SUMARIO

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Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

La Secretaria diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente.

(Lista de asistencia)

Señor presidente, hay una asistencia de 27 legisladores, por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña(a las 11:45 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer Receso.— Primer Año de Ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Miércoles 20 de enero de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los diputados Juan Carlos Lastiri Quirós, Yulma Rocha Aguilar y Patricia Jiménez Case Fuensanta.

De la Tercera Comisión de trabajo de la Comisión Permanente.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondientes al mes de diciembre de 2009, desagregada por tipo de fondo.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Por el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional del 27 de enero al 2 de febrero de 2010, con el objeto de participar en la cuadragésima reunión anual del Foro Económico Mundial, por celebrarse en Davos, Suiza, y de realizar una visita oficial a Japón.

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana María Elisa García Barragán Martínez pueda aceptar y usar la condecoración Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el Gobierno del Reino de España. (Turno a Comisión)

Dos por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Eben Ezer Daniel Alvarado Rangel y Carlos Peña Valle puedan aceptar y usar la condecoración y la placa distintivo Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales, que les otorga el Gobierno de los Estados Unidos de América. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Isidoro Pedroza Ordaz, pueda aceptar y usar la Medalla Especial y la Cinta que le otorga la Junta Interamericana de Defensa de la Organización de los Estados Americanos. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Gerardo Ramón Martínez Martínez pueda aceptar y usar la Medalla Fraternidad Combativa que le otorga el Gobierno de la República de Cuba. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Héctor Maldonado Zepeda pueda aceptar y usar la condecoración Antorcha a la Excelencia Académica que le otorga el Gobierno de la República de El Salvador. (Turno a Comisión)

Dos por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Sergio Enrique Henaro Galán y Raúl Santos Galván Villanueva puedan aceptar y usar la Medalla al Merito Tamandaré que les otorga la Armada de la República Federativa del Brasil. (Turno a Comisión)

Cuatro con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente el 12 de agosto de 2009.

Oficio de la Cámara de Senadores

Con el que remite el informe correspondiente a la cuarta parte de la sesión ordinaria de 2009 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Iniciativas

Que reforma el artículo 8o. de la Ley de Petróleos Mexicanos, suscrita por el diputado Silvio Lagos Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga, diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el senador Eduardo Tomás Nava Bolaños, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Juan José Guerra Abud, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, suscrita por el senador Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y reforma el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Registro Público Vehicular, suscrita por el diputado José Luis Ovando Patrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 208 del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, suscrita por el diputado Óscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, suscrita por el diputado Óscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario a los ciudadanos María del Pilar Jordán Muela, María Paulina Pérez Digón, Jesús Laurencio Cuamea Velázquez y Aracely Castro Piña para prestar servicios a los Consulados de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua; Mérida, Yucatán; Nogales, Sonora y Matamoros, Tamaulipas, respectivamente. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario al ciudadano Miguel Ángel Domínguez Morales para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel La Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el Gobierno del Reino de España. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

Dictámenes a discusión

De la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que se garantice el normal desarrollo social y educativo de los niños de padres migrantes, que permanecen en sus comunidades de origen.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que se haga un respetuoso llamado al Gobierno de los Estados Unidos de América, a fin de considerar la posible exclusión de Cuba como país patrocinador del terrorismo.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos al Programa Frontera 2012 y al Sistema de Supervisión y Control Vehicular, y por el que se solicita información del Puerto Fronterizo Otay II.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo al establecimiento de una zona económica estratégica que abarque los estados de Baja California, Baja California Sur y el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se solicita información sobre cajas de ahorro que actúan en los estados de Puebla y Nuevo León.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos al conflicto del ingenio azucarero de los Mochis, Sinaloa.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a analizar la pertinencia de modificar las reglas de operación para el otorgamiento de apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Sagarpa y a Aserca un informe sobre el ejercicio, nombre, ubicación y grupo de control accionario de las empresas que han recibido apoyos, subsidios o transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondientes a los ejercicios de 2003 a 2009.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Banco de México a evitar prácticas abusivas de carga de adeudos en depósitos bancarios.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se solicita al titular del Instituto Mexicano del Petróleo que emita opinión técnica relativa a la contratación y tecnologías que se utilizan en el proyecto Chicontepec.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se solicitan precisiones en el proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-243-SSA1-2005.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a emitir recomendaciones a las instituciones financieras de no aumentar sus tasas de interés.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la construcción de un hospital de tercer nivel en el municipio de Yajalón, Chiapas.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se solicita información a la Profeco y a la Cofeco con relación al aumento injustificado de precios.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado Libre y Soberano de Querétaro a realizar una investigación sobre el uso indebido de recursos públicos por parte del ex gobernador Francisco Garrido Patrón.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la vigilancia de los aeropuertos de México.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que, a través de la Secretaría de Salud y del Consejo Nacional Contra las Adicciones, se brinde apoyo a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas para que lleve a cabo un estudio sobre el uso de drogas entre estudiantes indígenas de los niveles medio superior y superior de la entidad, suscrita por la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente manifiesta su extrañamiento respecto del nombramiento del ciudadano Miguel Ángel Jiménez Godínez como ministro consejero de la Embajada de México en el Reino Unido, suscrita por la senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un urgente llamado a los tres órdenes de gobierno dentro de sus ámbitos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para que en sus acciones y resoluciones tomen como principio rector el interés superior del niño, debiendo garantizar la observancia de los derechos de niñas y niños, así como su bienestar, por encima del beneficio de los adultos, suscrita por los senadores Martha Leticia Sosa Govea y Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de un grupo plural de legisladores para reencaminar el diálogo entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y el gobierno federal, asimismo se exhorta a la SCJN para que atraiga el recurso de revisión a la sentencia de negativa de amparo admitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Laboral, correspondiente al decreto de liquidación de la Compañía Luz y Fuerza del Centro, suscrita por diputados de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, en relación al Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, suscrita por el senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador del estado de México a impedir el despojo de tierras que son de propiedad de la asociación civil Lomas del Parque, del municipio de Tultitlán, suscrita por los diputados Pedro Vázquez González y Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la Cuenta Pública del gobierno federal, suscrita por el diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México, a través de su legislatura local, para que el incremento aprobado en las tarifas del impuesto predial de entre 16% y 50% durante el ejercicio fiscal 2010, en 54 de los 125 municipios que integran la entidad, sea proporcional al incremento del 1.2% recibido por participaciones y aportaciones federales durante el mismo año, suscrita por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y al presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del estado de Guerrero a implementar los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a la recomendación 78/2009 de la CNDH, relativa al secuestro, tortura y ejecución de los dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, suscrita por las diputadas Florentina Rosario Morales y Enoé Uranga Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que informe a esta soberanía lo relativo a la intención de desaparecer la oficina externa de la Misión Permanente de México ante la UNESCO, suscrita por el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que instruya a la SRE para que mantenga en la Delegación Permanente de México ante la UNESCO, Embajador específico y autonómo de cualquier otra Embajada de México, suscrita por el diputado Felipe Solís Acero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al director general de Conagua, para que instruya al coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, asista a la reunión de trabajo ante la Comisión Civil del Senado para analizar el Proyecto de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional de México 2009, suscrita por el senador Sergio Álvarez Mata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que la ASF realice una auditoría de obra pública e inversión física y de seguimiento de las licitaciones, contratos y concesiones de la CFE, así como a la SFP para que realice las investigaciones correspondientes, y se cite a comparecer a diversos funcionarios públicos para que informen sobre las acciones realizadas al respecto, suscrita por el diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente exhorta a los titulares de la Consar y de la SHCP a realizar una revisión de las inversiones de los Fondos de Pensiones de los Trabajadores invertidos en la Bolsa Mexicana de Valores, suscrita por el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal instrumente las medidas necesarias para dar solución al problema de inseguridad que se vive en el estado de Baja California, suscrita por los senadores Fernando Castro Trenti y Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y al IFE a considerar la viabilidad técnica, operativa y financiera de que el documento único electoral y de identidad sea expedido a los mexicanos residentes en el exterior, suscrita por el senador Luis Alberto Villareal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta Comisión Permanente expresa al Ejecutivo federal su enérgica condena por el raquítico aumento a los sueldos mínimos para el año 2010 y se solicita que intervenga ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para establecer un aumento de emergencia, suscrita por el diputado Víctor Castro Cosío, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de la Unión a convocar a ambas Cámaras a un periodo extraordinario de sesiones, con el objetivo de tomar medidas urgentes para frenar el deterioro en la economía popular, suscrita por el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a poner en marcha, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, los trabajos de construcción de los tramos carreteros Sola de Vega-Santa Cruz Zenzontepec y El Vado-Los Llanos, en el estado de Oaxaca, suscrita por el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado de Colima a rea-lizar un minucioso estudio y revisión de los procedimientos llevados a cabo el día 30 de septiembre de 2009 relativos al nombramiento y ratificación de magistrados propietarios del Supremo Tribunal de Justicia de esa entidad, suscrita por la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SEP que posponga la publicación de los Lineamientos Generales para el Expendio de Alimentos y Bebidas en las Tiendas o Cooperativas Escolares de los Planteles de Educación Básica, que autorizan la venta de los denominados productos chatarra, suscrita por la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la Cofepris que informe sobre el avance real en el procedimiento de renovación de registros, causales de retraso y limitaciones, suscrita por el diputado David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Aguascalientes a realizar las correspondientes investigaciones respecto a las intervenciones en llamadas privadas a legisladores y actores sociales y empresariales, suscrita por los senadores Rubén Camarillo Ortega y Eduardo Tomás Nava Bolaños, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a atraer el caso del homicidio de Josefina Reyes Salazar, al gobierno federal a reparar el daño causado a la familia de dicha ciudadana, en términos del derecho público internacional, así como al Gobierno y a la Procuraduría del Estado de Chihuahua para que en forma inmediata emitan las órdenes de protección y se salvaguarde la seguridad de los defensores de derechos humanos Gustavo de la Rosa y Jurado y Gero Fong, suscrita por la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conade a resolver la asistencia del equipo de personas con discapacidad intelectual a Sudáfrica en el mes de agosto del presente año, a cargo del diputado David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a suspender, a través de la Sagarpa, la ministración de recursos federales al Gobierno del Estado de Oaxaca, debido a la ineficiencia en la aplicación de políticas públicas para el desarrollo del campo en la entidad, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al procurador agrario, al titular de la SRA y al gobernador del estado de San Luis Potosí, así como a los 58 municipios de esta entidad a cumplir el acuerdo establecido con el Movimiento Huasteco Democrático, suscrita por la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP que informe sobre la situación de las inversiones realizadas por el IMSS en la empresa Metromedia, suscrita por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los gobiernos de los estados de Chihuahua, de Puebla y de Veracruz que informen a esta soberanía sobre los términos de su endeudamiento, costo financiero y destino de los recursos públicos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a precisar los plazos, procedimientos e instituciones que incluiría el mecanismo mediante los cuales el gobierno mexicano dará seguimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el caso del campo algodonero, suscrita por la diputada Teresa Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Profepa para que explique la cancelación de proyectos turísticos del Fonatur en Huatulco, estado de Oaxaca, suscrita por el diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Salud que reconozca la hepatitis C como problema de salud pública y garantice la disponibilidad y acceso de su tratamiento, suscrita por el diputado Miguel Antonio Ozuna Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente resuelve que en los spots promocionales que se difundan durante el 2010 se haga referencia al patrimonio cultural mexicano, suscrita por la senadora María de Lourdes Rojo e Incháustegui, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución).

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que audite ampliamente el programa social Tarjeta de la Gente, implementado por el Gobierno del Estado de Coahuila en el ejercicio fiscal 2009, suscrita por el senador José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCJN a hacer uso de su facultad de atracción sobre el recurso de revisión que ha interpuesto el SME en contra de la resolución dictada por la juez de distrito Guillermina Coutiño Mata, que indebidamente declaró constitucional el decreto de extinción de la Compañía Luz y Fuerza del Centro, suscrita por el diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de Puebla a cumplir la sentencia dictada por la Segunda Sala de la SCJN, relativa al proceso de ratificación del licenciado Germán Gabriel Alejandro López Brun como magistrado del Tribunal Electoral de dicha entidad, suscrita por los senadores Jorge Andrés Ocejo Moreno y Jesús Garibay García, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, respectivamente. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, con el que se exhorta a la SCT a reconsiderar la venta y fusión de las aerolíneas mexicanas, por considerar que es un acto tendente a monopolizar el servicio de transporte aéreo, suscrita por el senador Rubén Fernando Velázquez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con el que se exhorta al Ejecutivo federal a dar prioridad a la ayuda a las mujeres en Haití, suscrita por la diputada Teresa Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se convoca al honorable Congreso de la Unión a celebrar un periodo extraordinario de sesiones, suscrita por el senador Jesús Garibay García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Excitativas

A las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Estudios Legislativos del Senado de la República, a solicitud del diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

A las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República, a solicitud del diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Agenda política

Comentarios sobre la situación jurídica de los presos por el caso de San Salvador Atenco, a cargo del diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Comentarios sobre la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios sobre la problemática pública, muertes violentas, homicidios dolosos y feminicidios en el estado de México, a cargo del diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Solicito a la Secretaría consulte a la asamblea si es de dispensarse la lectura, tomando en consideración que ésta ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles trece de enero de dos mil diez, correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Ramírez Acuña

En el Salón Legisladores de la República sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de 32 legisladores, a las 12 horas con 2 minutos del miércoles 13 de enero de 2010, el presidente declaró abierta la sesión.

En votación económica se dispensó la lectura al orden del día y enseguida al acta de la sesión anterior, que se aprobó de la misma manera.

Solicitaron licencias los legisladores:

• Senador Rafael Moreno Valle Rosas, del Partido Acción Nacional, para separarse de sus funciones, por tiempo indefinido a partir del 15 de enero del año en curso.

• Diputada Hilda Esthela Flores Escalera, del Partido de la Revolución Democrática, para separarse de sus funciones, por tiempo indefinido a partir de esta fecha.

• Senador Antonio Mejía Haro, para separarse de sus funciones, por tiempo indefinido a partir del 24 de enero del año en curso.

En votación económica se aprobaron los puntos de acuerdo. Comuníquense a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados, según corresponda.

Se recibió oficio del diputado Héctor Agustín Murguía Lardizabal, del Partido Revolucionario Institucional, por el que comunica su reincorporación a sus actividades legislativas. De enterado, comuníquese a la Cámara de Diputados.

La Secretaría dio lectura a la solicitud de licencia de la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Partido de la Revolución Democrática, para separarse de sus funciones como diputada federal electa en la tercera circunscripción plurinominal. Se concedió el uso de la tribuna en contra, a la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica no se aprobó el punto de acuerdo respectivo.

Se recibió comunicación del ciudadano Miguel Ángel Domínguez Morales, por el que solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración “Encomienda de la Orden de Isabel la Católica”, que le otorga el gobierno de España. Se turnó a la Primera Comisión de Trabajo.

Se dio cuenta con oficio de la Secretaría de Gobernación con solicitud de permiso para que los ciudadanos: María del Pilar Jordán Muela, María Paulina Pérez Digón, Jesús Laurencio Cuamea Velázquez y Aracely Castro Piña, puedan prestar sus servicios a los Consulados de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua; Mérida, Yucatán; Nogales, Sonora y Matamoros, Tamaulipas, respectivamente. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

Se dio cuenta de tres oficios de la Secretaría de Gobernación con contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación con el precio de la gasolina y el diesel. Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

• En relación con las condiciones climáticas registradas en el estado de Chihuahua. Se remite a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

• De la Secretaría de Salud, en relación con el pago de cuotas en los servicios de atención de salud mental. Se remite a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

Se dio cuenta de trece oficios con contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores. Se remitieron a la Cámara de Senadores.

Se dio cuenta de dos oficios con contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente el 22 de julio de 2009 y el 26 de agosto de 2009. Se remitieron a la Cámara de Senadores.

Se dio cuenta con oficio de la Cámara de Senadores en el que remite presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para febrero de 2010. En votación económica se aprobó. Comuníquese.

El presidente informa sobre el terremoto que afectó a la República de Haití el 12 de enero de 2010 y dio lectura a un pronunciamiento al respecto. Se concede el uso de la tribuna en relación al tema a los legisladores: diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, que propone exhortar a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, a promover un apoyo económico, que en votación económica se aprobó y se remitió a dichas Juntas; senador Luis Alberto Villarreal García, del Partido Acción Nacional; diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Partido de la Revolución Democrática; senador Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México y senador Ricardo Monreal Ávila, del Partido del Trabajo.

Se dio cuenta de las siguientes iniciativas con proyectos de decreto de los legisladores:

• Diputado Arturo Zamora Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 404 del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

• Diputado Arturo Zamora Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona los artículos 406, 407 y 412 del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

• Senador Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

• Senador Carlos Navarrete Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona diversas disposiciones al artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

• Senador Rubén Fernando Velázquez López, en nombre propio y del senador Antonio Mejía Haro, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y abroga la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Juventud y Deporte, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

• Senador Mario López Valdez, en nombre propio y de los senadores Fernando Castro Trenti y Carlos Lozano de la Torre, del Partido Revolucionario Institucional, que expide la Ley de Periodismo de Alto Riesgo. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

Se sometieron a consideración del pleno los siguientes dictámenes con puntos de acuerdo  de la Primera Comisión:

• Para exhortar al Ejecutivo federal, a remitir la información relativa de los avances en la implantación del nuevo modelo de justicia penal publicada el 18 de junio de 2008. En votación económica se aprobó. Comuníquese.

• Relativo a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos. Se concede el uso de la tribuna para realizar comentarios al senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, del Partido Acción Nacional. En votación económica se aprobó. Comuníquese.

• Por el que se convoca a comparecer al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, ingeniero Genaro García Luna, para que informe a la Primera Comisión de la Permanente, el estado que guarda la seguridad pública en México. Se refieren al tema, para rectificación de hechos y alusiones personales los legisladores: senador José Guadarrama Márquez, del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Zamora Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional; senador Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México; diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional; senador Ricardo Monreal Ávila, del Partido del Trabajo, en dos ocasiones; diputado Roberto Gil Zuarth, del Partido Acción Nacional y diputado Víctor Manuel Castro Cosío, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se aprobaron los puntos de acuerdo. Comuníquese.

Se sometieron a consideración del pleno los siguientes dictámenes con puntos de acuerdo de la Segunda Comisión de Trabajo:

• Por lo que se solicita al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, maestro Daniel Karam Toumeh, información relacionada con las guarderías infantiles del país. Se refiere al tema el senador Rubén Fernando Vázquez López, del Partido de la Revolución Democrática, y el senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, del Partido Acción Nacional. En votación económica se aprobó. Comuníquese.

• Por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, reconoce la iniciativa “Reforma Migratoria Integral para la Seguridad y Prosperidad en América” por considerarla una propuesta que marca el inicio del debate para la consecución de una reforma migratoria integral de Estados Unidos de América. En votación económica se aprobó. Comuníquese.

Se recibieron proposiciones con puntos de acuerdo de los legisladores:

• Diputado Alberto Jiménez Merino, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al gobernador de Tlaxcala y al titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, a que implanten medidas que permitan recuperar los recursos a los ahorradores de la caja popular “Juntos y Organizados Venceremos”. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senadora María Elena Orantes López, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud, destine recursos económicos para la construcción de un hospital regional de tercer nivel en el municipio de Yajalón, Chiapas. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senadora María Elena Orantes López, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que implante de inmediato una fase preventiva para inspeccionar cultivos y se contrarresten los efectos de la mosca de la fruta y lotes larvados que han afectado cultivos importantes de mango ataulfo en Chiapas. Se turnó a Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la comparecencia del secretario de Trabajo y Previsión Social, a fin de dar cuenta de la política del combate al desempleo y los asuntos laborales del país. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación que implante los procedimientos necesarios para que el gobierno mexicano dé cabal cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero versus México. Se turnó a la Primera Comisión de Trabajo.

• Senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al gobierno de Nayarit a resolver el conflicto agrario del Ejido de Pantanal, municipio Xalisco, derivado del pago de indemnizaciones de sus tierras para la construcción del aeropuerto “Amado Nervo”, de Tepic. Se turnó a la Primera Comisión de Trabajo.

• Senador Ricardo Monreal Ávila, del Partido del Trabajo, por el que se solicita al Ejecutivo federal, para que a través de la cancillería, se exhorte al gobierno de Estados Unidos de América, para que excluya a Cuba de la lista de los países promotores del terrorismo. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo. Desde su curul el senador Monreal Ávila, solicitó moción de orden y formuló comentarios. El presidente realizó aclaraciones al respecto.

• Senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Congreso de Nayarit a derogar el cobro de la tenencia, reemplacamiento y verificación vehicular aprobado el 20 de diciembre de 2009, así como al titular del Ejecutivo del estado, a desarrollar y poner en marcha programas emergentes que disminuyan el impacto del aumento en los precios de los productos de la canasta básica y de los combustibles. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar la comparecencia del titular de la Secretaría de Economía y del director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a fin de que rindan un informe detallado sobre el contenido y alcances del acuerdo comercial antipiratería; asimismo, solicitar a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, la integración de una subcomisión o comisión especial que dé seguimiento a las negociaciones de dicho acuerdo. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senador Rubén Fernando Velázquez López, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a garantizar en la autopista concesionada Las Choapas-Ocozocuautla las condiciones mínimas de seguridad, comodidad y rapidez. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senador Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a revertir los aumentos en las tarifas de energía eléctrica para usuarios domésticos. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se insta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a que cumpla con el pago puntual del monto de las becas a los estudiantes de instituciones educativas nacionales y en el extranjero. Se turnó a la Segunda Comisión de Trabajo.

• Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se crea la Comisión Especial de la Familia. Se turnó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

• Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Procuraduría de Justicia del estado de Chihuahua, a que realice una investigación expedita de los asesinatos de dos jóvenes en dicho estado. Se turnó a la Primera Comisión de Trabajo.

Se dio cuenta con las siguientes proposiciones con punto de acuerdo de los legisladores:

• Diputado David Penchyna Grub, en nombre propio y del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que presente un informe a este Congreso, respecto de las medidas que está tomando para el combate a la escalada de precios. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo. Desde sus respectivas curules hacen comentarios los diputados Penchyna Grub y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional.

• Senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, en nombre propio y del senador Humberto Andrade Quezada, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, organismos autónomos, descentralizados y desconcentrados a que inicien de inmediato un programa integral de sustitución de focos incandescentes por lámparas ahorradoras en todas las instalaciones, edificios y oficinas para contribuir de manera importante en la mitigación de los efectos del cambio climático y en el aumento de la eficiencia energética en nuestro país. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senador José Guadarrama Márquez, del Partido de la Revolución Democrática, relativo al asesinato del líder indígena Miguel Ángel Pérez Cazales. Se turnó a la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputado Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a integrar una mesa interinstitucional con relación a la cédula de identificación ciudadana. En votación económica se consideró de urgente resolución. Se consideró suficientemente discutido el punto de acuerdo y en votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Comuníquese.

• Diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que gire instrucciones al secretario de Comunicaciones y Transportes, con el fin de cancelar la concesión para convertir el tramo carretero federal, El Desperdicio-Lagos de Moreno, de autopista de peaje a autopista concesionada. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de la Comisión Nacional del Agua, para que de manera inmediata se implanten acciones que permitan otorgar apoyos a las regiones cafetaleras de los estados de Puebla, Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo, las cuales han sido afectas por la heladas atípicas presentadas en las últimas semanas. En votación económica se considera de urgente resolución. Se concedió el uso de la tribuna al diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, del Partido Revolucionario Institucional; y desde su curul al senador Rubén Fernando Vázquez López, del Partido de la Revolución Democrática, ambos proponen adiciones. Se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo y en votación económica se aprobó con las adiciones propuestas. Comuníquese.

• Diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Congreso del estado de México a rectificar su determinación respecto a la designación de magistrados, por parte del Poder Ejecutivo y se exhorta al Poder Judicial para interponer controversia constitucional por invasión de competencias. Se turnó a Primera Comisión de Trabajo.

El presidente informó que las proposiciones con puntos de acuerdo no abordadas, se turnarían directamente a las comisiones correspondientes, excepto las que sean retiradas o pospuestas por los grupos parlamentarios.

Se recibió solicitud de excitativa del senador Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México, a las Comisiones de Gobernación, y de Estudios Legislativos del Senado. Se remitió a la Cámara de Senadores.

La Secretaría dio lectura al orden del día de la próxima sesión.

El presidente clausuró la sesión a las 15 horas con 42 minutos y citó para la que tendrá lugar el miércoles 20 de enero de 2010 a las 11:00 horas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Proceda en consecuencia, la Secretaría, a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada el acta.

Pido a nuestros compañeros de los medios de comunicación que tomen su lugar, a efecto de que puedan cumplir con su tarea.

Se recibieron solicitudes de licencia de los ciudadanos Juan Carlos Lastiri Quirós, Yulma Rocha Aguilar y Fuensanta Patricia Jiménez Case. Proceda la Secretaría.

DIPUTADOS QUE SOLICITA LICENCIA

El Secretario senador Adolfo Jesús Toledo Infanzón:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto, y para los efectos conducentes, me permito solicitar que se me conceda licencia por tiempo indefinido para separarme de mi cargo como diputado federal, con efectos a partir del día de hoy.

La presente se funda en lo dispuesto en los artículos 62 y 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de haber recibido una invitación para colaborar en el gobierno del estado de Puebla.

Agradeciendo que pueda resolverse conforme a derecho, sin otro particular, reitero mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de enero de 2010.— Diputado Juan Carlos Lastiri Quirós (rúbrica).»

«Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Yulma Rocha Aguilar, en mi carácter de diputada federal del Partido Revolucionario Institucional por la segunda circunscripción a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, por este conducto comparezco ante usted para exponer lo siguiente:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente le solicito tenga a bien poner a consideración de esta soberanía se me conceda licencia por tiempo indefinido para separarme de mi cargo como diputada federal a partir del 3 de septiembre del año en curso.

Sin otro particular, reciba un saludo.

Atentamente

México, DF, a 2 de septiembre de 2009.— Diputada Yulma Rocha Aguilar (rúbrica).»

«Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

La suscrita, diputada a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por la IV circunscripción plurinominal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47 y 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y tomando en consideración que debo realizar un viaje al extranjero para atender un asunto importante y trascendente en mi vida personal y desarrollo profesional, solicito a usted se sirva someter a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la presente solicitud de licencia por tiempo indefinido, para separarme de mis funciones como diputada federal.

Esta petición de licencia, de no existir inconveniente alguno, surtirá sus efectos a partir del 9 de septiembre del presente año.

Agradezco de antemano se sirva realizar los trámites necesarios para aprobar lo conducente.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 8 de septiembre de 2009.— Diputada Fuensanta Patricia Jiménez Case (rúbrica).»

Está a discusión el siguiente punto de acuerdo. Único. Se concede licencia por tiempo indefinido, a partir de esta fecha, a los ciudadanos Juan Carlos Lastiri Quirós, Yulma Rocha Aguilar y Fuensanta Patricia Jiménez Case para separarse de sus funciones como diputados federales electos al II distrito electoral de Puebla, así como en la segunda y cuarta circunscripciones plurinominales, respectivamente.

En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En consecuencia, se declara aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente punto del orden del día que son comunicaciones.

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA - SECRETARIA DE ECONOMIA

El Secretario senador Adolfo Jesús Toledo Infanzón: «Comunicación de la Tercera Comisión, por la que se consideran desahogadas dos proposiciones relacionadas con el alza de precios de los productos de la canasta básica

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fueron turnadas las proposiciones con punto de acuerdo siguientes:

1. Para exhortar y solicitar al Ejecutivo federal frene el alza indiscriminada de precios de los productos de la canasta básica y exhorte a las autoridades competentes a aplicar un plan estabilizador de precios, suscrita por el senador Ricardo Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del PT.

2. Para citar a comparecer al titular de la Secretaría de Economía, a fin de que explique los alcances de la escalada de precios que se ha desatado en el país, las expectativas en términos inflacionarios y la estrategia que se implementará para apoyar a la planta productiva y proteger el empleo, suscrita por el senador Silvano Aureoles Conejo, integrante del Grupo Parlamentario del PRD.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de las proposiciones, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente

Dictamen

Antecedentes

Las proposiciones que se citan en el proemio fueron registradas en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 5 de enero de 2010, y turnadas para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En relación con la proposición enlistada en el proemio en primer lugar, se transcribe el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita al Ejecutivo federal que, a través de las autoridades responsables, frene el alza indiscriminada a todos los productos que conforman la canasta básica.

Segundo. Se solicita al Ejecutivo federal haga un llamado a todas las partes que son responsables del aumento de precios de la canasta básica, a frenar este aumento sin medida de dichos productos.

II. En relación con la proposición enlistada en el proemio en segundo término, se transcribe el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer al titular de la Secretaría de Economía, a fin de que explique los alcances de la escalada de precios que se ha desatado en el país, las expectativas en términos inflacionarios y la estrategia que se implementará para apoyar a la planta productiva y proteger el empleo.

Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al procurador Federal del Consumidor que se redoblen sus esfuerzos para sancionar administrativamente a los vendedores o proveedores que especulen con relación a la venta de productos que integran la canasta básica.

III. La comisión dictaminadora toma en cuenta que el pleno de la Comisión Permanente aprobó el 5 de enero de 2010 el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión instruye a la Tercera Comisión para que realice lo conducente, a efecto de que lo antes posible sea citado a comparecer el ciudadano Genaro Ruiz Mateos, secretario de Economía, para que informe y explique a esta soberanía la política que seguirá la administración pública federal en materia arancelaria, ante los evidentes inconvenientes de mantener una apertura indiscriminada y unilateral que afecta importantes sectores de la industria nacional, sobre las acciones para evitar alzas generalizadas que ya se comienzan a sentir entre la población del país, y sobre los mecanismos que se aplicarán para la protección de los ingresos de las familias mexicanas y los mecanismos de protección que deberán implementarse para proteger la economía nacional.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión instruye a la Tercera Comisión para que analice en el marco de la comparecencia, el impacto del aumento en el precio del gas LP para consumo doméstico y la posibilidad y conveniencia de revertir dicho aumento.

En cumplimiento del punto de acuerdo transcrito, la Tercera Comisión adoptó en su reunión del 13 de enero de 2010 el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se cita a comparecer a Gerardo Ruiz Mateos, titular de la Secretaría de Economía, ante la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, para que informe y explique la política que seguirá la administración pública federal en materia arancelaria, sobre las acciones para evitar alzas generalizadas, los mecanismos que se aplicarán para la protección de los ingresos de las familias mexicanas, los mecanismos de protección que deberán implementarse para proteger la economía nacional y en relación con el impacto del aumento en el precio del gas LP para consumo doméstico y la posibilidad y conveniencia de revertir dicho aumento.

La comparecencia tendrá lugar el día viernes 15 de enero de 2010, a las 11:00 horas, en el salón Legisladores de la República, ubicado en el edificio A del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Sólo podrán participar en la comparecencia, legisladores integrantes de la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura.

Segundo. Se faculta al presidente de la Tercera Comisión para realizar lo conducente ante la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, a efecto de que se sirva citar al titular de la Secretaría de Economía, con las formalidades que correspondan.

Tercero. La Mesa Directiva de la Tercera Comisión elaborará el formato y demás modalidades para el desahogo de la comparecencia indicada en el resolutivo primero del presente acuerdo.

La comisión dictaminadora considera que en virtud de que la comparecencia de referencia se desahogó efectivamente en la fecha indicada (15 de enero de 2010), y que es claro que la temática planteada por las proposiciones que se dictaminan fue incluida en el temario de la conferencia citada en último término, corresponde considerarlas atendidas.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se consideran desahogadas en la Comisión Permanente las proposiciones con punto de acuerdo materia de este instrumento, en razón de la reunión de trabajo del secretario de Economía con la Tercera Comisión, celebrada el 15 de enero de 2010.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de enero de 2010.

La Tercera Comisión:Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador Eduardo Tomás Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón, senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes (rúbrica), diputado Roberto Gil Zuarth (rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud, senador Ricardo Monreal Ávila.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado. Archívense los expedientes como asuntos concluidos.

SERVICIO DE GUARDERIAS O ESTANCIAS INFANTILES

El Secretario senador Adolfo Jesús Toledo Infanzón: «Comunicación de la Tercera Comisión, por la que se considera atendida una proposición relativa a la prestación del servicio de guarderías o estancias infantiles en el país

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a garantizar la prestación del servicio de guarde-rías o estancias infantiles en todo el país, según lo establece el artículo 123 constitucional, suscrita por el senador Rubén Fernando Velázquez López, integrante del Grupo Parlamentario del PRD.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 22 de diciembre de 2009, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En el capítulo de consideraciones el autor de la proposición que se dictamina, refiere que el día 5 de junio de 2009 se enmarca como una fecha de tristes recuerdos para Sonora y para el país en general, por los hechos ocurridos en esa entidad tras el incendio de la Guardería ABC.

Menciona que a partir de ese siniestro se demandaría una revisión integral del sistema de subrogación en todo el país, a efecto de inspeccionar las condiciones físicas y legales en que operan las guarderías subrogadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de aquellas en que el servicio se preste de manera directa (recomendación número 49/2009, sobre el caso de la Guardería ABC, SC, situada en Hermosillo, Sonora. CNDH).

El senador proponente señala que la recomendación 49/2009, realiza un exhorto al IMSS a tomar las medidas administrativas correspondientes y determinar si procede la continuación del servicio de guarderías, o en su caso, la suspensión del mismo por no garantizar de manera adecuada las condiciones necesarias de seguridad.

Señala que el Poder Legislativo coincidió en la prioridad de garantizar las mejores condiciones de seguridad y atención de los menores que acuden a las guarderías, por lo que ha legislado en la materia fortaleciendo el marco legal actual.

Continúa el proponente señalando que el pasado 18 de diciembre, la ciudadana María Luisa Gárate, presidenta de la Asociación Nacional de Guarderías, anunció que el IMSS cerraría 130 estancias que operan en el esquema de subrogación, por la terminación de los contratos o porque no se cumple con las medidas de seguridad. No obstante, el IMSS sólo rescindió el contrato con 36 prestadores del servicio.

Concluye el autor de la proposición mencionando que el IMSS no actuaría de manera determinante al suspender el servicio de las 36 guarderías en todo el país sin realizar un análisis detallado de las condiciones en que operaban y los riesgos que incurren de dejarlos seguir laborando. Hace referencia al deber del Poder Legislativo de velar por los intereses de la población más necesitada, por los 20 mil niños y madres de familia afectados por tal decisión. Por ello, formula el siguiente

“Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, maestro Daniel Karam Toumeh, a garantizar la prestación del servicio de guarderías o estancias infantiles en todo el país, según establece la fracción XXIX del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

II. La comisión dictaminadora toma en cuenta que la Comisión Permanente, en su sesión del 13 de enero de 2010, aprobó el siguiente dictamen con punto de acuerdo

“ Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión con fundamento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, maestro Daniel Karam Toumeh informe a la brevedad a las Cámaras del Congreso de la Unión, sobre:

a) El número de guarderías que operan bajo el esquema de subrogación y las causas que dieron origen a la suspensión de algunas de ellas.

b) Las medidas, lineamientos y criterios de evaluación que el Instituto Mexicano del Seguro Social asumirá para renovar los contratos de prestación del servicio de guarderías.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, maestro Daniel Karam Toumeh para que instruya a la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales a emitir cuanto antes los lineamientos respectivos que en su caso, sean indispensables para dar cumplimiento al acuerdo ACDO.AS1.HCT.161209/ 306.P.DJ, cuidando que éstos se pronuncien por el interés superior del niño.

Asimismo, sobre el importe total de las ayudas que se otorgarán según establece el acuerdo ACDO.AS1.HCT. 161209/306.P.DJ, remitiendo a esta soberanía –en su momento– los informes trimestrales por concepto de las ayudas en efectivo que reciban los trabajadores.

Tal pronunciamiento se deberá informar a las Cámaras del Congreso de la Unión a la brevedad posible.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoria Superior de la Federación a realizar una evaluación integral del desempeño y costo de las guarderías que operan bajo el esquema de subrogación, del Instituto Mexicano del Seguro Social”.

Consecuentemente la comisión dictaminadora, estima que en el caso procede considerar que la proposición materia de este dictamen fue debidamente atendida en los términos del punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente en la fecha referida.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a la consideración del pleno, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se tiene por atendida la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, maestro Daniel Karam Toumeh, a garantizar la prestación del servicio de guarderías o estancias infantiles en todo el país, según establece la fracción XXIX del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón del punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente en sesión del 13 de enero de 2010.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2010.

La Tercera Comisión:Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador Eduardo T. Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López Paredes, secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica p.a.), senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes, diputado Roberto Gil Zuarth (rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado.Archívese el expediente como asunto concluido.

Continúe la Secretaría con los oficios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario senador Adolfo Jesús Toledo Infanzón: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente a diciembre de 2009, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente a diciembre de 2008.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 15 de enero de 2010.— Ernesto Javier Cordero Arroyo (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas cámaras, para su conocimiento.

Continúe con los oficios de la Secretaría de Gobernación.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA SE AUSENTA DEL TERRITORIO NACIONAL

El Secretario senador Adolfo Jesús Toledo Infanzón: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito hacer de su conocimiento que la licenciada Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, comunica que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional del 27 de enero al 2 de febrero de 2010, con el objeto de participar en la 40 Reunión Anual del Foro Económico Mundial, a celebrarse en Davos, Suiza, del 27 al 30 de enero, y de realizar una visita oficial a Japón, del 31 de enero al 2 de febrero de 2010.

Por lo anterior y con fundamento en lo establecido por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño copia del documento al que me he referido.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 19 de enero de 2010.— Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Contador Público Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente

Estimado señor subsecretario

Por instrucciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de está Secretaría, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 de la Constitución Política dé los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted sea el amable conducto para informar al honorable Congreso de la Unión que el presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional del miércoles 27 de enero hasta el martes 2 de febrero de 2010, con el objeto de participar en la 40 Reunión Anual del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), a celebrarse en Davos, Suiza, del 27 al 30 de enero, y de realizar una visita oficial a Japón del 31 de enero al 2 de febrero.

La participación del presidente Calderón en el Foro Económico Mundial, responde a una invitación del profesor Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo de dicho foro. Se trata de un espacio privilegiado de diálogo sobre temas de alcance global y tiene como propósito contribuir a mejorar la colaboración a nivel internacional en temas de coyuntura, sobre todo dé carácter económico.

Entre los invitados se incluye a los líderes de las economías más importantes del mundo, así como a propietarios y directivos de las empresas más destacadas a nivel internacional, reconocidos líderes de opinión, intelectuales, líderes de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. A la fecha se tiene confirmada la participación de alrededor de 40 jefes de Estado y de gobierno, o de ambos.

Los temas centrales que el WEF ha seleccionado para este año responden a las preocupaciones más relevantes en el actual escenario internacional, lo que conlleva, entré otras labores propuestas para el foro, un análisis de la coyuntura existente, con sesiones específicas dedicadas a abordar temas como el fortalecimiento de las economías; la mitigación de los riesgos globales; el esfuerzo a favor de la sustentabilidad y la seguridad en el mundo; la creación de un marco de valores comunes y la construcción de instituciones multilaterales y regionales efectivas.

La participación del presidente Calderón en el Foro Económico Mundial tiene como objetivos básicos:

• Contribuir a las discusiones sobre la construcción de una nueva arquitectura internacional.

• Posicionar a México como un destino seguro para invertir y como mercado de oportunidad en un año de repunte económico.

• Difundir entre los líderes económicos y empresariales globales el inicio de la recuperación económica de nuestro país.

• Promover la construcción de consensos en materia de cambo climático frente a la celebración de la decimosexta Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 16) en México.

Para alcanzar estos objetivos el presidente Felipe Calderón Hinojosa participará en diversas sesiones de trabajo a las que ha convocado el WEF, en otras actividades paralelas, así como en encuentros bilaterales con otros jefes de Estado y de gobierno o de ambos, empresarios, académicos y con expertos en cambio climático.

El programa de trabajo del primer día del presidente Felipe Calderón incluye una sesión plenaria sobre la “Redefinición de la gobernanza global”, en la que también participarán el presidente de la República de Corea, el presidente de España, el emir de Qatar y el presidente de Sudáfrica, así como el presidente y fundador del WEF. Esa noche participará en una cena latinoamericana, que tendrá como tema “América Latina: Enfrentando el desafío democrático”, en la que está contemplada la participación de varios presidentes y directivos de organismos de esa región.

Los trabajos del segundo día contemplan la participación del presidente Felipe Calderón en un desayuno con otros líderes mundiales y el secretario general de las Naciones Unidas, en el que se intercambiará información sobre los preparativos y la estrategia de negociación que seguirá el gobierno de México como país anfitrión de la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (16 COP) que tendrá lugar en nuestro país. Adicionalmente, el presidente Calderón participará en dos sesiones temáticas vinculadas con este tema.

Es día por la noche, el mandatario mexicano asistirá a la cena “Davos 2010 Anticorrupción”, organizada por la organización Iniciativa para la Alianza contra la Corrupción (Partnering Against Corruption Initiative), en la que el presidente Felipe Calderón fungirá como orador principal.

El tercer día de trabajo el presidente Calderón tiene contemplado un desayuno con los presidentes de algunas de las empresas trasnacionales más importantes del mundo, muchas de ellas con operaciones relevantes en nuestro país, en el que se reiterará el mensaje de que México es un destino seguro y confiable para invertir; se compartirá información, sobre los esfuerzos emprendidos para fortalecer nuestro desarrollo económico, apuntalar nuestra competitividad y generar nuevos empleos, entre otros.

Además de las actividades antes mencionadas, el presidente Calderón sostendrá encuentros bilaterales con diversos jefes de Estado y gobierno, con el objeto de estimular el diálogo político y la concertación de posiciones en temas de interés bilateral, birregional y multilateral. En todo momento se buscará presentar los principales elementos y ventajas comparativas qué hacen de México una economía emergente líder, con un peso específico que le permite participar en la solución de los problemas de la agenda internacional.

Cabe destacar que ProMéxico aprovechará nuestra presencia en el WEF para promover las oportunidades de comercio e inversión que ofrece nuestro país.

Al término de su participación en el Foro Económico Mundial, el presidente Felipe Calderón partirá hacia Japón, con el propósito de efectuar una visita oficial en respuesta a la invitación qué le extendiera el primer ministro de dicha nación, señor Yukio Hatoyama. Esta visita responde a la decisión de ambos gobiernos de iniciar una nueva etapa de su asociación estratégica para darle un mayor alcance.

Los vínculos con Japón revisten gran importancia para México debido al establecimiento, en el año 2003, de una asociación estratégica que ha permitido intensificar el diálogo político y ha dinamizado los intercambios en los ámbitos político, económico, cultural y de cooperación. Asimismo, ha favorecido la identificación de intereses comunes en diversos temas de la agenda global, como el combate contra el cambio climático, la recuperación económica y financiera internacional, el desarme, la no proliferación y la seguridad humana, dada su mutua participación en foros como el G 20 y el diálogo ampliado con el G 8, el Foro de cooperación Económica Asia-Pacífico y el Consejo de Seguridad de la ONU. Con regularidad, México y Japón llevan acabo consultas políticas sobre temas bilaterales y multilaterales dé interés mutuo.

Las relaciones entre México y Japón también se han fortalecido como consecuencia de la vasta red de instrumentos jurídicos de los que ambos países son parte, así como por su variado programa de cooperación educativa, cultural, científica y técnica, y por la colaboración mutua para impulsar proyectos de desarrollo en América Latina y el Caribe.

Por otro lado, el Acuerdo de Asociación Económica México-Japón, en vigor desde el 1 de abril de 2005, ha consolidado a nuestro país como el principal socio comercial de Japón en América Latina y a Japón como nuestro tercer socio comercial a nivel mundial, así como el mayor inversionista en México de la región Asia-Pacífico. Las 350 empresas japonesas establecidas en el país generan 200 mil empleos directos.

La visita también se enmarca en las celebraciones del 400 aniversario del primer contacto amistoso entre los pueblos mexicano y japonés. El presidente Felipe Calderón Hinojosa y el príncipe heredero de Japón presiden, de manera honoraria, las celebraciones de esta importante efeméride en el calendario de la relación entre los dos países.

Los objetivos centrales de la visita oficial pueden resumirse de la siguiente manera:

• Intensificar el diálogo político de alto nivel.

• Reforzar la asociación estratégica establecida en 2003 para darle una dimensión a largo plazo.

• Promover medidas que favorezcan la ampliación de los flujos de comercio e inversión, al amparo del Acuerdo de Asociación Económica México-Japón.

• Fomentar medidas que permitan ampliar los intercambios educativos, culturales, científicos y técnicos entre ambos países.

• Presentar ante diversos sectores de Japón una imagen equilibrada sobre la realidad Política, económica y social de nuestro país.

• Consolidar las posiciones coincidentes que ambos países mantienen en diversos temas de interés mutuo, como cambio climático (México será sede en 2010 de la COP-16), reforma de las Naciones Unidas y cooperación en el Consejo de Seguridad de la ONU (actualmente, México y Japón son miembros no permanentes).

• Posicionar a México como un interlocutor privilegiado en la relación América Latina y Asia del este.

Para alcanzar dichos objetivos, el presidente Felipe Calderón se entrevistará y sostendrá encuentros de trabajo con los principales actores de la vida política de Japón, encabezados por el jefe de Estado, su majestad el emperador Akihito, y el jefe de gobierno, primer ministro Yukio Hatoyama. Asimismo, se reunirá con los presidentes de ambas Cámaras de la Dieta japonesa.

Dentro de la agenda de actividades económicas del presidente Calderón destacan las entrevistas con importantes empresarios japoneses cuyas compañías tienen presencia en México, con quienes compartirá las características generales de la política económica mexicana, subrayará el interés de México por atraer mayores inversiones japonesas a nuestro país y promoverá a México como destino seguro y confiable para la inversión japonesa.

De particular trascendencia resulta la presencia del presidente de la República en el seminario de promoción de negocios organizado por el COMCE y Keidanren, denominado “28 Reunión Plenaria del Comité Bilateral de Hombres de Negocios México-Japón”, el cual contará con la presencia de altos funcionarios de ambos gobiernos y en el que participarán importantes representantes tanto del sector empresarial japonés como del mexicano.

Finalmente, el presidente Felipe Calderón hará una presentación ante el Club Nacional de Prensa sobre la situación contemporánea de México y, en una importante institución académica, dictará una conferencia sobre la visión mexicana en materia de cambio climático. Además asistirá, junto con el príncipe heredero Naruhito, a la exposición intitulada “Testimonios de 400 años de relación bilateral”.

El conjunto de estas actividades permitirán promover y reforzar los vínculos políticos, económicos, comerciales y de cooperación con el Japón, al tiempo que reflejarán el interés dé México por atraer mayores inversiones, contribuir al crecimiento económico, generar empleos y mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.

Por los motivos expuestos y en los términos del propio artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una vez concluido el viaje del presidente de la República se enviará, por los canales correspondientes, un informe al honorable Congreso de la Unión sobre los resultados de las actividades y las gestiones realizadas durante la participación en el 40 WEF y de la visita oficial a Japón.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar a usted la seguridad de mi estima consideración.

Atentamente

México, DF, a 18 de enero de 2010.— Betina Claudia Chávez Soriano (rúbrica), directora general.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a las Comisiones de Relaciones Exteriores de las Cámaras de Diputados y de Senadores, para su conocimiento.

PERMISO PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

El Secretario senador Adolfo Jesús Toledo Infanzón: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 00109, el embajador Jorge Castro-Valle Kuehne, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que María Elisa García Barragán Martínez pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel, en grado de Cruz de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Por lo anterior, me permito anexar, para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y notificación en que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Atentamente

México, DF, a 13 de enero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 00070, el embajador Jorge Castro-Valle Kuehne, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Eben Ezer Daniel Alvarado Rangel pueda aceptar y usar la condecoración Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales (RITN) y placa distintiva RITN que le otorga el gobierno de Estados Unidos de América.

Por lo anterior, me permito anexar, para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y notificación en que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Atentamente

México, DF, a 8 de enero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número PRO-00069, el embajador Jorge Castro-Valle Kuehne, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que Carlos Peña Valle pueda aceptar y usar la condecoración Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales (RITN) y Placa Distintivo RITN, que le otorga el gobierno de Estados Unidos de América.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente original de la solicitud del interesado, dirigida al honorable Congreso de la Unión, para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, y copias simples del currículum vitae, de identificación oficial y de la notificación en que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Atentamente

México, DF, a 8 de enero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número PRO-00108, el embajador Jorge Castro-Valle Kuehne, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que Isidoro Pedroza Ordaz pueda aceptar y usar la Medalla Especial y la Cinta, que le otorga la Junta Interamericana de Defensa de la Organización de los Estados Americanos.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente original de la solicitud del interesado, dirigida al honorable Congreso de la Unión, para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, y copias simples del currículum vitae, de identificación oficial y de la notificación en que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Atentamente

México, DF, a 13 de enero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número PRO-00107, el embajador Jorge Castro-Valle Kuehne, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que Gerardo Ramón Martínez Martínez pueda aceptar y usar la medalla Fraternidad Combativa, que le otorga el gobierno de la República de Cuba.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración al expediente, original de la solicitud del interesado, dirigida al Congreso de la Unión, para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, y copias simples del currículum vitae, de identificación oficial y de la notificación en que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Atentamente

México, DF, a 13 de enero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número PRO-00071, el embajador Jorge Castro-Valle Kuehne, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que Héctor Maldonado Zepeda pueda aceptar y usar la condecoración Antorcha a la Excelencia Académica, que le otorga el gobierno de la República de El Salvador.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración al expediente, original de la solicitud del interesado, dirigida al Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, y copias simples del currículum vitae, de identificación oficial y de la notificación en que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Atentamente

México, DF, a 8 de enero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que el mediante oficio número PRO-00198, María Teresa Mercado Pérez, directora general adjunta del Ceremonial, encargada de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que Sergio Enrique Henaro Galán pueda aceptar y usar la Medalla al Mérito Tamandaré, que le otorga la Armada de la República Federativa de Brasil.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración al expediente, original de la solicitud del interesado, dirigida al Congreso de la Unión, para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, y copias simples del currículum vitae, de identificación oficial y de la notificación en que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Atentamente

México, DF, a 15 de enero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 00199, la consejera María Teresa Mercado Pérez, directora general adjunta del Ceremonial, encargada de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Raúl Santos Galván Villanueva pueda aceptar y usar la Medalla al Mérito Tamandaré, que le otorga la Armada de la República Federativa del Brasil.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Atentamente

México, DF, a 15 de enero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnense a la Primera Comisión de Trabajo.

TRABAJO INFANTIL

El Secretario senador Adolfo Jesús Toledo Infanzón: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL-1P1A.-2952, signado por el senador Arturo Núñez Jiménez, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia similar número 0006, suscrito por el doctor Álvaro Castro Estrada, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al trabajo infantil.

Atentamente

México, DF, a 12 de enero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Cámara de Senadores.

MERCADO LABORAL

El Secretario senador Adolfo Jesús Toledo Infanzón: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P1A.-2574 signado por el senador Arturo Núñez Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 0005, suscrito por el doctor Álvaro Castro Estrada, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como el anexo que en el se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al mercado laboral.

Atentamente

México, DF, a 12 de enero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Cámara de Senadores.

CALAMAR

El Secretario senador Adolfo Jesús Toledo Infanzón: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número CP2R3A.-5167 signado por el senador José González Morfín, Vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100.2009.DGE.1785, suscrito por Carlos Alberto García González, director general de Enlace de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al aprovechamiento sustentable y la comercialización del calamar.

Atentamente

México, DF, a 11 de enero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Cámara de Senadores.

ESTADO DE COLIMA

El Secretario senador Adolfo Jesús Toledo Infanzón: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.Por este conducto y en alcance al oficio número SEL/UEL/2080/09, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/DGAVS/12/2010, suscrito por el licenciado Miguel Gutiérrez Hernández, director general adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en éste se menciona, mediante los cuales complementa la respuesta al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión relativo al control del dengue en el estado de Colima.

Atentamente

México, DF, a 14 de enero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Cámara de Senadores.

INFLUENZA AH1N1

El Secretario senador Adolfo Jesús Toledo Infanzón: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto y en alcance al oficio número SEL/UEL/311/063/10, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/DGAVS/16/10, suscrito por el licenciado Miguel Gutiérrez Hernández, director general adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como los anexos que en el se mencionan, mediante los cuales complementa la repuesta al punto de acuerdo relativo a la influenza AH1N1.

Atentamente

México, DF, a 15 de enero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Cámara de Senadores.

ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA

El Secretario senador Adolfo Jesús Toledo Infanzón: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presentes.

Por instrucciones de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, me permito remitir a ustedes, para atención de la honorable Comisión Permanente, el informe correspondiente a la cuarta parte de la sesión ordinaria de 2009 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Atentamente

México, a 13 de enero de 2010.— Doctor Arturo Garita (rúbrica), secretario general.»

«CUARTA PARTE DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA

28 DE SEPTIEMBRE al 2 DE OCTUBRE DE 2009

INFORME

CONTENIDO

1. Introducción

2. Integración de la Delegación.

3. Temas de la Agenda.

4. Debates.

5. Otras Actividades de la Delegación Mexicana.

6. Personalidades Invitadas

1. Introducción

En esta sesión se llevó a cabo el debate parlamentario ampliado anual sobre las actividades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el que participa de manera regular México. Otro tema a destacar es “Los desafíos del cambio climático”, en el que la delegación del Senado mexicano fue invitada a participar.

Adicionalmente se realizó una ceremonia oficial para conmemorar el décimo aniversario del Estatuto de Observador Permanente otorgado a México en la APCE, con la inauguración de la exposición “Colores del Alma”, muestra artística realizada bajo los auspicios de la Fundación John Langdon Down, I.A.P., en la que participó el Presidente de la Asamblea Parlamentaria, Sr. Lluís María de Puig; la Sen. Rosario Green, presidenta de la delegación mexicana; y la Emb. Sandra Fuentes Berain, representante de México ante la Unión Europea y el Consejo de Europa.

2. Integración de la Delegación del Congreso Mexicano

Senadores: Rosario Green (PRI), Presidenta de la Delegación, Humberto Aguilar Coronado (PAN), Judith Díaz Delgado (PAN), y Yeidckol Polevnsky (PRD).

3. Temas de la Agenda

• La promoción de Internet y los servicios de medios en línea adecuados para los menores de edad.

• La guerra entre Georgia y Rusia: un año después.

• Los desafíos del cambio climático.

• La educación cultural: la promoción del conocimiento cultural, la creatividad y la comprensión intercultural a través de la educación.

• Las actividades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2008-2009.

• Debate de actualidad: “La situación de los defensores de derechos humanos y la violencia creciente en la región del Cáucaso Norte de la Federación de Rusia.

• Alegatos sobre el uso abusivo del sistema de justicia penal, motivado por consideraciones políticas, en los Estados miembros del Consejo de Europa.

• Elaboración de un Protocolo adicional a la Convención Europea de Derechos Humanos sobre el derecho a un medio ambiente sano

• Impugnación, por razones formales, de las acreditaciones no ratificadas de la delegación parlamentaria de Moldova.

• Reconsideración por razones sustanciales, de las acreditaciones ya ratificadas de la delegación rusa (artículo 9 del Reglamento de la Asamblea).

• La reforma de las Naciones Unidas y los Estados miembros del Consejo de Europa.

• El futuro del Consejo de Europa a la luz de sus sesenta años de experiencia.

• Respeto de las obligaciones y los compromisos de Mónaco.

• La violación de mujeres, incluyendo la violación marital.

• El funcionamiento de las instituciones democráticas en Moldova: instrumentación de la Resolución 1666 (2009).

• El agua: un desafío estratégico para la Cuenca del Mediterráneo.

• Hacia una nueva gobernanza de los océanos

4. Debates

Lunes 28 de septiembre de 2009

El Sr. Kox (Países Bajos) impugnó las acreditaciones no ratificadas de la delegación de Moldova, con base en la Regla 7.1b, relacionada con la obligación de cualquier delegación de representar de manera equitativa a los grupos políticos en el parlamento. Este tema fue referido a la Comisión de Reglamento, Inmunidades y Asuntos Institucionales para el informe correspondiente e incluido en el orden del día.

Por otro lado, setenta y dos miembros de la Asamblea firmaron una moción para reconsiderar las acreditaciones ya ratificadas de la delegación rusa (Regla 9.1). La Asamblea sometió este asunto a las comisiones de Seguimiento, para informe, y de Reglamento, para opinión. Igualmente se incluyó en el orden del día.

La Asamblea eligió como vicepresidentes de las delegaciones búlgara y española a la señora Dzhema Grozdanova y al señor Juan Moscoso del Prado Hernández, respectivamente. También se aprobaron los cambios en la composición de las comisiones.

En lo que respecta a los cambios al orden del día, además del tema de las acreditaciones se integró como debate de actualidad la situación de los defensores de derechos humanos en el Cáucaso Norte

En otros asuntos, el señor Eörsi (Hungría) presentó el informe de avances del Buró de la Asamblea y de la Comisión Permanente, incluyendo los reportes de las comisiones de observación de las elecciones parlamentarias en Albania, Bulgaria y Moldova. Un punto a destacar es la decisión de la Asamblea de mejorar sus relaciones con Belarús. El señor Eörsi señaló que el Parlamento belaruso estableció una comisión ad hoc para detectar acciones que lleven a ese país a cumplir con las normas del Consejo de Europa, al tiempo que lamentó la sentencia a muerte para un joven, sin que una petición del Presidente de la Asamblea tuviera respuesta de las autoridades belarusas. Este informe de avances fue adoptado por la Asamblea.

La promoción de Internet y los servicios de medios en línea adecuados para los menores de edad. Aprobación de la Recomendación 1882 (2009) con base en el informe de la Comisión Cultura, Ciencia y Educación, elaborado por el señor Kozma.

Recomendación 1882 (2009). Basándose en la decisión de la Cumbre de Varsovia de que la Asamblea continúe su trabajo relativo a los niños en la sociedad de la información, sobre todo en lo que se refiere al desarrollo de una cultura mediática y su protección contra contenidos perjudiciales, la Asamblea hace un llamado a los Estados miembros y observadores para que evalúen las posibilidades tecnológicas de aumentar la seguridad de los menores que usan servicios de medios en línea y en internet. Propone llevar a cabo una campaña de sensibilización con la industria de Internet y las organizaciones de protección a la infancia sobre los riesgos y las oportunidades de los menores que utilizan esos servicios y las posibilidades de restringir contenidos perjudiciales; apoyar la creación y comercialización de servicios adaptados a los niños y adolescentes; promover en cooperación con la industria respectiva y las oganizaciones de protección infantil y otras normas públicas de calidad de contenidos; alentar en escuelas y otras instancias la difusión de contenidos apropiados para niños y adolescentes; y ratificar sin demora la Convención sobre Crimen Cibernético, su Protocolo adicional y la Convención sobre la protección de niños contra la explotación y el abuso sexual.

Al Comité de Ministros, la Asamblea le recomienda promover políticas para hacer  Internet más segura para los niños en el marco del Diálogo Europeo sobre Gobernanza de Internet y del Foro de las Naciones Unidas sobre el mismo tema; que encargue al Comité Directivo competente el análisis de los riesgos psicológicos potenciales para los niños y adolescentes que usan en exceso internet y los medios de comunicación en línea; comenzar a trabajar respecto a la responsabilidad jurídica de los proveedores de servicios de Internet en cuanto a los contenidos; y analizar la factibilidad del establecimiento de normas jurídicas para la reglamentación de los juegos de azar y otras actividades comerciales en linea susceptibles de ser pejudiciales para los menores.

Martes 29 de septiembre de 2009

La guerra entre Georgia y Rusia: un año después. Adopción de la Resolución 1683 (2009), con base en el informe de los señores Van den Brande y Eörsi, co-relatores de la Comisión de Seguimiento, y la opinión de la Comisión de Migración, Refugiados y Población.

Resolución 1683 (2009). La Asamblea considera que sus resoluciones 1633 (2008) y 1647 (2009) siguen siendo una hoja de ruta transparente, imparcial y realista para enfrentar las consecuencias de la guerra entre Georgia y Rusia. Si bien, la Asamblea se congratula por la cooperación de ambos países con la misión internacional independiente, se mantiene preocupada por la tensión y las provocaciones persistentes a lo largo de las fronteras administrativas de Osetia del Sur y Abjasia, que podrían desestabilizar la región; las limitaciones a la libre circulación de los georgianos en esa área; las consecuencias humanitarias de la guerra; y las restricciones excesivas al acceso a las regiones separatistas para las organizaciones humanitarias e internacionales. En contraste, se indica en la Resolución 1683 (2009) que Georgia ha respondido positivamente a la mayoría de las principales demandas contenidas en dichos textos.

Asimismo, la Asamblea expresa su condena a Rusia y las autoridades de Osetia del Sur y Abjasia por no dar un término resuelto a la limpieza étnica de los georgianos en Osetia del Sur y porque después de las hostilidades de agosto de 2008 no haya avances tangibles respecto a las consecuencias de la guerra.

En consecuencia, la Asamblea señala la necesidad y la importancia de que Rusia satisfaga todas las demandas formuladas en las resoluciones 1633 (2008) y 1647 (2009), en particular la plena aplicación del cese al fuego (retiro de tropas a las posiciones antes del conflicto y búsqueda de nuevas modalidades internacionales para el mantenimiento de la paz). Exhorta a las autoridades a que antes de que finalice 2009 den acceso sin restricciones a Osetia del Sur y Abjasia para los observadores de la Unión Europea; den libertad de circulación a los civiles georgianos; reconozcan oficial y efectivamente a todos las personas desplazadas el derecho al retorno seguro y digno a su lugar de residencia en las repúblicas separatistas; y abran una investigación creíble sobre los presuntos actos de limpieza étnica.

Elección del Secretario General del Consejo de Europa. El Comité de Ministros presentó dos candidatos: Wùodzimierz Cimoszewicz de Polonia y Thorbj¸rn Jagland de Noruega. Se emitieron 257 votos, 12 de ellos en blanco o nulos. Se requería una mayoría de 123 votos. El Sr. W³odzimierz Cimoszewicz recibió 80 votos y el señor Thorbjørn Jagland 165 votos. El Presidente de la Asamblea declaró electo al señor Jagland, para inciar su mandato de cinco años el 1o. de octubre de 2009.

Los desafíos del cambio climático. Aprobación de la Resolución 1682 (2009), y de la Recomendación 1883 (2009) con base en el informe del señor Prescott, relator de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Asuntos Territoriales, así como en las contribuciones de las comisiones de Asuntos Económicos y Desarrollo, y de Migración, Refugiados y Población.

Resolución 1682 (2009). Este texto, que recoge datos de la comunidad científica sobre el calentamiento gloabl, fue redactado con la finalidad de contribuir desde el punto de vista parlamentario a la Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, a celebrarse en diciembre de 2009 en Copenhague. En el marco de este debate se llevaron a cabo diversas actividades relacionadas con el tema.

La Asamblea lamenta que los compromisos del Protocolo de Kioto no incluyan una reducción global de 5 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero en los países desarrollados entre 2008 y 2012. Estima que renegociar el acuerdo mundial sobre cambio climático implica el desafío de lograr un equilibrio entre los intereses de los países industrializados y ricos y los de los países en desa-rrollo, que requerirá una cooperación inédita y un pacto mundial de primer orden. Invita a los participantes en la Cumbre, miembros y observadores del Consejo de Europa, a negociar un acuerdo para la reducción importante de las emisiones de gas de efecto invernadero a escala mundial. Algunos de los puntos que se propone incluir en tal acuerdo son: reducción de las emisiones mundiales en menos de 50 por ciento con relación a 1990, para 2050; fijar como objetivos obligatorios reducción de entre 20 y 40 por ciento para 2020; el fortalecimiento de las autoridades locales y regionales en los planes de acción nacionales; la creación de un mecanismo internacional eficaz de intercambio de derechos de emisión; el compromiso de los países en desa-rrollo en investigación y desarrollo, presentación y difusión de nuevas tecnologías; la preservación de los ecosistemas; y la consideración prioritaria de las necesidades de las comunidades más vulnerables y afectadas por el calentamiento climático.

Recomendación 1883 (2009). La Asamblea invita al Comité de Ministros a hacer del cambio climático una de sus prioridades y a solicitar a los órganos correspondientes del Consejo de Europa que consideren abordar esta cuestión vital en el marco de sus actividades respectivas. Esto implica, entre otros aspectos, estudiar los vínculos entre el cambio climático y la situación de los derechos humanos en Europa. El Congreso de Autoridades Locales y Regionales deberá tomar las medidas necesarias para la reducción de los gases de efecto invernadero.

La educación cultural: la promoción del conocimiento cultural, la creatividad y la comprensión intercultural a través de la educación. Aprobación de la Recomendación 1884 (2009). Informe de la Comisión de Cultura, Ciencia y Educación, elaborado por la señora Muttonen.

Recomendación 1884 (2009). La Asamblea reafirma la importancia fundamental de la educación para los individuos y la sociedad en su conjunto y recuerda que, en virtud del artículo 26 párrafo 2 de la Delcaración Universal de los Derechos Humanos, la educación debe contemplar la expansión plena de la personalidad humana y el reforzamiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, favorecer la comprensión la tolerancia y la amistad entre naciones y grupos étnicos o religiosos. Respecto a la educación cultural, la Asamblea estima que ésta debe servirse del arte para promover objetivos culturales y sociales, sobre todo el respeto mutuo, la comprensión y la tolerancia hacia los otros, el desarrollo de la diversidad, el trabajo en equipo y otras competencias sociales y la creatividad de las personas. También atribuye un peso importante a la alfabetización y a la libertad de expresión artística y cultural.

La Asamblea invita a los ministros de educación, cultura y medios de comunicación de los Estados miembros y observadores del Consejo de Europa a apoyar la investigación con el fin de elaborar estrategias nacionales de educación cultural orientadas a la enseñanza escolar, la educación informal y el aprendizaje a lo largo de la vida; hacer obligatoria la educación cultural en la enseñanza; facilitar el acceso de los jóvenes de medios desfavorecidos, minoritarios o inmigrantes a la educación cultural; promover la diversidad cultural, el respeto y la tolerancia frente a otras culturas; y elaborar en cooperación con el Consejo de Europa, proyectos para la puesta en marcha de la hoja de ruta de la UNESCO para la educación artística y presentarlos en la conferencia mundial sobre educación a celebrarse  en Seúl en 2010. Al Comité de Ministros le pide elaborar un marco político para la evaluación de los logros educativos principalmente en materia cultural; examinar las diferencias entre los sexos a nivel de los logros educativos; y reconocer el derecho a la educación cultural.

Miércoles 30 de junio

Las actividades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2008-2009. Aprobación de la Resolución 1684 (2009), elaborada con base en el informe de la relatora de la Comisión de Asuntos Económicos y Desarrollo, Sra. Lillihöök, y las opiniones de las comisiones de Asuntos Sociales, de la Salud y Familia, de Migración, Refugiados y Población, de Cultura, Ciencia y Educación y de Medio Ambiente, Agricultura y Asuntos Territoriales. Este debate se llevó a cabo de manera ampliada, es decir, con la participación de parlamentarios de países miembros de la OCDE que no son miembros del Consejo de Europa: Canadá, México y Japón.

Resolución 1684 (2009). Incluye apartados sobre la ampliación de la Organización, la economía mundial, política social y sanitaria, medio ambiente y agricultura, migración y población, y educación y ciencia. En cuanto a su ampliación, la Asamblea señala que espera avances hacia la plena adhesión de Chile, Estonia, Israel, Rusia y Eslovenia; se congratula por las perspectivas positivas de la participación de Brasil, China, India, Indonesia y Sudáfrica en los programas de “compromiso reforzado”, y por la cooperación con el Sudeste de Asia.

Respecto a la economía mundial, la Asamblea ampliada deplora la amplitud y las repercusiones de la actual recesión, sobre todo en materia de desempleo. En este sentido, estima que es conveniente consagrar medios para apoyar el empleo. Igualmente, indica que hay que tomar con prudencia los signos de recuperación reflejados en la evaluación provisional de la OCDE publicada en septiembre. Se destaca que aún persisten inquietudes en relación con la salud del sector bancario y la preocupación de la Asamblea por la advertencia de la Organización en cuanto a la degradación general de las finanzas públicas de sus Estados miembros.

Asimismo, se exhorta a la OCDE, sus Estados miembros, los miembros del Consejo de Europa y al Fondo Monetario Internacional a seguir de cerca la evolución de la situación con el fin de manejarla tan pronto como la crisis económica y financiera lo permita. Pide que, en tanto, los Estados miembro continúen o retomen los procesos de reformas estructurales para estar en mejor posición para enfrentar futuras crisis. Igualmente, la Asamblea insta a los miembros del Consejo y de la OCDE a considerar la contribución de ésta al proceso del G-8 que pugna por una cooperación sustancial en cuestiones fiscales, integridad de los mercados y desarrollo.

Además, la Asamblea ampliada alienta a la OCDE a preparar un estudio detallado, con recomendaciones, sobre los desequilibrios mundiales, por ejemplo entre China y Estados Unidos, en materia de ahorro, consumo y tasas de inversión que han contribuido a la crisis actual y que podrían seguir sin resolver. Solicita a todos los países abstenerse de medidas proteccionistas.

Un punto a resaltar es el número 12 de la resolución, en el que la Asamblea invita a la OCDE a analizar el papel que han tenido sus asesorías sobre políticas a seguir en la vulnerabilidad ante las crisis de los sistemas monetarios, financieros y económicos. Los resultados de esto deberán presentarse a la Asamblea en diez meses.

En materia de política social y sanitaria, la Asamblea ampliada manifiesta beneplácito por la nueva formulación de la estrategia de la OCDE para el empleo, y anima a la Organización a examinar las políticas nacionales de prevención y de promoción de los cuidados de la salud para reducir desigualdades y garantizar un acceso adecuado y equitativo basado en necesidades.

En lo que toca al medio ambiente, la Asamblea invita a los Estados a continuar sus esfuerzos dirigidos a atenuar los riesgos vinculados al cambio climático y a velar por que no se impida el desarrollo de energías renovables por razones económicas.

En el tema de migración, la Asamblea exhorta a la OCDE a alentar a sus miembros a continuar elaborando políticas de gestión de migraciones eficaces, coherentes y a largo plazo; a dar garantías de protección de los derechos humanos de los migrantes; a reforzar la cooperación con los países en desarrollo; y a unir esfuerzos y apoyar proyectos de sensibilización sobre la valiosa contribución económica y social de los migrantes, sobre todo en los medios de comunicación públicos.

Finalmente, en ciencia y tecnología, la Asamblea ampliada anima a la OCDE a continuar sus estudios sobre la eficiencia de la enseñanza y los procesos de aprendizaje con el fin de formular propuestas dirigidas a revertir la tendencia de aumentar el gasto en educción sin que mejoren los resultados.

Debate de actualidad: “La situación de los defensores de derechos humanos y la violencia creciente en la región del Cáucaso Norte de la Federación de Rusia.” En los debates de actualidad no se presentan resoluciones o recomendaciones. El Buró de la Asamblea designó al señor Marty (Suiza) para introducir el tema, quien refirió que el objetivo de este debate era expresar la solidaridad de la Asamblea a las personas de la región del Cáucaso Norte y su compromiso con los que defienden los derechos humanos en ella, particularmente mencionó a la señora Estemirova de la organización Memorial y a Anna Politkovskaya, cuyos crímenes, consideró, siguen impunes. Resaltó que esta situación se da en un miembro del Consejo de Europa, Rusia, que, por otro lado es un gran país, con una importante herencia cultural y que contribuyó a la liberación de Europa de la tiranía de la Segunda Guerra Mundial. Señaló que, a pesar del anuncio del fin de las agresiones hacia Chechenia, el número de víctimas de la violencia en la región se ha incrementado y que la batalla contra el crimen organizado no podrá ganarse a menos que los ciudadanos se sientan suficientemente protegidos por el Estado. Declaró que Rusia necesita asumir sus responsabilidades, considerar a las cortes como aliados, no como enemigos, y encontrar la verdad.

Por su parte, el señor Umakhanov fue designado por la delegación parlamentaria rusa para referirse a este tema. Resaltó el clima de violencia en la región contra periodistas, políticos, defensores de derechos humanos, representantes de la ley a causa de bandidos. Aludió a las acciones de las autoridades locales para combatir corrupción, terrorismo y secuestros, las instrucciones de la Federación a la Procuraduría General para abordar el problema, así como a las dificultades que se encuentran en las investigaciones penales, por ejemplo la falta de personas que quieran testificar. Expresó su voluntad y la de sus colegas para apoyar los esfuerzos de ataque a la violencia.

También participó el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Se refirió a su visita a Ingushetia y Chechenia en septiembre de 2009 y las entrevistas con autoridades locales, el defensor de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y los ministros de Justicia y Asuntos Exteriores rusos.

En el debate general, los representantes de los Grupos Políticos coincidieron en la gravedad de la situación e hicieron llamados para hacer justicia y crear un mejor ambiente para los defensores de derechos humanos en Rusia y Chechenia.

El tema puede ser referido por el Buró a las comisiones, para informe.

Alegatos sobre el uso abusivo del sistema de justicia penal, motivado por consideraciones políticas, en los Estados miembros del Consejo de Europa. Aprobación de la Resolución 1685 (2009), con base en el informe elaborado por la señora Leutheusser-Schnarrenberger, relatora de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos.

Resolución 1685 (2009). La Asamblea señala la importancia fundamental, para el estado de derecho y la protección de la libertad individual, de proteger los sistemas de justicia de toda injerencia motivada por consideraciones políticas. Subraya que la independencia del poder Judicial, en derecho como en los hechos, es la principal defensa contra los abusos. Igualmente, indica que todos los miembros del Consejo de Europa deben transmitir a sus constituciones el reconocimiento de la independencia de las jurisdicciones y de cada juicio individual y poner en marcha ciertas garantías para que tal independencia sea efectiva, entre ellas la promoción de jueces con base en méritos únicamente; y dotar de poderes fuertes a los consejos de la Judicatura.

La Asamblea estudió la situación de los sistemas de justicia penal en Reino Unido, Francia, Alemania y Rusia, encontrando diversas características. Por ejemplo en Reino Unido se encontró una larga tradición de independencia y profesionalismo de los jueces y fiscales, al tiempo que la necesidad de revisar y aclarar la función del Procurador General. En Francia, el proyecto de suprimir los jueces de instrucción y transferir la mayor parte de sus competencias al ministerio público hace sospechar de una maniobra de las autoridades políticas para dotarse de mayor influencia en el desarrollo de las investigaciones de asuntos “sensibles”. En Alemania y en Francia, el Parlamento y los medios de comunicación independientes son vistos como salvaguardas fiables contra el uso abusivo del sistema de justicia penal. En Rusia se han llevado a cabo reformas que consideran las normas europeas, pero en contraste hay una actitud sumisa de jueces y procuradores heredada del pasado.

La Asamblea invita a sus Estados miembros y a los cuatro países en estudio algunas recomendaciones. A los primeros les pide reforzar aún más la independencia de la justicia y la igualdad de ‘armas’ entre el ministerio público y la defensa; y velar por que las instancias competentes en materia de extradición y otros tipos de cooperación judicial tengan en cuenta el grado de independencia del sistema judicial del Estado requirente y rehúsen la extradición cuando existan razones para pensar que es poco probable, por motivos políticos, que la persona concernida se beneficie de un proceso equitativo.

Entre las recomendaciones para los Estados estudiados están: a Reino Unido, detener la reducción de recursos a la ayuda jurídica con el fin de evitar un sistema de justicia de dos velocidades; a Francia, aumentar progresivamente los salarios de jueces y procuradores a la altura de la dignidad y la importancia de sus funciones hasta la alineación con el salario medio de otros países europeos; a Alemania, abolir la posibilidad de que los ministros de justicia den instrucciones al Fiscal en casos individuales; y, a Rusia, proteger eficazmente a los abogados de la defensa de todo registro o confiscación de documentos obtenidos en el marco de la relación privilegiada abogado-cliente, así como de cualquier presión, sobre todo aquellas actuaciones judiciales abusivas y de acoso administrativo.

Elaboración de un Protocolo adicional a la Convención Europea de Derechos Humanos sobre el derecho a un medio ambiente sano. Adopción de la Recomendación 1885 (2009),con base en el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Asuntos Territoriales, señor Mendes Bota.

Recomendación 1885 (2009). La Asamblea reafirma su apego a las cuestiones relativas al medio ambiente y considera que vivir en un ambiente sano es un derecho fundamental y al mismo tiempo un deber. Lamenta que a pesar de las iniciativas políticas y jurídicas a nivel nacional e internacional, la protección del medio ambiente no está garantizada de manera adecuada. Hace referencia a diferentes textos sobre el tema, tanto de la propia Asamblea como internacionales, y recuerda que la inscripción del derecho a un medio ambiente sano responde tanto a la preocupación de adaptarse a la evolución de la sociedad como a la extensión lógica del papel del Consejo de Europa en el ámbito de la protección ambiental.

Considerando que la sociedad en su conjunto y cada individuo en particular debe transmitir a las generaciones futuras un medio ambiente sano y viable, según el principio de solidaridad intergeneracional, la Asamblea invita a los gobiernos de los Estados miembros del Consejo de Europa a asegurar una protección adecuada de la vida, la salud, la integridad psíquica y de los bienes personales tal como lo garantizan diversos artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH); poner en marcha sistemas de información sobre el medio ambiente y favorecer, lo más frecuentemente posible, la participación del público en los procesos de toma de decisiones; y cooperar y compartir responsabilidades en caso de daños al medio ambiente. En tanto que al Comité de Ministros le recomienda elaborar un protocolo adicional a la CEDH que reconozca el derecho a un medio ambiente sano y viable; y preveer la representación de la Asamblea en el grupo de expertos que examinarían esta cuestión.

Impugnación, por razones formales, de las acreditaciones no ratificadas de la delegación parlamentaria de Moldova. Adopción de la Resolución 1689 (2009) con base en el informe del señor Greenway, relator de la Comisión de Reglamento, Inmunidades y Asuntos Institucionales.

Resolución 1689 (2009). La Asamblea señala que después de analizar la objeción presentada respecto a la representación equitativa de los partidos o grupos políticos en la delegación moldova, decidió ratificar las acreditaciones de ésta. Igualmente invita a su Comisión de Seguimiento a que, en el marco del diálogo con las autoridades de Moldova, asegure que el parlamento de ese país esté correctamente informado de las exigencias del Reglamento de la Asamblea y que lo tenga en cuenta en modificaciones posteriores a la composición de su delegación parlamentaria. Además, la Comisión de Seguimiento deberá encargar a sus co-relatores para Moldova solicitar de manera urgente a las autoridades parlamentarias moldovas respectivas precisar sus intenciones en cuanto a las cuatro vacantes de suplentes en su delegación.

Jueves 1 de octubre de 2009

Reconsideración por razones sustanciales, de las acreditaciones ya ratificadas de la delegación rusa (artículo 9 del Reglamento de la Asamblea). Aprobación de la Resolución 1687 (2009), con base en el informe elaborado por el señor Gross, relator de la Comisión de Seguimiento.

Resolución 1687 (2009). Se detalla que el 11 de septiembre de 2009, setenta y dos diputados depositaron una propuesta de reconsideración de las acreditaciones de la delegación rusa con base en el argumento de que Rusia persiste en su negativa a respetar obligaciones y compromisos que se desprenden de diversos textos de la Asamblea. Se destaca, particularmente, que ese país no ha satisfecho la mayoría de las demandas esenciales de la Asamblea respecto a la guerra con Georgia desencadenada  hace un año.

La Asamblea lamenta que miembros de la delegación rusa se hayan pronunciado públicamente contra el respeto de sus exigencias, al tiempo que reconoce que la mayor parte de dichas exigencias se dirigen a las autoridades de Rusia, cuya política no está en las manos de la delegación parlamentaria. Se dice convencida de que la instauración de un verdadero diálogo entre Rusia y Georgia y entre la Asamblea y las delegaciones parlamentarias de sus Estados miembros constituye el único medio de progresar hacia el arreglo del conflicto y la estabilidad duradera en la región. Por lo anterior, la Asamblea confirma la ratificación de las acreditaciones de la delegación rusa, en el entendido que esta decisión permitirá a las autoridades de Rusia comprometerse con un diálogo concreto y constructivo con miras a abordar todas las cuestiones mencionadas en las resoluciones sobre las consecuencias de la guerra con Georgia. Considera que una cultura del respeto mutuo permite que los socios no estén de acuerdo, pero que acepten la obligación de iniciar un diálogo para explicar sus diferencias y estén listos para buscar compromisos que satisfagan a las dos partes.

Finalmente, la Asamblea refirma su decisión de reforzar el proceso de seguimiento con respecto a Rusia y establecer una hoja de ruta concreta respecto a sus demandas relacionadas con la guerra con Georgia, incluyendo un calendario.

La reforma de las Naciones Unidas y los Estados miembros del Consejo de Europa. Aprobación de la Resolución 1688 (2009), elaborada con base en el informe del señor Gross, relator de la Comisión de Asuntos Políticos.

Resolución 1688 (2009). La Asamblea considera a la ONU una piedra angular para evitar la ruptura de la paz, lograr la solución de los conflictos, consolidar la paz e instaurar la confianza en las situaciones posteriores a los conflictos. Estima que la Organización requiere una reforma amplia y lamenta que, a pesar de numerosas propuestas, hasta ahora no haya una dirigida a mejorar su carácter democrático. Así, recuerda su posición a favor de la introducción de una dimensión parlamentaria de las Naciones Unidas con el fin de incrementar la transparencia, la obligación de rendir cuentas y el control democratico, así como cubrir la brecha que la separa de la gente.

En cuanto a la reforma institucional, la Asamblea insiste en la necesidad de restablecer el papel y la autoridad de la Asamblea General de la ONU como “principal órgano deliberante y representativo”. El elemento parlamentario (representantes de asambleas parlamentarias internacionales regionales o directamente elegidos) podría reforzar ese papel, según la Asamblea Parlamentaria.

Por lo que toca al Consejo de Seguridad (CS), la Asamblea apoya la idea de una reforma transitoria como medio de salir del impasse actual, tal como lo proponen Francia y el Reino Unido. Se manifiesta convencida de que toda reforma al CS deberá permitirle actuar rápidamente en caso de violaciones efectivas o amenazas de violaciones graves y generalizadas a los derechos humanos, y que su acción no debe verse impedida por el ejercicio del derecho de veto.

Tomando en cuenta lo anterior, la Asamblea recomienda a sus Estados miembros lograr una solución común en cuanto a la reforma transitoria del Consejo de Seguridad, fundada en la creación de una nueva categoría de Miembros No Permanentes, cuyo mandato podría ser más largo que el del sistema actual; la prohibición del recurso al derecho de veto en caso de violaciones efectivas o amenazas de violaciones graves y generalizadas a los derechos humanos; una reforma autónoma de los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad; los medios para restablecer la autonomía de la Asamblea General, incluyendo la introducción o el desa-rrollo de una dimensión parlamentaria; y los medios para mejorar la interacción entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea General.  También se invita a los miembros del Consejo de Europa a cooperar con el fin de elaborar un inventario de las diferentes propuestas de reforma.

El futuro del Consejo de Europa a la luz de sus sesenta años de experiencia. Adopción de la Resolución 1689 (2009) y la Recomendación 1886 (2009), con base en el texto de la Comisión de Asuntos Políticos, elaborado por el señor Mignon.

Resolución 1689 (2009). Resalta el papel del Consejo de Europa en tres dimensiones: la defensa y la promoción de la democracia pluralista, los derechos humanos y la preminencia del derecho; marco de actividades normativas y espacio jurídico europeo; laboratorio de ideas y foro amplio e inclusivo de diálogo y de cooperación políticas. Hace una reflexión sobre ciertos problemas y dificultades de su funcionamiento, por ejemplo el control insuficiente de la aplicación de las resoluciones y recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria y la reticencia entre los Estados miembros de firmar y ratificar los instrumentos jurídicos del Consejo de Europa, y propone diversas acciones para un mejor funcionamiento de la Organización.

La Asamblea hace un llamado a los Estados miembro para que asuman su responsabilidad en lo individual y como parte del Consejo; concreten su apego a él por medio de una participación más activa y el reforzamiento del financiamiento; eviten la politización, la relativización o la instrumentalización de cuestiones relativas al ámbito de los principios y valores fundamentales en detrimento de su integridad y el respeto de los mismos; y vigilen el estricto respeto y la puesta en marcha completa y eficaz de los instrumentos jurídicos del Consejo de Europa.

En cuanto a sus propias actividades la Asamblea decide, entre otros, exhortar a sus miembros a hacer uso de sus mandatos legislativos nacionales con el fin de promover los valores del Consejo de Europa; estudiar medios para redinamizar el diálogo y revitalizar los canales de consulta con el Comité de Ministros; reforzar su cooperación y considerar el establecimiento de relaciones de verdadera asociación con los parlamentos nacionales de los Estados miembro; examinar la conveniencia de regresar al mandato de tres años para los cargos de su Presidente y de los presidentes de las comisiones con el fin de asegurar una mayor continuidad de sus trabajos; e intensificar la cooperación con el Parlamento Europeo y sus relaciones con socios exteriores.

Recomendación 1886 (2009). Señala que además de la celebración de los logros del Consejo de Europa, el sesenta aniversario es una oportunidad para analizar y reflexionar de manera honesta y objetiva sobre la posición de la Organización en el sistema institucional europeo, sus fortalezas y potencialidades, así como sus fallas, puntos débiles y límites. Teniendo en cuenta que el grado de compromiso de los Estados miembros es esencial para la eficacia del Consejo y su lugar en la estructura institucional europea, la Asamblea hace un llamado para que esto se manifieste en actos concretos. En este sentido, se pide al Comité de Ministros reforzar el aspecto político de sus sesiones ministeriales; estudiar la conveniencia de celebrar Cumbres del Consejo de Europa de manera regular para decidir las orientaciones estratégicas; promover más activamente los instrumentos jurídicos y alentar la firma/ratificación de esos instrumentos; prevenir la posibilidad de divisiones al interior del Consejo en función de la membrecía de sus miembros en otras organizaciones internacionales, y en particular buscar la reducción de la influencia de la Unión Europea en la toma de decisiones del Comité de Ministros; revisar la estrategia presupuestaria para dotar a la Organización de medios a la altura de sus misiones; y considerar la posibilidad de que los ministerios que participen en conferencias ministeriales especializadas contribuyan financieramente a ciertas actividades del Consejo de Europa.

Igualmente, la Asamblea recomienda al Comité de Ministros que estudie la posibilidad de llevar a cabo un “Davos de la Democracia”, como laboratorio de ideas, reflexión y experiencia que podría convertirse en un centro de excelencia y referencia de alto perfil internacional.

Por otro lado, la Asamblea se muestra convencida de que un buen funcionamiento del Consejo de Europa sólo es posible con un diálogo verdadero, sustancial y permanente entre sus dos órganos estatutarios, por lo que los canales de comunicación y consulta entre la Asamblea y el Comité de Ministros deben ser revitalizados. Para lograr lo anterior, se insta al Comité a revisar sus métodos de trabajo en cuanto a la elaboración de respuestas a la Asamblea y a estudiar en conjunto con ésta los medios para dar un perfil más alto y con mayor sustancia política a los intercambios de punto de vista tradicionales entre la Comisión Permanente de la Asamblea y la presidencia del Comité, entre otros.

Respeto de las obligaciones y los compromisos de Mónaco. Aprobación de la Resolución 1690 (2009) con base en el informe de la Comisión de Seguimiento, elaborado por los señores Agramunt y Slutsky, co-relatores.

Resolución 1690 (2009). A cinco años de la adhesión del principado de Mónaco al Consejo de Europa, la Asamblea constata que ese Estado está comprometido con las reformas democráticas y alienta los esfuerzos de las autoridades monegascas en este ámbito. La Asamblea toma nota de que, a la fecha, Mónaco ha ratificado 40 de las 205 Convenciones del Consejo de Europa y ha firmado otras tres. Entre los instrumentos ratificados destacan la Convención Europea de Derechos Humanos, la Convención Europea para la Prevención de la Tortura y las Penas o Tratos Inhumanos y Degradantes; y la Convención sobre Corrupción. No obstante, indica que aún no ha cumplido en la ratificación de instrumentos relacionados con los derechos de propiedad, elecciones libres y crimen cibernético entre otros. De igual manera, la Asamblea se congratula por el hecho de que Mónaco ha cumplido con todos sus compromisos en materia de legislación interna, particularmente las modificaciones al Código Civil, que incorporan la igualdad entre hombres y mujeres; y a la ley de nacionalidad; y la adopción de las leyes sobre la libertad de los medios de comunicación, sobre la motivación de actos administrativos y sobre las asociaciones y las federaciones de asociaciones.

Por otro lado, la Asamblea invita a Mónaco a considerar la elaboración de una ley relativa a los partidos políticos, sobre todo para asegurar una transparencia creciente en materia de financiamiento, y una ley sobre la organización de elecciones y de la campaña electoral. Ese país también deberá ratificar la Carta Social Europea y otros instrumentos; acelerar la reforma del Código de Procedimientos Penales y finalizar la del Código Penal; adoptar a la brevedad la nueva ley sobre el funcionamiento del Consejo Nacional (parlamento); redefinir la lista de convenciones y tratados internacionales que requieren la aprobación de una ley de ratificación por el Consejo Nacional; y reforzar sus relaciones con las organizaciones internacionales.

La Asamblea expresa su confianza en las autoridades monegascas para continuar las reformas iniciadas y decide cerrar el procedimiento de seguimiento del cumplimiento de compromisos y obligaciones de Mónaco. Continuará, a través de su Comisión de Seguimiento, el diálogo con las autoridades monegascas en lo relativo a los asuntos indicados en el párrafo anterior.

Viernes 2 de octubre

La violación de mujeres, incluyendo la violación marital. Aprobación de la Resolución 1691 (2009) y la Recomendación 1887 (2009), con base en el informen de la señora Rupprecht, relatora de la Comisión de Equidad y Género.

Resolución 1691 (2009). La Asamblea expresa que cada año son violadas millones de mujeres por sus maridos, parejas o ex parejas, un conocido o un perfecto desconocido, mismas que no son señaladas y sus perpetradores permanecen impunes. Destaca que la violación es un atentado grave a la integridad física y psíquica de las mujeres, pero también al derecho a la libertad, la seguridad y la dignidad de todo ser humano.

La Resolución subraya que ninguna mujer merece ser violada y que es necesario el consentimiento para la relación sexual en cada ocasión, sin importar la relación de la víctima con el violador. Indica que las mujeres lesbianas, bisexuales y transgéneros tienen una necesidad particular de protección a este respecto porque están doblemente expuestas a la violencia sexual.

La Asamblea recomienda a los Estados miembros del Consejo de Europa poner en práctica de manera plena diversas recomendaciones sobre violencia sexual y violación de la propia Asamblea y el Comité de Ministros; y asegurar que su legislación en materia de violación y de violencia sexual alcance el nivel más elevado posible, vigilando que la violación sea definida esencialmente por la ausencia de consentimiento o por la ausencia para la víctima de elección de dar su consentimiento y evitando la “revictimización” de la víctima por el sistema de justicia penal. Entre los elementos mínimos que deberá tener la legislación respectiva están: hacer de la violación (incluida la marital) un crimen ex oficio; definir el consentimiento como aceptación por elección, si la persona concernida tiene la libertad y la capacidad de hacer esa elección; no exigir que la víctima resista físicamente al agresor; hacer que el fiscal sea el único competente para el cierre del procedimiento y dar a la víctima un derecho de recurrir tal decisión; permitir a la víctima ser parte del proceso; proteger la vida privada de las víctimas, en particular en el tribunal; instaurar procedimientos para garantizar la seguridad de la víctima y de los testigos cuando son objeto de amenaza o intimidación; y otorgar a las víctimas el derecho a asesoría y ayuda jurídica a lo largo de todo el proceso.

Otras recomendaciones para los Estados van en el sentido de hacer de la violación marital una infracción distinta en su legislación nacional; sancionar penalmente las violencias sexuales y la violación entre esposos, concubinos o ex concubinos y verificar si la relación intima actual o pasada del agresor con la víctima debería constituir un agravante; considerar instituir la reparación del daño para la víctima; elaborar una estrategia de conjunto que impida la violación dando a las jóvenes y a las mujeres los medios para no ser víctimas y enseñando a los jóvenes y a los hombres a respetar a las mujeres, así como asegurar a las víctimas protección y asistencia (debidamente financiadas) en cada etapa del proceso; y elaborar programas de formación obligatorios destinados a los policías, al personal judicial, médico, médico-legal, trabajadores sociales y profesores para que puedan detectar los casos de violación y de violencia sexual, sobre todo de violación marital.

Recomendación 1887 (2009). La Asamblea, convencida de que la lucha contra la violación debe ser reforzada, recomienda al Comité de Ministros que invite a sus Estados miembros a poner en marcha plenamente las recomendaciones sobre violencia sexual y violación incluidas en diversos textos de la Asamblea y el Comité; asegurar que la legislación en esas dos materias alcance el nivel más elevado posible y no implique la “revictimización” de la víctima en el sistema de justicia penal; hacer de la violación marital una violación distinta en su legislación nacional con el fin de evitar cualquier obstáculo al proceso judicial; y concebir una estrategia que asegure la plena protección y la asistencia a la víctima en cada etapa del proceso. El Comité para la prevención y el combate de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (CAHVIO) deberá incluir en la futura convención del Consejo de Europa las formas más extendidas y severas de esa violencia, incluidas la violación y la violencia sexual.

Finalmente, la Asamblea recomienda al Comité de Ministros que lance una campaña del Consejo de Europa para hacer cambiar las actitudes más extendidas en la sociedad que rechazan la responsabilidad de los agresores en la violación y las agresiones sexuales y que exhorte a los Estados miembros a lanzar de manera concomitante campañas nacionales.

El funcionamiento de las instituciones democráticas en Moldova: instrumentación de la Resolución 1666 (2009). Adopción de la Resolución 1692 (2009) con base en el informe de la señora Durrieu y del señor Vareikis, co-relatores de la Comisión de Seguimiento.

Resolución 1692 (2009). Al tiempo que reconoce el establecimiento de instituciones desde que se inició el procedimiento de seguimiento para Moldova en 1996, la Asamblea lamenta y condena los actos violentos durante y después de las elecciones de abril de 2009. Recuerda que en su Resolución 1666 (2009) hizo un llamado a las autoridades de ese país a realizar investigaciones sobre todos los supuestos actos de violencia y las circunstancias que los provocaron de manera independiente y transparente.

La Resolución 1692 alude a la liberación de todas las personas arrestadas por su vinculación con los actos poselectorales de abril de 2009 y señala que sigue las investigaciones en curso con atención. Asimismo, llama a las autoridades moldovas a aplicar las recomendaciones del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y de la Asamblea y las exhorta a aplicar el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos respecto a medidas sobre las prácticas policiales.

Por otro lado, la Asamblea toma nota de las afirmaciones de la misión internacional de observación en el sentido de que las nuevas elecciones legislativas del 29 de julio de 2009 fueron correctamente administradas y permitieron la entrada a la competencia de partidos políticos que representan la diversidad de puntos de vista. No obstante, señala que durante la campaña todavía se llevaron a cabo maniobras de intimidación  sutiles y con parcialidad en la cobertura mediática. Felicita al pueblo moldovo por la amplia participación en las elecciones y a las autoridades por el éxito en su organización en un lapso tan corto. Otros elementos positivos que se indican son la transición política de manera democrática y con respeto a la Constitución; y la nominación de un nuevo gobierno.

La Asamblea recomienda al parlamento moldovo mejorar el Código Electoral y las prácticas electorales, en cooperación con la Comisión de Venecia, con el fin de crear una base sólida para elecciones libres y equitativas en el futuro; llama a la coalición mayoritaría y a la oposición a iniciar negociaciones constructivas para lograr la elección del presidente de la República. Instruye a la Comisión de Seguimiento a seguir de manera cercana la puesta en marcha de la presente resolución y anteriores sobre el respeto de compromisos y obligaciones de Moldova e informar en las próximas sesiones parciales.

El agua: un desafío estratégico para la Cuenca del Mediterráneo. Adopción de la Resolución 1693 (2009) con base en el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Asuntos Territoriales, señor Marquet.

Resolución 1693 (2009). La Asamblea recuerda que el agua constituye el gran desafío de este siglo, que 3 mil millones de personas en el mundo no tienen acceso a ella y que los recursos hídricos disminuirán cada vez más al tiempo que aumentan las necesidades. El cambio climático generaría migraciones en búsqueda de agua y exacerbaría los conflictos entre Estados rivereños.

Igualmente, constata que el stress hídrico se ha convertido en una realidad tanto en el norte como en el sur de Europa y estima que este problema será cada vez más crucial en las regiones de la cuenca del Mediterráneo.

Para la Asamblea el acceso al agua debe ser reconocido como un derecho humano fundamental, ya que es indispensable para la vida en el planeta y un bien común de la humanidad. Lamenta que la Declaración Ministerial de Estambul del 22 de marzo de 2009 no reconozca el derecho al agua y al saneamiento como un derecho humano.

Al respecto, entre las recomendaciones de la Asamblea para los países miembros y no miembros, especialmente los países de la cuenca mediterránea, están tomar medidas para que cada ciudadano pueda tener acceso al agua y a las instalaciones sanitarias; promover urgentemente la cooperación transrregional y transfronterizo en materia de agua; poner en marcha una cultura y una educación del agua; desarrollar programas de investigación para la instrumentación de una base de datos sobre el estado de los recursos hídricos; y desarrollar las posibilidades que ofrece el agua como fuente de energía térmica o renovable.

Finalmente, la Asamblea resuelve continuar su reflexión en cuanto a la elaboración de legislación sobre el derecho al agua y al saneamiento como un derecho humano, el papel del agua en los conflictos, las posibilidades del agua como fuente de energía y las consecuencias del cambio climático en ese elemento.

Hacia una nueva gobernanza de los océanos. Adopción de la Resolución 1694 (2009) y de la Recomendación 1888 (2009), con base en el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Asuntos Territoriales, elaborado por la señora De Melo.

Resolución 1694 (2009). La Asamblea llama la atención a la afectación de los océanos por el cambio climático, otros fenómenos que afectan las zonas costeras y la explotación creciente. Por ello, invita a los expertos y a los organismos científicos a compartir toda la información posible y sus conocimientos sobre el deterioro del medio marino y hacerlos accesibles al público y a los tomadores de decisiones políticas y económicas. Apoya la instrumentación de una red de información con el fin de poner en marcha una nueva forma de gobernanza que permita paliar la irracionalidad, la injusticia y la insostenible explotación de los recursos de los océanos.

En ese sentido, la Asamblea invita a los Estados miembros y no miembros a tomar medidas para sensibilizar a la sociedad sobre los problemas de los océanos y sus potencialidades; velar por una distribución equitativa de los recursos y ayudar a los países menos desarrollados en la gestión de los recursos oceánicos; instrumentar una política marítima integrada basada en los principios del “Libro Azul” de la Unión Europea; alentar la investigación científica sobre los océanos y su aplicación en aguas territoriales y en las plataformas oceánicas; instar a la puesta en marcha de una red de organismos científicos y tecnológicos, de universidades y empresas, para compartir y hacer un seguimiento de datos sobre los océanos y difundirlos; adoptar políticas de gestión costera de las actividades económicas y de salvaguarda de las cuencas hidrográficas, respetuosa de los océanos; y aplicar o firmar/ratificar las convenciones existentes acerca del derecho del mar, especialmente sobre los trabajadores y los usuarios del mar.

Recomendación 1888 (2009). La Asamblea exhorta al Comité de Ministros a encargar a un comité de expertos la definición de un marco jurídico e institucional para una nueva gobernanza de los océanos; e invita a la Asamblea Parlamentaria a participar en los trabajos de ese Comité de Expertos. Igualmente, se recomienda que el Comité de Ministros invite a los gobiernos de los Estados miembros a participar en el proyecto intergubernamental EurOcean; y se promueva la creación y la buena gestión de las zonas marinas protegidas.

Por otro lado, la Asamblea insta al Congreso de Autoridades Locales y Regionales a analizar y alentar los casos de buenas prácticas para compartir información y de gobernanza de los mares y de los océanos a escala regional; poner en marcha programas de sensibilización en la defensa, la conservación y el potencial de los océanos; y adoptar políticas de gestión costera, tratamiento de aguas usadas, control de actividades económicas y salvaguarda de las cuencas hidrográficas.

5. Otras Actividades de la Delegación Mexicana.

Inauguración de la exposición “Colores del Alma” como parte de la celebración por el décimo aniversario del estatuto de observador ante el Consejo de Europa.

La delegación del Senado participó en esta ceremonia que se llevó a cabo con la presencia del Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, señor Lluís María de Puig.

El Presidente de la Asamblea se refirió a la participación de México en el Consejo de Europa y a la cercanía con la delegación del Congreso Mexicano. También destacó la elección de las pinturas de la Escuela Mexicana de Arte Down de la Fundación John Langdon Down para presentarlas en la casa de los derechos humanos, y reconoció la presencia de la embajadora de México ante la Unión Europea y el Consejo de Europa, Sandra Fuentes-Berain.

Reuniones de la Comisión de Asuntos Económicos (martes 29 de octubre)

Las senadoras Rosario Green y Yeidckol Polevnsky participaron en las reuniones de la Comisión Ampliada de Asuntos Económicos y Desarrollo en las que se analizó el proyecto de Resolución sobre “Las actividades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2008 y 2009”.

Con base en una propuesta de la senadora Polevsnky, la delegación mexicana, con el apoyo de la senadora Lorna Milne (Canadá), presentaron una enmienda al párrafo 11 del proyecto de Resolución en el sentido de considerar las diferencias entre países desarrollados y países en desarrollo en las negociaciones comerciales multilaterales. Dicha propuesta se incorporó al texto final de Resolución con una redacción que incluyó las observaciones de otras delegaciones al respecto.

Participación en los debates plenarios

Los desafíos del cambio climático.

A invitación del Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Asuntos Territoriales, la senadora Rosario Green intervino en este debate. La presidenta de la delegación mexicana se refirió a la necesidad de lograr, en la Cumbre de Copenhague de diciembre de 2009, un acuerdo que comprometa a países desarrollados y en desa-rrollo, subrayando la vulnerabilidad de todos los Estados ante el cambio climático. Aludió a dos de las actividades del Congreso Mexicano para abordar ese fenómeno desde la perspectiva de la seguridad nacional y de la estabilidad del Estado. Igualmente presentó propuestas para la acción parlamentara en los ámbitos nacional e internacional. Se anexa al presente informe el texto completo de la participación de la senadora Green.

Las actividades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2008-2009.

En este debate intervino la senadora Yeidckol Polevnsky, quien señaló que la crisis actual es un asunto recurrente en los organismos internacionales. Aludió a los efectos del cambio de mercados cerrados a mercados abiertos, y a la intervención de las grandes corporaciones en los patrones de empleo. Por otro lado, indicó que la crisis presente no sólo concierne al mercado inmobiliario y a las finanzas, subrayando que hay una situación mucho más sensible ya que las personas están siendo afectadas profundamente por las bajas tasas de empleo y por los problemas sociales. Expresó que es el momento de entender que el mercado no puede solucionar por sí sólo el problema de la integración social y del crecimiento de las personas como seres humanos. Manifestó, además, que se requiere una visión social en la que el ser humano sea el centro. Lamentó que los informes de la OCDE sólo presenten los promedios económicos, ya que, consideró, éstos indicadores pueden dar un panorama ideal, pero distorsionado de la realidad económica de los países. De la misma manera, opinó que la situación de América Latina no se describe con cifras, que requiere un conocimiento detallado de la crisis.

Encuentro con el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, señor José Angel Gurría (miércoles 30 de septiembre)

Los temas de conversación giraron en torno a la participación de la OCDE en la Cumbre del G-20 (Pittsburgh, septiembre de 2009); las diferentes posiciones sobre el llamado “paquete fiscal” en México; la crisis financiera y económica actual, así como las medidas de los algunos países miembros de la Organización para responder a ella.

Encuentro con la Sra. Lorna Milne, miembro de la delegación canadiense ante la Asamblea Parlamentaria (jueves 1 de octubre)

La senadora Rosario Green planteó a la parlamentaria canadiense explorar formas en las que las delegaciones parlamentarias de México y Canadá, ambas con estatuto de Observadores Permanentes, pueden coordinar su participación y hacer propuestas comunes en temas de interés compartido durante las sesiones plenarias.  Entre las posibilidades se mencionaron la detección en el Orden del Día de cuestiones interés mutuo y preparar intervenciones en el pleno y en las comisiones en las que se resalten los puntos de vista compartidos; una participación más activa en la Comisión de Asuntos Políticos, instancia en la que se abordan las cuestiones relativas a los observadores; e impulsar mociones a través de los miembros de pleno derecho.

Cabe mencionar que la Comisión de Reglamento, Inmunidades y Asuntos Institucionales está elaborando un informe en seguimiento a la Resolución 1600 (2008) sobre “El Consejo de Europa y sus Estados observadores –situación actual y perspectivas” y otros textos de la Asamblea vinculados. Esto con el objetivo de propiciar una mejor cooperación con los Estados observadores, los invitados especiales y los que eventualmente adquieran el estatuto de socios para la democracia. Se prevé que el informe con su respectivo proyecto de  resolución se presente en reunión de la Comisión Permanente de la Asamblea que tendrá lugar el 20 de noviembre de 2009.

Reuniones Informales

La delegación mexicana asistió a la cena ofrecida por la Embajadora del Reino de España ante la Asamblea Parlamentaria, señora Marta Vilardell Coma, en honor de las delegaciones parlamentarias de España, México y Andorra. También a una cena ofrecida por el Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Desarrollo, señor Márton Braun  (Hungría), a las delegaciones canadiense, mexicana y japonesa que participaron en el debate ampliado sobre las actividades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

6. Personalidades Invitadas

Las siguientes personalidades presentaron discursos/declaraciones a la Asamblea:

• Presidente del Comité de Ministros y Ministro de Asuntos Exteriores de Eslovenia, señor Samuel Zbogar.

• Presidente del Grupo de Expertos Intergubernamental sobre la Evolución del Clima (GIEC) de las Naciones Unidas, señor Rajendra K. Pachauri.

• Director de Orquesta, señor Kurt Masur.

• Secretario General de la OCDE, señor José Angel Gurría.

• Presidente de Eslovenia, señor Danilo Türk.

• Secretario de Estado para Asuntos Europeos de Francia, señor Pierre Lellouche.

Anexo

“LOS DESAFÍOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO”Sen. Rosario Green

Palabras durante el debate en el Pleno relativo a “Los desafíos del cambio climático, Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el 29 de septiembre de 2009

Señor Presidente: en primer lugar felicito al relator, señor John Prescott, por su informe y por el lanzamiento de la campaña New Earth Deal, que demuestran su personal compromiso con el cambio climático.

Igualmente, agradezco al Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Asuntos Territoriales, su amable invitación a la delegación mexicana para participar en este debate y a usted por permitirlo.

A doce años de la firma del Protocolo de Kioto, los esfuerzos a nivel nacional e internacional para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero han sido a todas luces insuficientes. Las voces que piden acciones y la cooperación se han multiplicado, pero aún encontramos resistencia. Sin embargo, el calentamiento global con sus devastadoras consecuencias es una amenaza real y no podemos ignorarla más.

No olvidemos, todos los Estados son vulnerables ante el cambio climático, lo que requiere hace indispensable un acuerdo de carácter general que comprometa a todos los países, desarrollados y en desarrollo. No hay razón para justificar emisiones en aras del desarrollo económico, ante una transferencia de tecnología y de una cooperación más efectiva.

Consientes de la situación que vive el planeta, los parlamentarios mexicanos estamos trabajando. En octubre de 2008 una conferencia del Royal United Services Institute en la sede del Senado puso en marcha un proyecto sobre el impacto del cambio climático en la estabilidad del Estado y la Seguridad Nacional en México y América Central. En abril de 2009, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa para incluir en la Ley de Seguridad Nacional los actos que alteren los patrones climáticos como una amenaza a dicha seguridad.

Estimados colegas, como parlamentarios nuestra responsabilidad es actuar como representantes de la voluntad popular, atendiendo las preocupaciones de nuestros ciudadanos y propiciando el respeto a sus derechos, entre los cuales destaca vivir en un ambiente sano y seguro Ningún lugar mejor para expresarlo que el Consejo de Europa.

Para tratar de evitar que se agudice el problema del cambio climático, en el ámbito nacional debemos:

• Impulsar la propuesta y aprobación de leyes más eficaces para limitar la emisión de los gases de efecto invernadero.

• Incluir en la agenda de desarrollo el fenómeno del cambio climático como un tema de seguridad nacional.

• Propiciar la movilización y la concientización ciudadana a favor del medio ambiente para contribuir a convencer a los gobiernos que siguen siendo escépticos ante las advertencias de los científicos, o se resisten a adoptar medidas ambiciosas porque temen sacrificar su desarrollo.

A nivel internacional consideramos necesario:

• Reforzar la regulación de la emisión de gases de efecto invernadero y desarrollar un sistema de reducción permanente y generalizado.

• Exhortar a los países en desarrollo a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, evitando justificaciones en nombre del desarrollo económico.

Impulsemos con nuestros gobiernos en Copenhague un pacto que se capaz “de fomentar el crecimiento de una economía ‘verde’ y sacar de la pobreza a miles de millones de personas, además de potenciar el comercio, la energía, la seguridad y los asuntos sanitarios.”, como lo ha señalado el Secretario General de la ONU. Muchas gracias.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado. Remítanse copias a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

LEY DE PETROLEOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Continuando con el orden del día, que es iniciativas, tiene la palabra el señor diputado Silvio Lagos Galindo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Ley de Petróleos Mexicanos, suscrita por el diputado Lagos Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Silvio Lagos Galindo: Con su permiso, señor presidente. Con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta Comisión Permanente el presente proyecto de decreto.

La Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos en su Capítulo Segundo abarca las disposiciones generales del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, de los comités, del director general de Petróleos Mexicanos y de la vigilancia de éste.

El artículo 8o. determina la composición del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, el cual está conformado por 15 miembros propietarios, a saber: 6 representantes del Estado designados por el Ejecutivo federal, 5 representantes del Sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos, que deberán ser miembros activos del mismo y trabajadores de la planta de Petróleos, y 4 consejeros profesionales designados por el Ejecutivo federal, mismos que representarán al Estado y serán servidores públicos.

Los miembros del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional consideramos que el órgano superior de la industria petrolera debe incorporar, a la mayor brevedad posible, a los titulares de los gobiernos estatales, de los estados productores de hidrocarburos y gas natural en la República Mexicana, y a un representante de los estados que no son productores.

De tal forma, se debe integrar a la administración de Petróleos Mexicanos a los gobernadores de las entidades federativas que participan y resienten los efectos de la actividad petrolera en forma directa, ya que los lineamientos de desarrollo social emitidos por Petróleos Mexicanos son generales y las necesidades no son homogéneas y menos aún compatibles entre estados con actividad petrolera y así convertir a la paraestatal en una empresa líder del desarrollo nacional, con la corresponsabilidad de los representantes de la población que exige mayor seguridad en actividad petrolera.

Proponiéndose entonces, en general, una redacción que no limite la participación de los titulares de los ejecutivos locales, ya que en cualquier momento pueden existir actividades petroleras en estados que hasta ahora no han sido considerados.

Las estrategias que México necesita para avanzar en la protección y producción de recursos naturales requieren de acciones decididas de todos los sectores de la economía. Es de conocimiento general que en la producción de hidrocarburos los efectos residuales son responsabilidad de la misma empresa, pero se ha demostrado que la atención inmediata es por parte de los gobiernos de los estados.

Los accidentes ecológicos y daños secundarios que traen consigo afectan directamente a la población, por lo que implica la implementación de acciones de los gobiernos estatales para subsanar en la inmediatez los efectos que sufren los habitantes y el medio ambiente.

Es fundamental una interacción entre el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos con los gobernadores de los estados productores de hidrocarburos, esto con base en el conocimiento real y práctico que los depositarios del poder estatal tienen en sus territorios, y es por eso que es necesario un trato diferenciado de la paraestatal y sus subsidiarias hacia los estados en cuyo subsuelo yacen los hidrocarburos.

La incorporación de un representante de los gobiernos de los estados que no producen gas e hidrocarburos y, sin embargo, reciben las aportaciones por este concepto, permitiría que exista un mayor conocimiento y claridad respecto de las acciones de la paraestatal.

En realidad, lo que se necesita es que los mexicanos que diariamente conviven con la empresa se encuentren representados en este Consejo de Administración, en donde ésta ha sido ineficiente y se ha constituido en un fomento al burocratismo, sin sentido del perjuicio de los trabajadores y de la población en general. Lo anterior, con el objeto de que en verdad Petróleos Mexicanos se convierta en una empresa de la nación y no en botín del gobierno en turno.

No se pretende frenar la modernización de Pemex; más aún, sabemos que para que el desarrollo pueda darse con calidad es de central interés cuidar el medio ambiente, y dado que el ambiente es un derecho de la sociedad e implica un reclamo social legítimo, en muchas ocasiones es contrario a los intereses del corporativo estatal.

Evaluamos que es necesaria la incorporación de los gobernadores de los estados productores en el Consejo de Administración, por la responsabilidad directa que los habitantes exigen a sus autoridades.

En materia de exploración y producción de hidrocarburos y gas consideramos indispensable la presencia de un representante de los estados productores petroleros, ya que su profundo conocimiento, su capacidad de gestión y de implementación de acciones coadyuvaría en las estrategias de diseño de programas de operación de la paraestatal, sirviendo así de enlace entre la paraestatal y los habitantes de dicho estado.

Por ello, respetuosamente presento ante esta soberanía el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona una fracción IV y una V al artículo 8o. de la Ley de Petróleos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 8o. El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos se compondrá de 22 miembros propietarios: 6 representantes del Estado; 5 representantes del Sindicato de Trabajadores; 4 consejeros profesionales designados por el Ejecutivo federal; 6 consejeros representantes –uno por cada estado productor de gas e hidrocarburos–, y un representante de los estados no productores de gas e hidrocarburos, designado por la Conago. Muchas gracias, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 8o. de la Ley de Petróleos Mexicanos, suscrita por el diputado Silvio Lagos Galindo, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la Comisión Permanente el siguiente proyecto de decreto:

Exposición de Motivos

La Ley de Petróleos Mexicanos (Pemex) abarca en el Capítulo Segundo las disposiciones generales del Consejo de Administración de la empresa, de los comités, del director general, y de la vigilancia de éste.

El artículo 8o. determina la composición del Consejo de Administración, el cual se compondrá de 15 miembros propietarios: 6 representantes del Estado designados por el Ejecutivo federal, 5 representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que deberán ser miembros activos de él y trabajadores de planta de Petróleos Mexicanos, y 4 consejeros profesionales designados por el Ejecutivo federal, quienes representarán al Estado y serán servidores públicos.

Los miembros del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional consideramos que el órgano superior de la industria petrolera debe incorporar con la mayor brevedad a los titulares de los gobiernos de los estados productores de hidrocarburos y gas natural en la República Mexicana, y a uno que represente los estados que no son productores.

De tal forma, se deben integrar a la administración de Pemex los gobernadores de las entidades federativas que participan y resienten en forma directa los efectos de la actividad petrolera, ya que los lineamientos de desarrollo social emitidos por Pemex son generales y las necesidades no son homogéneas y menos aún compatibles entre estados con actividad petrolera y los que no lo son y así convertir la paraestatal en una empresa líder en el desarrollo nacional con la corresponsabilidad de los representantes de la población que exige mayor seguridad en actividad petrolera.

Se propone entonces en general una redacción que no limite la participación de los titulares de los Ejecutivos locales, pues en cualquier momento puede haber actividades petroleras en estados hasta ahora no considerados.

Las estrategias que México necesita para avanzar en la protección y producción de recursos naturales requieren acciones decididas de todos los sectores de la economía. Es de conocimiento general que en la producción de hidrocarburos, los efectos residuales son responsabilidad de la misma empresa, pero se ha demostrado que la atención inmediata es por los gobiernos de los estados, los accidentes ecológicos y daños secundarios que traen consigo afectan directamente a la población, por lo que implica la implantación de acciones de los gobiernos estatales para subsanar en la inmediatez los efectos que sufren los habitantes y el ambiente.

Es fundamental una interacción entre el Consejo de Administración de Pemex con los gobernadores de los estados productores de hidrocarburos, con base en el conocimiento real y práctico que los depositarios del poder estatal tienen de sus territorios. Por eso es necesario un trato diferenciado de la paraestatal y sus subsidiarias hacia los estados en cuyo subsuelo yacen los hidrocarburos.

La incorporación de un representante de los gobiernos de los estados que no producen gas e hidrocarburos y sin embargo reciben las aportaciones por este concepto permitiría un mayor conocimiento y claridad respecto a las acciones de la paraestatal.

En realidad, se necesita que los mexicanos que diariamente conviven con la empresa se encuentren representados en ese consejo de administración, donde la administración ha sido ineficiente y se ha constituido en un fomento al burocratismo sin sentido, en perjuicio de los trabajadores y de la población en general. Se busca que en verdad Pemex se convierta en una empresa de la nación y no en un botín del gobierno en turno.

No se pretende frenar la modernización de Pemex. Para que el desarrollo pueda darse con calidad es de central interés cuidar el ambiente, y éste supone un derecho de la sociedad e implica un reclamo social legítimo que en muchas ocasiones es contrario a los intereses del corporativo estatal. Es necesaria la incorporación de los gobernadores de los estados productores en el Consejo de Administración de Pemex por la responsabilidad directa que los habitantes exigen a las autoridades estatales.

En materia de exploración, producción de hidrocarburos y gas, consideramos indispensable la presencia de un representante de los estados productores petroleros, ya que con su profundo conocimiento, y su capacidad de gestión y de implantación de acciones coadyuvarían en las estrategias de diseño de programas de operación de la paraestatal, sirviendo así de enlace entre la paraestatal y los habitantes de dichos estados.

Los estados productores de hidrocarburos llevan consigo en su naturaleza haber sido beneficiados con la generación de riqueza petrolera, pero los hace vulnerables de los reclamos naturales que ésta les hace. La acción de los gobernadores de estados productores en el consejo de administración significaría la realización de mapas de riesgo, claros y ajustados a la realidad estatal, lo que significaría un ahorro económico incalculable en el funcionamiento de Pemex.

En la búsqueda del desarrollo sustentable resulta relevante seguir ejerciendo la soberanía sobre los hidrocarburos, como dispone el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como preservar todos los recursos naturales de que México es depositario.

Por ello, respetuosamente, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional nos permitimos someter a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona una fracción IV y una V al artículo 8o. de la Ley de Petróleos Mexicanos

Artículo 8o. El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos se compondrá de 22 miembros propietarios.

I. Seis representantes del Estado designados por el Ejecutivo federal.

II. Cinco representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que deberán ser miembros activos del mismo y trabajadores de planta de Petróleos Mexicanos.

III. Cuatro consejeros profesionales designados por el Ejecutivo federal, que representaran al Estado y serán servidores públicos.

IV. Seis consejeros representantes, uno por cada estado productor de gas e hidrocarburos.

V. Un representante de los estados no productores de gas e hidrocarburos designado por la Conago.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2010.— Diputado Silvio Lagos Galindo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias a usted, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

ARTICULOS 51, 57, 63 Y 77 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el senador Eduardo Tomás Nava Bolaños, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El senador Eduardo Tomás Nava Bolaños: Gracias, señor presidente. Le voy a solicitar que por favor se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates.

Compañeros integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la transición hacia la democracia de México ha generado, afortunadamente para los ciudadanos, una mayor pluralidad política, la cual se ve reflejada tanto en la alternancia como en la integración de cada uno de los poderes públicos y de los órganos constitucionalmente autónomos.

En cada una de estas instancias se ve reflejada también la diversidad social, cultural e ideológica de ese gran mosaico de expresiones que conforman la nación mexicana. La transformación del Congreso General implica necesariamente un reto no sólo de conservar los avances logrados hasta ahora, sino para consolidarlo como poder fuerte y moderno, fiel mandatario e intérprete de la voluntad soberana del pueblo de México.

Con ese propósito es que formulo ante ustedes, a su elevada consideración, la presente iniciativa, que tiene por objeto establecer un nuevo mecanismo de suplencias ante las vacantes que se presentan en las Cámaras integrantes del Congreso de la Unión, buscando en todo momento garantizar la integridad, funcionalidad, el orden que debe prevalecer en los trabajos parlamentarios desarrollados por éstas.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 52 y 56, respectivamente, establece la composición del Congreso. De esta manera se advierte que la integración de las Cámaras se da a través de tres principios: el principio de mayoría relativa, el principio de representación proporcional y el principio de primera minoría. Éste último en caso del Senado de la República.

Si bien el principio de mayoría relativa implica la obtención de votos de manera directa y el principio de representación proporcional un porcentaje de ellos, el origen de ambos principios es de carácter popular; es decir, expresa la voluntad soberana de los ciudadanos para integrar las Cámaras del Congreso, y es democrática, porque la ciudadanía emite libremente su voto por el candidato o partido político que satisface en el momento sus pretensiones electorales.

En ambos casos, es el pueblo, mediante su voto, quien decide cómo han de integrarse las Cámaras y ha sido el Constituyente Permanente, a lo largo de la historia, quien ha establecido los diferentes sistemas de asignación. Es así como el país iba avanzando en lo que primero se conoció como proceso de liberación política, para posteriormente insertarnos en lo que ahora se ha denominado el proceso de transición hacia la democracia; que si bien, aún no ha concluido, si se encuentra en la ruta correcta para su consolidación.

La soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, en que la voluntad expresada en los votos constituye una voluntad suprema o bien soberana, la cual se encuentra materialmente por encima de cualquier sistema formal normativo de asignación. Tal es el caso que una vez electos los legisladores son iguales ante la ley, independientemente de cuál sea su origen de su asignación, puesto que como ya se ha afirmado, es en la voluntad de la ciudadanía en la que se sustenta el cargo de representación.

De tal suerte que sustituir a un legislador de mayoría relativa por uno de representación proporcional o de lista nacional, según sea el caso, encuentra un sustento legítimo en la teoría de la soberanía nacional y no contraviene ordenamiento constitucional, legal o alguno.

En otro orden de ideas, la presente iniciativa pretende de igual modo evitar los costos que genera una elección extraordinaria, así como el desgaste político que representa confrontar nuevamente a los partidos políticos, sobre todo ahora que en ocasiones la pluralidad política se toma en torno a los conflictos postelectorales, confrontando no sólo a los partidos sino también a los ciudadanos.

Amén de lo anterior, resulta pertinente citar los elevados índices de abstencionismo que se han presentado en los últimos lustros, en que la ciudadanía ha decidido salir a votar en menor medida, reacción popular atribuida, en ocasiones, a la pérdida de confianza en los partidos políticos, por el delicado clima electoral que prevalece en cada elección.

Sin embargo, por una u otra razón, es deber de los partidos políticos, de las autoridades electorales y del mismo Congreso, seguir trabajando para regresar a los ciudadanos a las urnas y de esa manera seguir fortaleciendo a la democracia y las instituciones que de ella emanan.

En equidad democrática, lo correcto es que un partido político que por su trabajo electoral logra ganar escaños por la vía de la mayoría relativa o de representación proporcional en el Congreso General, los conserve ante la falta absoluta del legislador propietario suplente.

Dicho de otra manera, si la voluntad popular se expresó a favor de un partido político debe ser respetada ésta hasta la conclusión de la Legislatura correspondiente. En este orden de ideas, convocar a una nueva elección significaría contravenir la voluntad soberana original.

Procurar la integridad de las Cámaras significa también cuidar la eficiencia y la eficacia del trabajo parlamentario que debe realizarse a diario, ya que si bien, hasta ahora, la funcionalidad del Congreso no se ha visto amenazada por la ausencia de un número considerable de legisladores, propietarios y suplentes, es menester que el Congreso actúe proactivamente y no de manera reactiva, sobre todo, ante los diversos escenarios que pudieran presentarse por los conflictos político-electorales de los que hemos dado testimonio en los últimos años, y que debemos reconocerlo, no estamos exentos de que pudieran repetirse en cualquier momento.

Actualmente, si un legislador propietario y suplente de un grupo parlamentario se ubica en la hipótesis del artículo 63 vigente, ese grupo parlamentario se quedaría sin un legislador, lo cual puede causarle un prejuicio y, en su momento, puede significar también la diferencia en la toma de decisiones fundamentales para dicho grupo parlamentario o de asignación de prerrogativas a la que tiene derecho. Lo cual no sucedería de aplicarse el sistema que propongo para cubrir las vacantes correspondientes.

Por otra parte, reviste igual importancia que si se cuida el principio de representación hacia los gobernados, toda vez que la Carta Magna ordena en los numerales 52 y 56 que dicha composición ha de respetarse no sólo en la instalación, sino durante todo el tiempo que dure la Legislatura.

Así entonces, el Constituyente Permanente debe ser garante de la integración de las Cámaras, de tal manera que cuando el Congreso pierde a uno de sus integrantes o a los dos, propietarios y suplentes, estos no se sustituyan por los mecanismos actuales previstos; entonces, el Congreso pierde representatividad, ya que la asignación de curules o escaños obedece precisamente a los criterios de densidad poblacional y pluralidad política.

Y en el caso de representación proporcional, pero sobre todo de la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas, además, el voto y la confianza de un ciudadano hacia un candidato o un partido político, traducido en un legislador integrante de las Cámaras, no debe dejarse de cubrir ante la ausencia o retiro de cada uno de ellos.

En este orden de ideas –ya para terminar–, y en aras de dar congruencia al texto constitucional sobre la iniciativa que formulo, propongo a ustedes, respetuosamente, se reformen los artículos 51 y 57 de nuestra Carta Magna, con el propósito de establecer expresamente que ante la falta absoluta del legislador propietario y suplente se aplique lo dispuesto en el artículo 63 propuesto, cubriéndose así las vacantes que se presenten, toda vez que de quedar en sus términos dichos artículos no habría posibilidad de llamar a los legisladores señalados en mi iniciativa, y por tanto, no sería posible tampoco cubrir las vacantes ante estos supuestos normativos. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el senador Eduardo Tomás Nava Bolaños, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Eduardo Tomás Nava Bolaños, senador de la república en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 51, 57, 63 y deroga la fracción IV del artículo 77, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La transición hacia la democracia de México ha generado, afortunadamente para los ciudadanos, una mayor pluralidad política, la cual se ve reflejada tanto en la alternancia como en la integración de cada uno de los poderes públicos y de los órganos constitucionalmente autónomos. En cada una de estas instancias se ve reflejada también la diversidad social, cultural e ideológica de este gran mosaico de expresiones que conforman la nación mexicana.

En este avance democrático, una de las instituciones que ha mostrado cambios significativos es sin duda el Poder Legislativo, constituido ahora en un fiel contrapeso de los otros Poderes de la Unión, así como en la columna vertebral de las decisiones fundamentales para el Estado mexicano; todo ello gracias a una ciudadanía cada vez más participativa y más crítica de la actuación de sus representantes populares.

La transformación del Congreso general implica necesariamente un reto no sólo por conservar los avances logrados hasta ahora, sino para consolidarlo como un poder fuerte y moderno, fiel mandatario e intérprete de la voluntad soberana del pueblo de México.

Con ese propósito es que formulo ante su elevada consideración la presente iniciativa, que tiene por objeto establecer un nuevo mecanismo de suplencias ante las vacantes que se presentan en las Cámaras integrantes del Congreso de la Unión, buscando en todo momento garantizar la integridad, funcionalidad y orden que deben prevalecer en los trabajos parlamentarios desarrollados por éstas.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 52 y 56 respectivamente, establece que la Cámara de Diputados se compone por 500 diputados, 300 de ellos electos por el principio de mayoría relativa y 200 por el principio de representación proporcional; a su vez, la Cámara de Senadores estará integrada por 128 senadores, de los cuales 64 son electos por mayoría relativa, 32 por el principio de representación proporcional y 32 más por el principio de primera minoría; de esta manera se advierte que la integración de las Cámaras se da a través de tres principios, a saber:

1. El de mayoría relativa;

2. El de representación proporcional; y

3. El de primera minoría, este último en el caso del Senado de la República.

El principio de mayoría relativa significa que la asignación de una diputación o senaduría se hará a aquel candidato que obtenga el mayor número de votos respecto a sus demás contendientes en un distrito electoral uninominal o entidad federativa, según sea el caso.

Por su parte, la asignación de diputados de representación proporcional se da en función de un porcentaje de votos obtenidos no por el candidato, sino por el partido político en una circunscripción territorial determinada.

Mientras que en el caso de los senadores, la asignación de legisladores de representación proporcional se hará con base en el porcentaje obtenido por un partido político pero en una sola circunscripción que abarca todo el territorio nacional.

Si bien el principio de mayoría relativa implica la obtención de votos de manera directa y el principio de representación proporcional un porcentaje de ellos, el origen de ambos principios es de carácter popular, es decir, expresan la voluntad soberana de los ciudadanos para integrar las Cámaras del Congreso, y es democrática por que la ciudadanía emite libremente su voto por el candidato o partido político que satisface en el momento sus pretensiones electorales.

En ambos casos es el pueblo, mediante su voto, quien decide cómo han de integrarse las Cámaras y ha sido el Constituyente Permanente, a lo largo de la historia, quien ha establecido los diferentes sistemas de asignación.

Verbigracia, recordemos cómo en la década de los setenta se crearon las figuras de diputados de partido y posteriormente se legisla sobre la asignación de curules y escaños por el principio de representación proporcional hasta llegar a la figura de la primera minoría en la Cámara de Senadores.

Originalmente, el principio de representación proporcional tenía como propósito que frente a una mayoría prácticamente hegemónica las minorías tuvieran voz en el Congreso, es decir, que la pluralidad política y la diversidad social quedaran representadas en el órgano legislativo, toda vez que las presiones políticas de la época y los cambios que ya estaban sucediendo en la nación mexicana tenían que encontrar un cause institucional y no represivo, como apenas hacía algunos años se trataban a los sectores disidentes al régimen en turno.

Es así como el país iría avanzando en lo que primero se conoció como el proceso de liberalización política, para posteriormente insertarnos en lo que ahora se ha denominado como el proceso de transición hacia la democracia, que si bien, aún no ha concluido, si se encuentra en la ruta correcta para la consolidación de la democracia.

Sin embargo, hay quienes sostienen que ante los avances de la democracia procedimental, es decir la electoral, y la fortaleza de las instituciones encargadas de velar por su transparencia, ya no se justifican los legisladores de representación proporcional, pues a través de elecciones libres y democráticas es posible que cualquier fuerza política acceda a las cámaras y de esa manera la pluralidad política y social quede representada en el órgano legislativo.

No obstante lo anterior, considero que mientras no se haya consolidado la democracia en nuestro país, es preferible seguir sosteniendo los principios de asignación de legisladores previstos por nuestra Constitución y no correr el mismo riesgo en que incurrieron regímenes de la época que se cita; sacrificar la minorías puede en un momento dado significar aritméticamente, el sacrificio de las mayorías, baste advertir como en la actualidad la suma de las minorías representan en muchos casos, la mayoría parlamentaria.

Dejando a salvo uno y otro principio y atendiendo al espíritu de la soberanía nacional prevista en el artículo 39 constitucional, en el sentido de que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, es que la voluntad expresada en los votos, constituye una voluntad suprema o bien, soberana que se encuentra materialmente por encima de cualquier sistema formal normativo de asignación. Tal es el caso que una vez electos los legisladores, son iguales ante a la ley, independientemente cual sea su origen de asignación, puesto como ya he afirmado, es en la voluntad de la ciudadanía en la que se sustenta el cargo de representación.

De tal suerte que sustituir un legislador de mayoría relativa por uno de representación proporcional o de lista nacional, según sea el caso, encuentra un sustento legítimo en la teoría de la soberanía nacional y no contraviene ordenamiento constitucional o legal alguno.

En otro orden de ideas, la presente iniciativa pretende de igual modo evitar los costos que genera una elección extraordinaria, así como el desgaste político que representa confrontar nuevamente a los partidos políticos, sobre todo ahora que en ocasiones la pluralidad política se torna en conflictos post electorales, confrontando no sólo a los partidos como ya se dijo, sino a los ciudadanos.

Amén de lo anterior, resulta pertinente citar los elevados índices de abstencionismo que se han presentado en los últimos lustros, en que la ciudadanía ha decidido salir a votar en menor medida, reacción popular atribuida en ocasiones a la pérdida de confianza en los partidos políticos, en otras, por el delicado clima electoral prevaleciente de cada elección, sin embargo por una u otra razón, es deber de los partidos políticos, de las autoridades electorales y del mismo Congreso seguir trabajando para regresar a los ciudadanos a las urnas y de esta manera seguir fortaleciendo a la democracia y las instituciones que de ella emanan.

En equidad democrática, lo correcto es que un partido político que por su trabajo electoral logró ganar escaños por la vía de mayoría relativa o de representación proporcional en el Congreso general lo conserve ante la falta absoluta del legislador propietario o del suplente; dicho de otra manera, si la voluntad popular se expresó a favor de un partido político, debe ser respetada ésta  hasta la conclusión de la legislatura correspondiente; en este orden de ideas, convocar a una nueva elección significaría contravenir a la voluntad soberana original.

Por otra parte, considero que es deber del órgano legislativo velar no sólo por la adecuada integración de las Cámaras, sino por la integridad de éstas, es decir, cuidar que conforme lo establecido por la Constitución general se logre efectivamente la instalación de las Cámaras y una vez realizado lo anterior, garantizar el adecuado funcionamiento de ellas, a través de  garantizar la integridad en cuanto al número de legisladores que la componen.

Procurar la integridad de las Cámaras significa también cuidar la eficiencia y eficacia del trabajo parlamentario que debe realizarse a diario, ya que si bien hasta ahora la funcionalidad del Congreso no se ha visto amenazado por la ausencia de un número considerable de legisladores propietarios y suplentes, es menester que el Congreso actúe pro activamente y no de manera reactiva, sobre todo, ante los diversos escenarios que pudieran presentarse por los conflictos político-electorales de los que hemos dado testimonio en los últimos años y que debemos reconocerlo, no estamos exentos de que pudieran  repetirse en cualquier momento.

Ahora bien, en lo que respecta a los grupos parlamentarios, resulta igualmente importante garantizar su debida integridad, toda vez que debemos cuidar el equilibrio entre ellos, ya que como es sabido actualmente la pluralidad en el Congreso mexicano es una toda una realidad, y ésta se refleja no sólo en el aspecto numérico, sino también en la toma de decisiones que se presentan a través de las votaciones, ya sea en el trabajo del pleno, o bien en las tareas que llevan a cabo las comisiones; votaciones cada vez más cerradas y competidas.

En este orden de ideas, actualmente si un legislador propietario y suplente de un grupo parlamentario se sitúa en la hipótesis del artículo 63 vigente, ese grupo parlamentario se queda sin un legislador, lo cual puede causarle un perjuicio y en su momento, puede significar también la diferencia en la toma de decisiones fundamentales para dicho grupo parlamentario o de asignación de prerrogativas a que tiene derecho; lo cual no sucedería de aplicarse el sistema que propongo para cubrir las vacantes correspondientes.

Por otra parte, reviste igual importancia que se cuide el principio de representación hacia los gobernados, toda vez que si la Carta de Querétaro ordena en los numerales 52 y 56, respectivamente, que el Congreso ha de componerse por 500 diputados y 128 senadores, dicha composición ha de respetarse no sólo en la instalación, sino en durante todo el tiempo que dura una legislatura, así entonces, el constituyente permanente debe ser garante de la integración e integridad de las Cámaras; de tal manera que cuando el Congreso pierde a uno de sus integrantes o a los dos, propietario y suplente y éstos no se sustituyen por los mecanismos actualmente previstos, entonces el Congreso pierde representatividad ya que la asignación de curules o escaños obedecen precisamente a criterios de densidad poblacional, pluralidad política, en el caso de la representación proporcional, pero sobre todo a la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas; además de que el voto y la confianza de un ciudadano hacía un candidato o un partido político traducido en un legislador integrante de las cámaras, no debe dejarse de cubrir ante la ausencia o retiro de cada uno de ellos.

En este orden de ideas y en aras de dar congruencia al texto constitucional sobre la iniciativa que formulo, propongo a ustedes respetuosamente, se reformen los artículos 51 y 57 de nuestra Carta Magna, con el propósito de establecer expresamente que, ante la falta absoluta del legislador propietario y suplente, se aplique lo dispuesto por el artículo 63 propuesto, cubriéndose así las vacantes que se presenten. Toda vez que de quedar en sus términos dichos artículos, no habría posibilidad de llamar a los legisladores señalados en mi iniciativa y, por tanto, no sería posible también cubrir las vacantes ante esos supuestos normativos.

Con base en lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 51, 57, 63, y deroga la fracción IV del artículo 77, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman los artículos 51 y 57, se reforma el primer párrafo y se adiciona un cuarto párrafo, recorriéndose el actual párrafo cuarto como quinto del artículo 63, se deroga la fracción IV del artículo 77, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 51. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la nación, electos en su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente. En caso de falta absoluta de ellos, se estará a lo dispuesto en el artículo 63 de esta Constitución.

Artículo 57. Por cada senador propietario se elegirá un suplente. En caso de falta absoluta de ellos, se estará a lo dispuesto en el artículo 63 de esta Constitución.

Artículo 63. Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual; y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el puesto. Las vacantes de diputados y de senadores del Congreso de la Unión que se presenten al inicio de la legislatura, como las que ocurran durante su ejercicio, se cubrirán de la siguiente manera: la vacante de diputados del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido; en el caso de los senadores electos por mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, la vacante será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de lista nacional, después de habérsele asignado los senadores que le hubieren correspondido; y la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de primera minoría será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que para la entidad federativa de que se trate se haya registrado en segundo lugar de la lista correspondiente. El sistema de suplencia anterior se aplicará también cuando el legislador federal propietario y suplente fallezcan o se encuentren en un estado de incapacidad total permanente.

..

...

Cuando se presente la ausencia de un legislador por cualquiera de las causas previstas en el presente artículo, la Mesa Directiva de la Cámara que corresponda o de la Comisión Permanente, en su caso, deberá llamar al legislador que tenga que cubrir la vacante en un término no mayor a 30 días, a efecto de que rinda la protesta de ley.

Incurrirán en responsabilidad y se harán acreedores a las sanciones que la ley señale quienes habiendo sido electos diputados o senadores no se presenten sin causa justificada a juicio de la Cámara respectiva a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado en el primer párrafo de este artículo. También incurrirán en responsabilidad, que la misma ley sancionará, los partidos políticos nacionales que, habiendo postulado candidatos en una elección para diputados o senadores, acuerden que sus miembros que resultaren electos no se presenten a desempeñar sus funciones.

Artículo 77. Cada una de las Cámaras puede, sin intervención de la otra

I. Dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior;

II. Comunicarse con la Cámara colegisladora y con el Ejecutivo de la Unión por medio de comisiones de su seno;

III. Nombrar los empleados de su secretaría y hacer el reglamento interior de ésta; y

IV. Derogada.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones, a 20 de enero de 2010.— Senador Eduardo Tomás Nava Bolaños (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor senador. Tal como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

ARTICULO 41 CONSTITUCIONAL - CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Enoé Uranga Muñoz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD.

También presentará iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, también del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Le agradezco, señor presidente. En atención a que voy a presentar dos iniciativas le ruego que sea condescendiente con el tiempo.

Tengo hoy el honor de estar en esta tribuna para presentar la propuesta de iniciativa de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal. y la que suscribe, para intentar dar salida, creemos, a una propuesta que permita el que, de una vez por todas, este Congreso de la Unión nunca más sea cómplice de que las mujeres estemos siendo afectadas en la participación política a la que la democracia moderna obliga a esta soberanía; y a la que también la obligan diversos tratados internacionales, particularmente la CEDAW.

Por el contenido de la iniciativa que presentamos, un compromiso con respecto al Consenso de Quito, en el que México ha signado su disposición no sólo a cumplir con la cuota de género que tenemos establecida, sino también con el luchar por la paridad de la representación entre mujeres y hombres. Éste es un compromiso que nuestro país ha establecido en América.

Y después del ejercicio que hemos atestiguado todos, pecado colectivo por cierto, en términos de la falta de garantías para que las mujeres participemos de iure y de facto en la vida política parlamentaria, se hace necesario el que más allá de la bochornosa rendición de cuentas que tendremos que hacer a la ONU con respecto a nuestro incumplimiento en esta Legislatura, también podamos acompañar –no sólo en este informe internacional, sino al país– del compromiso, por parte de todos nosotros, de que hemos dado por fin salida a este problema.

Creemos, además, una salida que autocríticamente para todos los partidos políticos implicará el que reconozcamos que las distintas instituciones políticas han mostrado su imaginario para hacerle truco a la ley y para buscar el cómo afrentar estos derechos de las mujeres en la participación política.

Creemos que contaremos aquí con la apertura de todas y de todos para dar salida a lo que lamentablemente ha sido un tema recurrente, tanto del primer periodo de sesiones ordinario como de esta Permanente, que es que la cuota de género –que no hemos cumplido, que no cumpliremos en esta soberanía– sí tenga las garantías para cumplirse después.

Por ello, el estupendo ejercicio que la diputada Mary Telma presenta hoy, al que además me honro en suscribir, creemos que contará con la simpatía del grueso de las legisladoras y no dudamos de los legisladores que saben que para que la democracia efectiva realmente le apueste al desarrollo incluyente, le somos indispensables y que estarán comprometiéndose en esa medida.

De tal suerte que paso a leer el decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para modificar la cuota de género en la integración de las fórmulas de candidatos a cargos de elección popular en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

Primero. Se adicionan los párrafos tres y cuatro del artículo 20 para que quede como sigue:

Párrafo tres. Las vacantes de los miembros propietarios de la Cámara de Diputados, electos por el principio de representación proporcional, deberán ser cubiertos por los suplentes en la fórmula electa respectiva. Si la vacante se presenta respecto de la fórmula completa será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de haberse asignado los diputados que le hubieran correspondido.

En ese caso, si la vacante de que se trata corresponde a una fórmula propietaria de candidatas de género femenino, será cubierta por la fórmula de candidatas del mismo género del partido, que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de haberse asignado los diputados que le hubieren correspondido.

Cuatro. Las vacantes de miembros propietarios de la Cámara de Senadores, electos por el principio de representación proporcional, deberán ser cubiertas por los suplentes de la fórmula electa respectiva. Si las vacantes se presentan respecto de la fórmula completa, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de haberse asignado los senadores que le hubieran correspondido.

En ese caso si la vacante de que se trata corresponde a una fórmula propietaria de candidatas de género femenino, será cubierta por la fórmula de candidatas del mismo género del partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de haberse asignado los senadores que le hubieren correspondido.

Segundo. Se adiciona el párrafo dos del artículo 218 para quedar como sigue:

Artículo 218, segundo. Las candidaturas a diputados a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, así como las de senadores por el principio de mayoría relativa y por el de representación proporcional, se registrarán por fórmulas de candidatos, compuestas cada una por un propietario y un suplente y serán consideradas las fórmulas y candidatos separadamente, salvo para efectos de votación.

Si en la integración de una fórmula la posición del propietario corresponde a una candidatura de género femenino, la suplente deberá ser del mismo género.

Tercero: Se modifica el artículo 219 del párrafo primero y se deroga el párrafo dos para quedar como sigue:

Artículo 19. De la totalidad de solicitudes de registros de las candidaturas a elegirse por el principio de mayoría relativa, tanto de diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, el 50 por ciento de estas fórmulas de candidatos habrá de corresponder al género masculino y el 50 por ciento al género femenino, colocadas alternadamente según los distritos y los estados de que se trate.

Dos. Se deroga.

Cuarto. Se modifica el artículo 220 para quedar como sigue:

Artículo 220. Las listas de representación proporcional se integran por segmentos de cuatro candidaturas, con el 50 por ciento de fórmulas de candidatos del género masculino y el 50 por ciento del género femenino de manera alternada. La regla de alternación consiste en colocar en forma sucesiva una mujer, seguida de un hombre, o viceversa, hasta agotar las candidaturas del segmento de que se trate, de modo tal que el mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos del segmento respectivo.

Ejemplo de integración por segmentos del cuarto:

Mujer/hombre, mujer/hombre

Hombre/mujer, hombre/mujer.

Quinto. Se modifican los párrafos 1 y 3 del artículo 225 para quedar como sigue:

Artículo 225. 1. Recibida una solicitud de registro de candidaturas por el presidente o secretario del consejo que corresponda, se verificará, dentro de los tres días siguientes, que se cumplió con todos los requisitos señalados en el artículo anterior, así como los relativos a las cuotas de género.

3. Para el caso de los partidos políticos que excedan el número de candidaturas simultáneas señaladas en el artículo 8, párrafos dos y tres de este código, el secretario del consejo general, una vez decretadas las mismas, requerirá al partido, a efecto de que se informe a la autoridad electoral en un término de 48 horas, las candidaturas o las fórmulas que deben incluirse en sus listas. En caso contrario, el instituto procederá a suprimir de las respectivas listas las fórmulas necesarias para ajustar el límite de candidaturas permitidas por la ley, iniciando con los registros simultáneos ubicados en los últimos lugares de cada una de las listas, una después de otra, hasta ajustar el número antes referido.

En el caso de que el partido político postulante omitiera ajustar el registro de sus candidaturas, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, a las reglas de cuota de género previstas en los artículos 20, párrafos 2 y 3; 218, párrafo 2; 219, párrafo 1 y 220, párrafo 1, el instituto negará la o las candidaturas de que se trate y, en su caso, requerirá al partido de que se trate para que subsane la omisión, a fin de que se cumpla con el sistema de cuotas de género.

Artículo transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Con respecto al decreto de la reforma al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la modificación propuesta es la siguiente:

Se reforma el segundo párrafo y se adicionan los párrafos tercero y cuarto de la fracción I del artículo 41 de la Constitución Política mexicana, para quedar como sigue:

Artículo 41.

2. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir en la  integración de la representación nacional y, como organización de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, los cuales promoverán y garantizarán, en los términos de la Constitución y la ley, la igualdad de oportunidades y la paridad entre mujeres y hombres en la vida política, a través de la postulación de cargos de elección popular, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.

Todos los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedará prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente a la creación de partidos de cualquier forma de afiliación corporativa.

Concluyo. En los procesos electorales que se rigen por el principio de mayoría relativa, los partidos políticos promoverán, en términos de equidad, que se postule una proporción paritaria de candidatos de ambos géneros, lo que será aplicable para las candidaturas propietarias y suplentes.

Se exceptúa de lo anterior el caso de las candidaturas de mayoría relativa, que será resultado de un proceso interno de elección democrática directa.

Las listas de representación proporcional a cargos de elección popular de propietarios y suplentes se conformarán y asignarán en fórmulas bajo los principios de paridad y de alternancia de ambos géneros, hasta agotar el derecho de cada partido.

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos en los términos que señala esta Constitución y la ley.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Mary Telma Guajardo Villarreal, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente: Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los espacios que ocupan las mujeres en nuestro país en el ejercicio del servicio público, representación popular o de toma de decisiones, descansa sobre la base de una lucha de mujeres que se atrevieron a exigir lo que por derecho les corresponde.

Es un hecho que ninguno de los espacios de representación popular ocupados por mujeres en este momento son una graciosa concesión. Son espacios ganados con muchos años de lucha para transformar, una sociedad instaurada en un sistema con predominio de lo masculino; cabe señalar que en ésta lucha el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de destacadas militantes es parte importante en este esfuerzo.

Las cuotas electorales de género surgen a partir de la constatación del bajo índice de mujeres que acceden a los puestos de elección popular.

Sin embargo, en un estudio comparado con otros países, podremos darnos cuenta que el promedio mundial de parlamentarias en el mundo es alrededor del 12 por ciento; en Europa sobre el 15 por ciento, sin embargo en los países árabes su representación es muy reducida. En la clasificación mundial, México ocupa el lugar número 30 en la cantidad de mujeres en los parlamentos, luego de Irak, Vietnam y Sudáfrica.

En Latinoamérica y África, hay en promedio 5 por ciento más de mujeres en parlamentos en los últimos 10 años. Gracias a esta medida, en la actualidad la representación parlamentaria ha aumentado significativamente en otros países como Suecia, con el 43 por ciento de mujeres en el parlamento, Dinamarca, que cuenta con 38 por ciento de legisladoras, Finlandia, con un 37.5 por ciento y 36 por ciento en los países bajos. Rwanda es el mejor ejemplo de la aplicación de las acciones afirmativas para contrarrestar la discriminación en la participación política: en 10 años, el país africano pasó de contar con un 4 por ciento de mujeres en la Cámara baja, al 49 por ciento de mujeres en los escaños, de acuerdo con el Informe de la Comisión del Estado de las Mujeres elaborado por la ONU y presentado el 8 de marzo del 2008.

En el caso de México, conviene recordar que nuestro partido desde 1989 estableció en su Estatuto que ningún género pueda ocupar más del 70 por ciento de las candidaturas a los puestos de elección popular; principio que con posterioridad se estableció como obligación a los partido políticos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales desde 1996, es una clara muestra de que acciones afirmativas, concretas y definidas, son eficaces y cumplen con el propósito para el que fueron establecidas. Desde entonces ha habido un aumento paulatino en la representación de las mujeres en el Congreso, pasando de un 14 por ciento de representación de mujeres en 1995 al 16 por ciento en el 2000, mientras que para las elecciones de 2003 aumentó al 22 por ciento y en el 2006 no hubo ningún avance y se mantuvo el 22 por ciento.

En el caso de la actual Legislatura, se tiene un déficit en materia de representación de mujeres donde quedamos 126 diputadas de las 138 que fuimos electas, luego del vergonzoso caso en el que los partidos políticos impusieron por la vía de los suplentes a hombres que atienden intereses de grupo o de empresas televisivas, ignorando la decisión de las y los electores que votaron el 5 de julio para elegir a su legisladora.

Por otra parte, en el ámbito municipal los datos no varían sustancialmente. En el 2004, de los de los 2 mil 435 municipios que hay en México, solamente el 3.5 por ciento, es decir 87 municipios, eran gobernados por mujeres, según los datos el Sistema Nacional de Información Municipal, es decir sólo el 6 por ciento de la población nacional estaba gobernada por alcaldesas. Esta proporción de alrededor del 3.5 por ciento, más o menos, se ha mantenido inalterable desde hace dos décadas, nunca superando el 4 por ciento del total de los municipios. En cuanto a los otros cargos en el ayuntamiento, a principios de 2004 había 195 mujeres síndicas; y 3 mil 468 regidoras, en todo el país.

Ante esta perspectiva, conviene preguntarnos ¿Por qué es necesario impulsar la presencia de las mujeres en los espacios públicos?

Se ha dado un nulo peso al análisis de la incorporación de la agenda de la equidad de género en los diferentes sectores y grupos sociales, lo que muestra el privilegio que se da a la manera tradicional de hacer política.

La agenda de las mujeres todavía es percibida como asunto menor y además suele relacionarse con una valoración negativa del feminismo.

Las exigencias para una mayor representación de las mujeres han tenido diferentes niveles de éxito, la integración de las mujeres en las estructuras de partidos como organismos femeninos, a veces con cierta autonomía, pero muy acotados en apoyos y en un aislamiento hacia un único espacio de participación.

Sin embargo, las exigencias de representación política de los partidos afectan inevitablemente a las estrategias que las mujeres emplean para introducir sus reivindicaciones.

Todos los partidos tienen distintos procedimientos de toma de decisiones que consisten en reglas formales y prácticas informales. Estas reflejan la expresión de su ideología y sus objetivos.

Muchas de las reivindicaciones son cuestionadas al interior de los partidos, pero la oposición más intensa ocurre ante la petición de incrementar la presencia de las mujeres.

Los escaños son el premio político hacia el que se dirige gran parte de la política del partido, de ahí que el acceso esté guardado celosamente.

A contraviento, las mujeres han dado la cara desafiando y exigiendo cuotas e igualdad de oportunidades, y al impulso de una agenda con un proceso de sensibilización continua y construyendo pactos.

De esta manera, las perspectivas futuras muestran todavía una agenda llena de asignaturas pendientes, y de necesidad de voluntades políticas, en las cuales estamos comprometidas a seguir impulsando.

Por tanto, la iniciativa que ponemos a la consideración de esta soberanía tiene que ver con el hecho de que desde la Constitución se establezca la paridad entre hombres y mujeres a través de los partido políticos, los cuales promoverán y garantizarán, la igualdad de oportunidades en la vida política a través de la postulación a cargos de lección popular tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.

Proponemos que para los procesos electorales que se rigen por el principio de mayoría relativa, los partidos políticos postulen una proporción paritaria de candidatos de ambos géneros, lo que será aplicable para candidatos propietarios y suplentes.

En los casos de las listas de representación proporcional a cargos de elección popular de propietarios y suplentes, se conformarán y asignarán en formulas, bajo el principio de alternancia de ambos géneros, hasta agotar el derecho de cada partido político.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo y se adicionan los párrafos tercero y cuarto de la fracción I del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

...

I. ...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo; los cuales promoverán y garantizarán, en los términos de esta Constitución y la ley, la igualdad de oportunidades y la paridad entre las mujeres y los hombres en la vida política a través de la postulación a cargos de elección popular tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

En los procesos electorales que se rigen por el principio de mayoría relativa, los partidos políticos promoverán, en términos de equidad, que se postule una proporción paritaria de candidatos de ambos géneros, lo que será aplicable para candidatos propietarios y suplentes. Se exceptúa de lo anterior el caso de que las candidaturas de mayoría relativa sean resultado de un proceso interno de elección de democracia directa.

Las listas de representación proporcional a cargos de elección popular de propietarios y suplentes, se conformarán y asignarán en formulas, bajo los  principios de paridad y de alternancia de ambos géneros, hasta agotar el derecho de cada partido político.

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con la finalidad de modificar la cuota de género en la integración de las fórmulas de candidatos a cargos de elección popular en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de este honorable Congreso de la Unión, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Nuestra vigente legislación electoral constitucional y ordinaria, en el ámbito federal, prevé medidas para propiciar una mayor participación política de las mujeres, en virtud de lo cual, paulatinamente, se ha ido superando el déficit de representación que las ciudadanas tenemos en la integración de los órganos colegiados de representación política, tal como lo demuestra el hecho de que en la elección de mil novecientos noventa y uno, el porcentaje de mujeres electas diputadas era menor de nueve por ciento de los integrantes de la Cámara, elevándose el número de diputadas en las elecciones subsiguientes, llegando a ser superior a quince por ciento en el año dos mil y alcanzando veintitrés por ciento en dos mil tres, al hacerse obligatoria la cuota de género. En la pasada legislatura, existían veintitrés punto cuatro por ciento de diputadas.

Sin embargo, se estima que la reglas vigentes en la materia, aún no garantizan en su totalidad, la paridad de género que se aspira obtener, lo que no encuentra justificación, considerando que las mujeres representamos el cincuenta y uno punto ochenta y uno por ciento del padrón electoral nacional.

Este dato duro, esto es, la conformación del padrón electoral con más del cincuenta y un por ciento de mujeres, sustenta por sí mismo, el derecho de éstas a ocupar, por lo menos, el cincuenta por ciento de los cargos en los órganos de representación popular. Por tal motivo, es que se propone eliminar la fórmula proporcional de género que actualmente rige a nivel federal, en la presentación de candidaturas, consistente en 40-60 por ciento, para establecer propiamente una paridad de género, de 50-50, con lo cual, además, se resarce en parte, la deuda histórico-cultural que hay con la población femenina, al mantenerla relegada en su participación activa en la vida social, política y cultural.

La expresión contenida en el vigente artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativa a “procurando llegar a la paridad”, es un loable deseo del legislador, que en realidad, no ha sido suficiente para que los partidos políticos se vean motivados a igualar el número de candidatos por género, advirtiéndose que la preponderancia masculina será una constante mientras no se reforme el texto legal, para mandatar categóricamente que deberán concurrir como candidatos por el principio de mayoría relativa en las candidaturas de diputados y senadores, igual número por género, esto es, que la mitad de candidatos a diputados y senadores por ese principio sean mujeres, y la otra mitad, sean candidatos hombres.

Debe decirse que la equidad de género, por su propia naturaleza, guarda una estrecha vinculación con los derechos humanos de este sector de la sociedad, que es necesario empatar, máximo cuando nuestra propia Constitución, en sus artículos 1 y 4, rechaza, por un lado, todo tipo de discriminación, incluyendo la del género, y por otro lado, destaca la igualdad del varón y la mujer ante la ley; visto así, el planteamiento que contiene esta iniciativa, sólo constituye la aplicación directa de tales principios constitucionales, haciéndolos efectivos y vigentes. Asimismo, coloca al orden jurídico mexicano en concierto con la regulación de la materia en otras naciones, e incluso, se cumplen compromisos jurídicos adquiridos en el ámbito internacional, como el que derivó al ratificar el Senado, en el dos mil uno, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de la Mujer.

La incorporación de las mujeres al trabajo legislativo permite conocer y valorar la trascendencia que el pensamiento, los intereses y la perspectiva de género aporta a las acciones propias de la legislación, de ahí que la eliminación de toda forma de discriminación en los espacios parlamentarios, sea una necesidad, más que simple y arbitrario empate de género.

Ahora bien, el propósito que se persigue, consistente en hacer real una mayor participación de las mujeres en la vida política de nuestro país, quedaría trunco, si la paridad de género se prevé únicamente en la postulación de candidaturas, y no se garantiza su efectivo acceso y ejercicio permanente en los cargos de elección popular.

Por ello, y a fin de asegurar en mayor medida que la cuota de género, además de encontrarse presente durante la postulación de candidaturas,  sea una garantía del  real acceso a los cargos públicos de elección popular por parte de las mujeres, es que se proponen las medidas siguientes:

A. En la integración de las fórmulas de candidatos a este tipo de cargos, si la posición propietaria corresponde a una persona del género femenino, la suplente corresponda al mismo género. Esto traerá como consecuencia que en el supuesto caso de que una candidata electa, por la razón que sea, deja vacante su curul, acceda otra persona del mismo género, con lo cual la representación femenina en los órganos de representación política no se verá disminuida.

La presente propuesta se sustenta, además, en las severas críticas que emitieron diferentes sectores de la opinión pública, ante los hechos acontecidos al inicio de esta Legislatura, y que en el común de la gente se conocieron como los casos de las llamadas “juanitas”, haciendo alusión a diverso personaje de la política actual, en que algunas compañeras legisladoras, por distintos motivos, abandonaron su curul, y su lugar fue ocupado por suplentes del género masculino. En ese sentido, esta iniciativa pretende atender las voces que pugnan por asegurar que las cuotas de género no se vuelvan un mero trámite para los institutos políticos y en esencia una simulación de cumplimiento a esas cuotas, proponiendo que las suplencias de las candidaturas de mujeres, sean a cargo de otra mujer.

en efecto, a fin de evitar que se sigan cometiendo actos que impliquen un fraude a la ley, como sucedió con las mencionadas “juanitas” (cuyos partidos postulantes, para cumplir con la cuota de género en la presentación de candidaturas, registraron fórmulas con candidatas propietarias y candidatos varones suplentes, y posteriormente, las propietarias que resultaron electas renunciaron o no se presentaron a protestar el cargo, y éste fue asumido por los correspondientes suplentes, accediendo al cargo hombres, quebrantando la equidad de género pretendida), es que se estima imprescindible establecer un mecanismo para asegurar que realmente acceda al ejercicio del cargo sea una mujer, lo cual se logrará si la fórmula completa se integra con personas del género femenino, y no sólo la posición de la propietaria.

En este sentido, también se hace necesario establecer en la propia ley, las consecuencias que podría generar el incumplimiento a estas nuevas reglas, las que deben ser determinantes para el efecto de que no exista posibilidad alguna de soslayarlas, por lo que se propone que la autoridad electoral, previa verificación y requerimiento a los partidos políticos, niegue el registro de las candidaturas que no se ajusten a las normas de cuota de género que aquí mismo se proponen, en caso de que éstos no rectifiquen las irregularidades encontradas, dentro de los plazos legalmente ya previstos.

B. En el caso de las listas de representación proporcional, si existe la vacante de una curul que debiera corresponder a una fórmula integrada por mujeres, se otorgue la asignación a la siguiente fórmula del mismo género, lo que asegura que al ejercicio del cargo, accedan personas del género femenino.

Por lo anterior, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Decreto que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para modificar la cuota de género en la integración de las fórmulas de candidatos a cargos de elección popular en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión

Primero. Se adicionan los párrafos 3 y 4 del artículo 20, para quedar como sigue:

Artículo 20.

1. ...

2. ...

3. Las vacantes de miembros propietarios de la Cámara de Diputados electos por el principio de representación proporcional deberán ser cubiertas por los suplentes de la fórmula electa respectiva. Si la vacante se presenta respecto de la fórmula completa, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido ; en este caso, si la vacante de que se trata, corresponde a una fórmula propietaria de candidatas de género femenino, será cubierta por la fórmula de candidatas de ese mismo género del partido, que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido.

4. Las vacantes de miembros propietarios de la Cámara de Senadores electos por el principio de representación proporcional deberán ser cubiertas por los suplentes de la fórmula electa respectiva. Si la vacante se presenta respecto de la fórmula completa, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los senadores que le hubieren correspondido ; en este caso, si la vacante de que se trata, corresponde a una fórmula propietaria de candidatas de género femenino, será cubierta por la fórmula de candidatas de ese mismo género del partido, que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los senadores que le hubieren correspondido.”

Segundo. Se adiciona el párrafo 2 del artículo 218 para quedar como sigue:

Artículo 218.

1. ...

2. Las candidaturas a diputados a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, así como las de senadores por el principio de mayoría relativa y por el de representación proporcional, se registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente, y serán consideradas, fórmulas y candidatos, separadamente, salvo para efectos de votación. Si en la integración de una fórmula, la posición del propietario corresponde a una candidata del género femenino, la suplente deberá ser del mismo género.

3. ...

4. ...

Tercero. Se modifica el artículo 219, párrafo 1, y se deroga el párrafo 2, para quedar como sigue:

Artículo 219.

1. De la totalidad de solicitudes de registro de las candidaturas a elegirse por el principio de mayoría relativa, tanto de diputados como de senadores, que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, el cincuenta por ciento de fórmulas de candidatos habrán de corresponder al género masculino, y cincuenta por ciento al género femenino, colocadas alternadamente, según los distritos y Estados de que se trate.

2. Se deroga.

Cuarto.Se modifica el artículo 220, para quedar como sigue:

Artículo 220.

1. Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cuatro candidaturas, con el cincuenta por ciento de fórmulas de candidatos del género masculino, y cincuenta por ciento del género femenino, de manera alternada. La regla de alternancia consiste en colocar en forma sucesiva una mujer seguida de un hombre, o viceversa, hasta agotar las candidaturas del segmento de que se trate, de modo tal que el mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos del segmento respectivo.

Ejemplo de integración por segmentos de cuatro:

Mujer/Hombre/Mujer/Hombre

Hombre/Mujer/Hombre/Mujer

Quinto. Se modifican los párrafos 1 y 3 del artículo 225, para quedar como sigue:

Artículo 225.

1. Recibida una solicitud de registro de candidaturas por el presidente o secretario del Consejo que corresponda, se verificará dentro de los tres días siguientes que se cumplió con todos los requisitos señalados en el artículo anterior, así como los relativos a las cuotas de género.

2. ...

3. Para el caso de que los partidos políticos excedan el número de candidaturas simultáneas señaladas en el artículo 8, párrafos 2 y 3, de este Código, el secretario del Consejo General, una vez detectadas las mismas, requerirá al partido a efecto de que informe a la autoridad electoral, en un término de 48 horas, las candidaturas o las fórmulas que deban excluirse de sus listas; en caso contrario, el Instituto procederá a suprimir de las respectivas listas las fórmulas necesarias hasta ajustar el límite de candidaturas permitidas por la ley, iniciando con los registros simultáneos ubicados en los últimos lugares de cada una de las listas, una después de otra, en su orden, hasta ajustar el número antes referido.

En caso de que el partido político postulante omitiera ajustar el registro de sus candidaturas, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, a las reglas de cuota de género, previstas en los artículos 20, párrafos 2 y 3; 218, párrafo 2; 219, párrafo 1, y 220 párrafo 1, el Instituto negará la o las candidaturas de que se traten y, en su caso, requerirá al partido de que se trate para que subsane la omisión a fin de que se cumpla con el sistema de cuotas de género.

4. ...

5. ...

6. ...

7. ...

8. ...”

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación.

Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. La reforma constitucional, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

La reforma al Código Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales, túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Juan José Guerra Abud, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Juan José Guerra Abud: Gracias, señor presidente, con su permiso. Estimados colegas, les robo sólo un minuto de su atención, por favor. Voy a ser muy breve.

Yo no he asistido a un sólo evento en el Congreso que inicie de manera puntual, salvo en el caso del izamiento de bandera que hace unos días el partido que encabezo, el Verde Ecologista, al cual pertenezco, tuvo el alto honor de encabezar aquí, en la plaza central. Todos los eventos adicionales a los que he asistido, todos inician tarde.

Creo que el problema se hace todavía más profundo en el caso particular de las comisiones. Cuando empezamos tarde hay algunos que llegamos puntuales y estamos ahí durante varios minutos –yo diría que prácticamente perdiendo el tiempo– en lo que llega a integrarse el quórum. Ésa es una tremenda pérdida de recursos y genera una gran ineficiencia.

Sabemos que hay miles de iniciativas que no se han podido dictaminar, precisamente porque las reuniones a veces se acortan por la falta de quórum; tenemos que ser realistas, en ocasiones estamos legislando al vapor.

La iniciativa que estoy presentando, creo que puede ser controvertida, pretende reformar algunas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Considero que la propuesta que yo presento, lo único que hace es motivar a los legisladores que, como sabemos, a veces peleamos, a rajatabla, formar parte de alguna comisión, para que luego no asistan.

Con esta iniciativa, la idea es motivar a todos los legisladores no solamente a que estemos en las comisiones, sino a que estemos de manera puntual. La propuesta que estoy haciendo es para que aquellas reuniones que se están convocando a una hora determinada, cuando sean convocadas de acuerdo a lo que marca la ley, inicien en tiempo con el 50 por ciento más uno de los integrantes.

Pero para el caso de que no se integre el quórum, la propuesta que estoy haciendo es que se declare quórum legal después de 15 minutos con el 33 por ciento de los integrantes, y si después de media hora no hay ni el 50 ni el 33 por ciento, se pueda declarar quórum con el 25 por ciento de los integrantes, partiendo de la base de que esté el presidente y dos secretarios de distintos grupos parlamentarios.

Sé que es una propuesta controvertida, pero la mejor manera de evitar que se dé un albazo o que se hagan cosas indebidas es que los diputados, por respeto a nosotros mismos, por respeto a lo que representamos y por respeto al mismo Congreso, podamos estar puntuales en las sesiones a las cuales somos convocados. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Juan José Guerra Abud, del Grupo Parlamentario del PVEM

Juan José Guerra Abud, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 73, fracción XXX, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 39 de la Ley Orgánica señala claramente la importancia que tienen las comisiones en el trabajo legislativo que realizamos. En ellas se fundamenta nuestra labor; ahí se dan las discusiones más amplías, donde se hacen los exámenes más exhaustivos de las propuestas que día tras día presentamos los diputados ante el pleno.

Señala el artículo citado: “Las comisiones son órganos constituidos por el pleno que, a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales”.

La LXI Legislatura heredó de su antecesora más de 2 mil iniciativas sin dictaminar; si a esto sumamos lo que han presentado los diputados ante el pleno en otras y en la presente legislatura, estamos hablando de un rezago importante.

En la reunión sostenida el 14 de octubre de 2009 entre el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y los de las comisiones ordinarias y en la que participaron los coordinadores parlamentarios, al conocer el tamaño del rezago a que nos enfrentamos, se hizo el compromiso de reducir este importante rezago.

El presente proyecto tiene como objetivo volver eficiente el trabajo que se realiza en las comisiones, ya que permitiría evitar, desde nuestra perspectiva, que crezca el rezago legislativo, cuando éste se deba a falta de asistencia o retraso.

Asimismo, se pretende optimizar el tiempo de los diputados, ya que por la impuntualidad o las inasistencias de algunos se pierden horas de trabajo que deben ser dedicadas a legislar; ése es el mandato ciudadano.

Uno de los compromisos contraídos por el Partido Verde Ecologista de México, y seguramente por todos los grupos parlamentarios, con los electores es realizar un trabajo legislativo profesional; y ése es el objetivo de esta propuesta: no detener más el trabajo de las comisiones por inasistencias o por impuntualidad sino incidir en la necesidad que tenemos todos los grupos parlamentarios de dar seriedad y continuidad a nuestro empeño, ya que es importante presentar iniciativas y puntos de acuerdo ante el pleno, pero es igual de importante que estos proyectos se discutan y revisen en las comisiones.

Hay quien considera que una de las características del trabajo del Congreso es una gran cantidad de iniciativas pero pocas leyes que resuelvan de fondo los problemas que afectan el desarrollo nacional.

Fuente: Para la LV y LVI Legislaturas, Apoyo Parlamentario; para la LVII y LVIII, Gaceta Parlamentaria; para la LIX, Centro de Documentación Legislativa; y para la LX y LXI, Servicios de Información para la Estadística Parlamentaria de la Cámara de Diputados (www.diputados.gob.mx).

*Informe hasta el primer periodo del primer año de trabajo de la LXI Legislatura (fuente: www.fundar.org.mx).

Por lo expuesto, el legislador que suscribe, integrante del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se adicionan los párrafos 7 y 8, recorriéndose los demás en su orden, y se modifica el párrafo 9 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 45

1. a 6. ...

7. Las comisiones ejercerán sus atribuciones con la concurrencia, en cada una de ellas, de cuando menos la mitad más uno del número total de sus integrantes, en reunión plenaria debida y oportunamente convocada.

Para los efectos del presente párrafo se entiende que la reunión plenaria está debida y oportunamente convocada cuando el presidente de la comisión expida la convocatoria a reunión, y ésta se publique en la Gaceta Parlamentaria, se envíe mediante oficio y al correo institucional de cada miembro al menos con 24 horas de anticipación a la fecha programada, durante los periodos de sesiones, o de 48 horas durante los recesos, salvo urgencia determinada por la mayoría de los miembros de la mesa directiva.

La convocatoria deberá contener por lo menos lo siguiente:

I. Orden del día.

II. Fecha, hora y lugar precisos de su realización.

III. Relación de los asuntos que van a ser tratados en la reunión, identificando los que serán objeto de votación.

8. Si la reunión no pudiese celebrarse por falta del quórum requerido en términos del párrafo anterior, transcurridos 15 minutos después de la hora convocada, bastará 33 por ciento del número total de los integrantes de la comisión para declarar que existe quórum legal y sesionar.

Para el caso de que habiendo transcurrido 30 minutos después de la hora convocada no hubiere cuando menos la mitad más uno o 33 por ciento del número total de sus integrantes, pero sí cuando menos 25 por ciento del total de sus miembros, el presidente de la comisión con acuerdo de por lo menos dos secretarios de mesa directiva, declararán que existe quórum legal para sesionar, en el entendido de que el presidente y los secretarios de mesa directiva deberán pertenecer a distintos grupos parlamentarios.

En este último supuesto, si declaran que existe quórum legal, en la reunión se resolverá y tomarán decisiones sobre los asuntos indicados en el orden del día. En caso contrario, si no se declara que existe el quórum mínimo de 25 por ciento para sesionar, se hará una segunda convocatoria con la expresión de esta circunstancia y bastará para sesionar en esta segunda reunión 33 por ciento del número total de sus integrantes.

9. Las comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros presentes, de conformidad con el quórum requerido para sesionar.En caso de empate en la votación de un proyecto de dictamen o resolución deberá repetirse la votación en la misma sesión, y si resultare empate por segunda vez, se discutirá y votará de nuevo el asunto en la sesión inmediata, pero si aquél persistiere, el asunto será resuelto en definitiva por el pleno, dando cuenta de ambas posiciones, escuchando a los oradores a favor y en contra que determine el presidente de la mesa directiva y conforme a las reglas del debate que rigen a la asamblea.

Los proyectos de dictamen de la Sección Instructora y los de las comisiones encargadas de resolver asuntos relacionados con imputaciones o fincamiento de responsabilidades, así como de juicio político y declaración de procedencia, sólo pasarán al pleno si son votados por la mayoría de los integrantes respectivos.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 93.Para el despacho de los negocios de su incumbencia, las comisiones se reunirán mediante cita de sus respectivos presidentes, y podrán funcionar cuando menos con la mitad más uno del número total de sus integrantes.

En caso de que transcurran 15 minutos y no se haya formado el quórum requerido para sesionar, bastará 33 por ciento del número total de sus miembros para declarar que existe quórum legal y sesionar y si transcurridos 30 minutos no hubiera cuando menos la mitad más uno o 33 por ciento del número total de sus integrantes, pero sí al menos 25 por ciento del total de sus miembros, el presidente de la comisión, con acuerdo de por lo menos dos secretarios de mesa directiva, declarará que existe quórum legal para sesionar, y en la reunión se resolverá y tomarán decisiones sobre los asuntos indicados en el orden del día.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, durante el primer receso del primer año de ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura, a veinte de enero de dos mil diez.— Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

ARTICULOS 73, 78, 83, 84 Y 85 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Arturo Zamora Jiménez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor presidente. Uno de los temas constitucionales más olvidados a lo largo de muchas décadas ha sido el de la sustitución presidencial, la sustitución del presidente de la República; es decir, el procedimiento para su suplencia en caso de ausencia total.

Existen, en la normatividad actual, 10 supuestos por los cuales se debe sustituir al presidente de la República. Ahora bien, en el mundo existen dos sistemas básicos de sustitución presidencial: el automático y el electivo. El primero se subdivide en vicepresidencial y en no vicepresidencial; y el electivo, a su vez, se subdivide en cerrado y en abierto. Así, México tiene un sistema de sustitución electiva que en ciertos supuestos operan la modalidad de abierta y en otros supuestos en modalidad de cerrada.

En nuestro país, cuando ocurre la falta de presidente durante los dos primeros años del sexenio, de inmediato el Congreso de la Unión designa un presidente llamado provisional y se convoca a elecciones generales para que la ciudadanía elija a un presidente llamado sustituto, el cual concluirá el sexenio. Si el presidente faltara durante los últimos cuatro años, entonces el Congreso de la Unión procederá directamente a elegir al presidente sustituto que concluirá el periodo incompleto.

En este sistema que nosotros tenemos adoptado en la actualidad, se representan inconvenientes derivados de ciertas imprecisiones o imprevisiones normativas que son urgentes de solucionar. La más grave es que la elección congresional requiere resolverse por una mayoría absoluta de los miembros presentes y puede darse el caso de que esta proporción no se lograra nunca o que se lograra al precio de una negociación que llegaría a ser muy lastimosa para el país.

Otras imprecisiones, desde luego, corregibles, tienen que ver con el tiempo en que comenzaría y cuánto duraría el encargo. Otra imprecisión es si la congresional es una verdadera elección y entonces no serían elegibles ni los diputados, ni los senadores, ni los funcionarios federales o locales, ni los militares en activo, todos ellos, por no haberse separado del cargo con la anticipación que dispone la Constitución. Todas estas imprecisiones podrían provocar durísimas discusiones legales o incluso legaloides al momento de ponerse en operación.

Con ciertas composturas, el mexicano parece que es el sistema adecuado para nuestro país, pero el sistema automático finalmente nos asusta por la triste experiencia histórica acontecida a lo largo del siglo XIX.

El sistema mexicano vigente ya ha tenido lamentablemente que funcionar –por fortuna en los dos momentos funcionó bien–, y es en el caso del asesinato del presidente Álvaro Obregón, en 1928, y el segundo con la renuncia del presidente Pascual Ortiz Rubio, en el año 32.

Sin embargo, las circunstancias actuales de composición congresional no facilitan una elección presidencial sustituta, sobre todo porque ella tiene ingredientes de prisa, ingredientes de crisis y, en algunos casos, también pueden tener ingredientes de conmoción nacional.

Es por ello que la presente iniciativa considera que el sucesor automático y, desde luego, transitorio para la eventual ausencia del titular del Poder Ejecutivo, debiera ser el ciudadano que en ese momento estuviere en ejercicio de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Las razones principales son de tres órdenes: la primera, la legitimidad; la segunda, la imparcialidad y; la tercera, la respetabilidad de este órgano del Estado mexicano.

El debate entonces, está sobre la mesa y es por eso que nos permitimos presentar la iniciativa de reforma a los artículos 73, fracción XXVI; 78, fracción VI; 83, 84 y 85, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

A partir del artículo 84 la propuesta es la siguiente: en el caso de falta absoluta del presidente de la República, de inmediato asumirá el cargo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre y cuando no tenga ningún impedimento constitucional, en cuyo caso asumirá el ministro decano de la Suprema Corte, sin más protocolo se rendirá protesta pública con el carácter de presidente sustituto de los Estados Unidos Mexicanos y se procederá de la siguiente manera:

Si la falta absoluta ocurriere en los primeros cinco años del periodo respectivo, el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, según el caso, expedirá, en no más de cinco días, la convocatoria para la elección de nuevo presidente. Ésta se celebrará en un plazo no menor de tres ni mayor de seis meses.

Para calificar la elección las autoridades dispondrán de un plazo máximo de un mes, todo ello a efecto de que el que haya resultado electo, asuma el día primero de diciembre. Si no fuere posible cumplir con la fecha mencionada, el presidente sustituto continuará en ejercicio por los días indispensables del nuevo periodo.

Si la falta absoluta ocurriere en el sexto año, la elección ordinaria surtirá sus efectos plenos, sin necesidad de nueva convocatoria. Si ésta ocurre después de la elección ordinaria, el presidente sustituto concluirá el periodo respectivo sin convocar a nueva elección.

Si la falta absoluta fuera la del presidente electo, la elección no estuviere calificada o fuere declarada como nula, el presidente en funciones concluirá el periodo para el que fue electo y al término asumirá el presidente sustituto para proceder en los términos de la fracción I de este artículo.

Artículo 85. La falta absoluta de presidente de la República o de presidente electo, así como la falta de calificación electoral o de elección válida, requieren declaratoria del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, según sea el caso.

Los supuestos mencionados se dan cuando:

Primero. El presidente electo no se presente a tomar posesión.

Segundo. No se haya calificado la elección llegado el día de asumir el cargo.

Tercero. La elección haya sido calificada de inválida y se nulifique.

Cuarto. Por impedimento de salud física.

Quinto. Por impedimento de salud mental.

Sexto. Por desaparición o ausencia.

Séptimo. Por abandono del encargo.

Octavo. Por muerte.

Noveno. Por estar sujeto a prisión, de acuerdo a lo previsto por el artículo 108, y;

Décimo. Por renuncia al cargo, de acuerdo con lo previsto por el artículo 86 constitucional.

Artículo transitorio. Único. Esta reforma iniciará su vigencia el día 1 de septiembre de 2012, por lo que concierne al presidente electo, y al día 1 de diciembre de 2012, por lo que concierne al presidente en funciones. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 73, fracción XXVI, 78, fracción VI, 83, 84, y 85 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de ausencia total y definitiva de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del PRI

Uno de los temas constitucionales más olvidados, a lo largo de muchas décadas, ha sido el de la sustitución del presidente de la república. Es decir, al procedimiento que debe surtirse para colmar su suplencia, en el caso de su ausencia total y definitiva.

Quizá por no herir la susceptibilidad del mandatario presidencial este asunto se convirtió en un tabú a lo largo ya de nueve décadas. Sin embargo, hoy en día, se impone el debate congresional y académico sobre si el sistema vigente es el adecuado o si se debe sustituir por otro.

Previamente, debe ubicarse que existen diez supuestos básicos en los que puede faltar el presidente mexicano.

1o. Porque el presidente electo no se presente a tomar posesión, supuesto contemplado en el artículo 85 constitucional.

2o. Porque no se haya calificado la elección llegado el día de asumir el cargo, supuesto también previsto en el numeral precitado.

3o. Porque la elección haya sido calificada de inválida y se nulifique; misma ubicación constitucional.

4o. Por impedimento de salud física. Este caso y los cuatro siguientes están implícitos en el supuesto previsto por el artículo 84 constitucional.

5o. Por impedimento de salud mental.

6o. Por desaparición o ausencia.

7o. Por abandono del encargo.

8o. Por muerte del mandatario.

9o. Por quedar sujeto a prisión, de acuerdo con lo previsto por el artículo 108 constitucional.

10. Por renuncia al cargo, supuesto previsto por el artículo 86 constitucional.

Ahora bien, existen en el mundo dos sistemas básicos de sustitución presidencial: el automático y el electivo. El automático se subdivide en vicepresidencial y en no vicepresidencial. El electivo, a su vez, se subdivide en cerrado y en abierto. Existen, también, combinaciones de diversas características.

Ningún sistema es, de suyo, perfecto. Todos reportan beneficios y todos acarrean problemas. Las más de las veces sus efectos dependen de las circunstancias del momento y no de la estructura del sistema.

México tiene un sistema de sustitución electiva que, en ciertos supuestos, opera en la modalidad de abierta y, en otros, en la de cerrada.

El sistema automático vicepresidencial hace primer sustituto a un vicepresidente, aunque suele establecer segundos sustitutos, en caso de que a la falta del presidente se sume la del vicepresidente. El ejemplo más a la mano de este sistema es el norteamericano. Se le atribuyen las ventajas de que permite la sustitución de manera inmediata y sin disputa de ambiciones. Reporta la desventaja de que el vicepresidente se elige en planilla junto con el presidente y esto ha provocado, en ocasiones, varios inconvenientes.

Uno de ellos es que si el presidente surge de una candidatura fuerte, que no requiere grandes aportaciones de su compañero de fórmula, llevará como vicepresidente a una figura de bajo perfil y hasta de capacidad, que, dadas las eventualidades, puede convertirse en presidente y, por añadidura, en momentos de crisis nacional.

El otro riesgo es que, si el presidente surge de una candidatura débil, tenderá a reforzarse con las aportaciones de un vicepresidente de alto perfil que pueda resultar, si no perverso ni asesino, sí ambicioso e incontrolable.

Por otra parte, dentro de todo ese escenario ha habido vicepresidencias atípicas. La precaria salud y el desinterés político de Dwight Eisenhower llevaron un enorme depósito de operación y de poder a la oficina del vicepresidente Richard Nixon. Dos presidentes de alto perfil escogieron a vicepresidentes de amplio formato como lo fueron George Bush durante la presidencia Reagan y Albert Gore durante la presidencia Clinton.

Por otro lado, hubo vicepresidentes considerados tan incompetentes que llegaron a inquietar a los estadounidenses. Cuando resultaba ya inminente la renuncia de Richard Nixon, la negociación implicó que, unas semanas antes, renunciara el vicepresidente Spyro Agnew, so pena de que lo encarcelara el fisco, a efecto de que el Congreso designara vicepresidente al representante Gerald Ford, para entonces inminente presidente.

Todos estos ejemplos no tienen otro objeto que poner de manifiesto que un mismo sistema puede resultar excelente o pésimo, dependiendo de las circunstancias y de las personas. Todo ello, sin considerar que existen sistemas de sustitución automática donde el sustituto no es un vicepresidente relacionado con el presidente, sino otro funcionario que le puede ser ajeno y lejano en los afectos y en las lealtades como pudiera ser el presidente del Congreso o el de la Suprema Corte.

No se diga algunos sistemas verdaderamente inexplicables, donde el primer sustituto es el candidato presidencial de segundo lugar, como sucede en los concursos de belleza.

Por otra parte, en el sistema electivo no existe un sustituto predeterminado sino que, al ocurrir la falta de presidente, tiene que realizarse una elección. Esta puede ser cerrada si se realiza por un órgano gubernamental bien sea el congreso, el parlamento o la junta de ministros. O, bien, es abierta cuando concurre el electorado ciudadano en general. A este sistema ha pertenecido nuestro país, en sus dos modalidades.

Si la falta de presidente ocurre durante los dos primeros años del sexenio, de inmediato el Congreso de la Unión designa un presidente llamado provisional y se convoca a elecciones generales para que la ciudadanía elija a un presidente llamado sustituto, el cual concluirá el sexenio. Si el presidente faltara durante los últimos cuatro años, entonces el Congreso de la Unión procederá directamente a elegir al presidente sustituto que concluirá el periodo incompleto.

Al igual que el sistema automático, el sistema electivo también reporta sus beneficios y acarrea sus inconvenientes. Su mayor ventaja reside en que el electo, bien sea por el Congreso o bien por el pueblo, sería un hombre fuerte políticamente que logró atraer a las mayorías y, con ellas, una legitimación política muy provechosa para una nación cuya falta de Ejecutivo puede ser producto de una crisis política tan grave como el abandono o la renuncia.

Sus principales inconvenientes son derivados de ciertas imprecisiones o imprevisiones normativas que es urgente solucionar. La más grave es que la elección congresional requiere resolverse por una mayoría absoluta de los miembros presentes y puede darse el caso de que esta proporción no se lograra nunca o que se lograra al precio de una negociación que llegara a los inconvenientes escenarios de la debilidad, de la inconfesabilidad o de la vergüenza.

Esto se resolvería tan sólo con disponer que la elección se decida por mayoría simple e, incluso, con el dispositivo de segunda vuelta.

Otras imprecisiones, desde luego corregibles, tienen que ver con el tiempo en el que comenzaría y cuánto duraría el encargo, cuando la falta fuera del presidente electo que no ha asumido. Otra imprecisión es si la congresional es una verdadera elección y, entonces, no serían elegibles ni los diputados y senadores, ni los funcionarios federales y locales, ni los militares en activo, todos ellos por no haberse separado del cargo con la anticipación que dispone la Constitución.

Todas estas imprecisiones podrían provocar durísimas discusiones legaloides al momento de ponerse en operación.

Con ciertas composturas el mexicano parece ser el sistema adecuado para México. El sistema automático nos asusta por la triste experiencia histórica que, durante el siglo XIX, provocó innumerables remociones presidenciales auspiciadas por los vicepresidentes. La usurpación huertista tuvo, también, su punto de apoyo en el sistema automático.

No puede desconocerse, es cierto, que el sistema electivo pudo ser riesgoso para la estabilidad en tiempos pasados. Quizá hace cincuenta años hubieren sonado balazos en el Congreso o este hubiese sido sitiado y forzado por un aspirante no fuerte sino forzudo. Pero hoy, estos parecen riesgos improbables.

El sistema mexicano vigente ya ha tenido, lamentablemente, que funcionar. Pero, por fortuna, en los dos casos funcionó bien. El primero, cuando el asesinato del presidente electo, Álvaro Obregón, en 1928. El segundo, cuando la renuncia del presidente Pascual Ortiz Rubio, en 1932.

Sin embargo, las circunstancias actuales de composición congresional no facilitan una elección presidencial sustituta, sobre todo en lo que ella tiene de ingredientes de prisa, de crisis y, en algunos casos, hasta de conmoción nacional. En momentos difíciles la consciencia y la voluntad políticas se aturden y hasta se atrofian, impidiendo la adecuada selección de opciones de gobierno.

Porque la desaparición física del gobernante, bien sea por razón de enfermedad o de muerte, pese al dolor nacional que entraña, no siempre es la más complicada para el devenir nacional. Bien sea por causas naturales como la de Roosevelt, Nasser o Juárez; bien sea por causas accidentales como la Torrijos; o bien por causas intencionales, como las de Lincoln, Kennedy o Sadat.

Pero la desaparición política es muy atrofiante para la vida nacional, bien sea porque el mandatario haya renunciado al encargo, porque haya incurrido en el abandono de su función o porque haya sido recluido en prisión. En estos casos, la ingobernabilidad asoma a las puertas de las naciones, con todas sus consecuencias.

De allí que hoy los mexicanos hemos empezado a apreciar las nobles ventajas que, en situaciones anormales, reporta el sistema de sustitución automática, el cual nos libera de los riesgos de la selección incómoda.

Sin embargo, deben reducirse los riesgos que implica el que un hombre dedicado a la política fuera el predeterminado por la ley para el caso de una sustitución presidencial eventual. Quedaría en una línea de espera inconveniente para él y para el sistema. Pero tampoco es bueno que un sustituto automático esté tan alejado de la problemática nacional y de la aceptación ciudadana que ello le haga imposible la difícil encomienda presidencial en tiempos de crisis.

Es por ello que la presente iniciativa considera que el sucesor automático y, desde luego, transitorio para la eventual ausencia del titular del Poder Legislativo debiera ser el ciudadano que en ese momento estuviere en ejercicio de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Las razones principales son de tres órdenes: la primera, la legitimidad; la segunda, la imparcialidad; la tercera, la respetabilidad.

La primera reside en que se trata de un funcionario proveniente de un origen de alta legitimación. Su designación como ministro del más alto tribunal nacional se realiza por el concurso de los otros dos poderes federales. La propuesta presidencial y la selección senatorial le brindan ese privilegio. Su designación se forma por de los más altos funcionarios que la Federación tiene provenientes del voto popular, como son el presidente de la república y la mayoría calificada de los integrantes del Senado de la República. Por añadidura, su designación para presidir el colegiado judicial lo hacen sus propios pares, todos ellos designados como ha quedado señalado.

La segunda razón consiste en que es un funcionario instalado en la independencia de un poder gubernamental que no depende de los otros dos. Que, aunque ello no está vedado, la realidad política mexicana ha hecho que los ministros de la Suprema Corte no tengan una participación partidista en su antecedente curricular. Baste mencionar que, salvo dos de ellos, los actuales ministros nunca se han desempeñado como políticos profesionales aunque, se repite, ello no es un desdoro ni un veto.

Por último, el Poder Judicial de la Federación ha logrado disfrutar de uno de los más sólidos prestigios públicos que hoy posea institución alguna. Esto constituye un activo que es muy importante para los momentos difíciles que, a toda nación, siempre le acarrea la sustitución de sus jefes de Estado o de gobierno.

Por otra parte, se propone que el ejercicio de la presidencia sustituta sea ejercida por un periodo mucho más breve que el que hoy está previsto: tan sólo seis meses para convocar y realizar elecciones de presidente definitivo; dos meses más para calificar y declarar el resultado definitivo de la elección; y dos meses para los ejercicios y trabajos de transición. Total, diez meses, mucho más reducidos que los actuales dieciocho y más meses, previstos por el artículo 84 constitucional.

Las únicas excepciones a la regla anterior serían cuando el presidente en ejercicio faltara ya iniciado el proceso electoral de su sucesión o cuando faltare el presidente electo.

En el primer caso, ya no se convocaría a elección especial, sino que la que está en puerta surtiría los efectos necesarios de elección y el proceso de sustitución se atendría a los tiempos ordinarios. En el segundo caso, el presidente en ejercicio cumpliría su encargo y el tiempo de sustitución empezaría a correr desde que asumiera el presidente sustituto.

Por último, en el caso de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estuviere impedido constitucionalmente para asumir la presidencia sustituta de la nación o este también faltara, el segundo sucesor automático sería el ministro decano y así sucesivamente.

En fin, lo cierto es que no hay un sistema de validez plena y que cada sociedad tiene que darse el que mejor le convenga. La república y la dinastía más antiguas del planeta, hoy todavía vigentes, como son la república norteamericana y la dinastía vaticana, han optado por sistemas distintos y a ambas les ha funcionado bien y ninguna ha pensado en cambiarlos. A la oficina oval se llega por sustitución automática y al trono de Pedro se llega por sustitución electiva. A la inversa, sería incoherente y absurdo. No puede imaginarse a los Estados Unidos celebrando un cónclave secreto ni a la Iglesia Católica con un Vice-Papa.

El debate está sobre la mesa. Ya no es un tema tabú. Tan sólo requiere de buena reflexión.

Es por eso que nos permitimos presentar la presente

Iniciativa de reforma a los artículos 73, fracción XXVI, 78, fracción VI, 83, 84 y 85 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman los artículos 73, fracción XXVI, 78, fracción VI, 83, 84 y 85 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73....

I. a XXV. ...

XXVI. Para conceder licencia al presidente de la república.

XXVII. a XXX. ...

Artículo 78....

...

...

I. a V. ...

VI. Conceder licencia hasta por treinta días al presidente de la república.

VII. y VIII. ...

Artículo 83. El presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de diciembre y durará en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la república, electo popularmente o con el carácter de sustituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.

Artículo 84. En el caso de falta absoluta del presidente de la república, de inmediato asumirá ese cargo el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre y cuando no tenga ningún impedimento constitucional en cuyo caso asumirá el ministro decano de la Suprema Corte. Sin más protocolo, se rendirá protesta pública con el carácter de “presidente sustituto de los Estados Unidos Mexicanos” y se procederá de la siguiente manera:

I. Si la falta absoluta ocurriera en los primeros cinco años del periodo respectivo, el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, según el caso, expedirá, en no más de cinco días, la convocatoria para la elección de nuevo presidente. Esta deberá celebrarse en un plazo no menor de tres ni mayor de seis meses. Para calificar la elección, las autoridades dispondrán de un plazo máximo de un mes. Todo ello a efecto de que el que haya resultado electo asuma el día 1 de diciembre. Si no fuera posible cumplir con la fecha mencionada, el presidente sustituto continuará en ejercicio por los días indispensables del nuevo periodo.

II. Si la falta absoluta ocurriera en el sexto año, la elección ordinaria surtirá sus efectos plenos, sin necesidad de nueva convocatoria.

III. Si la falta absoluta ocurriera después de la elección ordinaria, el presidente sustituto concluirá el periodo respectivo, sin convocar a nueva elección.

IV. Si la falta absoluta fura la del Presidente Electo, la elección no estuviere calificada o fuere declarada como nula, el presidente en funciones concluirá el periodo para el que fue electo y al término asumirá el presidente sustituto, para proceder en los términos de de la fracción I de este artículo.

Artículo 85.La falta absoluta de presidente de la república o de presidente electo, así como la falta de calificación electoral o de elección válida, requieren declaratoria del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, según sea el caso. Los supuestos mencionados se dan cuando

1o. El presidente electo no se presente a tomar posesión.

2o. No se haya calificado la elección llegado el día de asumir el cargo.

3o. La elección haya sido calificada de invalida y se nulifique.

4o. Por impedimento de salud física.

5o. Por impedimento de salud mental.

6o. Por desaparición o ausencia.

7o. Por abandono del encargo.

8o. Por muerte.

9o. Por estar sujeto a prisión, de acuerdo con lo previsto por el artículo 108 constitucional.

10. Por renuncia al cargo, de acuerdo con lo previsto por el artículo 86 constitucional.

Artículo Transitorio. Esta reforma iniciará su vigencia el día 1 de septiembre de 2012, por lo que concierne al presidente electo y el día 1 de diciembre del 2012, por lo que concierne al presidente en funciones.

Diputados: Beatriz Paredes Rangel (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

El diputado Silvio Lagos Galindo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado.

El diputado Silvio Lagos Galindo (desde la curul): Quisiera adherirme a la propuesta del diputado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pregunto al señor diputado si está usted de acuerdo. Acepta el señor diputado. Los que deseen participar apoyando esta propuesta pasen a la Secretaría a firmar el documento correspondiente.

LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZUCAR

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el senador Juan Bueno Torio, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, suscrita por el propio senador Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del PAN.

El senador Juan Bueno Torio: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes compañeras y compañeros legisladores. Para quienes vivimos en estados productores de caña de azúcar, siempre vemos en esta actividad productiva una de las oportunidades para sacar adelante la problemática que vivimos en nuestro país, particularmente por la pobreza que se significa mucho en el medio rural y que desafortunadamente está vinculada a esta actividad productiva en prácticamente el 70 por ciento de los productores de caña de azúcar de todo el país.

En mi estado, Veracruz, para quienes representamos el interés de los productores del campo, siempre los temas de la caña de azúcar son prioritarios y he asumido, desde que tomé el cargo como senador, acciones en beneficio de esta actividad.

Tenemos la oportunidad de generar riqueza a partir de este esfuerzo, por lo que implica el azúcar y sus derivados, en el etanol y en otros diversos productos que podemos obtener de este proceso agrícola.

Hemos creado una Ley de Desarrollo Rural Sustentable de la Caña de Azúcar, con el propósito de regular y de reglamentar adecuadamente la relación entre los productores del campo y la industria azucarera y al mismo tiempo, entre los propios productores del campo y sus organizaciones gremiales.

En este sentido, y a 4 años de haber iniciado la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de la Caña de Azúcar, hemos visto que le hacen falta algunas adecuaciones que, sin duda, vendrán a mejorar las condiciones y la relación entre todos los actores de esta actividad productiva.

Es por eso que, en la preocupación por sacar adelante, en el estado de Veracruz, zonas rurales de las regiones de Pánuco, de Omealca, Paso del Macho, Cosamaloapan, del sur de mi estado de Veracruz, hemos alentado la formación de nuevas organizaciones productivas que ayuden mejor a los productores, a acercarles los mecanismos que les permitan tecnificar el campo, financiamiento, fertilizantes, pues se requiere de muchísimo apoyo, pues los productores en la mayoría de los casos –como dije– apenas tienen hasta tres hectáreas de producción.

Por eso, para fortalecer las organizaciones gremiales vinculadas a esta actividad productiva es que estoy presentando esta iniciativa con proyecto decreto que modifica varios ordenamientos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de la Caña de Azúcar, con el propósito de regular más y reglamentar adecuadamente los acuerdos que se toman en los comités de producción cañeros en el seno de los ingenios azucareros, reglamentar la forma de cómo se van a contratar nuevos proveedores o abastecedores de caña de un ingenio con base en promedios; reglamentar también cómo los ingenios azucareros deben presentar los padrones de abastecedores de caña de cada uno de los ingenios para conocimiento de todo el gremio, de todo el sector.

También establecer específicamente las fechas en que las organizaciones cañeras deban presentar, ante el registro nacional, el número de afiliados que tienen, con su volumen de producción de toneladas de caña, para poder cumplir con los ordenamientos de 10 por ciento de abastecedores y 10 por ciento de producción de caña para poder tener acceso a los comités de producción de cada uno de los ingenios.

De la misma forma, también se establecen en esta iniciativa los plazos que tendrán las organizaciones y los ingenios para presentar sus padrones, especificar e identificar los abastecedores de cada zona con sus claves, exactamente, para que no haya problemas de duplicidad y que luego las organizaciones se peleen uno u otro productor; los plazos que otorga el registro para entregar estas certificaciones y los plazos que tienen las organizaciones también para hacer las aclaraciones respectivas.

De igual forma, y por último, esta iniciativa vincula las resoluciones que deben adoptarse dentro de un arbitraje en la Junta Permanente vinculada al Comité Nacional de la Caña de Azúcar, en donde participan todos los actores y, desde luego, siempre que reúnan los requisitos que establece el Código de Comercio para dirimir las controversias entre los cañeros y los propios ingenios.

Por último, siempre el gobierno federal hace aportaciones al sector cañero para coadyuvar en el desarrollo de las actividades productivas, pero son aportaciones que simplemente la autoridad dice a dónde se van. La presente iniciativa pretende otorgarle facultades al Comité Nacional de la Caña de Azúcar para que sea éste quien solicite formalmente los fondos, los recursos y el destino que deberán tener estos fondos para apoyar la actividad productiva de este sector tan importante como es el de la caña de azúcar en nuestro país.

Con esto, señor presidente, le solicito que se integre al Diario de los Debates la iniciativa completa, porque abarca una serie de modificaciones a diversos artículos que, por obviedad de tiempo me voy a permitir reservarme; sin embargo, sí solicito, señor presidente, que quede incluido el texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates de esta fecha. Muchas gracias por su atención, señoras legisladoras y señores legisladores.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, suscrita por el senador Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del PAN

Juan Bueno Torio, senador de la República de la LXI Legislatura integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El 22 de agosto del 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, que entró en vigencia en lo general al día siguiente.

A cuatro años de su aplicación, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en ejercicio de la función del registro de las organizaciones locales y nacionales de abastecedores de caña de azúcar, se ha enfrentado a la experiencia de no cumplir, en tiempo, con la oportunidad necesaria, en la certificación de los abastecedores de caña de azúcar de cada Ingenio del País, así como también en la certificación de las afiliaciones y renuncias que realizan los abastecedores entre una y otra organización local de abastecedores existente o emergente y, en su conjunto en la conformación anual del padrón nacional en la materia.

Al efecto, en términos del artículo 40 de la ley de mérito, el padrón nacional en la materia estará conformado por el listado de Abastecedores de Caña del país, especificando los ingenios con los que tengan celebrado Contrato y la organización local o nacional a que pertenezcan, así como los datos que permitan su plena identificación.

Por su parte, el artículo 41 de la citada ley establece que el Registro, a quien le compete el ejercicio de la función registral en la materia, debe verificar el padrón de abastecedores de caña de azúcar de cada ingenio y, certificar las afiliaciones y renuncias a las organizaciones locales y/o nacionales que le presenten.

La falta de oportunidad por parte del registro en la certificación de las afiliaciones y renuncias de los abastecedores entre las organizaciones locales de abastecedores de caña de azúcar, es una circunstancia que perjudica a las propias organizaciones y a los abastecedores, como principales destinatarios de dicha legislación, toda vez que con base en tales certificaciones el Registro determina si las organizaciones emergentes se les otorga su registro y, respecto de las existentes si deben o no mantener su registro; circunstancia que se encuentra íntimamente vinculada con la conformación y operación de los comités de producción y calidad cañera previstos por la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

Es de aclarar que en términos de lo dispuesto por el artículo 24 de la ley de mérito, los citados comités de producción y calidad cañera se integran con los representantes de los ingenios y también con los representantes de los abastecedores, éstos últimos por conducto de cada una de las organizaciones locales de abastecedores de caña de azúcar; debiendo tomar en cuenta que conforme a lo establecido por el artículo 26 del mismo ordenamiento legal, los comités de referencia, son los órganos encargados de vigilar el cumplimiento de la propia ley; teniendo, entre otras, las siguientes facultades y obligaciones:

• Formular los programas de operación de campo relativos a la siembra de caña de azúcar, actividades agrícolas, mecanización del campo, cosecha y molienda de caña para la zafra;

• Expedir las órdenes de suspensión de riegos, de quemas y de corte;

• Determinar el monto de los castigos a que se hagan acreedores los abastecedores de caña o el industrial;

• Aprobara el control y rotación de estibas de caña en el batey del ingenio;

• Aprobar la distribución de todos los gastos prorrateables efectuados durante los periodos de pre zafra y zafra que deban ser aplicados a la masa común de caña liquidable;

• Coadyuvar en su ámbito de acción con las medidas necesarias que le den viabilidad a las actividades que contribuyan al desarrollo sustentable de la caña de azúcar.

Para la realización oportuna y eficiente de las actividades certificadoras en la materia, se hace indispensable que el registro cuente oportunamente con la relación de la totalidad de los abastecedores de caña de azúcar de cada uno de los ingenios en el país, los cuales son definidos por el artículo 35 fracción X de la ley en la materia, como las plantas industriales dedicadas al procesamiento, transformación e industrialización de la caña de azúcar y, que en la actualidad ascienden a 57 a nivel nacional; e igualmente se hace indispensable que las organizaciones locales de abastecedores de caña presenten al registro las altas y bajas de sus abastecedores afiliados.

Asimismo, la relación o padrón de la totalidad de los abastecedores de caña de azúcar de cada ingenio, se constituye como el principal instrumento de apoyo para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través del Registro, se pronuncie, en relación a la actualización o no de las hipótesis normativas contenidas en el artículo 34 de la ley de referencia, que señala lo siguiente:

“Las organizaciones locales que se constituyan, para obtener y mantener su registro, deberán contar con una membrecía mínima equivalente al 10 por ciento del padrón total de abastecedores de caña del ingenio de que se trate y por lo menos con el 10 por ciento del volumen total de la caña de la zona de abastecimiento correspondiente, cumplir con los requisitos establecidos en la legislación bajo la cual adopten la figura jurídica para su constitución y deberán estar debidamente inscritas en el registro. Para estos efectos el Registro deberá certificar que dichos padrones cumplen con los requerimientos establecidos en esta ley.”

Para atender estas particularidades en la aplicación de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, la propia norma previó en su artículo 44 que “los ingenios tendrán la obligación de entregar al comité y al registro la relación de la totalidad de sus abastecedores de caña de azúcar anualmente o cuando así se les requiera, especificando la agrupación a que correspondan”.

Que no obstante lo anterior, se ha presentando el inconveniente que la mayoría de los ingenios no cumplen por sí mismos, con la obligación que se deriva de lo dispuesto por el citado artículo 44, ya que de siempre se ha hecho necesario solicitar y reiterar su envió por parte del Registro y, cuando se remite lamentablemente ha dado inicio el ciclo azucarero, que conforme a la ley comprende el periodo del 1° de octubre de un año al 30 de septiembre del año siguiente.

De igual forma, debe observarse que los Ingenios, como unidades industriales, carecen de los medios para informar al registro sobre la afiliación y la renuncia de los abastecedores de caña a una determinada organización local, por lo que resulta pertinente establecer en la ley de mérito la obligación de dichas organizaciones locales de informar al registro sobre las afiliaciones y renuncias de sus afiliados, descargando de las responsabilidades de los ingenios la obligación que sobre este particular establece el artículo 44 del mismo ordenamiento, incluyendo esta nueva obligación en el artículo 42.

En otros aspectos, se debe reconocer que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, carece de los instrumentos administrativos que propicien el cabal cumplimiento de dicha obligación, lo que motiva y justifica que se proponga modificar la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, a efecto de que se imponga una multa a los ingenios y a las organizaciones locales que no cumplan con la obligación de referencia y paralelamente se particularice a los ingenios y a las organizaciones citadas, la obligación de entregar la información de abastecedores de cada ingenio antes del 31 de agosto de cada año.

En el mismo artículo 42, debe precisarse la redacción del inciso d) de la fracción I, a fin de señalar claramente los casos en que para la determinación del volumen de caña de un abastecedor puedan utilizarse estimados de producción.

También es pertinente destacar que el artículo 25 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de la Caña de Azúcar establece como regla general que los acuerdos del Comité de Producción y Calidad Cañera se aprueben por mayoría de votos de sus integrantes, salvo casos específicos en que se exige la unanimidad, situación que pone en clara desventaja al Sector Industrial, quien cuenta con solamente un voto en dicho comité, mientras que cada una de las organizaciones locales de abastecedores de caña de azúcar inscritas cuenta con un voto.

Dada la naturaleza y fines de los comités de producción y calidad cañera, que consisten en tratar todo lo concerniente a la siembra, cultivo, cosecha, entrega, recepción y a la calidad e industrialización de la materia prima, mediante la celebración de acuerdos tendientes a garantizar el cumplimiento de la ley y de las definiciones que emita el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, se propone modificar el artículo 25 de la ley de la materia, a fin de establecer, como regla general, que los acuerdos del Comité de Producción y Calidad Cañera se aprueben por unanimidad de votos de sus integrantes.

Por otra parte, y a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, se promovieron diversos juicios de amparo en su contra y la Procuraduría General de la República promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Como resultado de la acción promovida por la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de los Artículos 50, segundo párrafo, última parte, 56, 119 y 125 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, considerando que es inconstitucional que la ley prevea la intervención obligatoria de la junta permanente para resolver los conflictos entre cañeros e industriales, aún cuando dicha Junta podría actuar como árbitro si las partes se someten libremente al arbitraje.

Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la misma resolución aclaró el alcance del artículo  98 de la ley citada, señalando que las aportaciones que los industriales y las organizaciones de abastecedores hagan al Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Caña de Azúcar tendrán el carácter de voluntarias y no podrán ser obligatorias, ya que dicha institución no es un organismo público.

En los juicios de amparo promovidos en contra de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, también se declaró inconstitucional el contenido del artículo 87 de dicha Ley, que establece el sistema para el pago de las cañas contratadas no industrializadas por caso fortuito o fuerza mayor, señalando que para su aplicación se requerirá respetar la garantía de audiencia del Ingenio y de los abastecedores afectados.

De lo anterior resulta que el contenido de los artículos 50, 56, 87, 98, 119 y 125 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar deberá ajustarse a lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución de mérito.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar

Único. Se reforman los artículos 25, 42, fracción I, inciso d), y fracción II, 44 y 50; se reforma y adiciona un párrafo segundo al artículo 56, se adiciona un párrafo segundo a la fracción II del artículo 87, se adiciona un párrafo segundo al artículo 98 y se reforman los artículos 119 y 125 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, para quedar como sigue:

Artículo 25. Los acuerdos de los Comités se tomarán por unanimidad de votos de sus integrantes. En los casos a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, se tomarán por unanimidad de votos de los integrantes que asistan a la sesión correspondiente.

Artículo 42. ...

I. ...

a) al c)...

d) Superficie contratada y volumen de caña entregada en la zafra inmediata anterior. Tratándose de abastecedores que no tuvieran celebrado contrato vigente en la zafra inmediata anterior, se manifestará el estimado de producción a industrializarse;

e) al g)...

II. En caso de renuncia a la Organización a la que pertenezca, deberá ser presentada por escrito a la misma, con copia para el Comité, para el Registro, y para la Organización a la que desee pertenecer en su caso. Las organizaciones locales de abastecedores de caña serán responsables de entregar al Registro la lista actualizada de sus afiliados a más tardar el día treinta y uno de agosto de cada año sin necesidad de requerimiento previo. Si alguna Organización Local no proporciona esta información dentro del plazo concedido, el Registro de oficio procederá a requerir su entrega, concediéndole al efecto un plazo no mayor de cinco días hábiles. Si la organización local de que se trate no cumple en tiempo con el requerimiento, el Registro informará a la Coordinación General Jurídica de la Secretaría, para que proceda en los términos del último párrafo del artículo 44 de esta Ley.  La imposición de multa no libera a la Organización Local de la obligación de proporcionar la información a que se refiere este artículo.

Artículo 44.Los ingenios tendrán la obligación de entregar al Comité y al Registro a más tardar el día treinta y uno de agosto de cada año y sin necesidad de requerimiento previo,la relación de la totalidad de sus Abastecedores de Caña de azúcar, en la que especificarán  la clave del abastecedor, nombre del predio, parcela, ejido o congregación, municipio y entidad federativa a la que pertenezca y la superficie contratada.

En caso de que el ingenio no proporcione esta información dentro del plazo establecido, el Registro directamente o a solicitud de cualquiera de las organizaciones locales de abastecedores, procederá a requerir su entrega, concediéndole al efecto un plazo no mayor de cinco días hábiles. Si el Ingenio no cumple en tiempo con el requerimiento, el Registro informará a la Coordinación General Jurídica de la Secretaría, para los efectos de que ésta promueva la imposición de una multa de hasta 3,000 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con sujeción a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la intervención de la autoridad hacendaria para la ejecución y cobro de la multa, la que podrá duplicarse en caso de reincidencia. La imposición de multa no libera al Ingenio de la obligación de proporcionar la información a que se refiere este artículo.

Artículo 50. ...

Deberá contener, como mínimo la personalidad de los contratantes, la identificación del ingenio y del terreno contratado para producción de caña de azúcar, la vigencia del Contrato, la forma de pago de la caña, el pago de intereses ordinarios o moratorios y las causales de rescisión.

...

Artículo 56. Los ingenios y sus abastecedores de caña podrán someterse al arbitraje de la Junta Permanente con el objeto de dirimir las controversias que surjan con motivo del incumplimiento de lo establecido en la presente ley y del contrato que celebren y demás disposiciones derivadas y relacionadas.

Para este efecto, las partes deberán celebrar compromiso arbitral en el que indiquen de manera concreta el o los asuntos que se someterán al arbitraje de la Junta Permanente y que reúna los demás requisitos que establezca el Código de Comercio.

Artículo 87. ...

I. ...

II. ...

La aplicación de lo dispuesto en este artículo queda sujeta al acuerdo que se apruebe por unanimidad de votos por el Comité o en su caso a la resolución que se emita en el juicio o procedimiento arbitral que al efecto se promueva.

Artículo 98. ...

Las aportaciones del gobierno federal serán gestionadas por la Junta Directiva del Comité Nacional. Las aportaciones que realicen los Industriales y las Organizaciones serán de carácter voluntario y en los términos que al efecto se acuerden con el Comité Nacional.

Artículo 119. ...

a) ...

b) Junta Permanente, en procedimiento conciliatorio o en procedimiento arbitral, cuando las partes se sometan voluntariamente a él en términos del artículo 56 de la presente ley.

Artículo 125. Para la resolución de las controversias azucareras que se susciten, los abastecedores de caña y los industriales podrán someterse al arbitraje de la Junta Permanente, en los términos establecidos en esta ley.

En el caso de que las partes se sometan al arbitraje de la Junta Permanente, deberán cumplir con las resoluciones que ésta dicte una vez que causen estado.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 20 de enero de 2010.— Senador Juan Bueno Torio (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor senador. Tal como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y reforma el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La diputada Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, señor presidente. Honorable asamblea, en el marco de la división de poderes la presente iniciativa busca fortalecer el diálogo y el entendimiento entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, en materia de fijación de los precios administrados de las gasolinas y el diesel, respetando todo ello, en el marco de las atribuciones normativas que tiene el Ejecutivo para su fijación.

Su objetivo es solicitarle al Ejecutivo que informe, a través de un anexo técnico que deberá acompañar a la iniciativa de Ley de Ingresos, sobre el calendario de ajustes previstos en el año fiscal correspondiente, con su memoria de cálculo y desagregación de la estructura de precios de las gasolinas y el diesel, destacando los componentes que se prevé sufrirán variaciones.

También se contempla, una vez aprobada la Ley de Ingresos, con base al anexo técnico previsto, que solamente se podrá modificar, por parte de la autoridad administrativa, el calendario de ajustes de precios, informado previamente al Legislativo con la debida motivación y fundamentación y bajo el escenario grave y excepcional que ponga en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas del país.

En 1981, el Ejecutivo federal asumió la responsabilidad de establecer los precios de bienes como gasolinas, diesel, gas y electricidad. Así puesto bajo esquemas de competencia imperfecta, puesto que los provee el gobierno federal, y como consecuencia la determinación de sus precios no responde a criterios del mercado. De acuerdo al artículo 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública vigente, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la encargada de establecer los precios de los bienes y servicios de las empresas públicas. Las gasolinas y el diesel son administrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que para su determinación aplica criterios de eficiencia económica, saneamiento financiero y su provisión corre a cargo de Petróleos Mexicanos.

Una de las características más importantes de este sistema de precios administrados en México es que, frente a los shocks económicos, internos o externos, sus ajustes son más lentos que los registrados en mercados con intensa competencia. Esa contrapartida, en Estados Unidos ante la presencia de los shocks económicos, internos o externos, los precios de las gasolinas y el diesel se ajustan de manera automática y casi simultánea.

La existencia de estos sistemas de precios en México y Estados Unidos son diametralmente opuestos, y es la explicación de la existencia del subsidio a las gasolinas y el diesel a favor de los consumidores del país, porque ante los altos precios internacionales del petróleo, el shock externo, el deslizamiento de los precios de estos petrolíferos fue superior en Estados Unidos que en México.

El precio al público de las gasolinas está compuesto, entre otros, por un precio productor, comisión a las estaciones de servicios de fletes, los impuestos al valor agregado y especial sobre la producción de servicios. El precio productor de Pemex es la suma de la referencia internacional, un costo de logística y un costo de manejo posteriormente, que se adiciona en el IEPS para los estados.

Ahora bien, los precios de referencia de los combustibles se toman de los precios de las gasolinas, diesel y en el mercado spot de Houston.

Hasta diciembre del 2007 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fundamentalmente, ajustaba el precio de venta de la gasolina y el diesel, con base en criterios inflacionarios para evitar que los precios se rezagaran respecto de los costos de producción. Sin embargo, a partir de enero del 2008 modificó su metodología y adicionó dos factores: uno, la aplicación de cuotas a las ventas finales de gasolinas y la eliminación gradual del subsidio.

Con relación al párrafo, el Congreso de la Unión, en el artículo primero de la Ley de Ingresos de la Federación estima, al inicio del ejercicio fiscal, la recaudación esperada por concepto de gasolinas a través del IEPS. Esta estimación se divide en dos rubros: las reguladas en el artículo 2-A, fracción I, de la Ley del IEPS, y de fracción II.

Así bien, sin embargo en los hechos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Cuenta de la Hacienda Pública federal y de los informes de finanzas públicas, da a conocer los cambios significativos y los dio a conocer a favor de los consumidores, vía la diferencial de los precios internos respecto de los externos. Es decir, en el 2007, en lugar de haberse llevado una recaudación de impuestos por la venta de gasolinas de 19 mil 189 millones de pesos, operó un subsidio de 48 mil 328 millones de pesos.

El argumento que esgrimió, en su momento, el Ejecutivo federal fue que la distribución del subsidio tiene una alta regresividad al beneficio de los hogares de los ingresos más altos, para lo cual hay consenso.

Sin embargo, existen otros factores económicos que deberían evaluarse, como son: el impacto inflacionario directo en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, la ponderación que tienen en éste los precios administrados, los bienes energéticos, que es del 7.8 por ciento y; el indirecto.

En este marco, el tamaño del subsidio medio en pesos por litro del petrolífero, para junio de 2008, se comportó de la siguiente manera:

El precio de la gasolina Premium 8.99 pesos por litro, el precio de la Magna era de 7.17 pesos por litro y el precio del diesel de 6.10 pesos por litro. De acuerdo con el Departamento de Energía en los Estados Unidos, en aquel país, la gasolina Premium equivalente costaba 12.11 pesos por litro, la otra 11.53 y el diesel 12.39 por litro.

Dada esta información, en el 2008 el subsidio a favor de los consumidores locales de la gasolina Premium era de 3.12 por ciento por litro, para la Magna de 4.36 y el diesel de 6.29. Por ello el subsidio de las gasolinas y el diesel se incrementó en México, porque el petróleo, principal insumo para la elaboración de estos petrolíferos, registró altos precios en el mercado internacional elevando los costos de producción de los combustibles.

Bajo este escenario se percibe que la política de precios de las gasolinas y el diesel instrumentados en México se ha vuelto obsoleta y se considera prioritaria su revisión y el impulso de un nuevo marco normativo y regulatorio que coadyuve a una mayor transparencia en la metodología y los criterios del Ejecutivo para establecer ajustes en sus precios, con la finalidad de incluir en la Ley de Ingresos un anexo técnico que explique esta metodología que se utiliza para la determinación de los ajustes a los precios de las gasolinas y el diesel, y de las estimaciones de los ingresos, que estas estimaciones sean congruentes con el calendario de ajustes a los precios de las mismas.

Por ello y por lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para que se adicione en un artículo 31 Bis, un inciso i), de la fracción I, del artículo 40, y un inciso g), de la fracción VIII, del artículo 42, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Asimismo un artículo 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que ya se me fue el tiempo, señor presidente. Y espero que esta iniciativa tenga un buen fin, porque lo que necesitamos es transparentar lo que el Ejecutivo en materia tarifaria está haciendo, y que no vuelva a pasar lo que pasó con el famoso gasolinazo en tres aumentos, y no se vale echarnos la bolita entre poderes, cuando la crisis económica está lacerando a nuestra población. Muchas gracias. Es cuanto.

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y reforma el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 70, 71, fracción II, y 72, apartado h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 62, 63 y demás relativos y conexos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un artículo 31 Bis, un inciso i) de la fracción I del artículo 40 y un inciso g) de la fracción VIII del artículo 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se reforma el artículo 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el marco de la división de poderes, la presente iniciativa busca fortalecer el diálogo y entendimiento entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo en materia de fijación de los precios administrados de las gasolinas y el diesel, respetando el marco de atribuciones normativas que tiene el Ejecutivo para su fijación. Su objetivo es solicitarle al Ejecutivo que informe, a través de un anexo técnico que deberá acompañar a la iniciativa de Ley de Ingresos, sobre el calendario de ajustes previstos en el año fiscal correspondiente con su memoria de cálculo y desagregación de la estructura de precios de las gasolinas y el diesel, destacando los componentes que se prevé sufrirán variaciones.

También se contempla que una vez aprobada la Ley de Ingresos, con base en el anexo técnico previsto en el párrafo anterior, solamente se podrán modificar por parte de la autoridad administrativa el calendario de ajustes en precios, informando previamente al Legislativo con la debida motivación y fundamentación y bajo un escenario grave y excepcional que ponga en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas del país.

Como resultado de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1981, el Ejecutivo federal asumió la responsabilidad de establecer los precios a bienes como gasolinas, diesel, gas, electricidad. Así, en México existen un conjunto bienes y servicios, incluyendo las gasolinas y el diesel, que son producidos y ofertados bajo esquemas de competencia imperfecta, puesto que los provee el gobierno federal, como consecuencia, la determinación de sus precios no responde a criterios de mercado.

De acuerdo al artículo 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública vigente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de establecer los precios de los bienes y servicios de las empresas públicas. Por lo anterior, el precio al público de las gasolinas y el diesel es administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que para su determinación aplica criterios de eficiencia económica y saneamiento financiero y su provisión corre a cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Una de las características más importantes de este sistema de precios administrados en México es que, frente a “shocks” económicos internos o externos, sus ajustes son más lentos que los registrados en mercados con intensa competencia. En contrapartida, en Estados Unidos, ante la presencia de “shocks” económicos, internos o externos, los precios de las gasolinas y el diesel se ajustan de manera automática y casi simultánea.

La existencia de estos sistemas de precios en México y Estados Unidos, diametralmente opuestos, es la explicación de la existencia del subsidio a las gasolinas y el diesel a favor de los consumidores del país, porque ante los altos precios internacionales del petróleo, “shock” externo, el deslizamiento de los precios de estos petrolíferos fue superior en Estados Unidos que en México.

El precio al público de las gasolinas está compuesto, entre otros, por un precio productor, comisión a las estaciones de servicios, fletes y los impuestos al valor agregado y especial sobre producción y servicios. El precio productor de Pemex es la suma de la referencia internacional, un costo de logística y un costo de manejo. Posteriormente se adiciona el IEPS para los estados.

Los precios de referencia de los combustibles se toman de los precios de las gasolinas y diesel en el mercado “spot” de Houston. Debido a que los precios de las gasolinas y el diesel en el mercado “spot” de Houston varían prácticamente todos los días, mientras que en México los precios al público son fijos (o con ajustes predeterminados), la tasa del IEPS es variable, constituyéndose en el elemento de ajuste entre el precio variable del mercado spot y el precio de venta al público en nuestro país. En consecuencia, cuando el precio de referencia sube, la tasa del IEPS disminuye, y viceversa.

Los altos niveles del precio del petróleo en el mercado internacional, han generado que se eleven los costos de producción de los combustibles que se elaboran a partir de este insumo, no obstante, en México, el precio al público de las gasolinas y diesel son administrados por el gobierno federal y no se han ajustado en las mismas proporciones en las que se ha incrementado los costos de producción, tanto para las gasolinas como para el diesel, originando el subsidio. Por ello, el subsidio a las gasolinas y el diesel se incrementó significativamente en el 2008 en México, porque el petróleo principal insumo para la elaboración de estos petrolíferos, registró altos precios en el mercado internacional, elevando sus costos de producción.

Hasta diciembre del 2007, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fundamentalmente ajustaba el precio de venta de la gasolina y el diesel con base en criterios inflacionarios, para evitar que los precios se rezagaran respecto a los costos de producción. Sin embargo, a partir de enero del 2008 modificó su metodología y adicionó dos factores:

• La aplicación de cuotas a las ventas finales de gasolinas y diesel para el fortalecimiento del federalismo (incremento recaudatorio de las haciendas públicas estatales y municipales);

• La eliminación gradual del subsidio, igualando el precio de venta de estos energéticos en el mercado interno con los precios de compra en el mercado internacional.

Con relación al primer factor, el Congreso de la Unión, en el artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación estima, al inicio del ejercicio fiscal, la recaudación esperada por concepto de gasolinas y diesel a través del IEPS.

Esta estimación se divide en dos rubros:

• Los reguladas en el artículo 2-A, fracción I de la Ley del IEPS que establecen la tasa aplicable en cada mes para la enajenación de gasolinas o diesel; y

• Las reguladas en el artículo 2-A, fracción II de la Ley del IEPS que hacen referencias a las cuotas por las ventas finales de gasolinas y diesel y que se destinan a las entidades federativas para el fortalecimiento del federalismo.

Con base en la información proporcionada en la Ley de Ingresos de la Federación para los ejercicio fiscales 2007-2009, el Congreso de la Unión estimó que la recaudación de impuestos por la venta de las gasolinas y diesel serían de 19 mil 189.8 mdp en el año 2007; de 12 mil 348.3 mdp en el 2008; y para el ejercicio fiscal 2009 se estimó un subsidio por 105 mil 871.9 mdp. Es decir, las estimaciones realizadas por el Congreso de la Unión al inicio del ejercicio fiscal, en los años 2007 y 2008 no contemplaron un subsidio –una transferencia por el consumo– de gasolinas y diesel, por el contrario, se esperaba una recaudación de este impuesto.

Sin embargo, en los hechos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y de los Informes de las Finanzas Publicas, dio a conocer cambios significativos a favor de los consumidores, vía diferencial de los precios internos respecto a los externos.

Es decir, para el año 2007, en lugar de haberse llevado una recaudación de impuestos por la venta de las gasolinas y diesel de 19 mil 189.8 mdp; operó un subsidio de 48 mil 324 mdp. Para el año 2008, en lugar de haberse llevado una recaudación de impuestos por la venta de las gasolinas y diesel de 12 mil 348.3 mdp, el subsidio observado fue de 192 mil 645. 10 mdp. Está por cuantificarse el diferencial entre el subsidio autorizado por el Congreso de la Unión de 105 mil 871.9 mdp y lo realmente operado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estas irregularidades, si bien pudieron haber estado justificadas, denotan la opacidad y falta de criterios transparentes para establecer estos precios.

Con relación al segundo factor de ajuste en los precios, establecido por el gobierno federal en el año 2008, bajo la tesis de la igualación de los precios de México con los de Estados Unidos para corregir el subsidio que favorece a los consumidores nacionales, se observa que ello ha incrementado la falta de transparencia y el margen de discrecionalidad con que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como se expondrá a continuación.

El argumento que esgrimió en su momento el Ejecutivo federal fue que la distribución del subsidio tiene una alta regresividad, al beneficiar a los hogares de los ingresos más altos, para lo cual hay consenso. Sin embargo, existen otros factores económicos que deberían evaluarse, como son su impacto inflacionario directo en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (la ponderación que tienen en éste los precios administrados de bienes energéticos es del 7.8 por ciento) y el indirecto que se da por el incremento de los precios de otros bienes y servicios, provocando efectos perniciosos, principalmente para los segmentos más pobres de la población del país.

En este marco, el tamaño del subsidio medido en pesos por litro de petrolífero para junio del 2008 se comportó de la siguiente manera:

En México, el precio de la gasolina Premium era de 8.99 pesos por litro, el de la Magna era de 7.17 pesos por litro y del diesel era de 6.10 pesos por litro. De acuerdo con el Departamento de Energía de los Estados Unidos, en aquel país la gasolina Premium equivalente costaba 12.11 pesos por litro, la Magna equivalente costaba 11.53 pesos por litro y el diesel de bajo azufre costaba 12.39 pesos por litro.

Dada esta información, en junio del 2008, el subsidio a favor de los consumidores locales de la gasolina Premium era de 3.12 pesos por litro, para la Magna era de 4.36 pesos por litro y para el diesel era de 6.29 pesos por litro. Por ello, el subsidio a las gasolinas y el diesel se incrementó en México porque el petróleo, principal insumo para la elaboración de estos petrolíferos, registró altos precios en el mercado internacional, elevando los costos de producción de estos combustibles.

En Estados Unidos, los precios de las gasolinas y el diesel se incrementaron porque están indexados al comportamiento de los precios internacionales del petróleo. En México, estos precios no están indexados, como consecuencia, el subsidio aumentó, porque los precios internos se rezagaron respecto a los existentes en los Estados Unidos.

Sin embargo, es oportuno destacar que entre el segundo y el cuarto cuatrimestre de 2008, los precios internacionales del petróleo se redujeron drásticamente. El promedio del crudo de referencia West Texas Intermediate pasó de 124.10 a 58.36 dólares por barril y el barril de la mezcla mexicana de exportación pasó de 104.73 a 46.19 dólares por barril. Este hecho ocasionó que en Estados Unidos, los precios de las gasolinas y el diesel descendieron durante este periodo, coincidiendo con la caída de los precios internacionales del petróleo. En México los precios de estos petrolíferos continuaron incrementándose durante esta coyuntura. Bajo este escenario, se percibe que la política de precios de las gasolinas y diesel instrumentados en México se ha vuelto obsoleta y se considera prioritaria su revisión e impulso de un nuevo marco normativo y regulatorio que coadyuve a una mayor transparencia en la metodología y criterios del Ejecutivo para establecer ajustes en sus precios.

Por lo anterior, se propone adicionar un artículo 31 Bis de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el que se establece un anexo técnico que incluya el método que se deberá seguir para determinar los precios de las gasolinas y el diesel, además de darle la facultad a la Cámara de Diputados para su revisión. Asimismo, se adiciona un inciso i) de la fracción I del artículo 40 y un inciso g) de la fracción VIII del artículo 42 de la misma Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la finalidad de incluir en la Ley de Ingresos un anexo técnico que explique la metodología que se utiliza para la determinación de los ajustes a los precios de las gasolinas y el diesel y de que las estimaciones de ingresos sean congruentes con el calendario de ajustes a los precios de las gasolinas y el diesel.

Asimismo, se considera pertinente reformar el artículo 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con la finalidad de diferenciar los ajustes a los precios de las gasolinas y el diesel de los demás bienes de la administración pública federal.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan un artículo 31 Bis, un inciso i) de la fracción I del artículo 40 y un inciso g) de la fracción VIII del artículo 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y se reforma el artículo 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo Primero. Se adicionan un artículo 31 Bis, un inciso i) a la fracción I del artículo 40 y un inciso g) a la fracción VIII del artículo 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 31 Bis. Respecto de los precios de las gasolinas y diesel se establecerá a lo siguiente:

El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al elaborar la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal correspondiente, con base en lo previsto en la fracción IV del artículo 74 constitucional, establecerá los ajustes de los precios de las gasolinas y diesel.

Dichos ajustes de precios deberán justificarse por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un anexo técnico, el cual deberá contar con el calendario previsto de ajustes a los precios de las gasolinas y el diesel a lo largo del año fiscal correspondiente, además de la estructura de los precios de forma desagregada, destacando los componentes de dicha estructura de precios que sufrirán variaciones y la relación de precios internos respecto de los externos.

El anexo será revisado y observado por la Cámara de Diputados con apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas a efecto de dictaminar y, en su caso, aprobar la Ley de Ingresos. Aprobada la Ley de Ingresos, solamente se podrán modificar por parte de la autoridad administrativa el calendario de ajustes en los precios de las gasolinas y el diesel, informando previamente a la Cámara de Diputados, con la debida motivación y fundamentación, bajo un escenario grave y excepcional que ponga en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas del país.

Artículo 40. ...

I. ...

a) a h). ...

i) Un anexo técnico en los términos previstos en el artículo 31 Bis de esta ley.

 II. ...

Artículo 42. ...

I. a VII. ...

VIII. ...

a) a f). ...

g) Las estimaciones de ingresos serán congruentes con el calendario de ajustes a los precios de las gasolinas y el diesel, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 Bis.

IX. ...

Artículo Segundo. Se reforma la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 31. ...

I. a IX. ...

X. Establecer y revisar las bases para fijar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal, o bien, las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de Economía y con la participación de las dependencias que correspondan. En el caso de los precios de las gasolinas y el diesel, se estará a lo dispuesto en el artículo 31 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

XI. a XXV. ...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de enero de 2010.— Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Gobernación de la Cámara de Diputados.

LEY DEL REGISTRO PUBLICO VEHICULAR

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Registro Público Vehicular, suscrita por el diputado José Luis Ovando Patrón, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas: Legisladores, vengo a esta tribuna a presentar iniciativa que reforma los artículos 2o., fracción IX; 3o., párrafo primero; 4o., 5o., 7o., párrafo tercero; 9o., 16 y 24, párrafo segundo, de la Ley del Registro Público Vehicular, a cargo del diputado José Luis Ovando Patrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El suscrito diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad concedida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 62, 63 y 65, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., fracción IX; 3o, párrafo primero; 4o., 5o., 7o., párrafo tercero; 9o., 16 y 24, párrafo segundo, de la Ley del Registro Público Vehicular al tenor de la siguiente exposición de motivos.

Los artículos 21 y 73, fracción XXIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fueron reformados en el año de 1994, a fin de establecer los fundamentos jurídicos para aplicar a nivel nacional los principios sobre los cuales la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios se coordinarían para combatir la delincuencia.

En congruencia con lo anterior y respetuoso el legislador federal de la soberanía que consagra nuestra Carta Magna a favor de las entidades federativas que conforman la federación, el 11 de diciembre de 1995 expidió la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Dicha ley en su artículo 2o. establecía que el Sistema Nacional de Seguridad Pública se integraría con las instancias, instrumentos, políticas y acciones tendentes a cumplir con los objetivos y fines de la seguridad pública, creándose como instancia superior del citado Sistema Nacional al Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo, con el objeto de mantener y hacer permanente la funcionalidad del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la ley en comento previó la creación del órgano administrativo desconcentrado denominado Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Derivado de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2000, dicho órgano desconcentrado pasó a formar parte de la Secretaría de Seguridad Pública, teniendo como objeto apoyar la operación y funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Con fecha 1 de septiembre de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que el honorable Congreso de la Unión expidió la Ley del Registro Público Vehicular, la cual tiene por objeto establecer la operación, funcionamiento y administración del Registro Público Vehicular, instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Dicho ordenamiento legal otorgó al Poder Ejecutivo federal diversas facultades para que éste las ejerciera a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Aunado a lo anterior, con fecha 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma, entre otros preceptos legales, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de establecer los principios sobre los cuales la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios se coordinarán para combatir la delincuencia.

Dicho ordenamiento legal retomó la figura del secretariado ejecutivo, con el objetivo de ejecutar y dar seguimiento a las políticas, lineamientos, protocolos, acciones, estrategias, criterios, acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública –instancia superior de coordinación y definición de las políticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública–, ordenamiento que, si bien le otorgó la facultad de administrar y restaurar las bases de datos criminalísticos y de personal del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no se le otorgan facultades sustantivas de inscripción, suministro, validación y actualización de información de las bases de datos de seguridad pública, como lo es el Registro Público Vehicular, razón por la cual el Secretariado Ejecutivo no puede realizar las funciones que prevé el Poder Ejecutivo federal en la Ley del Registro Público Vehicular.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el proyecto de decreto.

Señor presidente, solicito que pueda ser insertada íntegramente esta iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señores legisladores.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Registro Público Vehicular, suscrita por el diputado José Luis Ovando Patrón, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad concedida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 62, 63 y 65, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., fracción IX, 3o., párrafo primero, 4o., 5o., 7o., párrafo tercero, 9o., 16 y 24, párrafo segundo, de la Ley del Registro Público Vehicular, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los artículos 21 y 73, fracción XXIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fueron reformados en el año de 1994 a fin de establecer los fundamentos jurídicos para aplicar a nivel nacional los principios sobre los cuales la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios se coordinarían para combatir la delincuencia.

En congruencia con lo anterior, y respetuoso el legislador federal de la soberanía que consagra nuestra Carta Magna a favor de las entidades federativas que conforman la federación, el 11 de diciembre de 1995 expidió la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, planteando en dicho ordenamiento los mecanismos de coordinación de las autoridades federales, estatales y municipales para prevenir y combatir la comisión de delitos y aplicar las sanciones correspondientes.

Dicha ley, en su artículo 2o. establecía que el Sistema Nacional de Seguridad Pública se integraría con las instancias, instrumentos, políticas y acciones tendentes a cumplir con los objetivos y fines de la seguridad pública, creándose como instancia superior del citado sistema nacional al Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo, con el objetivo de mantener y hacer permanente la funcionalidad del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la ley en comento previó la creación del órgano administrativo desconcentrado Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30, 32, 74 y 75 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de agosto de 1998, para fungir como secretario de acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública y como secretario instructor del Sistema Nacional del Seguridad Pública realizando, entre otras funciones, la administración de los registros nacionales sobre seguridad pública y el servicio de apoyo a la carrera policial.

Derivado de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de noviembre de 2000, dicho órgano desconcentrado pasó a formar parte de la Secretaría de Seguridad Pública, teniendo como objetivo apoyar la operación y funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Con fecha 1 de septiembre de 2004, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que el Congreso de la Unión expidió la Ley del Registro Público Vehicular, la cual tiene por objetivo establecer la operación, funcionamiento y administración de Registro Público Vehicular, instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Dicho ordenamiento legal otorgó al Poder Ejecutivo federal diversas facultades para que éste las ejerciera, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Aunado a lo anterior, con fecha 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma, entre otros preceptos legales, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de establecer los principios sobre los cuales la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios se coordinarán para combatir la delincuencia.

En consecuencia, con fecha 2 de enero de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública reglamentaria del artículo 21 constitucional, la cual tiene por objetivo regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en la materia.

Cabe destacar que dicha ley general abrogó a la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estableciendo en el artículo 17 la naturaleza jurídica del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como un órgano operativo del citado sistema nacional, otorgándole autonomía técnica, de gestión y presupuestal.

Dicho ordenamiento legal, retomo la figura del secretariado ejecutivo, con el objetivo de ejecutar y dar seguimiento a las políticas, lineamientos, protocolos, acciones, estrategias, criterios, acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, instancia superior de coordinación y definición de las políticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ordenamiento que, si bien le otorgó la facultad de administrar y restaurar las bases de datos criminalísticos y de personal del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no se le otorgan facultades sustantivas de inscripción, suministro, validación y actualización de información de las bases de datos de seguridad pública, como lo es el Registro Público Vehicular; razón por la que el secretariado ejecutivo no puede realizar las funciones que prevé el Poder Ejecutivo federal en la Ley del Registro Público Vehicular.

Ahora bien, de conformidad con las fracciones I y XII del artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Seguridad Pública Federal le corresponde desarrollar las políticas de seguridad pública y proponer la política criminal en el ámbito federal, que comprenda las normas, instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz la comisión de delitos; salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, así como preservar la libertad, el orden y la paz pública.

Las funciones de seguridad pública que prevé la citada Ley Orgánica para la Secretaría de Seguridad Pública, se encuentran relacionadas con las atribuciones que la Ley del Registro Público Vehicular le confiere al Poder Ejecutivo federal, razón por la cual se propone que dicha dependencia, sea la encargada de operar, regular, validar y mantener actualizada la información del Registro Público Vehicular, dado que el objetivo de éste es proporcionar seguridad pública y jurídica a los actos que se realicen con vehículos.

Aunado a lo anterior, el Programa Nacional de Seguridad Pública 2008-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo de 2009, estableció como objetivo número 4 garantizar un sistema tecnológico de información y telecomunicaciones avanzado que dé soporte a la estrategia nacional de prevención del delito y combate a la delincuencia para compartir oportunamente información entre las corporaciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, implementando como estrategia 4.1 contribuir a la puesta en marcha de la Plataforma México en los tres órdenes de gobierno, para generar información que optimice la función policial, instituyendo como línea de acción (4.1.4) el uso y explotación de la base de datos del Registro Público Vehicular para proporcionar información veraz, oportuna y confiable.

Asimismo, la nueva Ley de la Policía Federal, establece que dicha institución tiene como objetivos aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención y combate de delitos, y que la investigación para la prevención de delitos es el conjunto sistematizado de acciones y procedimientos encaminados a la planeación, obtención, procesamiento y aprovechamiento de la información, con el propósito exclusivo de evitar la comisión de delitos.

Bajo esta tesitura, resulta inconcluso que el Registro Público Vehicular sea un instrumento indispensable para que eficazmente se prevenga el delito se combata la delincuencia, además de ser necesario para el desarrollo integral de un sistema tecnológico de información indispensable para la consecución de estos fines, por lo que este registro vehicular se encuentra íntimamente ligado a las facultades y objetivos de la Secretaría de Seguridad Pública, correspondiendo a dicha dependencia asumir la operación de éste.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforman los artículos 2o., fracción IX, 3o., párrafo primero, 4o., 5o. 7o., párrafo tercero, 9o., 16 y 24, párrafo segundo, de la Ley del Registro Público Vehicular, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. a VIII. ...

IX. Secretaría: La Secretaría de Seguridad Pública

X. ...

Artículo 3. La aplicación de la presente ley corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la secretaría, la cual tendrá las facultades siguientes:

I. a VII. ...

Artículo 4. En la operación del registro, la secretaría deberá consultar regularmente e informar sobre el desempeño de sus funciones al Consejo Nacional de Seguridad Pública, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo, la secretaría podrá tomar en cuenta las opiniones de las organizaciones de ensambladoras, carroceros, distribuidoras y comercializadoras, así como de instituciones de seguros, instituciones de fianzas, organizaciones auxiliares del crédito y demás que establezca el reglamento de esta ley.

Artículo 5. En lo no previsto expresamente en esta ley, se aplicará supletoriamente la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 7....

...

Por su parte, la secretaría, mediante los instrumentos de información nacional sobre seguridad pública que correspondan, incorporará al registro la información que le proporcionen las procuradurías, relativa a robos, recuperaciones y destrucción de vehículos.

Artículo 9. La secretaría validará y corroborará la información conforme a los sistemas y procedimientos informáticos que resulten aplicables y, en su caso, solicitará las aclaraciones pertinentes.

Artículo 16. La secretaría deberá expedir las constancias de inscripción dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que se realice la inscripción.

Artículo 24....

En caso de que el aviso contenga datos equívocos o incongruentes con los asientos que obren en el registro, la secretaría prevendrá a quien haya presentado el aviso para que realice las aclaraciones respectivas, de conformidad con el reglamento de esta ley.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Todas las menciones que se realicen al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el Reglamento de la Ley del Registro Público Vehicular y los demás ordenamientos legales en materia de Registro Público Vehicular vigentes a la entrada en vigor del presente decreto, se entenderán referidas a la Secretaría de Seguridad Pública.

Tercero. Los asuntos con que cuente el secretariado ejecutivo de conformidad con la Ley del Registro Público Vehicular y demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia, se transferirán a la Secretaría de Seguridad Pública a la brevedad posible.

Cuarto. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de enero de 2010.— Diputado José Luis Ovando Patrón (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Sí, diputada Marcela.

LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

La diputada Marcela Guerra Castillo(desde la curul): Señor presidente, respetuosamente, al finalizar la lectura de la iniciativa que hace rato presenté, me percaté que la Presidencia turnó la misma a las Comisiones Unidas de Presupuesto y de Gobernación, por lo que solicito que, por el tema, también sea turnada a la Comisión de Hacienda.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Si me permite, nada más darle turno a esta iniciativa y con mucho gusto atendemos su solicitud.

LEY DEL REGISTRO PUBLICO VEHICULAR

Tal como lo solicita el señor diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, insértese la iniciativa íntegra en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

Diputada Guerra, su iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Gobernación de la Cámara de Diputados; es el turno que se le dio.

LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

La diputada Marcela Guerra Castillo(desde la curul): Sí, señor presidente, pero solicito, por lo que expuse en el cuerpo de la misma, que también sea turnada a la Comisión de Hacienda, por el tema.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Bien, le ofrezco con mucho gusto que lo estaremos revisando en la reunión de la Mesa Directiva, a efecto de hacer el análisis correspondiente y le daremos respuesta de inmediato.

La diputada Marcela Guerra Castillo (desde la curul): Gracias.

CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Óscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 208 del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Asimismo, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

El diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Con su venia, presidente. Un joven originario de Sinaloa, Víctor Javier Serrano Galván, apodado el G-1, al ser detenido por la unidad especializada en contra de la delincuencia, herido en un pie, declaró ante el Ministerio Público que desde hace cinco años empezó a relacionarse con gente que se dedicaba a actividades ilícitas, a sabiendas que era menor de edad. Dijo que lo hacía porque siempre deseó pertenecer al crimen organizado, porque le gustaban mucho los corridos y cuando los escuchaba siempre soñó con que a él le hicieran uno.

Al joven G-1, al momento de su detención se le encontró, en su poder, una ametralladora Barret, conocida como “la tumba aviones”; soñaba derribar helicópteros de la seguridad pública, participó en la ejecución de más de 30 personas y ordenó ejecutar a sus enemigos, la mayoría de cédulas con menores de edad.

Me refiero en esta iniciativa a la apología del delito. Raúl Corona Sesma, coautor de esta iniciativa y consejero jurídico del ayuntamiento, manifestó que los narcocorridos y las narcopelículas se toman ya por la sociedad como simpáticas, agradables, intrascendentes, inofensivas, y es literalmente todo lo contrario.

El abogado señaló que para poder salir del clóset y darse a conocer a la sociedad, los delincuentes necesitan crear antivalores que los adulen, los admiren, los veneren y glorifiquen.

En ese sentido, estamos proponiendo una iniciativa que reforma el artículo 208 del Código Penal Federal, y el 194, en donde estamos retomando lo que dice acerca de la apología del delito. Dice: Al que provoque públicamente a cometer un delito o haga apología de éste o de algún vicio se le aplicarán de 10 a 180 jornadas de trabajo a favor de la comunidad, si el delito no se ejecutare. En caso contrario, se aplicará al provocador la sanción que corresponda por su participación en el delito.

¿Qué pretendemos con esta iniciativa? Diferenciar ahora y sancionar la simple apología del delito, sin necesidad de que se lleve a la ejecución. No debemos escribir en el aire. Es de suma importancia crear esta figura autónoma jurídica mediante la cual los delincuentes instigan públicamente a la sociedad a que se cometa un delito y no existe ninguna sanción al respecto.

¿La realización del delito protege a quién? A la persona que en este momento lo incita; es decir, no hay ninguna sanción penal, solamente una sanción administrativa.

Nosotros tenemos la obligación de evitar el deterioro del tejido social, salvaguardando la integridad y seguridad en todo ámbito de la ciudadanía. Es primordial impedir la deformación de nuestros valores, evitando la violación de la norma mediante actos reprobables, condenando sobre todo y sancionando penalmente esta exaltación de los antivalores.

Por tanto, se propone esta iniciativa que dice lo siguiente:

Artículo 208 del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. Se reforma el párrafo primero del Código Penal para quedar como sigue:

Artículo 208. Al que provoque públicamente a cometer un delito o haga apología de éste o de algún vicio se le aplicará de uno a tres años de prisión y hasta cincuenta días de multa si el delito no se ejecutare, en caso contrario, se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido.

La sanción prevista en este párrafo anterior se agravará en la mitad tratándose de los delitos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y cuando se utilicen medios masivos de comunicación.

No se procederá cuando se expongan las consecuencias legales adversas derivadas de dicho delito, o cuando el servidor público que en ejercicio de sus funciones y con autorización fundada y motivada de la autoridad competente simule conductas delictivas con el fin de aportar elementos de prueba en una averiguación previa.

La siguiente iniciativa se refiere a las excluyentes que tenemos de encubrimiento el día de hoy. No es posible que el día de hoy a los que tengan algún lazo de amistad en el tema de delincuencia organizada, las personas que tengan ascendencia o descendencia, no se les pueda llamar a declarar porque la ley así lo prevé.

Debemos avanzar, porque la delincuencia así lo ha hecho, en los términos de que la familia, los amigos, las personas con lazos sentimentales, se fundamentan en estos artículos para no proceder a declarar. Igualmente los que auxilian la administración de justicia a veces aportan pruebas falsas para efectos de sacar al delincuente.

En esos términos el jurista Sodi, dice: No se puede concebir sin que el responsable de la falsedad tenga un propósito criminal, un fin de antemano perseguido, del que la falsedad es simplemente un medio que se sirve para alcanzar su realización, por medio de ella se pueden atacar los bienes, la honra, la reputación, etcétera.

Por tanto, estamos sometiendo ante esta Comisión Permanente, el siguiente proyecto de iniciativa que reforma el párrafo primero y se adiciona el numeral 248 Ter del Código Penal Federal y se adicionan los numerales 6 Bis, 41 Bis de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Artículo primero...

Artículo 248 Ter. Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro simule un acto jurídico, un acto o escrito judicial o altere elementos de prueba y los presente en juicio o realice cualquier otro acto tendente a inducir en el error a la autoridad judicial o administrativa, con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, se le impondrán de 6 meses a 6 años de prisión y de 50 a 250 días de salario de multa. Si el beneficio es el de carácter económico, se le impondrán las penas previstas para el delito de fraude.

Este delito se perseguirá de oficio cuando la cuantía o monto exceda de 5 mil veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al momento de realizarse el hecho o se realice dentro de un proceso en materia de delincuencia organizada.

Artículo segundo. Se adiciona el numeral 6 Bis y 41 Bis a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para quedar como sigue:

Artículo 6 Bis. Las excusas previstas en los incisos a), b) y c) del numeral 400 del Código Penal Federal, no procederán tratándose de delincuencia organizada.

Me refiero a las excluyentes de encubrimiento.

Artículo 41 Bis. La excepción prevista en el numeral 243 del Código Federal de Procedimientos Penales no procederá, tratándose de delincuencia organizada.

Presidente, solicito que el texto íntegro se inserte en el Diario de los Debates y se publique en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 208 del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, suscrita por el diputado Óscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Óscar Martín Arce Paniagua, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforman los artículos 208 del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a efecto de regular como delito la apología del mismo, con el fin de prevenir y salvaguardar la seguridad pública, con fundamento en la siguiente

Exposición de Motivos

“La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva”, reza un principio fundamental consagrado en el artículo veintiuno de nuestra Carta Magna y el Estado tiene la obligación de proteger y acrecentar los valores, coadyuvando a la creación, conservación y disfrute de condiciones que contribuyan a un mejor desarrollo social.

Para regular las relaciones entre los individuos de acuerdo a la época, región, etnia, etcétera, con el fin primigenio de generar un ámbito de respeto, tranquilidad y seguridad pública, es necesario que existan leyes eficientes y eficaces que constituyan no solo de manera formal sino material la garantía al bienestar de la sociedad, siendo uno de los principales focos de atención los delitos contra la salud y por consecuencia los actos o hechos jurídicos que propicien o provoquen la realización de éstos.

El derecho tiene como objeto salvaguardar los bienes jurídicos de acuerdo a principios generales, mismos que se toman para que en nuestra función como legisladores consideremos penalizar o despenalizar conductas, por ello es necesario que en la lucha contra la delincuencia se evite la exaltación de un hecho que vaya en contra de la ley y que turbe la tranquilidad pública, como lo es la apología del delito.

El Código Penal Federal en su artículo 208, prevé la apología del delito, cito:

“Al que provoque públicamente a cometer un delito, o haga la apología de éste o de algún vicio, se le aplicarán de diez a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad, si el delito no se ejecutare; en caso contrario se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido.”

En efecto en este sentido y como bien lo menciona Mariano Jiménez Huerta, la frase típica de que “públicamente... haga la apología... de algún vicio, implica algo que se disuelve en el vacío. Esta oquedad se confirma al establecerse penalidad... si el delito no se ejecutare, pero no establece sanción alguna para el caso de que la acción hubiere consistido en la pública apología de algún vicio, con lo cual, implícita pero plenamente la propia ley penal proclama que escribió sobre el aire”.

No escribamos sobre el aire, es de suma importancia que se cree una figura autónoma punible, en la actualidad se sanciona una conducta de participación condicionando a que se consume un hecho delictivo y no la apología de este como hecho independiente, no obstante de propiciar efectos radicalmente negativos en lo que se refiere a la lucha contra la delincuencia, máxime cuando en la actualidad se ha incrementado la cultura de la ilegalidad y la facilidad con que cierto sector de la sociedad comete hechos delictuosos, resultado lógico de la impunidad que impera.

Para que se integre el tipo penal de la “apología de un delito –dice Carlos Creus– se requiere que la conducta sea la instigación a la comisión de un delito determinado, más no dirigida a una determinada persona, sino formulada de un modo que dé aptitud para alcanzar a un número indeterminado de personas, es decir, a una generalidad”.

Considera Jesús Bernal Pinzón que “el delito de instigación pública existe con independencia de la comisión del delito instigado y por tanto, el interés jurídico tutelado no es el mismo que corresponde al delito instigado (que puede ser la vida, el patrimonio, la libertad, etcétera). El hecho de la instigación pública se sanciona porque la logra el sentimiento colectivo de seguridad y confianza en el imperio y en el respeto de la ley penal. La ratio de la acriminación está representada por el peligro de turbación del orden social, peligro que, potencialmente está contenido en los actos idóneos de la instigación pública.

La apología de un ilícito para que se sancione como delito autónomo, debe ser hecha públicamente y sobre esa característica esencial se funda la razón de su acriminación, puesto que se considera que con ella se turba indirectamente la tranquilidad pública, se produce un escándalo, una alarma, una sensación de inseguridad, porque la instigación hecha públicamente puede encontrar un receptor que quiera realizar o ejecutar los delitos de los instigadores y además, porque la ley no puede esperarse a que se comentan los delitos, sino que debe castigar también la probabilidad de comisión creada con la instigación pública”.

Por ello resulta necesario que no solo sea punible la apología de un delito, sino que resulte un agravante el hecho de que a través de los medios masivos de comunicación, provoquen públicamente la realización de un delito, protegiendo el bien jurídico tutelado, por ejemplo, algo tan preciado como la salud.

El delito contra la salud es un ilícito propiamente de peligro y no de resultado concreto, que el juzgador evalúa en su potencialidad por el daño que puede producir en la salud privada o pública dadas las consecuencias degenerativas en la integridad física.

Es así que la producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos, son delitos contra la salud que han afectado de manera grave el bien jurídico tutelado por la norma, que es la salud pública, y resulta preciso que implantemos estrategias que los prevengan, pues de lo contrario permearán aún más la confianza de los ciudadanos en las autoridades, no sólo tomando en cuenta la conducta final del delito, sino también los actos preparatorios convertidos en tipos penales, como sería la apología de éste, pues la intención es prevenir cualquier actividad que provoque en el caso concreto, el consumo de algún narcótico.

Nosotros, como legisladores, tenemos la obligación de evitar el deterioro del tejido social, salvaguardando la integridad y seguridad en todo ámbito de la ciudadanía, es primordial impedir la deformación de nuestros valores evitando la violación de la norma mediante actos reprobables e ilegales, condenando pero sobre todo sancionando penalmente la exaltación de delitos que se pueden presentar como meritorios y dignos de defensa y aceptación por la colectividad. Es por ello que resultan primordiales las reformas que al respecto se plantean.

Así pues, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 208 del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales

Artículo Primero. Se reforma el párrafo primero y se adicionan un párrafo segundo y tercero del artículo 208 del Código Penal Federal y se adiciona el inciso 37 a la fracción I del artículo 194 del Código de Procedimientos Penales, para quedar como sigue

Código Penal Federal

Artículo 208. Al que provoque públicamente a cometer un delito, o haga la apología de éste o de algún vicio, se le aplicarán de uno a tres años de prisión y hasta cincuenta días de multa, si el delito no se ejecutare; en caso contrario se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido.

La provocación pública de un delito, o la apología de este o algún vicio, si no se ejecutare, se agravara en una mitad tratándose de los delitos previstos en la Ley Federal de Delincuencia Organizada.

No se procederá cuando se expongan las consecuencias legales adversas derivadas de dicho delito, o cuando el servidor público que en ejercicio de sus funciones y con autorización fundada y motivada de la autoridad competente, simule conductas delictivas con el fin de aportar elementos de prueba en una averiguación previa.

Código Federal de Procedimientos Penales

Artículo 194. ...

1. a 34. ...

35) Desaparición forzada de personas, previsto en el artículo 215-A;

36) En materia de delitos ambientales, el previsto en la fracción II Bis del artículo 420, y

37) La provocación o apología de delito, previsto en el numeral 208;

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 20 de enero de 2010.— Diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, suscrita por el diputado Óscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Óscar Martín Arce Paniagua, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforman los artículos 248 Ter del Código Penal Federal y se adicionan los numerales 6 Bis y 41 Bis a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el fin de prevenir y garantizar a los gobernados un sistema de procuración e impartición de justicia, con fundamento en la siguiente:

Privilegiados somos señores, tenemos la posibilidad de crear o reformar leyes por nuestra actividad como diputados, siendo la función más importante que compete al Poder Legislativo, pues derivado de ello se administra de una mejor manera el desarrollo y progreso de nuestra nación.

El bien de los gobernados es nuestro fin y por tanto tenemos la obligación de garantizar un sistema de procuración e impartición de justicia con el fin de esclarecer los hechos, evitando la impunidad y en su caso  procurar la reparación del daño, con todos los elementos o pruebas que favorezcan a ello.

Tenemos que en un juicio seguido ante autoridad judicial existen diversos medios de prueba por los cuales las partes pueden acreditar su dicho, como puede ser la declaración de una persona que haya presenciado algún hecho, es decir, mediante la prueba testimonial independientemente del lazo que guarde con el indiciado.

En el Código Federal de Procedimientos Penales, en sus artículos 243 y 243 Bis se exenta a declarar como testigo a las personas estén ligados por parentesco, amistad, estimación, o bien no están obligados  a declarar los profesionistas sobre la información que reciban o conozcan del inculpado por el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, esto representa un entorpecimiento en la investigación y la persecución de los delitos que de acuerdo al artículo 21 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos compete al Ministerio Público, pues la autoridad se debe allegar de todos los elementos necesarios para llegar a una verdad histórica de los hechos.

En tal orden de ideas, no podemos permitir que la propia legislación obstaculice la actividad de la autoridad judicial para que en aras de su función se administre justicia y en particular si existe persona alguna que con independencia del lazo que lo una al posible indiciado posea información reservada y que ayude al esclarecimiento de un caso concreto, deberá tener la obligación de presentarse a declarar ante la autoridad judicial que lo requiera.

Asimismo, tenemos que la justicia es el valor supremo, a la que se pretende llegar con la aplicación de la ley, de acuerdo a la Enciclopedia Omeba, la palabra “justicia se ha usado y se usa para designar el criterio ideal, o por lo menos el principal criterio ideal del derecho (derecho natural, derecho racional, derecho valioso), en suma, la idea básica sobre la cual debe inspirarse el derecho”.

Solamente sobre la verdad se puede dictar una sentencia justa, este es el fin de los procedimientos judiciales y por ello de las leyes se desprenden los medios de prueba para llegar a dicha verdad. En el artículo 247 se regulan los casos en los cuales serán acreedores de pena privativa de la libertad o multa a los que de manera falsa declaren ante autoridad judicial, pues son muchos los casos en que la falsedad se puede cometer y con ella se puede producir una resolución alejada de la verdad y por tanto de la justicia.

Dice Demetrio Sodi que la falsedad “no puede concebirse sin que el responsable tenga un propósito criminal, un fin de antemano perseguido, del que la falsedad es simplemente un medio de que se sirve para alcanzar su realización... por medio de ella se pueden atacar los bienes, la honra, la reputación, etc., se puede cometer un delito contra el estado civil, contra el pudor, contra la salud pública, y aún la traición y los delitos contra la seguridad exterior de la nación.

Incurre en ese delito quien al comparecer ante autoridad judicial afirma hechos falsos o bien niega la verdad, en todo o en parte, Francesco Carrara afirma que “el falso testimonio es un delito social y precisamente un delito contra la justicia pública”.

Pues bien salvaguardemos la justicia pública, dotemos de certeza jurídica al procedimiento judicial en aras de mejores resultados y siempre con el fin de aplicar leyes justas que permitan resolver los conflictos llegando a la verdad histórica de los hechos.

En la actualidad, México sufre un problema nacional, en donde la sociedad piensa que la delincuencia es el principal problema que enfrenta el país, donde la base de la sociedad se encuentra en crisis, nos topamos con mayor frecuencia con familias llamadas “disfuncionales”, desintegradas, en donde ya no inculcan valores morales, principios éticos, en donde los fenómenos sociales afectan directamente al entorno familiar, fenómenos como la delincuencia.

Bajo esta tesitura, el permitir que en el artículo 400 del Código Federal de Procedimientos Penales, se exima de responsabilidad a los ascendientes, descendientes, cónyuge o persona alguna que tenga un vinculo sentimental con el delincuente, es tanto como dejar impune la comisión de un delito, pero sobre todo deja indefensa a la víctima, lo cual va en contra del principio consagrado en el artículo 20 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, “proteger al inocente” y tal parece que el que recibe la garantía de protección es el autor del delito, el que afectó la esfera jurídica de un ciudadano, el que violenta la estabilidad, tranquilidad y seguridad pública.

Es por ello reprobable que la Ley no castigue el encubrimiento de un delito en los casos previstos por los incisos a), b) y c) de la fracción VII del artículo 400 del citado ordenamiento, pues el fin de un estado de derecho es procurar justicia, independientemente de los sujetos que intervengan en ella, pues debemos tomar en cuenta que gracias a ese encubrimiento, en la mayoría de los casos se evita la captura del delincuente o la pena que corresponde a la persona por la comisión de un delito, perturbando e impidiendo la administración de justicia.

Así pues, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el párrafo primero, y se adicionan el numeral 248 Ter del Código Penal Federal y se adicionan los numerales 6 Bis y 41 Bis a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Artículo primero.Se adiciona el numeral 248 Ter del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 248 Ter. Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, simule un acto jurídico, un acto o escrito judicial o altere elementos de prueba y los presente en juicio, o realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa, con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, se le impondrán de seis meses a seis años de prisión y de cincuenta a doscientos cincuenta días multa. Si el beneficio es de carácter económico, se impondrán las penas previstas para el delito de fraude.

Este delito se perseguirá de oficio cuando la cuantía o monto exceda de cinco mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal,  al momento de realizarse el hecho o se realice dentro en un proceso en materia de delincuencia organizada.

Artículo segundo. Se adicionan los numerales 6 Bis y 41 Bis a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 6 Bis. Las excusas previstas en los incisos a, b y c del numeral 400 del Código Penal Federal no procederán, tratándose de delincuencia organizada.

Artículo 41 Bis. La excepción prevista en el numeral 243 del Código Federal de Procedimientos Penales no procederá, tratándose de delincuencia organizada.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 20 de enero de 2010.— Diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Así mismo, las iniciativas se turnan a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Ambas a la misma Comisión.

PERMISO PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Dictámenes de primera lectura. El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de dos dictámenes con proyecto de decreto, de la Primera Comisión de Trabajo, en los que se concede permiso a ciudadanos mexicanos para prestar servicios en diversas sedes diplomáticas en México y para aceptar y usar condecoraciones que confiere el gobierno del Reino de España.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.

La Secretaría diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

La Primera Comisión de trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

En sesión celebrada el 13 de enero del año en curso por la Comisión Permanente se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María del Pilar Jordán Muela, María Paulina Pérez Digón, Jesús Laurencio Cuamea Velázquez y Aracely Castro Piña puedan prestar servicios de carácter administrativo en los Consulados de Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua; Mérida, Yucatán; Nogales, Sonora, y Matamoros, Tamaulipas, respectivamente.

Consideraciones

Que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La Primera Comisión de trabajo considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción II del apartado C) del  artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana María del Pilar Jordán Muela para prestar servicios como cajera en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana María Paulina Pérez Digón para prestar servicios como agente de compras en el Consulado de Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Jesús Laurencio Cuamea Velázquez para prestar servicios como asistente de mantenimiento en el Consulado de Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.

Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Aracely Castro Piña para prestar servicios como auxiliar administrativo/recursos humanos en el Consulado de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 19 de enero de 2010.

La Primera Comisión:Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), diputado Javier Corral Jurado, senador Jesús Garibay García (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica del diputado Miguel Ángel García Granados), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, senador José González Morfín (rúbrica del senador Juan Bueno Torio, en suplencia), senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica del senador Sergio Álvarez Mata, en sustitución), diputado Óscar Martín Arce Paniagua, diputado Adán Augusto López Hernández, senador Arturo Escobar y Vega, diputado Pedro Vázquez González, senador Luis Maldonado Venegas.»

PERMISO PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

La Secretaría diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

La Primera Comisión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen

Antecedentes

En sesión celebrada el 13 de enero del año en curso por la Comisión Permanente, se dio cuenta con la solicitud del ciudadano Miguel Ángel Domínguez Morales, por el que solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Consideraciones

Que el peticionario acreditó su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La Primera Comisión de Trabajo considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III, del Apartado C), del artículo 37 constitucional, se somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Único. Se concede permiso al ciudadano Miguel Ángel Domínguez Morales, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. México, DF, a 19 de enero de 2010.

La Primera Comisión: Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), diputado Javier Corral Jurado, senador Jesús Garibay García (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica del diputado Miguel Ángel García Granados), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, senador José González Morfín (rúbrica del senador Juan Bueno Torio), senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica del senador Sergio Álvarez Mata), diputado Óscar Martín Arce Paniagua, diputado Adán López Hernández, senador Arturo Escobar y Vega, diputado Pedro Vázquez González, senador Luis Maldonado Venegas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias. Quedan de primera lectura.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, si se les dispensa la lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.

La Secretaría diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Se dispensa la segunda lectura. En consecuencia, se solicita a la Secretaría que dé lectura a los proyectos de decreto.

La Secretaría diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Proyecto de decreto que concede el permiso a los ciudadanos María del Pilar Jordán Muela, María Paulina Pérez Digón, Jesús Laurencio Cuamea Velázquez y Aracely Castro Piña, para prestar servicios en los consulados de Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua; Mérida, Yucatán; Nogales, Sonora, y Matamoros, Tamaulipas, respectivamente.

Proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario al ciudadano Miguel Ángel Domínguez Morales, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Están a discusión los dictámenes, en lo general. No habiendo quién haga uso de la palabra para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal, en lo general y en lo particular, de los proyectos de decreto, en un solo acto.

La Secretaría diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los proyectos de decreto. Se pide que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior.

Recabaremos la votación: por la afirmativa, la diputada Enoé Margarita Uranga; por la negativa, el senador Adolfo Toledo Infanzón.

(Votación)

Señor presidente, 26 votos a favor del primer dictamen y 25 votos a favor del segundo dictamen, y una abstención para el segundo dictamen.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Aprobados en lo general y en lo particular los proyectos de decreto que conceden permiso a ciudadanos mexicanos para prestar servicios en diversas sedes diplomáticas en México, y para aceptar y usar la condecoración que confiere el gobierno del Reino de España. Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

Continuamos con dictámenes a discusión. Esta Presidencia acaba de recibir cuatro dictámenes con puntos de acuerdo de la Primera Comisión de Trabajo. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si son de incorporarse en el orden del día.

El Secretario senador Adolfo Jesús Toledo Infanzón: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza la incorporación en el orden del día de cuatro dictámenes con puntos de acuerdo de la Primera Comisión de Trabajo. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se autoriza. En consecuencia, el siguiente punto del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo de la Primera Comisión de Trabajo.

En virtud de que se encuentran distribuidos entre las legisladoras y los legisladores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario senador Adolfo Jesús Toledo Infanzón: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se autoriza. En consecuencia, proceda la Secretaría a dar lectura a los puntos de acuerdo.

VICTIMAS DE FEMINICIDIO

El Secretario senador Adolfo Jesús Toledo Infanzón: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo en relación con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero versus México

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación a implementar los mecanismos necesarios para que el gobierno mexicano dé cabal cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero versus México, suscrita por la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;

II. En el capítulo “Contenido” se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio;

III. En el capítulo “Consideraciones” la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar las proposiciones en análisis.

I. Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de enero de 2010, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de trabajo –de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

II. Contenido

La autora de la proposición que se dictamina se refiere a que, el pasado 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado mexicano de ser responsable de violar el derecho a la vida, a la integridad personal y la libertad personal en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el 6 de noviembre de 2001.

Señala que la sentencia de la CIDH responsabilizó al Estado mexicano de no haber adoptado medidas de protección eficaces e inmediatas ante las denuncias de desaparición de mujeres en Ciudad Juárez documentadas desde 1993; asimismo, determinó que el Estado mexicano incurrió en diversas irregularidades en las investigaciones.

Asimismo, que la Corte determinó que se puede generar mayor impunidad y crear las condiciones para que los factores que inciden en el contexto de violencia persistan o se agraven, ya que el hecho de que no se haya investigado lo suficiente la situación de indefensión de las víctimas y propicia la repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos.

Finalmente señala que se trata de una sentencia sin precedentes para los familiares de las víctimas de feminicidios en México, ya que es la primera resolución en la región que reconoce violaciones reiteradas a los derechos humanos de las mujeres, en donde la respuesta de las autoridades durante todos estos años había sido de tratar los diferentes crímenes como violencia común del ámbito privado, sin reconocer la existencia de un patrón persistente de violencia contra la mujer que tiene raíces más profundas basadas en la discriminación, aunado a una política de desinformación y la falta de acceso a los expedientes y la falta de interés por sistematizar la información de los casos reportados ni por crear un registro de datos que facilitara las investigaciones, la búsqueda y la sanción de los presuntos responsables de los crímenes y que hoy no sólo forman parte de Ciudad Juárez sino que se extiende a otras entidades del país, por lo que formula el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al ciudadano Fernando Gómez Mont Urueta, secretario de Gobernación, a implantar los mecanismos para que el gobierno mexicano dé cabal cumplimiento a la sentencia de fecha 16 de noviembre de 2009, relativas al caso Campo Algodonero contra Estados Unidos Mexicanos, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

III. Consideraciones

La comisión dictaminadora reconoce los derechos humanos desde su creación institucional y normativa como hoy los concebimos, a partir del año 1945 con la carta de San Francisco, en la que se incluyen principios y valores universales de respeto a todos los derechos y libertades del ser humano, para acceder a una vida de calidad, donde impere la justicia, la igualdad, el respeto,  la paz y con ello el desarrollo de un Estado democrático.

La comisión dictaminadora acoge para sustentar lo anterior, un concepto dado por don Antonio Enrique Pérez Luño, que refiere que los derechos humanos son “...un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional 1.

Por ello, la comisión dictaminadora coincide en que el Estado mexicano debe respetar y difundir los derechos humanos mediante mecanismos institucionales y con pleno apego a las leyes nacionales, y documentos internacionales que sean ratificados y aprobados por las instituciones del poder público que corresponden.

En este sentido, la comisión dictaminadora señala que la Convención Americana sobre Derechos Humanos es un instrumento regional de protección y difusión, que siguió el debido proceso interno para que formara parte del orden jurídico mexicano, siendo en 1981 cuando México ratifica y aprueba la adhesión a la convención.

Que la comisión dictaminadora considera los artículos constitucionales que son fundamento para ratificar y aprobar instrumentos internacionales, como los siguientes:

Artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala:

Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

Artículo 133 Constitucional, que a la letra dice:

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.”

El artículo 76 Constitucional, fracción primera, párrafo segundo, que señala:

I. ...

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;”

De tal forma que los tratados internacionales celebrados por el presidente de la república, con aprobación del Senado, son la Ley Suprema de toda la Unión.

Asimismo, la comisión dictaminadora toma en cuenta el artículo 62 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que refiere:

“1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención.

...”

También, la comisión dictaminadora corrobora que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia del caso referido Campo Algodonero, con fecha 16 de noviembre de 2009.

La comisión dictaminadora reconoce la postura del gobierno federal, después de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  encontrándose lo siguiente: que el 10 de diciembre de 2009, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado de prensa mediante el cual señala que “en cumplimiento con el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual México es parte desde 1981, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es definitivo e inapelable. México reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1998.  El gobierno de México estudiará detenidamente la sentencia y llevará a cabo los esfuerzos necesarios para su cumplimiento.  Y que el gobierno de México reitera su firme compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, en particular con el combate a la violencia contra las mujeres y las niñas”.

La comisión dictaminadora concluye que los instrumentos internacionales de derechos humanos son complementarios de la leyes mexicanas, y que las convenciones al tener una naturaleza jurídica vinculante, el Gobierno mexicano ha tomado la debida postura de dar cumplimiento a lo resuelto por la Corte Interamericana ya que reconoció la competencia contenciosa el 16 de diciembre de 1998, pero deberá trasladarlo a los hechos.

Por tanto, la comisión dictaminadora considera procedente el exhorto al titular de la Secretaría de Gobernación y reconociendo que hay adelantos sobre el cumplimiento de la resolución definitiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solicitar que proporcione un informe sobre la situación que guarda el cumplimiento de la sentencia.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de trabajo –de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a implementar los mecanismos para que el gobierno mexicano dé cabal cumplimiento a la sentencia de fecha 16 de noviembre de 2009 relativa al caso Campo Algodonero versus Estados Unidos Mexicanos, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 45, numerales 1 y 3, y 97, numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, solicita al secretario de Gobernación que se sirva remitir a esta soberanía un informe acerca de las acciones que haya realizado o se estén realizando sobre la situación que guarda el asunto concerniente a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el caso Campo Algodonero.

Nota:

1 Pérez Luño, Antonio Enrique, Delimitación conceptual de los Derechos Humanos en la obra colectiva: Los Derechos Humanos. Significación, estatuto jurídico y sistema, ediciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 1979, pp. 43.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de enero de 2010.

La Primera Comisión: Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), diputado Javier Corral Jurado, senador Jesús Garibay García (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica del diputado Miguel Ángel García Granados), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), senador José González Morfín (rúbrica del senador Juan Bueno Torio, en suplencia), senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica del senador Sergio Álvarez Mata, en sustitución), diputado Óscar Martín Arce Paniagua, diputado Adán Augusto López Hernández, senador Arturo Escobar y Vega, diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica en conjunto. Le pido a la Secretaría continúe.

ESTADO DE CHIHUAHUA

El Secretario senador Adolfo Jesús Toledo Infanzón: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita un informe respecto de dos homicidios en el estado de Chihuahua

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua a realizar una investigación expedita de los asesinatos de dos jóvenes en dicha entidad, suscrita por la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;

II. En el capítulo “Contenido” se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio;

III. En el capítulo “Consideraciones” la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar las proposiciones en análisis.

I. Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de enero de 2010, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de trabajo –de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

II. Contenido

En la proposición con punto de acuerdo, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“La violencia contra las mujeres en México y en el mundo sigue siendo una constante y cada vez más agravada problemática que refleja la iniquidad y la injusticia social. Los países integrantes de las Naciones Unidas han impulsado acciones diversas para señalar esa violencia e intentar erradicarla, sin embargo, en muchos de los casos, no ha pasado de buenas intenciones.

”Los países en general no han sabido, no han podido o no han querido, tomar las medidas necesarias para la protección de un derecho humano fundamental: la integridad física de las mujeres.”

Menciona la proponente una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 18 de noviembre pasado, que condenó al Estado mexicano por la violación de los derechos humanos de Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monárrez, los días 6 y 7 de noviembre de 2001, en el predio conocido como Campo Algodonero, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Refiere la proponente los siguientes hechos:

• Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado 505 asesinatos contra mujeres de 1993 a la fecha, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y son ya 22 las jóvenes menores de edad que han desaparecido en 2009 en esta ciudad.

• Hasta el momento “no se han registrado avances en las investigaciones de los asesinatos tanto a nivel estatal como municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua”.

• Que “el pasado 29 de noviembre, en Ciudad Juárez, el joven Jesús Alfredo Portillo fue asesinado a balazos por dos sujetos cuando se encontraba en un establecimiento comercial, tenía 27 años y era estudiante de diseño gráfico. El joven era yerno de Marisela Ortiz Rivera, vocera y fundadora de la organización social Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que desde 2001 ha venido impulsando y acompañando diversas denuncias de desaparición y asesinato de mujeres y niñas en Ciudad Juárez”.

“Un día antes, el 28 de noviembre, en la región serrana de Tomochi, en Chihuahua, hombres encapuchados raptaron, violaron y asesinaron a la profesora Flor Alicia Gómez López, de 23 años, sobrina de Alma Gómez Caballero, activista de la organización Justicia para Nuestras Hijas, en Ciudad Juárez, Chihuahua.”

Por lo que formula el siguiente:

“Punto de Acuerdo

”Único: Se exhorta a la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua a realizar una investigación expedita de los asesinatos de los jóvenes Jesús Alfredo Portillo y Flor Alicia Gómez López, solicitando que a la brevedad envíe un informe por conducto de la Comisión de Justicia a esta soberanía de los avances en las pesquisas.”

III. Consideraciones

Los integrantes de la comisión dictaminadora ven con simpatía y solidaridad la intención de la proponente de fomentar el respeto a los derechos humanos de mujeres y hombres, sobre todo si involucran a personas y organizaciones que buscan la protección de los derechos fundamentales.

En el caso, como lo reconoce expresamente en su parte introductoria la autora de la proposición que se dictamina, se trata de un asunto del ámbito local, de la jurisdicción y competencia de las autoridades judiciales del estado de Chihuahua.

El cuerpo de asistencia técnica de esta comisión dictaminadora realizó la investigación pertinente y sólo pudo constatar en medios impresos de comunicación lo expresado por la proponente, sin que se hayan encontrado mayores datos que los aportados por ésta.

Asimismo, en razón de que, como lo afirma la proponente, “no se han registrado avances en las investigaciones de los asesinatos tanto a nivel estatal como municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua” y toda vez que no se aportan elementos suficientes para que los integrantes de la comisión dictaminadora puedan normar debidamente su criterio y orientar una solución adecuada, jurídica y práctica a este asunto, así como si se han iniciado o no las investigaciones correspondientes y la situación que pudieran guardan las mismas.

Por lo que esta comisión dictaminadora estima prudente que en aras de darle continuidad al asunto planteado por la autora de la proposición, se solicite la información relativa al estado que guardan las investigaciones.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de trabajo –de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del Pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, solicita respetuosamente al ciudadano gobernador del estado de Chihuahua, con la participación que corresponda del titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, que remita un informe a esta soberanía sobre el estado procesal que guardan las investigaciones de los homicidios de los jóvenes Jesús Alfredo Portillo y Flor Alicia Gómez López, por conducto de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de enero de 2010.

La Primera Comisión:Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), diputado Javier Corral Jurado, senador Jesús Garibay García (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica del diputado Miguel Ángel García Granados), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), senador José González Morfín (rúbrica del senador Juan Bueno Torio, en suplencia), senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica del senador Sergio Álvarez Mata, en sustitución), diputado Óscar Martín Arce Paniagua, diputado Adán Augusto López Hernández, senador Arturo Escobar y Vega, diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto. Continúe la Secretaría.

DELITOS CONTRA PERIODISTAS

El Secretario senador Adolfo Jesús Toledo Infanzón: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para solicitar información en materia de delitos cometidos contra periodistas

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal que tome las medidas necesarias para investigar a fondo las muertes de periodistas e impedir que se sigan suscitando agresiones en contra de éstos, suscrita por el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;

II. En el capítulo “Contenido” se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio;

III. En el capítulo “Consideraciones” la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar las proposiciones en análisis.

I. Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de enero de 2010, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de trabajo –de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

II. Contenido

En la proposición con punto de acuerdo, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“Por la evidente influencia que el periodismo tiene en la sociedad, este suele ser conocido como ‘el cuarto poder’. Debido a la alarmante situación de inseguridad en nuestro país, el periodismo se ha convertido en una de las profesiones más riesgosas. El periodista, hoy día, desarrolla su profesión en una situación sumamente vulnerable, a consecuencia de que la libertad de prensa se ha visto repetidamente obstruida por acontecimientos violentos.

”Cada vez son más los comunicadores que, en el ejercicio de su profesión, son víctimas de amenazas, intimidaciones, persecuciones, atentados, desapariciones forzosas y en el peor de estos casos, la muerte, como le ha ocurrido a 148 periodistas en los últimos 39 años.”

Enseguida, el proponente refiere una serie de delitos cometidos contra periodistas, desde 1984 a la fecha, en diversas partes del territorio nacional y algunos abusos de autoridad “en sentido lato”, por parte de funcionarios públicos en contra de periodistas y luchadores sociales mexicanos.

Concluye el proponente al señalar que:

”...el fenómeno de la violencia contra los periodistas incluye desde la intimidación y la violencia ‘legal’ hasta la violencia física, secuestro y homicidio contra periodistas y trabajadores de la industria de los medios de comunicación. Para hablar sobre violencia contra la prensa hay que considerar una definición amplia de ésta.

”La Unidad de Libertad de Expresión de la Fundación Manuel Buendía considera la siguiente tipología de agravios contra las libertades de expresión e información:

”1. Ataques públicos o embozados a periodistas: a) acoso u hostigamiento, b) agresión física, c) allanamiento, d) amenazas e intimidación, e) anuncio de bloqueo informativo, f) asesinato, g) atentado a la vida, h) censura, i) decomiso de material, j) desaparición, k) espionaje, l) insultos, ll) intento de secuestro, m) obstaculización, bloqueo informativo, veto o restricciones, n) secuestro.

”2. Hechos que pueden significar inhibición o presiones a periodistas: n) arbitrariedad en la edición, o) anuncio de demanda, p) auto de formal prisión, q) cita a comparecer, r) demanda, s) despido, t) detención por parte de autoridades, u) orden de aprehensión, v) renuncia inducida, w) robo, x) soborno, y) suspensión, z) cateo.

”3. Ataques públicos o embozados a medios: a) allanamiento, b) amenazas e intimidación, c) amenazas de confiscación, d) amenazas de toma, e) atentado, g) bloqueo informativo, h) censura, i) confiscación, j) toma.

”4. Hechos que pueden significar inhibición o presiones a medios: k) anuncio de bloqueo publicitario, l) anuncio de demanda, ll) auditoría fiscal, m) bloqueo publicitario, n) cancelación de un programa o de una concesión, n) cierre temporal o clausura de una emisora, o) demanda, p) embargo, q) robo, r) anuncio de bloqueo informativo.

”Un aspecto preocupante de la violencia contra periodistas es que la frecuencia de asesinatos de periodistas a nivel mundial se encuentra en ascenso. Además, la mayoría de los homicidios de periodistas son perpetrados en periodos de paz y en la mayoría de los casos (87 por ciento) la justicia local no logra identificar a los victimarios ni iniciar procedimientos legales.”

Abunda la proponente en detallar y resaltar algunos comentarios sobre lo anterior y formula el siguiente

“Punto de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo federal y, a través de éste, solicita a la Procuraduría General de la República (específicamente a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas) que informe a esta soberanía sobre los resultados de las investigaciones y los procesos criminales seguidos en contra de los presuntos responsables de agresiones y homicidios perpetrados en contra de reporteros y periodistas, en donde se demuestre que los responsables de lo diversos crímenes han sido debidamente juzgados y sancionados.

”Segundo. Se tomen las medidas necesarias para frenar la oleada de delitos cometidos en contra de los medios de comunicación y de los comunicadores. Debiendo investigar hasta sus últimas consecuencias los hechos y esclarecer de manera pronta si estuvieron vinculados con la actividad periodística. Asimismo, se adopten los mecanismos adecuados para la protección de los periodistas en México.

”Tercero. Se considere la creación, desde el seno de esta soberanía, de una comisión especial contra las agresiones a periodistas y en defensa de la libertad de expresión.”

III. Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, considerando conveniente y procedente que el Congreso de la Unión se encuentre mejor informado sobre la actuación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas.

Por lo que hace al segundo resolutivo, la comisión dictaminadora considera que es facultad de las autoridades federales, estatales y municipales, llevar a cabo las medidas necesarias para salvaguardar el ejercicio de la profesión de los periodistas, por lo que la Comisión Dictaminadora considera procedente solicitar la información relativa a las medidas y mecanismos que se han adoptado o que se vayan adoptar para la protección de los periodistas en México.

En relación con el tercer resolutivo, la comisión dictaminadora toma en cuenta que en la Cámara de Diputados ya existe una Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación.

Por otra parte, se toma en cuenta que las labores de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura terminarán el próximo 31 de enero de 2010, por lo que no se tendrá el tiempo necesario para recibir, procesar y dar seguimiento a la información que, en su caso, produzca la fiscalía mencionada; además, en la Cámara de Diputados está funcionando la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, por lo que se propone que la información relativa se remita la Procuraduría General de la República a dicha Comisión Especial de la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores.

Por lo expuesto, la Primera Comisión de trabajo –de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 45, numerales 1 y 3, y 97, numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, solicita al titular de la Procuraduría General de la República que informe sobre las labores realizadas por la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra Periodistas, desde su creación hasta la fecha, en el ejercicio de sus atribuciones, los objetivos planteados para el presente año, las denuncias atendidas, el número de investigaciones resueltas y en proceso y el estado en que se encuentran. Asimismo, que informe sobre las medidas y mecanismos que se han adoptado o que se vayan adoptar para la protección de los periodistas en México.

Se solicita que la información en la materia a que se refieren los párrafos anteriores se remita con la mayor brevedad a la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de enero de 2010.

La Primera Comisión:Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), diputado Javier Corral Jurado, senador Jesús Garibay García (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica del diputado Miguel Ángel García Granados), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), senador José González Morfín (rúbrica del senador Juan Bueno Torio, en suplencia), senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica del senador Sergio Álvarez Mata, en sustitución), diputado Óscar Martín Arce Paniagua, diputado Adán Augusto López Hernández, senador Arturo Escobar y Vega, diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto. Por favor, continúe la Secretaría.

MIGUEL ANGEL PEREZ CAZALES

El Secretario senador Adolfo Jesús Toledo Infanzón: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita un informe del homicidio del líder indígena Miguel Ángel Pérez Cazales

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo relativa al asesinato del líder indígena Miguel Ángel Pérez Cazales, suscrita por el senador José Guadarrama Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;

II. En el capítulo “Contenido” se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio;

III. En el capítulo “Consideraciones” la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar las proposiciones en análisis.

I. Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de enero de 2010, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de trabajo –de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

II. Contenido

Por su contenido, se reproduce literalmente:

“Miguel Ángel Pérez Cazales, herrero de profesión y comunero del poblado indígena de Santa Catarina, Tepoztlán, Morelos, tenía 50 años de edad. La mañana del 31 de octubre de 2009 salió de su domicilio para realizar un presupuesto y ya no regresó. Ese día su cadáver fue encontrado en un terreno baldío en el poblado de Ahuatepec, al norte de Cuernavaca, Morelos, con un “tiro de gracia” en la nuca. Había sido vilmente golpeado y torturado.

”La víctima, al igual que su padre –asesinado en 1992–, emprendió una lucha por preservar el agua y los bosques del área de El Texcal ante los asentamientos irregulares. Incansable luchador social por la defensa de las tierras de Santa Catarina, Miguel Pérez Cazales era dirigente del Consejo de Pueblos de Morelos y representante de éste en la negociación para resolver el problema de tierras entre la comunidad de Tejalpa y Santa Catarina.

”Miguel Ángel Pérez Cazales se había integrado activamente a la lucha de los 13 de pueblos de Morelos, siempre apoyando las luchas por los recursos naturales de las comunidades indígenas de la entidad. Encabezó la lucha para detener la construcción de viviendas en las cercanías de los manantiales de Morelos y fue siempre un líder comprometido con la defensa del medio ambiente y la solución pacífica de los diferendos relacionados con los derechos de propiedad.

”Hoy, todos los involucrados en la firma del convenio de delimitación de tierras entre Tejalpa y Santa Catarina se encuentran amenazados de muerte.

”Es por ello que los integrantes del Consejo de Morelos se han acercado a nosotros para solicitar la intervención de legisladores y autoridades locales y federales, a efecto de detener las ejecuciones arbitrarias, garantizar la seguridad de quienes han sido amenazados y realizar las investigaciones que sean necesarias para llevar a los culpables ante la justicia.

”De igual forma, los representantes de las comunidades indígenas de referencia hacen un llamado urgente y extienden una invitación para que abrir un diálogo con ellos sobre estos crímenes y diversas violaciones a los derechos humanos”, con esas consideraciones, se propone el siguiente:

”Punto de Acuerdo

”Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que realicen una investigación sobre el asesinato del líder indígena Miguel Ángel Pérez Cazales.

”Segundo. La honorable Comisión Permanente exhorta a las autoridades de Morelos a que tomen las medidas pertinentes para garantizar la seguridad y la integridad física de los comuneros de Tejalpa y de Santa Catarina.”

III. Consideraciones

Los integrantes de la comisión dictaminadora ven con simpatía y solidaridad la intención de la proponente de fomentar el respeto a los derechos humanos, sobre todo si involucran a personas y organizaciones que buscan la protección de los derechos fundamentales, como se señala, se trata de Miguel Ángel Pérez Cazales, a quien el mismo proponente reconoce su carácter de “luchador social por la defensa de las tierras de su pueblo Santa Catarina, dirigente del Consejo de Pueblos de Morelos y representante del mismo en la negociación para resolver el problema de tierras entre la Comunidad de Tejalpa y Santa Catarina”.

El cuerpo de asistencia técnica de esta comisión dictaminadora realizó la investigación pertinente y pudo constatar en medios de comunicación que el Congreso del estado de Morelos, a través de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por el diputado Fidel Demédicis Hidalgo, “exigió a la Procuraduría General de Justicia del Estado que esclarezca el asesinato del luchador social Miguel Ángel Pérez Cazalez” y que “se reunirán con la Comisión de Derechos Humanos del estado, encabezada por Fausto Gutiérrez Aragón para tratar el tema y exigir el pronto esclarecimiento del asesinato del líder social”, también se encontró que ya se estableció contacto con el  procurador estatal, quien tendrá que rendir a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de Morelos un informe detallado de los avances en la investigación de este crimen, en este sentido la comisión dictaminadora reconoce la postura de las autoridades locales y en especial la del Congreso estatal.

Por lo expuesto, la comisión dictaminadora no considera procedente solicitar la intervención de los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para realizar una investigación sobre el asesinato del líder indígena, toda vez que, al ser un asunto del ámbito local, las autoridades locales han iniciado las investigaciones correspondientes. Ahora bien, lo que esta comisión dictaminadora estima prudente, en aras de darle continuidad al asunto planteado por el autor de la proposición y con el conocimiento de que las investigaciones se están llevando a cabo, es que se remita un informe sobre dichas investigaciones.

Por lo expuesto, la Primera Comisión de trabajo –de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del Pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, solicita respetuosamente al ciudadano gobernador del estado de Morelos, con la participación que corresponda del titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, que remita un informe a esta soberanía sobre el estado que guardan las investigaciones del homicidio del líder indígena Miguel Ángel Pérez Cazalez, por conducto de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de enero de 2010.

La Primera Comisión: Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), diputado Javier Corral Jurado, senador Jesús Garibay García (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica del diputado Miguel Ángel García Granados), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), senador José González Morfín (rúbrica del senador Juan Bueno Torio, en suplencia), senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica del senador Sergio Álvarez Mata, en sustitución), diputado Óscar Martín Arce Paniagua, diputado Adán Augusto López Hernández, senador Arturo Escobar y Vega, diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se considera suficientemente discutido.

Le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba este punto de acuerdo y los anteriores reservados.

El Secretario senador Adolfo Jesús Toledo Infanzón: Sí, presidente. En votación económica se pregunta si se aprueba este punto de acuerdo y los anteriormente reservados. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor senador. Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

DESARROLLO SOCIAL Y EDUCATIVO DE NIÑOS DE PADRES MIGRANTES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario senador Adolfo Jesús Toledo Infanzón: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se autoriza. En consecuencia, proceda la Secretaría a dar lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario senador Adolfo Jesús Toledo Infanzón: «Dictamen de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a garantizar el normal desarrollo social y educativo de los niños de padres migrantes que permanecen en sus comunidades de origen

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, para que a través de las dependencias correspondientes se adopten medidas para mejorar la situación de los niños y niñas de padres migrantes y garantizar su normal desarrollo social y educativo a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

I. El pasado 13 de enero de 2009, el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, para que a través de las dependencias correspondientes, se adopten medidas para mejorar la situación de los niños y niñas de padres migrantes y garantizar su normal desarrollo social y educativo.

II. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha solicitud de punto de acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

I. El autor de la proposición, en síntesis, justifica el punto de acuerdo cuya emisión solicita al pleno de esta soberanía en los siguientes argumentos:

- Que la migración en México con el paso de los años se ha vuelto una actividad ordinaria, realidad que impone retos y genera problemáticas de las que no podemos permanecer al margen. Los procesos migratorios de los humanos obedecen a causas políticas, pero principalmente y sobre todo en nuestro país responden a causas económicas.

- Que las personas que se trasladan del sur al norte son hombres y mujeres que se van de su lugar de nacimiento buscando mejores condiciones de vida, porque en su tierra prevalece el desempleo, el hambre y la pobreza.

- Que el fenómeno de la migración se incrementa año con año y plantea al interior de las comunidades rurales expulsoras, problemáticas que no deben pasar inadvertidas y que necesariamente tienen que ser atendidas por el gobierno mexicano.

- Que los niños hijos de padres migrantes, son de los grupos que mas resienten las consecuencias de la migración. Según encuestas realizadas por diversas organizaciones apuntan en que tres de cada diez hogares de las comunidades rurales no hay presencia del padre ni de la madre de familia de estos niños.

- Que la orfandad, el abandono y la situación de indigencia se han vuelto situaciones cotidianas que miles de niños mexicanos de estas comunidades rurales viven actualmente.

- Que la profesionalización y la educación ya no representan una opción para mejorar su calidad de vida, el trabajo en el campo tampoco representa un interés para estas generaciones.

- Que en nuestro país, los derechos de la niñez se encuentran amparados en el artículo 4° de nuestra Constitución, el cual establece en su párrafo sexto que: los niños y las niñas tienen el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

- Que la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de la Niñez, establece en su artículo 20 lo siguiente: “Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado”. En este sentido, todo infante tiene derecho a una protección y ayuda especiales en el caso que no tenga padres o que estos no estén con ellos.

- Que el redoblar esfuerzos para fortalecer el sano desarrollo social y educativo de los niños y niñas en estas zonas, es urgente y perentorio, además de ser uno de los principales retos que México debe enfrentar para salir airoso.

Por lo anterior, la proposición concluye con los siguientes puntos resolutivos:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que, a través de las dependencias correspondientes, se lleve a cabo un estudio para valorar el fenómeno de los hijos de migrantes que se quedan en sus comunidades de origen.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que, a través de las dependencias correspondientes, adopte las medidas necesarias para mejorar la situación de los niños y niñas de padres migrantes que permanecen en sus comunidades de origen y garantizar su normal desarrollo social y educativo.

II. La comunidad internacional se ha pronunciado en múltiples ocasiones a favor del interés superior del niño. Nos dice... que, tal principio es uno de los mecanismos para considerar el interés del niño como un interés que debe ser público y jurídicamente protegido.

Respecto al tema de los niños y niñas de padres migrantes que permanecen en sus comunidades de origen, y de aquellos que se ven obligados a emprender el éxodo junto con sus padres, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de la Niñez establece en su artículo 20 que los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.

Es así, que el gobierno federal implementó en el año 2001 el Programa Intersecretarial Programa 3x1 para Migrantes. Tales líneas de acción, apoyan a las iniciativas de los mexicanos que viven en el exterior y les brinda oportunidad de canalizar recursos a México, en obras sociales que benefician a sus comunidades de origen.

El 3x1 beneficia directamente a los habitantes de las comunidades y a las familias de los migrantes; además, favorece a las zonas más pobres del país. La cobertura del programa va desde el saneamiento ambiental y conservación de los recursos hasta el brindar los servicios básicos de educación, salud y transporte.

El Programa 3x1 para Migrantes aunque limitado en su cobertura y beneficio, es de las pocas acciones del gobierno federal para atender la lamentable situación a la que se enfrentan los niños de padres migrantes que se quedan en sus comunidades de origen. Por ello, es sumamente importante que el Estado mexicano a través de sus poderes y órdenes de gobierno trabajen de manera conjunta para garantizar en términos del artículo 4° constitucional los derechos de los niños.

En atención al primer resolutivo propuesto, es preciso señalar que la Sedesol y demás autoridades de la administración pública federal (SEP, DIF, SER, etc.) realizan una evaluación  previa al otorgamiento de ayudas del Programa 3x1 , pero dicha evaluación versa sobre los estudios o proyecciones propuestas por los posibles beneficiarios del programa, la cual valora el impacto que genera el fenómeno de la migración en los hijos de migrantes que se quedan en sus comunidades de origen –entre otras problemáticas sociales–. Sin embargo, es una investigación o análisis sumamente vago, que no atiende el fenómeno de los niños y niñas de una manera integral.

Asimismo, si bien se atiende parcialmente al objeto de la proposición, esta dictaminadora considera necesario realizar un exhorto al titular del Ejecutivo federal para garantizar el pleno desarrollo social y educativo de los niños.

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración del pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que, a través de las dependencias correspondientes, se lleve a cabo un estudio para valorar el fenómeno de los hijos de migrantes que se quedan en sus comunidades de origen.

Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que, a través de las dependencias correspondientes, adopte las medidas necesarias para mejorar la situación de los niños y niñas de padres migrantes que permanecen en sus comunidades de origen y garantizar su normal desarrollo social y educativo.

Sala de Comisiones, salón E de Cristales, ubicado en el primer piso del edificio G de la Cámara de Diputados, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 19 días del mes de enero de 2010.

La Segunda Comisión: Senador Rubén Fernando Velázquez López, presidente; senador Jorge Ocejo Moreno (rúbrica), diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), secretarios; senador José Guadarrama Márquez, senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica), senador Guillermo Enrique Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (rúbrica), senadora Martha Leticia Sosa Govea, diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica), diputado Óscar Arce Paniagua (rúbrica), diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), diputado Pedro Vázquez González.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto. Continúe la Secretaría.

REPUBLICA DE CUBA

El Secretario senador Adolfo Jesús Toledo Infanzón: «Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a hacer un respetuoso llamado al gobierno de Estados Unidos de América a fin de considerar la posible exclusión de Cuba como país patrocinador del terrorismo

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo para que a través de la cancillería se exhorte al gobierno de Estados Unidos de América a excluir a Cuba de la lista de los países promotores del terrorismo, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, los miembros de esta Segunda Comisión que suscriben someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

I. El 13 de enero de 2009 el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal que a través de la cancillería se exhorte al gobierno de Estados Unidos de América a excluir a el país de Cuba en la lista de los países promotores del terrorismo.

II. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que dicha solicitud de punto de acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

I. El Senador autor de la citada proposición expone sus argumentos, bajo el siguiente orden:

1. Manifiesta que a partir del fallido atentado que sufrió Estados Unidos en la navidad de 2009, contra un avión de la aerolínea estadounidense Northwest Airlines, la Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos comenzó a aplicar medidas adicionales de control de seguridad, en todos los aeropuertos del mundo, a todos los pasajeros que pretenden llegar a territorio de ese país, procedente de los países designados por el Departamento de Estado como “patrocinadores del terrorismo internacional”, entre los que, arbitraria e injustamente, se incluye a Cuba, junto a Irán, Siria y Sudán, así como de otros países considerados “de interés”, que son Afganistán, Argelia, Irak, Líbano, Libia, Nigeria, Pakistán, Arabia Saudita, Somalia y Yemen. Dichas medidas también serán aplicables a cualquier persona que haga escala en alguno de estos 14 países.

2. Puntualiza que Cuba es el único país que no encaja como catalogado de terrorista, ya que no representa una amenaza de terrorismo.

3. Precisa que los pasajeros que tengan alguna de las nacionalidades ya referidas serán objeto de revisiones corporales adicionales, su equipaje de mano será minuciosamente revisado y podrán ser sometidos a refinadas técnicas de detección de explosivos o de escáner por imágenes.

4. Refiere que el 5 de enero de 2010, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Sección de Intereses de Cuba en Washington presentaron una nota de protesta a la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana y al Departamento de Estado, respectivamente, en las que se rechaza categóricamente esta nueva acción hostil del gobierno de Estados Unidos, que se deriva de la inclusión injustificada de Cuba en la llamada lista de Estados patrocinadores del terrorismo, por razones meramente políticas, que tienen como único propósito justificar la política de bloqueo, que la comunidad internacional ha condenado de manera abrumadora.

5. En la nota del ministerio se puntualiza que los hechos demuestran el récord impecable de Cuba en materia de enfrentamiento al terrorismo, del que ha sido históricamente víctima; reitera que son totalmente infundados los argumentos que emplea el gobierno de Estados Unidos para justificar la inclusión de Cuba en el listado de “Estados patrocinadores del terrorismo internacional”, y demanda su inmediata exclusión de esta lista arbitraria.

6. El documento precisa que, como parte de su política de hostilidad y de sus campañas de propaganda para tratar de desacreditar la imagen de la Revolución Cubana, en 1982 el Gobierno de Ronald Reagan incorporó injustamente a Cuba en la lista anual del Departamento de Estado sobre los “Estados patrocinadores del terrorismo internacional”, mucho antes de que se produjera el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York. Esta inclusión conllevó la aplicación de nuevas sanciones económicas, incluyendo el congelamiento de transacciones financieras, prohibiciones de transferencias de tecnología y medidas restrictivas y de aislamiento contra el país y sus ciudadanos. Estas sanciones se sumaron a las ya severas medidas impuestas por el bloqueo económico, comercial y financiero decretado desde inicios de la Revolución.

7. Señala de manera precisa que la Declaración del Gobierno de la Isla siempre ha tenido un desempeño ejemplar en la lucha contra el terrorismo, y para muestra baste recordar:

a) Cuba condena todos los actos de terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones; el territorio de Cuba nunca ha sido utilizado ni se utilizará jamás para organizar, financiar o ejecutar actos terroristas contra ningún país, incluyendo a Estados Unidos.

b) Cuba es Estado parte de los 13 convenios internacionales existentes en materia de terrorismo y cumple estrictamente las obligaciones emanadas de las resoluciones 1267, 1373 y 1540 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en esta esfera.

c) La Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba aprobó, el 20 de diciembre de 2001, la Ley 93 “Contra actos de terrorismo”, la cual tipificó todos los actos de terrorismo internacional como delitos graves y estableció penas muy severas.

d) En este espíritu, Cuba ha cooperado, incluso activamente, con el gobierno de Estados Unidos. En tres ocasiones (noviembre de 2001, diciembre de 2001 y marzo de 2002), Cuba propuso a las autoridades norteamericanas un proyecto de Programa de cooperación bilateral para combatir el terrorismo, y en julio de 2009 Cuba reiteró su disposición a cooperar en esta esfera.

8. Precisa oportunamente que a principios del próximo mes de febrero se llevará a cabo en La Habana, Cuba, la undécima Reunión Interparlamentaria México-Cuba, hecho que será una muestra más de que la relación bilateral entre nuestros hermanos países es cada día mejor, y será el perfecto escenario para permitir y coadyuvar a que esta relación diplomática sea lo que en otras épocas fue.

Por lo anterior, la proposición concluye con los siguientes puntos resolutivos:

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión reprueba de manera rotunda y categórica la inclusión de Cuba como un país patrocinador del terrorismo internacional.

Segundo. La Comisión Permanente extiende un respetuoso llamado al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en nombre del Gobierno Mexicano se exhorte de manera respetuosa al gobierno de Estados Unidos excluir a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.

II. Se debe tener presente que Cuba y México han compartido a lo largo de su historia experiencias comunes y una ancestral identidad cultural; ambos países se han mantenido juntos por siglos, pero esa unidad de identidad común se requiere estrechar hoy más que nunca.

Las relaciones bilaterales con la isla, así como con Estados Unidos de América, han tenido como marco los principios normativos de la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; igualdad soberana de los Estados; preservación de la paz y seguridad internacionales y fomento de las relaciones de amistad entre naciones.

La Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados, adoptado mediante resolución 2625 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas dicta que ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier índole para coaccionar a otro estado a fin de lograr que se subordine el ejercicio de sus derechos soberanos y obtener de él ventajas de cualquier orden.

Asimismo, todos los Estados deberán también abstenerse de organizar, apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar actividades armadas, subversivas o terroristas encaminadas a cambiar por la violencia el régimen de violencia el régimen de otro Estado.

No está de más, el mencionar que los Estados tienen el deber de cooperar entre sí, independientemente de sus diferencias en sus sistemas políticos, económicos y sociales a fin de mantener la paz y la seguridad internacional.

Con base en dichos principios y a los siguientes hechos, se considera que el Gobierno Cubano en los últimos años:

a) Ha manifestado a Estados Unidos su disposición a intercambiar información sobre planes de atentados y acciones terroristas dirigidas contra objetivos en cualquiera de los dos países.

b) En 1984 alertó sobre un plan de atentado contra el presidente Ronald Reagan que condujo a la neutralización de los involucrados por parte de las autoridades estadounidenses.

c) En 1998 le trasladó a la Administración de William Clinton información sobre planes de hacer estallar bombas en aviones de líneas aéreas cubanas o de otros países que viajaban a Cuba.

d) Ha entregado al gobierno de Estados Unidos abundante información sobre actos terroristas cometidos contra Cuba.

e) En 1997, 1998, 2005 y 2006 entregó al FBI cuantiosas evidencias sobre las explosiones con bombas en varios centros turísticos cubanos, dándole incluso acceso a los autores de esos hechos, detenidos en Cuba, y a testigos.

f) Fue uno de los primeros que condenó públicamente los criminales ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, trasladó su disposición a brindar asistencia médica y humanitaria a las víctimas, y ofreció de inmediato abrir su espacio aéreo y sus aeropuertos para recibir a los aviones de pasajeros con destino a territorio estadounidense.

g) El pasado 15 de enero de 2010, el gobierno cubano autorizó el vuelo de aviones de Estados Unidos de América por su espacio aéreo en misiones de socorro para el pueblo de Haití. En declaraciones que publicó el sitio digital oficial Cubadebate, se dijo que la isla está dispuesta a trabajar conjuntamente con la Unión Americana para salvar vidas en Haití.

En ese sentido, nos parece que esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión como representación soberana debe responder afirmativamente al llamado que hizo el pasado 11 de enero, la Comisión Permanente de Relaciones Internacionales del Parlamento Cubano, por la que exhorta a los parlamentos internacionales a no dejarse engañar por la idea que representa la inclusión de Cuba como país patrocinador del terrorismo, y los convoca a que rechacen tal denotación, defendiendo con ella la verdad y la dignidad del mundo.

III. Por último, es intención de esta comisión dictaminadora el exponer las siguientes consideraciones finales:

a) Reafirmamos que los parlamentarios mexicanos tenemos la firme convicción de que donde las diferencias ideológicas pueden trazar linderos, la inteligencia y creatividad políticas pueden y deben unir a los pueblos, por eso es que se deben dar muestras del apoyo solidario que implica ésta relación bilateral.

b) México y en especial el Congreso de la Unión deben implementar acciones en congruencia con los pasos dados recientemente para el estrechamiento de la relación bilateral entre México y Cuba, por lo que se estima conveniente condenar públicamente este intento de medidas extremas que en el caso específico de Cuba, tienen un fin políticamente claro: endurecer el bloqueo al que han tenido sometida a la isla.

c) Cabe recordar que ésta, no es la primera ocasión en que los Legisladores Mexicanos levantamos la voz sobre el bloqueo económico en la isla; en dichos pronunciamiento se condenó el bloqueo económico por considerarlo una violación a los derechos humanos.

En razón de lo anteriormente expuesto, esta Segunda Comisión de la Comisión Permanente del honorable Congreso General de Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Relaciones Exteriores, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, para que haga un respetuoso llamado al gobierno de Estados Unidos de América a fin de considerar la posible exclusión de Cuba como país patrocinador del terrorismo.

Sala de comisiones, salón E del edificio G de la Cámara de Diputados, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2010.

La Segunda Comisión:Senador Rubén Fernando Velázquez López, presidente; senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), secretarios; senador José Guadarrama Márquez, senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), diputado Marcela Guerra Castillo (rúbrica), senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (rúbrica), senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica), diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica en abstención), diputado Pedro Vázquez González.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto. Continúe.