores al no poder proporcionar cuidados a sus hijos durante la jornada de trabajo, sin embargo, con la expedición de dicho acuerdo sólo se cubre mínimamente el servicio.

No se debe olvidar que el objetivo primordial de la prestación del ramo de guarderías va más allá de un monto en efectivo, ya que la finalidad de éste es “cuidar y fortalecer la salud del niño y su buen desarrollo futuro, así como contribuir a la formación de sentimientos de adhesión familiar y social, la adquisición de conocimientos que promuevan la comprensión, el empleo de la razón y de la imaginación y a constituir hábitos higiénicos y de sana convivencia y cooperación en el esfuerzo común con propósitos y metas comunes, todo ello de manera sencilla y acorde a su edad y a la realidad social y con absoluto respeto a los elementos formativos de estricta incumbencia familiar”, es decir, velar por el interés superior del niño.

Por último, a la vista de todo lo señalado, destacamos que esta dictaminadora estima pertinente modificar la solicitud inicial del autor de la proposición en comento, ya que si bien el citado Acuerdo pretende dar solución a la controversia aquí manifiesta, esta medida atiende parcialmente a los temas que preocupan al Legislador Federal, por lo que ofrecemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente una serie de propuestas que pretenden dar esa cobertura.

Por lo expuesto, consideramos la proposición presentada con la inclusión de los señalamientos mencionados y proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, maestro Daniel Karam Toumeh informe en un plazo no mayor a 10 días naturales a las Cámaras del Congreso de la Unión, sobre

a) El número de guarderías que operan bajo el esquema de subrogación y las causas que dieron origen a la suspensión de algunas de ellas.

b) Las medidas, lineamientos y criterios de evaluación que el Instituto Mexicano del Seguro Social asumirá para renovar los contratos de prestación del servicio de guarderías.

Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, maestro Daniel Karam Toumeh a instruir a la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales para emitir cuanto antes los lineamientos respectivos que en su caso, sean indispensables para dar cumplimiento al acuerdo ACDO.AS1.HCT.161209/306.P.DJ, cuidando que éstos se pronuncien por el interés superior del niño.

Asimismo, sobre el importe total de las ayudas que se otorgarán según establece el acuerdo ACDO.AS1.HCT. 161209/306.P.DJ,  remitiendo a esta soberanía –en su momento– los informes trimestrales por concepto de las ayudas en efectivo que reciban los trabajadores.

Tal pronunciamiento se deberá informar a las Cámaras del Congreso de la Unión con la mayor brevedad.

Tercero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una evaluación integral del desempeño y costo de las guarderías que operan bajo el esquema de subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Notas:

1 Semanario Judicial de la Federación, novena época, tomo XVI, agosto de 2002, p. 387.

2 Coordinación de Comunicación Social del IMSS, “Daniel Karam Toumeh... garantizará IMSS seguridad en la prestación del servicio de guarderías”,  Comunicado de prensa No. 373, 21 de diciembre de 2009.

3 Acuerdo ACDO.AS1.HCT.161209/306.P.D.J, dictado en la sesión extraordinaria celebrada el 16 de diciembre de 2009, por el cual se autorizan las modificaciones y adiciones al Reglamento para la Prestación de los Servicios de Guarderías, Diario Oficial de la Federación, 29 de diciembre de 2009.

4 Esta comisión no puede confirmar el número exacto de niños y madres afectadas, ya que la única información al respecto es aquella proporcionada por la prensa, la cual es difusa y no puede considerarse como fuente oficial de información.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2010.

La Segunda Comisión: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública:Senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), presidente; senador Jorge Ocejo Moreno (rúbrica), diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), secretarios; senador José Guadarrama Márquez, senador Mario López Valdez, senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), diputada Marcela Guerra Castillo, senador Guillermo Enrique Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica), diputado Óscar Arce Paniagua (rúbrica), diputado Juan José Guerra Abud, diputado Pedro Vázquez González (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor secretario. Están a discusión los puntos de acuerdo. Ha solicitado el uso de la palabra el senador Rubén Fernando Velázquez López, a quien se le concede la misma.

El senador Rubén Fernando Velázquez López: Gracias, presidente. El fondo de esta proposición es el anunciado evento en el Seguro Social de cerrar algunas guarderías que justificadamente haya que cerrar porque ofrezcan peligro a los niños.

Sin embargo, la preocupación nuestra, de la Permanente, del Legislativo, es de saber con precisión cómo se está garantizando que esos niños, que se van a quedar sin guardería, tengan el servicio en algún lugar alterno a las que están cerrando.

Por eso se piden estos tres puntos. Y el último, me parece muy importante que pueda haber una auditoría al desempeño, una evaluación al desempeño de la red o por lo menos de las guarderías que están siendo cerradas, pero la idea es que haya una evaluación a todo el sector.

No sé si oímos mal la senadora Socorro Díaz Quiroz y yo, pero el senador Villarreal parece que leyó en el segundo punto que el director del Seguro Social exhorte al director de Prestaciones Económicas... La redacción dice que instruya al director de Prestaciones Económicas a emitir los lineamientos, etcétera.

Y luego, presidente, hemos tomado el acuerdo, los de la comisión, acá en el pleno, de suprimir: el plazo no mayor de 10 días naturales; por una redacción que diga: a la brevedad. Que se informe a la brevedad a esta soberanía... Para que podamos ir en unanimidad todas las fracciones parlamentarias. Ésa es la idea. Haremos las correcciones por escrito para que esto quede perfectamente bien asentado.

A la brevedad, para que haya acuerdo. Por eso queremos que diga: a la brevedad. Ahí hay acuerdo. Sabemos que hay un periodo corto en esta Permanente, pero sujetándonos al Reglamento interno vigente aún de la Cámara, consideramos oportuno hacerlo así. También estamos esperando que exista la sensibilidad por las autoridades del Seguro Social para que, en efecto, nos den este informe a la brevedad que necesitamos, dada la brevedad de nuestro periodo como Comisión Permanente.

Ésa es la intervención que yo deseo hacer a nombre de la comisión y los agregados que deseo que tomen nota. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor senador.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Presidente, nada más quería aclarar que sí dice en los términos que estableció el anterior orador. Nada más para dejarlo claro para la asamblea.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Existe la palabra “instruya”.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: También existe “a la brevedad”.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Senador Tamborrel.

El senador Guillermo Tamborrel Suárez: Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Desde luego celebrar la disposición de mis compañeros legisladores en cuanto a las modificaciones que se han hecho.

No sobra decir que se había establecido un plazo de 10 días, cuando la Constitución establece, para condiciones similares, 15. Celebro muchísimo y agradezco muchísimo la flexibilidad.

Desde luego deseo venir a compartir con ustedes que este punto de acuerdo obedece a que prácticamente el 95 por ciento de las guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social renuevan contrato precisamente a partir del 1 de enero.

Para nadie es desconocida la tragedia de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que vino a ser una llamada de atención, en todo el sentido de la palabra, y que esta llamada de atención ha provocado, ha invitado a que se revisasen las condiciones de operación, y esto desde la perspectiva de garantizar la seguridad, la integridad de los menores de edad en dichas guarderías.

Aquí lo que ha ocurrido es que, en un principio, algunas de las guarderías no habían cumplido con los lineamientos de seguridad y esto ha provocado que no se les renueven los contratos para funcionar como guarderías.

Quiero compartir con ustedes que muchas de ellas ya han estado haciendo las adecuaciones necesarias en aras de garantizar precisamente la seguridad y que, mientras esto ocurría, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha tomado un acuerdo de otorgarle a esa madre trabajadora, a ese padre trabajador, el monto que venía entregando a la guardería subrogada por el servicio de este menor, de tal suerte que este padre o esa madre pudiesen, en un momento dado, acudir a alguna otra guardería, inclusive alguna particular, con el deseo de que sea temporal.

Finalmente me sumo a la urgencia y desde aquí llamamos al Instituto Mexicano del Seguro Social a que el plazo sea lo más breve posible, porque efectivamente hoy hay niños que ciertamente han sido reubicados; a otros en principio, en teoría, les han entregado el apoyo para que puedan contratar en algún otro lado, pero finalmente son mamás y papás que sin duda estarán viviendo una complicación en cuanto a dejar a sus hijas e hijos en un espacio seguro.

Hacemos ese llamado a que este informe sea entregado lo más rápido posible y que inclusive se otorguen las facilidades, sin descuidar la seguridad de los menores, que se otorguen a todas las guarderías los apoyos necesarios en aras de que cumplan a la brevedad con los requisitos de seguridad y el servicio se normalice. Por su atención muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor senador Tamborrel Suárez. En virtud de no existir ningún otro integrante de esta asamblea inscrito para hacer uso de la palabra, le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Le pido a la Secretaría continúe dando lectura a los puntos de acuerdo del dictamen de la Segunda Comisión de Trabajo.

REFORMA MIGRATORIA

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva:«Dictamen de la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Comisión Permanente, con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Unión reconoce la iniciativa Reforma Migratoria para la Seguridad y Prosperidad en América como el inicio del debate para conseguir una reforma migratoria

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que la iniciativa Reforma Migratoria para la Seguridad y Prosperidad en América, presentada el pasado 15 de diciembre por congresistas estadounidenses, se reconoce como un primer paso a fin de conseguir una reforma migratoria integral, a cargo del Senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que suscriben someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

I. El pasado 22 de diciembre de 2009, el senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo por la que se reconoce la iniciativa presentada el 15 de diciembre, denominada Reforma Migratoria para la Seguridad y Prosperidad en América, por parte de los representantes federales estadounidenses Luis V. Gutiérrez, Salomon Ortiz y otros 90 congresistas demócratas.

II. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha solicitud de punto de acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

I. El autor de la Proposición, en síntesis, justifica el punto de acuerdo cuya emisión solicita al Pleno de esta soberanía en los siguientes argumentos:

– Que el Senado de la República, observando y respetando los procesos legislativos internos de Estados Unidos de América, de acuerdo al principio de no intervención en los asuntos de otros Estados, ha seguido con detenimiento el debate en torno a la posible realización de una reforma migratoria integral por parte del Congreso de Estados Unidos de América.

– Que en el caso de la inmigración de mexicanos hacia Estados Unidos, ésta se ha dado desde la existencia de ambas naciones como Estados independientes, pero su intensidad aumentó considerablemente a partir de la década de los ochenta del siglo pasado; calculando que existen casi 12 millones de inmigrantes mexicanos viviendo en Estados Unidos, de los cuales poco más de la mitad se encuentra en el país de manera indocumentada.

– Que después de 1964 el gobierno estadounidense se negó a renovar el programa de trabajadores temporales, por lo que la emigración de mexicanos a Estados Unidos se dio, mayoritariamente, de manera indocumentada. El gobierno estadounidense tuvo una actitud pasiva hacia la llegada de inmigrantes indocumentados hasta 1986, cuando se promulgó el Acta para la Reforma y el Control de la Inmigración, o Simpson Mazzoli, en 1986.

– Que entre otras medidas, esa reforma criminalizó el contratar, con conocimiento, a un trabajador indocumentado y fijó penas para los empleadores que no respetaran la ley. Asimismo, permitió la regularización de los trabajadores indocumentados que cumplieran con ciertos requisitos.

– Que el pasado 15 de diciembre, los Representantes Solomon Ortiz, Luis V. Gutiérrez y otros 92 congresistas demócratas presentaron una iniciativa, denominada Reforma Migratoria para la Seguridad y la Prosperidad en América, que permite la regularización de los inmigrantes indocumentados que cumplan ciertos requisitos, y expande los programas existentes de visas para trabajadores temporales.

– Que dicha reforma, facilita la integración familiar e incluye lo estipulado en otras iniciativas importantes como la Development, Relief, and Education for Alien Minors Act 2009, la cual propone modificaciones a la ley para que los inmigrantes indocumentados puedan acceder a beneficios de educación superior en Estados Unidos y la Agricultural Job Opportunities, Benefits and Security Act, la cual amplía el número de visas disponible para trabajadores agrícolas.

– Que la iniciativa presentada por los representantes demócratas marca el inicio del debate de una reforma migratoria integral en Estados Unidos, la cual, tal como lo manifestó el Presidente Barack Obama durante la pasada campaña presidencial en Estados Unidos, es necesaria debido a que el sistema migratorio estadounidense es disfuncional y está rebasado por la realidad.

– Que al plantear la posibilidad de regularizar a los trabajadores indocumentados y establecer medidas que faciliten la entrada de trabajadores temporales, la iniciativa presentada por los representantes demócratas reconoce, contrariamente a otras tantas iniciativas que sólo buscaban detener y castigar al inmigrante, la aportación que éstos hacen a la economía estadounidense.

– Que el reconocimiento al valor del trabajo que los inmigrantes realizan en Estados Unidos es trascendental si se quiere lograr una reforma migratoria integral. Detener y deportar a los inmigrantes es una falsa solución que no sólo es imposible de poner en la práctica, sino que tendría un enorme costo para la economía estadounidense.

Por lo anterior, la proposición concluye con el siguiente punto resolutivo:

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión reconoce la iniciativa presentada el pasado 15 de diciembre, denominada Reforma Migratoria Integral para la Seguridad y Prosperidad en América, por parte de los representantes federales estadounidenses Luis V. Gutiérrez, Salomon Ortiz y otros 90 congresistas demócratas, como un importante primer paso para la consecución de una reforma migratoria integral. Además hace un llamado para que cualquier reforma aprobada por ese Congreso reconozca y valore la importante contribución de los inmigrantes a la economía y sociedad estadounidenses.

II. Los integrantes de esta Comisión reconocemos que la iniciativa denominada Reforma Migratoria Integral para la Seguridad y Prosperidad en América considera diversas propuestas a favor de los inmigrantes indocumentados, como la eliminación del programa 287 (g) que permite a las autoridades locales de Estados Unidos de América aplicar las leyes de inmigración del país; protege la unidad familiar mediante la prohibición de la separación de las familias con niños y el aumento de protections for detained parents, guardians, and caregivers, protecciones para los padres detenidos, tutores y cuidadores, todo ello velando por el interés superior del niño; establece un programa de legalización para los inmigrantes indocumentados, sus cónyuges e hijos; entre otros beneficios expuestos ya en las consideraciones del proponente.

Coincidimos plenamente con el autor de la proposición en comento, al afirmar que dicha iniciativa marca el inicio del debate de una reforma migratoria integral en Estados Unidos de América, reforma sumamente necesaria debido a que el sistema migratorio estadounidense es disfuncional y está rebasado por la realidad.

Lamentablemente y de acuerdo al principio de no intervención en los asuntos de otros Estados, se manifiesta que tal reforma no implica necesariamente ser considerada como un primer paso para la consecución de una reforma migratoria integral y que debe evaluarse detenidamente el pronunciamiento a favor de una propuesta que no cumple enteramente con las expectativas esperadas por nuestro país durante años.

Exponemos lo anterior, toda vez que del mismo texto de la iniciativa, persisten medidas que criminalizan y limitan considerablemente la estancia de inmigrantes en el territorio de Estados Unidos de América, así como de aquellos ciudadanos americanos que ayudan, asisten o contratan a los inmigrantes indocumentados.

Se toma de la iniciativa Reforma Migratoria Integral para la Seguridad y Prosperidad en América”:

Título II. Verificación del empleo

• Crear importantes sanciones civiles para los empleadores que no cumplan con los requisitos previstos en the new system and establishes serious criminal penalties for knowingly hiring unauthorized el nuevo sistema y establecer graves sanciones penales por contratar a trabajadores no autorizados.

Título IV. Programa de Legalización para los Indocumentados

• Para calificar, el solicitante debe:

– Demostrar que contribuye a Estados Unidos de América a través del empleo, la educación, servicio militar o servicio voluntario a la comunidad.

– No contar con antecedentes penales.

– (...)

– (...)

– Someterse a revisión médica.

– Pagar impuestos.

– Demostrar que es admisible para los Estados Unidos.

– Pagar una multade $500 dólares –para aquellos que se sometan a la selección.

Es importante señalar que si bien la iniciativa de los representantes demócratas en Estados Unidos de América carece de lineamientos que la caractericen como un primer paso a una reforma migratoria integral, este órgano legislativo federal no puede dejar de expresar su reconocimiento a estos legisladores por su esfuerzo y compromiso al considerar el tema migratorio dentro de su agenda de trabajo.

De la misma manera, esta dictaminadora celebra la solicitud del autor de la proposición al hacer partícipe de los nuevos eventos que atienden al fenómeno migratorio, a esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, órgano constitucional encargado de resolver sobre diversos asuntos de orden público y que funcionará durante los recesos de éste.

Por todo ello, se considera necesario dar cobertura a la propuesta inicial del punto de acuerdo, expresando un posicionamiento más acorde a los intereses de nuestro país y de otros migrantes que sucumben ante la penosa realidad de abandonar su país por falta de oportunidades, es decir, seguirá siendo nuestra labor el insistir en logros más contundentes en materia migratoria como lo sería una ley plenamente protectora de los derechos humanos de los migrantes, que a su vez les permita el libre ejercicio de sus derechos.

Adicionalmente, esta Comisión asume su compromiso en lo que a nuestro país corresponde para atender las exigencias de la población ante al fenómeno de la migración.

Tristemente nuestro país ha estado supeditado a una reforma migratoria integral que se inicie en el Estado Americano y los esfuerzos para la consecución de una agenda bilateral en la materia, desafortunadamente no han rendido los frutos esperados. Por esto, consideramos importante exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se trabaje arduamente en una agenda migratoria común entre nuestro país y Estados Unidos de América, que procure en todo momento el respeto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores también es la autoridad encargada de extender los pronunciamientos del Estado mexicano ante la comunidad internacional, por ello esta comisión, en atención al punto de acuerdo, resuelve la conveniencia de extender un llamado a favor de nuestros connacionales que se encuentran en territorio americano, con base en los principios de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención en los asuntos de los Estados y la cooperación internacional para el desarrollo.

Por lo expuesto, se somete a la consideración del Pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión reconoce la iniciativa Reforma Migratoria Integral para la Seguridad y Prosperidad en América, como una propuesta que marca el inicio del debate para la consecución de una reforma migratoria integral en Estados Unidos de América.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, a trabajar en la propuesta de una agenda bilateral con Estados Unidos de América en materia migratoria, que tenga por objeto el respeto y permita el pleno ejercicio de los derechos humanos de los migrantes mexicanos.

Asimismo, se le solicita extender un llamado para que en cualquier reforma aprobada por el Congreso de Estados Unidos de América se reconozca y valore la importante contribución de los migrantes a la economía y sociedad estadounidenses.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2010.

La Segunda Comisión: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública: Senador Rubén Fernando Velázquez López, presidente; senador Jorge Ocejo Moreno (rúbrica), diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), secretarios; senador José Guadarrama Márquez, senador Mario López Valdez, senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica en abstención), diputada Marcela Guerra Castillo, senador Guillermo Enrique Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (rúbrica), senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica), diputado Óscar Arce Paniagua (rúbrica), diputado Juan José Guerra Abud, diputado Pedro Vázquez González (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se consideran suficientemente discutidos. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa favor de manifestarlo levantando la mano. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor secretario. Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Pasamos al siguiente capítulo que son proposiciones de la Comisión Permanente de esta LXI Legislatura.

ESTADO DE TLAXCALA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: La Presidencia recibió proposiciones con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Tlaxcala y al titular de la Condusef a implementar medidas que permitan recuperar sus recursos a los ahorradores de la caja popular Juntos y Organizados Venceremos, suscrito por el diputado Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Tlaxcala y al titular de la Condusef a implantar medidas que permitan a los ahorradores de la caja popular Juntos y Organizados Venceremos recuperar sus recursos, suscrita por el diputado Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Considerandos

La banca de desarrollo es uno de los componentes más importantes que permiten a un país poder acceder a un nivel mayor de crecimiento económico y, por ende, en una mejoría de la calidad de vida de las personas.

En México, con los cambios que se han registrado en el sistema financiero y ante la casi desaparición de la banca de desarrollo gubernamental, fue necesario diseñar alternativas que dieran continuidad a este tipo de fomento productivo.

Lo anterior fue posible mediante la promulgación de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, promulgada en 2001, permite a las cajas populares formar parte del conjunto de instituciones financieras con la capacidad de concentrar recursos y fungir como banca de desarrollo.

El principal objetivo de las cajas populares es agrupar recursos que aportan los socios, dichos montos son otorgados mediante préstamo a personas físicas y morales que requieren de una cantidad para invertir en diversos proyectos, en la mayoría de los casos, el crédito es otorgado a una tasa preferencial.

En México, de acuerdo a la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, operan 92 entidades según los lineamientos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, las cuales se clasifican de la siguiente manera:

• 1 confederación;

• 13 federaciones;

• 44 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo; y

• 34 sociedades financieras populares.

A pesar de que la transición de las cajas populares y su integración plena al sistema financiero se ha dado de manera segura, continúan presentándose casos en los cuales los ahorradores son defraudados, ya que sus aportaciones son utilizadas de manera poco transparente.

A este Congreso han acudido personas que son víctimas de fraude por parte de quienes presiden algunas cajas populares, el caso que ahora traigo a esta tribuna está relacionado con la caja popular “Juntos y Organizados Venceremos”, situada en el estado de Tlaxcala.

El fraude que se presenta en la caja popular mencionada afecta a 347 ahorradores, quienes han perdido un monto superior a los 36 millones 439 mil pesos. Los afectados habitan en los municipios de Apizaco, Chiautampan, Huamantla, Tlaxcala y Zacatelco.

Es un caso que se dio desde diciembre de 2008 y a la fecha su solicitud no ha tenido respuesta. Los ahorradores han acudido ante diferentes autoridades, entre las que se puede mencionar el propio gobernador de Tlaxcala, licenciado Héctor Ortiz Ortiz, pidiéndole intervenir para solucionar dicha problemática.

Como legisladores, no podemos permitir que este tipo de prácticas fraudulentas continúen estando presentes, ya que su prevalencia lacera y lastima a miles de familias que pierden sus ahorros, los cuales son el producto de su arduo trabajo.

El sistema financiero mexicano aún requiere de continuar avanzando en el proceso de construcción y consolidación de contar con instituciones financieras sólidas, capaces de responder a las necesidades de la sociedad mexicana, permitiéndoles acceder de una mejor manera a los mercados de ahorro y crédito.

Cuanto más fuertes sean nuestras instituciones financieras mayores posibilidades tendremos de alcanzar el crecimiento económico. En este sentido, las cajas populares son un componente fundamental en el fomento de la banca de desarrollo, la cual será el detonante del desarrollo económico nacional.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta al gobernador de Tlaxcala a atender y, en su caso, implantar las acciones necesarias para otorgar el apoyo requerido a las 347 personas defraudas por la caja popular Juntos y Organizados Venceremos, a fin de que puedan recuperar sus recursos que ascienden a más 36 millones 439 mil pesos.

Segundo.Se exhorta al titular de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a revisar y, en su caso, otorgar los apoyos necesarios a los defraudados por la caja popular mencionada, con el objetivo de resarcir el daño causado y para que se finquen las responsabilidades correspondientes que sancionen, conforme a la normatividad aplicable, a quienes cometieron dicho fraude.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de enero de 2010.— Diputado Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

ESTADO DE CHIAPAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud destine recursos económicos para la construcción de un hospital regional de tercer nivel en el municipio de Yajalón, Chiapas, suscrito por la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a destinar mediante la Secretaría de Salud recursos económicos para construir un hospital regional de tercer nivel en Yajalón, Chiapas, suscrita por la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, senadora María Elena Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 8 de diciembre pasado el Congreso de la Unión aprobó reformas a la Ley General de Salud, mediante las cuales se propone modificar el esquema de financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud para transitar de una cuota familiar a una personal, evitando así la desigualdad en la distribución de recursos entre las entidades federativas a fin de fortalecer el principio de equidad.

Esta acción legislativa va encaminada a fortalecer el sistema de salud y consolidar una amplia red de servicios médicos que permitan garantizar el derecho a la protección de la salud.

En este sentido, es indispensable disminuir la desigualdad en salud entre grupos y zonas geográficas, garantizando la seguridad sanitaria y el acceso oportuno al tratamiento médico a través de la política de gratuidad a quienes menos tienen a través del Seguro Popular.

Como parte del este esfuerzo, el gobierno de Chiapas ha buscado fortalecer el primer nivel de atención. Para ello, se construyen 26 centros de salud microrregionales en los diferentes municipios del estado, reforzando en este rubro principalmente a los de menor índice de desarrollo humano (IDH).

Con una inversión de 16 millones de pesos se han inaugurado nueve unidades de especialidades médicas (Uneme), cinco centros de atención primaria para las adicciones, un centro integral de salud mental, así como dos centros ambulatorios de prevención y atención del Sida y de las infecciones de transmisión sexual.

Asimismo, el gobierno del estado invierte más de 122 millones de pesos en conservación y mantenimiento de 323 unidades médicas.

Por otro lado, recientemente entró en operaciones el Centro de Salud con Servicios Ampliados de la Ciudad Rural Sustentable de Nuevo Juan de Grijalva en el municipio de Ostuacán.

De los mil 969 millones 396 pesos que se ejercen en infraestructura hospitalaria en Chiapas, más de 73 por ciento es aportación estatal. En este sentido, se demuestra el compromiso de contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para garantizar servicios médicos a la población y la inversión en infraestructura médica.

En Chiapas, la cobertura de atención aumentó en 3 millones 911 mil 956 habitantes, a través de las mil 542 unidades médicas de primer nivel de atención, 45 de segundo nivel y dos hospitales de tercer nivel del sistema estatal de salud.

Al cierre de 2009, se emprendieron 106 campañas de cirugías extramuros de 14 especialidades, para dar un total de 9 mil 420 intervenciones quirúrgicas, las cuales beneficiaron a personas de escasos recursos, sobre todo, en cirugía general, labio y paladar hendido, oftalmología, ginecología y ortopedia.

Para la adquisición de 118 ambulancias totalmente equipadas para fortalecer la red de servicios, el gobierno de Chiapas invirtió 59 millones 589 mil 410 pesos, para garantizar el traslado adecuado de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia en las localidades de más difícil acceso.

El plan de acción estratégico diseñado e implementado por el gobierno de Chiapas para enfrentar la contingencia epidemiológica declarada por el gobierno federal ante la presencia del virus de la influenza A (H1N1), permitió que la entidad pasara del primero al sexto lugar en cuanto al número de casos presentados durante el periodo de abril a la fecha.

La vacunación contra el virus de la influenza A (H1N1) inició el pasado 27 de noviembre. En esta primera etapa se aplican las primeras 21 mil 830 dosis a personal de salud de las áreas de urgencias y terapia intensiva y a mujeres embarazadas en el tercer trimestre de gestación.

Asimismo, la Secretaría de Salud estatal ha fortalecido el programa de género y salud con la creación de la Subdirección de Salud de la Mujer que aborda la salud reproductiva, la salud materna, la equidad de género y prevención de la violencia intrafamiliar, así como la prevención de los cánceres cervicouterino y mamario.

Al elevar a rango constitucional los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en Chiapas se reforzaron las estrategias para mejorar la salud materna y disminuir los índices de mortalidad de la mujer. En el presente año, se registraron 52 defunciones maternas, 36 menos que en 2008, lo que representa una reducción del 40.9 por ciento.

Para 2009, Chiapas logró la cobertura de 85.69 por ciento respecto a la meta sexenal con la afiliación de 98 mil 800 familias que, sumadas a las 598 mil 969 ya afiliadas, hacen un total de 697 mil 769.

Chiapas tiene firmados convenios de colaboración y coordinación en materia de prestación de servicios médicos y compensación económica con las entidades de Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo, Guerrero, Yucatán y Veracruz, lo que ha permitido garantizar la atención de los afiliados al Seguro Popular en dichos estados.

A pesar de todos estos esfuerzos los habitantes del municipio de Yajalón han solicitado a los legisladores por Chiapas en reiteradas ocasiones, gestionar mayores apoyos para la operación, ampliación de la plantilla de médicos y la dotación de medicinas para el hospital de esa localidad.

Actualmente, el hospital general de Yajalón no cuenta con un número adecuado de médicos, por lo que se ve rebasado por la demanda de los pacientes que llegan de las diferentes comunidades aledañas a ese sitio, con la esperanza de recibir atención y, a pesar de los esfuerzos, no es suficiente, ya que el personal y los medicamentos resultan escasos para atender a los enfermos.

En la actualidad, el hospital es insuficiente en cuanto a los espacios y la atención es muy precaria. Existen casos difíciles donde los pacientes se tienen que trasladar a Tabasco para solicitar una atención que, en principio, se debería proporcionar en Chiapas, provocando complicaciones en los pacientes y un gasto extraordinario para su traslado, por parte de los familiares.

Es por ello, que a través de este punto de acuerdo se busca solicitar que la federación responda a la solicitud de lograr en coordinación con el gobierno de Chiapas, la construcción de un hospital regional de tercer nivel en este lugar que beneficiaría a mucha gente humilde que habitan en los municipios de Salto de Agua, Tumbalá, Tila, Sabanilla, Yajalón, Chilón y Sitalá.

Es momento que en con un sentido federalista y de justicia social, la Secretaría de Salud encamine de manera coordinada con el gobierno de Chiapas, los esfuerzos de inversión en infraestructura hospitalaria para dar cabida a la construcción de un nuevo hospital en el municipio de Yajalón.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a destinar recursos económicos y gestionar todas las diligencias necesarias para la construcción de un hospital regional de tercer nivel en el municipio de Yajalón, Chiapas.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2010.— Senadora María Elena Orantes López (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

ESTADO DE CHIAPAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Sagarpa (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) que implemente de inmediato una fase preventiva para inspeccionar cultivos y se contrarresten los efectos de la mosca de la fruta y lotes larvados que han afectado cultivos importantes de mango ataulfo, en Chiapas, suscrito por la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sagarpa que implante de inmediato una fase preventiva para inspeccionar cultivos y contrarrestar los efectos de la mosca de la fruta y lotes larvados que han afectado cultivos importantes de mango ataúlfo en Chiapas, suscrita por la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, María Elena Orantes López, senadora de la República por Chiapas, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Dirección General de Sanidad Vegetal detectó a finales del 2009, un incremento del 67 por ciento en el número de lotes larvarios en huertos de mango de Chiapas, en comparación con el año 2008.

De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en 2008 se presentaron 137 lotes larvados con mosca de la fruta, mientras que en 2009 fueron 230.

Ante ello, las autoridades de Estados Unidos han decidido fortalecer la vigilancia en los huertos que se inscriban para la exportación del mango ataulfo destinados a ese país. Como vemos, de no hacer lo necesario en el momento oportuno, se afectaría seriamente la economía de los productores de mango en Chiapas.

Chiapas es el estado que más infestación de la plaga presenta y ello se demuestra en los lotes larvados, incluso en el resto de las entidades productoras de mango ataulfo, éstos han bajado; Sinaloa está en el segundo lugar con 16, seguido de Colima con ocho y Guerrero con siete.

Esa situación ha obligado a la dependencia federal a que en la nueva temporada de cosecha que se avecina se fortalezcan los registros y verificación de huertos de mango para exportación.

También se obligará a los productores a realizar acciones de detección y control de la mosca de la fruta, a fin de mejorar la calidad fitosanitaria e integrarse al padrón de huertos para exportación.

Ante la amenaza de que la plaga arrase cultivos enteros de mango en Chiapas, es necesario urgir a las autoridades de Agricultura para que tomen medidas preventivas, pues la presencia de lotes larvarios ha prendido la alerta.

Es importante establecer una fase preventiva para inspeccionar los cultivos y verificar la magnitud del problema para contrarrestar los efectos de esta plaga buscando alternativas de control, con el fin de evitar el uso de productos químicos.

Asimismo, los pobladores deben recibir de inmediato capacitación sobre la fase biológica de la plaga y los diferentes estadios en que atraviesa, así como las técnicas para el exterminio de la plaga, con la idea de potenciar la colaboración de los habitantes en el sector agrícola.

Es urgente implantar campañas de fumigación para disminuir los problemas de plagas causados por la mosca de la fruta, a fin de reducir los lotes larvarios en mango ataulfo en la zoca del Soconusco.

Es necesario también intensificar los trabajos para lograr un estado de baja prevalencia y que la solución para abatir completamente los problemas de las plagas, se base en las labores interinstitucionales entre el gobierno y los productores, pues con esto, se fortalecen las acciones de sanidad en beneficio del agro chiapaneco.

Chiapas ocupa el sexto lugar en la producción del sistema producto mango a nivel mundial y el primero en exportar a Estados Unidos.

Por tal motivo, esta proposición con punto de acuerdo busca como objetivo principal, abatir el riesgo de la pérdida de cultivo de mango, así como el fortalecimiento de comercialización tanto de exportación como del mercado nacional de mango ataulfo, al tiempo de evitar el deterioro económico de miles de familias chiapanecas que dependen del ingreso de este cultivo.

Por lo expuesto y fundado en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ha implantar de inmediato una fase preventiva para inspeccionar los cultivos y verificar la magnitud del problema para contrarrestar los efectos de la mosca de la fruta y lotes larvados que afectan cultivos importantes de mango ataulfo en Chiapas, así como cursos de capacitación para los productores en el sector agrícola para hacer frente a esta plaga.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a destinar programas y proyectos productivos y de financiamiento a los productores de mango ataulfo en Chiapas.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2010.— Senadora María Elena Orantes López (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

COMPARECENCIA DE LOS SECRETARIOS DE ECONOMIA, Y DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del secretario del Trabajo y Previsión Social, a fin de dar cuenta de la política del combate al desempleo y los asuntos laborales del país.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de los secretarios de Economía, y del Trabajo y Previsión Social, con la finalidad de dar cuenta del combate al desempleo y los asuntos laborales del país, suscrita por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La crisis económica mundial, supera en magnitud e impacto en la vivida en 1929. Sus efectos no respetan fronteras ni sistemas económicos. Por ello, se traduce en la más grave ruptura del equilibrio entre la producción y el consumo, reflejándose en el desplome económico, principalmente en la inversión, el nivel de empleo, la renta y el consumo.

En México, las tasas de crecimiento de las manufacturas, la construcción y la vivienda han sido negativas en los meses recientes. La inflación, en términos relativos, se dispara y el desempleo crece ya que el número de personas que cotizan al Instituto Mexicano del Seguro Social ha disminuido radicalmente.

Nuestras exportaciones se reducen, así como las remesas que los mexicanos envían al país y los ingresos por concepto de turismo también disminuyen. Los precios de lo que exportamos baja y lo que importamos prácticamente se mantienen, acentuando el desequilibrio en las balanzas comercial y de pagos. La inversión extranjera se reduce y el tipo de cambio sube, además se han vendido montos importantes de la reserva internacional, para mantener la paridad y financiar las fugas de capital.

Las familias ya resienten la caída del empleo y de sus salarios reales, sobre todo las personas que ganan dos o menos salarios mínimos, pues el precio de los alimentos, el transporte y la vivienda han subido por encima del promedio. Las empresas ven que disminuyen sus ventas, que tienen poca liquidez, que el crédito es escaso y cada vez más caro.

Alrededor del 50 por ciento de la población vive en extrema pobreza y es probable que en el año en curso ese porcentaje vaya aumentando. La desigualdad es abismal en las condiciones de vida, en el ingreso entre las familias y entre las regiones. Sin duda que el empleo y el ingreso de millones de mexicanos es uno de los más importantes retos a enfrentar en el corto y mediano plazos. De no actuar con efectividad y oportunidad, se ponen en riesgo las condiciones mínimas de la justicia y de la gobernabilidad en el país.

La política económica y la política de empleo tienen que sacar de su marasmo a la economía, además de superar sus problemas de productividad y de competitividad. La situación en materia de empleo y de seguridad social, en los últimos 9 años, ha sido verdaderamente el prolegómeno de una autentica década perdida para México. Los datos no dejan ningún lugar a dudas.

De 2000 a 2005 el número total de trabajadores inscritos al IMSS, bajó a 96 mil y el registro de trabajadores eventuales urbanos paso de 1.71 a 1.89 millones, traducido en 45 mil empleos eventuales al año sin prestaciones sociales ni una oferta seria de mejoramiento para la población económicamente activa. Las cifras dadas a conocer recientemente por la Secretaria de Trabajo cuantifican en casi 560 mil los empleos perdidos en el periodo de esta reciente crisis. Tan solo en diciembre, la navidad le trajo a los trabajadores mexicanos 186 mil empleos cerrados.

Un aspecto de elevada gravedad de este reporte, es que, de dichos empleos, 511 mil eran permanentes y 47 mil eventuales.

Como corolario del reconocimiento de la pérdida de capacidad gubernamental para recuperar la economía, el propio presidente de la República, durante su mensaje de año nuevo, contrastando con su discurso proempleo del año 2006, habló de generar empleos temporales, con la construcción de infraestructura en el país. Se notó la ausencia de compromiso para generar empleo fijo y mejor remunerado. Recordemos que uno de los ejes de un desarrollo realista es, sin duda, el empleo, sobre todo el que permite planear la economía y dar perspectiva al futuro de los miembros de las familias, lo cual sólo lo ofrece el empleo permanente. En el PRI, creemos que debe recuperarse la relación entre la política económica y la política laboral. Ambas van de la mano para hablar efectivamente de recuperación y de desarrollo.

La información del gobierno, avalada por investigadores de diversas instituciones educativas, es dolorosa, pero cierta. No obstante, vemos titubeos y confusión en las acciones y en la orientación de la política de empleo nacional. Por lo anterior, consideramos necesario y urgente que, en un ambiente de respeto, cooperación y objetividad, concurran ante la Comisión Permanente los secretarios de Economía y del Trabajo, a efecto de puntualizar qué le espera a los mexicanos, a los trabajadores y a los jóvenes, frente a sus legítimas aspiraciones de contar con empleos dignos y con un futuro cierto.

Esta propuesta la realizamos con carácter de urgente y obvia resolución por la importancia de este asunto relevante para todo el país, solicitando el apoyo de las compañeras y compañeros integrantes de ésta soberanía.

En consecuencia, presento a esta honorable asamblea proposición, con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita la comparecencia de los titulares de la Secretarías de Economía, y del Trabajo y Previsión Social ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a efecto de realizar un intercambio de información sobre la situación del empleo en nuestro país y sobre el alcance y contenido de la estrategia para generar  nuevos empleos, así como para preservar los existentes, presentada durante el mensaje de año nuevo del titular del Poder Ejecutivo.

Palacio Legislativo, a 13 de enero de 2010.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

VICTIMAS DE FEMINICIDIO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, a implementar los mecanismos necesarios para que el gobierno mexicano dé cabal cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero contra México, suscrito por la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a implantar los procedimientos necesarios para que el gobierno mexicano dé cabal cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero vs. México, suscrita por la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone a consideración de esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado mexicano de ser responsable de violar el derecho a la vida, a la integridad personal y la libertad personal en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monrreal, tres de las ocho víctimas de feminicidio, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el 6 de noviembre de 2001.

La sentencia de la CIDH responsabilizó al Estado mexicano de de no haber adoptado medidas de protección eficaces e inmediatas ante las denuncias de desaparición de mujeres en Ciudad Juárez documentadas desde 1993; asimismo, determinó que el Estado mexicano incurrió en irregularidades en las investigaciones, entre las que destacó la falta de información al momento de reportar el hallazgo de los cadáveres, una inadecuada preservación de la escena del crimen, falta de rigor en la recolección de evidencias y en la cadena de custodia, así como contradicciones e insuficiencias en las autopsias y en la identificación de los cuerpos.

La Corte determinó, además, que si se permite que personas responsables de estas graves irregularidades continúen en sus cargos, o peor aún, ocupen posiciones de autoridad, se puede generar mayor impunidad y crear las condiciones para que los factores que inciden en el contexto de violencia persistan o se agraven, ya que el hecho de que no se haya investigado a ninguno de los funcionarios supuestamente responsables por las negligencias ocurridas pone de manifiesto la situación de indefensión de las víctimas y propicia la repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos.

Se trata de una sentencia sin precedentes para los familiares de las víctimas de feminicidios en México, ya que es la primera resolución en la región que reconoce violaciones reiteradas a los derechos humanos de las mujeres, en donde la respuesta de las autoridades durante todos estos años había sido de tratar los diferentes crímenes como violencia común del ámbito privado, sin reconocer la existencia de un patrón persistente de violencia contra la mujer que tiene raíces más profundas basadas en la discriminación, aunado a una política de desinformación y la falta de acceso a los expedientes y la falta de interés por sistematizar la información de los casos reportados ni por crear un registro de datos que facilitara las investigaciones, la búsqueda y la sanción de los presuntos responsables de los crímenes y que hoy no sólo forman parte de Ciudad Juárez sino que se extiende a otras entidades del país.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al ciudadano Fernando Gómez Mont Urueta, secretario de Gobernación, a implantar los mecanismos para que el gobierno mexicano dé cabal cumplimiento a la sentencia de fecha 16 de noviembre de 2009, relativas al caso “campo algodonero contra Estados Unidos Mexicanos”, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Salón de sesiones, a 13 de enero de 2010.— Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

ESTADO DE NAYARIT

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió del senador Francisco Javier Castellón Fonseca, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Nayarit a resolver el conflicto agrario del ejido de Pantanal, municipio Jalisco, derivado del pago de indemnizaciones de sus tierras para la construcción del aeropuerto Amado Nervo de la ciudad de Tepic, suscrito por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del PRD.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Nayarit a resolver el conflicto agrario del ejido Pantanal, en Xalisco, derivado del pago de indemnizaciones de sus tierras para construir el aeropuerto Amado Nervo, de Tepic, suscrita por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Francisco Javier Castellón Fonseca, senador a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, somete a consideración del Pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Nayarit a resolver el conflicto agrario del ejido de Pantanal, municipio de Xalisco, Nayarit, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En el año de 1984, el gobierno del estado de Nayarit solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria la expropiación de una superficie de alrededor de 400 hectáreas de terrenos de cultivo pertenecientes al ejido de Pantanal, ubicado en el municipio de Xalisco, estado de Nayarit.

Esta expropiación tuvo que ver con la construcción del aeropuerto internacional Amado Nervo de la ciudad de Tepic, Nayarit.

El 29 de enero de 1993 se publicó el decreto a través del cual  se les expropiaban las tierras a los ejidatarios del Pantanal para la construcción del complejo aéreo.

Fue entonces cuando se notificó a los ejidatarios sobre la afectación de sus terrenos, quienes no opusieron resistencia alguna, ya que desde el principio del proyecto se les prometió que sus parcelas –a causa de la expropiación por utilidad pública– serían pagadas de manera justa.

Se les dijo que para pagarles se tenía que realizar un avalúo, el cual estaría a cargo de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (Cabin), pero pasó el tiempo y dicha comisión no rendía su avalúo.

Después de algunos años, la Cabin por fin rindió el citado avalúo, el cual se presentó con muchas irregularidades, pues omitió señalar que todas las tierras afectadas eran de cultivo, indicando, por el contrario, que la mayor parte eran tierras de agostadero –aquellas que por su precipitación pluvial, topografía o calidad, producen en forma natural o cultivada, pastos y forrajes que sirven para alimentar al ganado–, situación que provocó la inconformidad entre los afectados, por lo que iniciaron las gestiones de rectificación ante las autoridades competentes.

Ante la negativa de las autoridades de rectificar el avalúo de sus tierras, los ejidatarios del Pantanal, acudieron a las oficinas del Tribunal Unitario Agrario en la ciudad de Tepic, Nayarit, para iniciar un juicio agrario por la falta de pago de sus tierras expropiadas.

Por fin, en el año 2004 se dictó sentencia condenatoria por la cual se ordenó al Ejecutivo del estado de Nayarit a pagarle a los ejidatarios por motivo de la expropiación de sus tierras. Sin embargo, desde esa fecha el gobierno estatal ha retardado de manera deliberada el pago a los ejidatarios.

En 2007 el conflicto por el pago de indemnizaciones de las tierras a los ejidatarios de el Pantanal tomó un curso diferente, pues el gobierno estatal logró, a través de un juicio de amparo, la suspensión definitiva a la sentencia, por lo que ya no fue obligado a cumplir con el requerimiento del Tribunal Agrario.

Lo anterior, no obstante que dicho Tribunal había apercibido al gobierno de Nayarit con imponerle una sanción económica si no mostraba el avalúo de las casi 400 hectáreas donde se encuentra ahora el aeropuerto nayarita.

El gobierno de estado de Nayarit consiguió que el Juzgado Tercero de Distrito le ofreciera una suspensión definitiva contra actos del Tribunal Agrario –dentro del número de amparo 977/2007, interpuesto el ocho de agosto de 2007.

El juzgado de distrito sobreseyó el amparo del gobierno, pero éste interpuso un recurso de revisión de amparo ante el Tribunal Colegiado, lo que permitió al Ejecutivo del estado “ganar tiempo”, pues dicha suspensión definitiva hizo que el Tribunal Agrario quede imposibilitado para proceder contra la administración estatal.

Ante tales procedimientos, la comunidad del Pantanal a su vez presentó otro amparo (1037/2007) ante el Juzgado Tercero de Distrito, mediante el cual reclamó la lentitud del Tribunal Agrario para ejecutar el pago de sus tierras.

Es pertinente señalar que durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari se especificó que el gobierno de Nayarit pagaría 14 millones 466 mil 381 pesos por el uso de la tierra citada, pero el dinero jamás fue entregado a los ejidatarios. Por otro lado, cabe mencionar que el monto que en la actualidad les corresponde a los ejidatarios es mucho mayor.

Después de más de 20 años de espera, en junio del año 2009, legisladores federales y locales de Nayarit acompañamos a los ejidatarios del Pantanal, quienes acudieron a la Ciudad de México ante el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, para reclamar el pago de sus parcelas en las que se construyó el Aeropuerto “Amado Nervo”.

Aunado a esta acción, los ejidatarios presentaron una denuncia ante el magistrado Ramón Medina de la Torre, integrante del Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Distrito, con sede en la ciudad de Tepic, Nayarit.

Desgraciadamente, la resolución del amparo que interpuso el gobierno de Nayarit se ha venido retrasando, con lo que la administración estatal ha evadido su obligación del pago de indemnizaciones.

Ante tal escenario, los ejidatarios del Pantanal no descartan la posibilidad de realizar manifestaciones que reflejen su inconformidad, con la finalidad de que reciban el pago de indemnización por las tierras de que fueron despojados.

Por lo anterior, es pertinente no dejar solos a los ejidatarios del Pantanal en su lucha por el pago de sus indemnizaciones, y hacer lo posible porque se les haga justicia, pues ya son más de 20 años de soportar agravios y burlas por parte de las autoridades del estado de Nayarit.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nayarit a resolver el conflicto agrario del Ejido de Pantanal, municipio de Xalisco, derivado del pago de indemnizaciones de sus tierras de cultivo para la construcción del aeropuerto Amado Nervo de la ciudad de Tepic.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2010.— Senador Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica)»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

REPUBLICA DE CUBA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT, proposición con punto de acuerdo por el que solicita al Ejecutivo federal que a través de la Cancillería se exhorte al gobierno de los Estados Unidos de América a que excluya al país de Cuba en la lista de los países promotores del terrorismo.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que mediante la cancillería exhorte al gobierno de Estados Unidos de América a excluir Cuba de la lista de países promotores del terrorismo, suscrita por el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT

A partir del fallido atentado que sufrió Estados Unidos en la navidad de 2009, contra un avión de la aerolínea estadounidense Northwest Airlines, la Administración de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos comenzó a aplicar medidas adicionales de control de seguridad, en todos los aeropuertos del mundo, a todos los pasajeros que pretenden llegar a territorio de ese país, procedente de los países designados por el Departamento de Estado como “patrocinadores del terrorismo internacional”, entre los que, arbitraria e injustamente, se incluye a Cuba, junto a Irán, Siria y Sudán, así como de otros países considerados “de interés”, que son: Afganistán, Argelia, Irak, Líbano, Libia, Nigeria, Pakistán, Arabia Saudita, Somalia y Yemen. Dichas medidas también serán aplicables a cualquier persona que haga escala en alguno de estos 14 países.

De toda la lista, Cuba es un país que no encaja como país catalogado de terrorista, ya que no representa una amenaza de terrorismo. La isla no es un Estado fracasado, donde se encuentran franjas de territorio fuera del control del gobierno, más bien es una de las sociedades más duramente bloqueadas del mundo, un lugar donde, como lo manifestó Eugene Robinson, catedrático de periodismo en Harvard, Premio Pulitzer 2009 y editor de la Sección Exterior del Washington Post, la idea de que un ciudadano cubano pueda conseguir en el territorio de este país y llevar en sus manos explosivos plásticos, armas o aditamentos terroristas de cualquier tipo, es simplemente ridícula.

De acuerdo con reportes de prensa que reproducen declaraciones de funcionarios estadounidenses no identificados, los pasajeros que sean catalogados o considerados bajo estas categorías serán objeto de revisiones corporales adicionales, su equipaje de mano será minuciosamente revisado y podrán ser sometidos a refinadas técnicas de detección de explosivos o de escáner por imágenes.

El 5 de enero, en cuanto regresó de sus vacaciones por Hawai, el propio presidente Barack Obama confirmó la adopción de las medidas antes mencionadas “a pasajeros que vuelen a Estados Unidos, desde o a través de las naciones en nuestra lista de Estados patrocinadores del terrorismo u otros países de interés”, señaló textual.

Esa misma tarde, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Sección de Intereses de Cuba en Washington presentaron una nota de protesta a la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana y al Departamento de Estado, respectivamente, en las que se rechaza categóricamente esta nueva acción hostil del gobierno de los Estados Unidos, que se deriva de la inclusión injustificada de Cuba en la llamada lista de Estados patrocinadores del terrorismo, por razones meramente políticas, que tienen como único propósito justificar la política de bloqueo, que la comunidad internacional ha condenado de manera abrumadora y que en el pasado ya ha sido rechazada sistemáticamente por las Cámaras de este honorable Congreso de la Unión.

En la nota de referencia, el ministerio puntualiza que los hechos demuestran el récord impecable de Cuba en materia de enfrentamiento al terrorismo, del que ha sido históricamente víctima; reitera que son totalmente infundados los argumentos que emplea el gobierno de Estados Unidos para justificar la inclusión de Cuba en el listado de “Estados patrocinadores del terrorismo internacional”, y demanda su inmediata exclusión de esta lista arbitraria.

Ese mismo día, un portavoz del Departamento de Estado al ser interrogado declaró que “Cuba es un país que apoya actividades terroristas y por lo tanto sus ciudadanos y viajeros en tránsito aéreo deben ser sometidos a controles suplementarios por motivos de seguridad”.

A raíz de la promulgación de esta nueva medida, columnistas de importantes medios de prensa estadounidenses, como el Washington Post, han calificado de “ridícula” e “inmerecida” la designación de Cuba como “Estado terrorista”, al recordar que Cuba no constituye una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y afirmar que buscar terroristas en vuelos procedentes de Cuba “es una pérdida de tiempo”.

El portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley declaró que Cuba tiene “bien ganada” su designación como “Estado patrocinador del terrorismo”. Un día después, otro vocero reiteró a la agencia AFP los desgastados pretextos que supuestamente justifican mantener a Cuba en la lista terrorista.

Como parte de su política de hostilidad y de sus campañas de propaganda para tratar de desacreditar la imagen de la Revolución Cubana, en 1982 el gobierno de Ronald Reagan incorporó injustamente a Cuba en la lista anual del Departamento de Estado sobre los “Estados patrocinadores del terrorismo internacional”, mucho antes de que se produjera el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York. Esta inclusión conllevó la aplicación de nuevas sanciones económicas, incluyendo el congelamiento de transacciones financieras, prohibiciones de transferencias de tecnología y medidas restrictivas y de aislamiento contra el país y sus ciudadanos. Estas sanciones se sumaron a las ya severas medidas impuestas por el bloqueo económico, comercial y financiero decretado desde inicios de la Revolución.

Como se ha expresado en ocasiones anteriores por las Cámaras de este honorable Congreso, la llegada del presidente Obama a la Casa Blanca no ha significado un cambio real en la política hacia Cuba y este es un ejemplo concreto adicional de ello.

Cada año, el gobierno de Estados Unidos mantiene a Cuba en esa lista, para lo cual ha utilizado diversos pretextos, todos insostenibles y sin poder presentar la menor evidencia de su participación en acto terrorista alguno.

Cuba ha hecho públicos en el pasado suficientes elementos que demuestran la falsedad y el carácter manipulador de estos pretextos, tal como se reflejó exhaustivamente en la Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores, “Cuba no tiene nada que ocultar ni nada de qué avergonzarse”, emitida el 2 de mayo de 2003.

Por el contrario, ha sido el gobierno de Estados Unidos el que ha recibido en su territorio, desde el triunfo de la Revolución, a centenares de delincuentes, asesinos y terroristas, ignorando las solicitudes formales de devolución presentadas por el gobierno de Cuba en cada caso, al amparo de acuerdos de extradición entonces vigentes. Muchos de estos individuos aún se pasean libre y tranquilamente por las calles de ese país, incluso tras haber estado implicados en nuevos actos terroristas contra ciudadanos e intereses de Estados Unidos, Cuba y otras naciones.

El caso más conocido y atroz es el de la voladura de un avión de pasajeros de Cubana de Aviación, el 6 de octubre de 1976, que causó 73 muertes y constituyó el primer acto terrorista contra una aeronave civil, en pleno vuelo, en el hemisferio occidental. Sus autores, Orlando Bosch Ávila y Luis Posada Carriles han vivido y aún residen impunemente en Miami, el primero, gracias al perdón presidencial de George Bush y, el segundo, en espera de un prolongado juicio por mentir y obstruir la justicia en un proceso migratorio y no por los cargos de terrorismo internacional que merece.

Algunas de estas verdades no han podido ser desconocidas por esos mismos informes del Departamento de Estado que designan a Cuba como “Estado patrocinador del terrorismo”.

Cuba ha rechazado, por ilegítimo, el mecanismo mediante el cual el gobierno de Estados Unidos se arroga el derecho a certificar la conducta de otras naciones en materia de terrorismo y a emitir listas discriminatorias y selectivas, con fines políticos, mientras asume una posición de doble rasero al no juzgar y permitir que sigan en libertad los responsables confesos de horrendos actos terroristas contra Cuba.

El caso de los cinco héroes cubanos que cumplen arbitrarias e injustas condenas en cárceles estadounidenses, desde hace más de 11 años por impedir acciones terroristas cometidas desde el propio territorio de Estados Unidos, es ejemplo fehaciente de ello, tema que congruentemente este honorable Congreso ha denunciado y dado seguimiento.

Como se expresa en la Declaración del Gobierno de la Isla, Cuba siempre ha tenido un desempeño ejemplar en la lucha contra el terrorismo, y para muestra baste recordar:

1. Cuba condena todos los actos de terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones.

2. El territorio de Cuba nunca ha sido utilizado ni se utilizará jamás para organizar, financiar o ejecutar actos terroristas contra ningún país, incluyendo a Estados Unidos.

3. Cuba es Estado parte de los 13 convenios internacionales existentes en materia de terrorismo y cumple estrictamente las obligaciones emanadas de las resoluciones 1267, 1373 y 1540 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en esta esfera.

4. Cuba no posee, ni tiene intención de poseer, armas de exterminio en masa de ningún tipo y cumple sus obligaciones en virtud de los instrumentos internacionales que ha suscrito en materia de armas nucleares, químicas y biológicas.

5. La Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba aprobó, el 20 de diciembre de 2001, la Ley 93 “Contra actos de terrorismo”, la cual tipificó todos los actos de terrorismo internacional como delitos graves y estableció penas muy severas.

6. Cuba ha adoptado, además, medidas para prevenir y reprimir todo acto de terrorismo y todas las actividades relacionadas con estos, incluida la financiación del terrorismo. Asimismo, ha incrementado la vigilancia de las fronteras y ha fomentado medidas para impedir el tráfico de armas e intensificar la cooperación judicial con otros países, para lo cual ha firmado 35 acuerdos en materia de asistencia jurídica y ha manifestado reiteradamente su disposición permanente de cooperar con todos los Estados en esta esfera.

7. En este espíritu, Cuba ha cooperado, incluso activamente, con el gobierno de Estados Unidos. En tres ocasiones (noviembre de 2001, diciembre de 2001 y marzo de 2002), Cuba propuso a las autoridades estadounidenses un proyecto de Programa de cooperación bilateral para combatir el terrorismo, y en julio de 2009, Cuba reiteró su disposición a cooperar en esta esfera.

8. En varias ocasiones, las autoridades cubanas han hecho conocer al gobierno de Estados Unidos, su disposición a intercambiar información sobre planes de atentados y acciones terroristas dirigidas contra objetivos en cualquiera de los dos países. Es igualmente conocido que, en 1984, Cuba alertó sobre un plan de atentado contra el presidente Ronald Reagan que condujo a la neutralización de los involucrados por parte de las autoridades estadounidenses. En 1998, se le trasladó a la administración de William Clinton información sobre planes de hacer estallar bombas en aviones de líneas aéreas cubanas o de otros países que viajaban a Cuba.

9. Asimismo las autoridades cubanas han entregado al gobierno de Estados Unidos abundante información sobre actos terroristas cometidos contra Cuba.

10. En 1997, 1998, 2005 y 2006, Cuba entregó al FBI cuantiosas evidencias sobre las explosiones con bombas en varios centros turísticos cubanos, dándole incluso acceso a los autores de esos hechos, detenidos en Cuba, y a testigos.

11. No debe olvidarse, además, que Cuba fue uno de los primeros países que condenó públicamente los criminales ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, trasladó su disposición a brindar asistencia médica y humanitaria a las víctimas, y ofreció de inmediato abrir su espacio aéreo y sus aeropuertos para recibir a los aviones de pasajeros con destino a territorio estadounidense. A pesar de los numerosos actos terroristas procedentes de territorio estadounidense contra Cuba, este país ha mantenido una conducta intachable y limpia, en relación con cualquier hecho que pueda afectar a los ciudadanos estadounidenses, porque es una nación que se rige por principios políticos y normas éticas.

El gobierno cubano, con toda su moral y dignidad, condenó oportunamente la inclusión arbitraria en esta lista de 14 países cuyos ciudadanos serán sometidos a nuevas medidas restrictivas por decisión del gobierno de los Estados Unidos. Asimismo, demandó su inmediata exclusión de la lista de “Estados patrocinadores del terrorismo internacional”, por constituir una designación injusta, arbitraria y políticamente motivada, que contradice la conducta ejemplar de Cuba en el enfrentamiento al terrorismo y pone en tela de juicio la seriedad de Estados Unidos en la lucha contra este flagelo. Asimismo, instó al gobierno de Estados Unidos a que, como expresión de compromiso con la lucha antiterrorista, actúe con firmeza y sin dobles raseros contra quienes desde el territorio estadounidense han perpetrado actos terroristas contra Cuba; y a que libere a los cinco héroes antiterroristas cubanos injustamente encarcelados en ese país.

El 11 de enero, la Comisión Permanente de Relaciones Internacionales del Parlamento cubano, se sumó a esta condena e hizo un llamado a los legisladores de otros parlamentos internacionales, regionales, federales y nacionales, así como a las respectivas comisiones de relaciones internacionales y a los grupos parlamentarios de amistad a no dejarse engañar por ésta otra gran mentira contra Cuba, pidiéndoles además que rechacen dicha inclusión por ofender la verdad y la dignidad del mundo.

Es oportuno recordar a esta asamblea, que la secretaria de Relaciones Exteriores Patricia Espinosa Cantellano, el pasado 11 de diciembre, estuvo en La Habana, Cuba en el marco de la IV Reunión del Mecanismo Permanente de Información y Consultas Políticas Cuba-México, en la cual con su homólogo Bruno Rodríguez, sostuvieron conversaciones sobre los principales temas de la agenda bilateral, regional y multilateral y muy en particular se debe recalcar que ambos cancilleres reconocieron su interés de ampliar y fortalecer los Propósitos y Principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en especial todo lo relativo a la igualdad soberana de los Estados, la preservación de la paz y la seguridad internacionales, así como el fomento de las relaciones de amistad entre ambas naciones.

Por lo anterior, y por el hecho de que México no puede mantenerse impasible ante ésta nueva agresión al derecho internacional, y en congruencia con los pasos dados recientemente para el estrechamiento de la relación bilateral, es que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, debe condenar este intento de medidas extremas que en el caso de Cuba tienen un fin políticamente claro: endurecer el bloqueo al que han tenido sometida a la isla.

Es oportuno recordarles compañeros legisladores, que a principios del próximo mes de febrero se llevará a cabo en La Habana, Cuba la XI Reunión Interparlamentaria México-Cuba, hecho que será una muestra más de que la relación bilateral entre nuestros hermanos países es cada día mejor, y será el perfecto escenario para permitir y coadyuvar a que esta relación diplomática sea lo que en otras épocas fue.

Por lo anterior, es que el contenido del presente punto de acuerdo es una prueba fehaciente más de lo importante que es para este Congreso de la Unión, la relación bilateral con Cuba; ya que a juicio nuestro dicha inclusión en la lista de países patrocinadores del terrorismo no es más que otra argucia de la política implantada por el gobierno de Estados Unidos, aún y con la llegada de Barack Obama a la presidencia del país que se dice más poderoso del mundo, y que en aras de no permitir ataques terroristas en su territorio, está yendo mucho más allá de lo que implica el respeto a la soberanía e integridad de cada país.

Un tema que finalmente deseo dejar sólo a la consideración de esta asamblea, es el hecho de la importancia de la próxima creación y constitución del Grupo de Amistad México-Cuba en la Cámara de Diputados, ya que estimo que ésta podrá ser una instancia que le brinde el seguimiento tanto a los resolutivos que se aprueben sobre el presente punto de acuerdo, así como a los resultados que traiga consigo la Reunión Interparlamentaria de febrero próximo. El cual, no es menor, por el contrario, es con el encuentro por el que se refleja la voluntad de dos pueblos amigos y en su mandato democrático que da origen y legítima a nuestro actuar como legisladores; esto en ausencia, hay que decirlo, de una relación sólida, de respeto y ayuda recíproca entre México y Cuba no puede haber equilibrio regional armónico, ni beneficio suficiente para América Latina. No se debe olvidar, que el vínculo solidario de nuestros países ha sido permanente factor de equilibrio en el contexto de Latinoamérica, y lo será más si se basa en un amplio proyecto de cooperación y en el pleno respeto a nuestra soberanía y a la autodeterminación de nuestras decisiones.

Los parlamentarios mexicanos tenemos la firme convicción de que donde las diferencias ideológicas pueden trazar linderos, la inteligencia y creatividad políticas pueden y deben unir a los pueblos, por eso es que se deben dar muestras del apoyo solidario que implica ésta relación bilateral.

Como mexicanos no podemos tolerar, ni permitir que a un país hermano que ha realizado por tantas décadas una lucha impecable por sus propios ideales, se le tache de terrorista. Ya que en los temas que se han trabajado de manera bilateral en México y Cuba, está incluido el de seguridad, y dentro de ésta tenemos el de delincuencia organizada y en nuestro país el terrorismo es parte de la delincuencia organizada; por lo anterior la lucha contra el terrorismo está estrechamente vinculado con lo que tenemos pensado seguir impulsado en este Congreso. Sin embargo, en pro de esta lucha tampoco vamos a permitir que se cometan injusticias como en el caso aquí planteado, y sí vamos impulsar las acciones pertinentes para que exigir ante las instancias respectivas que esto no se permita.

Por lo anterior, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión reprueba de manera rotunda y categórica la inclusión de Cuba como un país patrocinador del terrorismo internacional.

Segundo.La Comisión Permanente extiende un respetuoso llamado al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en nombre del gobierno mexicano se exhorte de manera respetuosa al gobierno de Estados Unidos a excluir a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.

Salón Verde, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a trece días del mes de enero de 2010.— Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Segunda Comisión.

El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Señor presidente, sólo una pregunta y una moción de orden.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, senador, dígame.

El senador Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Quisiera hacer una pregunta y hacer una moción de orden. Todo esto que está usted leyendo son los puntos de acuerdo que están en la agenda del orden del día de hoy, pero a mí no me preguntaron si quería que ya se turnara.

Yo estaba esperando mi turno y aunque sé que la hora de las cuatro está por concluir, me gustaría que nos informara por qué la decisión de estar turnando todos los puntos de acuerdo. A mí no me consultaron si quería que se turnara el punto de acuerdo de Cuba. Estaba esperando el orden del día, aunque entiendo que no voy a llegar porque está en el 12, pero nada más quisiera la información de por qué la Presidencia asumió y en razón de qué.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le informo con mucho gusto. Así me lo pasan, en virtud del número de acuerdo, del acuerdo que se ha celebrado para efecto de los temas que pueden plantearse en cada una de las sesiones se acordó que fueran: el PRI presentaría seis asuntos, el PAN cinco, el PRD dos, el Verde Ecologista uno, y el PT uno, así como Convergencia uno. Es parte de las razones, señor senador.

El senador Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Sí, estoy de acuerdo, presidente, aunque es un acuerdo violatorio a mis derechos porque no me van a decir qué voy a presentar ni cuándo, pero no he presentado ninguno. Ése es el tema, no llevo ni uno solo presentado.  Ésa es mi preocupación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El tema es que así fueron acordados en las Juntas de Coordinadores y Vicecoordinadores. Está un punto reservado para el diputado Ibarra Pedroza también. Por eso es por lo que se lo expreso a usted, por el número de asuntos.

El senador Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Por esta vez lo aceptaré, aunque debo acudir al Tribunal, porque usted está violando mis derechos como parlamentario –por la vía del amparo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De ninguna manera, son los acuerdos que se han tomado por los grupos parlamentarios y con gusto estamos aquí haciéndolos efectivos.

ESTADO DE NAYARIT

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Fue recibida proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Nayarit a derogar el cobro de la tenencia, reemplacamiento y verificación vehicular, aprobado el 20 de diciembre de 2009, así como al titular del Ejecutivo del estado, a desarrollar y poner en marcha programas emergentes que disminuyan el impacto del aumento en los precios de los productos de la canasta básica y de los combustibles, suscrita por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Nayarit a derogar el cobro de tenencia, reemplacamiento y verificación vehiculares aprobado el 20 de diciembre de 2009; y al gobernador, a diseñar y poner en marcha programas urgentes que disminuyan el efecto del alza de los productos de la canasta básica y de los combustibles, suscrita por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Francisco Javier Castellón Fonseca, senador a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, somete a consideración del Pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Congreso de Nayarit a derogar el cobro de la tenencia, reemplacamiento y verificación vehicular aprobado el 20 de diciembre de 2009, así como al titular del Ejecutivo del estado a desarrollar y poner en marcha programas emergentes que disminuyan el impacto del aumento en los precios de los productos de la canasta básica y de los combustibles, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los últimos años, los precios de los productos alimentarios básicos a nivel mundial aumentaron drásticamente. Pero fue en abril de 2008, cuando en el mercado internacional se registraron los precios más altos de los últimos 10 años de dichos productos. Por ejemplo, el precio del trigo se duplicó en menos de un año y otros alimentos básicos como el maíz y el arroz también sufrieron aumentos similares.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), entre enero de 2006 y abril de 2008, el precio internacional de maíz amarillo creció 140 por ciento; el de arroz 257; el de la soya 126, y el del trigo 117 por ciento. Este aumento de los precios también incluyó a los productos pecuarios.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos y la FAO pronostican que, aunque los precios de los alimentos en los años venideros sean más bajos que los registrados en el 2008, seguirán siendo considerablemente más altos de lo que lo fueron en el pasado.

El incremento en los precios mundiales de los productos básicos afecta a cientos de millones de personas pobres que se enfrentan al hambre y la malnutrición, situación que en algunos países ha causado disturbios y estallidos sociales.

Por estas razones, los gobiernos han abordado el problema de los precios de los alimentos desde distintas perspectivas, adoptando ciertas medidas, entre las que se pueden mencionar las siguientes: reducir o eliminar tasas e impuestos sobre las importaciones de cereales alimentarios; restringir las exportaciones; imponer un control de precios y su cumplimiento y conceder subsidios a los consumidores; aumentar la oferta utilizando las reservas, y establecer o ampliar una serie de programas sociales; así como la promoción de créditos y subsidios a la producción.

Por su parte, en nuestro país, a partir de 2006 el costo de la canasta básica ha experimentado constantes alzas, desencadenando y profundizando la vulnerabilidad económica y la inseguridad alimentaria, aumentando los niveles de pobreza alimentaria y patrimonial.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reporta que en el país, el 18.2 por ciento de la población se encuentra en el nivel de “pobreza alimentaria”, es decir, que carece de los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades de alimentación diaria. Mientras que el 47 por ciento vive en situación de “pobreza patrimonial”, lo que representa más de 50 millones de mexicanos.

No obstante, los niveles de pobreza son mayores debido a que el informe del Coneval no considera los efectos causados por la severa crisis económica del 2009.

El año pasado en México, los aumentos de los precios de la mayoría de los productos se dispararon. Por ejemplo, el aceite comestible se incrementó 105 por ciento, el arroz 90, el frijol 85, el azúcar más del 10 por ciento, y el precio de las tortillas de maíz –en algunos lugares del país– se incrementó más del 100 por ciento.

Por otra parte, la Procuraduría Federal del Consumidor señala que la canasta básica costaba 818.44 pesos en diciembre de 2006, mientras que al mismo mes de 2009 se ubicó en 1,544 pesos. Además, según el Banco de México, el índice de precios de la canasta básica de consumo registró un crecimiento anual de 4.39 por ciento al mes de octubre de 2009.

Pero también la crisis mundial ha traído consigo el incremento de los precios de los combustibles, lo cual ha provocado que en distintas partes del país organizaciones del sector productivo –en particular los transportistas– hayan realizado protestas en contra de dicho aumento.

En el estado de Nayarit los ciudadanos y transportistas también están indignados por el constante aumento de los combustibles, en particular de la gasolina y el diesel que viene aplicando el gobierno federal.

El aumento de los precios de los energéticos tiene un efecto multiplicador que repercute en todos los bienes y servicios, perjudicando a millones de familias mexicanas, así como a la productividad de las micro y pequeñas empresas, además de los sectores productivos agropecuario y pesquero que utilizan estos insumos.

Para el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM, el impacto que tendrá el incremento marginal de 4.85 por ciento, a los salarios mínimos aprobado para este 2010 será nulo; por lo que se advierte que el poder adquisitivo de los trabajadores continuará en “picada”, tomando en cuenta que en lo que va de la presente administración cayó un poco más del 37 por ciento.

Por tanto, para detener el deterioro de la calidad de vida de la mayoría de los mexicanos, se debe “frenar” a toda costa el incremento en el precio de los productos de la canasta básica, así como el aumento de los productos y servicios que ofrece el gobierno, pues el salario mínimo que recibe la clase trabajadora mexicana, no será suficiente para satisfacer las necesidades más apremiantes de sus familias.

A este injustificado aumento en los precios de los alimentos y de los combustibles se tiene que sumar el incremento de las cargas tributarias, que sólo provocarán una mayor inflación para el pueblo mexicano.

En este contexto, los tres niveles de gobierno deben de comportarse de manera sensible y realizar esfuerzos para que, a través de un proceso de negociación con los grupos comerciales e industriales, eviten el incremento en los precios de la canasta básica.

Es momento de pedir al gobierno federal y a los gobiernos estatales que asuman su responsabilidad e implementen acciones coordinadas a fin de: atender las necesidades alimentarias de los segmentos de la población más vulnerables; dando a los pequeños agricultores y campesinos pobres y marginados la posibilidad de incrementar la producción de alimentos y poner en marcha programas emergentes que apoyen los de medios de vida de mujeres, hombres y jóvenes en condiciones de desventaja.

Por otra parte, por considerarla como una medida unilateral y un atentado contra la economía de las familias nayaritas, en esta proposición con punto de acuerdo también se exhorta al Congreso del estado a dar marcha atrás al pago de tenencia, reemplacamiento y verificación vehicular que empezará a aplicarse, a partir del 15 de enero del presente año, por la Secretaría de Hacienda local.

Lo anterior, considerando que los programas de reemplazamiento se deben llevar a cabo cada 10 años y no cada dos como pretende el gobierno estatal.

Ciudadanos, empresarios, líderes políticos y sociales inconformes con esta medida expresan que es lamentable que por caprichos personales, el gobierno del estado y la Cámara de Diputados local hayan aprobado otro impuesto, pues representa un atentado contra la economía familiar, además de que Nayarit, a nivel nacional, es la entidad que paga mayor número de impuestos.

Según el gobierno del estado, con este impuesto se captarán alrededor de 120 millones de pesos anuales, monto insignificante si tomamos en cuenta que, solamente el endeudamiento de Nayarit es de mil 190 millones de pesos. Por lo que sería mejor que dichos recursos provengan de un programa de austeridad y recorte de gastos superfluos del gobierno estatal.

Por lo anteriores pretende que con la derogación de estos nuevos impuestos se beneficie a más de 170 mil ciudadanos que cuentan con un vehículo en los 20 municipios que tiene el estado.

Considero que el gobierno del estado de Nayarit no debe ser insensible a los problemas de aumento de precios y tarifas que los ciudadanos y los sectores productivos están enfrentado debido a las malas condiciones económicas en que se encuentra el país, pues de continuar el deterioro de la calidad de vida de los mexicanos y de los nayaritas, los problemas sociales se tornarán más complejos, pues “el hambre despierta las conciencias”.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del estado de Nayarit a derogar el cobro de tenencia, reemplacamiento y verificación vehicular, aprobado el 20 de diciembre de 2009 y que comenzará a aplicarse a partir del 15 de enero de 2010.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo de Nayarit, licenciado Ney González Sánchez, a desarrollar y poner en marcha, a través de las dependencias y entidades competentes, programas emergentes que disminuyan el impacto del aumento en los precios de los productos de la canasta básica, así como de los combustibles; con la finalidad de detener el deterioro en la calidad de vida de los habitantes del estado.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2010.— Senador Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE ECONOMIA Y DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió proposición con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del titular de la Secretaría de Economía y del director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a fin de que rindan un informe detallado sobre el contenido y alcances del acuerdo comercial anti-piratería; asimismo, solicitar a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, la integración de una subcomisión o comisión especial que dé seguimiento a las negociaciones de dicho acuerdo, suscrita por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del PRD.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar la comparecencia del secretario de Economía y del director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que rindan un informe detallado sobre el contenido y los alcances del Acuerdo Comercial Antipiratería; y de solicitar a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República la integración de una subcomisión o comisión especial que dé seguimiento a las negociaciones de dicho acuerdo, suscrita por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Francisco Javier Castellón Fonseca, senador de la república por Nayarit en la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con fundamento en los artículos 116, 122, 123 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con puntos de acuerdo para solicitar la comparecencia del secretario de Economía y del director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a fin de que rindan un informe detallado sobre el contenido y los alcances del Acuerdo Comercial Antipiratería (Anti Counterfeit Trade Agreement, o Acta); y solicitar a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República la integración de una subcomisión o comisión especial que dé seguimiento a las negociaciones de dicho acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La propiedad intelectual ha cobrado un papel central en las relaciones comerciales modernas. Los tratados comerciales suscritos por México muestran una tendencia a fortalecer la protección de los distintos aspectos relacionados con la propiedad intelectual y el comercio. Prueba de lo anterior la constituye la suscripción del TLCAN y los ADPIC, entre otros.

El Senado de la República, como foro plural y abierto, ha recibido un número importante de peticiones ciudadanas en las que se han manifestado distintas inquietudes y preocupaciones que tienen que ver con la negociación de un nuevo tratado comercial, el Acta, o Acuerdo Comercial Antipiratería, respecto del que se tiene conocimiento que está siendo negociado por la Secretaría de Economía, a través del IMPI, y la Procuraduría General de la República; sin embargo, se desconocen el contenido y alcance de dichas negociaciones.

La principal preocupación de los interesados en el tema lo constituye el hermetismo y la confidencialidad con que se realizan las negociaciones y redacción del texto del tratado en comento. A la fecha, según nos hacen saber los ciudadanos que se han acercado a esta soberanía, no se ha dado oportunidad a la sociedad civil de participar en las negociaciones del tratado comercial, y sólo se conocen documentos presumiblemente filtrados de algunas oficinas pertenecientes a otros países que también participan en la negociación del Acta.

Temas como el derecho de autor en el entorno digital, cuya agenda se encuentra programada para discutirse en el país en próximos días, representan puntos de suma importancia para el marco normativo nacional y para los derechos fundamentales de los ciudadanos y de las personas en general.

Otra de las preocupaciones expresada ante esta soberanía es la relativa a que, aparentemente, sólo se ha dado voz y voto en la redacción y conducción de las negociaciones que incumben al Acta a los representantes de las industrias de contenidos, como la musical, la cinematográfica, la televisora y de desarrollo de software. En consecuencia, se aprecia un fuerte desequilibrio de intereses entre productores de contenidos, usuarios y consumidores de éstos.

También se ha manifestado la preocupación por lo que podría ser una violación grave del principio de legalidad y certeza jurídica que invoca la inocencia de toda persona hasta que no sea demostrado lo contrario mediante un procedimiento seguido formalmente conforme a leyes claras y precisas. Esto, derivado de que en los documentos aparentemente filtrados se dan a conocer posturas mediante las que la autoridad administrativa tendría la facultad para llevar a cabo diversas medidas que implican romper dicho principio de presunción de inocencia sin la participación de un juez, acción a todas luces inconstitucional en el marco de la legislación mexicana.

De igual forma, hay incertidumbre respecto de los contenidos y de las comunicaciones que circulan a través de Internet. Los documentos aparentemente filtrados suponen que los prestadores de servicios de conexión a Internet estarían obligados a filtrar toda comunicación que se intercambie a través de las redes públicas de telecomunicaciones. Puesto en otras palabras, los prestadores de servicios de conexión a Internet estarían obligados a conocer todo el contenido de las comunicaciones que pasen por su infraestructura, independientemente de la tecnología que se utilice. Lo anterior se percibe como un atentado grave a la privacidad de las personas, además de que obliga, injustamente, a un prestador de servicios a convertirse en delator, en su caso, de sus propios clientes.

Por otro lado, las provisiones que aparentemente se estarían incorporando a la legislación en materia de propiedad intelectual constituyen una grave disminución de los derechos de que hoy gozan los usuarios de obras protegidas por el sistema de propiedad intelectual en el país. Cabe recordar que hay una serie de limitaciones debidamente especificadas en la Ley Federal del Derecho de Autor y en la de la Propiedad Industrial, principalmente, que fueron concebidas como un factor de equilibrio entre los intereses que corresponden a los creadores de obras e inventores y los correspondientes a la sociedad civil. En consecuencia, se aprecia como un retroceso grave pretender disminuir, en cualquier medida, los derechos de que hoy gozan los ciudadanos como consecuencia de la ampliación de los privilegios de unos pocos en perjuicio de la mayoría.

Se tiene conocimiento de que el IMPI ha convocado a lo que ha denominado como “consultas públicas del Acta”. No obstante, también se tiene conocimiento, gracias a diversos comunicados de ciudadanos que desean involucrarse en dichas negociaciones, de que las consultas públicas aparentemente no han sido tales sino que sólo han sido convocatorias que buscarían legitimar la negociación del acuerdo comercial sin que en realidad se esté dando la oportunidad de participar a la sociedad civil. Ejemplo de esto lo representa la información que se encuentra en el sitio de Internet del IMPI, donde se hace una relatoría de las diferentes reuniones que se han llevado a cabo en torno de las negociaciones del Acta, pero no se dan mayores detalles sobre el texto puntual que se piensa quede como redacción final del acuerdo.

Lo anterior contrasta con negociaciones similares llevadas a cabo en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, donde se ha favorecido la transparencia e inclusión de diversos sectores productivos y de la sociedad civil, en busca de un justo equilibrio de intereses entre ambas partes.

A fin de que el Senado mexicano estuviera informado paso a paso de las negociaciones de los tratados internacionales que más tarde serían sometidos a su aprobación, con fecha 2 de septiembre de 2004 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica. En ese ordenamiento se establecen procedimientos para que el Senado conozca con todo detalle y oportunidad el comienzo de cualquier negociación comercial que el Ejecutivo federal emprenda con otros países. Asimismo, se le obliga a informar permanentemente a esta Cámara sobre el avance, los objetivos y el calendario de las actividades relativas a la negociación.

Sin embargo, y pese al procedimiento referenciado en el párrafo anterior, en el Senado de la República no se ha recibido ningún tipo de información por parte del Ejecutivo de las negociaciones y contenido del Acta, ha habido total hermetismo sobre los alcances y beneficios que en concreto el país obtendría por la adopción del acuerdo.

Resulta preocupante que el Ejecutivo federal esté realizando las negociaciones sin intervención del Senado de un instrumento de tal trascendencia y múltiples efectos. Es menester que esta Cámara conozca el texto general que se negocia, así como la posición del país en las reuniones que se llevan a cabo, y que justamente sea este cuerpo colegiado el punto de contacto con la sociedad civil, y los sectores industriales y productivos, mediante la realización de foros públicos en los que participen académicos, funcionarios, representantes del sector privado y demás interesados, a fin de analizar y debatir los alcances del acuerdo.

Es urgente que, de una vez y sin justificaciones, el Ejecutivo federal cumpla la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica e informe al Senado sobre el curso de esta negociación. De igual manera, y por la importancia del tema, se solicita la creación de una subcomisión o comisión especial, que se integre de manera plural conforme a la representación de todos los grupos parlamentarios, a fin de seguir las negociaciones del Acta.

El país tiene un extenso número de tratados comerciales y económicos con distintas naciones, que han permitido la supuesta inserción de México en el comercio mundial. No obstante, son cuestionables las ventajas reales de la adopción de estos instrumentos, ya que lejos de haber obtenido beneficios, las condiciones de competitividad del país siguen deteriorándose en cualquiera de los índices de medición internacional que se apliquen. La experiencia demuestra que la mayoría de los tratados económicos firmados por México ha sido en condiciones notablemente desventajosas o que, en su caso, respondieron a intereses particulares, alejados de beneficios reales a la sociedad o al sector productivo, lo cual podría volver a suceder si no se respeta el marco legal aplicable ni se realiza una consulta pública y responsable respecto del Acta.

Como consecuencia de lo anterior, y a fin de poder disipar las preocupaciones y dudas manifestadas ante esta soberanía por integrantes de la sociedad civil, se somete a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al secretario de Economía y al director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que se sirvan comparecer ante esta soberanía a fin de proporcionar un informe detallado respecto a lo siguiente:

a) Contenido del texto preliminar que se tiene en el marco de las negociaciones del Acuerdo Comercial Antipiratería (Acta);

b) Alcance del texto preliminar del Acta;

c) Lista de participantes en las negociaciones del Acta, pormenorizando delegaciones correspondientes a cada país que interviene en las negociaciones, así como nombres de los funcionarios y de las empresas a que representan por parte de las industrias convocadas a las rondas de negociaciones, incluida la correspondiente por llevarse a cabo en México;

d) Provisiones que se pretenden incluir en el texto de dicho acuerdo comercial con relación al uso de obras en el entorno digital, particularmente por lo que concierne a Internet, medios de soporte digital y electrónico;

e) Facultades y medidas que se pretenden conceder a la autoridad administrativa para salvaguardar los derechos de propiedad intelectual en el país para el caso de que esta soberanía tenga a bien ratificar la suscripción del dicho acuerdo comercial por los Estados Unidos Mexicanos;

f) Obligaciones que se pretende imponer a los prestadores de servicios de Internet para salvaguardar los derechos de propiedad intelectual en el marco del Acta y consecuencias para la ciudadanía en caso de su aplicación;

g) Contenido de las minutas levantadas en las rondas de negociaciones en que ha intervenido o asistido México; y

h) Programa de consultas públicas y procedimientos de participación ciudadana en la ronda de negociación por llevarse a cabo en México y para las reuniones subsecuentes por celebrarse en otros países.

Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República que integre con la mayor brevedad una subcomisión o comisión especial que dé seguimiento a las negociaciones del Acuerdo Comercial Antipiratería, mejor conocido como “Acta”, por sus siglas en inglés, la cual contará con las atribuciones que prevé el artículo 8 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica.

Tercero.La subcomisión o comisión especial evaluará el efecto, el beneficio o las desventajas que el Acta podría representar para México; y, de forma particular, analizará si cumple los objetivos previstos en la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica. De igual manera, deberá realizar consultas públicas de análisis con todos los sectores interesados.

Cuarto.La subcomisión o comisión especial se integrará de manera plural, conforme a la representación de todos los grupos parlamentarios, y su presidencia será rotativa. En todo momento, la subcomisión o comisión especial deberá hacer pública la información que reciba del Ejecutivo federal e informar periódicamente sobre sus actividades.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2010.— Senador Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

ESTADO DE CHIAPAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió del senador Rubén Fernando Velázquez López, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a garantizar en la autopista concesionada Las Choapas-Ocozocuautla, las condiciones mínimas de seguridad, comodidad y rapidez.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a garantizar las condiciones mínimas de seguridad, comodidad y rapidez en la autopista concesionada Las Choapas-Ocozocuautla, suscrita por el senador Rubén Fernando Velázquez López, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Rubén Fernando Velázquez López, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del honorable Senado de la República, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a garantizar en la autopista concesionada Las Choapas-Ocozocuautla las condiciones mínimas de seguridad, comodidad y rapidez.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, para que solicite al órgano público descentralizado, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos verifique si en la autopista concesionada Las Choapas-Ocozocuautla se garantiza la seguridad, comodidad y rapidez de la vía, según dispone el artículo 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas para que solicite a la concesionaria Banobras todos los datos o informes necesarios que acrediten las acciones u obras realizadas para garantizar un óptimo servicio a los usuarios de la autopista concesionada Las Choapas-Ocozocuautla y, en su caso, si éste no se garantiza, ordenar la exención del pago de peaje, según obligue el título de concesión o la modalidad de la vía.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2010.— Senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

TARIFAS DE ENERGIA ELECTRICA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a revertir los aumentos en las tarifas de energía eléctrica para usuarios domésticos, suscrito por el senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del PRD.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a revertir los aumentos de las tarifas de energía eléctrica para usuarios domésticos, suscrita por el senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Silvano Aureoles Conejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del honorable Senado de la República, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a revertir los aumentos en las tarifas de energía eléctrica para usuarios domésticos de conformidad con los siguientes

Considerandos

En este inicio de año los mexicanos hemos resentido los incrementos de los precios en la canasta básica, los combustibles, las gasolinas, el diesel y las tarifas de energía eléctrica para usuarios domésticos.

Consideramos necesario que desde el Congreso se muestre sensibilidad política con los millones de mexicanos que se encuentran en situación de pobreza, con aquellos que han perdido sus empleos* o han tenido que cerrar fuentes de trabajo ha consecuencia de la profunda crisis económica por la que está atravesando el país.

Por tanto, sí como se ha afirmado ante los medios de comunicación, los aumentos no son significativos, solicitamos como medida de apoyo a los hogares que menos tienen, que el Ejecutivo federal emita un decreto, dando marcha atrás a los aumentos a las tarifas eléctricas para uso domestico y que éstas se congelen por el resto de 2010.

Según información de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las tarifas eléctricas para uso domestico aumentaron a partir del primero de enero y registrarán un incremento anual acumulado de al menos 4 por ciento,

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó a la CFE un incremento de 0.3 por ciento en las tarifas de consumo doméstico básico, el cual estará vigente solamente durante enero y se ajustará en forma mensual.

Los incrementos tarifarios serán mensuales y para su determinación se tomará como referencia la inflación y los precios internacionales de los principales combustibles utilizados para la generación de electricidad, como gas natural, carbón, combustóleo y diesel.

La tarifa uno de consumo doméstico básico, que incluye el uso de hasta 75 kilovatio-hora, en un mes será de 0.687 pesos por kilovatio-hora. Pero después de ese límite, los hogares tendrán que pagar a 0.819 pesos el kilovatio-hora que consuman, lo que significa un incremento de casi 20 por ciento en relación con el precio doméstico básico.

Los aumentos han sido justificados, como medidas difíciles pero necesarias, que a largo plazo servirán para la reactivación económica y los cuales no se reflejaran en aumentos significativos en la inflación.

Si es verdad que el impacto del incremento a las tarifas de energía eléctrica es mínimo en la economía nacional, entonces se podrían evitar que el mismo lo absorban los hogares mexicanos, lo que daría un respiro a la economía familiar de los aumentos en cascada que han tenido que soportar estos primeros días del año.

Por lo expuesto, someto a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo federal a revertir los aumentos y congelar, en el presente año fiscal, las tarifas de energía eléctrica para usuarios domésticos.

Nota:

* Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, la crisis económica se cobró 2.2 millones de puestos de trabajo el pasado año en Latinoamérica y el Caribe y nuestro país no ha sido la excepción: en México hemos pasado de 3.9 a 5.5 por ciento en la tasa de desempleo.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2010.— Senador Silvano Aureoles Conejo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

BECAS A LOS ESTUDIANTES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió proposición con punto de acuerdo por el que se insta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a que cumpla con el pago puntual del monto de las becas a los estudiantes de instituciones educativas nacionales y en el extranjero, suscrita por la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se insta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a pagar de manera puntual las becas a los estudiantes de instituciones educativas nacionales y en el extranjero, suscrita por la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada federal Mary Telma Guajardo Villarreal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente, proposición con punto de acuerdo, por el que se insta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología cumpla con el pago puntual del monto de las becas a los estudiantes de instituciones educativas nacionales y en el extranjero, con base en las siguientes

Consideraciones

En reiteradas ocasiones, becarios nacionales y en el extranjero del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt, han manifestado a través de los medios masivos de información su inconformidad por el retraso en el pago de las becas por parte de esa institución. Esto constituye no sólo una irregularidad del Conacyt, sino también una flagrante violación a la normatividad vigente en materia de becas, en específico al Reglamento de Becas del Programa de Fomento, Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel.

Este ordenamiento, establece expresamente la obligación del Conacyt del pago del monto de las becas en una fecha determinada y la cual queda especificada en los convenios de asignación entre la institución y el becario.

Dicha disposición también está regulada en la fracción I, del artículo 18 del citado reglamento, que a letra dispone como obligación del Conacyt otorgar los recursos convenidos de las becas “conforme a los rubros, montos y plazos establecidos en los respectivos convenios suscritos con los becarios”.

Asimismo, en la fracción II, del citado artículo y ordenamiento, está regulada como obligación del Conacyt “informar a los becarios y, en su caso, a la institución receptora, cuando ocurran cambios en los tabuladores o surta efecto alguna modificación de la beca”.

En el caso que nos ocupa, el retraso del pago de las becas a los estudiantes nacionales y en el extranjero, no responde de ninguna manera a cambios de tabuladores o modificación de las becas, sino a una irregularidad injustificable del Conacyt para con sus becarios.

Pero esta violación reiterada a la normatividad por parte del Conacyt, una vez más, fue denunciada en un periódico de circulación nacional el pasado domingo 10 de enero por el estudiante Víctor Serrano, estudiante del programa de doctorado en ciencias biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El becario subrayó que de acuerdo al convenio establecido con el Conacyt, esta institución debe depositar el pago de la beca a más tardar el día 5 de cada mes, pero al 10 de enero no había recibido el correspondiente depósito. De acuerdo con el becario el retraso también ocurrió el año pasado, situación que ha afectado a cerca de 17 mil becarios nacionales y en el extranjero, los cuales también han externado su inconformidad por el mismo motivo.

Alguien pudiera considerar que el problema del retraso de unos días en el pago de la beca, resulta una minucia o exageración. Pero no es ni una cosa ni la otra. En primer lugar, como se ha señalado con anterioridad, el Conacyt viola la normatividad vigente en materia de becas, lo cual ya de suyo es importante.

Pero además, los becarios resultan sumamente afectados, porque también de acuerdo a la normatividad vigente se les exige dedicación de tiempo completo para realizar sus estudios de posgrado, y por tanto no pueden trabajar ni tampoco les es permitido percibir ingresos adicionales, ya sea por becas o salarios.

En consecuencia, los becarios tienen que sufragar todos sus gastos personales y, en algunos casos de sus familias, es decir, esposas e hijos, como son los costos de los materiales educativos como libros, computadora, impresora, teléfono o los servicios básicos cotidianos.

Quizás cuando este punto de acuerdo se haya presentado o turnado a la comisión respectiva de la Comisión Permanente, el problema del retraso en el pago de la beca esté subsanado. Pero, nadie garantiza que el problema no se repita, pues tal como lo han denunciado los becarios este año no es la primera vez que ocurre la demora del pago de la beca. Es por ello, que resulta pertinente solicitar que el director general del CONACYT adopte las medidas preventivas, para erradicar esa irregularidad.

Por lo anteriormente fundado y motivado, me permito someter a consideración del pleno de esta honorable soberanía de la Comisión Permanente, la presente proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente insta al titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Juan Carlos Romero Hicks, cumpla con el pago puntual de los montos de las becas convenidas con sus becarios, que actualmente realizan estudios en instituciones nacionales y extranjeras, y asimismo adopte las medias pertinentes para evitar en lo futuro que nuevamente haya un retraso en el pago de las becas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a los 13 días del mes de enero del año 2010.— Diputada Mary Telma Guajardo Villareal (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

COMISION ESPECIAL DE LA FAMILIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de la Familia, suscrita por la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de la familia, suscrita por la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica y 58 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

La inclusión en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de derechos familiares ha dado un crecimiento favorable e inusitado al derecho privado constitutivas del derecho de familia o dicho de otra forma, se ha ampliado en derecho constitucional y el derecho privado se ha reducido. Desde la perspectiva de los derechos humanos y en especial los referidos con la familia, el derecho constitucional los pone en la cabecera del ordenamiento jurídico.

La exaltación de los derechos de la familia, ha hecho una fuerza normativa que vincula y obliga, porque se hacen exigibles y posibles de alegar ante los tribunales como derechos fundamentales. Es muy difícil que hoy alguna entidad federativa se animara a regular discrecionalmente la filiación, patria potestad, alimentos, derechos de la infancia, puesto que la norma magna fija principios y valores insustituibles de aquellas relaciones de hombres y mujeres, en su función de cónyuges, hijos, hermanas, progenitores, parientes y convivientes, abarcando sus interactuaciones en las esferas educacional, social, económica, religiosa y ética.

Todas estas nuevas valoraciones evidencian en el texto constitucional, que el derecho de familia no podía quedar recluido en el Código Civil o en el Código Familiar, en virtud que los derechos humanos comprometidos en este laboratorio fecundo de vicios y virtudes del género humano, desbordaron los diques que tenían reservados las normas de derecho privado y las ascendieron al nivel máximo legal. Es decir que ahora la ley debe encasillarse en un diseño constitucional al que además converge el derecho internacional humanitario.

Que hoy veamos al derecho familiar en el vértice del derecho constitucional, no es sino reconocer, que esos derechos de personas físicas que tienen arraigo en relaciones familiares, son oponibles incluso al Estado y desde luego a los particulares.

La familia constituye el medio por el cual el sujeto en formación, el niño, recibe las primeras informaciones, aprende actitudes y modos de percibir la realidad, construyendo así los contextos significativos iniciales. La familia es un punto de partida arbitrario ya que es al que más fácilmente podemos acceder. Como parte integrante de la red social más amplia es portadora de un sistema de ideas, creencias, valores, actitudes que tamiza a través de su propia dinámica, de sus mitos y rituales.

De la familia la sociedad espera que sea capaz de enseñar a sus hijos a:

• Controlar sus impulsos para poder vivir en sociedad: el niño debe aprender a no tomar todo lo que se le antoja, a no ser agresivo con los compañeros, a compartir, etcétera.

• Desempeñar determinados roles sociales tanto ocupacionales como de género o roles en las instituciones como el matrimonio o la paternidad.

• Adquirir un significado global de qué es lo que importa, qué es lo que se valora en su sociedad y cultura y para qué se tiene que vivir.

Para hacer realidad la educación de los hijos la familia cuenta con las siguientes condiciones:

• Los padres son responsables del cuidado de los hijos por derecho natural.

• Los padres gozan de la ascendencia y autoridad que son precisas para educar.

• Las relaciones padres-hijos están marcadas, en principio, por el amor y el respeto, requisitos esenciales de la relación educativa.

• La vida familiar proporciona múltiples situaciones para hacer efectiva la educación, ya que se trata de una vida de comunicación permanente.

• La acción combinada del padre y de la madre proporciona una educación integral de lo roles sexuales de la vida adulta.

Ante más de 2.8 millones de niños y adolescentes en edad escolar por fuera del sistema educativo, 20 por ciento de analfabetismo, 9 niños y adolescentes muertos en forma violenta en promedio al día, 14 mil niños y adolescente víctimas de delitos sexuales, más de 11 mil niños y niñas maltratados en sus espacios familiares y escolares al año, más de 2.7 millones de niños y adolescentes explotados laboralmente, más de 2.5 millones que viven en situación de miseria e indigencia, cerca de 100 mil que se crecen en las instituciones de protección por abandono o peligro, más de 10 mil utilizados y reclutados por los grupos armados al margen de la ley, más de 18 mil adolescentes infractores a la ley penal y, cerca de 15 millones de niños y adolescentes sin una legislación que garantice la preservación de sus derechos fundamentales, es una prioridad una ley estatutaria para la infancia y la adolescencia.

Además de lo anterior, se requiere el diseño y fortalecimiento de políticas públicas que velen por su protección integral, que hagan responsable al Estado en todos sus ámbitos y niveles, a la familia y a la sociedad de la garantía y el restablecimiento de sus derechos, en cumplimiento del artículo 44 de la Constitución Política que ordena la prevalencia de los derechos de los niños y las niñas sobre los derechos de los demás.

Continuando con la serie de artículos vinculados a los niños/adolescentes implicados en delitos, en esta oportunidad abordaremos los ejes propuestos para la creación de la comisión especial  de la Familia para la elaboración de un proyecto de ley sobre la problemática que –dicho sea de paso– esperemos sean tomados en cuenta por los legisladores.

Los ejes propuestos para la reflexión son los tres puntos a continuación citados en forma textual:

1) “Establecer un régimen de protección integral de los derechos del niño y del adolescente que tenga por objeto garantizar a todos ellos el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de los derechos y garantías reconocidos en particular sobre los derechos del niño.

2) Creación del Programa de Familia Social dirigido a promover la integración de los adolescentes en situación de exclusión social, mediante la implementación de un proyecto que brinde contención y ofrezca a los beneficiarios alternativas nuevas y eficaces que permitan mejorar cualitativamente y fortalecer cuantitativamente la oferta social existente para darle cobertura a este segmento de jóvenes.

3) Implantar un nuevo régimen legal aplicable a personas menores de 18 años en conflicto con la ley penal que contemple los siguientes principios:

• Inimputabilidad de los menores de 16 años. Implantación de un nuevo régimen de tutela judicial (no penal) para casos donde se impute a un adolescente menor de 16 y mayor de 14 la producción de un delito grave que pudiese corresponder una sanción privativa de la libertad mayor a cinco años. Un régimen que contemple el respeto de las garantías procesales, la protección del adolescente, la seguridad pública y en particular la transformación positiva de su conducta.

Creación de un nuevo régimen penal para mayores de 16 a 18 años, por el cual se implemente un procedimiento que debe tener como características: jurisdicción especializada, celeridad en su tramitación, respeto por las garantías, aplicación de una sanción que contemple la proporcionalidad y racionalidad de la misma de acuerdo al hecho cometido y que incorpore medidas alternativas de suspensión o conclusión del proceso.

Introducir modificaciones a la legislación en vigencia implantando un régimen sancionatorio de mayor rigurosidad para los adultos que por su acción u omisión induzcan a los niños y adolescentes a la comisión de delitos.

Declamar ciertos ejes a nivel legislativo, sin proveer los recursos asistenciales para el niño/adolescente y su familia no deja de ser una mera “declamación de principios” sin acciones concretas que den respuesta a las necesidades de la sociedad toda.

Como sociedad necesitamos grupos y organizaciones abocados al trabajo con adolescentes, a la vez que demandar el compromiso de los funcionarios responsables para que se fortalezcan con recursos humanos y materiales los programas de atención directa de niños/adolescentes y sus familias en cada municipio y provincia según las necesidades de cada región.

Consideramos que esta propuesta de crear la Comisión Especial de la familia es una alternativa eficaz para evitar reiteradas internaciones que se prolongan por años y muestran a las claras el fracaso de la intervención de un sistema proteccional muchas veces sostenido por bien intencionados operadores comunitarios y profesionales que hacen lo mejor que pueden en un contexto por demás adverso. Es necesario establecer criterios de abordaje con los actores del sistema social para evitar la cronificación de situaciones de malos tratos contra la infancia que conllevan deterioros progresivos en los niños que terminan “eligiendo” la calle como medio de protección por no tener otras alternativas.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que con fundamento en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, determine la creación de la Comisión Especial de la familia, y una vez realizado lo anterior, lo someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados.

Segundo. El objeto de la comisión especial será emprender lo que se deriva de su denominación.

Tercero. La comisión especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política, en forma proporcional a la representación en la Cámara de Diputados.

Cuarto. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha comisión especial podrá allegarse la información que considere pertinente; así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, en el ámbito de sus competencias.

Quinto. La comisión especial objeto del presente punto de acuerdo, funcionará de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Sexto. La duración máxima de los trabajos que realice la comisión especial, será el mes de agosto de 2012, sin perjuicio de que al cumplirse su objetivo para el cual fue creada, se extinga en forma anticipada, y por la importancia del tema no será rotatoria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de enero de 2010.— Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

ESTADO DE CHIHUAHUA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría de Justicia del estado de Chihuahua, a que realice una investigación expedita de los asesinatos de dos jóvenes en dicho estado, suscrita por la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría de Justicia de Chihuahua a realizar una investigación expedita sobre los asesinatos de dos jóvenes en ese estado, suscrita por la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, para lo cual presenta las siguientes

Consideraciones

Compañeras y compañeros diputados: La violencia contra las mujeres en México y en el mundo sigue siendo una constante y cada vez más agravada problemática que refleja la iniquidad y la injusticia social.

Los países integrantes de las Naciones Unidas han impulsado acciones diversas para señalar esa violencia e intentar erradicarla, sin embargo, en muchos de los casos, no ha pasado de buenas intenciones.

Los países en general no han sabido, no han podido o no han querido, tomar las medidas necesarias para la protección de un derecho humano fundamental: la integridad física de las mujeres.

Apenas el pasado 18 de noviembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) condenó al Estado mexicano por la violación de los derechos humanos de Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monárrez, quienes fueron encontradas sin vida y con rasgos de tortura sexual los días 6 y 7 de noviembre de 2001, en el predio conocido como Campo Algodonero, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua. Estos tres casos, de un total de ocho, fueron los primeros en llegar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos por violación a los derechos humanos de las mujeres. La sentencia aún no es pública, pero se espera que lo sea esta semana.

Si bien la Coidh será la primera instancia legal en condenar la falta de protección a la seguridad y vida de las mujeres en México. El hecho no es nuevo, en nuestro país la violencia contra las mujeres es constante y Ciudad Juárez ha sido a lo largo de muchos años un espacio de crimen e impunidad. Solamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado 504 asesinatos contra mujeres de 1993 a la fecha y son ya 22 las jóvenes menores de edad que han desaparecido en 2009 en esa ciudad, sin que exista justicia inmediata y responsabilidad fincada a nadie.

Compañeros y compañeras: Han pasado años, comienzan a configurarse las condenas jurídicas a nuestro país, que acompañan a la ya larga lista de condenas públicas y sociales y sin embargo el delito de feminicidio es una constante y la ineficacia de las autoridades para investigar también.

Hasta el momento no se han registrado avances en las investigaciones de los asesinatos y desapariciones de mujeres, pese a que se han destinado más de mil 818 millones de pesos por parte del Gobierno federal, estatal y municipal de Ciudad Juárez y Chihuahua para combatir la violencia contra las mujeres y el feminicidio a través de la creación de Fiscalías.

Me gustaría que esta intervención fuera sólo una denuncia más de estos hechos inadmisibles y permanentes en Ciudad Juárez y que se tratara de un discurso en torno al día internacional para erradicar la violencia contra las mujeres, que se conmemoró apenas hace unas semanas, pero no es así; se trata de una nueva denuncia, esta vez de un par de asesinatos más, perpetrados no sólo contra otra joven mujer, sino además contra un joven estudiante, ambos asesinados con un día de diferencia y ambos vinculados con líderes de organizaciones que, desde hace ocho años, en Juárez han denunciado y dado seguimiento a la impunidad.

El pasado 29 de noviembre, en Ciudad Juárez, el joven Jesús Alfredo Portillo fue asesinado a balazos por dos sujetos cuando se encontraba en un establecimiento comercial, tenía 27 años y era estudiante de diseño gráfico. El joven era yerno de Marisela Ortiz Rivera, vocera y fundadora de la organización social Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que desde 2001 ha venido impulsando y acompañando diversas denuncias de desaparición y asesinato de mujeres y niñas en Ciudad Juárez.

Es difícil mirar el asesinato de Jesús Alfredo como un hecho fortuito o desvinculado a la lucha política de su tía, lo es porque las integrantes de Nuestras Hijas de Regreso a casa han recibido de manera constante amenazas de muerte contra ellas y sus familiares, han sido víctimas del acoso de funcionarios públicos para que ya no denuncien; han sufrido tres allanamientos a su oficina sin que las autoridades puedan ubicar a los responsables de estos actos.

Un día antes, el 28 de noviembre, en la región serrana de Tomochi, en Chihuahua, hombres encapuchados raptaron, violaron y asesinaron a la profesora Flor Alicia Gómez López, de 23 años, sobrina de Alma Gómez Caballero, activista de la organización Justicia para Nuestras Hijas, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

¿Es una casualidad? Los índices de violencia en el país son tan altos que ¿sólo coinciden en fecha los fatales asesinatos de Jesús Alfredo y Flor Alicia?

No lo sabemos, pero la evidencia, la impunidad, la sentencia de la Corte Interamericana, el activismo incansable de las familias de ambos vuelve sospechosos estos asesinatos, por ello es obligación de las autoridades aclarar los hechos y ofrecer justicia expedita.

El compromiso del Partido Revolucionario Institucional y de todos los legisladores será importante en la seguridad de los mexicanos y el buen desempeño de los funcionarios públicos. Hoy damos un paso.

Por todas las consideraciones señaladas proponemos al pleno de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Seexhorta a la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua a realizar una investigación expedita de los asesinatos de los jóvenes Jesús Alfredo Portillo y Flor Alicia Gómez López, solicitando que a la brevedad envíe un informe por conducto de la Comisión de Justicia a esta soberanía de los avances en las pesquisas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 13 de enero de 2010.— Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

CONTROL DE PRECIOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado David Penchyna Grub, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profeco a que presente un informe a este Congreso, respecto de las medidas que están tomando para el combate a la escalada de precios.

El diputado David Penchyna Grub: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados y senadores, los diputados y senadores del Grupo Parlamentario del PRI, integrantes de esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, y por tanto, de esta Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, con base en los siguientes considerandos.

A pesar de que se afirma que lo peor de la crisis económica parece ya haber pasado, los mexicanos hemos iniciado el año 2010 con una galopante y escandalosa escalada de alza de precios. La posibilidad real de caer en una nueva espiral inflacionaria sería insostenible, tanto para los consumidores como para las empresas, ya que lo peor que nos puede pasar después de la recesión tan profunda, la más alta de los últimos 80 años, sería precisamente entrar en una espiral inflacionaria.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha minimizado sistemáticamente esta problemática. No nos extraña esa actitud como una clara muestra de insensibilidad social que ha caracterizado en materia económica a este gobierno.

Se argumenta que se ha logrado la cifra de inflación más baja de la historia en las últimas décadas, sin considerar y sin decir con verticalidad, que el ingreso disponible de los mexicanos también es hoy el más bajo de los últimos 15 años.

México vive una auténtica década perdida en materia económica; México hoy vive un desastre económico y pareciera que ésa es la variable permanente que acompaña este sexenio, siguiendo los pasos del sexenio anterior.

La economía mexicana, tan sólo en 2009, cayó ocho puntos del producto interno bruto; la caída más alta de los últimos 80 años. Se perdieron cerca de 800 mil empleos formales y una incalculable cifra de empleos informales.

En este sentido, y contrario a lo que han manifestado las autoridades hacendarias y económicas de nuestro país, bastaría rápidamente hacer un repaso de lo que ha pasado en los últimos 20 días de nuestra vida nacional en materia de precios de productos significativos de la canasta básica.

Por señalar solamente algunos. El azúcar costaba 16 pesos, hoy vale 18, con un aumento de más del 13 por ciento. El huevo 20 y ahora vale 22; dos pesos que representan un 10 por ciento. El arroz pasó de 16 pesos a 17:50. Los detergentes, de 12 a 14. Las gasolinas, de 7 a 7.88, violando el acuerdo desde el año pasado, el agua embotellada subió más de un 9 por ciento, la leche más de un 4 por ciento, pasando de 12.15 por litro a 13.45. Así podríamos enumerar diferentes elementos en nuestra canasta básica, que están golpeando evidentemente a las clases más populares.

Este comportamiento de precios se aleja a lo preceptuado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que habría que recordarle al primer mandatario y a su gabinete económico. Nuestro artículo 28 de nuestra Carta Magna señala: la ley castigará severamente... todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. Artículo 28 de nuestra Constitución.

Para tal efecto, esta soberanía en diferentes partes de su historia ha construido un marco normativo que parece que la autoridad económica y hacendaria de nuestro país desconoce, en donde se permita que la acción del Estado haga valer los derechos de los ciudadanos, en particular la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como la Ley Federal de Competencia Económica. A través de ellas se han creado instituciones como la Profeco y la Cofeco, Comisión Federal de Competencia Económica, para tomar cartas en el asunto.

No obstante estos mandatos, nos parece que ambas se encuentran ausentes ante estos insostenibles y ofensivos abusos en contra de los consumidores. En este sentido, consideramos urgente y conveniente que este cuerpo representativo requiera un informe detallado a la Profeco, en el que se incluya información puntual sobre su actuación en materia de denuncias en este periodo, así como un reporte que haga del conocimiento de esta soberanía, de la estrategia puntual que debería estar aplicando para garantizar los derechos de los consumidores.

Asimismo, exhortar a la Cofeco a que, en términos del artículo 24 de la Ley Federal de Competencia Económica, a que emita una opinión con efectos vinculatorios en el ámbito de su importante responsabilidad para atender las condiciones causantes del aumento injustificado de precios en inicios de este 2010, así como un desglose de alternativas para resolver permanentemente dicho conflicto en beneficio de la población en general.

Las instituciones del Estado mexicano deben garantizar el respeto a la ley y hacer valer, no por voluntad propia sino porque es su obligación, el mandato constitucional y legal que tienen los instrumentos del Estado mexicano para ejercer y cuidar al consumidor. Hoy es nuestra obligación como ciudadanía preguntarnos: ¿Tiene el Congreso de la Unión y el pueblo de México elementos para creer que este año no seguirá habiendo incrementos en la canasta básica y a los combustibles, cuando exactamente por estas mismas fechas, el año pasado, se comprometieron a congelar el precio de las gasolinas?

Es nuestro deber preguntarnos: ¿Dónde se está cumpliendo la responsabilidad de la Secretarías de Hacienda y de Economía, de formular y conducir las políticas generales de abasto y de precios? ¿Dónde están los resultados de la Secretaría de Economía, en la coordinación y dirección del Sistema Nacional de Abasto, que aseguren una adecuada distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población? ¿Dónde está el ejercicio de la facultad de la Secretaría de Hacienda de establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal, o bien, las bases para fijarlos, donde tiene la obligación de escuchar a la Secretaría de Economía en su diálogo con los sectores productivos?

¿Dónde están las medidas de reactivación económica, tan llevadas y traídas en los spots del gobierno federal? ¿Dónde está el diálogo permanente que el secretario de Economía está obligado a tener con los sectores productivos?

Por todo lo anteriormente expuesto, y con base en los artículos 58 y 59 de nuestro Reglamento para el Gobierno Interior, someto a la consideración de ustedes los siguientes puntos de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Primero. Se solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor un informe que contenga como mínimo el número de denuncias que ha recibido en los últimos tres meses por alguna alza injustificada de precios, así como su estado procedimental, el número de visitas de verificación que han generado dichas denuncias, así como su resultado.

Y cómo se ha informado a los consumidores sobre las acciones u omisiones de los proveedores que afecten sus derechos e intereses, detectadas en las visitas de verificación anteriormente mencionadas, además de la forma en la que los proveedores los bonificarán. Así mismo, se pide se incluya el detalle de la estrategia que se estuviese aplicando para evitar el aumento injustificado de precios.

Segundo. Se solicita a la Comisión Federal de Competencia Económica que emita una opinión vinculatoria sobre las condiciones de competencia efectiva que guardan los mercados de abastecimiento de la canasta básica para el consumidor final, así como una lista de los obstáculos que no permiten la libre competencia y que sean los causantes del aumento injustificado de precios en el inicio de este año 2010 y un desglose de alternativas para resolver estructuralmente dichos conflictos.

Tercero. Se exhorta al secretario de Economía para que de inmediato ejerza las facultades de políticas generales de abasto y precios que le confiere y le obliga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el fin de revertir la escalada de precios que ha experimentado la canasta básica en detrimento de la economía popular, restableciendo el diálogo e interlocución con las cadenas productivas de los productos básicos, para concertar las acciones necesarias conducentes a una estrategia que revierta la escalada especulativa originada por el incremento del precio de la gasolina y garantizar el abasto adecuado para la población.

Cuarto. Se exhorta al secretario de Hacienda para que, en el ejercicio de sus atribuciones en materia de precios y tarifas del sector público federal, cumpla con lo establecido en el artículo 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y escuche la opinión de la Secretaría de Economía a partir del diálogo que debe tener permanentemente con los sectores productivos. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco a presentar un informe al Congreso respecto de las medidas para combatir la escalada de precios, suscrita por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y de la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, con base en los siguientes

Considerandos

A pesar de que se afirma que lo peor de la crisis parece haber pasado, los mexicanos enfrentamos el mes de enero con una galopante alza de precios. El retorno de una nueva espiral inflacionaria, sería inaguantable tanto para los consumidores como para las empresas.

La Secretaría de Hacienda ha minimizado sistemáticamente esta problemática. En una clara muestra de insensibilidad social, se argumenta que se ha logrado la cifra de inflación más baja de las últimas décadas, sin considerar que el ingreso disponible de los mexicanos también es el más bajo de los último quince años. México vive una auténtica década perdida.

En ese sentido, contrario a lo manifestado por las autoridades hacendarias, bastaría con una visita al supermercado, para verificar que la mayoría de los precios han subido significativamente. El diario El Economista publicó este lunes un estudio de precios, que refleja lo anterior, permitiéndome citar algunos de ellos:

Aprovechando la necesidad de las familias y la temporada decembrina, algunas empresas han elevado sus precios injustificadamente.

Este comportamiento, se aleja de lo preceptuado en la Constitución Política, que establece en su Artículo 28:

“la ley castigará severamente (...) todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.”

Para tal efecto, esta Soberanía ha construido un marco normativo que permita la acción del Estado, para hacer valer los derechos ciudadanos, en particular la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como la Ley Federal Competencia Económica. A través de ellas, se han creado instituciones cuya función debe ser evitar estos abusos, como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofeco). No obstante, nos parecen ausentes ante estos insostenibles abusos contra los consumidores.

En este sentido, consideramos urgente y conveniente que este cuerpo representativo requiera un informe detallado a la Profeco en el que se incluya información puntual sobre su actuación en materia de denuncias en este periodo, así como un reporte que haga del conocimiento de esta Soberanía la estrategia puntual que debería estar aplicando, para garantizar los derechos de los consumidores.

Así mismo, exhortar a la Cofeco a que, en los términos del artículo 24 de la Ley Federal de Competencia Económica, emita una opinión vinculatoria en el ámbito de su importante responsabilidad, para atender las condiciones causantes del aumento injustificado de precios en este inicio del año 2010 y un desglose de alternativas para resolver permanentemente dicho conflicto, en beneficio de la población en general.

Las instituciones del estado deben garantizar el respeto a la ley y la defensa irrestricta de los derechos de quienes, además de padecer la crisis y el desempleo, son víctimas del abuso, de quienes carecen de solidaridad en estos difíciles momentos que vive México.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor un informe que contenga como mínimo, el número de denuncias que ha recibido en los últimos tres meses por algún alza injustificada de precios, así como su estado procedimental; el número de visitas de verificación que han generado dichas denuncias, así como su resultado; y cómo se ha informado a los consumidores sobre las acciones u omisiones de los proveedores que afecten sus derechos e intereses, detectadas en las visitas de verificación anteriormente mencionadas, además de la forma en la que los proveedores los bonificarán. Asimismo, se pide que incluya el detalle de la estrategia que se estuviese aplicando para evitar el aumento injustificado de precios.

Segundo. Se solicita a la Comisión Federal de CompetenciaEconómicaqueemita una opinión vinculatoria, sobre las condiciones de competencia efectiva que guardan los mercados de abastecimiento de la canasta básica para el consumidor final; así como una lista de los obstáculos que no permiten la libre competencia, que sean las causantes del aumento injustificado de precios en este inicio del año 2010 y un desglose de alternativas para resolver estructuralmente dichos conflictos.

Palacio Legislativo, a 13 de enero de 2010.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo su proposición.

El diputado David Penchyna Grub (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Si, diputado.

El diputado David Penchyna Grub (desde la curul): Seguramente no tuve la oportunidad de que me escuchara. Yo propuse el punto de acuerdo en lo relativo, que acabo de leer, y en tres ocasiones lo reiteré, en mi lectura, de urgente u obvia resolución. Creo que, el tema, es obvio que es de urgente u obvia resolución. Entonces le pediría con todo respeto someterlo al trámite, porque además así fue inscrito, de urgente u obvia resolución.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto, diputado, nada más le informo que como nos los envió la Junta de Coordinación Política, fue solamente de trámite con la comparecencia en la tribuna, de usted, para que diera lectura y que lo turnáramos. No fue listado de urgente u obvia resolución.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul) Presidente, vamos a solicitarle que corrija el trámite y lo turne a la comisión, si es tan amable.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto, nada más que el trámite es de turnarse a la Tercera Comisión de Trabajo.

AHORRO DE ENERGIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el senador Guillermo Tamborrel, para presentar proposición con punto de acuerdo con el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal; organismos autónomos descentralizados y desconcentrados, a que inicien de inmediato un programa integral de sustitución de focos incandescentes.

El senador Guillermo Tamborrel Suárez: Gracias. Con permiso de la Presidencia, presento esta proposición con punto de acuerdo en nombre del senador Humberto Andrade Quezada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, bajo las siguientes consideraciones.

Primera. En México producimos anualmente 643 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, lo que nos sitúa en el lugar número 12 de los países que más emisiones de CO2, bióxido de carbono, lanzan a la atmósfera. De estos millones de toneladas, el 30 por ciento corresponde a la generación y uso de energía eléctrica, la mayoría proveniente de la quema de combustibles fósiles.

Segunda. Si bien el gobierno mexicano ha instituido programas para reducir esta gran cantidad de gases de efecto invernadero, así como el reciente anuncio del titular del Ejecutivo federal para apoyar el proyecto Luz Verde que inició con éxito en Puebla, y el que algunas organizaciones de la sociedad civil intentan concientizar a la población de lo importante que es el ahorro de energía. Los resultados hasta ahora no han sido satisfactorios ni significativos.

Tercera. La sustitución de focos incandescentes por lámparas fluorescentes ahorradoras, además del uso de energías limpias y de acabar con la deforestación, entre otras, es una de las acciones más efectivas e inmediatas para aumentar la eficiencia energética y disminuir la emisión de dióxido de carbono.

Por poner sólo dos ejemplos. Si se reemplazaran 4 focos por lámparas en tan sólo el 30 por ciento de las viviendas de nuestro país, el ahorro en el uso de energías sería de casi 16 mil gigawatts/hora, lo que equivale a por lo menos 10 años de operación de la hidroeléctrica al cajón, o a que el 90 por ciento del parque vehicular del Distrito Federal dejara de circular durante un año.

Cuarta. Las lámparas ahorradoras utilizadas en la iluminación de viviendas disminuyen en un 80 por ciento el consumo de electricidad, lo que significaría un ahorro anual, por vivienda, de 250 pesos en un cálculo conservador; si se instalaran en el 100 por ciento de las viviendas del país el ahorro anual sería de 6 mil 250 millones de pesos, aproximadamente.

La reducción de la demanda conlleva, también, el ahorro considerable en la operación de la capacidad instalada y a las inversiones diferidas para la construcción de nuevas plantas, que casi todas dependen de la quema de combustibles fósiles, el principal generador de gases de efecto invernadero.

Quinta. En la actualidad se venden anualmente en el país 270 millones de focos incandescentes, por lo que se deberá iniciar también un proceso gradual de conversión de las plantas productoras de este tipo de focos.

Por otra parte, todas o casi todas las lámparas ahorradoras son producidas en China con muy diversas calidades, por lo que la adquisición de estas lámparas se deberá asegurar que cuenten con la certificación aduanal señalada en la Norma Mexicana 017.

Sexta. En el ámbito de la administración pública, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, mejor conocida como la Conae, instituyó un protocolo de eficiencia energética obligatorio para las dependencias y entidades federales, cuyos resultados se darán a conocer próximamente.

Es imperativo que estas medidas y otras, que colaboren con la eficiencia energética, sean asumidas por la totalidad de los gobiernos estatales y municipales, comenzando por el reemplazo de los focos incandescentes por lámparas fluorescentes ahorradoras.

Por lo anteriormente expuesto y a partir de que la actuación de las autoridades debe servir de ejemplo, tanto por una actitud de convicción como por el cumplimiento cabal de sus obligaciones, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se exhorta a todas las instancias del Poder Ejecutivo federal, así como a las de los poderes ejecutivos estatales y a las de los gobiernos municipales, a que inicien y, en su caso, complementen un programa integral de sustitución de focos incandescentes por lámparas fluorescentes ahorradoras y la implementación de un sistema de monitoreo que concentre y difunda los logros y avances del programa. Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, y a organismos autónomos, descentralizados y desconcentrados a iniciar de inmediato un programa integral de sustitución de focos incandescentes por lámparas ahorradoras en todas las instalaciones, edificios y oficinas para contribuir de manera importante a la mitigación de los efectos del cambio climático y al aumento de la eficiencia energética en el país, suscrita por el senador Humberto Andrade Quezada, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, senador Humberto Andrade Quezada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera.En México, producimos anualmente 643 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, lo que nos sitúa en el lugar número 12 de los países que más emisiones de CO2 (dióxido de carbono) lanzan a la atmósfera. De estos millones de toneladas, el 30 por ciento corresponde a la generación y uso de energía eléctrica, la mayoría proveniente de combustibles fósiles.

Segunda.Si bien el gobierno mexicano ha instituido programas para reducir esta gran cantidad de gases de efecto invernadero, así como el reciente anuncio del titular del Ejecutivo federal para apoyar el proyecto Luz Verde que inició con éxito en el estado de Puebla y el que algunas organizaciones de la sociedad civil intentan conscientizar a la población de lo importante que es el ahorro de energía, los resultados hasta ahora no han sido satisfactorios y significativos.

Tercera.La sustitución de focos incandescentes por lámparas fluorescentes ahorradoras –además del uso de energías limpias y acabar con la deforestación, entre otras– es una de las acciones más efectivas e inmediatas para aumentar la eficiencia energética y disminuir las emisiones de CO2. Por poner sólo dos ejemplos: si se reemplazaran 4 focos por lámparas en tan sólo el 30 por ciento de las viviendas de nuestro país, el ahorro en el uso de energía sería de casi16 mil gigawatts hora (GWh), lo que equivale a por lo menos 10 años de operación de la hidroeléctrica de El Cajón, o a que el 90 por ciento del parque vehicular del Distrito Federal dejara de circular durante un año.

Cuarta.Las lámparas ahorradoras, utilizadas en la iluminación de viviendas disminuyen en un 80 por ciento el consumo de electricidad, lo que significaría un ahorro anual por vivienda de 250 pesos en un cálculo conservador; si se instalaran en el 100 por ciento de las viviendas del país, el ahorro anual sería de seis mil doscientos cincuenta millones de pesos aproximadamente. La reducción en la demanda conlleva, también, el ahorro considerable en la operación de la capacidad instalada y en las inversiones diferidas para la construcción de nuevas plantas, que casi todas dependen de la quema de combustibles fósiles, el principal generador de GEI.

Quinta.En la actualidad, se venden anualmente en el país 270 millones de focos incandescentes, por lo que se deberá iniciar también un proceso gradual de conversión de las plantas productoras de este tipo de focos. Por otra parte, todas o casi todas las lámparas ahorradoras son producidas en China, con muy diversas calidades, por lo que en la adquisición de estas lámparas se deberá asegurar que cuenten con la certificación aduanal señalada en la norma mexicana 017.

Sexta.En el ámbito de la administración pública, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, mejor conocida como la Conae, instituyó un protocolo de eficiencia energética obligatorio para las dependencias y entidades federales, cuyo resultados se darán a conocer próximamente, es imperativo que estas medidas y otras que colaboren a la eficiencia energética sean asumidas por la totalidad de los gobiernos estatales y municipales, comenzando por el reemplazo de los focos incandescentes por lámparas fluorescentes ahorradoras.

Por lo anteriormente expuesto, y a partir de que la actuación de las autoridades debe servir de ejemplo, tanto por una actitud de convicción como por el cumplimiento cabal de sus obligaciones, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a todas las instancias del Poder Ejecutivo federal, así como a las de los Poderes Ejecutivos estatales y a las de los gobiernos municipales, a que inicien y en su caso complementen, un programa integral de sustitución de focos incandescentes por lámparas fluorescentes ahorradoras, y la implementación de un sistema de monitoreo que concentre y difunda los logros y avances del programa.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de enero de 2010.— Senador Humberto Andrade Quezada (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor senador. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, dígame usted.

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Presidente, solicitarle al senador Tamborrel si nos permite adherirnos, tanto al senador Arturo Escobar como a mí.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Tiene algún impedimento, señor senador?

El senador Guillermo Tamborrel Suárez(desde la curul): Ninguno. Acepto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Acepta el señor senador. Por lo tanto quien desee suscribirlo pase a la Secretaría.

MIGUEL ANGEL PEREZ CAZALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el senador José Guadarrama Márquez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo al asesinato del líder indígena Miguel Ángel Pérez Cazales.

El senador José Guadarrama Márquez: Señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el suscrito senador José Guadarrama Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones.

Miguel Ángel Pérez Cazales, herrero y comunero del poblado indígena de Santa Catarina, municipio de Tepoztlán, Morelos, tenía 50 años de edad. La mañana del 31 de octubre de 2009 salió de su domicilio para realizar un presupuesto y ya no regresó. Ese mismo día su cadáver fue encontrado en un terreno baldío en el poblado de Ahuatepec –al norte de Cuernavaca, Morelos–, con un tiro de gracia en la nuca; había sido vilmente golpeado y torturado.

La víctima, igual que su padre asesinado en 1992, emprendió una lucha para preservar el agua y los bosques del área de El Texcal, ante los asentamientos irregulares.

Incansable luchador social por la defensa de las tierras de su pueblo, Santa Catarina, el señor Miguel Ángel Pérez Cazales era también dirigente del Concejo de Pueblos de Morelos y representante del mismo en la negociación para resolver el problema de tierras entre la comunidad de Tajalpa y Santa Catarina.

Miguel Ángel Pérez Cazales se había integrado activamente a la lucha de los 13 pueblos de Morelos, siempre apoyando la preservación de los recursos naturales de las comunidades indígenas del estado.

Encabezó la lucha para detener la construcción de viviendas en las cercanías de los manantiales de Morelos y fue siempre un líder comprometido con la defensa del medio ambiente y la solución pacífica de los diferendos relacionados con los derechos de propiedad.

Hoy todos los involucrados en la firma del convenio de delimitación de tierras entre Tejalpa y Santa Catarina se encuentran amenazados de muerte.

Es por ello que los integrantes del Concejo de Morelos, que está una representación aquí, en este salón, con la viuda de Miguel Ángel Pérez Cazales, se han acercado a nosotros para solicitar la intervención de legisladores y autoridades locales y federales, a efecto de detener las ejecuciones arbitrarias, garantizar la seguridad de quienes han sido amenazados y realizar las investigaciones que sean necesarias para llevar a los culpables ante la justicia.

De igual forma, los representantes de las comunidades indígenas de referencia, nos hacen un llamado urgente y nos extienden una invitación para que podamos dialogar con ellos sobre estos crímenes y diversas violaciones a sus derechos humanos.

Quiero, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, mostrarles este volante, que es una manifestación muy clara en donde dice: Oportunidad única. Se rematan lotes desde 200 metros cuadrados, a precio de regalo. Terrenos rústicos; posesión inmediata, zona Civac a sólo 8 mil o 9 mil pesos si es de contado o apártelo con sólo 500 pesos. Que andan deambulando en la oferta en este problema en los poblados indígenas que hemos mencionado.

Por lo expuesto me permito poner a su consideración los siguientes puntos de acuerdo.

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que realicen una investigación sobre el asesinato del líder indígena Miguel Ángel Pérez Cazales.

Segundo. La honorable Comisión Permanente exhorta a las autoridades del estado de Morelos, a que tomen las medidas pertinentes para garantizar la seguridad y la integridad física de los comuneros de Tejalpa y de Santa Catarina. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al asesinato del líder indígena Miguel Ángel Pérez Cazales, suscrita por el senador José Guadarrama Márquez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador José Guadarrama Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Miguel Ángel Pérez Cazales, herrero de profesión y comunero del poblado indígena de Santa Catarina, Tepoztlán, Morelos, tenía 50 años de edad.

La mañana del 31 de octubre de 2009 salió de su domicilio para realizar un presupuesto y ya no regresó.

Ese día su cadáver fue encontrado en un terreno baldío en el poblado de Ahuatepec, al norte de Cuernavaca, Morelos, con un “tiro de gracia” en la nuca. Había sido vilmente golpeado y torturado.

La víctima, al igual que su padre –asesinado en 1992–, emprendió una lucha por preservar el agua y los bosques del área de El Texcal ante los asentamientos irregulares.

Incansable luchador social por la defensa de las tierras de Santa Catarina, Miguel Pérez Cazales era dirigente del Consejo de Pueblos de Morelos y representante de éste en la negociación para resolver el problema de tierras entre la comunidad de Tejalpa y Santa Catarina.

Miguel Ángel Pérez Cazales se había integrado activamente a la lucha de los 13 de pueblos de Morelos, siempre apoyando las luchas por los recursos naturales de las comunidades indígenas de la entidad.

Encabezó la lucha para detener la construcción de viviendas en las cercanías de los manantiales de Morelos y fue siempre un líder comprometido con la defensa del medio ambiente y la solución pacífica de los diferendos relacionados con los derechos de propiedad.

Hoy, todos los involucrados en la firma del convenio de delimitación de tierras entre Tejalpa y Santa Catarina se encuentran amenazados de muerte.

Es por ello que los integrantes del Consejo de Morelos se han acercado a nosotros para solicitar la intervención de legisladores y autoridades locales y federales, a efecto de detener las ejecuciones arbitrarias, garantizar la seguridad de quienes han sido amenazados y realizar las investigaciones que sean necesarias para llevar a los culpables ante la justicia.

De igual forma, los representantes de las comunidades indígenas de referencia hacen un llamado urgente y extienden una invitación para que abrir un diálogo con ellos sobre estos crímenes y diversas violaciones a los derechos humanos.

Por lo expuesto, me permito poner la consideración de la asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que realicen una investigación sobre el asesinato del líder indígena Miguel Ángel Pérez Cazales.

Segundo. La honorable Comisión Permanente exhorta a las autoridades de Morelos a que tomen las medidas pertinentes para garantizar la seguridad y la integridad física de los comuneros de Tejalpa y de Santa Catarina.

Salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente, a los 13 días del mes de enero de 2010.— Senador José Guadarrama Márquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor senador. Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

CEDULA DE IDENTIFICACION CIUDADANA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el señor diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a integrar una mesa interinstitucional, con relación a la cédula de identificación ciudadana.

El diputado Pablo Escudero Morales: Gracias, señor presidente, con su permiso. Como todos sabemos, el 28 de julio de 2009 el presidente Felipe Calderón anunció la creación de la Cédula de Identificación Ciudadana que contendría los datos biométricos de la población mexicana residente en el país, de los mexicanos residentes en el extranjero y de los extranjeros naturalizados que viven en México. Desde ese momento sólo ha habido dudas e inquietudes.

Desde su origen y hasta la fecha el gobierno federal, específicamente la Secretaría de Gobernación, no han sido capaces de disipar particularmente respecto de la manera puntual en que se llevará a cabo este proyecto, sus costos y, sobre todo, los efectos que este nuevo documento tendría sobre la credencial para votar que emite el IFE.

Desafortunadamente, la Secretaría de Gobernación sale en falso nuevamente, celebrando reuniones privadas con el presidente del IFE, planeando la firma de un convenio que nadie conocemos, incluso desconocido por los mismos consejeros del IFE, convenio que no se llegó a firmar gracias a los consejeros del IFE que pidieron una explicación a su presidente y solicitaron conocer este documento.

El día de hoy nos enteramos por los medios de comunicación que el IFE da un no rotundo a la cédula de identidad, derivado de un supuesto consenso con Gobernación que desconocemos por completo. Esta situación es inadmisible y le solicito a Gobernación que el día de hoy se pronuncie, aclare y puntualice respecto de esta información.

Cada día es más común que Gobernación tenga un discurso con el que invita a la construcción de acuerdos, invita al diálogo, pero en la realidad trata de procesar los temas de manera autoritaria y secreta. Prueba de ello es este supuesto acuerdo.

Es lamentable que el secretario siga con prisas y no cuide las formas. Es lamentable que Gobernación sea el principal obstáculo para atender de manera prioritaria los proyectos que el ciudadano presidente considera prioritarios.

Preocupa y preocupa mucho que sigan sin entender, después de los exhortos que hizo esta Cámara al Poder Ejecutivo, que el tema de la cédula biométrica es un tema que a los diputados y a los senadores nos preocupa y nos ocupa.

Señores legisladores, Gobernación tiene que entender, tiene que comprender que si quiere avanzar en el proyecto es indispensable incorporar la opinión de otros actores políticos fundamentales. Se tiene que establecer una mesa de diálogo de alto nivel con el fin de analizar la viabilidad jurídica de la cédula de identidad única y poder sacar adelante este proyecto.

Se requiere de un debate más amplio, más completo y plural para contar con la opinión de las diferentes fuerzas políticas y señaladamente de los senadores y diputados que conforman este Congreso.

Es claro y evidente que existe un problema de legalidad que tendría que ser corregido por este Poder Legislativo. Es urgente que en el Poder Legislativo nos pronunciemos sobre este trascendental tema no sólo con expresiones políticas, sino con propuestas de ley concretas que lo resuelvan de manera definitiva.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

En virtud de que la creación de la Cédula de Identidad Ciudadana propuesta por el Ejecutivo federal es, sin duda, un asunto del Estado mexicano en su conjunto, y toda vez que al parecer el diálogo iniciado entre la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal Electoral pareciera que ha sido fructífero, es apremiante e indispensable incorporar la opinión de otros actores políticos fundamentales.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación y al IFE a que establezcan una mesa de diálogo de alto nivel en la que participen, además de los titulares de ambas, los dirigentes nacionales de los partidos políticos, los presidentes de las Comisiones de Gobernación y de la Función Pública de la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la comisionada presidenta del IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información Pública), con objeto de estar en posibilidad de brindarle una solución consensuada e integral a este proyecto, la creación de la cédula integral ciudadana. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a integrar una mesa interinstitucional sobre la cédula de identificación ciudadana, suscrita por el diputado Juan José Guerra Abud, del Grupo Parlamentario del PVEM

Como todos sabemos, el 28 de julio de 2009 el Presidente Felipe Calderón anunció la creación de la cédula de identificación ciudadana, que contendría los datos de la población mexicana residente en el país, de los mexicanos residentes en el extranjero y de los extranjeros naturalizados que viven en México.

Desde ese momento y debido a que se trató de un anuncio que tomó por sorpresa tanto a este Poder Legislativo, como a otros actores fundamentales, incluido el Instituto Federal Electoral (IFE), surgieron muchas dudas e inquietudes sobre esa inesperada decisión del Ejecutivo federal.

Dudas e inquietudes que, desde su origen y hasta la fecha el gobierno federal, específicamente la Secretaría de Gobernación, no han sido capaces de disipar, particularmente respecto a la manera puntual en que se llevará a cabo el proyecto, sus costos y, sobre todo, los efectos que este nuevo documento tendría sobre la credencial para votar que emite el IFE.

Fue por ello que el 20 de agosto del año pasado se llevó a cabo, en las instalaciones del propio Instituto Federal Electoral, una reunión entre el Consejero Presidente y el Secretario de Gobernación, en torno a los alcances de dicho documento de identidad.

En esa reunión, como así se anunció públicamente, se señaló que la Cédula no se contrapondría a la credencial de elector; que la credencial continuaría como documento de identificación; y que el IFE no entregaría los datos del padrón electoral, con el propósito de salvaguardar su confidencialidad.

Sin embargo, finalmente no se llegó a ninguna decisión definitiva.

Tenemos conocimiento, asimismo, que se han realizado encuentros posteriores, incluso se dijo hace unos cuantos días que ambos titulares se volverían a reunir para firmar un convenio sobre la expedición de la cédula de identidad, lo que a la fecha aún no ha  sucedido.

Resulta inadmisible que para un tema tan importante el secretario de Gobernación y el Presidente del IFE se reúnan de manera privada e incluso acuerden la firma de un convenio, sin que este sea conocido con anterioridad por los diversos actores políticos involucrados en el tema, resulta absurdo que incluso hasta el día de ayer los consejeros del IFE no conocieran dicho acuerdo.

Es lamentable que la Secretaría de Gobernación nuevamente salga en falso y no busque la participación y consenso del poder Legislativo en este sensible tema, en el que se confirma nuevamente la prisa para sacarlo adelante, con el tiempo se han ido sumando cada vez más voces y opiniones en contra del mismo.

Prisa que, además de que nos ha dejado ver como se están haciendo las cosas prácticamente al vapor, pues el asunto no se ha consensuado debidamente, como ya lo mencioné, ni con los consejeros electorales, ni con los legisladores, ni con los partidos políticos.

A todo esto se debe de sumar que el Ejecutivo federal no ha tomado en cuenta un exhaustivo estudio desarrollado por el Registro Federal de Electores, respecto al impacto real que la cédula de identidad tendría sobre el padrón electoral y la credencial para votar.

Sus resultados son contundentes, ya que indican que se ocasionaría un alarmante grado de desactualización, aproximadamente de un 10 por ciento, en los registros ciudadanos del padrón electoral.

Tampoco ha considerado que el IFE destina 40 por ciento de su presupuesto para la actualización y el mejoramiento del padrón electoral, para las listas nominales y la credencial para votar, que se constituyen en los instrumentos registrales más importantes a utilizar en las elecciones y, ésta última, actualmente en el documento de identificación oficial de más de 77 millones de mexicanos.

Mucho menos se ha detenido a pensar, no obstante su recurrido discurso de austeridad y ahorro, que el Estado mexicano ha invertido en los últimos 20 años alrededor de 2 mil millones de dólares en todos estos instrumentos imprescindibles para la democracia de nuestro país, y que ahora pretende efectuar un multimillonario gasto adicional para duplicar un documento de identificación que ya existe.

Compañeras y compañeros legisladores: En el Congreso de la Unión tenemos que ser congruentes con los acuerdos adoptados por el voto de la mayoría, como lo hicimos al  aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, cuando por un lado no autorizamos la partida para continuar con la creación de la citada cédula y, por el otro, autorizamos el presupuesto asignado al IFE, refrendando así nuestra total confianza a la credencial para votar con fotografía, como el mecanismo único de identidad para las y los mexicanos mayores de edad.

Es claro y evidente que existe un problema de legalidad que tendrá que ser corregido por el poder legislativo.

Adicionalmente, ya que el Poder Legislativo es el lugar donde se toman las resoluciones por consenso, mediante el diálogo y la concertación, es nuestro deber, antes de que se llegue a una decisión sobre la creación de un nuevo documento de identidad, propiciar un mayor debate sobre la multicitada cédula de identidad.

Un debate más amplio, más completo y más plural, para contar con la opinión de los partidos políticos y, señaladamente de los legisladores, senadores y diputados que conformamos el Congreso de la Unión.

Es urgente que en el Poder Legislativo nos pronunciemos sobre este trascendental tema, no sólo con expresiones políticas, sino con propuestas de ley concretas que lo resuelvan de manera definitiva.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.En virtud de que la creación de la cédula de identidad ciudadana, propuesta por el Ejecutivo federal, es sin duda un asunto del Estado mexicano en su conjunto y, toda vez que el diálogo al respecto, iniciado entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Federal Electoral, pareciera que ha sido fructífero, es todavía insuficiente e incompleto, al no incorporar la opinión de otros actores políticos fundamentales, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Segob y al IFE a establecer una mesa de diálogo de alto nivel en la que participen, además de los titulares de ambas, los dirigentes nacionales de los partidos políticos y los presidentes de las Comisiones de Gobernación, y de la Función Pública de la Cámara de Diputados, así como el presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  y la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, con objeto de  estar en posibilidad de brindarle una solución consensuada e integral al proyecto de creación de la cédula de identidad ciudadana, propuesto por el Ejecutivo federal.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2010.— Diputado Pablo Escudero Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se considera de urgente resolución, en consecuencia está a discusión la proposición presentada. Al no haber oradores, se considera suficientemente discutida.

Por tanto, pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada. Comuníquese.

ESTADO DE JALISCO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el señor diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que gire instrucciones al secretario de Comunicaciones y Transportes, con el fin de cancelar la concesión para convertir el tramo carretero federal El Desperdicio-Lagos de Moreno, de autopista de peaje a autopista concesionada.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Con su anuencia, ciudadano presidente. Señoras legisladoras y señores legisladores, quiero compartir con ustedes las voces de preocupación, de rechazo y de enojo de diversas voces ciudadanas, de expresiones sociales y productivas del estado de Jalisco. Particularmente, de la región de Los Altos de ese estado por la pretensión de la empresa Red Vía Corta Autopista de Occidente de Ingenieros Civiles Asociados, que quiere instalar ilegalmente una caseta de cobro de peaje entre San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno.

El caso es que en diciembre del año pasado los alteños de buenas a primeras nos enteramos de que la empresa citada pretende instalar esa caseta de cobro en el paraje conocido como El Desperdicio.

Todo mundo, y estoy seguro que aquí la mayoría conoce del tramo del que estamos hablando, es parte de la carretera libre federal 80, conocida también como la Carretera Interoceánica, porque su trayecto es de Tampico, Tamaulipas, a Barra de Navidad en Jalisco.

Y desde su añosa construcción que fue prácticamente hace 60 años, los mexicanos, y no se diga los alteños, hemos transitado libremente y sin costo alguno por esa vía y por ese patrimonio público.

Lo que se quiere hacer ahora por parte de ICA y la empresa ya mencionada, con la anuencia de la SCT, es con el pretexto de que en el 2007 esa secretaría concesionó cuatro autopistas, actualmente pertenecientes al FARAC (Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas) y entre ellos está el tramo de la carretera Zapotlanejo-San Juan de Los Lagos, que comprende 118 kilómetros. Con ese pretexto la empresa citada quiere instalar esa caseta de cobro en el tramo que ya les mencioné a ustedes, de San Juan de Los Lagos a Lagos de Moreno.

Afirmamos, quienes  nos oponemos a dicha obra, que ese intento de privatización, de despojo del patrimonio público es ilegal y doy dos razones de ello. En primer lugar, viola el artículo 11 de la Constitución que consagra el derecho de libre tránsito de todos los mexicanos; y en segundo lugar, vulnera claramente el artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal al pretender concesionar esa caseta para su cobro, ya que ese numeral establece claramente, al final del mismo, que no se puede otorgar concesión de peaje si no existe una acción libre de tránsito.

De instalarse esa caseta, de llevarse a cabo, de perpetrarse esa ilegalidad, no habría un tramo de libre tránsito entre San Juan y Lagos de Moreno; quienes no quisieran pagar tendrían que dar la vuelta, rodear por la Unión de San Antonio o por Encarnación de Díaz. Por ello nuestra oposición a ese proyecto.

Pero, ¿qué está haciendo la empresa que pretende ese atraco para la economía de los alteños? Esa empresa está llevando a cabo un programa que pareciera de esos programas de barata, días Comercial Mexicana, de miércoles de plaza, de centro comercial. Estableció un programa que, fíjense ustedes, en el apócope del mismo, es el Programa para Residentes de Los Altos Norte de Jalisco, que le llaman orgullosamente PRAN, que si se le suprime la ere, queda con la asociación de un partido ya conocido, el PAN.

¿Qué están haciendo aquí, en esta empresa? Para convencer de que los alteños acepten, aceptemos la instalación de la caseta. Se están ofertando descuentos en casetas aledañas, como si eso fuera suficiente para violentar la ley y la Constitución.

Sin embargo, no nos dejaremos engatusar con esa promesa de la empresa, que además por cierto, ha sido muy incumplida y no ha cumplido lo que la SCT le obligó en el 2007 de ampliar a seis carriles el tramo Guadalajara-Zapotlanejo, y no ha cumplido tampoco en hacer el tramo San Juan de Los Lagos-Encarnación de Díaz, que fueron requisitos para que ganara esa licitación, pero su director está haciendo un intenso trabajo propagandístico. Su director, Demetrio Sodi, que es el director de esa empresa, Sodi Cortés, está haciendo un despliegue de volantes, de recursos propagandísticos. Por ello, el sentido de oponernos tajantemente a esta pretensión de la privatización del tramo de la carretera San Juan de los Lagos-Lagos de Moreno.

El cuerpo del proyecto de acuerdo establece la petición de que se exhorte al Ejecutivo federal para que se instruya a Molinar Horcasitas –que siempre se ostenta como gente de legalidad– a que no se lleve a cabo ese afán privatizador y que sería no solamente una ilegalidad, una inmoralidad, sino también un atraco a los derechos, a la economía de ese sector productivo, de ese sector social.

Muchas voces de Los Altos, de organizaciones estudiantiles, productivas, sociales no gubernamentales, han elevado su voz en contra de esa propuesta. La semana pasada di cuenta de la adhesión del senador Ramiro Hernández García a este pleno, está también el alcalde de Lagos, José Brizuela; el regidor de la izquierda en esa ciudad, Benito Ramírez, entre miles de voces alteñas que nos oponemos a ese nuevo atraco y a ese afán privatizador. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a instruir al secretario de Comunicaciones y Transportes a fin de cancelar la concesión para convertir en autopista de cuota el tramo federal El Desperdicio-Lagos de Moreno, suscrita por el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado Enrique Ibarra Pedroza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el siguiente punto de acuerdo relativo al exhorto que hace al titular del Ejecutivo federal, para que gire instrucciones al secretario de Comunicaciones y Transportes, en el sentido de que cancele la decisión relativa a concesionar la conversión de la carretera libre de El Desperdicio a Lagos de Moreno, ambos dentro del estado de Jalisco, a autopista concesionada, así como la construcción de una caseta de peaje, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. En los últimos días se ha propalado que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha concesionado a la empresa Ingenieros Civiles Asociados, la conversión de un tramo carretero federal, de 28 kilómetros, que corre de El Desperdicio a Lagos de Moreno, ambas poblaciones del estado de Jalisco, a autopista.

2. Sobre el particular debe mencionarse que todos los mexicanos tenemos el derecho inalienable de transitar por todo el espacio del territorio nacional, por lo que la decisión citada, viola flagrantemente el contenido del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su parte conducente, a la letra dice: “Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes...”.

3. Es pertinente asentar que la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece, en su artículo 30, que “La Secretaría podrá otorgar concesiones para construir, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a los particulares, estados o municipios, conforme al procedimiento establecido en la presente ley; así como para mantener, conservar y explotar caminos federales construidos o adquiridos por cualquier título por el gobierno federal. En este último caso, las concesiones no podrán ser por plazos mayores a 20 años. La Secretaría garantizará cuando haya vías alternas, la operación de una libre de peaje” .

4. Desde hace medio siglo se construyó y está en funciones la carretera libre federal número 80, Tampico-Barra de Navidad, conocida también como la ruta interoceánica que comunica al Golfo de México con el Océano Pacifico.

5. En un amplio tramo, correspondiente al estado de Jalisco, que tiene una extensión de 28 kilómetros, denominado El Desperdicio-Lagos de Moreno, el cual desde principios de los años noventa, del siglo pasado, cuenta con cuatro carriles, y es una arteria vital en el corazón de Los Altos y en la zona centro del país.

6. Es el caso que en el año de 2007, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, concesionó cuatro autopistas, actualmente pertenecientes a la red del FARAC (Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas), entre ellas, la de Zapotlanejo-El Desperdicio.

7. La concesión incluye la explotación, operación y conservación de las autopistas por 30 años. Así como la obligación de realizar a partir de 2008 la construcción del tramo Encarnación de Díaz-San Juan de los Lagos.

La ampliación a 6 carriles de la autopista Guadalajara-Zapotlanejo.

La modernización del acceso de Zacapu, Michoacán, a la autopista, Maravatio-Zapotlanejo y la rehabilitación del pavimento del tramo, que nos ocupa, El Desperdicio-Lagos de Moreno.

En las concesiones que otorgó la SCT queda muy claro que el tramo carretero concesionado para la explotación, operación y conservación de esa autopista por 30 años, va desde Zapotlanejo, hasta el punto conocido como El Desperdicio. Es decir, nunca se concesionó para su explotación, operación y conservación, el tramo comprendido entre Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos

8. Hay que añadir, que si se concesionara a particulares ese tramo, los automovilistas no tendrían ruta alterna para transitar entre ambas sin costo alguno. Es de explorado derecho, que para que exista una autopista de peaje, antes debe haber una vía de tránsito público, es decir, gratuito.

9. Por ello, es totalmente ilegal el establecimiento de una caseta de cobro en este tramo carretero, que existe, insisto, desde hace mas de 50 años, por todo ello y porque además de vulnerar el artículo 11 constitucional, que garantiza la libertad de tránsito y el artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, resulta contrario al interés general el que una vía construida con recursos públicos desde hace tantos años, se entregue a la voracidad de los negocios particulares.

10. De consumarse la ilegal instalación de la caseta de cobro, en El Desperdicio, además de violar los derechos y las garantías individuales de miles de mexicanos que transitan diariamente por esa vía, significaría un severo golpe a su economía, y a las actividades productivas y comerciales en esa importante región del país.

Por todo lo anterior me permito someter a la consideración de esta Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que gire instrucciones al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, a que cancele la decisión de convertir un tramo de la carretera federal en autopista, en los 28 kilómetros comprendidos entre El Desperdicio y Lagos de Moreno, ambos dentro del estado de Jalisco, así como la construcción de una caseta de peaje, que afectaría la economía de los habitantes de la zona.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cinco días del mes de enero del año dos mil diez.— Diputados: Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Zamora.

El diputado Arturo Zamora Jiménez (desde la curul): Señor presidente, sólo para solicitar se me permite adherirme a la propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pregunto al señor diputado Ibarra Pedroza si tiene algún inconveniente. Muchas gracias. Quien desee sumarse puede suscribirlo en la Secretaría. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

HELADAS EN LOS ESTADOS DE PUEBLA, VERACRUZ, SAN LUIS POTOSI E HIDALGO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de Sagarpa y de Conagua, para que de manera inmediata se implementen acciones que permitan otorgar apoyos a las regiones cafetaleras de los estados de Puebla, Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo, las cuales han sido afectadas por las heladas atípicas presentadas en las últimas semanas.

El diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo: Con su venia, señor presidente. Haré una síntesis de la fundamentación, pero suplicando que se inscriba como de urgente u obvia resolución.

Amparado en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior, quiero manifestar que las afectaciones de diversa índole han afectado el campo de los estados mencionados, independientemente de haber afectado el campo nacional.

Hoy tenemos que el problema de las heladas ha afectado en Puebla a 17 mil hectáreas de las 72 mil que se encuentran sembradas de café en la entidad. Así lo informó el secretario de Desarrollo Rural de la entidad.

En tanto, en Veracruz, los daños se estiman en 10 mil millones de pesos en la zona cafetalera que se ubica en todo el Golfo de México. Lo anterior considerando que el precio por kilo de café cereza, que se paga al productor, es de 3 pesos con 50 centavos.

En el caso de San Luis Potosí, el gobernador de la entidad ha mencionado que las hectáreas de café afectadas son alrededor de 2 mil 500, principalmente en la zona de la Huasteca, que comparte con el estado de Hidalgo.

Es importante mencionar que los daños ocasionados a las plantaciones de café no sólo deben considerarse en el corto plazo, ya que la pérdida tendrá repercusiones en las producciones futuras, ya que la oferta se verá severamente disminuida.

Hasta el momento, según la información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional, se han registrado tres tormentas invernales; se pronostica que la próxima iniciará aproximadamente el 14 de enero. De igual forma se espera clima frío, de 0 a 5 grados centígrados, en Aguascalientes, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

Ante esta emergencia climatológica no podemos quedarnos de brazos cruzados y es imperativo implementar medidas que permitan otorgar apoyos directos e inmediatos a los cafetaleros de Puebla, de Veracruz, de San Luis Potosí, de Hidalgo. Asimismo, es necesario que las autoridades federales actúen de manera inmediata, a fin de disminuir los efectos negativos de este fenómeno climatológico.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional del Agua para que se emita la declaratoria de emergencia en las comunidades cafetaleras de los estados de Puebla, Veracruz, de San Luis Potosí e Hidalgo, con el objetivo de coadyuvar a resarcir las pérdidas que registran, debido a la onda gélida que afecta a dichas entidades.

Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que implemente las acciones necesarias que permitan otorgar apoyos directos a los productores del café en Puebla, Veracruz, de San Luis Potosí e Hidalgo, a fin de resarcir parte de los recursos que se estima que se perderán y que se han perdido, debido a los frentes fríos que se han presentado.

Tercero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que de manera inmediata se active el programa de Atención a Contingencias Climatológicas, a cargo de la Sagarpa, a fin de apoyar a productores afectados de las entidades mencionadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, enero de 2010. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob, de la Sagarpa y de la Conagua a implantar acciones inmediatas para otorgar apoyos a las regiones cafetaleras de Puebla, Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo afectadas por las heladas atípicas de las últimas semanas, suscrita por el diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El paso de la humanidad por la tierra ha ocasionado que se generen una serie de afectaciones ambientales que han devengado en cambios climatológicos que afectan a millones de personas, así como a la flora y fauna existente en el planeta, ocasionado cambios en los ecosistemas.

El calentamiento global es el fenómeno ambiental que más implicaciones tiene en el ecosistema y el clima mundial. Derivado de lo anterior es que ahora los fenómenos climatológicos se presentan con una mayor recurrencia en temporalidades que no estaban identificadas y con un incremento de su potencialidad.

Los huracanes, tormentas tropicales, ondas gélidas, sequías y demás contingencias climáticas son de una intensidad mayor, afectando a un número mayor de regiones y a las personas que habitan en ellas.

Nuestro país se caracteriza por estar en una zona geográfica con un alto grado de afectaciones climatológicas. Como consecuencia de lo anterior, los daños en la infraestructura, en la producción y en la salud de las personas es cada vez más cuantioso.

Durante las últimas semanas nuestro país está padeciendo los estragos del frente frío número dos, que afecta a las poblaciones que se sitúan desde Canadá hasta México, principalmente en la zona del golfo de México.

Las afectaciones son de diversa índole, sin embargo, destacan las de tipo agropecuario, en particular, la de producción de café. De acuerdo a la información disponible, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo han resentido en mayor cuantía los efectos de la onda gélida.

En Puebla, las heladas atípicas han afectado a más de 15 mil hectáreas, de las 72 mil que se siembran en la entidad, así lo informo el secretario de Desarrollo Rural de la entidad.

En tanto que en Veracruz los daños se estima que superen los 10 mil millones de pesos, en la zona cafetalera que se sitúa en el golfo de México. Lo anterior es considerando que el precio por kilo de café cereza que se paga al productor es de 3 pesos con 50 centavos.

En el caso de San Luis Potosí, el gobernador de la entidad ha mencionado que las hectáreas de café afectadas son alrededor de 2 mil 500, principalmente en la zona de la Huasteca que comparte con Hidalgo.

Es importante mencionar que los daños ocasionados a las plantaciones de café no sólo deben considerarse en el corto plazo, ya que la pérdida tendrá repercusiones en las producciones futuras ya que la oferta se verá severamente disminuida.

Hasta el momento, según la información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional, se han registrado tres tormentas invernales, se pronostica que la próxima iniciara, aproximadamente, el 14 de enero. De igual forma, se espera clima frío, de cero a cinco grados centígrados en Aguascalientes, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

Ante esta emergencia climatológica no podemos quedarnos de brazos cruzados: es imperativo implantar medidas que permitan otorgar apoyos directos e inmediatos a los cafetaleros de Puebla y Veracruz.

Asimismo, es necesario que las autoridades federales actúen de manera inmediata a fin de disminuir los efectos negativos de este fenómeno climatológico.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia  resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional de Agua a emitir la declaratoria de emergencia en las comunidades cafetaleras de Puebla, Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo, con el objetivo de coadyuvar a resarcir las pérdidas que se registran debido a la onda gélida que afecta a dichas entidades.

Segundo.Se exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implantar las acciones necesarias que permitan otorgar apoyos directos a los productores de café de Puebla, Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo, a fin de resarcir parte de los recursos que se estima se perderán debido a los frentes fríos que se han presentado.

Tercero.Se exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  a activar de manera inmediata el Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC) a cargo de esa dependencia, a fin de apoyar a los productores afectados de las entidades mencionadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de enero de 2010.— Diputados: Juan Nicolás Callejas Arroyo, José Francisco Yunes Zorrilla, José Óscar Aguilar González, Juan Carlos Lastiri Quirós, Ardelio Vargas Fosado, Silvio Lagos Galindo, Jorge Alberto Juraidini Rumilla.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se considera de urgente resolución. Ha pedido el uso de la palabra el señor diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva. Se le concede el uso de la misma.

El diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: Solamente, señor presidente, para sumarme a la propuesta del diputado Callejas, del estado hermano de Veracruz.

Comentarle que en el texto de su punto de acuerdo abordó el tema de Oaxaca; sin embargo, ya en la proposición del punto de acuerdo no viene incluido el estado de Oaxaca y ahí hemos también sufrido tormentas inclementes que tienen que ver con el invierno que está sucediendo en el país. Pedirle, atentamente, que se agregue a Oaxaca en esta proposición. Es todo, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra, por haberlo solicitado, el señor senador Rubén Fernando Velázquez López.

El senador Rubén Fernando Velázquez López (desde la curul): Desde aquí, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, cómo no, por supuesto, desde su curul. Por favor, senador.

El senador Rubén Fernando Velázquez López(desde la curul): En el mismo sentido del diputado, solicitar que se incorpore en este punto de acuerdo a los cafetaleros de Chiapas, que aunque ustedes no lo crean también han sufrido daños con este temporal frío que ha padecido todo el país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor senador. No habiendo quién más haga uso de la palabra, se considera suficientemente discutida la proposición. Por consiguiente le pido a la asamblea, en votación económica, si se acepta la proposición, incluyendo a los estados de Oaxaca y de Chiapas.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición, incluyendo a los estados de Oaxaca y de Chiapas. Los legisladores que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese.

ESTADO DE MEXICO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el señor diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Lo voy a hacer desde mi curul. Muchas gracias, presidente. En aras del tiempo y para que el tema pueda discutirse en su momento en comisión, le solicitaría que el punto de acuerdo donde se le exhorta al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, a que vete la determinación de la Cámara local respecto a la designación de magistrados del Poder Judicial, y a su vez al Poder Judicial para que interponga la controversia constitucional por invasión en la esfera de competencias de parte del Ejecutivo, pueda ser turnado a la comisión respectiva.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de México a modificar su determinación respecto a la designación de magistrados por el Poder Ejecutivo, suscrita por el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del PAN

El Estado es una sociedad humana, asentada de manera permanente en el territorio que le corresponde, sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad estatal.

Mediante la distribución de competencias se hace posible que la Federación y los estados puedan coincidir en el territorio mexicano, sin obstaculizarse ni duplicar sus funciones.

EI principio de división de poderes, adoptado por nuestra constitución federal en su artículo 49, tiene como finalidad delimitar las funciones de cada uno de los poderes; impedir la concentración de poder en una misma persona o un grupo de personas; prohibir a los poderes que ejerzan funciones que no les corresponden, y establecer controles de unos poderes sobre los otros para evitar abusos.

En un estado democrático, la legalidad, la certeza y la seguridad jurídica son elementos indispensables para garantizar el acceso a la justicia para hacer realidad este derecho fundamental de los gobernados. En esta tarea, la función que desempeñan los órganos encargados de la administración de justicia son de marcada trascendencia para la sociedad, la cual, cada día exige su perfeccionamiento.

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra como derecho constitucional el acceso a la justicia, vinculando al Estado y a sus tribunales a que en el ejercicio de la función jurisdiccional se garantice una justicia pronta, completa e imparcial.

A los tribunales les corresponde una labor fundamental que exige de sus integrantes la máxima diligencia y profesionalización permanente, lo que se debe fortalecer con la autonomía e independencia en sus funciones, porque sólo mediante la concurrencia de tales elementos se puede eficientar la administración de justicia.

La independencia del Poder Judicial y la recta administración de justicia, son garantes del estado de derecho, son condición de vida de toda sociedad y su importancia se acentúa en regímenes de realidades como el nuestro, dado que es precisamente el Poder Judicial el que tiene a su cargo velar por que se mantenga el orden constitucional y servir como freno a los actos de cualquier autoridad e inutilizar los efectos derivados de la aplicación de una ley que son contrarios a la Constitución.

La creación y conformación del Consejo de la Judicatura surgió institucionalmente en el ámbito federal en nuestro país, con las reformas del 31 de diciembre de 1994 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se reestructura el Poder Judicial federal, se genera una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que, entre sus objetivos tuvo como propósito principal, separar las funciones de carácter administrativo que estaban a cargo del pleno de la Suprema Corte para dejarlas en manos del Consejo de la Judicatura Federal como órgano especializado en funciones administrativas, de vigilancia y disciplinarias, a efecto de que el pleno y las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dedicarán esencialmente a la función jurisdiccional.

Este fue el referente constitucional que se recogió en la reforma integral a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, publicada en la Gaceta del gobierno del estado el 27 de febrero de 1995, para crear el Consejo de la Judicatura local, ya que en la exposición de motivos se dejó establecido que “La administración del Poder Judicial se encarga a un órgano denominado Consejo de la Judicatura a fin de que la función jurisdiccional que corresponde a los magistrados y a los jueces no se interrumpa o distraiga por actividades distintas a estas, como son los actos de organización, manejo y control de personal y elaboración del presupuesto de egresos, entre otros.”

A partir del 2 de marzo de 1995 fecha en que entró en vigor la reforma integral a la Constitución Política del Estado Libre y de México, dio inicio el funcionamiento del Consejo de la Judicatura del Estado, determinándose en el artículo 107 de la referida constitución local, que el consejo quedaría conformado por cinco integrantes, el presidente del Tribunal Superior de Justicia quien a su vez presidiría el consejo, dos magistrados electos por insaculación y dos jueces de primera instancia electos por la misma vía.

El aspecto objetivo de la independencia del Poder Judicial se identifica con la ausencia de presiones externas respecto de dicho poder. Exige una organización que excluya intromisiones indebidas de otros poderes y fuerzas del estado; limitar la actuación administrativa sobre los magistrados para evitar que las influencias políticas, gubernamentales y de sectores sociales pudiera mermar o interferir de manera directa o indirecta en la independencia personal que debe caracterizar a dichos funcionarios en el ejercicio de sus funciones.

Sin perjuicio de lo anterior, en la sesión del pasado 17 de diciembre del año en curso, la LVII Legislatura del Estado de México aprobó la minuta proyecto de decreto que reforma los artículos 61 fracción XV en sus párrafos primero y segundo; 77 en su fracción XII, 89, 107 en su primer párrafo y en sus fracciones II y III y 110; se adicionan las fracciones IV y V y dos últimos párrafos del artículo 107 de la Constitución Política del Estado de México; referentes a los nombramientos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Contencioso Administrativo.

Los dictámenes fueron aprobados por 60 votos a favor de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, Nueva Alianza, Verde Ecologista, PT, Convergencia y el diputado del PSD, Antonio García Mendoza, por 7 abstenciones del Grupo Parlamentario del PRD, que se suman a la mayoría según lo establece el artículo 115 del Reglamento del Poder Legislativo.

Establecen que el Consejo de la Judicatura se integrará por dos magistrados elegidos entre los miembros del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y un juez de primera instancia, así como un consejero designado por el Ejecutivo y dos designados por la legislatura estatal. Como hasta ahora, el presidente del tribunal lo será también del consejo.

Podrán ser consejeros del Ejecutivo y el Legislativo quienes cuenten con los méritos suficientes tanto en lo profesional como en lo académico, sin haberse desempeñado necesariamente en el TSJ. Las reformas, también consagran en la constitución estatal un retiro justo y digno después de 15 años de servicio. El primer año se les otorgará el 100 por ciento de su salario y los 5 siguientes el 80 por ciento.

Con base en lo anterior, concluyo, que el principio de separación de poderes no se preserva en las recientes modificaciones implementadas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicho Estado con respecto a la designación de magistrados por parte del Ejecutivo, por ello, se exhorta al Congreso del estado de México a fin de que modifique su determinación con respecto a la designación de magistrados.

Por lo anterior se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la unión exhorta al Gobierno del estado de México para que rectifique su determinación respecto a la designación de magistrados por parte del Poder Ejecutivo y excitativa al Poder Judicial para que defienda nuestra democracia, interponiendo la respectiva controversia constitucional por invasión de competencias.

México, DF, a 22 de diciembre de 2009.— Diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se le tiene por ahí su manifestación. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Esta Presidencia recibió del senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, solicitud de excitativa a las Comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Excitativa a las Comisiones de Gobernación, y de Estudios Legislativos del Senado, a cargo del senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del PVEM

En la pasada sesión de la Comisión Permanente del 5 de enero del actual, diversos legisladores de las distintas fracciones parlamentarias destacaron la importancia de asegurar el cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental por parte de las diferentes autoridades federales involucradas, ante el hecho de que se están incrementando las conductas y las modalidades para evitar su aplicación. Situación que forma parte de una actitud –que se ha incrementado– de no rendición de cuentas, por parte de las instituciones y servidores públicos involucrados.

Estos mismos señalamientos se hicieron extensivos por varios legisladores a las administraciones públicas de los estados, destacando la necesidad de incrementar la vigilancia sobre el gasto público de éstas y de lograr que la transparencia y el acceso a la información no sigan siendo asignaturas pendientes.

Con el propósito de atender a fondo la solución de esa problemática, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ha venido formulando desde 2007 diferentes iniciativas para reformar o adicionar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y otras leyes vinculadas con la materia. Las iniciativas señaladas, su contenido general, sus objetivos  y el senador promoverte son los siguientes:

Iniciativas en materia de transparencia presentadas ante el pleno de la Cámara de  Senadores  por los legisladores de la fracción  parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (noviembre de 2007-abril de 2009)

• Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (senador Javier Orozco Gómez, 11 de diciembre de2007).

Turno: Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios Legislativos.

Objetivos:

– Fortalecer el contenido de esa ley para obligar a las instituciones federales a transparentar sus estructuras y los avances reales de sus programas en estrecha correlación con el ejercicio de los recursos y el cumplimiento de las metas comprometidas; y

– Superar el severo incumplimiento de dicha ley en este aspecto.

• Proyecto de decreto que reforma el artículo 62 de  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (senadora Ludivina Menchaca Castellanos, 28 de febrero de 2008).

Turno: Comisiones Unidas Gobernación, y de Estudios Legislativos, Segunda.

Objetivos:

– Crear un consejo federal de transparencia y acceso a la información gubernamental para unificar en el orden federal el avance de dicho  sistema;

– Involucrar en ese consejo a los organismos autónomos y a los Poderes Legislativo y Judicial, con el apoyo del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI); y

– Superar el importante rezago que éstos advierten en el cumplimiento de esa legislación.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7, fracción VI y último párrafo, 37, 39 y 63, adición de la fracción VIII y último párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25 y 49 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 13, 14 y 17 de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales (senador Francisco Agundis Arias, 9 de diciembre de 2008).

Turno: Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios Legislativos.

Objetivos:

– Racionalizar, unificar  y fortalecer la divulgación sistemática de los programas y avances gubernamentales;

– Lograr que las diversas dependencias de la administración pública federal sistematicen,  preserven y difundan la información técnica sobre su desempeño institucional;

– Instrumentar las gacetas gubernamentales en cada uno de los sectores de la administración pública federal;

– Asegurar que cada una de esas gacetas difundan regularmente los estudios, investigaciones, políticas, análisis, propuestas, informes, estadísticas, proyecciones, publicaciones, índices y demás documentos análogos relacionados con las diversas atribuciones competencia de cada dependencia; y

– Asegurar que la  divulgación de las gacetas se realice mediante las revistas respectivas y  los medios electrónicos empleados para la difusión institucional.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo final al artículo 7o. y la  fracción V del artículo 37, y se reforma la fracción VII y se adiciona la fracción VIII y el último párrafo del artículo 63 de de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (senador Manuel Velasco Coello, 2 de diciembre de 2008).

Turno: Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios Legislativos.

Objetivos:

– Fijar reglas claras y las sanciones correspondientes para impedir que el IFAI establezca mecanismos que impidan o dificulten la consulta de la información que deben publicar las instituciones gubernamentales en sus respectivos portales electrónicos;

– Suprimir los múltiples candados que se han establecido para evitar que la ciudadanía conozca las estructuras, programas, metas, avance y ejercicio real de los recursos por parte de las Instituciones Federales; y

– Evitar que el IFAI continúe asesorando a las dependencias para que dificulten la consulta de su información y logra un genuino cumplimiento de esta legislación.

• Iniciativa con proyecto de decreto de reformas por el cual se adiciona un último párrafo al   artículo 7o. de  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (senadora Ludivina Menchaca Castellanos, 17 de febrero de 2009).

Turno: Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios Legislativos.

Objetivos:

– Enriquecer la legislación y la normatividad que actualmente permite identificar y administrar la información reservada;

– Incorporar en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental la divulgación de los índices de la información reservada, en los mismos sitios y medios que están previstos para la difusión de la información gubernamental que previene el artículo 7o. de ésta;

– Asegurar la identificación correcta de la información reservada por parte de la población;

– Cumplir con el propósito del legislador de lograr la mayor apertura posible en la consulta de la información en poder de las instituciones gubernamentales;

– Favorecer la divulgación masiva de esos índices y, por lo mismo, la difusión de los periodos de reserva y los fundamentos aplicables en los diferentes rubros de información reservada; y

– Asegurar, en amplia medida, la adecuada  consulta de esta información.

Lo anterior se relaciona con el artículodecimocuarto del acuerdo relativo a los “lineamientos para el desarrollo de las sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para el primer receso del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura” y que fue aprobado en votación económica el martes 22 de diciembre de 2009.

Con base en dicho acuerdo, me permito solicitarle que se formule excitativa a las Comisiones  Legislativas de Gobernación, y de Estudios Legislativos del Senado señaladas, para lo cual me he permitido precisarle en el cuadro anterior lo siguiente: a) el autor de la iniciativa;  b) la fecha de presentación y el turno respectivo; c) la comisión o comisiones a las que se turnó para su estudio y dictamen; y d) los objetivos que pretende cada iniciativa.

De conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo sexto de dicho acuerdo, me he permitido señalarle la fecha de la presentación y de la publicación electrónica de las iniciativas señaladas en la gaceta, con la finalidad de que una vez recibido el presente oficio el asunto sea programado en el orden del día de la sesión respectiva.

Ante la importancia conferida por los diversos grupos parlamentarios al tema de la transparencia y la rendición de cuentas y considerando que nuestro partido ya ha formulado las propuestas referidas para la atención a fondo de este asunto, le estimaré que pueda considerarse su registro y publicación en la gaceta parlamentaria respectiva.

Sin otro particular, le agradezco de antemano la atención que se otorgue a nuestra solicitud y le envío un cordial saludo.— Senador Arturo Escobar y Vega (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se remite a la Cámara de Senadores.

PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De conformidad con lo que establece el artículo tercero del acuerdo relativo a las sesiones de la Comisión Permanente, las proposiciones restantes registradas en el orden del día serán turnadas a las comisiones correspondientes, salvo que algún grupo parlamentario exprese que se consideren para una sesión subsecuente, como es el caso de la 12, la 28, del senador Ricardo Monreal Ávila, que se pospone, y la 19, de la diputada Florentina Rosales Morales, las cuales se posponen.

En tal sentido le pido a la Secretaría continuar con la sesión.

El senador Guillermo Tamborrel Suárez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, senador Tamborrel.

El senador Guillermo Tamborrel Suárez (desde la curul): Si me permite, presidente, en ese mismo sentido el punto marcado con el número 10, reservado para la siguiente sesión. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto. Se reserva. ¿Algún otro que deseen reservar los miembros de la asamblea? El 35 también y el punto número 18 para una siguiente sesión. Muy bien.

Continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Primer Receso.— Primer Año de Ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Miércoles 20 de enero de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña(a las 15:42 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 20 de enero de 2010, a las 11 horas.

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