SUMARIO

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Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Solicito a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el registro de asistencia de los ciudadanos legisladores.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: Lista de asistencia.

(Pase de lista)

Señor Presidente, hay 31 legisladores presentes, hay mayoría.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (a las 12:00 horas): Gracias. Hay quórum, por tanto, se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, presidente. Se dispensa la lectura.

«Primer Receso.— Primer Año de Ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Miércoles 27 de enero de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del diputado Rodolfo Torre Cantú.

De la Primera Comisión.

Solicitud de particular

Del ciudadano José María Muriá Rouret, por el que solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Oficios del Banco de México

Con el que remite información sobre el presupuesto de esta institución correspondiente al ejercicio de 2010, estructurado en dos partes: de gasto corriente e inversión en activos fijos; y de inversión en activo circulante por concepto de producción y provisión de billete y adquisición de moneda metálica. (Turno a Comisión)

Informes del Banco de México sobre la ejecución de la Política Monetaria propuesta a seguir durante el año 2010 y sobre la Inflación octubre-diciembre 2009, de conformidad con lo que establece el artículo 51, fracción I de la Ley del Banco de México. (Turno a Comisión)

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por el que informa que en el mes de diciembre de 2009 el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquélla que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Oficio de la Comisión Nacional del Agua.

Con el que remite informe de los ingresos excedentes recaudados al 31 de diciembre del 2009.

De los gobiernos de los estados de Chiapas, Guanajuato, México y Nuevo León

Por los que se da contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Oficio del Instituto Federal Electoral

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

Dos, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente el 5 de agosto de 2009.

Presentación, por el doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del informe de actividades de dicha institución correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009.

Iniciativas

Que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por el diputado Jorge Humberto López Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, suscrita por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 29 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, suscrita por los senadores Ricardo Pacheco Rodríguez y Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el senador José González Morfín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 78 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o. de la Ley Federal de Competencia Económica y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por el diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 412 Bis al Código Penal Federal, suscrita por el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 32 de la Ley Federal de Cinematografía, suscrita por la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el senador Rubén Camarillo Ortega y la diputada Nancy González Ulloa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, suscrita por el senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 61 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los senadores Guillermo Tamborrel Suárez, Sebastián Calderón Centeno y el diputado Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Dictamen de primera lectura

Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María Elisa García Barragán Martínez, Eben Ezer Daniel Alvarado Rangel, Carlos Peña Valle, Isidoro Pedroza Ordaz, Gerardo Ramón Martínez Martínez, Héctor Maldonado Zepeda, Sergio Enrique Henaro Galán y Raúl Santos Galván Villanueva, para aceptar y usar las medallas y las condecoraciones que en distintos grados les otorgan diversos gobiernos extranjeros. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

Dictámenes a discusión

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR a atraer el caso del homicidio de Josefina Reyes Salazar; al Gobierno Federal, a reparar el daño de su familia, en términos del derecho público internacional; y al Gobierno y a la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, a emitir de inmediato las órdenes de protección para salvaguardar la seguridad de los defensores de derechos humanos Gustavo de la Rosa, Cipriana Jurado y Gero Fong.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Procurador Agrario, al titular de la Secretaría de la Reforma Agraria y al gobernador de San Luís Potosí, así como a los 58 municipios de esta entidad a dar cumplimiento al acuerdo establecido con el Movimiento Huasteco Democrático.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al gobernador y al Presidente de la Comisión del Congreso del estado de Guerrero a implementar los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a la recomendación 78/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relativa al secuestro, tortura y ejecución de los dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos, Raúl Luca Lucía y Manuel Ponce Rosas.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Aguascalientes a investigar las intervenciones de llamadas privadas de Legisladores, y de actores sociales y empresariales.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a instrumentar las medidas necesarias para dar una solución al problema de inseguridad que se vive en el estado de Baja California.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Nayarit a resolver el conflicto agrario del ejido Pantanal, del municipio de Xalisco, derivado del pago de indemnizaciones de sus tierras para construir el aeropuerto Amado Nervo.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la designación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo con relación a la sentencia dictada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa al proceso de ratificación del licenciado Germán Gabriel Alejandro López Brun como magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado de Colima a estudiar y revisar los procedimientos llevados a cabo el 30 de septiembre de 2009, para nombrar y ratificar a magistrados propietarios del Supremo Tribunal de Justicia de la Entidad.

De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la Asociación Civil Lomas del Parque Tultitlán, Estado de México.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que dentro de sus facultades se tome en cuenta a la selección de deportistas con capacidades diferentes para asistir a la copa de fútbol soccer rumbo a Sudáfrica.

De la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se realiza un extrañamiento respecto del nombramiento del ciudadano Miguel Ángel Jiménez Godínez como ministro consejero de la Embajada de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

De la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo para solicitar al titular de la Secretaría de de Educación Pública que posponga la publicación de los lineamientos generales para el expendio de alimentos y bebidas en las tiendas o cooperativas escolares de los planteles de educación básica.

De la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo, relativos a la fuga de cerebros en México y al pago puntual del monto de las becas a estudiantes de instituciones educativas nacionales y en el extranjero.

De la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal, Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, información relacionada con la oficina externa de la Misión Permanente en México ante la UNESCO.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente resuelve que en los “spots” promocionales que se difundan en   los medios de comunicación electrónica durante el 2010, se haga referencia al patrimonio cultural mexicano.

Dictámenes negativos

De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se desecha la proposición por la que se convoca a un periodo extraordinario de sesiones.

De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se desecha la proposición por la que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al IFE, para que se expida el documento único electoral y de identidad a los mexicanos residentes en el extranjero.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, relativo al Manglar devastado dentro del desarrollo turístico Grand Coral Riviera Maya, suscrito por la senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del Grupo Parlamentario del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de Jalisco a cumplir el mandato constitucional para la toma de protesta de la LIX Legislatura local, suscrito por los diputados David Hernández Pérez, Arturo Zamora Jiménez y Esthela Duran Rico, del Grupo Parlamentario del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un urgente llamado a los tres órdenes de gobierno dentro de sus ámbitos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para que en sus acciones y resoluciones tomen como principio rector el interés superior del niño, debiendo garantizar la observancia de los derechos de niñas y niños, así como su bienestar, por encima del beneficio de los adultos, suscrito por los senadores Martha Leticia Sosa Govea y Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras que revisen con la mayor brevedad y de manera conjunta el formato del informe anual de actividades de la CNDH, a fin de que se convierta en un ejercicio incluyente y de efectiva rendición de cuentas ante la nación, suscrito por la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se investigue la negativa de la Segob a pagar de manera rápida los recursos del fideicomiso para los ex trabajadores braceros, suscrito por el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a publicar, a través de la SHCP, la distribución geográfica de los recursos del Fondo de Inversión para las Entidades Federativas y del Fondo de Aportaciones Múltiples, de los Ramos 23 y 33, respectivamente, considerando una calendarización dentro del primer semestre 2010, suscrito por el diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el cual la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al director general de la Conagua que instruya al Coordinador General del Servicio Meteorológico Nacional para que asista a la reunión de trabajo ante la Comisión de Protección Civil del Senado con la finalidad de analizar el proyecto de modernización del Servicio Meteorológico Nacional de México 2009, suscrito por el senador Sergio Álvarez Mata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente del INEGI a comparecer ante esta asamblea para que explique la disminución de preguntas relativas a la condición de actividad económica en el cuestionario básico del censo de población y vivienda 2010, suscrito por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y a la Sagarpa a declarar zona de desastre y contingencia climática a diversos municipios del estado de San Luis Potosí afectados por las inclemencias del tiempo, y a destinar recursos del Fonden y del PACC para su atención, suscito por el diputado Sabino Bautista Concepción, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a destinar, mediante su registro en la cartera de proyectos, recursos en varios proyectos para la implementación de estudios y obras de protección que den seguridad hidrológica a los habitantes de las regiones afectadas por el huracán Jimena; y a la Conagua, a realizar un estudio hidrológico que comprenda los tres grandes arroyos que cruzan el Valle de Santo Domingo, en el estado de Baja California Sur, suscrito por el senador Luis A. Coppola Joffroy, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se convoca al honorable Congreso de la Unión a celebrar un periodo extraordinario de sesiones, suscrito por el senador Jesús Garibay García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ampliar la declaratoria de zona de desastre a los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito y canalizar los recursos del Fonden; y que la Sedesol, la SS y la SCT, implementen programas especiales para resarcir los daños causados por las lluvias torrenciales en el estado de Baja California, suscrito por legisladores de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a evaluar la participación de México en la Misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití, suscrito por el senador Jorge Andrés Ocejo Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a diseñar y poner en marcha en todo el país, a través de las dependencias competentes, una estrategia con acciones integrales para combatir la deserción escolar y la indigencia educativa, suscrito por los senadores Silvano Auroles Conejo y Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que en la reunión anual 2010 del Foro Económico Mundial, por celebrarse en Davos, Suiza, se pronuncie por la condonación de la deuda externa en Haití y a convocar a autoridades del Japón a la reconstrucción de dicho país con tecnología antisísmica en un esquema de financiamiento internacional, suscrito por el diputado Ernesto Miguel Pompa Corella, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR y al juez segundo de Distrito en materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México a intervenir para que se ponga en libertad a las procesadas Araceli Alcántara Alejandro y Lucía Martínez Melitón –causa penal 98/2009-II– acusadas del delito “contra la salud”, suscrito por la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a fin de que informe a esta Soberanía sobre sus fundamentos para declararse incompetente en la investigación y sanción de la masacre de Aguas Blancas en el estado de Guerrero, suscrito por la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se propone al Ejecutivo federal que retire la propuesta de cambio de sede, y mantenga la ciudad de Veracruz como tal para la realización de la próxima conferencia de plenipotenciarios, suscrito por el diputado Silvio Lagos Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto acuerdo, relativo a los nombramientos de los funcionarios del estado de Campeche, suscrito por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP que informe sobre la situación de las inversiones realizadas por el IMSS en la empresa Metromedia, suscrito por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Agenda Política

Comentarios sobre la situación jurídica de los presos por el caso de San Salvador Atenco, a cargo del diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Comentarios sobre la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios sobre la problemática pública, muertes violentas, homicidios dolosos y feminicidios en el estado de México, a cargo del diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comentarios sobre la protección del poder adquisitivo de las familias mexicanas, a cargo del senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios sobre la posición del PRI y del PRD con relación a la reforma política, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comentarios en relación con el informe del titular de la Comisión Nacional de los derechos humanos correspondiente al año 2009, a cargo de la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si es de dispensarse la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles veinte de enero de dos mil diez, correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Ramírez Acuña

En el salón Legisladores de la República sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de 27 legisladores, a las 11 horas con 45 minutos del miércoles 20 de enero de 2010, el presidente declaró abierta la sesión.

En votación económica se dispensó la lectura al orden del día y enseguida al acta de la sesión anterior, la que se aprobó de la misma manera.

Solicitaron licencia los diputados Juan Carlos Lastiri Quirós, Yulma Rocha Aguilar y Fuensanta Patricia Jiménez Case, del Partido Revolucionario Institucional, para separarse de sus funciones como diputados federales. En votación económica se aprueba el punto de acuerdo que concede licencias solicitadas. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Se dio cuenta de comunicaciones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, con los siguientes dictámenes:

a) Por lo que se consideran desahogadas las siguientes proposiciones con puntos de acuerdo, en razón de la reunión con el secretario de Economía:

• Para exhortar y solicitar al Ejecutivo federal y a las instancias correspondientes para que frenen el alza indiscriminada de precios de los productos de la canasta básica.

• Por el que cita a comparecer al titular de la Secretaría de Economía, a fin de que explique los alcances de la escalada de precios que se ha desatado en el país, las expectativas en términos inflacionarios y la estrategia que se implantará para apoyar a la planta productiva y proteger el empleo.

• Por el que se considera atendida proposición con punto de acuerdo, en razón del punto de acuerdo aprobado el 13 de enero de 2010, por el que se exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, garantice la prestación del servicio de guarderías o estancias infantiles en todo el país, según establece el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De enterado. Se archivaron los expedientes como asuntos concluidos.

Se dio cuenta con oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondientes al mes de diciembre de 2009, desagregada por tipo de fondo. Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

Se dio cuenta con oficios de la Secretaría de Gobernación:

a) Por el que comunica que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional del 27 de enero al 2 de febrero de 2010, con el objeto de participar en la 40 Reunión Anual del Foro Económico Mundial, a celebrarse en Davos, Suiza y de realizar una visita oficial a Japón. Se remite a las Comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

b) Ocho, por el que solicitan el permiso constitucional necesario, para que los ciudadanos:

María Elisa García Barragán Martínez, pueda aceptar y usar la Condecoración Orden de Isabel La Católica, en Grado de Encomienda, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Eben Ezer Daniel Alvarado Rangel y Carlos Peña Valle, puedan aceptar y usar la Condecoración y la Placa Distintivo “Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales”, que les otorga el gobierno de Estados Unidos de América.

Isidoro Pedroza Ordaz, pueda aceptar y usar la Medalla Especial y la Cinta, que le otorga la Junta Interamericana de Defensa de la Organización de los Estados Americanos.

• Gerardo Ramón Martínez Martínez, pueda aceptar y usar la Medalla Fraternidad Combativa, que le otorga el gobierno de la República de Cuba.

• Héctor Maldonado Zepeda, pueda aceptar y usar la Condecoración Antorcha a la Excelencia Académica, que le otorga el gobierno de la República de El Salvador.

• Sergio Enrique Henaro Galán y Raúl Santos Galván Villanueva, puedan aceptar y usar la Medalla al Mérito Tamandaré que les otorga la Armada de la República Federativa del Brasil.

Se turnaron a la Primera Comisión de Trabajo.

c) Cuatro, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores. Se remiten a la Cámara de Senadores.

d) Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente el doce de agosto de dos mil nueve. Se remite a la Cámara de Senadores.

Se dio cuenta con oficio de la Cámara de Senadores por el que remite el informe correspondiente a la Cuarta Parte de la Sesión Ordinaria de 2009 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. De enterado. Se remitió copia a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

Se dio cuenta con las siguientes iniciativas con proyectos de decreto de los legisladores:

• Diputado Silvio Lagos Galindo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 8o. de la Ley de Petróleos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

• Senador Eduardo Tomás Nava Bolaños, del Partido Acción Nacional, que reforma, adiciona y deroga, diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

• Diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, en nombre propio y de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

• Diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, en nombre propio y de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

• Diputado Juan José Guerra Abud, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

• Diputado Arturo Zamora Jiménez, en nombre propio y de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

• Senador Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

• Diputada Marcela Guerra Castillo, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona un artículo 31 Bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y reforma el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turnó a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Gobernación de la Cámara de Diputados. Desde su curul la diputada Guerra Castillo, hizo comentarios respecto al trámite de la iniciativa. El presidente hizo aclaraciones al respecto.

• Diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, en nombre propio y del diputado José Luis Ovando Patrón, del Partido Acción Nacional, que reforma diversas disposiciones de la Ley del Registro Público Vehicular. Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

• Diputado Óscar Martín Arce Paniagua, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos 208 del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

• Diputado Óscar Martín Arce Paniagua, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

En sendas votaciones económicas se dispensó la primera y segunda lectura y se pusieron a discusión los siguientes dictámenes con proyectos de decreto de la Primera Comisión, que conceden permisos constitucionales necesarios a los ciudadanos:

• María del Pilar Jordán Muela, María Paulina Pérez Digón, Jesús Lauencio Cuamea Velázquez y Aracely Castro Piña, para prestar servicios a los Consulados de Estados Unidos de América en Ciudad Juarez, Chihuahua; Mérida, Yucatán; Nogales, Sonora y Matamoros, Tamaulipas, respectivamente. Se aprobó el proyecto de decreto en lo general y en lo particular por 26 votos en pro. Pasó al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

• Miguel Ángel Domínguez Morales, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel La Católica, en Grado de Encomienda, que otorga el gobierno del Reino de España. Se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular por 25 votos en pro; cero en contra y un abstención. Pasó al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

En votación económica se aprobó la incorporación en el orden del día de los siguientes dictámenes con puntos de acuerdo de la Primera Comisión de Trabajo:

• Por el que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, a implantar los procedimientos para que el gobierno mexicano dé cabal cumplimiento a la sentencia de fecha 16 de noviembre de 2009, relativa al caso Campo Algodonero versus Estados Unidos Mexicanos, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

• Por el que se solicita al ciudadano gobernador de Chihuahua, con la participación que corresponda del titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua, remita un informe a esta soberanía sobre el estado procesal que guarda la carpeta de investigaciones de los homicidios de los jóvenes Jesús Alfredo Portillo y Flora Alicia Gómez López, por conducto de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

• Por el que se solicita al titular de la Procuraduría General de la República, informe de las labores realizadas por la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra Periodistas, desde su creación hasta la fecha, en el ejercicio de sus atribuciones, los objetivos planteados para el presente año; las denuncias atendidas; el número de investigaciones resueltas y en proceso, y el estado en que se encuentran.

• Por el que se solicita al ciudadano gobernador de Morelos, con la participación que corresponda del titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de Morelos, remita un informe a esta soberanía sobre el estado procesal que guarda la carpeta de investigaciones del homicidio del líder indígena Miguel Ángel Pérez Cazales, por conducto de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

Se consideran suficientemente discutidos y en votación económica se aprueban los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Se someten a consideración del pleno los siguientes dictámenes con puntos de acuerdo:

a) De la Segunda Comisión de Trabajo:

• Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que se garantice el normal desarrollo social y educativo de los niños de padres migrantes, que permanecen en sus comunidades de origen.

• Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que haga un respetuoso llamado al gobierno de Estados Unidos de América, a fin de considerar la posible exclusión de Cuba como país patrocinador del terrorismo.

b) De la Tercera Comisión de Trabajo:

• Relativos al Programa Frontera 2012 y el Sistema de Supervisión y Control Vehicular, y por el que se solicita información del Puerto Fronterizo OTAY II.

• Relativo al establecimiento de una zona económica estratégica que abarque los estados de Baja California, Baja California Sur y el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.

• Por los que se solicita información sobre cajas de ahorro que actúan en Puebla y Nuevo León.

• Relativos al conflicto del Ingenio Azucarero de los Mochis, Sinaloa.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, analice la pertinencia de modificar las Reglas de Operación para el otorgamiento de apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

• Por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Organismo Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, un informe sobre el ejercicio, nombre, ubicación y grupo de control accionario de las empresas que han recibido apoyos, subsidios o transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondientes a los ejercicios de 2003 a 2009.

• Por los que se exhorta al Banco de México a evitar prácticas abusivas de carga de adeudos en depósitos bancarios.

• Por los que se solicita al titular del Instituto Mexicano del Petróleo a emitir opinión técnica relativa a la contratación y tecnologías que se utilizan en el proyecto Chicontepec. Se concede el uso de la Tribuna en relación al tema a la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Partido de la Revolución Democrática.

• Por el que se solicitan precisiones en el proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-243-SSA1-2005. Se concedió el uso de la tribuna en relación al tema a los senadores: Jesús Garibay García, del Partido de la Revolución Democrática, y Eduardo Tomas Nava Bolaños, del Partido Acción Nacional.

• Por el que se exhorta al gobierno federal, al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de emitir recomendaciones a las instituciones financieras de no aumentar sus tasas de interés.

• Relativo a la construcción de un hospital de tercer nivel en el municipio de Yajalón, Chiapas.

• Por los que se solicita información a la Procuraduría Federal del Consumidor y Comisión Federal de Competencia, con relación al aumento injustificado de precios.

• Por los que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la entidad Superior de Fiscalización del Estado Libre y Soberano de Querétaro a realizar una investigación sobre el uso indebido de recursos públicos por parte del ex gobernador Francisco Garrido Patrón.

Se consideran suficientemente discutidos y en votación económica se aprueban los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Se continuó con el dictamen con puntos de acuerdo de la Tercera Comisión, relativo a la vigilancia de los aeropuertos de México. Se consideró suficientemente discutido y en votación económica se aprobaron los puntos de acuerdo. Comuníquese.

Se recibió proposición con punto de acuerdo de la senadora María Elena Orantes López, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita al Ejecutivo federal que a través de la Secretaría de Salud y del Consejo Nacional Contra las Adicciones, se brinde apoyo a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas para que lleve a cabo un estudio sobre el uso de drogas entre estudiantes indígenas de los niveles medio superior y superior de la entidad. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo.

Presidencia del diputadoÓscar Martín Arce Paniagua

Se dio cuenta con las siguientes proposiciones con puntos de acuerdo de los legisladores:

• Diputada Adriana Fuentes Cortés, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que emita la declaratoria de desastre natural en diversos municipios de Querétaro, y se liberen los recursos del Fondo de Desastres Naturales para atender las contingencias generadas por las bajas temperaturas, suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios. En votación económica se consideró de urgente resolución. Se concedió el uso de la tribuna a los senadores Luis Alberto Villarreal García, del Partido Acción Nacional y Jesús Garibay García, del Partido de la Revolución Democrática, quienes propusieron adiciones al punto de acuerdo. En sendas votaciones económicas se aprobaron las adiciones propuestas. Se consideró suficientemente discutido y en votación económica se aprobó el punto de acuerdo con las adiciones aceptadas. Comuníquese.

• Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, en nombre propio y de la senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del Partido Revolucionario Institucional, por el que la Comisión Permanente manifiesta su extrañamiento respecto del nombramiento del ciudadano Miguel Ángel Jiménez Godínez, como ministro consejero de la Embajada de México en el Reino Unido. Se turnó a la Segunda Comisión de Trabajo.

• Diputado Víctor Manuel Castro Cosío, en nombre propio y de diputados del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo, por el que se solicita la creación de un grupo plural de legisladores para reencaminar el diálogo entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y el gobierno federal, asimismo se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que atraiga el recurso de revisión a la sentencia de negativa de amparo admitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Laboral, correspondiente al decreto de liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Se turnó a la Primera Comisión de Trabajo

• Senador Javier Orozco Gómez, del Partido Verde Ecologista de México, en relación al Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo.

Se recibió proposición con punto de acuerdo del diputado Pedro Vázquez González, en nombre propio y de la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para exhortar al gobernador del estado de México, para que impida el despojo de tierras que son de propiedad de la Asociación Civil “Lomas del Parque” del Municipio de Tultitlán. Se turnó a la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputado Héctor Pablo Puga Leyva, del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita la comparecencia del titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que explique la cancelación de proyectos turísticos de Fondo Nacional de Fomento al Turismo en Huatulco, Oaxaca. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Carlos Alberto Pérez Cuevas, en nombre propio y del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al gobierno del estado de México, a través de su Legislatura local, para que el incremento aprobado en las tarifas de impuestos predial de entre 16 por ciento y 50 por ciento durante el ejercicio fiscal de 2010, en 54 de los 125 municipios que integran la entidad, sea proporcional al incremento del 1.2 por ciento recibido por participaciones y aportaciones federales durante el mismo año. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo. Durante la la presentación, el proponente aceptó interpelación del diputado. Desde su curul el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional, formuló preguntas al proponente, que hace aclaraciones al respecto.

• Diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, en nombre propio y de la diputada Florentina Rosario Morales, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al gobernador y al presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de Guerrero a implantar los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a la recomendación 78/2009 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, relativa al secuestro, tortura y ejecución de los dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas. Se turnó a  la Primera Comisión de Trabajo.

Se recibió proposición con punto de acuerdo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Partido del Trabajo, por el que se solicita al Ejecutivo federal informe a esta soberanía lo relativo a la intención de desaparecer la oficina externa de la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Se turnó a la Segunda Comisión de Trabajo.

El presidente informó que las proposiciones con puntos de acuerdo no abordadas, se turnarían directamente a las comisiones correspondientes, excepto las que sean retiradas o pospuestas por los grupos parlamentarios.

El presidente dio lectura a pronunciamiento de la Comisión Permanente del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se solicita al gobierno mexicano que, en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas y conforme a los tratados internacionales y a los principios de política exterior, garantice la seguridad de los rescatistas mexicanos que se encuentran en la República de Haití, y apoye los trabajos que realizan para localizar a los conciudadanos y sus familiares que se encuentran desaparecidos, con motivo del terremoto ocurrido en esta isla.

La Secretaría de Gobernación remite propuestas de nombramientos del Ejecutivo federal, de 16 magistrados de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

Se recibió solicitud de excitativa del diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional, a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos del Senado de la República. Se remitió a la Cámara de Senadores.

Se recibió solicitud de excitativa del diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional, a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República. Se remitió a la Cámara de Senadores.

La Secretaría dio lectura al orden del día de la próxima sesión.

El presidente clausuró la sesión a las 14 horas con 49 minutos y cita para la que tendrá lugar el miércoles 27 de enero de 2010 a las 11:00 horas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Está a discusión el acta de la sesión anterior. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada el acta.

Continúe la Secretaría con solicitudes de licencia.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXI Legislatura.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Distinguido Presidente:

Con fundamento en lo previsto en los artículos 62 y 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su digno conducto solicito a esa honorable Comisión Permanente que me conceda licencia para separarme del cargo de diputado federal a partir del 30 de enero del año en curso.

Reconoceré a usted su amable disposición para dar el trámite parlamentario correspondiente a mi solicitud.

Muy atentamente

México, DF, a 21 de enero de 2010.— Diputado Rodolfo Torre Cantú (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se concede licencia por tiempo indefinido, a partir del 30 de enero, al ciudadano Rodolfo Torre Cantú, para separarse de sus funciones como diputado federal electo por el V distrito electoral de Tamaulipas.

En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Continúe la Secretaría con el capítulo de comunicaciones de la Primera Comisión.

SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo por el que se considera atendida proposición por la que se convoca a comparecer al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fueron turnadas para su debido estudio y posterior dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, ingeniero Genaro García Luna, suscrita por el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

Metodología

En el capítulo de Antecedentes se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de las referidas proposiciones con punto de acuerdo;

En el capítulo de Consideraciones la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de las propuestas y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar las proposiciones en análisis.

I. Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de enero de 2010, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia–.

II. Consideraciones

I. Para los efectos del presente dictamen, se transcribe el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo federal y, a través de esta, solicita la comparecencia del secretario de Seguridad Pública federal, ingeniero Genaro García Luna, para que informe a esta soberanía cuáles son las razones por las que se mantiene este combate tan poco eficaz y eficiente de lucha contra el crimen organizado.

Segundo. Se considere la realización de un foro de consulta con especialistas, académicos, expertos y técnicos de la materia, para diseñar una estrategia integral y efectiva para combatir el crimen organizado.

II. La comisión dictaminadora toma en cuenta que el pleno de la Comisión Permanente aprobó el 13 de enero de 2010 el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, convoca al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, ingeniero Genaro García Luna, a que comparezca para que informe al pleno de la Primera Comisión de la Permanente, el estado que guarda la seguridad pública en México.

La Primera Comisión realizará los actos preparatorios para dicha reunión de trabajo, establecerá su formato y con la intervención del presidente de la Comisión Permanente determinará la fecha y hará la invitación correspondiente para su realización.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 45, numerales 1, 3 y 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano solicita al titular de la Secretaría de Marina, remita a esta soberanía un informe detallado sobre la participación de las fuerzas especiales de la Marina en el operativo efectuado el pasado 16 de diciembre en la colonia Lomas de Selva, en Cuernavaca, Morelos.

En cumplimiento del punto de acuerdo transcrito, el ingeniero Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, compareció ante la Primera Comisión el pasado jueves 21 de enero de 2010, a efecto de informar el estado que guarda la seguridad pública en México.

Por ello, la comisión dictaminadora considera que en virtud de que la comparecencia de referencia se desahogó en la fecha prevista, y que la temática planteada por la proposición que se dictamina fue incluida en el temario y desarrollo, corresponde considerarla como atendida.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a la consideración del Pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se considera atendida la proposición con punto de acuerdo materia de este instrumento, en razón de la comparecencia del secretario de Seguridad Pública federal ante la Primera Comisión de la Comisión Permanente, celebrada el 21 de enero de 2010.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2010.

La Primera Comisión:Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), diputado Javier Corral Jurado, senador Jesús Garibay García (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, senador José González Morfín, senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica de la senadora Emma Lucía Larios Gaxiola), senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), diputado Adán Augusto López Hernández, senador Arturo Escobar y Vega, diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado. Archívense los expedientes como asuntos concluidos.

CORTE INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo por el que se considera atendida proposición relativa a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del campo algodonero.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Gobernación a precisar los plazos, los procedimientos y las instituciones que incluiría el esquema mediante el cual el gobierno mexicano dará seguimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del campo algodonero, suscrita por la diputada  Teresa Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo “Antecedentes”se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;

II. En el capítulo correspondiente al “Contenido” se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio;

III. En el capítulo de “Consideraciones” la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar las proposiciones en análisis.

I. Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 20 de enero de 2010 y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

II. Contenido

En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina se manifiesta literalmente lo siguiente:

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su sentencia del caso González y otras (campo algodonero) contra México, del 16 de noviembre de 2009, hizo responsable al Estado mexicano de violaciones a los derechos humanos de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, niñas víctimas de feminicidios, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el 6 de noviembre de 2001, haciendo imposible, a partir de este histórico documento, negar que los feminicidios existen.

El cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es fundamental para garantizar el derecho de las mexicanas a una vida libre de violencia, dado que señala de manera específica los aspectos fallidos presentes en los procesos de investigación judicial, la falta de profesionalismo y compromiso de los funcionarios encargados de las investigaciones, la ausencia de protocolos adecuados para la búsqueda de desaparecidas, las fallas en el seguimiento y registro de casos. Además de reconocer el hostigamiento y las amenazas a familiares de las víctimas por parte de cuerpos policiales que debieran cumplir con su tarea.

Ante estos elementos la Corte Interamericana dictó reparaciones específicas y señaló acciones puntuales de política pública, impartición y procuración de justicia, indispensables para evitar la repetición de estas violaciones a los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

Valoramos la voluntad del gobierno de México de estudiar detenidamente la sentencia y llevar a cabo los esfuerzos necesarios para su cumplimiento, expresados en el comunicado de prensa de la Secretaría de Gobernación del 10 de diciembre pasado, en el que además se señala que el fallo de la Corte Interamericano de Derechos Humanos es definitivo e inapelable y que el Estado mexicano reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1998.”

Por lo anterior formula el siguiente

“Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al secretario de Gobernación, dependencia responsable del Estado mexicano, a coordinar el cumplimiento de la sentencia emitida por la CIDH relativo al caso campo algodonero, a

1. Informar a la mayor brevedad sobre los plazos, procedimientos e instituciones que incluirá el mecanismo mediante el cual el gobierno mexicano dará cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana relativa al caso campo algodonero. Especialmente con relación a la reparación del daño a las víctimas, la estandarización de los protocolos ministeriales de investigación, los servicios periciales, de impartición de justicia relativos a las desapariciones y homicidios de mujeres. Que presente asimismo el programa de búsqueda y localización de mujeres desaparecidas; el programa de capacitación con perspectiva de género a funcionarios públicos en el estado de Chihuahua y los criterios para deslindar o fincar responsabilidades y sancionar, en su caso, a los funcionarios públicos omisos involucrados, así como la investigación de familiares de víctimas hostigados y perseguidos; los actos de reconocimiento de responsabilidad internacional y la formación de un registro y una página electrónica que garantice el acceso a la información actualizada sobre el registro de casos de feminicidios y desapariciones.

2. Considerar, para el seguimiento de los avances, la participación de servidores públicos de alto nivel de todos los Poderes de la Unión, así como a integrantes de la comisión de feminicidios de la LXI Legislatura, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a representantes de organismos internacionales de derechos humanos, particularmente al alto comisionado para los Derechos Humanos para dotar de apoyo técnico al proceso.”

III. Consideraciones

Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden con los planteamientos de la autora de la proposición que se dictamina, por considerar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos es un instrumento regional de protección y difusión, que siguió el debido proceso interno para que formara parte del orden jurídico mexicano, siendo en 1981 cuando México ratifica y aprueba la adhesión a la convención.

Que el Estado mexicano debe respetar y difundir los derechos humanos mediante mecanismos institucionales y con pleno apego a las leyes nacionales y documentos internacionales que sean ratificados y aprobados por las instituciones del poder público correspondiente.

Finalmente, la comisión dictaminadora toma en cuenta que en la sesión de la Comisión Permanente del 13 de enero de 2010 se presentó proposición suscrita por la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la cual fue dictaminada por esta comisión y aprobada por el pleno de la Comisión Permanente en la sesión del 20 de enero de 2010, en los siguientes términos:

“Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al secretario de Gobernación a implantar los mecanismos para que el gobierno mexicano dé cabal cumplimiento a la sentencia de fecha 16 de noviembre de 2009 relativa al caso campo algodonero contra los Estados Unidos Mexicanos, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano solicita al secretario de Gobernación que se sirva a remitir a esta soberanía un informe acerca de las acciones que haya realizado o se estén realizando sobre la situación que guarda el asunto concerniente a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el caso campo algodonero.”

La comisión dictaminadora, en un ejercicio de congruencia y continuidad en el seguimiento de los referidos puntos de acuerdo aprobados, considera que lo pertinente en el caso es considerar atendida la proposición materia del presente dictamen.

Por lo expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se considera atendida la proposición presentada por la diputada Teresa Incháustegui Romero, del PRD, el 20 de enero de 2010, en razón de los puntos de acuerdo aprobados por el pleno de la Comisión Permanente en sesión celebrada en esa misma fecha.

Segundo. Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2010.

La Primera Comisión:Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), diputado Javier Corral Jurado, senador Jesús Garibay García (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, senador José González Morfín, senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica de la senadora Emma Lucía Larios Gaxiola), senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), diputado Adán Augusto López Hernández (rúbrica), senador Arturo Escobar y Vega, diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado. Archívense los expedientes como asuntos concluidos.

REPUBLICA DE HAITI

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo por el que se considera atendida proposición relativa al apoyo al pueblo de Haití

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a conferir prioridad a la ayuda para mujeres en Haití, suscrita por la diputada Teresa Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;

II. En el capítulo “Contenido” se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio;

III. En el capítulo “Consideraciones” la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar la proposición en análisis.

I. Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 20 de enero de 2010 y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

II. Contenido

En la proposición que se dictamina, se manifiesta que el terremoto de 7 grados en la escala de Richter que azotó la República de Haití el pasado 12 de enero de 2010, dejó una secuela de más de 100 mil personas fallecidas y millones de damnificados.

Que dado que muchas viviendas quedaron destruidas por el desastre, las familias se ven obligadas a reubicarse en albergues, siendo la mayoría de sus residentes mujeres.

Continúa señalando que los desastres aumentan la vulnerabilidad de la mujer y los hogares encabezados por mujeres, y el hecho de que en ese país las mujeres son la población más pobre y discriminada, su situación se agravará a partir del desastre ocurrido, siendo que un 43% de las familias haitianas son encabezadas por mujeres, y que en estos momentos tendrán la carga de la supervivencia de sus familias, las labores de cuidado y protección en los albergues y la reconstrucción de sus viviendas y comunidades.

Por lo que solicita al gobierno federal continúe enviando ayuda a este país, poniendo especial atención al apoyo que se brinde a las mujeres, así como que garantice que la ayuda les llegue directamente a ellas y sus familias, para lo cual una vía idónea es la canalización a través de las organizaciones civiles que trabajan directamente con mujeres en Haití, y formula el siguiente:

“Punto de Acuerdo

Único. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a dar prioridad a la ayuda a las mujeres en Haití y garantizar su acceso directo a la ayuda humanitaria.”

III. Consideraciones

II.- Los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden con la autora de la proposición que se dictamina, toda vez que es ampliamente conocido la difícil situación en la que se encuentra el pueblo haitiano; asimismo, manifiestan sus condolencias y solidaridad en estos momentos tan difíciles para dicho país.

En este mismo sentido, la Comisión Dictaminadora toma en cuenta que en la sesión de la Comisión Permanente del 13 de enero del 2010 se emitió el siguiente pronunciamiento:

“Primero. La Comisión Permanente del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos se solidariza con el pueblo y gobierno de la República de Haití en estos trágicos momentos y expresa sus condolencias por las vidas humanas perdidas a raíz del terremoto que la sacudió ayer.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos hace un llamado a la comunidad internacional, a incrementar y acelerar la ayuda humanitaria para la República de Haití.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos exhorta al gobierno mexicano para que, a través de las instituciones nacionales de salud, asistencia social y demás que resulten necesarias en esta situación de emergencia, acudan en auxilio de la población haitiana.”

Asimismo, esta Comisión toma en cuenta que la propia Comisión Permanente emitió otro pronunciamiento en su sesión del 20 de enero del 2010, que a la letra dice:

“Primero. La Comisión Permanente del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos solicita al Gobierno Mexicano que, en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas y, conforme a los Tratados Internacionales y a los principios de política exterior, garantice la seguridad de los rescatistas mexicanos que se encuentran en la República de Haití y apoye los trabajos que realizan para localizar a los conciudadanos y sus familiares que se encuentran desaparecidos con motivo del terremoto ocurrido en esa isla.

Segundo. De igual manera se exhorta al Gobierno Mexicano a pronunciarse porque continúen las tareas de rescate de los desaparecidos, toda vez que, según diversos testimonios, aún se encuentran personas atrapadas.”

Los integrantes de la comisión dictaminadora, en un ejercicio de congruencia y seguimiento con los resolutivos antes referidos, consideran procedente dar por atendido la proposición que se dictamina.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se considera atendida la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a conferir prioridad a la ayuda para mujeres en Haití, suscrita por la diputada Teresa Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en razón de los pronunciamientos formulados por la Comisión Permanente en sesiones celebradas el 13 y 20 de enero de 2010.

Segundo.Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2010.

La Primera Comisión:Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), diputado Javier Corral Jurado, senador Jesús Garibay García (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, senador José González Morfín, senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica de la senadora Emma Lucía Larios Gaxiola), senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), diputado Adán Augusto López Hernández (rúbrica), senador Arturo Escobar y Vega, diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado. Archívense los expedientes como asuntos concluidos.

Continúe con solicitudes de particulares.

PERMISO PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACION

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Honorable Congreso de la Unión.— México, DF

Con el debido respeto me dirijo a esa soberanía para solicitar la autorización correspondiente para recibir y portar la Cruz de Encomienda con Insignia de la Orden de Isabel la Católica, que me ha sido concedida por el gobierno español.

Para tal efecto, me permito anexar a la presente una copia de la carta que recibí del señor embajador de España, fechada el 14 de diciembre de 2009, una copia certificada de mi acta de nacimiento, una copia fotostática de mi credencial de elector y una síntesis de mi currículum vitae.

Agradezco de antemano la atención que se dé a la presente y protesto lo necesario.

Muy atentamente

Guadalajara, Jalisco, a 15 de enero de 2010.— José M. Muriá (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

Continúe con oficios del Banco de México.

BANCO DE MEXICO

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Banco de México.— Gobernador.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51, fracción I, de la Ley del Banco de México, informo a ustedes sobre el presupuesto de este instituto central correspondiente al ejercicio de 2010.

El presupuesto del banco está estructurado en dos apartados: el primero, respecto del gasto corriente e inversión en activos fijos; y el segundo representa la inversión en activo circulante.

• Presupuesto de gasto corriente e inversión en activos fijos

Gasto corriente. Comprende las erogaciones que se destinan al pago de remuneraciones y servicios al personal, así como a cubrir otros gastos de carácter administrativo, incluidas la recolección y destrucción de billetes.

Inversión en activos fijos. Prevé las erogaciones cuyo fin es la adquisición, construcción, ampliación, adaptación y mejoras de bienes inmuebles, así como para la adquisición de mobiliario, equipo, vehículos y maquinaria, incluidos los necesarios para la fabricación de billetes.

• Presupuesto de inversión en activo circulante

Producción y provisión de billete. Corresponde a las erogaciones por adquisición de materia prima, pago de mano de obra y otros gastos relacionados con la fabricación y colocación primaria de billete, incluidos los artículos para empaque de billete nuevo.

Adquisición y provisión de moneda metálica. Incluye el costo de adquisición de la moneda metálica, sus artículos para empaque, gastos asociados y los de colocación primaria.

El artículo 46, fracción XI, de la Ley del Banco de México establece que la Junta de Gobierno, al aprobar el presupuesto del instituto central, debe hacerlo de conformidad con el criterio de que la evolución del citado presupuesto guarde congruencia con la del de Egresos de la Federación. En este sentido, el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados para 2010 implica una reducción de 0.5 por ciento, en términos reales, respecto al Presupuesto de Egreso de la Federación autorizado para 2009.

Este criterio de congruencia se observó de manera estricta en la elaboración y aprobación del presupuesto del Banco de México y, en adición, se utilizaron los mismos factores macroeconómicos de inflación y tipo de cambio del peso respecto al dólar estadounidense, considerados en los Criterios Generales de Política Económica correspondientes a la iniciativa de la Ley de Ingresos y el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010.

Hechas las consideraciones anteriores, informo a ustedes que la Junta de Gobierno, en sesión de fecha 26 de enero de 2010, conforme a las facultades que le confiere la Ley del Banco de México en el artículo 46, fracción XI, aprobó el presupuesto de la institución para el ejercicio financiero que abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, el cual asciende a 4 mil 410.1 millones de pesos, equivalente a una disminución de 1.9 por ciento, en términos reales, respecto al presupuesto autorizado para 2009, formado por los siguientes apartados:

I. Gasto corriente e inversión en activos fijos, que asciende a 2 mil 695.4 millones de pesos, de los que 2 mil 445.0 millones de pesos corresponden al gasto corriente y 250.4 millones de pesos al activo fijo.

Con relación al presupuesto autorizado modificado de 2009, presenta una disminución de 5.6 por ciento, en términos reales.

II. Inversión en activo circulante, que asciende a mil 714.7 millones de pesos, integrado por mil 27.8 millones de pesos para la producción de billete y 686.9 millones de pesos para la adquisición de moneda metálica.

Con relación al presupuesto autorizado modificado de 2009, presenta un incremento de 4.5 por ciento, en términos reales.

En los cinco anexos que acompaño al presente se desglosa la información concerniente al presupuesto del banco central para 2010.

Nota:

1 En 2009, el presupuesto tuvo modificaciones en su composición, sin afectarse su monto global. Por ello en los incisos I y II se hace referencia al presupuesto autorizado modificado.

Atentamente

México, DF, a 27 de enero de 2010.— Doctor Agustín Guillermo Carstens Carstens (rúbrica), gobernador.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

BANCO DE MEXICO

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Banco de México.— Gobernador.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 51, fracción I, de la Ley del Banco de México, envío a esa honorable Comisión Permanente la exposición sobre la política monetaria que el Banco de México se ha propuesto seguir en el ejercicio 2010, así como el informe sobre la inflación octubre-diciembre 2009.

Ruego a ustedes dar el trámite que corresponda en los términos establecidos por los ordenamientos aplicables.

Atentamente

México, DF, a 27 de enero de 2010.— Doctor Agustín Guillermo Carstens Carstens (rúbrica), gobernador.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

Continúe la Secretaría con oficios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva y de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera, por este conducto me permito hacer de su conocimiento que el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, en diciembre de 2009, únicamente dio destino a mercancía perecedera de fácil descomposición o deterioro y aquella que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Los bienes reportados como destinados por dichas autoridades aduaneras se informan en relación anexa.

Atentamente

México, DF, a 22 de enero de 2010.— Licenciado Fernando Garcidueñas Torres (rúbrica), administrados ventral de Destino de Bienes.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a las Comisiones de Economía de la Cámara de Diputados y de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

Continúe con oficios de la Comisión Nacional del Agua.

COMISION NACIONAL DEL AGUA

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con relación al Programa de Devolución de Derechos y de acuerdo a lo establecido en artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, me permito informar a usted que de los ingresos excedentes recaudados por esta comisión anexo al 31 de diciembre de 2009, se tramitaron ante la subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, afectaciones presupuestarias para su autorización por importe total de 1 mil 890.7 millones de pesos, de los cuales al 31 de diciembre del 2009 se han autorizado y realizado la devolución de recursos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en este programa, un importe de 876.3 millones de pesos. Los restantes 1 mil 14.4 millones de pesos, están en proceso de autorización por parte de la SHCP, considerándose dichos recursos como Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores a ser radicados a más tardar en febrero del año en curso.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 25 de enero de 2010.— Ingeniero José Ramón Ardavín Ituarte (rúbrica), subdirector general.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

Continúe la Secretaría con oficios del Gobierno del estado de Chiapas.

PROGRAMA DIPUTADA AMIGA, DIPUTADO AMIGO

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Ejecutivo del estado de Chiapas.

Diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, Vicepresidente de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

En atención al oficio número D.G.P.L.61-II-9-0438, mediante el cual informa al licenciado Juan José Sabines Guerrero, gobernador de Chiapas, el acuerdo por el cual la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las autoridades de las entidades federativas, del Distrito Federal y las municipales a colaborar con el gobierno federal en el recibimiento de nuestros connacionales durante la próxima temporada vacacional navideña, así como en la implantación del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo.

Al respecto, me permito manifestarle por instrucciones del gobernador que este gobierno se encuentra en la mejor disposición de coadyuvar con el Ejecutivo federal para el buen trato a nuestros paisanos que regresan de Estados Unidos de América al país en estas fechas de fin de año, asimismo, a todos aquellos centroamericanos que vuelvan a sus países de origen, quienes transitan de la frontera norte hacia la frontera sur, por lo cual a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y de la Secretaría de Turismo, se han implantado las acciones necesarias para llevar a cabo la atención de nuestros connacionales.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 5 de enero de 2010.— Licenciado Carlos Octavio Castellanos Mijares (rúbrica), consejero jurídico del gobernador.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

Continúe con oficios del estado de Guanajuato.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Gobierno del Estado de Guanajuato.— Secretaría de Gobierno.

Diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, Vicepresidente de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión.

Por instrucciones del licenciado Juan Manuel Oliva Ramírez, gobernador constitucional de Guanajuato, se da respuesta a su atento oficio, fechado el 3 de diciembre del presente año, a través del cual comunica la aprobación del punto de acuerdo que en el artículo segundo menciona: “Segundo. Que las entidades federativas integren en sus planes y programas de trabajo el fortalecimiento y, en su caso, creación de centros especializados de atención en crisis de violencia contra las mujeres, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Mexicano de la Juventud, la Procuraduría General de la República y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, creando un vínculo efectivo para proporcionar refugio, asesoría y acompañamiento”.

Con base en lo anterior, me permito manifestar lo siguiente:

Expresarle un reconocimiento por el trabajo que se realiza en favor de las mujeres, pues es incuestionable que la violencia hacia las mujeres obliga a la unión de esfuerzos de la iniciativa pública, de la privada, de la social y cualquier esfuerzo que se realice para abatir esta problemática es encomiable, por lo cual la pretensión de crear un número único nacional de tres dígitos para la atención de las mujeres víctimas de violencia constituiría sin duda, un avance en el manejo de la violencia. Además, solicitar a las entidades federativas la creación de centros especializados de atención en crisis de violencia contra las mujeres ayuda a consolidar la utilización de un número único.

Me permito comentarle además que el gobierno estatal ha encaminado las acciones a promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres como una prioridad. Asimismo, ha asumido el principio de igualdad como eje rector de los planes y de las acciones del gobierno de Guanajuato, y éstos se han implantado dentro de acciones transversales, lo que nos ha permitido potenciar el uso del número 066, por lo cual sugerimos que entre las acciones para implantar un número único se consideren los números que a la fecha ya reconocen los ciudadanos y que a través de vertientes pueda canalizar a las personas en atención a la problemática planteada.

Le destaco además, con relación a los centros especializados, que la Ley para prevenir, atender y erradicar la Violencia en el Estado de Guanajuato, expedida en marzo de 2009, señala en el artículo 54 el establecimiento de centros multidisciplinarios de atención integral de la violencia (Cemaiv):

Artículo 54. Los Cemaiv son instituciones donde se atenderá a las personas receptoras y generadoras de violencia, los cuales deberán atender los casos de violencia que se presenten de acuerdo con las atribuciones previstas en la ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. Los servicios proporcionados por los Cemaiv serán gratuitos.

La ley de referencia cumple los extremos solicitados en la General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la General de Igualdad entre Hombres y Mujeres. Ergo, el trabajo desempeñado por este gobierno se encamina en la protección de toda persona receptora de violencia.

Reconociendo su digna labor, le envío mis más atentos saludos.

Respetuosamente

Guanajuato, Guanajuato, a 11 de diciembre de 2009.— Licenciado José Gerardo Mosqueda Martínez (rúbrica), secretario de gobierno.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

Continúe con oficios del Gobierno del estado de México.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva:«Escudo.— Gobierno del Estado de México.

Diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por instrucciones del licenciado Enrique Peña Nieto, gobernador constitucional del estado, acuso recibo de su amable oficio número D.G.P.L.61-II-9-0417, de fecha 8 de diciembre del año en curso, mediante el cual hace del conocimiento los puntos de acuerdo aprobados en la sesión celebrada el día 26 de noviembre del año en curso.

Al respecto, me permito comunicarle que el titular del Ejecutivo estatal, al inicio de su administración estableció como objetivo en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011 “incluir, apoyar y proteger a las mujeres”, a través de diferentes acciones, dando lugar a la creación de diversos órganos que, con una política transversal e integral, ejecutan acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, siendo éstos los siguientes:

• Un Centro Regional de Atención a Mujeres Maltratadas, albergue Germán I. Rooth, en el cual se recibe y brinda atención a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia, a cargo del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social.

• Diez y seis Unidades de Atención a Mujeres, sus Hijas e Hijos en Situación de Violencia, así como una línea telefónica 01800 denominada “Línea Sin Violencia” y otra 01800 de apoyo a víctimas de la trata de personas, las cuales funcionan las 24 horas del día los 365 días del año, dependiente del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social.

• Diez y seis Centros de Atención Especializados en la Prevención y Atención a la Violencia Familiar, Sexual contra las Mujeres, dependiente del Instituto de Salud del Estado de México.

• Ciento dos Centros de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia en los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia.

• Treinta y nueve Unidades de Atención a las Víctimas del Delito, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

El objetivo de estas instituciones es brindar atención jurídica, psicológica y médica a las mujeres en situación de violencia, vinculándose  a través del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, con la finalidad de garantizar una atención integral.

No omito mencionar que el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México, es integrante del Sistema Nacional para. Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, participando en las comisiones de Atención, Sanción y Erradicación.

En mérito de lo anterior, el señor gobernador trabaja en coordinación con las instancias federales y los municipios integrantes del estado de México, a fin de fortalecer sus vínculos y acciones para otorgar una atención integral en favor de las mujeres.

Sin otro particular, le reitero las muestras de mi consideración distinguida.

Atentamente

Toluca de Lerdo, México, a 18 de diciembre de 2009.— Maestro Efrén Rojas Dávila (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

Continúe con oficios del Gobierno del estado de Nuevo León.

PROGRAMA DIPUTADA AMIGA, DIPUTADO AMIGO

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Escudo del Gobierno del Estado de Nuevo León.

Diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados de la LXI Legislatura.— Presente.

Por medio del presente y en respuesta a su oficio D.G.P.L 61-II-9-0438, de fecha 8 de diciembre del año en curso, enviado al licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador constitucional de Nuevo León, de la implantación del Programa “Diputada Amiga, Diputado Amigo”, me permito informar a usted que por parte del gobierno de Nuevo León diseñó una estrategia denominada “ Pás@la Bien por Nuevo León” que tiene por objeto contribuir a una internación y regreso seguro a su lugar de residencia en México, en su tránsito por éste Estado. El objetivo es facilitar la denuncia ciudadana a través de medio electrónicos, de envío de imágenes desde celulares y disminuir la incidencia de abuso de los cuerpos policiacos y de tránsito que sufren los paisanos en el tránsito a sus destinos.

De acuerdo a los resultados del sondeo realizado al Programa Paisano por el Colegio de la Frontera Norte en el período del invierno de 2008muestran que ingresaron a México por los puentes de Colombia, Nuevo León, Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas 150 mil 27 vehículosy 19 mil 21 autobusesque representan el 80.60 por ciento de los ingresos al país, de estos el 79 por cientomanifestó que la principal razón para visitar México fue visitar a sus familiares y amigos, en tanto el 5 por ciento regresaba por falta de empleo en Estados Unidos. Importante comentar que el 51.9 por cientode estos migrantes de retorno viajaron acompañados.

Uno de los hallazgos más importantes de este estudio fue, que en su retorno a Estados Unidos el 59.9 por cientode los encuestados enfrentaron problemas con autoridades policiacas y el 40.1 por cientocon funcionarios de aduanas. Asimismo, los que manifestaron problemas con los cuerpos policíacos el 66.6 por cientocorresponde a corporaciones municipales (policía y tránsito) y el 34.4 por cientocon la policía federal.

Nuestra campaña que tiene como objetivo contribuir a una internación y regreso seguro a su lugar de residencia en su tránsito por Nuevo León, con tres ejes de acción.

• Distribución de la “Misiva: Pás@la bien por Nuevo León Paisano”, en los puertos de internación Colombia, Nuevo León, Nuevo Laredo y Reynosa, la cual se informa y exhorta a documentar por medio de audio y video su denuncia ciudadana y remitirla por medios electrónicos a

•paisano@conofam.org

• MMS al +52 811 790 4141, y;

• 070de la Dirección del Informatel a través del 01 800 2630 070.

• Campaña publicitaria Pás@la bien por Nuevo León Paisanoa través de “espectaculares”, en las principales carreteras de acceso, tránsito y puntos de intersección de los principales ejes carreteros y vialidades de Nuevo León.

• Spots de radioy cintilla utilizando los espacios de los medios gubernamentales;

• Comunidad migrantesdel portal gubernamental de Nuevo León.

• Compilación, recopilación, canalización y seguimiento de las denuncias ciudadanas ante las instancias de control interno de los tres órdenes de gobierno.

En espera de su amable atención, reciba un cordial saludo y la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, a 11 de diciembre de 2009.— Licenciada Alejandra Ocádiz Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

Continúe con oficio del Instituto Federal Electoral.

CEDULA DE IDENTIFICACION CIUDADANA

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Instituto Federal Electoral.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presente.

Me refiero a su atento oficio número DGPL 61-II-9-0560, por el que se comunicó a esta presidencia un punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión relacionado con la cédula de identidad ciudadana.

Al respecto, comento que, como fue anunciado a través de los medios de comunicación el pasado 13 de enero por los consejeros electorales, a fin de formar un consenso amplio e incluyente en torno de la nueva política que permita cumplir el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Población, el Instituto Federal Electoral ve la necesidad de incluir a los representantes de los grupos parlamentarios y de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General en el análisis de los trabajos que sobre el particular se lleven a cabo con el Ejecutivo federal.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 19 de enero de 2010.— Doctor Leonardo Valdés Zurita (rúbrica), consejero presidente.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente para su conocimiento.

Continúe con oficios de la Secretaría de Gobernación.

FOMENTO AGROPECUARIO

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-2-263, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Balfre Vargas Cortez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 112.1.-023, suscrito por el ciudadano Francisco Javier Flores Chávez, director general de Estudios Interinstitucionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a los Fideicomisos Estatales de Fomento Agropecuario.

Atentamente

México, DF, a 19 de enero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas.— Unidad de Enlace Legislativo.— Presente

En atención a su oficio número SEL/UEL/311/2399/09 del 17 de diciembre de 2009, donde se comunica el punto de acuerdo aprobado en sesión del honorable Congreso de la Unión mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo federal la liberación del pago a los productores beneficiarios de los recursos radicados en los Fideicomisos Estatales de Fomento Agropecuario (FOFAE).

Al respecto, anexo comentarios emitidos por el licenciado Carlos Gutiérrez Jaime, director general de Eficiencia Financiera del 15 de enero de 2010, para los fines que estime procedentes.

• Conforme a los puntos de acuerdo y en referencia a la liberación al pago a productores beneficiarios de los recursos radicados en los FOFAES, éstos han sido cubiertos conforme a los convenios de coordinación existentes a la fecha.

• Se adjunta al presente, en medio magnético, los 32 convenios que fueron debidamente publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Sin más por el momento, y en espera de que esta información le sea de utilidad, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 18 de enero de 2010.— Francisco Javier Flores Chávez (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

MEXICO - GUATEMALA

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P1A.-2947, signado por el senador Arturo Núñez Jiménez, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DG/004/2010, suscrito por el ciudadano Alfredo Elías Ayub, director general de la Comisión Federal de Electricidad, así como el anexo que en éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la compra-venta de energía eléctrica entre México y Guatemala.

Atentamente

México, DF, a 18 de enero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Cámara de Senadores.

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P1A.-2978, signado por el senador Arturo Núñez Jiménez, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGVI/13/2010, suscrito por el licenciado Enrique Lepine Muñoz, director general de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Desarrollo Social, así como el anexo que en éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Atentamente

México, DF, a 18 de enero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Cámara de Senadores.

DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número CP2R3A.-4972, signado por el senador José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPEE/0021/2010, suscrito por el licenciado Joaquín Francisco Guzmán López, director general de Planeación, Programación y Evaluación Educativa de la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual responde al punto de acuerdo relativo a los Centros Comunitarios en el Distrito Federal.

Atentamente

México, DF, a 18 de enero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Cámara de Senadores.

COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:El siguiente punto del orden del día es la presentación del informe del doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se designa en comisión para recibirlo a los siguientes legisladores: diputada Marcela Guerra Castillo, senador Sergio Álvarez Mata, senador Jesús Garibay García, senador Javier Orozco Gómez y al diputado Pedro Vázquez González.

Por lo que solicito a la comisión cumpla con el cometido de acompañar al doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a este recinto para que rinda su informe.

(La comisión cumple con su encargo)

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se encuentra entre nosotros el doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para presentar el informe de actividades correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009.

Tiene la palabra el doctor Raúl Plascencia Villanueva para rendir el informe correspondiente.

El doctor Raúl Plascencia Villanueva:Muy buenos días, señor diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Señoras y señores integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este honorable Congreso de la Unión. Señoras legisladoras y señores legisladores que conforman la Comisión Permanente de este honorable Congreso. Damas y caballeros.

Es para mi un honor presentarme ante la más alta tribuna en el país, a fin de cumplir con la obligación que establece el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y presentar el informe de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, correspondiente al ejercicio 2009.

El 16 de noviembre del año pasado inicié mi gestión como titular de esta institución, por lo que las tareas realizadas durante el año pasado corresponden sustancialmente a la administración anterior, siendo los últimos 45 días los que corresponden a mi mandato.

Miren ustedes. Las coyunturas que en distintos órdenes afectaron la vida en México, durante el año 2009, generaron un ambiente adverso al desarrollo humano, económico y social. La crisis económica, la inseguridad social, la desconfianza de la población hacia las instituciones e incluso el entorno global, incrementaron la actividad delictiva. Secuestros, robos, atentados contra migrantes, abusos contra los grupos más vulnerables, así como la imposibilidad real de disponer de recursos suficientes para enfrentar los principales reclamos sociales por parte del Estado, generaron un sinnúmero de situaciones críticas en el país.

Estos eventos sensibilizaron a la sociedad que exigió de las autoridades respuestas oportunas y eficaces para enfrentar los efectos de las diferentes crisis económica, política y social, que a todos nos golpearon.

Dichas circunstancias no deben suponer un adelgazamiento o reticencia en la observancia de los derechos humanos. Por el contrario, deben servir para convocarnos, a todos, a reforzar las acciones que permitan garantizar el pleno compromiso con el respeto de los derechos humanos.

En este contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos participó activamente, durante estos últimos 12 meses, en la generación de acciones y mecanismos que contribuyeron a fortalecer la confianza de los habitantes en las instituciones, procurando el interés superior de las víctimas ante cualquier arbitrariedad.

A continuación me permito hacer de su conocimiento un recuento de las principales acciones realizadas en el periodo que se informa.

En el 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ofreció más de 45 mil servicios, entre los que se encuentran: orientación a los quejosos, remisión a las autoridades y revisión de solicitudes en materia de transparencia. Lo anterior, significó más de 123 acciones por día y se atendieron 7 mil 713 expedientes de queja.

Las autoridades más frecuentemente señaladas en hechos presuntamente violatorios a los derechos humanos fueron: en primer lugar, la Secretaría de la Defensa Nacional, seguida del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Procuraduría General de la República. De igual manera, se emitieron 78 recomendaciones específicas a más de 100 autoridades e instancias federales y locales.

Debo hacer mención que las autoridades que no aceptaron algunas de estas recomendaciones fueron las siguientes: los titulares de los poderes ejecutivos de los estados de Guanajuato, Guerrero, Morelos y Oaxaca; así mismo, el jefe de gobierno del Distrito Federal. De igual manera los titulares de los ayuntamientos de Acayucan, Veracruz; Jiménez, Michoacán; Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Olinalá, Guerrero; y Tijuana, Baja California.

Por otra parte, los secretarios de Relaciones Exteriores y del Trabajo y Previsión Social; el procurador general de la República; el director general de Petróleos Mexicanos; el comisionado del Instituto Nacional de Migración; los directores generales del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía; y del Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud del gobierno federal, así como el Congreso de Sinaloa.

Por ello es que considero oportuno fortalecer el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través de reformas legales necesarias, para que aquellos funcionarios públicos que no acepten las recomendaciones o que no cumplan con las mismas, cuando hayan sido aceptadas, comparezcan ante las Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, o bien, de la Cámara de Diputados, y puedan fundar y motivar sus acciones u omisiones y, en su caso, se les puedan fincar las responsabilidades correspondientes por la omisión en respetar los derechos humanos.

Con la finalidad de promover una cultura de respeto a los derechos humanos se llevaron a cabo 978 acciones de capacitación, en las cuales participaron más de 43 mil servidores públicos. Adicionalmente se realizaron 182 actividades con organizaciones sociales, con una participación de más de 6 mil 600 personas.

Cabe señalar que como resultado de este acercamiento se firmaron 110 convenios de colaboración en la materia con universidades, organismos públicos, organizaciones no gubernamentales y autoridades.

Esta institución organizó y participó en cerca de 5 mil actividades de este tipo, que beneficiaron aproximadamente a 395 mil personas. Igualmente, se publicaron más de 2 millones de ejemplares sobre temas vinculados con los derechos humanos.

A manera de ejemplo. De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se publicó un Informe especial sobre el grupo juvenil Emos, ante la creciente alerta de discriminación contra ellos. En dicho documento se dejó claro que las agresiones de algunos miembros de la sociedad, como de algunas autoridades, evidencian un problema de intolerancia social que requiere la atención coordinada por parte del gobierno en sus tres órdenes.

Otro ejemplo es la publicación del Informe especial sobre secuestro de migrantes. Miren ustedes, el adverso entorno económico fomentó de manera importante la salida de mano de obra de las zonas más marginadas del país. Durante 2009 fuimos testigos de cómo muchos hombres, mujeres y niños, paisanos nuestros, emprendieron un camino hacia Estados Unidos de América, en la mayoría de las veces bajo condiciones inhumanas y, generalmente, expuestos a los abusos de las autoridades de ambos lados de la frontera; o bien, siendo víctimas del delito ante redes de delincuentes que amparados en la impunidad han encontrado en el tráfico de personas una forma de vida.

La muerte, el abuso o la desintegración familiar son sólo algunos de los costos por conseguir este objetivo.

Ante esta situación la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó un Informe especial sobre el secuestro de migrantes. En este trabajo se dejó en claro que existe ineficiencia del sistema de justicia para prevenir, investigar, perseguir y castigar el secuestro de migrantes, así como ineficacia de la autoridad para prevenir el delito, proteger a las víctimas y lograr la reparación del daño, en lo que además debe quedar expresada una garantía de no repetición.

Otro ejemplo de las acciones realizadas en 2009 fue la emisión de recomendaciones generales, relativas a eventos de trascendencia nacional, con el fin de que se promuevan las modificaciones normativas y prácticas administrativas que propician violaciones a los derechos humanos.

En el periodo que se informa se emitieron tres recomendaciones de este tipo: la primera de ellas, Recomendación 15, sobre el derecho a la protección de la salud, relativa a las condiciones bajo las cuales se presta ese servicio por parte de las instituciones responsables en el país.

La segunda, la 16, sobre el plazo para resolver una averiguación previa por parte del Ministerio Público; y la tercera es la que más puede afectar el desarrollo de un país, es precisamente sobre el caso de agresiones a periodistas y la impunidad prevaleciente.

En este sentido deseo expresar la más enérgica condena por el hecho de que durante el año 2009 se haya presentado el mayor número de atentados y agravios en contra de periodistas y comunicadores, así como a defensores civiles de derechos humanos en los últimos años.

Se radicaron en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 105 expedientes de queja; 79 de ellos por actos cometidos en perjuicio de periodistas y 26 en agravio de defensores civiles.

En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hemos sido enfáticos para que las autoridades tomen las medidas necesarias para enfrentar la impunidad, que indaguen y agoten todas las líneas de investigación y emprendan las estrategias contundentes que garanticen condiciones de seguridad y prevención, suficientes para el ejercicio profesional de periodistas y para la labor de los defensores civiles en materia de derechos humanos.

En ese mismo año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 10 de la Constitución General de la República, promovió diversas acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre temas tales como:

Los derechos de las personas con discapacidad, los principios de no discriminación y respeto a la dignidad humana, el derecho a la información y el derecho de acceso a los tribunales para que se resuelvan cuestiones vinculadas con el medio ambiente, el derecho al debido proceso y el derecho a la seguridad de las personas, entre otros.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene un firme compromiso con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Por ello, durante 2009 se llevaron a cabo cerca de medio centenar de visitas a distintas ciudades, municipios y comunidades con población indígena, para acercar a la institución a las regiones más alejadas y desprotegidas del país.

Con relación a los beneficios de libertad anticipada para indígenas se obtuvieron 674 certificados de libertad anticipada para este sector de la población.

En cuanto a la investigación de los reportes de desaparición de personas, en los que se presumió o se afirmó la participación de algún agente del Estado, se llevaron a cabo 214 trabajos de campo y se tramitaron 14 mil siete solicitudes de información a diversas autoridades federales, estatales y municipales. En el periodo que se informa se concluyeron 70 casos de personas reportadas como desaparecidas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es la instancia responsable de desarrollar las funciones del mecanismo nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Dentro de este marco se realizaron 194 visitas, se elaboraron informes dirigidos a gobernadores y presidentes municipales de varias entidades del país.

Por lo que hace a la protección de los derechos de los migrantes, en 2009 se realizaron mil 555 visitas a estaciones migratorias, en las que se atendieron a 30 mil 515 personas y se iniciaron 187 expedientes de quejas y 9 más de oficio. Asimismo se desarrollaron 231 visitas a lugares dependientes de una autoridad diferente a la migratoria y a puntos de concentración de migrantes. En estas visitas se atendieron a 4 mil 102 personas.

Con la finalidad de difundir el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, se realizaron 16 actividades de enlace y 65 reuniones de trabajo con instituciones públicas y organizaciones sociales. Además se dio atención a 219 quejas de presuntas violaciones al derecho de igualdad entre mujeres y hombres y se ofreció capacitación en la materia a un total de 5 mil 815 personas.

La trata de personas es una agresión inaceptable a la libertad y a la dignidad de los seres humanos. Con el objeto de dar seguimiento a la actuación de las autoridades en la materia, se finalizó la instalación de 10 comités regionales contra la trata de personas, cuya sede se ubica en los estados en los que existe una oficina regional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Otra actividad fundamental es la promoción de los derechos de la niñez, las mujeres, los adolescentes, los adultos mayores y la familia, desde una perspectiva de género y del interés superior en la infancia. En este sentido, se brindó atención a 281 solicitudes en materias vinculadas con violencia intrafamiliar, pensión alimenticia, discriminación, guarda y custodia, entre otras.

Dentro del marco de la atención y gestión de solicitudes de beneficios legales de libertad anticipada y traslados penitenciarios, durante 2009 se atendieron mil 42 peticiones y, como resultado de estas gestiones la autoridad federal informó de la resolución de un total de 635 casos.

Durante 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio seguimiento a las obligaciones establecidas en la reforma al artículo 18 constitucional en materia de justicia para adolescentes. Hemos dado cuenta, a través de diferentes estudios e instrumentos jurídicos, de la situación que presenta esta materia. Por ello, quiero reiterar en este foro la urgente necesidad de que el Poder Legislativo impulse todos aquellos proyectos de ley necesarios para garantizar, a los jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley, la salvaguarda de sus derechos fundamentales, particularmente, la aprobación del proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, que se encuentra pendiente desde hace cerca de tres años.

En materia de supervisión penitenciaria, durante el año que se informa, se llevaron a cabo 134 visitas, una de ellas a la Prisión Militar número 1; otras 99 a centros que integran el Sistema Federal Penitenciario y finalmente 34 a centros administrados por autoridades del fuero común.

En cuanto a difusión, educación y prevención en materia de VIH-sida, en 2009 se entregaron 132 mil 18 materiales; además se ofrecieron 73 actividades de capacitación en beneficio de mil 990 servidores públicos, pertenecientes a diversas instituciones en materia de salud educativa, tanto de organismos estatales como federales.

Durante 2009 se prestaron 2 mil 259 servicios a víctimas del delito, incluida la atención jurídica y psicológica. Debo ratificar ante ustedes la prioridad que representa para mi gestión la protección efectiva de las víctimas del delito, de las víctimas del abuso del poder, de las víctimas de la indolencia.

Para lograr de mejor manera dicho objetivo, es impostergable también hacer realidad la Ley Federal de Atención a Víctimas del Delito y, en particular, aprobar una ley para atender de manera adecuada a las víctimas del delito de secuestro, que hoy se encuentran ambas como iniciativas en este honorable Congreso de la Unión.

La mejora en la situación de los derechos de las mujeres, en México, sigue siendo una asignatura pendiente. Si bien sabemos que los esfuerzos nacionales e internacionales por difundir y proteger estos derechos han tenido un avance significativo, todavía hace falta mucho camino por recorrer.

Uno de los casos más claros es la presencia aún, en nuestra sociedad, de la violencia en contra de la mujer, en cualquiera de sus formas, desde la –en ocasiones– silenciosa violencia intrafamiliar, hasta el insultante comercio de personas, donde las mujeres son la más oprobiosa mercancía y, por supuesto, sin dejar de lado los vergonzosos casos de asesinatos de mujeres que han señalado a México en el ámbito internacional.

Al respecto, la Comisión Nacional que presido seguirá trabajando a través de su programa especial para el combate a la trata de personas y vigilará que se respete la igualdad de género y combatirá todas aquellas formas de conducta que violenten los derechos de las mujeres. En especial nos comprometemos a coadyuvar para que se haga justicia en los casos de los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde a la fecha son 504 los casos de atentados en contra de la vida de mujeres, que continúan muchos de ellos pendientes de que se haga justicia.

Otro tema preocupante tiene que ver con las condiciones de vida de aquellas personas que viven con algún tipo de discapacidad. Reconozco que existen importantes avances, pero también rezagos legales y en infraestructura, lo mismo que actitudes de discriminación que impiden o retrasan la plena integración social de este grupo altamente vulnerable. Por ello, debemos promover un entorno legal y material favorable a estos grupos y, por supuesto, combatir de manera enérgica cualquier forma de discriminación al respecto.

Señoras legisladoras y señores legisladores, el 2010 significa para los mexicanos la conmemoración de dos acontecimientos fundamentales para la nación, dos acontecimientos que tenemos que recordar: la Independencia de México y la Revolución Mexicana. Ésta es una buena oportunidad para reflexionar sobre el enorme sacrificio de mexicanas y mexicanos valientes que dieron su vida para que México fuese un país de leyes. Un país en donde el respeto a la ley sea la norma fundamental de convivencia; en donde la vigencia del estado de derecho sea una condición imperante para sustentar las bases del desarrollo del país.

Pienso que debemos detenernos un momento y reflexionar, debatir, ponderar y tomar decisiones en torno al futuro de nuestro país y discutir de manera democrática, tolerante, exhaustiva e incluyente todas aquellas vías para hacer una realidad tangible los principios de libertad, independencia, justicia e igualdad a los que aspiramos y tenemos derecho todos los mexicanos por igual, sin distingo alguno.

Este año también se conmemora el vigésimo aniversario de este organismo nacional, lo cual amerita la consolidación y la orientación de los esfuerzos para llevar a la institución hacia los nuevos compromisos que impone la sociedad mexicana de la segunda década del siglo XXI.

Los derechos humanos son e implican un compromiso de todos, se requiere la colaboración decidida de instituciones públicas y privadas, de gobernantes, de legisladores, de organizaciones de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de los ombudsman locales, pero, sobre todo, de la sociedad cuya cultura en esta materia hay que impulsar intensamente.

Un aspecto fundamental en el México contemporáneo es el del fortalecimiento de la cultura de la legalidad y el estado de derecho.

Al respecto, con la finalidad de enfrentar la compleja problemática que padece el país, estoy convocando a la celebración de unas jornadas nacionales en la materia, en las que participen todos los actores políticos y sociales con un gran sentido ético, con un gran compromiso y con una gran tolerancia.

En ese mismo sentido, es importante trabajar en una Carta de Deberes de las Personas que clarifique los deberes y responsabilidades que tenemos todos. Estoy consciente de que en un país como el nuestro, con enormes carencias sociales y económicas, así como con una profunda y ancestral desigualdad, podría parecer paradójico, incluso ofensivo, solicitar a los grupos vulnerables y a quienes en su conjunto han padecido la inacción o, incluso, el abuso gubernamental, el cumplimiento de sus deberes.

Sin embargo, también estoy convencido de que esto debe ser entendido en su justa dimensión. Dicha convocatoria busca que todos los habitantes del país, independientemente de la condición que tengamos, servidores públicos o particulares, seamos los auténticos beneficiarios de los derechos que establece el orden jurídico nacional, pero reclama también que todos cooperemos para lograr dicho objetivo.

Superar el problema de la impunidad es uno de los grandes retos para los próximos años. Esta problemática desalienta la labor de las autoridades y genera una percepción negativa en los ciudadanos.

En este sentido inhibe la participación de la sociedad al no encontrar ésta suficiente incentivo para denunciar delitos, ya que aún haciéndolo, el hecho de que de cada 100 delitos sólo 2 delincuentes vayan a prisión genera una desilusión y deja clara la necesidad de trabajar en aspectos de eficiencia institucional, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia y evitar la impunidad.

Desde esta alta tribuna invito a todos los miembros de las honorables Cámaras de Diputados y de Senadores, servidores públicos, y a la sociedad en general, sin distingos de partido o intereses de grupo, y con la firme convicción de trabajar por un México mejor, a participar con entusiasmo y decisión en la suma de esfuerzos para hacer de estas jornadas nacionales a favor de la cultura de la legalidad, una realidad nacional.

Señoras legisladoras y señores legisladores, el propósito de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es contribuir activamente a la construcción de un estado de derecho en las actuales circunstancias que vive el país, con la presencia de una gran tensión social derivada de la inseguridad pública, la agudización de las desigualdades y la polarización política. Queremos ser una institución promotora del diálogo respetuoso y constructivo entre todos los actores sociales y políticos.

Mención especial merece la situación de inseguridad que se vive en el país, la cual ha ido en aumento en los últimos años. Este fenómeno, que lastima profundamente a la sociedad, ha cobrado la vida de muchos seres humanos y ha dejado a otros debatiéndose entre la vida y la muerte. Las 8 mil ejecuciones atribuidas al crimen organizado, durante el 2009, representan una clara muestra de la situación imperante en el país.

Es necesario frenar esta situación y exigir a las autoridades que trabajen de manera coordinada, responsable, pero también, con gran eficacia en el combate a la delincuencia para garantizar a cada mexicano el derecho a la seguridad pública.

Este derecho constituye un elemento primordial para consolidar el sistema de libertades y garantizar el ejercicio, la protección y la promoción de los derechos humanos, visto como la obligación primaria y esencial del Estado.

En ello considero que la sociedad civil es un eslabón fundamental para conocer la manera en que se atienden los problemas de seguridad pública, la forma en que trabajan las autoridades, cómo se pueden prevenir potenciales violaciones a los derechos humanos, así como las posibles soluciones a toda esta problemática.

Como ombudsman nacional me he planteado el compromiso de promover una mayor cercanía con la sociedad y así buscar sumar esfuerzos en la consecución de un objetivo común: la vigencia efectiva de los derechos humanos.

Por otra parte, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostenemos que el Ejército no debe cumplir funciones de policía. Lamento lo que sucede actualmente y únicamente lo explico como una actividad transitoria y de emergencia ante los graves atentados ocurridos en materia de seguridad pública.

En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos buscaremos promover que los policías organizados puedan hacerse cargo de la función que les corresponde: la seguridad pública; y que el Ejército se mantenga en la esfera de las facultades que constitucionalmente le corresponden.

Deseamos tender puentes y promover la tolerancia, la armonía, la conciliación, el respeto a la disidencia, al distinto, al diferente, como condición necesaria para la construcción de un país de instituciones, de un país más justo. De un país más equitativo.

En nombre de todos y cada uno de los integrantes del organismo que represento, les ofrezco el compromiso ético y profesional de contribuir a construir la estructura institucional del México del mañana que nos permita transitar hacia un futuro con mayor libertad, con mayor bienestar para todos sus habitantes y, para que así, nuestro país alcance el lugar que le corresponde en el concierto internacional. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna el informe a las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

Señor presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, agradecemos su presencia en esta Comisión Permanente para entregar el informe de actividades de dicha institución. Sabemos del trabajo que esa comisión a su cargo está llevando a cabo para velar por un estado de derecho.

Las legisladoras y los legisladores analizaremos cuidadosamente el contenido del informe que este día nos entrega. Tenga la seguridad de que estaremos trabajando por la defensa de los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos.

Se pide a la comisión designada acompañar al doctor Raúl Plascencia Villanueva cuando él desee retirarse de este recinto.

Continuamos con nuestro orden del día, en el capítulo de iniciativas.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Esta Presidencia recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 60, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por el diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave y el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Iniciativa que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por el diputado Humberto López Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las actuales condiciones económicas por las que atraviesa el país, se han traducido tanto en el incremento en el desempleo como en el encarecimiento de diversos bienes y servicios en detrimento de la economía familiar. Por ello, como legisladores representantes de la voluntad del pueblo que nos eligió, es necesario que en el diseño de políticas públicas busquemos contrarrestar los efectos negativos de esta crisis, expidiendo los lineamientos para proporcionar en el futuro mejores condiciones de bienestar para la población.

En dicho sentido, la dinámica económica y social actual ha marcado a los servicios de telecomunicaciones como uno de los elementos básicos, tanto para la realización de las actividades económicas, como para la comunicación de los habitantes del país, independientemente de su condición socioeconómica.

Es así que los servicios de telecomunicaciones, particularmente los relacionados tanto con la telefonía fija y principalmente con la telefonía móvil, han tenido un crecimiento explosivo en los últimos años, volviéndose un servicio indispensable para la convivencia social y económica.

En efecto, dentro del sector de las telecomunicaciones la telefonía tanto fija como móvil, tienen especial relevancia dada su condición de ser el principal medio de comunicación persona a persona y el de mayor penetración para la población, que cuenta ya con aproximadamente veintiún millones de usuarios en telefonía fija y casi ochenta millones de usuarios en telefonía móvil.

De hecho, los servicios de telefonía local como los de larga distancia, dado su alcance en cobertura logrados por la Redes Públicas de Telecomunicaciones del país, así como por su penetración, resultan los medios fundamentales por los cuales la población se comunica entre sí, habiéndose convertido en un servicio de primera necesidad cuya oferta debe fomentarse en el beneficio de la población, sin perjuicio de los esfuerzos realizados por el Estado en otras áreas de servicios del sector.

Por ello, en esta iniciativa se propone que la oferta comercial, en aras a permitir el mayor acceso a usuarios a los servicios de telecomunicaciones, así como de fomentar la sana competencia entre los operadores, debe verse complementada por planes y tarifas donde la medición, tasación y cobro de los servicios local y de larga distancia se encuentren basados en el tiempo real de consumo, tomando como unidad de medida el segundo, lo cual, por una parte fomentará la capacidad de elección de los usuarios, quienes podrán decidir además de otros criterios de calidad y precio, por aquél criterio de medición y cobro, que mejor se acomode a sus necesidades particulares y presupuestos, así como por otra en materia de competencia entre operadores, creará un entorno adicional a considerar y que conducirá a mejores condiciones para los usuarios.

Esta propuesta es perfectamente compatible con lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones, en cuyo artículo séptimo señala entre sus objetivos el promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, así como el de fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones a fin de que éstos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuario, que es precisamente lo que aquí se propone.

Además, es congruente con el objetivo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el sentido de garantizar el acceso a servicios de comunicaciones a fin de que los mexicanos puedan comunicarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo y compatible con la estrategia de incrementar la competencia entre operadores con la finalidad de aumentar la cobertura de los servicios en el país y contribuir a que las tarifas permitan el acceso de un mayor número de usuarios al servicio.

Esta proposición no atenta contra la libertad tarifaria prevista en la Ley Federal de Telecomunicaciones que establece en su artículo 60 la posibilidad de que los concesionarios y permisionarios fijen libremente las tarifas de los servicios de telecomunicaciones en términos que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia, por lo que el principio de libertad tarifaria se encuentra subordinado a la consecución de los objetivos planteados en la propia ley. Se trata de un tema de medición y cobro del servicio por el tiempo efectivamente utilizado y de la disponibilidad de planes y tarifas basadas en el principio del cobro por segundo como unidad de medida.

Por estas razones, los operadores de servicios de telecomunicaciones deberán, dentro del principio de libertad tarifaria consagrado en la Ley Federal de Telecomunicaciones, colaborar en el desarrollo del sector de las telecomunicaciones y de la nación en general, incorporando dentro de su oferta comercial, planes y tarifas que permitan la medición y cobro por segundo.

La aplicación en la práctica de la medición para cobro por segundo involucra la modificación a los sistemas de facturación y de otros elementos de la infraestructura de los operadores empleada tanto para la conducción de tráfico y cobro dentro de su propia red, así como en las relaciones de interconexión e interoperabilidad de sus respectivas redes públicas de telecomunicaciones, por lo que la iniciativa prevé un tiempo razonable para su implementación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía se turne a la Tercera Comisión de esta honorable Comisión Permanente, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único: Se adicionan un segundo, tercer y cuarto párrafos al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo 60. ...

Tanto para el caso de la telefonía sea fija o móvil, tratándose del servicio local como el de larga distancia, el parámetro para fijar la tarifa y su cobro será aquél que de acuerdo con la fracción VII del artículo 44 de esta Ley, sea contratado por el usuario de entre los planes y tarifas que al efecto tenga disponibles el operador del que se trate. 

Al efecto, los operadores de servicios de telecomunicaciones tanto del servicio local como de larga distancia, sean concesionarios o permisionarios, deberán incorporar a su oferta comercial el tiempo real en segundos, como medio de tasación y cobro para el servicio de voz tanto local como de larga distancia, estableciendo al efecto planes y tarifas que estén basados o tengan tal opción de cobro, sin perjuicio de la existencia de planes y tarifas basadas para su medición y cobro por  minuto,  por evento, por capacidad, o cualquier otra modalidad, dando al usuario la opción de elegir el que más convenga a sus intereses y  fomentando con ello la competencia entre operadores.

Los operadores de los servicios de telecomunicaciones tendrán la obligación de informar a sus usuarios los planes y tarifas disponibles, incluyendo aquellos que incluyan la oferta de servicios de voz local como de larga distancia empleando el segundo como criterio de medición.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los ciento ochenta días posteriores al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de que los operadores de redes Públicas de Telecomunicaciones que presten el servicio local y/o el servicio de larga distancia realicen las adecuaciones necesarias a sus sistemas de facturación e infraestructura, elaboren los planes y tarifas considerando el segundo como criterio de medición y cobro, así como para que presenten para su registro, previo a su puesta en vigor, de acuerdo con lo señalado en los artículos 61 y 64 fracción VIII de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Segundo.Sin perjuicio de las atribuciones de verificación y sanción conferidas a la Comisión  Federal de Telecomunicaciones, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 8, 13, 24 y demás aplicables de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría Federal de Consumidor, podrá realizar las acciones conducentes a efecto de verificar el establecimiento y aplicación de planes y tarifas basados en segundo por parte de los operadores en la prestación de servicio local y de larga distancia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de enero de 2010.— Diputados: Jorge Humberto López Portillo Basave (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.

Esta Presidencia recibió iniciativa con proyecto de decreto de reforma al artículo 3o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que se retira del orden del día hasta la próxima sesión.

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 17 y 18, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva:«Iniciativa que reforma los artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, suscrita por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Hobbes dice en su libro “Leviatán”, que el Estado es el protector de la vida de sus súbditos y el último fundamento “racional” de su seguridad colectiva. Es decir, “frente a la inminencia colectiva de la propia muerte, allí donde reina la guerra de todos contra todos, el Estado debe instaurar la paz y la seguridad física de la sociedad civil”. El Leviatán asegura la vida de sus súbditos en paz.

El orden público es una condición necesaria para la subsistencia de un Estado. Sin él, se está en presencia de una sociedad desordenada, gobernada por el caos, la anarquía y la inseguridad, entorno en el que se destruyen los vínculos sociales y se erosiona el capital humano de una sociedad, al aumentar la desconfianza dentro de las comunidades. Ante el incremento de la percepción de inseguridad, los ciudadanos abandonan los espacios y las responsabilidades  públicas.

La encuesta Mitofsky de Percepción Ciudadana sobre la Inseguridad en México de agosto de 2009, revela, a partir de una muestra de 3 mil ciudadanos, que 2 de cada 3 encuestados considera que la inseguridad es peor que la que se vivía en 2008; asimismo, el 24 por ciento de los encuestados reportó haber estado cerca de la comisión de un delito. La inseguridad y el delito amenazan con volverse actores culturales.

La preservación del orden público es requisito indispensable para la conservación  de las libertades y los derechos del ciudadano. Sin embargo, el fenómeno de la inseguridad ha venido evolucionando, desde una concepción puramente represiva en sus inicios hasta una concepción mucho más acabada en la actualidad, que tiene que ver con todo aquello relacionado con la persona y su patrimonio, a niveles organizativos y territoriales que se creían impensables.

Desde una percepción ciudadana, vinculada a un entorno favorable al desarrollo de todo género de actividad particular y colectiva, con certeza de la preservación de la integridad moral y física, la seguridad pública debe ir mucho más allá de la acción exclusivamente realizada por las instituciones policiacas o ministeriales. Para la población en general, la seguridad pública integral tiene que ver con el combate efectivo al delito y la impunidad, pero también con asuntos como, la prevención de las adicciones, la integración familiar, la equidad, la solidaridad humana, la educación vial o la protección civil en general, entre otros factores.

En este orden de ideas, en las últimas décadas, el tema de la Seguridad Pública se ha posicionado en el centro de las prioridades del Estado mexicano. La seguridad y la justicia son constantemente objeto de análisis y crítica; es una de las exigencias más sentidas de nuestra sociedad y debe ser atendida de forma eficiente y oportuna por el gobierno, de manera corresponsable con la sociedad.

Nuestro país está calificado como el país sin guerra más violento del mundo. Por ejemplo, el combate al narcotráfico produce una muerte cada 85 minutos, cada 24 horas pierden la vida 17 personas de forma violenta, muchas de ellas decapitadas. Según informes de la Procuraduría General de la República, se han registrado 200 decapitaciones en los últimos 3 años.

Habrá que recordar que desde su llegada al poder, el presidente Felipe Calderón ostentó la aplicación de una política de seguridad que en un principio prometió aniquilar la violencia y el narcotráfico, males que indudablemente son enemigos del progreso y el desarrollo de cualquier nación. A lo largo de tres años de gobierno, México ha vivido momentos más que sangrientos. Día tras día los medios de comunicación dan muestra de ello. No acabamos de asombrarnos ante una noticia de esta especie, cuando al día siguiente nace otra que la supera en toda dimensión, sin que exista una prevención eficaz por parte de la autoridad ante estos hechos y menos capacidad de respuesta en virtud de la falta de una mayor y mejor coordinación entre los 3 niveles de gobierno.

Aunque se reconoce el esfuerzo e invaluable labor de las corporaciones policíacas y de las Fuerzas Armadas Mexicanas y se cuenta con instrumentos para hacer frente a este fenómeno, estos procedimientos han sido insuficientes ante las urgentes necesidades en el campo de la seguridad pública, que exigen mejores resultados además de la cooperación, el diálogo permanente y una mejor coordinación en todos los niveles de gobierno.

La preservación del orden público es un requisito indispensable para la conservación de las libertades y los derechos del ciudadano. Siendo el orden público una condición necesaria para la subsistencia de un Estado, sin él se está en presencia de una sociedad desordenada, gobernada por el caos, la anarquía y la inseguridad, que destruye los vínculos sociales y erosiona el capital humano de una sociedad, al aumentar la desconfianza dentro de las comunidades.

Por ello, no podemos dejar de concebir a la seguridad pública sin la idea de participación y de coordinación federalista. Es preciso actuar con certeza de que esta no puede alcanzarse mediante estrategias y acciones aisladas de la autoridad; requiere la articulación y coordinación de todos los órganos existentes en los tres niveles de la administración pública. En razón de lo anterior, la visión de seguridad pública debe concebirse como una estrategia global e incluyente que al tutelar valores aceptados colectivamente, lleve a realizar políticas públicas verdaderamente eficaces.

En razón de lo anterior, es necesario enfrentarla desde una visión integral, que contemple las realidades de cada localidad contemplando las causas de la delincuencia, la problemática social que la acompaña, así como los fenómenos sociales y los valores culturales que la rodean y la dimensión territorial en la que se desarrolla.

En este orden de ideas, es necesaria la implantación de instrumentos de colaboración y coordinación sustentados en los marcos del federalismo, donde quedan delimitadas las obligaciones y compromisos del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades federativas, conformando una estructura legal, y una infraestructura institucional que permita fortalecer las acciones preventivas que garanticen una seguridad pública que le permita a la sociedad actuar con libertad, confianza con todas las posibilidades para su desarrollo y transformación hacia su bienestar común.

No podemos ser omisos en el diseño de sistemas y estrategias de corresponsabilidad federal. Ser uno de los menos de 30 países del mundo con sistema federal supone mayor complejidad, pero también mejor unidad, mecanismos de acuerdo, responsabilidades definidas y capacidad de convocar la heterogeneidad que nos caracteriza, alejando la imposición y el unilateralismo.

Este fenómeno tiene una naturaleza indudablemente federal, en el más amplio sentido, tomando en cuenta que un solo nivel de gobierno no puede resolverlo; que es necesaria la acción coordinada de los estados y de los municipios; asimismo, se requiere considerar al Congreso, por medio de la Cámara de Senadores, como expresión del pacto federal. Por ello, si la ley prevé que el Sistema Nacional de Seguridad Pública sea de naturaleza federalista, debe asegurar la participación de su más clara expresión, que es, por historia y atribuciones constitucionales, la Cámara de Senadores.

En ese sentido, la iniciativa que se presenta a la consideración de esta honorable asamblea, tiene como objetivo establecer una mejor coordinación entre órganos de gobierno y poderes del Estado, en materia de seguridad pública. Al ser la Cámara de Senadores la representación de la ciudadanía a nivel federal, se considera necesario que sea partícipe desde su ámbito de competencia, respecto de las acciones de colaboración y coordinación en materia de seguridad pública.

Para ello, se propone reformar el párrafo segundo del artículo 17 de la ley en comento, a fin de que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los titulares de los Centros Nacionales, a saber actualmente los de Información, de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, así como de Certificación y Acreditación, sean nombrados y removidos por el presidente del Consejo con la ratificación de la Cámara de Senadores.

Además, se adiciona una fracción XXV al artículo 18 de dicha Ley, para que de la labor del Consejo y de los Centros nacionales se informe trimestralmente a ambas Cámaras del Poder Legislativo, como debe corresponder a un mejor sistema de rendición de cuentas, transparencia y colaboración entre poderes.

La certeza física y patrimonial de los ciudadanos, es uno de los elementos indispensables en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Por ello, nuestro compromiso con México y la sociedad, es ineludible.

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 17 y se adiciona una nueva fracción XXV al artículo 18 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Artículo Único.Se reforma el párrafo segundo del artículo 17 y se adiciona una nueva fracción XXV al artículo 18, recorriendo la actual, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 17. ...

El secretario ejecutivo y los titulares de los Centros Nacionales serán nombrados y removidos por el presidente del Consejo con la ratificación de la Cámara de Senadores y deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. a V. ...

Artículo 18.Corresponde al secretario ejecutivo del sistema:

I. a XXIV. ...

XXV. Informar trimestralmente sobre los resultados de sus atribuciones y de los resultados de los Centros Nacionales a las Cámaras de Diputados y de Senadores.

XXVI. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Remítase a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de enero de 2010.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

LEY DE AGUAS NACIONALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 Bis, de la Ley de Aguas Nacionales, suscrita por los senadores Ricardo Pacheco Rodríguez y Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Iniciativa que reforma el artículo 29 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, suscrita por los senadores Ricardo Pacheco Rodríguez y Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Ricardo Pacheco Rodríguez y Adolfo Toledo Infanzón, senadores de la república a la LX Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someten a consideración de este Pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 29 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, al tenor de la presente

Exposición de Motivos

En la pasada temporada de estiaje en la zona centro del país, que es la más densamente poblada, hubo una reducción sustancial de los niveles en las presas de suministro de agua para el uso doméstico y urbano de los estados, municipios y ciudades.

Esto orilló a las autoridades del agua a realizar cortes del suministro del líquido, con las consecuentes molestias para la ciudadanía. Al parecer en este año es probable que se incremente la escasez, intensificando la interrupción del abasto de agua.

Es evidente que los esfuerzos de las autoridades locales, estatales y federales no van detener el problema, los cuales han invertido cuantiosos recursos en plantas de tratamiento y en recuperación de manantiales y pozos. Esto debido a que las áreas urbanas, van a seguir creciendo y su demanda de agua se incrementará al mismo ritmo. Lo anterior aunado a una mayor escasez de fuentes de agua dulce, debido a la contaminación y a la destrucción de las áreas de recarga, como los bosques.

Las fuentes alternativas de agua también están agotadas, los pozos que existen en el Valle de México, por ejemplo, han disminuido el manto freático, ocasionando hundimientos y resquebrajaduras del suelo, provocando un riesgo para la población.

Por lo mismo, es necesario establecer programas más ambiciosos para que se recicle el agua y se evite su desperdicio. Es necesario impulsar un nuevo enfoque para el problema del agua, el cual que debe partir desde los usuarios domésticos mismos.

En el mundo se han implementado formas de reciclar el agua de uso doméstico desde los mismos hogares. Así, la agencia gubernamental sueca de Cooperación para el desarrollo integral ha promovido proyectos de reciclaje y saneamiento del agua. Los proyectos incluyen sistemas ecológicos que tratan los desechos orgánicos, con el fin de aprovecharlos en la agricultura o como generadores de energía.

También existen proyectos para el tratamiento de las llamadas aguas grises, que son las que contienen jabón, grasas y otras sustancias.

Estos sistemas de tratamientos son relativamente baratos si los comparamos con las enormes plantas que construye el gobierno federal o los proyectos que tienen los gobiernos estatales.

Se pueden implementar en los proyectos de vivienda existentes o en las oficinas públicas, éstas se pueden hacer mediante adaptaciones de muy bajo costo de las instalaciones sanitarias y de los drenajes.

Si consideramos lo establecido en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Aguas Nacionales, la federación es la encargada de administrar los recursos hídricos del país, y asigna a los estados, municipios y Distrito Federal un titulo de uso y explotación.

Este titulo de asignación contiene obligaciones que debe seguir la entidad pública, estas se enumeran en el artículo 29 Bis de la Ley de Aguas Nacionales.

Con la presente iniciativa se pretende agregar una nueva obligación, que es implementar programas de reducción del uso de los recursos hídricos y el establecimiento de sistemas de saneamiento del agua de uso doméstico, desde los mismos hogares.

Esto motivaría que los estados, municipios y el Distrito Federal puedan establecer nuevas condiciones a los programas de desarrollo urbano, a los permisos de construcción y a las licencias de funcionamiento de establecimientos mercantiles, entre otros actos de gobierno, para establecer sistemas de saneamiento.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. se adiciona una fracción al artículo 29 bis de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 29 Bis. Además de lo previsto en el artículo anterior, los asignatarios tendrán las siguientes obligaciones:

I. a III. (...)

IV. Implantar programas de reciclaje y saneamiento del agua de uso domestico y comercial, a través de sistemas de ecológicos de manejo sustentable de los residuos orgánicos.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su  publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2009.— Senadores: Ricardo Pacheco Rodríguez, Adolfo Toledo Infanzón (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

ARTICULO 78 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:  Tiene la palabra el senador José González Morfín, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El senador José González Morfín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, vengo a esta tribuna a presentar, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se agrega una fracción IX al artículo 78 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene que ver precisamente con las atribuciones de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Aunque es un órgano regulado por añejas disposiciones desde la Constitución de Cádiz, con un nombre parecido y aparece en todas las constituciones de nuestro país, es hasta que se restaura el Senado, en 1874, cuando finalmente la Comisión Permanente aparece con este nombre, con el nombre de Comisión Permanente.

Se puede afirmar que la Comisión Permanente responde fundamentalmente a la necesidad de que las labores del Poder Legislativo no sean interrumpidas en el tiempo de los recesos constitucionales.

Es hasta el 30 de julio de 1999 cuando se agregan a la Comisión Permanente, en la Constitución, sus atribuciones concretas. Durante todos los años anteriores solamente existía el primer párrafo del artículo 73 constitucional.

En este decreto publicado, como decía, el 30 de julio de 1999, se agregan el segundo párrafo del 73 y las ocho atribuciones de la Comisión Permanente; tres de ellas son atribuciones exclusivas del Senado de la República, en el 76. Uno es prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional, en los casos de los que habla la Constitución; otro es otorgar o negar su ratificación a la designación del procurador general de la República, que somete el titular del Ejecutivo federal, y la otra atribución exclusiva del Senado, que pasa a la Comisión Permanente durante los recesos, es ratificar los nombramientos que el presidente haga de ministros, agentes diplomáticos, cónsules, generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales, en los términos en que la ley lo disponga.

Las otras cinco facultades de la Permanente son facultades concurrentes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Lo que ha pasado recientemente, esos desafortunados sucesos ocurridos en nuestra hermana República de Haití, deben hacernos reflexionar sobre la conveniencia de incluir entre las facultades de la Comisión Permanente otra de las facultades exclusivas del Senado de la República: la de permitir la salida de tropas con fines humanitarios, así como la entrada de ayuda humanitaria militar, si en algún momento nuestra patria así lo llegara a requerir.

Sucesos como el terremoto de 1985, en la Ciudad de México, el tsunami de 2004 en Indonesia, las inundaciones de Nueva Orleáns en 2005, o la desgracia que hoy está viviendo el pueblo de Haití, son sin duda acontecimientos que requieren atención inmediata y oportuna.

En el mundo globalizado las naciones enfrentamos retos y desafíos compartidos, a los cuales debemos hacer frente unidos. El desarrollo de la cooperación internacional, en los casos de catástrofes naturales, es quizás uno de los mayores y más fructíferos avances de las relaciones internacionales.

Considero que es un momento adecuado para que los legisladores analicemos si para el caso exclusivo y estricto de asistencia humanitaria es precisa la realización de un periodo extraordinario de sesiones del Senado de la República, que puede retardar la decisión, o, si como se pretende con la iniciativa que hoy presento, debe ser también una de las atribuciones de la Comisión Permanente, para que pueda resolver la autorización al Ejecutivo federal para enviar tropas con tan noble fin o, incluso, si fuera el caso, recibir la ayuda humanitaria en nuestro país.

Éstas son las razones que pongo hoy a consideración, por lo cual presento este proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que diría lo siguiente:

Artículo 78.

I a VIII

IX. Dar su autorización para que el Ejecutivo federal pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país o la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional para fines estrictamente de ayuda humanitaria.

Esto quedaría, por supuesto, como una facultad de la Comisión Permanente, si así fuera aprobada. Muchísimas gracias, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el senador José González Morfín, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, José González Morfín, senador de la república, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se permite someter a la consideración de esta honorable Comisión Permanente, la siguiente iniciativa que contiene el proyecto de decreto para adicionar una fracción IX al artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

La Constitución de Cádiz de 1812, en sus artículos 157 a 160, preveía la existencia de una Diputación Permanente.

Más tarde, la Constitución federal de 1824 recoge en sus artículos 113 a 116 la existencia de la misma institución, bajo el nombre de Consejo de Gobierno, que actuaría durante los recesos del Congreso General. Estaba presidido por el vicepresidente e integrado por los representantes de las legislaturas y la mitad de los individuos del Senado, uno por cada estado.

Durante la etapa del México centralista, tanto en 1836 como en 1843, se reguló el órgano que debía actuar durante los recesos del Congreso General con el mismo nombre que la Constitución de Cádiz: Diputación Permanente. Asimismo, en la Constitución liberal de 1857 se estableció, en sus artículos 73 y 74, que la Diputación Permanente sería órgano que debería actuar durante los recesos del Congreso.

En 1874 se restauró el Senado y la Constitución se reformó para que en el artículo 73 apareciera con la denominación de “Comisión Permanente”.

Se puede afirmar que la Comisión Permanente responde fundamentalmente a la necesidad de que las labores del Poder Legislativo no sean interrumpidas en el tiempo, pues por la naturaleza del trabajo parlamentario los periodos de sesiones de las Cámaras del Congreso han sido concebidos temporalmente limitados.

De igual forma, es conveniente recordar que la Comisión Permanente es un órgano que complementa al Congreso de la Unión al operar en los recesos de éste. Sin embargo, en las atribuciones que la Constitución le encomienda no se encuentran las de naturaleza legislativa; sí es en cambio el único órgano que tiene competencia para activar en tiempos de receso, a través de convocatoria a sesiones extraordinarias, al Congreso de la Unión, o alguna de sus Cámaras.

Por otra parte, el 30 de julio de 1999 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que dio vida al segundo párrafo y sus ocho fracciones. De las atribuciones que tiene asignadas la Comisión Permanente, tres son facultades que durante los períodos de sesiones el Senado de la República las puede ejercer:

• Prestar su consentimiento para el uso de la Guarda Nacional en los casos de que habla el artículo 76 fracción IV.

• Otorgar o negar su ratificación a la designación del Procurador General de la República, que le someta el titular del Ejecutivo federal.

• Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga.

Por su parte, los desafortunados sucesos ocurridos recientemente a nuestra hermana República de Haití, deben hacemos reflexionar sobre la conveniencia de incluir entre las facultades de la Comisión Permanente la de permitir tanto la, salida de tropas con fines humanitarios, como la entrada de ayuda humanitaria militar en los casos en que nuestro país lo requiera.

Sucesos como el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, el tsunami ocurrido en 2004 en Indonesia, las inundaciones de Nuevo Orleáns en 2005 o el lamentable terremoto que sacudió Haití, son sin duda acontecimientos que requieren atención inmediata y oportuna.

En el mundo globalizado, las naciones enfrentamos retos y desafíos compartidos, a los cuales debemos hacer frente unidos. El desarrollo de la cooperación internacional en los casos de catástrofes naturales, es quizá uno de los mayores y más fructíferos avances de las relaciones internacionales.

Considero que es un momento adecuado para que los legisladores analicemos si para el caso exclusivo y estricto de asistencia humanitaria, es preciso la realización de un periodo extraordinario de sesiones del Senado de la República que podría retardar unos días la ayuda que nuestro país pudiera brindar en momentos de catástrofe, o si, como pretende la presente iniciativa, debe ser también una de las atribuciones de la Comisión Permanente para que pueda resolver la autorización al Ejecutivo federal para enviar tropas con tan notable fin o incluso, si nuestro país fuera quien necesitara de la ayuda de emergencia, para permitir la entrada de tropas extranjeras únicamente con fines de carácter humanitario.

Por las razones expuestas, me permito presentar a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción IX del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona la fracción IX del artículo 78 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Articulo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta de 37 miembros, de los que 19 serán diputados y 18 senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera de la clausura de los periodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las Cámaras nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto.

La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes:

I.-VI. ...

VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;

VIII. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores, y

IX. Dar su autorización para que el Ejecutivo federal pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país o la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional, para fines estrictamente de ayuda humanitaria.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2010.— Senador José González Morfín (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, señor senador José González Morfín. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

ARTICULOS 78 Y 93 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 78 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El senador Javier Orozco Gómez:Con su permiso, presidente. honorable asamblea, el principio de la división de poderes, establecido en nuestra Constitución, regula las relaciones independientes de colaboración entre dichos poderes para lograr un equilibrio funcional que da razón y fundamente a nuestro estado de derecho.

En ese sentido, el control parlamentario del ejercicio de las atribuciones administrativas del Poder Ejecutivo federal y sus diferentes modalidades, grados de intensidad y eficacia, con relación al Ejecutivo, sirven para consolidar, precisamente, el orden constitucional.

La exigencia de rendición de cuentas, vigilancia social de gobierno y derecho de la sociedad a la información se expresa en el artículo 69 de la Carta Magna en el sentido de que la nación sea informada anualmente del estado general que guarda la administración pública, precisamente por su titular, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

La trascendencia de la gestión administrativa del Poder Legislativo no se limita a un acto más o menos solemne y tampoco en el mismo agota su eficacia. Su importancia real es la posibilidad de la valoración y análisis que de su contenido hagan los representantes políticos, a fin de conformar acciones o correctivos constitucionalmente permitidos en favor de los intereses generales.

Una de las partes que refleja este trabajo administrativo del Congreso es la Comisión Permanente, órgano mediante el cual el Congreso, durante sus recesos, desempeña las funciones que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Comisión Permanente no es un poder ni es una cuarta rama, como algunos autores han señalado, ya que ello, a pesar de que cuando menos por lo que hace a dos atribuciones, la de nombrar presidente provisional y la de aprobar la suspensión de garantías individuales, pudiera ser estimada como tal.

El sistema normativo relacionado con la Comisión Permanente, por estar referido a un órgano de la actuación temporal y excepcional, debe, en consecuencia, ser interpretado de manera restrictiva y limitada.

Las atribuciones de la Comisión Permanente han sido rigurosamente determinadas en la Constitución, las que son susceptibles de ser analizadas y, en su caso, adecuadas mediante acto del Congreso de la Unión, actuando como legislador ordinario; situación que no podría hacer el presidente de la República en el uso de sus facultades extraordinarias, mucho menos, lo puede hacer la misma.

En ese sentido, los reclamos de transparencia verificable de los procesos generales de la actividad político-administrativa, la ponderación de regularidad constitucional de los informes presidenciales, la valoración de las esferas económicas, sociales y la comprobación de resultados de la gestión administrativa durante el periodo que se informa o durante el trayecto cotidiano de la labor gubernamental son algunas de las exigencias que la sociedad se plantea por conducto de sus representantes políticos.

Por estas razones, la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México en el Senado atentos al movimiento político actual donde se requiere consolidar nuestra democracia, presenta esta iniciativa que tiene por objeto establecer, dentro de las atribuciones de la Comisión Permanente, el poder citar a comparecer a los secretarios de estado, al procurador general de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos para que informen, bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades, para que respondan a las interpelaciones o preguntas.

En la práctica parlamentaria se ha venido desarrollando esta tarea con un sentido de responsabilidad y respeto entre los Poderes de la Unión: Legislativo y Ejecutivo, pero se hace necesario dejarlo asentado en nuestra Carta Magna.

La dinámica y coyuntura que en ocasiones nos presenta la vida política, nos han dejado constancia de que esta atribución que se plantea para la Comisión Permanente es indispensable cuando se habla de la función de control a que se refiere su conceptualización gramatical. Es decir, a un sentido de inspección, fiscalización, comprobación, revisión o examen que se lleva a cabo en un Congreso sobre la actividad del Poder Ejecutivo, con la finalidad de verificar que ajuste sus actos a las disposiciones establecidas en la ley.

El control al que nos referimos debe estar determinado en la Constitución. Por ello el objeto de esta iniciativa, a efecto de que se establezcan las facultades y su regulación para que los legisladores, al llevarla a cabo, bien sea en forma colegiada o unicameral o hasta en lo individual. Por lo que también se requiere establecerlo en la legislación secundaria o en reglamentos que norman la vida del Congreso.

Es un control que debe ser oportuno. De manera que el pueblo, como titular de la soberanía, puede establecer, por conducto del Congreso de la Unión, las actividades del Poder Ejecutivo en su conjunto y la valoración que éstas merecen a los representantes populares.

Un congreso o parlamento no puede reducir su intervención meramente a la función legislativa, pues ello equivaldría a limitar, sobremanera, su participación en el proceso político de la nación. Su acción se valora destacadamente, por tanto, considerando también la eficacia que tiene la función de control.

Por ello presentamos esta iniciativa con proyecto de decreto, por la que se adiciona una fracción IX al artículo 78; y se reforma el segundo párrafo del artículo 93, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Finalmente, señor presidente, le pediría que se insertara íntegramente el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 78 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, senador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México e integrante de la LXI Legislatura de la Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, 71, fracción II, 72 y 73, fracciones XI y XXX, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permite someter a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción IX al artículo 78 y se reforma el párrafo segundo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El principio de división de poderes, establecido en el artículo 49 constitucional, regula las relaciones independientes de colaboración entre dichos poderes para lograr el equilibrio funcional que da razón y fundamento al estado de derecho.

El control parlamentario del ejercicio de las atribuciones administrativas del Ejecutivo federal en sus diferentes modalidades, grados de intensidad y eficacia con relación al Ejecutivo sirven para consolidar el orden constitucional.

La exigencia de rendición de cuentas, vigilancia social del gobierno y derecho a la información de la sociedad se expresa en el artículo 69 de la Carta Magna, en el sentido de que la nación sea informada anualmente del estado general de la administración pública, precisamente por su titular, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos según lo previenen los artículos 80 y 90 constitucionales.

Esa obligación y su correlativa exigibilidad por el Congreso de la Unión aparecieron ya en los albores de nuestro Estado constitucional y han permanecido con éste en su evolución, como una constante política indeclinable.

La trascendencia de la gestión administrativa del Poder Legislativo no se limita a un acto más o menos solemne ni en él agota su eficacia. Su importancia real es la posibilidad de la valoración y análisis que de su contenido hagan los representantes políticos a fin de formar acciones o correctivos constitucionalmente permitidos en favor de los intereses generales.

Una de los partes que refleja el trabajo administrativo del Poder Legislativo es la Comisión Permanente, órgano del Congreso de la Unión que, durante los recesos de éste, desempeña las funciones que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La existencia de la Comisión Permanente como órgano del Congreso de la Unión se explica en función del hecho de que éste no sesiona ininterrumpidamente todos los días del año; y por razones de índole política, se ha considerado que es necesario que entre en receso.

La Comisión Permanente no es un poder; no es una cuarta rama en que se halla dividida la acción gubernativa; ello, a pesar de que cuando menos por lo que hace a dos atribuciones: la de nombrar presidente provisional y la de aprobar la suspensión de garantías individuales, podría ser estimada como tal.

El sistema normativo relacionado con la Comisión Permanente, por estar referido a un órgano de actuación temporal y excepcional, debe en consecuencia ser interpretado en forma restrictiva, limitada. Las atribuciones de la Comisión Permanente han sido rigurosamente determinadas por diversas disposiciones de la Carta Magna; las que son susceptibles de ser analizadas y, en su caso, adecuadas mediante actos del Congreso de la Unión, actuando como legislador ordinario, situación que no podría hacer el presidente de la República, en uso de facultades extraordinarias, mucho menos lo puede hacer ella misma.

Los orígenes de la institución se remontan a las cortes españolas; la influencia directa en nuestro sistema constitucional se determina a través de la Constitución de Cádiz de 1812, que en el artículo 157 preveía la existencia de una “diputación permanente”, compuesta de siete individuos, tres de las provincias de Europa y tres de las de ultramar, resultase ganador. Se disponía además que las cortes nombraran dos suplentes para la Diputación, uno de Europa y otro de ultramar. La Diputación Permanente funcionaba cuando las cortes dejaban de sesionar. Entre sus facultades encontramos cuidar del cumplimiento tanto de la Constitución como de las leyes a efecto de dar cuenta de las siguientes cortes acerca de las infracciones que respecto de aquéllas se hubieren cometido; además, correspondía al organismo de referencia convocar a las cortes a sesiones extraordinarias y vigilar la administración del tesoro general, entre otras.

La institución de la Diputación Permanente ha permanecido como una de nuestras instituciones. A decir del doctor Jorge Carpizo, se plasma en la Constitución federal de 1824, con la denominación de “Consejo de Gobierno” y, desde entonces, aunque con diversos nombres y modalidades, la hemos conservado en el sistema parlamentario.

Los perfiles originales de la figura se han mantenido en dos aspectos fundamentales: respecto de su función y respecto de su integración.

El papel que ha desempeñado la Comisión Permanente ha generado argumentos encontrados, particularmente porque –se dice– rompe con el principio de división de poderes; esto es, debido a la supuesta preeminencia del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo y el Judicial.

Olvida tal postura que la Comisión Permanente surge, lo hemos señalado, como un mecanismo de equilibrio entre los órganos constitucionales. Precisamente, la segunda postura de los doctrinarios del derecho constitucional, y la que impera, avala el funcionamiento de un órgano de tal naturaleza, en virtud de la celeridad con que deben tomarse ciertas decisiones cuando el Congreso de la Unión no se encuentra sesionando ordinariamente, o por el hecho del tiempo que implicaría un llamado a sesiones extraordinarias.

La mayoría de las facultades de la Comisión Permanente se orientan a sustituir al Congreso o a alguna de las Cámaras durante los periodos de receso, pero ninguna de ellas es de naturaleza legislativa sino, más bien, de carácter administrativo y, sobre todo, como observamos los legisladores que hemos sido parte de ésta, para el debate político, del que pueden derivar una serie de funciones no consideradas en el marco legal respectivo. Algunas otras facultades de la Comisión Permanente se dirigen a preparar el siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso. La única facultad autónoma de la Comisión Permanente consiste en convocar al Congreso o alguna de las Cámaras a sesiones extraordinarias.

No podemos pasar por alto el anterior problema de falta de congruencia entre la naturaleza del órgano permanente y la función que como órgano de control debe llevar a cabo dado su origen, naturaleza y parte de un parlamento. La problemática de la función de control político del Congreso hacia las tareas de gobierno es la actual piedra angular de cualquier sistema político, pues al hablar de un estado social y democrático de derecho resulta inevitable dejar de lado la función de control, ya que ésta constituye el fundamento del Estado constitucional moderno. Es más, la Constitución no es otra cosa que control. Esto lo podemos verificar de la revisión que se haga a través de la historia del pensamiento de la humanidad.

La gradual aparición de la democracia participativa, el volumen de la información rendida y la nueva fortaleza de la representación política plantean hoy requerimientos de información político-administrativa más amplia, y en consecuencia obligan a que sean menores los periodos informados y mayor su precisión.

El reclamo de una transparencia verificable de los procesos generales de la actividad política administrativa, la ponderación de regularidad constitucional de los informes presidenciales, la valoración de las directivas en las esferas económicas y sociales y la comprobación de resultados de la gestión administrativa durante el periodo de que se informa o durante el trayecto cotidiano de la labor gubernamental son algunas de las exigencias que la sociedad se plantea por conducto de sus representantes políticos.

Podemos señalar que a lo largo de los años la formación de nuestro Estado ha logrado cohonestar el Poder Legislativo con el Ejecutivo de manera armoniosa –constitucionalmente hablando–, y tratar de evitar la extralimitación por cualquiera de ellos no ha sido producto de la improvisación: se ha tenido que seguir una evolución de más de 100 años en la vida del pensamiento político de nuestra sociedad, pasando por monarquías, repúblicas –unas veces moderadas y otras despóticas–, revoluciones, democracias desenfrenadas, guerras y otras tantas situaciones que han hecho que volteemos la vista al pensamiento de los antiguos para darnos cuenta de que la mejor forma de gobierno es el gobierno equilibrado, y esto sólo se logrará con el reconocimiento de la supremacía de la Constitución y de los órganos que la procuran, dando así vida al estado de derecho. Pero esto de nada serviría si el diseño constitucional no es el apropiado para cada situación especial, de tal suerte que la creación y aplicación de los mecanismos de control político idóneos se convierten en un imperativo en el Estado constitucional moderno.

De ahí que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, atento al momento político actual, en el que se requiere consolidar la democracia, presente esta iniciativa, que tiene por objeto establecer entre las atribuciones de la Comisión Permanente poder citar a comparecer a los secretarios de Estado, al procurador general de la República, y a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

En la práctica parlamentaria se ha venido desarrollando esta tarea, con un sentido de responsabilidad y respeto entre los Poderes de la Unión (Legislativo y Ejecutivo), pero se hace necesario dejarlo asentado en la Carta Magna. La dinámica y coyuntura que en ocasiones nos presenta la vida política nacional nos han dejado constancia de que esta atribución que se plantea para la Comisión Permanente es indispensable.

Cuando se habla de la función de control, se hace referencia a su conceptuación gramatical; es decir, en el sentido de inspección, fiscalización, comprobación, revisión o examen que lleva a cabo un congreso sobre la actividad que lleva el Poder Ejecutivo, con la finalidad de verificar que ajusta sus actos a las disposiciones establecidas en la ley.

El control a que nos referimos debe estar determinado en la Constitución. Por ello, el objeto de esta iniciativa es que se establezcan las facultades y su regulación para que los legisladores puedan llevarlo a cabo, bien sea en forma colegiada o unicamaral o hasta en lo individual, por lo que también se requiere establecerlo en la legislación secundaria y en los reglamentos que norman la vida del Congreso.

Es un control que debe ser oportuno, de manera que el pueblo, como titular de la soberanía, pueda conocer por conducto del Congreso de la Unión las actividades del Poder Ejecutivo en su conjunto y la valoración que éstas merecen de los representantes populares.

En el derecho constitucional mexicano, la Comisión Permanente tiene establecida la finalidad de actuar en los recesos del Congreso de la Unión; debe ser integrada por 37 miembros: 19 son diputados y 18 senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras en la víspera de la clausura de los periodos ordinarios de sesiones, para quienes se nombra un sustituto.

Durante muchos años, la Comisión Permanente del Congreso tuvo integración monopartidista, resultante del régimen político que caracterizó a nuestro país durante varias décadas. Sin embargo, en la actualidad, por virtud de la instauración –en primera instancia– de la representación proporcional y con posterioridad del equilibrio de fuerzas políticas, la integración de la Comisión es plural y su actividad se ha vuelto más dinámica, interesante y útil.

Un parlamento no debe reducir su intervención a la función legislativa meramente, pues ello equivaldría a limitar sobremanera su participación en el proceso político de la nación. “Su acción se valora destacadamente; por tanto, considerando también la eficacia de esta función de control”.

Por lo expuesto, se somete a su consideración la siguiente

Iniciativa de reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único.Se adiciona la fracción IX al artículo 78 y se reforma el párrafo segundo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Sección IVDe la Comisión Permanente

Artículo 78. ...

La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes:

I. a VII. ...

VIII.Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores ; y

IX. Convocar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República, y a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen, bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

Artículo 93. ...

Cualquiera de las Cámaras o la Comisión Permanente, en sus recesos, podrá convocar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República, y a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen, bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

...

...

...

Artículo Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de enero de 2010.— Senador Javier Orozco Gómez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto, señor senador. Insértese en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o. de la Ley Federal de Competencia Económica; y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El diputado Pedro Vázquez González: Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores. Los mexicanos estamos viviendo tiempos difíciles en el arranque de este año.

Las secuelas de la política económica instrumentada por la administración de Felipe Calderón son completamente negativas para el bienestar de millones de familias mexicanas. La crisis financiera mundial provocó una contracción económica muy severa. La estimación de la caída del producto interno bruto al cierre del año 2009 fue de más de 7 por ciento; y, por si fuera poco, la tasa de desempleo es de 5.5 por ciento de la población económicamente activa y se estima que este año el desempleo seguirá creciendo.

La difícil situación económica se ve agravada con una serie de acciones y decisiones tomadas a finales de diciembre de 2009, por las cuales se incrementa el precio de los combustibles con la consecuencia de que se ha registrado un fuerte repunte en el nivel de los precios de los bienes y servicios que consumimos las familias mexicanas.

Del 19 de diciembre pasado a la fecha ha comenzado la escalada de precios; 45 artículos de la canasta básica subieron de precio en niveles que van de 15 a 45 por ciento, gracias a los incrementos en los precios de los combustibles, del gas LP, de la energía eléctrica y de los impuestos aprobados por la alianza PRI-PAN en el paquete económico 2010.

Productos básicos como la tortilla sufrieron incrementos que van desde 50 centavos el kilo, hasta 3 o 4 pesos en algunas entidades federativas, así con otros artículos también de la canasta básica.

En la historia económica del país han existido acciones para regular el mercado y los precios de los bienes de consumo popular, que se remontan a la creación de la Compañía Nacional Reguladora, hasta la creación de la Conasupo.

En nuestro país la abrogada Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica, de diciembre de 1950, facultaba al Ejecutivo federal para imponer precios máximos al mayoreo y al menudeo.

En el año de 1951, el presidente de la República expidió un decreto que señalaba con mucha precisión qué productos iban a ser sujetos de precios máximos en los términos de esa ley.

La iniciativa que hoy sometemos a su consideración tiene el propósito de establecer en la Ley Federal de Competencia Económica una serie de productos básicos de consumo popular que deben ser sujetos a precios máximos para permitir que las clases populares puedan acceder a ellos.

De aprobarse la iniciativa en comento, el Ejecutivo federal contaría con las herramientas necesarias para fijar los precios máximos de una serie de productos de primera necesidad, entre los que destacan el maíz, el frijol, la tortilla, el huevo y la leche, lo que de manera directa beneficiará el nivel de vida y el poder de compra de miles de familias mexicanas.

Señor presidente, le solicito respetuosamente se incluya el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates y le hago entrega a la Secretaría de la misma. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 7 de la Ley Federal de Competencia Económica y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por el diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la honorable Comisión Permanente, la presente iniciativa con proyecto de decreto de adiciones y reformas al artículo 7, fracción I, de la Ley Federal de Competencia Económica, y al artículo 34, fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

Los mexicanos estamos viviendo tiempos difíciles en el arranque de este año. Las secuelas de la política económica aplicada por la administración de Felipe Calderón son completamente negativas para el bienestar de millones de familias mexicanas.

La crisis financiera mundial provoco una severa contracción económica. La estimación de la caída del producto interno bruto al cierre de 2009 fue de más de 7 por ciento y por si fuera poco, la tasa de desempleo es de 5.5 por ciento de la población económicamente activa y se percibe aún su crecimiento.

La difícil situación económica se ve agravada con una serie de acciones y decisiones tomadas a finales de diciembre de 2009, por las cuales se incrementa el precio de los combustibles en México con la consecuencia de que se ha registrado un fuerte repunte en el nivel de precios de los bienes y servicios que consumen las familias mexicanas.

Del sábado 19 de diciembre pasado a la fecha, ha comenzado la escalada de precios. Cuarenta y cinco artículos de la canasta básica subieron de precio en niveles que van del 15 al 45 por ciento, gracias a los tres incrementos en el precio de los combustibles, del gas LP, de la energía eléctrica y de los impuestos aprobados por la alianza PRI-PAN en el paquete económico 2010.

Productos básicos como la tortilla sufrieron incrementos que van de 50 centavos el kilo hasta tres o cuatro pesos en algunas entidades federativas, y así con otros artículos de la canasta básica.

La actual doctrina económica seguida por las autoridades federales, se basa en la creencia de que el precio de los bienes y servicios que se comercializan en una economía deben ser fijados por el mercado.

Reivindican como credo económico a la libre competencia, pero se les olvida que en el contexto actual de desarrollo de la economía mexicana, la libre competencia no existe, porque los mercados están constituidos por oligopolios, que son los que fijan las reglas del mercado.

Es de explorado derecho que existen disposiciones jurídicas tanto constitucionales y legales para que el Estado mexicano proteja el nivel de vida de sus habitantes y garantice el abasto oportuno de los productos básicos que consumen los mexicanos.

El texto constitucional en su artículo 28, tercer párrafo, señala de manera expresa lo siguiente:

“...Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses...”

Del texto señalado se desprende que el Congreso de la Unión deberá determinar en las leyes secundarias las bases para señalar los precios máximos de los bienes y productos que sean considerados de primera necesidad, tomando en cuenta las condiciones generales del mercado y el abasto popular.

En la historia económica del país han existido acciones para regular el mercado y los precios de los bienes de consumo popular, que se remontan a la creación de la Compañía Nacional Reguladora hasta la Conasupo.

En el país, la abrogada Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica, de diciembre de 1950, facultaba al Ejecutivo federal para imponer precios máximos al mayoreo o menudeo.

En 1951 el presidente de la República expidió el decreto que señala con precisión qué productos iban a ser sujetos de precios máximos en términos de esa ley.

La iniciativa que sometemos a su consideración, tiene el propósito de establecer en la Ley Federal de Competencia Económica una serie de productos básicos de consumo popular que deben ser sujetos de precios máximos para permitir que las clases populares puedan acceder a ellos.

Entre las razones de esta iniciativa se cuenta el hecho de que actualmente el pueblo mexicano está padeciendo una escalada de precios de los productos de consumo básico.

Por las consideraciones expuestas someto a su consideración el siguiente

Decreto de adiciones y reformas al artículo 7, fracción I, de la Ley Federal de Competencia Económica, y al artículo 34 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se reforma el actual párrafo primero y se adicionan el segundo y el tercero a la fracción I del artículo 7 de la Ley Federal de Competencia Económica, para quedar como sigue:

Artículo 7o. ...

I. ... con excepción de lo que se establece en el párrafo siguiente.

Quedan sujetos a determinación de precios máximos los productos alimenticios de consumo popular que a continuación se señalan:

1. Maíz, harina de maíz, masa de maíz y tortillas de maíz.

2. Frijol.

3. Arroz.

4. Trigo.

5. Harina.

6. Huevo.

7. Azúcar.

8. Leche.

9. Pan blanco (bolillo, telera, virote).

10. Productos cárnicos.

La secretaría realizará los estudios de mercado que sean necesarios, con el propósito de contar con todos los elementos que resulten indispensables para la determinación de los precios máximos a los que quedarán sujetos los productos señalados en el párrafo anterior.

II. ...

...

...

Artículo Segundo. Se reforma la fracción V del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 34.

I ...

II ...

III ...

IV ...

V. Estudiar, proyectar y determinar los aranceles y fijar los precios máximos a los productos de primera necesidad de consumo popular establecidos en la fracción I del artículo 7 de la Ley Federal de Competencia Económica. Para determinar estos precios máximos, la secretaria deberá tomar en cuenta los costos, las condiciones generales del mercado con el propósito de garantizar el abasto popular; estudiar y determinar las restricciones para los artículos de importación y exportación, y participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la fijación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos al comercio exterior.

VI. a XXXI. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La Secretaría de Economía, dentro de los 15 días naturales siguientes a la publicación del presente decreto, deberá efectuar los estudios a los que se refiere el párrafo tercero de la fracción I del artículo 7o., que se reforma en virtud de este decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintisiete días del mes de enero de 2010.— Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía y de Gobernación de la Cámara de Diputados.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 412 Bis al Código Penal Federal.

El diputado Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor presidente. Señores legisladores, comparezco ante ustedes con la finalidad de presentar una iniciativa de ley para adicionar el artículo 412 Bis al Código Penal Federal en el capítulo de los delitos electorales, en el ámbito de la injuria o la difamación que se llevan a cabo con fines electorales.

Para eso es importante señalar a ustedes un precedente: en el Código Penal Federal existía un capítulo que se refería precisamente a los llamados delitos contra el honor de las personas. El 13 de abril del año 2007 fueron suprimidos del Código Penal Federal varios delitos, entre ellos el de injurias, difamación y calumnias. Estos delitos tutelaban o protegían, entre otros valores, el derecho al honor de las personas, el derecho a la propia imagen, el prestigio de las personas, la credibilidad y el prestigio, incluso, de las instituciones.

En este sentido, uno de los argumentos que tuvo el legislador federal para suprimir del Código Penal estos delitos es la doble tipificación, porque en todos los códigos de las entidades del país también se encontraban recogidas estas conductas como delictivas.

Sin embargo, como ha ocurrido a partir de esta reforma, en el caso del estado de Jalisco, en el caso de Michoacán de Ocampo, de Coahuila de Zaragoza, de Sonora y Durango, también han suprimido estos delitos las legislaciones locales correspondientes y por tanto, los bienes jurídicos a tutelar han quedado del todo desprotegidos.

Este tipo de comportamientos se han venido utilizando reiteradamente y en forma cíclica en diferentes momentos en precampañas y campañas electorales, en estratos tanto municipales, estatales como federales, con el ánimo de denostar al adversario, con el ánimo de desprestigiar al contendiente, con el ánimo de que esto sirva como un comportamiento mediático con el fin de lograr un daño muy importante, que es atentar contra la libertad, la auténtica libertad de los electores.

En este sentido quisiera hacer breve referencia a lo que establece el tratadista José Ingenieros en un libro muy importante, con un gran reconocimiento que se llama El hombre mediocre y que tiene que ver precisamente con la eficacia de la difamación.

Él señalaba que la eficacia de la difamación descansa en la complacencia tácita de quienes la escuchan; en la cobardía colectiva de cuantos pueden escucharla sin indignarse, de tal suerte que moriría si éstos no le hicieron una atmósfera vital. Éste es su secreto, semejante a la moneda falsa; es circulada sin escrúpulos por muchos que no tendrían el valor de acuñarla.

En este sentido, otros tratadistas como el mexicano Mariano Jiménez Huerta han señalado que difamar significa: quitar a otro la fama pública; significa: dañar a otro el honor frente a la opinión de los demás.

Es por ello, señores legisladores, que hago la siguiente propuesta de reforma y de adición al Código Penal Federal.

Artículo 412 Bis. Se impondrán de 100 a 200 días de multa, y prisión de 1 a 6 años, a quien injurie o difame a las instituciones, autoridades electorales, partidos políticos, precandidatos, candidatos o coaliciones. Si el responsable fuese funcionario electoral, funcionario partidista, precandidato, candidato o servidor público, la pena será de 200 a 300 días de multa, y prisión de 2 a 9 años.

Artículo transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que adiciona el artículo 412 Bis al Código Penal Federal, suscrita por el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

Arturo Zamora Jiménez, diputado a la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, iniciativa de ley para adicionar el artículo 412 Bis al Código Penal Federal, en materia de delitos electorales cometidos por  ciudadanos, funcionarios partidistas, candidatos, precandidatos o servidores públicos en el ámbito de la injuria o la difamación con fines electorales al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho electoral está constituido por principios y normas jurídicas que regulan el orden electoral; el derecho del ciudadano de elegir y ser elegido tiene por objeto hacer respetar la voluntad de la mayoría del pueblo ya que ésta legitima el poder de los gobernantes; asimismo el derecho electoral se vincula en forma estrecha con el sistema político, el sufragio determina el carácter de nuestro sistema y para que éste sea reconocido como democrático es imprescindible que el sufragio sea universal, directo, libre y secreto, lo cual se traduce en el respeto de la ciudadanía por la democracia como reflejo de la voluntad popular, conforme a la Constitución y el ordenamiento jurídico en general.

En nuestro derecho positivo existen una serie de conductas tipificadas por nuestra legislación federal como delitos electorales, entendido esto como el conjunto de normas que tienen la finalidad primordial de tutelar en el ámbito punitivo el adecuado desarrollo de los procesos electorales, sancionando determinados comportamientos que por su trascendencia afectan o ponen en riesgo las instituciones, los procedimientos y los resultados electorales por una acción u omisión dolosa.

Los delitos electorales tienen como finalidad el tutelar diferentes bienes jurídicos como son el derecho de sufragio que tiene cada ciudadano para emitir su voto, la función electoral adecuada, el desarrollo normal de los procesos electorales con transparencia y limpieza, así como la garantía sobre la secrecía del voto, todo ello con la finalidad de mantener la permanencia democrática de las instituciones, de los partidos políticos y los derechos de quienes intervienen o participan en los procesos comiciales.

En nuestro país, los delitos electorales han estado contenidos en diversos ordenamientos jurídicos, desde la Constitución de Apatzingán hasta el actual Código Penal Federal. La evolución de la regulación jurídica de los delitos electorales en México ha sido catalogada en cinco periodos:

1. La promulgación de la Constitución de Apatzingán de 1814, hasta la promulgación del Código Penal denominado Martínez de Castro, en 1871.

2. La entrada en vigor del Código Penal Martínez de Castro de 1871 marca el segundo periodo, que concluye con la promulgación de la Constitución de 1917.

3. La Constitución de 1917, junto con la Ley para la Elección de Poderes Federales de 1918, marca el inicio del tercer periodo, que culmina hasta la entrada en vigor del Código Almaraz de 1929.

4. La promulgación del Código Almaraz de 1929 marca el inicio del cuarto periodo y se extiende hasta 1987, época en la que se crearon un sinnúmero de legislaciones en materia electoral.

5. El último periodo se inicia con la publicación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la reforma al Código Penal Federal en agosto de 1990, momento a partir del cual hay un cambio en la forma tradicional de regular los delitos electorales, las faltas administrativas se desvinculan de los tipos penales electorales quedando reguladas en el citado Código Electoral, y las lesiones más graves a los valores jurídicos y bienes electorales fueron reconducidas al Código Penal Federal.

En este sentido cobró vigencia el Título Vigésimo Cuarto del Código Penal Federal, bajo la denominación “Delitos electorales y en Materia del Registro Nacional de Ciudadanos”, según publicación del 15 de agosto de 1990 en el Diario Oficial de la Federación entrando en vigor al día siguiente.

El contenido citado ha sido reformado en dos ocasiones, la primera mediante decreto publicado el 25 de marzo de 1994, incrementando sanciones e incluyendo elementos normativos punibles vinculados a la compra de votos, así como la violación al secreto del voto.

La segunda modificación ocurrió el 22 de noviembre de 1996, adicionando el legislador nuevas conductas, como la obstaculización del desarrollo normal de los actos posteriores a la jornada electoral, y otros elementos que especifican descripciones típicas y además capitulando además la regulación de los funcionarios partidistas y de los candidatos.

Pese a la prohibición que ha realizado en reiteradas ocasiones el Instituto Federal Electoral, en cuanto al uso de mentiras, infamias, injurias, ofensas, difamaciones e intromisiones en la vida privada de los candidatos que aspiran a ocupar algún cargo público de elección, este tipo de conductas no se han evitado.

Durante los últimos procesos electorales se han vivido contiendas intensas y competidas, en cuyo caso, para las autoridades responsables de la vigilar, velar y custodiar la democracia, ha implicado resolver inconformidades, impugnaciones y quejas que se han presentado en procesos de diferentes entidades, así como en el ámbito federal, por el uso excesivo de ofensas, infamias o injurias que se han realizado en contra de precandidatos, candidatos o instituciones políticas.

Las autoridades electorales y los tribunales de la materia han venido resolviendo, en el ámbito administrativo, constantes quejas sobre comportamientos difamatorios insultantes o injuriosos, por quienes, ante la falta de argumentos para el debate político ceden a la tentación de descalificar al contendiente, o a las instituciones, incurriendo en estrategias publicitarias que dañan el derecho a la propia imagen de las personas e instituciones o ambas y a su vez atentan contra el marco de libertad de los electores.

En este sentido es claro que los tipos penales contenidos en el Título Vigésimo Cuarto del Código Penal Federal, no responden plenamente al reto de una procuración de justicia acorde a la realidad del antijurídico electoral, toda vez que la conducta descrita, al no estar tipificada como delito, se convierte en un vacío que propicia impunidad.

Al incorporar al Código Penal Federal un nuevo modelo delictivo, se pretende proteger no solamente el derecho a la propia imagen del individuo o institución objeto de injuria o difamación sino también se busca tutelar el marco de libertad que debe rodear todo proceso preelectoral o electoral, tomando en consideración que la finalidad de autor va más allá de pretender ofender a la persona física o jurídica; esto es, el autor del hecho no solo pretende difamar, denostar o descalificar per se sino que por estos medios pretende lograr un fin determinado, que es influir negativamente en la información que el elector tenga disponible sobre un precandidato, candidato, coalición o una institución afectando el ámbito de libertad electoral.

El autor del hecho que se propone tipificar como delito, puede llevarlo a cabo a través de distintas formas comisivas como son la utilización de símbolos, imágenes, expresiones, que se convierten en elementos que desorientan al elector en un sentido que no corresponde al que lo hubiese determinado a votar sin la distorsión de la realidad objetiva lograda a través de la injuria o la difamación.

En virtud de que el 13 de abril de 2007 fueron suprimidos del Código Penal Federal los delitos de injurias y difamación, entre otros motivos por existir  estos en las legislaciones locales, ocurre que los bienes jurídicos a proteger en dichos tipos penales, (el honor, el derecho a la propia imagen el prestigio, la credibilidad), han quedado desprotegidos toda vez que también en el ámbito del derecho penal estatal fueron suprimidas estas figuras delictivas, como ha ocurrido en los casos de Jalisco, Michoacán de Ocampo, Coahuila de Zaragoza, Sonora y Durango, razón por la cual los bienes jurídicos mencionados han quedado sin tutela en ambos fueros, no obstante su reiterada utilización con fines de afectación a bienes protegidos en el ámbito electoral.

Es importante resaltar a esta soberanía la necesidad de tutelar bienes por el derecho penal en función de que dicho vacío viene siendo aprovechado para favorecer la impunidad utilizándolo como un comportamiento medial que de suyo lesiona intereses tanto de las personas y de las instituciones como bienes, valores o derechos de los electores, en este orden de cosas y a mayor abundamiento pongo a la consideración de ustedes la creación del delito de injuria y difamación con fines electorales bajo las siguientes consideraciones:

El vocablo injuria, de acuerdo a lo establecido en la Enciclopedia Jurídica omeba consiste en: “toda expresión proferida, o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona.

La injuria se comete a través de toda expresión proferida o acción ejecutada para manifestar desprecio a otro con el fin de hacerle una ofensa”.

La injuria está constituida por una acción que normalmente radica en una expresión como manera de juicio de valor que puede realizarse verbalmente, por escrito, a través de imágenes distorsionadas (caricaturas o cartones), emblemas, medios electrónicos entre otros, de tal manera que debe ser relevante para el derecho penal electoral la conducta de aquel que por medio de cualquier expresión o acción, causare alguna ofensa grave a alguien.

Por lo que se refiere a la difamación, significa desacreditar a uno respecto a terceros. Supone un ataque a la fama o reputación de una persona, es decir, rebajar a alguien en la estima o concepto que los demás tienen de él, se considera como difamación, el comunicar a otros un hecho cierto o falso que pueda producir consecuencias en relación a la credibilidad que se tiene de la persona.

En este sentido José Ingenieros precisó que “...la eficacia de la difamación descansa en la complacencia tácita de quienes la escuchan, en la cobardía colectiva de cuantos pueden escucharla sin indignarse de tal suerte que moriría si estos no le hicieran una atmósfera vital. Ese es su secreto semejante a la moneda falsa, es circulada sin escrúpulos por muchos que no tendrían el valor de acuñarla”. Para Mariano Jiménez Huerta difamar significa “...quitar a otro la fama publicando cosas contra su honor u opinión”.

Por tanto, difamar consiste fundamentalmente en la actividad de comunicar a una o más personas mediante cualquier forma o por cualquier medio –ya sea oral, escrito, telefónico, telegráfico y en general usando medios electrónicos o digitales– imputaciones de hechos ciertos o de acontecimientos no sucedidos relativos a personas físicas o jurídicas con la finalidad de ofender o exponer a la persona al desprecio, desconfianza personal, familiar, profesional, electoral y, en general, causarle un perjuicio en la credibilidad que tiene el ofendido frente a los demás.

La intención de ofender con fines preelectorales o electorales representa, en todo caso, un elemento esencial del tipo subjetivo, por lo tanto, no será necesario que se dé el resultado (causar deshonra a la víctima) bastando que la comunicación pueda causarle al ofendido riesgo de dañar su credibilidad o la buena imagen pública.

Será suficiente, entonces, que el autor externe conceptos, opiniones o narraciones de sucesos ciertos o inciertos, para que se dañe el objeto material que constituye este delito, esto es: la disminución de la fama pública durante los tiempos preelectorales o electorales, o bien cuando se ponga en riesgo la imagen que tiene el pasivo frente a los demás.

Por ello es que el suscrito considera necesario proponer a esta soberanía incorporar al Código Penal Federal el artículo 412 Bis, en los términos siguientes

Decreto

Artículo 412 Bis.Se impondrán de cien a doscientos días de multa y prisión de uno a seis años a quien injurie o difame a las instituciones, autoridades electorales, partidos políticos, precandidatos, candidatos o coaliciones; si el responsable fuese funcionario electoral, funcionario partidista, precandidato, candidato o servidor público, la pena será de 200 a 300 días de multa y prisión de dos a nueve años.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Enciclopedia Jurídica Omeba.Editorial Driskill, SA de CV, Buenos Aires, 1982.

2 Ingenieros, José, El Hombre Mediocre,Editorial Porrúa, México, 1986.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2010.— Diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 32 de la Ley Federal de Cinematografía. La senadora Emma Larios dará lectura a este proyecto que envía la senadora Martha Leticia Sosa.

La senadora Emma Lucía Larios Gaxiola: Gracias, señor presidente. Su servidora, senadora Emma Larios, dará lectura a esta iniciativa con proyecto de decreto de la senadora Martha Leticia Sosa Govea.

Senadores y diputados, en los últimos años la industria cinematográfica en México ha experimentado el surgimiento de nuevas casas productoras independientes, inversión y patrocinio de muy diversos sectores, siendo evidente el desarrollo y aplicación de nuevas técnicas para el desarrollo del llamado séptimo arte, destacando, incluso, su calidad al ganar reconocimiento en certámenes y festivales internacionales de cine y cultura alrededor del mundo. Sin embargo, nuestra industria, en comparación con la de otros países, carece de inversión, incentivos y apoyos, lo cual impide alcanzar buenos rendimientos económicos.

En México, la industria cinematográfica se encuentra conformada por empresas promotoras de producción, distribución, exhibición y comercialización de películas nacionales, así como por una amplia gama de trabajadores profesionales, los cuales son los responsables de generar producciones y películas de calidad.

Sin embargo, existen grandes creadores y técnicos de la industria que, debido a la falta de programas de especialización y de estímulos, lamentablemente optan por buscar el apoyo para conseguir un desempeño profesional completo en otros países, como en Estados Unidos.

Por este motivo se presenta esta iniciativa, con el fin de que la administración pública federal, a través de los programas de estímulos económicos al desarrollo intelectual y técnico –mediante becas– contribuya al fomento de las actividades tecnológicas en la industria del cine nacional y que los trabajadores mexicanos de este sector puedan desarrollarse exitosamente.

De realizarse el fomento mencionado, se garantizará un ahorro considerable a las casas productoras en importación de materias primas, tecnología y recursos humanos especializados, a la vez que se promueve la creación de nuevas empresas, la profesionalización de los trabajadores de la industria cinematográfica y el generar un mayor número de empleos.

Las cantidades ahorradas en estos rubros podrán implementarse en la contratación de mayores espacios publicitarios que incrementen el potencial competitivo de nuestro cine respecto al de otros países. Es decir, aunque en el Capítulo Séptimo de la Ley Federal de Cinematografía, referido al fomento de la industria, establece en los contenidos de los artículos 31 y 32 los estímulos proporcionados a quienes fomenten e inviertan en ella, así como a los productores reconocidos con galardones internacionales, esta sección no incluye a quienes desempeñen la labor artística, técnica y científica.

En razón de lo anterior, se propone una reforma al artículo 32 de la ley en comento para que no sean sólo los productores quienes estén siendo receptores de los estímulos económicos y becas de especialización otorgados por parte del gobierno federal.

En dicha inclusión debe favorecerse el papel activo del Instituto Mexicano de Cinematografía, así como la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, Asociación Civil; el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana, quienes explícitamente sugerirán y recomendarán al Ejecutivo federal a quienes de acuerdo con su desempeño y áreas de acción o conocimiento deban ser favorecidos con dichos incentivos.

Por lo anteriormente expuesto, propongo esta iniciativa –como he dicho con anterioridad– en nombre de la senadora Martha Sosa Govea, por la que se reforma el artículo 32 de la Ley Federal de Cinematografía. Y en razón de que la iniciativa está publicada me abstengo de leerla en su totalidad, señor presidente, solicitándole de la manera más atenta que de manera íntegra se registre en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 32 de la Ley Federal de Cinematografía, suscrita por la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con las disposiciones de los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El cine mexicano se ha constituido como la expresión cultural en movimiento de nuestra sociedad, el cual ha registrado las formas de pensar, de sentir y de actuar, que se adecuan a describir rasgos tan simples como la vida diaria o tan complejos como la identidad nacional.

Como medio de entretenimiento que ha llegado a todos los mexicanos, desde los aventureros años de las salas de cine itinerantes y, particularmente, desde el surgimiento formal de la industria cinematográfica en nuestro país, hacia 1917, siempre ha existido el propósito de su fomento, particularmente con el apoyo del aparato gubernamental.

Favorablemente, hacia 1941, se estableció la obligatoriedad de la exhibición de películas mexicanas en todas las salas de cine de nuestro país. Sin embargo, la industria cinematográfica vivió ciertamente mal regulada a pesar del importante aumento que durante la década de 1940 experimentó. Fue hasta 1949 en que surge la Ley de la Industria Cinematográfica.

Si bien la legislación de 1949 observó la obligatoriedad de la exhibición en las salas de cine de todo el país, de un mínimo de 50 por ciento de su tiempo de pantalla a la proyección de películas mexicanas, la clara situación de decadencia, tanto en cantidad como en calidad de los contenidos de las filmadoras privadas, entre las décadas de 1960 y 1980, hizo imposible continuar con dicha disposición.

Tras la creación de la Ley Federal de Cinematografía en 1992, que abrogó al ordenamiento de 1949, empiezan los primeros impulsos por rescatar a la producción nacional que, amparada bajo el slogan de “nuevo cine mexicano” y apoyado con campañas surgidas del recientemente creado Instituto Mexicano de Cinematografía, pretendieron la reactivación de una industria prácticamente en agonía.

Sin embargo, estos esfuerzos gubernamentales no rindieron frutos verdaderos hasta que, gracias a las adecuadas reformas a la ley, surgidas hacia 1998 e impulsadas por importantes miembros del medio cinematográfico, bajo la destacada guía de la actriz y otrora diputada federal, hoy senadora ante esta soberanía, María Rojo, fue claro el paulatino alcance de beneficios para la recién resucitada industria cinematográfica mexicana.

A esta lucha por conseguir un adecuado esquema en la industria cinematográfica se suman los esfuerzos realizados con la presentación y estudio de iniciativas de reformas en esta soberanía y durante la LX Legislatura, en materia de estímulos fiscales, en particular a los contenidos dentro de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Por tanto, cabe señalar que nuestra industria ha experimentado, en los últimos once años, el surgimiento de nuevas filmadoras independientes, la inversión y patrocinio de muy diversos sectores, el aumento de coproducciones internacionales, así como el desarrollo de las ciencias, artes y técnicas cinematográficas, que han permitido a nuestro cine, despegar y entrar nuevamente en el mercado nacional como parte del gusto del público mexicano, así como del de otros países, especialmente en Europa y América Latina. Estos logros se suman al destacado papel que los filmes mexicanos han alcanzado en certámenes y festivales internacionales de cine y cultura, en todo el mundo.

Estos últimos resultados, surgidos de una labor de dimensiones titánicas, deben ser considerados como loables, pero aun insuficientes, en especial si analizamos la fuerte competencia que en nuestro país tiene el cine nacional, con los productos de otra industria fílmica de gran despliegue económico y comercial:  la estadounidense.

Para la industria fílmica mexicana, ser comparada con la estadounidense representa una sensible diferencia, la cual debe ser un llamado de atención que se oriente a cimentar un esquema de oportunidad de desarrollo para el cine mexicano, que lo conduzca a alcanzar un nivel sólo comparable con el conocido durante la llamada época de oro, entre las décadas de 1930 y 1950, en que se llegaron a filmar por año, más de cien películas y que además, como generadora de divisas y empleo, contribuyó fuertemente al desarrollo de la industria mexicana en los años de la bonanza del milagro mexicano. De forma contrastante, en esta primera década del siglo XXI, el número de filmes apenas alcanzó las cuarenta y cinco en promedio anual, de las cuales la gran mayoría no llegaron a las salas de exhibición privadas.

En este sentido, debemos enfatizar que ninguna industria cinematográfica se encuentra únicamente conformada por empresas promotoras, de producción, distribución, exhibición o comercialización de películas nacionales o cortometrajes, ni por casas productoras, sino también por una amplia gama de profesionales, que en completa coadyuvancia con las primeras, son los responsables de generar productos de calidad, que son apreciados en nuestras salas de cine.

Es por ello elemental referirme a quienes realizan el destacado despliegue científico, tecnológico y artístico, los cuales desempeñan actividades que directamente no son apoyadas mediante estímulos económicos y que en términos reales, son corresponsables de la calidad en las producciones.

Solamente en nuestro país, el Distrito Federal considera en su Ley de Fomento al Cine Mexicano, en vigor desde 2009, en los artículos 13, fracción VII, y 14, una loable mención a la promoción y gestión de “apoyos o estímulos a estudiantes, artistas, creadores, investigadores, trabajadores y promotores culturales del cine mexicano que radiquen en el Distrito Federal”. Esta oportunidad de impulsar los sectores que conforman la industria fílmica mexicana debe reafirmarse como un compromiso del gobierno federal y el de todas las entidades federativas, tal y como el Distrito Federal lo ha manifestado.

Por ende, el desarrollo de los trabajadores de la industria como verdaderos profesionales implica conocimiento y experiencia, lo cual depende en gran medida del aprendizaje y mejoramiento de las técnicas y procesos de vanguardia, los cuales se han desarrollado en países con mayor infraestructura cinematográfica, como Estados Unidos de América, India, Francia o Israel.

En adición a ello, resulta evidente destacar que en nuestro país existen creadores de diversa índole, así como técnicos especializados que conciben y generan productos de altísima calidad y que, debido a la falta de programas de especialización y de estímulos, deciden buscar el apoyo de otras industrias, especialmente la estadounidense, para conseguir un desempeño profesional completo, difícilmente accesible en las filmadoras mexicanas.

De lograrse la implantación por parte de la administración pública federal de programas de estímulos económicos al desarrollo intelectual y técnico, así como destinar beneficios económicos de carácter académico (Becas), empleando parte del presupuesto ya autorizado para tales efectos al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y, de manera especial, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, podremos comprobar que en menos de un lustro, las actividades tecnológicas del cine de calidad podrán desarrollarse en México y por mexicanos exitosamente.

En este sentido, debemos destacar los objetivos del Plan Nacional del Desarrollo 2007-2012, en el que el gobierno federal desea impulsar el desarrollo emprendedor de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, situación que representa una mejora competitiva en la economía nacional, fomentando la creación de empleos al generar el despunte industrial, siendo la cinematografía de vital importancia para ello.

Entre los programas que nuestro gobierno federal y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) han desarrollado se encuentra el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2012, cuyos objetivos tienen presente desarrollar tecnología y fomentar la innovación científica, sectores en los que la industria cinematográfica nacional, debe incursionar para mejorar la calidad y cantidad de sus producciones, desarrollar el talento de sus creadores, lograr una completa capacitación para sus técnicos y trabajadores y finalmente, proyectarse como industria generadora del progreso económico nacional.

De fomentar la inclusión de la industria fílmica mexicana en este programa, en cualquiera de las modalidades en que ha sido concebido por el Conacyt, además de coordinar su participación en otros programas, impulsados por nuestras universidades, como lo es la incubadora de empresas desarrollada en el Instituo Politécnico Nacional, se garantizará un ahorro considerable a las casas productoras en importación de materias primas, tecnología o recursos humanos especializados, a la vez que se promueve la creación de nuevas empresas, la profesionalización de los trabajadores de la industria cinematográfica, además de generar un mayor número de empleos. Las cantidades ahorradas en estos rubros podrán implantarse en la contratación de espacios publicitarios y la elaboración de campañas exitosas y masivas, lo cual representaría una sana y por primera vez en medio siglo, equiparable competencia con la industria hollywoodense.

En razón de lo anterior, debemos mencionar que el Capítulo Séptimo de la Ley Federal de Cinematografía, referido al fomento de la industria, establece, en particular, en los contenidos de los artículos 31 y 32 los estímulos proporcionados a quienes fomenten e inviertan en ella, así como a los productores reconocidos con galardones internacionales. Sin embargo, esta sección adolece de la inclusión de quienes desempeñan la labor artística, técnica y científica, tales como técnicos,  fotógrafos, especialistas en efectos especiales, músicos, guionistas, actores y directores, entre muchos otros.

Incluyendo en los postulados de la ley a estos sectores, en la entrega de dichos estímulos o becas,  los resultados evidentes de la calidad de nuestra Industria se verán fortalecidos, evidenciando la evolución creativa, artística y tecnológica de calidad, tanto en contenidos como en artes visuales, permitiendo una mayor profesionalización de la Industria e indirectamente, generando un mayor número de empleos en ella.

Es por ello que debemos favorecer a los creadores y trabajadores del cine para encauzar la ruta directa a la reactivación de la industria fílmica por completo, para lo cual propongo que dentro del citado artículo 32 de la ley en comento sean incluidos como receptores de los estímulos económicos y becas de especialización, otorgados por parte del gobierno federal.

En dicha inclusión, debe favorecerse el papel activo del Instituto Mexicano de Cinematografía, así como de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, asociación civil, el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana, quienes explícitamente sugerirán y recomendarán al Ejecutivo federal a quienes, de acuerdo con su destacado desempeño y área de acción o conocimiento, deban ser favorecidos con dichos incentivos.

La participación de tales instituciones no mermará o dificultará la entrega de tales apoyos, sino que permitirá que los incentivos sean entregados de manera justa y satisfactoria, en virtud de que su existencia radica en el fomento, protección y reconocimiento de la labor cinematográfica de manera profesional y permanente.

Basta afirmar que el fomento al cine mexicano de forma integral no sólo enriquece el acervo cultural que nuestro país construye diariamente, sino que se encamina a lograr cristalizar la visión de una industria fílmica fuerte, que en un futuro próximo logre ser mayormente autosustentable gracias al éxito en la proyección de sus productos, similar al estadounidense, con la clara diferencia de que los surgidos en México poseen un mayor valor artístico y cultural.

Por las consideraciones expuestas, someto al pleno de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único.Se reforma el artículo 32 de la Ley Federal de Cinematografía para quedar como sigue:

“Artículo 32.Los productores que participen por sí o a través de terceros en festivales cinematográficos internacionales con una o varias películas y obtengan premios o reconocimientos contarán con estímulos que, dentro del marco legal, dicte el Ejecutivo federal.

Asimismo, podrán contar con estímulos para fortalecer su desempeño y en apoyo de la industria cinematográfica, los creadores y trabajadores  artísticos, científicos y técnicos, incluyendo, de manera enunciativa, más no limitativa,  a cinefotógrafos, músicos, guionistas, productores, escenógrafos, artistas, directores o realizadores cinematográficos.

Los estímulos podrán proporcionarse de manera directa por el Ejecutivo federal o el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, o bien, a través de beneficios económicos de carácter académico, gestionados y otorgados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el ámbito de su competencia.

Se dispondrá de los estímulos señalados en el párrafo anterior en la medida en que el Instituto Mexicano de Cinematografía, la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas y/o el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana, de acuerdo a sus competencias y atribuciones, sugieran y recomienden al Ejecutivo federal, al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y/o al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a quienes, de acuerdo con su destacado desempeño y área de acción o conocimiento, deban ser reconocidos

También podrán obtener estímulos o incentivos fiscales aquellos exhibidores que inviertan en la construcción de nuevas salas cinematográficas o en la rehabilitación de locales que hubiesen dejado de operar como tales, y sean destinadas a la exhibición de cine nacional y que coadyuven a la diversificación de la oferta del material cinematográfico extranjero.”

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2010.— Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, senadora Emma Larios Gaxiola. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Se turna a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el senador Jorge Ocejo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el senador Rubén Camarillo Ortega y la diputada Nancy González Ulloa, del Grupo Parlamentario del PAN.

El senador Jorge Ocejo Moreno: Con su venia, señor presidente. Compañeros y compañeras legisladores, el de la voz, Jorge Ocejo Moreno, a nombre del senador Rubén Camarillo Ortega y de la diputada Nancy González Ulloa, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Partido Acción Nacional, vengo a someter a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente exposición de motivos.

En nuestro sistema constitucional federal, el hecho de iniciar leyes o decretos compete, por naturaleza, a los diputados y senadores, al presidente de la República, a las legislaturas de los estados así como a los ciudadanos que pueden sugerir que se expidan leyes o decretos sobre asuntos de interés.

Sin embargo, hoy presenciamos en los congresos una enorme cantidad de iniciativas y minutas presentadas por los legisladores, el Ejecutivo federal o comisiones, en su caso, que no son dictaminadas en tiempo y forma, situación que provoca que el Congreso de la Unión enfrente un importante rezago legislativo que se forma a lo largo de una o varias legislaturas, con motivo de la ausencia de culminación en tiempo y forma de los diferentes procesos legislativos instaurados en las Cámaras del Congreso por los titulares del derecho de iniciativa previstos en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Respecto de las minutas que son turnadas a la Cámara revisora para su análisis y que se encuentran pendientes del correspondiente dictamen presentado por la colegisladora, se observa un retraso en el proceso legislativo, pues entorpece el avance en la promulgación de una nueva ley o decreto o, si es el caso, el desecho de la misma.

Este fenómeno es de importancia, ya que se convierte en un problema de fondo, pues además de ir en perjuicio de la buena valoración respecto de la eficacia en el cumplimiento de las funciones constitucionales encomendadas al legislador federal, propicia un grave deterioro en el aprecio de la ciudadanía por la labor de sus legisladores.

Como ejemplo tenemos cifras publicadas en el portal del sistema de investigación legislativa de la Secretaría de Gobernación, que muestra la siguiente información:

De los asuntos presentados en la Cámara de Diputados en la LX Legislatura, la recién pasada, en las sesiones de septiembre de 2006 a 2009, se presentaron 2 mil 866 iniciativas, de las cuales 236 fueron aprobadas, 339 desechadas y 2 mil 291 quedaron pendientes, sólo el 8.2 por ciento se aprobó.

De los asuntos presentados en la Cámara de Senadores de la LX Legislatura, en las sesiones de septiembre de 2006 a septiembre de 2009, se presentaron mil 447 iniciativas, de las cuales sólo 111 fueron aprobadas, 77 desechadas y mil 258 quedaron pendientes. Se aprobó sólo el 7.6 por ciento.

De los asuntos presentados por ambas Cámaras en esa LX Legislatura, en este mismo periodo de sesiones, en total fueron 4 mil 314 iniciativas, sólo 347 aprobadas, 8 por ciento.

Tomando en cuenta esta situación y ante la laguna existente, respecto al establecimiento de un plazo para la dictaminación y correspondiente desahogo de las minutas enviadas de una Cámara a otra, esta iniciativa propone reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de establecer, en el caso de las minutas enviadas por la colegisladora, que se deberán dictaminar en el mismo periodo de sesiones en el que se recibieron o a más tardar en el siguiente periodo de sesiones.

Por tal motivo, el objeto del presente proyecto de iniciativa es agilizar el desahogo de las minutas turnadas por la colegisladora, a fin de que tengan prioridad para su dictaminación, en virtud de que los asuntos turnados ya fueron discutidos ampliamente y votados en tiempo y forma.

Con base en lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que:

Único. Se adiciona un inciso g) al artículo 23, recorriéndose los subsecuentes en su orden. Se adiciona un segundo párrafo al inciso g) del artículo 67, ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 23

1. Son atribuciones del presidente de la Mesa Directiva las siguientes:

a) a f)

g) Excitar a cualquiera de las comisiones a nombre de la Cámara de Diputados

Ése párrafo queda igual, pero se añade el que dice:

En el caso de las minutas recibidas de parte de la colegisladora, las comisiones dictaminadoras deberán procesarlas en el mismo periodo que las recibieron, o a más tardar en el siguiente periodo de sesiones. Caso contrario, a nombre de la Cámara deberá turnar al pleno las minutas que no hayan sido dictaminadas por las comisiones correspondientes para que sean procesadas de acuerdo al Reglamento, entendiéndose que se hará en los términos de la minuta de la colegisladora.

En cuanto al artículo 67, se agrega un párrafo en los mismos términos que el anterior.

Es cuanto, señor presidente, solicito que esta iniciativa sea publicada íntegramente en el Diario de los Debates. Gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el senador Rubén Camarillo Ortega y la diputada Nancy González Ulloa, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, el senador Rubén Camarillo Ortega y la diputada Nancy González Ulloa, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En nuestro sistema constitucional federal, el derecho de iniciar leyes o decretos compete, por naturaleza, a los diputados y senadores, al presidente de la República, a las legislaturas de los estados, así como a los ciudadanos que pueden sugerir que se expidan leyes o decretos sobre asuntos de su interés.

En países como el nuestro en donde la legislación es la fuente formal por excelencia del orden jurídico, la iniciativa es definida por juristas como Eduardo García Máynez como “el acto por el cual determinados órganos del estado, someten a la consideración del Congreso un proyecto de ley”. O bien, “la facultad o el derecho que la constitución otorga y reconoce a ciertos servidores públicos, entes oficiales y particulares a proponer, denunciar o solicitar al órgano legislativo colegiado un asunto, hacer de su conocimiento hechos o formular una petición, en relación con materias que son de su competencia, de los que puede derivar una ley o un decreto” (doctor Elizur Nava, Oxford).

En ese orden de ideas, el pleno del órgano legislativo deriva las iniciativas recibidas a la comisión o comisiones correspondientes, consideradas como “órganos regulares y permanentes, constituidos por el pleno, en que intervienen los legisladores para participar en la resolución y dictamen de los asuntos que se encomiendan a dicho cuerpo colegiado”, lo que implica tener a su cargo las tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio, cuya competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Por esta razón, la principal función de las Cámaras que integran tanto el Congreso federal, los Congresos o legislaturas de los estados o la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, consiste en cumplimentar, según el caso, los procedimientos legales pertinentes a la preceptiva constitucional y reglamentaria para cumplir su función legislativa.

En este sentido y durante apenas una década, bajo una ambiciosa agenda de reformas institucionales en lo económico y en lo político, el congreso ha transitado a nuevas etapas de debate, acuerdo y negociación así como a representar una imagen pública de trabajo por y frente a la ciudadanía.

Sin embargo y pese a los avances en las reglas internas, la organización legislativa en comisiones, el propio desempeño de legisladores y bancadas de los partidos, la dificultad de formar coaliciones ganadoras y de desarrollar estrategias exitosas para convertir la relación ejecutivo-legislativo se ha caracterizado por la dificultad para la toma de decisiones y cierta tendencia a la parálisis en la aprobación de reformas indispensables para la modernización del país, reduciendo así la eficiencia del sistema político-institucional mexicano.

Tal es así, que hoy presenciamos en los Congresos una enorme cantidad de iniciativas y minutas presentadas por los legisladores, el Ejecutivo federal, o comisiones en su caso, que no son dictaminadas en tiempo y forma, situación que provoca, (independientemente del tiempo que se requiere para procesarlas a través de su envío al pleno y turno a comisiones para su correspondiente análisis), un rezago legislativo por la cantidad de iniciativas o minutas que en ocasiones por la carga de trabajo, no pueden ser abordadas por las comisiones turnadas, o implican el entorpecimiento del trabajo de éstas e impiden que exista un programa global y priorizado sobre cuáles son las normas preponderantes a crear o reformar en un momento dado.

Derivado de esto, el Congreso de la Unión enfrenta dentro del quehacer legislativo, la figura relativa al fenómeno del rezago legislativo, que se forma a lo largo de una o varias legislaturas con motivo de la ausencia de culminación en tiempo y forma de diferentes procesos legislativos instaurados en las Cámaras del Congreso por los titulares del derecho de iniciativa previstos en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el caso, por ejemplo, de las iniciativas presentadas y de su trámite, existe poco control en su presentación o resguardo, lo que provoca una gran pérdida de información aun en contravención de la nueva regulación en materia de archivos, transparencia y acceso a la información.

Respecto a las minutas que son turnadas a la Cámara revisora para su análisis y que se encuentran pendientes del correspondiente dictamen presentado por la colegisladora, se observa un retraso en el proceso legislativo, pues se entorpece el avance en la promulgación de una nueva ley o decreto, o si es el caso, en desecho de ésta.

Por ello, en cada cambio de legislatura, tanto iniciativas como minutas, suelen ser enviadas a “la congeladora”, haciendo que toda esa información se pierda, implicando un gasto innecesario de recursos, tanto por lo invertido en su elaboración y trámite, como por el trabajo de cabildeo político y social.

En este orden de ideas, conviene observar al rezago legislativo diferenciando el que tenga en tiempo dado cada una de las dos Cámaras legislativas federales, frente al rezago total en el Congreso conforme la remisión de los proyectos de ley o de decreto (minutas) aprobados que se remiten entre sí las colegisladoras, considerando también en ambos sentidos la cifra de minutas con proyecto de decreto que eventualmente se enfrentan a parálisis en el Constituyente Permanente respecto al artículo 135 constitucional.

Este fenómeno es de importancia, ya que se convierte en un problema de fondo, pues además de ir en perjuicio de la buena valoración respecto de la eficacia en el cumplimiento de las funciones constitucionales encomendadas al legislador federal, propicia un grave deterioro en el aprecio de la ciudadanía por la labor de los legisladores.

Cabe mencionar que en las últimas legislaturas han sido varios los intentos para reformar el marco jurídico del Congreso mexicano en lo que toca a los procedimientos legislativos y en particular al dictamen de iniciativas. Sin embargo, estos intentos de reformar tanto el Reglamento para el Gobierno Interior y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, no han prosperado, y han quedado como ejercicios aislados para modificar tan sólo aspectos parciales de estos procedimientos.

El tiempo legislativo es corto, por lo breve de cada legislatura, por la imposibilidad de reelección de los legisladores y por la brevedad de los períodos ordinarios de sesiones. Si a esto agregamos la falta de procedimientos ágiles y eficientes actualizados a las nuevas realidades de un Congreso plural y democrático, el resultado es un rezago en una de las funciones primordiales del Congreso, la de legislar, teniendo como consecuencia el llamado “rezago legislativo” o “congeladora” de iniciativas y minutas en su caso.

El artículo 72 constitucional, inciso i) establece que: “las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente en la Cámara en que se presenten, a menos que transcurra un mes desde que se pasen a la comisión dictaminadora sin que ésta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra”.

Asimismo, el artículo 67, inciso g), a la letra dice: “g) Excitar a cualquiera de las comisiones, en nombre de la Cámara a que presenten dictamen si han transcurrido veinte días hábiles después de aquel en que se turne un asunto, para que lo presenten en un término de diez días; si no presentaren el dictamen dentro de ese término y no mediare causa justificada, el o los proponentes podrán solicitar que se turne a otra comisión.

A su vez, el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General establece que “toda comisión deberá presentar su dictamen en los negocios de su competencia, dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que los ha recibido”.

Como se nota, la legislación antes mencionada es totalmente rebasada, son normas que se incumplen todos los días de sesión, en los que se turnan asuntos a comisiones y de estas no fluyen los dictámenes en el tiempo y forma que establece la ley.

Actualmente, en nuestro Congreso los pendientes legislativos se incrementan de una a otra legislatura y las iniciativas pendientes de dictaminar en comisiones permanecen en una especie de limbo legislativo dejando tras de sí un rezago legislativo que acrece cada periodo de sesiones y se hereda de una legislatura a otra.

Como sólo un ejemplo, tenemos las cifras publicadas en el portal del Sistema de Investigación Legislativa que muestra la siguiente información:

Tomando en cuenta esta situación y ante la laguna existente respecto al establecimiento de un plazo para dictaminar y el correspondiente desahogo de las minutas enviadas de una Cámara a otra, en esta iniciativa se proponen reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de establecer en el caso de las minutas enviadas por la colegisladora, se deberá dictaminar en el mismo período que las recibieron o a más tardaren el siguiente período de sesiones.

De esta manera, en vista de la conclusión de los plazos, tomando en cuenta que se exciten a las comisiones a que dictaminen, se reafirma el derecho del promovente, en vista de la notoria violación de los plazos para emitir dictamen, que pueda presentar a consideración del pleno de la Cámara el dictamen, si cuenta con el apoyo de la mayoría de los miembros de la Comisión o comisiones a las que se haya turnado.

Hoy por hoy, en México los legisladores son evaluados por la sociedad generalmente por el número de leyes o propuestas que presentan, lo que genera en los Congresos una enorme presión por aceptar iniciativas de leyes o reformas sin seguir en realidad una agenda legislativa, provocando la virtual paralización de los Congreso o su baja productividad en asuntos prioritarios del país y nuestra gran decepción ante la noticia diaria.

En este contexto, es imperante que el Congreso mexicano, se fortalezca de manera integral, cumpliendo cabalmente con la misión que le confiere la Constitución y generando una interacción dinámica y fluida con el pueblo al que representa. Es necesario que el poder legislativo se vea fortalecido en materia de reglamentación interna, de prácticas y procedimientos así como de cultura parlamentaria.

Igualmente necesario es que el Congreso se desempeñe con mayor efectividad de modo que el ejercicio del diálogo, el proceso para arribar a acuerdos y la capacidad técnica de legisladores, comisiones y bancadas muestren avances sustanciales en los tiempos que corren.

Por tal motivo y con base en lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona los artículos 23  inciso g) y 67 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Único.Se adiciona un inciso g) al artículo 23, recorriéndose los subsecuentes en su orden; se adiciona un segundo párrafo al inciso g) del artículo 67, ambos de la Ley Orgánica de del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 23.

1. Son atribuciones del presidente de la Mesa Directiva las siguientes:

a) a f)

g) Excitar a cualquiera de las comisiones, en nombre de la Cámara, a que presenten dictamen si han trascurrido veinte días hábiles después de aquél en que se les turne su asunto, para que lo presenten en un término de diez días; sino presentaren el dictamen dentro de ese término y no mediare causa justificada, el o los proponentes podrán solicitar que se turne a otra comisión.

En el caso de las minutas recibidas de parte de la colegisladora las comisiones dictaminadoras deberán procesarlas en el mismo periodo que las recibieron o a más tardar en el siguiente periodo de sesiones. Caso contrario, en nombre de la Cámara deberá turnar al pleno las minutas que no hayan sido dictaminadas por las comisiones correspondientes para que sean procesadas de acuerdo al reglamento, entendiéndose que se hará en los términos de la minuta de la colegisladora.

...

...

Artículo 67.

a) a f)

g) Excitar a cualquiera de las comisiones, en nombre de la Cámara, a que presenten dictamen si han trascurrido veinte días hábiles después de aquel en que se les turne su asunto, para que lo presenten en un término de diez días; sino presentaren el dictamen dentro de ese término y no mediare causa justificada, el o los proponentes podrán solicitar que se turne a otra comisión.

En el caso de las minutas recibidas de parte de la colegisladora las comisiones dictaminadoras deberán procesarlas en el mismo periodo que las recibieron o a más tardar en el siguiente periodo de sesiones. Caso contrario, en nombre de la Cámara deberá turnar al pleno las minutas que no hayan sido dictaminadas por las comisiones correspondientes para que sean procesadas de acuerdo al reglamento, entendiéndose que se hará en los términos de la minuta de la colegisladora.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2009.— Senador Rubén Camarillo Ortega, diputada Nancy González Ulloa (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias señor senador. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos de Autor.

El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez: Gracias. Con el permiso de la Presidencia.

Actualmente la Ley Federal de Derechos de Autor protege las obras desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión. Asimismo la ley prevé algunas causas por las cuales se permitirá a los particulares o empresas realizar la reproducción de tales obras sin que se requiera autorización del titular del derecho patrimonial, y sin remuneración, entre ellas: que no se afecte la explotación normal de la obra, que se cite invariablemente la fuente y que ésta no se altere.

Sin embargo, es preciso mencionar que dentro de la ley no se hace mención ni existe artículo alguno que señale o coadyuve para crear las condiciones de accesibilidad a la información para las personas con discapacidad, tal como lo señala la convención internacional en la materia, es decir la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El instrumento internacional es claro en establecer el compromiso para adoptar medidas que permitan el acceso de las personas que viven con una discapacidad a la información y comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías, así como para que los Estados parte adopten las medidas pertinentes para que estas personas puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información.

Por ello, se les deberá brindar información dirigida al público en general de manera oportuna y sin costo adicional, en un formato accesible y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad.

Sin embargo, es evidente que actualmente tanto instituciones públicas como privadas no cuentan con las condiciones necesarias para incentivar y fomentar la elaboración de formatos accesibles para que las personas con discapacidad visual o auditiva puedan conocer información en el mismo plano que el resto de los demás, imperando de esa forma una grave ausencia de condiciones que permitan brindar facilidades legales para que puedan acceder a contenidos previstos en obras literarias o artísticas, y por lo cual es latente la necesidad de llevar a cabo modificaciones a la ley en la materia.

Con este objetivo, la presente iniciativa plantea adicionar disposiciones al artículo 16 de la Ley Federal de Derechos de Autor, para establecer que también se considerará como publicación la reproducción de obra en forma tangible y puesta a disposición del público, mediante su almacenamiento permanente o provisional, por medios electrónicos y/o tecnologías de acceso a la información que permitan al público leerla o conocerla visualmente cuando sea a través de medios aumentativos y/o alternativos de comunicación, como son el sistema braille, lectores de pantalla o audiolibros diseñados para personas con discapacidad.

Se propone, de la misma forma, adicionar un párrafo al artículo 24 de esta ley, para señalar que no será necesaria la autorización de una obra ni se pagará regalía alguna tratándose de reproducciones que se hagan en formatos y lenguas accesibles para personas con discapacidad, siempre y cuando éstas no tengan ninguna finalidad lucrativa por parte de quienes las elaboren y además, de que siempre deberán ser destinadas al uso de personas con discapacidad.

Por último, se propone la adición de un párrafo al artículo 148, que prevé lo relativo a la utilización de las obras literarias y artísticas, a efecto de establecer la posibilidad de que pueda reproducirse y/o adaptarse en formatos accesibles, siempre y cuando se realice esto en beneficio de personas con discapacidad y sin fines de lucro en medios magnéticos para su acceso vía lector de pantalla, impresiones en sistema braille, en la lengua de señas mexicana o en audio libros, entre otros formatos.

Legisladoras y legisladores, resulta innegable la necesidad de reformar el marco jurídico vigente, con el propósito de abrir paso a los mecanismos necesarios que hagan posible la protección de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, particularmente en lo que concierne a la información y, en un sentido más amplio, al conocimiento.

Por ello, los invito a apoyar esta iniciativa que tiene como finalidad coadyuvar a que las instancias públicas y privadas estén en posibilidades de reproducir obras en formatos accesibles para personas con discapacidad, cumpliendo de esa forma con el compromiso de llevar a cabo adecuaciones al marco normativo, para hacer posible el cumplimiento y respeto de los derechos de este importante núcleo de nuestro país. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, suscrita por el senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN

Guillermo Tamborrel Suárez, senador de la república a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

“Nada de nosotros sin nosotros”

La siguiente iniciativa deriva de las siguientes organizaciones e instituciones:

Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad y su consejo consultivo, conformado por Discapacitados Visuales, IAP; Libre Acceso, AC; Instituto Mexicano para la Excelencia Educativa, AC; Confederación Mexicana de Organizaciones a Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, AC; Adelante Niño Down, AC; Asociación Mexicana para el Apoyo a Sobresalientes, AC; Asociación Post Polio Litaff, AC; Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, IAP; Centro de Educación Especial y Rehabilitación, AC; Comunidad Crecer, IAP; Comunidad Down, AC; Consejo Estatal de Personas con Discapacidad en el Estado de Aguascalientes, AC; Federación Mexicana de Sordos, AC; Fundación de Rehabilitación Infantil Teletón, AC; Fundación Manpower, AC; Grupo de Personas con Discapacidad Organizadas Convencidas de Evolucionar, AC; Grupo Valentín Haûy, AC; Kadima, AC; La Pirinola, AC; Nexos y Soluciones, AC; Olimpiadas Especiales de México, AC; Organización Mexicana para el Conocimiento de los Efectos Tardíos de la Polio, AC; Riadis México, AC; Consejo Nacional de y para Personas con Discapacidad, AC; Fundación Paso a Paso, AC; Ingenium Morelos, AC; así como las asociaciones, Delegación Mexicana de Ciegos/Unión Latinoamericana de Ciegos, Delegación Mexicana de Ciegos/Unión Mundial de Ciegos, Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos IAP, Escuela Guadalupe Sordo de De la Colina (Acapulco, Guerrero), Escuela Secundaria número 320 Ignacio León Robles Robles; Centro de Capacitación para Invidentes (Durango, Durango), Asociación Mexicana de Educadores de personas con Discapacidad Visual, AC; Voluntad para Aída, AC; Contacto Braille, AC; Amadivi, IAP; Organización de Ciegos Colimenses, AC; Asociación Estudiantes o Trabajadores Ciegos y Débiles Visuales del Estado de Veracruz, AC; Ver Contigo, AC (Torreón, Coahuila); Centro de Estudios para Invidentes, AC; Instituto Hellen Keller (Guadalajara); Asociación Mexicana de Retinitis Pigmentosa y Enfermedades de la Retina, ABP; Comité de Atención a la Discapacidad/CAD UNAM, Pro-Acceso/Universidad La Salle, Colabore/Universidad Panamericana.

1.El 3 mayo de 2008, entró en vigor para México la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, documento que representa un paso más en la búsqueda del cumplimiento y respeto de los derechos de las personas con discapacidad.

Este instrumento internacional primero de su tipo en el siglo XXI, representa la culminación de una serie de esfuerzos existentes desde hace siglos, pero visible apenas hace poco más de veinte años, cuando un grupo de representantes de Italia solicitaron ante Naciones Unidas la elaboración de una Convención que velara por el cumplimiento y respeto de los derechos de las personas con discapacidad.

Sin embargo, fue hasta el año 2000 cuando la Organización de las Naciones Unidas, en su resolución 56/168, estableció la instalación de un Comité Especial Encargado de Preparar una Convención Internacional Amplia e Integral para Proteger y Promover los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad, cuya labor se vio materializada el 13 de diciembre de 2006 con la aprobación del texto definitivo de la citado instrumento internacional y su protocolo facultativo.

Actualmente, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad forma parte de nuestro derecho vigente; sin embargo, las leyes que integran nuestro sistema jurídico deben sufrir modificaciones como resultado de la necesidad de armonizarlas.

Entre sus aspectos relevantes, esta convención prevé una serie de compromisos y medidas que debe asumir el Estado, con el propósito de hacer posible el cumplimiento y respeto de derechos como los referentes a la educación, igualdad, accesibilidad, autonomía, vida, respeto a su dignidad, acceso a la justicia y libertad, entre otros.

Este proceso de armonización implica la realización de reformas encaminadas a que los derechos de las personas con discapacidad sean transversales a lo largo de la legislación nacional y de acuerdo al tema que se trate, con el propósito de que sus necesidades estén integradas en principio, dentro de los mismos ordenamientos previstos para los demás.

Un aspecto que la convención pondera es la relativa a la accesibilidad de las personas con discapacidad y en ese sentido, prevé la adopción de medidas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a un entorno físico adecuado, transporte, información y comunicaciones.

De esa forma, la convención prevé la eliminación de obstáculos tendientes a impedir el goce de tales derechos, no solo cuando éstos no sean físicos, sino también de índole legal.

Es por ello que la accesibilidad debe ser vista desde el más amplio de los conceptos como la posibilidad de que las personas con discapacidad accedan como el resto de las personas a rubros como la comunicación, información, tecnologías, cultura, ciencias, tecnología, arte y espacios físicos.

A pesar de lo anterior, aún persisten barreras que imposibilitan y dificultan la creación de condiciones que permitan el acceso de las personas con discapacidad a gozar de información sobre obras literarias o artísticas, pues la descripción y alcance en su beneficio es limitado y no permite contar con las herramientas necesarias para que las personas con discapacidad gocen de la información aludida en formatos accesibles, es el caso de la ausencia de disposiciones suficientes dentro de Ley Federal del Derecho de Autor.

2. Según la definición legal, el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de creadores de obras literarias y artísticas como la literatura, música, dramaturgia, danza, el dibujo, la arquitectura, la caricatura, el cine, la fotografía, la radio, la televisión, entre otros rubros y en virtud de tal reconocimiento se otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el derecho de índole patrimonial.

Actualmente, la Ley Federal del Derecho de Autor protege aquellas obras desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión.

Sobre ese respecto, la ley prevé algunas causas por las cuales se permitirá a los particulares o empresas realizar la reproducción de tales obras. En particular el artículo 148 establece que las obras literarias y artísticas mencionadas podrán utilizarse siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin que se requiera autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra, cuando concurran los casos establecidos en sus fracciones.

En el mismo tenor, el artículo 149 establece la realización, sin necesidad de autorización, de obras literarias, artísticas o grabaciones efímeras sujetándose a una serie de reglas mencionadas en el mismo.

Por su parte, el artículo 150 regula cuáles y en qué casos no se causan regalías por la ejecución pública de obras, previendo en sus fracciones las condiciones para que opere tal beneficio.

Finalmente, el artículo 151 menciona los casos en los que las reproducciones de obras de diversa índole artística o literaria no constituyen violaciones a los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas o videogramas; siendo éstos, cuando no se persiga lucro preponderante, sean fragmentos breves utilizados, tengan como propósito fines educativos, de investigación científica o se trate de los casos aludidos en párrafos anteriores.

3. Sin embargo, es preciso mencionar que dentro de la ley no se hace mención ni existe artículo alguno que señale o coadyuve para crear las condiciones de accesibilidad a la información, tal como señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Lo anterior a pesar de que el instrumento internacional es claro en establecer en su artículo 9 el compromiso para adoptar medidas que permitan el acceso de las personas que viven con una discapacidad al entorno físico, transporte, información y comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías, encontrándose dentro de tales medidas la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, aplicándose estas medidas también a los servicios de información y comunicaciones.

Por su parte, el artículo 21 señala que los Estados parte deberán adoptar las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información. Para ello, entre otras cosas, deberán facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formato accesible y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad, debiendo realizar el Estado mexicano las siguientes acciones de acuerdo con el artículo señalado:

a) Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formato accesible y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad;

b) Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille, los modos, medios, y formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales;

c) Alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en general, incluso mediante Internet, a que proporcionen información y servicios en formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan acceso;

d) Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que suministran información a través de Internet, a que hagan que sus servicios sean accesibles para las personas con discapacidad;

e) Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas.

Es evidente que actualmente tanto entidades del Estado como instituciones privadas, no cuentan con las condiciones necesarias para incentivar y fomentar la elaboración de formatos accesibles para que las personas con discapacidad visual o auditiva puedan conocer información en el mismo plano que el resto de las demás, imperando de esa forma una grave ausencia de condiciones que permitan brindar facilidades legales para que puedan acceder contenidos previstos en obras literarias o artísticas a través de formatos como traducciones, adaptaciones, transcripciones, interpretaciones, medios aumentativos o alternativos de comunicación, por lo cual es latente la necesidad de llevar a cabo modificaciones a la ley.

4. Con ese objeto, la presente iniciativa plantea adicionar disposiciones al artículo 16 de la Ley Federal del Derecho de Autor, que establece las formas en la que se hacen del conocimiento público las obras artísticas y literarias, en especial en cuanto a su publicación, pues si bien actualmente prevé como tal la reproducción de la obra en forma tangible y su puesta a disposición del público mediante ejemplares y su almacenamiento permanente o provisional por medios electrónicos que permitan al público leerla o conocerla visual, táctil o auditivamente, en el entendido que la primera forma puede entenderse a través de medios aumentativos y/o alternativos de comunicación para las personas con discapacidad intelectual, la segunda a través de impresiones en sistema Braille y la tercera en medios magnéticos con programas de cómputo para lectores de pantalla o audiolibros en el caso de personas con discapacidad auditiva y visual, proponiendo, para ello, la adición de un párrafo a esa disposición.

Se propone de la misma forma, adicionar un párrafo al artículo 24 de la misma ley que actualmente establece el derecho del autor de una obra literaria para explotar de forma exclusiva sus obras, así como de autorizar a otros su explotación para instaurar en el nuevo párrafo, como caso de excepción, que no será necesaria la autorización de una obra, ni se pagará regalía alguna, tratándose de reproducciones que se hagan en formatos y lenguas accesibles para personas con discapacidad, siempre y cuando éstas no tengan ninguna finalidad lucrativa por parte de quiénes las elaboren, además de que siempre deberán ser destinadas para el uso de personas con discapacidad.

Por último, se propone la adición de un párrafo al artículo 148 que prevé lo relativo a la utilización de las obras literarias y artísticas que han sido mencionadas con anterioridad, a efecto de establecer dentro de su fracción tercera la posibilidad de que pueda reproducirse y/o adaptarse en formatos accesibles la obra completa para el conocimiento, siempre y cuando se haga en beneficio de personas con discapacidad y sin fines de lucro, en medios magnéticos para su acceso vía lector de pantalla, impresiones en sistema Braille, lengua de señas mexicana o en audiolibros, entre otros formatos, siendo en tal caso que no se requerirá la autorización del titular del derecho de tipo patrimonial ni se generará remuneración o regalía alguna a favor del autor.

Sobre las presentes propuestas de adiciones, resulta innegable la necesidad de reformar el marco jurídico vigente con el propósito de abrir paso a los mecanismos necesarios que hagan posible la protección de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. En el mismo tenor, es preciso eliminar aquellas condiciones que dificultan o impiden la implementación de esas condiciones necesarias para que gocen de plena accesibilidad y autonomía.

Finalmente con estas modificaciones, las instancias públicas y privadas estarán en posibilidad de reproducir obras en formatos accesibles para personas con discapacidad, sin que por ello deban obtener autorización expresa para tal fin de parte de sus autores y mucho menos, la obligación de proporcionar regalías o pago de naturaleza alguna, cuando dichos trabajos se hagan sin ánimo de lucro, cumpliendo de esa forma con el compromiso de llevar a cabo adecuaciones al marco normativo para hacer posible el cumplimiento y respeto de los derechos de las personas con discapacidad.

Derivado de lo anterior y conforme a los artículos aludidos en el proemio del presente documento, se presenta la siguiente iniciativa que contiene proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Derecho de Autor

Artículo Único. Se reformala fracción II del artículo 16 y se adicionan un segundo párrafo a la fracción II del Artículo 16, un segundo párrafo al artículo 24 y un segundo párrafo a la fracción III del artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar como sigue

Artículo 16. La obra podrá hacerse del conocimiento público mediante los actos que se describen a continuación:

I. ...

II. Publicación: La reproducción de la obra en forma tangible y su puesta a disposición del público mediante ejemplares, o su almacenamiento permanente o provisional por medios electrónicos y/o tecnologías de acceso a la informaciónque permitan al público leerla o conocerla visualmente , táctilmente o auditivamente;

También se considera como publicación la reproducción de la obra en forma tangible y su puesta a disposición del público mediante su almacenamiento permanente o provisional por medios electrónicos y/o tecnologías de acceso a la información que permitan al público leerla o conocerla visualmente cuando sea a través de medios aumentativos y/o alternativos de comunicación, táctilmente a través del Sistema Braille o auditivamente a través de programas de cómputo, lectores de pantalla o audiolibros diseñados para personas con discapacidad.

III. a VI. ...

Artículo 24.En virtud del derecho patrimonial, corresponde al autor el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explotación, en cualquier forma, dentro de los límites que establece la presente ley y sin menoscabo de la titularidad de los derechos morales a que se refiere el artículo 21 de la misma.

La referida autorización del autor de una obra no será necesaria, ni el pago de regalía alguna, tratándose de reproducciones que se hagan en formatos y lenguas accesibles para personas con discapacidad, siempre y cuando éstas no tengan ninguna finalidad lucrativa por parte de quienes las elaboren y sean destinadas para el uso de personas con discapacidad.

Artículo 148. Las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra, sólo en los siguientes casos:

I. a II. ...

III. Reproducción de partes de la obra, para la crítica e investigación científica, literaria o artística.

Podrá reproducirse y/o adaptarse en formatos accesibles la obra completa para el conocimiento, siempre y cuando se haga en beneficio de personas con discapacidad y sin fines de lucro, en medios magnéticos para su acceso vía lector de pantalla, impresiones en sistema Braille, lengua de señas mexicana o en audiolibros, entre otros formatos.

IV. a VII. ...

...

Transitorios

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Expresión asumida por las personas con discapacidad que expone que las acciones que en su beneficio realice el Estado en cualquiera de sus formas de poder y nivel, tengan un común denominador: que emane de sus inquietudes y necesidades una vez escuchadas, con el fin de satisfacer el cumplimiento y respeto de sus derechos.

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 27 de enero de 2010.— Senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor senador. Se turna a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores.

ARTICULOS 61 Y 111 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el señor senador Guillermo Tamborrel Suárez, para continuar con una reforma a los artículos 61 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, señor senador.

El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez: Gracias, presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, intentaré ser muy breve en la presentación de esta iniciativa e invitarlos a apoyarla. Son reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inmunidad parlamentaria y de la inmunidad procesal, mejor conocida como fuero constitucional.

En relación a la primera, me parece importante que puntualicemos, fortalezcamos, y garanticemos, a plenitud, la garantía de los legisladores a expresarse con total libertad en el ejercicio del cargo. Los invito a que la revisen y a que la fortalezcan. El planteamiento es que todas las opiniones, que todas las expresiones, cualquiera que sea, de un legislador, estén garantizadas y no pueda ser un legislador reconvenido, juzgado o procesado por las opiniones que emita.

En el otro sentido, pretende reformas al 111 de nuestra Carta Magna, en el sentido de clarificar qué es la inmunidad procesal, qué es el fuero constitucional; cuándo se adquiere y cuándo se pierde y bajo qué circunstancias.

Estamos planteando que el fuero constitucional se adquiera a partir de la protesta formal y hasta que el cargo concluya, incluyendo, desde luego, casos –y esto es lo novedoso– como la renuncia parcial a esta inmunidad procesal.

Estamos planteando la posibilidad de que el funcionario o el legislador –aquéllos que están contenidos en el párrafo primero del artículo 111– puedan renunciar al fuero, puedan ser procesados, que su juicio continúe sin tener la necesidad de pedir licencia y de que se declare, precisamente, la declaración de procedencia, que sea desaforado.

Hoy vivimos en un escenario, en el de todo o nada. Hoy el legislador, por poner un ejemplo, ejercerá o será desaforado y no cabe la posibilidad de que se le continúe el proceso, el juicio, con su consentimiento para que entonces pueda seguir, al mismo tiempo que solventa el procedimiento, continuar en el ejercicio del cargo.

Esto, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, a muy grandes rasgos, es lo que se plantea, por lo que le solicito, diputado presidente, el que sea insertada en sus términos en el Diario de los Debates; y, si no hay inconveniente, el que sea turnada a la Cámara de Senadores para que se incorpore precisamente en el debate que hoy llevamos a cabo, en relación a la reforma política para nuestro país. Por su atención y consideración, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 61 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los senadores Guillermo Tamborrel Suárez y Sebastián Calderón Centeno, y el diputado Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del PAN

Guillermo Tamborrel Suárez, Sebastián Calderón Centeno y Javier Corral Jurado, senadores de la república y diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, respectivamente, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona los artículos 61 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. A partir de la segunda mitad de los años noventas, en México fueron gestándose una serie de cambios en el ámbito político y de la lucha de poder entre los partidos políticos, que conllevaron a la aparición de una serie de reflexiones en torno a la transformación de las instituciones que rigen la vida de nuestro país desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ello, potenciado gracias a que el partido hegemónico que había mantenido el poder durante la elección presidencial de 1994 comenzaba a perder adeptos y aliados que hasta tales momentos le habían logrado mantener la mayoría en el Congreso.

Algunas de estas reflexiones se pronunciaron por eliminar el presidencialismo que se había dado hasta entonces, dando paso a un sistema claramente parlamentario; otras, por delimitar aspectos derivados de la función pública y su actuación que hasta entonces si bien se realizaban dentro del marco legal vigente, las mismas eran consideradas por los grupos de oposición como conductas poco éticas, todas ellas con un común denominador establecer un sistema que eliminara las prerrogativas innecesarias o considerablemente excesivas en aras de limitar el ejercicio del poder.

Así han tenido lugar diversas iniciativas presentadas por legisladores de distintas fracciones parlamentarias referidas a lo que comúnmente se conoce como “la inmunidad parlamentaria” y el “fuero constitucional”.

Si bien a la presente iniciativa y su motivación interesa medularmente lo relativo a la inmunidad parlamentaria prevista en el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cierto es que dicha facultad guarda una íntima relación con el fuero, previsto en el artículo 111 de la misma carta fundamental en cuanto a las funciones de senadores y de diputados al Congreso de la Unión.

2. Sobre la denominada “inmunidad parlamentaria”, se ha considerado preciso por algunos tratadistas y legisladores establecer con claridad su alcance, significado y objetivo, lo cual nos permitirá evitar controversias que envíen esa función legislativa a un medio de interpretación jurisdiccional; todo ello, en razón de la ausencia de claridad en la redacción y alcance, siendo conveniente advertir que todo texto normativo o reforma debe gozar de total claridad y tanto tecnicismo como sea necesario.

Usualmente un sinnúmero de personas, incluso dentro del ámbito legislativo o jurídico, han utilizado de forma indistinta las acepciones del “fuero constitucional” para referirse al hecho de que los legisladores no pueden ser reconvenidos en el ejercicio de un encargo, confundiendo un atributo propio de los legisladores por otro que además de ellos, gozan una serie de funcionarios previstos en el artículo 111 constitucional, aspecto por el que la materia de la presente iniciativa es precisamente el enriquecimiento democrático del contenido del atributo propio de legisladores federales denominado “inmunidad parlamentaria”.

Como antecedente más cercano sobre el alcance y consistencia de tales atributos de senadores y diputados del Congreso de la Unión en relación con las licencias, encontramos el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia a mediados del siglo pasado, en el año de 1946, derivado de un amparo penal promovido por Carlos Madrazo Becerra, en el cual resolvieron que un legislador no pierde fuero por el hecho de encontrarse en situación de licencia en su encargo.

Según la tesis de referencia, el “fuero” se extingue solo por muerte del legislador, por renuncia al cargo o por que finalice el periodo para el que fue elegido y, en último de los casos, cuando la Cámara de Diputados resuelva que ha lugar a proceder penalmente en contra de ella o de él.

Sin embargo, es preciso aclarar que dicho criterio realmente ya no encuentra un sustento sólido, pues interpretaba un artículo que fue reformado con posterioridad a dicha tesis, el 26 de diciembre de 1982, cuando se modificó todo el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer los lineamientos sobre la responsabilidades de los servidores públicos.

Baste ello para establecer que si bien han existido modificaciones del régimen de inmunidad procesal previsto en el precepto 111 de la carta fundamental, lo cierto es que las mismas han resultado poco claras y dejan ver a todas luces la necesidad de que en caso de controversia y ante la ausencia de términos precisos se acuda de nueva cuenta a la corte para que se llegue a una interpretación de dichos preceptos.

Surge entonces una serie de ideas encontradas sobre el alcance del fuero y su temporalidad, pues por un lado existen criterios en el sentido de que aun cuando el artículo en el cual se sustenta la mencionada tesis fue reformado, establecen que debe seguir vigente.

De igual manera, existen posturas encontradas en el sentido de establecer que dicho criterio en materia de fuero y licencias dejó de ser vigente en razón que el precepto en el cual se encuentra fundamentado como se ha mencionado, fue reformado en su esencia.

3. La propuesta de la presente iniciativa es aportar claridad a los alcances del “fuero constitucional” o “inmunidad procesal” y la “inmunidad parlamentaria”, pues han existido casos en nuestro acontecer nacional donde no ha existido opinión unánime sobre su procedencia y vía.

Dicha modificación tendría como sentido establecer la pérdida temporal del fuero en tanto un legislador se encuentra de licencia, pues el fuero, como ya se ha dicho, debe servir para proteger a la asamblea y sus integrantes respectivos en funciones, por tanto en el momento en que un legislador pide licencia deja de pertenecer formalmente a ella, pues su lugar es ocupado por su suplente que es en quién recaerá en adelante dicha inmunidad procesal y parlamentaria al asumir las funciones legislativas respectivas.

Aunado a ello, es preciso prever y delimitar a través de la norma, el objeto de la protección sobre la inmunidad parlamentaria y resolver interrogantes respecto de los legisladores, tales como delimitar concretamente para quién es la inmunidad parlamentaria; ya sea para el propietario y el suplente, para quien forma parte de la asamblea, para quien está en funciones y a partir de qué momento. Asimismo, auxiliará al esclarecimiento sobre las funciones propias de su encargo, que son conferidas en la Constitución.

Partiendo de ahí, se entiende la necesidad de establecer la diferencia entre cada uno de los dos atributos, en ocasiones confundidos o utilizados indistintamente, para posteriormente plantear en la iniciativa medularmente una delimitación correcta de los alcances de la inmunidad parlamentaria y del fuero, su objeto y los medios de ella.

De todos es conocido que existe una enorme confusión sobre los términos de “inmunidad parlamentaria” y “fuero constitucional”, aspecto que motiva la presentación de la presente iniciativa a fin de desentrañar cada una de ellas a la luz de la doctrina e interpretación jurídica que se ha hecho sobre ambas.

La inmunidad parlamentaria y el fuero no son prerrogativas o privilegios recientes, tienen sus orígenes primarios desde la Edad Media, pues si bien no existían en ese entonces parlamentos instituidos, en España aparecían los “procuradores”, que eran representantes de la sociedad feudal y se les concedía como prerrogativas la seguridad personal y patrimonial para el cumplimiento de su función, así, con la aparición de los regímenes camarales evolucionan tales instituciones.

A) “Inmunidad parlamentaria”

El maestro Felipe Tena Ramírez, al referirse a dicho atributo de la función legislativa, lo establece como inviolabilidad por la expresión de opiniones, conceptuándolo como una irresponsabilidad de los legisladores respecto de conductas ilícitas en que puedan incurrir por expresar sus opiniones, pues las mismas están exentas de represión alguna siempre que hayan sido hechas durante y en el ejercicio de su encargo.

Podemos decir entonces que la inviolabilidad de sus opiniones radica en la ponderación de bienes jurídicos de menor envergadura que el derecho de los parlamentarios a deliberar y expresarse libremente sin censura alguna, siéndole propios a dicha inmunidad los actos por los cuales el legislador realiza todas sus funciones, comprendiendo dentro de ellas las votaciones, opiniones escritas o de viva voz, dictámenes, enmiendas, publicaciones, reseñas, mociones, proposiciones y todas las expresiones que el legislador realice por cualquier forma de comunicación en el ejercicio de su encargo, todo lo anterior en aras de proteger la libre discusión y decisión parlamentaria que forme la expresión de la voluntad camaral.

Respecto a esa inviolabilidad, la iniciativa que se propone establece la adición a los aspectos que son materia de la inviolabilidad del “voto”, dándole a este último el carácter de la expresión de la voluntad definitiva, previendo como ejemplo un sinnúmero de constituciones que incluyen a la emisión del voto como aspecto de protección y libre de censura.

Franca coincidencia encuentra la doctrina con las tesis vertidas por los órganos pertenecientes a la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de conceptuar la inmunidad parlamentaria, al argumentar que esa prerrogativa tiene como objeto garantizar la total y absoluta libertad de palabra de los legisladores, adicionando la inviolabilidad incluso a materias como la civil o administrativa.

B) “Fuero constitucional”

El fuero constitucional es la institución emanada del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pudiendo dar cuenta que éste no es exclusivo de diputados y senadores, sino además de una serie de funcionarios previstos en el mencionado artículo, consistiendo dicha prerrogativa en que para proceder penalmente contra los funcionarios previstos por la comisión de delitos consumados durante el tiempo de su encargo se requiere como un acto prejudicial que la Cámara de Diputados declare si ha lugar o no a proceder penalmente contra el probable responsable; es decir, que previo a poder ser procesado penalmente se requiere una declaración de procedencia.

El fuero constitucional es visto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una inmunidad procesal para que los funcionarios previstos en el citado artículo 111 sólo puedan ser procesados penalmente por los delitos cometidos en el tiempo que dure su encargo, si existe previamente una declaración de procedencia emanada de la Cámara de Diputados con el sentido: “ha lugar a proceder penalmente”.

De las anteriores reflexiones podemos llegar a la conclusión que aun cuando se confunden ambas instituciones, la “inmunidad parlamentaria” y el “fuero constitucional” o “inmunidad procesal”, son prerrogativas propias de los senadores y diputados pertenecientes al Congreso de la Unión, mientras que el resto de los funcionarios previstos en el citado artículo 111 constitucional únicamente gozan del aludido “fuero constitucional” o “inmunidad procesal”.

4. Con el propósito de llevar a cabo una análisis y planteamiento armónico de esta iniciativa, lo realizaremos de forma separada dirigido para cada uno de los párrafos, pues consideramos que aún cuando en apariencia dan la percepción de guardar una estrecha relación, lo cierto es que de acuerdo con las consideraciones vertidas en los anteriores aparatados son suficientes para concluir que no es así en razón de la diferencia prevalente entre el “fuero constitucional” y la “inmunidad parlamentaria”.

Es ese sentido, se propone adicionar el texto de tal forma que sea más explícito, evitando dejar los alcances de tal prerrogativa a la interpretación jurisdiccional, debiendo ser modificado el primer párrafo del artículo 61 constitucional para quedar de la siguiente forma:

Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por todas las opiniones, votos y expresiones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos , procesados y juzgados por ellas.

Lo anterior tiene fundamento en la necesidad de establecer con mayor amplitud y detalle los alcances de la denominada inmunidad parlamentaria, sobre ese respecto podemos mencionar aspectos del derecho comparado donde encontramos que las actividades y conductas que la respectiva norma protege en otros Estados nación, va más allá de lo previsto por nuestra Carta Magna, al establecer dentro de éstas a los votos que emitan y toda actividad relacionada con su actuar de legislador, encontrándose dentro de ello cualquier forma de expresión escrita o declaración dentro y fuera de tribuna, por conducto de proposiciones o dictámenes signados.

Podemos mencionar a manera de ejemplo las siguientes:

Artículo 68 de la Constitución de Italia

“Los miembros del Parlamento no podrán ser perseguidos por las opiniones que expresen ni por los votos que emitan durante el ejercicio de sus funciones.”

Artículo 185 de la Constitución de Colombia

“Los congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del cargo, sin perjuicio de las normas disciplinarias contenidas en el reglamento respectivo”

Artículo 58 de la Constitución de Bélgica

“Ningún miembro de una u otra Cámara puede ser perseguido ni investigado por opiniones y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones.”

Con base en ello, debemos procurar claridad en el alcance de tal inmunidad, de tal suerte que se evite pensar que nuestro actual texto normativo deja de lado conductas o actividades propias de la función legislativa y se tenga la necesidad de acudir a otras instancias jurisdiccionales para dilucidar lo que la propia ley debe prever.

Así, la adición que se propone en el primer párrafo del actual artículo 61 constitucional tiene como objeto incluir dentro de todas las situaciones inherentes al cargo de legislador las expresiones “todas” y “los votos que emitan”.

Sobre lo anterior, consideramos adecuado establecer aspectos susceptibles de ser protegidos por tal inmunidad parlamentaria, pues es necesario que el legislador tenga protección y libertad para expresarse, por ello hay que resguardar todas las conductas que sean propias de la actividad legislativa, estando de acuerdo en el “voto” como un aspecto más de protección; sin embargo, deben abarcarse también las expresiones que se realizan en conferencia de prensa, intervenciones en tribuna, notas escritas, etcétera. Es decir, todas las relacionadas con el desempeño de la función legislativa.

5. La presente iniciativa propone también adicionar un párrafo al artículo 61 constitucional a efecto de establecer una temporalidad al beneficio de la inmunidad parlamentaria, pues cierto es que a lo largo de los últimos años han existido una serie de casos en los cuales no ha existido claridad sobre los alcances de tal inmunidad.

Sobre ese respecto, existen a lo largo de las anteriores legislaturas una serie de pronunciamientos en el sentido de prever el atributo de la inmunidad parlamentaria desde el momento en que el legislador recibe la constancia de mayoría hasta que termina sus funciones como legislador.

Sin embargo, dichas propuestas no son del todo acertadas en el sentido que la inmunidad parlamentaria es conferida para proteger a la asamblea y sus integrantes; es decir, los que se encuentren en funciones, pues son ellos los capaces de llevar a cabo ese tipo de declaraciones a nombre de sus representados en aras de sus intereses, por tanto deben ser exentados de tal atribución los suplentes que no estén en funciones o los propietarios que gocen de la licencia respectiva, pues en estricto sentido no fungen en ese instante como representantes por no encontrarse en funciones.

Derivado de ello, debemos considerar improcedente dotar de tal atributo a quienes tengan tan solo el carácter de electo, como algunas propuestas anteriores han establecido, pues ellos no forman parte de asamblea alguna en funciones y por ende no tienen la necesidad de la libre deliberación, por tanto es prescindible que gocen de tal condición cuando aún no están desarrollando la labor legislativa.

En virtud de lo expuesto, consideramos necesario aportar mayor claridad a la vigencia de la inmunidad parlamentaria, estableciendo detalladamente los sujetos en los que debe recaer y términos precisos, siendo derivado de ello que se propone el siguiente texto a la iniciativa:

Los diputados y senadores gozarán de la inmunidad parlamentaria prevista en el párrafo anterior desde el momento en que tomen formal protesta para ejercer las funciones de legislador y hasta la conclusión del periodo para el que fueron electos, siempre y cuando se mantenga en funciones.

Dicha prerrogativa cesará en sus efectos en los casos en que la Cámara de Diputados resuelva que ha lugar a proceder penalmente de acuerdo con lo previsto en el artículo 111 de esta Constitución o durante el tiempo en que se conceda licencia para separarse del cargo, casos en los cuales la pérdida de la inmunidad procesal prevista en el citado artículo producirá automáticamente la pérdida de la inmunidad parlamentaria a que se refiere el presente precepto, recayendo ésta en su suplente una vez rendida su protesta de ley, recuperándola apenas el legislador con licencia se reincorpore a sus funciones.

Los servidores públicos a los que se refiere el presente artículo podrán renunciar a la inmunidad procesal y parlamentaria para hacer frente a cualquier causa que se les impute, conforme al párrafo quinto del artículo 111 constitucional, caso en el cual la cesación de efectos de los atributos aludidos será únicamente para las actuaciones derivadas del asunto motivo de su renuncia.

Debe quedar fuera de toda duda el alcance de las llamadas “inmunidades parlamentarias y procesales”, pues tales atributos deben ser brindados por la Constitución Política del país únicamente para proteger y mantener la función legislativa ajena al sometimiento de cualquier otro poder, por lo que se estima pertinente establecer que la duración del atributo de la inmunidad parlamentaria y procesal será una vez que hayan asumido su cargo con la formal protesta de ley y hasta la conclusión del periodo para el cual fueron electos, siendo de esa manera para los diputados por un lapso de 3 años y en el caso del los integrantes del Senado de 6 años.

Obvio es dar cuenta en la misma iniciativa que tanto los senadores y diputados, así como una serie de funcionarios de alto nivel previstos en el artículo 111 constitucional, gozan del comúnmente llamado “fuero constitucional”, además de la inmunidad parlamentaria inherente a los legisladores.

Sin embargo, tal atributo no debe ser usado como un medio para escapar de alguna acción de la justicia debidamente fundada y motivada sino como medio de protección ante una acción arbitraria por parte de autoridad distinta del Poder Legislativo.

De esa manera, la presente iniciativa plantea prever con claridad el tiempo en el cual el legislador gozará del régimen de inmunidades necesarios para poder ejercer con independencia su cargo sin injerencias ajenas a dicho Poder Legislativo, perdiendo este beneficio cuando concluya el periodo para el cual fue electo, existiendo una declaración de procedencia por parte de la Cámara de Diputados o en su caso, que el legislador pida licencia al ejercicio del cargo, tiempo en el cual su lugar sería ocupado por su suplente y sería en este último en quien recaería el régimen de inmunidades para el desempeño de la función de legislador.

A partir de que momento vuelve a gozar de dichos atributos, proponiéndose que sea una vez que se hace saber al presidente de la Cámara respectiva o de la Comisión Permanente que retoma sus funciones y éste lo hace del conocimiento del pleno con el propósito de dar publicidad a la reincorporación a sus labores con total transparencia.

6.A lo largo de los últimos años, en razón de las distintas corrientes e ideologías a las que pertenecen los niveles de gobierno, se ha hecho patente en mayor medida la posibilidad de proteger a la función legislativa pero no promover bajo dicha figura a la impunidad, pues ya de por sí la imagen del legislador ha sido demeritada en razón del uso equivocado de tales instituciones para escapar momentáneamente de la acción de la justicia, debido a que se establece la posibilidad de que los legisladores puedan, en caso de que exista alguna causa o acusación en su contra, hacer uso de la posibilidad de renunciar a la inmunidad parlamentaria y procesal, únicamente para hacer frente a tales acusaciones.

Dicha renuncia tendría como efecto despojar parcialmente al legislador de la inmunidad procesal y parlamentaria solo en lo referente a las actuaciones que se deriven de las causas motivo de la renuncia, permitiéndole continuar gozando de dicha inmunidad procesal y parlamentaria sobre otros asuntos fuera de los que la motivaron.

Lo anterior tendría como propósito que un legislador ante una acusación pueda optar por esperar a que la autoridad respectiva solicite la declaración de procedencia o continuar gozando del cargo que ostenta y enfrentar tales acusaciones a través de una renuncia parcial de tal atributo, permitiéndole ello continuar con su encargo en tanto no reciba una sanción privativa que le impida seguir con el cargo que se la ha conferido.

La renuncia a que se hace referencia sería igualmente extensiva a los funcionarios previstos en el artículo 111 de la Carta Magna, a través de la inclusión de un quinto párrafo en el cual igualmente se permita a tales funcionarios afrontar la imputación de acusaciones por medio de la renuncia del fuero únicamente con lo que respecta a la causa que la motivare y que refiere el artículo, caso en el cual se dará aviso a la Cámara de Diputados a efecto de que esté enterada sobre la renuncia de dicho funcionario a tal atributo, permitiéndose en ese caso que tal funcionario continúe en su encargo hasta en tanto no reciba sanción que le impida desarrollarlo y, en ese caso, tratándose de diputados y senadores, la autoridad hará saber de dichas sanciones al presidente de la Cámara respectiva con el propósito de que llame a ocupar su lugar al suplente.

De esa forma se plantea la posibilidad de que los legisladores y funcionarios previstos en el artículo 111 de la Constitución, puedan renunciar con carácter de irrevocable a la inmunidad inherente a su encargo para hacer frente únicamente a la causa penal que se le imputa y si durante la averiguación o el proceso sobreviniera alguna restricción de la libertad o sanción que le impidiera continuar con su encargo, se daría aviso a la presidencia de la Cámara de Diputados para que se llame al suplente a concluir el periodo para el cual fue elegido.

Dicha figura de renuncia tendría el efecto de un “autodesafuero”, pero limitado únicamente a la causa o asunto que le dio origen a tal solicitud de renuncia, con el propósito de que se tenga la oportunidad de acudir a su defensa sin el desprestigio de un desafuero o una renuncia al cargo forzada, aspecto que redundaría en una limpieza y pulcritud de los funcionarios previstos en el citado artículo con el propósito que puedan despojarse de tal inmunidad procesal en aras de contribuir al esclarecimiento de imputaciones, las cuales muchas veces resultan infundadas, de esa forma se propone la adición dentro del artículo 111 constitucional de un párrafo quinto y sexto que a la letra establezcan:

Los funcionarios previstos en la primera parte del artículo podrán renunciar ante la Cámara de Diputados a la inmunidad procesal para hacer frente a cualquier causa que se le impute, caso en el cual tendrán la posibilidad de continuar desempeñando su cargo en tanto no reciba sentencia condenatoria que le impida continuar con tal deber y, en este último caso, tratándose de diputados y senadores se dará aviso a la Presidencia de la Cámara respectiva para que se llame al suplente a continuar con el trabajo legislativo.

La acción a que se refiere el párrafo anterior tendrá como resultado la cesación de los efectos de la inmunidad procesal, referida en el presente artículo, únicamente para las actuaciones derivadas de las causas imputadas, subsistiendo frente a las demás autoridades dicha inmunidad del funcionario, servidor público o legislador.

Un aspecto imprescindible para recomponer la imagen y percepción que la sociedad tiene de diputados, senadores y funcionarios de un nivel alto previstos en el artículo 111, es que tanto la investidura y el derecho que gozan no sean utilizados ni por el titular del Ejecutivo ni por los partidos políticos en aras de dotar de inmunidad a personas que tengan cuentas pendientes con la ley o se les acuse de delitos cometidos antes del ejercicio de su encargo y de ser elegidos o nombrados.

En ese sentido, se propone que para el caso de que alguna autoridad requiera a tales funcionarios por hechos o actos cometidos antes de asumir el cargo para el cual fue electo o nombrado, el dictamen y procedimiento para la declaración de procedencia en su caso, versará únicamente en la acreditación de los hechos por los cuales es solicitada tal declaración, evitando de esa forma que la Cámara de Diputados base su respectivo análisis y resolución en aspectos políticos y no lógico-jurídicos, por lo que se propone la siguiente redacción para ser integrada al artículo 111 constitucional como un párrafo décimo:

Cuando la solicitud de la declaración de procedencia se base en una causa originada con anterioridad al ejercicio del cargo, el análisis que realice la Cámara de Diputados versará primeramente en acreditar que los hechos que motivaron tal causa fueron acontecidos con anterioridad al ejercicio del mismo, pudiendo los beneficiaros de la inmunidad procesal optar por la renuncia a tal protección conforme al quinto párrafo del presente precepto y hacer frente a cualquier acusación o esperar la resolución respectiva de la Cámara de Diputados de acuerdo con los lineamientos antes mencionadas conforme lo dispone la primera parte del presente artículo y cuyos efectos están previstos en el párrafo anterior.

La propuesta tiene como sentido evitar que al amparo de “fuero” o “inmunidad procesal”, funcionarios y legisladores puedan evadir la acción de la justicia y que el poder legislativo se convierta en un ente que obstruya la justicia, en esa esencia el funcionario al que se le pretenda fincar una responsabilidad tendría la posibilidad de renunciar la inmunidad procesal para que dicho atributo cese sus efectos únicamente por los hechos que se le imputan, afrontando las acusaciones como un ciudadano común, sin protección legal pero con el derecho a ejercitar su defensa constitucional, lejos de cualquier privilegio que afecte al procedimiento o se traduzca al resultado del fallo y la probable existencia de impunidad.

7. La iniciativa en cuestión tiene aspectos relevantes y susceptibles de ser tomados en cuenta, es el caso de establecer de forma estricta los tiempos en que debe comenzar la vigencia de la inmunidad parlamentaria, preponderante para que los legisladores puedan realizar sus funciones sin ser transgredidos en su libertad de expresión, manifestación y opinión, dejando en claro que los encargados de gozar de tal prerrogativa deben ser los que se encuentran en funciones y forman parte de la asamblea, pues dicha atribución es precisamente otorgada para proteger a ésta y su derecho a reunirse sin ser censurados o trasgredidos por cualquiera de sus expresiones.

Es viable agregar con mayor detalle los aspectos de la actividad parlamentaria que pretenden ser protegidos por el artículo 61 constitucional, con el propósito de que no quede resquicio alguno en el cual se pueda ver trasgredida dicha prerrogativa propia del actuar legislativo, debiendo concordar además con los artículos relacionados de la propia Carta Magna que establecen las licencias de tales legisladores.

A mayor abundamiento, baste decir que la inmunidad parlamentaria (artículo 61 de la CPEUM) y la inmunidad procesal (artículo 111 de la CPEUM) son esenciales para el desempeño de las funciones de los legisladores, pues de acuerdo con una sana interpretación de la propia Carta Magna, Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, tales servidores no solo tienen la labor de intervenir como representantes dentro del proceso legislativo, pues igual se encargan de ser gestores, denunciantes de asuntos sociales, hasta vigilantes de la función pública del resto de los poderes de la Unión e incluso de otros niveles de gobierno; de ahí la necesidad de brindar protección y autonomía para el desarrollo del ejercicio de sus funciones.

Por tanto, si bien es saludable establecer con mayor claridad el goce y alcance de la figura del “fuero constitucional” o la “inmunidad procesal” como lo determinan algunos autores, lo cierto es que la misma debe ser en base a un análisis profundo y detallado sobre el resto de los actores que gozan de ella y no solo de los legisladores, pues las implicaciones de hacer tales limitaciones de forma aislada y no integral dejan en franca desventaja a los legisladores en su actuar como representantes populares, incluso, frente a funcionarios que no tienen tal carácter.

De ahí la necesidad de reformar el régimen de inmunidades de los funcionarios a efecto de establecer con claridad que dicho régimen debe ser para la protección e independencia de su actuación con determinado carácter, pero no un atributo que sirva como fuente de impunidad, pues de por sí es claro el deterioro de legisladores y funcionarios de alto nivel frente a la opinión pública, dicha percepción negativa se incrementará con la complicidad, por omisión, de parte del Poder Legislativo, perdiendo su ya mermada credibilidad.

En conclusión, existe la necesidad de transformar las instituciones y evitar atributos excesivos, estableciendo procedimientos justos y transparentes que eviten los abusos de quienes tienen a su favor una protección legal derivada de su encargo.

Por las consideraciones expuestas, preocupados por contar con un marco jurídico adecuado y eficiente en materia del régimen de inmunidades, se presenta a consideración del Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a los artículos 61 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 61 y se adicionan un párrafo tercero al artículo 61 y tres párrafos que pasarían a ser quinto, sexto y décimo al artículo 111 recorriéndose el orden de los subsecuentes, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por todas las opiniones, votos y expresiones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos , procesados y juzgados por ellas.

...

Los diputados y senadores gozarán de la inmunidad parlamentaria prevista en el párrafo anterior desde el momento en que tomen formal protesta para ejercer las funciones de legislador, hasta la conclusión del periodo para el que fueron electos, siempre y cuando se mantenga en funciones.

Dicha prerrogativa cesará en sus efectos en los casos en que la Cámara de Diputados resuelva que ha lugar a proceder penalmente de acuerdo con lo previsto en el artículo 111 de esta Constitución o durante el tiempo en que se conceda licencia para separarse del cargo, casos en los cuales la pérdida de la inmunidad procesal prevista en el citado artículo producirá automáticamente la pérdida de la inmunidad parlamentaria a que se refiere el presente precepto, recayendo ésta en su suplente una vez rendida su protesta de ley, recuperándola apenas el legislador con licencia se reincorpore a sus funciones.

Los servidores públicos a los que se refiere el presente artículo podrán renunciar a la inmunidad procesal y parlamentaria para hacer frente a cualquier causa que se les impute, conforme al párrafo quinto del artículo 111 constitucional, caso en el cual la cesación de efectos de los atributos aludidos será únicamente para las actuaciones derivadas del asunto motivo de su renuncia.

Artículo 111. ...

...

...

...

Los funcionarios previstos en la primera parte del artículo podrán renunciar ante la Cámara de Diputados a la inmunidad procesal para hacer frente a cualquier causa que se le impute, caso en el cual tendrán la posibilidad de continuar desempeñando su cargo en tanto no reciba sentencia condenatoria que le impida continuar con tal deber y, en este último caso, tratándose de diputados y senadores se dará aviso a la Presidencia de la Cámara respectiva para que se llame al suplente a continuar con el trabajo legislativo.

La acción a que se refiere el párrafo anterior tendrá como resultado la cesación de los efectos de la inmunidad procesal, referida en el presente artículo, únicamente para las actuaciones derivadas de las causas imputadas, subsistiendo frente a las demás autoridades dicha inmunidad del funcionario, servidor público o legislador.

...

...

...

Cuando la solicitud de la declaración de procedencia se base en una causa originada con anterioridad al ejercicio del cargo, el análisis que realice la Cámara de Diputados versará únicamente en acreditar que los hechos que motivaron tal causa fueron acontecidos con anterioridad al ejercicio del mismo, pudiendo los beneficiaros de la inmunidad procesal optar por la renuncia a tal protección conforme al quinto párrafo del presente precepto y hacer frente a cualquier acusación o esperar la resolución respectiva de la Cámara de Diputados de acuerdo con los lineamientos antes mencionadas conforme lo dispone la primera parte del presente artículo y cuyos efectos están previstos en el párrafo anterior.

...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 27 de enero de 2010.— Senador Sebastián Calderón Centeno, diputado Javier Corral Jurado (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, señor senador. Como lo solicita usted, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es dictámenes de primera lectura.

PERMISO PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto de la Primera Comisión de Trabajo, que concede permiso a ciudadanos mexicanos para aceptar y usar la medalla y las condecoraciones, en los distintos grados, que se les otorgan por los gobiernos extranjeros.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si es de dispensarse la lectura.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura. Las legisladoras y los legisladores que estén por afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

La Primera Comisión de trabajo con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el 20 de enero del año en curso por la Comisión Permanente se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Elisa García Barragán Martínez, Eben Ezer Daniel Alvarado Rangel, Carlos Peña Valle, Isidoro Pedroza Ordaz, Gerardo Ramón Martínez Martínez, Héctor Maldonado Zepeda, Raúl Santos Galván Villanueva y Sergio Enrique Henaro Galán puedan aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les otorgan gobiernos extranjeros, turnándose a la suscrita comisión, para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

Que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

Que la solicitud no implica la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni la sumisión a otro en detrimento de nuestra soberanía.

La Primera Comisión de trabajo considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción III del apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana María Elisa García Barragán Martínez para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Eben Ezer Daniel Alvarado Rangel para aceptar y usar la condecoración Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales y Placa Distintivo Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales que le otorga el gobierno de Estados Unidos de América.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Carlos Peña Valle para aceptar y usar la condecoración Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales y Placa Distintivo Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales que le otorga el gobierno de Estados Unidos de América.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Isidoro Pedroza Ordaz para aceptar y usar la Medalla Especial y la Cinta que le otorga la Junta Interamericana de Defensa de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Gerardo Ramón Martínez Martínez para aceptar y usar la Medalla Fraternidad Combativa que le otorga el gobierno de la República de Cuba.

Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano Héctor Maldonado Zepeda para aceptar y usar la condecoración Antorcha a la Excelencia Académica que le otorga el gobierno de la República de El Salvador.

Artículo Séptimo. Se concede permiso al ciudadano Raúl Santos Galván Villanueva para aceptar y usar la Medalla al Mérito Tamandaré que le otorga la Armada de la República Federativa del Brasil.

Artículo Octavo. Se concede permiso al ciudadano Sergio Enrique Henaro Galán para aceptar y usar la Medalla al Mérito Tamandaré que le otorga la Armada de la República Federativa del Brasil.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 26 de enero de 2010.

La Primera Comisión:Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), diputado Javier Corral Jurado, senador Jesús Garibay García (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, senador José González Morfín, senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica de la senadora Emma Lucía Larios Gaxiola), senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), diputado Adán Augusto López Hernández (rúbrica de la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero), senador Arturo Escobar y Vega, diputado Pedro Vázquez González (rúbrica p.a. del diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza), senador Luis Maldonado Venegas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En tal virtud, quedan de primera lectura. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se les dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone ésta a discusión y votación de inmediato. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor, presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se dispensa a la segunda lectura. En consecuencia, se pide a la Secretaría dé lectura al proyecto de decreto.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: Proyecto de decreto.

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana María Elisa García Barragán Martínez para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Eben Ezer Daniel Alvarado Rangel para aceptar y usar la condecoración Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales y Placa Distintivo Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales que le otorga el gobierno de Estados Unidos de América.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Carlos Peña Valle para aceptar y usar la condecoración Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales y Placa Distintivo Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales que le otorga el gobierno de Estados Unidos de América.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Isidoro Pedroza Ordaz para aceptar y usar la Medalla Especial y la Cinta que le otorga la Junta Interamericana de Defensa de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Gerardo Ramón Martínez Martínez para aceptar y usar la Medalla Fraternidad Combativa que le otorga el gobierno de la República de Cuba.

Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano Héctor Maldonado Zepeda para aceptar y usar la condecoración Antorcha a la Excelencia Académica que le otorga el gobierno de la República de El Salvador.

Artículo Séptimo. Se concede permiso al ciudadano Raúl Santos Galván Villanueva para aceptar y usar la Medalla al Mérito Tamandaré que le otorga la Armada de la República Federativa del Brasil.

Artículo Octavo. Se concede permiso al ciudadano Sergio Enrique Henaro Galán para aceptar y usar la Medalla al Mérito Tamandaré que le otorga la Armada de la República Federativa del Brasil.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está a discusión en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

No habiéndose reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto en un solo acto.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Se pide hacer los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por la afirmativa el diputado Juan Pablo Ramírez Puga, por la negativa el senador Adolfo Toledo Infanzón.

Adelante, diputado Pocoroba.

El diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (desde la curul): A favor.

El senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (desde la curul): A favor.

El senador José González Morfín (desde la curul): A favor.

El senador Cleominio Zoreda Novelo (desde la curul): Sí.

El senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (desde la curul): Sí.

El diputado Juan José Guerra Abud (desde la curul): A favor.

El senador Javier Orozco Gómez (desde la curul): A favor.

El senador Jesús Garibay García (desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío (desde la curul): A favor.

El diputado Adán Augusto López Hernández(desde la curul): A favor.

El senador Sergio Álvarez Mata (desde la curul): A favor.

La senadora Emma Larios Gaxiola (desde la curul): A favor.

El senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (desde la curul): Sí.

El diputado Héctor Guevara Ramírez (desde la curul): Sí.

El diputado David Hernández Pérez (desde la curul): Sí.

El diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo (desde la curul): A favor.

El diputado Silvio Lagos Galindo (desde la curul): Sí.

El diputado Pedro Vázquez González (desde la curul): En contra.

El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Abstención hoy.

El senador Rubén Fernando Velázquez López (desde la curul): A favor.

El Vicepresidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: A favor.

El Vicepresidente diputado Arturo Zamora Jiménez: A favor.

La Secretaria diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: A favor.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: A favor.

El Secretario senador Adolfo Toledo Infanzón: Sí.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: Sí.

¿Faltó algún legislador?

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Por la afirmativa.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: ¿Algún otro legislador que haya faltado de votar?

Señor presidente, se emitieron 26 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que concede permisos a ciudadanos mexicanos para aceptar y usar las medallas y las condecoraciones que en distintos grados les otorgan gobiernos extranjeros. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

Continuamos nuestro orden del día con dictámenes a discusión.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se autoriza. En consecuencia, proceda la Secretaría a dar lectura a los puntos de acuerdo.

ESTADO DE CHIHUAHUA

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR a atraer el caso del homicidio de Josefina Reyes Salazar; al gobierno federal, a reparar el daño de su familia, en términos del derecho público internacional; y al gobierno y a la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, a emitir de inmediato las órdenes de protección para salvaguardar la seguridad de los defensores de derechos humanos Gustavo de la Rosa, Cipriana Jurado y Gero Fong

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la PGR a atraer el caso del homicidio de Josefina Reyes Salazar; al gobierno federal, a reparar el daño de su familia, en términos del derecho público internacional; y al gobierno y a la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, a emitir de inmediato las órdenes de protección para salvaguardar la seguridad de los defensores de derechos humanos Gustavo de la Rosa, Cipriana Jurado y Gero Fong, suscrita por la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Primera Comisión someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo de antecedentes se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con puntos de acuerdo;

II. En el capítulo correspondiente al contenido se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio;

III. En el capítulo de consideraciones, la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar las proposiciones en análisis.

I. Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 20 de enero de 2010, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

II. Contenido

En la proposición con puntos de acuerdo se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

El domingo 3 de enero de este año fue asesinada Josefina Reyes Salazar por un comando armado alrededor de las 13:30 horas, a las puertas de un negocio de venta de barbacoa, en el cruce de las calles Carretera Juárez Porvenir y Ramón Aranda, de la colonia Sauzal, al este de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Josefina Reyes obtuvo notoriedad desde 2008, cuando inició una huelga de hambre frente a las oficinas de la Procuraduría General de la República, en reclamo por la desaparición de su hijo, detenido por militares en Valle de Juárez. Su hijo, Miguel Ángel Reyes, trabajaba como mecánico del presunto narcotraficante Rikin Escajeda, detenido el año pasado por el Ejército en Nuevo Casas Grandes.

Otro de los hijos de Josefina murió asesinado en Valle de Juárez. Desde la desaparición forzada de Miguel Ángel, al inicio de la operación conjunta Chihuahua, Josefina comenzó a exigir públicamente su regreso ante las autoridades y a denunciar los abusos militares en el estado.

Entre las actividades públicas de denuncia que realizó Josefina Reyes se destaca, además de esta huelga de hambre, su participación, en agosto de 2009, en el Foro contra la militarización y represión, que organizó el Frente Nacional contra la Represión. Dichas denuncias las realizó a partir de que otro de sus hijos, Julio César, fue asesinado en Valle de Juárez tras la llegada de las fuerzas federales a la frontera para “combatir la violencia”.

Como consecuencia de los actos públicos que Josefina realizó durante 2008 y 2009, su domicilio fue allanado en tres ocasiones por miembros del Ejército.

Josefina Reyes Salazar ya había sido amenazada de muerte en varias ocasiones por desconocidos. Presentó denuncia de hechos ante la delegación estatal de la Procuraduría General de la República y en la Subprocuraduría de Justicia del Estado, zona norte, pero en ninguna de las dos instancias investigaron el caso.

Con Josefina Reyes, lamentablemente para el estado de derecho, suman siete los activistas y personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos que son asesinados en Chihuahua en los últimos dos años, con el pretexto de la guerra entre bandas de narcotraficantes.

Su asesinato ha sido repudiado y condenado por diversos organismos nacionales e internacionales que han pedido que se investigue, se detenga a los responsables y se emitan por la Procuraduría estatal las órdenes de protección necesarias para proteger la vida de otros defensores de derechos humanos. El asesinato de Josefina Reyes es el primero de 2010. Los hechos violatorios más denunciados están relacionados con los derechos a la integridad y seguridad personal, a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la propiedad o posesión y a la vida.

Con lo anterior, formula los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República, a través de su titular, licenciado Arturo Chávez Chávez, a atraer el caso del homicidio de Josefina Reyes Salazar, en virtud de que éste lo llevó a cabo un comando que portaba armas de uso exclusivo del Ejército.

Segundo. Se exhorta al Estado mexicano a reparar a través de sus órganos judiciales el daño de la familia de Josefina Reyes Salazar, en términos del derecho internacional público, y sancionar a los responsables de su muerte.

Tercero. Al gobierno de Chihuahua, a través de su titular, licenciado José Reyes Baeza Terrazas, así como a la Procuradora de Justicia de Chihuahua, licenciada Patricia Lucía González Rodríguez, para que en conjunto emitan sin mayor dilación las órdenes de protección o medidas cautelares con objeto de salvaguardar la seguridad, y la integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos Gustavo de la Rosa, Cipriana Jurado y Gero Fong, quienes en diversos espacios han denunciado los abusos de los militares contra la población en el marco de la operación conjunta Chihuahua.

III. Consideraciones

Los integrantes de la comisión dictaminadora ven con simpatía y solidaridad la intención de la proponente de fomentar el respeto de los derechos humanos de mujeres y de hombres, sobre todo si involucran a personas y organizaciones que buscan la protección de los derechos fundamentales.

En el caso, como reconoce expresamente en la parte introductoria la autora de la proposición que se dictamina, se trata de un asunto del ámbito local, de la jurisdicción y competencia de las autoridades judiciales de Chihuahua.

El cuerpo de asistencia técnica de la comisión dictaminadora realizó la investigación pertinente y sólo pudo constatar en medios impresos de comunicación lo expresado por la proponente, sin que se hayan encontrado mayores datos que los aportados por ésta.

Asimismo, se pudo constatar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció el inicio de una queja respecto al asesinato de Josefina Reyes. En el mismo sentido, Amnistía Internacional advirtió que “la ola de violencia que azota Ciudad Juárez, Chihuahua, pone en riesgo la vida de defensores de los derechos humanos”, por lo que emitió una acción urgente en la que insta a las autoridades federales y estatales a proteger la vida e integridad de varios activistas, sobre todo los que trabajaron con Josefina Reyes Salazar, asesinada el 3 de enero. El organismo internacional exigió una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre el homicidio, que los resultados de las indagatorias se hagan públicos y que los responsables del crimen sean presentados ante la justicia.

Conforme a lo propuesto en el primer resolutivo de la proponente, relativo a la facultad de atracción de la Procuraduría General de la República, la comisión dictaminadora considera necesario señalar lo siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 73. ...

XXI. ...

Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común cuando éstos tengan conexidad con delitos federales;

En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales;

Código Federal de Procedimientos Penales

Artículo 10. Es competente para conocer de los delitos continuados y de los continuos o permanentes cualquiera de los tribunales en cuyo territorio aquéllos produzcan efectos o hayan realizado actos constitutivos de tales delitos.

En caso de concurso de delitos, el Ministerio Público Federal será competente para conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales, y los jueces federales tendrán asimismo competencia para juzgarlos.

......

Artículo 475. Los delitos son conexos:

I. Cuando han sido cometidos por varias personas unidas.

II. Cuando han sido cometidos por varias personas, aunque en diversos tiempos y lugares, pero en virtud de concierto entre ellas.

III. Cuando se ha cometido un delito para procurarse los medios de cometer otro, para facilitar su ejecución, para consumarlo, o para asegurar la impunidad.

Por otra parte, el procurador general de la República es el titular responsable del despacho de los asuntos que el artículo 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos atribuye de manera exclusiva al Ministerio Público de la Federación. Por tanto, la comisión dictaminadora considera que es procedente exhortar al titular de dicha dependencia a realizar las investigaciones necesarias a efecto de determinar la procedencia de ejercer su facultad de atracción del asesinato de Josefina Reyes Salazar.

Asimismo, se remite el asunto al gobernador de Chihuahua, para su conocimiento y efectos.

Por lo expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al procurador general de la República a realizar las investigaciones necesarias a efecto de determinar la procedencia de ejercer su facultad de atracción en el caso del asesinato de Josefina Reyes Salazar, ocurrido el pasado 3 de enero en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Segundo. Remítase copia del presente expediente al gobernador de Chihuahua, para su conocimiento y efectos, en el ámbito de su respectiva competencia.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2010.

La Primera Comisión: Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), diputado Javier Corral Jurado, senador Jesús Garibay García (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, senador José González Morfín, senadora Emma Larios Gaxiola (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), diputado Adán Augusto López Hernández (rúbrica), senador Arturo Escobar y Vega, diputado Pedro Vázquez González.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está a discusión el punto de acuerdo.

En virtud de que no se ha registrado orador alguno se considera suficientemente.,.

El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, senador, diga.

El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): ¿Solamente la dispensa, presidente?

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Están en discusión los puntos de acuerdo.

El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Sí, presidente, me inscribo para razonar mi voto, por favor.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Quiere hacer uso de la palabra en este momento del proceso?

El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Sí, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muy bien. ¿Algún otro legislador que desee inscribirse en este punto de acuerdo leído por la Secretaría? Bien, tiene el uso de la palabra el senador Monreal.

El senador Ricardo Monreal Ávila: Gracias, ciudadano presidente. Quisiera, aunque es el primer punto de acuerdo de un paquete de puntos de acuerdo, quisiera fijar una posición, presidente, que en lo general será para otros puntos de acuerdo, para evitar volver a tomar el uso de la palabra, por lo que le solicito su tolerancia.

En estos puntos que está sometiendo a consideración la Mesa Directiva, hay varios relacionados con derechos humanos, como es el caso. ¿Qué es lo que está sometiendo a consideración la Primera Comisión? Es un punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer el caso del homicidio de Josefina Reyes Salazar, una mujer destacada por su lucha social y que fue asesinada hace unos días.

También se exhorta a reparar el daño familiar, el daño de su familia, el daño que se le causó a su familia. Y también a emitir órdenes de protección para salvaguardar la seguridad de los defensores de los derechos humanos, Gustavo de la Rosa, Cipriana Jurado y Gero Fong.

Y miren ustedes, ciudadanos legisladores miembros de la Permanente, varios de los puntos que se tocan, como es el tercero –que más adelante se someterá a la consideración–, el cuarto y otros más, se refiere a la violación de los derechos humanos.

Nosotros vamos a votar a favor de este punto particular. Pero me hace recordar cómo el país, los ciudadanos, están a expensas del crimen, de la delincuencia y cómo cotidianamente se violan los derechos humanos de los ciudadanos o no ciudadanos de este país.

Solicité el uso de la palabra para razonar que estamos a favor de este punto de acuerdo, pero también para recordarles a los miembros del Congreso de la Unión, que lo representan en esta Comisión Permanente. El día de hoy lamentablemente llegué un poco tarde a la sesión, me hubiera gustado solicitar que se incluyera en el orden del día un tema trascendente. Hoy, fecha 27 de enero, se conmemora la violación más grande de los derechos humanos del siglo pasado: el genocidio que ocurrió en 1945 con el Holocausto, la exterminación judía por el nazismo.

La Organización de las Naciones Unidas determinó en el mes de noviembre de 2005, considerar esta fecha, 27 de enero, como la fecha del Holocausto, para recordar a las víctimas del Holocausto, que fueron un número de 6 millones de personas exterminadas, judíos o no, opositores políticos, minorías y que nunca más debe volver a suceder.

Por eso es que en este entorno y dentro de los puntos de acuerdo que estamos revisando sobre violaciones de derechos humanos, me permito solicitar a la Presidencia podamos recordar esta fecha que las Naciones Unidas, mediante la resolución 60/7, considera a este día, el Día del Holocausto Internacional, para que no se olvide nunca la violación de los derechos humanos de nadie, de nadie, y que nunca más se repita un genocidio de esa magnitud ni ningún otro.

Le solicito al presidente que podamos guardar un minuto de silencio para recordar esta fecha y para desear que nunca pueda repetirse en ninguna parte del mundo. Por su atención muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita el señor senador, le pido a todos nos pongamos de pie y guardemos un minuto de silencio.

(Minuto de silencio)

En virtud de que no se encuentra nadie más registrado se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto. Continúe la Secretaría.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al procurador agrario, al secretario de la Reforma Agraria, y al gobernador y a los 58 ayuntamientos de San Luis Potosí a cumplir el acuerdo establecido con el Movimiento Huasteco Democrático

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo con relación al exhorto al procurador agrario, al titular de la Secretaría de la Reforma Agraria y al gobernador de San Luis Potosí, así como a los 58 municipios de esta entidad para que den cumplimiento al acuerdo establecido con el Movimiento Huasteco Democrático suscrita por la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

Metodología

I.En el capítulo de Antecedentes se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo.

II.En el capítulo correspondiente a Contenido se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio.

III.En el capítulo de Consideraciones la Primera Comisión expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar las proposiciones en análisis.

I. Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 20 de enero de 2010, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia–.

II. Contenido

La proponente manifiesta en el punto de acuerdo que se dictamina que el 24 de junio de 1997 se logró un acuerdo agrario con el Grupo Operativo Especial del Consejo Agrario Estatal en San Luis Potosí con la organización campesina Movimiento Huasteco Democrático.

Continúa la proponente refiriendo que este acuerdo atendía la solicitud en el distrito de riego Pujal Coy, señalando que fungieron como signatarios en el acto los licenciados Mario del Valle Fernández, Hermenegildo García Walle, Juan Serrano Amador y Humberto Páez Galván.

Señala la proponente que como resultado del mencionado acuerdo, se realiza la entrega de la constancia de asignación de una superficie de 1500 hectáreas a la organización campesina Movimiento Huasteco Democrático, después “el 21 de octubre de 1997, para beneficiar a varios núcleos agrarios que en su oportunidad, serían seleccionados por la propia organización. Posteriormente se fueron entregando diferentes actas de posesión precaria en diferentes fechas que abarcan desde el 26 de noviembre de 1997 hasta el 24 de enero de 2000, donde se formaron todos los diferentes ejidos”.

La proponente manifiesta que dicho acuerdo se refiere a la entrega de 5 mil hectáreas y establece “en su numeral 3o. que la organización campesina presentaría ante este grupo operativo especial el listado de los integrantes de cada grupo responsabilizándose que cumpliera con ciertos requisitos como son: ser mexicanos y mayores de edad, que tengan por ocupación habitual el campo, que no haya sido propietario de tierra privada o social, y que no estén casados o vivan en unión libre con otra persona que sea beneficiada con el programa”.

La proponente señala que las instituciones del ramo como la Procuraduría Agraria y la Secretaría de la Reforma Agraria no se han apegado a lo estipulado en el acuerdo. Derivado de lo anterior, en el año 2003, los campesinos integrantes de la organización trataron de ingresar nuevamente a sus tierras, pero se les impidió.

Derivado de este acontecimiento, el 29 de junio de 2004 en Ciudad Valles, San Luis Potosí, se firmó un nuevo convenio que tuvo por objetivo dar cumplimiento al primer acuerdo de fecha 24 de junio de 1997.

Refiere la proponente, que este nuevo acuerdo establece que:

“La Secretaría de la Reforma Agraria realizaría los trabajos para culminar la entrega del acta de posesión precaria en el polígono denominado “Mesa Bonita”, en el municipio de San Vicente Tancuayalab, San Luis Potosí, el cual sería entregado a los grupos Miguel Hidalgo I y Miguel Hidalgo II”.

“Una vez concluido este proceso se iniciarían los trabajos técnicos en el predio denominado Emiliano Zapata del municipio de Tamuín, San Luis Potosí, que serían entregados a los integrantes de la organización campesina Movimiento Huasteco Democrático”.

Señala la proponente que el segundo acuerdo en mención fue firmado por “el licenciado Fernando Zamudio Palma, coordinador del grupo de trabajo; licenciada Sonia Mendoza Díaz, representante regional de la Secretaría de la Reforma Agraria; licenciado Juan Serrano Amador, delegado estatal de la Procuraduría Agraria; ingeniero César A. Contreras Calibran, representante de la Coordinación del Gobierno del Estado en la Zona Huasteca; licenciado Said López de Olmos Martínez, coordinador general del Movimiento Huasteco Democrático”.

Refiere la proponente que los acontecimientos suscitados antes, durante y después de la firma de ambos acuerdos respectivamente fueron conocidos por las autoridades agrarias en el cargo, así como en medios de comunicación locales.

Manifiesta la proponente que a la fecha no se han instalado las mesas de diálogo correspondientes para solucionar los desacuerdos que existen por el problema en comento.

Es por ello, que la proponente considera lo siguiente:

1. Que la propiedad original de las tierras reside en la nación, quien tiene en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público.

2. Que el Estado, a través de la ley, ha establecido el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.

3. Que es un objetivo de la norma el desarrollo de la pequeña propiedad rural, para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural.

4. Que la resolución del conflicto agrario requiere la reinstalación de mesas de trabajo que permitan entregar a los campesinos que pertenecen al Movimiento Democrático Huasteco, la repartición de tierras que les corresponde a los que han sido desposeídos en forma arbitraria de su propiedad agraria.

5. Que se revise la integración irregular de los expedientes integrados por la representación de la Procuraduría Agraria en San Luis Potosí.

Con lo anterior, la proponente formula el siguiente:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al licenciado Rosendo González Patiño, procurador agrario; al agrónomo Abelardo Escobar Prieto, titular de la Secretaría de la Reforma Agraria; y al doctor Fernando Toranzo Fernández, gobernador constitucional de San Luis Potosí, así como a los 58 municipios de esa entidad federativa a revisar, en el ámbito de sus respectivas competencias, los expedientes de la organización Movimiento Democrático Huasteco y se instalen las mesas de trabajo tendentes a dar solución al conflicto agrario.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al licenciado Rosendo González Patiño, procurador agrario; al agrónomo Abelardo Escobar Prieto, titular de la Secretaría de la Reforma Agraria; y al doctor Fernando Toranzo Fernández, gobernador constitucional de San Luis Potosí, así como a los 58 municipios de esa entidad federativa a cumplir el acuerdo del 24 de junio de 1997 y se otorguen los títulos de propiedad agraria en cumplimiento a las diversas minutas de trabajo establecidas con la organización Movimiento Huasteco Democrático y que son procedentes conforme a la normatividad en materia agraria y justicia social.

III. Consideraciones

La comisión dictaminadora coincide con la proponente en el sentido de que el derecho a la propiedad es parte fundamental del crecimiento del Estado mexicano, ya que forma parte de las garantías individuales del ciudadano.

La comisión dictaminadora manifiesta que uno de los actos más emotivos y que revisten al pueblo de México fue el triunfo agrario en los hechos suscitados en el siglo pasado.

También esta comisión dictaminadora celebra con agrado el interés ciudadano de la proponente para solucionar el desacuerdo entre las partes mencionadas, proponiendo la instalación de una mesa de diálogo, mecanismo idóneo y pacifico para solucionar de manera armónica este asunto.

Esta comisión dictaminadora estima pertinente que la instalación de la mesas de diálogo y trabajo, son la base para solucionar el desacuerdo que nace antes durante y después de la firma de los acuerdos en mención, por lo que no se considera oportuno en este momento exhortar a los titulares de la Procuraduría Agraria, de la Secretaría de la Reforma Agraria; y al gobernador constitucional de San Luis Potosí, así como a los titulares de los 58 municipios de esa entidad federativa a cumplir el acuerdo del 24 de junio de 1997.

Concluye esta comisión dictaminadora que lo procedente en este caso es exhortar de manera respetuosa en el marco de la colaboración de poderes y del reconocimiento de la independencia de los poderes públicos federales y estales, a los titulares de la Procuraduría Agraria, de la Secretaría de la Reforma Agraria, y al gobernador constitucional de San Luis Potosí, así como a los titulares de los 58 ayuntamientos de esa entidad federativa a que faciliten y provean la reinstalación de las mesas de diálogo y trabajo para la solución del asunto en mención, y que una de las prioridades de esas mesas sea la revisión de los expedientes de la organización Movimiento Huasteco Democrático.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia–, somete a la consideración del pleno, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La comisión permanente del honorable Congreso de la Unión estima pertinente instalar las mesas de diálogo y trabajo, tendentes a solucionar el conflicto agrario relativo a la organización Movimiento Huasteco Democrático.

Segundo. La comisión permanente del honorable Congreso de la Unión estima conveniente, exhortar de manera respetuosa en el marco de la colaboración de poderes y del reconocimiento de la independencia de los poderes públicos federales y estatales, al licenciado Rosendo González Patiño, titular de la Procuraduría Agraria; al agrónomo Abelardo Escobar Prieto, titular de la Secretaría de la Reforma Agraria; y al doctor Fernando Toranzo Fernández, gobernador constitucional de San Luis Potosí, así como a los 58 ayuntamientos de esa entidad federativa, para que faciliten y provean en el ámbito de su competencia todo lo necesario para dar curso a la instalación de las mesas de diálogo y trabajo.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2010.

La Primera Comisión:Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), diputado Javier Corral Jurado, senador Jesús Garibay García (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, senador José González Morfín, senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica de la senadora Emma Lucía Larios Gaxiola), senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), diputado Adán Augusto López Hernández (rúbrica), senador Arturo Escobar y Vega, diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto. Continúe la Secretaría.

ESTADO DE GUERRERO

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo a fin de exhortar al gobernador y al presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de Guerrero a implantar los procedimientos necesarios a efecto de cumplir la recomendación número 78/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relativa al secuestro, a la tortura y a la ejecución de los dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos Raúl Luca Lucía y Manuel Ponce Rosas

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobernador y al presidente de la Comisión del Congreso de Guerrero a implantar los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a la recomendación 78/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relativa al secuestro, tortura y ejecución de los dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, suscrita por la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo “Antecedentes”se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;

II. En el capítulo correspondiente al “Contenido” se exponen los motivos y el alcance de la propuesta en estudio;

III. En el capítulo “Consideraciones”, la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar las proposiciones en análisis.

I. Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 20 de enero de 2010 y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

II. Contenido

En la proposición con punto de acuerdo se manifiesta literalmente lo siguiente:

“La recomendación número 78/2009, de fecha 28 de diciembre pasado, firmada por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, marca un parteaguas en la lucha histórica en Guerrero por la defensa de los derechos humanos.

Sin duda, esto demuestra que en México ha pasado una serie de delitos que demuestran el estado fallido en procuración de derechos humanos. Dicha recomendación se refiere al secuestro, a la tortura y a la ejecución de los dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 23 de noviembre de 2009, condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco y reconoció la existencia de un contexto de violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos durante la guerra sucia. Además, ordenó continuar la búsqueda de Rosendo Radilla o, en su caso, de sus restos mortales.

Creemos firmemente que la CNDH cumple su labor histórica de seguir reconociendo que este contexto no se dio como hechos aislados del pasado sino que es una conducta sistemática del Estado o de sus autoridades que, por ineficacia e ignorancia, siguen permitiendo que estos casos se den como parte constante del ejercicio del poder en México.

El 13 de febrero de 2009, aproximadamente a las 13:15 horas, al encontrarse en un acto público en la explanada de la escuela secundaria Plan de Ayutla, en Ayutla de los Libres, Raúl Lucas y Manuel Ponce fueron detenidos por tres sujetos que, sin identificarse, ingresaron en el lugar, los detuvieron y se los llevaron con rumbo desconocido a bordo de un vehículo.

Por ello, varias organizaciones de defensa de los derechos humanos emitieron opiniones y presentaron denuncias para que se diera con el paradero de los dos indígenas. Días después, a través elementos de la Policía Ministerial de Guerrero, recibieron una llamada telefónica anónima, a través de la cual se hizo de su conocimiento que en el paraje solitario de la comunidad de San Francisco, municipio de Tecoanapa, se encontraban sepultadas dos personas y que al parecer se trataba de los dos desaparecidos, “razón por la que personal de la agencia del Ministerio Público del fuero común del distrito judicial de Allende realizó la inspección ocular en el lugar del hallazgo y dio fe de los cadáveres y de su levantamiento.

“Por ello, la CNDH, en la recomendación número 78/2009, de fecha 28 de diciembre pasado, afirma que violaron en perjuicio de los agraviados occisos, así como de sus familiares, los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica y al acceso a la procuración de justicia, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero; 20, Apartado B; 21, párrafo primero; y 102, Apartado A, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

Por esos motivos emite las recomendaciones al titular del gobierno estatal a fin de llegar a la verdad material e histórica y que instruya a quien corresponda para tal efecto, específicamente realizar un nuevo peritaje. De igual forma, recomienda al presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local que instruya al presidente municipal de Ayutla, Armando García Rendón, para que se repare el daño a las familias de los indígenas occisos.

Con lo anterior formula el siguiente

“Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, con total respeto de la soberanía estatal y de la división de poderes, al ciudadano Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, gobernador de Guerrero; y al diputado Héctor Vicario Castrejón, presidente de la Comisión de Gobierno de Congreso local, a implantar los mecanismos que den cumplimiento a la recomendación número 78/2009 de la CNDH, de fecha 28 de diciembre de 2009, firmada por su presidente, licenciado Raúl Plascencia Villanueva; y a enviar un informe a esta soberanía sobre las acciones por implantar.”

III. Consideraciones

El Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras o de la Comisión Permanente, se ha manifestado siempre respetuoso de los principios y normas que rigen el federalismo que impera en nuestro sistema jurídico y político nacional. En este sentido, el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:

“Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación, establecida según los principios de esta ley fundamental.”

Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden sustancialmente con los planteamientos de la autora de la proposición que se dictamina. Sin embargo, como se puede apreciar de la trascripción anterior, la proponente plantea un problema que corresponde al ámbito de competencia del gobierno de Guerrero.

Los integrantes de la comisión dictaminadora ven con simpatía y solidaridad la intención de la proponente de fomentar el respeto a los derechos humanos y a los organismos de protección de éstos, por lo que toman en consideración lo establecido en el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que  la letra dice lo siguiente:

Artículo 102

B. El Congreso de la Unióny las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.

...

El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios...”

Que en efecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió la recomendación 78/2009, dirigida al gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, por el caso de dos dirigentes de la Organización para el Desarrollo de los Pueblos Mixtecos, quienes fueron privados de su libertad y una semana después sus cuerpos fueron encontrados sepultados. En su análisis lógico jurídico, el organismo advierte que en la investigación de los hechos por parte de las autoridades se vulneraron la legalidad, la seguridad jurídica y la procuración de justicia, tanto de las víctimas como de los familiares.

Por lo anterior, la CNDH solicitó al gobernador se brinde atención médica y psicológica a los familiares de los agraviados; se instruya al Ministerio Público para que las averiguaciones previas se inicien en forma completa, objetiva e imparcial; se preserve la escena del crimen, se proteja a los testigos y se agoten las líneas de investigación.

Asimismo, al presidente del Congreso estatal se le pide que se repare el daño en favor de los beneficiarios de los agraviados; se exhorta al presidente municipal de Ayutla de los Libres a garantizar la seguridad e integridad de los familiares de los occisos, se otorgue a los habitantes y visitantes de la localidad seguridad pública eficaz y se inicie procedimiento administrativo de responsabilidad contra el munícipe y el entonces director de Seguridad Pública municipal.

El cuerpo de asistencia técnica de esta comisión dictaminadora realizó la investigación pertinente y pudo constatar en medios impresos de comunicación que el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, dio a conocer que aceptará la recomendación número 78/2009 que le envió la CNDH, para que se “conozca la verdad histórica” sobre la ejecución de los dirigentes indígenas Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, y aplicará las sanciones correspondientes a los funcionarios municipales y estatales.

En razón de que como lo afirma el gobernador, “aceptará la recomendación” y toda vez que se trata de la protección de derechos fundamentales, los integrantes de la comisión dictaminadora estiman prudente que en aras de darle continuidad al asunto planteado por la autora de la proposición, se exhorte respetuosamente al ciudadano Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, gobernador constitucional; al diputado Héctor Vicario Castrejón, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a implantar los mecanismos que den cumplimiento a la recomendación número 78/2009 de la CNDH, de fecha 28 de diciembre de 2009.

Por lo expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta respetuosamente al ciudadano Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, gobernador constitucional; al diputado Héctor Vicario Castrejón, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a implantar los mecanismos que den cumplimiento a la recomendación número 78/2009 de la CNDH, de fecha 28 de diciembre de 2009.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2010.

La Primera Comisión:Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), diputado Javier Corral Jurado, senador Jesús Garibay García (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, senador José González Morfín, senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica de la senadora Emma Lucía Larios Gaxiola), senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Óscar Martín Arce Paniagua, diputado Adán Augusto López Hernández (rúbrica), senador Arturo Escobar y Vega, diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto. Continúe la Secretaría.

ESTADO DE AGUASCALIENTES

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Aguascalientes a investigar las intervenciones de llamadas privadas de legisladores, y de actores sociales y empresariales

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Aguascalientes a investigar las intervenciones de llamadas privadas de legisladores, y de actores sociales y empresariales, suscrita por los senadores Rubén Camarillo Ortega y Eduardo Tomás Nava Bolaños, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

Metodología

I. En el capítulo de Antecedentes se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo.

II. En el capítulo correspondiente a Contenido se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio.

III. En el capítulo de Consideraciones la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar las proposiciones en análisis.

I. Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de enero de 2010, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia–.

II. Contenido

En la proposición que se dictamina, los autores se refieren al espionaje como una práctica que lesiona gravemente el derecho a la intimidad, señalando que en nuestro país se ha realizado en forma indiscriminada y con impunidad; cita la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que legaliza el espionaje con la finalidad de atacar el narcotráfico, y la Ley de Policía Federal, de reciente creación, que permite la intervención de comunicaciones en ciertos delitos y cumpliendo con un protocolo, en beneficio de la ciudadanía, pero señala que falta adecuar esta normatividad para evitar dejar abiertas las puertas para las grabaciones telefónicas ilícitas, lo que afecta garantías individuales y socava garantías constitucionales.

Los proponentes se refieren particularmente a Aguascalientes, en donde señalan que es posible intervenir una llamada con la misma facilidad como es obtener el número de la línea a espiar y que “hay fundadas sospechas de que personal adscrito a la Secretaría General de Gobierno y de la Procuraduría General de Justicia del estado” realizan esas actividades ilícitas. Argumentan en contra de dicha práctica y formulan el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Aguascalientes a investigar y, en su caso, sancionar a quienes dentro de la Secretaría General de Gobierno y de la Procuraduría General de Justicia del estado, indebidamente utilicen recursos públicos para llevar a cabo de manera ilegal, políticas de espionaje, consistentes en la intervención de llamadas telefónicas, especialmente de celulares, así como la videograbación de eventos privados de legisladores federales y estatales, líderes de partidos políticos, actores sociales, empresariales y, en general, de líderes de opinión del estado.

III. Consideraciones

La comisión dictaminadora toma en cuenta que, en el caso, se trata de un asunto de la jurisdicción y competencia del gobierno de Aguascalientes, toda vez que el punto de acuerdo se limita a exhortar al gobierno de Aguascalientes a investigar y, en su caso, sancionar a quienes dentro de ciertos órganos de gobierno estatales utilizan recursos públicos para llevar a cabo políticas de espionaje.

El Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras o de la Comisión Permanente, se ha manifestado siempre respetuoso de los principios y normas que rigen el federalismo que impera en nuestro sistema jurídico nacional. En este sentido, el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Consecuentemente, la comisión dictaminadora considera que procede remitir el expediente al gobernador constitucional de Aguascalientes, para su conocimiento y efectos en el ámbito de su competencia.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a la consideración del pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Remítase copia del presente expediente al gobernador constitucional de Aguascalientes, para su conocimiento y efectos, en el ámbito de su competencia.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2010.

La Primera Comisión:Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), diputado Javier Corral Jurado, senador Jesús Garibay García (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, senador José González Morfín, senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica de la senadora Emma Lucía Larios Gaxiola), senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica en abstención), diputado Adán Augusto López Hernández (rúbrica), senador Arturo Escobar y Vega, diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto. Continúe la Secretaría.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García:«Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instaurar las medidas necesarias para solucionar la inseguridad que se vive en Baja California

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fueron turnadas las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:

1. Para exhortar al Ejecutivo federal a instaurar las medidas necesarias para dar una solución al problema de inseguridad que se vive en Baja California y a no realizar acciones administrativas que agraven la precaria situación que viven las familias, suscrita por el senador Fernando Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2. Por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar las medidas necesarias para solucionar la inseguridad en Baja California, suscrita por los senadores Fernando Castro Trenti y Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Primera Comisión someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo de antecedentes se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de las referidas proposiciones con punto de acuerdo;

II. En el capítulo correspondiente al contenido se exponen los motivos y alcance de las propuestas en estudio;

III. En el capítulo de consideraciones, la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de las propuestas y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar las proposiciones en análisis.

I. Antecedentes

Las proposiciones que se citan en el proemio fueron registradas en las sesiones del pleno de la Comisión Permanente de fechas 13 y 20 de enero de 2010, y turnadas para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

II. Contenido

En la primeraproposición con punto de acuerdo que se dictamina se manifiesta literalmente lo siguiente:

“A raíz del recrudecimiento de la ola de violencia que en los últimos días se ha suscitado en Tijuana, Baja California, líderes empresariales de dicha ciudad exigieron el lunes de esta semana mayor presencia policial y demandaron resultados a las autoridades, advirtiendo que subirán el tono de la exigencia si no se frenan los delitos de alto impacto. Además, solicitaron al Congreso de la Unión su intervención para hacer frente a la situación que impera en la región.

El del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, expuso que están viendo con enorme preocupación cómo se ha incrementado la violencia, lo que los obligó a convocar a los gobiernos estatal y municipal a una reunión con carácter urgente.

La inseguridad es un problema que envenena a la sociedad mexicana, y la de Baja California no es la excepción.

Desde que el titular del Ejecutivo federal rindió protesta, la lucha frontal contra el crimen organizado ha sido su lema y plataforma política. Sin embargo, y a pesar de que hemos sido testigos de la implantación de planes, acciones y estrategias en todos los niveles de gobierno, la ola de violencia causada por el crimen organizado, lejos de aminorar o desaparecer, se ha ido acrecentando de manera alarmante.

Tan sólo en 2009 fueron registrados asesinatos violentos y vinculados presuntamente con el crimen organizado.

El norte del país ha resultado especialmente afectado por la ola de violencia; por tanto, esta zona debe recibir una atención si bien no preferencial, sí especial.

Atacar de fondo los problemas de inseguridad pública que padece el país no está reñido con una política de crecimiento económico que incremente el empleo, atraiga las inversiones e incentive el turismo.

Los tijuanenses son principalmente afectados en su ingreso debido, en parte, a que las acciones de las autoridades federales no han tomado en cuenta el efecto negativo de la inseguridad en la economía. Es lamentable que debamos enfrentar determinaciones administrativas que agravan la crisis económica más de lo que disminuyen la delincuencia organizada o la violencia, lo cual ha generando en la comunidad la percepción de que nos encontramos entre dos fuegos: por un lado, el proveniente de la delincuencia organizada; y, por otro, la insensibilidad de las autoridades administrativas.

La imposición de algunos planes gubernamentales, como el Sistema de Aforo Vehicular (Siave) o la material prohibición de la importación de vehículos usados, ha significado el atropello de las expectativas de la sociedad fronteriza.

El Siave, el cual pretende brindar eficacia en el combate del contrabando, no se justifica por los efectos negativos que tendrá en la vida común de las fronteras. La medida contra la importación de vehículos usados ha provocado la movilización de los ciudadanos del norte del país, inconformes con la forma en que las autoridades hacendarias y policiacas han venido criminalizando a los propietarios de autos importados, afectando el comercio, el turismo y el empleo y, por ende, mermando la ya muy deteriorada capacidad de consumo de las familias mexicanas, en especial las bajacalifornianas.

Producto de la inseguridad y de equivocadas decisiones gubernamentales, aunadas a la crisis económica global, en el último año en Baja California se ha incrementado el número de personas desocupadas: pasaron de 21 mil 800 a 82 mil, 7.56 por ciento, lo que coloca esta entidad en el décimo lugar nacional en tasa de desocupación, según el Banco de Información Económica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Resulta lógico pensar que el alto grado de desempleo en la entidad, provocado en parte por malas decisiones administrativas, se convierta en detonante para la inseguridad que se vive en Baja California.

Preocupado por la grave situación que padece la sociedad tijuanense, el sector empresarial de esa ciudad ha manifestado la imperiosa necesidad de implantar medidas para enfrentar la criminalidad, sin que con esto se generen más problemas para la economía local, pues la fuga de capitales, tanto nacionales como extranjeros, continúa a raíz de la inseguridad que se vive en la ciudad, lo que repercute directamente en la economía nacional.

Una de sus propuestas es la presencia de más elementos de la Policía Federal en las calles de Tijuana, donde se ha registrado la mayor parte de los hechos delictivos, a fin de inhibir la presencia de las organizaciones criminales y de sus integrantes, que circulan libremente por las calles.

Es tiempo de actuar para remediar esta situación, y la única manera de lograrlo es mediante la cooperación entre poderes y el trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno.

El pueblo bajacaliforniano espera la decidida actuación de sus representantes en el Congreso de la Unión. La Comisión Permanente no puede menos que solidarizarse con el sector productivo de Baja California, que reclama mayor seguridad en las calles, en beneficio de las familias bajacalifornianas.

Desde el Congreso de la Unión debemos exhortar al titular del Ejecutivo federal a incrementar la participación de las fuerzas policiacas en la entidad, en especial en Tijuana, Baja California. Asimismo, debe llevarse a cabo una operación para combatir la inseguridad y el crimen organizado que hacen víctima a dicha entidad federativa”.

Por lo que anterior se formula el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a la luz de la creciente ola de violencia que se vive en Tijuana, Baja California, se solidariza con las exigencias del sector productivo de esa ciudad referentes a la urgente necesidad de implantar medidas efectivas para dar una satisfactoria solución al problema de inseguridad. Asimismo, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a incrementar mediante la Secretaría de Seguridad Pública federal la presencia de elementos de la Policía Federal e instaurar las medidas necesarias para apoyar a la población bajacaliforniana.

En la segunda proposición con punto de acuerdo que se dictamina, los autores manifiestan lo mismo que la anterior, añadiendo en su capítulo de consideraciones lo siguiente:

“Con la reciente captura de Teodoro García Simental, alias El Teo o El Tres Letras, las autoridades esperaban una drástica disminución en la ola de crímenes, lamentablemente, los delitos violentos no han cesado y el impacto del crimen organizado, lejos de disminuir ha ido en aumento, prueba de esto es que junto a los cadáveres de víctimas recientes, los supuestos ejecutores han dejado al menos dos cartulinas con un texto semejante: “El Teo sigue mandando”.

Y formulan el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a la luz de la creciente ola de violencia que se está viviendo en Tijuana, Baja California, se solidariza con las exigencias del sector productivo de esta ciudad, referentes a la urgente necesidad de implantar medidas efectivas para dar una satisfactoria solución a este problema de inseguridad. Asimismo, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que, por medio de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, incremente la presencia de elementos de la Policía Federal Preventiva y se instrumenten las medidas necesarias para apoyar a la población bajacaliforniana.

III. Consideraciones

La comisión dictaminadora considera que, por la coincidencia temática en cuanto a que ambas proposiciones tienen por objeto exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a que incremente la presencia de elementos de la Policía Federal y se apliquen las medidas necesarias para apoyar a la población bajacaliforniana, es pertinente por racionalidad práctica y economía procesal, atender ambas proposiciones en un dictamen.

Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden con los planteamientos del autor de las proposiciones que se dictaminan. Al respecto, esta comisión invoca lo dispuesto en el artículo 89, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prevé entre las facultades y obligaciones del presidente, la de “preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la federación.

Asimismo, el artículo 21, párrafo noveno, de la Carta Magna señala:

Artículo 21. ...

La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública...”

También, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece:

“ Artículo 30 Bis.A la Secretaría de Seguridad Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

XII. Salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos del orden federal, así como preservar la libertad, el orden y la paz públicos;”

La comisión dictaminadora toma en cuenta que son hechos ampliamente difundidos por los medios de comunicación masiva, que el Poder Ejecutivo federal está realizando diversas acciones en todo el país, particularmente en las fronteras, para combatir el crimen organizado, el tráfico de drogas y de armas, incluyendo dentro de ellas, la adopción de convenios y acuerdos de participación entre los gobiernos de Estados Unidos de América y de México que tienen, entre otros, esos propósitos.

Ahora bien, por lo que hace a la ciudad de Tijuana, como lo expone el proponente, el gobierno federal puso en marcha desde el año 2007, el llamado “Plan Tijuana”, el cual contempla la movilización hacia ese municipio de elementos de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la República, para enfrentar al crimen organizado en esa localidad. Por lo que respecta a la Secretaría de Seguridad Pública, se señaló que sería responsable de los patrullajes en la ciudad fronteriza, así como de labores de inteligencia e investigación, cumplimiento de órdenes de aprehensión, cateos y aseguramientos; asimismo, coordinaría una estrategia de participación ciudadana que se enfocaría a la denuncia.

La comisión dictaminadora toma en cuenta el reclamo y las exigencias por parte de la población ante la inseguridad, y se solidariza con ellas por la urgente necesidad de implantar medidas efectivas para dar una satisfactoria solución a ese problema.

Por lo anterior, la comisión dictaminadora no considera adecuado y oportuno exhortar al gobierno para realizar acciones que públicamente se conoce que está llevando a cabo; y estima que lo procedente en este caso, en el ámbito de colaboración y respeto entre los poderes, es solicitar un informe pormenorizado y actualizado de las acciones y medidas que está realizando o tenga proyectado realizar el Ejecutivo con la participación de los elementos de seguridad pública y de las Fuerzas Armadas de México en Tijuana, Baja California; y, en su caso, incremente la presencia de éstos.

Por lo expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se solidariza con las exigencias del sector productivo de Tijuana, Baja California, concernientes a implementar medidas más efectivas para dar una solución al problema de inseguridad pública.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en los artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 45 numerales 1 y 3 y 97 numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita del titular del Poder Ejecutivo federal, remita a esta soberanía, a través de las Secretarías de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional y de Marina, así como de la Procuraduría General de la República, un informe detallado y con el debido secreto las acciones y medidas que está realizando o tenga proyectado realizar en materia de seguridad pública con la participación de los elementos de seguridad pública y de las Fuerzas Armadas de México en la ciudad de Tijuana, Baja California y, en su caso, considere la posibilidad de incrementar la presencia de los mismos.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2010.

La Primera Comisión:Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), diputado Javier Corral Jurado, senador Jesús Garibay García (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, senador José González Morfín, senadora Emma Lucía Larios Gaxiola (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), diputado Adán Augusto López Hernández (rúbrica), senador Arturo Escobar y Vega, diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica en conjunto. Continúe la Secretaría.

ESTADO DE NAYARIT

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Nayarit a resolver el conflicto agrario del ejido Pantanal, en Xalisco, derivado del pago de indemnizaciones de sus tierras para construir el aeropuerto Amado Nervo

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Nayarit a resolver el conflicto agrario del ejido Pantanal, en Xalisco, derivado del pago de indemnizaciones de sus tierras para construir el aeropuerto Amado Nervo, de Tepic, suscrita por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del PRD.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;

II. En el capítulo “Contenido” se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio;

III. En el capítulo “Consideraciones” la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar la proposición en análisis.

I. Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de enero de 2010 y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

II. Contenido

En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina se manifiesta literalmente lo siguiente:

“En el año de 1984, el gobierno del estado de Nayarit solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria la expropiación de una superficie de alrededor de 400 hectáreas de terrenos de cultivo pertenecientes al ejido de Pantanal, ubicado en el municipio de Xalisco, estado de Nayarit, con la finalidad de construir el aeropuerto internacional Amado Nervo.

El 29 de enero de 1993 se publicó el decreto a través del cual se les expropiaban las tierras a los ejidatarios del Pantanal para la construcción del complejo aéreo, notificando a los ejidatarios sobre la afectación de sus terrenos, prometiéndoles que sus parcelas serían pagadas de manera justa, solicitando un avalúo, el cual estaría a cargo de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (Cabin) para realizar el pago.

Que después de algunos años, la Cabin por fin rindió el citado avalúo, el cual se presentó con muchas irregularidades, pues omitió señalar que todas las tierras afectadas eran de cultivo, indicando, por el contrario, que la mayor parte eran tierras de agostadero –aquellas que por su precipitación pluvial, topografía o calidad, producen en forma natural o cultivada, pastos y forrajes que sirven para alimentar al ganado, situación que provocó la inconformidad entre los afectados, por lo que iniciaron las gestiones de rectificación ante las autoridades competentes.

Que ante la negativa de las autoridades de rectificar el avalúo de sus tierras, los ejidatarios del Pantanal, acudieron a las oficinas del Tribunal Unitario Agrario en la ciudad de Tepic, Nayarit, para iniciar un juicio agrario por la falta de pago de sus tierras expropiadas, en el año 2004 se dictó sentencia condenatoria por la cual se ordenó al Ejecutivo del estado de Nayarit a pagarle a los ejidatarios por motivo de la expropiación de sus tierras. Sin embargo, desde esa fecha el gobierno estatal no ha realizado el pago correspondiente.

En el año 2007 el gobierno estatal de Nayarit logró, a través de un juicio de amparo, la suspensión definitiva a la sentencia, por lo que ya no fue obligado a cumplir con el requerimiento del Tribunal Agrario.

Lo anterior, no obstante que dicho Tribunal había apercibido al gobierno de Nayarit con imponerle una sanción económica si no mostraba el avalúo de las casi 400 hectáreas donde se encuentra ahora el aeropuerto nayarita.

El gobierno de estado de Nayarit consiguió que el Juzgado Tercero de Distrito le ofreciera una suspensión definitiva contra actos del Tribunal Agrario dentro del número de amparo 977/2007, interpuesto el ocho de agosto de 2007.

El juzgado de distrito sobreseyó el amparo del gobierno, pero éste interpuso un recurso de revisión de amparo ante el Tribunal Colegiado, dicha suspensión definitiva hizo que el Tribunal Agrario quede imposibilitado para proceder contra la administración estatal.

Ante tales procedimientos, la comunidad del Pantanal a su vez presentó otro amparo (1037/2007) ante el Juzgado Tercero de Distrito, mediante el cual reclamó la lentitud del Tribunal Agrario para ejecutar el pago de sus tierras.

Después de más de 20 años de espera, en junio del año 2009, legisladores federales y locales de Nayarit acompañamos a los ejidatarios del Pantanal, quienes acudieron a la Ciudad de México ante el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, para reclamar el pago de sus parcelas en las que se construyó el aeropuerto Amado Nervo.”

Con lo anterior formula el siguiente:

“Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nayarit a resolver el conflicto agrario del Ejido de Pantanal, municipio de Xalisco, derivado del pago de indemnizaciones de sus tierras de cultivo para la construcción del aeropuerto Amado Nervo de la ciudad de Tepic.”

III. Consideraciones

Los integrantes de la comisión dictaminadora, coinciden sustancialmente con los planteamientos del autor de la proposición que se dictamina, tomando en cuenta que se sustenta en el derecho de los ejidatarios de Pantenal, municipio de Xalisco, de ser indemnizados por la expropiación de las 400 hectáreas en las que se encuentra actualmente el aeropuerto Amado Nervo, tal como lo establece el artículo 27 constitucional, en su segundo párrafo que a la letra dice:

“Artículo 27. ...

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.”

La comisión dictaminadora toma en cuenta que, en el caso se trata de un asunto de la jurisdicción y competencia del Poder Judicial, y el Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras o de la Comisión Permanente, se ha manifestado siempre respetuoso de los principios y normas que rigen la división de poderes que impera en nuestro sistema jurídico y político nacional. En este sentido, el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

“Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.”

En el caso, como reconoce expresamente en su parte introductoria el autor de la proposición que se dictamina, se trata de un asunto sujeto a proceso ante los tribunales federales y que tanto el Gobierno Estatal como los ejidatarios están agotando las instancias judiciales, a efecto de resolver la controversia suscitada. Se trata claramente de un asunto del orden jurisdiccional, de origen local, de las autoridades administrativas y judiciales correspondientes.

Aún cuando los integrantes de la comisión dictaminadora ven con simpatía y solidaridad la intención del proponente de fomentar el respeto a los derechos de los ejidatarios, en virtud del decreto expropiatorio de enero de 1993, dicho trámite se encuentra sujeto a un proceso judicial, que si bien es cierto que ha sido mucho el tiempo de espera para la indemnización a la que tienen derecho, el Poder Judicial es el competente para resolver dicha situación como bien lo expresa el proponente por medio de las instancias correspondientes y con los términos que las mismas leyes señalan.

En virtud de lo anterior, la comisión dictaminadora considera que no ha lugar a la proposición que se dictamina, por las siguientes razones:

a) Por el respeto irrestricto a los principios del federalismo, consagrados en los artículos 40 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos antes expresados.

b) Por el respeto a la división de poderes, establecida en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Y con la finalidad de no interferir esferas de competencia toda vez que es facultad exclusiva del Poder Judicial resolver ésta controversia, se considera que procede exhortar respetuosamente al ciudadano gobernador constitucional del estado de Nayarit, a atender, y en su caso, resolver el conflicto agrario del ejido de Pantanal, municipio de Xalisco, derivado del pago de indemnizaciones de sus tierras de cultivo para la construcción del aeropuerto Amado Nervo de la ciudad de Tepic.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión de trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta respetuosamente al ciudadano gobernador constitucional del estado de Nayarit a atender y, en su caso, resolver el conflicto agrario del ejido de Pantanal, municipio de Xalisco, derivado del pago de indemnizaciones de sus tierras de cultivo para la construcción del aeropuerto Amado Nervo de la ciudad de Tepic.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, enero de 2010.

La Primera Comisión:Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica en contra), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica en contra), diputado Javier Corral Jurado, senador Jesús Garibay García (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica en contra), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, senador José González Morfín, senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica de la senadora Emma Lucía Larios Gaxiola), senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), diputado Adán Augusto López Hernández (rúbrica), senador Arturo Escobar y Vega, diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto. Continúe la Secretaría.

ESTADO DE MEXICO

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de México a rectificar su determinación sobre la designación de magistrados por el Poder Ejecutivo; y al Poder Judicial, a interponer controversia constitucional por invasión de competencias

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de México a rectificar su determinación sobre la designación de magistrados por el Poder Ejecutivo; y al Poder Judicial, a interponer controversia constitucional por invasión de competencias, suscrita por el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;

II. En el capítulo “Contenido” se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio;

III. En el capítulo “Consideraciones” la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar la proposición en análisis.

I. Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de enero de 2010 y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

II. Contenido

En la proposición con punto de acuerdo se manifiesta literalmente lo siguiente:

“El Estado es una sociedad humana, asentada de manera permanente en el territorio que le corresponde, sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad estatal.

Mediante la distribución de competencias se hace posible que la Federación y los estados puedan coincidir en el territorio mexicano, sin obstaculizarse ni duplicar sus funciones.

El principio de división de poderes, adoptado por nuestra Constitución federal en su artículo 49, tiene como finalidad delimitar las funciones de cada uno de los poderes; impedir la concentración de poder en una misma persona o un grupo de personas; prohibir a los poderes que ejerzan funciones que no les corresponden, y establecer controles de unos poderes sobre los otros para evitar abusos.

En un estado democrático, la legalidad, la certeza y la seguridad jurídica son elementos indispensables para garantizar el acceso a la justicia para hacer realidad este derecho fundamental de los gobernados. En esta tarea, la función que desempeñan los órganos encargados de la administración de justicia son de marcada trascendencia para la sociedad, la cual, cada día exige su perfeccionamiento.

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra como derecho constitucional el acceso a la justicia, vinculando al Estado y a sus tribunales a que en el ejercicio de la función jurisdiccional se garantice una justicia pronta, completa e imparcial.

A los tribunales les corresponde una labor fundamental que exige de sus integrantes la máxima diligencia y profesionalización permanente, lo que se debe fortalecer con la autonomía e independencia en sus funciones, porque sólo mediante la concurrencia de tales elementos se puede eficientar la administración de justicia.

La independencia del Poder Judicial y la recta administración de justicia, son garantes del estado de derecho, son condición de vida de toda sociedad y su importancia se acentúa en regímenes de realidades como el nuestro, dado que es precisamente el Poder Judicial el que tiene a su cargo velar por que se mantenga el orden constitucional y servir como freno a los actos de cualquier autoridad e inutilizar los efectos derivados de la aplicación de una ley que son contrarios a la Constitución.

La creación y conformación del Consejo de la Judicatura surgió institucionalmente en el ámbito federal en nuestro país, con las reformas del 31 de diciembre de 1994 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se reestructura el Poder Judicial Federal, se genera una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que, entre sus objetivos tuvo como propósito principal, separar las funciones de carácter administrativo que estaban a cargo del pleno de la Suprema Corte para dejarlas en manos del Consejo de la Judicatura Federal como órgano especializado en funciones administrativas, de vigilancia y disciplinarias, a efecto de que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dedicarán esencialmente a la función jurisdiccional.

Este fue el referente constitucional que se recogió en la reforma integral a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado el veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y cinco, para crear el Consejo de la Judicatura local, ya que en la exposición de motivos se dejó establecido que ‘la administración del Poder Judicial se encarga a un órgano denominado Consejo de la Judicatura a fin de que la función jurisdiccional que corresponde a los magistrados y a los jueces no se interrumpa o distraiga por actividades distintas a estas, como son los actos de organización, manejo y control de personal y elaboración del presupuesto de egresos, entre otros.’

A partir del dos de marzo de mil novecientos noventa y cinco, fecha en que entró en vigor la reforma integral a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, dio inicio el funcionamiento del Consejo de la Judicatura del estado, determinándose en el artículo 107 de la referida Constitución local, que el Consejo quedaría conformado por cinco integrantes, el presidente del Tribunal Superior de Justicia quien a su vez presidiría el Consejo, dos magistrados electos por insaculación y dos jueces de primera instancia electos por la misma vía.

El aspecto objetivo de la independencia del Poder Judicial se identifica con la ausencia de presiones externas respecto de dicho poder. Exige una organización que excluya intromisiones indebidas de otros poderes y fuerzas del estado; limitar la actuación administrativa sobre los magistrados para evitar que las influencias políticas, gubernamentales y de sectores sociales pudiera mermar o interferir de manera directa o indirecta en la independencia personal que debe caracterizar a dichos funcionarios en el ejercicio de sus funciones.

Sin perjuicio de lo anterior, en la sesión del pasado 17 de diciembre del año en curso, la LVII Legislatura del estado de México aprobó la minuta proyecto de decreto que reforma los artículos 61, fracción XV, en sus párrafos primero y segundo; 77, en su fracción XII, 89, 107 en su primer párrafo y en sus fracciones II y III y 110; se adicionan las fracciones IV y V y dos últimos párrafos del artículo 107 de la Constitución Política del estado de México; referentes a los nombramientos de magistrados del Tribunal Superior de justicia y del Tribunal Contencioso Administrativo.

Los dictámenes fueron aprobados por 60 votos a favor de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, Nueva Alianza, Verde Ecologista, PT, Convergencia y el diputado del PSD, Antonio García Mendoza, por siete abstenciones del Grupo Parlamentario del PRD, que se suman a la mayoría según lo establece el artículo 115 del Reglamento del Poder Legislativo.

Establecen que el Consejo de la Judicatura se integrará por dos magistrados elegidos entre los miembros del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y un juez de Primera Instancia, así como un consejero designado por el Ejecutivo y dos designados por la Legislatura estatal. Como hasta ahora, el presidente del Tribunal lo será también del Consejo.

Podrán ser consejeros del Ejecutivo y el Legislativo quienes cuenten con los méritos suficientes tanto en lo profesional como en lo académico, sin haberse desempeñado necesariamente en el TSJ. Las reformas, también consagran en la Constitución estatal un retiro justo y digno después de 15 años de servicio. El primer año se les otorgará el 100 por ciento de su salario y los 5 siguientes el 80 por ciento.

Con base en lo anterior, concluyo, que el principio de separación de poderes no se preserva en las recientes modificaciones implementadas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicho estado con respecto a la designación de Magistrados por parte del Ejecutivo, por ello, se exhorta al Congreso del estado de México a fin de que modifique su determinación con respecto a la designación de magistrados.”

Con lo anterior formula el siguiente

“Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México para que rectifique su determinación respecto a la designación de magistrados por parte del Poder Ejecutivo y hace una excitativa al Poder Judicial para que defienda nuestra democracia, interponiendo la respectiva controversia constitucional por invasión de competencias.”

III. Consideraciones

El Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras o de la Comisión Permanente, se ha manifestado siempre respetuoso de los principios y normas que rigen el federalismo que impera en nuestro sistema jurídico y político nacional. En este sentido, el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

“Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”

Asimismo, los integrantes de la comisión dictaminadora, están consientes y respetuosos de la división de poderes como lo establece el artículo 49 constitucional:

“Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.”

En el caso, como lo reconoce expresamente el autor de la Proposición que se dictamina, se trata de un asunto de la competencia directa de los tres órdenes de gobierno del estado de México.

Por otra parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, establece en su artículo 51 lo siguiente:

“Artículo 51. El derecho de iniciar leyes y decretos corresponde:

I. Al gobernador del estado;

II. A los diputados;

III. Al Tribunal Superior de Justicia en todo lo relacionado con la organización y funcionamiento de la administración de justicia;

IV. A los ayuntamientos en los asuntos que incumben a los municipios, y en general, tratándose de la administración pública y gobierno municipales en cualquier materia referente a sus facultades y a las concurrentes con los demás ámbitos de gobierno;

V. A los ciudadanos del estado, en todo los ramos de la administración.

VI. ...”

También, el artículo 148 señala el procedimiento mediante el cual puede adicionarse o reformarse la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y que a la letra señala lo siguiente:

“Artículo 148. La presente Constitución puede ser adicionada y reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de ella se requiere que la Legislatura del Estado, por el voto de las dos terceras partes de los diputados que la integran, acuerde tales reformas y adiciones y que éstas sean aprobadas por la mitad más uno de los ayuntamientos. La Legislatura o la Diputación Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de los ayuntamientos y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.”

En lo referente a la controversia constitucional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que:

“Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta Constitución, se susciten entre:

h) Dos Poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;”

Y la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que:

Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

I. ...

II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, y

III. ...

Asimismo, el cuerpo de asistencia técnica de esta comisión dictaminadora realizó la investigación pertinente y pudo constatar en medios impresos de comunicación que el ciudadano Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México, envió a la Legislatura local una propuesta de contrarrefroma, en la que desiste de nombrar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, manteniendo su facultad de postular un integrante del Consejo de la Judicatura y la atribución del Legislativo para promover a dos más. Al respecto, el gobernador consideró que es “innecesaria la intervención del Poder Ejecutivo en dicha designación”, dicha propuesta se encuentra para su estudio y, en su caso, aprobación en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

En tal virtud, la comisión dictaminadora considera que no es procedente exhortar al gobierno del estado de México, a que rectifique su determinación respecto a la designación de Magistrados, ni al Poder Judicial estatal para que interponga la controversia constitucional por invasión de competencias, mucho menos si se pretende incidir o influir en el sentido de la resolución que se le solicita, porque ello atenta contra su autonomía de gestión y de decisión.

Por lo que esta comisión dictaminadora estima prudente que en lugar de exhorto, se remita el asunto a las citadas autoridades locales, para su conocimiento y efectos en el ámbito de sus respectivas competencias.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia somete a consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Remítase copia del presente expediente al ciudadano gobernador del estado de México, para su conocimiento y efectos, en el ámbito de su respectiva competencia.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2010.

La Primera Comisión: Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), diputado Javier Corral Jurado, senador Jesús Garibay García (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, senador José González Morfín, senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica de la senadora Emma Lucía Larios Gaxiola), senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), diputado Adán Augusto López Hernández (rúbrica), senador Arturo Escobar y Vega, diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto. Continúe la Secretaría.

ESTADO DE PUEBLA

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo sobre la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al proceso de ratificación del licenciado Germán Gabriel Alejandro López Brun como magistrado del Tribunal Electoral de Puebla

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo con relación a la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa al proceso de ratificación del licenciado Germán Gabriel Alejandro López Brun como magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, suscrita por los senadores Jorge Andrés Ocejo Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y Jesús Garibay García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;

II. En el capítulo “Contenido” se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio;

III. En el capítulo “Consideraciones” la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar la proposición en análisis.

I. Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 20 de enero de 2010 y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de trabajo –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

II. Contenido

En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“Para México la construcción de una normalidad democrática, a lo largo y ancho del país, ha implicado un largo y costoso proceso de varias décadas atrás, cuya finalidad ha sido construir y consolidar instituciones que la sustenten. Entre ellas, los tribunales especializados en materia electoral que resuelven casos de conflictos entre partidos políticos y de ciudadanos con estos últimos”.

Enseguida los proponentes refieren, que para los representantes ciudadanos deben dar prioridad a la vigilancia y cumplimiento de los “principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad, pilares del sistema político-electoral mexicano”.

Continúan los proponentes señalando, que en el 2010 habrá en catorce entidades federativas comicios electorales, puntualizando que en el estado de Puebla se elegirá gobernador, 217 ayuntamientos y se renovará la legislatura del Congreso local el próximo mes de julio.

Los proponentes enuncian que al estar próxima la elección de representantes populares en el estado de Puebla, expresa su sentir con relación al procedimiento para la integración del Tribunal Estatal Electoral de dicha entidad federativa periodo 2006-2012, señalando que esta institución es parte fundamental en el proceso electoral en comento.

Al respecto, los proponentes despliegan una serie de argumentos, de los cuales se enuncian principalmente, los siguientes:

“Con fecha 26 de octubre de 2006, el Congreso del estado de Puebla emitió la convocatoria que estableció los lineamientos para la ratificación y designación de los magistrados electorales del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, conforme a la cual, el magistrado electoral, en funciones en ese entonces, licenciado Germán Gabriel Alejandro López Brun, participó como candidato propuesto por diferentes instituciones académicas para ratificación en dicho cargo”.

“Es así, que el acuerdo de la comisión fue sometido para la aprobación del Pleno del Congreso del estado de Puebla en su sesión ordinaria del 16 de noviembre de 2006, resultando ratificados los tres magistrados electorales propuestas en el dictamen de dicha comisión, incluido el licenciado López Brun, con una votación de 34 votos a favor y 4 en contra, lo cual consta en acta del mismo Congreso estatal”.

El 23 de noviembre de 2006, el Pleno del Congreso de Puebla aprobó un acuerdo, donde el licenciado López Brun, cambia de “magistrado ratificado” a “aspirante de magistrado”, por lo cual designó posteriormente a nuevos magistrados electorales; hecho que manifiestan los proponentes como violatorio del procedimiento de la convocatoria a que debió sujetarse.

Por ello, los proponentes señalan que Germán Gabriel Alejandro López Brun en uso de su derecho, interpuso juicio de amparo, para solicitar al Poder Judicial de la Federación la revisión de los argumentos empleados por el Congreso del estado, para la integración del Tribunal Electoral.

“De esta forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con fecha 26 de octubre de 2009, emitió sentencia respecto a dicho juicio de amparo, donde establece lo siguiente:

Siguiendo los lineamientos de esta sentencia, el Congreso local, deberá emitir una resolución justificada mediante una motivación reforzada, en la que decida ratificar o no al quejoso como Magistrado Electoral para el periodo correspondiente, para lo cual deberá tomar en consideración la evaluación ya realizada por la comisión especial (aprobada por el pleno del Congreso) sobre el desempeño del quejoso en dicho cargo, toda vez que esta última actuación valorativa se encuentra intocada, al no haber sido cuestionada por parte legitima”.

Los proponentes refieren que la autoridad judicial ha solicitado al Congreso poblano el cumplimiento, pero éste, ha contestado que el asunto fue turnado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio, y en otra ocasión manifestó esa soberanía, que se encuentra en periodo de receso, razones que no han dejado satisfecho a la Corte.

“Por lo cual, en fecha 6 de enero del presente año, el Juzgado Primero del Poder Judicial de la Federación ordenó requerir nuevamente al Congreso para que en 24 horas diera cumplimiento al fallo, con apercibimiento que de no hacerlo se daría inicio al procedimiento establecido en el artículo 105 de la Ley de Amparo. Esto es, remitir el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”

Por lo que formula el siguiente:

Punto de Acuerdo

“Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del estado de Puebla a dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual tiene como ejecutoria dar una resolución justificada por parte del Congreso local, en la que se decida la ratificación o no del licenciado Germán Gabriel Alejandro López Brun como magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, y con ello dar certeza jurídica y legalidad al proceso electoral a efectuarse en el estado de Puebla el próximo 5 de julio”.

III. Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y están de acuerdo con los proponentes que los principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad, son la esencia irrenunciable del sistema electoral mexicano.

La comisión dictaminadora manifiesta que el avance de la cultura democrática en el ámbito electoral ha sido constante y progresivo, ya que estas transformaciones han creado y consolidado a instituciones electorales, para que los derechos político-electorales de los mexicanos queden debidamente salvaguardados. Lo anterior, fortalece al Sistema Electoral Mexicano basado en los principios antes mencionados, para otorgar certeza jurídica.

La comisión dictaminadora coincide con los proponentes, que en el año en curso se realizarán en catorce entidades federativas elecciones para renovar diversos cargos de elección popular, donde se encuentra en estado de Puebla, y que el Tribunal Electoral de esta entidad es parte fundamental en el sistema electoral local.

La comisión dictaminadora, toma en cuenta los argumentos esgrimidos por los proponentes retomando el de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha 26 de octubre de 2009, que señala, a grosso modo ...el Congreso local, deberá emitir una resolución justificada mediante una motivación reforzada, en la que decida ratificar o no al quejoso como Magistrado Electoral para el periodo correspondiente, para lo cual deberá tomar en consideración la evaluación ya realizada por la comisión especial (aprobada por el pleno del Congreso) sobre el desempeño del quejoso en dicho cargo, toda vez que esta última actuación valorativa se encuentra intocada, al no haber sido cuestionada por parte legítima.

Por tanto, la comisión dictaminadora considera que la impartición de justicia y el cumplimiento de toda resolución son la base fundamental del Poder Judicial para garantizar seguridad y certeza jurídica a los gobernados.

En este sentido, la comisión dictaminadora reconoce plenamente la autonomía de los poderes públicos de las entidades federativas, destacando la importante labor que realiza el Congreso del estado en la formulación del marco normativo y como eje de la representación ciudadana en Puebla.

Por ello, esta comisión dictaminadora respeta los procedimientos internos del Congreso del estado de Puebla para darle trámite y desahogo a toda solicitud ciudadana y a toda clase de notificaciones de los otros poderes públicos de la entidad y federales.

Concluye esta comisión dictaminadora coincidiendo parcialmente con los proponentes ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación por conducto del Juzgado Primero de Distrito de Puebla, le comunicó al Congreso del estado en más de una ocasión con apercibimiento, la necesidad que diera curso a la resolución emitida por la Segunda Sala del órgano principal del Poder Judicial de la Federación, por lo que se considera que la materia de exhorto ya está cubierta.

Por ello, se estima que lo procedente en este caso es solicitar de manera respetuosa, en el marco de la colaboración de poderes y del reconocimiento de la independencia de los poderes públicos de cada entidad federativa, que el Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla remita a la brevedad un informe donde describa si ha sido desahogada la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por lo expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes y del reconocimiento de la independencia de los poderes públicos de cada entidad federativa solicita respetuosamente al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, a que remita a la brevedad un informe a esta Soberanía, y a las demás autoridades federales y locales que corresponda, si ha sido desahogada la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de fecha 26 de octubre de 2009.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2010.

La Primera Comisión:Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), diputado Javier Corral Jurado, senador Jesús Garibay García (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, senador José González Morfín, senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica de la senadora Emma Lucía Larios Gaxiola), senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), diputado Adán Augusto López Hernández (rúbrica), senador Arturo Escobar y Vega, diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado ningún orador se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto. Continúe la Secretaría.

ESTADO DE COLIMA

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Colima a estudiar y revisar los procedimientos llevados a cabo el 30 de septiembre de 2009 para nombrar y ratificar a magistrados propietarios del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Colima a estudiar y revisar de manera minuciosa los procedimientos llevados a cabo el 30 de septiembre de 2009 para nombrar y ratificar a magistrados propietarios del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad, suscrita por la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo “Antecedentes”se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;

II. En el capítulo correspondiente al “Contenido” se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio;

III. En el capítulo “Consideraciones”, la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar las proposiciones en análisis.

I. Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 20 de enero de 2010 y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

II. Contenido

La autora de la proposición que se dictamina se refiere a los principios de nuestro federalismo e invoca el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el principio de división de poderes también en los estados. Igualmente invoca los artículos 70 y 72 de la Constitución Política del Estado de Colima que regulan fundamentalmente las actuaciones de los poderes estatales, citando disposiciones diversas del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Colima y hasta invoca jurisprudencia correspondiente a los trámites legislativos de Colima.

La proponente incluye un capítulo de “Hechos”, que se transcribe a continuación:

“1. Que de manera contraria a lo mencionado y sustentado en los puntos anteriores, el pasado 30 de septiembre de 2009, el entonces gobernador de Colima, ciudadano Jesús Silverio Cavazos Ceballos, presentó ante la LV Legislatura del Poder Legislativo local, mediante el oficio número DGG-460/09, signado por la secretaria de Gobierno, ciudadana Yolanda Verduzco Guzmán, la designación de los ciudadanos Miguel García de la Mora, María Concepción Cano Ventura y Juan Carlos Montes y Montes para ocupar tres de las plazas de magistrados propietarios del Supremo Tribunal de Justicia, en sustitución de los señores magistrados Eugenio Olmos Mendoza, Felipe Chávez Carrillo y Carlos Alberto Macías Becerril, quienes dejaron el cargo por causa de su jubilación.

2. Que la iniciativa de acuerdo presentada a secretarios de la Comisión Permanente del Congreso del estado carece de los documentos suficientes y referencias que confirmen en los tres casos, su probidad para acceder al cargo de magistrados, en virtud de haber sido presentados solamente las cartas curriculares elaboradas por cada uno de los postulantes, carentes de comprobación y otros documentos anexos que acreditaran lo plasmado en éstas.

3. Que el Ejecutivo del estado no cumplió con lo ordenado con el artículo 70 de la Constitución local en la designación de magistrados, pues no existe antecedente documental alguno donde el gobernador del estado haya solicitado informes o comprobado las aptitudes de las personas designadas el 30 de septiembre de 2009 a las autoridades judiciales locales, atentando con tal omisión contra los principios de legalidad y certeza jurídica que deben regir todo acto de autoridad.

4. Que en el caso de los ciudadanos María Concepción Cano Ventura y Juan Carlos Montes y Montes, su experiencia y notable aptitud para acceder al cargo, es comprobable mediante la consulta de sus hojas de servicio expedidas por el propio Supremo Tribunal, documentos que corroboran su trayectoria y desempeño en el Poder Judicial del estado; sin embargo, el ciudadano Miguel García de la Mora carece por completo de experiencia en algún órgano de impartición de justicia, además de cualquier otro tipo de desempeño excepcional dentro del foro u otras ramas del derecho.

5. Que en razón de lo anterior, se advierte de igual manera que, en cuanto al ciudadano Miguel García de la Mora, el documento expedido por la secretaria de Gobierno no hace mención de los requisitos de nacionalidad, edad, título profesional, reputación o vecindad, por lo que es apreciable un claro incumplimiento a lo ordenado al ya analizado artículo 116, fracción III, de nuestra Carta Magna y de los artículos 69 y 72 de la Constitución de Colima.

6. Que la designación realizada por el entonces titular del Poder Ejecutivo estatal fue recibida y ratificada en idéntica fecha por la LV Legislatura de Colima, sin existir un estudio adecuado y de fondo de la capacidad de desempeño en el cargo de las personas presentadas para ocupar los cargos señalados dentro del Supremo Tribunal de Justicia, haciendo patentes múltiples inconsistencias y violaciones a las disposiciones contenidas para tal acto, en la Constitución General de la República, la propia Constitución estatal, así como dentro de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y de su reglamento, tal y como se describe en los hechos siguientes.

7. Que las irregularidades presentadas en el procedimiento de turno, estudio y aprobación de los magistrados, de acuerdo con la designación expuesta en puntos anteriores, son comprobables al enunciar las actividades de la Comisión Permanente del Congreso local, el 30 de septiembre de 2009, mediante el diario de debates y las visiones estenográficas de las sesiones.

8. Que no se encuentra asentado en ninguna de las actas de las sesiones cuenta y turno de la designación de magistrados hecha por el gobernador a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, por parte de la Comisión Permanente, para su estudio y discusión. Esta omisión constituye una causa de violación de los preceptos legales establecidos en los artículos 128 y 216 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, en los que se obliga a dar cuenta de las iniciativas recibidas, a la asamblea o Comisión Permanente, para su posterior turno a estudio a la comisión respectiva, con la posibilidad de dispensarse de este procedimiento, siempre y cuando haya una “obvia resolución por no ameritar un examen profundo o que a juicio de la misma sean urgentes”, cuestión que en este caso no es procedente.

9. Que evidenciando el punto anterior y haciendo patente las violaciones al Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso del estado, emitieron los secretarios de la Comisión Permanente el oficio número 4111/2009, dirigido al diputado Arturo García Arias, entonces presidente de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, a fin de dar trámite al nombramiento de los magistrados propuestos.

10 Que a pesar de lo expresado en el oficio enunciado, las actas y visiones estenográficas ya señaladas denotan que este punto no fue diligenciado en sesión alguna, pues dichas actas no respaldan ningún acuerdo, referente al turno dado a la comisión respectiva.

11. Que no obstante lo anterior, la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes elaboró un dictamen en que manifiesta haber revisado los documentos anexos a los nombramientos y que reúnen los requisitos exigidos por el artículo 69 de la Constitución local. En este sentido, el dictamen afirmó falsamente tener documentos probatorios, toda vez que la Secretaría de Gobierno de Colima únicamente envió, anexo a los nombramientos, la información curricular elaborada por los propios aspirantes; por tanto, no se cumplen adecuadamente los postulados del mencionado numeral 69 para el nombramiento, ni tampoco con los suficientes medios para cumplir con lo ordenado en el artículo 70 de la carta fundamental estatal.

12. Que enfatizando el punto anterior, la falta de un estudio y análisis del nombramiento por parte de la comisión en comento presenta sendas violaciones de forma y fondo a lo consignado en los artículos 57, 91 y 92 Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Colima, y 127 y 128 de su reglamento; los cuales ordenan a las comisiones el estudio, análisis y la emisión de un dictamen claro, preciso y fundado de las iniciativas turnadas por la directiva o asamblea.

13. Que en las actas de la Comisión Permanente y en las versiones estenográficas derivadas se evidencia la celebración de cinco sesiones el citado 30 de septiembre de 2009, de las que tres fueron de carácter ordinario, una de carácter extraordinario y una última igualmente ordinaria, pero empleada únicamente para la clausura del periodo legislativo de la LV Legislatura.

14. Que la primera sesión ordinaria, designada conforme al orden cardinal como número doce, de acuerdo con su acta, se celebró con la comparecencia de los siete integrantes de la Comisión Permanente, dando inicio a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, aprobándose, entre otros puntos la hora de inicio de la próxima a las quince horas.

15. Que de acuerdo con el acta de la sesión trece, ésta dio comienzo con el mismo quóruma las dieciséis horas con treinta y cinco minutos, es decir, con un retraso de una hora con treinta y cinco minutos, en la cual se aprobó, entre otros, el punto VI del orden del día, basado en la presentación del dictamen y solicitud de convocar a la celebración de sesión extraordinaria, así como convocar a sesión de la Comisión Permanente, acordándose que esta última daría inicio a las diecisiete horas.

16. Que de acuerdo con el acta de la sesión catorce, se contó con el mismo quórum de las anteriores e inició a las dieciséis horas con cincuenta y ocho minutos, es decir dos minutos antes de lo convocado, llevándose a cabo la aprobación del punto V del orden del día, referida a la convocatoria de la sesión extraordinaria, acordando llevarla a cabo a las quince horas con quince minutos.

17. Que de acuerdo con su acta, en la misma sesión número catorce, la Comisión Permanente dio seguimiento y atendió el dictamen referido al nombramiento de los magistrados, a pesar de no encontrarse dicho punto dentro del orden del día.

18. Que no obstante lo anterior, en la misma sesión el presidente de la comisión, ciudadano Luis Gaitán, al tratar el punto IV del orden del día propuso convocar a sesión extraordinaria, ese mismo día, a efecto de discutir y votar el dictamen realizado por la comisión.

19. Que de acuerdo con su acta, la sesión extraordinaria identificada como número seis fue celebrada por los ciudadanos diputados integrantes de la LX Legislatura constitucional del estado, dando comienzo con veinticinco minutos de retraso, es decir, a las diecisiete horas con cuarenta minutos. En ella se aprobó, entre otros puntos, el VII del orden del día, referido a la lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen relativo al nombramiento como magistrados propietarios de los ciudadanos indicados en el punto anterior, no existiendo ningún tipo de manifestación por parte de los legisladores tendiente a la discusión o análisis, por lo que sumariamente y por vía de la votación económica, se aprobó por unanimidad.

20. Que de acuerdo a los puntos anteriores, resulta evidente que en el proceso de aprobación de la designación de magistrados propietarios no se llevó a cabo el procedimiento de iniciativa, de acuerdo con el marco legal que rige la actividad legislativa.

21. Que según indica el punto anterior, en primer lugar, la comisión dictaminadora, es decir, la encargada de justicia, gobernación y poderes, presidida en ese entonces por el ciudadano Arturo García Arias, no solicitó a la Comisión Permanente convocar a sesión extraordinaria, a fin de presentar el dictamen respectivo para su discusión y aprobación. En este sentido, cabe mencionar que no fue generado oficio o acta que corrobore la petición hecha por parte de la mencionada comisión, tal y como lo indica el artículo 216 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, mencionado en el punto ocho.

22. Que se desprende de las actas de las sesiones números trece y catorce ordinarias y seis extraordinaria, que ninguna de éstas inició en la hora señalada en su convocatoria, violando claramente lo establecido en los numerales 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 109, párrafo tercero de su reglamento, que ordenan su realización en las horas convenidas.

23. Que de igual forma, ninguna de las actas levantadas con motivo de la sesiones mencionadas en los puntos previos, fue firmada por el presidente, los secretarios ni por ninguno de los diputados, lo cual, contraviene los postulados de los artículos 45, fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como de los artículos 34, fracción II, y 37, fracción II, de su reglamento, los cuales señalan la obligación de plasmar la firma de las actas de sesiones después de haber sido aprobadas y asentadas en el registro respectivo.

Ante tal situación, se afirma que todas las sesiones celebradas el 30 de septiembre de 2009 son nulas.

24. Que el Congreso del estado, al realizar la aprobación del nombramiento, no envió al entonces gobernador la resolución firmada por la Mesa Directiva, a fin de que fuese publicado en el periódico oficial El Estado de Colima. Esta situación puede ratificarse al no existir ningún acuse de recibo sobre tal envío, por lo que dicha omisión es contraria a los preceptos de los numerales 177 y 182 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado.

25. Que resulta evidente que el proceso de nombramiento de magistrados propietarios estuvo plagado de irregularidades y claras violaciones a la legislación local, particularmente a la ley fundamental, así como a nuestra Carta Magna, las cuales invalidan los acuerdos tomados.

26. Que ante tales violaciones a la ley, el honorable Congreso del estado, en su LVI Legislatura, recibió un escrito de fecha cinco de enero de dos mil diez, con copia remitida al diputado Raymundo González Saldaña, mediante el cual se hizo una exposición sucinta y bien estructurada de los hechos controvertidos, poniendo de manifiesto la ilegalidad que dio pauta a la designación de los magistrados propietarios señalados en puntos anteriores, haciendo especial énfasis en el caso del ciudadano Miguel García de la Mora, solicitando asimismo, que no le sea tomada protesta para asumir el cargo conferido, por no cubrir con los ordenamientos legales, como ya ha quedado mencionado.

27. Que en el escrito referido en el punto anterior, se pidió de igual forma ser revisado “el procedimiento de aprobación de la Iniciativa del Acuerdo” en la que se confirmó el nombramiento de los magistrados propietarios; además de requerirse la declaración de nulidad o descalificación de todo el proceso, por ser éste infundado y carente de sustento legal y jurídico.

28. Que en razón de todos los puntos anteriores, es fundamental que el actual gobernador, ciudadano Mario Anguiano Moreno, en unión del Congreso del estado y el Poder Judicial, actúen a la mayor brevedad posible, para subsanar este conjunto de irregularidades que únicamente denotan violaciones al Estado de derecho y al principio de certeza jurídica.

29. Que debe prevenirse que la impartición de justicia sea susceptible de falta de legitimidad, misma que en el caso concreto expuesto en puntos anteriores, podría hacerse latente con la interposición, por parte de los ciudadanos, de juicios de amparo contra las resoluciones emitidas por los magistrados en cuestión, toda vez que la designación de éstos fue violatoria de la legalidad.

30 Que el estado de Colima requiere aplicar de manera rigorista, los principios de constitucionalidad, certeza jurídica y legitimidad, para que la sociedad colimense pueda dirimir sus conflictos ante el Supremo Tribunal de Justicia, con la seguridad de que sus funcionarios cumplen con todos los requisitos que el cuerpo legal estatal establece.”

Con lo anterior, la proponente formula los siguientes

“Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Colima a realizar la revisión, en sus archivos, de las actuaciones llevadas a cabo por el entonces gobernador del estado, ciudadano Jesús Silverio Cavazos Ceballos, por conducto de la Secretaría de Gobierno, a fin de proporcionar los suficientes elementos que permitan proceder a corregir las irregularidades legales originadas en la designación de magistrados propietarios, llevada a cabo el 30 de septiembre de 2009.

Segundo.Se exhorta respetuosamente al Congreso de Colima a realizar un minucioso estudio y revisión de los procedimientos llevados a cabo el 30 de septiembre de 2009, relativo al análisis y confirmación del nombramiento de magistrados propietarios, presentada por parte del Poder Ejecutivo local, para que se proceda a la brevedad a reponer el proceso conforme a los preceptos legales correspondientes.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al Supremo Tribunal de Justicia de Colima a coadyuvar con los Poderes Ejecutivo y Legislativo locales en la minuciosa revisión, estudio y aprobación que conduzcan a una reposición del proceso de nombramiento y confirmación de los magistrados propietarios designados el 30 de septiembre de 2009, o en su caso, y por conducto del magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Colima, interponga una controversia constitucional en contra de los nombramiento de los mencionados magistrados propietarios, realizada por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo locales en los actos llevados a cabo el 30 de septiembre de 2009; controversia sustentada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la ley fundamental.”

III. Consideraciones

La comisión dictaminadora toma en cuenta que, en el caso, se trata de un asunto de la jurisdicción y competencia del gobierno de Colima, y el Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras o de la Comisión Permanente, se ha manifestado siempre respetuoso de los principios y normas que rigen el federalismo que impera en nuestro sistema jurídico y político nacional. En este sentido, el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:

“Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”

La comisión dictaminadora considera que es muy claro el reconocimiento que hace la proponente en el sentido de exhortar al gobernador del estado, al Congreso local y al Supremo Tribunal de Justicia del estado a revisar el procedimiento a efecto de “corregir las irregularidades legales originadas en la designación de magistrados del tribunal estatal”.

Consecuentemente, esta comisión reconoce que lo procedente es remitir copia del presente expediente al gobernador de Colima, al Congreso del estado de Colima y al Supremo Tribunal de Justicia de Colima, para su conocimiento y efectos, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Por lo expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Remítase copia del presente expediente al gobernador constitucional, al Congreso y al Supremo Tribunal de Justicia del estado de Colima para su conocimiento y efectos, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, enero de 2010.

La Primera Comisión:Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), diputado Javier Corral Jurado, senador Jesús Garibay García (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, senador José González Morfín, senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica de la senadora Emma Lucía Larios Gaxiola), senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica en contra), diputado Adán Augusto López Hernández (rúbrica), senador Arturo Escobar y Vega, diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado ningún legislador se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto. Continúe la Secretaría.

VOLUMEN II

ESTADO DE MEXICO

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la Asociación Civil Lomas del Parque Tultitlán, Estado de México

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobernador del estado de México a impedir el despojo de tierras propiedad de la Asociación Civil Lomas del Parque, de Tultitlán, suscrita por los diputados Pedro Vázquez González y Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;

II. En el capítulo “Contenido” se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio;

III. En el capítulo “Consideraciones” la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar la proposición en análisis.

I. Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 20 de enero de 2010, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

II. Contenido

En el presente caso, los integrantes de la comisión dictaminadora consideraron reproducir literalmente el contenido de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, por las razones que más adelante se expresan:

“Los integrantes de la Unión de Colonos, Inquilinos, Solicitantes de Vivienda y Comerciantes Lomas del Parque, AC, adquirieron en propiedad el 25 de enero de 1995 un predio de 27.08 hectáreas, debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, con la escritura pública número 261855, situado en San Francisco Chilpan, en Tultitlán, México, compra que derivó del decreto expropiatorio federal pronunciado el 27 de julio de 1960 y publicado en el Diario Oficial el 2 de agosto del mismo año.

La negociación de compraventa se llevó a cabo con la comparecencia del Instituto de Acción Urbana e Integración Social y el Banco del Centro, SA, y con el crédito señalado con el folio 2314 otorgado por el Fondo Nacional de Habitaciones Populares, para la edificación de mil 653 viviendas, destinadas a personas de bajos recursos económicos.

A partir de 2002, el predio en cuestión ha sido objeto de venta ilegal por fraccionadores clandestinos que se dicen ser ejidatarios. Hasta la fecha, en aproximadamente 17.08 hectáreas de terreno hay más de mil asentamientos irregulares. Debido a lo anterior, la asociación Lomas del Parque ha interpuesto diferentes denuncias penales; a saber: la TUL/MEBI/05/02, consignada en el Juzgado Tercero de lo Penal, con la causa número 202/ 022; la PRE/FE/070/03, consignada en el Juzgado Tercero de lo Penal, con la causa 186/03; la PRE/FE/075/ 03, consignada al Juzgado Segundo de lo Penal, con la causa penal 16/04; y la LER/078/2004, consignada al Juez Cuarto de lo Penal, con la causa 6904. Todas éstas, en Cuautitlán, México, quedando bajo resguardo de Desarrollo Urbano del gobierno del estado de México.

En diciembre de 2007, los presuntos ejidatarios, representados por el señor José María Fuentes y familia, interpusieron un amparo administrativo, ante el Juzgado Primero de Distrito en Naucalpan de Juárez, México, con el número de expediente 1166/07, cuyo titular actual es el licenciado Guillermo Núñez Loyo.

Es importante aclarar que, en su momento, los supuestos ejidatarios interpusieron amparos, que fueron sobreseídos por declararlos improcedentes, pues en los considerandos de la resolución judicial se expone que el gobierno estatal pagó la indemnización que corresponde al núcleo ejidal por la expropiación. Asimismo, los quejosos no realizaron en tiempo y forma recurso alguno durante el periodo establecido en la ley a la expropiación ante el Fonafe.

Al día de hoy, y a pesar de que la compra del terreno destinado a la construcción de vivienda popular se realizó con todas las formalidades legales, de que se indemnizó en su momento a los ejidatarios anteriores propietarios de los predios y de que los juicios de amparo interpuestos por los quejosos han sido sobreseídos, además de que quedan acreditados de manera fehaciente el despojo y el fraude denunciado en diversas ocasiones ante autoridades de los Poderes Ejecutivo y Judicial en el estado de México, lo cierto es que nada se ha hecho para impedir ni mucho menos revertir la tremenda injusticia que se comete contra quienes legalmente adquirieron los terrenos, la Unión de Colonos, Inquilinos, Solicitantes de Vivienda y Comerciantes Lomas del Parque, AC.”

Por lo que formulan el siguiente:

“Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobernador constitucional del estado de México, Lic. Enrique Peña Nieto, a que intervenga a efecto de impedir que se continúe el despojo de tierras de que son víctimas los integrantes de la Asociación Civil Lomas del Parque, del municipio de Tultitlán, Estado de México.

III. Consideraciones

II. El Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras o de la Comisión Permanente, se ha manifestado siempre respetuoso de los principios y normas que rigen el federalismo que impera en nuestro sistema jurídico y político nacional.  En este sentido, el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

“Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”

En el caso, como lo reconocen expresamente los autores de la Proposición que se dictamina, se trata de un asunto de la competencia directa del gobierno del Estado de México y del Municipio de Tultitlán, por lo que esta Comisión Dictaminadora estima prudente que se exhorte al C. Gobernador Constitucional del Estado de México, a fin de que intervenga en la solución del conflicto relativo a la Asociación Civil Lomas del Parque, del municipio de Tultitlán, Estado de México.

Por lo expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta respetuosamente, al ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de México, a fin de que intervenga en la solución del conflicto relativo a la Asociación Civil Lomas del Parque, del municipio de Tultitlán, Estado de México.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2010.

La Primera Comisión:Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica en contra), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica en contra), diputado Javier Corral Jurado, senador Jesús Garibay García (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica en contra), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, senador José González Morfín, senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica de la senadora Emma Lucía Larios Gaxiola), senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), diputado Adán Augusto López Hernández (rúbrica), senador Arturo Escobar y Vega, diputado Pedro Vázquez González (rúbrica p.a.), senador Luis Maldonado Venegas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado ningún legislador se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

SEGURIDAD PUBLICA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Héctor Guevara Ramírez, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de su colaboración entre los poderes, emite un pronunciamiento en apoyo al fortalecimiento de la seguridad pública en México, suscrito por integrantes de la Primera Comisión de Trabajo.

El diputado Héctor Guevara Ramírez: Los suscritos legisladores integrantes de la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Comisión Permanente, del primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo por el que esta soberanía hace un pronunciamiento de apoyo al fortalecimiento de la seguridad pública en México, al tenor de los siguientes antecedentes:

El pasado 21 de enero de 2010, el secretario de Seguridad Pública compareció ante la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– a efecto de informar el estado que guarda la seguridad pública en México.

Derivado de la anterior comparecencia, el secretario de Seguridad Pública dio a conocer los resultados de la Policía Federal, así como los índices delictivos por habitante, fuero, tipo de delito y víctimas. Asimismo el secretario de Seguridad Pública solicitó un mayor presupuesto para dignificar los salarios de los elementos de seguridad.

En relación a su exposición, los legisladores integrantes de esta Comisión observamos que la representación nacional no debe ser ajena ni indiferente a lo que ocurre. No podemos esperar que las cosas se resuelvan por sí solas o sólo limitarnos a gestionar la crisis. Por responsabilidad política, compromiso republicano y sobre todo, por amor a México, no podemos ser ajenos a los esfuerzos que, desde las Fuerzas Armadas y policiales, se realizan para pacificar las zonas convulsas, todo, sin distinción de color político debemos apoyar este esfuerzo y complementarlo.

Ese escenario que se planteó en esta comparecencia está afectando la gobernabilidad al reducir los márgenes de consenso del Estado. Al ascender el reclamo social, la protesta y el malestar que afecta a las instituciones y a la población en general.

Se señaló que nada es más peligroso que el crecimiento del desapego y rechazo de los ciudadanos a las instituciones y a las políticas públicas referidas al orden, la seguridad y el imperio de la ley. Se estableció que no basta la voluntad política o burocrática, sino que es necesaria la eficacia en las acciones de una visión integral en esta coyuntura crítica.

En razón de lo anterior los legisladores integrantes de la Primera Comisión consideraron que esta soberanía debería hacer un pronunciamiento de apoyo al fortalecimiento de la seguridad pública en México, y en tal entorno se realicen todas las acciones correspondientes para promover la importancia que la política de seguridad pública tiene en la vida, cultura y bienestar diario de millones de mexicanos al generar conocimiento fundamental sobre la materia de seguridad pública y propiciar el desarrollo jurídico, dando soporte al crecimiento económico de la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración el siguiente punto de acuerdo.

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, emite un pronunciamiento de apoyo al fortalecimiento de la seguridad pública en México.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que en el ámbito de colaboración entre los poderes y en cumplimiento del pacto federal, gire sus instrucciones al secretario de Seguridad Pública federal, a efecto de que:

1. Mantenga comunicación abierta e intercambio de información, a fin de hacer un seguimiento puntual a los resultados de la política de seguridad pública, y;

2. Impulse mecanismos de deliberación política y formación de consensos en el Congreso de la Unión, a fin de perfeccionar propuestas legislativas encaminadas a atender las cuestiones urgentes y de largo plazo en materia de seguridad pública, para construir una auténtica política de Estado.

Se solicita que la presente proposición con punto de acuerdo se tramite de urgente resolución con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Firman los integrantes de la comisión que en el documento se señala.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que esta soberanía hace un pronunciamiento de apoyo al fortalecimiento de la seguridad pública en México, a cargo de los integrantes de la Primera Comisión: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del Primer Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura.

Los suscritos legisladores integrantes de la Primera Comisión Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea una proposición con punto de acuerdo, por el que esta soberanía hace un pronunciamiento de apoyo al fortalecimiento de la seguridad pública en México, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El pasado 21 de enero de 2010, el Secretario de Seguridad Pública, compareció ante la Primera Comisión: Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia, a efecto de informar el estado que guarda la seguridad pública en México.

Derivado de la anterior comparecencia, el Secretario de Seguridad Pública, dio a conocer los resultados de la policía federal, así como los índices delictivos: por habitantes, fuero, tipo de delito y víctimas. Asimismo, el Secretario de Seguridad Pública, solicitó un mayor presupuesto para dignificar los salarios de los elementos de seguridad.

En razón de lo anterior, los legisladores integrantes de la Primera Comisión, consideraron que esta soberanía, debía hacer un pronunciamiento de apoyo al fortalecimiento de la seguridad pública en México y, en tal entorno se realicen todas las acciones correspondientes para promover la importancia que la política de seguridad pública tiene en la vida, cultura y bienestar diario de millones de mexicanos, al generar conocimiento fundamental sobre la materia de seguridad pública y propiciar el desarrollo jurídico, dando soporte al crecimiento económico de la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometamos a la consideración el presente

Punto de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el ámbito de colaboración entre los poderes, emite un pronunciamiento de apoyo al fortalecimiento de la seguridad pública en México.

Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, a que en el ámbito de colaboración entre los poderes y en cumplimiento del pacto federal, gire sus instrucciones al Secretario de Seguridad Pública Federal, a efecto de que:

1. Mantenga comunicación abierta e intercambio de información a fin de hacer un seguimiento puntual a los resultados de la política de seguridad pública; e

2. Impulse mecanismos de deliberación político y formación de consensos en el Congreso de la Unión a fin de perfeccionar propuestas legislativas encaminadas a atender las cuestiones urgentes y de largo plazo en materia de seguridad pública para construir una auténtica política de estado.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2010.

La Primera Comisión:Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica en contra), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), diputado Javier Corral Jurado, senador Jesús Garibay García (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, senador José González Morfín (rúbrica), senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica de la senadora Emma Lucía Larios Gaxiola), senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), diputado Adán Augusto López Hernández (rúbrica), senador Arturo Escobar y Vega, diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición.

Al no haberse inscrito ningún legislador se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

Continuamos con la discusión de los puntos de acuerdo. Continúe la Secretaría.

COPA DE FUTBOL EN SUDAFRICA

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a tomar en cuenta dentro de sus facultades a la selección de deportistas con capacidades diferentes para asistir a la copa de futbol rumbo a Sudáfrica

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a efecto de que dentro de sus facultades se tome en cuenta a la selección de deportistas con capacidades diferentes para asistir a la copa de futbol soccer rumbo a Sudáfrica.

Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y de más aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que suscriben someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen de conformidad con los siguientes

Antecedentes

I. El 20 de enero de 2010, el diputado David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte  (Conade) a efecto de que dentro de sus facultades se tome en cuenta a la selección de deportistas con capacidades diferentes para asistir a la copa de futbol soccer rumbo a Sudáfrica.

II. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que dicha solicitud de punto de acuerdo se turnara, para su estudio y dictamen correspondiente, a la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

I. El autor de la proposición afirma que la selección nacional de personas con discapacidad de México, desde 1988, con sede en Inglaterra, inició su participación en las copas del mundo de esta especialidad, obteniendo el octavo lugar en Inglaterra 1998; octavo lugar en Japón y décimo lugar de Alemania 2006. Posicionándose dentro de su rubro como una de las diez mejores selecciones del mundo.

El promedio de edad de los deportistas es de 16 a 32 años. Los integrantes de la selección nacional la conforman deportistas de Sonora, Jalisco, Michoacán, estado de México, Veracruz, Nuevo León, Puebla, Baja California y Colima.

El cuerpo técnico de la selección está integrado por director técnico; director de elegibilidad; auxiliar técnico; preparador físico; masajista; psicólogo y árbitro. La selección nacional está integrada por 11 deportistas titulares y 7 suplentes.

Dentro del marco de la copa del mundo se llevan a cabo las reuniones técnicas de carácter mundial de normatividad y elegibilidad del deporte para las personas con discapacidad intelectual, donde se abordan temáticas de integración social, de igualdad y oportunidad en los programas de deporte sobre todo para la región de América a la cual pertenecemos y este movimiento es apoyado por la organización internacional más importante de Inas-Fid (Federación Internacional de los Deportes para Personas con Lesión Cerebral).

Siendo necesaria la participación del director técnico de la Federación Mexicana, Juan Navarrete Buenrostro, así como del presidente Miguel Ángel García Meza, con el objetivo de compartir líneas de trabajo con dirigentes de otros países y formular estrategias con programas que permiten el fomento y el desarrollo en los deportes especiales.

Para poder asistir a la copa de futbol soccer rumbo a Sudáfrica, la selección nacional tendrá que someterse a un proceso de eliminación en la que participan los países integrantes de la región americana como Argentina, Guatemala, Colombia, Venezuela, Uruguay, Chile, Brasil y México. Dicho encuentro se realizará del 13 al 19 de abril del presente año y tendrá como sede la ciudad de Sao Paolo, Brasil.

En este sistema de competencia se distribuyen dos plazas para poder asistir a la copa del mundo rumbo a Sudáfrica, las cuales se otorgarán a los equipos que logren obtener el primero y el segundo lugar de esta región.

Las necesidades de participación en la fase selectiva de la región de América Inas-Fid rumbo a la copa del mundo de futbol soccer Sudáfrica 2010 son las siguientes:

– 25 boletos de avión viaje redondo México-Sao Paolo Brasil a un costo de 18 mil pesos por persona, haciendo un total de 450 mil pesos.

– La alimentación, hospedaje y transportación local la otorga el comité organizador de los juegos de forma gratuita.

Cabe mencionar que el cierre de la inscripción para asistir a la copa del mundo se debe realizar antes del 20 de abril ante el comité organizador.

Por su parte las necesidades para poder asistir a la copa del mundo Sudáfrica 2010 consisten en lo siguiente:

–  25 boletos de avión viaje redondo México-Sudáfrica a un costo aproximado de 24 mil pesos por persona, haciendo un total de 600 mil pesos.

– 25 hospedajes y alimentación a un costo aproximado de 16 mil pesos por persona, haciendo un total de 400 mil pesos.

Dando un total aproximado de 1 millón de pesos.

Es de suma importancia apoyar a todas las personas con discapacidad de nuestro país, ya que éstos se esfuerzan día a día para obtener mejores resultados de los alcanzados en años anteriores.

Por lo anterior, la proposición concluye con el siguiente punto resolutivo:

Único. Se exhorta al director general de la Comisión Nacional del Deporte a efecto de que dentro de sus facultades se tome en cuenta a la selección de deportistas con capacidades diferentes para asistir a la copa de futbol soccer rumbo a Sudáfrica.

II. Las personas con discapacidad a lo largo de los años y en base a un trabajo constante y disciplinado han logrado conseguir en el deporte adaptado y paralímpico, una fuente de satisfacción ante su labor, demostrando que los impedimentos más graves para los seres humanos son la discriminación, la intolerancia y el irrespeto de los derechos humanos.

Nuestro país ha mantenido una participación regular, ante las exigencias de deportistas con capacidades diferentes; siendo pocos los programas gubernamentales que apoyan al deporte adaptado y paralímpico, en proporción a los enfocados para deportistas en plenas condiciones físicas y mentales.

Por tal motivo, el pasado 23 de enero de 2009 el titular del Poder Ejecutivo federal reconoció que aún falta mucho por hacer en materia de cultura física y promoción al deporte, presentando la Estrategia Nacional de Cultura Física y Deporte, que en “esencia buscará convertir al deporte en un eje del desarrollo social y humano de México”.

Destaca entre las líneas de acción de dicha estrategia, el ofrecer a los atletas con discapacidad una mayor cantidad de apoyos económicos para que estos sigan dedicándose al deporte, así como el construir instalaciones adecuadas a sus necesidades.

El proponente desarrolla en sus consideraciones que es necesario el apoyo a la selección nacional de futbol soccer –integrada por personas con capacidades diferentes– para que ésta acuda tanto a la competencia de eliminatoria en la ciudad de Sao Paolo, Brasil, como a la Copa de Mundo en Sudáfrica; por lo que esta dictaminadora estima conveniente realizar el exhorto solicitado, una vez confirmada la obligación que tiene la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para conocer de las necesidades de los deportistas.

Sin embargo, por  la importancia que guarda el tema se debería emitir  un llamado de carácter general a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que se apoye a todo el sector de deportistas paralímpicos y no sólo al promovente.

En este sentido, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, manteniendo una coordinación constante con la Federación Mexicana de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral, determinará si la ayuda económica solicitada puede proporcionarse a dicha selección deportiva, evaluando la importancia que tiene para nuestro país el asistir a las competencias en comento.

La Conade no debe olvidar la insuficiente promoción y participación de las autoridades gubernamentales para con el deporte, situación por demás lamentable si sumamos que las personas con capacidades diferentes además tiene que enfrentarse con obstáculos sociales como la marginación, discriminación y desvalorización.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a efecto de que en uso de sus facultades se apoye a la selección nacional de personas con discapacidad para que ésta pueda asistir a la copa de futbol soccer rumbo a Sudáfrica.

Sala de comisiones, salón D del edificio G de la Cámara de Diputados, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 26 días del mes de enero de 2010.

La Segunda Comisión:Senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), presidente; senador Jorge Andrés Ocejo Moreno, diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), secretarios; senador José Guadarrama Márquez, senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz, diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica), senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, senadora Martha Leticia Sosa Govea, diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), diputado Juan José Guerra Abud, diputado Pedro Vázquez González (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está a discusión el punto de acuerdo. Al no haberse registrado legislador alguno se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto. Continúe la Secretaría.

MIGUEL ANGEL JIMENEZ GODINEZ

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Dictamen de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se formula un extrañamiento respecto al nombramiento del ciudadano Miguel Ángel Jiménez Godínez como ministro consejero de la Embajada de México en Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se realiza un extrañamiento respecto del nombramiento del Miguel Ángel Jiménez Godínez, como ministro consejero de la Embajada de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y de más aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

I. El 20 de enero de 2010, la senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo por el que se realiza un extrañamiento respecto del nombramiento de Miguel Ángel Jiménez Godínez, como ministro consejero de la Embajada de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

II. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha solicitud de punto de acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

I. La autora de la proposición, en síntesis, justifica el punto de acuerdo cuya emisión solicita al pleno de esta soberanía en los siguientes argumentos:

• Que el pasado 15 de abril de 2009, la suscrita senadora y otros legisladores, presentaron un punto de acuerdo relacionado con el intento de soborno que realizó Miguel Ángel Jiménez Godínez, en su carácter de director general de la Lotería Nacional (Lotenal) al Grupo Megamedia, para favorecer a los candidatos del Partido Acción Nacional en el estado de Campeche.

• Que en dicho documento se solicitó entre otras cosas, la realización de un proceso de investigación por la presunta comisión de delitos electorales y el desvío de recursos públicos de la Lotenal y de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Campeche, para apoyar las campañas electorales de los entonces candidatos para gobernador, alcalde y diputados federales del PAN.

• Que en la comparecencia que realizó ante la Cámara de Diputados explicó que había pedido prestada a la oficina de Carlos Mouriño Terrazo, toda vez que la Lotenal carecía de una oficina propia en la ciudad, cuando lo lógico hubiera sido llevar a cabo la negociación directamente en las oficinas del citado grupo, si realmente se trataba de una cuestión estrictamente comercial exclusivamente entre la dependencia y el periódico.

• Que en junio de 2009, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), decretó el no ejercicio de la acción penal en contra de Miguel Ángel Jiménez Godínez, por no haber encontrado elementos suficientes.

• Que el Instituto Federal Electoral manifestó que si bien en la especie existen indicios para advertir la actualización de un caso de desvío de recursos por parte de un funcionario gubernamental, el IFE no era la autoridad competente para imponer la sanción.

• Que la Secretaría de la Función Pública argumentó que aunque el ofrecimiento hubiese sido real, el hecho no se materializó. Entonces –para nosotros– la tentativa no es responsabilidad. No hubo siquiera un contacto entre la Lotenal y el medio, entonces no se puede hacer más, salvo (si hubiera) una grabación, un papel o hechos. Cabe decir que es falsa esta aseveración, toda vez que Miguel Ángel Jiménez Godínez reconoció públicamente los encuentros sostenidos.

• Que independientemente de lo resuelto por las autoridades, es innegable que nos encontramos ante la presencia de un hecho notorio, que si bien es cierto que el contenido está sujeto a prueba, no podemos negar que la conducta fue ampliamente conocida por la sociedad y que trascendió nuestras fronteras a través de los medios de comunicación, que durante cierto tiempo generó una sensación de veracidad.

• Que esta situación viene a incrementar, todavía más, la desconfianza que la sociedad mexicana tiene respecto a sus funcionarios e instituciones públicas, impidiendo el crecimiento y fortalecimiento de la democracia.

• Que si bien es cierto que legalmente no existía impedimento para que el funcionario ocupara otro cargo en la administración pública, la situación en la que participó el ex director de la Lotenal dejó una mala impresión en la sociedad.

• Que es incongruente que una persona que estuvo sujeto a un proceso de investigación por una supuesta desviación de recursos públicos, cuya inocencia o culpabilidad no quedo claramente comprobada, pues los argumentos realizados por las autoridades son insuficientes, haya sido nombrado Ministro Consejero de la Embajada de México en el Reino Unido.

• Que la imagen que esta mostrando nuestro país al exterior se ha venido deteriorando en los últimos años y este tipo de decisiones en nada nos favorecen para redimir nuestra imagen, además el desempeño de este tipo de puestos requieren de una especialización en la materia para obtener resultados que beneficien al pueblo de México.

• Que la presente proposición tiene como propósito que se reconsidere dicho nombramiento, al tiempo de exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que realice los nombramientos de los colaboradores en las representaciones diplomáticas de nuestro país en el exterior, de conformidad con lo establecido por la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su Reglamento.

Por lo anterior, la proposición concluye con el siguiente punto resolutivo:

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, manifiesta un extrañamiento respecto del nombramiento de Miguel Ángel Jiménez Godínez como ministro consejero de la Embajada de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte; y se solicita respetuosamente reconsiderar el mismo.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que realice los nombramientos de los colaboradores en las representaciones diplomáticas de nuestro país en el exterior, de conformidad con lo establecido por la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su Reglamento.

II. Esta dictaminadora comparte con el autor de la proposición, en la intención de exhortar a la Secretaría de Relaciones para que los nombramientos del personal diplomático de nuestro país, se apeguen estrictamente a lo establecido en la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su Reglamento, ya que México además de velar por un estado de la legalidad en el que se cumpla con lo dispuesto en sus propias leyes, debe brindar una buena imagen ante la comunidad internacional, así como, en manifestar un extrañamiento por la designación de Miguel Ángel Jiménez Godínez como ministro consejero de la Embajada de México en Reino Unido.

El Servicio Exterior Mexicano es el cuerpo permanente de funcionarios del Estado, encargado de representarlo en el extranjero y responsable de ejecutar la política exterior de México, por lo que se debe procurarse que el personal diplomático que represente a nuestro país en el extranjero cuente con los conocimientos y la experiencia necesaria para el cargo.

Es así, que el artículo 28 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano establece que para el ingreso como funcionario de carrera a la rama diplomático consular se realizará por oposición, mediante concursos anuales que serán organizados en etapas eliminatorias, completando un examen de cultura general orientado a las relaciones internacionales, un examen de español, un examen para comprobar el dominio del idioma inglés y la capacidad para traducir alguno de los otros idiomas oficiales de la ONU, así como cumplir con un periodo de experiencia práctica en la Secretaría de Relaciones Exteriores cuya duración no excederá de seis meses, entre otros requerimientos.

Asimismo, el artículo 32 de la citada ley establece que los candidatos a ingresar a la rama diplomático-consular deberán –entre otras solicitudes– tener pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y tener buenos antecedentes.

Respecto al ingreso como consejero se requiere una antigüedad mínima de ocho años, un máximo de edad de 41 años y satisfacer el contenido de las fracciones II, III, V y VI del artículo 28. Asimismo, se deberá participar en el concurso de ascenso para optar por el rango de Consejero y obtener una de las plazas sujetas a concurso.

Cabe decir que esta representación soberana no tiene la autoridad para juzgar a Miguel Ángel Jiménez Godínez por las presuntas acusaciones en su contra por desvío de recursos públicos y diversos delitos electorales; tampoco puede intervenir en las resoluciones que al efecto pronunciaron la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y la Secretaría de la Función Pública exonerando de toda responsabilidad al funcionario en comento.

Además esta dictaminadora no puede argumentar que la designación del nuevo ministro consejero en la Embajada de México en Reino Unido debe reconsiderarse por una supuesta mala impresión del funcionario en la sociedad, ya que si bien estuvo sujeto a diversas investigaciones, éstas no encontraron elementos suficientes para inculparlo, siendo por tanto inocente de los cargos denunciados.

Esta soberanía siempre ha sido respetuosa de los derechos y principios instaurados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que reprueba cualquier acto de discriminación o menoscabo en el respeto a los derechos humanos de los individuos, en virtud de que no puede estigmatizar a ningún individuo por haberse encontrado sujeto a procedimientos de responsabilidad, sin embargo, es deber de ésta el manifestar y exhortar tanto al titular del Poder Ejecutivo federal como a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se reconsidere el nombramiento de dicho funcionario por estimarse que éste no cuenta con el perfil necesario para cubrir el cargo.

Se dice lo anterior, porque de la currícula de Miguel Ángel Jiménez Godínez no se obtiene ningún antecedente de que éste cuente con experiencia en la materia internacional y diplomática, que sin lugar a dudas será el marco de referencia de su nuevo encargo público. Debe quedar claro que en ningún momento se desestima el conocimiento y habilidades del funcionario, sino que sólo se busca que los representantes de México en el extranjero se encuentren capacitados para su encomienda.

En el mismo sentido debería pronunciarse un exhorto para que las autoridades apoyen al personal de carrera, quienes seguramente a lo largo de los años han desarrollado vastos conocimientos en la materia y experiencias que alimenten las encomiendas que tanto se requieren en el servicio exterior de México.

Por lo expuesto, se someten a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión manifiesta un extrañamiento a la Secretaría de Relaciones Exteriores, respecto al nombramiento de Miguel Ángel Jiménez Godínez como ministro consejero de la Embajada de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte; y se solicita respetuosamente reconsiderarlo.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, para que los nombramientos de colaboradores en las representaciones diplomáticas de nuestro país en el exterior, se realicen de conformidad con lo establecido en la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su Reglamento.

Sala de comisiones, salón D del edificio G de la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 26 días del mes de enero de 2010.

La Segunda Comisión:Senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), presidente; senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), secretarios; senador José Guadarrama Márquez, senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz, diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica), senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, senadora Martha Leticia Sosa Govea, diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, diputado Óscar Martín Arce Paniagua, diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), diputado Pedro Vázquez González (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Solicita la palabra el señor diputado Gil.

El diputado Roberto Gil Zuarth (desde la curul): Gracias, presidente. Para pedirle atentamente que se someta a votación en lo particular esta propuesta y no se acumule con el resto de los dictámenes que estamos conociendo en esta Comisión Permanente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita el señor diputado, primeramente ponemos a discusión el punto de acuerdo.

Al no haber inscrito orador alguno, se declara suficientemente discutido y se reserva para su votación en lo particular este dictamen. Continúe la Secretaría.

EDUCACION BASICA

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Dictamen de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo a fin de solicitar al secretario de Educación Pública que posponga la publicación de los lineamientos generales para el expendio de alimentos y bebidas en las tiendas o cooperativas escolares de los planteles de educación básica

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular de la Secretaría de Educación Pública posponga la publicación de los Lineamientos Generales para el Expendio de Alimentos y Bebidas en las Tiendas o Cooperativas Escolares de los Planteles de Educación Básica.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y de más aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

I. El pasado 20 de enero de 2010, la diputada Mary Telma Guajardo Villareal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular de la Secretaría de Educación Pública posponga la publicación de los Lineamientos Generales para el Expendio de Alimentos y Bebidas en las Tiendas o Cooperativas Escolares de los Planteles de Educación Básica.

II. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso en tal fecha que dichas solicitudes de punto de acuerdo se turnaran para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

I. En la actualidad, México continúa ocupando el primer lugar mundial en obesidad y sobrepeso infantil, dado que el 51.7 por ciento de la población entre 5 y 11 años de edad padece ese problema de salud en todo el territorio nacional.

Además, los estudios realizados por la Secretaría de Salud registran un incremento en la prevalencia del exceso de peso en la población del país, aunque destacan de manera importante el aumento generalizado en la población escolar en ese rango de edades.

En consecuencia, para la Secretaría de Salud la obesidad y el sobrepeso se encuentra entre los problemas de salud pública más importantes y alarmantes, con repercusiones económicas para el sector salud, tal como lo ha reconocido el titular de esa dependencia, José Ángel Córdova Villalobos. En diversos momentos, el funcionario ha advertido que la diabetes mellitus, junto con el sobrepeso y la obesidad consumen una tercer parte de las instituciones de salud, lo cual puede incluso poner en riesgo su viabilidad.

El problema llega a grados extremos, pues Córdova Villalobos consideró incluso que la diabetes es más letal que la influenza. Es decir, si la diabetes tiene como una de sus principales causas la obesidad y el sobrepeso, pues estamos ante un asunto de la mayor importancia para el país.

Otros estudios han documentado que el alarmante porcentaje de la población, de todos los sectores sociales, con obesidad y sobrepeso se debe al consumo irracional y generalizado de productos con un alto valor en calorías y carbohidratos, entre ellos los conocidos como comida “chatarra” con una amplia gama de mercancías, como frituras, golosinas, toda clase de repostería (desde galletas y pastelitos) y refrescos, entre otros muchos productos.

Como resulta obvio, la población infantil es la mayor consumidora de esos productos y los escolares prácticamente son compradores cautivos dentro de los planteles educativos, pues desafortunadamente en las cooperativas escolares se expenden gran variedad de productos chatarra. En consecuencia, se puede establecer, sin lugar a duda, que exista una correlación directa entre la obesidad infantil con el consumo de ese tipo de productos.

Ahora bien, en días pasados información publicada en el periódico Reforma señala que los nuevos “Lineamientos Generales para el expendió de alimentos y bebidas en las tiendas o cooperativas escolares de los planteles de educación básica”, autorizan la venta de los productos chatarra en los planteles escolares del país. Cabe mencionar, que los lineamientos fueron elaborados por la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de la Educación Pública.

En descargo de esta equívoca decisión, de acuerdo con el rotativo, en los citados lineamientos las autoridades educativas plantean sugerencia y recomendaciones a los padres de familia, para evitar que sus hijos compren los productos chatarra, Entre otras cosas, por ejemplo,  proponen que no les proporcionen dinero o les envíen un refrigerio con  alimentos saludables. Pero, ¿no es mejor prohibir la venta de los productos chatarras en los planteles educativos? O bien, ¿por qué se autorizan si tienen incidencia en la obesidad infantil?

Además, los nuevos lineamientos para las cooperativas escolares contravienen o violan el propósito inicial educativo de ellas, que es “fomentar en los educandos hábitos de previsión, auxilio mutuo y consumo racional”, tal como lo establece el Acuerdo Secretarial 51, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 1980.

Como resultado de una consulta en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública no se encontraron los nuevos lineamientos, ni tampoco en el Diario Oficial de la Federación, donde deben ser dados a conocer por esa dependencia. Sin embargo, en varios estados del interior del país, como en San Luis Potosí, las autoridades educativas locales los dan como un hecho, pues plantearon que buscarán instrumentar medidas para contrarrestar la autorización  de la venta de productos chatarra.

II. Esta comisión dictaminadora retoma los argumentos expuestos  por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, respecto a la adición de un párrafo al artículo 301 de la Ley General de Salud.

La iniciativa original que tenía por objeto reformar el citado artículo, proponía prohibir el expendio y la publicidad de refrescos o bebidas de aguas carbonatadas o gaseosas, en instituciones de educación preescolar, primaria, secundaria, preparatoria o equivalente, así como en sus inmediaciones, considerando que esta medida haría frente al creciente problema de sobrepeso y obesidad infantil que enfrenta nuestro país.

Sin embargo, bajo estrictas interpretaciones jurídicas que no sólo olvidan la problemática social sino que la niegan, se resolvió en consideración a la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, Servicios Básicos de Salud. Promoción y Educación para la Salud en Materia Alimentaria. Criterios para Brindar Orientación, que ni el concepto de equilibrio energético ni el de dieta correcta hablan de que existan alimentos buenos o malos.

Se dice que no existe un producto que pueda proporcionar por sí mismo todos los nutrimentos esenciales para el buen funcionamiento del organismo, por lo que estos nutrimentos únicamente pueden obtenerse mediante una dieta equilibrada.

Es lamentable que siendo el país con mayor índice de obesidad infantil en el mundo, se niegue la prohibición de vender la variedad de productos chatarra de los planteles de educación básica. Sin mencionar, que tal decisión no se encuentra sustentada por ningún estudio integral que demuestre el impacto que tiene la venta de estos productos en la salud de los escolares.

Como afirma la proponente, en ningún medio de comunicación oficial de la Secretaría de Educación Pública o bien, en el Diario Oficial de la Federación, se encuentran publicados los Lineamientos Generales para el expendio de alimentos y bebidas en las tiendas y cooperativas escolares en los planteles de educación básica, por lo que resulta viable el exhortar al titular de dicha Secretaría para posponer la publicación de los Lineamientos.

Es importante señalar que tales lineamientos permiten la venta de productos chatarra, en virtud de que no existe prohibición legal expresa que así lo determine; la única prescripción negativa a éstos es el permitir que se difunda publicidad de refrescos o bebidas gaseosas, cerca de las instalaciones de educación básica.

Esta comisión dictaminadora comparte la preocupación de la proponente por la salud de los menores, resolviendo atender su propuesta, pero es importante señalar que la emisión de tales disposiciones servirán de apoyo a los padres de familia para prevenir y combatir en su caso, los problemas originados por la venta de productos chatarra.

Asimismo, se propone a las autoridades competentes el discutir sobre la viabilidad de realizar un estudio integral que demuestre los efectos negativos que tiene para la salud, el consumo de productos chatarra.

Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública, Mtro. Alonso Lujambio Irazábal, en tanto no se realice un estudio integral en el que participe la Secretaría de Salud, que evalúe el impacto en la salud de los escolares, por el consumo de dichos productos, posponga la nueva publicación de los “Lineamientos Generales para el Expendio de Alimentos y Bebidas en las Tiendas o Cooperativas Escolares en los Planteles de Educación Básica”.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión estima conveniente que la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, cite a una reunión de trabajo al subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, Fernando González Sánchez, a efecto de que explique por qué en los “Lineamientos Generales para el Expendio de Alimentos y Bebidas en las Tiendas Cooperativas Escolares en los Planteles de Educación Básica” no se prohíbe la venta de productos de bajo valor nutricional.

Nota:

1 Declaraciones del titular de la Secretaría de Salud, publicadas en el periódico La Jornada, el viernes 25 de septiembre de 2009.

Sala de comisiones, salón D del edificio G, de la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 26 días del mes de enero de 2010.

La Segunda Comisión:Senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), presidente; senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), secretarios; senador José Guadarrama Márquez, senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz, diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica), senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, senadora Martha Leticia Sosa Govea, diputado Cesár Augusto Santiago Ramírez, diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), diputado Pedro Vázquez González (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica en conjunto. Continúe la Secretaría.

FUGA DE CEREBROS

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva:«Dictamen de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la fuga de cerebros en México y al pago puntual de becas a estudiantes de instituciones educativas nacionales y en el extranjero

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fueron turnadas proposiciones con punto de acuerdo con relación a la fuga de cerebros en México y al pago puntual del monto de las becas a estudiantes de instituciones educativas nacionales y en el extranjero.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de dichas proposiciones, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que suscriben someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

I. El 5 de enero de 2010, el diputado Silvio Lagos Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo en relación con la fuga de cerebros en México.

II. Con fecha 13 de enero de 2010, la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo por el que se insta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología cumpla con el pago puntual del monto de las becas a los estudiantes de instituciones educativas nacionales y en el extranjero.

III. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión dispuso que las proposiciones con punto de acuerdo antes mencionadas fueran turnadas para su estudio y dictamen a la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.

Por lo expuesto, se emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

I. Los autores de las proposiciones, en síntesis, justifican los puntos de acuerdo cuya emisión solicitan al Pleno de esta soberanía con los siguientes argumentos:

a) Respecto a la propuesta bajo el numeral I del capítulo de antecedentes, se tiene que, de acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, los porcentajes de jóvenes con estudios muestran “la posible descapitalización educativa de México a causa de la migración internacional en la búsqueda de mejores ingresos laborales”.

Que debido a la migración de mexicanos hacia otros países, sobre todo a Estados Unidos, se tiene registro de que hay 811 mil mexicanos residentes en aquel país que cursaron algún ciclo universitario, aunque no terminaron sus estudios, además, 278 mil connacionales establecidos en dicho país tienen un título equivalente a profesional asociado o técnico superior universitario.

Y hay 442 mil residentes con licenciatura y alrededor de 110 mil nacionales con estudios de maestría o doctorado.

Que es de gran importancia reconocer que la educación y el desarrollo científico son la clave del desarrollo, por lo que resulta sumamente grave la descapitalización humana e intelectual que vive México por la llamada “fuga de cerebros”, atizada por las naciones desarrolladas.

Que es oportuno señalar que mientras en Estados Unidos de América existe un investigador por cada 10 mil habitantes, menos del 0.5 por ciento de la población alcanza el nivel de posgrado y muchos de ellos salen del país o no regresan a él.

Que con base en las estadísticas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la mayoría de los estudiantes de posgrado se concentran en el área de ciencias sociales y humanidades, destacando la falta de estudiantes de posgrado en los tópicos de tecnología. Esto puede ser un primer acercamiento a descifrar el rezago tecnológico de México.

Que ante tal situación se considera urgente la realización de políticas públicas que busquen enfrentar el reto de la movilidad calificada o “fuga de cerebros”, y que no sólo se vea como una pérdida definitiva de talentos, sino que busquen campos de oportunidad para México.

Por lo anterior, la proposición concluye con el siguiente punto resolutivo:

Único. Se solicita al secretario de educación del poder ejecutivo federal emita un programa para impulsar políticas más realistas y efectivas de desarrollo, empleo y aprovechamiento del capital humano del país, con visión de estado, en especial de quienes alcanzan niveles universitarios y de postgrado como prioridad nacional.

b) Respecto a la proposición bajo el numeral II del capítulo de antecedentes, se argumenta que en reiteradas ocasiones, becarios nacionales y aquellos estudiantes que se encuentran en el extranjero, han manifestado su inconformidad respecto al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por el retraso en el pago de becas.

Tal retraso, según se afirma, constituye no sólo una irregularidad del Conacyt, sino también es una flagrante violación a la normatividad vigente en materia de becas, en específico al Reglamento de Becas del Programa de Fomento, Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel.

La fracción I del artículo 18 del reglamento establece expresamente la obligación del Conacyt para el pago del monto de las becas en una fecha determinada, la cual queda especificada en los convenios de asignación entre la institución y el becario.

El retraso en el pago de becas obliga a los becarios a sufragar durante ese tiempo todos sus gastos personales –materiales educativos, libros, computadora, impresora, teléfono, servicios básicos cotidianos– y, en algunos casos, los de sus familias.

Se dice que el incumplimiento de Conacyt afecta a cerca de 17 mil becarios tanto nacionales como aquellos que radican en el extranjero.

La situación es preocupante porque de acuerdo a la normatividad vigente se les exige dedicación de tiempo completo para realizar sus estudios de posgrado, y por tanto no pueden trabajar ni tampoco se les permite percibir ingresos adicionales, ya sea por becas o salarios.

En virtud de lo anterior, el proponente formula el siguiente punto resolutivo:

Único. La Comisión Permanente insta al titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Juan Carlos Romero Hicks, a cumplir con el pago puntual de los montos de las becas convenidas con sus becarios, que actualmente realizan estudios en instituciones nacionales y extranjeras, y asimismo adopte las medidas pertinentes para evitar en lo futuro que nuevamente haya un retraso en el pago de becas.

II. Para sustentar el estudio que realizó esta dictaminadora, se acudió a documentos oficiales del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación para cerciorarse que las cifras mencionadas por el proponente con relación a la fuga de cerebros en México, realmente corresponden a datos emitidos por las instituciones gubernamentales del país, encargas de evaluar las políticas e impactos de la educación en la población.

Del Panorama Educativo de México 2007, se tiene que el total de desplazamientos migratorios de mexicanos con destino a Estados Unidos de América para trabajar, buscar trabajo o reunirse con familiares y que no contaban con documentos migratorios, de acuerdo con la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México, fue de 896 709 cruces anuales, de los cuales 55 por ciento, es decir, 429 970 desplazamientos migratorios, fueron de jóvenes entre los 15 y 29 años.

De ello, se tiene que más de la mitad de estos desplazamientos migratorios son de jóvenes que no habían completado la educación básica (60.2 por ciento); el 32.7 por ciento de estos han completado la educación básica y los que cuentan con un nivel de escolaridad de media superior o superior, corresponde al 7.1 por ciento.

Comparando estas cifras con años previos, se puede decir que en general el número promedio de años cursados entre los jóvenes es de 7.7 (promedio entre 2000, 2005 y 2007), valor inferior a los años que se necesitan para cumplir con la educación básica, mostrando que en general la migración de mexicanos indocumentados a Estados Unidos es de baja calificación educativa.

Esta dictaminadora no puede afirmar que las consideraciones expuestas por el proponente, en lo que se refiere a las cifras del grado de escolaridad de residentes mexicanos en Estados Unidos de América, mencionadas como fuente de información de la Subsecretaría de Educación Superior sean de todo precisas; refiriéndonos en adelante a las cifras que proporciona al efecto, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

El Conacyt refiere en el Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología 2008, que en el caso de los estudiantes de posgrado se presenta un grado de concentración según al área de estudios elegida; en 2007 de los 16 mil 211 egresados de especialidad que se distribuyeron por campo del conocimiento, 7 mil 458 corresponden a ciencias de la salud, 6 mil 298 al área de ciencias sociales y administrativas, 1 332 de ingeniería y tecnología, 203 de las áreas de ciencias agropecuarias, 100 de ciencias naturales y exactas y 820 del área de educación y humanidades.

De los 17 mil 796 egresados de especialidad esperados en 2008, las ciencias de la salud contribuirán con 8 mil 678 personas, 6 mil 571 del área de ciencias sociales y administrativas, 1 390 de ingeniería y tecnología, 215 de las ciencias agropecuarias, 102 de ciencias naturales y exactas y 840 de las áreas de educación y humanidades.

Otra información de importancia es la cantidad de recursos humanos educados en ciencia y tecnología en relación al acervo de recursos humanos en ciencia y tecnología capacitado. De ello, el número de personas que a la fecha se presentan sólo como educadas en ciencia y tecnología se ubicó en 7 mil 306 para 2007, mientras que las personas que además están ocupadas en alguna actividad del sector se ubican en la cifra de 3 mil 544.6 para 2007; es decir, 38.3 por ciento del acervo total, contaban con la formación y ocupación en ciencia y tecnología.

Asimismo, nuestro país cuenta con un número realmente bajo de investigadores en comparación a los que reportan Estados Unidos de América (1´334,629), Japón (675,330), Alemania (268,943) y España (92,523). Según el Conacyt, 13 mil 845 investigadores están registrados en el Sistema Nacional de Investigadores, siendo desafortunadamente insuficientes para una nación que tiene más de 103 millones de habitantes; es decir, existen aproximadamente 7 mil habitantes por investigador.

En el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre políticas de innovación en México se dice que la capacitación de recursos humanos en el terreno de la ciencia y la tecnología es claramente insuficiente, por lo que recomienda una reforma que impulse y mejore las condiciones de los investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores.

III. Respecto a la proposición con relación al pago puntual del monto de las becas a estudiantes nacionales y aquellos que se encuentran en el extranjero, es obligación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología según establece la fracción I del artículo 17 del Reglamento de Becas del Conacyt el enviar los recursos relativos a la beca autorizada, en la forma, tiempo y lugar previamente establecidos en la convocatoria correspondiente y en el convenio de asignación suscrito con el becario.

Es totalmente cierto que el Conacyt establece como compromiso a cubrir durante la vigencia de la beca, el dedicarse tiempo completo a las actividades relacionadas con el programa para el que fue otorgada la ayuda, en razón de que el artículo 18 del Reglamento de Becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología lo dispone como obligación adicional al cumplimiento principal de ésta.

Bien afirma la proponente, al manifestar que quizá cuando este punto de acuerdo se haya presentado o turnado a la comisión respectiva, el problema del retraso en el pago de la beca esté subsanado. De ello, se advierte que únicamente puede verificarse información relacionada en prensa; no obstante la importancia social que ha generado, es necesario valorarla y considerarla para una eventual expresión de esta Comisión Permanente.

El pasado 8 de enero del 2010, Miguel Ángel García García, director del Área de Comunicación Social del Conacyt aclaró que el jueves 7 de enero se depósito el monto de las becas que reciben mensualmente los estudiantes de posgrado que realizan sus estudios en el país y el pago de aquellos becarios que se encuentran en el extranjero se efectuó el día 5 de enero.

Además manifestó que esta situación en el retraso de los pagos no es anormal porque el Conacyt cuenta con 5 días hábiles para realizarlo; cabe decir que según el artículo 64 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal son días hábiles todos los del año, menos los sábados y domingos, y aquellos que las leyes declaren festivos, mientras que el artículo 281 del Código Federal de Procedimientos Civiles dispone que serán días hábiles todos los del año, menos los domingos y aquellos que la ley declare festivos.

El artículo 29 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece, por su parte, que serán días de descanso obligatorio los que señale el calendario oficial y el que determinen las leyes federales y locales electorales.

El calendario oficial publicado el pasado 08 de julio de 2009 en el Diario Oficial de la Federación incorpora como días vacacionales los comprendidos del 22 de diciembre de 2009 al 6 de enero de 2010, además los días 2 y 3 de enero de 2010 fueron los primeros días inhábiles del año corriente.

Si bien el Conacyt se encuentra dentro del término legal para el cumplimiento del pago a los becarios nacionales, las afectaciones que estos estudiantes sufrieron lamentablemente nadie las repara. Y en gran medida, el que tengan problemas económicos o de falta de recursos les impide concentrarse en el objeto mismo por el que se entrega una beca, que es el dedicarse en tiempo completo al estudio o investigación.

En atención, esta dictaminadora estima conveniente el retomar la preocupación del proponente, ya que es de suma importancia el garantizar que los jóvenes beneficiarios del Conacyt no se encuentren desprotegidos ante el retraso de la ayuda económica que esta Institución del brinda, y que en muchos de los casos, es el único ingreso que tienen para cubrir sus gastos personales y los de sus familias.

Además, se propone respetuosamente que los becarios mantengan una comunicación constante con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con el objeto de que expongan sus recomendaciones, dudas, quejas e inconformidades y se adopten medidas preventivas por esta institución pública para evitar que en un futuro se presente el mismo problema.

Por ello, esta dictaminadora aprecia que los puntos de acuerdo propuestos tienen un objetivo común, que es impulsar el desarrollo del país mediante la educación, la ciencia y tecnología, y si bien, algunos de los datos citados por los proponentes no son del todo exactos es deber del legislador federal el atender el fondo de las solicitudes, en virtud de que se busca beneficiar a los jóvenes becarios que no encuentran las oportunidades educativas y laborales en el país, obligándolos en muchas ocasiones a migrar hacia otras naciones que les brinden mejores condiciones laborales. También es deber el procurar que se garanticen los derechos de los becarios, para que estos puedan dedicarse enteramente al estudio y aporten al país nuevas herramientas científicas y tecnológicas.

En este orden de ideas, nuestro país necesita acercarse a los promedios internacionales que impulsan la innovación, ya que la proporción del gasto en ciencia y tecnología fue del 0.43 por ciento del producto interno bruto (PIB), cantidad que no corresponde a la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos del 2.26 por ciento.

Un buen inicio sería cumplir con lo dispuesto en el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, que prescribe a las autoridades federales el coordinarse para que del monto anual entre la federación, entidades federativas y municipios se destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, una cantidad no menor al 1 por ciento del PIB del país.

La importancia de apoyar la educación, la ciencia y tecnología radica en que es el único camino que llevará a este país al desarrollo. Tristemente la crisis económica que se sufre en México ha sido el argumentoidóneo de las autoridades para desatender las necesidades del sector, pero no se debe olvidar que una nación que no apoya a la educación y al conocimiento, no tendrá más alternativas que seguir dependiendo de las innovaciones impulsadas por extranjeros importándolas a grandes costos económicos y sociales.

En razón de lo expuesto, se somete a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública, maestro Alonso Lujambio Irazábal, a implementar y fortalecer programas o políticas públicas que aprovechen el capital humano del país, brindando mejores oportunidades educativas y de vinculación con el sector laboral, especialmente a quienes alcanzan niveles universitarios y de posgrado, con la finalidad de que éstos no abandonen el país y contribuyan a impulsar la competitividad científica y tecnológica que tanto se necesita.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, maestro Juan Carlos Romero Hicks, a procurar el pago puntual de las becas convenidas y, en su caso, adoptar las medidas pertinentes para evitar que en lo futuro haya un retraso en el pago de éstas.

Notas:

1 Panorama Educativo de México 2007, Indicadores del Sistema Educativo Nacional, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, México, DF, 2007.

2 El acervo de recursos humanos en ciencia y tecnología capacitado se refiere a la población que ha terminado con éxito la educación en el tercer nivel en un campo de estudio de la ciencia y tecnología, y está empleada en una ocupación científica y tecnológica.

3 Cifras reportadas hasta el año 2003 en http://www.siicyt.gob. mx/siicyt/docs/Estadisticas3/Anexos2006/HTML/Mexico/14.html

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2010.

La Segunda Comisión: Senador Rubén Fernando Velázquez López, presidente; senador Jorge Ocejo Moreno (rúbrica), diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), secretarios; senador José Guadarrama Márquez, senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz, diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica), senador Guillermo Enrique Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, senadora Martha Leticia Sosa Govea, diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, diputado Óscar Arce Paniagua (rúbrica), diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), diputado Pedro Vázquez González (rúbrica p.a.).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica en conjunto. Continúe la Secretaría.

UNESCO

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Dictamen de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, información sobre la oficina externa de la misión permanente de México ante la UNESCO

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Permanente del Congreso de la Unión, correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo relativo a la desaparición de la oficina externa de la misión permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), así como la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a mantener embajador específico y autónomo en dicha oficina.

Los integrantes de la comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Segunda Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

I. El 20 de enero de 2010, el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo relativo a la desaparición de la oficina externa de la misión permanente de México ante la UNESCO.

II. En esa fecha, el diputado Felipe Solís Acero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a mantener en la delegación permanente de México ante la UNESCO embajador específico y autónomo de cualquier otra embajada de México.

III. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso en tal fecha que dichas solicitudes de punto de acuerdo se turnaran para estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

I. Los autores de las proposiciones, en síntesis, justifican los puntos de acuerdo cuya emisión solicitan al pleno de esta soberanía con los siguientes argumentos:

a) El autor de la proposición con el numeral I del capítulo de antecedentes expone que México es uno de los 20 Estados fundadores y país miembro desde 1946 de la UNESCO, que tiene entre otros objetivos construir la paz en la mente de los hombres mediante la educación, la cultura, las ciencias naturales y sociales y la comunicación.

Se argumenta que la UNESCO ha tenido grandes aportes a la humanidad, entre los que destacan la recomendación de 1984 dirigida a todos los Estados miembros para declarar la obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria; en 1968 organizó una conferencia intergubernamental para promover lo que hoy se conoce como “desarrollo sustentable”; en 1972 se adoptó la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural y en 1976 se creó el Comité del Patrimonio Mundial, en los que se inscriben los primeros sitios en la lista; en 1878 se adoptó la Declaración sobre la Raza y Perjuicios Raciales como rechazo a fundamentos seudocientíficos del racismo; en 1990 se organizó la Conferencia mundial sobre la educación para todos, impulsando un movimiento mundial para proporcionar educación básica a niños, jóvenes y adultos; en 1992 se creó el programa Memoria del Mundo, para proteger los tesoros literarios de bibliotecas y las colecciones de archivos; en 2000, mediante el Foro Mundial sobre la Educación, se comprometió a los Estados para que en 2015 toda la población cuente con educación básica.

En la UNESCO, México ha logrado tener una significativa presencia en la lista de bienes culturales y naturales reconocidos como patrimonio mundial, lo que ha incrementado la capacidad de generación de excedentes económicos generados por la visita a los recursos mexicanos. Es tal la presencia del país en dicho organismo, que el pasado 4 de diciembre de 2009 resultó elegido miembro del Consejo Consultivo Científico y Tecnológico de la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático.

El proponente destaca que en el mismo mes, el titular del Poder Ejecutivo federal, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, soslayando la relevancia pasada y presente de la presencia de México ante la UNESCO, ordenó el cierre definitivo de la oficina externa de la misión permanente ante la UNESCO, situada en París, Francia, además de transferirle las tareas propias de ésta al personal de la Embajada de México en Francia –fórmula que países más pequeños han adoptado.

Asimismo, soslayando la tradición histórica y la emblemática participación de la Secretaría de Educación Pública como coordinadora del programa de la misión permanente, ordenó que la Secretaría de Relaciones Exteriores asumiera ese papel.

Tal medida no atiende realmente a un principio de eficiencia administrativa, sino que se trata de una medida precipitada en la cual no se hizo un adecuado ejercicio de evaluación para sopesar las probables consecuencias.

El proponente afirma que en un país donde se está poniendo tan poca atención a los verdaderos problemas estructurales que producen el escenario de inestabilidad política, económica, social y de inseguridad pública y donde la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura son factores indispensables para abatir estos problemas, el juego de ponderaciones de la administración federal no sólo es errático sino que está totalmente invertido.

Se dice que el gobierno federal, tratándose de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura, ha mostrado una política de austeridad y debilitamiento, ante la reducción en términos reales del gasto federal en ciencia y tecnología de 4.6 por ciento para 2010, debiendo apostarse todo a la educación. Además, el autor muestra como ejemplo países como Japón, India, Corea, China, Brasil y Costa Rica, los cuales a raíz de esta inversión han tenido un fuerte crecimiento y desarrollo tecnológico.

Finaliza el proponente manifestando que de perpetrarse tal decisión, no sólo se daría un paso más a la jibarización de la presencia de México en la palestra internacional sino que se estaría menospreciando y traicionando una histórica tradición, construida con base en los esfuerzos de los mexicanos que sí tenían bien definida la senda que deberíamos tomar para arribar al progreso, desarrollo y bienestar.

Por lo anterior, la proposición concluye con los siguientes puntos resolutivos:

Primero. Por el que se solicita al Ejecutivo federal que rinda un informe detallado sobre los verdaderos motivos que tuvo para pretender cerrar la oficina externa de la misión permanente de México ante la UNESCO, cuando se dejaron intactas otras representaciones diplomáticas y se aumentó el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Segundo. Por el que se exhorta al Ejecutivo federal a claudicar en acciones de desaparecer la representación de la oficina externa de la misión permanente de México ante la UNESCO, y a su vez se fortalezca con la determinación de beneficiar a México en los temas que le competen.

Tercero. Por el que se solicita al Ejecutivo federal que exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores a rendir un informe pormenorizado de las actividades de la oficina de México ante ese organismo.

b) El autor de la proposición con el numeral II del capítulo de antecedentes expone:

- Hace unos días se publicó en la prensa nacional la especie de que el gobierno federal ordenó cerrar la delegación permanente de México ante la UNESCO.

- La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó esta versión con algunos matices y una pretendida justificación, es decir, que por razones presupuestales –un ahorro de 206 mil dólares mensuales, según informan diversos medios de comunicación– el gobierno de México decide que los temas que competen a la delegación permanente ante la UNESCO serán atendidos en lo sucesivo por el embajador de México en Francia.

- Con esta decisión, el gobierno mexicano elimina la autonomía de la delegación permanente –al hacerla depender del embajador de México ante la República de Francia–y, además, elimina la especialidad representación, ya que las tareas vinculadas con la educación, la ciencia y la cultura serán actividades adicionales a las ya muy importantes que desarrolla el embajador de México en Francia.

- El gobierno del presidente de la República resta importancia a los temas propios de la atención de la organización y disminuye y minimiza el papel histórico de México en la diplomacia internacional, particularmente en la UNESCO.

- Las prioridades de la UNESCO no son ajenas a México ya que, además de perseguir el desarrollo en África –y otros continentes– y la igualdad entre hombres y mujeres, tiene como ejes de actuación, entre otros, lograr la educación de calidad para todos y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, movilizar el conocimiento científico y las políticas relativas a la ciencia con miras al desarrollo sostenible, abordar los nuevos problemas éticos y sociales, promover la diversidad cultural, el diálogo intercultural y una cultura de paz, y construir sociedades del conocimiento.

- La UNESCO aborda temas trascendentales para las naciones, y por supuesto para México, como la educación, ciencia y tecnología, sostenibilidad, agua, biosfera, energías renovables, derechos humanos, información y comunicación, y salvaguarda del patrimonio material e inmaterial de las naciones y de la humanidad.

- La inevitable falta de atención de estos temas es muestra clara de tal decisión, y sería ingenuo suponer que el embajador de México en Francia, además de sus ocupaciones ordinarias por la relación con esa república, puede atender los numerosos y muy relevantes temas de la delegación ante la UNESCO.

- Tal carga de trabajo es imposible para una sola persona, por más que se conserve el equipo humano y material, sin olvidar la importancia que la misión diplomática de suyo tiene y cuyo tratamiento dice mucho de la atención que México pretende dar al organismo y a los temas de su competencia.

- De mantenerse la decisión se abren espacios de riesgo para nuestro país, en términos de interlocución y negociación política, además de que implica, se ha dicho, un retroceso en nuestra activa participación en la organización.

Por lo anterior, la proposición concluye con el siguiente punto resolutivo:

Único. Se exhorta al presidente de los Estados Unidos Mexicanos a instruir a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que mantenga en la delegación permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura embajador específico y autónomo de cualquier otra embajada de México.

II. Con base en las consideraciones expuestas por los legisladores proponentes, esta dictaminadora coincide en que la UNESCO es desde sus inicios una organización comprometida tanto con sus Estados miembros como los que no lo son para construir un ambiente común de paz mediante la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura. Así, en todos estos años ha cumplido satisfactoriamente las encomiendas en ella depositadas y, sobre todo, se reconoce su esfuerzo, al proponer un nuevo paradigma en el tratamiento de la educación y la cultura.

El que México sea uno de los Estados fundadores y país miembro de la UNESCO muestra claramente los beneficios que pueden recibirse si se mantiene una activa participación con dicha organización, ya que desde 1946 el país ha logrado posicionarse en la comunidad internacional como un promotor y protector del patrimonio cultural y natural de la humanidad, entre otras acciones relativas a la cultura.

Con la intención de complementar las consideraciones expuestas, es oportuno señalar los cuantiosos beneficios que conlleva una declaratoria de patrimonio mundial por la UNESCO. El país, gracias a la gran riqueza natural y cultural con que cuenta, ha logrado 29 declaratorias de patrimonio mundial de la humanidad, de las cuales 25 son de bienes o lugares culturales y 4 de sitios naturales. Además, se mantienen inscritos en su lista provisional ante la UNESCO 39 lugares naturales y culturales para la probable declaratoria de patrimonio mundial.

Es de relevancia la incorporación de la UNESCO a su lista de patrimonio cultural inmaterial tanto de los voladores de Papantla como de las tradiciones vivas de los otomíes-chichimecas de Tolimán.

Tal situación hace de México un país impulsor de la educación, cultura y protección del ambiente, ya que es la nación en Latinoamérica con mayor número de lugares declarados patrimonio mundial de la humanidad y ocupa el sexto lugar del mundo, sólo detrás de Italia, España, China, Alemania y Francia.

No está de más mencionar que este tipo de pronunciamientos hacen de México un país mucho más atractivo para el turismo y la inversión extranjera.

Actualmente, el país sostiene con dicha organización la realización de dos programas en materia educativa y que brindan una cobertura a escala nacional: Construye T y Prepárate. El programa Construye T “ofrece espacios alternativos de formación a jóvenes de educación media superior, con especial énfasis en prevención de riesgos y el desarrollo de habilidades basadas en los principios de inclusión, equidad, participación y cultura democrática”; y el programa Prepárate “busca incrementar la cobertura en el nivel medio superior a través de educación en línea”, programa diseñado e implantado por instituciones académicas mexicanas.

La UNESCO en materia de protección del ambiente y educación está aplicando en el país el proyecto piloto El Lente de la Educación para el Desarrollo Sostenible, herramienta de evaluación de las políticas públicas en materia de educación para el desarrollo sostenible que la organización publicará una vez concluida la fase de pilotaje.

A su vez, el 15 de enero de 2009 México resultó elegido miembro del Consejo Consultivo Científico y Técnico de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Subacuatico. La participación del país en dicho consejo consultivo permitirá incrementar las actividades investigación y cooperación con los demás Estados parte para la preservación in situ de los bienes del patrimonio nacional subacuático.

Sólo por mencionar, en Quintana Roo hay 68 sitios calificados por la UNESCO, los cuales reúnen cinco siglos de historia de las rutas de navegación en el mar Caribe.

Finalmente, manifestamos que no se puede negar ni minimizar la participación que ha tenido el país ante la UNESCO, la cual no sólo ha rendido cuantiosos beneficios para los mexicanos sino para toda la humanidad; por tanto, es deber del Estado mexicano impulsar, apoyar, promover la inversión y destinar mayores recursos al sector educativo, científico y cultural, ya que estos rubros son la apuesta si se busca el desarrollo económico y social del país.

III. Exponen en el mismo sentido los autores de las proposiciones, al afirmar que es de gran importancia para el país el mantener una representación específica y autónoma ante la UNESCO, por la relevancia que guardan la educación, la ciencia y la cultura para México.

Esta dictaminadora toma en consideración que los argumentos de los proponentes fueron publicados en diversos medios de comunicación, ante la decisión del titular del Ejecutivo federal de cerrar la oficina externa de la misión permanente de México ante la UNESCO; sin embargo, la única confirmación gubernamental * ante dicha comunicación es la manifestada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que dice que dicha misión permanece en sus funciones, pero en lugar de tener un embajador autónomo será el de Francia quien atienda las atribuciones encomendadas a tal oficina.

El único argumento que presenta la Secretaría de Relaciones Exteriores ante tal decisión es el de un ahorro significativo para México ante la concentración de funciones en una sola representación extranjera; sin embargo, el sueldo del embajador permanente no es un monto especial tratándose de la misión ante la UNESCO, ya que corresponde a un sueldo de tabulador fijado por la SRE para embajadores de la zona europea; la delegación dispone de dos automóviles, un Mercedes, que tiene cinco años de servicio, y un Peugeot 2008. Asimismo, se paga la renta del departamento para la representación y el de las oficinas, sin olvidarse de los servicios del chofer y el ama de llaves.

Todo ello son gastos habituales en todas las representaciones de México en el extranjero y que varían según la zona geográfica de destino.

De ninguna manera se desmeritan las acciones del gobierno federal para revisar y reducir todos los gastos innecesarios en las dependencias u organismos que no presenten algún beneficio para el país, pero estas decisiones deben estar completamente sustentadas, sea a través de estudios contables y de impacto social.

Es oportuno señalar que no existe comunicado o boletín de prensa oficial de Presidencia de la República o de la Secretaría de Relaciones Exteriores que aclare la situación y establezca cuáles serán las medidas del gobierno federal para garantizar el cumplimiento de las actividades que a la fecha realizaba la misión permanente.

El Fondo de Cultura Económica publicó el pasado 24 de enero una entrevista que mantuvo vía correo electrónico con el embajador de México ante la UNESCO, Homero Aridjis, quien dice que la cancillería no cerrará las oficinas de México ante la UNESCO sino que concentrará las funciones respectivas en la persona del embajador de México ante la República Francesa. De tal decisión, aunque fue anunciada días atrás como parte del plan de austeridad del gobierno federal, el embajador asegura que no ha recibido notificación alguna.

El embajador se manifiesta en favor de la autonomía de la oficina de México ante la UNESCO porque es un órgano internacional de la mayor relevancia para el país, que requiere toda la atención, tiempo y jerarquía para cumplir las tareas a ésta encomendadas.

Además, en tal entrevista comparte su comunicación con el embajador bilateral de Perú en Francia, quien al enterarse de la noticia se manifestaba alarmado de que México abandonara su liderazgo cultural en el extranjero, siendo nuestro país el poseedor de las más vastas y variadas culturas de las Américas. Dice el embajador Homero Aridjis que su colega lo instó “a recomendar a las autoridades mexicanas que no fueran a cometer el mismo error de Perú al suprimir a su embajador ante la UNESCO para dejar la representación en manos del bilateral, pues dijo que es imposible –según su propia experiencia– que éste atienda eficazmente los asuntos de la UNESCO”.

Para terminar, el embajador Aridjis lamentó que a raíz de esta situación, muchos de los proyectos se hayan cancelado. Por ejemplo, México estaba destinado a ser el centro del Festival de la Diversidad Cultural 2010; asimismo, se canceló el número especial de la revista Patrimonio Mundial dedicado a México, con sus sitios culturales y naturales que figuran en la lista de patrimonio mundial de la humanidad, además de dejar tareas pendientes como las candidaturas de sitios mexicanos para añadir a las listas de patrimonio mundial y de patrimonio cultural inmaterial, y consolidar el Instituto UNESCO en Zacatecas.

En este orden de ideas, y ante la falta de comunicación oficial que confirme dicha situación, esta dictaminadora sólo puede afirmar que nos encontramos ante la presencia de un hecho notorio, el cual ha sido de trascendencia para todo el país y la comunidad internacional y que requiere la eventual expresión de esta representación soberana para contar con la certeza jurídica necesaria y, en su caso, se adopten las medidas legales correspondientes.

Pero no cabe duda de que este atentado contra la autonomía de la oficina externa de la misión permanente de México ante la UNESCO afectará aún más nuestra imagen ante la comunidad internacional.

Por lo expuesto, se someten a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 45 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, a instruir a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que rinda un informe detallado de los motivos que se tomaron en consideración para concentrar las funciones de la oficina externa de la misión permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en la Embajada mexicana con representación en Francia.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a mantener en la oficina externa de la misión permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura embajador específico y autónomo de cualquier otra embajada de México.

Nota:

* El citado hecho sólo puede verificarse en diferentes publicaciones de la prensa nacional.

Sala de comisiones, salón D, primer piso, edificio G, Cámara de Diputados, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2010.

La Segunda Comisión:Senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), presidente; senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), secretario; senador José Guadarrama Márquez, senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz, diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica), senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, senadora Martha Leticia Sosa Govea, diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, diputado Óscar Martín Arce Paniagua, diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), diputado Pedro Vázquez González (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Están a discusión.

El diputado Roberto Gil Zuarth (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señor diputado Gil.

El diputado Roberto Gil Zuarth (desde la curul): Gracias, presidente. En el mismo sentido, pedirle que este dictamen se vote en lo particular, a efecto de que el Partido de Acción Nacional pueda expresar su voto en sentido negativo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En virtud de que no se ha registrado orador alguno...

El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, senador.

El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Me inscribo en este segundo, bueno, en los dos; pero en este último sí me gustaría que antes de someterlo a consideración, en los dos, pudiera volver a leerlo la Secretaría, el punto resolutivo, por favor.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Cómo no. Pedimos al señor secretario que le vuelva a dar lectura.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: Con mucho gusto, senador.

El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Es muy eficaz el secretario.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: Segunda Comisión.

Puntos de acuerdo. Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 45 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, a instruir a la Secretaría de Relaciones Exteriores a rendir un informe detallado de los motivos que se tomaron en consideración para concentrar las funciones de la oficina externa de la misión permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en la Embajada mexicana con representación en Francia.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a mantener, en la oficina externa de la misión permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, un embajador específico y autónomo de cualquier otra embajada de México. Es cuanto, señor presidente y señor senador Monreal.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se ha dado lectura, por tanto, se reservan para su votación de manera particular. Continúe la Secretaría.

PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE MEXICO

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente resuelve que en los anuncios promocionales que se difundan en los medios de comunicación electrónica durante 2010 se haga referencia al patrimonio cultural mexicano

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo mediante el cual la Comisión Permanente resuelve que en los spots promocionales que se difundan en los medios de comunicación electrónica durante 2010 se haga referencia al patrimonio cultural mexicano.

Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Segunda Comisión, que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

I. El 20 de enero de 2010, la senadora María de Lourdes Rojo e Incháustegui, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión  la proposición con punto de acuerdo mediante el cual la Comisión Permanente resuelve que en los spots promocionales que se difundan en los medios de comunicación electrónica durante 2010 se haga referencia al patrimonio cultural mexicano.

II. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que dicha solicitud de punto de acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

I. La autora de la proposición, en síntesis, justifica el punto de acuerdo cuya emisión solicita al pleno de esta soberanía en los siguientes argumentos:

- Que el año 2010 tiene para los mexicanos especial significado en tanto que estaremos celebrando el bicentenario del inicio de nuestra Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana, acontecimientos fundamentales en el desarrollo de nuestra nación.

- Que la Independencia y la Revolución Mexicana, como hechos históricos, tienen importancia fundamental vistos en sí mismos y atendiendo a los efectos en nuestra vida colectiva e individual, pero hay que señalar que para que la historia tenga presencia en nuestro ánimo, no es suficiente la justa celebración, sino además hace falta incitar a los mexicanos a la reflexión sobre el alcance de las luchas sociales, las instituciones, los valores y el patrimonio que a lo largo del tiempo hemos consolidado.

- Que es cierto que las celebraciones serán muchas y muy variadas, y que sin duda se fortalecerá nuestro espíritu cívico y nuestro patriotismo, pero se considera que lo social y lo político son elementos comprensibles gracias a la cultura, elemento que a través de las expresiones artísticas de toda índole y de diverso nivel nos permite no sólo una visión particular del mundo sino su interpretación y transformación.

- Que el patrimonio tangible e intangible generado mediante el quehacer cultural más que vestigio de nuestra identidad es rasgo característico que fortalece, motivo por el cual las celebraciones del inicio de la Independencia y de la Revolución Mexicana deben reconocer y honrar a dicho patrimonio.

- Que en ese orden de ideas, se formula ante esta soberanía una propuesta que, de ser favorable, le dará al Congreso de la Unión la oportunidad de abrir su participación en las celebraciones del 2010 como difusor de la cultura y el patrimonio cultural de todos los mexicanos.

- Que es de enfatizarse que el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ha sido especialmente sensible al tema de la cultura en todas sus vertientes y así lo ha puesto de manifiesto tanto en su labor legislativa como en diferentes acciones conexas como foros, publicaciones, exposiciones, etcétera.

Por lo anterior, la proposición concluye con el siguiente punto resolutivo

Único. La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos resuelve que en los spots promocionales que se difundan en los medios de comunicación electrónica durante 2010 se haga referencia al patrimonio cultural mexicano.

II. Los integrantes de esta comisión reconocemos que la conmemoración del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución es una fecha de suma importancia para todos los mexicanos, ya que nos invita como nación a reflexionar sobre lo que somos y hacia a dónde vamos.

Sin embargo, tal evocación histórica se ha prestado como justificación para realizar fiestas efímeras, sumamente costosas y que no cumplan con las exigencias sociales.

Las autoridades no pueden permitir en este momento, ni en otro, realizar o apoyar gastos innecesarios en fiestas y celebraciones enmarcadas en el despilfarro y regocijo de unos cuantos mexicanos, sobre todo cuando los recursos económicos no son suficientes para destinarlos a programas sociales o invertirlos en diversas obras que mejoren la calidad de vida de los mexicanos.

Por ello, la propuesta en comento, resulta sumamente convincente ya que al promover el patrimonio natural y cultural de nuestro país, no sólo se reconoce la gran diversidad que cuenta México a través de sitios naturales o culturales sino que se puede alentar al turismo nacional e internacional, lo que además, no requiere desembolsar más recursos de los ya destinados a las comunicaciones que al efecto realice el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Además, el Congreso de la Unión siempre ha mostrado su interés para promover la riqueza natural, cultural y artística de nuestro país que a la fecha ha logrado 29 declaratorias de patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO, de las cuales 25 se atribuyen al patrimonio cultural y 4 al natural.

Compartimos enteramente con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes al afirmar que el patrimonio cultural es un referente para las identidades de nuestros pueblos y es tan diverso como nuestras culturas y, que a lo largo de los procesos históricos, estos referentes de identidad adquieren mayor relevancia y significado, trascendiendo el ámbito regional hasta convertirse en patrimonio cultural de la nación.

Siendo responsabilidad del Estado promover políticas públicas de conservación, de investigación, de preservación y difusión del patrimonio cultural, todo lo cual no sería viable sin la apropiación social que las comunidades otorgan al patrimonio proporcionándole significado y vigencia.

Es de tal importancia la difusión del patrimonio natural y cultural de la humanidad, ya que el turismo es un sector clave en el desarrollo económico de nuestro país. La derrama turística constituye la tercera fuente de ingresos después del petróleo y de las remesas y al promocionar la riqueza patrimonial de México se estará contribuyendo al progreso del sector y crecimiento del país.

Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a ambas Cámaras del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que en sus medios de comunicación en los que se difundan mensajes en relación con el bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución Mexicana durante 2010 se haga referencia al patrimonio cultural y natural de nuestro país.

Sala de comisiones, salón D del edificio G, primer piso, de la Cámara de Diputados, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2010.

La Segunda Comisión:Senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), presidente; senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), secretarios; senador José Guadarrama Márquez, senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz, diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica), senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, senadora Martha Leticia Sosa Govea, diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), diputado Juan José Guerra Abud, diputado Pedro Vázquez González (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica en conjunto. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: Es cuanto de todos los dictámenes, señor presidente.

TERCERA COMISION

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: La Tercera Comisión de Trabajo entregó a esta Presidencia comunicación y dictámenes con punto de acuerdo.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.— Presente.

Me permito remitir a usted, para su registro en el orden del día de la sesión de la Comisión Permanente de fecha 27 de enero de 2010, así como para su publicación en la Gaceta Parlamentaria, los siguientes dictámenes con punto de acuerdo en impreso y archivo electrónico:

1) Por el que se considera desahogada la proposición referente a la problemática de los inversionistas afectados por los grupos Sitma e Invergroup.

2) Por el que se considera desahogada la proposición para exhortar al titular de la SHCP, a responder por escrito las preguntas formuladas en su pasada comparecencia.

3) Relativo a la plaga que afecta a los cultivos de mango ataulfo en el estado de Chiapas.

4) Por el que se solicita informe sobre el avance del programa de sustitución de focos incandescentes por lámparas ahorradoras.

5) Relativo a las políticas y reglas de determinación de las tarifas eléctricas.

6) Relativo al tramo carretero El Desperdicio-Lagos de Moreno, estado de Jalisco.

7) Por el que se solicita información en relación al subejercicio de la Sagarpa.

8) Relativo a la autopista concesionada Las Choapas-Ocozocuautla.

9) Relativo a reclamos de ahorradores de la caja popular “Juntos y Organizados Venceremos”, en diversos municipios del estado de Tlaxcala.

10) Relativo al impacto del aumento en los precios de los productos de la canasta básica y de los combustibles en el estado de Nayarit.

11) Por el que se solicita a la Secretaría de Salud un informe sobre medidas para el resguardo y buen uso de vacunas y medicamentos de emergencia.

12) Relativo al tratamiento de la hepatitis C, y que se considere esta enfermedad en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

13) Por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a iniciar la construcción de tramos carreteros en Oaxaca.

14) En relación con un aumento de emergencia en los salarios mínimos.

15) Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, apoyar a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

16) Relativo al procedimiento de renovación de registros sanitarios de los productos farmacéuticos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 27 de enero de 2010.— Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día para su inclusión.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: Por instrucciones de la Presidencia consulto a la asamblea si es de modificarse el orden del día para su inclusión. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa favor de levantar la mano. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se autoriza. Comunicaciones de la Tercera Comisión. Proceda la Secretaría a dar cuenta de las comunicaciones de la Tercera Comisión.

El diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Dígame usted, señor diputado.

El diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba:Quería someter a la consideración de esta asamblea que en virtud de que los 16 dictámenes que se van a someter a consideración de la misma, pudiera obviarse su lectura –hoy fueron aprobados por unanimidad de los miembros de la Tercera Comisión– y sólo se leyera el enunciado de cada uno de ellos. Le pediría que, de considerarlo pertinente, así lo sometiera a la consideración de esta asamblea.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, con todo gusto, señor diputado. Estoy concluyendo el procedimiento, primero, para archivar lo que es procedente archivar y, posteriormente, solicitar la aprobación de la asamblea en los términos en que usted lo está solicitando.

El diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (desde la curul): Gracias, señor.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado.

ESTADO DE PUEBLA

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Dictamen de la Tercera Comisión, por la que se considera desahogada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Puebla a instalar una mesa de diálogo, con la participación de diputados federales, a fin de atender la problemática de los inversionistas afectados por los grupos inmobiliarios Sitma e Invergroup

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres a que instale una mesa de diálogo con la participación de diputados federales, a fin de atender la problemática de los inversionistas afectados por los Grupos Inmobiliarios Sitma e Invergroup, suscrita por legisladores del Grupo Parlamentario del PAN.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de enero de 2010, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En el capítulo de antecedentes los autores de la proposición que se dictamina, se refieren a acciones de las empresas Servicios Inmobiliarios y Computación, SA de CV, conocida como Sitma, que señalan también es conocida como Invergroup, realizan en los estados de Baja California, de México, Guanajuato, Tlaxcala, Nuevo León, Morelos, Jalisco, Puebla, Querétaro y Veracruz, además del Distrito Federal, detallando la forma de operar de dichas empresas.

Continúan los proponentes señalando que en los meses de abril y mayo (de 2009) Sitma e Invergroup prácticamente suspendieron el pago de intereses a sus clientes, y que las procuradurías de justicia estatales han clausurado todas las oficinas matrices y sucursales de estas defraudadoras y han procedido al aseguramiento de sus bienes, además de estar buscando al señor Leonardo Tiro Moranchel para cumplimentar diversas órdenes de aprehensión que tiene en su contra por el delito de fraude relacionado con la actividad de las empresas antes citadas. Formulan los siguientes

“Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable del Congreso de la Unión exhorta al gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, a que instale una mesa de diálogo con la participación de diputados federales, a fin de atender la problemática de los inversionistas afectados por los grupos inmobiliarios Sitma e Invergroup.

Segundo.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Federación, a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a la Procuraduría Federal del Consumidor, a que intervengan en esta problemática y si es el caso, colaboren hasta la total y satisfactoria conclusión del asunto.”

II. La comisión dictaminadora toma en cuenta que la Comisión Permanente, en su sesión del 20 de enero de 2010, aprobó el siguiente dictamen con punto de acuerdo:

“Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al gobernador constitucional del estado de Puebla, a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Procuraduría General de la República, para que informen a la brevedad a esta soberanía, sobre el conocimiento que tengan en relación con quejas o reclamaciones presentadas por diversos afectados por las actividades de Financiera Coofía, Grupo Bienestar Social La Paz, SC, Grupo Sigma y Grupo Inmobiliario Verhome, SA de CV, conocido como Invergroup, así como de las acciones y medidas que se hayan implantado o se tenga proyectado realizar para atender dichas reclamaciones y proveer, en los casos que proceda, el resarcimiento del daño patrimonial de las personas eventualmente defraudadas.

Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a los Titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Procuraduría General de la República, para que informen a la brevedad a esta Soberanía, sobre el conocimiento que tengan en relación con quejas o reclamaciones presentadas por diversos afectados por las actividades de la caja de ahorro Unión de Crédito Monterrey, SA de CV.”

Consecuentemente la comisión dictaminadora, estima pertinente considerar desahogada la proposición materia del presente dictamen, en razón de que se relaciona directamente con los términos del punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente en la fecha referida.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a la consideración del pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se considera desahogada en la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Puebla, a que instale una mesa de diálogo con la participación de diputados federales, a fin de atender la problemática de los inversionistas afectados por los Grupos Inmobiliarios Sitma e Invergroup, en razón del punto de acuerdo aprobado por esta Comisión Permanente en sesión del 20 de enero de 2010, e insta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Federación, a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a la Procuraduría Federal del Consumidor, a que coadyuven con el gobierno del estado hasta la total y satisfactoria conclusión del asunto.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2010.

La Tercera Comisión:Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador Eduardo Tomás Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes, diputado Roberto Gil Zuarth, senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado. Archívense los expedientes como asuntos concluidos.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Dictamen de la Tercera Comisión, por la que se considera desahogada la proposición con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público a responder por escrito las preguntas que le fueron formuladas en su pasada comparecencia

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público a remitir por escrito las respuestas de las preguntas que le fueron formuladas en su pasada comparecencia ante este honorable Congreso, suscrita por el diputado César Augusto Santiago Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del PRI.

Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de enero de 2010 y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. El autor de la proposición que se dictamina expresa sucintamente lo siguiente:

En vista de la ausencia de respuestas a los cuestionamientos presentados por diversos partidos en la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sometemos a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se acuerde remitir por escrito la intervención íntegra que contiene el posicionamiento de los partidos políticos ante esta comisión, a efecto de que el secretario de Hacienda y Crédito Público se sirva responder concretamente y por escrito las preguntas formuladas en un plazo no mayor a la duración de esta propia comisión, para los efectos correspondientes.

II. La comisión dictaminadora toma en cuenta que, en su reunión de trabajo celebrada el 19 de enero de 2010, se acordó que por conducto de su mesa directiva se remitiera al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público copia del expediente de la proposición presentada por el promovente, así como la versión estenográfica de la comparecencia del secretario el 7 de enero de 2010, para que sirva dar respuesta en los términos solicitados.

Que en cumplimiento al acuerdo referido, la mesa directiva de esta comisión remitió al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la documentación señalada en el párrafo anterior el 20 de enero de 2010.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se considera desahogada en la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público a responder por escrito las preguntas que le fueron formuladas en su pasada comparecencia.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2010.

La Tercera Comisión:Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador Eduardo Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes, diputado Roberto Gil Zuarth, senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado. Archívense los expedientes como asuntos concluidos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El siguiente punto del orden del día es el de dictámenes a discusión, de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran distribuidos entre las legisladoras y los legisladores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza a que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza a que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se autoriza. En virtud de lo solicitado por el señor diputado presidente de la Comisión de Hacienda, pido a la Secretaría pregunte a la asamblea si sólo autoriza que se le dé lectura a los encabezados.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: En votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que solamente se dé lectura al encabezado. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se autoriza. Por tanto, proceda la Secretaría a dar lectura a los encabezados.

ESTADO DE CHIAPAS

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva:«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Sagarpa que establezca o, en su caso, refuerce las medidas contra la plaga de la mosca de la fruta en el mango ataulfo en Chiapas

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), implementar de inmediato una fase preventiva para inspeccionar los cultivos y verificar la magnitud del problema para contrarrestar los efectos de la mosca de la fruta y lotes larvados que han afectado cultivos importantes del mango ataúlfo en Chiapas, así como cursos de capacitación para los habitantes en el sector agrícola para hacer frente a esta plaga, suscrita por la senadora María Elena Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del PRI.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de enero de 2010, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–.

Consideraciones

I. En el capítulo de consideraciones la autora de la proposición que se dictamina presenta diversos datos de la Dirección General de Sanidad Vegetal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), respecto al incremento de lotes larvarios en huertos de mango de Chiapas, lo que “...ha obligado a la dependencia federal a que en la nueva temporada de cosecha que se avecina se fortalezcan los registros y verificación de huertos de mango para exportación”, y “...también se obligará a los productores a realizar acciones de detección y control de la mosca de la fruta, a fin de mejorar la calidad fitosanitaria e integrarse al padrón de huertos para exportación”. Señala que es necesario urgir a las autoridades de Sagarpa para que tomen medidas preventivas, ante la presencia de lotes larvarios que han prendido la alerta, que los pobladores reciban de inmediato capacitación sobre la fase biológica de la plaga y los diferentes estadios en que atraviesa, así como las técnicas para exterminio de la plaga e implementar campañas de fumigación para disminuir los problemas de plagas causados por la mosca de la fruta, a fin de reducir los lotes larvarios en mango ataúlfo en la zona del Soconusco. Por ello, propone el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a implantar de inmediato una fase preventiva para inspeccionar los cultivos y verificar la magnitud del problema para contrarrestar los efectos de la mosca de la fruta y lotes larvados que afectan cultivos importantes de mango ataúlfo en Chiapas, así como cursos de capacitación para los productores en el sector agrícola para hacer frente a esta plaga.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a destinar programas y proyectos productivos y de financiamiento a los productores de mango ataúlfo en Chiapas.

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden con los planteamientos de la autora de la proposición que se dictamina.

Como resultado de la investigación realizada por el cuerpo de asistencia técnica se pudo confirmar lo siguiente:

• Que a finales del año próximo pasado aparecieron publicaciones en medios masivos de comunicación relativas a la presencia de la mosca de la fruta en los plantíos de mango en Chiapas.

• Que en el Diario Oficial de la Federación del 3 de abril de 2000 aparece publicada la NOM-076-FITO-1999, “Sistema preventivo y dispositivo nacional de emergencia contra las moscas exóticas de la fruta”, en el que se incluye expresamente la mosca de la fruta del mango (Ceratitis-Cosyra-Walk).

Por los antecedentes encontrados se llega a la convicción de que se trata de un problema que no es nuevo y en el que la autoridad responsable, Sagarpa, ha venido adoptando diversas acciones y medidas. Consecuentemente, en el caso no se estima procedente solicitar de la autoridad citada que realice determinadas medidas en fase preventiva para inspeccionar los cultivos y verificar la magnitud del problema, sino solicitarle información actualizada sobre las acciones y medidas que se han venido implementando o se proyecten implementar para atender el problema de la presencia de larvas de la mosca de la fruta en los cultivos del mango de Chiapas.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, somete a la consideración del pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, implante o, en su caso, refuerce las acciones y medidas necesarias para atender el problema de la presencia de larvas de la mosca de la fruta en los cultivos de mango ataúlfo de Chiapas, incluyendo aquellas de la fase preventiva de inspección de cultivos y verificación de la magnitud del problema, detalladas en la NOM-076-FITO-1999; asimismo, para que implante o, en su caso, refuerce la impartición de cursos de capacitación, dirigidos a los productores de esta fruta, para hacer frente a esta plaga, así como los programas y proyectos productivos y de financiamiento enfocados a los productores de mango de Chiapas.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2010.

La Tercera Comisión:Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador Eduardo Tomás Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes, diputado Roberto Gil Zuarth, senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.»

AHORRO DE ENERGIA

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva:«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que solicita al titular del Poder Ejecutivo federal un informe pormenorizado, por conducto de las Secretarías de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sobre la implementación y avances del programa nacional para sustituir focos incandescentes por lámparas ahorradoras

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, y organismos autónomos, descentralizados y desconcentrados a que inicien de inmediato un programa integral de sustitución de focos incandescentes por lámparas ahorradoras en todas las instalaciones, edificios y oficinas para contribuir de manera importante a la mitigación de los efectos del cambio climático y al aumento de la eficiencia energética en el país, suscrita por los senadores Guillermo Tamborrel Suárez y Humberto Andrade Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Los integrantes de la comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Tercera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de enero de 2010, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En el capítulo de consideraciones, los autores de la proposición que se dictamina se refieren a diversas medidas y programas que ha instituido el gobierno mexicano para reducir la cantidad de gases de efecto invernadero, así como al reciente anuncio del titular del Ejecutivo federal para apoyar el proyecto Luz Verde, que inició con éxito en Puebla, y sobre algunas organizaciones de la sociedad civil que intentan concienciar de su importancia. Sin embargo, señala que hasta ahora los resultados no han sido satisfactorios ni significativos.

Destaca el proponente que la sustitución de focos incandescentes por lámparas fluorescentes ahorradoras es una de las acciones más efectivas e inmediatas para aumentar la eficiencia energética y disminuir las emisiones de CO2, pues disminuyen en 80 por ciento el consumo de electricidad. Proporciona diversos datos estadísticos para sustentar sus afirmaciones y formula el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a todas las instancias del Poder Ejecutivo federal, así como a las de los Poderes Ejecutivos estatales y a las de los gobiernos municipales, a iniciar y, en su caso, complementar un programa integral de sustitución de focos incandescentes por lámparas fluorescentes ahorradoras, y la implantación de un sistema de monitoreo que concentre y difunda los logros y avances del programa.

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden sustancialmente con los planteamientos de los autores de la proposición que se dictamina.

El grupo de asistencia técnica realizó la investigación necesaria y confirmó que el presidente de la República anunció un programa para sustituir los focos por lámparas ahorradoras, en un encuentro denominado Luz sustentable, celebrado en la explanada Francisco I. Madero de la residencia oficial de Los Pinos, en el que se destacaron la importancia y los beneficios del programa, pero sin dar a conocer los detalles de éste, salvo el hecho de que las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Energía “han implantado programas para la sustitución de lámparas incandescentes por otras de mayor eficiencia de tipo fluorescente, que este año han sustituido 1.5 millones de estos dispositivos en el país”; que “se tiene considerado realizar 30 programas específicos para sustituir en cada uno 1 millón de lámparas. El primero de estos programas específicos se llevó a cabo en Puebla. En esta primera etapa, el proyecto sustituyó lámparas incandescentes (LI) por otras ahorradoras (fluorescentes compactas, LFC) en alrededor de 250 mil viviendas”.

Se conoció información difundida por el Comité Técnico del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica respecto a la celebración de un convenio con la Secretaría de Energía para ejecutar el Proyecto Piloto de Sustitución de Focos para el Ahorro de Energía, mediante el que se pretende sustituir 500 mil focos incandescentes por lámparas ahorradoras o fluorescentes y así beneficiar a 167 mil familias de distintos estados del país, citando a Veracruz, Michoacán y Chiapas.

También se tuvo conocimiento, por los medios de comunicación masiva, que el presidente de la República instruyó a las Secretarías de Energía, y de Medio Ambientes y Recursos Naturales para que se proceda a la preparación de una norma para sustituir todos los focos incandescentes del país por lámparas ahorradoras.

Lo anterior muestra que el Poder Ejecutivo federal ya está adoptando desde hace algunos meses diversas medidas y proyectando otras tendentes a implantar un programa general de sustitución de focos incandescentes por lámparas ahorradoras y que, consecuentemente, en lugar de exhortar a todas las instancias del Poder Ejecutivo federal, estatales y municipales, en el caso procede solicitar del Poder Ejecutivo federal, con la participación que corresponda a las Secretarías de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que se sirva presentar un informe pormenorizado de la implantación y los avances del programa para sustituir focos incandescentes por lámparas fluorescentes ahorradoras.

En mérito de lo expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45, y 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al titular del Poder Ejecutivo federal, por conducto de las Secretarías de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que se sirva hacer llegar a esta soberanía con la mayor brevedad un informe pormenorizado de la implantación y los avances del programa nacional para sustituir focos incandescentes por lámparas fluorescentes ahorradoras.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2010.

La Tercera Comisión:Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador Eduardo Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes, diputado Roberto Gil Zuarth, senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.»

TARIFAS DE ENERGIA ELECTRICA

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva:«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a revisar las políticas y reglas de determinación de las tarifas eléctricas para usuarios domésticos

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a revertir los aumentos de las tarifas de energía eléctrica para usuarios domésticos, suscrita por el senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los integrantes de la comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Tercera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de enero de 2010, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En el capítulo de consideraciones, el autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina manifiesta sustancialmente lo siguiente: “En este inicio de año, los mexicanos hemos resentido los incrementos de los precios en la canasta básica, los combustibles, gasolinas, diesel, y las tarifas de energía eléctrica para usuarios domésticos... Según información de la Comisión Federal de Electricidad, las tarifas eléctricas para uso doméstico aumentaron a partir del 1 de enero y registrarán un incremento anual acumulado de al menos 4 por ciento, 0.3 por ciento en las tarifas de consumo básico, el cual estará vigente solamente durante enero y se ajustará en forma mensual... Los incrementos tarifarios serán mensuales y para su determinación se tomarán como referencia la inflación y los precios internacionales de los principales combustibles utilizados para la generación de electricidad... La tarifa 1 de consumo doméstico básico será de 0.687 por kilovatio hora, pero después del límite de hasta 75 kWh tendrán que pagar a 0.819 pesos el kWh”.

Comenta el autor de la proposición que se dictamina: “Si es verdad que el efecto del incremento de las tarifas de energía eléctrica es mínimo en la economía nacional, entonces se podrían evitar que éste lo absorban los hogares mexicanos, lo que daría un respiro a la economía familiar de los aumentos en cascada que han tenido que soportar estos primeros días del año”. Propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo federal a revertir los aumentos y congelar en el presente año fiscal las tarifas de energía eléctrica para usuarios domésticos.

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden plenamente con los planteamientos y la propuesta del autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina.

La comisión dictaminadora toma en cuenta que en los años recientes han sido reiteradas la preocupación y la acción de los legisladores y de este cuerpo legislativo respecto a los incrementos reiterados, excesivos e inoportunos de los diversos energéticos, incluida la energía eléctrica y los combustibles, que afectan de manera significativa no sólo la economía general del país, en crisis, sino la economía y el bienestar de los mexicanos.

Además, se toma en cuenta que es notoria, por la amplia difusión que ha recibido en los diversos medios de comunicación social nacionales y regionales, la incidencia de las actuales tarifas de energía eléctrica, y sus incrementos periódicos, en la economía nacional y en particular de los habitantes del territorio mexicano.

La comisión dictaminadora estima procedente exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a revisar las políticas y reglas de determinación de las tarifas eléctricas, con objeto de evitar o limitar en lo posible alzas de la energía eléctrica.

En mérito de lo expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al titular del Ejecutivo federal a revisar las políticas y reglas de determinación de las tarifas eléctricas para usuarios domésticos, con objeto de evitar o limitar en lo posible alzas de este energético.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2010.

La Tercera Comisión:Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador Eduardo Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes, diputado Roberto Gil Zuarth, senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.»

ESTADO DE JALISCO

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva:«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita al secretario de Comunicaciones y Transportes un informe sobre el otorgamiento o proyecto de concesión del tramo de la carretera El Desperdicio-Lagos de Moreno, Jalisco

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo relativo al exhorto que hace al titular del Ejecutivo federal, para que gire instrucciones al Secretario de Comunicaciones y Transportes, en el sentido de que cancele la decisión relativa a concesionar la conversión de la carretera libre de El Desperdicio a Lagos de Moreno, ambos dentro del estado de Jalisco, a autopista concesionada, así como la construcción de una caseta de peaje, suscrita por el diputado Enrique Ibarra Pedroza, integrante del Grupo Parlamentario del PT.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de enero de 2010, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de trabajo, de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En su exposición de motivos el autor de la proposición que se dictamina menciona que “...en los últimos días se ha propalado que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha concesionado a la empresa Ingenieros Civiles Asociados, la conversión de un tramo carretero federal, de 28 kilómetros, que corre de El Desperdicio a Lagos de Moreno, ambas poblaciones del estado de Jalisco a autopista”; invoca el derecho de tránsito consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, relativa a la facultad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de otorgar concesiones.

Señala el proponente que desde hace medio siglo se construyó y está en funciones la carretera libre federal número 80, Tampico-Barra de Navidad, conocida también como la ruta interoceánica que comunica al Golfo de México con el océano Pacífico; que en el tramo correspondiente al estado de Jalisco, que tiene una extensión de 28 kilómetros, denominado El Desperdicio-Lagos de Moreno, cuenta con cuatro carriles y es una arteria vital en el corazón de Los Altos y en la zona centro del país; que en año 2007 la SCT concesionó cuatro autopistas, actualmente pertenecientes al Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas, entre ellas la de Zapotlanejo-El Desperdicio, y que nunca se concesionó para su explotación, operación y conservación el tramo comprendido entre Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos.

Agrega el proponente que si se concesionara a particulares el tramo citado, los automovilistas no tendrían ruta alterna para transitar sin costo alguno y, es de explorado derecho, que para que exista una autopista de peaje debe haber una vía de tránsito público, es decir, gratuita. Con base en lo anterior, formula el siguiente

“Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo a girar instrucciones al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, para que cancele la decisión de convertir un tramo de la carretera federal en autopista, en los 28 kilómetros comprendidos entre El Desperdicio y Lagos de Moreno, ambos dentro del estado de Jalisco, así como la construcción de una caseta de peaje, que afectaría la economía de los habitantes de la zona.”

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden con la preocupación externada por el autor de la proposición que se dictamina. Sin embargo, éste es uno de los casos en que no existen elementos de información y convicción suficientes para que en este dictamen se proponga a la Comisión Permanente la adopción de una postura sobre el problema planteado. En efecto, el mismo proponente señala que “en los últimos días se ha propalado que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha concesionado...” y de la investigación realizada por el cuerpo de asistencia técnica si bien se encuentran notas en los medios de comunicación sobre la concesión de cuatro autopistas en el año 2007, en las mismas únicamente se menciona la rehabilitación del pavimento del tramo El Desperdicio-Lagos de Moreno.

La comisión dictaminadora considera procedente transcribir el artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal:

“Artículo 30. La Secretaría podrá otorgar concesiones para construir, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a los particulares, estados o municipios, conforme al procedimiento establecido en la presente ley; así como para mantener, conservar y explorar caminos federales construidos o adquiridos por cualquier título por el Gobierno Federal. En este último caso, las concesiones no podrán ser por plazos mayores a 20 años. La Secretaría garantizará, cuando haya vías alternas, la operación de una libre de peaje.

Excepcionalmente la Secretaría podrá otorgar concesión a los gobiernos de los estados o a entidades paraestatales sin sujetarse al procedimiento de concurso a que se refiere esta ley. Cuando la construcción u operación de la vía la contrate con terceros deberá obtener previamente la aprobación de la Secretaría y aplicar el procedimiento de concurso previsto en el artículo 7 de esta ley.

La construcción, mantenimiento, conservación y explotación de los caminos y puentes estarán sujetos a lo dispuesto en esta ley y sus reglamentos, y a las condiciones impuestas en la concesión respectiva.”

Consecuentemente, en el caso procede solicitar de la SCT, como la autoridad señalada como la presuntamente concesionaria, se sirva informar a esta Soberanía, sobre el otorgamiento o proyecto de otorgamiento de una concesión para convertir el tramo de carretera federal en autopista, respecto a los 28 kilómetros comprendidos entre El Desperdicio y Lagos de Moreno, acompañando, en su caso, la información y anexos técnicos relevantes, incluyendo la circunstancia de si existe una vía alterna gratuita para recorrer el tramo relativo.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que se sirva hacer llegar a esta soberanía, a la brevedad, un informe sobre el otorgamiento o proyecto de otorgamiento de una concesión para convertir el tramo de carretera federal en autopista, respecto a los 28 kilómetros comprendidos entre El Desperdicio y Lagos de Moreno, estado de Jalisco, acompañando, en su caso, la información y anexos técnicos relevantes, incluyendo la circunstancia de si existe una vía alterna gratuita para recorrer el tramo relativo.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2010.

La Tercera Comisión: Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador Eduardo Tomás Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón, senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes, diputado Roberto Gil Zuarth (rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.»

PROGRAMAS DE APOYO AL CAMPO

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva:«Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se solicita de la SHCP que informe a esta soberanía, con la mayor brevedad, sobre la ejecución del presupuesto de la Sagarpa, del ejercicio fiscal 2009 y hasta la fecha, y se pondere la posibilidad de que en los programas pari passu no se exija la aportación correspondiente

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar a esta soberanía, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cuánto asciende el subejercicio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del ejercicio fiscal 2009; asimismo, a que dichos recursos se reasignen a los mismos programas y beneficiarios de apoyo al campo y que en los programas de tipo pari passu no se exija la aportación estatal correspondiente, suscrita por el senador Adolfo Toledo Infanzón, integrante del Grupo Parlamentario del PRI.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de enero de 2010, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de trabajo, de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En el capítulo de consideraciones, el autor de la proposición que se dictamina se refiere a la situación de pobreza por la que atraviesa el país, proporcionando algunos datos estadísticos y destacando que en el sector rural se vuelve más crítica la situación económica que vive el país y el crecimiento de la pobreza.

Enseguida, señala el proponente que en el año 2000 se aprobó un presupuesto de 24,849 millones de pesos, en 2009 fue de 70,705 millones y para 2010 ascendió a más de 73 mil millones, pero que aún cuando el presupuesto destinado al campo se ha incrementado esto no se ve reflejado en los resultados en virtud de que el presupuesto se ha centralizado y existen subejercicios. Presenta varios argumentos para señalar que no se puede permitir que el Presupuesto de Egresos de la Federación no se aplique como fue autorizado y establecido por la Cámara de Diputados o que se condicione su ejercicio a las aportaciones por parte de los estados y propone el siguiente

“Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a informar, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informe a esta soberanía a cuánto asciende el subejercicio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del ejercicio fiscal 2009, que a la fecha no haya sido reasignado conforme dispone la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal a que dichos recursos se reasignen a los mismos programas y beneficiarios de apoyo al campo para los que fueron programados y etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009; se entreguen con la mayor brevedad y que, por esta ocasión, dada la crisis económica por la que atraviesan las entidades federativas en los programas de tipo pari passu no se exija la aportación estatal correspondiente.”

II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden plenamente con los planteamientos y propuesta del autor de la Proposición que se dictamina.

Esta comisión considera pertinente reproducir los artículos 3 y 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:

“Artículo 3. La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de competencia del Ejecutivo Federal, corresponde a la Secretaría y a la Función Pública en el ámbito de sus respectivas atribuciones. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Fiscal de la Federación serán supletorios de esta ley en lo conducente.

Las dependencias y entidades deberán observar las disposiciones generales que emitan la Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, para dar correcta aplicación a lo dispuesto en esta ley y el reglamento. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y de los entes autónomos, sus respectivas unidades de administración podrán establecer las disposiciones generales correspondientes.

Las disposiciones generales a que se refiere el párrafo anterior deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.”

“Artículo 23. ...

...

...

...

...

...

...

...

Los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que resulten, deberán subsanarse en un plazo máximo de 90 días naturales. En caso contrario dichos recursos se reasignarán a los programas sociales y de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos. La Secretaría estará obligada a reportar al respecto oportunamente a la Cámara, así como hacerle llegar la información necesaria.”

De las disposiciones legales transcritas, resulta que corresponde a la dependencia a la que se asignó el recurso subsanar los subejercicios de los presupuestos en un plazo máximo de 90 días naturales y, en su defecto, la SHCP deberá proceder a la reasignación de dichos recursos a los programas sociales y de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración del Pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita de la Secretaría Hacienda y Crédito Público que informe a esta soberanía, con la mayor brevedad, sobre la ejecución del presupuesto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, del ejercicio fiscal 2009 y hasta la fecha, y, en caso de que hubiera subejercicios que no hayan sido reasignados conforme lo dispone la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se informe a esta soberanía.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que los subejercicios presupuestarios sean subsanados en términos del último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y, que en esta ocasión, se pondere la posibilidad de que en los programas tipo pari passu no se exija la aportación correspondiente. Se solicita de la Secretaría citada que se sirva enviar con la mayor brevedad a esta soberanía un informe detallado del avance sobre las acciones emprendidas para subsanar los subejercicios de referencia.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2010.

La Tercera Comisión:Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador Eduardo Tomás Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón, senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes, diputado Roberto Gil Zuarth, senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud, senador Ricardo Monreal Ávila.»

ESTADO DE CHIAPAS

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva:«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Capufe que informen a esta soberanía sobre la situación de los programas y proyectos de reparación, mantenimiento, y seguridad de la autopista concesionada Las Choapas-Raudales-Ocozocuautla

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a garantizar en la autopista concesionada Las Choapas–Ocozocuautla, las condiciones mínimas de seguridad, comodidad y rapidez, suscrita por el senador Rubén Fernando Velázquez López, integrante del Grupo Parlamentario del PRD.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de enero de 2010, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

En la proposición que se dictamina, el autor no presenta antecedentes, consideraciones o exposición de motivos y se limita a proponer los siguientes

“Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, para que solicite al órgano público descentralizado, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos verifique si en la autopista concesionada Las Choapas-Ocozocuautla se garantiza la seguridad, comodidad y rapidez de la vía, según dispone el artículo 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas para que solicite a la concesionaria Banobras todos los datos o informes necesarios que acrediten las acciones u obras realizadas para garantizar un óptimo servicio a los usuarios de la autopista concesionada Las Choapas-Ocozocuautla y, en su caso, si éste no se garantiza, ordenar la exención del pago de peaje, según obligue el título de concesión o la modalidad de la vía.”

II. La comisión dictaminadora, con apoyo del cuerpo de asistencia técnica, pudo determinar que en diversos medios de comunicación masiva se consigna que en la última parte del año 2009 se produjeron varios accidentes, algunos inclusive fatales, en la autopista Ocozocuautla–Las Choapas, en la región sureste de México. En las mismas fuentes informativas se señala la existencia de baches y el hecho de que la autopista de Las Choapas–Raudales–Ocozocuautla es una de las más peligrosas.

Por otra parte, en la página electrónica de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), se consultó el Programa de Trabajo 2009 de esta empresa descentralizada, en el cual se contempla llevar a cabo la conservación mayor de autopistas (rehabilitación de pavimento), entre otras, de la carretera Las Choapas–Raudales–Ocozocuautla.

Consecuente con lo anterior, la comisión dictaminadora considera procedente y oportuno solicitar información actualizada de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Capufe, que incluyan un diagnóstico de la situación que guardan los programas y proyectos de reparación, reconstrucción y mantenimiento de esa carretera.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a la consideración del Pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, informen a esta soberanía, a la brevedad, sobre la situación que guardan los programas y proyectos de reparación, mantenimiento, y seguridad de la autopista concesionada Las Choapas-Raudales-Ocozocuautla, en el sureste del país.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2010.

La Tercera Comisión:Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador Eduardo Tomás Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes, diputado Roberto Gil Zuarth, senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.»

ESTADO DE TLAXCALA

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva:«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CNBV a establecer los mecanismos y procedimientos institucionales necesarios para atender los reclamos de los ahorradores defraudados por la caja popular Juntos y Organizados Venceremos, de los municipios de Apizaco, Chiautempan, Huamantla, Tlaxcala y Zacatelco, Tlaxcala

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Permanente, correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Tlaxcala y al titular de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef)  implantar medidas que permitan a los ahorradores de la caja popular Juntos y Organizados Venceremos recuperar sus recursos, suscrita por el diputado Alberto Jiménez Merino, integrante del Grupo Parlamentario del PRI.

Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de enero de 2010 y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En el capítulo “Consideraciones”, el autor de la proposición que se dictamina destaca la importancia de la banca de desarrollo para el crecimiento económico; menciona los cambios que se han registrado en el sistema financiero mexicano, con la “casi desaparición de la banca de desarrollo gubernamental”; cita la Ley de Ahorro y Crédito Popular, promulgada en 2001, que “permite a las cajas populares formar parte del conjunto de instituciones financieras con la capacidad de concentrar recursos y fungir como banca de desarrollo”, y señala que el principal objetivo de las cajas populares es agrupar recursos que aportan los socios que luego son otorgados mediante préstamos a personas físicas y morales para invertir en diversos proyectos.

Menciona el proponente diversos datos estadísticos de información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y, concretamente, el caso de la caja popular Juntos y Organizados Venceremos, publicada en el estado de Tlaxcala, señalando que esta caja afecta a 347 ahorradores, quienes han perdido un monto superior a los 36 millones 439 mil pesos. Los afectados habitan en los municipios de Apizaco, Chiautempan, Huamantla, Tlaxcala y Zacatelco; formula los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobernador de Tlaxcala a atender y, en su caso, implantar las acciones necesarias para otorgar el apoyo requerido a las 347 personas defraudas por la caja popular Juntos y Organizados Venceremos, a fin de que puedan recuperar sus recursos que ascienden a más 36 millones 439 mil pesos.

Segundo.Se exhorta al titular de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a revisar y, en su caso, otorgar los apoyos necesarios a los defraudados por la caja popular mencionada, con el objetivo de resarcir el daño causado y para que se finquen las responsabilidades correspondientes que sancionen, conforme a la normatividad aplicable, a quienes cometieron dicho fraude.

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden plenamente con los planteamientos del autor de la proposición que se dictamina.

La comisión dictaminadora estima que en este caso procede, como ha sido el caso de otras proposiciones con punto de acuerdo relacionadas con perjuicios que han sufrido ahorradores miembros de las cajas populares en otras entidades de la república, que se exhorte a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a efecto de que se establezcan los mecanismos y procedimientos institucionales necesarios, en el marco de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas y Préstamo y Apoyo a sus Ahorradores, para atender los reclamos de los ahorradores defraudados por la caja popular Juntos y Organizados Venceremos, habitantes de los municipios Apizaco, Chiautempan, Huamantla, Tlaxcala y Zacatelco.

En mérito de lo expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a establecer los mecanismos y procedimientos institucionales necesarios, en el marco de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas y Préstamo y Apoyo a sus Ahorradores, para atender los reclamos de los ahorradores defraudados por la caja popular Juntos y Organizados Venceremos, habitantes de los municipios Apizaco, Chiautempan, Huamantla, Tlaxcala y Zacatelco, del estado de Tlaxcala.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2010.

La Tercera Comisión:Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador Eduardo Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes, diputado Roberto Gil Zuarth, senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.»

ESTADO DE NAYARIT

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva:«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se determina remitir copia del presente expediente al gobernador constitucional de Nayarit, para su conocimiento y efectos, en el ámbito de su competencia

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Congreso de Nayarit a derogar el cobro de la tenencia, reemplacamiento y verificación vehicular aprobado el 20 de diciembre de 2009, así como al titular del Ejecutivo de Nayarit a desarrollar y poner en marcha programas emergentes que disminuyan el impacto del aumento en los precios de los productos de la canasta básica y de los combustibles, suscrita por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, integrante del Grupo Parlamentario del PRD.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de enero de 2010, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En el capítulo de consideraciones el autor de la proposición que se dictamina se refiere al incremento de los precios alimentarios básicos a nivel mundial, proporcionando diversos datos estadísticos difundidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, para señalar que los gobiernos han abordado el problema de los precios de los alimentos desde distintas perspectivas.

Que en nuestro país, a partir de 2006, el costo de la canasta básica ha experimentado constantes alzas, profundizando la vulnerabilidad económica y la inseguridad alimentaria, aumentando los niveles de pobreza; cita diversos datos estadísticos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, destacando que en el año pasado, en México, los aumentos de los precios de la mayoría de los productos se dispararon, citando como ejemplo el aceite comestible que se incrementó 105 por ciento, el arroz 90 por ciento, el frijol 85 por ciento, el azúcar más del 10 por ciento y las tortillas de maíz más del 100 por ciento.

Continúa citando datos estadísticos, ahora de la Procuraduría Federal del Consumidor, relativos a los precios de la canasta básica y de los combustibles. Que en Nayarit los ciudadanos y transportistas están indignados por el constante aumento de los combustibles, señalando que el aumento de los precios de los energéticos tiene un efecto multiplicatorio que repercute en todos los bienes y servicios perjudicando a millones de familias mexicanas, a la productividad de las micro y pequeñas empresas, a los sectores productivos agropecuario y pesquero.

Continúa el proponente comentando sobre la importancia y consecuencias del incremento de los precios de alimentos y combustibles para expresar que es momento de pedirle al gobierno federal y a los gobiernos estatales que asuman su responsabilidad e implanten acciones coordinadas a fin de atender las necesidades alimentarias de los segmentos de la población más vulnerables y para “exhortar al Congreso local de Nayarit a que dé marcha atrás al pago de tenencia, reemplazamiento y verificación vehicular que empezará a aplicarse, a partir del 15 de enero del presente año, por la Secretaría de Hacienda local”.

Argumenta el proponente que, según el gobierno del estado, con este impuesto se captarán alrededor de 120 millones de pesos anuales, “monto insignificante si tomamos en cuenta que, solamente el endeudamiento de Nayarit es de 1 mil 190 millones de pesos, por lo que sería mejor que dichos recursos provengan de un programa de austeridad y recorte de gastos superfluos del gobierno estatal”. Por lo anterior, formula los siguientes

“Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso de Nayarit a derogar el cobro de tenencia, reemplacamiento y verificación vehicular, aprobado el 20 de diciembre de 2009 y que comenzará a aplicarse a partir del 15 de enero de 2010.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo de Nayarit, licenciado Ney González Sánchez, a desarrollar y poner en marcha, a través de las dependencias y entidades competentes, programas emergentes que disminuyan el impacto del aumento en los precios de los productos de la canasta básica, así como de los combustibles; con la finalidad de detener el deterioro en la calidad de vida de los habitantes del estado.”

II. La comisión dictaminadora toma en cuenta que, como lo reconoce expresamente el proponente en su capítulo de considerandos y en sus puntos resolutivos, en el caso se trata de un asunto de la jurisdicción y competencia del gobierno de Nayarit, y el Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras o de la Comisión Permanente, se ha manifestado siempre respetuoso de los principios y normas que rigen el federalismo que impera en nuestro sistema jurídico y político nacional. En este sentido, el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

“Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”

Consecuentemente, la comisión dictaminadora considera que en el caso procede remitir el expediente al gobernador constitucional de Nayarit, para su conocimiento y efectos, en el ámbito de su competencia.

En mérito de lo expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a la consideración del pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Remítase copia del presente expediente al gobernador constitucional de Nayarit, para su conocimiento y efectos, en el ámbito de su competencia.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2010.

La Tercera Comisión:Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador Eduardo Tomás Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes, diputado Roberto Gil Zuarth, senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.»

SECRETARIA DE SALUD

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva:«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Salud que informe a esta soberanía sobre las medidas para el resguardo de vacunas y medicamentos que requieran refrigeración, los contratos de compra y el uso por el sector privado de los inmunizantes contra la influenza AH1N1

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que informe sobre las medidas que tiene implementadas para el resguardo y buen uso de vacunas o medicamentos de emergencia, suscrita por la senadora María del Socorro García Quiroz, integrante del Grupo Parlamentario del PRI.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de enero de 2010 y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–.

Consideraciones

I. En el capítulo de consideraciones la autora de la proposición que se dictamina se refiere a la información difundida por los medios de comunicación social relacionada con el “descuido en el manejo de las vacunas contra la influenza AH1N1”, lo que provocó daños a unos lotes que llegaron a Colima y Morelos; que la Secretaría de Salud de Morelos inició una investigación administrativa contra personal del hospital civil Ernesto Meana San Román del municipio de Jojutla, luego de que 90 vacunas contra la influenza AH1N1 fueron expuestas a condiciones climáticas desfavorables y se permitió que dichas dosis se alteraran dos grados centígrados; el secretario de Salud de Morelos dio a conocer que nueve personas estaban sujetas a investigación administrativa para deslindar responsabilidades, indicó que se estaba analizando si se habían echado a perder o no las 90 vacunas de referencia.

Agrega la proponente que en la ciudad de Colima, el 24 de noviembre de 2009, llegaron 2 mil 670 dosis de vacunas contra la influenza AH1N1, y cuando fueron recibidas se detectó que el termómetro interno marcaba 19 grados, cuando la temperatura apropiada debe ser entre 2 y 4 grados centígrados, lo que provocó su descomposición; el gobernador del estado anunció que ya se había procedido a “dar de baja a tres trabajadores de la Secretaría de Salud, contra quienes podían existir acciones legales”.

Menciona la autora de la proposición que se dictamina, que la Secretaría de Salud del Distrito Federal ha solicitado 4 mil millones de pesos más a su presupuesto del año 2010 para poder atender los casos que se presenten y en esta situación se encuentran la mayoría de las entidades federativas de nuestro país, recordando que la emergencia aún no ha sido superada y nos encontramos en plena temporada invernal.

Finalmente, menciona que el titular de la Secretaría de Salud dio a conocer que a partir del 1 de febrero del año en curso, la vacuna de referencia podrá venderse en el sector privado, probablemente en un costo aproximado de 300 ó 400 pesos, y que dicha oferta será verificada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), al igual que por los Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex). Por lo anterior, propone los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que a la brevedad posible informe a esta soberanía las medidas emergentes que tiene implantadas para vacunas o medicamentos que requieran refrigeración en caso de existir cortes en los suministros de energía eléctrica y contingencias ambientales; asimismo, para que explique las medidas de seguridad en el resguardo de éstos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que, a la brevedad posible, explique a esta soberanía sobre los criterios bajo los cuales se llevara a cabo la verificación y mecanismo de oferta para poner a disposición del sector privado la vacuna contra la influenza AH1N1.

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden con los planteamientos de la autora de la proposición que se dictamina, con algunas salvedades de claridad y estilo.

La comisión dictaminadora toma en cuenta que la proposición que se dictamina se sustenta y motiva en hechos notoriamente conocidos y que han sido objeto de amplia difusión en los medios de comunicación masiva del país.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a la consideración del pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al titular de la Secretaría de Salud, hacer llegar a esta soberanía, a la brevedad, un informe sobre:

a) Las medidas emergentes que se tienen implantadas o se vayan a implantar para vacunas y medicamentos que requieran refrigeración, principalmente en caso de existir cortes en los suministros de energía eléctrica y contingencias ambientales, explicando a detalle las medidas de seguridad en su resguardo;

b) Los criterios bajo los cuales se llevará a cabo la verificación y mecanismo de oferta para poner a disposición del sector privado la vacuna contra la influenza AH1N1, y

c) Los contratos que se han otorgado o se vayan a otorgar para la compra de las vacunas contra la influenza AH1N1, explicando al detalle las condiciones que imperaban durante la fase de alarma y, concretamente, durante la contratación.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2010.

La Tercera Comisión: Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador Eduardo Tomás Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes, diputado Roberto Gil Zuarth, senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.»

HEPATITIS C

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva:«Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo mediante los cuales se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar lo necesario para garantizar para la población beneficiaria la disponibilidad y acceso al tratamiento y rehabilitación de quienes padecen hepatitis C, y a considerarlos como parte del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Permanente, correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud que reconozca a la hepatitis C como problema de salud pública y garantice la disponibilidad y acceso a su tratamiento, suscrita por el diputado Miguel Antonio Osuna Millán, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.

Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 20 de enero de 2010 y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En el capítulo “Consideraciones”, el autor de la proposición que se dictamina señala que la hepatitis C es una infección producida por el virus de la hepatitis C (VHC), el cual se encuentra en la sangre de las personas infectadas, provocando que el hígado se inflame y deje de funcionar correctamente.

Comenta que el virus VHC es la primera causa de hepatitis crónica en el mundo occidental y que puede generar complicaciones, como cirrosis o cáncer de hígado.

El promovente refiere que en México, la tercera causa de muerte en hombres y la séptima en mujeres es la cirrosis hepática; y que 42 por ciento de esta cirrosis es producida por hepatitis virales.

Hace referencia a los principales factores de riesgo, entre los que señala la transfusión de sangre antes de 1995, uso de drogas por vía intravenosa o vía intranasal al compartir instrumentos contaminados,  contacto con sangre de una persona infectada por vía parental, tratamientos dentales con instrumentos no esterilizados, entre otros.

Plantea la diferencia de la hepatitis C aguda y la hepatitis C crónica, y la importancia de esta última de ser tratada a tiempo después de su diagnóstico, y plantea la necesidad de crear políticas públicas que consideren el acceso de esta enfermedad.

Menciona que la cobertura actual de los servicios de salud otorgados a escala federal incluyen el tratamiento de la hepatitis C únicamente cuando la infección se presenta en coinfección con el virus del VIH-sida, lo cual considera que representa una discriminación y violación de los derechos humanos de las personas que únicamente padecen de hepatitis C.

Concluye el promovente señalando que el tratamiento de la hepatitis C resulta económicamente costoso y que en la actualidad los pacientes con este padecimiento tienen la oportunidad de tratarse, de utilizar peginterferon alfa en combinación con ribavirina, que tiene hasta 80 por ciento de probabilidades de éxito terapéutico, eliminando el VHC y, en consecuencia, un posible progreso de cirrosis hepática. Por ello, propone los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a desarrollar las acciones necesarias para que a través de los servicios de salud de carácter público se garanticen la disponibilidad y el acceso al tratamiento de la hepatitis C para la población beneficiaria.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud a considerar, por medio de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de dicha enfermedad, como parte del conjunto de intervenciones amparadas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden con los planteamientos del autor de la proposición que se dictamina.

Esta comisión considera pertinente reproducir los artículos 77 Bis 1 y 77 Bis 29 de la Ley General de Salud, relacionados con la protección social en salud y el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos:

Artículo 77 Bis 1. Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al sistema de protección social en salud de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.

La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.

Las disposiciones reglamentarias establecerán los criterios necesarios para la secuencia y alcances de cada intervención que se provea en los términos de este Título.

Artículo 77 Bis 29.Para efectos de este Título se considerarán gastos catastróficos a los que se derivan de aquellos tratamientos y medicamentos asociados, definidos por el Consejo de Salubridad General, que satisfagan las necesidades de salud mediante la combinación de intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación, con criterios explícitos de carácter clínico y epidemiológico, seleccionadas con base en su seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, que impliquen un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren.

Con el objetivo de apoyar el financiamiento de la atención principalmente de beneficiarios del sistema de protección social en salud que sufran enfermedades de alto costo de las que provocan gastos catastróficos, se constituirá y administrará por la federación un fondo de reserva, sin límites de anualidad presupuestal, con reglas de operación definidas por la Secretaría de Salud.

Asimismo, el cuerpo de asistencia técnica de la comisión corroboró en el portal de Internet de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud que el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos busca otorgar servicios médicos de alta especialidad a las personas que no cuentan con seguridad social y que padecen enfermedades de alto costo que pueden poner en riesgo su vida y patrimonio familiar, que proporciona recursos monetarios a través de un fideicomiso, a los prestadores de servicios acreditados y con convenios firmados de las 32 entidades federativas.

La comisión dictaminadora toma en cuenta que en México, un gran número de personas se encuentran infectadas con el virus de la hepatitis C, y que ese porcentaje de la población puede ir en aumento en razón de que muchas personas desconocen que están infectadas. Asimismo, coincide con el autor de la proposición, por lo que hace al costo económico considerable que cualquier persona puede tener para el tratamiento adecuado.

En mérito de lo expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, solicita a la Secretaría de Salud que informe a esta soberanía, a la mayor brevedad, sobre las medidas que esté llevando a cabo con relación al tratamiento de la hepatitis C, exhortándole a reforzar las acciones necesarias para que a través de los servicios de salud de carácter público se garanticen la disponibilidad y el acceso al tratamiento de esa enfermedad para la población beneficiaria.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta a la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a analizar la pertinencia de considerar  el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de dicha enfermedad como parte del conjunto de intervenciones amparadas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2010.

La Tercera Comisión: Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador Eduardo Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes, diputado Roberto Gil Zuarth, senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.»

ESTADO DE OAXACA

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva:«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a poner en marcha, con la participación que corresponda a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la construcción de los tramos carreteros Sola de Vega-Santa Cruz Zenzontepec y El Vado-Los Llanos, en Oaxaca, y a ejercer de manera oportuna el presupuesto asignado para ello

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a iniciar mediante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas la construcción de los tramos carreteros Sola de Vega-Santa Cruz Zenzontepec y El Vado-Los Llanos, en Oaxaca, suscrita por el senador Adolfo Toledo Infanzón integrante del Grupo Parlamentario del PRI.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 20 de enero de 2009, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En el capítulo de consideraciones el autor de la proposición que se dictamina, se refiere a que, según datos del Consejo Nacional de Población y del Inegi, existen más de 10 millones de habitantes indígenas mexicanos, de los cuales al menos 2.5 millones viven en localidades ubicadas a más de 3 kilómetros de distancia de caminos pavimentados o revestidos. Esta situación genera altos grados de dispersión y aislamiento geográfico para las comunidades indígenas, convirtiéndose éste, en uno de los mayores problemas a los que se enfrentan.

Los pueblos y comunidades indígenas aún no disfrutan de una situación social y económica propicia para un mejor desarrollo humano; se caracterizan por vivir en altos niveles de pobreza y en una situación de significativa desventaja. El combate al rezago social de los pueblos y comunidades indígenas representa una de las áreas de política de mayor relevancia para el desarrollo de México.

En este sentido, la red de comunicaciones terrestres resulta un factor determinante para mejorar la calidad de vida de los indígenas y establecer un mayor grado de progreso y nivel de desarrollo.

Desde el 2005, la Presidencia de la República y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas anunciaron su compromiso de ampliación y modernización de tramos carreteros en la Sierra Sur de Oaxaca, sin embargo y por razones que se desconocen, los trabajos no han sido continuados y se han estacando en cuanto a su ejecución.

De este modo, tramos de construcción carretera como el de Sola de Vega-Santa Cruz Zenzontepec, así como el de El Vado-Los Llanos y kilómetros subsecuentes han quedados varados, situación que ha llevado a las comunidades indígenas de Oaxaca a continuar viviendo en condiciones de pobreza y rezago social.

Por ello, el proponente hace un exhorto al Ejecutivo federal para que inicie los trabajos y ejerza de manera inmediata los recursos asignados para estos dos tramos carreteros en el ejercicio fiscal de 2010, esperando no llegar al final de año y encontrar nuevamente subejercicios y obras no concluidas por desidia administrativa.

Para dar cumplimiento con lo anterior, el autor de la proposición formula el siguiente

“Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo, para que a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ponga en marcha de manera inmediata los trabajos de construcción de los tramos carreteros Sola de Vega-Santa Cruz Zenzontepec y El Vado-Los Llanos, en el estado de Oaxaca, y se ejerza el presupuesto asignado para estos tramos carreteros de manera oportuna.”

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden con los planteamientos del autor de la proposición que se dictamina y consideran procedente su propuesta, en virtud de que se encuentra fundada y motivada.

Esta comisión dictaminadora reconoce que el desarrollo de infraestructura carretera es sin duda alguna uno de los pilares básicos que impulsan y detonan el crecimiento económico y social de cualquier estado, región o comunidad. Los caminos y carreteras no sólo constituyen la principal forma de comunicación; propician y aceleran además el intercambio de bienes, servicios y personas.

Además, en el Plan Nacional de Desarrollo, el titular del Ejecutivo federal establece que: “México debe su riqueza cultural y su carácter distintivo como pueblo único en el mundo a la herencia formidable de sus pueblos originarios. Su rico patrimonio en lenguas, arte y cultura convierten a México en una de las naciones latinoamericanas con mayor legado y población indígenas. El profundo carácter mestizo de la nación mexicana sólo puede explicarse por el pasado milenario y el presente enriquecedor de sus pueblos y comunidades indígenas”.

Estamos conscientes de que en México, y específicamente en los municipios de la Sierra Sur de Oaxaca, la carencia de comunicaciones eficientes han sumergido a las poblaciones indígenas en profundas problemáticas; la dificultad del abastecimiento de productos y alimentos, el acceso eficiente a los servicios de salud en caso de emergencia, a las escuelas, el no poder comercializar sus producciones locales y las conflictos para que los programas institucionales operen con eficiencia, son sólo alguno de ellos.

Es fundamental que el gobierno federal incremente el desarrollo de condiciones que estimulen la modernización de las vías de comunicación para estas comunidades. La continuación de inversión, por lo consiguiente, de los tramos carreteros de Sola de Vega-Santa Cruz Zenzontepec, de El Vado-Los Llanos y tramos subsecuentes es impostergable.

También, estamos convencidos que ésta es la oportunidad de generar empleos para las familias de una región marginada por la pobreza y el abandono, que además se encuentran catalogados dentro de los 100 municipios con menor índice de desarrollo humano del país. México atraviesa por momentos particularmente complicados, en los que debe imperar por sobre todas las cosas el interés nacional y el bienestar de su población. El desempeño de la administración pública con una visión de progreso y desarrollo debe prevalecer en el actuar gubernamental.

Asimismo, y considerando que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas tiene como misión orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicos para alcanzar el desarrollo integral y sustentable y el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera procedente el exhorto al titular del Ejecutivo, a través de esta Comisión Nacional, para que se pongan en marcha los trabajos de los tramos carreteros mencionados.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a la consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, para que, con la participación que corresponda a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se pongan en marcha, los trabajos de construcción de los tramos carreteros Sola de Vega-Santa Cruz Zenzontepec y El Vado-Los Llanos, en el estado de Oaxaca y se ejerza el presupuesto asignado para estos tramos carreteros de manera oportuna.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2010.

La Tercera Comisión:Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador Eduardo Tomás Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes, diputado Roberto Gil Zuarth, senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.»

SALARIOS MINIMOS

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva:«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario del Trabajo y Previsión Social y al presidente de la CNSM a analizar y determinar la pertinencia de una revisión urgente de los salarios mínimos a efecto de que se cumpla lo establecido en el artículo 123 constitucional

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa al Ejecutivo federal su enérgica condena por el raquítico aumento de los sueldos mínimos para 2010 y se solicita que intervenga ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a fin de establecer un incremento de urgencia, suscrita por el diputado Víctor Castro Cosío, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los integrantes de la comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Tercera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 20 de enero de 2010, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En el capítulo de consideraciones, el autor de la proposición que se dictamina se refiere a la resolución de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que estableció el incremento de éstos aplicable para 2010 y que es de 4.85 por ciento; argumenta en contra de lo reducido de dicho incremento, que contrasta con los salarios de los funcionarios de los tres Poderes de la Unión y con los incrementos de la canasta básica, invoca la fracción VI, párrafo tercero, del Apartado A del artículo 123 constitucional y formula el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa al Ejecutivo federal su más enérgica condena por el raquítico aumento de los mínimos para 2010, de apenas 4.85 por ciento en promedio, por lo que le solicita que con la mayor brevedad intervenga ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para establecer un aumento de urgencia de los mínimos que cumpla lo ordenado en el artículo 123, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden con los planteamientos del autor de la proposición que se dictamina, y por ello toman en cuenta lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo:

Artículo 94. Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional, integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la cual podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.

Artículo 95. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y las comisiones consultivas se integrarán en forma tripartita, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo II del Título Trece de esta ley.

También se toma en consideración que, conforme al artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos revisará anualmente los salarios mínimos; y conforme a los artículos 570 y 573 del mismo ordenamiento, podrán revisarse en cualquier momento en el curso de su vigencia, siempre que haya circunstancias económicas que lo justifiquen. Las revisiones se llevarán a cabo por iniciativa del secretario del Trabajo y Previsión Social formulada al presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, a solicitud de sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores.

Consecuentemente, la comisión dictaminadora considera procedente exhortar al secretario del Trabajo y Previsión Social y al presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 570 y 573 de la Ley Federal del Trabajo, analicen y determinen la procedencia de hacer una revisión urgente de los salarios mínimos, a efecto de que se cumpla el artículo 123, Apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En mérito de lo expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al secretario del Trabajo y Previsión Social y al presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 570 y 573 de la Ley Federal del Trabajo, analicen y determinen la procedencia de hacer una revisión urgente de los salarios mínimos a efecto de que se cumpla lo establecido en el artículo 123, Apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2010.

La Tercera Comisión: Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador Eduardo Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes, diputado Roberto Gil Zuarth, senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.»

ESTADO DE CHIAPAS

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva:«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Salud a apoyar, a través del Conadic, a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas con recursos humanos y financieros a fin de que lleve a cabo el estudio sobre el uso de drogas entre estudiantes indígenas de educación media  superior y superior de la entidad y se establezcan estrategias de prevención

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que, mediante la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional contra las Adicciones, se apoye a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas para que lleve a cabo un estudio sobre el consumo de drogas entre estudiantes indígenas de los niveles medio superior y superior de la entidad, suscrita por la senadora María Elena Orantes López integrante del Grupo Parlamentario del PRI.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 20 de enero de 2010, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En el capítulo de consideraciones la autora de la proposición que se dictamina, se refiere a que, según la V Encuesta Nacional de Adicciones dada a conocer en octubre de 2009, el consumo de bebidas alcohólicas en grandes cantidades, que afecta a 4.2 millones de individuos, es el principal problema a resolver, ya que, esta adicción, se relaciona con 9 por ciento de las causas de mortalidad general, como accidentes automovilísticos, cirrosis hepática y violencia intrafamiliar.

Asimismo, se hace referencia a que en las comunidades indígenas de Chiapas, se ve, lamentablemente, con mayor frecuencia, que los jóvenes indígenas, además de alcohol, ingieren drogas ilegales a temprana edad, por lo que se hace necesario impulsar políticas públicas contra las adicciones, que protejan a los adolescentes indígenas no sólo del consumo de alcohol y tabaco, sino de estupefacientes ilegales.

Expone, la proponente, la realidad de la frontera sur de nuestro país, en donde el aumento del consumo y trasiego de drogas, hace urgente la necesidad de actuar con oportunidad para evitar que los jóvenes indígenas experimenten con drogas ilegales.

Se expresa la necesidad de reforzar el conocimiento de la población indígena respecto del potencial daño a los jóvenes, quienes están más expuestos, si no asisten a la escuela, viven fuera de sus hogares o conviven con sujetos consumidores; por lo anterior es que, actualmente, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas realiza un valioso estudio sobre el uso de drogas entre estudiantes indígenas de los niveles medio superior y superior de la entidad, con el fin de establecer las estrategias de prevención que contrarresten la problemática.

Por último, la proponente establece que, a partir de la firma de un convenio de colaboración, se puedan llevar a cabo campañas informativas, conferencias, investigaciones, desarrollo de programas y estudios sobre la población adicta, así como la problemática de la disponibilidad creciente de drogas entre los jóvenes en el medio rural, la migración, y repercusiones sociales de estos fenómenos, que tengan como objetivo fundamental mejorar las condiciones sociales de la juventud indígena en Chiapas, con el objeto de erradicar el consumo de drogas. Por ello, formula el siguiente

“Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente solicita a la Secretaría de Salud que, a través del Consejo Nacional contra las Adicciones, se apoye con recursos humanos y financieros a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a fin de coadyuvar en todo lo necesario para llevar a cabo el estudio sobre el uso de drogas entre estudiantes indígenas de los niveles medio superior y superior de la entidad, así como para que, de manera coordinada, se establezcan al final del estudio de referencia, estrategias de prevención que contrarresten dicha problemática.”

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden con los planteamientos de la autora de la proposición que se dictamina y consideran procedente sus propuestas, en virtud de que se encuentran fundadas y motivadas.

Esta comisión considera pertinente reproducir los artículos 1 y 2 del Reglamento Interior del Consejo Nacional Contra las Adicciones:

Artículo 1. El Consejo Nacional Contra las Adicciones tendrá por objeto promover y apoyar las acciones de los sectores público, social y privado tendientes a la prevención y combate de los problemas de salud pública causados por el alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia, así como proponer y evaluar los programas relativos a esas materias.

Artículo 2. Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. Promover las políticas, estrategias y programas en materia de adicciones, que deberán considerar el alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia, así como promover las adecuaciones y modificaciones necesarias;

II. Promover las acciones que coadyuven al eficaz cumplimiento de los programas contra las adicciones, así como evaluar sus resultados;

III. Promover y acordar mecanismos de coordinación entre las autoridades de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios para la eficaz ejecución de los programas a que se refiere este Reglamento;

IV. Fomentar que los programas de educación para la salud y seguridad e higiene en el trabajo, incorporen conceptos que tiendan a disminuir en la población el uso y abuso de bebidas alcohólicas, así como el alcoholismo, el tabaquismo y la farmacodependencia;

V. Promover en forma permanente actividades de investigación que apoyen las acciones contra el alcoholismo, el tabaquismo y la farmacodependencia;

VI. Promover las acciones de sensibilización entre la población acerca de las adicciones y convocar a la comunidad a participar en la prevención y en la reinserción social de los adictos;

VII. Recomendar medidas para el control sanitario de la publicidad relativa a bebidas alcohólicas y tabaco;

VIII. Proponer reformas a las disposiciones legales y administrativas relativas a la producción, comercialización y consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y otras sustancias psicoactivas;

IX. Promover la integración de grupos de trabajo tendientes al establecimiento de acciones en materia de regulación, investigación, prevención, tratamiento y rehabilitación en materia de adicciones;

X. Promover acciones que tiendan a la disminución de los riesgos asociados con el consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y otras sustancias psicoactivas;

XI. Dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los acuerdos y convenios internacionales ratificados por México en las materias relacionadas con su objeto y proponer la celebración de otros acuerdos y convenios internacionales relacionados con las adicciones, y

XII. Establecer, conforme a la normatividad aplicable, los lineamientos para la administración y disposición de sus recursos.

Además, esta comisión dictaminadora está convencida que con la investigación propuesta, se permitirá saber con un alto grado de precisión, el uso y abuso de drogas en localidades indígenas de Chiapas y, con ello, determinar las acciones preventivas para atender la problemática, la cual debe ser integral.

Ahora bien, no obstante que sabemos el gran esfuerzo de las autoridades de salud, para impulsar una política de reducción de la demanda, es oportuno fomentar los mecanismos para desarrollar una mejor colaboración con instituciones gubernamentales de salud y educación de los tres órdenes de gobierno, instituciones públicas y privadas de educación media superior y superior, organizaciones deportivas, el sector empresarial y la sociedad civil organizada, con el propósito de encaminar estrategias integrales de vinculación para hacer frente a esta grave problemática que tiende a acrecentarse en nuestro país.

Asimismo, se puede advertir una creciente disponibilidad de drogas para los jóvenes en las entidades fronterizas debido a lo arraigado que está el mercado de estupefacientes en esas zonas de nuestro país, por el trasiego de mercancías ilegales y lo ligado que está con otros negocios ilícitos como el tráfico de armas, la trata de personas, proliferación de centros de vicio y prostitución.

Por tanto, es urgente atender estos temas que afectan el tejido social y que es oportuno abordar mediante la celebración de encuentros entre instituciones de los tres niveles de gobierno para coordinar acciones que permitan a las instituciones de salud y educativas, el Consejo Nacional contra las Adicciones, los consejos estatales y los comités municipales, las universidades, las organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil, encaminar estrategias de vinculación para hacer frente a esta grave problemática de salud pública en México.

También creemos oportuno exhortar a la Secretaría de Salud para que, a través del Consejo Nacional contra las Adicciones, se apoye con recursos humanos y financieros a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a fin de coadyuvar en todo lo necesario para llevar a cabo el estudio sobre el uso de drogas entre estudiantes indígenas de los niveles medio superior y superior de la entidad, así como para que, de manera coordinada, se establezcan al final del estudio de referencia, estrategias de prevención que contrarresten la problemática.

En mérito de lo expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a la consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud, para que, a través del Consejo Nacional contra las Adicciones en el ámbito de sus atribuciones, se apoye con recursos humanos y financieros a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a fin de coadyuvar en todo lo necesario para llevar a cabo el estudio sobre el uso de drogas entre estudiantes indígenas de los niveles medio superior y superior de la entidad, así como para que, de manera coordinada, se establezcan al final del estudio de referencia, estrategias de prevención que contrarresten dicha problemática.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2010.

La Tercera Comisión:Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador Eduardo Tomás Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes, diputado Roberto Gil Zuarth, senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.»

PRODUCTOS FARMACEUTICOS

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva:«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita de la Secretaría de Salud, con la participación de la Cofepris que informe a esta soberanía sobre los lineamientos para el registro de productos farmacéuticos el avance en el procedimiento de renovación de éste y en la elaboración y expedición de la normatividad aplicable

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que informe sobre el avance real en el procedimiento de renovación de registros, causales de retraso y limitaciones, suscrita por el diputado David Hernández Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del PRI.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de enero de 2010, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de trabajo, de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En el capítulo “Consideraciones” el autor de la proposición que se dictamina señala que el 24 de febrero de 2005 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud, que establece la obligatoriedad de la renovación de los registros sanitarios de los productos farmacéuticos.

Refiere que además de los medicamentos, están incluidos estupefacientes, psicotrópicos, equipo médico, prótesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos odontológicos, material quirúrgico, de curación, productos higiénicos, plaguicidas y sustancias toxicas.

Que el registro otorgado por la Secretaría de Salud tendrá una vigencia de 5 años, pudiendo prorrogarse en plazos iguales.

De lo anterior, menciona que en la ley no se fijaron plazos para expedir el reglamento y los lineamientos para realizar está renovación de registros, que tal ordenamiento contempló en un inicio disposiciones transitorias que en su momento fueron eliminadas en el Senado de la República.

Que en enero de 2008 aparecieron disposiciones parciales en el Reglamento de Insumos para la Salud en su artículo 190 Bis 1, sin establecer las reglas para la renovación de los registros, dejando esa atribución de manera discrecional a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Una prueba del déficit regulatoria, es que aún se encuentra pendiente de aprobación en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la reglamentación “visita in situ” para expedir los certificados de buenas prácticas de fabricación (bps), que son un requisito fundamental para obtener la renovación del registro para la fabricación de medicamentos.

Concluye el promovente señalando que la industria Farmacéutica ha solicitado permanentemente que se subsane esa laguna jurídica y consecuentemente que se publique el procedimiento en el Diario Oficial de la Federación, como se establece en los artículos 4 y 69 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Por ello, formula el siguiente

“Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que:

1. De manera inmediata, se den a conocer los lineamientos para realizar el registro.

2. Informe de manera objetiva el avance real en el procedimiento de renovación de registros, así como las causales de retraso y limitación de avance.

3. Sugiera una solución integral a este propósito y se elimine la laguna jurídica en el procedimiento.

4. Permita conocer a esta LXI Legislatura de la Cámara de Diputados la realidad documental de este proceso de renovación de registros. Así como las medidas adoptadas para resolver la situación.”

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden con los planteamientos del autor de la proposición que se dictamina.

La comisión dictaminadora considera pertinente transcribir el artículo 17 Bis de la Ley General de Salud:

Artículo 17 Bis. La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios que conforme a la presente ley, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables le corresponden a dicha dependencia en las materias a que se refiere el artículo 3o. de esta Ley en sus fracciones I, en lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos de salud a los que se refieren los artículos 34 y 35 de esta Ley: XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres y XXVII, esta última salvo por lo que se refiere a personas, a través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior compete a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios:

I. Efectuar la evaluación de riesgos a la salud en las materias de su competencia, así como identificar y evaluar los riesgos para la salud humana que generen los sitios en donde se manejen residuos peligrosos;

II. Proponer al secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos sanitarios así como su instrumentación en materia de: establecimientos de salud; medicamentos y otros insumos para la salud; disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes; alimentos y bebidas, productos de perfumería, belleza y aseo; tabaco, plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud; productos biotecnológicos, suplementos alimenticios, materias primas y aditivos que intervengan en la elaboración de los productos anteriores; así como de prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre, salud ocupacional y saneamiento básico;

III. Elaborar y expedir las normas oficiales mexicanas relativas a los productos, actividades, servicios y establecimientos materia de su competencia, salvo en las materias a que se refieren las fracciones I y XXVI del artículo 3o. de esta Ley;

IV. Evaluar, expedir o revocar las autorizaciones que en las materias de su competencia se requieran, así como aquellos actos de autoridad que para la regulación, el control y el fomento sanitario se establecen o deriven de esta Ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y los demás ordenamientos aplicables;

V. Expedir certificados oficiales de condición sanitaria de procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionadas con las materias de su competencia;

VI. Ejercer el control y vigilancia sanitarios de los productos señalados en la fracción II de este artículo, de las actividades relacionadas con los primeros, de su importación y exportación, así como de los establecimientos destinados al proceso de dichos productos y los establecimientos de salud;

VII. Ejercer el control y vigilancia sanitarios de la publicidad de las actividades, productos y servicios a los que se refiere esta Ley y sus reglamentos;

VIII. Ejercer el control y la vigilancia sanitarios de la disposición y trasplantes de órganos y tejidos y células de seres humanos, salvo lo dispuesto por los artículos 329, 332, 338 y 339 de esta ley;

IX. Ejercer las atribuciones que esta Ley y sus reglamentos le confieren a la Secretaría de Salud en materia de sanidad internacional, con excepción de lo relativo a personas;

X. Imponer sanciones y aplicar medidas de seguridad en el ámbito de su competencia;

XI. Ejercer las atribuciones que la presente Ley, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables le confieren a la Secretaría de Salud en materia de efectos del ambiente en la salud, salud ocupacional, residuos peligrosos, saneamiento básico y accidentes que involucren sustancias tóxicas, peligrosas o radiaciones;

XII. Participar, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Salud, en la instrumentación de las acciones de prevención y control de enfermedades, así como de vigilancia epidemiológica, especialmente cuando éstas se relacionen con los riesgos sanitarios derivados de los productos, actividades o establecimientos materia de su competencia, y

XIII. Las demás facultades que otras disposiciones legales le confieren a la Secretaría de Salud en las materias que conforme a lo dispuesto en este artículo sean competencia de la comisión.

La comisión dictaminadora considera viable atender la proposición del presente dictamen, atendiendo a las atribuciones que tiene la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; por lo que se plantea solicitar información a ese organismo referente a los lineamientos para realizar el registro sanitario de productos farmacéuticos, el avance en el procedimiento de renovación de registros, así como la expedición de la normatividad aplicable para tal efecto.

En mérito de lo expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a la consideración del Pleno el siguiente

Punto e Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicita de la Secretaría de Salud, con la participación que corresponda a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que informe a esta soberanía con la mayor brevedad lo siguiente:

a) Los lineamientos para realizar el registro sanitario de productos farmacéuticos.

b) El avance en el procedimiento de renovación de estos registros, detallando las medidas adoptadas, problemas y limitaciones que se hayan encontrado al respecto.

c) El avance en la elaboración y expedición de la normatividad aplicable para tal efecto.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2010.

La Tercera Comisión:Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador Eduardo Tomás Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón, senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes, diputado Roberto Gil Zuarth, senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud, senador Ricardo Monreal Ávila.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se ha dado lectura a los puntos de acuerdo que se han reservado para ponerlos a votación económica.

En virtud de que están en el momento procesal para ser aprobados, le pido a la Secretaría, en votación económica, consulte a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo que no fueron reservados por ninguna de las fracciones y puestos a votación para este momento.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva:En votación económica se pregunta si se aprueba este punto de acuerdo y los anteriormente reservados. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobados. Comuníquese.

MIGUEL ANGEL JIMENEZ GODINEZ

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Ponemos a discusión y votación el tema reservado, comentado por el diputado Gil, que es el correspondiente a analizar un extrañamiento respecto al nombramiento del ciudadano Miguel Ángel Jiménez Godínez, como ministro consejero de la Embajada de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por lo cual solicito a la Secretaría lo ponga a votación.

Proceda la Secretaría a tomar la votación económica.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Está a votación el punto de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. No hay claridad.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): ¿Por qué no se toma la votación nominal?, señor secretario.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En virtud de que no tenemos claridad en la votación y a propuesta del diputado Ramírez Marín, pido a la Secretaría que levante la votación nominal.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Háganse los avisos correspondientes al artículo 161 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. El de la voz tomará la votación por la afirmativa y el secretario Ramírez Puga, por la negativa.

El diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (desde la curul): Por la negativa.

El senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (desde la curul): En contra.

El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (desde la curul): No.

El senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (desde la curul): Sí.

El senador Rogelio Rueda Sánchez (desde la curul): Sí.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): En pro.

El diputado Héctor Guevara Ramírez (desde la curul): En pro.

El senador Javier Orozco Gómez (desde la curul): En pro

La diputada Marcela Guerra Castillo (desde la curul): A favor.

El senador Jesús Garibay García (desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío (desde la curul): A favor.

El diputado Adán Augusto López Hernández (desde la curul): A favor.

El senador Adrián Rivera Pérez (desde la curul): No.

El senador Sergio Álvarez Mata (desde la curul): En contra.

La senadora Emma Lucía Larios Gaxiola (desde la curul): No.

El diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo (desde la curul): A favor.

El senador Rubén Fernando Velázquez López (desde la curul): A favor.

El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): En pro.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): A favor.

El diputado David Hernández Pérez (desde la curul): Sí.

El Secretario senador Adolfo Toledo Infanzón: Sí.

El diputado Roberto Gil Zuarth (desde la curul): En contra.

El Vicepresidente diputado Óscar Martín Arce Paniagua: En contra.

El Vicepresidente diputado Arturo Zamora Jiménez: A favor.

La Secretaria diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: A favor.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva:A favor.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: No.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En contra.

Se consulta si hay algún legislador que falte de emitir su voto.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Señor presidente, se emitieron 18 votos en pro y 10 en contra; en consecuencia, hay mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Por tanto, se aprueba. Publíquese y háganse los avisos correspondientes.

UNESCO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pido a la Secretaría que dé cuenta del segundo dictamen que fue reservado, el correspondiente a la UNESCO, para efectos de pedir la votación, en su caso.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 45 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, a instruir a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que rinda un informe detallado de los motivos que se tomaron en consideración para concentrar las funciones de la oficina externa de la misión permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en la Embajada mexicana con representación en Francia.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a mantener en la oficina externa de la misión permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, embajador específico y autónomo de cualquier otra embajada de México.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido a la Secretaría consulte, en votación económica, si se aprueba.

El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, señor senador.

El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (desde la curul): Si me permite, presidente, le solicito que los resolutivos sean votados también de manera por separado. Son dos resolutivos. Si no hay inconveniente, cada resolutivo tenga su respectiva votación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita el señor senador, le pido a la Secretaría pida la votación nominal de acuerdo con los resolutivos.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: En votación económica se pregunta si se aprueba el primero de los resolutivos del punto de acuerdo... ¿De manera nominal?

Se pide que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido a la Secretaría dé lectura al primer resolutivo, que será la primera votación que se levante.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 45 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores a rendir un informe detallado de los motivos que se tomaron en consideración para concentrar las funciones de la oficina externa de la misión permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en la embajada mexicana, con representación en Francia.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está pidiendo el uso de la palabra el senador Monreal. Se le concede al senador para que haga uso de la palabra.

El senador Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano Presidente. Ciudadanos legisladores. El tema que nos ocupa es...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Solicitamos a nuestros compañeros legisladores escuchar a nuestros compañeros que están haciendo uso de la palabra.

El senador Ricardo Monreal Ávila: Gracias, ciudadano presidente. Es muy sencillo. Debo celebrar –es muy extraño que lo haga– que el Partido Acción Nacional está de acuerdo en este punto. Lamentablemente yo no pertenezco a esta comisión y no pude estar ayer en la discusión, aun cuando soy autor del punto de acuerdo sobre el tema de la UNESCO.

Ha habido una gran inconformidad en el mundo académico...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Permítame, señor senador. Compañeros diputados, compañeros senadores, vámonos escuchando a efecto de poder tomar las decisiones más adecuadas en este tema.

El senador Ricardo Monreal Ávila: Siempre sucede al final del periodo. ¿Los esperamos, ciudadano presidente, o continuamos?

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Continúe, señor senador.

El senador Ricardo Monreal Ávila: Creo que es un tema que no nos debe diferenciar ni nos debe encontrar y menos irritar, porque finalmente cada uno defiende sus posiciones, pero en este momento creo que coincidimos.

Realmente es una cosa menor. El punto de acuerdo que yo solicitaba era que se le solicitara directamente al Ejecutivo federal para que instruyera, él, a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que nos diera información de por qué razón había cerrado las oficinas de la UNESCO; y decía el PAN: es que no las cerró, sino concentró las funciones en la embajada que el país tiene en Francia.

Es una discusión profunda y no conocemos verdaderamente los motivos ni conocemos si se procedió al cierre o simplemente fue la concentración de funciones para ahorros y para austeridad, según el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Ése es el problema, que no tiene información el Congreso mexicano de una oficina tan importante como es la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), y me dice el PAN, sus representantes, que ellos estarían de acuerdo en este punto de acuerdo –valga la redundancia– si de manera directa se envía la solicitud y el exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores y no al Ejecutivo federal.

Hay un principio en materia jurídica que señala que: el que puede lo menos puede lo más... el que puede lo más puede lo menos. Es un principio general del derecho.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Es al revés, señor senador.

El senador Ricardo Monreal Ávila: Por eso lo corregí. Entonces por esa razón, yo sí creo que tenemos facultades para exhortar al presidente, pero también para que de manera directa exhortemos a la Secretaría de Relaciones Exteriores o a cualquier otro secretario, para efecto de que esto salga por consenso. Yo digo: adelante.

Finalmente, la otra era una ruta más larga; mandarlo al presidente y luego a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora el Congreso, la Comisión Permanente, lo envía directamente a Relaciones Exteriores para que nos informen y entonces sí, fijar nuestra posición política frente a este crimen que pudiera no ser, que si lo fuera, sería una actitud culturicida. Algo así como un homicidio en la cultura.

Pero vamos a esperar la información, por eso acepté la propuesta del PAN y les pido que votemos todos, porque es sumamente importante este punto de acuerdo. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Es solamente para hacer un exhorto a la Mesa Directiva, a la asamblea y al senador con las expresiones en voz alta que no corresponden a la altura parlamentaria con la que se ha conducido esta Comisión Permanente, y menos estando de acuerdo en lo mismo. Muchas gracias.

El senador Ricardo Monreal Ávila: Y agregar al orador que me interrumpió.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aceptada, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el señor senador Tamborrel.

El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (desde la curul): Si me permite.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Por favor.

El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez:Con el permiso de la Presidencia. Las legisladoras y los legisladores siempre estaremos a favor de la rendición de cuentas, siempre estaremos a favor de que el Ejecutivo federal y cualquier otro gobernante, de cualquiera de sus niveles, rindan los informes que sean necesarios.

Compartimos el que es necesario que la Secretaría de Relaciones Exteriores nos comparta, a su vez, cuáles fueron las razones para concentrar o pretender concentrar las funciones de la representación de México en la UNESCO en nuestra embajada.

Me permito adelantarles, con mucho respeto, bueno, primero aclarar que nunca se cerró; que el personal adscrito a la UNESCO permanece; que la oficina que se tiene en sus instalaciones permanece; que el planteamiento que se ha hecho es únicamente el de buscar, en una economía complicada como la que vivimos, se busca simplemente optimizar los recursos.

A decir del diputado Felipe Solís Acero, en su punto de acuerdo, él expresa que se ha estimado que los gastos del embajador rondan los 200 mil dólares mensuales. Me parece una cantidad exagerada. Me parece que no es del todo correcto. Pero, independientemente de ello, no tengo duda que este embajador –independientemente del respeto que pudiera tener para su persona–, el embajador actual, bueno, independientemente de ello, me parece que sí pudiésemos ir buscando este tipo de economías, y más en el entendido de que el embajador de México en Francia es una persona que tiene una amplia trayectoria en el ámbito de lo educativo.

Fue oficial mayor de la Secretaría, en los tiempos del presidente Zedillo –si no me equivoco– y en algún otro momento fungió como uno de sus asesores. Es decir, es una persona que conoce el tema, que está comprometido con el tema.

Entonces, desde ese punto de vista me parece importante irlo adelantando. De cualquier manera, no dudo que la Secretaría de Relaciones Exteriores habrá de verternos todos estos comentarios, toda esta información, por lo cual reitero que los legisladores del Partido Acción Nacional votaremos a favor de este primer resolutivo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor senador. Ha solicitado el uso de la palabra el senador Monreal. Se le concede para rectificación de hechos.

El senador Ricardo Monreal Ávila: Gracias, ciudadano presidente. Yo hubiera querido evitar el debate.

Miren, yo no creo en la información que el senador nos dice, pero en todo caso, él está intentando suplantar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es quien nos debe informar.

Yo sé las consecuencias, de hecho, pero no sé la motivación del gobierno. El senador podrá argumentar todo lo que quiera, pero yo quiero la información oficial. Tengo ese derecho y para mí lo que se ha hecho con la representación diplomática de la UNESCO es una barbaridad, es una salvajada, es una gran ignorancia. Si quieren ahorrar, por qué no cerramos la representación diplomática del Vaticano; o no la cerramos, concentremos la representación diplomática del Vaticano en la embajada de Italia.

¿Quién gasta más? Por qué no cerramos las representaciones absurdas en el país de toda la inmensa gama de burocracia, representaciones de delegaciones. No es una justificación, para mí, y no quiero adelantar el debate, quiero la información, porque luego se acostumbra aquí, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados o en la Comisión Permanente, asumir imposiciones del Ejecutivo. No, dejen que nos conteste, y cuando tengamos la información, podemos debatir.

Pero yo no admito que aquí pueda ya, de antemano, justificarse una información, y por eso yo acepté, porque me parecía lógica la contrapropuesta de los compañeros del PAN, de decir: no triangulemos. Vamos directo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y cuando venga la información, entonces iniciemos el debate. Es lo más lógico.

Pero si me dicen, vamos, aceptamos, pero les aseguramos que es concentración y que están equivocados y que no es sino para efectos de austeridad, adelantamos el debate. Qué diría Jaime Torres Bodet, quien fue un embajador de los más lúcidos mexicanos, que fue representante de la UNESCO. ¿Hoy qué diría? Quizá volvería a morir de vergüenza, cuando el tema de la educación es el más importante del país. Somos un país de reprobados y quitas la representación diplomática de la UNESCO, y México es uno de los fundadores de la UNESCO.

¿Cuál es la justificación, cuántos dólares se van a ahorrar? Ése es el tema de fondo y si quieren lo damos. Yo lo quise evitar porque quiero conocer la información y no quiero que me la adelante ningún legislador. ¿Eso es mucho pedirles? Es inconcebible.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor senador.

Señoras y señores diputados y senadores, el señor senador Monreal hizo una propuesta a efecto de que el informe se le pida directamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, concretamente a su titular, la secretaria de Relaciones Exteriores, que es lo que modificaría el punto número uno del acuerdo.

Pregunto si estamos, si consideramos esto suficientemente discutido, a efecto de que en lugar de que el informe sea solicitado al señor presidente de la República, se solicite de manera directa a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

¿Habría quien quiera hacer uso de la palabra en este tema, o lo declaramos suficientemente discutido y aprobamos, y sometemos a votación el punto número uno, a efecto de que la Comisión Permanente solicite el informe a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que informe acerca del tema que ha sido comentado?

Al no haber quien haga uso de la palabra, le pido a la Secretaría pida, en votación económica, a la asamblea, si vota el punto número uno a efecto de solicitar el informe directamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto primero, modificado...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Es que la propuesta inicial había sido planteada por el señor senador respecto al punto número uno. Preguntamos a la asamblea por el punto número uno y luego vamos a ver el punto número dos, a efecto de poderlo resolver, porque hubo solicitud expresa de votar así, en tal sentido, separados los resolutivos. Así que proceda la Secretaría respecto al punto número uno.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: En votación económica se pregunta si se aprueba el resolutivo primero del punto de acuerdo, con la modificación hecha. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado el primer punto resolutivo del dictamen.

Le pido a la Secretaría dé lectura al punto segundo, a efecto de poder, esta asamblea, tomar la decisión correspondiente.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a mantener, en la oficina externa de la misión permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, embajador específico y autónomo de cualquier otra embajada de México.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está a discusión este punto de acuerdo. Le pido a la Secretaría, en virtud de no haber legislador anotado en este tema, ponga a votación económica si se aprueba.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: En votación económica se pregunta si se aprueba el numeral segundo del punto de acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo.

Señor presidente, hay mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobados los puntos de acuerdo.El primero con la modificación hecha y el segundo, en los términos que se presentó  el dictamen. Continúe la Secretaría con los dictámenes negativos.

El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes negativos. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se autoriza y en consecuencia, proceda la Secretaría a dar lectura a los puntos de acuerdo.

PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se desecha la proposición por la que se convoca a un periodo extraordinario de sesiones

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Unión a convocar a ambas Cámaras a un periodo extraordinario de sesiones para tomar medidas urgentes que frenen el deterioro de la economía popular, suscrita por el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;

II. En el capítulo “Contenido” se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio;

III. En el capítulo “Consideraciones” la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar la proposición en análisis.

I. Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 20 de enero de 2010 y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

II. Contenido

En la proposición que se dictamina, se manifiesta que la grave situación de la economía de la mayoría de los mexicanos, requiere de la atención de los legisladores, buscando alternativas para mejorar la economía de los ciudadanos, plantear acciones para frenar la escalada de precios, originada por los aumentos de impuestos, de las gasolinas, del diesel, el gas y la energía eléctrica.

Que la propuesta que se plantea consiste en que se apruebe un punto de acuerdo para convocar a ambas Cámaras a un periodo extraordinario de sesiones, con el único objetivo de tomar medidas urgentes para frenar el deterioro en la economía popular, buscando opciones para obtener recursos y cubrir el déficit de las finanzas públicas, cancelando los aumentos vigentes de impuestos y de precios en gasolinas, diesel, gas y energía eléctrica.

El proponente expone que al efecto su grupo parlamentario presentó dos iniciativas, la primera con el objetivo de impulsar la aprobación de una ley de austeridad republicana, que contempla el reducir los sueldos de los altos funcionarios en 50 por ciento, eliminar los bonos, las percepciones extraordinarias, la atención médica privada, la caja de ahorro especial de los altos funcionarios públicos, entre otras canonjías, y la segunda consistente en una reforma legal para abolir los privilegios fiscales de grandes empresarios y banqueros.

Finalmente señala que presentó el punto de acuerdo para convocar a un periodo extraordinario de sesiones de ambas Cámaras, con el único objetivo de tomar medidas urgentes para frenar el grave deterioro en la economía del pueblo de México y formula el siguiente:

“Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Congreso de Unión a que se apruebe un punto de acuerdo para convocar a ambas Cámaras a un periodo extraordinario de sesiones, con el único objetivo de tomar medidas urgentes para frenar el deterioro en la economía popular.”

III. Consideraciones

Los integrantes de la comisión dictaminadora consideran que, en razón de la inminente conclusión del presente receso y el inicio del segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, el próximo primero de febrero, la temática propuesta por el autor de la proposición que se dictamina podrá abordarse ampliamente por ambas cámaras legislativas una vez iniciado dicho periodo, por lo que procede desecharla.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Unión a convocar a ambas Cámaras a un periodo extraordinario de sesiones para tomar medidas urgentes que frenen el deterioro de la economía popular, presentada por el senador Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el veinte de enero de dos mil diez.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2010.

La Primera Comisión:Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), diputado Javier Corral Jurado, senador Jesús Garibay García (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, senador José González Morfín, senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica de la senadora Emma Lucía Larios Gaxiola), senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), diputado Adán Augusto López Hernández (rúbrica), senador Arturo Escobar y Vega, diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto. Continúe la Secretaría.

DOCUMENTO DE IDENTIDAD A MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR

El secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se desecha la proposición por la que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al IFE para que se expida el documento único electoral y de identidad a los mexicanos residentes en el extranjero.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Federal Electoral a considerar la viabilidad técnica, operativa y financiera de que el documento único electoral y de identidad sea expedido a los mexicanos residentes en el exterior, suscrita por el senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Primera Comisión someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo de antecedentes se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;

II. En el capítulo correspondiente al contenido se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio;

III. En el capítulo de consideraciones, la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar la proposición en análisis.

I. Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 20 de enero de 2010, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

II. Contenido

En la proposición con punto de acuerdo se manifiesta que el derecho al voto es considerado el derecho político por excelencia, que permite al ciudadano manifestar su voluntad en favor del candidato u opción de su preferencia en sufragios realizados para ocupar ciertos encargos públicos. En el sistema jurídico del país, el voto es tanto un derecho como una obligación para los ciudadanos. Este derecho se encuentra previsto en la fracción I del artículo 35 de la Carta Magna, y la obligación de votar se prevé en la fracción III del artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, el artículo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) establece que “votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular” y que éste es “universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible”.

Que son diversos los instrumentos internacionales de derechos humanos de los cuales México es parte y contienen disposiciones relativas al derecho de voto, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 21 refiere: “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas, que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”. El Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 25, establece: “Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre elección de la voluntad de los electores”. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en el artículo 23: “Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a)... b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”, entre otros.

Que una proporción de ciudadanos mexicanos que tienen el derecho y la obligación de votar viven fuera del territorio nacional, en su mayoría en Estados Unidos, país en el que residen aproximadamente 12.7 millones de inmigrantes mexicanos, lo cual significa que 11 por ciento de las personas nacidas en México habita hoy en ese país. Organizaciones de inmigrantes mexicanos, en especial en Estados Unidos, han propugnado porque se les permita ejercer el voto en su lugar de residencia; efecto para el cual, en junio de 2005, se aprobaron reformas del Cofipe con objeto de permitir la participación de los mexicanos en el exterior en las elecciones presidenciales. Las reformas, previstas en el Libro Sexto de dicho código, establecen que quienes cumplan los requisitos de ciudadanía establecidos en el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar, podrían participar en las elecciones para presidente de la República.

Sigue manifestando el proponente que para ejercer el voto, los ciudadanos en el extranjero necesitan solicitar su inscripción en la lista nominal de electores en el extranjero y señalar el domicilio en el extranjero en que se hará llegar la boleta electoral. En caso de ser aceptados en la lista nominal, el voto debe enviarse entonces por correo certificado y debe ser recibido en el Instituto Federal Electoral hasta 24 horas antes que se lleve a cabo la elección.

Señala el autor que, según estimaciones de El Colegio de la Frontera Norte, en 2006 había entre “2.4 y 4 millones de mexicanos en el exterior que cumplían los requisitos para ejercer el derecho de voto; pese a las amplias expectativas que se generaron por la participación de ciudadanos mexicanos en los comicios para elegir al presidente de la República en 2006, los resultados fueron desalentadores: únicamente 54 mil 780 connacionales solicitaron su registro en la lista nominal de electores en el extranjero, de los que 13 mil 904 fueron rechazados. Asimismo, sólo 32 mil 632 personas enviaron su voto en tiempo y de acuerdo con lo establecido en la ley. De esa manera, si se consideran las estimaciones más bajas de El Colegio de la Frontera Norte sobre la cantidad de ciudadanos mexicanos que tienen la capacidad de votar (2.4 millones de connacionales), únicamente 1.36 por ciento de ellos lo hizo en las elecciones presidenciales de 2006”.

Continúa el proponente señalando que entre los motivos que pueden explicar la baja participación de los mexicanos en el extranjero están la poca capacidad de difusión en el extranjero de los procedimientos de registro en la lista nominal de electores en el extranjero, el hecho de que el envío del voto por correo certificado tiene un costo de entre 8 y 9 dólares, y que muchos connacionales se encuentran de manera indocumentada, en especial en Estados Unidos, y tienen miedo a ser detenidos o deportados al ir a ejercer su derecho y, por último, que gran cantidad de ellos no cuenta con credencial para votar.

Que en fechas recientes, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal Electoral anunciaron que trabajan de manera coordinada para expedir un solo documento oficial que permita que los ciudadanos “acrediten fehacientemente su identidad en todos los ámbitos” y, a la vez, les permita ejercer el derecho de voto, por lo que, de crearse dicho documento, se facilite a los millones de connacionales que viven en el exterior la obtención de éste, con el objetivo de que puedan participar en futuras elecciones, de acuerdo con la Constitución, los tratados internacionales que aquí han sido mencionados y demás disposiciones de ley en la materia y que por razones técnicas, operativas y presupuestales es indispensable que la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal Electoral analicen la importancia de que los connacionales residentes en el exterior se beneficien en forma igual que todos los mexicanos y reciban una cédula de identidad que, a la vez, los acredite como electores, formulando el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Federal Electoral a efecto de que ante la próxima expedición de un solo documento oficial que permita a los ciudadanos acreditar fehacientemente su identidad y, al mismo tiempo, garantizar el ejercicio de su derecho al voto, consideren la viabilidad técnica, operativa y presupuestal para que dicho documento también sea expedido a los mexicanos residentes en el exterior, con la finalidad de que puedan identificarse como mexicanos y ejercer su derecho al sufragio.

III. Consideraciones

Los integrantes de la comisión dictaminadora ven con interés y coinciden con la intención del proponente de que se pondere la viabilidad técnica, operativa y presupuestal a efecto de que, si se concreta la expedición de un solo documento oficial que permita a los ciudadanos acreditar fehacientemente su identidad, dicho documento también pueda ser expedido a los mexicanos residentes en el exterior.

Con base en las investigaciones realizadas por el cuerpo de asistencia técnica de la comisión dictaminadora, se obtuvo que un diario de circulación nacional publicó una nota en su edición del 12 de enero de 2010 que señala: “El Instituto Federal Electoral definió no acompañar la expedición de una cédula de identidad y mantener la credencial para votar con fotografía como único documento de identidad ciudadana y que, según lo expuesto por el consejero Virgilio Andrade, ya existe un consenso inicial con la Secretaría de Gobernación de no emitir una nueva mica. La credencial para votar será el instrumento de identidad; ése es un consenso importante y que en algún sentido ya se tiene con la Secretaría de Gobernación, dijo en entrevista...”

Asimismo, otro diario refirió en una nota de fecha 21 de enero de 2010: “La Secretaría de Gobernación confirmó un acuerdo inicial con el Instituto Federal Electoral para que la credencial de elector se convierta en documento único de identificación oficial de los mexicanos...”

También un periódico, el 14 de enero de 2010, publicó: “El Instituto Federal Electoral confirmó la fusión de la cédula de identidad ciudadana impulsada por Gobernación con la credencial para votar con fotografía, con lo que ésta se convertirá en el único documento de identidad de la ciudadanía. Los nueve consejeros electorales indicaron que el organismo electoral y la Secretaría de Gobernación avanzan en los trabajos para la expedición de un solo documento que servirá como credencial para votar y como instrumento para la acreditación fehaciente de la identidad ciudadana que se emplee para las elecciones federales de 2012.

”Se trata de un ‘principio de acuerdo’ entre ambas partes, en el que la credencial se reforzará con datos de seguridad –como los biométricos y una banda magnética–, aunque admitieron que aún no se concreta un convenio legal con Gobernación, pues existen aspectos técnicos que se analizan.”

Por lo anterior, la comisión dictaminadora, partiendo del supuesto de que existe un “principio de acuerdo” para reforzar y expedir una nueva credencial de elector que, a su vez, funcionará como instrumento para la acreditación fehaciente de la identidad ciudadana, y con base en las consideraciones planteadas por el proponente, así como la falta de un acuerdo entre las partes, la comisión dictaminadora estima procedente desechar la presente proposición con punto de acuerdo.

Por lo expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Federal Electoral a considerar la viabilidad técnica, operativa y financiera de que el documento único electoral y de identidad sea expedido a los mexicanos residentes en el exterior, suscrita por el senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, toda vez que la expedición del documento se encuentra incluso a discusión en la propia Cámara de Diputados, mediante un proyecto de iniciativa de ley que podría dar respuesta a la inquietud de nuestros compañeros mexicanos en el extranjero.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2010.

La Primera Comisión:Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), diputado Javier Corral Jurado, senador Jesús Garibay García (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, senador José González Morfín, senadora Emma Larios Gaxiola (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica en contra), diputado Adán Augusto López Hernández (rúbrica), senador Arturo Escobar y Vega, diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Están a discusión los puntos de acuerdo. Se concede el uso de la palabra al señor senador Luis Alberto Villarreal, en contra de este punto de acuerdo.

El senador Luis Alberto Villarreal García: Gracias, presidente. Quisiera también solicitar que se lleven a cabo las votaciones de manera separada; es decir, hay dos dictámenes a discusión de dos puntos de acuerdo que se están desechando y quiero solicitar que se voten cada uno en una votación particular.

La semana pasada propuse que en aras de garantizarle el voto a los mexicanos en el exterior y a partir del acuerdo entre la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal Electoral, que se dio a conocer a los medios de comunicación el 14 de enero de 2010, mediante el boletín 16/10, en el que manifiesta el acuerdo inicial entre la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal Electoral, es de continuar trabajando para la expedición de un solo documento oficial, que permita que los ciudadanos acrediten fehacientemente su identidad en todos los ámbitos y, al mismo tiempo, ejerzan su derecho al voto, con independencia de que exista una propuesta de ley discutiéndose en la Cámara de Diputados. El hecho hoy es que están en diálogo la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal Electoral para determinar esta expedición de un solo documento que permita acreditar la identidad y, al mismo tiempo, garantizar el derecho al voto.

En consecuencia, lo que pedí en ese punto de acuerdo, la solicitud de ese punto de acuerdo, era estrictamente sensibilizar a estas dos partes a que, en su momento, consideren las cuestiones técnicas y económicas, para que no se deje sin derecho a los mexicanos que viven en el exterior, a los mexicanos que independientemente de que no están en el territorio nacional tienen derecho al voto. Tienen derecho al voto como un derecho fundamental de los hombres y las mujeres, como un derecho humano.

Nos parece poco conveniente el resolutivo y el dictamen, que está a discusión, propuesto por la Primera Comisión, porque incluso en el propio texto del dictamen establece y fundamenta por qué lo rechaza.

Dice en el último párrafo: Por lo anterior, la comisión dictaminadora, partiendo del supuesto de que existe un principio de acuerdo para reformar y expedir una nueva credencial de elector, que a su vez funcionará como instrumento para la acreditación fehaciente de la identidad ciudadana, y con base en las consideraciones planteadas por la proponente, así como la falta de un acuerdo entre las partes, la comisión dictaminadora estima procedente desechar el presente punto de acuerdo.

Ése es el fundamento, que sí hay acuerdo, pero como todavía no están de acuerdo, mejor se deseche sensibilizar a estas dos partes de algo que es fundamental.

Hace dos legislaturas se aprobó una reforma electoral, en la que se garantizó el voto a los mexicanos en el exterior. Me parece que sería conveniente que demos los instrumentos a esos mexicanos de poder ejercer su derecho. Por eso, respetuosamente, solicitaría que se pudiera reconsiderar el resolutivo del dictamen que propone la Primera Comisión, y en vez de desecharse, se aprobará el mismo. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor senador. Ha solicitado el uso de la palabra, y se le concede, la senadora Emma Larios Gaxiola.

La senadora Emma Lucía Larios Gaxiola: Gracias, señor presidente.

Quiero señalar que el derecho al voto es considerado un derecho político por excelencia, ya que permite al ciudadano manifestar su voluntad en favor del candidato o partido de su preferencia mediante sufragios libres y secretos.

En nuestro país el voto es tanto un derecho como una obligación para los ciudadanos. El derecho al voto está inscrito en la fracción I del artículo 35 de la Carta Magna. Y la obligación de votar en elecciones populares, ésta se encuentra en la fracción III del artículo 36 de la Constitución.

Asimismo, el artículo 4o. del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), establece que votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado, de elección popular y que éste es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

En Acción Nacional estamos convencidos que este derecho fundamental no debe limitarse exclusivamente a los mexicanos que viven dentro del país, considerando que existe una gran cantidad de ciudadanos comprometidos e interesados en el acontecer político de México que no tienen la posibilidad de votar por vivir fuera del territorio nacional, principalmente en Estados Unidos, país en el que residen aproximadamente 12.7 millones de inmigrantes mexicanos.

En últimas fechas la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal Electoral anunciaron que trabajan de manera coordinada para expedir un solo documento oficial que permita que los ciudadanos acrediten fehacientemente su identidad en todos los ámbitos y, a la vez, les permita ejercer el derecho al voto.

Es indispensable que ante la situación descrita anteriormente, ambas instituciones consideren la importancia de los ciudadanos en el exterior y realicen un esfuerzo para que de crearse, en su momento, un nuevo documento de identidad que permita a los ciudadanos mexicanos identificarse y ejercer el derecho al voto, se facilite a esos millones de connacionales que viven en el exterior la obtención de este documento, con el objeto...

El Vicepresidente diputado Arturo Zamora Jiménez: Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí. Permítame, senadora. El señor diputado Arturo Zamora. Diga, diputado.

El Vicepresidente diputado Arturo Zamora Jiménez: Para ver si la senadora me permite formularle una pregunta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Acepta usted una pregunta que le haga el señor diputado?

La senadora Emma Lucía Larios Gaxiola: Sí, con mucho gusto. Claro que sí.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Adelante, diputado.

El Vicepresidente diputado Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor presidente. Senadora, he estado escuchando con atención el discurso que está usted leyendo y, por lo que estoy escuchando –no sé si lo estoy entendiendo bien–, parece que se sobreentiende que en este momento los mexicanos que viven en el extranjero no tienen derecho a voto.

Yo quisiera preguntarle si usted está consciente, si los mexicanos que en este momento que viven en el extranjero, tienen derecho al voto o no.

La senadora Emma Lucía Larios Gaxiola: Sí, cómo no. Le respondo, y si me permite terminar, yo creo que va a...

El Vicepresidente diputado Arturo Zamora Jiménez: Si me puede dar respuesta, porque creo que la respuesta es un sí o es un no.

La senadora Emma Lucía Larios Gaxiola: Sí, cómo no. Por supuesto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Continúe, senadora.

La senadora Emma Lucía Larios Gaxiola: Sí tienen derecho al voto.

El Vicepresidente diputado Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

La senadora Emma Lucía Larios Gaxiola: Estoy consciente que durante el proceso de análisis en las reformas del Cofipe, del 2005, se manifestó la imposibilidad técnica y la inviabilidad financiera para que los mexicanos votaran. Por tal motivo se facilitó para que en la contienda presidencial ellos votaran.

Continúo, con el objetivo de que puedan participar en futuras elecciones, de acuerdo con la Constitución, los tratados internacionales que aquí han sido mencionados y demás disposiciones de ley en la materia.

El proceso electoral de 2006 dejó la experiencia de que es necesario facilitar el ejercicio del sufragio para los mexicanos residentes en el extranjero. Por ello, ante la coyuntura que representa la expedición del documento electoral y de identidad, consideramos indispensables que por razones técnicas, operativas y presupuestales, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal Electoral analicen la importancia de que los connacionales residentes en el exterior se beneficien en forma igual que todos los mexicanos y reciban una cédula de identidad que a la vez los acredite como electores.

Lamentablemente el día de ayer se aprobó este dictamen por el que se desecha la proposición del senador Villarreal, dejando sin oportunidad a los mexicanos que no se encuentran en la lista nominal de electores en el extranjero.

Por tal motivo, señor presidente, solicité la palabra para argumentar mi voto en contra y a la vez hacer patente la postura del Grupo Parlamentario del PAN, de que más allá de si se ha aprobado o no el nuevo documento de identidad o de qué dependencia estará a cargo de este proceso, estamos convencidos que dentro del análisis de la expedición del citado documento de identidad es fundamental que se revise la viabilidad técnica y operativa de un proceso de credencialización, que permitiría a nuestros compatriotas mexicanos, que residen en el exterior, ejercer su derecho al voto en los procesos electorales venideros. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Ibarra.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): Solicito el uso de la palabra, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No le puedo dar el uso de la palabra, diputado, en virtud de que está perfectamente reglamentado de que no puede haber sustituciones durante el proceso de las sesiones con quien pasa lista de asistencia y usted es suplente o vendría a suplir, en este caso, a otro compañero diputado que fue el que pasó lista de asistencia. Por ese motivo no puede usted intervenir, señor diputado.

Le pido a usted, diputado Ibarra, que cumpla usted los ordenamientos que usted mismo, inclusive estando en la reunión correspondiente de la Mesa Directiva del día que estuvimos analizando los reglamentos con los que nos íbamos a sujetar en el periodo extraordinario, usted lo manifestó y estuvo de acuerdo.

Tiene el uso de la palabra el diputado Arturo Zamora Jiménez.

El diputado Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor presidente. Señores legisladores, en relación a este punto de acuerdo que estamos...

El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, senador, dígame.

El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Mire, presidente, me parece mal precedente el que se está fijando al negar la palabra al diputado Enrique Ibarra. Pero déjeme decirle otra cosa: en la votación pasada, si usted registra, cuando fue la votación nominal, se le permitió votar a Enrique Ibarra. Entonces usted sí admite que vote y esté presente en la asamblea y no le da el uso de la palabra.

Le pediría que revise la versión estenográfica de la votación anterior y Enrique Ibarra votó como miembro de la Comisión Permanente. Es decir, usted aceptó, tácitamente, la sustitución del diputado Pedro Vázquez. Me parece un grave precedente.

Además no se perdería. ¿Qué puede decir Enrique? Mucho, porque es un hombre muy inteligente y va a rebatir un tema fundamental. Creo que si le da 5 minutos nada se pierde; además, en razón de la camaradería.

Ojalá y usted fuera más flexible y se lo pido a nombre del Partido del Trabajo. Nada se pierde. Se han cometido muchas más barbaridades en esta Comisión Permanente. Usted es un hombre estricto, pero también sé que es un hombre flexible.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Ramírez Marín, se le concede.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que al contrario, no sólo considero que no se han cometido barbaridades en esta Comisión Permanente, sino que hemos procurado ser lo más prolijos, aseados, participativos, democráticos y tolerantes.

Lo que estipula la Ley Orgánica con respecto a la Comisión Permanente es que se admiten las sustituciones. Fue una reglamentación nuestra la que acotó que esas sustituciones, como es costumbre ordinaria, esas sustituciones se inscriban al inicio de cada sesión. Es realmente un problema cuando se trata de decidir qué compañero debe sustituir a otro pero lo hacemos ordinariamente.

Ahora bien, nuestro acuerdo no está por encima de la Ley Orgánica. Es un acuerdo que tomamos nosotros.

Está la circunstancia de que, efectivamente, el diputado Ibarra ya había participado en alguna parte del proceso de esta sesión sin que pudiéramos reparar en la omisión primera; por tanto, presidente, considero que la solución sería que usted pudiera preguntar a la asamblea si estaría de acuerdo en hacer esta excepción al acuerdo para que participara el diputado Ibarra, y dado que la asamblea es la máxima autoridad, dejáramos salvado el acuerdo de nosotros y evitar hacer estas barbaridades –que lo serían– de que el diputado Ibarra pudiera tomar la palabra sin el consentimiento de la asamblea, como lo fue que votara sin que hubiéramos reparado en eso. Pienso que sería una salida que pudiera dejarnos a todos participando.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Solicita la palabra el diputado Roberto Gil.

El diputado Roberto Gil Zuarth (desde la curul): Gracias, presidente. No es un tema vinculado con la participación del diputado Ibarra; ése no es el problema y la cuestión está detrás del trámite que se estaría modificando.

No solamente estaríamos violando un acuerdo que votó esta Comisión Permanente. Estamos vulnerando todos los precedentes del funcionamiento de la Comisión Permanente, porque no hay un solo caso en el que se haya permitido la sustitución en ejercicio de la Comisión Permanente.

Si no tengo mal la referencia que me hacía hace un momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios, no se identifica un precedente en esa dirección y precisamente por eso, presidente, nosotros estaríamos por acompañarlo en el trámite que usted correctamente está ordenando, porque usted está cumpliendo con el acuerdo que votó por unanimidad esta Comisión Permanente. Eso es lo que debemos hacer en virtud de que los acuerdos integran nuestra normativa parlamentaria, y la Ley Orgánica y el reglamento no prevén esa sustitución en ejercicio.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Castro Cosío.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío (desde la curul): Señor presidente, usted ha dejado testimonio de alcances superiores y yo creo que hoy puede dar otra muestra de tolerancia sin necesidad de votarlo.

Pido a los compañeros de Acción Nacional, les ruego de verdad que eviten una votación. Creo que el señor presidente tiene las facultades reglamentarias plenas, de acuerdo con la ley que nos rige, para ceder la palabra a un compañero que ya está presente en la asamblea.

Yo le ruego que dé una muestra, señor presidente; no pasará a mayores y evitaremos estar aquí en una condición de votaciones inútiles. Usted tiene la palabra y lo puede hacer, como lo ha hecho extraordinariamente bien.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado.

Compañeros legisladores, quiero manifestar que no es que la Presidencia haya aceptado de manera tácita a la hora que votó el señor diputado Ibarra; simplemente estábamos distraídos los integrantes de la Mesa.

Nada más quiero darle lectura al artículo cuarto del Acuerdo en el que se establecen los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para el primer receso del primer año de ejercicio constitucional de esta LXI Legislatura.

Señala el artículo cuarto. Para verificar que existe el quórum legal para el ejercicio de cada sesión, la Secretaría de la Mesa Directiva pasará lista de asistencia. Por ello, y con objeto de contar con el registro correcto de asistencias y solicitudes de uso de la palabra, los representantes de los grupos parlamentarios informarán a la Secretaría de la Mesa Directiva, a más tardar al inicio de la sesión, los nombres de las legisladoras y los legisladores que sustituirán de manera distinta en sus funciones a los titulares.

Una vez declarada abierta la sesión, las legisladoras y los legisladores que hayan pasado lista de asistencia no podrán ser sustituidos. En caso de que algún legislador titular no pueda asistir a las reuniones de la comisión de trabajo a la que pertenezca, el coordinador del grupo parlamentario deberá notificarlo por escrito al presidente de la misma, informando el nombre del legislador sustituto que cubrirá dicha ausencia. Dicho legislador tendrá voz y voto en la comisión de que se trate.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en virtud de que tenemos una disposición que fue aprobada por esta asamblea, no podemos de manera económica y por camaradería o, simplemente por cortesía, violarla.

Por tanto, creo que es procedente lo que señala el diputado Ramírez Marín, en el sentido de someter a votación si concedemos el uso de la palabra o no al diputado Ibarra, dado que la asamblea tiene la soberanía y la máxima autoridad en esto.

Pido a la Secretaría, en votación económica, solicite a la asamblea su aprobación o, en su caso, la negación al uso de la palabra al diputado Ibarra.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: Por instrucciones de la Presidencia...

El Secretario diputado Arturo Zamora Jiménez: Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Permítame, señor diputado Arturo Zamora, en virtud de que tenemos que solicitar esta votación para los efectos correspondientes.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: Por instrucciones de la Presidencia preguntamos a la asamblea si es de aprobarse la participación del señor diputado. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se aprueba; y una vez que concluya su participación el diputado Arturo Zamora se le concede el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra el diputado Arturo Zamora Jiménez.

El diputado Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor presidente. Éste es un tema muy importante que tiene que ver precisamente con el ejercicio de las libertades democráticas; el ejercicio de las libertades democráticas que tenemos todos los ciudadanos mexicanos.

A partir de lo que establece el artículo 1o. de la Constitución General de la República, a nuestro partido, al Revolucionario Institucional, nos queda muy claro que todos los mexicanos residentes en el extranjero tienen el pleno goce de sus derechos electorales. ¿Esto qué significa? Todos los mexicanos en el extranjero pueden votar, porque así lo ha establecido la normatividad en la materia.

Es importante también referir que en este sentido ya existe una iniciativa con la finalidad de que no solamente tengan derecho al voto activo, sino también al voto pasivo.

El asunto que nos ocupa, el asunto que nos trae ahora aquí, es precisamente un dictamen que el día de ayer se resolvió en la Primera Comisión y ahí se argumentaron las razones por las cuales no podía proceder este punto de acuerdo, toda vez que ya existe una iniciativa que fue presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados y que está aquí, la muestro a ustedes. Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y se presentó precisamente el día 15 de diciembre por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

Luego entonces, es importante referir a ustedes lo siguiente. Nosotros, al analizar el punto de acuerdo en el sentido de lo que se espera...

El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Permítame, diputado Zamora, el senador Tamborrel desea hacerle alguna pregunta. ¿Acepta usted que le haga alguna pregunta?

El diputado Arturo Zamora Jiménez:Como no, con todo gusto. Claro que sí.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Adelante, senador.

El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez(desde la curul): Gracias, diputado. Más que responderme a mí es responderle al pueblo de México y, particularmente, a quienes están en el exterior.

Yo le pregunto. Tengo entendido que en esta Cámara de Diputados hay más de 2 mil iniciativas pendientes de dictaminación y, de ser así, yo le preguntaría ¿por qué las personas a las que estamos haciendo alusión –mexicanos ciudadanos en el extranjero– por qué habrían de pensar que esa iniciativa sí habría de proceder y no correría la misma suerte que esas 2 mil que están ahí olvidadas?

El diputado Arturo Zamora Jiménez:Con todo gusto, señor senador. En principio, tenemos que plantear que esta iniciativa que ha sido presentada a la Cámara de Diputados tendrá que llevar, en su momento, la correlativa de la colegisladora, que es precisamente el Senado de la República.

Esta iniciativa fue presentada por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional y la iniciativa lleva como objetivo, precisamente, garantizar, de manera más plena, los derechos al voto activo y al voto pasivo.

Yo estoy señalando que nuestro grupo parlamentario comparte plenamente, comparte plenamente los derechos de los mexicanos que residen en el extranjero, tanto para que se les conceda la oportunidad del derecho al voto activo como del derecho al voto pasivo; sin embargo, también en este sentido...

–Señor presidente, puede correr el reloj legislativo por el tiempo que me concede, si es que está la respuesta. Muy bien, muchas gracias.

En este sentido quiero señalar que el punto de acuerdo se constriñe, única y exclusivamente al efecto de que en el extranjero se le otorgue a los mexicanos residentes en el extranjero, un documento de identidad que les garantiza el derecho de voto.

Yo me pregunto si aquí en México, desde hace varios meses, el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación no ha podido definir cuál será ese documento único de identidad; entonces, ¿cómo tendríamos que plantear esto hacia los mexicanos residentes en el extranjero?

Pero, además, la propia legislación en esta materia establece claramente que todos los mexicanos en el extranjero tienen derecho a la identidad y la identidad la emite, precisamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de los consulados que están diseminados en todo el mundo. De tal suerte que con ese documento está plenamente garantizado a los mexicanos residentes en el extranjero, precisamente, su derecho al voto activo.

Es por esa razón y no por otro motivo, por el cual de una manera mayoritaria se votó que este punto de acuerdo realmente no tenía materia, porque finalmente era meter tanto a la Secretaría de Gobernación como a la autoridad electoral en mayores problemas, cuando todavía ni siquiera han tenido una coincidencia para resolver este asunto aquí en México. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Ibarra Pedroza.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Muchas gracias, señoras y señores legisladores, por la oportunidad de abordar este tema. Muchas gracias ciudadano presidente por su generosidad y omnicomprensión.

El día de ayer discutimos en una de las comisiones este tema. Aquí la senadora y el señor senador, que han venido a abordar el tema, parten de una premisa, a mi juicio, que no corresponde a la discusión. Ellos hablan de la salvaguarda del derecho del voto; ellos hablan de tutelar ese ejercicio de decidir aquí y fuera del país.

Ése no es el tema, porque en ningún momento de la discusión ni el día de ahora, jamás esbozaremos ningún intento o propuesta para limitar el ejercicio del sufragio. En eso creo que todos estamos de acuerdo.

En lo que yo disentí y lo expuse y lo argumenté y debatimos largamente el día de ayer, es que la propuesta del senador habla de un documento, dice –palabras más, palabras menos– que sirva a la vez para sufragar aquí y en el extranjero y, al mismo tiempo, como instrumento de identificación.

Pero el planteamiento que hace el senador, lo da como si ya estuviera aprobado, como si ya estuviera procesándose y habla él de instar a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Federal Electoral, para convenios y trabajo en conjunto.

Nosotros no pudimos ni podemos acompañar esa exhortación al Ejecutivo y al IFE por diversas razones: primero, es un tema todavía a discusión. En esta Comisión Permanente ha habido propuestas de mesas de trabajo para discutir y ventilar ese importante asunto.

En una reunión en el mes de noviembre, con Gómez Mont, en su oficina, varios integrantes de la Comisión de Gobernación, Gómez Mont ofreció instaurar una mesa de trabajo donde hubiera legisladores y miembros del Ejecutivo para debatir este tema.

En el Presupuesto de Egresos, que fue otro de los puntos de discusión de ayer, no se estableció ni un centavo para lo que es cédula de identidad; se estableció una cantidad para Renapo, mas no para cédula de identidad. Entonces aquí pareciera que estamos legislando a futuro, estamos tomando acuerdos sin sustento en hechos o en actos ya consumados, por eso nuestra oposición.

En el PT, nosotros estamos, por supuesto, porque voten todos los mexicanos que viven en el extranjero, pero ése es un tema de legislación que en su momento veremos, porque hasta el momento únicamente pueden votar para comicios presidenciales y con una serie de prerrequisitos. De esto no tengan pendiente, en su momento vamos a compartir esa ruta de ustedes, pero son cosas totalmente distintas la cédula de identidad y la credencial para votar con fotografía.

Ustedes recuerdan que en 1990, cuando se legisló esta materia, cuando se transformaron las instituciones electorales del país, cuando tuvo su génesis el Instituto Federal Electoral, ahí se establecieron dos instrumentos, en el 41 constitucional: uno, la credencial para votar con fotografía; y dos, pero por separado, es una vía totalmente distinta, hasta para obtenerla es diferente, la cédula de identidad.

Han transcurrido 20 años y de buenas a primeras al Gobierno de la República le llegó una prisa y un ansia por la cédula de identidad. Vamos discutiéndola, vamos acordando, vamos procesando, vamos exponiendo nuestros puntos de vista, pero esta Comisión Permanente estaría faltando a un principio elemental de certidumbre si ya está dando como bueno un documento que está en el imaginario, que está en las notas de los periódicos, que está en reuniones bilaterales entre Gómez Mont y Leonardo Valdés, del IFE; pero este Congreso no puede convalidar ni dar un cheque en blanco dando por descartado que ello ya se vaya a construir.

Además, y para concluir, un último argumento. Creo que uno de los grandes logros de quienes eran opositores a un modelo electoral que sobrevivió de 1946 a 1990, era exigir, reclamar, alejar, separar al Gobierno de la República de la organización de los procesos electorales, y ahora ustedes peligrosamente quieren que Gobernación retorne a la expedición de cédula de identidad, y que ésta sea un instrumento de votación. Pero en fin, es una discusión que nos llevará seguramente muchos debates, muchos argumentos y contraargumentos, pero ahorita sería sobre las rodillas, pensar hipotéticamente en algo que está construyéndose en diversos espacios y con muchas observaciones, y con muchos pendientes aún por definir antes de este asunto.

Por eso ratificamos lo que fue el sentido de nuestro voto ayer en la comisión dictaminadora.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene el uso de la palabra el senador Luis Alberto Villarreal García, por alusiones.

El senador Luis Alberto Villarreal García:En realidad el debate no es respecto a la cédula de identidad; en realidad no está centrado en si se va a emitir o no se va a emitir; ése no es el asunto. La propuesta es simple y llanamente, porque además tampoco es un punto de acuerdo, así que no estamos legislando como lo sugirió el que me antecedió en la palabra; simple y llanamente un llamado a Gobernación y al IFE –a partir del acuerdo que ellos realizan y que emiten a través de un boletín que es público a principios de año–, para decirles que si llegan a ponerse de acuerdo consideren este asunto. No es legislar sobre las rodillas, es sensibilizar para que suceda.

Me parece poco congruente que alguien que en Mesa Directiva votó un acuerdo para el funcionamiento de la Comisión Permanente y que después emite un voto pirata en esta Permanente, solicite que se rompa ese acuerdo y ahora venga a salirnos de puritano con que por hacerle una recomendación a Gobernación y por hacerle una recomendación al Instituto Federal Electoral estamos verdaderamente violando ninguna ley. Honradamente el tema es simplemente ése. Ésa es la propuesta, no tiene otro trasfondo.

A mi honradamente tampoco me preocupa si hay o no hay una cédula de identidades. Es un debate que ya se dijo, lo tienen en la Cámara de Diputados. En consecuencia, no le veo mayor problema a la propuesta que nosotros hicimos, que finalmente es un punto de acuerdo, que es solamente una llamada.

Es tratar de sensibilizar, en este caso, al Instituto Federal Electoral y a la Secretaría de Gobernación para que, en el caso de que se pongan de acuerdo, consideren las medidas técnicas, económicas y administrativas para que no se le merme en un futuro el voto a los mexicanos que están en el exterior. Ésa era la propuesta y ahora salimos muy técnicos en este asunto.

Me parece, al final del día, que ojalá que pronto se pueda resolver este asunto, porque sí hay muchos mexicanos en el extranjero que hoy no tienen derecho al voto porque no han podido actualizar el instrumento que nos hemos dado los mexicanos –que es la credencial de elector– porque no han vuelto a nuestro país en un buen tiempo.

Si algún día esto sucede, que ojalá que se pueda resolver que en Estados Unidos y en el resto del mundo –pero digo Estados Unidos, porque ahí está la mayoría de los nuestros– se pudieran técnica y económicamente establecer los mecanismos para que se les dé esta actualización y puedan emitir su voto, tener sus derechos plenos y garantizar lo que efectivamente dice la Constitución.

Ése era el asunto simplemente. No era discutir respecto a la emisión de una credencial, no era discutir si el gobierno o no –porque estemos en contra– vuelve a organizar los comicios. Jamás, nunca lo queremos en el PAN. Era simple y llanamente prever hacia el futuro para que esos mexicanos no pierdan un derecho que bien ganado tienen y que está en nuestra Constitución. Ése era el fondo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene el uso de la palabra el diputado Ibarra Pedroza.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Gracias, señoras y señores representantes de la nación. Francamente deploro los tonos de la respuesta del señor senador. Yo en ningún momento de la discusión –que ayer fue muy prolongada– y campeando la civilidad con el senador Tamborrel y con el diputado Arce, contrasta lo que aquí derivó y en lo que desembocó la intervención del senador.

Yo le pido, le refuto los términos grotescos que aquí utilizó. Creo que la piratería no tiene cabida en esta comisión y nunca la he practicado. Aquí Ramírez Marín argumentó con solidez que ningún acuerdo puede estar sobre la ley. Yo no voté ese acuerdo y no por ello me eximo de lo que se haya aprobado por el grupo parlamentario en el que estoy.

Deploro que un tema de esta naturaleza se sobaje con adjetivos y con descalificaciones. Creo que entre pares no va, ni entre legisladores que buscamos lo mismo, en este caso, mejorar condiciones en nuestras instituciones.

Aquí se dijo, en su parte rescatable, del senador, que él no hablaba de cédula de identidad ni de identificación, pero precisamente ése es el meollo de su propuesta. En su punto de acuerdo solicitaba la expedición. Ante la expedición de un solo documento oficial que permita a los ciudadanos a acreditar fehacientemente su identidad y al mismo tiempo garantizar el ejercicio de su derecho al voto.

Creo que eso es inconfundible. Está pidiendo ya fusionar, hacer la mixtura, la simbiosis, en un solo documento, del instrumento para sufragar y para identificar.

Reiteró lo que mencioné ayer y lo que mencioné en mi anterior intervención, nosotros no estamos en contra de que se vote en el extranjero, no estamos en contra de que se extiendan todas las identificaciones para los mexicanos que las soliciten, vivan en donde sea, lo que pedimos es que no anticipemos vísperas, que le demos todo el peso, toda la seriedad, toda la gravedad que debe tener, si mantenemos la credencial para votar con fotografía e iniciamos la cédula de identidad o, si a final de cuentas, se hace un solo documento que cumpla con dos propósitos.

Por eso no podemos compartir especulaciones como las que se han planteado en este punto. Muchas Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Castro Cosío.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío: Buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Hoy han quedado muy claras en este debate las intenciones expresadas aquí con toda claridad, y qué bueno que tuvo la decencia el señor senador de plantearlo de esa manera.

Simplemente, sensibilizar y quedar bien con los que tal vez lo estén viendo en el extranjero. Todos tenemos el derecho de hacerlo. Les ruego que la postura del PRD quede clarísima el día de hoy, porque llevamos años luchando por los connacionales. Aquellos que han tenido que dejar la patria por distintos motivos, la mayoría porque se ha sido incapaz de retenerlos en su propia patria, por razones de un modelo económico que no responde a los intereses de la mayoría de la población. Ésa es la razón de fondo por lo que están allá.

Creo que a todos los mexicanos que están allá, y que usted ha querido quedar bien con ellos, hay que decirles que el PRD trabajó años y años, y antes del PRD para poder evitar primero su salida. No lo hemos logrado aún.

En segundo lugar, que estamos totalmente de acuerdo en que ese derecho elemental que tienen no lo pierdan. Ya lo ganamos, y voy a hablar en plural. Lo ganamos todas las fuerzas progresistas que en su momento nos sumamos, y debo reconocer en esto que nos acompañó mucho Acción Nacional, o nos acompañamos mucho, para hablar con toda propiedad. Y lo logramos. Logramos este voto.

Queremos hoy decirle, con toda responsabilidad, que estamos a favor de que sigan votando y que no pierdan este derecho. Pero tampoco mezclemos cosas.

Ahí está claro, y qué bueno que usted lo expresó; sería ocioso repetir su argumento. Una es la cédula de identidad, la que seguramente dentro de muy pocos meses tendremos que definir. Que se defina esta credencial y nos va a favorecer a todos, a los de adentro y a los que están en el extranjero.

Señor senador, el PRD se suma a lo que usted prácticamente deja de lado, y es un exhorto. Entonces votemos juntos –ojalá pueda hacerlo– este asunto para entrar en consenso, y yo lo llamo tranquilamente a que éste quede como una parte del debate que tenemos que dar, y juntemos esfuerzos para hacerlo de la mejor manera todas las fuerzas políticas del país. Le agradezco sus finas atenciones.

PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En virtud de que no existe ningún otro compañero legislador inscrito para hacer uso de la palabra en este tema, pido a la Secretaría, en votación económica, ponga a votación los dictámenes a los que les fue dada lectura, excepto el que acabamos de discutir.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: En votación económica se pone a consideración el punto de acuerdo por el que se desecha la proposición por la que se convoca un periodo extraordinario de sesiones. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado y comuníquese.

DOCUMENTO DE IDENTIDAD A MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: Por instrucciones de la Presidencia se pone a consideración de la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo por el que se desecha la proposición por la que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al IFE a expedir el documento único electoral y de identidad a los mexicanos residentes en el extranjero. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo ...

El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, señor diputado. Sí, senador dígame.

El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (desde la curul): Simplemente porque la esencia del punto de acuerdo no es lo que el diputado secretario ha leído. Lo que está en debate es el que se considere –y aquí lo leo– la viabilidad técnica, operativa y presupuestal para que dicho documento también sea expedido a los mexicanos residentes en el exterior. Esto es lo que se está negando. El punto de acuerdo esto es lo que niega. Entonces le pediría que fuésemos muy puntuales.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con todo respeto, señor senador, no es lo que usted señala. El punto de acuerdo que se puso a consideración es donde se desecha la proposición por la que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al IFE para que se expida el documento único electoral y de identidad a los mexicanos residentes en el extranjero.

Éste es un dictamen negativo, señor senador, que es el que se puso a discusión y el que motivó las intervenciones de todos los compañeros legisladores.

Por favor, señor secretario, póngalo a votación en los términos que fue presentado el dictamen.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: Por instrucciones de la Presidencia nuevamente pregunto a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo por el que se desecha la proposición por la que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al IFE a expedir el documento único electoral y de identidad a los mexicanos residentes en el extranjero. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo . Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Los grupos parlamentarios hicieron suyas dos proposiciones. En virtud de ser la última sesión de trabajo, de este órgano, de los recesos del Congreso de la Unión y por economía procesal, proceda la Secretaría a dar lectura a los puntos resolutivos de ambas y consultar en un solo acto si se consideran de urgente resolución.

La secretaria diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: «Proposición con punto de acuerdo relativo al estado de emergencia y zonas de desastre a diversos municipios del estado de San Luis Potosí.

Los que suscriben, legisladores integrantes de la Comisión Permanente, con fundamento en lo que disponen los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y, con base en las siguientes

Consideraciones

Que en las últimas semanas se registraron intensas heladas en el estado de San Luis Potosí las cuales afectaron severamente tanto a la población como a la producción agrícola y ganadera en la mayoría de los municipios de la región de La Huasteca.

Que el pasado 21 de enero, la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de emergencia para tres municipios del estado: Santa Catarina, Xilitla y Villa de Arriaga, ordenándose la liberación de los recursos del fondo revolvente del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para atender las necesidades alimenticias de abrigo y salud de la población afectada.

Que dada la magnitud del desastre, cuyas afectaciones son superiores en actividades del campo, los municipios afectados no son únicamente los declarados como zona de desastre, puesto que la Dirección de Protección Civil estatal reportó a otros 40 que también fueron afectados por las heladas, en particular Tamazunchale, Matlapa, Xilitla y Aquismon, que se encuentran en las mismas condiciones de desastre.

En consecuencia, se considera urgente una actitud solidaria del gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que se realice la declaratoria de emergencia y de contingencia climatológica de los 40 municipios y de inmediato liberen los recurso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC) para atender a la población afectada por las heladas registradas en San Luis Potosí.

Someten a su consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación declare estado de emergencia y como zonas de desastre natural los 40 municipios de San Luis Potosí, particularmente, los municipios de Tamazunchale, Matlapa, Xilitla y Aquismon, los cuales fueron afectados por las fuertes heladas registradas durante las últimas semanas del mes de enero de 2010.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, con base en la declaratoria de estado de emergencia en zonas de desastre natural, de inmediato procedan a la aplicación de recursos del Fondo de Desastre Naturales (Fonden) y del Programa de Atención a contingencias Climatológicas (PACC).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de enero de 2010.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), legisladores (rubricas).»

REPUBLICA DE HAITI

La secretaria diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: «Proposición con punto de acuerdo, por el que esta soberanía hace un pronunciamiento de apoyo al Gobierno mexicano a continuar con las tareas de rescate y asistencia social y demás que resulten necesarias en esta situación de emergencia de la población haitiana, a cargo de los integrantes de la Primera Comisión: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura.

Los suscritos legisladores integrantes de la Primera Comisión Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo, por el que esta Soberanía hace un pronunciamiento de apoyo al Gobierno mexicano a continuar con las tareas de rescate y asistencia social y demás que resulten necesarias en esta situación de emergencia de la población haitiana, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

El pasado 12 de enero de 2010, el terremoto de 7 grados en la escala de Richter que azotó Haití ha dejado una secuela de más de 150 mil personas fallecidas y millones de damnificados y damnificadas.

La responsabilidad de otorgar ayuda al pueblo haitiano, incluye proveer a los damnificados de todos los medios para que puedan contribuir a la reconstrucción del país y las familias, y que el acceso a la ayuda humanitaria genere ante esta desgracia cierta tranquilidad.

Es ampliamente conocido que el Gobierno mexicano a través de las Fuerzas Armadas, ha hecho llegar la ayuda del pueblo de México. Asimismo, se ha señalado que México ha donado a los damnificados de Haití, 8 millones de dólares, 15 mil toneladas de alimentos, medicamentos, plantas potabilizadoras de agua, generadoras de energía, equipos para armar casas de acampar, colchonetas y cobertores, entre otros artículos de primera necesidad, siendo estas cifras cantidades históricas.

También el Gobierno Mexicano envió los buques “Papaloa- pan”, “Huasteco” y “Zapoteco” para incrementar y apoyar las acciones que realiza el Gobierno, así como: médicos, cirujanos, especialistas en traumatología y epidemiología, e ingenieros expertos en daños para determinar la situación del equipamiento e infraestructura de aquel país.

Si bien es cierto que el Gobierno mexicano ha intensificado la ayuda para Haití, hacemos un llamado para que el Gobierno federal continúe enviando ayuda a este país, y garantice que la ayuda les llegue directamente a sus familias.

En razón de lo anterior, los legisladores integrantes de la Primera Comisión, consideraron que ésta Soberanía, debía hacer un pronunciamiento de apoyo al Gobierno mexicano a continuar con las tareas de rescate y asistencia social y demás que resulten necesarias en esta situación de emergencia de la población haitiana y, en tal entorno se realicen todas las acciones correspondientes para continuar llevando a cabo las tareas que hasta el momento ha venido realizando el Gobierno mexicano en favor de la población haitiana.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración el presente

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el ámbito de colaboración entre los poderes, emite un pronunciamiento de apoyo al Gobierno mexicano a continuar con las tareas de rescate y asistencia social y demás que resulten necesarias en esta situación de emergencia de la población haitiana

Se solicita que la presente proposición con punto de acuerdo se tramite de urgente resolución, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2010.

La Primera Comisión:Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), diputado Javier Corral Jurado (rúbrica), senador Jesús Garibay García (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), senador José González Morfín, senadora Emma Lucía Larios Gaxiola (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), diputado Adán Augusto López Hernández (rúbrica), senador Arturo Escobar y Vega (rúbrica), diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.»

En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se consideran de urgente resolución los puntos de acuerdo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores  y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se consideran de urgente resolución. Están a discusión. Al no haber quien se inscriba en estos temas que hemos planteado en estos dictámenes, le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si son de aprobarse.

La Secretaria diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: En votación económica, se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, es mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobados. Comuníquense.

Pasamos al siguiente punto del orden del día que son proposiciones.

ESTADO DE QUINTANA ROO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Esta presidencia recibió proposición con punto de acuerdo relativo al manglar devastado dentro del desarrollo turístico Grand Coral Riviera Maya, suscrito por la senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La Secretaria diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: «Proposición con punto de acuerdo, relativo al manglar devastado en el desarrollo turístico Grand Coral Riviera Maya, suscrita por la senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del Grupo Parlamentario del PVEM

La suscrita, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes

Considerandos

En octubre de 2009 se inauguró en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, el complejo hotelero y condominal Grand Coral Riviera Maya, el cual se prevé tenga un crecimiento a lo largo de 10 años.

El desarrollo turístico prevé la construcción de alrededor de 6 mil 900 viviendas turístico-residenciales distribuidas en 16 lotes, 2 hoteles-boutique, 1 club de playa, 1 centro comercial, 1 alberca de 180 metros de largo y 1 campo de golf de 18 hoyos que comprende un área de 60 hectáreas de un total de 302 que tiene el complejo.

Este proyecto se dio a conocer a la sociedad en junio de 2006, antes de que se aprobara la reforma al artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre.

Los medios de comunicación dieron a conocer que la manifestación de impacto ambiental fue presentada a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en septiembre del mismo año, la cual fue autorizada tres meses después, siendo confirmado el resolutivo –que tiene una vigencia de 50 años– los primeros días de enero de 2007.

En julio del mismo año los representantes del complejo presentaron a la Decretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la manifestación de impacto ambiental del campo de golf de 18 hoyos, señalando que se ajustaba a los criterios técnicos jurídicos previstos dentro del plan maestro autorizado por la secretaría en diciembre de 2006.

La Semarnat suspendió el proceso de evaluación del campo de golf y solicitó más información a los promoventes, fundamentalmente pidió que analizaran la congruencia del estudio presentado con el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre y la NOM-022, específicamente requirió que informarán sobre la unidad hidrológica integral del manglar.

Los promoventes informaron que el manglar que existía en la zona o lo que quedaba sin impactar por los otros proyectos ya ejecutados sería respetado e integrado al diseño del campo de golf.

Así después de análisis y muchas dudas de la secretaría expresadas mediante solicitud de información adicional fue aprobado el proyecto del campo de golf en abril de 2008.

En diciembre del año pasado autoridades ambientales recibieron un reporte de avistamiento de cocodrilos en terrenos situados en el desarrollo turístico Grand Coral Riviera Maya.

En ese mismo mes los medios de comunicación y organizaciones ambientalistas informaron que había sospechas de devastación de mangle en la zona, por ello el municipio de Solidaridad, por conducto de la Dirección General de Ordenamiento Ambiental y Urbano, realizo una visita al complejo, comprobando el daño ecológico.

Debido a que se trataba de la remoción nueva de 2 hectáreas de manglar el ayuntamiento solicitó en dos ocasiones a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) intervenir en el asunto en cuestión para así deslindar responsabilidades, sin que a la mayor brevedad posible la Profepa diera respuesta.

Tuvieron que pasar 20 días para que la Profepa iniciara las investigaciones correspondientes. Se debe advertir que no es la primera vez en la que la Procuraduría realiza tardíamente su actuación en Quintana Roo, lo que conlleva a la falta de aplicación de la legislación ambiental.

En el caso particular es urgente que la Profepa investigue el daño al manglar dentro del Grand Coral porque los manglares son ecosistemas que tienen un papel importante como zona de transición, conexión y amortiguamiento entre el medio acuático y terrestre, constituyéndose en una importante barrera ante inundaciones y huracanes para la población que habita en zonas costeras, como es el caso de Playa del Carmen.

También es importante que la Semarnat informe si el plan maestro y las manifestaciones de impacto ambiental (MIA) consideran planes de mitigación y reforestación del manglar, así como los elementos de su viabilidad, toda vez que la última MIA fue autorizada después de la entrada en vigor de la reforma al artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre.

Es imperativo que las autoridades federales ambientales cumplan con el mandato de las leyes ambientales a cabalidad y en tiempo, porque se trata de recursos no renovables y el retraso en su actuar provocar pérdidas y daños irreversibles. Se debe recordar que en el territorio mexicano el manglar  ha desaparecido 35 por ciento el último siglo.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a informar a esta asamblea lo siguiente:

I. En qué fecha inició la investigación sobre la queja de remoción del manglar en el desarrollo turístico Grand Coral Riviera Maya.

II. Los resultados de las inspecciones llevadas a cabo en el desarrollo turístico Grand Coral Riviera Maya.

Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar a esta asamblea sobre la existencia y viabilidad de los planes de mitigación y reforestación del manglar devastado dentro del desarrollo turístico Grand Coral Riviera Maya.

Recinto de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2010.— Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de la Cámara de Senadores.

RECESO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña(a las 15:37 horas): Informo a las señoras legisladoras y señores legisladores que están los grupos parlamentarios en este momento poniéndose de acuerdo, a efecto de que todas las proposiciones de urgente resolución –que estamos de acuerdo todos los grupos parlamentarios– podamos tramitarlas de manera urgente en virtud de las horas transcurridas y de los temas tratados. Les pido a ustedes tengamos un poco de paciencia.

Decreto para este efecto un receso de 10 minutos.

ESTADO DE JALISCO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (15:56 horas): Se reanuda la sesión. Solicito a la Secretaría nos dé cuenta de los asuntos de urgente resolución.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de Jalisco a cumplir el mandato constitucional para la toma de protesta de la LIX Legislatura local, suscrito por los diputados David Hernández Pérez y Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales David Hernández Pérez y Arturo Zamora Jiménez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante el desarrollo de la LX Legislatura del este Congreso de la Unión, el Grupo Parlamentario del PRI, anteponiendo en todo momento su espíritu republicano y con un pleno respeto a las instituciones, contribuyeron a que el Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, cumpliendo así de manera responsable y con la madurez que ha caracterizado al Partido Revolucionario Institucional

Es de sorprenderse que quienes se dicen respetuosos del cumplimiento de la Ley, como es la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, en un acto irresponsable, no haya asistido a la junta preparatoria que se tenía programada para el día 26 de enero del presente, incumpliendo así el mandato que la Ley Orgánica establece.

Es evidente que la actitud asumida por el PAN da muestras de irresponsabilidad y poco interés en la gobernabilidad de uno de los estados más importantes del país, contraviniendo los discursos que ese partido, sus gobernantes y militantes predican.

Acción Nacional pretende, mediante acciones ilegales y prácticas irresponsables, tener lo que no obtuvo en las urnas, una mayoría en el Congreso del estado.

El no permitir que los diputados de la LIX Legislatura no tomaran protesta, sólo es una muestra de las actitudes caprichosas y atropello de los intereses comunes; actuar de esa forma, sólo llevará a enfrentar a los grupos y a no tener esperanzas de llegar a acuerdos parlamentarios en los intereses de la ciudadanía de Jalisco.

Afortunadamente, el día de hoy 27 de enero, conforme lo establece la Ley, rendirán protesta los diputados electos, y para ello se conformará una mesa de decanos, integrada por los legisladores que tengan mayor edad y experiencia legislativa.

Por lo anteriormente expuesto, someto a este Soberanía para su urgente y obvia resolución,el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura del estado de Jalisco, a que cumpla con el mandato establecido en el capítulo II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de enero de 2010.— Diputados: David Hernández Pérez, Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

Me informan que ni el anterior ni éste estaban considerados, presidente. Continuo.

Mala redacción, señor.

Son los que nos envía el señor presidente, pero me refieren que los últimos tres son sólo turno a comisión.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor secretario. Están revisando para proceder a la votación correspondiente.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: Se le informa, señor presidente, que los puntos de acuerdo enlistados en el orden del día ya consensuados son los que están en el numeral 6, 7, 8 y 12, de los cuales ya ha dado cuenta, señor presidente, en su lectura.

Los enunciamos, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Proceda la Secretaría a enunciarlos para que tomen  nota los señores legisladores y poder someter a votación en un solo acto.

FONDO DE INVERSION PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a publicar mediante la SHCP la distribución geográfica de los recursos del Fondo de Inversión para las Entidades Federativas y del Fondo de Aportaciones Múltiples, de los ramos 23 y 33, respectivamente, considerando un calendario en el primer semestre de 2010, suscrita por el diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Juan Nicolás Callejas Arroyo, coordinador de la diputación veracruzana e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con base en el análisis de la información que se observa en los Diarios Oficiales de la Federación publicados a partir de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, en lo relativo al Fondo de Inversión para las Entidades Federativas, y al Fondo de Aportaciones Múltiples, correspondientes a los Ramos 23, “Provisiones Salariales y Económicas”, y 33, “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, respectivamente, se hacen las siguientes observaciones:

1. Referente al Fondo de Inversión para las Entidades Federativas, contemplado en el Ramo 23, no se ha publicado la distribución geográfica y calendarización de los recursos, cuyo monto asciende a 13 mil 500 millones de pesos.

2. En lo concerniente al Fondo de Aportaciones Múltiples, del Ramo 33 (anexos 1 y 2 del Presupuesto de Egresos de la Federación), en su apartado de infraestructura educativa básica y superior, no se incluye la distribución geográfica, y su ministración, en forma general, es por el periodo de 12 meses.

Se ha venido observando que, año tras año, el subejercicio de los recursos públicos asignados al gasto de inversión se refleja como una constante; por lo cual, es conveniente revisar el período de distribución de los mismos, buscando mejores perspectivas en la oportunidad de su ejercicio.

Por ejemplo, en el inicio del ejercicio 2009, la Secretaría de Educación Pública, anunció una cifra histórica de entre 8 y 10 mil millones de pesos para la construcción de escuelas, mejoramiento de sanitarios y recuperación de edificios en malas condiciones, de los cuales se ejercieron únicamente poco más de 4 mil millones de pesos: 2 mil 518.8 millones de pesos a través del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), y 1 mil 482.4 millones de pesos por el Consejo Nacional de Fomento Educativo.

Para la Educación Básica, dentro del mismo programa se destinaron 2 mil 890 millones de pesos, con logros insuficientes al registrarse un subejercicio de 491.8 millones de pesos.

Relacionado con la inversión en Educación Media Superior, la SEP informó que a través del Inifed, se ejercieron 101 millones de pesos, sin hacer alusión sobre los 2 mil 250 millones de pesos que la Cámara de Diputados autorizó para la construcción de nuevos bachilleratos.

Por otra parte, de acuerdo con el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del tercer trimestre del 2009, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, referente al avance físico y financiero de los programas y proyectos de inversión aprobados; los avances son inferiores a lo esperado para el mes de septiembre, y la razón obedece primordialmente a la calendarización de los recursos, lo que impide de cierta manera, lograr los objetivos propuestos.

Es de notarse que el subejercicio del gobierno federal era de 8 mil 605.4 millones de pesos al tercer trimestre de 2009, como se desprende del informe citado.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a publicar inmediatamente, en el ámbito de sus atribuciones, un calendario para la distribución geográfica de los recursos del Fondo de Inversión para las Entidades Federativas, y del Fondo de Aportaciones Múltiples, correspondientes a los Ramos 23, “Provisiones Salariales y Económicas”, y 33, “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, para el primer semestre del 2010 (enero-junio), a efecto de lograr mayor oportunidad en su aplicación, así como la eficiencia y transparencia en su administración.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de enero de 2010.— Diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica).»

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputado secretario. El diputado Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Debe decir: publique el calendario. Nada más.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: Que se corrija el texto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con la modificación, continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: ¿Leo el resolutivo nuevamente con la modificación?

SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al director general de la Conagua que instruya al coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional para que asista a la reunión ante la Comisión de Protección Civil del Senado a fin de analizar el Proyecto de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional de México 2009, suscrita por el senador Sergio Álvarez Mata, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, senador Sergio Álvarez Mata, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

En el marco del Acuerdo de Cooperación Internacional, suscrito en septiembre de 2005 entre la  Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) –Proyecto Premia– y del Programa de Cooperación de los Servicios Meteorológicos Iberoamericanos, la Conagua solicitó el apoyo y asistencia técnica de la OMM para la realización de un diagnóstico institucional del Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN) y para el diseño de un plan estratégico de desarrollo para su fortalecimiento y modernización.

En consecuencia se constituyó  una misión de la OMM  con la Dirección de la Oficina para las Américas, la Gerencia de la Oficina de Movilización de Recursos y un equipo de consultores expertos procedentes de la Agencia Estatal de Meteorología de España, el Instituto de Meteorología de Finlandia y la Universidad Autónoma de México.

Los componentes del proyecto y los consultores de la OMM, de acuerdo con los términos de referencia, fueron

1. Desarrollo Institucional y estructura operacional;

2. Redes de observación y telecomunicaciones meteorológicas;

3. Desarrollo de productos y servicios meteorología; y

4. Desarrollo de infraestructura para los temas de clima y cambio climático.

De modo preliminar, el 21 de octubre de 2009 se presentó a la Dirección General de la Conagua y a la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional un primer avance de los resultados más relevantes obtenidos (diagnóstico de la situación actual del SMN y algunas sugerencias inmediatas y a mediano plazo).

II. Algunos aspectos del diagnóstico realizado por la OMM

• El Servicio Meteorológico Nacional en su estado actual está muy por debajo de lo que le correspondería de acuerdo a los cánones de la OMM y los parámetros del país (extensión geográfica, población, vulnerabilidad climática, producto interno bruto y desarrollo tecnológico, entre otros).

• La observación meteorológica está dispersa en diferentes instituciones y gestionada con diferentes criterios. La cobertura espacial con las estaciones  de superficie gestionadas por el SMN (sinópticas y automáticas) es insuficiente para la extensión y características geográficas y climáticas de México.

• La falta de mantenimiento, refacciones y consumibles para los sistemas de observación conlleva una importante pérdida de información. Además de la falta de calibración de los sensores de las estaciones meteorológicas hace que sus datos sean cuestionables.

• La estructura organizativa y operacional del SMN es poco adecuada para generar productos y servicios para sectores específicos. Los métodos de elaboración y producción de información meteorológica son fundamentalmente manuales sin que se haya avanzado suficientemente en una automatización que optimice su eficiencia.

• Tiene una notable insuficiencia de personal para poder llevar a cabo las tareas propias de un SMN. Aunque este personal, en su mayoría, tiene una indudable vocación meteorológica, carece, en muchos casos, de la formación académica y capacitación profesional para aprovechar las modernas técnicas y procesos de elaboración de nuevos productos que serían muy útiles para satisfacer gran parte de las demandas de los usuarios.

Consideraciones

El curso de la actividad económica de nuestro país requiere contar con estructuras gubernamentales lo suficientemente eficaces que anticipen fenómenos atmosféricos e hidrometeorológicos que representen una amenaza a esa actividad, para que la integridad física de los mexicanos pueda ponerse a salvo frente a condiciones climáticas adversas, así como para que el flujo de recursos financieros que garantizan el bienestar de nuestros ciudadanos no se vea afectado.

Recientemente, como se expuso, por solicitud expresa del Servicio Meteorológico Nacional a la Organización Mundial Meteorológica, esta institución que agrupa a 188 países miembros, entregó a la Comisión Nacional del Agua el diagnóstico preliminar del Servicio Metereológico en la que detallan las debilidades bajo las que opera ese organismo en la predicción de las condiciones atmosféricas e hidrometeorológicas.

El resultado de ese estudio alerta sobre la necesidad de invertir en recursos humanos suficientemente capacitado, así como en recursos materiales y financieros que redimensionen el trabajo del Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo con cifras del Centro Nacional de Prevención de Desastres (características e impacto socioeconómico de los principales desastres ocurridos en la República Mexicana en 2007) los daños provocados por la  presencia de huracanes y otros fenómenos naturales, afectó a más de tres millones de personas, de los cuales ocurrieron 526 decesos y sumó la cantidad de 4 mil 248 millones de dólares.

En materia de protección civil, la participación del SMN es fundamental ya que los avisos de los fenómenos hidrometeorológicos permiten al Centro Nacional de Prevención de Desastres orientar su trabajo y prevenir a la población de agentes destructivos.

Ello da cuenta de la ineludible necesidad de atender el diagnóstico preliminar de la Organización Meteorológica Mundial para corregir las fallas del Servicio Meteorológico Nacional y de apoyar como legisladores la inversión en esta área, no sólo como medida de precaución en la cadena productiva, sino fundamentalmente para salvaguardar la integridad física de los habitantes en nuestro país.

En suma, las observaciones de la Organización Meteorológica Mundial indican que deben traducirse en acciones a corto, mediano y largo plazos que dirijan la función del Sistema Meteorológico Nacional, por lo que someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al director general de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, que instruya al coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Felipe Adrián Vázquez Gálvez, para que asista a la reunión de trabajo con la Comisión de Protección Civil del Senado de la República para analizar el proyecto de modernización del Servicio Meteorológico Nacional de México 2009  y, en su caso, el plan estratégico para corregir las deficiencias del servicio.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de enero de 2010.— Senador Sergio Álvarez Mata (rúbrica).»

CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente del Inegi a comparecer ante esta asamblea para que explique la disminución de preguntas relativas a la condición de actividad económica en el cuestionario básico del Censo de Población y Vivienda, suscrita por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador Francisco Javier Castellón Fonseca, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes

Consideraciones

El Instituto Nacional de Población realizará este 2010 el primer Censo Nacional de Población y Vivienda de este año, tal y como lo ha hecho en cada inicio de década desde 1900. Dicho censo es el instrumento por excelencia del Estado mexicano para conocernos como sociedad, como nación, para identificar nuestra riqueza poblacional, pero también nuestro déficit social y las áreas prioritarias de acción en materia de bienestar.

Pero este Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010, puede quedar lejos de cubrir con los objetivos que se le han conferido, lo anterior, porque la Sociedad Mexicana de Demografía manifestó el 15 de diciembre que ve “con profunda preocupación la disminución significativa de preguntas que habrá de tener el cuestionario básico del próximo censo, lo cual reduce sus posibilidades de comparación con ejercicios censales anteriores. El cuestionario básico del Censo de Población y Vivienda 2010 propuesto no incluye todas las variables esenciales de la dinámica demográfica y de la actividad económica”.

La argumentación oficial para recortar preguntas al censo y restar amplitud y profundidad al instrumento primordial de generación estadística sobre la población mexicana, es que no hay recursos presupuestales suficientes. Lo anterior llama la atención porque la Junta de Gobierno del propio instituto elaboró en septiembre pasado su anteproyecto de presupuesto, el cual contemplaba un total de 8 mil 765.7 millones de pesos para 2010, de los cuales se destinarían 4 mil 592.1 millones al Censo de Población y Vivienda.

Tras la discusión del Presupuesto de Egresos de 2010, la Cámara de Diputados aprobó, para el Inegi, un monto de 8 mil 765.7 millones de pesos, es decir la misma cantidad programada en su proyecto de presupuesto del instituto. Entonces si hay escasez de recursos para hacer un buen censo, la responsabilidad directa es de la Junta de Gobierno del Inegi.

Ahora bien, como si hubiese algo más importante para un Estado que conocer las características de las personas que lo conforman, desde 2009 se avanzó en el diseño de un Censo de Población y Vivienda trunco. Por ejemplo, no se contempla incluir preguntas que permitan conocer el nivel de ingresos de los hogares y, con ello, se priva de la oportunidad de saber, a través de un ejercicio censal, la situación real de la desigualdad social que las encuestas no captan.

Asimismo, el cuestionario básico del censo, que se aplica en todo el país, excluye preguntas sobre condición de actividad económica, es decir, las que permiten determinar si una persona trabaja o no, además de las referidas a la rama de actividad y posición en el empleo, con las cuales se configura la información sobre la estructura ocupacional del país y se tienen elementos para estimar la dimensión de la precariedad laboral.

La exclusión de preguntas de parte del instituto sobre ingreso y condición de actividad es grave, porque a partir de esos datos se puede hacer la estratificación indispensable para el diseño de las más diversas encuestas, así que también se está causando un daño a la calidad de las inferencias estadísticas, públicas y privadas, por venir.

Peor aún, los responsables del Censo de Población y Vivienda 2010 no han considerado incluir una pregunta sobre hijos nacidos vivos por mujer –menos todavía sobre hijos sobrevivientes– con lo cual seguiremos sin conocer a ciencia cierta el nivel de fecundidad en México y sin tener elementos suficientes sobre las dinámicas de natalidad y mortalidad, lo que afectará la fiabilidad de las proyecciones poblacionales como las que hace el Consejo Nacional de Población.

Por lo expuesto, el censo descarta recabar diferente información, las cuales destacan:

• Migración en nuestro territorio a nivel de municipio.

• La pregunta que permite captar el monolingüismo, lo cual repercutirá sobre el registro de la diversidad étnica.

Ahora bien, esa información se pretende obtener a través del cuestionario extenso, que se aplicará sólo en localidades con más de 50 mil habitantes, cuando es de todos sabido que una característica de las poblaciones indígenas es su dispersión.

En cambio, los responsables del censo no omiten preguntas sobre religión, como si fuera más importante saber qué fe profesa una persona que de qué vive o cuántos hijos ha tenido.

Por lo expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanente, con carácter de urgente, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita a comparecer al presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Eduardo Sojo Garza Aldape, comparezca ante la Comisión de Gobernación y la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados para que explique la disminución de preguntas relativas a la condición de actividad económica en el cuestionario básico del censo de población y vivienda 2010.

Dado en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 20 días del mes de enero de 2010.— Senador Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica).»

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ampliar a Tijuana y Playas de Rosarito la declaratoria de zona de desastre, y a canalizar los recursos del Fonden; y se solicita que la Sedesol, la Ssa y la SCT implanten programas especiales para resarcir los daños causados por las lluvias torrenciales en Baja California, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores Fernando Castro Trenti, Socorro García Quiroz, Adolfo Toledo Infanzón, Rogelio Rueda Sánchez, Ricardo Pacheco Rodríguez y Cleominio Zoreda Novelo, integrantes de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a consideración del Pleno de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los últimos días Baja California ha sido escenario de lluvias tan intensas que varias colonias en los municipios de Ensenada, Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana se vieron forzadas a ser desalojadas; con el reporte de una persona fallecida, varias más desaparecidas, daños en viviendas, carreteras, instalaciones hidráulicas, en el tendido eléctrico y en el servicio telefónico local; son estos tres municipios bajacalifornianos donde se han sentido más intensamente los estragos de las lluvias.

Entre los estragos causados por las lluvias está la fractura en un tramo de más de 100 metros de largo del acueducto Valle de Guadalupe, lo que dejó sin agua a 70 colonias de Ensenada en la zona costa, el Sauzal y el noreste.

En Playas de Rosarito, del 18 al 21 de enero hubo 131 incidentes, entre los que se cuentan inundaciones, árboles caídos, explosiones de transformadores, cortos circuitos, cables en el piso, accidentes de tránsito, postes caídos, lesionados, y la voladura de techos en al menos cuatro colonias a causa de los fuertes vientos.

De igual forma, en Tecate, las colonias afectadas son Rincón Tecate, Fundadores, Infonavit las Huertas y XII Ayuntamiento, que fueron declaradas zonas de riesgo, donde se presentaron inundaciones, la voladura de techos de viviendas en al menos, la caída de cables de energía eléctrica y el registro de transformadores con cortos circuitos; para atender a la población han sido abiertos tres albergues y se espera, debido a la demanda, que sean acondicionados más salones sociales.

En Ensenada los medios de comunicación han dado cuenta de 22 colonias sin servicio de agua potable, inundaciones y fallas en el sistema se servicio eléctrico; postes, alumbrado público y anuncios comerciales derribados; derrumbes y deslaves.

A una semana de iniciadas las torrenciales lluvias, de acuerdo a las autoridades, en este municipio alrededor de 500 familias requerirán de apoyos económicos y en especie para reconstruir totalmente sus viviendas.

Los poblados más afectados son Cañón Buenavista, San Vicente, Punta Colonet, Camalú y Eréndira, donde alrededor de 60 familias se encuentran aisladas por los estragos causados en al menos 3 kilómetros de carreteras y el colapso de un puente en la población La Barrenda, donde permanecen 200 camiones detenidos que han perdido la carga. En Camalú se reportan 296 personas albergadas dentro de un centro escolar, que tendrán ser desalojadas al reinicio de las clases.

En Tijuana se realizó el salvamento de indigentes de la Canalización del Río Tijuana, el rescate de familias y conductores de vehículos que quedaron varados en encharcamientos de vías bloqueadas, y la evacuación de familias de las delegaciones de San Antonio de los Buenos, La Gloria y Sánchez Taboada, es parte del saldo registrado por las lluvias.

A eso se suma la suspensión del servicio de energía eléctrica que afectó a alrededor de 100 mil familias de distintas partes de la ciudad, decenas de accidentes automovilísticos, derrumbes con lesionados, caída de postes y espectaculares, corrientes de agua en los principales bulevares, así como un lento tráfico vehicular.

A causa del fenómeno meteorológico, alrededor de dos mil familias bajacalifornianas se vieron obligados a abandonar sus hogares para refugiarse en albergues. La comunicación telefónica fue suspendida en varias zonas y el tránsito vehicular se ha reducido al mínimo debido a que las autoridades pidieron a la población evitar viajar o salir.

El sector de educación básica reporta al menos 17 millones de pesos en daños, pues 178 planteles de primaria y secundaria resultaron afectados: 40 planteles de Ensenada, 25 de Rosarito, 55 de Tijuana, 15 de Tecate y 43 de Mexicali. Las afectaciones que sufrieron están relacionadas con la impermeabilización, los cortos circuitos, el encharcamiento de plazas cívicas y salones, bardas colapsadas, desprendimientos de techos y estructuras metálicas.

En las zonas afectadas, los sectores agrícola, pesquero y de la construcción son los que registraron pérdidas económicas severas porque deberán de asumir los gastos de lo perdido. La mayoría de las compañías constructoras registraron derrumbes en sus obras, lo que se tradujo en pérdidas económicas para ellos porque tuvieron que absorber el gasto de los derrumbes.

La infraestructura carretera de Baja California se ha visto igualmente afectada por el fenómeno meteorológico, por ejemplo, la carretera transpeninsular sufrió derrumbes en los puentes de Las Ánimas, a 40 kilómetros de Ensenada; San Vicente (100 kilómetros); San Rafael de la Colonia Vicente Guerrero (170 kilómetros), y El Rosario, 280 kilómetros al sur de Ensenada. También, fue cerrada la circulación en la carretera Ensenada–San Felipe, y la vía Mexicali-San Felipe, además de las partes altas de la Tijuana-Mexicali, como el tramo entre El Hongo y La Rumorosa, debido a que se registraron nevadas. Además se reportaron deslaves en la carretera Ensenada-Tecate.

El domingo pasado, el Gobierno de Baja California emitió la declaratoria de desastre, pero sólo para la parte sur del municipio de Ensenada, que si bien es el municipio que más daños materiales reporta, hasta el momento no hay noticia de vidas humanas que lamentar, afortunadamente.

Es en Tijuana una corriente que se formó debido a las intensas lluvias que caen en esa localidad desde el miércoles pasado arrastró un vehículo en el que viajaba la familia Muro Méndez. Los padres de la familia pudieron salvarse con esfuerzos, sin embargo, los tres hijos no corrieron con la misma suerte; el cuerpo de la hermana mayor, Aramí Muro Méndez, una niña de diez años de edad, fue recuperado en Tijuana esa misma noche, pero se cree que la corriente arrastró a los más pequeños hacia California, es por esto que el 25 de enero, la oficina de Salvavidas de San Diego recorrió la frontera de California y Tijuana, en busca de los restos de los dos hermanitos. Hasta el momento los cuerpos no han sido hallados a pesar de la búsqueda coordinada en México y Estados Unidos con la Border Patrol, Salvavidas de San Diego, Policía de San Diego y la asociación Border Star.

Las autoridades federales y estatales deben trabajar en conjunto para que se agilice la ayuda a la población afectada de Baja California; resulta de vital importancia reestablecer las vías de comunicación carreteras para evitar el desabasto de alimentos.

Desde el Congreso de la Unión, respondiendo a las necesidades de la población bajacaliforniana, es necesario exhortar a las autoridades federales y estatales para que se agilice y extienda la ayuda a la población afectada de Baja California.

Los legisladores nos solidarizamos con la población afectada en Baja California, en especial con la familia Muro Méndez, y exhortamos al gobierno federal para que destine recursos extraordinarios e inmediatos del Fonden (Fondo Nacional de Desastres Naturales) para el Estado; así como para que implemente programas especiales de las secretarías de Sedesol, Salud y de Comunicaciones y Transportes para atacar las urgentes necesidades de la población, recuperar la infraestructura de comunicaciones, evitar el desabasto de alimentos, prevenir epidemias y evitar más tragedias.

Las pérdidas humanas y materiales provocadas por el mal tiempo de los últimos días en Baja California obligan a que esta Soberanía tome acciones efectivas e inmediatas; es de urgente necesidad agilizar la ayuda a las familias afectadas y contribuir a la reconstrucción de los daños ocasionados por las lluvias.

Por lo expuesto, se somete a consideración de este Pleno, con carácter de urgente y de obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al titular del Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, que amplíe la declaratoria de emergencia a los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito Baja California, que se encuentran seriamente afectados por las intensas lluvias registradas en los últimos días.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que en el ámbito de sus atribuciones supervise la entrega oportuna, en tiempo y forma, de los recursos del Fonden en los municipios del estado de Baja California, que se encuentran afectados por el desastre natural de los últimos días.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaria de Desarrollo Social, licenciado Heriberto Félix Guerra; de la Secretaría de Salud, doctor José Ángel Córdova Villalobos; y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, maestro Juan Francisco Molinar Horcasitas, a que implementen de manera inmediata programas especiales enfocados a resarcir los daños a la población, cubrir sus necesidades urgentes, recuperar la infraestructura de comunicaciones, evitar el desabasto de alimentos, prevenir epidemias y evitar tragedias causadas por las lluvias torrenciales en el estado de Baja California.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2009.— Senadores: Fernando Castro Trenti (rúbrica p.a.), Socorro García Quiroz, Rogelio Rueda Sánchez, Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), Ricardo Pacheco Rodríguez (rúbrica), Cleominio Zoreda Novelo.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se consideran de urgente resolución.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: Señor presidente, me está informando la secretaría técnica que falta un punto de acuerdo. Se había leído. Lo damos por leído.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Consulte a la asamblea si lo considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se consideran de urgente resolución las proposiciones. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se consideran de urgente resolución.

En virtud de que no se encuentra registrado ninguna compañera ni compañero legislador se consideran suficientemente discutidos al no haber discusión.

Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se aprueban las proposiciones a las que se dio lectura.

El Secretario diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: Por instrucciones de la Presidencia preguntamos a la asamblea si se aprueban las proposiciones a las que se dio lectura. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobadas. Comuníquense.

PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señoras legisladoras y señores legisladores, las proposiciones con punto de acuerdo inscritas en el orden del día que no fueron presentadas en tribuna, serán turnadas por esta Presidencia a las comisiones que corresponda de cada Cámara, salvo las que indiquen expresamente los grupos parlamentarios serán retiradas.

Se instruye a la Secretaría la inserción de los textos íntegros en el Diario de los Debates y publicación en la Gaceta Parlamentaria del trámite dictado. Continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Señor presidente, se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Primer Receso.— Primer Año de Ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Lunes 1o. de febrero de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Intervención sobre las actividades realizadas por la Comisión Permanente.

Mensaje del Presidente de la Comisión Permanente

Declaratoria de la terminación formal de los trabajos de la Comisión Permanente.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (a las 16:12 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el próximo lunes 1 de febrero de 2010 a las 10 horas.

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