SUMARIO

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ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y de diputados.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 292 compañeros diputados. Por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (a las 11:15 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa de lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa de lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputado. Sí, diputada Castillo.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): Señor presidente, para presentar una moción de orden, con base en el artículo 105 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.

El diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿En qué sentido, diputada?

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): Es con relación a la misma integración del orden del día, en función de que considero que se está violando el artículo 30, fracción V, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, ya que para la integración del orden del día tiene que tomarse en consideración lo que se denomina ``memorial de particulares''.

En este sentido, quisiera aquí señalar que no se ha dado cuenta al pleno, conforme a lo que se señala en ese artículo del Reglamento, de un ``memorial de particulares'' que se envió el 11 de noviembre de este año y que fue presentado por el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, AC, documento que está apegado a la normatividad interna de la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto. Diputada, le comento a usted que estamos en la lectura del orden del día, primero.

Segundo, que ese documento al que usted hace referencia no ha sido recibido por la Mesa Directiva, a efecto de poder valorar la solicitud que se hace y poder turnarlo, conforme a los acuerdos que se han convenido en esta Legislatura, para que la Junta de Coordinación Política pueda hacer la revisión correspondiente.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): Por eso estoy haciendo mención de ello, ya que fue turnado a la Junta de Coordinación Política y no se dio cuenta al pleno como lo señala el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Lo que llega a la Mesa Directiva se turna a las comisiones correspondientes y se espera la respuesta de las comisiones correspondientes en turno, diputada.

Continúe la Secretaría consultando a la asamblea si es de dispensarse de lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Nuevamente. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa de lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa de lectura.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año de Ejercicio.--- LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 1o. de diciembre de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicación

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica conmemorativa del 180 aniversario del natalicio de Francisco Zarco Mateos, que tendrá lugar el próximo 4 de diciembre a las 9 horas.

De la Junta de Coordinación Política.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Dos con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Con el que remite informe sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2009.

Oficios de la Cámara de Senadores

Con el que devuelve minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 19 y 27 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional. (Turno a Comisión)

Minutas

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y adiciona una fracción XV al artículo 33 de la Ley General de Educación. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 327 de la Ley General de Salud. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 3 de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12, fracciones I y XII, de la Ley de Asistencia Social, remitida para los efectos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Roberto Gil Zuarth , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 36 y 36 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Óscar González Yáñez , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley que crea el Sistema Nacional de Alerta Temprana sobre el Secuestro o Robo de Niñas o Niños en México, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, cargo de la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expide la Ley Reglamentaria de los artículos 6 y 134 Constitucionales que regula la publicidad del estado, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alejandro Gertz Manero , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 16 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General para la Prevención, Atención Integral y Control del VIH/Sida, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 132 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 4 y 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado José Luis Marcos León Perea , y suscrito por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 71 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3, 5 y 7 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, a cargo del diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo , y suscrito por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción VII del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 97, 101, 102 y 103 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Canek Vázquez Góngora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 40, 108 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a realizar obras de entubamiento del cauce del río Atemajac, en Guadalajara, Jalisco, suscrita por los diputados Clara Gómez Caro , Arturo Zamora Jiménez y José Trinidad Padilla López , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a modificar, a través de la Segob y de la SHCP, las reglas de operación del Fonden para 2010, a cargo de la diputada Paula Hernández Olmos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe delegacional de Cuauhtémoc a aceptar y dar cumplimiento a la recomendación 14/2009, emitida por la CNDH, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se condena el clima de inseguridad que ha obligado a diversos empresarios del estado de Nuevo León a abandonar el país, a cargo del diputado Guillermo Cueva Sada , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México a diseñar y ejecutar acciones y políticas efectivas para erradicar y sancionar el alto índice de feminicidios y delitos cometidos contra mujeres en municipios de dicha entidad, a cargo de la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a investigar a través de la SFP el proceso de licitación pública internacional número SG-N-DA-12/09 mediante el cual se adquirirán equipos especializados para la obtención de información biométrica a fin de integrar el Renapo e informar si la empresa Smartmatic International Holding, BV, cumplió los requisitos técnicos, así como para que comparezca el titular de la Segob e informe los procedimientos para la obtención, almacenamiento, procesamiento y medidas de seguridad de la información de los datos personales, a cargo del diputado Pablo Escudero Morales , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emprender --a través de la Semarnat-- en coordinación con los gobiernos de los estados de Puebla y Tlaxcala, acciones para el saneamiento de la cuenca del río Atoyac-Zahuapan, a cargo del diputado Sergio González Hernández y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al caso de Minera San Xavier en el estado de San Luís Potosí, a cargo del diputado Domingo Rodríguez Martell , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades del Gobierno del Estado de Puebla a cesar el hostigamiento hacia los habitantes de San Andrés Azumiatla, a cargo del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita una revisión a diversos actos realizados en la Comisión Federal de Electricidad, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que Pemex entregue a esta soberanía un informe detallado sobre las acciones instrumentadas por la paraestatal en el combate al robo de combustibles, a cargo del diputado Leandro Rafael García Bringas , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Salud de esta soberanía que integre una subcomisión que dé seguimiento a las quejas, denuncias, incidentes y posibles irregularidades que se presenten respecto de la aplicación de la vacuna contra la influenza humana AH1N1 en los hospitales y clínicas del país, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la CNBV a resolver el desfalco a los ahorradores de la Caja Coofia, en el estado de Puebla, a cargo del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la SRA y a la Procuraduría Agraria a implementar los trabajos, acciones y la revisión jurídica pertinentes para posibilitar la conservación y ampliación de los bosques en la sierra nevada de los estados de México, Puebla, Tlaxcala y Morelos; la Malinche, en Puebla y Tlaxcala; el Pico de Orizaba, en Puebla y Veracruz; la Sierra Negra, en Puebla, Oaxaca y Veracruz; la Sierra Norte, en Puebla y Veracruz, y el Cofre de Perote, en Veracruz, a cargo de la diputada Janet Graciela González Tostado , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal, del estado de Quintana Roo y municipales de Benito Juárez, Isla Mujeres y Cozumel a coordinarse y realizar lo necesario para la protección del ecosistema de la zona de La Ollita, a cargo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Pleno de esta soberanía que cite al titular de la Secretaría de Salud del gobierno federal con la finalidad de que exponga la situación actual y las acciones que están llevando a cabo para hacer frente a la pandemia de influenza humana AH1N1 en nuestro país, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Dirección General de Aduanas a solucionar el problema referente al Sistema de Supervisión y Control Vehicular instalado en la aduana de Ciudad Acuña, Coahuila, o en su defecto, se suspenda su uso durante la temporada Navideña, comprendida durante el periodo noviembre de 2009 a enero de 2010, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres a iniciar, en coordinación con el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de esta soberanía y el Instituto Mexicano de la Juventud, el protocolo general nacional de atención de crisis vía telefónica, así como el estudio de factibilidad y la propuesta técnica de la creación de un número único nacional de tres dígitos para la atención de víctimas de la violencia contra las mujeres, a cargo de la diputada Kenia López Rabadán , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios a supervisar, evaluar y verificar la correcta aplicación de la vacuna que previene la influenza humana AH1N1 entre la población, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a indicar la partida presupuestal y establecer los lineamientos para que los municipios del estado de Guerrero puedan comprobar la adquisición del fertilizante que se subsidia a los campesinos; asimismo, a señalar el mecanismo a seguir para que queden liberados de las observaciones que ya tienen en relación con este rubro y dar informes al Gobierno del Estado de Guerrero, al Congreso local y a la Auditoría General de la entidad sobre dicho resultado para su procedimiento legal, a cargo del diputado Cuauhtémoc Salgado Romero , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para impulsar la unificación del marco legal estatal en materia de adopción, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Comité Técnico del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a publicar la trigésima segunda lista de beneficiarios, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes a solicitar a la SCT que informe a esta soberanía sobre la vigilancia, funcionamiento y operación de los servicios que prestan las líneas aéreas comerciales en México, a cargo del diputado Jorge González Ilescas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la integración del Registro Nacional de Ciudadanos y la emisión de la Cédula de Identidad Ciudadana, a cargo del diputado Javier Corral Jurado , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS, a constituir una mesa de diálogo entre las denominadas ``representantes'' al servicio de Avon Cosmetics, SA de CV, y esta empresa, a efecto de que se les reconozca su calidad de trabajadores y se respeten todos sus derechos laborales, así como el de ser afiliadas, sin distingos, al régimen obligatorio del IMSS, a cargo de la diputada Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a establecer horarios a programas televisivos que atentan contra la moral y los derechos de las niñas y los niños, a cargo de la diputada Blanca Estela Jiménez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a emitir, a través de la Semarnat y de la Conagua, y a los Gobiernos de los Estados de Jalisco y de Michoacán, un convenio de actividades para la implementación total de los acuerdos conseguidos en el Plan Interestatal para la Sustentabilidad de la Cuenca del Lago de Chapala, a cargo del diputado Felipe de Jesús Rangel Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de atención a los derechos de los deudores del Infonavit, a cargo del diputado Amador Monroy Estrada , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y al Congreso del estado a solicitar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco que someta a plebiscito la ejecución de la obra de la línea 2 del Macrobús que forma parte del Proyecto de Renovación y Movilidad Urbana del gobierno del dicha entidad, a cargo de la diputada Ana Esthela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Banco de México y a la Comisión Organizadora de los Festejos Patrios del 2010, respecto de la emisión conmemorativa de los billetes de cien pesos, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la SCT y a la Sedesol a crear un Fondo Regional Especial para la conservación y mantenimiento de los caminos rurales, a cargo del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Sedesol a atender el problema de los niños jornaleros migrantes, procurándoles servicios de alimentación, salud y educación, a cargo del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Gobierno del Estado de Guerrero a construir un hospital de especialidades para la atención de las mujeres de la ciudad de Tlapa de Comonfort de la región de La Montaña de dicha entidad, a cargo del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para el fomento, cultivo y desarrollo de la palma de aceite africana, a cargo de la diputada Judith Fabiola Vázquez Saut , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a remitir informes detallados de las inversiones realizadas por la CFE en la instalación de su red de fibra óptica y sobre las consideraciones técnicas y económicas que sustenten el número de pares de fibra óptica que deben comercializarse, así como los términos y plazos en que dicha entidad recuperará la inversión realizada, a cargo del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Veracruz a instrumentar, en el ámbito de su competencia, las medidas necesarias para que el Fonden otorgue con prontitud el apoyo económico para restablecer los caminos afectados por el frente frío número 9 y la onda tropical 30 en las Choapas, Veracruz, a cargo del diputado Leandro Rafael García Bringas , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Guerrero y a la Procuraduría de Justicia de la entidad a respetar la libertad de expresión del director del periódico el Sur de Acapulco, a cargo de la diputada Florentina Rosario Morales , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a dar cabal cumplimiento a la legislación ambiental para la ejecución del proyecto de rehabilitación de las playas en Cancún, Quintana Roo, a cargo del diputado Rafael Pacchiano Alamán , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea una Comisión Especial de análisis y estudios para la formación del estado 32, ``Del Valle de Anáhuac'', a cargo del diputado Óscar González Yáñez , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a Capufe a implantar las medidas necesarias para solucionar el problema por la demora en el cobro de las casetas de San Marcos y San Martín de la carretera México-Puebla, a cargo del diputado Juan Pablo Jiménez Concha , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a realizar, de conformidad con la legislación aplicable y en coordinación con las autoridades competentes, las acciones necesarias para la captura de los gases de efecto invernadero que se producen en el relleno sanitario Bordo Poniente y se canalicen a la generación de energía eléctrica para los servicios de la Ciudad de México, cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barrón , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a dictar, a través de la Cofepris, los lineamientos necesarios para que los establecimientos públicos que vendan bienes o servicios no exijan cantidad monetaria alguna por el uso del servicio sanitario de eliminación de excretas, a cargo del diputado José Torres Robledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la situación financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social, a cargo del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea una Comisión Especial para la defensa de la economía popular, a cargo del diputado Óscar González Yáñez , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar las Reglas de Operación del Programa Especial Concurrente, al seno del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, con la finalidad de garantizar una mayor accesibilidad a los programas de combate a la pobreza, al desarrollo productivo, de capacidades y generación de empleos, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho , y suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de las entidades federativas, del Distrito Federal y municipales a colaborar responsable, honesta y solidariamente con el gobierno federal en el recibimiento de nuestros connacionales durante la próxima temporada vacacional navideña, así como en la implementación del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, recién aprobado por esta soberanía, a cargo de la diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a brindar a esta soberanía, por medio de la Secretaría de Salud, un informe sobre las medidas sanitarias que ha de implementar por el rebrote de dengue en nuestro país y a informar adecuadamente de ello a toda la población, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Conagua para que aclare todo lo relacionado con el proyecto de construcción de la presa El Zapotillo'', en el estado de Jalisco, a cargo del diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a realizar las negociaciones necesarias con la empresa concesionaria de la autopista Manzanillo-Armería para lograr que se elimine la caseta de peaje de la autopista ubicada en el tramo Armería-Manzanillo, en apoyo a la economía y seguridad personal de quienes la utilizan, a cargo del diputado Carlos Cruz Mendoza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exige la destitución inmediata del ingeniero Alfredo Elías Ayub, director general de la CFE, y del ingeniero Rogelio Gasca Neri, consejero ciudadano de Pemex, por los actos de corrupción en los que se les relaciona durante sus administraciones al frente de la CFE, a cargo del diputado Arturo Santana Alfaro , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a las comisiones ordinarias que, al dictaminar las iniciativas que les hayan turnado, incluyan todas las propuestas de cada legislador, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar las políticas públicas conducentes a fin de establecer la homologación de cargadores en teléfonos celulares en beneficio del medio ambiente y de la economía, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea una Comisión Especial a fin de investigar las presuntas irregularidades en la compra de 933 hectáreas a ejidatarios por parte del gobierno de Guanajuato que iban a ser destinadas a la construcción de la refinería Bicentenario, a cargo de la diputada Yulma Rocha Aguilar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implementar, a través de la SHCP, de la SE, de la Sener, de la Sedesol y de la CFE, un programa integral para que las madres solteras, separadas o viudas y adultos mayores de 70 años o más no paguen energía eléctrica, a cargo del diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar prioritaria la aplicación de la vacuna contra la influenza A (H1N1) para los maestros de las instituciones educativas oficiales y de la iniciativa privada, debido a que es un sector social de alto riesgo en permanente contacto con toda la población estudiantil del país, a cargo del diputado Héctor Hernández Silva , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, a la Junta de Gobierno de la CFE y a la SHCP que reclasifiquen y autoricen la reducción de las tarifas eléctricas que se aplican en el estado de Campeche, una vez que conforme a derecho se hayan llevado a cabo los estudios pertinentes que justifican la viabilidad y factibilidad técnica, económica y social de esta propuesta, a cargo del diputado Óscar Román Rosas González , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Pleno de esta LXI Legislatura que haga un atento llamado a la CNDH para que investigue la situación de la señora Irma Crecencia Díaz Gómez, quien se encuentra recluida en el Cereso número 1 de la ciudad de Hermosillo, Sonora, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez , y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Excitativas

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

A las Comisiones Unidas de Vivienda y de Trabajo y Previsión Social, a solicitud de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Vivienda, a solicitud de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Agenda política

Comentarios en relación con el cambio climático, a cargo del diputado Eduardo Mendoza Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios para referirse a las personas con discapacidad, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios relativos al conflicto de cribadores en la región del Evora en Mocorito, Sinaloa, a cargo del diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comentarios relativos al 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha Contra el Sida, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Efemérides

Con motivo del 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, a cargo de la diputada María del Pilar Torre Canales , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Con motivo del XX aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del Día de la Revolución Mexicana, a cargo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo del LXXXVII aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón, a cargo del diputado Emilio Andrés Mendoza Kaplan , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del Día Mundial para la Abolición de la Esclavitud, a cargo del diputado Gustavo González Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si es de dispensarse de lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa de lectura al acta de la sesión anterior, tomando en cuenta que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa de lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintiséis de noviembre de dos mil nueve, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.

Presidencia del diputado Felipe Solís Acero

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 280 diputadas y diputados, a las 11 horas con 12 minutos del jueves 26 de noviembre de 2009, el Presidente declaró abierta la sesión.

En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensó la lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior, y de la misma manera aprobó esta última.

Desde su curul el diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta , del Partido del Trabajo, realizó preguntas a la Presidencia en relación con el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010. El presidente hizo comentarios al respecto.

La Junta de Coordinación Política, informó de los siguientes cambios de los diputados del Partido Revolucionario Institucional:

De enterado.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designa a los diputados que representarán a la LXI Legislatura en la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión. En votación económica se aprobó. Comuníquese.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que informa que en el mes de octubre de 2009, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquélla que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

Se recibió iniciativa con proyecto de decreto del Congreso de Quintana Roo que reforma la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia.

Tres oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remitió contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

Se recibió de la Cámara de Senadores minuta con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se recibió del diputado Carlos Samuel Moreno Terán , del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

Se concedió el uso de la tribuna para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

Se recibió de los diputados José de Jesús Zambrano Grijalva y José Luis Jaime Correa , del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Continuó la presentación de las iniciativas por los diputados:

Rosi Orozco, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

Se recibió de la diputada Indira Vizcaíno Silva , del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos.

Continuó la presentación de iniciativas con proyecto de decreto los diputados:

A las 12 horas con 20 minutos, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de 430 diputadas y diputados.

Se recibió del diputado Humberto Lepe Lepe , del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta se incorpore al Programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, a los Congresos locales y presidentes municipales de los estados y ayuntamientos fronterizos del norte y sur del país, además de las entidades afectadas por el fenómeno de la migración internacional que así lo deseen, para que contribuyan con la aplicación de programas alternos que se cumplimenten y coadyuven con los objetivos del mencionado programa. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

Se concedió el uso de la tribuna para presentar proposiciones con punto de acuerdo a los diputados:

Se recibió de la diputada María Isabel Merlo Talavera , del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de los ex trabajadores migrantes mexicanos braceros. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

Se concedió el uso de la tribuna al diputado Jorge Rojo García de Alba , del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Secretaría de Economía, a resolver el problema del sector productivo lechero. Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Economía.

Se recibió del diputado Carlos Torres Piña , del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo por el que esta soberanía realiza un extrañamiento a la Comisión Nacional del Deporte y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en virtud de que el jurado del Premio Nacional del Deporte en la categoría deporte paralimpico la dictaminó desierta. Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, y de Atención a Grupos Vulnerables.

Se concedió el uso de la tribuna a la diputada Leticia Quezada Contreras , del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, supervise y verifique el legal funcionamiento de hospitales y clínicas privadas en el Distrito Federal, en donde se presten servicios de atención a mujeres embarazadas y partos, así como al Gobierno del Distrito Federal, para que ejerza la acción de extinción de dominio de la propiedad respecto a los bienes muebles o inmuebles que han sido utilizados o que son producto de los delitos de tráfico de menores, delincuencia organizada y relacionados. Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud, y del Distrito Federal.

Se recibió del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva , del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Comisión Federal de Electricidad, ante el pleno de la Cámara de Diputados. Se turnó las Comisiones Unidas de Energía y de la Función Pública.

Se refirieron al tema del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer las diputadas: Leticia Quezada Contreras , del Partido de la Revolución Democrática; María Guadalupe García Almanza , de Convergencia; María Antonieta Pérez Reyes , del Partido Acción Nacional; Laura Itzel Castillo Juárez , del Partido del Trabajo; Yolanda del Carmen Montalvo López , del Partido Acción Nacional; Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional; Teresa Guadalupe Reyes Sahagún , del Partido del Trabajo; Gloria Romero León , del Partido Acción Nacional; Blanca Estela Jiménez Hernández , del Partido Revolucionario Institucional; Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza , del Partido Acción Nacional; Obdulia Magdalena Torres Abarca , del Partido de la Revolución Democrática y María Felicitas Parra Becerra , del Partido Acción Nacional.

A solicitud de la Junta de Coordinación Política, se aprobó en votación económica, la incorporación en el orden del día los siguientes acuerdos de ese órgano de gobierno:

En sendas votaciones económicas se aprobaron. Comuníquense.

La Secretaría dio lectura al orden del día de la próxima sesión.

El presidente clausuró la sesión a las 15 horas con 36 minutos y citó para la que tendrá lugar el martes 1 de diciembre de 2009 a las 10:00 horas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada el acta.

Respetuosamente, invitamos a todos los representantes de los medios de comunicación a pasar a ocupar los lugares que tienen asignados para cumplir su tarea informativa.

Pido a la Secretaría que continúe con comunicaciones.

SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Diputados Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 180 aniversario del natalicio de Francisco Zarco Mateos, el próximo 4 de diciembre a las 9:00 horas, en el monumento erigido a su memoria, situado en las calles de Francisco Zarco y Paseo de la Reforma, frente a la iglesia de San Hipólito, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes, los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor secretario. Con oportunidad se designará a la comisión correspondiente para que asista, en representación de esta Cámara, a las tareas culturales del Gobierno delDistrito Federal.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Bicentenario de la Independencia.--- Centenario de la Revolución.--- LXI Legislatura.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor secretario. De enterado. Continúe con los oficios de la Secretaría de Gobernación.

ESTADO DE MEXICO

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-9-0273, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Georgina Trujillo Zentella , presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGF/781/2009 suscrito por Rubem Hofliger Topete, director general del Fondo de Desastres Naturales, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la ocurrencia de lluvias severas el 30 de octubre último, en el estado de México.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Licenciado Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero al oficio SEL/UEL/311/1954/09, de fecha 5 de noviembre de 2009, dirigido inicialmente a la licenciada Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil, y que fuera recibido en esta Dirección General del Fondo de Desastres Naturales (DGF), el 12 de noviembre del año en curso, por medio del cual hace de nuestro conocimiento que mediante oficio DGPL 61-II-9-0273, los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Georgina Trujillo Zentella , presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, comunican a la Secretaría de Gobernación (Segob), el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en la sesión celebrada el 4 de noviembre de 2009, y cuyo resolutivo único se reproduce a continuación:

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Gobernación para que:

A. Emita la declaratoria de desastre natural que dejó la tormenta atípica que tuvo lugar en el municipio de Ecatepec de Morelos, México, el pasado 30 de octubre de 2009.

B. Libere los recursos necesarios del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) para hacer frente a la emergencia que dejó el fenómeno hidrometeorológico en su modalidad de inundación pluvial, derivado por la tromba que cayó en Ecatepec de Morelos, México, el pasado 30 de octubre de 2009.

Sobre el particular, esta DGF se pronunciará respecto del punto de acuerdo antes transcrito, en los siguientes términos:

Fonden Reconstrucción

Lluvias severas ocurridas el 30 de octubre de 2009, que afectó a tres municipios del estado de México: Coacalco de Berriozábal, Ecatepec de Morelos y Tultitlán.

No se omite mencionar que actualmente se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el numeral 13 , fracción II, de las ROF para que se lleve a cabo la sesión de entrega de resultados, por lo que habrá que esperar para conocer de qué manera y con qué montos se atenderán y apoyarán, finalmente, los daños ocurridos en el estado de México, por la ocurrencia de lluvias severas el 30 de octubre 2009, en los municipios ya mencionados.

Para tales efectos, consideramos oportuno mencionar que el Fonden es un instrumento de coordinación intergubernamental e interinstitucional que tiene por objetivo ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. A través de las ROF se establecen mecanismos que permiten apoyar a las entidades federativas, así como a las dependencias y entidades de la administración pública federal, cuando los daños ocasionados por los fenómenos naturales perturbadores superen su capacidad financiera y operativa de respuesta (en términos del numeral 1 de las ROF).

El Fonden está integrado por los siguientes instrumentos:

Para acceder a los recursos con cargo al Fonden Reconstrucción deberá observarse el procedimiento contenido en las ROF, el cual se encuentra descrito de manera, gráfica en la dirección electrónica del Sistema Nacional de Protección Civil México, específicamente en el vínculo:

No obstante, para pronta referencia, a continuación se detalla tal procedimiento. Para esos efectos se transcribe en su totalidad el numeral 4 de las ROF:

Ahora bien, para poder acceder a los recursos del instrumento en estudio, se deberá seguir el siguiente procedimiento:

Sin otro particular, y esperando que la presente información sea de utilidad, le saludo cordialmente.

Notas: 1 Entendidos como los eventos generados por la naturaleza, que por sus características extremas, atípicas o severas condiciona o genera una situación de desastre natural, caracterizado por la ausencia relativa de la participación directa o indirecta del ser humano.2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2009.3 Pudiendo ser la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para el caso de incendios forestales; la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para el caso de los fenómenos hidrometeorológicos; el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), para el caso de los fenómenos geológicos.4 Según se ha visto aquellos entes facultados para corroborar la ocurrencia de un desastre natural en una fecha y lugar determinado.5 Entendiéndose estos, como los recursos destinados para la ejecución de acciones emergentes, así como los trabajos y obras de carácter prioritario y inmediata remoción de escombros y todo aquello que coadyuve a la normalización de la actividad de la zona afectada, para evitar mayores daños y proteger a la población.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

DELITOS EN CONTRA DE PERIODISTAS

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-0303, signado por los diputados Francisco Ramírez Acuña y Carlos Samuel Moreno Terán , presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPC/V/3138/09, suscrito por Érika Santoyo Morales, directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los delitos cometidos contra periodistas.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Procuraduría General de la República.

Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Con el gusto de saludarle y en respuesta al oficio número SEL/UEL/311/1999/09, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, a efecto de que en el marco de sus atribuciones, amplíe e intensifique las labores de investigación de los delitos cometidos contra periodistas y se apliquen las acciones necesarias para proteger a los periodistas en riesgo debido al ejercicio de su profesión.

Al respecto, me permito comentarle que la principal tarea de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas es la de integrar y determinar las averiguaciones previas por aquellos delitos federales que le sean denunciados. Asimismo, se ejerce la facultad de atracción de las investigaciones relacionadas con la competencia de la fiscalía en aquellos delitos del orden común que sean conexos con delitos federales. Ahora bien, para cumplir con la atención de los asuntos que nos competen se han instrumentado programas que van desde la capacitación especializada de los agentes del Ministerio Público de la Federación hasta los que inciden la eficiencia en la integración y resolución de las averiguaciones previas.

Por otro lado, se tiene diseñado el procedimiento para estar en contacto permanente de seguimiento a los ilícitos que se hacen públicos cometidos contra periodistas solicitando a las autoridades correspondientes información para estar en contacto con la víctima, de ser así, otorgarle los servicios de asesoramiento jurídico y atención médica y psicológica por parte de las Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de esta institución.

No obstante lo anterior, en el ámbito de nuestra competencia, redoblaremos esfuerzos en la labor de investigación y en la gestión de medidas de protección de periodistas en riesgo por el ejercicio de su profesión.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Justicia, para su conocimiento.

SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto, y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los artículos 5o., fracción XIII, 8o., fracción VIII, y 12, fracciones III, VIII y XIII, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio fechado el día de hoy, Moisés Schwartz Rosenthal, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, envía el informe trimestral sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro correspondiente al periodo julio-septiembre de 2009.

Por lo anterior, incluyo, para los fines procedentes, copia del oficio a que me he referido, así como el anexo que en él se menciona, en forma impresa y medio magnético.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, atentamente le solicito que sea usted el amable conducto para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5o., fracción XIII, 8o., fracción VIII, y 12, fracciones III, VIII y XIII, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y el artículo 151 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Por lo anterior, anexo al presente me permito incluir, por duplicado, el informe trimestral sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2009, tanto en impreso como en disco compacto, el cual fue aprobado por la Junta de Gobierno de esta comisión en su décima cuarta sesión extraordinaria y que, si no hay inconveniente, deberá entregarse a cada una de las Cámaras del honorable Congreso de la Unión con la mayor brevedad.

Sin más por el momento, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a las Comisiones de de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

Continúe la Secretaría con oficios de la Cámara de Senadores.

LEY DE AMPARO

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción D del artículo 72 constitucional, adjunto devuelvo a ustedes el expediente con la minuta proyecto de decreto que reforma los artículos 19 y 27 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desechada por el pleno de la Cámara de Senadores en sesión celebrada en esta fecha.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Justicia. Continúe la Secretaría con las minutas.

LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - LEY GENERAL DE EDUCACION

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y adiciona una fracción XV al artículo 33 de la Ley General de Educación.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Que reforma el artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y adiciona una fracción XV al artículo 33 de la Ley General de Educación

Artículo Primero. Se reforma el artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 22. El derecho a la identidad está compuesto por:

A. a la D. ...

A fin de que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer plenamente el derecho a su identidad, las normas de cada entidad federativa podrán disponer lo necesario para que la madre y el padre los registren, sin distinción en virtud de las circunstancias de su nacimiento, además de procurar que los formatos, formularios o cualquier otro documento análogo que sea requerido para la realización de cualquier trámite, utilicen el término apellido o apellidos.

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción XV al artículo 33 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 33. Para cumplir lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo las actividades siguientes:

El Estado también llevará a cabo programas asistenciales, ayudas alimenticias, campañas de salubridad y demás medidas tendientes a contrarrestar las condiciones sociales que inciden en la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Educación Pública y Servicios Educativos.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 327 de la Ley General de Salud.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Que reforma y adiciona el artículo 327 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 327 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 327. Está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células. La donación de éstos con fines terapéuticos se regirá por principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que su obtención y utilización serán estrictamente a título gratuito.

Los tejidos músculo-esquelético, cutáneo, vascular, membrana amniótica y otros, así como el plasma residual, podrán destinarse a procesos de industrialización para obtener derivados e insumos de éstos con fines de investigación, preventivo, de diagnóstico o terapéuticos.

La secretaría establecerá las disposiciones jurídicas aplicables para regular los procesos de industrialización y las actividades inherentes a éstos, así como para promover la accesibilidad a los derivados de plasma y de los tejidos industrializados, en condiciones de equidad, seguridad y procurando beneficio para la salud pública.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Tercero. El gobierno federal a través de la Secretaría de Salud promoverá las políticas públicas conducentes a efecto de que se instalen en territorio nacional establecimientos en los que se lleve a cabo el proceso de industrialización del plasma residual y de los tejidos a los que se refiere el artículo 327 de la Ley General de Salud.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Salud.

LEY DEL SISTEMA DE HORARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 3 de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Que reforma la fracción II del artículo 3 de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 3. ...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día en que inicie el horario estacional inmediato posterior a la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Energía.

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción E del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 12, fracciones I y XII, de la Ley de Asistencia Social.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Que reforma el artículo 12, fracciones I y XII, de la Ley de Asistencia Social

Artículo Único. Se reforma el artículo 12, fracciones I, incisos a), b) y e), y XII, de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:

Artículo 12. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Salud. Continuamos con iniciativas.

LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA - LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: La Presidencia recibió del diputado Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctricay de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Servicio Público de Energía Eléctrica, y Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Roberto Gil Zuarth , del Grupo Parlamentario del PAN

Roberto Gil Zuarth , diputado a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma y adiciona el artículo 10, se adicionan los artículos 10-Bis, 10-Ter, 10-Quáter, se adicionan las fracciones XIII y XIV al artículo 12, y se adicionan los capítulos X y XI, denominados ``Vigilancia de la Comisión Federal de Electricidad'' y ``De los derechos básicos y garantías mínimas de los usuarios de servicio público de energía eléctrica'' de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, asimismo, se adiciona un párrafo al artículo 113 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con la finalidad de ajustar el marco regulatorio del sector eléctrico del país a los principios constitucionales de responsabilidad, transparencia, rendición de cuentas, austeridad, gobierno corporativo y eficiencia en la prestación de los servicios públicos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La energía eléctrica es una necesidad básica para los individuos en las sociedades actuales y es un insumo fundamental para la actividad productiva. Es, en suma, un servicio vital para las personas, las empresas y la comunidad. Por ello debe ser una prioridad del Estado mexicano, asegurar su suministro de modo confiable, permanente, ininterrumpido, con calidad y oportunidad. De ahí la necesidad de encontrar arreglos institucionales más eficientes, en el marco del dominio directo reservado constitucionalmente a la nación, en los distintas fases y elementos que componen la estructura de este servicio público.

Durante el siglo pasado, se otorgó al sector eléctrico el carácter de servicio público. En ese entonces, empresas privadas otorgaban el servicio. La Constitución de 1917 no alteró su régimen jurídico. En 1923 se realizaron los primeros esfuerzos para ordenar y controlar la industria eléctrica mediante la creación de la Comisión Nacional para el Fomento y Control de la Industria de Generación y Fuerza, reestructurada en 1926 como Comisión Nacional de Fuerza Motriz, y es hasta 1933 cuando se resolvió que la generación y distribución de electricidad son actividades de utilidad pública.

Para 1937 únicamente el 38 por ciento de los habitantes contaban con servicio de energía eléctrica otorgado por empresas que se enfocaban a los mercados urbanos más redituables, sin contemplar en sus planes de expansión a las poblaciones rurales, donde habitaba más de 62 por ciento de la población. En razón del importante crecimiento de la demanda, el gobierno federal decidió crear, el 14 de agosto de ese año, la Comisión Federal de Electricidad, ¹ con el propósito de incidir en la armonización de la prestación de ese servicio, la disminución de los costos y la ampliación de su cobertura efectiva.

En el marco de la ley de 1949, coexistían mecanismos de mercado e incentivos desde el sector público. En esa lógica, la Comisión Federal de Electricidad, organismo público descentralizado y con patrimonio propio, estaba llamada a concentrar las distintas fases de la prestación del servicio y, en esa medida, a funcionar como la instancia única a nivel nacional destinada a ese propósito.

Por su parte, la nacionalización de la industria eléctrica inició su proceso el 27 de septiembre para concluir el 29 de diciembre de 1960, mediante una adición al artículo 27 constitucional. La implantación de este proceso no se realizaría como otros a través de la expropiación, sino a través de la compra de acciones de las empresas proveedoras de este insumo, antes en manos de particulares, de manera que la Comisión Federal de Electricidad fue adquiriendo acciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y demás empresas del ramo.

En 1974 se reformó el artículo 27 constitucional para otorgar exclusivamente a la nación el aprovechamiento de los materiales radioactivos y combustibles nucleares necesarios en la producción de energía atómica, indispensables en el proceso de instalación y operación de plantas nucleares generadoras de energía eléctrica. Asimismo, se publicó el acuerdo por el que se autorizan ``los actos necesarios y procedentes'' para la disolución y liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, en el Diario Oficial de la Federación del 16 de diciembre del mismo año.

En el año de 1975 se publicó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. En ese cuerpo normativo se dispuso que se debiera continuar con la disolución y liquidación de las empresas, que deberían continuar prestando el servicio hasta su liquidación definitiva.

El 9 de febrero de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se crea el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro (LFC), cuyo objeto es prestar el servicio público de energía eléctrica que estaba a cargo de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, SA, Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca, SA, Compañía Mexicana Meridional de Fuerza, SA, y Compañía de Luz y Fuerza de Toluca, SA.

El domingo 11 de octubre del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto del Ejecutivo federal por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, proveyendo pormenorizadamente los mecanismos esenciales para su efectiva liquidación. La decisión presidencial de liquidar este organismo, puso fin a una excepción al modelo de servicio público planteado desde la reforma cardenista, excepción que sin duda alguna afectaba a los habitantes del área metropolitana del valle de México y que provocaba condiciones diferenciadas en el disfrute del servicio, además de un importante caudal de recursos públicos.

En suma, en virtud de esa decisión, la CFE asume nuevamente las funciones que venía prestando el organismo descentralizado liquidado, y que estaban planteadas desde la nacionalización de esa industria.

En este sentido, la CFE será la única empresa estatal que tendrá a su cargo la prestación del servicio público de energía eléctrica en los términos del artículo 27 constitucional y de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Ahora bien, esta última, ha sido modificada desde su expedición únicamente en cinco ocasiones: 27 de diciembre de 1983; 31 de diciembre de 1986; 27 de diciembre de 1989; 23 de diciembre de 1992 y finalmente, el 22 de diciembre de 1993.

Lo anterior pone justamente en relevancia que la ley que rige la actividad de la empresa paraestatal encargada de la trascendental tarea de la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica para la prestación del servicio público, fue adaptada por última vez hace más de tres lustros.

En este sentido, al asumir las funciones de Luz y Fuerza, se torna impostergable que la CFE cuente con un marco normativo moderno y eficaz que responda al objetivo de incorporar las mejores prácticas de gobierno corporativo en el desempeño de ese organismo, y maximizar así las condiciones de transparencia, rendición de cuentas y confianza bajo las cuales la compañía se organiza, toma decisiones y satisface la demanda de las personas.

CFE como empresa de todos los mexicanos, tiene un valor indiscutible para el desarrollo y la soberanía nacional, por lo que resulta fundamental su fortalecimiento y su relación con la sociedad, a través de los mecanismos de eficiencia y rendición de cuentas.

Se insiste: CFE debe modificar su estatuto jurídico precisamente para garantizar que prestará el servicio público con calidad y calidez.

Durante el periodo 1996-2006, el consumo mundial de energía eléctrica tuvo un crecimiento medio anual de 3.4 por ciento, y se ubicó en 16 mil 252 TW. En México el consumo de energía eléctrica (ventas internas del sector público y consumo autoabastecido) ha crecido a un ritmo de 3.9 por ciento. ²

Hasta antes de la emisión del decreto presidencial, la CFE venía proporcionando el servicio de energía eléctrica a 26.8 millones de clientes, de los cuales el sector doméstico representaba el 88.14 por ciento, el agrícola 0.43 por ciento, el industrial 0.80 por ciento, el comercial 10.00 por ciento y el de servicios 0.63 por ciento.

En cuanto al volumen de ventas totales, el 76.5 por ciento lo constituyen las ventas directas al público; 23.1 por ciento se suministraba a la extinta LFC y 0.5 por ciento restante se exporta. Si bien el sector doméstico agrupa 88.14 por ciento de los clientes, sus ventas representan 26.55 por ciento de las ventas directas al público. Una situación inversa ocurre en el sector industrial, donde menos de 1 por ciento de los clientes representa más de la mitad de las ventas. ³

Por lo anterior, y al asumir por las funciones de la extinta Luz y Fuerza, es inaplazable la adecuación de la arquitectura jurídica de la estructura interna de la CFE para permitirle un mejor desarrollo en la toma de decisiones cotidianas y de largo plazo, y se encuentre en condiciones de maximizar sus potencialidades y aumentar sus resultados en términos de eficacia operativa, presupuestal y consecución de metas.

La presente iniciativa tiene como objeto fundamental dotar a la CFE de un marco jurídico en el que pueda actuar con mayor eficiencia, responsabilidad, vigilancia, control y transparencia. Con estas modificaciones, se pretende que la CFE adopte una estructura renovada de gobierno corporativo para hacer que sus actividades se orienten a resultados eficaces, sostenibles y sobre todo, medibles y verificables.

La ausencia de mecanismos efectivos de vigilancia, transparencia y rendición de cuentas imposibilita la maximización de potencialidades y disminuye la gestión óptima del servicio público. Por ello, siguiendo las mejores prácticas internacionales, en la presente iniciativa se propone incorporar a tres consejeros profesionales cuya autonomía, independencia, experiencia y conocimientos aporten valor agregado a las decisiones colegiadas de la Junta de Gobierno, teniendo como máxima de actuación dos valores de alto aprecio institucional: autonomía e independencia en la toma de las decisiones sobre el presente y futuro de la empresa.

Es imprescindible considerar que en 2008, la extinta LFC tuvo una pérdida de operación de 41 mil 785 millones 511 mil pesos, equivalente a una pérdida de 15 mil 769 millones 76 mil pesos, una vez descontando el subsidio del gobierno federal que ascendió a la cantidad de 25 mil 875 millones 494 mil pesos y una ``utilidad'' de 591 millones 218 mil pesos. ⁴

Por su parte, la CFE tuvo en el mismo periodo una pérdida de operación de 17 mil 646 millones 325 mil pesos, cerrando finalmente con una pérdida general de 19 mil 510 millones 354 mil pesos.

Los precios de la electricidad se han mantenido a la alza y de 2001 a 2008 se han duplicado, de ¢63.35 hasta ¢137.33 por Kilowatt. ⁵ Mientras tanto, las utilidades de la operación de la extinta LFC se mantuvieron en números rojos, registrando pérdidas que van de los 22 mil millones de pesos, hasta los 41 mil millones ⁶ . En el caso de CFE, se registran pérdidas hasta de más de 19 mil millones de pesos y utilidades de 6 mil 500 millones dependiendo del periodo. ⁷

Por ser empresa pública, es urgente dotar a esta paraestatal de mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de las políticas, procedimientos y normas, así como de los planes y programas. Asimismo, es impostergable introducir incentivos positivos que aseguren la confiabilidad y oportuna difusión y transparencia de la información, así como la máxima eficiencia operativa.

Estas modificaciones son necesarias para favorecer la operación más eficiente y con una estructura acorde a los tiempos actuales y a las tendencias marcadas por las prácticas de gobierno corporativo en entidades empresariales de participación estatal.

Los nuevos consejeros profesionales actuarán con absoluta independencia sin intereses que pudieran considerarse incompatibles con los principios de integridad y objetividad. Así, deberán provenir de la sociedad, con la finalidad transparentar y dar legitimidad al proceso de toma de decisiones de este órgano descentralizado.

Para garantizar lo anterior, los consejeros deberán ser ciudadanos por nacimiento, profesionales en áreas afines a la industria energética, habiéndose desempeñado destacadamente en dichas áreas, trabajo o actividades de investigación o docencia, y no tener o haber tenido él o sus familiares en primer grado, alguna relación contractual, laboral, profesional o cualquier otra actividad relacionada con CFE, durante los dos años previos a la designación.

Por la importancia e impacto nacional, la designación será un acto republicano: el cargo de consejeros profesionales se adquirirá con la concurrencia del titular del Ejecutivo federal y el Senado, bajo la figura de ratificación.

Esta reforma, de ninguna forma pretende crear un sistema de sobrerregulación que aumento los costos de operación del organismo. Desde esa perspectiva, la clara delimitación de las atribuciones y responsabilidades de los tres consejeros profesionales es premisa fundamental de esta modificación con el propósito de garantizar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones. De esta manera, la inclusión de responsabilidades administrativas para los consejeros profesionales no puede ser ajena a este proyecto.

Además de los consejeros, se propone que la vigilancia interna y externa de CFE sea realizada por una articulación de órganos con facultades diferenciadas entre sí: el Consejo de Vigilancia, el Comisario, el Órgano Interno de Control, la Auditoría Superior de la Federación y un Auditor Externo.

Por último, es compromiso fundamental de Acción Nacional convertir las voces de los ciudadanos en prioridades legislativas. En tal virtud, esta iniciativa propone incluir en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica un capítulo especial que faculte, en términos precisos y concretos, los derechos de los usuarios de los servicios públicos de energía eléctrica y, por otra parte, asigne concretamente las obligaciones a las que está sometida la empresa pública respecto de sus usuarios.

Con el fin de hacer reales y exigibles los derechos de los usuarios de los servicios públicos de energía eléctrica, se propone adicionar un párrafo al artículo 113 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que garantice procedimientos expeditos, justos y que obliguen a la empresa paraestatal a prestar el servicio público correctamente.

Todas estas modificaciones a la normatividad y organización de la empresa encargada del abasto eléctrico mexicano, tienen como objetivo transformar al sector para asegurar su viabilidad, mejora de gestión y rentabilidad en el futuro próximo.

Por lo expuesto, se propone el presente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 10, se adiciona el artículo 10-Bis, 10-Ter, 10-Quáter, se adicionan las fracciones XIII y XIV al artículo 12 y se adicionan los capítulos X y XI, ``Vigilancia de la Comisión Federal de Electricidad'' y ``De los derechos básicos y garantías mínimas de los usuarios de servicio público de energía eléctrica'', respectivamente, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, asimismo, se adiciona un párrafo al artículo 113 de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 10, se adiciona el artículo 10-Bis, 10-Ter, 10-Quáter, se adiciona las fracciones XIII y XIV al artículo 12 y se adicionan los capítulos X y XI, denominados Vigilancia de la Comisión Federal de Electricidad y De los derechos básicos y garantías mínimas de los usuarios de Servicio Público de Energía Eléctrica'', respectivamente, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, asimismo, se adiciona un párrafo al artículo 113 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

Artículo 10. La Comisión Federal de Electricidad estará regida por una Junta de Gobierno, integrada por los Secretarios de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Social; de Economía; de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía, quien la presidirá. También formarán parte de la Junta de Gobierno, el Director General de Petróleos Mexicanos, tres representantes del sindicato titular del contrato colectivo de trabajo que rija las relaciones laborales en la Comisión Federal de Electricidad, así como tres consejeros profesionales, designados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado, mismos que representarán al Estado y serán considerados, para todos los efectos, como servidores públicos.

El periodo de los consejeros profesionales será de seis años, con posibilidad de ser designados nuevamente por un solo periodo.

...

La vigilancia del organismo estará encomendada a un consejo integrado por cinco miembros, con sus correspondientes suplentes, que serán nombrados y removidos por los titulares de las Secretarías Función Pública y de Energía conjuntamente, así como por un representante designado por la Junta de Gobierno. Al Consejo de Vigilancia concurrirán los tres consejeros profesionales. La presidencia del consejo será rotatoria y recaerá en uno de los consejeros profesionales, en el orden que establezca la Junta de Gobierno.

El presidente de la República designará, con la ratificación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente, a los consejeros profesionales.

Si el Senado de la República o, en su caso la Comisión Permanente, rechaza la designación, el Ejecutivo federal someterá una nueva. En caso de que el Senado o la Comisión Permanente rechace en tres ocasiones la designación formulada por el presidente de la República, éste procederá a designar libremente a los consejeros profesionales.

La Cámara de Senadores o la Comisión Permanente resolverán en un plazo improrrogable de treinta días naturales, contados a partir de la fecha en la que se reciba la designación. Transcurrido el plazo señalado sin pronunciamiento de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente se tendrán por ratificados.

Artículo 10-Bis.

La remuneración de los consejeros profesionales será la señalada en el Presupuesto de Egresos de la Federación. En ningún caso, la remuneración neta podrá ser mayor a la que reciba el presidente de la República, en los términos de la ley de la materia.

Artículo 10-Ter.

Los consejeros profesionales, además de lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, deberán reunir los siguientes requisitos:

Artículo 10-Quáter.

Son causas de remoción de los consejeros profesionales las siguientes:

A solicitud de cuando menos cinco de sus miembros, la Junta de Gobierno dictaminará sobre las causas de remoción a que se refiere el párrafo anterior, con base en los elementos que se presenten para tal efecto.

La Junta de Gobierno decidirá en definitiva, previa garantía de audiencia, sobre la procedencia y resolución de remoción mediante el voto de la mayoría de sus miembros.

Artículo 12. La Junta de Gobierno deberá:

...

Capítulo X Vigilancia y evaluación del desempeño de la Comisión Federal de Electricidad

Artículo 47.

La vigilancia interna y externa de la Comisión Federal de Electricidad, se realizará por:

A. Serán órganos de vigilancia interna y preventiva:

Artículo 48.

El comisario será designado por el Ejecutivo federal y tendrá las siguientes funciones:

La Auditoria Superior de la Federación cumplirá sus atribuciones de fiscalización, conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley, para practicar auditorías sobre ejercicios fiscales concluidos, las cuales podrán ser indistintamente de gestión financiera o de desempeño para revisar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales a su cargo.

La Auditoría Superior de la Federación tendrá acceso a la información y documentación que requiera para el ejercicio de sus funciones, así como sobre las transferencias y asignaciones presupuestales otorgadas al sindicato con quien tenga celebrado el Contrato Colectivo de Trabajo.

La Auditoría Superior de la Federación podrá requerir, en cualquier tiempo, a la Comisión Federal de Electricidad informe para efectos de revisión de auditoría, derivado de denuncia, en los términos del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 49.

La evaluación del desempeño del organismo respecto a las metas y objetivos de los programas a cargo de sus unidades corresponderá al Consejo de Vigilancia.

La Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad tendrán las funciones que los ordenamientos jurídicos les otorguen. La Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control fijarán las políticas y lineamientos para el control preventivo sobre la gestión financiera y presupuestal, así como para la consecución de los objetivos establecidos en los programas.

La Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control de la Comisión Federal de Electricidad resolverán las inconformidades que se presenten en los procedimientos para llevar a cabo las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios y obras, así como los procedimientos de conciliación promovidos en estas materias, en términos de lo dispuesto por las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.

Si en el ejercicio de sus funciones la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control detectan situaciones que impacten en el desempeño o en el cumplimiento de las metas, objetivos y programas del organismo, lo harán del conocimiento del Consejo de Vigilancia, a través de pliegos de observaciones, a efecto de que determine el inicio o continuación de las auditorías correspondientes y se adopten las acciones correctivas necesarias.

La Secretaría de la Función Pública, el Órgano Interno de Control y el Consejo de Vigilancia establecerán los mecanismos de coordinación necesarios. Podrán suscribir acuerdos de colaboración para definir acciones conjuntas, ejecutar programas de fiscalización y auditoría, así como para dar seguimiento a observaciones y metas de mejora de gestión.

La Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control no podrán ejercer, en ningún caso, las facultades previstas en esta Ley para el Consejo de Vigilancia o el comisario.

Los procedimientos de responsabilidades administrativas que se tramiten, en términos de lo que establece la ley de la materia, contra servidores públicos de Comisión Federal de Electricidad deberán sustanciarse y resolverse por el Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad.

Sección Primera Responsabilidades de los consejeros

Artículo 50.

Los miembros de la Junta de Gobierno estarán sujetos al régimen de responsabilidades establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en lo preceptuado en la presente ley.

De la misma manera, serán responsables por los daños y perjuicios que llegaren a causar a la Comisión Federal de Electricidad derivados de los actos, hechos u omisiones contrarios a lo establecido en las leyes.

Artículo 51.

Constituyen violaciones al deber de diligencia para los miembros de la Junta de Gobierno las siguientes conductas:

Artículo 52.

Los miembros de la Junta de Gobierno incumplirán su deber de lealtad en cualquiera de los siguientes supuestos:

En caso que los miembros de la Junta de Gobierno incurran en alguna de las conductas a que se refiere este artículo, cualquier miembro de la Junta de Gobierno podrá solicitar el inicio del procedimiento administrativo sancionador a que se refiere el artículo 10-Quáter del presente ordenamiento.

Artículo 53.

Los consejeros serán solidariamente responsables con los que les hayan precedido en el cargo, por las irregularidades en que éstos hubieren incurrido si, conociéndolas, no las comunicaren por escrito a la Comisión de Vigilancia.

Los consejeros estarán obligados a informar a la Comisión de Vigilancia, al Órgano Interno de Control y a la Auditoría Superior de la Federación las irregularidades de que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 54.

La responsabilidad consistente en indemnizar los daños y perjuicios ocasionados con motivo de los actos, hechos u omisiones a que hacen referencia los artículos 50 y 52 de esta ley, será solidaria entre las personas que hayan adoptado la decisión.

La indemnización que corresponda deberá cubrir los daños y perjuicios causados al organismo descentralizado y, en todo caso, se procederá a la remoción del consejero involucrado.

La acción para exigir la responsabilidad a que se refiere este artículo prescribirá en cinco años contados a partir del día en que hubiere tenido lugar el acto, hecho u omisión que haya causado el daño y perjuicio, salvo cuando se trate de actos, hechos u omisiones con efectos continuos, en cuyo caso el plazo para la prescripción comenzará a contar cuando termine dicho acto, hecho u omisión.

Artículo 55.

Las responsabilidades administrativas a que se refiere esta ley se harán exigibles en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Los consejeros profesionales únicamente podrán ser removidos por las causas y conforme al procedimiento previsto en los artículos 10-Quater y 52 de esta ley.

Con independencia de las responsabilidades administrativas o penales a que haya lugar, los daños y perjuicios cometidos por los consejeros en perjuicio del organismo descentralizado, por los actos, hechos u omisiones contrarios a lo establecido en esta Ley, podrán reclamarse por la vía civil. Dicha acción corresponderá al director general, quien la ejercerá en los términos que señale el Estatuto Orgánico del organismo descentralizado.

Artículo 56.

Los miembros de la Junta de Gobierno no incurrirán, individualmente o en su conjunto, en responsabilidad por los daños o perjuicios que llegaren a ocasionar al organismo descentralizado, derivados de los actos u omisiones que ejecuten o las decisiones que adopten, cuando actuando de buena fe se actualice cualquiera de los supuestos siguientes:

Capítulo XI De los derechos básicos y garantías mínimas de los usuarios de servicio público de energía eléctrica

Artículo 65.

Además de los derechos otorgados a los usuarios y solicitantes que tengan el carácter de consumidores en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, constituirán derechos básicos de los usuarios del suministro de energía eléctrica:

La exigibilidad de estos derechos se sustanciará de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

En estos casos, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor deberá garantizar que los conciliadores y árbitros que intervengan en la resolución de las controversias que se susciten entre usuarios y proveedores del suministro de energía eléctrica acrediten conocimientos en la materia.

Artículo 66.

Son obligaciones del proveedor del servicio del suministro de energía eléctrica:

En aquellos casos en que deban proporcionar informes por escrito a petición de los usuarios se deberá respetar el derecho a recibir una información oportuna y veraz, por lo que el plazo para su entrega no deberá ser mayor a 15 días naturales, salvo las excepciones que establezcan en ley.

Transitorios

Primero. Las presentes reformas entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.

Tercero. La Junta de Gobierno del organismo descentralizado deberá adecuar su Estatuto Orgánico a lo dispuesto en el presente decreto dentro del término de 60 días y, posteriormente, deberán inscribir las modificaciones en el Registro Público de Organismos Descentralizados.

Ley Federal de Protección al Consumidor

Artículo 113. Previo reconocimiento de la personalidad y de la relación contractual entre las partes el conciliador expondrá a las partes un resumen de la reclamación y del informe presentado, señalando los elementos comunes y los puntos de controversia, y las exhortará para llegar a un arreglo. Sin prejuzgar sobre el conflicto planteado, les presentará una o varias opciones de solución, salvaguardando los derechos del consumidor.

Tratándose de bienes o servicios de prestación o suministro periódicos tales como energía eléctrica, gas o telecomunicaciones, el solo inicio del procedimiento conciliatorio suspenderá cualquier facultad del proveedor de interrumpir o suspender unilateralmente el cumplimiento de sus obligaciones en tanto concluya dicho procedimiento.

En aquellos casos en que los usuarios del suministro de energía eléctrica, gas o telecomunicaciones denuncien conductas que conlleven a la interrupción injustificada del servicio, una vez iniciado el procedimiento respectivo, el conciliador deberá asesorar al usuario y dar vista a las autoridades correspondientes por la posible comisión de actos delictivos o de responsabilidad servidores públicos.

Transitorio

Único. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: 1 García Santillán, Arturo y Uscanga Guevara María Teresa: (2008) Desarrollo y comportamiento de la motivación en el trabajo , edición electrónica. 2 Secretaría de Energía, Dirección General de Planeación Energética, ``Prospectiva del Sector Eléctrico 2008-2017''. 3 CFE, Unidad de Control de Gestión. (cifras a julio de 2009). 4 LFC, Estado de Resultados del 1 de enero al 30 de septiembre de 2008. 5 Con datos de Precios medios de energía eléctrica, Secretaría de Energía con datos de Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro 6 Con datos de Luz y Fuerza del Centro, Situación Financiera, Estado de Resultados 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. 7 No obstante que hay utilidades operativas, en el balance general se tienen pérdidas. CFE, Estados financieros 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a las Comisiones Unidas de Energía y de Economía.

A solicitud del diputado Óscar González Yáñez , del Grupo Parlamentario del PT, se pospone su participación para presentar iniciativa de decreto que reforma los artículos 36 y 36 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Tiene la palabra la diputada Yolanda de la Torre Valdez , para presentar iniciativa... Me informan que no se encuentra en el salón de sesiones, por lo que pasa al final de la lista.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el señor diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez: Buenos días, compañeras diputadas y compañeros diputados. Hoy quiero presentar una serie de reformas y adiciones a la Ley General de Salud, con el ánimo de provocar una reflexión común y, en la medida de lo posible, organizar un debate que nos lleve a conclusiones eficaces.

La iniciativa que presento tiene que ver con el tema del aborto y tiene que ver con todas estas cuestiones que, en los últimos meses, han estado discutiéndose a escala nacional, parte como oposiciones prejuiciadas de la Edad Media y parte por la necesidad que hay siempre de dar nota y no profundizar en la esencia de las cuestiones.

Por supuesto que no quiero insistir en lo que la legislación ya prevé en la materia, la legislación penal me refiero, porque no se trata de contrariar un punto de vista que en ejercicio de su competencia y soberanía han resuelto los legisladores de distintas entidades del país y del Distrito Federal. Se trata de hablar del tema como un asunto de salud pública, que esto es justamente lo que no se ha podido ver en medio de este debate que no atiende a las cuestiones propias de un problema de salud pública.

Por eso, en vez de regresar y convocar otra vez a la discusión de temas prejuiciados, que siempre dividen y no aportan, ahora presento una serie de modificaciones a la Ley General de Salud para tratar este tema como lo que significa y como lo que es: un problema de salud pública.

Aun, amigas diputadas y amigos diputados, dentro de las hipótesis que acepta la ley para poder abortar, la Secretaría de Salud no presta atención alguna a las mujeres en necesidad de ese servicio. No se trata de cambiar la ley, se trata de ampliar un espacio para que las mujeres puedan, con toda licitud y con los adelantos técnicos que hay, acudir a las instituciones de salud y recibir el auxilio necesario.

El otro tema, del que, apresuradamente les digo, trata mi iniciativa, es el que tiene que ver con la concepción antediluviana de que las relaciones sexuales sólo son aceptables cuando tienen por fin la procreación. Ésta es una discusión viejísima y ya superada en la que no quiero insistir. Pero quiero hablar de este tema porque, en efecto, es un tema también grave y delicado de salud pública.

En México, cada vez más, las adolescentes tienen relaciones sexuales, obviamente que sin el consentimiento de sus padres. ¿Y qué pasa con estos problemas múltiples que se generan en la adolescencia de nuestro país? La Secretaría de Salud pública tampoco tiene interés ni tiene forma ni tiene medios ni tiene la intención de dar ayuda alguna, apoyo alguno, sugerencia alguna.

Mi iniciativa propone que se cree un mecanismo para que las adolescentes puedan ser auxiliadas, orientadas, educadas y eventualmente tratadas en los problemas de su sexualidad.

Finalmente, debo decirles que nosotros tenemos la costumbre de que en estos temas de salud sexual, de educación sexual, de salud pública, siempre vamos con el criterio negativo; es decir, prohibir y sancionar, cuando en mi opinión debiera ser más importante prevenir, aconsejar, educar y, por supuesto, tratar a las mujeres que están en este problema.

Les invito, amigas diputadas y amigos diputados, que vean esta iniciativa como una convocatoria a un gran debate nacional que hagamos en materia de salud pública; que vean la forma en que estamos proponiendo tratar este tema sin entrar al debate anquilosado que nos tiene divididos como sociedad y que no nos va a permitir avanzar en el futuro.

Lo dejo aquí como una aportación, pidiendo el apoyo y solidaridad de todos ustedes. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado César Augusto Santiago Ramírez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos que se indican de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A partir de que, en agosto de 2008, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, respectivamente, declarando la validez de los artículos 144, 145, 146 y 147 del Código Penal del Distrito Federal, y de los artículos 16 Bis 6, párrafo tercero, y 16 Bis 8, último párrafo, de la Ley de Salud para el Distrito Federal, reformados mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de abril de 2007, se ha generado en el país un proceso de polarización entre quienes consideran que debe ser privilegiada la protección de la vida en gestación, sobre los derechos fundamentales de las mujeres que guardan relación con los procesos reproductivos, y quienes estiman que los derechos fundamentales de las mujeres no pueden ser sacrificados de manera absoluta en aras de proteger la vida en gestación.

Este proceso de polarización se ha fortalecido con motivo de las reformas constitucionales que han sido aprobadas en diversas entidades federativas, con el fin de establecer que el derecho a la vida comienza desde el momento de la fecundación o desde la concepción, y con las protestas que tales reformas han suscitado por parte de amplios grupos sociales, que consideran que su finalidad consiste en limitar los derechos reproductivos de las mujeres, y que ponen en riesgo la licitud de la utilización de diversos métodos anticonceptivos, y que restringen el derecho de las mujeres a gozar de la prestación de los servicios médicos necesarios para llevar a cabo la interrupción del embarazo, en los supuestos permitidos en los diversos códigos penales del país.

Debido a eso, y sin que ello implique desconocer que de acuerdo con el ámbito competencial determinado en la Constitución federal, corresponde a cada una de las entidades federativas y al Distrito Federal establecer las regulaciones legales conforme a las cuales deberá operar la ponderación entre los derechos fundamentales cuya titularidad corresponde a las mujeres y la protección de la vida en gestación, que ha sido caracterizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un bien constitucional, con la única limitante de que tales regulaciones legales sean acordes con la ley fundamental del país, a partir de la consideración irrefutable de que uno de los mecanismos idóneos para lograr una adecuada protección de los derechos fundamentales de las mujeres, así como la salvaguarda de la vida en gestación, entendida ésta como un bien constitucionalmente valioso, consiste en la prevención de los embarazos no planeados y no deseados, una de las finalidades que persigue la presente iniciativa consiste en fortalecer los servicios de planificación familiar y anticoncepción.

Esta iniciativa pretende remediar las condiciones de desigualdad y discriminación que en razón de su lugar de residencia, actualmente enfrentan las mujeres de nuestro país, por cuanto hace al acceso y disponibilidad de métodos anticonceptivos, y a la posibilidad de gozar de la prestación de los servicios de salud que son necesarios para la interrupción del embarazo en los supuestos permitidos en los diversos códigos penales del país, tomando en cuenta que ello cuenta con sustento constitucional, dado que al resolver la acción de inconstitucionalidad 10/2005, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en materia de salubridad general las normas federales y estatales deben coexistir en armonía, por tratarse de una materia de regulación concurrente como lo precisa el propio artículo 4o. constitucional cuando ordena: ``La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución'', por lo que resulta imperativo establecer una regulación uniforme en materia sanitaria que establezca las bases mínimas conforme a las cuales deberán prestarse los servicios de salud en relación con la interrupción del embarazo, de modo tal que ante la condición de permisibilidad de la interrupción del embarazo, que se encuentra establecida en los diversos supuestos permitidos en los diversos códigos penales del país, las mujeres no queden supeditadas al hecho contingente de que la legislación local de la entidad federativa en que se encuentren regule la prestación de los correspondientes servicios de salud, o que omita tal regulación, ni subordinadas a sus condiciones económicas particulares, para acceder a la prestación de servicios de salud adecuados en los supuestos de interrupción del embarazo que resulten permitidos por la legislación penal que les resulte aplicable, ello con la finalidad de proteger la vida, la salud y la integridad corporal de las mujeres, dando cumplimiento de este modo a las obligaciones gubernamentales que derivan del derecho a la protección a la salud, que está reconocido como una garantía individual en el párrafo tercero del artículo 4o. de la Constitución Política del país, mediante la reforma que se propone a la Ley General de Salud, con lo que se daría cumplimiento a un mandato que deriva de la Constitución federal.

La diferencia entre los sexos es sustancial respecto a la procreación, por lo que tratándose de las mujeres se debe partir del señalamiento contenido en la recomendación general número 24 emitida por el Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, relativa al artículo 12 de dicha convención, en el sentido de que ``las medidas tendentes a eliminar la discriminación contra la mujer no se considerarán apropiadas cuando un sistema de atención médica carezca de servicios para prevenir, detectar y tratar enfermedades propias de la mujer'', por lo que se propone subsanar la omisión de la Ley General de Salud en cuanto a garantizar la prestación de servicios médicos en los diversos supuestos en que los códigos penales del país permiten la interrupción legal del embarazo. Esta omisión vulnera los derechos humanos de las mujeres con base en los cuales se han establecido los diversos supuestos en los que el aborto está legalmente permitido, ya que en la vida cotidiana las mujeres enfrentan barreras de acceso que les impiden recibir los servicios de salud que requieren para que la interrupción del embarazo se realice en condiciones idóneas, lo que origina que pongan en riesgo su vida, su salud y su integridad personal, al tener que recurrir a la práctica del aborto clandestino, no obstante la licitud de la interrupción del embarazo, dando lugar a un grave problema de salud pública, tal y como lo reconocen la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional de Población, representado por las muertes o graves afectaciones a la salud de las mujeres, que son consecuencia de procedimientos realizados en condiciones insalubres, o por personas que carecen de la experiencia y capacidad profesionales necesarias.

Por tanto, se propone poner fin a esta forma de discriminación omisiva y silenciosa en que ha incurrido el Estado mexicano, regulando los procedimientos que permitan y garanticen a las mujeres gozar de la prestación de los servicios de salud que son necesarios para la interrupción del embarazo, cuando ésta se encuentra autorizada por la ley, en condiciones de gratuidad, calidad y disponibilidad de los correspondientes servicios de atención médica, con la finalidad de proteger los derechos fundamentales a la vida, a la protección a la salud y a la integridad corporal de que son titulares las mujeres. Esto indiscutiblemente evitará cualquier forma de discriminación en el acceso a los servicios de salud, el cual generalmente está condicionado por la situación económica de las propias mujeres, por lo que la carencia de servicios de salud públicos genera un segundo problema: sólo las mujeres con recursos económicos pueden obtener la prestación de servicios de calidad, lo que agrava la discriminación y la injusticia social en perjuicio de las mujeres pobres, que se ven impelidas a recurrir a la prestación de los servicios de interrupción del embarazo en condiciones insatisfactorias.

La reforma propuesta parte de la premisa de que vivimos en una sociedad en donde las personas tienen una pluralidad de creencias. Dado que el Estado mexicano es laico y reconoce esta diversidad, no puede imponer una determinada moral como única y universal, sino respetar esta diversidad de creencias. Este pluralismo de sus habitantes, establece el derecho de los médicos de quedar exentos del deber jurídico de realizar la interrupción del embarazo, siempre que por sus convicciones personales, éticas o religiosas, objeten en conciencia la interrupción del embarazo, sin que ello desconozca el derecho de las mujeres de acceder a la prestación de los servicios médicos para la interrupción del embarazo, ya que invariablemente debe existir la correlativa obligación de las instituciones públicas de salud de contar con médicos no objetores. Sólo así se puede asegurar la prestación de los servicios, en tanto que tratándose del supuesto en que la mujer embarazada corra peligro de afectación a su salud o a su vida, debe subsistir la obligación de atender médicamente a la mujer, quedando obligado el médico objetor en los restantes supuestos a referir a la embarazada con el responsable del servicio para que éste a su vez designe a otro médico que no sea objetor.

En cuanto a la planificación familiar y anticoncepción, para hacer efectiva la libertad reproductiva que está reconocida como una garantía individual en el párrafo segundo del artículo 4o. de la Constitución federal, resulta imperativo que en dicha materia se reconozca el derecho de las personas a beneficiarse del progreso científico y tecnológico, sin que ello quede supeditado al reconocimiento de un determinado método por las autoridades sanitarias. La experiencia ha demostrado que transcurren largos periodos de tiempo entre el momento en que la eficacia terapéutica de un determinado método anticonceptivo está acreditada científicamente y el reconocimiento como tal en la normatividad sanitaria.

De igual manera, debe garantizarse como un componente de la libertad reproductiva el derecho de toda persona a elegir el método anticonceptivo que desee emplear, por lo que correlativamente debe imponerse al Estado la obligación de reconocer y suministrar todos los métodos anticonceptivos cuya eficacia y seguridad estén acreditadas, así como de garantizar a las personas usuarias la disponibilidad del método anticonceptivo que constituya la mejor opción.

En congruencia con lo expuesto en esta iniciativa, en el sentido de que es conveniente incrementar y fortalecer los servicios de salud reproductiva, y con la finalidad de dotar de un marco de seguridad y certeza jurídicas a la provisión y utilización de métodos anticonceptivos, se estima conveniente establecer una definición de embarazo acorde con las adoptadas por la Organización Mundial de la Salud (Mechanism of Action, Safety and Efficacy of Intrauterine Devices: Report of a WHO Scientific Group. Technical Report Series 753, Ginebra: OMS, 1987) y por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (Comité sobre los Aspectos Éticos de la Reproducción Humana y la Salud de la Mujer, Definition of Pregnacy, Recommendations on Ethical Issues in Obstetrics and Gynecology, Londres, FIGO, 2000), que definen el embarazo como la parte del proceso de reproducción humana que comienza con la implantación.

Por lo demás, esta definición se encuentra validada por la ciencia médica, que distingue entre la fecundación y la implantación. La fecundación ocurre en el momento en que se produce la penetración del óvulo por el espermatozoide, en tanto que la implantación acontece cuando, valga la redundancia, el cigoto se implanta en el endometrio, comenzando así el embarazo.

El pleno reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos fundamentales de las personas implica que estos derechos no sólo deban ser vistos como límites negativos para el Estado o los particulares, sino que también deben ser considerados como el establecimiento de obligaciones positivas. Éstas exigen la creación de condiciones que faciliten su ejercicio, y su falta de generación, debe ser considerada un incumplimiento de estos derechos. La regulación de la sexualidad y la procreación, desde la perspectiva de los derechos humanos, torna ineludible que el ejercicio de la sexualidad deje de estar subordinado a la finalidad de procreación, y que la reproducción deje de ser caracterizada como una consecuencia obligada del ejercicio de la sexualidad.

Sin embargo, a pesar del progresivo reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, por parte del orden jurídico nacional y del orden jurídico internacional, la legislación sanitaria de nuestro país no ha sido adecuada a esta nueva realidad. Por eso, la regulación de la salud reproductiva que se realiza en la Ley General de Salud incluye la tácita caracterización de la mujer exclusivamente en su rol reproductivo, ya que la única ocasión en que tal ordenamiento legal hace referencia expresa y específica a la mujer es al regular la atención materno-infantil, señalando que ésta comprende, entre otras acciones, ``la atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio'' (artículo 61, fracción I), cuando es evidente que la problemática que presenta la salud reproductiva de las mujeres excede la procreación.

La Ley General de Salud no regula de manera específica la salud sexual; hace referencia sólo a la educación sexual en el apartado relativo a la planificación familiar. Así, por carecer de una reglamentación específica de la salud sexual se permite la reiteración de prácticas sociales que socavan su protección, reproduciendo tácitamente la ancestral caracterización del ejercicio de la sexualidad como un mero medio para la reproducción de los seres humanos. Esto determina que su reglamentación legal esté supeditada a la regulación que los procesos reproductivos reciben por parte del ordenamiento jurídico, en tanto que la salud reproductiva es regulada de manera fraccionada, en los apartados referentes a la salud materno-infantil y a la planificación familiar, sin que se haga un reconocimiento expreso de los derechos sexuales y reproductivos de las personas.

Debido a ello, en esta iniciativa se propone la adición a la Ley General de Salud del correspondiente capítulo referente a los derechos sexuales y reproductivos, describiendo los derechos de las personas usuarias de los servicios públicos, sociales y privados que son aplicables en el ámbito sanitario, y haciendo explícito el contenido de los servicios que el Estado debe brindar de manera obligatoria.

Siendo diferentes las necesidades que los diversos grupos poblacionales tienen en materia de salud sexual y reproductiva, en la delimitación de los contenidos mínimos de los derechos sexuales y reproductivos se debe ser consecuente con la satisfacción de necesidades específicas de ciertos grupos poblacionales, de modo tal que se incida en la provisión de los servicios públicos que son requeridos para su cabal cumplimiento.

Esta propuesta de reforma legal resultaría incompleta si omitiera referirse a la salud sexual y reproductiva de las personas menores de edad, ya que ésta es regulada de manera deficiente por la Ley General de Salud, cuyas disposiciones se limitan a señalar que en las actividades relativas a la planificación familiar se debe incluir la información y orientación educativa para los adolescentes y jóvenes, sin considerar que es una realidad social que un número importante de adolescentes tienen relaciones sexuales antes de alcanzar la mayoría de edad, de acuerdo con la información contenida en el Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia de la Secretaría de Salud, los dieciséis años es la edad promedio en que inician su vida sexual los adolescentes. La caracterización de los derechos sexuales como derechos fundamentales pretende evitar que el ejercicio de la sexualidad se realice en condiciones de riesgo para la salud, según el Consejo Nacional de Población, ocho de cada diez mujeres jóvenes de 15 a 19 años tuvieron su primera relación sexual sin protección, y la prevalencia del VIH/sida en la población de 15 a 24 años de edad es de 3.5 casos por cada 100 mil personas. Por lo tanto se vuelven imprescindibles la educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos y a mecanismos protectores para impedir el contagio de infecciones sexualmente transmisibles, así como para reducir el número de embarazos adolescentes. La difusión de esta información es una obligación del Estado.

A pesar de que en el párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución federal se reconoce que los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud y educación, y que se establece en el párrafo séptimo que los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar tales derechos y se impone al Estado la obligación de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, en la práctica los adolescentes con frecuencia enfrentan obstáculos infranqueables por cuanto hace a la debida protección a su salud sexual y reproductiva. La caracterización que en esta materia se ha realizado de la patria potestad, conduce a la falta de consentimiento de los padres o la negativa expresa de éstos para que los adolescentes reciban la prestación de los servicios de salud que requieren. Las creencias ideológicas o religiosas de sus padres o el temor del personal médico de incurrir en alguna clase de responsabilidad, en caso de no contar con el consentimiento de los padres, violentan los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la vida y el derecho a la integridad física, que corresponden a los adolescentes. En los artículos 18.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 14.3. de la Convención de los Derechos del Niño se reconoce que la libertad de creencia religiosa está sujeta a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás. Es del más indiscutible interés público la preservación de la seguridad, vida y salud de los adolescentes, bienes fundamentales que se ven socavados ante la nula prestación de servicios de salud sexual y reproductiva de carácter preventivo, que eviten que en el caso de aquellos adolescentes que libremente y con las restricciones impuestas por la legislación, deciden ejercer su sexualidad, vean vulnerados sus derechos fundamentales.

Es conveniente tener presente que la diferenciación entre niñas, niños y adolescentes no es arbitraria, ya que las disposiciones constitucionales que han sido citadas se encuentran reglamentadas en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 29 de mayo de 2000, en cuyo artículo 2o. se define a los niños y niñas como a las personas de hasta 12 años incompletos y a los adolescentes las personas que tienen entre 12 años cumplidos y menos de 18 años cumplidos. Esta diferenciación es consecuente con el artículo 12.1. de la Convención de los Derechos del Niño, que obliga a los Estados a garantizar al menor que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afecten, y a tener en cuenta las opiniones del niño, en función de su edad y madurez.

Por tal motivo se propone conceder relevancia a la satisfacción de las necesidades de salud sexual y reproductiva de los adolescentes, así como respetar sus derechos y decisiones, que deben tener preponderancia sobre las decisiones de quienes ejercen la patria potestad ya que el ejercicio de ésta no puede tener un carácter absoluto o ilimitado, ya que encuentra la medida de su ejercicio, y consecuentemente, sus límites, en la prevalencia del principio del interés superior de los menores, que se encuentra contenido en el artículo 18.1 de la Convención de los Derechos del Niño, que ha sido suscrita y ratificada por nuestro país, y por tanto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución federal, tiene una mayor jerarquía que las leyes federales y locales, por lo que el ejercicio de la patria potestad o los derechos y creencias de los padres necesariamente deben ceder ante la necesidad de proteger los derechos humanos e intereses de los adolescentes.

De igual manera, en el artículo 3o. de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se dispone que, entre otros, un principio rector es el de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales, por lo que en el artículo 4o. se prevé que las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos en un ambiente de bienestar familiar y social. Por ello, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de las personas menores de edad, por lo que expresamente se prevé en el Apartado B del artículo 11 que es obligación de las madres, padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes el protegerlos contra toda forma de daño. El ejercicio de la patria potestad no puede atentar contra la integridad física o mental de las personas menores de edad, ni puede actuar en menoscabo de su desarrollo, correspondiendo a las diversas instancias de gobierno asegurarles la protección y el ejercicio de sus derechos, tal y como lo establece el artículo 7o. de la ley que nos ocupa.

De manera expresa, en el artículo 21 se dispone que las niñas, los niños y los adolescentes tienen el derecho de ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, en tanto que en el artículo 28 se ordena que para la debida protección del derecho a la salud de las niñas, niños y adolescentes las diversas instancias de gobierno les deberán asegurar asistencia médica y sanitaria para la prevención, tratamiento y rehabilitación de su salud. Por ello deberán atender de manera especial las infecciones de transmisión sexual y del VIH/sida, impulsando programas de prevención e información sobre ellas, así como establecer las medidas tendientes a prevenir los embarazos tempranos, disposiciones legales que son consecuentes con el contenido del artículo 17 de la Convención de los Derechos del Niño, que establece la obligación de los Estados de velar para que los niños tengan acceso a la información que promueva su salud física y mental, y del artículo 24.1, donde se encuentra contenido el reconocimiento de los Estados de que los niños tienen derecho al más alto nivel posible de salud, mediante el disfrute de los servicios de salud que resulten pertinentes. Esto se complementa con el derecho de los niños de recibir educación que desarrolle su personalidad y su capacidad mental y física para potenciar sus posibilidades, a que se hace referencia en el artículo 29.1 de la convención.

Por lo anterior, el suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se permite someter a consideración de esta Cámara de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica y adiciona la Ley General de Salud, en materia de salud sexual y reproductiva

Artículo Primero. Se modifican las fracciones IV y VII, y se adiciona la fracción VII Bis al artículo 3o. de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general

Artículo Segundo. Se modifica la fracción I del Apartado B del artículo 13, para quedar como sigue:

Artículo 13. ...

Artículo Tercero. Se modifica el artículo 27, fracciones IV y V, de la Ley General de Salud, y se adiciona la fracción V Bis, para quedar como sigue:

Artículo 27. ...

Artículo Cuarto. Se modifica la denominación del Capítulo V del Título Tercero, para quedar como sigue:

Capítulo V Salud Sexual y Reproductiva

Artículo Quinto. Se modifican los artículos 61, 62, 63, 64, 65 y 66 de la Ley General de Salud, y se adicionan los artículos 66 Bis, 66 Bis 1, 66 Bis 2 y 66 Bis 3, para quedar como sigue:

Artículo 61. La atención de la salud sexual y reproductiva es de carácter prioritario, ya que tiene la finalidad de garantizar un estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con los sistemas sexual y reproductor, para que las personas cuenten con las condiciones adecuadas para tener una vida sexual y reproductiva saludable y sin riesgos, por lo que los servicios que se prestan en la materia constituyen un medio para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y comprenden las siguientes áreas:

Artículo 62. Toda prestación de servicios en materia de salud sexual y reproductiva requiere el consentimiento informado de las personas usuarias.

Artículo 63. Los programas para la atención de la salud sexual y reproductiva estarán enfocados a satisfacer las necesidades particulares de los grupos poblacionales específicos, por cuanto hace a género, edad y orientación sexual, por lo que deberán garantizar una provisión equitativa de los recursos y servicios de salud en la materia, para coadyuvar en la creación de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

Artículo 64. La prestación de servicios de salud sexual a adolescentes pretende evitar condiciones de riesgo para su salud, el contagio de infecciones sexualmente transmisibles y el embarazo de adolescentes, siendo de interés público la preservación de la seguridad, vida y salud de los menores adolescentes, por lo que se prohíbe toda injerencia arbitraria que pretenda desconocer su derecho a recibir la prestación de los servicios de salud sexual, por lo que la voluntad de los adolescentes tendrá relevancia jurídica, debiendo garantizarse que el adolescente reciba información suficiente para formarse un juicio propio y que tenga el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos de salud que lo afecten.

Artículo 65. En caso de conflicto entre las necesidades de salud sexual y reproductiva de los adolescentes y las decisiones, creencias religiosas o ideología de las personas que ejerzan la patria potestad o los representen legalmente, deberá prevalecer el principio de interés superior de los menores.

Artículo 66. La atención de la salud materno-perinatal comprende las siguientes acciones:

Artículo 66 Bis. En los servicios de salud se promoverá la organización institucional de comités de prevención de la mortalidad materna y perinatal, a efecto de conocer, sistematizar y evaluar el problema y adoptar las medidas conducentes.

Artículo 66 Bis 1. En la organización y operación de los servicios destinados a la atención de la salud materno-perinatal, las autoridades sanitarias competentes establecerán

Artículo 66 Bis 2. Las instituciones públicas de salud, gratuitamente y en condiciones de calidad, deberán proceder a la interrupción del embarazo en los supuestos permitidos por la legislación penal que resulte aplicable, cuando la mujer interesada así lo solicite.

La interrupción del embarazo deberá realizarse en un término de cinco días, contados a partir de que sea presentada la solicitud y satisfechos los requisitos establecidos en la legislación aplicable.

Artículo 66 Bis 3. Los prestadores de servicios de salud a quienes corresponda practicar la interrupción del embarazo en los casos permitidos por la legislación que resulte aplicable, y cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tal interrupción, podrán ser objetores de conciencia y por tal razón excusarse de intervenir en la interrupción del embarazo, debiendo referir a la mujer con el responsable del servicio de la institución pública de salud para que éste a su vez designe a un médico no objetor. Cuando sea urgente la interrupción del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer, no podrá invocarse la objeción de conciencia. Será obligación de las instituciones públicas de salud garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal no objetor de conciencia en la materia.

Artículo Sexto. Se modifica la denominación del Capítulo VI del Título Tercero, para quedar como sigue:

Capítulo VI Planificación Familiar y Anticoncepción

Artículo Séptimo. Se modifican los artículos 67, párrafos primero y tercero, 68, párrafo primero y fracciones II, III, IV y V, 69 y 71; y se adicionan los artículos 71 Bis y 71 Bis 1, para quedar como sigue:

Artículo 67. Los servicios de planificación familiar y anticoncepción tienen carácter prioritario y su principal propósito es contribuir a la prevención de los embarazos no planeados y no deseados, disminuir el riesgo reproductivo y coadyuvar en la plena realización de los ideales reproductivos de las personas y de las parejas. En sus actividades se debe incluir la información, orientación educativa y provisión de servicios para los adolescentes y jóvenes. Asimismo, para disminuir el riesgo reproductivo, se debe informar a la mujer y al hombre sobre los riesgos del embarazo en los extremos de la vida fértil, así como la conveniencia de espaciar los embarazos y reducir su número, todo ello mediante una correcta información anticonceptiva a las personas, la cual debe ser oportuna, eficaz y completa y estar basada en los avances científicos.

...

Quienes practiquen esterilización sin la voluntad de las personas usuarias de los servicios o ejerzan presión para que éstas la admitan, serán sancionados conforme a las disposiciones de esta ley, independientemente de la responsabilidad legal en que incurran.

En materia de planificación familiar y anticoncepción, las acciones de información y orientación educativa en las comunidades indígenas deberán llevarse a cabo en español y en la lengua o lenguas indígenas en uso en la región o comunidad de que se trate.

Artículo 68. Los servicios de planificación familiar y anticoncepción comprenden

Artículo 69. La Secretaría de Salud, con base en las políticas establecidas por el Consejo Nacional de Población para la prestación de servicios de planificación familiar, anticoncepción y de educación sexual, definirá las bases para evaluar las prácticas de métodos anticonceptivos, por lo que toca a su prevalencia y a sus efectos sobre la salud.

Artículo 71. La Secretaría de Salud prestará, a través del Consejo Nacional de Población, el asesoramiento que para la elaboración de programas educativos en materia de planificación familiar, anticoncepción y educación sexual le requiera el sistema educativo nacional.

Artículo 71 Bis. Las personas usuarias de los servicios de planificación familiar y anticoncepción tendrán derecho a beneficiarse del progreso científico y tecnológico en la materia, por lo que el Estado está obligado a reconocer y suministrar todos los métodos anticonceptivos cuya eficacia y seguridad estén acreditadas científicamente, y a garantizar que las personas usuarias tendrán acceso al método anticonceptivo que, previo consentimiento informado, constituya la mejor alternativa, incluyendo aquéllos que sean necesarios para evitar el embarazo de adolescentes y el contagio de infecciones de transmisión sexual.

Artículo 71 Bis 1. Para efectos de lo dispuesto en este capítulo, por embarazo se entiende la parte del proceso de reproducción humana que comienza con la implantación del embrión y termina con el nacimiento o con un aborto, por lo que se considerarán métodos anticonceptivos todos aquellos cuyos efectos actúen hasta antes de que tenga lugar la implantación.

Artículo Octavo. Se adiciona el Capítulo VI Bis del Título Tercero, para quedar como sigue:

Capítulo VI Bis Servicios de Salud para Niños y Niñas

Artículo 71 Bis 2. Los servicios de salud para niños y niñas tienen carácter prioritario y comprenden las siguientes acciones:

Artículo 71 Bis 3. La protección de la salud física y mental de los niños y las niñas es una responsabilidad que comparten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre ellos, el Estado y la sociedad en general.

Artículo 71 Bis 4. Las autoridades sanitarias, educativas y laborales, en sus respectivos ámbitos de competencia, apoyarán y fomentarán

Artículo 71 Bis 5. En materia de higiene escolar, corresponde a las autoridades sanitarias establecer las normas oficiales mexicanas para proteger la salud de los educandos y la comunidad escolar. Las autoridades sanitarias y educativas se coordinarán para la aplicación de las mismas.

La prestación de servicios de salud a los escolares se efectuará de conformidad con las bases de coordinación que se establezcan entre las autoridades sanitarias y educativas competentes.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado César Augusto Santiago Ramírez.Túrnese a la Comisión de Salud.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Benítez.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Su autorización y del diputado César Augusto Santiago para adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pregunto al señor diputado César Augusto Santiago Ramírez, si acepta la adhesión que propone el señor diputado.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez (desde curul): Sí, ésta y todas las que se puedan.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Da la autorización el señor diputado para todas las que se puedan. Por tanto, todas aquellas diputadas y todos aquellos diputados que deseen adherirse, favor de pasar a la Secretaría a firmar el documento correspondiente.

ARTICULO 4O. CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Leticia Quezada Contreras: Gracias, señor presidente. ``Aborto legal para no morir'': consigna feminista. Con su venia, señor presidente.

Hemos despertado a las buenas conciencias de este país, ésas que con una mano blanden su espada contra la inmoralidad y con otra cuentan sus devotas mentiras y dejan caer la injusticia sobre la cabeza de las mujeres más pobres de nuestro país. Esos oscuros personajes que se esconden tras el poder, son los que criminalizan la pobreza de las mujeres; estos personajes oscuros e intransigentes no impedirán que haya más o menos mujeres que decidan no llevar a término un embarazo. No estará en sus manos la decisión final y, sin embargo, se atreverán a opinar, a condenar sin conocer las razones de la difícil decisión de una mujer.

Desde esta tribuna les hago un llamado enérgico: señores, no sean como el avestruz que esconde la cabeza, no le pongan velos de puritanos a la realidad. Abramos un debate serio y basado en la experiencia internacional y en la evidencia científica, fuera de oscuros intereses que no han permitido el avance de los derechos humanos en este país.

Las legisladoras y los legisladores, en nuestra calidad de representantes populares, tenemos una deuda social con las mujeres, consistente en alcanzar un auténtico desarrollo con igualdad social y un real acceso en igualdad de oportunidades para las mujeres.

Con excepción del Distrito Federal, en 17 Congresos locales han determinado limitar los derechos de las mujeres y en casos extremos establecer, mediante reformas en las Constituciones estatales, la protección del derecho a la vida del producto de la concepción, aun sobre el derecho a la vida de la mujer y en franca violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los instrumentos internacionales y, en general, en contra de los derechos humanos de las mujeres por el simple hecho de su condición biológica.

El establecimiento o conservación de tipos penales que sancionan el aborto y no garantizan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, su derecho a la salud y a decidir, exacerban las desigualdades entre hombres y mujeres, porque no pueden existir sanciones penales que deriven de las diferencias biológicas.

Así pues, no establecemos el derecho a abortar; pugnamos por el reconocimiento del derecho que tiene cada mujer a decidir en forma libre sobre su cuerpo y a reconocer que el derecho a la salud, que es una de las cosas más importantes de las mujeres, entraña el derecho a acceder a los servicios médicos de calidad, de manera gratuita y eficiente, sin discriminación de tipo alguno, a efecto de salvaguardar su integridad física y su vida; el tener acceso a los programas de prevención para su salud, a tener acceso a un método anticonceptivo para acceder al derecho de la planificación familiar, y en general a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.

La frase ``todas y todos somos iguales ante la ley'' enmarca el principio de igualdad jurídica que tenemos todas las personas en el territorio nacional y concibe este principio como una fórmula en la que nadie debe ser discriminado ni discriminada por razones de sexo, discapacidad, pertenencia a algún pueblo indígena, lugar de nacimiento, religión ni alguna otra causa.

Este principio es la base de todos los derechos humanos; sin embargo, es muy lejano a la realidad de todas las mujeres. Es inconcebible reconocer que nacer en el Distrito Federal es diametralmente opuesto, en materia de ejercicios de derechos sexuales y reproductivos, a lo que puede significar nacer en Yucatán, en Querétaro, en San Luis Potosí, en Veracruz, en Puebla, por mencionar algunos casos.

Por lo expuesto, propongo a esta soberanía la reforma al párrafo tercero del artículo 4o. constitucional para que se incorpore lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y esparcimiento de sus hijos. El Estado promoverá y protegerá los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los hombres, velando por el libre ejercicio de los mismos. La ley garantizará el acceso efectivo a los métodos anticonceptivos cuya eficiencia terapéutica esté científicamente acreditada y como una medida necesaria para seguir la plena vigencia de los derechos reproductivos de la mujer, establecerá los supuestos en que estará permitida la interrupción legal del embarazo, siempre que concurra el consentimiento de la mujer embarazada, y regulará la prestación de los servicios médicos necesarios para tal efecto en condiciones de gratuidad y calidad, así como la objeción de conciencia, que tendrá un carácter estrictamente personal, siempre y cuando sea salvaguardada la integridad corporal, la salud y la vida de la mujer embarazada.

Por lo expuesto, muchas gracias y sería cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Leticia Quezada Contreras , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo tercero del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La frase ``Todas y todos somos iguales ante la ley'', enmarca el principio de igualdad jurídica que tenemos todas las personas en el territorio nacional y concibe este principio como una fórmula en la que nadie debe ser discriminado por razones de sexo, discapacidad, pertenencia a algún pueblo indígena, lugar de nacimiento, religión ni ninguna otra causa. Este factor, aunado al establecimiento formal del derecho de igualdad en nuestro marco jurídico, permite afirmar que la discriminación, entendida como dar un trato de inferioridad a cualquier persona por uno o varios de los motivos expuestos, debe ser erradicada por completo ...sin embargo no todas podemos ejercer plenamente nuestros derechos... es inconcebible como nacer en el Distrito Federal es diametralmente opuesto en materia de ejercicio de derechos, de lo que puede significar nacer en Yucatán, en Querétaro, en San Luis Potosí, en Veracruz, en Puebla, por mencionar, algunos casos.

La Asamblea General de las Naciones Unidas del 8 de Septiembre del 2000 emitió la Declaración del Milenio, uno de cuyos objetivos señala la necesidad de ``promover la igualdad entre ambos sexos y la autonomía de la mujer como medios eficaces de combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades y de estimular un desarrollo verdaderamente sostenible''.

De esta manera, los poderes públicos tienen la obligación constitucional de garantizar que todas las personas que se encuentren en una misma situación de hecho sean tratadas igual, sin privilegio ni favoritismo alguno. Esta garantía se reitera en los tratados internacionales celebrados por la nación mexicana, denominados ``Declaración Universal de Derechos Humanos'' y ``Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos'', concretamente en los artículos 7o. y 26, respectivamente, disposiciones que, de conformidad con el artículo 133 de nuestra Carta Magna, son considerados la Ley Suprema de la Unión, y en las cuales se establece el derecho de las personas a la igualdad legal, que implica igual protección de la ley sin discriminación alguna.'' ¹

En el ámbito de género no resulta tan complicado encontrar casos de discriminación, pues incluso con la gran cobertura de normas y leyes que obligan a tratar por igual a las mujeres y a los hombres, lo cierto es que aún se mantiene un trato desigual para las mujeres, en virtud de que se parte de una realidad social que implica dominación de un sexo sobre el otro, evidenciando relaciones no paritarias entre ambos sexos.

En este sentido, tenemos una deuda social con las mujeres, consistente en alcanzar un auténtico desarrollo con igualdad social y un real acceso en igualdad de oportunidades para las mujeres. No sobra decir que esto se debe a que en la sociedad mexicana ha imperado por siglos la desigualdad entre hombres y mujeres, mediante acciones y costumbres que tienden a mantener la situación sin cambios reales; de tal manera, es necesario propiciar modificaciones profundas en los valores e ideas para edificar de manera conjunta, ciudadanos e instituciones, el respeto pleno al derecho de igualdad.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD), afirma que existen dos enfoques predominantes sobre la participación de las mujeres en el desarrollo: el de mujeres en desarrollo (MED) y el de género en el desarrollo (GED). Este último enfoque considera las relaciones de poder entre mujeres y hombres como un factor de desigualdad social que las coloca en una posición de subordinación; su objetivo es lograr la igualdad entre los géneros por lo que, al tomar en cuenta que las desigualdades económicas, culturales y sociales se derivan de prácticas culturales que asignan roles específicos a mujeres y hombres, adopta el término género, con lo que pretende modificar las relaciones de autoridad y poder y democratizar las relaciones sociales y familiares en su conjunto.

Ahora bien, de conformidad con el marco jurídico vigente en nuestro país, el artículo 4° constitucional establece el derecho de toda persona para decidir de manera libre, informada y responsable sobre el número y el espaciamiento de sus hijas e hijos.

En ese sentido, me permito citar lo expresado por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro David Góngora Pimentel, en el voto concurrente que formuló en la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, Acción que fue resuelta en favor de la constitucionalidad de las reformas en materia de interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal hasta la décima segunda semana de gestación.

Sin embargo y pese a las evidencias en los daños a la salud de las mujeres y la afectación a sus derechos humanos y el derecho a decidir de forma libre e informada sobre llevar o no a término un embarazo, los legisladores, en su calidad de representantes populares, con excepción del Distrito Federal, han determinado limitar los derechos de las mujeres y en casos extremos establecer mediante reformas a las constituciones locales la protección del derecho a la vida del producto de la concepción, aún sobre el derecho a la vida de las mujeres y en franca violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales y en general en contra de los derechos humanos de las mujeres por el simple hecho de su condición biológica.

El establecimiento o conservación de tipos penales que sancionen el aborto sin garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, su derecho a la salud y a decidir; exacerban la desigualdad entre hombres y mujeres ``...porque no pueden existir sanciones penales que deriven de diferencias biológicas...'' ²

En ese sentido tal y como se retoma en el voto concurrente multicitado la presente iniciativa se plantea desde la perspectiva de género, que no es otra cosa que ``el deber constitucional de tomar en cuenta las maneras en las cuales los roles, las actitudes, los valores y las relaciones con respecto a los niños y niñas, mujeres y hombres se construyen en las sociedades constituyendo instituciones sociales como el derecho, la religión, la familia, la ideología, etcétera, en las que se crean posiciones sociales distintas para una asignación desigual de derechos y responsabilidades entre los sexos. ³

En este sentido, es relevante retomar como lo hace el ministro Góngora Pimentel lo escrito por el penalista Luigi Ferrajoli al señalar que ``En efecto, no sólo se trata de una fundamental libertad negativa (de no convertirse en madre y, por tanto, de abortar), sino de una inmunidad de construcciones y de servidumbres personales que es complementaria de una fundamental libertad positiva: el derecho-poder de generar, traer personas al mundo, que es un poder por así decirlo constituyente, de tipo pre o meta jurídico, puesto que es el reflejo de una potencia natural inherente de manera exclusiva a la diferencia femenina. No se trata sólo de un derecho de libertad, sino también de un derecho-pretensión al que deben corresponder obligaciones públicas, concretamente exigibles, de asistencia y de cuidado, tanto en el momento de la maternidad como en el del aborto''.4

Cabe señalar, que desde el 2007 en el Distrito Federal esto ha cambiado ya que en la capital del país las mujeres gozan del respeto a sus derechos humanos, a la salud y a decidir sobre su cuerpo y su maternidad, pero lamentablemente en el resto del país las lesiones permanentes, la muerte y la criminalización de la pobreza de las mujeres, es una constante. Más aún cuando la violencia institucional, encarnada por disposiciones punitivas y políticas públicas restrictivas no garantiza el acceso, con libertad y seguridad a los servicios de salud y al derecho a decidir continuar o no con la maternidad.

A su vez, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (Conferencia de El Cairo) señala que los derechos reproductivos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente sobre el número de hijas e hijos a procrear y el espaciamiento de los nacimientos, a disponer de la información y de los medios para ello, así como a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. De igual forma incluye el derecho de la mujer a adoptar las medidas que estime necesarias para decidir sobre su cuerpo.

Otra clara referencia que vincula al Estado Mexicano en el cumplimiento de estándares internacionales para armonizar su legislación interna son los comentarios finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que en su 36 periodo de sesiones evalúa el Informe del Estado Mexicano y recomienda que: ``El Comité pide al Estado parte que armonice la legislación relativa al aborto a los niveles federal y estatal. Insta a aplicar una estrategia amplia que incluya el acceso efectivo a servicios de aborto seguro en las circunstancias prevista en la Ley, y a una amplia variedad de métodos anticonceptivos, incluidos los de emergencia, campañas de concienciación sobre los riegos de los abortos realizados en condiciones peligrosas y campañas nacionales de sensibilización sobre los derechos humanos de la mujer, dirigidas en particular al personal sanitario y también al público en general''.

Insistimos en este tema y concluimos con la claridad de la consigna que reivindica los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres: Aborto Legal para no Morir.

Derivado de ello, surge el proceso de armonización de la legislación interna, con la finalidad de alcanzar los objetivos que se persiguen en la celebración de los acuerdos en la materia; ello se logrará a través de las adecuaciones legislativas necesarias.

En América Latina, Panamá permite la interrupción del embarazo en casos de violación, se ponga en peligro la vida del producto o de la madre; en Costa Rica por causas que pongan en peligro la salud de la mujer; Colombia permite el aborto por violación o incesto y por malformaciones del feto que sean incompatibles con la vida extrauterina, por citar algunos ejemplos.

Es imprescindible que exista un equilibrio entre la decisión del prestador de servicios de salud, basada en sus creencias, y el derecho de las mujeres a que sus creencias también sean respetadas. La objeción de conciencia, como expresión de un sentir individual, no excluye de ningún modo la responsabilidad institucional y no aplicaría en situaciones de emergencia.

Así pues, no se trata de despenalizar el aborto, sino de reconocer el derecho que cada mujer tiene para decidir de manera libre sobre su cuerpo y reconocer que el derecho a la salud de las mujeres entraña el derecho a acceder a los servicios médicos de calidad, de manera gratuita y eficiente, sin discriminación de ningún tipo, a efecto de salvaguardar su integridad física y su vida; además de tener acceso a los programas de prevención para su salud, a tener acceso a un método anticonceptivo para acceder al concomitante derecho a la planificación familiar y en general, a ejercer de sus derechos de salud sexual y reproductiva.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto ante el pleno de esta H. Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa:

Artículo Primero. Se reforma el artículo 4º, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 4o. ...

...

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. El Estado promoverá y protegerá los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los hombres, velando por el libre ejercicio de los mismos. La Ley garantizará el acceso efectivo a los métodos anticonceptivos cuya eficacia terapéutica esté científicamente acreditada y como una medida necesaria para asegurar la plena vigencia de los derechos reproductivos de las mujeres, establecerá los supuestos en que estará permitida la interrupción legal del embarazo, siempre que concurra el consentimiento de la mujer embarazada, y regulará la prestación de los servicios médicos necesarios para tal efecto, en condiciones de gratuidad y calidad, así como la objeción de conciencia, que tendrá un carácter estrictamente personal, siempre y cuando sea salvaguardada la integridad corporal, la salud y la vida de la mujer embarazada.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Federación, los estados y el Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán adecuar su legislación al contenido del párrafo segundo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este decreto.

Notas: 1 Registro No. 185619 Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, Octubre de 2002 Página: 1271 Tesis: XXIII.3o. J/2 Jurisprudencia Materia(s): Constitucional, Penal 2 Voto Concurrente de la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, Ministro Genaro David Góngora Pimentel. Pág. 4. 3 Facio, Alda. Asegurando el futuro. Las instituciones de derechos humanos y los derechos reproductivos, en Glosario de: Curso Básico sobre el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos 4 Ferrajoli Luigi ``Igualdad y diferencia'', en Ferrajoli Luigi y Miguel Carbonell, Igualdad y diferencia de género, México, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 2005, p.21

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada Quezada Contreras.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Equidad y Género.

Señoras diputadas y señores diputados, contamos con la visita de alumnos y maestros del Comité Morfín de la delegación Coyoacán. Sean ustedes bienvenidos.

LEY QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA SOBRE EL SECUESTRO O ROBO DE NIÑAS Y NIÑOS EN MEXICO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Yolanda de la Torre Valdez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley que crea el Sistema Nacional de Alerta Temprana sobre el Secuestro o Robo de Niñas y Niños en México, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Yolanda de la Torre Valdez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, México es un lugar inapropiado para los niños y las niñas.

Estimaciones estadísticas sostienen que cada año en México desaparecen o son robados más de 45 mil niños. Lamentablemente no tenemos en México un sistema de información confiable que permita tener mayor claridad sobre las dimensiones del fenómeno. Aun con ello hay estimaciones realizadas por los organismos internacionales, como la Organización Internacional para las Migraciones o la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los cuales advierten que en México cada año hay más de 20 mil víctimas de trata de personas, delito que aunque es diferente al robo de niños, permite inferir lo que está ocurriendo en este tema.

El relator especial de la ONU sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía alertó, en su visita en 2006, que en México podría haber cada año cerca de 80 mil niñas y niños explotados sexualmente, muchos de ellos víctimas de la venta de niños, que no podría explicarse si como condición previa no hubiese personas o redes de delincuentes dedicados al robo de niñas, niños y adolescentes.

Por esto es importante esta iniciativa, porque permite abordar una agenda que se ha recrudecido en los últimos años y además tipifica como delito una conducta que no ha sido incorporada ni al Código Penal ni a las leyes específicas.

La Convención sobre los Derechos del Niño establece una serie de medidas que los Estados deben asumir a fin de garantizar en todo momento el principio del interés superior de la niñez.

Al respecto el Comité de los Derechos del Niño, entidad responsable de dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de la Convención, en sus observaciones finales al informe-país presentado por México en 2005, dice textualmente en su numeral 25:

``Al Comité le preocupa que en la legislación y las políticas nacionales no se preste la debida atención al principio de interés superior del niño y que la población tenga escasa conciencia de la importancia de este principio''.

Asimismo, en su numeral 65 con respecto al tema de la explotación sexual y trata de niños, el Comité recomendó al Estado mexicano lo siguiente, entre otras cosas: que enmiende el Código Penal a fin de tipificar como delitos penales la explotación, la trata y el secuestro de niños; que organice campañas de sensibilización dirigidas en particular a padres y niños.

Estas recomendaciones parten del reconocimiento que en México el robo de niños para su utilización en actividades de explotación de distinta índole es un problema grave, aunque en realidad se carezca de cifras oficiales confiables al respecto.

En este sentido, distintas organizaciones de la sociedad civil sostienen que en el país son robados cada día entre 25 mil y 40 mil niños, cifras realmente preocupantes.

Es un hecho que nuestra legislación ha avanzado mucho en materia de protección de las niñas contra delitos que atentan contra el libre desarrollo de su personalidad, que lastiman su dignidad y las privan de su libertad, además de que constituyen formas de maltrato, abuso, violencias crueles y degradantes, todas condenadas y sancionadas por convenciones y protocolos ratificados por nuestro país, así como por la propia legislación nacional.

Asimismo, es de destacarse que en noviembre de 2007 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, en la que se estipula una serie de sanciones y de medidas para prevenir y combatir este crimen. Esta ley es muy importante porque protege, como ya se dijo, el libre desarrollo de la personalidad y reconoce ampliamente a las niñas, niños y adolescentes en su carácter de sujetos plenos de derecho.

Sin embargo, por su naturaleza la ley no consideró la figura del robo o secuestro de niñas y niños como un delito, al no ser materia de su contenido fenómenos como las adopciones ilegales, el robo de niñas y niños con propósitos de suplantación de la patria potestad, entre otras actividades.

Es de destacarse que el secuestro o robo de niños ha provocado que en diversos países se generen mecanismos de protección de la niñez con leyes que han probado ya gran eficacia en la recuperación de niñas y niños robados o secuestrados.

Ahora, si bien es cierto que en el Código Penal ya se tipifica el delito de secuestro y establece agravantes si la víctima es menor de 18 años, lo es también el hecho de que hay conductas que no responden necesariamente a la conducta tipificada, como es el caso de personas que sustraen a niñas y niños de sus casas, hospitales o espacios públicos con la finalidad de suplantar la patria potestad o bien de venderlos a familias que no pueden concebir hijos biológicamente.

Así pues, es evidente que hay dos fenómenos distintos cuando se trata de robo de niña o niño o cuando se trata de secuestro. En todo caso, el robo de menores tendría una relación de similitud mayor con el reciente tipificado delito de trata de personas, aunque en este caso puede haber supuestos que tampoco se actualizan en la ley, tal y como se ha señalado en los casos de adopciones ilegales y otras más.

Por eso esta ley propone tipificar como delito el robo de niños, en el entendido de que deben tomarse en cuenta factores como la prevención y la rehabilitación de la víctima.

Esta iniciativa busca proteger a la niñez mexicana de las nuevas amenazas que surgen tanto por la utilización de tecnología de la información, así como del recrudecimiento de acciones que atentan contra la libertad y dignidad de la niñez mexicana.

La iniciativa, como se desprende de su articulado, busca también generar un sistema de coordinación entre la federación, los estados y los municipios, a fin de mejorar las capacidades de intervención cuando una niña, niño o adolescente es reportado como perdido, robado o secuestrado.

Por todo lo anterior y ante el reconocimiento de la urgente necesidad de contar con un sistema nacional de información e intervención para prevenir y sancionar el robo de niños, se propone a esta honorable asamblea la ley para prevenir y sancionar el robo y secuestro de niños.

Señor Presidente, le pido que quede inserta en el Diario de los Debates mi argumentación para la presentación de esta iniciativa. Es cuanto. Gracias, compañeros y compañeras.

«Iniciativa que expide la Ley que crea el Sistema Nacional de Alerta Temprana sobre el Secuestro o Robo de Niñas o Niños en México, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Las que suscriben, diputada Yolanda de la Torre Valdez , y diputadas integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del grupo parlamentario del PRI de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 Fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto de ley por el por el que se expide la Ley para Prevenir y Sancionar el Robo y Secuestro de Niños, que en el uso de sus Facultades Constitucional de acuerdo a la siguiente

Exposición de Motivos

La Convención de los Derechos del Niño establece una serie de medidas que los estados deben asumir a fin de garantizar en todo momento el principio del interés superior de la niñez.

Al respecto, el Comité sobre los Derechos del Niño, entidad responsable de darle seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de la convención, en sus observaciones finales al informe país, presentado por México en 2005, dice textualmente en el Numeral 25: ``Al Comité le preocupa que en la legislación y en las políticas nacionales no se preste la debida atención al principio del interés superior del niño y que la población tenga escasa conciencia de la importancia de ese principio''.

Asimismo, en su numeral 65, con respeto al tema de la Explotación Sexual y trata de niños el Comité recomendó al Estado mexicano lo siguiente:

El Comité también recomienda que el Estado parte: a) ... b) Enmiende el Código penal a fin de tipificar como delitos penales la explotación, la trata y el secuestro de niños; c) .. d) Organice campañas de sensibilización, dirigidas en particular a los padres y niños

Estas Recomendaciones parten del reconocimiento de que en México el robo de niños para su utilización en actividades de explotación de distintas índoles es un problema grave, aunque en realidad se carece de cifras oficiales confiables al respecto.

En ese sentido, distintas organizaciones de las sociedad civil sostienen que en el país son robados cada año, entre 25 mil y 40 mil niños; cifras realmente preocupantes.

Es un hecho que nuestra legislación ha avanzado mucho en materia de protección de la niñez contra delitos que atentan contra el libre desarrollo de su personalidad, pues lastiman su dignidad y los privan de su libertad, además de que constituyen formas de maltrato abuso y violencia crueles o degradantes, todas condenadas y sancionadas por convenciones y protocolos ratificados por nuestro país, así como por la propia legislación nacional. Asimismo, es de destacarse que en noviembre de 2007 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, en la que se estipula una serie de sanciones y de medidas para prevenir y combatir este crimen.

Esta Ley es muy importante, porque protege, como ya se dijo, el libre desarrollo de la personalidad, y reconoce ampliamente a las niñas, niños y adolescentes, su carácter de ser sujetos plenos de derechos.

Sin embargo, por su naturaleza, la Ley no consideró la figura del robo o secuestro de niñas y niños como un delito, al no ser materia de su contenido fenómenos como las adopciones ilegales, el robo de niñas y niños con propósitos de suplantación de la patria potestad; entre otras actividades.

Es de destacarse que el secuestro o robo de niños ha generado que en diversos países se generen mecanismos de protección de la niñez, con leyes que han probado ya una gran eficacia en la recuperación de niñas y niños robados o secuestrados.

Un caso, por ejemplo, es la Ley Núm. 70 del año 2008, del estado Libre Asociado de Puerto Rico, la cual, en su Exposición de Motivos explica que ``El sistema de alerta AMBER se activa cuando un menor de dieciocho (18) años de edad ha sido secuestrado o ilegalmente privado de su libertad. Por medio de esta alerta, se le pide al público que participe voluntariamente en la búsqueda o que aporte información para detectar al menor inmediatamente que ocurre el acto, a fin de prevenir mayores desgracias o la partida del menor de la jurisdicción local...

Existen unos denominadores comunes que deben estar presentes, al momento de activar la alerta, a saber: (1) la víctima debe contar con menos de dieciocho (18) años de edad; (2) una agencia gubernamental debe confirmar que, en efecto, se le ha privado ilegalmente al menor de su libertad o ha sido secuestrado, (3) el menor está en serio peligro de daño corporal o muerte y (4) la existencia de suficiente información disponible y de ayuda como para que la alerta sea de utilidad.''

Como puede verse, esta Ley es de reciente creación, y lo que busca es generar capacidades para que las autoridades, pero sobre todo los familiares de las posibles víctimas, cuenten con mecanismos eficaces para el rescate y la recuperación segura de las niñas, niños o adolescentes que son robados o secuestrados.

En el mismo sentido, ya en 2005, en el mismo estado de Puerto Rico se había publicado la Ley Número 84 del año 2005, la cual explica en su Exposición de Motivos que su objetivo es fFacultar las autoridades de Carreteras y Transportación de Puerto Rico para ubicar en los expresos, avenidas, calles o vías públicas principales, pizarras o vallas publicitarias electrónicas destinadas para la difusión de información sobre la desaparición de menores en caso de la activación de un Alerta Amber (America's Missing: Broadcast Emergency Response) tales como el vehículo utilizado y la dirección en que transitaba el vehículo, entre otros, o para la emisión de información de alerta o emergencia del Emergency Broadcast System, en caso de emergencias meteorológicas o información relevante sobre las condiciones de las carreteras; enmendar los Artículos 3, 4 y 4(A) de la Ley Núm. 74 del 23 de junio de 1965, según enmendada, conocida como la Ley de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico; y para otros fines.

En los Estados Unidos de América, se han creado mecanismos como el Sistema Inalámbrico de Alertas Amber, que dependen del National Center for Missing and Exploited Children, a través del cual se emiten alertas en las que, bajo la coordinación de la autoridad pública, se notifica que una niña, niño o adolescente se ha extraviado, ha sido robado o secuestrado, y se activa un mecanismo que moviliza recursos de la sociedad civil, medios de comunicación y las policías, a fin de promover rápidamente su rescate o recuperación.

En ese sentido, vale la pena destacar que al menos 45 estados de la Unión Americana ya han aprobado leyes similares para prevenir y combatir el robo y desaparición involuntaria de niñas, niños y adolescentes.

En España, en los últimos. años se ha dado un debate sobre la pertinencia de tipificar el robo de niños, rompiendo con la ortodoxia jurídica, y asumiendo que si bien es cierto que la tradición ha asumido que sólo pueden ser robados objetos o mercancías, lo cierto es que hay evidencia, cada vez más reiterada, de que las niñas y niños están siendo el blanco de redes delincuenciales que los sustraen de sus medios familiares, a fin de darlos en adopción, asumir su patria potestad, presionar o extorsionar a familiares para que hagan o dejen de hacer algo, o bien para solicitar un rescate por su liberación.

Ahora, si bien es cierto que el Código Penal Federal ya tipifica el delito de secuestro, y establece agravantes si la víctima es un menor de 18 años, lo es también el hecho de que hay conductas que no responden necesariamente a la conducta tipificada, como es el caso de personas que sustraen a niñas y niños de sus casas, hospitales o espacios públicos, con la finalidad de suplantar la patria potestad, o bien para venderlos a familias que no pueden concebir biológicamente hijos.

Así pues, es evidente que hay dos fenómenos distintos cuando se trata del robo de una niña o niño, y cuando se trata se trata de un secuestro.

En todo caso, el robo de menores tendría una relación de similitud mayor con el recientemente tipificado delito de trata de personas, aunque en este caso, puede haber supuestos que tampoco se actualizan en esa Ley, tal y como los que se han señalado en casos de adopciones ilegales y otros más.

Por ello, esta Ley propone tipificar como delito al robo de niños, en el entendido de que deben tomarse en cuenta factores como la prevención y la rehabilitación de la víctima.

En esa lógica, se retoman las penas establecidas por la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, al estarse considerando conductas que desde el punto de vista del legislador, atentan en contra del libre desarrollo de la personalidad, pues privan a la víctima de su entorno familiar; pueden violar su derecho a tener un nombre o identidad, así como el derecho de conocer y estar en contacto permanente con sus progenitores, todos ellos consagrados o implícitos tanto en el Artículo 4° de la Constitución, como en la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Esta iniciativa busca proteger a la niñez mexicana de las nuevas amenazas que surgen tanto de la utilización de tecnologías de la información, así como el recrudecimiento de acciones que atentan contra la libertad y dignidad de la niñez mexicana.

La iniciativa, como se desprende de su articulado, busca también generar un sistema de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios, a fin de mejorar las capacidades de intervención cuando una niña, niño o adolescente es reportado como perdido, robado o secuestrado.

Por todo lo anterior, y ante el reconocimiento de la urgente necesidad de contar con un sistema nacional de información e intervención para prevenir y sancionar el robo de niños, se propone a esta honorable Asamblea el análisis y en su caso aprobación del siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se expide la Ley por la que se crea el Sistema Nacional de Alerta Temprana sobre el Secuestro o Robo de Niñas o Niños en México, la cual consta de la siguiente estructura y articulado

Ley por la que se crea el Sistema Nacional de Alerta Temprana sobre el Secuestro o Robo de Niñas o Niños en México

Capítulo Primero Disposiciones Generales

Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden e interés público y de observancia general y de cumplimiento obligatorio en todo el territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2. El objeto de esta ley es prevenir y sancionar el delito de secuestro o robo de niñas o niños, así como establecer el Sistema Nacional de Alerta sobre el Secuestro o Robo de niñas y niños en México, así como las bases para la cooperación en esta materia entre la federación, los estados y los municipios; así como entre las autoridades gubernamentales, los medios de comunicación y la sociedad civil.

Artículo 3. Es responsabilidad del Poder Ejecutivo federal, a través de la Procuraduría General de la República, así como de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, establecer el Sistema Nacional de Alerta Temprana sobre el Secuestro o Robo de Niñas y Niños en México.

Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entiende por:

Capítulo Segundo Del Secuestro o Robo de Niñas o Niños

Artículo 5. Comete el delito de secuestro o robo de niñas o niños, todo aquel que ofrezca, solicite o sustraiga, para sí o para un tercero, a uno o más niños o niñas, de la custodia o guarda legítima de sus padres o tutores, o de las instituciones responsables de su cuidado, sin su consentimiento expreso, con la finalidad de privarlo de su medio familiar; de entregarlo en adopción ilegal o custodia a otras familias; de explotarlo en los términos que establece la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas; para solicitar recursos económicos o materiales por su rescate; para detenerlo o detenerlos en calidad de rehén y amenazar con privarle de la vida o con causarle daño para que la autoridad o un particular realice o deje de realizar un acto cualquiera; o para privarlos de su libertad en la modalidad de ``secuestro exprés'', en los términos del artículo 366, inciso d, del Código Penal Federal.

Dado que el delito de secuestro o robo de niñas o niños implica en todos los casos la imposibilidad de resistir o comprender el hecho, no cabe la consideración del consentimiento de la víctima como un atenuante del delito cometido.

Artículo 6. A quien cometa el delito de secuestro o robo de niñas o niños se le aplicarán:

Artículo 7. Cuando el delito de secuestro o robo de niñas o niños se cometa en grado de tentativa se sancionará con pena de prisión que no será menor a la pena mínima y podrá llegar hasta las dos terceras partes de la sanción máxima prevista para el delito consumado.

Artículo 8. Cuando un miembro o representante de una persona moral, con excepción de las instituciones públicas del gobierno federal, cometa el delito de secuestro o robo de niñas o niños, con los medios que, para tal objeto, la misma persona moral le proporcione, de modo que el delito se cometa bajo el amparo o en beneficio de aquélla, el Juzgador impondrá en la sentencia, previo el procedimiento correspondiente, alguna o algunas de las sanciones jurídicas accesorias siguientes:

Al imponer las sanciones jurídicas accesorias previstas en este artículo, el Juez tomará las medidas pertinentes para dejar a salvo los derechos de los trabajadores y terceros frente a la persona jurídica colectiva, así como aquellos otros derechos que sean exigibles frente a otras personas, derivados de actos celebrados con la persona moral sancionada. Estos derechos quedan a salvo, aun cuando el Juez no tome las medidas a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 9. Cuando una persona sentenciada sea declarada penalmente responsable de la comisión del delito de secuestro o robo de niñas o niños, el juez deberá condenarla también al pago de la reparación del daño a favor de la víctima. Esta incluirá:

Artículo 10. Los delitos previstos en esta ley se perseguirán, investigarán y sancionarán por las autoridades federales cuando se inicien, preparen o cometan en el extranjero, siempre y cuando produzcan o se pretenda que tengan efectos en el territorio nacional; o cuando se inicien, preparen o cometan en el territorio nacional siempre y cuando produzcan o se pretenda que tengan efectos en el extranjero, o en su caso, cuando se cometan en el territorio nacional y se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 50, fracción I, incisos b) a j) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Todo lo no previsto en esta ley, se sancionará de manera supletoria mediante lo establecido por el Código Penal Federal y las leyes aplicables en la materia.

Artículo 11. No se considerará como delito de secuestro o robo de niñas o niños, los siguientes supuestos:

Capítulo Tercero Del Sistema Nacional de Alerta Temprana sobre el Secuestro de Niñas y Niños en México

Artículo 12. El Sistema Nacional de Alerta Temprana sobre el Secuestro o Robo de Niñas y Niños en México es el mecanismo mediante el cual, las autoridades competentes alertan a la ciudadanía y solicitan su cooperación para localizar o rescatar a algún niño o niña secuestrado o robado, en cualquier parte del territorio nacional.

Artículo 13. El Sistema Nacional de Alerta Temprana sobre el Secuestro o Robo de Niñas y Niños en México contará para su adecuada operación con una Dirección Ejecutiva, cuyo Titular será nombrado por el Titular de la Procuraduría General de la República. Para la operación del Sistema Nacional de Alerta Temprana sobre el Secuestro de Niñas y Niños en México, la procuraduría destinará los recursos necesarios para la operación del Sistema Nacional.

La estructura y presupuesto de esta Dirección será determinada por el Reglamento que para tal efecto emita la Procuraduría General de la República.

Artículo 14. La Dirección Ejecutiva del Sistema Nacional de Alerta Temprana sobre el Secuestro de Niñas y Niños en México tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades:

Capítulo Cuarto De la Declaratoria de Alerta Nacional sobre el Secuestro de Niñas y Niños

Artículo 15. La declaratoria de alerta nacional sobre el secuestro de niñas y niños será facultad exclusiva de la Procuraduría General de la República, a través de la Dirección Ejecutiva del Sistema de Alerta Nacional sobre el Secuestro de Niñas y Niños.

Artículo 16. La declaratoria de alerta nacional es el mecanismo de coordinación entre la Dirección Ejecutiva del Sistema Nacional, las autoridades estatales y municipales, los medios de comunicación, la sociedad civil y las autoridades competentes relacionadas en la materia, a fin de lograr la inmediata localización y rescate de niñas o niños víctimas del delito de secuestro o robo de niñas o niños.

Artículo 17. La declaratoria nacional aplicará para los casos de secuestro o robo de niños. Para la emisión de la declaratoria nacional, los órganos de procuración de justicia deberán informar a la Dirección Ejecutiva del Sistema Nacional, en un lapso no mayor de 2 horas después de que el Ministerio Público, una vez recibida la denuncia del hecho, haya determinado que hay elementos suficientes para considerar que el caso denunciado como secuestro o robo de niñas o niños tiene fundamento. Para los efectos de esta ley se entiende que son niñas y niños las personas menores de los 18 años de edad.

Artículo 18. Los agentes del Ministerio Público que conozcan de la denuncia del secuestro o robo de una niña o niño, deberán darle prioridad a la atención del caso e iniciar la averiguación necesaria para determinar si existen elementos para solicitar a la Dirección Ejecutiva la declaratoria de alerta nacional de secuestro. De encontrar los elementos, el Ministerio Público del caso deberá notificarlo de inmediato a la Dirección Ejecutiva.

Artículo 19. El agente del Ministerio Público que conozca de una denuncia por el presunto delito de secuestro de niñas o niños, deberá informar al o los denunciantes de su decisión de solicitar o no la declaratoria de alerta nacional de secuestro.

En caso de que el o los denunciantes consideren que el Ministerio Público del caso decidió no solicitar la declaratoria de alerta nacional de manera injustificada, podrán acudir directamente a la Dirección Ejecutiva, a través de la línea telefónica nacional creada para tal efecto.

Artículo 20. No podrá emitirse una declaratoria nacional en los casos en que la sustracción de la niña o niño se haya dado por parte de los padres o tutores; en circunstancias de disputa por la patria potestad, a menos que se haga evidente la existencia de una situación de riesgo grave y eminente para la integridad física o mental de la niña o niño sustraído de su hogar. Asimismo, la declaratoria resultará improcedente en los casos en que la niña o el niño se haya fugado o ausentado, sin consentimiento de los padres o tutores, por voluntad propia de su hogar o de las instituciones responsables de su guarda y custodia.

Artículo 21. La declaratoria de alerta nacional deberá sujetarse, además de los señalados, a los siguientes criterios:

Artículo 22. Cualquier persona que conozca de un caso de secuestro o robo de niño, podrá informarlo o denunciarlo ante las autoridades correspondientes, o a través de la línea telefónica creada para tal efecto.

Capítulo Quinto De los Procedimientos

Artículo 22. En los casos en los que proceda la emisión de la alerta nacional sobre el secuestro de niñas y niños, la Dirección Ejecutiva deberá:

Artículo 23. En el caso de que la denuncia de secuestro o robo de un niño o una niña esté bajo la jurisdicción estatal, la Procuraduría de Justicia de la entidad de que se trate, deberá solicitar a la Dirección Ejecutiva del Sistema Nacional la solicitud de la Declaratoria Nacional y colaborar en la elaboración de los boletines que con carácter de urgente deben emitirse de acuerdo con lo que establece el Artículo inmediato anterior de esta ley.

Artículo 24. La Dirección Ejecutiva deberá organizar un sistema estadístico de recopilación y sistematización de los datos que permita contar con información estadística confiable sobre los resultados de la aplicación del presente ordenamiento. La información de este sistema será pública y estará accesible a toda la población en los términos que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Capítulo Sexto De la Participación Social

Artículo 25. La Dirección Ejecutiva del Sistema Nacional deberá definir y establecer los mecanismos para facilitar, alentar y fomentar la participación de la ciudadanía en la prevención y combate al secuestro o robo de niñas y niños en México.

Artículo 26. Las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas que tengan como finalidad prevenir y coadyuvar con las autoridades en el combate al secuestro o robo de niñas y niños, o de delitos conexos, tendrán el derecho a recibir recursos públicos para fortalecer sus acciones, en los términos que establece la Ley de Fomento a la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil y las demás aplicables.

Artículo 27. La población en general, podrá aportar elementos para la captura, detención o recuperación de niñas y niños víctimas de secuestro o robo. Para lo anterior, la denuncia podrá hacerse por dos vías:

Artículo 28. Serán coadyuvantes en la aplicación de esta Ley, en lo que corresponde a acciones de prevención y difusión, de manera enunciativa, mas no limitativa:

Artículo 29. Toda la información que la población proporcione para el seguimiento, investigación o captura de los secuestradores de niñas y niños tendrá el carácter de confidencialidad, y en los casos en que así lo solicite el denunciante, de anonimato.

Capítulo Séptimo De la Responsabilidad de los Medios de Comunicación

Artículo 30. Los medios de comunicación electrónicos e impresos, tendrán la responsabilidad de colaborar de manera gratuita en la difusión de información prioritaria que pueda llevar a la captura o detención del o los presuntos responsables del robo o secuestro de niñas y niños; o bien al hallazgo, rescate o localización de las y los niños robados o secuestrados.

Artículo 31. Las estaciones emisoras de radio y televisión locales, tendrán la responsabilidad de, una vez recibido el boletín en el que se les informa de la declaratoria nacional, insertar en su programación cotidiana en el horario que va de las 6:00 a las 24:00 horas, y transmitir íntegro el boletín emitido por la Dirección Ejecutiva del Sistema Nacional. Para tal efecto, el contenido de los boletines para radio y televisión no deberá exceder 60 segundos de duración.

Artículo 32. Los medios impresos de circulación nacional, estatal o regional, deberán insertar en sus ediciones los boletines íntegros que emita la Dirección Ejecutiva sobre las declaratorias nacionales de secuestro. Para tal efecto, el formato de los boletines no deberá exceder media plana del formato que presente la publicación.

Artículo 33. Los medios de comunicación electrónicos nacionales, así como los medios de comunicación impresos de circulación nacional, deberán dar a conocer a sus teleaudiencias, audiencias o lectores, quincenalmente, los boletines sobre declaratorias nacionales de secuestro que emita la Dirección Ejecutiva.

Capítulo Sexto De las Responsabilidades y Sanciones

Artículo 34. La aplicación de la presente ley es responsabilidad del titular del Ejecutivo federal, a través de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública federal; los Ejecutivos estatales tendrán responsabilidad en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 35. El incumplimiento de la presente ley, por parte de servidores públicos, será sancionado, además de lo establecido en esta ley, por lo que establece la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y las demás leyes aplicables.

Artículo 36. Los medios de comunicación que se nieguen a la difusión o publicación gratuita de los boletines emitidos por la Dirección Ejecutiva, se harán acreedores a una multa equivalente a cinco mil salarios mínimos vigentes para el Distrito Federal.

Transitorios

Primero. La Procuraduría General de la República contará con 120 días naturales a partir de la publicación de la presente ley, para establecer la oficina de la Dirección Ejecutiva del Sistema Nacional.

Segundo. La Procuraduría General de la República contará con 120 días naturales a partir de la publicación de la presente ley, para emitir el Reglamento que regirá a la oficina de la Dirección Ejecutiva del Sistema Nacional.

Tercero. Una vez establecida la Dirección Ejecutiva, contará con 90 días para el establecimiento de la línea telefónica gratuita nacional, así como del sitio electrónico considerados en esta ley.

Cuarto. Esta ley entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates ytúrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública, con opinión de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Presupuesto y Cuenta Pública.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputada Anaya, dígame usted.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota (desde la curul): Sólo para ver si la diputada tiene inconveniente en que me sume a su iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada De la Torre Valdez, solicita la diputada Anaya su adhesión, ¿tiene usted inconveniente?

La diputada Yolanda de la Torre Valdez: Ningún inconveniente. Al contrario, diputado presidente, ojalá que los 500 diputados y diputadas que integramos esta Cámara pudieran sumarse para prevenir el robo de niños y de niñas en nuestro país.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Todas aquellas y todos aquellos diputados que deseen firmar y suscribir el documento presentado por la diputada Yolanda de la Torre Valdez, favor de pasar a la Secretaría a suscribir el documento.

ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL - LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 6 Y 134 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley Reglamentaria de los artículos 6 y 134 constitucionales que regula la publicidad del Estado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Buenos días, presidente. Buenos días, diputadas. Buenos días, diputados. Esta iniciativa tiene por propósito evitar los abusos que a diario en los medios de comunicación, principalmente los electrónicos, observamos muchos sectores de la población con relación a la publicidad del Estado, la publicidad estatal, en todos los niveles de gobierno, en el nivel federal, en las entidades federativas, en los municipios y en las delegaciones.

No solamente hay excesos y dispendio presupuestal en gasto de comunicación social, sino también mucha de esa información del Estado, de la publicidad del Estado contiene sesgos y manipulación informativa, y muchas veces también se utiliza como instrumento, como mecanismo ---por el gobierno federal o los gobiernos estatales o hasta los municipales--- para censurar a algunos medios, para respaldar a otros que adulan a los gobiernos o como castigo a aquellos medios que cuestionan y critican a los gobiernos.

En 2007, con motivo de la reforma constitucional electoral se modificó el artículo 134 de la Constitución; se establecieron distintos párrafos, el sexto, el séptimo, el octavo en ese artículo constitucional, que en síntesis obliga a realizar el uso de los recursos públicos, que se haga con equidad y con imparcialidad, que la publicidad y propaganda del Estado, de todos los poderes, órganos y niveles de gobierno, tenga ---esto es muy importante enfatizarlo--- solamente fines institucionales, informativos, educativos o de orientación social; y finalmente, que la propaganda no debe incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de los servidores públicos.

Después de la reforma constitucional en materia electoral de 2007, se aprueban reformas al Cofipe ( Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales), que regulan para prohibir o restringir la publicidad del Estado únicamente en el tiempo de campañas; pero existe un vacío jurídico. ¿Qué ocurre con la publicidad y con la propaganda del Estado cuando no hay campañas? Debieran aplicarse directamente los principios del artículo 134 de la Constitución; sin embargo esto no ocurre.

Por eso esta iniciativa busca llenar y colmar esa laguna jurídica. Por un lado faculta al Congreso para legislar en la materia, se trata de una ley reglamentaria, tanto del artículo 6o. como del artículo 134, y establece los objetivos principales en materia de publicidad del Estado.

¿Cuáles son esos objetivos? La principal intención de esta ley reglamentaria, es que se prohíba la contratación de tiempos en radio y televisión para hacer publicidad del Estado. Toda la publicidad del Estado debe transmitirse en tiempos del Estado y en tiempos fiscales.

Así como ocurre en materia electoral durante los procesos electorales, debemos lograr que ocurra en los procesos o en las etapas interelectorales, es decir, en todo tiempo, el fin a la contratación de propaganda del Estado en radio y televisión. Lo único que permite esta iniciativa o lo que propone es la adquisición de espacios en medios impresos y en Internet, pero nunca en radio y televisión.

Y, además, establece también la constitución de un Consejo de la Publicidad Oficial, que tendría por objeto conocer y aplicar la ley y las sanciones respectivas. Y lo más importante, los contenidos de la publicidad del Estado no deben tener sesgo informativo, no deben estar orientados a promover los logros de gobierno alguno, no deben estar destinados a cuestionar o criticar a cualquier sector de la sociedad mexicana en el ámbito político, social, económico o cultural.

No debe ser tendente a criticar o a cuestionar a las personas. En síntesis, se trata con esta iniciativa, de que la publicidad del Estado, la propaganda del Estado, fuera de los periodos electorales, tenga, como dice el artículo 134 de la Constitución, solamente fines informativos, educativos, de orientación social que no pueda hacerse con ella propaganda que manipule, que tenga sesgo o que cuestione a sectores políticos, sociales o económicos de la sociedad mexicana.

Muchas gracias señoras diputadas, señores diputados, presidente, por su atención.

«Iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expide la Ley Reglamentaria de los Artículos 6 y 134 Constitucionales que regula la Publicidad del Estado, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia , del Grupo Parlamentario del PT

Jaime Fernando Cárdenas Gracia , integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de publicidad del Estado, y que expide la Ley Reglamentaria de los Artículos 6o. y 134 en esta materia, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En nuestro país, desde hace mucho tiempo, se necesita una ley reglamentaria que regule la publicidad del Estado para evitar abusos de los gobiernos federales, locales y municipales que limitan la equidad política y la imparcialidad, no sólo en los procesos electorales, sino también en el ejercicio cotidiano de los derechos a la libertad de expresión, al derecho a la información, en el quehacer de los gobiernos, y en las relaciones entre gobierno y oposición. Se trata de un viejo propósito que ha sido materia de distintas iniciativas de ley y que ha obligado a la Secretaría de Gobernación a emitir lineamientos generales para la orientación, planeación, autorización, coordinación, supervisión y evaluación de las estrategias, los programas y las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la administración pública federal que, hay que decirlo, son del todo insuficientes.

La reforma constitucional electoral de 2007 estableció en sus párrafos sexto, séptimo y octavo del artículo 134 de la Carta Magna lo siguiente: ``Los servidores públicos de la federación, los estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. La propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar''.

Las anteriores disposiciones constitucionales significan que existen deberes para todos los servidores públicos del Estado, que los obligan a la imparcialidad y a la salvaguarda de la equidad en la competencia entre los partidos políticos. A partir de este principio, los recursos públicos, tanto federales, estatales o municipales, jamás pueden usarse en la publicidad gubernamental para trastocar esos principios. Los gobiernos deben ser respetuosos, en términos de equidad y de imparcialidad, en las relaciones con los ciudadanos, con la oposición y con los medios de comunicación. Es decir, no es posible romper por ningún motivo esos principios, y no sólo en época de procesos electorales y de campaña sino permanentemente, en todo tiempo, para que exista una relación simétrica entre ciudadanos y gobernantes, entre medios y gobernantes y, entre los que tienen el poder y los que aspiran a obtenerlo.

Además, la propaganda estatal y gubernamental debe tener carácter institucional; es decir, debe referirse a los fines de cada institución y a la manera en que las instituciones se aproximan a ellos. No están permitidos mecanismos mediáticos de manipulación, simulación u ocultamiento. Los instrumentos de comunicación social deben darse a partir de elementos documentales o electrónicos, que expresen objetivamente a los ciudadanos el cumplimiento de las competencias constitucionales y legales, con el propósito de dar cuenta de información confiable, técnica y verificable, que garantice los principios de rendición de cuentas y el derecho a la información. Esto es, no se trata de cualquier información institucional sino de una circunscrita a informar y transparentar las tareas y objetivos de la función pública, sin exageraciones, falsedades u ocultamientos, pues esa información debe responder a los criterios del artículo 6o. constitucional en materia de derecho de acceso a la información (por ejemplo, dando cuenta a través de documentos, de la información completa y actualizada de los indicadores de gestión y del ejercicio de los recursos públicos).

La propaganda que difundan las instituciones públicas debe tener fines informativos. Es decir, su propósito no es el de promocionar a los gobiernos o la de cantar loas a los logros del gobierno. Tampoco la finalidad es la de fortalecer o apuntalar una opción ideológica. El objetivo es simplemente informar en un tono de neutralidad y de objetividad, como se señaló en el párrafo anterior. La evaluación de la información corresponde a los ciudadanos y no a los gobiernos. El simple hecho de decir, por parte de las instituciones públicas, que lo han hecho muy bien o que se han conseguido los objetivos puede entrañar una violación de este principio constitucional.

También la propaganda de las instituciones públicas puede tener fines educativos y de orientación social. En el primer caso, los contenidos son de carácter pedagógico, cuidando que en esa enseñanza no se violenten los principios de imparcialidad ni los de equidad. Esto es, sin favorecer a ninguna de las opciones ideológicas del país o, en su defecto, presentando todos los puntos de vista sobre un mismo hecho, fenómeno o acontecimiento histórico, político o científico. En cuanto a la orientación social, se trata de recomendaciones, exhortaciones o consejos a los ciudadanos para que adopten determinadas conductas referentes a su salud, alimentación, a sus hábitos de consumo o a las medidas de protección civil. Esto último debe hacerse sin infringir los principios de equidad y de imparcialidad.

Lo anterior implica que, constitucionalmente, la publicidad institucional está acotada, en todo tiempo y no sólo en los momentos electorales, por los dos principios multicitados: el de imparcialidad y el de equidad. No se puede, en pocas palabras, usar la publicidad del Estado con finalidades político-electorales. Por eso, la norma constitucional señala que en ningún caso la propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Los principios contenidos en el artículo 134 de la Constitución han sido una y otra vez violentados, tanto en los procesos electorales como fuera de ellos. Los gobiernos de los distintos órdenes usan la publicidad del Estado con una clara intencionalidad política para exagerar logros, para promocionar opciones ideológicas, sin exponer información neutral, objetiva, confiable y mensurable. Se hace un puro uso político de ella y, lo que es peor, se cometen fraudes a la Constitución y a las disposiciones legales electorales, y así se compran entrevistas a través de terceros, se da a conocer información por los medios de comunicación electrónica, aparentemente con valor informativo, pero que en realidad constituyen formas directas e indirectas de promoción política a ciertos servidores públicos o a determinadas opciones ideológicas o partidarias. Los párrafos sexto, séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución son hoy día letra muerta.

La regulación del Cofipe tiene su parte de responsabilidad en esta cascada de violaciones constitucionales. El artículo 347 de la legislación electoral federal circunscribe la prohibición de la difusión de propaganda gubernamental desde el inicio de las campañas hasta el día de la jornada electoral, y no en cualquier tiempo, como se desprende de las prohibiciones del artículo 134 de la Carta Magna. Igualmente, el Cofipe sólo prohíbe la difusión de propaganda gubernamental en los procesos electorales, que contraviene los párrafos sexto y séptimo del artículo 134 de la ley fundamental.

Las deficiencias normativas en la legislación secundaria exigen contar con una ley reglamentaria de los párrafos sexto, séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución, que permita el cumplimiento cabal de los principios establecidos por esa norma constitucional. Las normas del Cofipe son insuficientes y permisivas con las conductas de los gobiernos y de los medios de comunicación electrónica. Por eso, la ley que proponemos determina que la publicidad del Estado en radio y televisión sólo se transmita en los tiempos del Estado y fiscales. Es la solución más adecuada y la óptima porque evita las malas prácticas que hoy se presentan. En cuanto a la publicidad en medios impresos, ésta se sujeta a criterios muy estrictos para salvaguardar también los principios de imparcialidad y de equidad, además de los de objetividad y transparencia.

Es necesario evitar que la publicidad oficial sea utilizada a capricho del gobernante en turno. Es también imprescindible que la publicidad del Estado no responda a mecanismos de persecución, de ataque u hostigamiento contra medios críticos de los gobiernos y de las instituciones. Y, sobre todo, que la publicidad oficial esté en plena consonancia con los principios constitucionales.

En el Congreso de la Unión se han presentado diversas iniciativas que, de manera directa o indirecta, tienen relación con la materia. Sin embargo, hasta el momento no han sido dictaminadas. Entre ellas destaco las siguientes:

También en el derecho comparado existen ordenamientos específicos para regular la publicidad del Estado. Es el caso de Australia, Bélgica, Canadá, España, Perú y Paraguay.*

Los objetivos específicos de esta ley son

En la publicidad oficial que esta iniciativa propone queda prohibido cualquier contenido

Se trata de una iniciativa que busca asignar equitativa y transparentemente los tiempos del Estado y fiscales en radio y televisión para publicidad oficial, que no corresponde asignar a la autoridad electoral federal. También establece el sistema de distribución de recursos en medios impresos y en Internet. Señala las competencias que tendrán la Secretaría de Gobernación y el Consejo de la Publicidad Oficial en la materia. Determina las sanciones, los procedimientos y las autoridades competentes para aplicarlas.

Por lo expuesto, se propone la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de publicidad del Estado, y que expide la Ley Reglamentaria de los Artículos 6o. y 134 Constitucionales en esta materia

Artículo Primero. Se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad

Artículo Segundo. Se expide la Ley Reglamentaria de los Artículos 6o. y 134 constitucionales que regula la Publicidad del Estado, cuyo contenido es el siguiente:

Ley Reglamentaria de los Artículos 6o. y 134 Constitucionales que regula la Publicidad del Estado

Capítulo I De las Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto proteger las libertades de expresión y de información y el derecho a ser informados con pluralidad establecidos en el artículo 6o. constitucional, así como de regular los párrafos séptimo, octavo y noveno del artículo 134 constitucional sobre la publicidad que el Estado contrata en los medios de comunicación masiva.

Artículo 2. Son objetivos específicos de la presente ley

Artículo 3. El conjunto de dependencias, órganos y entidades que integran los poderes públicos en sus órdenes federal, estatal o del Distrito Federal y municipal o delegacional, así como su organismos federales o locales autónomos, se encuentran obligados a cumplir las normas establecidas en el presente ordenamiento sobre contenido, asignación, distribución, contratación en los casos que proceda, transparencia y control de la publicidad que se difunda en cualquier medio de comunicación, electrónico o impreso.

Artículo 4. Las normas establecidas en el presente ordenamiento se aplicarán respecto de cualquier publicidad contratada con recursos públicos, tanto por las instituciones del Estado mencionadas en el artículo anterior como por cualquier otra, así sea privada y que destine recursos públicos al pago de la publicidad en medios de comunicación masiva. También serán aplicables, en cuanto al contenido de la publicidad, respecto de cualquier otro medio utilizado para la difusión de mensajes o imágenes oficiales.

Artículo 5. Se sujetará a lo dispuesto en el presente ordenamiento, en cuanto a su contenido y control, la publicidad difundida en tiempos que por ley otorgan al Estado las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal, así como la trasmitida en espacio oficial.

Artículo 6. La presente ley tendrá carácter supletorio del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de propaganda y publicidad electoral.

Artículo 7. Ningún organismo o entidad de carácter privado que contrate publicidad impresa o en Internet con recursos públicos podrá adquirirla a un costo mayor que las tarifas que logren obtener los sujetos públicos obligados.

Artículo 8. Quedan excluidos de la aplicación de esta ley todas las resoluciones y actos administrativos o judiciales y demás información sobre las actuaciones públicas que deban difundirse por mandato legal.

Artículo 9. Para efectos de esta ley se entiende por

Capítulo II Del Contenido de la Publicidad

Artículo 10. El contenido de la publicidad del Estado deberá ser claro, objetivo, neutral, sin sesgos, necesario, útil y relevante para la sociedad civil mexicana, o fragmento de ésta a la que se dirige.

Artículo 11. Específicamente, a los sujetos obligados sólo se les podrá asignar en radio y televisión o podrán contratar publicidad en medios impresos y en Internet cuyos objetos sean

Artículo 12. La publicidad oficial debe transmitirse en versiones y formatos accesibles para personas con capacidades diferentes.

Artículo 13. Las instituciones del Estado respetarán, en la publicidad oficial, la pluralidad de la nación mexicana, en cuanto a su composición étnica, diversidad cultural, religiosa y lingüística, así como su riqueza geográfica.

Igualmente, contribuirán a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, y en general una convivencia armónica entre los mexicanos.

Artículo 14. En comunidades indígenas, la publicidad oficial se difundirá en la lengua o las lenguas correspondientes.

Artículo 15. En la publicidad oficial queda prohibido cualquier contenido

Artículo 16. La publicidad en tiempos del Estado o en tiempos fiscales se deberá adecuar a las normas señaladas en el presente capítulo, en cuanto a su contenido.

Capítulo IV De la Asignación de Tiempos del Estado y Fiscales para la Publicidad Oficial en Radio y Televisión

Artículo 17. La primera semana de enero de cada año, la Secretaría de Gobernación establecerá la asignación de los tiempos del Estado y fiscales, que no corresponde administrar al IFE, para la publicidad en radio y televisión entre las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal, municipales y delegacionales.

La asignación se realizará conforme a las siguientes reglas:

De los tiempos del Estado y fiscales en radio y televisión que correspondan a los poderes federales, órganos autónomos y demás entidades federales el tiempo se distribuirá de la siguiente forma:

Los tiempos del Estado y fiscales en radio y televisión que correspondan a las entidades federativas se distribuirán en condiciones de igualdad entre los estados y el Distrito Federal, conforme a las siguientes reglas:

Los tiempos del Estado y fiscales en radio y televisión que correspondan a los municipios y delegaciones se asignarán de la siguiente forma:

Artículo 18. La Secretaría de Gobernación vigilará que todos los medios de comunicación electrónica cumplan íntegramente las pautas de asignación que haya determinado. Para tal efecto, deberá monitorear las estaciones de radio y televisión de la república para verificar que los medios electrónicos están cumpliendo el programa de asignaciones.

El no cumplimiento por parte de los medios electrónicos en la transmisión de los mensajes en radio y televisión dará lugar a las sanciones que establece esta ley.

Tanto el programa de asignaciones a que se refiere el artículo anterior como los monitoreos sobre el cumplimiento del mismo los hará públicos la Secretaría de Gobernación.

Artículo 19. Las autoridades previstas en el artículo 3 de esta ley y las personas físicas o morales, sea a título propio o por cuenta de terceros, no pueden contratar en el extranjero tiempos en radio y televisión o en otros medios de comunicación.

Ninguna persona física o moral o autoridad, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar publicidad o propaganda del Estado en radio y televisión dirigida a promocionar las instituciones, las políticas públicas o a las autoridades de la república.

Las autoridades y personas que contravengan las prohibiciones previstas en los párrafos anteriores serán sancionadas en los términos que establece esta ley.

Artículo 20. La Secretaría de Gobernación presentará para su aprobación al Consejo de la Publicidad Oficial los linea-mientos generales que normarán con fundamento en esta ley los procedimientos para la planeación, asignación, registro, autorización, coordinación, supervisión, difusión y evaluación de la publicidad del Estado.

Capítulo V De la Publicidad del Estado en Medios Impresos y en Internet

Artículo 21. Las instituciones del Estado están obligadas a realizar la distribución, asignación y contratación de la publicidad del Estado únicamente en medios impresos y en Internet conforme a las reglas señaladas en el presente capítulo.

Artículo 22. Podrán participar en la asignación de publicidad oficial los medios de comunicación que se encuentren inscritos y mantengan al día sus datos en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación Impresos y de Internet.

Artículo 23. El Padrón Nacional de Medios de Comunicación Impresos y de Internet se integrará con al menos los siguientes datos de los medios de comunicación:

Dichos datos serán proporcionados por los propios medios de comunicación y deberán ser actualizados en el mes de diciembre de cada año o cuando se modifiquen.

Artículo 24. La Secretaría de Gobernación será la responsable de recibir, sin mayor trámite, la información, organizarla y actualizarla conforme le sean notificados cambios en cualquiera de los datos proporcionados.

Artículo 25. En el mes de enero de cada año, la secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación el Padrón Nacional de Medios de Comunicación Impresos y de Internet correspondiente al ejercicio fiscal, en el que señalará las tarifas de publicidad que pagarán las instituciones del Estado de acuerdo con el artículo 35 de este ordenamiento.

Artículo 26. Los sujetos obligados con competencia federal distribuirían el presupuesto asignado a publicidad en medios impresos y electrónicos de la siguiente forma:

Artículo 27. Los sujetos obligados con competencia estatal o del Distrito Federal distribuirán el presupuesto asignado a publicidad en medios impresos y electrónicos de la siguiente forma:

Al menos la mitad del presupuesto previsto en la fracción I de este artículo se destinará a promover el turismo de la entidad federativa.

Artículo 28. Los sujetos obligados con competencia municipal o delegacional distribuirán el presupuesto asignado a publicidad de la siguiente forma:

Artículo 29. El presupuesto asignado a medios impresos se dividirá en todos los casos en la siguiente forma:

Artículo 30. El presupuesto que resulte de las dos divisiones señaladas en el artículo anterior será distribuido en orden descendente en idéntico porcentaje del número de ejemplares vendidos que hayan registrado, de la suma del total de los medios correspondientes.

En el caso de Internet, el presupuesto se deberá distribuir con criterios de equidad, objetividad, imparcialidad y transparencia.

Artículo 31. Los programas o revistas dedicadas a la difusión tecnológica, científica y cultural, así clasificadas por el Consejo de la Publicidad Oficial, recibirán 2 puntos porcentuales más que la parte que le corresponda resultante de las normas anteriores, que serán restados al resto de los medios antes de asignar de manera específica la publicidad.

Artículo 32. En el mes de enero de cada ejercicio fiscal, las instituciones del Estado publicarán en el Diario Oficial de la Federación la asignación de publicidad que cada medio de comunicación impreso o en Internet recibirá durante el año, de acuerdo con la distribución señalada en el presente capítulo.

Artículo 33. Durante el mes de febrero del año fiscal se firmarán los contratos correspondientes de acuerdo con la planeación que realizó la institución para la presentación del presupuesto correspondiente.

Artículo 34. Las tarifas que las instituciones del Estado pagarán se definirán de la siguiente forma:

La primera semana de enero, la secretaría recibirá las modificaciones de tarifa comercial que los medios registraron en el ejercicio inmediato anterior;

Una vez transcurrido dicho término, se asumirán como vigentes las tarifas que se tengan registradas, hayan sido o no actualizadas;

La secretaría extraerá de dichas tarifas el promedio de costo por anuncio de características iguales por ejemplar o programa; y

Junto con la publicación del padrón a que se refiere el artículo 35, la secretaría publicará la tarifa que resulte como única a pagar por tipo de medio.

Capítulo VI De la Transparencia

Artículo 35. La Secretaría de Gobernación deberá mantener en un portal de Internet el programa de asignaciones de tiempos del Estado y fiscales para la publicidad del Estado en radio y televisión.

Igualmente, deberá mantener el Padrón de Medios de Comunicación Impresos y de Internet en un portal para el conocimiento del público en general.

Artículo 36. Cada uno de los sujetos obligados publicará un informe trimestral sobre el gasto en publicidad oficial en medios impresos e Internet en su portal de transparencia, que por lo menos contenga

Capítulo VII Del Consejo de la Publicidad Oficial

Artículo 37. La Cámara de Diputados convocará a periodistas, académicos, editores y representantes de universidades y organismos civiles dedicados al estudio de los medios de comunicación con el fin de crear el Consejo de la Publicidad Oficial, y proveerá las facilidades necesarias para su financiamiento.

El consejo se integrará por cinco personas designadas por las dos terceras partes de los diputados presentes en la Cámara de Diputados. Tendrá autonomía técnica y de gestión. Sus integrantes durarán en el cargo cinco años y podrán ser designados por una vez más; garantizarán independencia, imparcialidad, objetividad, equidad y transparencia en los procedimientos del consejo y en sus decisiones. Las sesiones y los procedimientos ante el consejo serán públicos.

Artículo 38. Dicho consejo tendrá las siguientes funciones:

Capítulo VIII De las Sanciones

Artículo 39. Los medios de comunicación electrónica que no cumplan íntegramente la transmisión en radio y televisión de las pautas de asignación para la publicidad del Estado que haya determinado la Secretaría de Gobernación serán sancionados con multa de hasta cien mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal. Si se trata de permisionarios, será de hasta cincuenta mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. En caso de reincidencia con el doble de los montos señalados. Si de manera reiterada incumplen sus obligaciones, la autoridad competente deberá revocar la concesión o el permiso correspondiente.

En todo caso, además de las sanciones que procedan, los medios electrónicos deberán subsanar de inmediato la omisión, utilizando para tal efecto tiempo comercial.

Artículo 40. Las autoridades previstas en el artículo 3 de esta ley y las personas físicas o morales, sea a título propio o por cuenta de terceros, que contraten en el extranjero tiempos en radio y televisión o en otros medios de comunicación serán sancionadas con multa de hasta quinientos mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Artículo 41. Las personas físicas o morales o las autoridades, sea a título propio o por cuenta de terceros, que contraten publicidad o propaganda del Estado en radio y televisión dirigida a promocionar las instituciones, las políticas públicas o a las autoridades de la república serán sancionadas con multa de hasta quinientos mil días salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Artículo 42. El servidor público responsable de la demora en la publicación del programa de asignaciones o del padrón será acreedor a 50 días multa por cada día que se demore de conformidad con los artículos 17 y 25 de esta ley.

Artículo 43. El servidor público responsable de la demora en la publicación de la asignación será acreedor a 50 días de multa por día que se demore, de conformidad con los artículos 17 y 33 de esta ley.

Artículo 44. A los medios de comunicación impresos o de Internet que mientan respecto de alguno de los datos proporcionados al padrón será retirada la publicidad de manera inmediata a partir del momento en que se tenga conocimiento de la falsedad y hasta el cierre del ejercicio. En caso de reincidencia, no tendrá derecho a participar en la asignación de publicidad en el ejercicio en curso y en el inmediato siguiente.

Artículo 45. El servidor público responsable de la demora en el pago a alguno de los medios de comunicación impresos y de Internet será acreedor a las sanciones que prevea la ley de responsabilidades que corresponda.

Artículo 46. El servidor público responsable de la asignación, del pago de publicidad prohibida en la presente ley o de otras violaciones a este ordenamiento, principalmente las relacionadas con los contenidos de la publicidad oficial, será acreedor a la destitución e inhabilitación durante tres años.

Capítulo IX De las Garantías, de las Autoridades Competentes para Sancionar y de los Procedimientos

Artículo 47. Contra la asignación de la publicidad, los interesados cuentan con 15 días para solicitar al Consejo de la Publicidad Oficial la modificación o anulación, de acuerdo con la ley del procedimiento administrativo correspondiente.

Artículo 48. Cualquier persona podrá solicitar al Consejo de la Publicidad Oficial la cancelación inmediata o la rectificación de la publicidad oficial cuando se incurra en alguna de las prohibiciones contenidas en la presente ley.

Artículo 49. Las sanciones previstas en esta ley y las demás que procedan respecto a los servidores públicos serán conocidas por los órganos de control competentes en cada poder, órgano, instancia y nivel de gobierno, en los términos en que disponen el Título IV de la Constitución, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En el caso de los estados y del Distrito Federal, de conformidad con las normas constitucionales y leyes que en la materia de responsabilidades a servidores públicos se encuentren en vigor en los estados y en el Distrito Federal.

Independientemente de lo anterior, los ciudadanos, los interesados y los integrantes del Consejo de la Publicidad Oficial podrán iniciar diversos procedimientos y acciones ante las autoridades competentes para que a los servidores públicos se apliquen otras sanciones, incluyendo las penales.

Artículo 50. Con excepción de la revocación de las concesiones y de los permisos, los medios de comunicación electrónica de radio y televisión serán sancionados por el Consejo de la Publicidad Oficial por las violaciones de esta ley a través del siguiente procedimiento:

Todas las etapas del procedimiento serán públicas. El Consejo de la Publicidad Oficial dictará las medidas necesarias para que inmediatamente los medios electrónicos subsanen las omisiones en que hubieren incurrido al no trasmitir los mensajes autorizados y ordenará que utilicen para tal efecto tiempo comercial.

Se aplicará supletoriamente a este procedimiento la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 51. Los medios impresos y en Internet serán sancionados por el Consejo de la Publicidad Oficial en los términos del artículo 44 de esta ley. Para tal efecto se seguirá el procedimiento previsto en el artículo anterior. El consejo, fundando y motivando, podrá decretar de inmediato el retiro de cualquier publicidad oficial al medio.

Artículo 52. Las personas físicas y las morales que incurran en violación de las prohibiciones de esta ley serán sancionadas en los términos de este ordenamiento y conforme al procedimiento previsto en el artículo 50 de la ley.

Artículo 53. El inicio de los procedimientos previstos en esta ley no interrumpe el derecho de las personas para presentar cualquier otro tipo de quejas, querellas o denuncias ante otras autoridades.

Artículo 54. Las sanciones para la revocación de concesiones o de permisos a los medios de comunicación electrónica serán aplicadas por las autoridades competentes.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el primero de enero del año siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión tendrá 60 días a partir de la publicación de la presente ley para convocar a la integración del Consejo de la Publicidad Oficial.

Tercero. Una vez que entre en vigor la ley, los sujetos obligados no podrán contratar ni adquirir publicidad en radio y televisión.

Cuarto. Al mes de instalado el Consejo de la Publicidad Oficial se deberán aprobar los lineamientos a que hace referencia el artículo 20 de esta ley.

Nota: *Villanueva, Ernesto. ``Regulación de la publicidad oficial en otros países'', en revista Zócalo, septiembre de 2009, año IX, número 115, páginas 20-25.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado Cárdenas Gracia.Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió del señor diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Jorge Antonio Kahwagi Macari , diputado federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 60, 63, 64, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, presento ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 201, 202, 203, 203 Bis, 204, 260, 265 y 266 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México y en el mundo, el fenómeno de trata de personas es considerada una de las problemáticas de más urgente atención, las víctimas de trata son utilizadas como mercancías de una industria mundial, dominada por grupos de delincuencia organizada, que mueve miles de millones de dólares a costa de la libertad y la dignidad de las personas. No solo nos encontramos frente a un problema de explotación sexual, también en el servicio doméstico, en fábricas, para pornografía, o para participar en grupos armados ilegales.

En este contexto y por su gravedad, la explotación sexual y comercial de menores es un problema que demanda atención de los gobiernos en todos los niveles, es preocupante que diversos informes señalen a México como un país que carece de un marco jurídico eficaz, situación que se suma a los problemas de corrupción de las autoridades.

Para Nueva Alianza, es una prioridad fortalecer el marco jurídico e institucional de protección de los niños y niñas, al ser este grupo uno de los que más sufren del abuso y violación de sus derechos humanos, consideramos que este fenómeno afecta a la sociedad en su conjunto. Por ello, se propone una reforma al código penal como parte de una respuesta integral para impulsar la erradicación de la explotación sexual comercial de menores de edad.

Diversos estudios y datos sobre la problemática, revelan que son las niñas y los niños en edad preescolar, los más vulnerables ante el abuso sexual, maltrato físico y emocional, y que por lo general los victimarios se encuentran en el núcleo familiar o son personas que por su trabajo tienen contacto con menores de edad.

Consideramos que la protección de los sectores más vulnerables requiere de un marco institucional sólido; campañas de información y difusión que promuevan el autocuidado, la educación y una cultura de respeto de los derechos de los niños, sin embargo este marco institucional, se verá fortalecido con una política orientada a incrementar la penalización de los delitos cuando las víctimas sean menores de edad.

Información proporcionada por diversas organizaciones colocan a México en el quinto lugar en América Latina y el 28 a nivel mundial como país de origen de la trata de personas, forma contemporánea de esclavitud, que reporta una incidencia cada vez mayor en el mundo.

Existe un interés firme para que por vía de este proyecto de decreto se, prevengan, atiendan, combatan y erradiquen problemas vinculados con la trata de personas y la explotación sexual comercial, particularmente cuando las víctimas sean menores de 12 años de edad, en virtud de que se considera, que están expuestos a situaciones de indefensión relacionadas con su condición de vulnerabilidad.

Esto responde a la obligación del Estado de proteger la dignidad, el interés superior de la niñez y su libre desarrollo, condiciones sine qua non para tener una juventud sana.

Sectores de la sociedad y organizaciones no gubernamentales han expresado su preocupación por el incremento la explotación comercial y sexual de que son víctimas las niñas y los niños, a pesar de esto, nuestro país ha sido clasificado por la comunidad internacional como lugar de alto turismo sexual.

Con las reformas aplicadas al Código Penal Federal en esta materia se han logrado avances sustanciales, pero no suficientes, son esfuerzos legislativos plausibles, pero contradictorios en algunos puntos entre sí, prescribiendo de distintas maneras las mismas conductas.

Esta iniciativa tiene el propósito de proteger el libre desa-rrollo de la personalidad, de las niñas y los niños que sean víctimas del abuso y explotación comercial sexual infantil, y con ese objetivo se inserta una calidad específica en el sujeto pasivo del delito, que son las niñas y niños cuya edad sea menor de 12 y 10 años.

Concretamente en los tipos penales previstos en el Código Penal Federal siguientes: trata de personas, lenocinio, corrupción de personas menores de edad, turismo sexual, pornografía infantil, abuso sexual y violación. Para ello se estipulan, castigos más graves para las personas que cometan conductas comprendidas en delitos precitados.

Estos delitos en sí mismos violan los derechos humanos de las víctimas, justificación suficiente para que las y los legisladores del honorable Congreso de la Unión mostremos sensibilidad y voluntad política para emprender acciones contundentes y encontrar los mecanismos jurídicos adecuados para contrarrestarlos.

En mérito de lo antes expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 201, 202, 203, 203 Bis, 204, 260, 265 y 266 del Código Penal Federal

Artículo Único. Se reforman los artículos 201, 202, 203, 203 Bis, 204, 260, 265 y 266 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 201. ...

Artículo 202. ...

...

Si la víctima es menor de diez años la pena de prisión será de diez a quince años y multa de novecientos a tres mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;

Si la víctima tiene entre diez años de edad, y menos de doce, la pena de prisión será de nueve a catorce años y multa de novecientos a tres mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Si el agente tuviere cualquier cargo o vínculo familiar que le otorgue particular autoridad sobre la víctima o deposite en él su confianza, la pena de prisión aumentará hasta en una mitad en su mínimo y máximo.

Artículo 203. ...

...

Si la víctima es menor de diez años la pena de prisión será de diez a quince años y multa de novecientos a tres mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Si la víctima tiene entre diez años de edad, y menos de doce, la pena de prisión será de nueve a catorce años y multa de novecientos a tres mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vinculo familiar que le dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianza, la pena de prisión aumentará hasta en una mitad en su mínimo y máximo.

Artículo 203 Bis. ...

Si la víctima es menor de diez años de edad, la pena de prisión será de quince a diecisiete años y multa de dos mil a tres mil quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;

Si la víctima tiene entre diez años de edad, y menos de doce, la pena de prisión será de catorce a diecisiete años y multa de novecientos a tres mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Si el agente tuviere cualquier cargo o vínculo familiar que le otorgue particular autoridad sobre la víctima o deposite en él su confianza, la pena de prisión aumentará hasta en una mitad en su mínimo y máximo.

En todos los casos estará sujeto al tratamiento psiquiátrico especializado.

Artículo 204. ...

Artículo 260. ...

...

Si la víctima es menor a diez años de edad, la pena de prisión será de de tres a cinco años y multa de quinientos a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Si la víctima tiene entre diez años de edad, y menos de doce, la pena de prisión será de dos a cuatro años y multa de quinientos a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Si el agente tuviere cualquier cargo o vínculo familiar que le otorgue particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianza, la pena de prisión aumentará hasta en una mitad en su mínimo y máximo.

En todos los casos estará sujeto al tratamiento psiquiátrico especializado.

Artículo 265. ...

...

...

Si la víctima es menor a diez años de edad, la pena de prisión será de catorce a diecisiete años y multa de mil a dos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;

Si la víctima tiene entre diez años de edad, y menos de doce, la pena de prisión será de doce a diecisiete años y multa de mil a mil quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

En todos los casos estará sujeto al tratamiento psiquiátrico especializado.

Artículo 266. Se equipara a la violación y se sancionará con las mismas penas previstas en el artículo anterior:

Artículos Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Justicia.

LEY PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGIA ELECTRICA - LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

La diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández: Con su permiso, diputado presidente. ¿Cuánto tiempo falta para que los estados de Veracruz y Tabasco estén totalmente sumergidos en las aguas del mar? ¿Cuánto tiempo falta para que el bosque tropical lluvioso de Puebla desaparezca? ¿Cuánto para que deje de existir la selva Lacandona en Chiapas?

Las noticias recientes nos refieren que el cambio climático afectará la salud de 175 millones de niños durante la próxima década. Los afectados por desastres climáticos po-drían aumentar 50 por ciento en 2015; inundaciones, sequías y tormentas en todo el mundo. Las aguas del mar en Qatar han rozado 37 grados Celsius y han convertido la línea costera en cementerio de peces e invertebrados.

Igualmente, la pérdida de hielo es sorprendente en los polos. Es algo sin precedentes. Entre 2002 y 2005 fueron tomadas las mediciones directas de las capas de hielo en Groenlandia y revelaron una pérdida de 162 kilómetros cúbicos de hielo al año. ¿Hasta cuándo y hasta dónde?

El cambio climático va más allá de lo ambiental. Es un problema transversal y requiere ser tratado con un enfoque multilateral. Igualmente, por tratarse de un problema con dimensiones temporales nos impone implementar acciones a largo plazo, pero actuando de manera directa e inmediata.

Al mismo tiempo que México es uno de los países vulnerables a los efectos del cambio climático, ya que tenemos zonas que serán impactadas por sequías, como es el caso del noreste, de los estados del noroeste, y zonas que sufrirán de inundaciones en el sur, también existe la posibilidad de que ocurran cambios fundamentales en los ecosistemas terrestre y marinos, tanto de la flora como de la fauna, desertificación, erosión de los suelos, problemas en las zonas costeras, en el sector hídrico, problemas de salud, problemas de seguridad alimentaria, etcétera.

En México, como en otras regiones, tenemos el problema de las lámparas incandescentes, las cuales gastan mucha energía y no cumplen con los requisitos para ser eficientes energéticamente hablando.

Por otro lado, el costo de un foco común es de 5 pesos; el de una lámpara ahorradora oscila entre 20 y 70 pesos. Vale señalar que la lámpara ahorradora mantiene su vida útil hasta 10 veces más que un foco común, más o menos 10 mil horas.

También tenemos que más de 95 por ciento de las lámparas incandescentes o focos son usados para el sector residencial, comercial y de servicios. Las estimaciones de la Comisión Nacional de Energía refieren que en cada hogar son utilizados alrededor de ocho focos y para el sector industrial, comercial y de servicios se estima que se utilicen hasta 19. Si éstos fueran sustituidos por focos ahorradores habría un ahorro considerable.

Por otro lado, las lámparas fluorescentes requieren de mercurio para iluminar. Éste es un elemento natural y se encuentra de forma natural en el ambiente; se halla presente en el carbón mineral que suele ser utilizado por los generadores de electricidad.

Las lámparas fluorescentes representan una oportunidad de reducir las emisiones de mercurio provenientes de estas plantas debido a que en promedio una planta de carbón emite 10 miligramos de mercurio para producir la electricidad requerida para hacer funcionar un foco, comparada con 2.4 miligramos de mercurio que se emiten para hacer funcionar una lámpara ahorradora compacta.

Con esta iniciativa perseguimos colaborar en la mitigación del cambio climático, en reducir los riesgos que nos esperan por el mismo. Ahora sólo estamos siendo testigos de la punta del iceberg de un sin fín de desastres que nos esperan en el horizonte, un horizonte que cada vez avanza más y más rápido.

Compañeros y compañeras diputadas, el cambio climático nos coloca frente a un cambio radical e ineludible de hábitos y modos de convivir con la madre naturaleza. Es precisa una revisión ecológica ya.

Por todas las razones expuestas, nos interesa de manera particular hacer modificaciones a la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, en lo que se refiere a reformar la fracción X del artículo 7 de la misma ley, en el sentido de prohibir la importación, producción y comercialización de lámparas incandescentes, como ya lo han hecho varios países, incluso de Centroamérica, y sustituirlas por lámparas con tecnologías energéticamente más eficientes.

Asimismo, proponemos crear un plan de manejo de los residuos generados, como sería el mercurio proveniente de las lámparas fluorescentes, ya que en México no hay una disposición jurídica al respecto, porque es vital establecer los medios para hacer una disposición final adecuada, como ya se hace con los teléfonos celulares, por ejemplo. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, y General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández , del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández , en uso de las facultades que me confieren los artículos 71 fracción II y 73 fracción XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El cambio climático generado por las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero (GEI) se perfila junto con la pérdida de la biodiversidad, la degradación de los ecosistemas y de sus servicios ambientales, ¹ como el problema ambiental más trascendente del siglo XXI y uno de los mayores desafíos globales que enfrentamos como humanidad.

La mitigación del cambio climático es un reto que exige responsabilidades claras y comunes que deben ser asumidas por los países del mundo, pues sus impactos van más allá de lo ambiental: es un problema transversal que requiere ser tratado con un enfoque multilateral. Al ser un problema con dimensiones temporales exige la implementación de acciones a largo plazo pero actuando de manera inmediata.

México, a nivel mundial, al emitir el 1.5 por ciento de los GEI, se encuentra dentro de los 15 países con mayores emisiones ² por quema de combustibles.

México es uno de los países vulnerables a los efectos del cambio climático, ya que tenemos zonas que serán impactadas con sequías (noroeste) y zonas que sufrirán de inundación (sur); también existe la posibilidad de que ocurran cambios fundamentales en los ecosistemas terrestres y marinos, tanto de flora como de fauna, desertificación, erosión de los suelos, problemas en las zonas costeras, en el sector hídrico, afectaciones a la salud, problemas de seguridad alimentaria, etcétera.

La problemática y riesgo que representa el cambio climático para México y para la humanidad son buenas razones para que nuestro país implemente y fortalezca medidas que lo mitiguen, para lo cual es necesario que en materia energética actúe de manera sólida y eficaz con acciones que colaboren a la mitigación del cambio climático.

Actualmente contamos con el Programa Sectorial de Energía 2007-2012, donde se dictan objetivos claros en cuanto a la promoción del uso y producción eficiente de energía.

Asimismo, la sustentabilidad ambiental y la economía competitiva son ejes centrales dentro de las políticas públicas en México. Es así, como al utilizar la energía de manera eficiente, se cumple con los objetivos del programa.

Igualmente, dentro de las tareas que se le encomiendan a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) se encuentra la elaboración del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (Pronase) con el objetivo de utilizar la energía en todos sus procesos de la manera más óptima.

Dentro del Pronase se establecieron estrategias para la sustitución de lámparas incandescentes por lámparas ahorradoras como medida para el uso eficiente de energía, contribuyendo directamente a la mitigación del cambio climático, pues la generación de energía y el sector transporte, en conjunto, producen más del 40 por ciento de las emisiones totales de GEI del país.

La Estrategia Nacional de Cambio Climático señala que la generación de energía contribuye en un 24 por ciento a los gases de efecto invernadero. En la actualidad México reporta un importante incremento en el consumo de electricidad.

Usar la energía disponible de la mejor forma posible, es lo que llamamos eficiencia energética. La Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía la define de la manera siguiente ``la eficiencia energética son todas las acciones que conlleven a una reducción económicamente viable de la cantidad de energía necesaria para satisfacer las necesidades energéticas de los servicios y bienes que requiere la sociedad, asegurando un nivel de calidad igual o superior y una disminución de los impactos ambientales negativos derivados de la generación, distribución y consumo de energía''. ³

Lograr la eficiencia energética contribuye a la competitividad del país, de lo contrario, se impacta negativamente al medio ambiente y se afecta a la economía a través de la elevación de los costos globales de los sectores.

No debemos olvidar que el gobierno federal ha instrumentado programas para la eficiencia energética en todos los sectores, aún así es necesario continuar promoviendo la sustentabilidad energética como política pública.

Por otro lado, refiriéndonos a la sustentabilidad energética, las lámparas incandescentes conocidas coloquialmente como focos, no son los equipos más eficientes energéticamente, ya que son dispositivos que producen luz mediante el calentamiento por efecto Joule ⁴ de un filamento metálico con dispositivo muy ineficiente, aunque muy barato.

El precio de las lámparas incandescentes que se utilizan comúnmente es, en promedio, de cinco pesos, en contraparte, el de una lámpara ahorradora oscila de 20 a 70 pesos. Cabe señalar que la lámpara ahorradora cuenta con una vida útil hasta 10 veces mayor a la de una lámpara incandescente, es decir, alrededor de 10,000 horas, por lo que al tener que reemplazar el foco común en diez ocasiones, los costos se equiparan al de un solo foco ahorrador.

En este sentido, es importante señalar que más del 95 por ciento de las lámparas incandescentes o focos, son usados para el sector residencial, comercios y servicios. ⁵

Las estimaciones de la Comisión Nacional de Energía refieren que en cada hogar son utilizados alrededor de 8 focos que, de ser sustituidos por focos ahorradores, se generaría un ahorro de energía que, en términos económicos, oscila entre los 826 y los 1106 pesos anuales. Para el sector industrial, comercial y de servicios se estima que se utilizan hasta 19 focos, si éstos fueran sustituidos habría un ahorro considerable de energía.

El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica estima que la cifra de focos a sustituir en el país es de 205 millones: ⁶ 160 millones en el sector residencial y 45 millones en el sector comercial y de servicios. Esta medida lograría una reducción del consumo nacional de electricidad mayor al 5 por ciento anual y, representaría para el año 2012, un ahorro de energía eléctrica de 45,370 GWh y se evitarían 30 millones 280 mil toneladas de CO².

Estamos conscientes de que el costo económico por la sustitución de lámparas incandescentes por lámparas ahorradoras es mucho, pero también sabemos que no hacerlo representa mayores costos en el mediano y largo plazo, ya que el cambio climático representa un severo riesgo y afectación para los mexicanos y las empresas.

La sustitución de lámparas incandescentes por otras energéticamente más eficientes representa una oportunidad para colaborar en la mitigación del cambio climático.

Sabemos que el Ejecutivo federal ha hecho enormes esfuerzos para combatir el cambio climático: propuestas y acciones novedosas realizadas a nivel local e internacional, como el Fondo Verde, muestran el compromiso de seguir instrumentando políticas que favorezcan el medio ambiente y el desarrollo global.

Asimismo, aún cuando la Administración Pública Federal ha hecho enormes esfuerzos dictando lineamientos para el uso eficiente de la energía, falta reforzarlos, ya que, dentro del Programa de Ahorro de Energía del Gobierno Federal se encuentran registrados un total de 27 mil 709 inmuebles a nivel nacional, de los cuales únicamente el 3.42 por ciento se encontraban inscritos en el Programa hasta junio de 2008. ⁷

Es claro que hay muchos inmuebles que son ocupados por la Administración Pública y que no utilizan focos ahorradores, por lo que es necesario que se proponga un plazo para que sean sustituidas las lámparas incandescentes por ahorradoras, por ejemplo las fluorescentes.

Es preciso señalar que las lámparas fluorescentes requieren de mercurio para iluminar, éste se encuentra de forma natural en el ambiente, se halla presente en el carbón mineral que suele ser utilizado en los generadores de electricidad.

El Inventario Preliminar de Emisiones Atmosféricas de Mercurio en México8 estima que al romperse una lámpara fluorescente el 25 por ciento de su contenido de mercurio es emitido al aire, de acuerdo con estas cifras las emisiones de mercurio generadas por la rotura de lámparas fluorescentes representan en promedio 0.229 toneladas al año, mientras las emisiones provenientes de las plantas carboeléctricas es de 0.785 de toneladas al año.

Las lámparas fluorescentes representan una oportunidad para reducir las emisiones de mercurio provenientes de estas plantas debido a que en promedio una planta de carbón emite 10 miligramos de mercurio para producir la electricidad requerida para hacer funcionar una lámpara incandescente, comparada con 2.4 miligramos de mercurio que se emiten para hacer funcionar una lámpara ahorradora compacta. ⁹

En México, las lámparas ahorradoras compactas disponibles proceden principalmente de China, aunque están resguardadas bajo marcas con reconocimiento internacional. Nuestro país no cuenta con una legislación adecuada para el manejo de desechos de lámparas fluorescentes, ni con una regulación que exija a los fabricantes que proporcionen información a los consumidores sobre el manejo y disposición de aquéllas que ya no tienen vida útil, por lo que es necesario un plan de manejo de estos residuos que, por sus características son peligrosos.

Es urgente establecer a nivel de legislación las disposiciones adecuadas para el manejo, recolección y disposición final de estos elementos. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos cataloga a las lámparas fluorescentes y al vapor de mercurio como residuos peligrosos que deben estar sujetos a un plan de manejo, en este sentido, proponemos que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en colaboración con la Secretaría de Energía, establezca los lineamientos a observar en los planes de manejo de los residuos de las lámparas fluorescentes y el vapor de mercurio, con el objeto de que existan pautas claras en tales acciones.

Es importante señalar que en el ámbito internacional ya se han tomado medidas imperativas para favorecer el uso eficiente de la energía: Cuba empezó este cambio hace 10 años; Ecuador en 2004; Venezuela en 2006; la Unión Europea recientemente lo ha hecho, así como Australia, Nueva Zelanda y Argentina, en donde se han modificado disposiciones legales para prohibir las lámparas incandescentes a partir del 2010. Canadá prohíbe este tipo de lámparas a partir del 2012. En este sentido, proponemos fechas límites para prohibir del uso y comercialización de las lámparas incandescentes y reemplazarlas por lámparas ahorradoras, como se ha venido haciendo en muchas partes del mundo.

Con esta iniciativa buscamos colaborar en los compromisos que ha adquirido el gobierno federal a través de la Secretaría de Energía en lo que se refiere al ahorro de energía y la sustentabilidad energética, favoreciendo la competitividad de México en la materia, y con ello, apoyando su crecimiento económico.

Por las razones expuestas, proponemos modificaciones a la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía en la fracción X del artículo 7, en el sentido de inhibir el uso y comercialización de lámparas incandescentes en territorio nacional. Asimismo, se adiciona una fracción XI, donde se propone establecer estrategias y programas para sustituir las lámparas incandescentes por lámparas y equipos de iluminación de tecnología energéticamente más eficiente.

Asimismo, proponemos reformar el artículo 28, fracción I, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para señalar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en colaboración con la Secretaría de Energía, establecerá lineamientos y estrategias a observar en los planes de manejo de los residuos de las lámparas fluorescentes y el vapor de mercurio.

Por todo lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Artículo Primero. Se reforma la fracción X y se adiciona una fracción XI, ambas del artículo 7 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, para quedar como sigue:

Artículo 7. ...

Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo a la fracción I del artículo 28 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 28. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A partir del 31 de diciembre de 2011 queda prohibido el uso y comercialización de lámparas incandescentes para uso residencial y comercial en todo el territorio nacional.

Se excluyen de la disposición contenida en el párrafo anterior las lámparas incandescentes para uso automotriz y de electrodomésticos.

Tercero. El Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Energía; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Economía; y de Hacienda y Crédito Público, elaborará normas oficiales cuyo objeto sea favorecer el uso, producción y comercialización de lámparas y equipos de iluminación de tecnología energéticamente más eficiente que las lámparas incandescentes.

Cuarto. A partir del 31 de junio de 2010, las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como los Poderes Legislativo y Judicial, únicamente podrán utilizar lámparas y equipos de iluminación con tecnología energéticamente más eficiente que la utilizada por las lámparas incandescentes.

Quinto. La Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad implantar acciones y estrategias para favorecer que los usuarios del servicio público de energía eléctrica sustituyan sus lámparas incandescentes por lámparas y equipos con tecnología energéticamente más eficiente.

Notas: 1. Millennium Ecosystems Assessment, 2005. 2. Agencia Internacional de Energía, 2004. 3. Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre de 2008. 4. El efecto Joule consiste en hacer circular corriente eléctrica por un conductor, parte de la energía cinética de los elementos se transforma en calor debido a los choques que sufren con los átomos del material conductor por el que circulan, elevando la temperatura de éste y ocasionando desprendimiento de calor. 5. Encuesta Mensual Industrial del INEGI (1994-2008). 6. Programa de Ahorro de Energía Eléctrica 2007-2012. Sustitución de focos por lámparas ahorradoras. Proyecto de escalamiento para mitigación del cambio climático de alto impacto. 7. Reporte del número de inmuebles de la administración pública federal en todo el país identificados por entidad federativa. Instituto de Acceso a la Información Pública. Junio de 2008. 8. Elaborado por la Comisión para la Cooperación Ambiental 2001. 9. Fact Sheet: Mercuryincompacttluorescentlamp.USA, Environmcntal Protection Agency.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Valentina Díaz de Rivera Hernández.Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

ARTICULO 79 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el señor diputado Alejandro Gertz Manero, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Alejandro Gertz Manero: Señores diputados y señoras diputadas, las observaciones de la Auditoría Superior de la Federaciónde 2007 nos señalan 60 mil millones de pesos de presupuesto observados, 60 mil en 2007; de recuperación solamente 2 mil. De 2008 no tenemos información, de 2009 tampoco tenemos información, y con estas carencias y con estas observaciones y con este gasto, que ha sido ya sancionado, pero no recuperado, se aprobó un presupuesto de egresos que ha sido prácticamente rechazado por toda la sociedad.

No tenemos un sistema de auditoría que realmente nos esté permitiendo que se impida este derroche y esta falta de congruencia en el gasto público. Por una parte le estamos pidiendo a todos los mexicanos que hagan un esfuerzo y un sacrificio en su trabajo, en su ahorro, en su vida cotidiana, para que aporten impuestos que se van a observaciones y gastos, por 60 mil millones de pesos por año.

Esto no es posible. Nosotros tenemos que darle a la población y al país el derecho que tienen sobre el poder público para ejercer, en todo tiempo y sin restricciones, la vigilancia, el control y la fiscalización sobre los actos de sus representantes, sobre las diversas formas en que ejercen sus funciones y sobre la manera en que aplican los recursos públicos y la eficacia de su desempeño.

La rendición de cuentas, que es el vínculo de confianza entre gobernantes y gobernados, se ha convertido en letra muerta porque la ciudadanía no tiene un medio efectivo de exigirla y de conocer en qué forma sus impuestos son administrados.

Una parte importante de los recursos públicos se está convirtiendo en un botín que se dilapida en forma corrupta e irresponsable y, por tanto, es urgente e inaplazable que la ciudadanía tenga intervención directa sobre este organismo de auditoría con la finalidad de que, sin las restricciones que hoy presenta la Constitución y la Ley de Fiscalización, pueda exigir y darle seguimiento a dichas cuentas en cualquier momento.

Esta iniciativa que hoy se presenta, con fundamento en el artículo 73, fracción XXIV, de la Constitución, pretende, por una parte, reivindicar el poder ciudadano sobre las conductas de su gobierno para exigir a éste que responda en todo momento por sus actos de legalidad, administración y desempeño, para así restituir el prestigio y la credibilidad de todas las instituciones de la República.

En este momento esta iniciativa constituye un hito en la relación entre gobernantes y gobernados para restaurar la confianza en el sistema democrático y en las fuerzas políticas que lo sustentan.

Por esa razón, nosotros estamos presentando esta iniciativa de reforma al artículo 79 constitucional de la siguiente manera:

Artículo 79. La entidad de fiscalización superior de la federación tendrá autonomía técnica, de gestión y de fiscalización, y su dirección se integrará mediante un órgano de gobierno formado por ciudadanos independientes de los partidos políticos, quienes serán electos en un número impar, propuestos y seleccionados por la sociedad mediante un proceso de insaculación público ajeno a cualquier partido y a cualquier intervención gubernamental, conforme a la ley respectiva. Dicha entidad tendrá atribuciones para decidir su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.

Sin perjuicio del principio de anualidad, la entidad de fiscalización superior podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información del ejercicio corriente y de los ejercicios anteriores.

Asimismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, podremos tener esa información que nos permita evitar este tipo de distracciones inmensas del gasto público que superan con mucho cualquier esfuerzo de carácter fiscal.

En razón de esto, nosotros estamos haciendo esta propuesta y sometiéndola a ustedes y a la comisión correspondiente. Muchas gracias a todos. Gracias, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alejandro Gertz Manero , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, diputado Alejandro Gertz Manero , del Grupo Parlamentario de Convergencia a la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Cámara de Diputados, para estudio y dictamen, la presente iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución en materia de fiscalización conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Con absoluto sujeción a la letra y espíritu del artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo poder soberano reside en el pueblo y, por tanto, emana directamente de él para instituirse en su beneficio.

Esta potestad significa que el pueblo tiene sobre el poder público la capacidad de ejercer en todo tiempo, y sin restricciones, vigilancia, control y fiscalización sobre los actos de sus representantes, sobre las diversas formas en que ejercen sus funciones, sobre la manera en que aplican los recursos públicos y sobre la eficacia de su desempeño.

La rendición de cuentas, que es el vínculo de confianza entre gobernante y gobernado, se ha convertido en letra muerta, porque la ciudadanía no tiene ningún medio efectivo de exigirla y de conocer en qué forma sus impuestos son administrados bajo principios de honradez y eficacia.

Como ya es un hecho público documentado por los índices de corrupción, ineficiencia y crisis económica generalizada --y así se ha reconocido incluso por el titular de la Auditoría Superior de la Federación--, una parte importante de los recursos públicos se ha convertido en un botín que se dilapida en forma corrupta e irresponsable y, por tanto, es urgente e inaplazable que la ciudadanía tenga intervención directa sobre este organismo de auditoría con la finalidad de que, sin las restricciones que hoy presenta la Constitución y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, pueda exigir y darle seguimiento a dichas cuentas en cualquier momento.

Esta iniciativa que hoy se presenta, con fundamento en el artículo 73 constitucional, fracción XXIV, pretende por una parte, reivindicar el poder ciudadano sobre las conductas de su gobierno para exigir que éste responda en todo momento por sus actos de legalidad, administración y desempeño, para así restituir el prestigio y la credibilidad de todas las instituciones de la república.

La presente iniciativa constituye un hito en la relación entre gobernantes y gobernados para restaurar la confianza en el sistema democrático y en las fuerzas políticas que lo sustentan, de aquí la razón del siguiente

Decreto por el que se reforma el artículo 79 constitucional

Título Tercero Capítulo II Del Poder Legislativo Sección V De la Fiscalización Superior de la Federación

Artículo 79 . La entidad de fiscalización superior de la federación tendrá autonomía técnica, de gestión y de fiscalización, y su dirección se integrará mediante un órgano de gobierno formado por ciudadanos independientes de los partidos políticos, quienes serán electos en un número impar, propuestos y seleccionados por la sociedad mediante proceso de insaculación público, ajeno a cualquier partido político o intervención gubernamental conforme a la ley respectiva. Dicha entidad tendrá atribuciones para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado Gertz Manero.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 16 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la iniciativa que hoy presentamos a consideración de este pleno tiene que ver con determinar funciones, objetivizar el desarrollo y priorizar, desde luego, los planes de desarrollo estatal.

La federalización del programa de construcción de escuelas iniciado con la reforma al artículo 4o. de la Ley que crea el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas y que se publica en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1985, dispuso de acuerdo con las modalidades que establece el Ejecutivo federal, el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) para ir adecuando progresivamente sus acciones a una estrategia de descentralización, transfiriendo la regularización de programas a los gobiernos estatales y a los municipios.

Este comité debía emitir las normas técnicas en materia de construcción, en equipamiento, en rehabilitación de inmuebles, instalaciones escolares; y que se publicó y que quedó claro y preciso en la Ley General de la Infraestructura Física Educativa del 1 de febrero de 2008. Aquí quedó abrogada la Ley que crea el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, que fue publicado también en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril del 44, organismo descentralizado del gobierno federal que tenía por objeto organizar, dirigir, llevar a cabo programas federales de la construcción y equipamiento de las escuelas.

A partir de entonces, se han transferido recursos importantes a la construcción de espacios educativos, sobre todo, obvio, en los estados de la República; también tomando en cuenta las jefaturas de zona que tenía el CAPFCE en ese entonces, en cada una de las entidades federativas.

Fue entregado esto mediante el convenio de organismos estatales para su administración en toda la República, con la encomienda de llevar a cabo la ejecución de la totalidad de las obras de la infraestructura educativa en los estados. En este contexto, el CAPFCE se orientó de manera específica a realizar funciones normativas de supervisión, asesoría, transferencia tecnológica de los programas de edificación sobre espacios educativos.

El objetivo de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, de conformidad con el artículo 2o., consiste en regular la infraestructura física educativa al servicio del sistema educativo nacional, para lo cual emite los lineamientos generales para el cumplimiento de su propósito y, asimismo, creó el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa como un organismo técnico, cuya función está encaminada a formular el programa de mejoramiento de la infraestructura física educativa en las entidades federativas; órgano que debe contribuir a mejorar las condiciones de la funcionalidad de la infraestructura física educativa en el país, en beneficio de los estudiantes.

Por lo anterior y de considerarse necesario, reformar la Ley General de Infraestructura Física Educativa especialmente en los artículos 16, tercer párrafo; 19, fracción XII, del primer párrafo, en cuanto a la atribución que tiene el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, que a la fecha aplica recursos y ejecuta obras sin tomar en cuenta todas y cada una de las necesidades que en materia de infraestructura educativa tienen en cada estado de la República. Y que, desde luego, de manera fehaciente son detectadas por medio de las instancias estatales que deben encargarse de esta infraestructura física.

Por tanto, solicito a esta soberanía, presentar a consideración de la misma el siguiente decreto por el que se reforman los artículos 16, tercer párrafo, y 19, fracción XII, de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, que dice:

Único. Se reforman los artículos 16, tercer párrafo, y 19, fracción XII, primer párrafo, de la Ley General de Infraestructura Física Educativa para quedar como sigue:

Artículo 16. El Instituto estará encargado de emitir la normatividad y los lineamientos técnicos relacionados a la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinadas al servicio de la educación pública que construyan los organismos para este fin y que se encuentran establecidos en las entidades federativas.

Artículo 19. ...

XII. Construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir y habilitar en el Distrito Federal.

Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las obras que se estén realizando, hasta antes de la publicación del presente decreto, estarán sujetas a la normatividad bajo las que fueron iniciadas hasta su conclusión.

Señor presidente, solicito a usted que la presente iniciativa, íntegra, se integre textualmente en el Diario de los Debates correspondiente. Gracias, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 16 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano , del Grupo Parlamentario del PRI

Elpidio Desiderio Concha Arellano , diputado a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos, somete respetuosamente a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 1 de febrero de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, la cual norma los elementos que intervienen en el diagnóstico, la planeación y evaluación de los espacios educativos en términos de calidad y con una organización administrativa que a nivel nacional oriente y apoye las acciones de los distintos niveles de gobierno; de igual manera se creó el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa como un organismo técnico cuya función está encaminada a formular el programa de mejoramiento de la infraestructura física educativa en las entidades federativas, órgano que contribuirá a mejorar las condiciones de funcionalidad de la infraestructura física educativa del país en beneficio de los educandos.

Con la publicación de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa se abroga la Ley que crea el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 1944, organismo descentralizado del gobierno federal que tenía por objeto organizar, dirigir y llevar a cabo los programas federales de construcción, equipamiento y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación en general, ley que facultó a la Secretaría de Educación Pública para que llevara a cabo la construcción de escuelas en todo el territorio nacional mientras durara el estado de emergencia en que se encontraba el país.

El 21 de enero de 1985 se reformó el artículo 4o. de la Ley que crea el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas para establecer ``de acuerdo a las modalidades que al efecto establezca el Ejecutivo federal, el comité administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas adecuará progresivamente sus acciones a una estrategia de descentralización, transfiriendo la realización de programas a los gobiernos de los estados y municipios.

El objeto de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, de conformidad con el artículo 2o., consiste en regular la infraestructura física educativa al servicio del sistema educativo nacional, para lo cual emite los lineamientos generales para cumplir con su propósito.

Es de entenderse entonces que es la federación la encargada de proveer la normatividad adecuada para la infraestructura educativa y procurar lo necesario para que las autoridades locales, entes que tienen bajo su cargo directo las instalaciones, operen de manera semejante todas las actividades que requiere la ampliación, mantenimiento y adecuación de la infraestructura educativa, adecuándolas siempre a las necesidades y características específicas regionales del país.

La federalización del programa de construcción de escuelas, iniciada con la reformas al artículo 4o. de la Ley que crea el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas se ha venido dando paulatinamente. A partir de entonces se han transferido importantes recursos a la construcción de aulas y otros espacios educativos a los estados de la república; las jefaturas de zona que tenía el CAPFCE en cada entidad fueron entregadas mediante un convenio de federalización a las entidades constituyéndose organismos estatales propios para su administración en toda la república con la encomienda de llevar a cabo la ejecución de la totalidad de las obras de infraestructura educativa en sus estados. En este contexto, el CAPFCE se orientó de manera específica a realizar funciones normativas, de supervisión, asesoría y transferencia tecnológica de los programas de edificación sobre espacios educativos.

La creación del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, que mandata la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, actualmente es el órgano asesor encargado de emitir la normatividad y especificaciones técnicas para la elaboración de estudios, proyectos, obras e instalaciones en materia de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, reconversión y habilitación de los inmuebles e instalaciones destinados al servicio del sistema educativo nacional.

Asimismo, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa tiene como funciones crear, actualizar y mantener de manera permanente, en coordinación con las autoridades locales, un sistema de información del estado físico de las instalaciones que conforman la infraestructura educativa y certifica en todo el país la calidad de la infraestructura educativa.

Ahora bien, dentro de las funciones que se le han dado a este organismo descentralizado, se encuentra también el de construcción de infraestructura física educativa, situación contraria al espíritu real de la ley que busca que la atribución de construir debe recaer principalmente en las entidades federativas, lo contrario tiende a transgredir cabalmente los avances de federalización en esta materia y nos regresa a la actitud centralista del gobierno federal.

El Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa debe ser un órgano articulador de los esfuerzos de la federación, del estado y del municipio en esta materia, y abocarse de manera exclusiva a emitir disposiciones normativas para los diferentes niveles educativos y las diferentes regiones del país.

Por lo expuesto, es de considerarse necesario reformar la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, específicamente en los artículos 16, tercer párrafo, y 19, fracción XII, primer párrafo, en cuanto a la atribución que tiene el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) que a la fecha aplica recursos y ejecuta obras sin tomar en cuenta todas y cada una de las necesidades que en materia de infraestructura educativa se tienen en cada estado y que, desde luego, de manera fehaciente, son detectadas por medio de las instancias estatales encargadas de la infraestructura física educativa, quienes son conocedoras de todas y cada una de las necesidades que en la materia existen en las entidades federativas, desde luego con base en los mecanismos y procedimientos de transparencia que permitan distribuir los recursos con equidad, oportunidad y pertinencia, como un requerimiento de una visión de equilibrio entre la instancia federal y locales, tomando en consideración que en las entidades federativas la función del Inifed se centraría únicamente y de menara exclusiva a las labores de asesoría, gestoría y de certificación que le mandata esta ley

Por las razones y fundamentos expuestos nos permitimos presentar a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Decreto por el que se reforman los artículos 16, tercer párrafo, y 19, fracción XII, primer párrafo, de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa

Único. Se reforman los artículos 16, tercer párrafo, y 19, fracción XII, primer párrafo, de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa para quedar como sigue:

Artículo 16. ...

...

El instituto estará encargado de emitir la normatividad y los lineamientos técnicos relacionada a la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública que construyan los organismos que para este fin se encuentren establecidos en los gobiernos de las entidades federativas.

Artículo 19. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las obras que se estén realizando, hasta antes de la publicación del presente decreto, estarán sujetas a la normatividad bajo las que fueron iniciadas y hasta su conclusión.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates.Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

El diputado Gerardo Leyva Hernández (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Leyva.

El diputado Gerardo Leyva Hernández (desde la curul): Para adherirme a la iniciativa del diputado Elpidio.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Cómo no. Diputado Concha Arellano, está solicitando el diputado Leyva adherirse a su propuesta, ¿está usted de acuerdo?

El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano (desde la curul): Sí, estoy de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo el señor diputado. Para todos aquellos compañeros y aquellas compañeras que deseen adherirse, pasen a la Secretaría a firmar el documento correspondiente.

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín: Con su venia, diputado presidente. Antes de iniciar mi exposición, le solicito por economía parlamentaria, se inserte íntegro el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates.

Como bien sabemos, en la creación de todo ordenamiento jurídico en donde se establecen disposiciones prohibitivas, inevitablemente se necesita de preceptos que sancionen las conductas que se impiden realizar. Es decir, de configurarse la hipótesis jurídica que la norma prohíbe, la consecuencia jurídica debe ser una sanción, de lo contrario la norma resulta imperfecta.

En efecto, señoras diputadas y señores diputados, la máxima jurídica dice ``a toda infracción corresponde una sanción''. Sin embargo, en la reciente reforma electoral de 2007 el legislador omitió cumplir con esta máxima para el caso de los servidores públicos que cometen una infracción en materia electoral.

Permítanme explicarme. El Cofipe, en su artículo 347, contempla un catálogo de infracciones en las que pueden incurrir los servidores públicos y, sin embargo, no establece disposición alguna que indique la sanción que deba imponerse en caso de que efectivamente se cometa alguna de ellas, lo que da lugar a una laguna jurídica que es necesario subsanar.

Este vacío legal, en los hechos, impide que se sancione a los servidores públicos infractores de la ley comicial, lo que abre un gran margen de impunidad. Si algún funcionario público, ya sea federal, estatal o municipal, por ejemplo, difunde propaganda gubernamental en periodo de campaña electoral, o bien, utiliza programas sociales para coaccionar el voto a favor de algún partido político o candidato, no recibirá ninguna sanción, ya que la autoridad electoral se encuentra impedida legalmente para castigarlo de manera directa.

Incluso, en la praxis del derecho electoral mexicano ya se han presentado casos en los que el IFE ha determinado que servidores públicos han violado la norma, pero ante la imposibilidad de imponer directamente la sanción, la autoridad electoral ha resuelto dar vista a los Congresos locales o a las contralorías gubernamentales de los estados para que éstas determinen lo que proceda. Y por lo general nunca pasa nada.

Por estas circunstancias, en diversas resoluciones, tanto magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como consejeros electorales del IFE se han manifestado en el sentido de solicitar al Poder Legislativo que subsane esta omisión y se faculte al IFE para sancionar directamente.

Seguramente coincidirán conmigo en que no es posible que el IFE esté facultado para sancionar a aspirantes, a precandidatos, a candidatos, a afiliados a los partidos políticos, a observadores electorales o incluso a cualquier ciudadano que infrinja la legislación electoral, pero que en la práctica no pueda sancionara a servidores públicos, quienes por cierto somos los primeros obligados a cumplir la ley, pues éste es un deber inherente al cargo que desempeñamos, por lo que resulta incongruente que no se nos pueda sancionar.

En resumen, la presente iniciativa tiene por objeto facultar al IFE para que sea este órgano el que directamente pueda sancionar a los servidores públicos que incurran en alguna de las infracciones que marca el Cofipe, ya sea mediante una amonestación pública o con multa de hasta 5 mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, lo que equivale aproximadamente a 274 mil pesos.

Con esta iniciativa se busca fortalecer a la autoridad electoral en una de sus funciones vitales, subsanar las lagunas jurídicas que abren una puerta a la impunidad y otorgar certeza jurídica y confianza a la ciudadanía en la resolución de procedimientos en materia electoral; por lo que invitamos a todos los partidos políticos representados en esta honorable Cámara de Diputados a que se sumen a esta iniciativa que, insisto, busca cerrar los espacios de impunidad y que seamos los servidores públicos los primeros en predicar con el ejemplo. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Agustín Castilla Marroquín , diputado a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el inciso i) al párrafo primero del artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la creación de todo ordenamiento jurídico donde se establecen disposiciones prohibitivas, inevitablemente se necesita de disposiciones diversas que sancionen las conductas que se impiden realizar.

Es decir, de configurarse la hipótesis jurídica que la norma prohíbe, la consecuencia jurídica debe ser una sanción, de lo contrario la norma resulta imperfecta.

En efecto, resulta de explorado derecho que a toda infracción corresponde una sanción. Sin embargo, en el caso del Cofipe el legislador ordinario omitió cumplir con dicha máxima jurídica para el caso de los servidores públicos que cometan una infracción en materia electoral.

Lo anterior es así en virtud de que si bien el legislador oportunamente consideró un catálogo de infracciones en las que puede incurrir las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión, de los poderes locales, órganos de gobierno municipales, órganos de gobierno del Distrito Federal, órganos autónomos, y cualquier otro ente público, omitió establecer una sanción específica en caso de que efectivamente se cometieran tales infracciones por servidores públicos.

Así, el legislador incluyó en el código electoral federal el Libro Séptimo, ``De los regímenes sancionador electoral y disciplinario interno'', con su respectivo Título Primero, ``De las faltas electorales y su sanción'', cuyo Capítulo Primero lo denomina ``Sujetos, conductas sancionables y sanciones'', estableciendo así en el artículo 341 a los sujetos de responsabilidad en materia electoral:

El artículo 341, párrafo 1, inciso f), considera a los servidores públicos sujetos de responsabilidad en materia electoral.

El código comicial federal continúa estableciendo las infracciones en que pueden incurrir cada uno de los sujetos de responsabilidad, siendo el caso que llegamos al diverso 347, donde se establecen las infracciones en que pueden incurrir dichas autoridades o servidores públicos:

En el artículo 354 se establecen las sanciones correspondientes a cada uno de los sujetos de responsabilidad; sin embargo, no se considera sanción para el caso de los servidores públicos. Para mayor abundamiento se transcribe el artículo que nos ocupa:

En ningún inciso se considera el caso de las autoridades o servidores públicos, empero, el código electoral federal hace referencia a los mismos en el artículo 355, pero solamente indica el procedimiento que se seguirá cuando no proporcionen en tiempo y forma la información que les sea solicitada, o no presten el auxilio y colaboración que les sea requerida por los órganos del Instituto Federal Electoral; es decir, describe el procedimiento por seguir en caso de que se incurra en la infracción señalada en el artículo 347, párrafo 1, inciso a), pero deja de lado las sanciones que se deben imponer en caso de que se incurran en las otras infracciones que contempla dicho artículo en sus incisos b) al f). Para mayor comprensión se transcriben los artículos de referencia en la parte que interesa:

Así, se puede apreciar claramente la omisión en que incurre el Cofipe, ya que si bien establece un catálogo de infracciones en que pueden incurrir los servidores públicos, no establece disposición alguna que indique la sanción que debe imponerse en caso de que se configure alguna, por lo que la norma resulta imperfecta, dando lugar a una laguna jurídica que es imperioso subsanar.

Esta laguna jurídica origina que aquellos servidores públicos que incurran en alguna conducta infractora de la ley comicial, simplemente quedarán sin sanción, impunes.

Así, si algún funcionario público, ya sea federal, estatal o municipal, por ejemplo, difunde propaganda gubernamental en periodo de campaña electoral, o bien, utiliza programas sociales para coaccionar el voto a favor de algún partido político o candidato, simplemente la autoridad electoral se encontraría impedida legalmente para imponer una sanción ya que la propia legislación no establece nada al respecto, con lo que estos actos de suma gravedad quedarían impunes, o cuando menos, la autoridad electoral federal se encontraría sin posibilidad de sancionarlos directamente.

Si bien el Instituto Federal Electoral cuenta con suficientes facultades para iniciar y resolver los procedimientos sancionadores ordinarios, así como los procedimientos especiales sancionadores, lo cierto es que se encuentra impedido para sancionar directamente a los servidores públicos que incurren en infracciones del código comicial federal, por carecer de la facultad expresa para ello.

En la praxis del derecho electoral mexicano ya se han presentado casos al respecto. Sirva de ejemplo el procedimiento especial sancionador iniciado con motivo de una denuncia presentada en contra de los Eugenio Javier Hernández Flores y Mario Santiago Ruiz Pachuca, gobernador constitucional y coordinador de Comunicación Social de Tamaulipas, respectivamente, por hechos que a juicio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Instituto Electoral Federal constituyeron infracciones del Cofipe.

En el caso que nos sirve de ejemplo (identificado con el número de expediente SCG/ PE/ PRD/ JD02/ TAM/ 241/ 2009 y SUP-RAP 271/2009, del IFE y de la Sala Superior del TEPJF, respectivamente), el gobernador y su coordinador de Comunicación Social incurrieron en infracciones de la legislación electoral, por lo que el órgano electoral determinó que dichos servidores públicos eran sujetos de responsabilidad; sin embargo, el IFE resolvió dar vista al Congreso de Tamaulipas para que impusiera la sanción que en derecho correspondiera al citado gobernador, al mismo tiempo que dio vista a la Contraloría Gubernamental de Tamaulipas para que sancionara al referido coordinador de Comunicación Social. Lo anterior, en virtud de que el IFE concluyó que no tenía las atribuciones necesarias para imponer directamente las sanciones conducentes.

Por consiguiente, la autoridad electoral se encuentra sin las herramientas jurídicas que le permitan sancionar a los servidores públicos que violen la legislación electoral, dejando al arbitrio de las autoridades locales o federales la imposición o no de alguna sanción, no obstante que se siguió toda una investigación exhaustiva y un procedimiento en específico para determinar que efectivamente se cometió una infracción en materia electoral.

Se están empleando recursos humanos y materiales por parte del IFE para determinar la responsabilidad de servidores públicos; sin embargo, la labor de la autoridad electoral no se traduce en una sanción en concreto debido a la laguna jurídica que obstaculiza la conclusión de los asuntos con una sanción.

En concordancia con los razonamientos que se han vertido en la presente iniciativa, el propio IFE, recientemente en su resolución número CG543/2009, de fecha 21 de octubre de 2009, relativa al caso que arriba ejemplificamos, determinó en fojas 166 a 168 lo siguiente:

Sin embargo, en el artículo 354 del ordenamiento legal en cita, en el que se detallan las sanciones que pueden ser impuestas por la realización de las conductas sancionables, el legislador omitió incluir un apartado respecto de las conductas realizadas por las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales, órganos de gobierno municipales, órganos de gobierno del Distrito Federal, órganos autónomos y cualquier otro ente público.

Es decir, el legislador no consideró a las autoridades y funcionarios públicos como entidades respecto de las cuales este instituto, por sí mismo, estuviere en aptitud de imponer sanciones directamente.

Es decir, fue voluntad del legislador el colocar a las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión, de los poderes locales, órganos de gobierno municipales, órganos de gobierno del Distrito Federal, órganos autónomos y cualquier otro ente público, en un ámbito especial dentro del derecho administrativo sancionador electoral, pues respecto de estos entes, el instituto tiene atribuciones para investigar y analizar si alguna de las conductas desplegadas resulta contraria a derecho, sin embargo, no previó la posibilidad de que éste en forma directa impusiera alguna sanción por tales conductas.

En consecuencia, esta autoridad debe actuar en términos de lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con lo previsto en el numeral 355 del código comicial federal, que en lo que interesa establecen:

Con base en lo expuesto, esta autoridad únicamente se encuentra facultada para que una vez conocida la infracción realizada por algún funcionario público, integre un expediente que será remitido al superior jerárquico de la autoridad infractora, para que ésta proceda en los términos de ley.

En diversas ocasiones, los propios consejeros electorales se han manifestado en el sentido de solicitar al Poder Legislativo que subsane la omisión.

También resulta orientador consultar las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificadas con los números SUP-RAP 124/2009, SUP-RAP 139/2009, SUP-RAP 180/2009, SUP-RAP 264/2009 y SUP-RAP 270/2009, sólo como una muestra de procedimientos donde el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral se pronunció respecto de que la imposibilidad del Consejo General del IFE para imponer sanciones pecuniarias a las autoridades y servidores públicos, cuyo razonamiento no radicó en otra cosa que en la ausencia de éstas en el código electoral federal.

Vale la pena mencionar diversos argumentos argüidos por algunos de los magistrados del tribunal electoral en la sentencia identificada como SUP-RAP 180/2009, los cuales abren la puerta a la posibilidad de imponer sanciones a los servidores públicos, siempre que éstas obren dentro de la normatividad electoral:

Voto concurrente que, con fundamento en el artículo 187, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, formula el magistrado Manuel González Oropeza respecto de la ejecutoria relativa al recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP 180/2009.

A modo de ejemplo, en el ámbito federal se consideran diversos tipos de responsabilidades en las que pueden incurrir diversos servidores públicos, en atención a la norma que hubiesen violado; en el caso de que un servidor público estatal atentara contra la equidad de la competencia entre los partidos políticos por haber aplicado con parcialidad los recursos públicos que estuvieran bajo su responsabilidad, a dicho funcionario se le podría sancionar no sólo en términos del citado código (en el supuesto de que existiera sanción específica), sino también en función del tipo de responsabilidad en la que hubiera incurrido: penal, administrativa o incluso política. Obviamente, cada una de estas responsabilidades sería exigible por procedimientos y órganos específicos y diferentes, y no sólo el Instituto Federal Electoral conocería de la conculcación al artículo 134 constitucional.

De lo anterior no se sigue que la omisión en que incurrió el legislador federal al no haber incluido en el citado código alguna sanción expresa y determinada para las infracciones previstas en el artículo 347, no pueda ser superada mediante una reforma legal; y en caso de que ello sucediera, las sanciones aplicables a los sujetos infractores consideradas en otros ordenamientos federales no necesariamente dejarían de ser aplicables, en razón de que toda conducta humana es susceptible de ser evaluada conforme a diversos cánones, por lo que la dimensión política o administrativa (o incluso penal) de la infracción seguiría siendo sancionada conforme a la normatividad aplicable.

En consecuencia, podemos concluir válidamente en la necesidad de que se establezca expresamente en el Cofipe la facultad del IFE para imponer sanciones a las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión, de los poderes locales, órganos de gobierno municipales, órganos de gobierno del Distrito Federal, órganos autónomos y cualquier otro ente público que incurran en alguna de las infracciones que se establecen en la legislación electoral.

Por otra parte, no es posible que el IFE sí esté facultado para sancionar directamente a aspirantes, precandidatos, candidatos, afiliados a los partidos políticos, observadores electorales o incluso a cualquier ciudadano que infrinja la legislación electoral, pero que no tenga facultades para sancionar a servidores públicos, no obstante que son los primeros en estar obligados a cumplir la ley, siendo éste un deber inherente al cargo que desempeñan, por lo que resulta incongruente que no se les pueda sancionar directamente.

La teleología de la presente propuesta es precisamente fortalecer el IFE para que directamente sancione al servidor público infractor, al mismo tiempo que se pretende blindar el marco jurídico en materia electoral para que no sea transgredido y, de ser el caso, se tenga la consecuencia jurídica de la sanción respectiva.

Asimismo, el IFE recibe una cantidad de quejas y denuncias considerable en época electoral, por lo que con la presente reforma se pretende inhibir la proliferación de actividades infractoras de la ley electoral que los servidores públicos llegasen a realizar en favor de un partido político o candidato, ya que ahora se sabrá que las conductas ilegales sí tendrán una sanción.

El IFE ha resuelto muchos asuntos que se han tornado polémicos por lo difícil que ha sido explicar a la ciudadanía por qué no se ha sancionado a las autoridades responsables, lo que la opinión pública ha calificado como impunidad. Sin embargo, como hemos podido concluir, el IFE se encontraba imposibilitado para sancionar directamente, por lo que esta iniciativa contribuirá a fortalecer la percepción social e imagen del instituto, en razón de que ya no tendrá obstáculos para sancionar a los sujetos responsables y sus determinaciones podrán ser más contundentes.

Si bien los servidores públicos se encuentran en un régimen especial de responsabilidad tanto administrativa como penal, ello no los excluye de ser sujetos de responsabilidad en materia electoral, más aún cuando el propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales los considera sujetos de responsabilidad y los coloca en un ámbito especial en el derecho administrativo sancionador electoral, a través del procedimiento sancionador ordinario o bien, del procedimiento especial sancionador --como ha quedado asentado en líneas anteriores--, por lo que la autoridad electoral se encuentra plenamente facultada para imponer de manera directa sanciones en particular a los servidores públicos.

No se debe omitir mencionar que el hecho de que determinados servidores públicos estén sujetos a un régimen especial de responsabilidades, lo único que cambia son los procedimientos para la imposición de las sanciones y los órganos a través de los cuales se debe llevar a cabo, pero en forma alguna implica la evasión por sí misma de responsabilidades, por lo cual la ausencia de sanciones en materia electoral, no encuentra razonamiento lógico alguno bajo ninguna circunstancia y por el contrario, en tanto no se realicen las adecuaciones legales como las que se proponen, el modelo electoral se mantendrá quebradizo frente a fenómenos tan graves como lo es la injerencia de los poderes públicos en las competencias electorales.

La presente iniciativa propone que se sancione al servidor público infractor con amonestación pública; o bien, con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, por lo que si tomamos en cuenta que el actual salario mínimo general vigente para el Distrito Federal es de 54.80 pesos, la multa puede llegar a 274 mil pesos.

La multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal se establece en razón de que es la multa que el artículo 354 indica para otros sujetos de responsabilidad, tratándose de personas físicas como es el caso de los aspirantes, precandidatos o candidatos, por lo que se homologa la sanción para el caso particular de los servidores públicos.

Con todo lo expuesto y fundado, en aras de fortalecer a la autoridad electoral en una de sus funciones vitales y con objeto de subsanar las lagunas jurídicas que abren una puerta a la impunidad, y con el fin de otorgar certeza jurídica y confianza para la ciudadanía en la resolución de procedimientos en materia electoral, presentamos ante la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el inciso i) al párrafo primero del artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo Único. Se adiciona el inciso i) al párrafo primero del artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 354

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:

(...)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Gobernación.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pido a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de las diputadas y los diputados presentes.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, se informa que hasta el momento hay una asistencia de 418 diputadas y diputados.

Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado secretario.

LEY GENERAL PARA LA PREVENCION, ATENCION INTEGRAL Y CONTROL DEL VIH/SIDA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para la Prevención, Atención Integral y Control del VIH/Sida.

La diputada Leticia Quezada Contreras: Gracias, diputado presidente, con su venia. Un comentario, por si no llegamos a agenda política. Hoy es 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el Sida, y es en el contexto de este día que presentamos la iniciativa para prevenirlo y controlarlo.

De conformidad con el informe sobre la epidemia mundial de Sida elaborado por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), la epidemia mundial se está estabilizando, pero a un nivel inaceptablemente alto.

El número total de personas que viven con el VIH ha aumentado a consecuencia del número continuado de nuevas infecciones contraídas cada año, y de los efectos benéficos de la mayor disponibilidad de terapias antirretrovíricas.

Cada día, más de 6 mil 800 personas contraen infección por el VIH y más de 5 mil 700 fallecen a causa del Sida, en la mayoría de los casos debido a un acceso inadecuado a los servicios de prevención y tratamiento del VIH.

En el caso de México, de conformidad con el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida, los casos acumulados de Sida para 2008 suman 121 mil 718; de éstos, 100 mil 462 corresponden a hombres y 21 mil 256 a mujeres.

En este sentido, la presente iniciativa tiene por objeto dotar al marco jurídico nacional de un nuevo ordenamiento que regule la prevención, atención integral y control del VIH y/o del Sida, para toda la República, para que la salud sea la base de una vida digna.

Por ello, la presente iniciativa establece principios básicos para garantizar los derechos humanos reconocidos internacionalmente en materia de atención a las personas que viven con VIH, entre los que encontramos la autonomía, la confidencialidad, la dignidad, la equidad social, la inclusión social y la no discriminación.

Se incorporan al marco jurídico vigente definiciones innovadoras que pretenden abordar el tema en nuevos enfoques como la corresponsabilidad, las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y en situación de riesgo.

En materia de prevención se dota de atribuciones a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública para implementar programas de información, prevención, protección y la vigilancia epidemiológica. También se otorga la promoción del uso del condón como una forma de prevención.

Se establecen atribuciones a la Secretaría de Salud respecto de la capacitación del personal del sistema de salud responsable de la atención, tratamiento y control de las personas que viven con VIH. No menos importantes resultan las disposiciones propuestas para la atención integral y el tratamiento multidisciplinario de las personas que viven con VIH/Sida, lo que deberá llevarse a cabo por el gobierno federal en su ámbito de competencia y de conformidad con la Ley General de Salud y las leyes en la materia de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de las normas oficiales mexicanas aplicables.

En este sentido, se regulan las pruebas para el diagnóstico, así como la forma en que multidisciplinariamente se atenderá a las personas que viven con VIH/Sida. Asimismo, se regula, en términos de bioseguridad, la disposición definitiva de residuos orgánicos.

En esta iniciativa se plantea también el control y vigilancia del VIH/Sida que permita coadyuvar en el control epidemiológico del VIH y/o del Sida, conforme a normas y procedimientos de bioseguridad, así como se contempla la crea-ción del Consejo Nacional para la Prevención y Atención Integral y Control del VIH/Sida, así como de los capítulos correspondientes a presupuestos para la instrumentación de la ley y la responsabilidad de los servidores públicos o las personas que incumplan con la misma.

Compañeras y compañeros, los invito a trabajar por todas y todos los que viven con VIH/Sida para darle tratamiento a esta pandemia, un sentido humano integral y tener un mejor control de la misma.

Solicito al presidente se integre de manera íntegra la iniciativa al Diario de los Debates. Gracias, señor presidente. Es cuanto.

«Iniciativa que expide la Ley General para la Prevención, Atención Integral y Control del VIH/Sida, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Leticia Quezada Contreras , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se crea la Ley General para la Prevención, Atención Integral y Control del VIH/Sida, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la actualidad, la infección por VIH es un problema de salud pública de gran importancia que afecta a miles de mujeres y hombres cada año. El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) provoca la inmunodeficiencia humana, es un retrovirus de la familia lentiviridae, este virus infecta a las células del sistema inmunitario, alterando o anulando su función. La infección produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario, con la consiguiente ``inmunodeficiencia''.

Se considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando deja de poder cumplir su función de lucha contra las infecciones y enfermedades. Las infecciones asociadas a la inmunodeficiencia grave se conocen como ``infecciones oportunistas'' porque se aprovechan de la debilidad del sistema inmunitario. Es decir, vivir con el VIH no significa tener Sida.

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida) es un término de vigilancia definido por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos de América y el Centro Europeo para la Vigilancia Epidemiológica del Sida (EuroVIH). El término sida se aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna de más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH.

El VIH puede transmitirse por las relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una persona infectada, la transfusión de sangre contaminada o el uso compartido de agujas, jeringuillas u otros instrumentos punzantes. Asimismo, puede transmitirse de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia.

De conformidad, con el informe sobre la epidemia mundial de Sida elaborado por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), la epidemia mundial se está estabilizando, pero a un nivel inaceptablemente alto. El número total de personas que viven con el VIH, ha aumentado a consecuencia del número continuado de nuevas infecciones contraídas cada año, y de los efectos benéficos de la mayor disponibilidad de terapias antirretrovirica. África Subsaharina sigue siendo la región más afectada por el virus, ya que le corresponden el 67 por ciento de las personas que viven con el virus y el 72 por ciento de los fallecimientos por Sida producidos en 2007 en todo el mundo. Se estima que en 2007, había en todo el mundo 33.2 millones, llegando a señalar en estimaciones más altas que alcanza los 36.1 millones.

De las estimaciones señaladas corresponden a adultos que viven con el VIH, 30.8 millones, de éstos 15.4 millones son mujeres y 2.5 millones personas menores de 15 años, en ese sentido por lo que respecta al año 2007, las nuevas infecciones en este periodo ascienden a 2.5 millones señalando las estimaciones más altas hasta 4.1 millones, de estos nuevos casos 2.1 millones, corresponden a adultos y 420 mil a menores de 15 años. De igual forma, durante el año pasado las defunciones causadas por el sida sumaron un total de 2.1 millones de muertes y según las estimaciones más altas hasta 2.4 millones, de estas defunciones 1.7 millones correspondieron a adultos y 330 mil a menores de 15 años.

Cada día, más de 6 mil 800 personas contraen infección por el VIH y más de 5 mil 700 fallezcan a causa del sida, en la mayoría de los casos debido a un acceso inadecuado a los servicios de prevención y tratamiento del VIH. Esta pandemia, sigue constituyendo uno de los desafíos más importantes en enfermedades infecciosas para la salud pública.

De conformidad con ONUSIDA, las estadísticas regionales del VIH y el Sida, señalan que al año 2007, en América Latina existen más de 1.6 millones de adultos y niños que vivían con el VIH, y durante el mismo año se han generado 100 mil nuevas infecciones por VIH en adultos y niños, de igual forma se han presentado aproximadamente 58 mil defunciones de adultos y niños por sida.

De igual forma se ha señalado que alrededor de un tercio de todas las personas que viven con VIH en América Latina residen en Brasil.

En el caso de México, de conformidad con el Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH-Sida, los casos acumulados de Sida por año el 2008, suman 121 mil 718 casos, de estos 100 mil 462 corresponden a hombre y 21 mil 256 a mujeres.

Del análisis de estas cifras se desprende, en el caso de los hombres que el 79 por ciento de los casos corresponden a personas entre 15 y 44 años de edad, el 19.4 por ciento a hombres de 45 años o más y el 1.6 por ciento a personas entre los 0 y 14 años de edad respectivamente. En el mismo sentido en el caso de las mujeres el 78.4 por ciento de los casos es decir 15 mil 966 personas corresponden al rango de 15 a 44 años de edad, el 18 por ciento a mujeres de 45 años o más y el 6.4 por ciento es decir mil 353 casos a mujeres entre los 0 y los 14 años, de estas cifras se desprende que el rango entre 15 y 44 años son el grupo en el que se presentan el mayor número de casos.

Respecto a lo que va del 2008, el Censida, reporta 3 mil 896 casos registrados en todo el país. En el mismo sentido, se reporta que a nivel nacional la prevalencia de infección por VIH, según grupos con prácticas de riesgo al 2004, son las siguientes:

Hombres que tienen sexo con hombres 12.6 por ciento; trabajadores del sexo comercial 6.1 por ciento; usuarios de drogas inyectables 1.2 por ciento, hombres reclusos 0.1 por ciento; trabajadoras del sexo comercial 0.5 por ciento; mujeres reclusas 0.0 por ciento; mujeres embarazadas 0.2por ciento;

Como se desprende de las cifras señaladas, este problema representa un reto no solo para las autoridades nacionales, sino también para las autoridades de las entidades federativas y el Distrito Federal, que tienen a su cargo la prevención, atención y el control del VIH y el sida, sino también para la sociedad en su conjunto ya que sólo mediante cambios culturales y educativos basados en información veraz podremos hacer frente a la pandemia, inicialmente previniendo el contagio por el VIH en nuestra persona y logrando que nuestra familia, amigos y personas allegadas también lo hagan a través del uso del condón como el mecanismo más eficaz en el caso del contacto sexual, entre otros.

En el mismo sentido, es indispensable generar una cultura de respeto de los derechos humanos de las personas que viven con VIH o el sida, evitar la criminalización, el estigma o la segregación por la condición de salud de cualquier ser humano, por ello es necesario que toda acción gubernamental esté guiada por principios aceptados internacionalmente que reconozcan la calidad humana de quienes viven con VIH y/o Sida y su derecho a la salud con calidad calidez.

Desde el punto de vista de las organizaciones de la sociedad civil son insuficientes para hacer frente con fortaleza a la pandemia, ya que se tiene que trabajar aún más en los tiempos de respuesta y atención, así como en el monitoreo y seguimiento clínico e incluso en la capacidad instalada por lo que a laboratorios propios se refiere.

En ese sentido, la presente iniciativa tiene por objeto dotar al marco jurídico nacional de un nuevo ordenamiento que regule la prevención, atención integral y control del VIH y/o el sida para toda la República y que sea una guía porque la salud es la base de una vida digna (artículo 1).

Por ello la presente, establece principios básicos para garantizar los derechos humanos reconocidos internacionalmente en materia de atención a las personas que viven con VIH, entre los que encontramos la autonomía, la confidencialidad, la dignidad, la equidad social, la inclusión social, y la no discriminación (artículo 2).

Se incorpora al marco jurídico vigente, definiciones innovadoras que pretender abordar el tema con nuevos enfoques, como: la corresponsabilidad, la poblaciones vulnerabilidad y en situación de riesgo (artículo 3).

En materia de prevención, se dota de atribuciones a la Secretaría de Salud y a la de Educación para implementar programas de información, prevención, protección vigilancia epidemiológica. También se le otorga a la promoción del uso del condón, como una forma de prevención (artículos 6, 7, 8 y 9).

Se establecen atribuciones a la Secretaría de Salud respecto a la capacitación del personal del sistema de salud responsable de la atención, tratamiento y control de las personas que viven con VIH (artículos 13,14 y 15).

No menos importante resultan las disposiciones propuestas para la atención integral y el tratamiento multidisciplinario de las personas que viven con VIH/Sida, mismas que deberán llevarse a cabo por el gobierno federal en su ámbito de competencia y de conformidad con la Ley General de Salud, y las leyes en la materia de las entidades federativas y el Distrito Federal, así como de las norma oficiales mexicanas aplicables. En este sentido, se regulan las pruebas para el diagnóstico, así como la forma en que multidisciplinaria se atenderá a las personas que viven con VIH-sida. Asimismo, se regula en términos de bioseguridad la disposición definitiva de residuos orgánicos (artículos 16 al 30).

En el presente proyecto, se plantea también el control y vigilancia del VIH y/o sida, que permita coadyuvar en el control epidemiológico del VIH y/o Sida conforme a normas y procedimientos de bioseguridad, asimismo se contempla la creación del Consejo Nacional para la Prevención y Atención Integral y Control del VIH/sida, así como de los capítulos correspondientes a presupuesto para la instrumentación de la ley y la responsabilidad de los servidores públicos y/o personas que incumplan con la misma.

Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados, la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Prevención, Atención Integral y Control para el VIH/Sida del Distrito Federal

Artículo Único. Se decreta la Ley General para la Prevención, Atención y Control para el VIH/Sida:

Ley General para la Prevención, Atención Integral y Control para el VIH/Sida

Título Primero Capítulo Primero Disposiciones generales

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés general y tiene por objeto instrumentar políticas y desarrollar programas para la prevención, la atención especializada integral y el control del virus de la inmunodeficiencia humana y del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. (VIH y Sida).

Esta ley garantizará el respeto, la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de las personas que viven con VIH y/o Sida.

Artículo 2. Las disposiciones establecidas en la presente ley, garantizarán los derechos humanos reconocidos en los instrumentos internacionales que el Estado Mexicano ha signado en materia de protección a la salud humana para lo cual se regirán por los siguientes principios:

Artículo 3. Para efectos de esta ley se entiende por:

Artículo 4. La presente Ley se aplicará de conformidad con las disposiciones de competencia que establece la Ley General de Salud y con las limitantes que establecen las respectivas disposiciones reglamentarias en la materia.

Las atribuciones que se establecen en esta Ley para las autoridades locales, se aplicarán sin menoscabo de las atribuciones concurrentes y de coordinación que establezcan otras disposiciones para las mismas autoridades locales.

Artículo 5. En lo no previsto en la presente Ley, se aplicará de manera supletoria lo dispuesto por la legislación de salud pública, las normas oficiales y los instrumentos internacionales que el Estado Mexicano ha suscrito en la materia.

Título Segundo De la prevención y educación respecto al VIH/Sida Capítulo Primero De las atribuciones en materia de prevención de VIH/Sida

Artículo 6. Las autoridades locales tendrán como uno de los ejes rectores en materia de VIH y Sida, la prevención de la transmisión del VIH.

Artículo 7. A la Secretaría de Salud, le corresponderá en coordinación con el Centro Nacional para el Control y Prevención del Sida (Censida) y en cumplimiento con los lineamientos que emita el Consejo que establece esta Ley:

I. Propondrá, elaborará, implementará y brindará seguimiento a los programas de información, prevención, protección, vigilancia epidemiológica, capacitación y orientación sobre el VIH y Sida. II. Propondrá, elaborará, implementará y evaluará los programas transversales de salud integral con la temática del VIH y Sida, dirigidos a la población abierta, tomando en cuenta parámetros de formación y edad, vulnerabilidad, género, orientación e identidad sexual, etnia de los grupos a quienes se dirijan.

Los programas tendrán como objetivo prevenir la infección del VIH a través de conocimientos basados en evidencia, y promoverán el respeto y la no discriminación a las personas que viven con VIH y Sida así como a las poblaciones de vulnerabilidad y riesgo.

Artículo 8. A la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las Secretarías de Gobierno, Salud y las autoridades de salud locales, establecerán con los órganos de representación de las industrias restauranteras, de hoteles y moteles así como en lugares de esparcimiento y espacios públicos, campañas permanentes conjuntas para brindar acceso a condones femeninos y masculinos y a la promoción de su uso adecuado y consistente, en cantidades y condiciones acordes a la demanda de la población.

Artículo 9. A la Secretaría de Educación Pública, le corresponderá fortalecer las campañas educativas que promuevan el uso adecuado y consistente del condón para evitar contraer el VIH y otras ITS.

Capítulo Segundo De las atribuciones en materia de educación respecto al VIH/Sida

Artículo 10. El Sistema Educativo Nacional a través de la Secretaría de Educación Pública deberá incluir en los programas educativos a su cargo información respecto a la prevención y atención del VIH y el Sida.

La Secretaría de Educación Pública promoverá los convenios de colaboración necesarios con los institutos y centros educativos, públicos, privados y sociales para que incorporen a sus programas educativos respecto a la prevención y atención del VIH y el Sida.

Artículo 11. Las entidades federativas y el Distrito Federal en coordinación con la Secretaría de Salud a través de sus áreas de participación ciudadana a su cargo implementarán campañas permanentes de prevención y educación comunitaria, dirigidos a la prevención del contagio a través de la realización de pruebas diagnósticas oportunas, así como la distribución contínua y consistente en cantidades acordes a la demanda de la población de condones femeninos y masculinos, así como de los materiales e insumos necesarios para la prevención y atención del VIH y el Sida.

Los programas tendrán como objetivo prevenir la infección del VIH a través de conocimientos basados en evidencia, y promoverán el respeto y la no discriminación a las personas que viven con VIH-Sida así como a las poblaciones de vulnerabilidad y riesgo.

Artículo 12. La Secretaría de Educación Pública desarrollará los convenios de colaboración con instituciones académicas y de investigación en materia de salud para que se elaboren los cursos de actualización y de capacitación al personal que atiende a personas que viven con VIH o con Sida.

Capítulo Tercero De la capacitación del personal respecto al VIH/Sida

Artículo 13. La Secretaría de Salud a través del Programa de VIH-Sida, capacitará a todo el personal del Sistema de Salud responsable de la atención, tratamiento y control de las personas que viven con el VIH-Sida, para garantizar un trato, profesional, digno, humanitario, respetuoso y seguro, salvaguardando todos y cada uno de los derechos de la persona, sobre todo su derecho a la confidencialidad y de ser informado de forma verídica y clara sobre su diagnóstico, pronóstico y tratamiento.

Artículo 14. Cualquier persona, que como efecto del trabajo hubiera sido expuesta al VIH y se conozca un riesgo real de adquirir el virus se le deberá realizar la prueba de detección de anticuerpos, y en su caso, deberá recibir de inmediato el tratamiento antirretroviral profiláctico establecido para estos casos.

Artículo 15. Todos los centros que brinden atención en salud, tienen la obligación de ofrecer protección, capacitación y condiciones de bioseguridad a las personas que se encuentran en sus instalaciones trabajando a fin de garantizar su seguridad y minimizar el riesgo de transmisión de VIH.

Título Tercero De la atención integral y el tratamiento multidisciplinarios de las personas que viven con VIH/Sida Capítulo Primero De la atención integral

Artículo 16. Ninguna persona en el territorio nacional será sometida a pruebas obligatorias para el diagnóstico de VIH, salvo en los casos que se establecen a continuación, sujetas a normas de atención y bajo consentimiento informado:

Artículo 17. Las pruebas para el diagnóstico del VIH deben realizarse acompañadas con consejería previa y posterior, con el consentimiento informado de la persona o de quien ejerza la patria potestad o tutela respecto a ella.

Los resultados de las pruebas de diagnóstico del VIH serán confidenciales y la identidad protegida.

Artículo 18. La Secretaría de Salud proporcionará el financiamiento que asegure la gratuidad del tratamiento antirretroviral en coordinación con las autoridades de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como, las autoridades federales competentes.

Artículo 19. Los centros médicos o laboratorios públicos o privados, acreditados por la autoridad competente, que detecten un caso de Sida deberán notificar este hecho de manera confidencial y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables a las autoridades sanitarias federales y locales competentes, para lo cual se llevará un registro de casos detectados y su evolución.

Artículo 20. Todo laboratorio o banco de sangre público, privado o social, donde se realicen pruebas de VIH, deberán cumplir con las disposiciones y normas oficiales que establecen las autoridades federales competentes para operar y en específico, deberán contar con personal debidamente capacitado en materia de VIH.

Artículo 21. La atención integral especializada multidisciplinaria se brindará a toda persona que vive con el VIH y/o Sida en los centros de salud especializados; los usuarios tendrán derecho a un tratamiento igualitario, oportuno, con calidad y calidez.

Artículo 22. Las prestaciones médicas y suministros de medicamentos antirretrovirales serán administrados en forma gratuita a las personas que viven con VIH y/o Sida de manera ininterrumpida y contínua de acuerdo a la determinación del tratamiento médico de acuerdo a los protocolos y modelos de atención procurando cubrir con los estándares nacionales e internacionales establecidos.

Artículo 23. La Secretaría de Salud, como política pública otorgará las prestaciones médicas y suministrará medicamentos antirretrovirales gratuitos a las personas que viven con VIH-Sida y que no posean ningún sistema de seguridad social.

Artículo 24. La Secretaría de Salud, brindará atención integral y especializada clínica, laboratorial y tratamiento para las enfermedades de transmisión sexual, VIH, Sida, enfermedades oportunistas y los efectos causados por los tratamientos antirretrovirales.

Artículo 25. Toda persona que vive con VIH o con Sida y que por su estado de salud requiera ser internada en un centro hospitalario del sector salud, deberá recibir obligatoriamente las condiciones adecuadas para el tratamiento sin ningún tipo de discriminación ni obstáculo administrativo.

Artículo 26. Las personas con enfermedad terminal recibirán una atención integral, especializada, humanitaria y solidaria, así como cuidados paliativos y tanatológicos que garantice calidad de vida y les permita acceder a una muerte digna.

Artículo 27. Nadie será discriminado en su honra y servicios fúnebres por haber fallecido y haber vivido con VIH o Sida.

Artículo 28. El gobierno federal creará los programas de apoyo a las personas que viven con VIH y/o Sida para que tengan acceso a la vivienda, capacitación laboral y fomento a actividades productivas, para su plena inserción social.

Título Cuarto Del control y vigilancia del VIH y/o Sida Capítulo Primero Del control del VIH/Sida

Artículo 30. La Secretaría de Salud será responsable en el ámbito de su competencia del control sanitario en los procesos de manipulación, obtención y almacenamiento de sangre, hemoderivados, semen, leche materna, órganos y tejidos mediante mecanismos de control efectivos y eficientes, reconocidos nacional e internacionalmente para garantizar su calidad y seguridad.

Artículo 31. La vigilancia epidemiológica para el Sida y de estudios serológicos será responsabilidad de la Secretaría de Salud en el ámbito de su competencia, a través de las unidades especializadas, con la autorización y evaluación periódica de sus contenidos.

Artículo 32. La Secretaría de Salud integrará un registro de casos de Sida y un estimado de casos de VIH, la cual reportará periódicamente al Consejo de esta Ley y al Censida, dicha información tiene por objeto facilitar la toma de decisiones respecto a la disponibilidad de servicios para la atención del VIH y el Sida de las instituciones de Salud pública, seguridad social, organizaciones no gubernamentales e instituciones de asistencia privada, estas entidades están obligadas a aplicar los instrumentos para la captura, sistematización, consolidación y reportaje de la información.

Esta información deberá entregarse en forma segmentada por edad, género, orientación sexual, vía de transmisión e instituciones que actualmente atienden o brindan seguimiento a las personas que viven con VIH y/o Sida.

Artículo 33. La Secretaría de Salud supervisará y garantizará el cumplimiento de las normas universales de bioseguridad para el manejo y uso de materiales, instrumentos y equipo en todo establecimiento de salud acreditado en el manejo de pacientes o muestras del VIH y el Sida.

Artículo 34. La Secretaría de Salud, supervisará y garantizará la adecuada, oportuna y suficiente dotación de equipamiento, instrumental, insumos y todo el material requerido así como el cumplimiento de las normas universales de bioseguridad.

Artículo 35. Toda muestra de sangre, leche materna, semen, órganos o tejidos en los que se hubiera detectado el VIH. Será reportada y luego desechada aplicando las normas de bioseguridad adoptadas para ese fin.

Artículo 36. Todo centro que brinde atención en salud tiene la obligación de desechar las muestras infectadas y desperdicios que produce, aplicando las normas y procedimientos de bioseguridad.

Artículo 37. La Secretaría de Salud diseñará, implementará, evaluará y dará seguimiento en el ámbito de su competencia a programas y acciones que permitan coadyuvar en el control epidemiológico del VIH y el Sida.

Título Quinto Del Consejo para la Prevención, Atención Integral y Control del VIH/Sida Capítulo Único Del Consejo para la Prevención, Atención Integral y Control del VIH/Sida en el Distrito Federal

Artículo 38. El Consejo, es una instancia colegiada permanente de diseño, consulta, evaluación y coordinación de las estrategias y programas de prevención, y atención integral a las personas afectadas por el VIH, Sida y otras ITS, en el que participaran los sectores público, social, privado y académico, en los términos de la normatividad que regule su integración, funcionamiento y operación.

Título Sexto Capítulo Único Del presupuesto para la instrumentación de esta ley

Artículo 39. Las autoridades locales con atribuciones para la instrumentación de la presente Ley, deberán requerir como prioritarios y con sustento en el principio de progresividad, en su presupuesto anual, las partidas y recursos necesarios para su cumplimiento.

Título Séptimo Capítulo Único De la responsabilidad de los servidores públicos

Artículo 40. Los servidores públicos de la Federación serán responsables por todo acto u omisión que viole, infrinja, incumpla o contraríe las disposiciones de esta Ley.

Artículo 41. La responsabilidad de los servidores públicos será sancionada por los órganos de control competentes de conformidad con la legislación aplicable, sin menoscabo de las acciones penales, civiles o cualquier otra que se derive de su incumplimiento.

Artículo 42. Las personas físicas o morales que actúen en contravención de lo dispuesto en la presente Ley serán responsables en términos de la legislación civil o penal de las entidades federativas y del Distrito Federal, vigentes y aquellas derivadas de la armonización legislativa en relación con la presente Ley.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los tres meses posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Presidente de la República, deberá publicar en el Diario Oficial a más tardar en 180 días naturales posteriores a la fecha en que entra en vigor la presente Ley, las disposiciones y medidas complementarias de esta Ley.

Tercero. Las entidades federativas y el Distrito Federal emitirán las normas que en su ámbito de competencia correspondan para armonizar el marco jurídico local en relación con la Ley General para la Prevención, Atención Integral y Control del VIH/Sida a más tardar en 180 días naturales posteriores a la fecha en que entra en vigor la presente Ley.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada Quezada Contreras. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Salud, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

VOLUMEN II

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 132 de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Con su venia, ciudadano presidente. Señoras y señores representantes de la nación, hace días, durante una de las reuniones de la Junta de Coordinación Política, cuando se discutió la integración, la composición de la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso de la Unión, algunos partidos objetamos la conformación, por una razón muy elemental.

A nadie escapa que una de las decisiones más importantes de las últimas legislaturas, concretamente la LVII, fue la creación, la constitución del Canal del Congreso de la Unión. Ello ha permitido que este Congreso, ambas cámaras, tengan más comunicación, y en forma permanente y directa, con los ciudadanos.

A través del canal televisivo de este Congreso, la gente, en forma creciente, cada vez más, en todos los ámbitos geográficos del país, urbanos y rurales, en las diversas regiones, se entera de los posicionamientos, de los planteamientos y del sentido del voto de los que estamos aquí integrando esta representación nacional.

Es el caso que uno de los artículos de nuestra Ley Orgánica, el 132, concretamente el numeral 2, establece que dicha Comisión Bicamaral del Canal del Congreso de la Unión se integra por tres senadores y por tres diputados. Eso trae como consecuencia, que diversos grupos parlamentarios seamos indebidamente excluidos y discriminados de formar parte de esa comisión que toma decisiones políticas institucionales importantes.

De ahí la presentación de esta iniciativa de ley de uno de los artículos, el ya mencionado, para que diga lo siguiente: ``La comisión estará integrada por un diputado y un senador representante de cada uno de los grupos parlamentarios de cada Cámara, electos por el pleno de su Cámara, a propuesta de las respectivas Juntas de Coordinación Política. En su caso, los legisladores de la comisión representarán a sus grupos parlamentarios en ambas Cámaras.''

Con ello terminaría una disposición discriminatoria y excluyente, ya que resulta a todas luces, contrario a la lógica, a la congruencia, que si todos los grupos parlamentarios, independientemente del número de nuestra composición y del peso en esta Cámara de Diputados, formamos parte de los órganos de gobierno, como es la propia Junta de Coordinación Política, como es la propia Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados en donde estamos todos representados y a contrapelo, a contracorriente, en la Comisión Bicamaral a que he aludido, cuatro de los grupos parlamentarios estamos excluidos.

Por lo que elevamos esta iniciativa a su consideración, la cual está firmada, además del suscrito, por los coordinadores del Partido del Trabajo, del Partido Convergencia, del Partido Nueva Alianza; por el vicecoordinador del Partido Verde y legisladores del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo, del Partido Convergencia, del Partido Verde y del Partido Nueva Alianza. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 132 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza , del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 132 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos según la siguiente

Exposición de Motivos

El Título Quinto de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos dispone, en el artículo 131, numeral 1, que ``el Congreso de la Unión, para la difusión de sus actividades y de acuerdo con la legislación en la materia, contará con el canal de televisión que le asigne la autoridad competente, de conformidad con las normas técnicas aplicables''.

A su vez, en el numeral 2 del mismo artículo 131 se establece que ``el canal tiene por objeto reseñar y difundir la actividad legislativa y parlamentaria que corresponda a las responsabilidades de las Cámaras del Congreso y de la Comisión Permanente, así como contribuir a informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación de los problemas de la realidad nacional vinculadas con la actividad legislativa''.

De lo anterior se desprende que el Canal del Congreso es el órgano del Congreso de la Unión encargado de informar a la sociedad de las actividades que las Cámaras del Congreso y la Comisión Permanente realicen.

Bajo este mecanismo, la sociedad mexicana, a través de las trasmisiones del canal, se entera en vivo y en directo de lo que sucede en las sesiones de pleno de las Cámaras o en las reuniones de las comisiones con lo que se garantiza una información inmediata del acontecer cotidiano de las Cámaras.

El Canal del Congreso es conducido, en cuanto al diseño de sus políticas institucionales, por una denominada Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión. Como su nombre lo indica, esta comisión se integra tanto por diputados como por senadores, estableciendo el artículo 132, numeral 2, que ``la comisión estará integrada por tres diputados y tres senadores electos por el pleno de cada Cámara, a propuesta de las respectivas Juntas de Coordinación Política. En su caso, los legisladores de la comisión representarán a sus grupos parlamentarios en ambas Cámaras''.

De lo anterior, se desprende que la comisión es paritaria en cuanto a su conformación: tres diputados y tres senadores. Sin embargo, es pertinente recordar que el artículo 70, tercer párrafo, de la Constitución General de la República establece que ``la ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados, según la afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados''.

A su vez la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos dispone, en el artículo 26, numeral 1, lo siguiente: ``Conforme a lo dispuesto en el artículo 70 constitucional, el grupo parlamentario es el conjunto de diputados según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas en la Cámara''.

Desde luego que tanto la Constitución como la Ley Orgánica son perfectamente claras en cuanto a que los grupos parlamentarios son representativos de una corriente ideológica, en consecuencia la Ley Orgánica del Congreso establece la participación paritaria de todos los grupos parlamentarios en la Junta de Coordinación Política, que es el órgano de gobierno de la Cámara de Diputados.

Si se permite la representación de los grupos parlamentarios en el órgano de gobierno en la Cámara, no debe existir impedimento legal alguno para que como en el caso de la comisión bicamaral del Congreso los grupos parlamentarios estén ahí representados en forma paritaria.

La propuesta que hoy se presenta en este pleno tiene el propósito de que, con vocación democrática, en la comisión bicamaral del Congreso de la Unión todos los grupos parlamentarios que legalmente se constituyen en las dos Cámaras estén representados en dicha comisión.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 132 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el numeral 2 del artículo 132 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 132

Transitorio

Único . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado Ibarra Pedroza.Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Señoras diputadas y señores diputados, informo a ustedes que tenemos la visita de mujeres líderes de Aguascalientes, que fueron invitadas por la diputada Margarita Gallegos Soto .

De igual manera, el diputado Ricardo Ahued, invitó a los estudiantes de la Universidad Hernán Cortés, de Xalapa, Veracruz, quienes nos acompañan esta mañana en este recinto.

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado José Luis Marcos León Perea, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4o. y 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado José Luis Marcos León Perea: Con su permiso, señor presidente. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 4o. y 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que presentan los diputados sonorenses del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Pesca, 80 por ciento de las regiones en las que habitan los pescadores presentan índices de intensidad migratoria baja, muy baja o nula, por lo que se concluye que, pese a las malas condiciones en las que viven y al estado actual de las pesquerías, estos actores se encuentran arraigados al lugar en que habitan, por lo que resulta imperativo para el Estado mexicano velar por el desarrollo sustentable de las comunidades pesqueras y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Los empleos directos que genera la actividad pesquera son alrededor de 306 mil (pescadores y acuicultores) distribuidos: 42 por ciento en la región del Pacífico, 8 por ciento en entidades sin litoral y 40 por ciento en el Golfo de México y en el Caribe mexicano.

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) reporta 306 mil pescadores y acuicultores, de los cuales 70 por ciento son pescadores ribereños que habitan en 557 municipios; 66 por ciento de ellos vive en índices de marginación muy alta, alta y media, lo que significa que 6 de cada 10 personas que habitan en estos municipios viven en condiciones de pobreza, y 317 municipios que tienen la actividad pesquera y/o acuícola presentan un riesgo nutricional alto, muy alto y extremo.

La pesca deportiva recreativa, prevista en el artículo 4o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, es una actividad que ha resultado ser una importante fuente de divisas, con beneficios en varios sectores de la economía de algunas regiones del país.

El artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables establece que las especies denominadas marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, en todas sus variedades biológicas, quedan destinadas de manera exclusiva para la pesca deportivo-recreativa, dentro de una franja de 50 millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial.

Esta pesca no se practica en todas las regiones debido a que no existe una infraestructura adecuada para ello; sin embargo, bajo las condiciones actuales, la pesca deportiva no presenta la capacidad para aprovechar al máximo el potencial pesquero en México, por lo que el excedente del recurso ---desde el punto de vista biológico-pesquero--- puede ser aprovechado para la pesca ribereña con un estricto control por parte de la Conapesca.

El artículo 10 de la Ley Federal para el Fomento de la Pesca, de 1972, estableció por primera vez en la legislación nacional que la explotación de especies como marlín, pez vela, sábalo, pez gallo y dorado era exclusiva para la pesca deportiva; la razón de esto se debió a que flotas de Estados Unidos de América y Japón pescaban indiscriminadamente estas especies, por lo que el gobierno federal tomó las medidas necesarias a efecto de garantizar que los recursos pesqueros fueran para beneficio de los mexicanos. Esta ley limitaba este uso preferencial al mar territorial, el cual abarca 12 millas náuticas; área en la cual la nación ejerce plena soberanía.

En cuanto a la especie denominada ``dorado'', es un depredador habitante de los mares templados y tropicales de todos los océanos. La especie aporta importantes volúmenes de alimento en las islas del Caribe y del Pacífico y representa una de las principales pesquerías comerciales de Florida, Costa Rica y Ecuador. En el océano Pacífico su explotación ha sido de gran importancia en las aguas costeras centroamericanas.

El pez dorado que se captura en pesca deportiva en el golfo de California se congela y se lleva a los países de origen de los pescadores deportivos, generalmente hacia Estados Unidos. El dorado que es capturado por los ribereños tiene diversos destinos: menos de 2.6 kilogramos se va al mercado nacional, más de 2.6 kilogramos al mercado internacional y se vende a 4 o 6 pesos el kilogramo, mientras que el valor comercial del dorado es de aproximadamente 100 pesos en filete.

En el Pacífico norte el pez dorado habita la zona biogeográfica tropical, la cual se extiende desde el Ecuador hasta el sur de la península de Baja California. En el golfo de California existe un patrón migratorio entre ambas costas a la altura de Guaymas y Santa Rosalía durante los meses de julio a septiembre. Es de hacer notar que la especie se reproduce todo el año, teniendo cada hembra, en cada desove, de 80 mil a 100 mil huevecillos.

El 9 de junio de 2005 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a través de la Conapesca, emitió un permiso de pesca de fomento para la evaluación del pez dorado al Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor), en la ciudad y puerto de Guaymas, Sonora. El resultado a que se llegó por parte del Cibnor es que el pez dorado está subexplotado, o sea, que tenemos una biomasa muy importante para la región de Guaymas y Bahía de Kino.

México es el único país en el mundo que prohíbe la pesca comercial del pez dorado, que se mantiene reservada únicamente para la pesca deportiva. La biomasa de esta especie corre en las costas de otros países, donde es permitido capturarlo, y en Chile es capturado y se hace harina de pescado para el alimento del ganado.

Por lo anterior, el pez dorado también puede ser utilizado en algunas regiones del país por la pesca ribereña. Por eso, si las autoridades en el país reconocen la salud en algunas poblaciones de peces destinados para la pesca deportiva, también debe realizarse la modificación a la legislación de la materia, de tal forma que estos recursos puedan ser aprovechados por la mayoría de los mexicanos, en particular los de más bajos ingresos, y no por unos cuantos.

Es necesario reconocer que actualmente los pescadores ribereños no cuentan con posibilidades de ingreso, ya que no hay fuentes de empleo y que el ingreso que obtienen, producto de su autoempleo, se deteriora cada mes.

Por esto resulta necesario actualizar el marco jurídico actual, con el fin de adecuarlo a la nueva realidad del país y en especial de las comunidades pesqueras, y con esto proteger a la población de más bajos recursos, como son los pescadores ribereños.

Por todo lo anterior, la presente iniciativa de reforma a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables propone abrir el marco jurídico de la pesca como alternativa al conflicto de intereses que existe en relación a la pesquería de estas especies, de forma tal que permitan la coexistencia de las dos modalidades de captura con la menor interacción posible y que garantice los niveles adecuados de la pesquería a la pesca deportiva.

Por todo lo expuesto y fundado me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 4 y 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.

Artículo primero. Se adiciona el numeral 18 del artículo 4 y se recorren los numerales siguientes de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

Artículo cuarto. Para los efectos de esta ley, se entiende por...

Numeral 18. Declaración de excedentes; documento emitido por el titular de la secretaría, publicado en el Diario Oficial de la Federación, por medio del cual se señalan las especies destinadas a la pesca deportiva y recreativa, de la que existen excedentes, para su captura comercialmente, así como las regiones para realizarla.

Se recorren las siguientes fracciones, del numeral 18 al 52.

La Secretaría podrá otorgar concesiones para la pesca comercial de especies destinadas a la pesca deportiva-recreativa, a la pesca comercial o de consumo doméstico, en los términos de la presente ley, previa declaración de excedentes que se emitirá mediante acuerdo del titular, el cual se publicará en el Diario Oficial de la Federación.

La declaración de excedentes a que se refiere el párrafo anterior se emitirá previo dictamen técnico de Inapesca, en la que se establecerán las especies de las que existan excedentes, y en su caso, las regiones para la captura de las mismas, la cual se incluirá anualmente en la Carta Nacional Pesquera, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de esta ley.

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Solicito se integre al Diario de los Debates y pido a mis compañeros diputados, sobre todo a los compañeros de los 17 estados ribereños del país, se unan a esta iniciativa.

Atentamente, diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez , diputado Jesús Alberto Cano Vélez , diputado José Luis Marcos León Perea , diputado Onésimo Mariscales Delgadillo , diputado Ernesto de Lucas Hopkins , Miguel Ernesto Pompa Corella y diputado Rogelio Díaz Brown. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 4 y 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado José Luis Marcos León Perea y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados José Luis Marcos León Perea , Jesús Alberto Cano Vélez , Onésimo Mariscales Delgadillo , Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez , Miguel Ernesto Pompa Corella , Ernesto de Lucas Hopkins , Rogelio Díaz Brown, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía iniciativa que adiciona los artículos 4 y 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la fracción XXVII del artículo 4 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, pesca es el acto de extraer, capturar o recolectar, por cualquier método o procedimiento, especies biológicas o elementos biogénicos, cuyo medio de vida total, parcial o temporal, sea el agua. Este ordenamiento jurídico no define quién es pescador; sin embargo, con fundamento en el artículo mencionado, un pescador, por definición, es aquella persona que se dedica a la pesca por oficio o por afición, y en México se diferencian tres tipos:

La actividad pesquera se divide en pesca ribereña, de mediana altura y de altura, su producción se orienta al mercado regional, cubriendo así la necesidad de consumo interno.

La pesca ribereña se lleva a cabo por embarcaciones menores de diversa eslora, con artes de pesca muy variables y que muestran una alta diversidad de especies blanco en sus capturas. Así, son sujeto de captura, los crustáceos como la jaiba, los moluscos como el ostión, el caracol y los peces que conforman la escama ribereña. La escama ribereña se clasifica en especies de primera, segunda y tercera por su aceptación y valor y aporta el 74 por ciento de la pesca ribereña.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), el 80 por ciento de las regiones en que habitan los pescadores presentan índices de intensidad migratoria de baja, muy baja o nula, por lo que se concluye que, pese a las malas condiciones en las que viven y el estado actual de las pesquerías, estos actores se encuentran arraigados al lugar que habitan, por lo que resulta imperativo para el Estado mexicano velar por el desarrollo sustentable de las comunidades pesqueras y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

En el párrafo cuarto del artículo 27 de la Constitución se establece el fundamento constitucional de la actividad pesquera, el cual señala que ``corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas...''. Los párrafos quinto, sexto, séptimo y octavo de este artículo señalan que ``...el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes''.

Los empleos directos que genera la actividad pesquera son alrededor de 306 mil (pescadores y acuicultores) distribuidos 42 por ciento en la región del Pacífico, 8 por ciento en entidades sin litoral y 40 por ciento en el Golfo de México y en el Caribe Mexicano. La pesca es una actividad que fortalece el desarrollo regional y representa una solución para el desempleo rural, además de ser una valiosa fuente de alimento para la población marginada del país.

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) reporta 306 mil pescadores y acuicultores, de los cuales 70 por ciento son pescadores ribereños que habitan en 557 municipios, el 66 por ciento de ellos viven en índices de marginación de muy alta, alta y media, lo que significa que 6 de cada 10 personas que habitan en estos municipios viven en condiciones de pobreza y 317 municipios que tienen actividad pesquera y/o acuícola presentan un riesgo nutricional de alto, muy alto y extremo.

Los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Constitución establecen la rectoría económica del Estado. El sector pesquero representa una importante actividad productiva y económica para el desarrollo de la nación, por lo cual, el fundamento constitucional para el fomento y desarrollo de la misma, se encuentra previsto fundamentalmente por los párrafos 1, 2 y 6 del artículo 25, al señalar que

La importancia de la pesca ribereña en los litorales de países de regiones tropicales y subtropicales, como México, estriba en el papel que desempeña como generadora de fuentes de trabajo y de alimento para consumo humano directo.

La pesca deportivo recreativa, prevista en el artículo 4 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, es una actividad que ha resultado ser una importante fuente de divisas, con beneficios en varios sectores de la economía de algunas regiones del país.

El artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables vigente establece que ``las especies denominadas marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, en todas sus variedades biológicas, quedan destinadas de manera exclusiva para la pesca deportivo-recreativa, dentro de una franja de cincuenta millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial [...]''. Sin embargo, esta pesca no se practica en todas las regiones, debido a que no existe una infraestructura adecuada para ello, sin embargo, bajo las condiciones actuales, la pesca deportiva no presenta la capacidad para aprovechar al máximo el potencial pesquero en México, por lo que el excedente del recurso (desde el punto de vista biológico pesquero), puede ser aprovechado por la pesca ribereña con un estricto control por parte de la Conapesca.

El artículo 10 de la Ley Federal para el Fomento de la Pesca de 1972 (DOF 25-05-72), estableció por primera vez en la legislación nacional, que la explotación de especies como marlín, pez vela, sábalo, pez gallo y dorado, era exclusiva para la pesca deportiva; la razón de esto se debió a que flotas de Estados Unidos de Norteamérica y Japón pescaban indiscriminadamente estas especies, por lo que el gobierno federal tomó las medidas necesarias a efecto de garantizar que los recursos pesqueros fueran para beneficio de los mexicanos. Esta ley limitaba este uso preferencial al mar territorial, el cual abarca doce millas náuticas, área en la cual la nación ejerce plena soberanía.

El 10 de diciembre de 1982, el Ejecutivo federal, a través de su plenipotenciario, firmó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (DOF 01-06-83), que entró en vigor para México el día 16 de noviembre de 1994. El artículo 55 de la Convención, establece la zona económica exclusiva, la cual conforme al artículo 57 tendrá una extensión de de 200 millas náuticas contadas a partir de la línea de costa hacia el océano (370.4 kilómetros), en la que el estado ribereño tiene los derechos y la jurisdicción que establece en artículo 56, entre los que se encuentran ``derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar...''

La celebración de esta convención trajo como consecuencia la necesidad de reformar el artículo 10 de la Ley Federal para el Fomento de la Pesca de 1972, mediante la cual, la exclusividad de las especies para pesca deportiva quedó limitada a 50 millas náuticas a lo largo de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial, por considerar que éste era un espacio suficiente para la pesca deportiva y así promover la utilización óptima de los recursos pesqueros conforme al máximo rendimiento sostenible, y que el Ejecutivo federal --con base en los estudios pertinentes-- expidiera los permisos de pesca comercial y deportiva de estas especies fuera del área reservada. Posteriormente, con la expedición de la Ley Federal de Pesca de 1986 (DOF 26-12-1986), se retomó en el artículo 59 la reserva de las mismas especies para la pesca deportiva.

En la Ley de Pesca de 1992, (DOF 25-06-92), se estableció nuevamente la reserva de especies destinadas a la pesca deportiva, aunque en esta legislación no se establecían las especies reservadas y lo remitía al Ejecutivo federal para que fuera este quién las identificara a través del reglamento de la ley.

El Instituto Nacional de Pesca ha reportado que más del 70 por ciento de las pesquerías comerciales han rebasado ya los niveles óptimos de sustentabilidad por lo que es necesario se exploren nuevos recursos con el fin de no generar mayor daño a las poblaciones de las especies comerciales, ya que las especies que tradicionalmente son capturadas por los pescadores ribereños, se encuentran en sus máximos niveles de explotación, lo cual no permite que se incremente el esfuerzo pesquero sobre estas especies por lo que es necesaria la diversificación de la pesca hacia otros recursos que muestren salud en sus poblaciones, haciéndolo de manera responsable y no generar ningún daño.

Las evaluaciones nacionales e internacionales con las que se cuenta del pez vela (Istiophorus platypterus ), el marlín rayado (Tetrapturus audax ), y el pez espada (Xiphias gladius ), y algunas especies de marlín, dan evidencias de una tendencia positiva que indica una etapa de recuperación de la población posterior a un período de intensa explotación realizada por la flota palangrera internacional que operó a partir de 1963 en la región que hoy constituye la zona económica exclusiva de México, y también indicador de que el recurso se encuentra subutilizado con un potencial pesquero que podría incrementarse hasta niveles cercanos y aún superiores al nivel de esfuerzo reportado por la mencionada flota mexicana. También mencionan que el pez vela es un recurso sano, de rápido crecimiento, alta fecundidad, largos periodos de actividad reproductiva y extensa zona de reproducción.

En cuanto a la especie denominada dorado (Coryphaena hippurus), es un depredador habitante de los mares templados y tropicales de todos los océanos. La especie aporta importantes volúmenes de alimento en las islas del Caribe y del Pacífico y representa una de las principales pesquerías comerciales de Florida, Costa Rica, Ecuador. En el océano Pacífico, su explotación ha sido de gran importancia en las aguas costeras centroamericanas, presentando una mayor abundancia en períodos de mayor afloramiento de algas, y un aumento del zooplancton, los cuales se presentan en la época de lluvias.

El pez dorado que se captura en pesca deportiva, en el golfo de California, se congela y se lleva a los países de origen de los pescadores deportivos, generalmente hacia Estados Unidos. El dorado que es capturado por los ribereños tiene diversos destinos: menos de 2.6 kilogramos se va al mercado nacional, más de 2.6 kilogramos al mercado internacional y se vende a 4 o 6 pesos el kilogramo, mientras que el valor comercial del dorado, es de aproximadamente 100 pesos el filete. Por lo anterior, se concluye que el 35 por ciento de la pesca del pez dorado se va al mercado nacional y el resto al internacional; a nivel mundial, el principal proveedor de éste es Japón y Taiwán, seguido de Brasil y Pakistán. Los principales proveedores de Estados Unidos son China, Costa Rica, Panamá y Vietnam.

Adicionalmente, esta especie es considerada como un excelente prospecto para la realización de cultivos comerciales a gran escala, ya que posee un crecimiento y tasas de conversión de alimentos mayores que las mejores especies de peces de cultivo. Su carne, de excelente calidad, es muy preciada en la unión americana y países orientales, a donde se realizan las principales exportaciones. En el Pacífico norte, el pez dorado habita la zona biogeográfica tropical, la cual se extiende desde el Ecuador hasta el sur de la península de Baja California. En el golfo de California existe un patrón migratorio entre ambas costas a la altura de Guaymas --Santa Rosalía durante los meses de julio a septiembre. Es de hacer notar que la especie se reproduce todo el año, con dos máximos de reproducción marcada en los meses de marzo a abril, y de agosto a octubre, teniendo cada hembra en cada desove, de ochenta mil a cien mil huevecillos.

El día 9 de junio del 2005, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a través de la Conapesca, emitió un permiso de pesca de fomento para la evaluación del pez dorado al Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor), en la Ciudad y Puerto de Guaymas, Sonora. El resultado a que se llegó, por parte del Cibnor, es que el pez dorado está subexplotado. Los cálculos de abundancia en el estado de Sonora obtenidos, con estimaciones directas y tasa de remoción de carnada, mostraron biomasas mayores a 1550 toneladas para la región de Guaymas--Bahía de Kino.

México es único país en el mundo que prohíbe la pesca comercial del pez dorado, y se mantiene reservada únicamente para la pesca deportiva. La biomasa de esta especie, corre hacia las costas de otros países donde si está permitido capturarlo, los cuales aprovechan este recurso, que en las costas mexicanas no se lleva a cabo en su totalidad. En Chile se captura y procesa para alimento de ganado, lo que nos habla de la alta disponibilidad del recurso.

Por lo anterior, el pez dorado también puede ser utilizado en algunas regiones del país por la pesca ribereña, ya que según afirmaciones del ingeniero Ramón Corral, Comisionado de Pesca y Acuacultura, en la décimo cuarta reunión plenaria de la Comisión de Pesca de la LX Legislatura, ``las poblaciones de estas especies se encuentran en buenas condiciones para ello'', sin dejar de señalar que en algunas regiones lo han subnombrado como ``hacha'' explotándolo comercialmente. Por ello, si las autoridades en el país reconocen la salud en algunas poblaciones de peces destinados para la pesca deportiva, también se debe realizar la modificación a la legislación de la materia, de tal forma que estos recursos puedan aprovechados por la mayoría de los mexicanos, en particular los de más bajos ingresos, y no por unos cuantos.

La situación económica en la que el país se encuentra reporta un rendimiento económico trágico; los actuales indicadores reportan un crecimiento económico de 3.3 por ciento para el 2007, 1.35 para el año 2008; -8.03 para el primer trimestre del 2009 y -10.25 por ciento en el segundo trimestre de este mismo año; como es evidente, estos índices económicos no pueden ser comparados a los que se presentaron en los años sesenta, cuyo promedio fue del 6.4 por ciento anual. La inflación en 2007 fue de 3.76, 6.53 en el 2008 y para el primer trimestre del 2009 6.04 y 5.74 por ciento en el segundo trimestre de este año y actualmente se registra un porcentaje cercano al 5 por ciento (4.89 por ciento según Banxico), el porcentaje de inflación acumulada es del 6.05 por ciento anual, sin considerar los resultados al cierre del 2009.

El tipo de cambio peso-dólar, inicia con 10.90 pesos por dólar en el 2007; 13.77 en el 2008 y durante estos tres trimestres se ha ido moviendo de 14.39 en el primer trimestre; 13.18 en el segundo y 13.55 en el tercer trimestre de 2009; otro indicador fundamental a considerar, en perjuicio de las comunidades pesqueras, es la tasa de desempleo actual; si bien no se cuenta con datos sobre la tasa de desempleo del periodo contra el cual se confrontan estos datos; si puede asegurarse que la tasa de desempleo actual es la más alta de los últimos 26 años, en los años del actual periodo de gobierno, los índices de desempleo fueron, en 2007 de 3.4 por ciento, en 2008 de 4.32, y en los tres trimestres del 2009 se han registrado 4.76, 5.17 y 6.41 por ciento respectivamente; estos indicadores, confirman que el periodo de recesión ha pasado al de depresión o crisis económica, a diferencia de la situación económica que prevalecía a la fecha de la expedición de la Ley Federal para el Fomento de la Pesca de 1972, la cual era altamente positiva, lo que trajo como consecuencia una grave crisis alimentaria, debido a la caída del poder adquisitivo, especialmente en los sectores de más bajos ingresos, que por estos factores económicos, ya no pueden adquirir alimentos.

Estudios del Centro Regional de Investigación Pesquera del Inapesca, que datan desde 1985, concluyen que la legislación actual provoca un incremento en la captura comercial de estas especies realizadas clandestinamente, además de que la pesca incidental no se reporta, dificultándose así la evaluación de la pesquería.

El diseño de políticas públicas debe considerar necesariamente, que los actores son diferentes, es necesario reconocer que actualmente los pescadores ribereños no cuentan con posibilidades de ingreso ya que no hay fuentes de empleo, y que el ingreso que obtiene producto de su auto empleo, se deteriora cada mes. Por esto resulta necesario actualizar el marco jurídico actual, con el fin de adecuarlo a la nueva realidad del País y en especial, de las comunidades pesqueras y con esto, proteger a la población de más bajos recursos, como lo son los pescadores ribereños, conforme al mandato constitucional establecido en el artículo 25 de la Constitución General de la República.

El artículo 133 de la Constitución, establece la supremacía constitucional de la misma sobre las demás normas jurídicas y define el orden jerárquico normativo aplicable a la nación, al señalar que:

Con relación a esta disposición constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió jurisprudencia firme sobre su interpretación, en la que establece que los tratados internacionales se encuentran jerárquicamente por debajo de la Constitución y por arriba de las leyes generales, por lo tanto, los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo federal y aprobados por el Senado, con fundamento en los artículos 89 y 76 constitucionales, son vinculantes y obligan a toda la nación.

Relacionado con esto, en materia de tratados internacionales el Ejecutivo federal, por conducto de su enviado plenipotenciario, firmó el 23 de mayo 1969, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, cuyo decreto de promulgación fue publicado en el DOF el 14 de febrero de 1975 y entró en vigor, para México el 27 de enero de 1980. El artículo 62 de este tratado, establece un principio de derecho, denominado por la doctrina como cláusula rebus sic stantibus, al permitir dar por terminada una relación jurídica, cuando por circunstancias imprevisibles se ven alteradas las obligaciones que se deben las partes, en este caso los sujetos de la ley, y señala a la letra lo siguiente:

a) la existencia de esas circunstancias constituyera una base esencial del consentimiento de las partes en obligarse por el tratado; y b) ese cambio tenga por efecto modificar radicalmente al alcance de las obligaciones que todavía deben cumplirse en virtud del tratado. a) si el tratado establece una frontera; o b) si el cambio fundamental resulta de una violación por la parte que lo alega, de una obligación nacida del tratado o de otra obligación internacional con respecto a cualquier otra parte en el tratado.

Este principio, es también conocido en la doctrina como teoría de la imprevisión. La imprevisión, como sucede con todos los hechos políticos, económicos y sociales es algo que está presente en toda relación jurídica. Una de las garantías individuales que establece la Constitución vigente, es la garantía de seguridad jurídica. El derecho es una ciencia que se debe ir adaptando a las necesidades de la sociedad, por esto, el sistema jurídico mexicano, debe adecuar la legislación a las nuevas realidades económicas políticas y sociales de nuestro país, buscando precisamente, la consolidación de esa seguridad jurídica, ajustando el marco legal a esa nueva realidad.

Esta teoría de la imprevisión debe ser implícitamente reconocida en las relaciones jurídicas aplicables en México, cuando se produzcan modificaciones substanciales imprevisibles por el cambio de las condiciones existentes, respecto a las habidas al momento de emitir una disposición jurídica, por lo que las obligaciones futuras deberán ser equitativamente reajustadas.

De acuerdo con lo que dispone el artículo 133 de la Constitución, al ratificar el Estado mexicano, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ésta se convirtió en Ley Suprema de toda la Unión, por lo que su observancia es obligatoria para toda la nación, y cuya aplicación, fue reconocida por el Poder Judicial de la Federación, estableciendo que tratándose de concesiones o autorizaciones para explotar los recursos naturales del país, se deberán ajustar a ésta, ya que los derechos adquiridos, no podrán prevalecer contra el interés general del principio constitucional de no retroactividad, como se señala en la siguiente tesis:

Por todo lo anterior, la presente iniciativa de reformas a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables propone abrir el marco jurídico de la pesca, como alternativa al conflicto de intereses que existe en relación a la pesquería de estas especies de forma tal, que permitan la coexistencia de las dos modalidades de captura con la menor interacción posible y que garantice los niveles adecuados de pesquería a la pesca deportiva.

Según recomendaciones del Inapesca, esto se puede lograr implementando un programa precautorio que permita un monitoreo continuo de los niveles de explotación de estas especies, con objeto de evaluar continuamente el estado del recurso, por esto, la presente iniciativa propone modificar el artículo 68 de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables, para permitir a los pescadores ribereños la pesca de especies reservadas a la pesca deportiva.

La presente iniciativa de reforma, propongo implementarla mediante una nueva figura jurídica llamada ``declaración de excedentes'', la cual, conforme a lo dispuesto por los artículos 16 y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se emitirá mediante acuerdo del titular de la Sagarpa publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el que se establecerán las regiones donde se podrán pescar estas especies, así como las especies reservadas a la pesca deportiva que estarán abiertas a la pesca comercial o a la pesca de consumo doméstico, previo dictamen técnico del Inapesca, quién podrá también delimitar regiones exclusivas para la pesca deportiva, en aquellas regiones en las que ésta represente mayores beneficios económicos.

Adicionalmente se establece que, con el fin de que las especies y regiones establecidas en el acuerdo mencionado, sean contempladas en la Carta Nacional Pesquera, que emite la Conapesca anualmente, la cual, conforme a los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, ya es un instrumento vinculante es decir, de observancia obligatoria y con esto otorgar la posibilidad de desarrollo a las comunidades pesqueras que cuenten con una opción alimentaria nutritiva para estas comunidades, las que actualmente no cuentan con poder adquisitivo para hacerse de los alimentos básicos necesarios para su auto consumo, y darles la posibilidad de hacerse llegar de recursos a través del auto empleo en la pesca de estas especies.

Por todo lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona los artículos 4 y 68, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Artículo Primero. Se adiciona el numeral XVII del artículo 4 y se recorren los numerales siguientes de la de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

Artículo 4. Para los efectos de esta ley, se entiende por:

Artículo Segundo. Se adicionan los párrafos segundo y tercero del artículo 68, y se recorre el actual párrafo segundo de la de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

Artículo 68. Las especies denominadas marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, quedan destinadas de manera exclusiva para la pesca deportivo-recreativa, dentro de una franja de cincuenta millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial.

La Secretaría podrá otorgar concesiones para la pesca comercial de especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa, a la pesca comercial o de consumo doméstico, en los términos de la presente ley, previa declaración de excedentes que se emitirá mediante acuerdo del titular, la cual se publicará en el Diario Oficial de la Federación.

La declaración de excedentes a que se refiere el párrafo anterior se emitirá previo dictamen técnico del Ina-pesca, en la que se establecerán las especies de las que existan excedentes y en su caso las regiones para la captura de las mismas, la cual se incluirá anualmente en la Carta Nacional Pesquera conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de esta ley.

No podrán realizarse actividades de pesca distintas a las de investigación, sobre las especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa en las áreas de reproducción que establezca la Conapesca mediante disposiciones reglamentarias.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría realizará las previsiones presupuestales y las adecuaciones necesarias en el reglamento de la ley, para la implementación del presente decreto en un plazo de 60 días naturales contados a partir de la fecha en que entre en vigor el presente decreto.

Tercero. Las regiones y especies que podrán ser pescadas por la pesca ribereña serán inscritas en la Carta Nacional Pesquera que se emita para el año 2010.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado León Perea.Túrnese a la Comisión de Pesca.

Se pospone la participación del diputado Agustín Castilla Marroquín , acerca de los artículos 71 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CODIGO PENAL FEDERAL - LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS - LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivosy de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho: Con su permiso, diputado presidente. Presentamos este paquete de reformas en el contexto de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y niñas que comprende entre el 25 de noviembre, Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres y Niñas, y el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, esperando contar con la sensibilidad de las diputadas y diputados integrantes de las comisiones que habrán de dictaminar la iniciativa de decreto que se propone, al tenor de los siguientes motivos:

La violencia familiar, también conocida como violencia doméstica, era considerada hace décadas como un asunto privado. Ahora la violencia de la familia, perpetrada particularmente contra las mujeres, es considerada como una violación a los derechos humanos, una crisis en materia de salud pública y una amenaza para la seguridad humana, el desarrollo y la paz. Es un asunto de interés público.

México ha suscrito y ratificado diversos instrumentos internacionales que han recomendado a los Estados legislar sobre violencia familiar, introduciendo e incrementando las sanciones penales, civiles, laborales y administrativas que garanticen el acceso a la justicia y reparación del daño.

En este orden de ideas, la Ciudad de México es pionera en legislar e implementar políticas públicas enfocadas a la problemática que nos ocupa, dando cumplimiento a los instrumentos internacionales.

En cuanto a la violencia familiar, la ley en comento define en su artículo 7o. que violencia familiar es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguineidad o afinidad de matrimonio, concubinato o mantenga o haya mantenido una relación de hecho.

La presente iniciativa propone que en esta definición se incluyan los tipos de parentesco, el civil que se da entre adoptante y adoptado.

Por otra parte, la citada ley general señala en su artículo 9o. que, con el objetivo de contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres dentro de la familia, los poderes legislativos federal y locales, en el respectivo ámbito de sus competencias, considerarán:

I. Tipificar el delito de violencia familiar que incluya como elemento del tipo los contenidos en la definición prevista en el artículo 7o. de esta ley.

En este sentido es que se propone reformar los artículos 343 Bis y 343 Ter del Código Penal Federal en los cuales actualmente se tipifica el delito de violencia familiar.

Se propone que el artículo 343 Bis contenga como elementos del tipo de violencia familiar los señalados en los artículos 7o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, eliminando del actual tipo de violencia familiar el que ésta se ejerza de manera reiterada y que se ejerza por parientes que habiten en la misma casa de la víctima. En este mismo artículo se propone aumentar la penalidad para este delito cuando en su ejercicio se em-pleen armas de fuego.

En el artículo 343 Ter se propone se incluyan las definiciones de los tipos de violencia que pueden generarse en el ámbito familiar. Se propone reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos a efecto de garantizar, en primer término, que aquellas personas que cuenten con antecedentes de haber ejercido violencia en el ámbito familiar no puedan poseer armas en el domicilio ni obtener licencia para portarlas.

Se propone que se reforme el artículo 31 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, adicionándole una fracción IX y recorriéndose la subsecuente, a efecto de que se establezca como causal de cancelación de licencias de portación de armas, el ejercer violencia en el ámbito familiar contra las mujeres o contra algún miembro de la familia.

Se propone adicionar un artículo 31 Bis a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en la cual se establezcan los casos en las cuales procederá la suspensión de licencias de portación de armas de fuego; suspensión que actualmente se encuentra regulada en el mismo artículo 31, que habla de la cancelación de licencias de portación.

En este artículo 31 Bis se propone como nuevo supuesto para que proceda la suspensión de licencias de portación de armas la declaración de alerta de violencia de género, en términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En lo que se refiere a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en su Título Cuarto, ``Sanciones'', se propone se derogue la fracción I, del artículo 77, donde se sanciona tan sólo con 10 a 100 días de multa a quienes poseen armas, sin haber hecho la manifestación de las mismas a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Consideramos que la posesión de armas, sin hacer la manifestación correspondiente, cumpliendo con los requisitos indicados que se propone, debe sancionarse más severamente. Así, se sugiere adicionar un artículo 77 Bis para sancionar con penas de 2 a 7 años de prisión y de 50 a 200 días de multa a quien posea armas en el domicilio sin haber hecho la manifestación correspondiente a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Se propone adicionar un artículo 83 Quintus para sancionar con penas de dos a siete años de prisión y de 50 a 200 días de multa, además de la prohibición permanente para poseer en el domicilio y/o portar armas de fuego a quien las utilice para ejercer violencia en el ámbito familiar.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ha previsto en su artículo 30 una serie de órdenes de protección preventivas, entre las cuales se encuentra, en su fracción I, la referente a la retención y guarda de armas de fuego, propiedad del agresor o de alguna institución privada de seguridad, independientemente si las mismas se encuentran registradas conforme a la normatividad en la materia.

En este sentido, consideramos necesario que se introduzca también, como orden de protección preventiva, la retención y guarda de armas de fuego de servidores públicos que las porten con motivo del desempeño de su cargo o empleo, y no sólo la retención y guarda de armas de fuego de particulares; así se propone adicionar una fracción II, recorriéndose las subsecuentes al artículo 30 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Solicito que se inserte la presente íntegramente en el Diario de los Debates. Pido a mis compañeras diputadas y a los compañeros interesados en este tema y, sobre todo de solucionarlo, que apoyen esta iniciativa. Es cuanto. Gracias.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal; y de las Leyes Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada María Araceli Vázquez Camacho en nombre propio y de diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del PRD a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentamos ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La violencia familiar también conocida como violencia doméstica, era considerada hasta hace apenas dos décadas como un asunto privado, ahora la violencia en la familia, perpetrada particularmente contra las mujeres es considerada como una violación de los derechos humanos, una crisis en materia de salud pública y una amenaza para la seguridad humana, el desarrollo y la paz, es un asunto de interés público toda vez que su atención va directamente encaminada a procurar el bienestar de la propia familia, a evitar su desintegración y a garantizar el respeto a la dignidad y derechos de sus miembros.

El vivir bajo condiciones de violencia genera en quien la vive, ya sea directa o indirectamente, efectos devastadores incrementándose los problemas de salud tanto física como mental, mayor posibilidad de detonar problemas de fármaco dependencia y alcoholismo; también se tiene noticia que el ejercicio reiterado y continuado de la violencia en la familia constituye un factor criminológico importante, al ocasionar en los individuos pérdida de autoestima e inseguridad, que con el transcurso de los años pueden llevarlos a incurrir en conductas delictivas; la violencia en la familia es causa de su desintegración así muchos menores y adolescentes llegan inclusive a considerar la calle como un lugar más seguro que la propia casa. De esta manera la violencia familiar es sin duda generadora de diversos problemas macro sociales que impactan de manera sustantiva a la sociedad.

La violencia hacia las mujeres en el ámbito familiar tiene altos costos en la economía de los países, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo los costos de la violencia contra las mujeres oscilan entre el 1.6 y el 2 por ciento del producto interno bruto de los países de Latinoamérica

Ante esta grave problemática, en nuestro país se comenzaron a concretar diversas acciones dirigidas a su atención y prevención esto a partir de que nuestro país suscribió y ratificó diversos instrumentos internacionales como la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979 , la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de 1994, instrumentos en los cuales se ha recomendado a los estados parte el legislar sobre violencia familiar introduciendo e incrementando las sanciones penales, civiles, laborales y administrativas que garanticen el acceso a la justicia y la reparación del daño, reconociendo que la violencia contra la mujer en el ámbito familiar es una violación a los derechos humanos. En este sentido el papel de diversos sectores y organizaciones de la sociedad civil fue importante ya que constantemente demandaban la adopción de medidas legislativas, implementación de políticas públicas y mecanismos judiciales que garantizaran el derecho de vivir una vida libre de violencia en el ámbito familiar, sobre todo a aquellos miembros de la familia que más la padecen como lo son las mujeres; en el Distrito Federal, estadísticas nos dan cuenta que 96 de cada 100 personas que viven violencia en la familia son mujeres.

El Distrito Federal ha sido sin duda la entidad federativa pionera en legislar e implementar políticas públicas enfocadas en la problemática que nos ocupa, dando cumplimiento a los instrumentos internacionales antes referidos, así el Distrito Federal fue la primera entidad federativa en contar con una Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, como originalmente se le denominó para después reconocerse sólo como violencia familiar, también en el Distrito Federal se concretó por primera vez que la violencia familiar fuera tipificada como delito y ubicada como causal de divorcio en su Código Civil (hasta octubre de 2008 por la introducción del divorcio incausado), el Distrito Federal es actualmente la única entidad del país que cuenta con un sistema de Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, creadas ex profeso para atender y prevenir la problemática, contando con una Unidad en cada una de sus 16 demarcaciones territoriales. Estos avances en la capital del país fueron modelo para que en otras entidades se comenzara también a legislar y a implementar políticas públicas sobre el tema.

No obstante estos avances la violencia familiar y particularmente hacia las mujeres en el ámbito familiar continúa siendo un problema a resolver; así la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares aplicada en 2003, dio cuenta de que el 47 por ciento de las casi 19 mil 500 mujeres que fueron encuestadas había sufrido al menos un incidente de violencia de pareja en los últimos doce meses, de las cuales 38 por ciento reportaron violencia emocional (insultos, chantajes, amenazas, control, humillaciones, etcétera), 29 por ciento violencia económica (control de ingresos familiares, condicionamiento económico, prohibición para realizar trabajos remunerados, etcétera), 9 por ciento violencia física (agresiones dirigidas a dañar o lastimar el cuerpo) y 8 por ciento reportaron haber sufrido al menos un incidente de violencia sexual (violación, prácticas sexuales no deseadas, etcétera).

Por otra parte la encuesta nacional sobre violencia contra las mujeres aplicada en el año 2003 a 26 mil 42 mujeres reveló que el 26 por ciento de las encuestadas afirmó el haber experimentado alguna vez en su vida una relación violenta, cuyo principal agresor fue la pareja esto en el 74 por ciento de los casos; conforme a este ejercicio las entidades federativas que reportaron mayor incidencia de violencia de pareja fueron Quintana Roo, Tlaxcala, Coahuila, Nayarit y Oaxaca.

Sin embargo no se cuenta actualmente con estudios y cifras exactas del número de muertes que produce la violencia familiar, muertes que representan la manifestación más extrema de este problema, se trata pues de algo real, pero que se encuentra no visibilizado. La existencia de algunos datos sobre el número de muertes que se originan a causa de la violencia que se vive en la familia nos indican la gravedad del problema, ``datos de la Secretaría de Salud sobre homicidios perpetrados contra mujeres en el Distrito Federal durante 1996 señalan que el 44 por ciento fue a consecuencia de efectos tardíos de lesiones ocasionadas por un tercero. En el hogar ocurrió el 35 por ciento de las muertes femeninas. Un tercio de las asesinadas había sido previamente víctima de violencia, lo que indica que sus muertes pudieron prevenirse. ¹

Ante este panorama y ante la necesidad de reforzar el marco jurídico existente el 1 de febrero de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ordenamiento que tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desa-rrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no discriminación. A partir de la publicación de esta ley los legislativos de las entidades federativas se dieron a la tarea de expedir sus respectivas Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece tipos y modalidades de violencia, contempla cinco tipos de violencia: psicológica, física, patrimonial, económica y sexual. Y contempla 5 modalidades de la violencia: en el ámbito familiar, la laboral y docente, en la comunidad, la institucional y la feminicida.

En cuanto a la violencia familiar la ley en comento define en su artículo 7 que ``Violencia Familiar: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.''

La presente iniciativa propone que en esta definición se incluya en los tipos de parentesco el civil que se da entre adoptante y adoptado.

Por otra parte la citada Ley General señala en su artículo 9 que ``Con el objeto de contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres dentro de la familia, los poderes legislativos, federal y locales, en el respectivo ámbito de sus competencias, considerarán: Fracción I. Tipificar el delito de violencia familiar, que incluya como elementos del tipo los contenidos en la definición prevista en el artículo 7 de esta ley;...''

En este sentido es que se propone reformar los artículos 343 Bis y 343 Ter del Código Penal Federal en los cuales actualmente se tipifica el delito de violencia familiar, se propone que el artículo 343 Bis contenga como elementos del tipo de violencia familiar los señalados en el artículo 7 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, eliminando del actual tipo de violencia familiar el que ésta se ejerza de manera reiterada y que se ejerza por parientes que habiten en la misma casa de la víctima; en este mismo artículo se propone aumentar la penalidad para este delito cuando en su ejercicio se empleen armas de fuego, sin perjuicio de las sanciones a que se harán acreedores sus poseedores y/o portadores conforme a la normatividad de la materia. En el artículo 343 Ter se propone se incluyan las definiciones de los tipos de violencia que pueden generarse en el ámbito familiar.

Por otra parte es importante que si bien la violencia familiar y en particular la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar constituye en sí misma un riesgo para la vida de quien la padece, este riesgo aumenta significativamente cuando se involucra el uso de un arma. ``Un arma aumenta las posibilidades de muerte 12 veces en comparación con otros medios de violencia. En Francia donde existen 30 armas por cada 100 personas, el 33 por ciento de las mujeres mueren a causa de disparos provenientes de sus parejas. En los Estados Unidos donde existen 96 armas por cada 100 personas, este porcentaje se eleva al 66 por ciento. En Su-dáfrica, una mujer es asesinada a disparos por su pareja actual o anterior cada seis horas. ²

En México no se cuenta con cifras oficiales sobre el particular solamente se cuenta con algunas estadísticas de asociaciones no gubernamentales sobre el número de armas en posesión de civiles como la encuesta aplicada por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia AC. que da cuenta de que el 15 por ciento de los adultos con credencial para votar poseen armas, es decir, que 11 millones y medio de mexicanos aceptan que ellos o su familia tienen armas de fuego. La Encuesta de armas pequeñas 2004: derechos en riesgo, realizada por el Instituto de Postgrado de Altos Estudios Internacionales en Ginebra sostiene ``que la evidencia respalda la conclusión de que en México existen mucho más armas pequeñas y armamentos ligeros que las cifras oficiales y señala que estimaciones extraoficiales (armas sin registro) las sitúan entre dos a 15 millones; las armas de fuego en manos de militares se estiman extraoficialmente en 1 millón y armas de fuego detentadas por oficiales de policía en 425 mil''. ³

De acuerdo a las cifras de la Dirección General de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional ``el número de armas registradas en México a enero del 2003 era de 4 millones 492 mil 692 armas. Cifra que aún considerando que no haya sufrido incrementos o modificaciones para el 2005 y que sólo exista un arma por hogar, arroja un porcentaje de que el 17.68 por ciento de los hogares mexicanos cuenta con un arma. Sin embargo esta estadística puede estar bastante distante de la realidad. Las anomalías del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos se hicieron más evidentes en el 2001 cuando en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2001 presentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sólo se encontraron los registros de 2 millones 121 mil 384 armas entre 1972 y diciembre de 2001 en los informes mensuales y trimestrales sobre la emisión de licencias y permisos, así como los registros de armas de fuego, que son remitidos al Estado Mayor Presidencial y a la Inspección y Contraloría General. En el 2002, la propia Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos había reportado a la ASF que desde que entró en vigor la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos vigente en 1972 hasta el 2001 el Registro Federal de Armas de Fuego contaba con 5 millones 443 mil 574 licencias. En los años 2000 y 2001 no se actualizaron las altas del Registro y no hay tampoco coherencia entre los movimientos al contabilizarse 94 mil 135 movimientos de armas en un documento y registrándose sólo 62 mil 397 en esos años. Una nueva cifra se desprende de una sección del sitio de Internet de la Sedena que en base a la Ley de Transparencia responde a las preguntas de los ciudadanos. A la pregunta sobre el número de armas de fuego registradas por personas físicas y morales, públicas o privadas desde la entrada en vigor de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (1972) al 13 de septiembre de 2003, Sedena respondió 1 millón 494 mil 321 armas.'' ⁴

Este panorama no es alentador y nos puede dar una idea del grave riesgo que significa poseer armas en el domicilio, cuando por infortuna el fenómeno de la violencia familiar y la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar se encuentra tan difundido.

``Hasta ahora, la mayoría de los estudios disponibles sobre lo que aumenta el riesgo de que una mujer muera en el hogar se ha llevado a cabo en los países del norte. Estos estudios han mostrado que el acceso a un arma puede aumentar el riesgo de muerte hasta cinco veces. Un estudio comparativo de en 25 países de ingresos altos reveló que donde las armas de fuego son más disponibles más mujeres son asesinadas. Al considerar los delitos violentos, es natural centrarse en el papel de las armas ilegales. Pero en realidad, la mayoría de las armas utilizadas en homicidios domésticos son legales. También es importante considerar el uso indebido de las armas por el sector de la seguridad, incluidos los agentes de policía y soldados cuando están fuera de sus horas de servicio. El fenómeno afecta también a las sociedades en el postconflicto donde muchas armas siguen en circulación y el estrés postconflicto, las perspectivas económicas limitadas y una baja en los servicios básicos se combinan para agravar el problema de la violencia doméstica. La Ley puede ayudar. Australia, Canadá, Sudá-frica y Trinidad y Tobago se encuentran entre los pocos países que han armonizado sus marcos jurídicos, entre la concesión de licencias de armas y la violencia doméstica. Esto significa que la ley de armas prohíbe la tenencia de armas a los autores de la violencia doméstica, y la Ley sobre la violencia doméstica exige el retiro de las armas existentes. De hecho esta prohibición se incluye en las recomendaciones de 1996 sobre la legislación de violencia doméstica del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer. Además, en 2008, un grupo de expertos organizado por la División de las Naciones Unidas para el Adelanto de la Mujer recomendó que las órdenes de protección para las víctimas de la violencia en el hogar incluyan la prohibición de comprar, usar o poseer un arma de fuego. ⁵

Por todo lo anterior y siguiendo el ejemplo de países como Australia, Canadá, Sudáfrica y Trinidad y Tobago, por medio de la presente iniciativa proponemos reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos a efecto de garantizar en primer término que aquellos que cuenten con antecedentes de haber ejercido violencia en el ámbito familiar, no puedan poseer armas en el domicilio, ni obtener licencias para portarlas, así se propone se reforme el artículo 15 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para que quienes deseen poseer un arma en el domicilio tengan que cumplir con ciertos requisitos que son: I. Tener un modo honesto de vivir; II. Haber cumplido, los obligados, con el Servicio Militar Nacional; III. No tener impedimento físico o mental para el manejo de las armas; IV. No haber sido condenado por delito cometido con el empleo de armas; V. No consumir drogas, enervantes o psicotrópicos; y VI. No tener antecedentes de ejercer violencia en el ámbito familiar contra las mujeres o contra algún otro miembro de la familia. Se entenderá por violencia en el ámbito familiar aquellos actos abusivos de poder dirigidos a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a cualquier miembro de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, siempre que el agresor tenga o haya tenido una relación de parentesco civil, por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.

Lo anterior resulta necesario toda vez que el actual contenido del artículo 15 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos da pauta a que cualquier persona pueda poseer un arma en el domicilio, sin que desde el texto de la propia ley, se establezca ningún tipo de requisito para tal posesión de armas. Como puede advertirse dentro de los requisitos propuestos se incluye el referente a no tener antecedentes de ejercer violencia en el ámbito familiar contra las mujeres o contra algún otro miembro de la familia, incluyéndose una definición de lo que se entenderá por violencia en el ámbito familiar, definición que se apega en cuanto a su contenido a lo establecido en el artículo 7 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Por otra parte se propone se reforme el artículo 31 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos adicionándole una fracción IX y recorriéndose la subsecuente a efecto de que se establezca como causal de cancelación de licencias de portación de armas, el ejercer violencia en el ámbito familiar contra las mujeres o contra algún otro miembro de la familia.

Se propone adicionar un artículo 31 Bis a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en el cual se establezcan los casos en los cuales procederá la suspensión de licencias de portación de armas de fuego, suspensión que actualmente se encuentra regulada en el mismo artículo 31 que habla de la cancelación de licencias de portación. En este artículo 31 Bis se propone como nuevo supuesto para que proceda la suspensión de licencias de portación de armas la declaración de la alerta de violencia de género, en términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Finalmente y en lo que se refiere a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en su Título Cuarto de sanciones se propone se derogue la fracción I del artículo 77, donde se sanciona tan sólo con diez a cien días de multa a quienes posean armas sin haber hecho la manifestación de las mismas a la Secretaría de la Defensa Nacional. Consideramos que la posesión de armas sin hacer la manifestación correspondiente cumpliendo con los requisitos indicados que se proponen debe de sancionarse más severamente, así se sugiere el adicionar un artículo 77 Bis para sancionar con penas de dos a siete años de prisión y de cincuenta a doscientos días de multa a quien posea armas en el domicilio sin haber hecho la manifestación correspondiente a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Se propone adicionar un artículo 83 Quintus para sancionar con penas de dos a siete años de prisión y de cincuenta a doscientos días de multa, además de la prohibición permanente para poseer en el domicilio y/o portar armas de fuego, a quien las utilice para ejercer violencia en el ámbito familiar.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ha previsto en su artículo 30 una serie de órdenes de protección preventivas, entre las cuales se encuentra en su fracción I la referente a la retención y guarda de armas de fuego propiedad del agresor o de alguna institución privada de seguridad, independientemente si las mismas se encuentran registradas conforme a la normatividad de la materia.

En este sentido consideramos necesario el que se introduzca también como orden de protección preventiva la retención y guarda de armas de fuego de servidores públicos que las porten con motivo del desempeño de su cargo o empleo y no sólo la retención y guarda de armas de fuego de particulares, así se propone adicionar una fracción II recorriéndose las subsecuentes al artículo 30 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Presentamos este paquete de reformas en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y niñas que comprenden entre el 25 de noviembre Día internacional contra la violencia hacia las mujeres y niñas, y el 10 de diciembre Día internacional de los derechos humanos, esperando contar con la sensibilidad de las diputadas y diputados integrantes de las comisiones que habrán de dictaminar la iniciativa de decreto que se propone.

Por lo anteriormente expuesto proponemos a esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Artículo Primero. Se reforman los artículos 343 Bis y 343 Ter del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 343 Bis. Comete el delito de violencia familiar quien ejerza algún acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a cualquier miembro de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, siempre que se tenga o haya tenido relación de parentesco civil, por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.

A quien comete el delito de violencia familiar se le impondrá de seis meses a seis años de prisión así como pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima, incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y en su caso a juicio del juez prohibición de ir a lugar determinado o de residir en él. Asimismo se le sujetará a tratamiento psicológico especializado. La sanción privativa de libertad prevista en este artículo se aumentará hasta dos terceras partes si en el ejercicio de la violencia familiar se emplearon armas de fuego, sin perjuicio de las sanciones a que se harán acreedores sus poseedores y/o portadores conforme a la normatividad de la materia.

Artículo 343 Ter. Para efectos del artículo anterior se entiende por:

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 15; artículo 26 párrafo primero; se adicionan una fracción IX al artículo 31 y se recorren las subsecuentes; se adicionan los artículos 31 Bis, 77 Bis y 83 Quintus; se derogan el último párrafo del artículo 31 y la fracción I del artículo 77 todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:

Artículo 15. En el domicilio se podrán poseer armas para la seguridad y defensa legítima de sus moradores. La posesión de armas impone el deber de manifestarlas a la Secretaría de la Defensa Nacional, para su registro

Para poseer armas en el domicilio en los términos de este artículo deberá quien las manifieste cumplir con los siguientes requisitos:

Por cada arma se extenderá constancia de su registro

Artículo 26. Las licencias particulares para la portación de armas serán individuales para personas físicas, o colectivas para las morales, y podrán expedirse cuando se cumplan los requisitos siguientes; además de lo establecido en el artículo 15 de esta Ley:

Artículo 31. Las licencias de portación de armas podrán cancelarse, sin perjuicio de aplicar las sanciones que procedan, en los siguientes casos:

Artículo 31 Bis. La suspensión de las licencias de portación de armas, sólo procederá en los siguientes casos:

Artículo 77. Serán sancionados con diez a cien días de multa:

Artículo 77 Bis. Se sancionará con penas de dos a siete años de prisión y de cincuenta a doscientos días de multa a quien posea armas en el domicilio sin haber hecho la manifestación correspondiente a la secretaría de la defensa nacional.

Artículo 83 Quintus. Se sancionará con penas de dos a siete años de prisión y de cincuenta a doscientos días de multa, además de la prohibición permanente para poseer en el domicilio y/o portar armas de fuego, a quien las utilice para ejercer violencia en el ámbito familiar en términos de la fracción VI del artículo 15 de la presente ley.

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 7; se adiciona una fracción II al artículo 30, y se recorren las subsecuentes todas de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 7. Violencia Familiar: es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco civil, por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.

Artículo 30. Son órdenes de protección preventivas las siguientes:

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Tercero. El Ejecutivo federal emitirá las reformas necesarias al Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Cuarto. En un marco de coordinación, las Legislaturas de los estados, promoverán las reformas necesarias a sus legislaciones penales, para dar cumplimiento a lo previsto por la fracción I del artículo 9 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dentro de un término de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Notas: 1. Propuestas para la prevención de la Violencia Familiar. Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, AC. 2. IANSA Red Internacional de acción contra las armas ligeras. 3. Coss Nogueda, Magda. Armas pequeñas y ligeras: Caso México. Centro Mexicano de Análisis Estratégico y Negociación. México, DF, septiembre de 2005. 4. Ibidem. 5. Boletín No. 19 IANSA Red Internacional de acción contra las armas ligeras. El peligro dentro: armas de fuego en el hogar.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Vázquez Camacho.Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia, de Defensa Nacional y de Equidad y Género.

Quiere hacer uso de la palabra la diputada Pérez de Tejada.

La diputada María Elena Pérez de Tejada Romero (desde la curul): Gracias, presidente. Quiero pedirle a la diputada que me permita adherirme y, además, sobre todo, resaltar el tema de que en los gobiernos estatales deben seguir la armonización de estas iniciativas, especialmente en el estado de México, por la gran problemática que hay sobre homicidios dolosos de mujeres.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Diputada Vázquez Camacho, la diputada Pérez de Tejada solicita su autorización o su opinión acerca de adherirse a su propuesta.

La diputada Araceli Vázquez Camacho (desde la curul): Sí, estoy de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo la diputada. Por tanto, las compañeras y los compañeros que deseen suscribir la iniciativa de la diputada Vázquez Camacho, favor de pasar a la Secretaría a firmar el documento correspondiente.

LEY DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o., 5o. y 7o. de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, a nombre de los diputados federales por Nuevo León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman los artículos 3o., en sus fracciones I y VII; 5o., párrafo primero, y 7o., párrafo primero, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.

La energía eléctrica y el gas natural hoy representan las energías, conjuntamente con las gasolinas y el diesel, que mayor impacto tienen sobre el bienestar de las familias y el desarrollo de la industria.

Desde hace muchos años estos elementos se han convertido en productos de lujo para las familias y la industria. Ello es evidente en las zonas de mayor pobreza del país, y en otras en que los costos de los mismos los hacen inaccesibles para mitigar los estragos, producto de condiciones climáticas extremosas como en los estados del norte del país.

En fecha reciente se daba cuenta de que México paga el gas natural al doble del precio de lo que está en el mercado de Estados Unidos, y es actualmente el más caro del mundo. No ha sido suficiente con las coberturas contratadas por Pemex para mitigar estos efectos, ya que la cobertura se contrató a 9 dólares por millón de BTU, con un dólar a 11 pesos y actualmente está ya casi en 14. Así el costo para el consumidor nacional se incrementó en 27 por ciento tan sólo por el propio aumento en el tipo de cambio.

En este sentido, cuando se trata de dilucidar la competencia en materia de fijación de las tarifas, las autoridades han evadido la responsabilidad alegando incompetencia, aunque la Comisión Reguladora de Energía cuenta con las atribuciones de aprobar los términos y condiciones a que deberán sujetarse las ventas de primera mano de gas natural y expedir las metodologías para la determinación de sus precios.

Para evitar pretextos se hace necesario dar mayor claridad a las disposiciones legales y precisar que esta comisión emita opiniones de carácter vinculatorio, es decir, obligatorias para quien tenga la competencia legal y evitar que las empresas de manera unilateral decidan disminuir o aumentar los precios como sucede actualmente.

Es imperativo que la Comisión Reguladora de Energía asuma de inmediato su responsabilidad en todo lo relacionado con la fijación de las tarifas de gas natural. Para ello se dota a esta comisión de mayor autonomía de decisión a través de la designación misma de los comisionados, quienes serán nombrados por el Senado de la República a propuesta del titular del Ejecutivo federal.

Otro aspecto fundamental es que la comisión actúe de manera supletoria para la fijación de las tarifas de venta al consumidor final, de los productos vinculados con la energía eléctrica y el gas natural, o que quien teniendo la atribución no la ejerza.

Se establece que las tarifas tomen en cuenta los promedios latinoamericanos, para estar en condiciones de competitividad y que sea abandonado el concepto llamado ``costo de oportunidad'' por ser altamente arbitrario, y sustituirlo por criterios más objetivos.

El gas natural y la energía eléctrica deben ser vistos no como negocio, sino como un elemento del desarrollo. Al sector industrial se le está afectando dándose el cierre generalizado de empresas, que implica la pérdida de empleos, por estos precios elevados de insumos básicos como el gas natural, que se conjugan con factores de disminución en la demanda, derivados de la crisis económica.

El Estado debe fortalecer las Pymes, que como lo sabemos, la crisis ha hecho que 4 de cada 10 microempresas cierren o se reciclen en la informalidad y que trabajen a menos de 30 por ciento de su capacidad instalada. Son parte importante de las cadenas productivas y las grandes generadoras de empleos, de las clases medias y bajas.

Su apoyo es un medio de redistribución social del ingreso. Existen 2 millones 899 mil microempresas, 101 mil pequeñas empresas y 27 mil medianas empresas, en comparación con las 19 mil 900 grandes empresas registradas en los censos económicos.

Las microempresas generan 6 millones 347 mil empleos; las pequeñas, 2 millones 58 mil, y las medianas, 2 millones 317 mil, en comparación con las grandes que generan 4 millones 318 mil.

Es decir, las micro, pequeñas y medianas empresas, generan casi 70 por ciento de los empleos en nuestro país.

Esta iniciativa tiene como finalidad que se establezcan precios justos de los suministros de energía, sobre todo de gas natural, que lo vean como un elemento para el desarrollo del país y de justicia social.

Por lo expuesto, propongo al pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto en los términos publicados en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 3, 5 y 7 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, a cargo del diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados por Nuevo León del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura, Eduardo Alonso Bailey Elizondo , María de Jesús Aguirre Maldonado , Rogelio Cerda Pérez , Benjamín Clariond Reyes Retana , María Cristina Díaz Salazar , Ildefonso Guajardo Villarreal , Felipe Enríquez Hernández , Marcela Guerra Castillo y Fermín Montes Cavazos , en ejercicio de la facultad concedida en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman los artículos 3, en sus fracciones I y VII; 5, párrafo primero; y 7, párrafo primero, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.

Exposición de Motivos

La energía eléctrica y el gas natural al día de hoy representan las energías, conjuntamente con las gasolinas y el diesel, que mayor impacto tiene sobre el desarrollo de la industria y sobre el bienestar de las familias. Forman la energía eléctrica y el gas natural un elemento de primera necesidad, para el conjunto de todos los mexicanos, como nación y como ente familiar.

Parte importante del proceso de producción está determinado por los costos que se dan en los procesos productivo y que se ven reflejados en los costos finales de estos procesos, impactando de manera directa en las ventajas, o no, competitivas que tenemos como país.

De igual forma estas dos energías forman parte de las condiciones mínimas de bienestar para los hogares de los mexicanos, satisfaciendo sus necesidades más elementales de supervivencia.

Desde hace muchos años estos elementos que se consideran indispensables han comenzado a convertirse en productos de lujo para las familias quienes se ven a menudo privados de ellos disminuyendo su calidad de vida. Ello es muy evidente en lugares en donde se carece totalmente de los mismos, marcadamente en las zonas de mayor pobreza del país y en otros que si bien el nivel de vida no es de extrema pobreza, los costos de los mismos los hacen inaccesibles para mitigar los estragos producto de condiciones climáticas extremosas, lo cual se manifiesta de manera importante en los estados del norte del país.

Por ello es inaceptable que en México se tenga el gas natural con precios que se consideran de los más elevados del mundo. En este sentido en fecha reciente (02-06-2009), en Internet se daba cuenta de que ``México paga el gas natural al doble del precio de lo que está en el mercado de Estados Unidos de América y es actualmente el más caro del mundo, con un precio de 9 dólares por millón de BTU, que se incrementará en el verano a 9.50, en tanto que el precio de referencia en el mercado del sur de Texas está en 4.56 dólares y para el verano se espera un precio similar''.

Es así como existe una problemática que se está presentando de manera recurrente en todas aquellas ciudades en donde se consume o se está introduciendo el gas natural, tanto para uso domestico, como para uso industrial, en las que se está incrementando los precios sin control alguno. Sin que haya una instancia con la suficiente autonomía que permita tomar decisiones más allá de los criterios eficientitas de las áreas del Estado encargadas de su producción, explotación, transporte y distribución o, en su caso, de venta tanto de primera mano como de venta final.

En este sentido no es suficiente con las coberturas contratadas por Pemex y que en todo caso son recursos de los contribuyentes, ya que las cobertura se contrató a 9 dólares por millón de BTU con un precio de la moneda estadounidense de 11 pesos; actualmente, el dólar está en 14 pesos y el costo para el consumidor nacional se incrementó 27 por ciento, tan sólo por el aumento en el tipo de cambio.

En diversas entidades de la federación existen empresa como la de gas natural, sólo por mencionar una de las más importantes que en periodos muy cortos de tiempo vienen incrementado los precios sin explicación alguna, dejando al consumidor totalmente indefenso. Esto es especialmente grave sobre todo en las clases más desprotegidas que se ven imposibilitadas de pagar los altos costos y sin que cuenten con una autoridad visible a la cual acudir en defensa de sus derechos.

Es de señalar que de igual manera al sector industrial se le está afectando seriamente, al grado que se ha dado el cierre generalizado de empresas en algunas zonas del país, lo que está implicando la pérdida de empleos. Teniéndose poca claridad en este momento cual es el factor de mayor incidencia en el cierre de empresas, en que se conjugan estos precios elevados de insumos básicos como el gas natural, con factores de disminución demanda, derivados de la crisis económica mundial, y su muy mal manejo en nuestro país, como lo han reconocido pensadores que han obtenido el premio Nobel en la materia; o bien por el mal manejo de la epidemia de la influenza. Pero no hay duda alguna que la elevación de los precios de estos insumos básicos en la producción, como lo son la energía eléctrica y gas, tienen un alto impacto en los precios finales, por lo que siguen siendo determinantes en el cierre de una gran cantidad de industrias de la que se puede dar cuenta por el alto crecimiento del desempleo en el país.

En todo caso, es claro que cuando se trata de dilucidar la competencia en materia de fijación de las tarifas, sobre todo cuando se plantea en plan de reclamo, las autoridades siempre han evadido la responsabilidad que les corresponde, alegando todas ellas falta de competencia, lo cual no tiene sustento alguno. Sin embargo ello motiva que se legisle con claridad a efecto de dar certeza en la fijación de esas tarifas, para el caso en que la normatividad no sea suficientemente clara, o que las áreas sustantivas rehúsen la responsabilidad de la fijación de éstas.

La Comisión Reguladora de Energía, en términos de la ley que la rige, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía que tiene por objeto promover el desarrollo eficiente del transporte, almacenamiento y distribución de gas natural, y cuenta con las atribuciones de ``aprobar los términos y condiciones a que deberán sujetarse las ventas de primera mano de gas natural y expedir las metodologías para la determinación de sus precios''.

Siendo también su atribución ``otorgar y revocar los permisos y autorizaciones, así como expedir las disposiciones administrativas de carácter general aplicables y para el otorgamiento de permisos para la prestación de los servicios de transporte y distribución de gas natural por medio de ductos''.

Como se puede apreciar está claro que las atribuciones existen, aunque sea sujeta a interpretación en el sentido de que, si parte de los términos y condiciones, significan la posibilidad del establecimiento de las tarifas, o cuál es el alcance que tiene el concepto de ``los términos'', por lo que se hace necesario darle mayor claridad a las disposiciones legales y precisar que esta comisión emita opiniones de carácter vincualtorio, es decir que se deben de tomar en cuenta de manera obligatoria por quien tenga la competencia legal para el establecimiento de las tarifas correspondientes y con ello se puedan tomar medidas de interés general que beneficien a núcleos de población en específico y al país en general.

Con ello se propone que las autoridades actúen y eviten situaciones, en donde a pesar de los reclamos ciudadanos, que ven que en un solo bimestre se les ha llegado a incrementar el precio del gas natural hasta en 300 por ciento, no intervine, dejando de cumplir su función como Estado.

Ante ello las empresas de manera unilateral en algunos casos decide disminuir los precios, o condonaciones parciales, Esto es los precios los suben y los bajan las empresas de manera arbitraria, lo cual es totalmente inaceptable en un servicio de carácter público, de primera necesidad para la población y para el desarrollo de la industria nacional, concesionado a particulares.

Se insiste, es inaceptable la forma arbitraria con que se aumentan o disminuyen los precios, ante la complacencia de las autoridades encargadas de regular este precio y el servicio prestado. Sólo a manera de ejemplo se menciona que hace algunos años se podía apreciar algunas diferencias en los cobros que realiza una sola empresa, como lo es la de Gas Natural, quien por metro cúbico de esta energía cobraba en diversas ciudades los precios siguientes: en Monterrey 1.51, Nuevo Laredo 1.97, Saltillo 1.85, Toluca 1.20, DF 1.58, Mexicali 2.92, Durango 2.93, Piedras Negras 1.49 y 1.95. Evidentemente en la actualidad son superiores pero igualmente diferenciados.

Por lo anterior, es imperativo que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía asuman de inmediato su responsabilidad en todo lo relacionado con la prestación del servicio, la fijación de tarifas, instalaciones y medidas de seguridad relacionadas con el gas natural. Dotando a esta comisión de mayor autonomía de decisión y, sobre todo, que sus resoluciones sean de carácter obligatorio para quienes tiene la responsabilidad de la fijación de las tarifas. Ello a través de la designación misma de los comisionados, quienes deben de ser nombrados por el Senado de la República a propuesta del titular del Ejecutivo federal.

Otro aspecto fundamental es que esta ley actué de manera supletoria para el caso en que no esté establecida la atribución específica para algún ente del Estado mexicano la fijación de las tarifas de venta al consumidor final de los productos vinculados con la energía eléctrica y el gas natural. Tarifas en las cuales se obliga a la Comisión Reguladora de Energía a revisar la conformación de éstas, tomando en cuenta los promedios latinoamericanos, de economías semejantes a la nuestra, para estar en condiciones de competitividad, abandonando los actuales precios de referencia con economía en niveles de desarrollo muy superior al nuestro y con condiciones que no responden a la realidad mexicana. Abandonando también el concepto actual contenido en la reglamentación del llamado ``costo de oportunidad'' por ser altamente arbitrario y sustituirlo por criterios más objetivos, lo cual nos podrá ayudar a avanzar en la solución de la problemática de las tarifas de gas natural en el corto plazo.

Recientemente representantes de la iniciativa privada manifestaban que ``para incentivar esa productividad que el precio del gas natural deberían establecerlo México y Estados Unidos de América, respondiendo a la demanda que hubiera de parte de la cadenas productivas y no por la que marque el sur de Texas''. En México el precio de referencia es el que se establece en la región de Texas, dependiendo de las estaciones del año, ``lo que altera la oferta-demanda en el consumo es que si hay mayor consumo en Texas trae como consecuencia un precio superior en México, entonces pedimos que se regule un precio que no constituya un desequilibrio en la temporada invernal'', por lo que no conveniente que en el precio se establezca con base en el precio de la unidades BTU que se fijan en el sur de Texas y con criterios tan poco previsibles como son los climatológicos. Por ello es que en la presente iniciativa se prevé que el criterio para la fijación de las tarifas sea con elementos más objetivos que deberán de establecer los comisionados, quienes en los términos de la propia legislación vigente tienen amplia capacidad técnica para hacerlo.

Los sectores productivos se han manifestado en diversas ocasiones por la necesidad de incentivos, para la creación de empleo y el crecimiento del país. Recientemente, el martes 22 de noviembre, uno de los principales empresarios del país, el señor Carlos Slim, hacía hincapié en la necesidad de incentivar a las Pyme y eso pasa porque los insumos, como el gas natural y la energía eléctrica, sean pagados a precios razonables que permitan su desarrollo y no su cierre, como se ha venido ocasionado con los altos precios a los que se distribuyen, los cuales deben de ser vistos, no como negocio sino como un elemento de desarrollo. Si lo que se requiere son recursos, el Estado debe de voltear sus ojos a otros ámbitos que tienen que ver con la recaudación y la ineficiencia de las instituciones del Estado encargadas de ella. No es posible que en la recaudación del IVA, por ejemplo, se tuviera ya un menos 59.2 mil millones de pesos, con una tendencia decreciente de 8.4 mil millones de pesos por mes, de ahí la proyección presentada por el secretario de Hacienda para el final del año de menos 112.3 mil millones de pesos (estimando las últimos 5 meses en menos 10.6 mil millones de pesos mensuales). O bien, en el caso del IETU, en que se estima que se recauda un porcentaje cercano al 40 por ciento por debajo de lo estimado. Además de que se estima por algunos analistas que el costo de la recaudación en México es de 60 centavos por cada peso que se obtiene.

En este mismo sentido, merece la pena continuar con la revisión del gasto presupuestal ya que en los últimos 10 años de administración panista ha crecido en 198 por ciento, mientras que la inflación ha sido sólo del 63 por ciento, sobre todo en el rubro de gasto corriente como se pretendía en el Presupuesto recién aprobado en donde el gasto a inversión no crecía y se mantenía la tendencia a fortalecer este gasto corriente, manteniendo una burocracia sobrepagada e ineficiente a la luz de los resultados: decrecimiento de aproximadamente 8 por ciento (el último año de gobierno priista fue con crecimiento de 7 por ciento), y el aumento del desempleo a una tasa de 2.3 por ciento a 6 por ciento en el mismo periodo. Y sólo en este año el número de pobres aumentó en 6 millones, llegándose a 50 millones. Todo ello aún cuando se obtuvieron 2 billones 200 mil millones de pesos adicionales, derivados del incremento de los precios del petróleo lo cuales fueron derrochados en gasto corriente.

Por ello es necesaria una mayor participación del Estado para el fortalecimiento de las Pyme que, como sabemos, están pasando por momentos difíciles: en agosto del presente año los diarios daban cuenta de que ``la crisis económica ha hecho que 4 de cada 10 microempresas cierren o se reciclen en la informalidad'', informó el presidente de la Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios, Pedro Salcedo García. Y que ``las pequeñas y medianas empresas (Pyme) ya trabajan a menos de 30 por ciento de su capacidad instalada, contra 50 por ciento de hace un año, por lo que han empezado a reducir sus jornadas laborales, sin importar que no reciban apoyos a través del programa para empresas en paro técnico''.

Sabemos que las Pyme son parte importante de las cadenas productivas, son ellas apoyo para las grandes empresas y son, sobre todo, las grandes generadoras de empleo, que significan fuentes de ingresos y de bienestar para las familias de las clases medias y bajas De ahí que su apoyo no sólo es indispensable en el desarrollo de la economía, es también un importante medio de redistribución social de los ingresos.

Por ello, como se mencionó, ``el empresario Carlos Slim destacó que es necesario impulsar proyectos productivos, sobre todo en apoyo a la pequeña y mediana industria, para crear empleos y con ello abatir la pobreza, de ahí la necesidad de que se impulsen programas productivos, sobre todo en zonas de marginación que son una buena oportunidad para el sector privado''.

En este sentido, se inscribe esta iniciativa que tiene como finalidad de que se establezcan precios justos en los suministros de energía, sobre todo de gas natural que se vea más allá del negocio, que lo vean como un elemento indispensable para el desarrollo del país, apoyando a toda la cadena productiva y, sobre todo, como elemento de justicia social, a través de una instancia del Estado que emita opiniones de carácter obligatorio que cuente con la mayor autonomía posible de parte de sus integrantes.

En atención a lo anterior, los diputados de diferentes entidades federativas hemos venido alzando la voz desde hace ya varios años a través de diversos medios para que se establezcan tarifas justas en la luz eléctrica y el gas natural por medio de puntos de acuerdo, reuniones con autoridades y hasta con manifestaciones públicas, con la finalidad de que las autoridades y empresas atiendan el reclamo de los ciudadanos, de una escrupulosa regulación de las tarifas del gas natural, atendiendo a una visión de Estado, sobre un servicio de carácter público, que permite a los particulares la comercialización de un bien que originariamente es de todos los mexicanos. Planteamientos a los cuales siempre se ha hecho caso omiso, sin argumentos claros y siempre escudándose en la opacidad de la ley en cuanto a las atribuciones para a la fijación de las tarifas, argumentando una libertad de mercado y libre competencia, pero siempre en perjuicio de los consumidores.

Como legisladores y representantes populares rechazamos que en aspectos tan sensibles como lo es el acceso a los productos de primera necesidad para la población y para el desarrollo industrial del país se atienda a los aspectos puramente económicos, de mercado, de rentabilidad para quienes prestan estos servicios públicos de forma concesionada y que elevan los precios, argumentando siempre los incrementos en los BTU en Texas. Porque no tenemos duda laguna de que primero deben de estar los mexicanos y el desarrollo como país, criterio que deberán tener presentes los comisionados en el momento de emitir su opinión, o en la fijación de las tarifas de manera supletoria.

Por ello es necesario regular con precisión quienes tiene la atribución de opinar de manera vinculatoria y con amplio conocimiento sobre la fijación de las tarifas, respetando las atribuciones que en la materia tienen las áreas sustantivas, y establecer que para el caso de falta de claridad en la norma o ausencia de disposición especifica, será esta Comisión Reguladora de Energía quien fije de manera supletoria las tarifas correspondientes para el consumo final, siendo imperativo abandonar el precio de referencia texano y el concepto de costo de oportunidad con el que actualmente se fijan las tarifas del gas natural.

Por lo expuesto, proponemos al pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforman los artículos 3, en sus fracciones I y VII; 5, párrafo primero; y 7, párrafo primero, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía para quedar como sigue:

Artículo 3. Para el cumplimiento de su objeto, la comisión tendrá las atribuciones siguientes:

Artículo 5. Los comisionados serán designados por el Senado de la República, a propuesta del titular del Ejecutivo federal, y deberán cumplir con los requisitos siguientes:

...

...

...

Artículo 7. El presidente de la comisión será designado por las dos terceras partes de los comisionados en votación libre y secreta y tendrá las facultades siguientes:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, inscríbase e insértese en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Energía.

ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Con su permiso, señor presidente. La espiral de violencia por la que atraviesa nuestro país exige dotar al Estado mexicano de nuevas atribuciones que le permitan ser más eficiente en el combate a la delincuencia.

El modelo de prevención del delito, específicamente el servicio de seguridad pública ofrecido por el Estado, está desgastado. Justo cuando éste entra en crisis, es momento de plantearnos un cambio positivo.

El artículo 115 constitucional consagra a favor de los municipios la función del servicio de seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito. Sin embargo, la propia Constitución también prevé que las legislaturas de los estados expidan aquellas leyes municipales en las que los gobiernos estatales establezcan los procedimientos y condiciones para que éstos asuman una función o servicio municipal cuando la propia legislatura considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos, función que podría ser la de seguridad pública.

Es indudable, ante los magros resultados en materia de seguridad pública en buena parte de los municipios del país, que es necesario rediseñar la estrategia de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno en este rubro.

En algunos estados existen zonas metropolitanas con infinidad de mandos de policía municipal que intentan atacar de manera poco coordinada una problemática delincuencial en común; además, no se ha observado con detenimiento que la diversidad económica de la población y la infraestructura y organización entre los municipios de zonas conurbadas ha repercutido directamente en la calidad de instituciones policiales preventivas municipales, principalmente en incumplimiento de estándares de número de policía por habitante, falta de infraestructura y estrategia para despliegue territorial, desigualdad de recursos económicos para seguridad y un serio rezago de inversión en la materia.

Por si esto fuera poco, el crimen organizado ha logrado penetrar las corporaciones policiacas en un buen número de municipios. En los últimos meses, los medios de comunicación y las estadísticas delictivas de las instituciones estatales han dado cuenta del incremento en delitos de alto impacto, estando más que clara la falta de coordinación en las acciones policiales en límites de territorios municipales, así como en el procesamiento de información que pueda derivar en inteligencia entre municipios vecinos.

En tal virtud, resulta urgente definir un nuevo esquema de facultades y de coordinación entre las corporaciones de seguridad pública del país, principalmente las municipales. Por ello, propongo reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de permitir la creación de un mando único policial estatal en aquellos casos en que las legislaturas locales así lo consideren conveniente y oportuno, sin que esto represente un menoscabo en la autonomía del municipio en nuestro país.

De conformidad con lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto.

Artículo único. Se reforma la fracción VII del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115. ...

VII. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal ---y se agrega--- o de un mando único estatal en los casos que así se determine por las legislaturas de los estados, aprobado por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, y ambos casos, en los términos de la Ley de Seguridad Pública del estado. Aquélla acatará las órdenes que el gobernador del estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Señoras diputadas y señores diputados, recientemente hemos escuchado propuestas en dos de los temas que más afectan a nuestro país: economía y seguridad. Hemos escuchado recientemente, por parte del titular del Poder Ejecutivo, discursos que nos advierten que se enviarán propuestas a esta legislatura.

Aquí está una específica y concreta que tiende a atacar uno de los fenómenos, a mi juicio, estructurales, en materia de coordinación y eficiencia de seguridad pública. Espero que les merezca la atención pertinente. Muchas gracias, señor presidente.

«Iniciativa que reforma la fracción VII del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Heliodoro Díaz Escárraga, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La espiral de violencia, terror y miedo por la que traviesa el país exige dotar al Estado mexicano de nuevas atribuciones que le permitan ser más eficiente en el combate a la delincuencia, por lo que se requiere un rediseño en las instituciones encargadas de la aplicación de justicia, priorizando sobre todo en aquellas destinadas a la prevención del delito, en aras de reducir los costos importantes en materia de seguridad.

En efecto, a los tres millones de desempleados, la caída de las remesas provenientes del extranjero hasta en 18 por ciento, la continua alza en los precios de productos básicos, así como los índices de criminalidad más elevados en la historia, se debe agregar la crisis institucional que tiene sus niveles más altos y sus más críticas consecuencias en el aparato de justicia de nuestro país.

Así las cosas, en buena medida el modelo de prevención del delito, específicamente el servicio público de seguridad pública ofrecido por el Estado está desgastado, y justo cuando entra en crisis alguna institución es momento de plantearnos un cambio positivo.

Ciertamente, la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, y en base a las respectivas competencias que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala.

El artículo 115 constitucional consagra a favor de los municipios la función del servicio de seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; sin embargo, la propia Constitución también prevé, en el inciso d, fracción II del artículo 115, que las legislaturas de los estados expidan aquellas leyes municipales en las que los gobiernos estatales establezcan los procedimientos y condiciones para que éstos asuman una función o servicio municipal cuando la propia legislatura considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; función que podrá ser la de seguridad pública.

En tal virtud, es indudable que, ante los magros resultados en materia de seguridad pública en buena parte de los municipios del país, es necesario rediseñar la estrategia de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno en el rubro de seguridad pública.

Así, por ejemplo, en algunos estados de la República mexicana existen zonas metropolitanas con infinidad de mandos de policía municipal que intentan atacar de manera poco coordinada una problemática delincuencial en común, sobre todo en el ámbito de intervención o reacción de delitos. Además, no se ha observado con detenimiento que la diversidad económica de la población, infraestructura y organización entre los municipios de dichas zonas comunes, ha repercutido directamente en la calidad de instituciones policiales preventivas municipales, principalmente en incumplimiento de estándares de número de policías por habitante; falta de infraestructura y estrategia para despliegue territorial en delegaciones; desigualdad de recursos económicos para seguridad, y un serio rezago de inversión.

Por si esto fuera poco, el crimen organizado ha logrado penetrar en las corporaciones policiacas de un buen número de municipios, en parte, mediante el pago para la realización de servicios y, en otra por la incapacidad de las policías municipales para hacer frente a dilemas de captación.

De igual forma, en los últimos meses los medios de comunicación y las estadísticas delictivas de las instituciones estatales han dado cuenta del incremento en delitos de alto impacto, específicamente el secuestro, la extorsión y el narcomenudeo, estando más que clara la falta de coordinación en las acciones policiales en aquellos casos situados en límites de territorios municipales, así como el procesamiento de información que pueda derivar en inteligencia entre municipios vecinos.

En tal virtud, resulta urgente definir un nuevo esquema de facultades y de coordinación duradera entre las corporaciones de seguridad pública del país, principalmente las municipales. Por ello, para tal efecto proponemos a esta soberanía reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de permitir la creación de un mando único policial estatal en aquellos casos en que las legislaturas locales así lo consideren conveniente y oportuno, y sin que ello represente un menoscabo en la autonomía del municipio en México.

Se trata, más bien, de contribuir a un rediseño institucional en el que lo único que debe de primar, por encima de cualquier atavismo institucional o dogmas políticos, el bienestar de los más de 100 millones de mexicanos que hoy día viven angustiados por la oleada de inseguridad sin parangón en nuestra historia.

De conformidad con lo expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma la fracción VII del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado Díaz Escárraga.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tenemos la visita de los alumnos del bachillerato de aviación del Distrito Federal. Sean ustedes bienvenidos.

LEY GENERAL DE POBLACION

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Canek Vázquez Góngora, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 97, 101, 102 y 103 de la Ley General de Población.

El diputado Alejandro Canek Vázquez Góngora: Con su permiso, señor presidente. Todo Estado democrático y moderno debe contar con un sistema de identificación personal de todos sus habitantes; un sistema que sea confiable en su información, oportuno en su disposición y austero en su costo.

De aquí la importancia que nuestra nación cuente con un sistema de identificación personal que sea único, confiable y seguro, y que además proteja los derechos de los gobernados, inclusive frente a las autoridades públicas que lo generen, actualicen, resguarden y procesen.

Todo lo que pretenda realizarse en este sentido debe contar con el beneplácito de esta soberanía y por lo mismo debemos mostrarnos sensatos frente a las ocurrencias que pretendan desconocer la experiencia acumulada por instituciones del Estado, queriendo además cargar gravosos costos económicos sobre los contribuyentes.

Debemos recordar que, en el marco de la reforma político-electoral de 1990, se logró realizar una verdadera revolución administrativa en materia de identidad personal. Esto, a través de la integración de una de las más grandes bases de datos personales de la población mexicana, el Registro Federal de Electores, y de la institucionalización de la credencial para votar con fotografía, misma que se ha convertido en el documento de identificación personal con validez jurídica más empleado en todo el país, para personas mayores de edad.

Por ello, cuando se crea el Registro Nacional de Población, el Instituto Federal Electoral (IFE) ya había concretado en los hechos y con reconocida eficacia, una de las obligaciones del Registro Nacional de Población (Renapo), a saber, el registro de población de México en ejercicio de sus derechos ciudadanos.

En los hechos, el Registro Federal de Electores hacía innecesario el registro nacional de ciudadanos, ya que el registro del IFE cumplía con lo mandatado por la Ley General de Población.

Por tanto, es sumamente importante que el Ejecutivo federal no desconozca el capital institucional ni la gran experiencia operativa con que cuenta el IFE; al contrario, en el marco de los esfuerzos por instrumentar la cédula de identidad ciudadana debiera hacerse imprescindible una convergencia institucional entre el IFE y la Secretaría de Gobernación, al menos en cuanto corresponde al manejo de la cédula de identidad ciudadana de los mayores de 18 años en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos.

Hay que resaltar el hecho de que, para efectos prácticos, el Registro Federal de Electores coincide con el Registro Nacional de Ciudadanos, por ello sería un gran error pretender comenzar todo de nuevo.

Basta recordar que en función de las elecciones federales de 2009, el IFE contaba con un registro de 77.8 millones de empadronados y 77.4 millones de credencializados. La información y el esfuerzo que se hallan detrás de estos abultados números nos dan una idea de lo dañina que puede resultar una irresponsable transferencia de responsabilidades o una innecesaria duplicación de funciones.

No se trata de entorpecer el ejercicio de las facultades que por ley le corresponden a la Secretaría de Gobernación; se trata de elevar la eficiencia del Estado y de evitar colapsos institucionales y elevados costos económicos. Se trata, en suma, de aprovechar el bagaje institucional del IFE en provecho de un plan tardío, pero certero, del Ejecutivo federal.

Sumando esfuerzos y evitando onerosas duplicidades, el IFE y la Secretaría de Gobernación pueden avanzar sobre una ruta segura para lograr que las mexicanas y los mexicanos contemos en el corto plazo con un documento de identidad personal, seguro y confiable, con un documento de identidad que incorpore los avances de la tecnología informática más vanguardista, sin desechar por ello los logros consolidados de los instrumentos de identidad que lo han antecedido, como es el caso de la credencial para votar con fotografía.

Por todo lo anterior someto a consideración de esta soberanía una iniciativa, a través de la cual se propone reformar y adicionar diversos artículos de la Ley General de Población, a fin de que el Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición de la cédula de identidad ciudadana sean servicios prestados por el Estado a través del Instituto Federal Electoral, en colaboración con la Secretaría de Gobernación. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 97, 101, 102 y 103 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Canek Vázquez Góngora, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Canek Vázquez Góngora, integrante del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Población al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Antecedentes

Desde la creación del Registro Nacional de Ciudadanos, en 1990, se previó que la base se constituiría por los padrones electorales. En 1992 se publicaron reformas a la Ley General de Población en las cuales se estableció que la credencial de elector no sólo serviría para votar, sino también como identificación para trámites administrativos. Incluso se planteó que la credencial para votar se constituiría como el antecedente inmediato de la cédula de identidad que, por cierto, nunca se expidió.

Desde 1996 se publicaron reformas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) en las que se estableció la obligación para la publicación de un acuerdo por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) a efecto de dar a conocer la expedición de la cédula ciudadana. En 1997 se publicaron las bases de este acuerdo y en 1999 la Segob firmó un convenio de colaboración con el Instituto Federal Electoral (IFE) a efecto de proporcionar la base de datos e imágenes del padrón electoral de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

No obstante, el 12 de septiembre de 2003, la Segob dio por concluido este convenio e inició con el levantamiento de las CURP, sin imágenes, desechando la posibilidad de aprovechar la estructura informativa y logística del IFE con más de 13 años de experiencia.

No es sino hasta el 28 de julio del presente año que el gobierno federal anuncia la expedición de la cédula de identidad, 19 años después del mandato constitucional de integrar un Registro Nacional Ciudadano y 17 años después de la emisión y consolidación de la credencial para votar con fotografía como documento privilegiado y ampliamente reconocido para la identificación de todos los mexicanos.

En este sentido, la base para la emisión de la credencial para votar, el padrón electoral ha evolucionado desde su primera integración en 1990 a la fecha a través de 19 años ininterrumpidos de perfeccionamiento constante de la columna vertebral de la certeza en los procesos electorales. En 1991, por ejemplo, se registraron 39.2 millones y 39. 2 millones de credencializados, para las elecciones de 2009 estaban registrados 77.8 millones de empadronados y 77.4 millones de credencializados.

El levantamiento del padrón electoral se hizo con base en la aplicación de la técnica censal total, es decir, visitar casa por casa, para recopilar la información de forma individual de todos aquellos ciudadanos mexicanos mayores de 18 años, realizada entre 1990 y 1991.

A partir de 1992 se introdujo la credencial para votar con fotografía con lo que se fortaleció la confianza en el desa-rrollo del proceso electoral de 1994. A partir de ese año el programa de credencialización consolida a la credencial para votar como fotografía como un instrumento con privilegiado de identificación y, paralelamente, como la herramienta para el ejercicio del voto.

En cuanto al fortalecimiento de los elementos de seguridad a partir de 1999 se introduce el sistema de identificación biométrica (Face-it) herramienta que, a través de la utilización de tecnologías biométricas, permite la identificación de rostros duplicados. Se destaca que desde 2001 existe la posibilidad de que los módulos de atención ciudadana capten de manera digital la fotografía y huella del ciudadano para ser utilizados por los sistemas referidos de identificación biométrica.

Actualmente el IFE cuenta con un sistema integral de identificación multibiométrica (SIIM), el cual permite la identificación plena del ciudadano y se aplica tanto en forma preventiva como correctiva, es decir, preventiva para no liberar la entrega de credenciales cuando hay posibles duplicados y correctiva para identificar credenciales duplicadas que fueron entregadas antes de la implementación de la tecnología biométrica. Mediante esta tecnología se identifican los rasgos biométricos de huellas dactilares y rostro de los ciudadanos registrados en el padrón electoral. En el caso de las huellas dactilares se toman los puntos distintivos y a partir de ellos se genera un algoritmo, que sirve de base al procedimiento de comparación. Por lo que respecta a la fotografía partiendo de la ubicación de los ojos se genera plantilla o vector tomando en cuenta la forma tamaño y proporción de los ojos, nariz, boca, mentón y otras referencias.

La implementación de esta tecnología ha permitido presentar, en el marco de un padrón de poco más de 77. 8 millones de ciudadanos, cerca de 3 mil denuncias al haber detectado el trámite de una misma persona con datos distintos. No se omite mencionar que dado el volumen de electores, la cifra de anomalías, en cuanto a credenciales duplicadas, es marginal.

Asimismo, y en cumplimiento con lo establecido en la reforma electoral, en septiembre de 2008, el IFE firma un convenio general de apoyo y colaboración con la Segob para la entrega de información relativa a los datos de la Clave Única del Registro de Población a efecto de introducir modificaciones en el diseño de la credencial de elector con la inclusión de los antecedentes de la CURP y la fecha de la vigencia de la credencial.

Como se puede apreciar, desde siempre, la estructura del Instituto Federal Electoral ha estado invariablemente ligada a los intentos de creación de documentos integrales de identificación.

Consideraciones

En este contexto y ante la intención de la Secretaría de Gobernación de concretar el programa de la cédula de identidad ciudadana, desconociendo en gran medida la vasta experiencia del Instituto Federal Electoral, en términos técnicos, logísticos e incluso históricos, acumulada a lo largo de casi 20 años, con la conducción de la más extensa y fehaciente base de datos que existe de los ciudadanos de este país, parece, por lo menos, digna de ser cuestionada.

En este orden de ideas, una vez formalizada la cuestionada licitación de equipo especializado para obtener información biométrica, se hace necesario hacer las siguientes precisiones:

La Cámara de Diputados dijo no a la cédula de identidad no sólo porque se reasignaron los recursos que se le destinaban, en cumplimiento con los ajustes necesarios que nos demanda el entorno de crisis económica, sino porque existen los elementos necesarios para determinar que un proyecto de este tipo, como se está planteando, llevaría al Estado mexicano a un innecesario desgaste hacia una duplicidad absurda. Es por ello que, a efecto de fortalecer la credencial para votar con fotografía, que ha demostrado su viabilidad y eficiencia a lo largo de casi 20 años, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Población.

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Población

Primero. Se reforma y adiciona una fracción al artículo 97 y se reforman los artículos, 101, 102, 103 de la Ley General de Población para quedar como siguen:

Artículo 97. El Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición de la cédula de identidad ciudadana son servicios de interés público que presta el Estado, a través del Instituto Federal Electoral con la colaboración de la Secretaría de Gobernación.

Artículo 98. ...

Artículo 101. El Instituto Federal Electoral con la colaboración de la Secretaría de Gobernación podrá verificar los datos relativos a la identidad de las personas, mediante la confrontación de los datos aportados por los ciudadanos con los que consten en los archivos correspondientes de dependencias y entidades de la administración pública federal que, para el ejercicio de sus funciones, tengan establecidos procedimientos de identificación personal.

Las dependencias y entidades que se encuentren en el supuesto anterior estarán obligadas a proporcionar la información que para este efecto solicite el Instituto Federal Electoral con la colaboración de la Secretaría de Gobernación.

Artículo 102. Cuando el Instituto Federal Electoral encuentre alguna irregularidad en los documentos presentados por el interesado suspenderá el registro correspondiente e informará por escrito las causas por las cuales no procede su trámite.

Los ciudadanos que estén en el supuesto anterior podrán solicitar ante el Instituto Federal Electoral la aclaración respectiva, en los términos establecidos en el reglamento correspondiente.

Artículo 103. Una vez cumplidos los requisitos establecidos, el Instituto Federal Electoral deberá expedir y poner a disposición del ciudadano la respectiva cédula de identidad ciudadana.

Artículo 104. ...

Transitorios

Único. Las presentes reformas entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Vázquez Góngora.Túrnese a las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Gobernación.

ARTICULOS 40, 108 Y 130 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el señor diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 40, 108 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez: Señor presidente. Buenas tardes compañeras, compañeros. Quiero hoy proponer una iniciativa muy sencilla, pero de la mayor importancia, y que está conectada con el tema que al inicio de esta sesión presenté en otra iniciativa. Es un recuerdo para que no abandonemos el conocimiento y el trato que deben de tener los procesos históricos de este país.

Quiero también inscribirlo en esta euforia legislativa del presidente Calderón, que un poco a destiempo, diría yo, y en una buena coordinación de lugares comunes, propuso reformas que no atienden a los asuntos de la vida cotidiana de este país y que a lo mejor son útiles en un esquema de grandilocuencia, pero que poca eficacia tienen para el tratamiento de los problemas que vive nuestro país.

Hoy quiero proponerles que veamos con simpatía mi propuesta para reformar el artículo 40 de la Constitución esencialmente, con un agregado muy sencillo. El artículo 40 es el que conceptualiza el tipo de República que hemos vivido en México desde nuestro surgimiento en el México independiente. Mi sugerencia es para que le agreguemos el concepto ``laico'': La República es una República laica, democrática, representativa y federal.

El concepto de laicismo ya está en la Constitución. La educación gratuita que se imparta en los establecimientos públicos es obligatorio que sea laica.

Hay referencia también, en los temas conectados con la libertad de culto, para exponer que las manifestaciones del culto religioso deben tener una supervisión del Estado por la característica de laicicidad que debe tener nuestra República, pero es fundamental incorporar el concepto de ``Estado laico'' para evitar la recurrencia de fenómenos que en este país todos han sido lamentables.

Si uno recuerda todos los eventos constitucionales estelares de este país, vamos a ver que desde 1824 hay una presencia testaruda de la Iglesia para participar de los asuntos que son del Estado.

En este asunto del debate sobre el aborto. Si no hubiera de por medio prejuicios de carácter religioso, estoy seguro que las cuestiones de salud pública hubiesen sido resueltas sin el prejuicio y el atavismo de otras épocas.

Por eso conviene que sin prejuiciar los temas, sin atacar el sentimiento religioso que es muy legítimo en cada mexicano, hagamos que las cosas del Estado estén implícita y expresamente determinados como laicos.

Mi iniciativa concurre esencialmente a modestas modificaciones al texto constitucional, pero de gran calado, para dejar ya sin ambages, que esta República de todos es esencialmente una República laica. Eso es todo, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 40, 108 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado César Augusto Santiago Ramírez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto que adiciona los artículos 40, 108 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

Con el fin de generar mejores instrumentos normativos que contribuyan al respeto los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente iniciativa tiene como objeto elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado mexicano.

La Constitución de todos los mexicanos establece ya diversas disposiciones que, de hecho, perfilan un Estado laico.

Entre otras, en el artículo 1 se prevé el derecho fundamental de igualdad entre los ``individuos'', lo que apareja la no discriminación por ningún motivo --específicamente se incluye la no discriminación por la religión profesada--, el artículo 3 dispone que la educación que imparta el Estado será laica; en el artículo 24, se establecen los derechos de libertad de creencia, libertad para profesarla y ejercerla, con los límites determinados por la propia Constitución; la fracción III del artículo 27 dispone la capacidad de las asociaciones religiosas para adquirir, poseer o administrar, exclusivamente, los bienes que sean indispensables para su objeto.

Finalmente, en el artículo 130, bajo el principio de separación del Estado y las iglesias, se hizo el reconocimiento de la personalidad jurídica de las asociaciones religiosas, la autonomía de éstas en el Estado, el derecho individual para el ejercicio del ministerio de algún culto --en concordancia con el derecho de profesión previsto por el artículo 5--, el derecho de votar y ser votados, y de ejercer cargos públicos. En la propia disposición constitucional se establecen diversas limitaciones, entre otras, a los derechos de asociación y, particularmente, asociación política, y de reunión --prohibiéndolo con fines políticos--, así como a derechos reales (en materia de herencia).

La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público señala en el artículo 3o.: que el ``Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la observancia de las leyes, conservación del orden y la moral públicos y la tutela de derechos de terceros''. También afirma: ``El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa''.

No obstante lo anterior, más allá de dicha ley, no existe una disposición constitucional que establezca en ese rango la laicidad del Estado.

Cierto que, a partir de la normativa constitucional y sobre todo de la expresión de la legislación reglamentaria, podemos hablar, sin duda, de un Estado laico. Lo anterior se corrobora doctrinalmente, si seguimos, por ejemplo, a Valerio Zazone, quien expresa que el Estado laico se refiere a ``las corrientes políticas que sostienen la autonomía de las instituciones públicas y de la sociedad civil respecto del magisterio eclesiástico y de las injerencias de las organizaciones confesionales, el régimen de separación jurídica entre estado e iglesia y la garantía de libertad de los ciudadanos en la confrontación con ambos poderes''.

Sin embargo, la ausencia de la expresión concreta en el marco constitucional parece generar dudas de la existencia de un Estado laico en el país, por lo que resulta conveniente plantear la presente reforma.

La construcción de un Estado laico y la concepción jurídica de un Estado laico son consecuencia de nuestra historia.

Ya en la Constitución de 1857 y, con mayor claridad, en las Leyes de Reforma, se incorporaron elementos de laicismo en nuestra ley fundamental, que se ratificaron en la Constitución de 1917, en la que incluso se fue más allá, ya que se negó la personalidad a las agrupaciones religiosas, ``con el fin de que, ante el Estado, no tengan carácter colectivo''.

La modificación de esa concepción política, así la convicción de respeto y reconocimiento de derechos fundamentales, con la armonía exigible frente a los derechos de los otros y la consideración necesaria de nuestra historia, han hecho posible la evolución de la concepción laica del Estado. En 1992 se realizó una reforma sin precedentes, al incorporar nuevos principios constitucionales para regir las relaciones entre el Estado y las iglesias en México, a saber: a) reconocimiento de la personalidad jurídica de las asociaciones religiosas; b) régimen patrimonial específico; c) aspectos sobre libertad en materia religiosa; y d) definición de la situación jurídica de los ministros de culto.

La existencia del Estado laico es, por lo demás, una exigencia de las sociedades modernas y democráticas. Hay una creciente diversidad religiosa y moral en el seno de las sociedades actuales y los Estados tienen ante sí desafíos cotidianos para favorecer la convivencia armoniosa, además de la necesidad de respetar la pluralidad de las convicciones religiosas, ateas, agnósticas, filosóficas, así como la obligación de favorecer, por diversos medios, la deliberación democrática y pacífica. El Estado democrático tiene igualmente la obligación de velar por el equilibrio entre los principios esenciales que favorecen el respeto de la diversidad y la integración de todos los ciudadanos a la esfera pública.

Una definición sintetizadora del laicismo la da por ejemplo Guido Clogero, al referir que el laicismo no es una filosofía o ideología particular sino el método de convivencia de todas las filosofías e ideologías posibles; el principio laico consiste en la regla de ``no pretender poseer más verdad de la que cualquier otro puede pretender poseer''. Una posición laicista, desde la acepción contemporánea, es una posición democrática.

La laicidad del Estado, en ese sentido, supone la armonía de tres principios esenciales: 1) respeto a la libertad de creencia (conciencia) y de su práctica individual y colectiva; 2) autonomía de lo político y de la sociedad civil frente a las normas religiosas y filosóficas particulares; y 3) igualdad ante la ley y no discriminación directa o indirecta hacia las personas.

La laicidad, así concebida, constituye un elemento clave de la vida democrática. Impregna inevitablemente lo político y lo jurídico, acompañando de esa manera el avance de la democracia, el reconocimiento de los derechos fundamentales y la aceptación social y política del pluralismo.

El Estado laico se vuelve necesario en toda sociedad que quiere armonizar relaciones sociales marcadas por intereses y concepciones morales o religiosas plurales, de ahí la importancia del establecimiento de la no discriminación, como consecuencia del derecho de igualdad.

Un estado laico, desde la perspectiva de la toma de decisiones públicas por los órganos estaduales competentes, debe garantizar que el orden político tenga la libertad para elaborar normas colectivas sin que alguna religión o convicción particular domine el poder civil y las instituciones públicas. La autonomía del Estado implica entonces la disociación entre la ley civil y las normas religiosas o filosóficas particulares. Ello significa que las religiones y los grupos de convicción pueden participar libremente en los debates de la sociedad civil; sin embargo, no deben de manera alguna dominar esta sociedad e imponerle a priori doctrinas o comportamientos.

En la laicidad, la legitimidad del Estado deviene no de elementos religiosos o sagrados, sino de la soberanía popular.

En nuestro país la laicización de las instituciones públicas emergió cuando el Estado ya no estuvo legitimado, directa o indirectamente, por una religión o por una corriente de pensamiento particular, y cuando el conjunto de los ciudadanos pudo deliberar en igualdad de derechos para ejercer su soberanía.

El respeto concreto a la libertad de conciencia y a la no discriminación, así como la autonomía de lo político y de la sociedad frente a normas particulares, deben aplicarse a los necesarios debates que conciernen a las cuestiones relacionadas con el cuerpo y la sexualidad, la enfermedad y la muerte, la educación y la investigación científica, la emancipación de las mujeres y los temas relacionados con minorías de todo tipo. El principio de laicidad, por tanto, debe regir los debates en que la opinión personal puede enmarcarse en una posición confesional.

Consecuentemente, no obstante la evolución histórica que nuestro derecho ha tenido en materia de derechos fundamentales, con la finalidad de expresar en nuestro derecho positivo, sin duda alguna, el Estado laico y con la finalidad de reforzar desde el derecho la autonomía de las decisiones políticas del Estado frente a las doctrinas religiosas y convicciones filosóficas específicas, se propone al Congreso de la Unión la adición a un artículo constitucional que establezca la laicidad del Estado mexicano.

Así, se propone incorporar en el artículo 40 constitucional como atributo de la República el de ser laica, además de los de representativa, democrática y federal.

Asimismo, se agrega al artículo 108 constitucional, la obligación de las autoridades públicas de respetar escrupulosamente el Estado laico y la separación entre la iglesia y el Estado.

También, como parte de la consagración del principio de separación de la iglesia y el Estado, se le agregan dos párrafos al artículo 130 en los cuales se establece de manera explícita la sujeción a la ley de las iglesias y demás agrupaciones religiosas, así como el establecimiento de que en el Estado laico no podrá haber preferencia sobre alguna religión o convicción filosófica.

Por los motivos expuestos, presento a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa de

Decreto que adiciona los artículos 40, 108, y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona una palabra al artículo 40, se agrega un quinto párrafo al artículo 108, y se adicionan los dos últimos párrafos al artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los términos siguientes:

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república laica, representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en la federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Artículo 108. ...

...

...

...

Las autoridades federales, estatales y municipales guiarán su actuación respetando, y salvaguardando, el principio de los asuntos públicos y religiosos; entre aquellos los relativos al Estado y las asociaciones religiosas; y entre las creencias y la conciencia personal y función pública.

Artículo 130. ...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias diputado César Augusto Santiago Ramírez.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Informo a ustedes, compañeras y compañeros diputados, que contamos con la visita de la Federación de Escuelas Universitarias de la ciudad de Pinotepa Nacional, Oaxaca, invitadas por el diputado José Antonio Yglesias Arreola .

Asimismo, visitantes de Ecatepec, estado de México, invitados por el diputado Martín Pérez Vázquez, y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, invitados del diputado Pablo Rodríguez Regordosa .

VIRUS INFLUENZA HUMANA AH1N1

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Comisión de Saludde esta soberanía, integre una subcomisión que dé seguimiento a las quejas, denuncias, incidentes y posibles irregularidades que se presenten respecto a la aplicación de la vacuna contra la influenza humana AH1N1, en los hospitales y clínicas del país.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Salud de esta soberanía que integre una subcomisión que dé seguimiento a las quejas, a las denuncias, a los incidentes y a las irregularidades que se presentaren respecto a la aplicación de la vacuna contra la influenza AH1N1 en los hospitales y las clínicas del país, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Leticia Quezada Contreras , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo por medio del cual se solicita a la Comisión de Salud de esta honorable Cámara de Diputados que conforme una subcomisión de diputadas y de diputados de dicha comisión, que dé seguimiento a quejas, denuncias, incidentes y posibles irregularidades que se presenten respecto de la aplicación de la vacuna contra la influenza AH1N1, en los hospitales y clínicas del país, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. El virus de la influenza en México ha contagiado a 64 mil 322 personas y ha cobrado la vida de 573 mexicanos, desde abril en que se detectó en virus en nuestro país. En sólo dos días, del 18 al 20 de noviembre se registraron 33 nuevos decesos.

II. Ante el inminente rebrote del virus de la influenza AH1N1 en México, el pasado 23 de noviembre llegaron al país las primeras 650 mil vacunas del total de los 30 millones que se comprarán a los laboratorios europeos para prevenir el mal. Cabe señalar que estas vacunas podrían ser recibidas hasta marzo de 2010.

III. El titular de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) señalo que las vacunas serán sometidas al análisis y estudio de seguridad y eficiencia, como establece la reglamentación, con el objetivo de cumplir con lo que establecen las leyes mexicanas. El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, señaló que con este primer lote de vacunas se pretende garantizar el poder inmunizar a los grupos de mayor riesgo (personal de salud, mujeres embarazadas y personas con padecimientos crónicos) a más tardar en marzo próximo.

IV. Se ha señalado que el primer lote de vacunas que se aplicarán en nuestro país provienen de la farmacéutica francesa Sanofi Aventis y es diferente a la de Glaxo Smith Kline, que se ha aplicado en otros países como Canadá, en el que se han detectado efectos alérgicos adversos.

V. Es de dominio público que dichas vacunas fueron adquiridas por el gobierno de México para ser aplicadas en el sector público y se ha señalado que sólo será en dependencias de este sector en las que se tendrá acceso a éstas. Sin embargo, existen pronunciamientos en el sentido de que se inició la comercialización de dicha vacuna en hospitales privados a precios elevados.

En razón de lo anterior, y a efecto de garantizar que las vacunas sean aplicadas conforme se programó, atendiendo a los sectores más vulnerables de la población y que no se desvíen con fines de lucro o indebido, es necesario que honorable Cámara de Diputados dé seguimiento a las posibles quejas, denuncias y señalamientos que impliquen un manejo inadecuado de dichas vacunas adquiridas con recursos públicos, de igual forma que lleguen a sus destinatarios finales vía los hospitales y clínicas gubernamentales.

Por ello, la subcomisión que se plantea en la Comisión de Salud tendrá la importante responsabilidad social, y de salud, de garantizar a la población un seguimiento adecuado y pormenorizado en la aplicación de las vacunas contra el virus de la influenza humana AH1N1 en aras de la equidad y la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.

VI. En ese sentido, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece, en el artículo 44, numeral, que ``las comisiones podrán establecer subcomisiones o grupos de trabajo para el cumplimiento de sus tareas. En la constitución de las subcomisiones se buscará reflejar la pluralidad de los grupos parlamentarios representados en la comisión...''.

Por lo expuesto y fundado, someto ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Salud de esta honorable Cámara de Diputados que conforme una subcomisión de diputadas y de diputados de dicha comisión que dé seguimiento a quejas, denuncias, incidentes y posibles irregularidades que se presenten respecto a la aplicación de la vacuna contra la influenza AH1N1, en los hospitales y clínicas del país.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Salud.

COMISION ESPECIAL DE ANALISIS Y ESTUDIOS PARA LA FORMACION DEL ESTADO 32, ``DEL VALLE DE ANAHUAC''

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Igualmente, se recibió del diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del PT, proposición con punto de acuerdo por el que se crea una Comisión Especial de análisis y estudios para la formación del estado 32, ``Del Valle de Anáhuac''.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de análisis y estudios para formar el estado 32, ``Del Valle de Anáhuac'', a cargo del diputado Óscar González Yáñez , del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Óscar González Yáñez , diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para crear la Comisión Especial de análisis y estudios para la formación del estado 32, ``Valle de Anáhuac'', al tenor de las siguientes

Consideraciones

Uno de los temas de mayor trascendencia en nuestro país es la discusión de qué tan conveniente o no es convertir al Distrito Federal como un estado más de la república.

Darle atribuciones tales que lo distingan como un territorio que cuente con facultades de decisiones autónomas, con la búsqueda del beneficio para todos sus habitantes, es ahora un reto que debemos asumir con una enorme responsabilidad para garantizar el efectivo cumplimiento de las condiciones de equidad y competitividad económica, jurídica y social, ante la propia federación.

Para nuestro grupo parlamentario, como para la mayoría de los ciudadanos quienes radican en esta gran ciudad que es la sede de los Poderes de la Unión y por ende, el núcleo político de todo el país, vemos con agrado la firme convicción de millones de actores políticos, económicos y sociales que convergen con esta propuesta.

De ella, pensamos que puedan esgrimirse diversos planteamientos y sus subsecuentes análisis y estudios que ayuden a dar por concluida una propuesta firme para la creación del tan anhelado estado 32, donde para tales fines, se integren todas las voces ciudadanas, académicas, políticas y en general, todas las entidades que integran nuestro país.

Compañeras y compañeros diputados: debemos reconocer que pese a un sin número de alternativas para hacer coincidir las propuestas que cubran las necesidades de todos los habitantes de la Ciudad de México a través de su gobierno, no hemos sido capaces de sentar las bases que logren dejar satisfechos a los principales actores políticos quienes son los representantes de toda esta población.

Más aún, los acuerdos por encontrar un consenso para lograr impulsar una sola propuesta desde otro estado del país, que dé pié al origen de un estado más que sería el del Valle de Anáhuac, no ha podido concretarse por un sin fin de motivos que por sus características, no pueden ni deben ser calificadas como positivas o negativas en un contexto hecho a la ligera.

Ante esto, es necesario crear una comisión que se encargue muy en particular de dar especial seguimiento a todos y cada uno de los planteamientos y estudios aportados por su propio derecho a participar y de garantizar a aquellos interesados en construir una alternativa definitiva al tema.

Dichos planteamientos radican principalmente en: construir consensos suficientes que garanticen otorgar los poderes plenos para las autoridades locales en el Distrito Federal y, en trabajar aquellas modificaciones constitucionales que doten de autonomía al Distrito Federal y en reconocer el derecho de los ciudadanos de esta capital a regirse por una Constitución propia, como la poseen las demás entidades federativas.

Por último, compañeras y compañeros diputados, debemos decir que en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo nos queda claro que, temas como la traslación de la sede de los Poderes de la Unión es un motivo más que suficiente para dar cauce a un mayor número de mesas de trabajo para resolver el tema; sin embargo, estamos convencidos que nuestra propuesta de mantener la sede de estos poderes, pueden seguir subsistiendo en sus actuales lugares territoriales, esto sin menoscabar la posibilidad de acotar sólo el ámbito territorial de lo que hoy comprende el Distrito Federal.

Por otra parte, la manera en que es concebida la descentralización política y de la administración para cada una de las delegaciones del Distrito Federal, lo mismo para los juzgados cívicos y el reconocimiento de una entidad federativa, así como la toma de decisión del techo de endeudamiento y la toma de un fallo para la remoción de autoridades de alto nivel, no ha sido del todo reforzada por diversos motivos de aspecto coyuntural.

Tales razones como la presente recesión económica, la marcada diferenciación de prioridades de temas por atender en otros estados y en particular, la lucha por la posición en las urnas electorales, distan de ser suficiente motivo para dejar rezagado el tema en esta importante etapa de vida para el Distrito Federal y para todo el país en general, sin embargo, la voluntad política y el ánimo incluyente que hoy día caracteriza a todas las fuerzas políticas nacionales, da firmes esperanzas de poder lograr la transformación del Distrito Federal hacia un estado 32, que en lo sucesivo pueda nombrarse estado del Valle de Anáhuac.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Artículo Único. La honorable asamblea de la Cámara de Diputados, crea la Comisión Especial de análisis y estudios para la formación del estado 32 del Valle de Anáhuac, para dar seguimiento a los acuerdos y adelantos que busquen concretar una propuesta para su creación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Junta de Coordinación Política.

COMISION ESPECIAL PARA LA DEFENSA DE LA ECONOMIA POPULAR

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Asimismo, se recibió del diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del PT, proposición con punto de acuerdo por el que se crea una Comisión Especial para la defensa de la economía popular.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para la defensa de la economía popular, a cargo del diputado Óscar González Yáñez , del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo para crear y constituir la Comisión Especial para la defensa de la economía popular, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El sistema económico capitalista por naturaleza produce pobreza, porque en su formación y evolución va creando a una clase poseedora de la riqueza material y de las empresas, así como un sector amplio de la población que no tiene nada, dado que históricamente es despojada de sus tierras y de sus instrumentos de trabajo.

Asimismo, en el actual régimen el obrero aun teniendo trabajo es pobre, porque la parte de la riqueza social que le corresponde es siempre el salario y este apenas le permite subsistir, mientas que al patrón siempre le toca la ganancia cuya magnitud está en función del número de trabajadores que explota y de magnitud del capital invertido.

En síntesis, la propiedad privada sobre los medios de producción es la causa que determina la riqueza de unos y la pobreza de otros.

Esta pobreza se ve acrecentada cuando la orientación de la política del Estado está fuertemente orientada a favorecer a los dueños del dinero.

Este último aspecto es el que prevalece en México desde 1983 cuando la visión neoliberal tomó el control del aparato estatal.

La necedad de estos gobiernos neoliberales y sus recetas de política económica han golpeado severamente la calidad de vida de los mexicanos.

En casi tres décadas, las medidas que han instrumentado han generado un severo atentado de las condiciones de vida de los desposeídos y marginados de nuestra sociedad.

Los trabajadores mexicanos cada vez compran menos productos con su raquítico salario. Los productos de la canasta básica han aumentado de manera desproporcionada a los incrementos en los salarios. En promedio durante el régimen de Calderón los salarios reales han caído en casi 40 por ciento.

Dicho de otra manera, sí hace tres años el gasto que daba el jefe de familia a su esposa le alcanzaba para los siete días de la semana, ahora le alcanza para cuatro días. Es decir, ahora literalmente no comen en tres días.

Esto sucede también con los profesionistas y trabajadores calificados del Estado que al arribar al duodécimo día de la quincena ya no tienen para ningún gasto. Esto explica el vertiginoso incremento de la cartera vencida de los bancos, la falta de pagos de los préstamos personales, ya que el dinero no alcanza para cubrir los gastos de una quincena.

En estas circunstancias, la inflación se ha convertido en un mecanismo que permite que los trabajadores transfieran una parte de sus ingresos a favor de los dueños de los diversos negocios y empresas.

Además, si consideramos que en los dos últimos años los precios de los alimentos básicos crecieron desproporcionadamente, provocando que en los hechos, las familias de escasos recursos se han visto obligadas a sustituir productos como el huevo, la leche, la carne de res, el pollo y las verduras por productos de menor contenido alimenticio, con las consecuencias que de ello se derivan en la salud de los mexicanos.

Esto ha generado que enfermedades que se consideraban en el pasado erradicadas han vuelto con fuerza, tales como el paludismo, la lepra, la tuberculosis, el dengue, el cólera y al mismo tiempo ha expuesto a la población a otras enfermedades más complejas como la diabetes, la obesidad y padecimientos como el bajo crecimiento de los niños, la anemia, y la desnutrición.

¿Cómo no va a estar el pueblo enfermo, sí todo el aparato económico ya no responde a sus requerimientos y necesidades?

Como el Estado mexicano ya no está interesado en proteger la economía de los sectores marginados, creemos que la Cámara de Diputados, como integrante del gobierno de este país debe sacar la cara por lo más pobres.

En este contexto, estamos proponiendo crear una Comisión Especial para la defensa de la economía popular que de manera permanente y sistemática mantenga una vinculación orgánica con los sectores populares de este país, para diseñar estrategias y acciones de gobierno, así como la instrumentación de programas que vayan dirigidos para atender las necesidades inmediatas de los más necesitados.

Para ello, proponemos que las funciones primordiales de esta comisión sean las siguientes:

1. Proponer al Congreso de la Unión la instrumentación de iniciativas de ley y acciones de gobierno encaminadas a favorecer la economía de los sectores desposeídos y marginados del país en los ámbitos de la alimentación, la vivienda, la educación en todos sus niveles, la salud, la seguridad social, la creación de empresas cooperativas, la promoción de proyectos productivos para reducir la migración, la capacitación para los productores comunales, ejidales y pequeños propietarios para que accedan a mejores ingresos y empleos.

2. Desarrollar programas de vinculación con los centros educativos, laborales y de la sociedad en su conjunto para capacitar a la sociedad mexicana en el manejo de las finanzas personales y la economía doméstica con el fin de que distribuya de forma prioritaria sus ingresos para satisfacer las necesidades fundamentales.

3. Instrumentar programas comunitarios para que la población de escasos recursos acceda a la alimentación a través de la instrumentación de comedores públicos en las zonas del campo y la ciudad.

4. Diseñar estrategias de difusión en los medios electrónicos de comunicación, de las diversas acciones y programas que promuevan el aprendizaje del manejo del presupuesto familiar y la prioridad de este gasto.

5. Por las consideraciones antes expuestas, sometemos al pleno de esta soberanía, la proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se crea la Comisión Especial para la defensa de la economía popular, para que se aboque a la creación de instrumentos, acciones de gobierno, así como a la presentación de iniciativas de ley que vayan encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos en el campo de la alimentación, la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social y la creación de empleos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE JALISCO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Proseguimos con este capítulo de proposiciones. Tiene la palabra la diputada Clara Gómez Caro, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Semarnat, a realizar obras de entubamiento del cauce de río Atemajac, en Guadalajara, Jalisco, suscrita por los diputados Clara Gómez Caro, Arturo Zamora Jiménezy José Trinidad Padilla López, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Clara Gómez Caro: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados:

Consideraciones: hay ríos cuyo cauce atraviesan los municipios que actualmente integran la zona metropolitana de Guadalajara, formando parte, en otras épocas, de la belleza natural de la región.

El río Atemajac es un afluente del río San Juan de Dios, y éste, a su vez, del río Santiago, razón por la cual debe considerarse como propiedad nacional, conforme a lo previsto en los artículos 27, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 3o., fracciones XI, XLVII y XLVIII de la Ley de Aguas Nacionales.

Las aguas residuales que se descargan en el río Atemajac son de tipo municipal, producto del sistema de alcantarillado de la zona metropolitana de Guadalajara, desembocando en el río Santiago, en el área de la Barranca de Huentitán, contaminando el ecosistema natural, la flora y la fauna silvestre.

Una fracción de la extensión del río Atemajac que atraviesa parte de los municipios de Zapopan y Guadalajara será objeto de entubamiento, en virtud de un proyecto de rehabilitación de la avenida Patria, desarrollado de manera conjunta entre el gobierno de Jalisco y el ayuntamiento de Guadalajara, para mostrar una ciudad distinta ante la celebración de los Juegos Panamericanos de 2011.

Por el contrario, otra parte de la extensión del río Atemajac que se encuentra sin entubar, corriendo al aire libre, no ha sido objeto de programa alguno de las autoridades federales, estatales y municipales. Tal extensión comprende a partir de la calle Federalismo, en Atemajac, municipio de Zapopan, hasta la central hidroeléctrica Valentín Gómez Farías, situada en Periférico Norte y avenida Imperio.

Esta extensión, de acuerdo con información del Inegi, es de aproximadamente 2 mil 796.23 metros, alcanzando el río en algunos puntos un ancho de 40 metros. El tramo de referencia afecta a los habitantes de colonias de los municipios de Guadalajara y Zapopan, con población aproximada, según información del Inegi, de 34 mil 968 habitantes, quienes por esa desatención de que el río corra al aire libre, padecen, entre muchas, de enfermedades de la piel, de tipo respiratorio y gástrico, por vivir en colonias que colindan con el río.

Además, los habitantes soportan injustificadamente los olores pestilentes del cauce del río, que día a día son mayores dada su lamentable contaminación y el incremento de descarga de aguas que provienen del sistema de drenaje. Aunado a esto, se generan problemas de inseguridad por no existir sistema de iluminación que sirva a quienes transitan por la noche en las áreas colindantes con el río.

La solución al problema relatado es muy urgente y tendrá que realizarse a la brevedad, por ser inadmisible que los habitantes afectados sigan teniendo detrimento de su salud, cuya protección está tutelada como derecho fundamental en el artículo 4o., párrafo tercero, de la Constitución federal.

Esa solución debe ser estructural, teniendo el objetivo trascendental de preservar la salud de los pobladores afectados y fortalecer la sustentabilidad de la zona metropolitana de Guadalajara, proporcionando a sus habitantes una vida más digna, pues hasta la fecha y no obstante que es ampliamente conocido el deterioro que sufren en su calidad de vida, han carecido de proyectos sanitarios.

Por lo expuesto, solicito se someta a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Primero. Que se exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a que realicen las obras de entubamiento del río Atemajac en la superficie aludida en las consideraciones, con la finalidad de proteger a los habitantes de las precipitadas colonias del municipio de Guadalajara, quienes, reiteran, sufren afectación en su salud por aguas residuales expuestas al aire libre.

Que se realicen las obras necesarias para que las aguas residuales del río Atemajac reciban el tratamiento adecuado para que el ecosistema, los lagos, lagunas, ríos y mar costero no se vean afectados por esas descargas; y que ingrese urgentemente a sus programas de atención, la Barranca de Huentitán en Guadalajara, Jalisco, para salvaguardar la flora y la fauna de este ecosistema.

Señor presidente, solicito se transcriba íntegro el texto del anterior punto de acuerdo propuesto a esta honorable asamblea y cuyo original ya fue entregado a la Mesa Directiva. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a entubar el río Atemajac, en Guadalajara, Jalisco, suscrita por los diputados Clara Gómez Caro , Arturo Zamora Jiménez y José Trinidad Padilla López , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Clara Gómez Caro , y los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de Jalisco, en la actual LXI Legislatura Congreso de la Unión, en uso de las facultades y atribuciones establecidas en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acuden ante esta, la más alta tribuna política de la nación, a presentar propuesta de punto de acuerdo para lo cual hacen de su conocimiento las siguientes

Consideraciones

Primera. Hay ríos cuyo cauce atraviesa los municipios que actualmente integran la zona metropolitana de Guadalajara, formando parte, en otras épocas, de la belleza natural de la región.

Segunda. El río Atemajac es un afluente del río San Juan de Dios, y éste, a su vez, del Santiago, razón por la cual debe considerarse como de propiedad nacional conforme a lo previsto en los artículos 27, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3o., fracciones XI, XLVII y XLVIII, de la Ley de Aguas Nacionales.

Tercera. Las aguas residuales que se descargan al río Atemajac son de tipo municipal producto del sistema de alcantarillado de la zona metropolitana de Guadalajara, desembocando en el río Santiago en el área de la Barranca de Huentitán, lo cual contamina el ecosistema natural, la flora y fauna silvestre.

Cuarta. Una fracción de la extensión del mencionado río Atemajac que atraviesa parte de los municipios de Zapopan y Guadalajara, será objeto de entubamiento en virtud de un proyecto de rehabilitación de la avenida Patria desarrollado de manera conjunta entre el gobierno del estado de Jalisco y el ayuntamiento de Zapopan, para mostrar una ciudad distinta ante la celebración de los Juegos Panamericanos de 2011.

Por el contrario, otra parte de la extensión del río Atemajac, que se encuentra sin entubar corriendo al aire libre, no ha sido objeto de programa por parte de las autoridades federales, estatales o municipales. Tal extensión comprende a partir de la calle Federalismo en Atemajac, municipio de Zapopan, hasta la central hidroeléctrica Valentín Gómez Farías, situada en Periférico Norte y avenida Imperio.

Esta extensión, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es de aproximadamente 2 mil 796.23 metros, alcanzando el río en algunos puntos un ancho de 40 metros.

El tramo de referencia afecta a los habitantes de colonias del municipio de Guadalajara, como Villas Alcalde, Santa Elena Alcalde, Santa Elena, Autocinema, Santa Elena de la Cruz y División del Norte, con población aproximada, según información del Inegi, de 34 mil 968 habitantes, quienes por esa desatención de que el río corra al aire libre, padecen, entre muchas, de enfermedades de la piel, de tipo respiratorio, dolores e irritación de la garganta, dolores de cabeza, nauseas y conjuntivitis por vivir en esas colonias que colindan con el río.

Además, los habitantes soportan, injustificadamente, los olores pestilentes del cauce del río que día a día son mayores dada su lamentable contaminación y el incremento de descarga de aguas que provienen del sistema de drenaje. Aunado a esto, se generan problemas de inseguridad por no existir sistema de iluminación que sirva a quienes transitan por la noche en las áreas colindantes con el río.

Quinta. La solución del problema relatado es muy urgente y tendrá que realizarse a la brevedad por ser inadmisible que los habitantes afectados sigan teniendo detrimento en su salud, cuya protección está tutelada como derecho fundamental en el artículo 4o., párrafo tercero, de la Constitución federal.

Esa solución debe ser estructural, teniendo el objetivo trascendental de preservar la salud de los pobladores afectados y fortalecer la sustentabilidad de la zona metropolitana de Guadalajara, proporcionando a esos habitantes una vida más digna, pues hasta la fecha, y no obstante que es ampliamente conocido el deterioro que sufren en su calidad de vida, han carecido de proyectos sanitarios.

Por lo expuesto, solicito que se someta a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con

Puntos de Acuerdo

Primero. Que se exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a realizar las obras de entubamiento del río Atemajac en la superficie aludida en las consideraciones, con la finalidad de proteger a los habitantes de las precitadas colonias del municipio de Guadalajara, quienes, se reitera, sufren afectación en su salud y bienestar por las aguas residuales expuestas al aire libre.

Segundo. Que se exhorte a la secretaría y a la comisión aludidas, a fin de que realicen las obras necesarias para que las aguas residuales del río Atemajac reciban el tratamiento adecuado para que el ecosistema, los lagos, lagunas, ríos y mar costero, no se vean afectados por estas descargas.

Tercero. Que se exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a incluir urgentemente en sus programas de atención la barranca de Huentitán, de Guadalajara, Jalisco, para salvaguardar la flora y fauna de este ecosistema.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada Gómez Caro, como lo solicita.Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

El diputado César Octavio Madrigal Díaz (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Madrigal.

El diputado César Octavio Madrigal Díaz (desde la curul): Diputado presidente, solicitarle a la ponente si fuera posible que me permita sumarme a su proposición. En mi caso también soy diputado de mayoría de Guadalajara y veo que es importante que se le dé un eficaz seguimiento a lo del río Atemajac.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada Clara Gómez Caro, ¿está usted de acuerdo en que se adhiera el señor diputado a su propuesta?

La diputada Clara Gómez Caro (desde la curul): Sí, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo la diputada, así que todos aquellos compañeros y compañeras que deseen adherirse a la propuesta de la diputada, favor de pasar a la Secretaría.

FONDO DE DESASTRES NATURALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Paula Hernández Olmos, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a que, a través de Segob y la Secretaría de Hacienda, se modifiquen las reglas de operación del Fonden para 2010.

La diputada Paula Angélica Hernández Olmos: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, Paula Hernández Olmos, del Grupo Parlamentario del PRI, somete a consideración de esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo bajo el tenor de las siguientes consideraciones.

En la actualidad resulta alarmante la frecuencia con la que presenciamos una serie de desastres naturales como inundaciones, lluvias, desbordamientos de ríos, rupturas de tuberías de aguas negras, ciclones, huracanes, incendios y hasta sismos que afectan a nuestros estados dejando consigo cuantiosas pérdidas económicas, materiales y humanas.

Dentro de la Ley General de Protección Civil, en sus artículos 29 al 37, se establecen los fundamentos legales para que el gobierno federal emita declaraciones de desastre y de emergencia. Con esta base las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) definen los lineamientos de intervención y financiamiento a las regiones, zonas y comunidades afectadas por desastres.

Debemos recordar que dicho fondo ha sido utilizado por diversos estados desde hace varios años. En 2007 el Sistema Nacional de Protección Civil, a través del Fonden, recibió aproximadamente 181 declaratorias de emergencia, continuando con la recepción de un número similar de declaratorias para 2008 y 2009. ¿Quién no recuerda a Gilberto, Henriette o Dean? Todos ellos huracanes que afectaron al país.

Por lo anterior, resulta necesario e inaplazable que el Fondo de Desastres Naturales sea un instrumento financiero eficaz y eficiente, respondiendo en tiempo y forma las declaraciones de emergencia que presentan los estados damnificados.

Es inadmisible que un fondo que debe operar los primeros días después de ocurrida la emergencia, actúe en ocasiones hasta un mes después debido a las reglas de operación actuales.

Por lo expuesto, someto a su consideración, compañeros diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Primero. Que se incluya en las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en el ejercicio fiscal 2010, que en lo relativo a la aplicación de los recursos, el gobierno federal aplique de manera inmediata su aportación, sin condicionar su utilización hasta que el estado afectado efectúe la contraparte correspondiente.

Segundo. Independientemente de la nueva figura de apoyos parciales inmediatos, el tiempo transcurrido entre la concurrencia del desastre, la evaluación definitiva y la transferencia de los recursos es considerable. Por lo que la federación aportará 20 por ciento de dicho costo para dar inicio de manera pronta y expedita a los trabajos correspondientes.

Tercero. Que la federación reembolse o cubra los gastos que realizan los gobiernos estatales en el caso de la adquisición de herramienta menor, así como otros insumos adquiridos para la pronta recuperación de la afectación.

Cuarto. Referente a los seguros catastróficos, toda vez que los estados han tomado la decisión de contratar dichos seguros para prever las contingencias, el gobierno federal cubrirá la diferencia entre el daño total y el costo que cubren los seguros, reconociendo como contraparte del estado la aportación por parte del seguro catastrófico. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a modificar mediante la Segob y la SHCP las Reglas de Operación del Fonden para 2010, a cargo de la diputada Paula Hernández Olmos, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, diputada Paula Angélica Hernández Olmos , del Grupo Parlamentario del PRI, somete a consideración de esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la actualidad resulta alarmante la frecuencia con la que presenciamos una serie de desastres naturales, como inundaciones, lluvias, desbordamientos de ríos, rupturas de tuberías de aguas negras, ciclones, huracanes, incendios y hasta sismos, que afectan a nuestros estados, dejando cuantiosas pérdidas económicas, materiales y humanas.

Lo anterior es consecuencia de los nocivos efectos provocados por el cambio climático, que afecta a todo el mundo, ya que provoca que las repercusiones de los fenómenos naturales tiendan a ser cada vez más fuertes e impredecibles.

Según cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, México presenta anualmente un promedio de 326 desastres climáticos.

Por lo anterior, resulta necesario e inaplazable que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) sea un instrumento financiero eficaz para brindar el apoyo que requieren las entidades federativas de la República Mexicana, respondiendo en tiempo y forma a las declaratorias de emergencia que presentan los estados damnificados.

Debemos recordar que dicho fondo ha sido utilizado por diversos estados de la República Mexicana desde hace varios años. En el 2007 el Sistema Nacional de Protección Civil, a través del Fonden, recibió aproximadamente 181 declaratorias de emergencia de estados como Chihuahua, Chiapas, Zacatecas, Hidalgo, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Jalisco, Sonora, Guerrero, Campeche, Durango, Yucatán y Quintana Roo, entre las entidades más afectadas, continuando con la recepción de un número similar de declaratorias para 2008 y 2009. Quién no recuerda a Jimena, Emily, Henrriette, Dean o las sequías de los últimos años.

Por ello, resulta insostenible que el Fonden no cumpla de manera sencilla y oportuna con su objetivo, el cual ``es la adquisición de suministros de auxilio para responder de manera inmediata a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población afectada ante situaciones de emergencia ocasionadas por fenómenos naturales perturbadores'', es inadmisible que un fondo que debe operar los primeros días después de ocurrida la emergencia, actúe en ocasiones hasta un mes después, debido a las reglas de operación actuales.

Dentro de la Ley General de Protección Civil, en sus artículos 29 al 37, se establecen los fundamentos legales para que el gobierno federal emita declaraciones de desastre y de emergencia. Con esta base las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, definen los lineamientos de intervención y financiamiento a las regiones, zonas y comunidades afectadas por desastres.

Sin embargo, las reglas de operación de los programas federales han sido obstáculos para la operación de los programas, y han limitado el ejercicio oportuno de los recursos ante estos lamentables sucesos.

Por lo anterior, someto ante ustedes las siguientes consideraciones:

Por lo expuesto, someto a su consideración, compañeros diputados, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Que se incluya en las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, en el ejercicio fiscal de 2010, que en lo relativo a la aplicación de los recursos, el gobierno federal aplique de manera inmediata su aportación, sin condicionar su utilización, hasta que el estado afectado efectúe la contraparte correspondiente.

Segundo. Una vez que se determine la estimación del costo de los daños ocasionados, la Federación aportará el 20 por ciento de dicho costo para dar inicio de manera pronta y expedita a los trabajos correspondientes.

Tercero. Referente a los seguros de gastos catastróficos, toda vez que los estados han tomado la decisión de contratarlos para prever las contingencias, se solicita que el gobierno federal cubra la diferencia entre el daño total y el costo que cubren los seguros, el gobierno federal reconocerá como contraparte del estado la aportación por parte del seguro catastrófico.

Cuarto. Que la federación reembolse o cubra los gastos (dentro del mismo Fonden) que realizan los gobiernos estatales en el caso de la adquisición de herramienta menor, así como otros insumos adquiridos para la pronta recuperación de la afectación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada Hernández Olmos.Túrnese a la Comisión de Gobernación.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe delegacional de Cuauhtémoc a que acepte y dé cumplimiento a la recomendación 14/2009, emitida por la Comisión de Derechos Humanos delDistrito Federal.

La diputada Rosi Orozco: Compañeros legisladores y compañeras legisladoras, me presento nuevamente ante ustedes para invitarlos a hacer una reflexión con respecto al punto de acuerdo que he entregado hoy a la Junta de Coordinación Políticay que ante ustedes presento.

Desde hace varios años, en nuestro país, se han dado pasos en el combate a la explotación sexual o la trata de personas que agrede en toda nuestra ciudad y en todo nuestro país a los más diversos entornos económicos y sociales, sobre todo, a nuestras niñas, niños y adolescentes.

Una de las primeras acciones que se emprendieron en México consistió en la tipificación de esta conducta delictiva, ya que hasta antes de marzo de 2007, la trata de personas no era considerada como un delito en el Código Penal Federal. Siete meses después se aprobó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que constituye el fundamento para la creación y desarrollo de la política de combate al crimen, de parte del Estado mexicano en materia de prevención y sanción de la trata de personas.

De conformidad con el informe, presentado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, relativo a la explotación sexual comercial infantil, publicado en 2007, se ha observado principalmente en las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, en zonas como la Alameda Central, la estación del metro Hidalgo, Garibaldi, Sullivan y la Zona Rosa, la existencia de prostitución infantil.

En atención a diversas denuncias realizadas por los vecinos de la delegación Cuauhtémoc, respecto de la existencia de niños, niñas y adolescentes prostituyéndose en las colonias Buenavista, Guerrero, Tabacalera, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió el 29 de julio la recomendación 14/2009, dirigida a la delegación Cuauhtémoc, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Secretaría de Transportes y Vialidad capitalinas.

Por lo que hace a la delegación Cuauhtémoc, en la recomendación se le solicita:

1. Que organice una audiencia vecinal para tomar la opinión y sugerencia de los vecinos de las colonias afectadas.

2. Que elabore un programa de mejoramiento urbano que favorezca mayores condiciones de seguridad y dignidad de la zona.

3. Que se instaure un taller de atención para niños, niñas y adolescentes, de manera que puedan tener tratamiento y apoyo social y psicológico, para procesar el contexto de violencia que han padecido.

4. Que elabore un programa interinstitucional detallado de atención integral coordinada y proactiva, que tenga por objetivo principal ofrecer alternativas a la práctica de la prostitución a través del ofrecimiento de apoyo social, educativo, económico, jurídico, de salud física y psicológica, así como oportunidades laborales diferentes al comercio sexual, a quienes por la razón que sea actualmente ejercen prostitución en las colonias Buenavista, Guerrero, San Rafael, Santa María la Ribera y Tabacalera.

5. Que denuncie y dé puntual seguimiento de la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, sobre la presunta comisión de delitos relacionados con la explotación sexual comercial, de adultos e infantil, en la delegación Cuauhtémoc, y que provea lo necesario para la atención inmediata de las posibles víctimas de dicha práctica.

6. Que solicite, ante la autoridad correspondiente, la investigación de las responsabilidades en las que podrán haber incurrido los funcionarios públicos involucrados en esta investigación.

En atención a lo anterior, hay que resaltar que el actual jefe delegacional de Cuauhtémoc se ha negado a aceptar y dar cumplimiento a la recomendación toda vez y en virtud de que considera no estar obligado a ello, argumentando que la recomendación 14/2009 fue notificada a la pasada administración, pero asegura que sí es su intención emprender acciones para atender esta problemática, y para ello sólo ha propuesto la reubicación de las sexoservidoras.

Quisiera comentar que el reubicarlas únicamente es crear una especie de campos de concentración donde los tratantes tendrán más control de ellas. Es una vergüenza, a escala internacional, señores diputados y señoras diputadas, ver los videos y las fotos de los callejones de Santo Tomás y Manzanares, en la delegación Cuauhtémoc, en donde desfilan mujeres y niñas como mercancías ante los ojos de perversos postores, siendo así como la trata de personas se ha convertido en la esclavitud del siglo XXI.

A un día de que se conmemore el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud y por lo expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes puntos de acuerdo.

Primero. Se exhorta al ciudadano jefe delegacional de Cuauhtémoc, Agustín Torres Pérez, a que acepte y dé cumplimiento a la recomendación 14/2009, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Segundo. Reconocemos la labor, sin precedente a escala nacional, del ciudadano procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien ha realizado operativos exitosos contra la trata de personas, y por tal motivo le solicitamos que en ejercicio de sus facultades y atribuciones, intensifique dichas acciones a fin de instrumentar una campaña integral para el combate contra la explotación sexual infantil y/o la trata de personas en la Ciudad de México.

Es cuanto, señor presidente. Solicito que sea incluido el texto íntegro del presente punto de acuerdo. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe delegacional en Cuauhtémoc a aceptar y cumplir la recomendación número 14/2009, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta asamblea los presentes puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Antecedentes

I. En México hay un incremento de la explotación comercial infantil o trata, y dada la ratificación de México al Protocolo para prevenir y sancionar la Trata de Personas, en unión con el esfuerzo internacional que hoy existe para combatir la explotación sexual infantil, se han diseñado instrumentos para combatir el tráfico y la trata de personas con fines sexuales, y el turismo sexual, así como la prostitución infantil, sin que hasta el momento se haya logrado erradicar la comisión de esos delitos.

II. En el Distrito Federal contamos en la legislación con delitos tipificados y relacionados con la explotación sexual infantil, catalogados como delitos contra la moral pública; por ejemplo: corrupción; pornografía, turismo sexual, lenocinio, trata de personas mayores o menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo.

La prostitución infantil consiste en permitir el acceso a una relación sexual con un menor de edad, ya sea niño o adolescente, de manera indiscriminada y mediante un pago, según el grado de complejidad del sistema económico que se dé a cambio de una satisfacción sexual específica.

El artículo 189 Bis del Código Penal para el Distrito Federal establece respecto al lenocinio:

Al responsable de este delito se impondrán prisión de ocho a quince años y de dos mil quinientos a cinco mil días de multa, así como clausura definitiva y permanente de los establecimientos descritos en la fracción III.

Respecto al delito de trata de personas se establece:

Cuando la víctima del delito sea persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir la conducta, se aumentarán las penas hasta en una mitad.

III. Desde hace varios años, en el país se han dado pasos importantes en el combate de la explotación sexual o la trata que agrede a personas de los más diversos entornos económicos y sociales, sobre todo a niños y a adolescentes.

México fue uno de los primeros países en comprometerse con la comunidad internacional, a través de la ratificación del Protocolo para prevenir y sancionar la Trata de Personas, en 2003. A partir de ese momento, el gobierno mexicano se comprometió a tomar las medidas necesarias para prevenir, combatir y proteger a las víctimas de este fenómeno delictivo.

Una de las primeras acciones que se emprendieron en el país consistió en la tipificación de esta conducta delictiva, ya que hasta antes de marzo de 2007 la trata de personas no era considerada delito en el Código Penal Federal.

Siete meses después se aprobó la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas.

Esta ley y su reglamento son el fundamento para la creación y el desarrollo de la política de combate del crimen del Estado mexicano en materia de prevención y sanción de la trata de personas. Para tales efectos, la ley señala que el gobierno federal establecerá una comisión intersecretarial en la materia, que fue instalada en julio del presente año, y es presidida por la Secretaría de Gobernación.

De conformidad con el último informe presentado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal relativo a la explotación sexual comercial infantil, publicado en 2007, se ha observado principalmente en Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, en zonas como la Alameda Central, la estación del Metro Hidalgo, Garibaldi, Sullivan y la Zona Rosa, la prostitución infantil.

IV. En atención de diversas denuncias realizadas por los vecinos de Cuauhtémoc respecto a la existencia de niños y de adolescentes que se prostituyen en las colonias Buenavista, Guerrero y Tabacalera, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió el pasado 29 de julio la recomendación número 14/2009, dirigida a la delegación Cuauhtémoc, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Transportes y Vialidad. Por lo que hace a la delegación Cuauhtémoc, en dicha recomendación se le solicita que

El actual jefe delegacional en Cuauhtémoc se ha negado a aceptar y cumplir la recomendación, pues considera que no está obligado; argumenta que la recomendación número 14/2009 fue notificada a la pasada administración, pero asegura que sí es su intención emprender acciones para atender esta problemática, para lo cual sólo ha propuesto la reubicación de las sexoservidoras.

La recomendación aplica independientemente de que el delegado en Cuauhtémoc haya cambiado, pues el problema continúa y lo único que existió fue en cambio de jefe delegacional. Además, no podemos perder de vista que la reubicación que propone el ahora delegado no soluciona de ninguna manera las violaciones que sufren en sus derechos los niños y los adolescentes de dicha demarcación. Se debe luchar por detectar los casos de niñas y de adolescentes que ejercen el trabajo sexual, y son víctimas de explotación sexual o trata de personas.

V. Tras la denuncia en la demarcación debemos reconocer la labor de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que realizó una operación el pasado 24 de octubre en la que se encontró a siete menores víctimas de explotación sexual, en los hoteles Buenavista y Estaciones, de la calle Bernal Díaz, así como Fortín, en Bernardino de Sahagún, Ángeles, en Félix Gómez, y Santander, en la calle de Arista, en Cuauhtémoc. Gracias a ello se logró rescatar a estas menores y capturar a 14 personas que las explotaban sexualmente y que son investigados por los delitos de trata de personas, lenocinio y delincuencia organizada; ése es un extraordinario avance en la lucha contra la explotación sexual infantil. Pero hoy no resulta suficiente, pues las acciones propias de prevención y atención de víctimas se encuentran detenidas; es decir, las redes de tratantes siguen operando de manera impune en el país.

VI. La diputada local Lía Limón García y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Asamblea del Distrito Federal presentaron el pasado 12 de noviembre proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al delegado en Cuauhtémoc a aceptar y cumplir la recomendación número 14/2009, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Considerandos

Primero. Que de conformidad con el artículo 2, Apartado B, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas contra actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público.

Segundo. Que el artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, dispone que son derechos de los niños la vida, la integridad y dignidad; la identidad; la certeza jurídica y familia; la salud, la alimentación, la educación, recreación y la información; y la participación y asistencia sociales.

Tercero. Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, es obligación de los órganos locales de gobierno otorgar y garantizar los servicios de defensa y representación jurídica para preservar los intereses de los niños, y aquéllos deberán ser gratuitos.

Cuarto. Que de conformidad con el artículo 5, fracciones I y II, de la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, el Abuso Sexual y la Explotación Sexual Comercial Infantil para el Distrito Federal, las víctimas, ya sean niños, adolescentes o mujeres, tienen derecho a ser protegidas contra cualquier forma de abuso sexual o explotación sexual comercial, ser tratadas con respeto en su integridad, y contar con el ejercicio pleno de sus derechos y con el respeto del libre desarrollo de la personalidad.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de la Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al jefe delegacional en Cuauhtémoc, Agustín Torres Pérez, a aceptar y cumplir la recomendación número 14/2009, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Segundo. Reconocemos la labor, sin precedente en el país, del procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien ha realizado operaciones exitosas contra la trata de personas. Por tal motivo, le solicitamos que, en ejercicio de sus facultades y atribuciones, intensifique las acciones que ha realizado a fin de instaurar una campaña integral contra la explotación sexual infantil o la trata de personas en la Ciudad de México.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, diputada Rosi Orozco, se inserta en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.

Se pospone la participación de la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún , del Grupo Parlamentario del PT, para presentar una proposición con punto de acuerdo.

CEDULA DE IDENTIDAD CIUDADANA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de la Función Pública, investigue el proceso de licitación pública internacional SG-N-DA-12/09.

El diputado Pablo Escudero Morales: Con su permiso, señor presidente. Hoy utilizo esta máxima tribuna de la nación para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de la Función Pública, se investigue el proceso de licitación referente a la cédula de identificación ciudadana y personal, mejor conocida como ``cédula biométrica'', así como para que comparezca el titular de la Secretaría de Gobernacióne informe a esta soberanía cuál es la procedencia de los recursos que serán destinados para esta contratación, toda vez que en el presupuesto de egresos de 2010, los diputados no le dimos suficiencia presupuestal a esta cédula de identidad.

En este recinto parlamentario, así como en la sesión en la Comisión de Gobernación, hubo varias intervenciones, hubo varias llamadas de atención. Todos coincidieron en resaltar que en estos momentos de crisis hacer una erogación superior a mil millones de pesos para esta cédula de identidad ciudadana era una irresponsabilidad, era desconocer la realidad de este país, era desconocer las prioridades como el desempleo, la creación de infraestructura, la salud y la educación.

El proceso de expedición de la cédula requiere ligar la identidad jurídica con información biométrica de cada persona.

No puedo dejar de observar que con esto podríamos estar violentando garantías individuales donde el bien jurídico tutelado es la conservación de la información y la intimidad personal, sin interferencias ni conocimientos de terceros.

Por otra parte, la Secretaría de Gobernación informó que la empresa holandesa Smartmatic International fue la única de seis empresas que cumplió con los requisitos solicitados en la convocatoria del 2 de octubre, así como con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sobre la adquisición de 2 mil equipos especializados en la obtención de la información biométrica que integrará el Registro Nacional de Población.

En los últimos días, en los medios electrónicos y en los diarios de mayor circulación se observa diferente información respecto de la solvencia de esta empresa y de supuestos fraudes internacionales en Venezuela, Bolivia, Estados Unidos, en algunos estados de ese país, como Chicago y Florida.

No debemos, no podemos olvidar el precedente del Registro Nacional de Vehículos, mejor conocido como Renave, y al señor Miguel Cavallo, en donde por una pésima y cuestionada decisión gubernamental pudo ponerse en riesgo la seguridad de millones de mexicanos, derivado del mal uso de los datos personales. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a investigar mediante la SFP el proceso de licitación pública internacional número SG-N-DA-12/09, por el cual se adquirirán equipos especializados para obtener información biométrica a fin de integrar el Renapo, y a indicar si la empresa Smartmatic International Holding, BV, cumplió los requisitos técnicos; y se solicita que comparezca el titular de la Segob a efecto de que informe de los procedimientos para la obtención, el almacenamiento y el procesamiento, y de las medidas de seguridad de los datos personales, a cargo del diputado Pablo Escudero Morales , del Grupo Parlamentario del PVEM

Pablo Escudero Morales , integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Considerandos

1. Que el presidente de la República, Felipe Calderón, anunció el pasado 28 de julio del año en curso la expedición de la cédula de identidad (Cedi) ciudadana y personal, en cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Población;

2. Que el anuncio de la cédula de identidad ciudadana, a cargo de la Secretaría de Gobernación, señala que se proveerá de un sistema de identidad único soportado sobre una base de datos nacional de identificación segura y libre de duplicados, la cual estará conformada por la identidad jurídica, la identidad vivencial como registro del individuo y sus datos biométricos, con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad para facilitar a la población el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, señalando como ventajas las siguientes:

3. Que la propia Secretaría de Gobernación informó que la cédula de identificación ciudadana será un documento que permitirá la identificación fehaciente de los ciudadanos, por lo que se elimina la necesidad de entregar documentación de identidad a diferentes entidades gubernamentales y organismos privados, por lo que disminuye el riesgo de fuga de información o suplantación de identidad. Asimismo, que el diseño de las medidas de seguridad de la base de datos del Servicio Nacional de Identificación Personal cumple con las recomendaciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Federal para la protección de datos personales;

4. Que el artículo 97 de la Ley General de Población vigente regula las figuras del registro nacional ciudadano y la cédula de identidad ciudadana, éstos son considerados como servicios de interés público que presta el Estado a través de la Secretaría de Gobernación, dentro de ésta corresponde al Registro Nacional de Población la instrumentación y operación de dichos instrumentos de registro e identificación;

5. Que la inscripción al registro nacional ciudadano y la obtención de la cédula de identidad ciudadana están establecidos en el artículo 98 de la misma ley como obligaciones del ciudadano y para cumplir con éstas. Las mexicanas y los mexicanos deberán de presentar la solicitud de inscripción correspondiente y entregar copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, del certificado de nacionalidad o carta de naturalización;

6. Que para verificar los datos aportados por el ciudadano, el artículo 101 de la Ley General de Población establece que la Secretaría de Gobernación podrá confrontar de los datos aportados por los ciudadanos con los que consten en los archivos correspondientes de dependencias y entidades de la administración pública federal que, para el ejercicio de sus funciones, tengan establecidos procedimientos de identificación personal, las cuales estarán obligadas a proporcionar la información que para este efecto solicite la Secretaría de Gobernación;

7. Que una vez cumplidos los requisitos establecidos, la Secretaría de Gobernación deberá expedir y poner a disposición del ciudadano la respectiva cédula de identidad ciudadana, documento oficial de identificación, que hace prueba plena sobre los datos de identidad que contiene en relación con su titular, documento que tendrá valor como medio de identificación personal ante todas !as autoridades mexicanas;

8. Que a pesar de la regulación anterior, aún no se conoce públicamente el procedimiento administrativo y los lugares en los que se programa se realizarán los trámites correspondientes;

9. Que la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, únicamente tiene registrado ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria --en materia de clave única de registro de población e identificación ciudadana-- la asignación de clave única del registro de población (CURP);

10. Que con la implantación de la cédula de identidad ciudadana, la Secretaría de Gobernación contará con una base más de datos personales de los ciudadanos que lo identificarán y situarán;

11. Que actualmente tiene el control de los datos del Registro Civil de todas las mexicanas y mexicanos a partir de la asignación de la clave única de registro de población a todas las personas domiciliadas en el territorio nacional, así como a los mexicanos domiciliados en el extranjero. Aunado a ello, cuenta con los datos personales que está obteniendo a través del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) a través de la asociación del número de la línea telefónica y la clave única de registro de población del usuario;

12. Que la Secretaría de Gobernación, a través del Registro Nacional de Población, es la entidad responsable de la administración del Renaut, con el apoyo de los proveedores del servicio de telefonía, de acuerdo a la resolución por la que el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones emite las Reglas del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil;

13. Que los métodos de identificación biométrica más comunes como el reconocimiento de iris, la geometría de la mano, la electroencefalografía, el reconocimiento de rostro, el patrón de voz y la huella digital y del registro para la identificación electrónica (conjunto de datos electrónicos integrados o asociados inequívocamente a un mensaje de datos que permite asegurar la integridad y autenticidad de ésta así como la identidad del firmante, es utilizada para firmar documentos y transacciones de manera irrefutable en el ámbito digital. De acuerdo con las reformas al Código Fiscal de la Federación, publicadas en el Diario Oficial el 28 de junio y 27 de diciembre de 2006, todos los contribuyentes están obligados a tramitar la firma electrónica avanzada, ``Fiel'', es un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, tal y como si se tratara de una firma autógrafa) para su utilización en diversos trámites administrativos;

14. Aunado a lo anterior, la Secretaría de Gobernación informó que la empresa holandesa Smartmatic lnternational Holding, BV, es la única de seis empresas que cumplió con los requisitos solicitados en la convocatoria emitida el 2 de octubre y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para la adquisición de 2 mil equipos especializados en la obtención de la información biométrica que integrará el Registro Nacional de Población;

15. Que la empresa Smartmatic International Holding, BV, en el registro de la Cámara de Comercio de Ámsterdam, aparece con actividades que se detallan como ``adquirir, enajenar, administrar y operar bienes raíces registro de la propiedad'' y en la licitación llevada a cabo por la Secretaría de Gobernación, se señala que el objeto social debe considerar fabricación, venta o distribución de los bienes o la prestación del servicio objeto de la licitación conforme a la ``adquisición de equipo especializado para la obtención de la información biométrica para el Servicio Nacional de Identificación Personal'';

16. Que la empresa Smartmatic Corporation, situada en Boca Ratón, Florida, Estados Unidos de América, se dedica a la venta y fabricación de dispositivos biométricos; sin embargo, ésta es otra razón social y otra empresa que pertenece al grupo, pero no es la que entregó y firmo la propuesta técnica en el proceso de licitación mencionado;

17. Que es importante señalar lo anterior, ya que Smartmatic ha participado en otros proyectos a nivel internacional y ha sido descalificada; por ejemplo, en la licitación internacional para el padrón electoral boliviano, por sospecha de participar con elecciones fraudulentas en Venezuela; sin embargo, consiguió hacerse cargo del desarrollo del sistema de registro biométrico a través de un tercero, la empresa argentina NEC, esto según el portavoz de Convergencia Nacional, Érick Fajardo;

18. Que para las elecciones a celebrarse en 2010 en Filipinas, en el proceso de licitación se presentaron quejas de empresas descalificadas, eliminadas por razones no sustanciales al proyecto, en este caso, existe la duda de que la Comisión de Elecciones favoreció la propuesta de Smartmatic;

19. Que Smartmatic también está en el ojo del FBI, respecto a delitos que van desde evasión fiscal en Estados Unidos de América hasta presuntos pagos en Venezuela de comisiones millonarias no declaradas;

20. Que en las elecciones primarias de Chicago en 2006, de las mil 761 máquinas para voto electrónico entregadas por Smartmatic a través de una subsidiaria Sequoia, mil 54 funcionaron correctamente y 707, o sea el 40 por ciento, no lo hicieron;

21. Que resulta de suma importancia conocer los procedimientos administrativos y las medidas de seguridad en la obtención, almacenamiento y procesamiento de datos a información personal de los ciudadanos para integrar el registro nacional ciudadano y la cédula de identidad ciudadana, así como las medidas que garantizan su confidencialidad, debido a que se propone la inclusión de datos biométricos y el registro para la identificación electrónica para su utilización en diversos trámites administrativos; y

22. Adicionalmente, no debemos olvidar el precedente del registro nacional de vehículos (Renave) y el nada célebre Miguel Cavallo, donde por una cuestionada decisión gubernamental pudo ponerse en riesgo la seguridad de millones de mexicanas y de mexicanos, derivado del mal uso de sus datos personales.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a investigar, a través de la Secretaría de la Función Pública, el proceso de licitación pública internacional número SG-N-DA-12109, mediante el cual se adquirirán equipos especializados para la obtención de información biométrica a fin de integrar el Registro Nacional de Población y aclare el porqué se descalificó a las empresas mexicanas e informe si la empresa Smartmatic International Holding, BV, cumplió con los requisitos técnicos.

Segundo. Se cite a comparecer al titular de la Secretaría de Gobernación para que informe a esta soberanía de los procedimientos para la obtención, almacenamiento procesamiento de los datos personales, entre los que destaca la información biométrica de los ciudadanos y las medidas de seguridad de la información.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputado. Diputado Ramírez Marín, dígame usted.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Estamos en el entendido de que el punto iba a ser turnado a comisión, le preguntaría al sustentante si estaría de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pregunto al señor diputado Pablo Escudero Moralessi está de acuerdo en que se turne a comisión y no se le considere de urgente resolución.

El diputado Pablo Escudero Morales: Sí, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. En tales condiciones,se turna a las Comisiones Unidas de Función Pública y de Gobernación.

ESTADOS PUEBLA Y DE TLAXCALA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Sergio González Hernández, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que, a través de Semarnat, en coordinación con los gobiernos de los estados de Puebla y Tlaxcala, emprenda acciones para el saneamiento de la cuenca de los ríos Atoyac y Zahuapan, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Sergio González Hernández: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, en México la distribución del agua es muy variable regionalmente y se encuentra íntimamente ligada a la satisfacción de las necesidades sociales más básicas, puesto que la disponibilidad del agua en cantidad y calidad es una condición necesaria para hacer viable el desarrollo social, económico y ambiental de nuestro país.

Los ríos y arroyos del país constituyen una red hidrográfica de 633 mil kilómetros, en la que destacan 50 ríos principales por los que fluye 87 por ciento del escurrimiento superficial del país y cuyas cuencas cubren 75 por ciento de la superficie de la extensión territorial continental de nuestro México.

Una de las regiones más importantes de México es la cuenca del río Balsas, debido a que en ella encontramos diversas unidades ecológicas, zonas agropecuarias y núcleos urbanos, los cuales, al interactuar, aportan diversos productos de la extracción, manejo y comercialización de los recursos naturales.

La cuenca del río Balsas incluye a la totalidad del estado de Morelos y parcialmente a los estados de Tlaxcala, Puebla, México, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco, representando 6 por ciento del territorio nacional, y está conformada por 422 municipios.

La problemática que se presenta en esta región es la alta contaminación de los ríos Atoyac y Zahuapan, en los límites de los estados de Tlaxcala y Puebla, lo que trae consigo un gran impacto en el deterioro ambiental.

Las principales fuentes de contaminación proceden de las descargas de origen doméstico y público que constituyen las aguas residuales de origen municipal, las descargas de aguas residuales de origen industrial y residuos sólidos, como la basura.

De los sistemas de alcantarillado existentes, la mayoría está incompleta; faltan redes, colectores y emisores, y la dispersión de las localidades de la cuenca provoca que los costos de la introducción de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento se incrementen.

Caso concreto es que 17 centros urbanos, con población mayor a 50 mil habitantes que integran esta cuenca, producen cerca de 40 por ciento del total de aguas residuales y sólo 7 de ellas cuentan con plantas de tratamiento, lo que hace necesaria la construcción de nuevas plantas de tratamiento y la adecuada operación de los sistemas de tratamiento ya existentes.

Este Congreso, en la aprobación del presupuesto para 2010 destinó recursos para el estado de Tlaxcala por 162 millones de pesos en materia de agua potable; y para el estado de Puebla, 380 millones de pesos.

Creo que son recursos suficientes para poder atender el problema de saneamiento de esta importante cuenca, que se ubica en un valle de horticultores que utilizan esta agua para poder regar sus productos y poder obtener los alimentos de esta región.

Otro aspecto que no debemos olvidar es el de la salud, ya que la presencia de sustancias tóxicas y microorganismos nocivos en las aguas de los ríos Atoyac y Zahuapan han generado graves problemas de salud a la población de esta región.

Tan sólo en el corredor industrial Quetzalcóatl, que se ubica en San Baltazar Temaxcalac-San Martín Texmelucan, Puebla, se encuentran instaladas empresas textiles, de fabricación de químicos aromáticos para la industria alimenticia y una metalúrgica, entre otras, cuyas aguas residuales con colorantes, pigmentos, solventes, ácidos grasos, metales, insecticidas, plaguicidas, fertilizantes, detergentes y muchas otras sustancias químicas tóxicas para la salud, son vertidas en estas cuencas de los ríos Atoyac y Zahuapan.

Esta situación señala la urgencia de implementar acciones enfocadas al manejo integral y sustentable del agua, así como de la implementación de sistemas de captación, tratamiento del agua y regulación de descargas de aguas residuales a los cuerpos receptores, a fin de garantizar el bienestar actual y futuro de los habitantes de esta región, así como la conservación del ambiente.

Por las consideraciones expuestas, se presentan ante esta soberanía los siguientes puntos de acuerdo.

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, emprenda acciones inmediatas para el saneamiento de la cuenca de los ríos Atoyac y Zahuapan.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar las auditorías ambientales correspondientes a los municipios y a las empresas de la zona del afluente de los ríos Atoyac y Zahuapan e informe de los resultados obtenidos a esta soberanía y a las autoridades correspondientes, en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la aprobación de este punto de acuerdo, a efecto de verificar el cumplimiento eficiente del tratamientos de sus aguas residuales y, en su caso, sancionar a los responsables.

Señor presidente, solicito que se integre el texto completo de esta propuesta en el Diario de los Debates. Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emprender acciones mediante la Semarnat, en coordinación con los gobiernos de Puebla y de Tlaxcala, para sanear la cuenca del río Atoyac-Zahuapan, a cargo del diputado Sergio González Hernández y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Sergio González Hernández , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los últimos años, la problemática de la sobreexplotación de los recursos naturales y la necesidad de proteger el ambiente ante el incremento de los niveles de contaminación ha adquirido relevancia internacional, al tratarse de fenómenos de consecuencias irreversibles.

Un tema que no escapa de esta realidad es el agotamiento de los recursos hídricos, el cual es considerado ya como uno de los problemas más alarmantes del actual mundo globalizado y un asunto prioritario en la agenda internacional.

La disponibilidad de agua promedio anual en el mundo es de aproximadamente mil 386 millones de kilómetros cúbicos, de los cuales 97.5 por ciento es agua salada y sólo 2.5 por ciento, o 35 millones de kilómetros cúbicos, es agua dulce, de esta cantidad casi 70 por ciento no está disponible para consumo humano porque se encuentra en los glaciares, en la nieve y en el hielo. ¹

Este problema de la disponibilidad se agrava por los desequilibrios hidráulicos que ocasionan el constante crecimiento de la demanda, la ineficiencia de su uso y el aumento en los niveles de contaminación ocasionados por prácticas inadecuadas en su gestión y consumo.

En México la distribución del agua es muy variable regionalmente y se encuentra íntimamente ligada a la satisfacción de las necesidades sociales más básicas, puesto que la disponibilidad de agua en cantidad y calidad es una condición necesaria para hacer viable el desarrollo social, económico y ambiental de nuestro país.

Los ríos y arroyos del país constituyen una red hidrográfica de 633 mil kilómetros en la que destacan 50 ríos principales por los que fluye 87 por ciento del escurrimiento superficial del país y cuyas cuencas cubren 65 por ciento de la superficie de la extensión territorial continental del país.

Una de las regiones más importantes de México es la cuenca del río Balsas, debido a que en ella encontramos diversas unidades ecológicas, zonas agropecuarias y núcleos urbanos, los cuales, al interactuar, aportan diversos productos de la extracción, manejo y comercialización de los recursos naturales.

La cuenca del río Balsas incluye a la totalidad del estado de Morelos y parcialmente a Tlaxcala, Puebla, México, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco, representando 6 por ciento del territorio nacional y está conformado por 422 municipios.

La problemática que se presenta en esta región es la alta contaminación en los ríos Atoyac y Zahuapan en Tlaxcala y Puebla, lo que trae consigo un gran impacto en el deterioro ambiental.

Las principales fuentes de contaminación proceden de las descargas de origen doméstico y público que constituyen las aguas residuales de origen municipal, las descargas de aguas residuales de origen industrial y residuos sólidos (basura).

De los sistemas de alcantarillado existentes, la mayoría están incompletos (faltan redes, colectores y emisores), y la dispersión de las localidades de la cuenca, provoca que los costos por la introducción de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento se incrementen.

Caso concreto es que 17 centros urbanos con población mayor a 50 mil habitantes que integran la cuenca producen cerca de 40 por ciento del total de aguas residuales y sólo siete de ellas cuentan con planta de tratamiento. Lo anterior, hace necesaria, la construcción de nuevas plantas de tratamiento y la adecuada operación de los sistemas existentes.

Otro aspecto que no debemos olvidar es el de la salud, ya que la presencia de sustancias tóxicas y microorganismos nocivos en las aguas de los ríos Atoyac y Zahuapan ha generado graves problemas de salud a la población de esa región.

Tan sólo en el corredor industrial Quetzalcóatl, que se ubica en San Baltasar Temaxcalac, se encuentran instaladas empresas textiles, de fabricación de químicos aromáticos para la industria alimenticia, y una metalúrgica, entre otras, cuyas aguas residuales con colorantes, pigmentos, solventes, ácidos grasos, metales, insecticidas, plaguicidas, fertilizantes, detergentes y muchas otras sustancias químicas tóxicas para la salud que son vertidas al río Zahuapan.

Esta situación señala la urgencia de implementar acciones enfocadas al manejo integral y sustentable del agua, así como la implementación de sistemas de captación, tratamiento del agua y regulación de descargas de aguas residuales a los cuerpos receptores, a fin de garantizar el bienestar actual y futuro de los habitantes de esa región, además de la conservación del medio ambiente.

Por las consideraciones expuestas se presenta ante esta soberanía, como de urgente resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, emprendan acciones inmediatas para el saneamiento de la cuenca del río Atoyac-Zahuapan.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que realice las auditorías ambientales correspondientes a las empresas de la zona del afluente del río Atoyac-Zahuapan e informe los resultados obtenidos a esta soberanía y a las autoridades correspondientes, en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la aprobación de este punto de acuerdo, a efecto de verificar el cumplimiento eficiente de sus tratamientos de aguas residuales y, en su caso, sancionar a los responsables.

Nota: 1 Estadísticas del agua en México, edición 2008, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La diputada Janet Graciela González Tostado (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputada González. Dígame usted.

La diputada Janet Graciela González Tostado (desde la curul): Quisiera sumarme al punto de acuerdo del diputado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señor diputado, está solicitando la diputada González adherirse a la propuesta que hizo usted. ¿Tiene inconveniente?

El diputado Sergio González Hernández: No, ninguno. Adelante.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No tiene inconveniente. Puede usted pasar a suscribir el documento. Muchas gracias, diputada.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Domingo Rodríguez Martell, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo al caso de la minera San Xavier, en San Luis Potosí.

El diputado Domingo Rodríguez Martell: Gracias, señor presidente. Compañeros y compañeras, un grupo de diputados de distintos partidos políticos, del PRD, del PT y del PRI, estamos suscribiendo este punto de acuerdo que hoy sometemos a consideración del pleno.

Después de una larga lucha iniciada en 1999 contra la empresa transnacional canadiense Minera San Xavier, que en forma ilegal, abusando de la proclividad de diversas autoridades a la corrupción, logró tres años de operación de una mina a tajo a cielo abierto, y lixiviación a base de enormes cantidades de cianuro y el uso de 25 toneladas diarias de explosivos.

Los daños que estas actividades causaron en todos los órdenes, muchas de ellas como las de impacto ambiental, pueden considerarse irreversibles. En el aspecto cultural se sufrió en forma irreparable la destrucción del cerro, emblema del escudo de armas de nuestro estado, San Luis Potosí; debido al impacto económico y social, quedó muy deteriorado, pero rescatable.

El poblado de Cerro de San Pedro fue fundado el 4 de marzo de 1592 y dio origen a que el 3 de noviembre del mismo año se fundara lo que hoy es la ciudad capital de San Luis Potosí. Su riqueza histórica y arquitectura vernácula es de una relevancia extraordinaria, al grado de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia impulsó una declaratoria para que este poblado quedara como patrimonio de la humanidad, en 1998.

Se llevaron a cabo todos los trabajos. El documento de declaratoria lo envió al gobierno del estado para su firma; el gobernador en turno se negó a aceptarla para proteger el ilegal proyecto de la Minera San Xavier. Las consecuencias de estas erróneas políticas, como lo vemos, son desastrosas.

Cuando la Minera San Xavier llegó al municipio, ya había iniciado la construcción de una serie de obras de infraestructura, acorde con la vocación turística del poblado para inhibir el desarrollo turístico que de seguro frustrará el proyecto minero.

La empresa minera compró la obra del hotel más grande y suspendió su construcción, acto seguido anunció que su proyecto implicaba la destrucción misma del poblado. Esto originó que todas las obras se suspendieran. Es necesario asentar que no fue la parte oficial, sino la iniciativa privada de pequeños inversionistas, la promotora de este desarrollo turístico.

De no haber sido así, en la actualidad éste fuera un centro turístico de importancia para el estado con la generación de miles de empleos limpios, sin contaminación, sin destrucción, sin problemas políticos y sociales, y cuyos beneficios quedarían tanto en el municipio como en el estado; y em- pleos estables que asegurarían trabajo a las futuras generaciones.

La empresa minera ha generado sólo 200 empleos temporales por siete u ocho años y lo único que dejó fue el saqueo de nuestros recursos no renovables y grandes problemas que aún se perpetúan a nivel internacional, dejando al descubierto las vastas redes de corrupción de funcionarios públicos.

Sin embargo, el caso del poblado está intacto, pero la empresa minera está, a través de sus grupos de choque, tratando de desequilibrar más el ya dañado tejido social, agrediendo a los opositores, amagando con que va a dejar sin sustento a 10 mil familias que dependían de la minera. El cerro de San Pedro está clasificado como zona de alta marginación.

Una forma de evitar los criminales intentos de desestabilización de esta empresa y de rescatar una zona que a corto plazo puede convertirse en un polo de desarrollo turístico de importancia, es que tanto la federación como el estado implementen programas de rehabilitación del poblado con apoyos económicos que puedan generar un desarrollo sustentable en armonía con la vocación natural de la zona, considerada por el decreto zona de monumentos. Y aprovechando la gran cantidad de recursos con que cuenta esto, no sólo beneficiaría a la economía de la población, sino las finanzas públicas, pues los beneficios quedarían en el municipio y en el estado.

Por lo expuesto, y dada la grave situación que prevalece en este municipio, me permito proponer el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Solicitar respetuosamente a la Secretaría de Desa-rrollo Social, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Agricultura, a la Secretaría de Turismo que se acuerde partida emergente para programas de apoyo, a fin de generar proyectos encaminados a la restauración material, económica y social del municipio del cerro de San Pedro.

Segundo. Que se remita a la Secretaría de Educación y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a efecto de reactivar de manera inmediata el proceso para la declaratoria de patrimonio histórico de la humanidad ante la UNESCO, para que el municipio citado goce del lugar histórico que le corresponde.

Tercero. Que se conforme una Comisión Especial plural de diputados federales que se trasladen al municipio del Cerro de San Pedro, a efecto de documentarse sobre los acontecimientos ahí sucedidos.

Asimismo, para que recabe información y entregue a este pleno un informe preciso del estado jurídico, social y político en que se encuentra dicha localidad en relación a los hechos multicitados. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al caso de Minera San Xavier, en San Luis Potosí, a cargo del diputado Domingo Rodríguez Martell , del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados Domingo Rodríguez Martell , Juanita Arcelia Cruz Cruz , María Dina Herrera Soto y Carlos Torres Piña , integrantes de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo que establecen los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Después de una larga lucha iniciada en 1999 contra una empresa transnacional canadiense que en forma ilegal, abusando de la proclividad de diversas autoridades a la corrupción, logró llevar a cabo tres años de operación de una mina a cielo abierto y lixiviación con base en enormes cantidades de cianuro y el uso de 25 toneladas diarias de explosivos. Los daños que estas actividades causaron en todos los órdenes, muchas de ellas como las de impacto ambiental, se pueden considerar irreversibles.

En el aspecto cultural, se sufrió en forma irreparable la destrucción del cerro emblema del escudo de armas de nuestro estado. El impacto económico y social quedó muy deteriorado pero rescatable.

El poblado de Cerro de San Pedro fue fundado el 4 de marzo de 1592 y dio origen a que el 3 de noviembre del mismo año se fundara lo que hoy es la ciudad capital de San Luis Potosí, su riqueza histórica y su arquitectura vernácula es de una relevancia extraordinaria al grado que el Instituto Nacional de Antropología e Historia impulsó una declaratoria para este poblado como patrimonio de la humanidad en 1998. Se llevaron a cabo todos los trabajos que para el caso se requieren, el gobierno federal elaboró el documento de declaratoria y lo envió a gobierno del estado para su firma, el gobernador en turno se negó a aceptarla para proteger el ilegal proyecto de Minera San Xavier. Las consecuencias de estas erróneas políticas, como lo vemos, fueron desastrosas.

Cuando Minera San Xavier llegó al municipio, ya había iniciado la construcción de una serie de obras de infraestructura acorde con la vocación turística del poblado. Para inhibir el desarrollo turístico que de seguro frustraría el proyecto minero, la empresa minera compró la obra del hotel más grande y suspendió su construcción, acto seguido anunció que su proyecto implicaba la destrucción del poblado, esto originó que todas las obras se suspendieran, es necesario asentar que no fue la parte oficial sino la iniciativa privada de pequeños inversionistas la promotora de desarrollo turístico.

De no haber sido así, en la actualidad este fuera un centro turístico de importancia para el estado con la generación de miles de empleos limpios, sin contaminación, sin destrucción, sin problemas políticos y sociales, cuyos beneficios quedarían tanto en el municipio como en el estado, empleos estables que asegurarían trabajo a las futuras generaciones; la empresa sólo generaba unos 200 empleos temporales por siete u ocho años, y lo único que dejó fue saqueo de nuestros recursos no renovables y grandes problemas que aún repercuten a nivel internacional dejando al descubierto vastas redes de corrupción de funcionarios públicos.

Sin embargo, el casco del poblado está intacto, pero la empresa minera está, a través de sus grupos de choque, tratando de desequilibrar más el ya dañado tejido social agrediendo a los opositores acusándolos de que van a dejar sin sustento a las 10 familias que dependían de la minera. Cerro de San Pedro está clasificado como zona de alta marginación.

Una forma de evitar los criminales intentos desestabilizadores de la empresa y de rescatar una zona que a corto plazo se puede convertir en un polo de desarrollo turístico de importancia, es que tanto la federación como el estado implementen programas de rehabilitación del poblado, con apoyos económicos que puedan generar un desarrollo sustentable en armonía con la vocación natural de la zona considerada por decreto zona de monumentos y aprovechando la gran cantidad de recursos con que cuenta no sólo beneficiaría la economía de la población, sino las finanzas públicas, pues los beneficios quedarían en el municipio y en el estado.

Por lo anteriormente expuesto y dada la grave situación que prevalece en este municipio, me permito proponer los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Este Congreso de la Unión solicita respetuosamente a las Secretarías de Desarrollo Social, de Economía, de Hacienda, de Agricultura, y de Turismo federales que se acuerden partidas de los programas de apoyo a fin de generar, mediante proyectos previamente elaborados, la restauración material social y económica de la cabecera municipal de Cerro de San Pedro.

Segundo. Que se remita a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que se reactive el proceso de la declaratoria de patrimonio histórico ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) para que el poblado goce del lugar histórico que se merece, esto a la vez coadyuvaría para que los frustrados intentos para lograr una declaratoria similar para el centro histórico de la ciudad capital de San Luis Potosí se consumara con un argumento real.

Tercero. La conformación de una comisión plural de diputados que se traslade a Cerro de San Pedro, a efecto de imponerse de los acontecimientos ahí sucedidos, recabe información y entregue a este pleno un informe preciso del estado jurídico, social y político en que se encuentra dicha localidad, en relación con los acontecimientos multicitados.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado.Túrnese el primer punto a la Comisión de Desarrollo Social. El segundo punto a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, y el tercer punto a la Junta de Coordinación Política.

Se pospone la participación del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos , del Grupo Parlamentario del PT.

PETROLEOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Leandro Rafael García Bringas, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que Pemexentregue a esta soberanía un informe detallado sobre las acciones instrumentadas por la paraestatal en el combate al robo de combustible.

El diputado Leandro Rafael García Bringas: Con su permiso, señor presidente. Estimados compañeros, se estima que durante el último año Petróleos Mexicanosregistró robo de combustible por 9 mil 300 millones de pesos, de los cuales 5 mil 837 millones correspondieron al robo de gasolina, diesel y otros petrolíferos y 3 mil 500 a condensados de gas.

Asimismo, entre 2007 y 2008 se calcula que se presentó el mayor incremento en el número de tomas clandestinas detectadas en la historia de Pemex, al alcanzar 396, lo que representa un incremento de 22.6 por ciento.

Pemex ha informado que durante 2008 se le extrajeron en forma clandestina e ilegal cerca de 5 millones de barriles en producto; durante el primer semestre de 2009 se descubrieron 190 tomas clandestinas de las que se extrajeron 2 millones 88 mil barriles. El valor de lo robado asciende a 2 mil 237 millones de pesos. Esta ordeña representa un incremento de 10 por ciento respecto del mismo periodo de 2008, con un total de un millón 898 mil barriles.

El robo de gasolina en nuestro país no es reciente, cabe recordar que en 2005 el Senado de la República aprobó diversas medidas para combatir el robo de combustibles y calificar como delitos graves la adulteración de los mismos. Dichas reformas imponen de 6 a 10 años de prisión y una multa de 500 a 10 mil días de salario mínimo vigente a quien sustraiga o aproveche hidrocarburos de manera ilegal.

Sin embargo, desde 2006 se ha venido registrando un incremento importante en el volumen de los robos. Recientemente Pemex denunció que se había registrado un aumento en la sustracción de condensados de gas. Cabe precisar que estos productos se utilizan para la adulteración de combustibles.

En 2004 las tomas clandestinas descubiertas por Petróleos Mexicanos fueron 110; para 2008 ascendieron a 396. Lo que significa un incremento del orden de 260 por ciento.

Las principales entidades afectadas por el robo de combustibles en 2008 son: Veracruz con 176 tomas clandestinas; el estado de México con 37; Nuevo León con 31; Tamaulipas con 23; Guanajuato 22; Hidalgo 17; Tabasco con 13 y Coa-huila con 12.

En ese sentido, quiero hacer especial énfasis en lo que se refiere al robo de combustibles en el estado de Veracruz, dado que en dicha entidad federativa se presenta cerca de 45 por ciento del robo a escala nacional, lo cual resulta preocupante y alarmante. Considero que es en donde las autoridades deben poner mayor cuidado e intensificar los operativos.

Bajo este contexto, México enfrenta un país de suma complejidad, por lo que Pemex debe impulsar y fortalecer los programas de combate al mercado ilícito de combustibles. Para lograr lo anterior, Pemex debe considerar la instalación de más sistemas de medición y control de terminales, sistemas computarizados de monitoreo y de control remoto en ductos y equipos de rastreo satelital de autotanques, sistemas de circuito cerrado de televisión, mediciones en línea de los principales puntos de transferencia de los productos y otros.

Los recursos petroleros son patrimonio de todos los mexicanos y es deber y responsabilidad de Pemex, del gobierno federal y de las entidades federativas, el resguardo y cuidado de dichos recursos.

En este sentido, es necesario implementar un programa que garantice una protección efectiva de ductos a evitar el robo de combustible, que de acuerdo con diversas proyecciones representa una merma para las finanzas de Petróleos Mexicanos, de varios miles de millones de pesos.

Por esta razón se hace un atento exhorto al Ejecutivo federal, para que Petróleos Mexicanos entregue a esta Cámara de Diputados un informe detallado sobre las acciones instrumentadas por la paraestatal en el combate al robo del combustible. Asimismo, se solicita que en dicho informe se evalúe la pertinencia legal y económica, de incrementar las sanciones penales por el robo de combustible.

Finalmente, se solicita un informe sobre la efectividad de los convenios de coordinación entre Pemex y las entidades federativas para combatir el robo de combustible.

En virtud de lo expuesto y con base en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en el 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta honorable asamblea los siguientes puntos de acuerdo.

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a fin de que Petróleos Mexicanos entregue a esta Cámara de Diputados un informe detallado sobre las acciones instrumentadas por la paraestatal en el combate al robo de combustibles.

Segundo. Se solicita que en dicho informe se evalúe la pertinencia legal y económica de incrementar las sanciones penales por el robo de combustibles.

Tercero. Se solicita un informe sobre la efectividad de los convenios de coordinación entre Pemex y las entidades federativas para combatir el robo de combustibles. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que Pemex entregue a esta soberanía un informe detallado sobre las acciones de la paraestatal para combatir el robo de combustibles, a cargo del diputado Leandro Rafael García Bringas , del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, Leandro Rafael García Bringas , diputado a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Se estima que durante el último año Petróleos Mexicanos ( Pemex) registró robo de combustibles por 9 mil 300 millones de pesos, de los cuales 5 mil 837 millones correspondieron a robo de gasolina, diesel y otros productos petrolíferos, y 3 mil 500 a condensados de gas.

Asimismo, entre 2007 y 2008 se calcula que se presentó el mayor incremento en el número de tomas clandestinas detectadas en la historia de Pemex al alcanzar 396, representando un incremento de 22.6 por ciento. ¹

Pemex ha informado que durante 2008 se le extrajeron de forma clandestina e ilegal cerca de 5 millones de barriles de productos.

Durante el primer semestre de 2009, se descubrieron 190 tomas clandestinas, de las que se extrajeron 2 millones 88 mil barriles. El valor de lo robado asciende a 2 mil 237 millones de pesos. Esta ordeña representa un incremento de 10 por ciento respecto al mismo periodo de 2008, con un total de un millón 898 mil barriles.

El robo de gasolina en nuestro país no es reciente, cabe recordar que en 2005 el Senado de la República aprobó diversas medidas para combatir el robo de combustibles, como calificar de delitos graves el robo y adulteración de los combustibles. Dichas reformas imponen de seis a 10 años de prisión y multa de 500 a 10 mil días a quien sustraiga o aproveche hidrocarburos, en cualquier estado, de los equipos e instalaciones de la industria petrolera nacional, sin consentimiento explícito de las autoridades en el ramo.

Sin embargo, desde 2006 se ha venido registrando un incremento importante en los volúmenes de robo.

Recientemente, Pemex denunció que se había registrado un aumento en la sustracción de condensados de gas. Cabe precisar que estos productos --líquidos de gas-- se utilizan para la adulteración de combustibles.

En 2004, las tomas clandestinas descubiertas por Pemex fueron 110; para 2008 ascendieron a 396, lo que significa un incremento del orden del 260 por ciento. Las principales entidades afectadas por el robo de combustibles en 2008 son: Veracruz con 176 tomas clandestinas, Estado de México con 37, Nuevo León con 31, Tamaulipas con 23, Guanajuato con 22, Hidalgo con 17, Tabasco con 13, y Coahuila con 12.

En este sentido, quiero hacer especial énfasis en lo que se refiere al robo de combustibles en el estado de Veracruz, dado que en dicha entidad federativa se presenta cerca del 45 por ciento del robo total a nivel nacional. Lo cual resulta realmente preocupante y alarmante, y considero que es donde las autoridades deben poner mayor cuidado, e intensificar sus operativos.

En este contexto, el país enfrenta un problema de suma complejidad, por lo que Pemex debe impulsar y fortalecer los programas de combate al mercado ilícito de combustibles. Para lograr lo anterior, Pemex debe considerar la instalación de más sistemas de medición y control de terminales, sistemas computarizados de monitoreo y de control remoto en ductos, equipos de rastreo satelital de autotanques, sistemas de circuito cerrado de TV, mediciones en línea de los principales puntos de transferencia de los productos, entre otros.

Los recursos petroleros son patrimonio de todos los mexicanos y es deber y responsabilidad de Pemex, del gobierno federal y de la entidades federativas el resguardo y cuidado de dichos recursos. En este sentido, es necesario implementar un programa que garantice una protección efectiva de ductos a fin de evitar el robo de combustible que, de acuerdo con diversas proyecciones, representa una merma para las finanzas de Pemex de varios miles de millones de pesos.

Por esta razón, se hace un atento exhorto al Ejecutivo federal para que Petróleos Mexicanos entregue a esta honorable Cámara de Diputados un informe detallado sobre las acciones instrumentadas por la paraestatal en el combate al robo de combustibles, así mismo se solicita que en dicho informe se evalúe la pertinencia legal y económica de incrementar las sanciones penales por el robo de combustibles, y finalmente se solicita un informe sobre la efectividad de los convenios de coordinación entre Pemex y las Entidades Federativas para combatir el robo de combustibles.

En virtud de lo expuesto y con base en los artículos 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero: Se exhorta al Ejecutivo federal a fin de que Petróleos Mexicanos entregue a esta honorable Cámara de Diputados un informe detallado sobre las acciones emprendidas por la paraestatal en el combate al robo de combustibles;

Segundo: Se solicita que en dicho informe se evalúe la pertinencia legal y económica de incrementar las sanciones penales por el robo de combustibles, y

Tercero: Se solicita un informe sobre la efectividad de los convenios de coordinación entre Pemex y las entidades federativas para combatir el robo de combustibles.

Nota: 1 Fuente: E-consulta, en el artículo ``El robo de gasolina y diesel a Pemex aumenta cada año'', del 31 de julio de 2009.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado García Bringas.Túrnese a la Comisión de Energía.

Se pospone la participación del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos , del Grupo Parlamentario del PT.

CONSERVACION Y AMPLIACION DE BOSQUES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Janet Graciela González Tostado, del Grupo Parlamentario del PRI, con proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Semarnat, a la Secretaría de la Reforma Agrariay a la Procuraduría Agraria a implementar los trabajos, acciones y revisión jurídica pertinentes para posibilitar la conservación y ampliación de la mancha boscosa.

La diputada Janet Graciela González Tostado: Gracias, señor presidente, con su permiso. Diputadas y diputados, la sierra nevada en la que convergen los estados de México, Puebla, Tlaxcala y Morelos está formada esencialmente por los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Las cumbres de estos volcanes ocupan el segundo y tercer puestos por su elevación, a escala nacional, y normalmente estaban cubiertas de nieve durante todo el año.

La Malinche se ubica en el valle de Tlaxcala-Puebla y es la quinta montaña más alta del país. Su importancia al ecosistema es muy grande, pues basta saber que de las 52 mil 683 hectáreas cubiertas de bosque en Tlaxcala, alrededor de 37 por ciento está cubierto en el parque de La Malinche. Lamentablemente datos de la Conafor sitúan su deforestación en hasta 65 por ciento de sus árboles, debido a la tala, actividades agrícolas, pastoreo e incendios forestales.

El Pico de Orizaba se considera la montaña más alta de México y no está exento de la pérdida de sus recursos, pues debido a la deforestación y falta de agua que no es retenida, porque simplemente ya no hay suficiente bosque, se calcula que 80 por ciento del pino navideño producido en las faldas del volcán se ha perdido en este ciclo.

La Sierra Negra y la Sierra Norte son zonas que también sufren graves pérdidas por la sobreexplotación de agua, la consecuente deforestación e incendios; asimismo en la cordillera del Cofre de Perote, agregándole también la explotación de sus bancos de arena.

De acuerdo con información y análisis realizados por autoridades federales y estatales, por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y por organizaciones no gubernamentales, en los últimos 10 años estas zonas se han convertido ya en un foco rojo ambiental en lo que se refiere a la conservación de agua, suelo, fauna y bosque.

De acuerdo con el diagnóstico seccional del Parque Nacional Izta-Popo realizado por la American Forest Foundation en la sierra nevada del centro del país, la causa de la sobreexplotación de agua ocurre por la explosión demográfica, el crecimiento de la cantidad del uso de agua por persona y el mal uso que se le da en canales abiertos para la agricultura; además de la extracción para aguas embotelladas por compañías instaladas en esa zona.

Estas extracciones de agua van a causar en el futuro un problema grave porque los bosques que tienen la función de captación de agua están mal manejados, ya que por año estamos perdiendo a escala nacional más de un millón de hectáreas de bosque.

Las comunidades que proveen el agua empiezan a señalar las dificultades para seguir dando este vital líquido, por lo que urgen acciones de reforestación y retención; al mismo tiempo, continuar con proyectos de tratamiento y reducción del desperdicio. Se estima, además, que por el cambio climático los glaciares de estas zonas se perderán con la devastadora y consecuente extinción de la flora y la fauna.

Es necesario, es urgente que la Semarnat implemente una coordinación eficiente a través de sus dependencias: Conagua, Conafor y la Profepa, para implementar medidas que detengan las dramáticas condiciones de estas zonas. Si tan sólo se cumpliera el Plan de Desarrollo Nacional 2007-2012, en el rubro de selvas y bosques, mucho se podría hacer por las regiones y los problemas descritos.

En mérito de lo expuesto y fundado solicito atentamente la aprobación de los siguientes puntos de acuerdo.

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar los trabajos pertinentes para la conservación y ampliación de la mancha boscosa, en la sierra nevada de los estados de México, Puebla, Tlaxcala y Morelos; en La Malinche, en los estados de Puebla y Tlaxcala; En el Pico de Orizaba, en los estados de Puebla y Veracruz; en la Sierra Negra, en los estados de Puebla, Oaxaca y Veracruz; en la Sierra Norte, de los estados de Puebla y Veracruz; y en el Cofre de Perote, en Veracruz.

Y así generar una mayor captación de agua, carbono y suelo que contribuya a la conservación y rescate de los recursos naturales de estas importantes reservas ecológicas de nuestro país.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria y a la Procuraduría Agraria a que en el marco de sus facultades revisen la legalidad del cambio de uso de suelo de los terrenos agrícolas de las zonas que colindan con los bosques o al interior de estos.

Sólo tenemos un planeta, ¿qué es lo que queremos dejarles a nuestros hijos? Es cuanto, señor presidente. Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la SRA y a la Procuraduría Agraria a implantar los trabajos, las acciones y la revisión jurídica pertinentes para posibilitar la conservación y ampliación de la mancha boscosa en la sierra nevada de los estados de México, Puebla, Tlaxcala y Morelos; La Malinche, en Puebla y Tlaxcala; el Pico de Orizaba, en Puebla y Veracruz; la Sierra Negra, en Puebla, Oaxaca y Veracruz; la Sierra Norte, en Puebla y Veracruz; y Cofre de Perote, en Veracruz, a cargo de la diputada Janet Graciela González Tostado , del Grupo Parlamentario del PRI

Antecedentes

En la Sierra Nevada convergen los estados de México, Puebla, Tlaxcala y Morelos, está formada esencialmente por los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, que alcanza alturas superiores a 5 mil metros sobre el nivel del mar. Son el segundo y tercer lugar nacional por su elevación y normalmente estaban cubiertas de nieve durante todo el año. Esta sierra señala el límite poniente del valle Puebla-Tlaxcala y la frontera con los estados de México y Morelos.

La Malinche se ubica en el mismo valle, es la quinta montaña más alta del país. Es un volcán que alcanza los 4 mil 461metros sobre el nivel del mar y esta altitud motiva que el clima presente grandes variaciones; desde frío subárido y frío lluvioso, hasta clima subnevado con bajas temperaturas y heladas durante gran parte del año. Es de gran importancia para el ecosistema, de las 52 mil 683 hectáreas de bosque en el estado de Tlaxcala, alrededor de 37 por ciento está en el parque nacional de La Malinche. Lamentablemente, datos de la Comisión Nacional Forestal, sitúan su deforestación en hasta 65 por ciento de sus árboles, debido a la tala, actividades agrícolas, pastoreo e incendios forestales.

El Pico de Orizaba es un volcán ubicado en los límites territoriales de los estados de Puebla y Veracruz, y se considera la montaña más alta de México, con una altitud de 5 mil 610 metros sobre el nivel del mar y no está exento de la pérdida de sus recursos, pues debido a la deforestación y falta de agua --que no es retenida porque simplemente ya no hay suficiente bosque con su vegetación secundaria-- se calcula que 80 por ciento del Pino Navideño, producido en las faldas del volcán se ha perdido en este ciclo.

La cordillera del Cofre de Perote, en el estado de Veracruz, al igual que los casos anteriores sufre de deforestación y pérdida de acuíferos, sumado a la explotación de sus bancos de arena.

La Sierra Negra en los estados de Puebla, Oaxaca y Veracruz, y la Sierra Norte, en Puebla y Veracruz, son zonas que también sufren graves pérdidas por la sobreexplotación de agua, tala, la consecuente deforestación e incendios forestales, que urge atender.

Consideraciones

De acuerdo con información y análisis realizados por autoridades federales, estatales, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y organizaciones no gubernamentales, en los últimos 10 años estas zonas se han convertido ya en un foco rojo ambiental, en lo que se refiere a la conservación de agua, suelo, fauna y bosque.

De acuerdo con el diagnostico seccional del parque nacional Izta-Popo con el nombre Zoquiapan y anexas problemas y soluciones , realizado por la American Forest Foundation, en la Sierra Nevada del centro del país, la causa de esta sobreexplotación de agua es causado por la explosión demográfica, el crecimiento de la demanda de agua por persona, por un lado y el uso de agua indebido como en canales abiertos para la agricultura, además de la venta de aguas embotelladas de compañías instaladas en la zona.

Estas extracciones de agua van a causar en el futuro un problema grave, porque los bosques que tienen la función captar y retener el agua, están mal manejados, en mal estado y cada año estamos perdiendo a nivel nacional más de un millón de hectáreas de bosque''.

En el caso de la Sierra Norte del estado de Puebla, de acuerdo con la Red Informativa 2003, los manantiales compartidos entre comunidades empiezan a ser insuficientes debido al crecimiento de la población y a la falta de recarga, lo cual causa problemas entre comunidades por el reparto.

Las comunidades cedentes del agua empiezan a señalar la dificultad para seguir dando el vital líquido, por lo que urgen acciones de reforestación y retención, al mismo tiempo que continuar con proyectos de tratamiento y reducción del desperdicio.

Además, las aguas de los manantiales como de los pozos en la Sierra Nevada y su área de influencia no son aguas fósiles, como en otras partes del país, sino aguas de filtración por lluvias y de glaciares.

No existen estudios de la antigüedad del agua que usamos en esta zona, pero está comprobado que efectivamente son aguas de infiltración por precipitación, por lo que, el riesgo de la contaminación por uso indebido de los químicos en la agricultura, es permanente.

Tomando en cuenta la cantidad promedio de 1000 litros de agua por metro cuadrado por año de precipitación pluvial, una hectárea de agricultura, convertido en bosque, puede captar la cantidad de 10 millones de litros de agua. La pérdida de agua en la agricultura es muy alta. Al contrario, en un bosque, con su vegetación secundaria no hay deslave y la vegetación con las diferentes capas de tierra tiene el efecto de una esponja. Aquí está guardada el agua y es liberada poco a poco según las necesidades de la vegetación y se infiltra lentamente hacia abajo. En terrenos abiertos como los de agricultura se pierde 70 por ciento de aguas directamente por escurrimiento; en un bosque sano y completo hasta 90 por ciento se infiltra en la tierra.

Se estima además que por el cambio climático y el calentamiento global, los glaciares de estas zonas se están perdiendo, con la devastadora y consecuente extinción de la valiosa flora y fauna, además de gravísimas afectaciones a todos los que vivimos en estas entidades.

En este sentido, es urgentísimo que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales implemente una coordinación eficiente a través de sus dependencias: la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional Forestal y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para implementar medidas que detengan las dramáticas condiciones de estas zonas.

Tan sólo si se cumpliera el Plan de Desarrollo Nacional 2007-2012 en el rubro de Selvas y Bosques, mucho se podría hacer por las regiones y los problemas descritos. Asimismo, es indispensable que las autoridades agrarias revisen el uso de suelo en estas regiones, para entrar en concordancia con las acciones que realicen las autoridades ambientales.

En mérito de lo expuesto y fundado, solicito atentamente la aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar los trabajos pertinentes para la conservación y ampliación de la mancha boscosa en la Sierra Nevada de los estados de México, Puebla, Tlaxcala y Morelos; la Malinche, en Puebla y Tlaxcala; el Pico de Orizaba, en Puebla y Veracruz; la Sierra Negra de Puebla, Oaxaca y Veracruz; la Sierra Norte de de Puebla y Veracruz, y el Cofre de Perote, en Veracruz, y así generar una mayor captación de agua, carbono y suelo, que contribuya a la conservación y rescate de los recursos naturales de estas importantes reservas ecológicas del país.

Segundo: Se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria y a la Procuraduría Agraria a revisar, en el marco de sus facultades, la legalidad del cambio de uso de suelo de los terrenos agrícolas de la zona, que colindan con los bosques o al interior de estos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada González Tostado.Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Reforma Agraria.

ESTADO DE QUINTANA ROO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal, al gobierno del estado de Quintana Roo y a los gobiernos municipales de Benito Juárez, Isla Mujeres y Cozumel, a coordinarse y realizar acciones necesarias para la protección del ecosistema de la zona de La Ollita.

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo: Gracias, diputado presidente. Señoras legisladoras y señores legisladores, en días pasados se presentaron manifestaciones de parte de distintos grupos de pescadores de Isla Mujeres frente al banco de arena de la playa La Ollita, lugar de la que se extrae arena y material para el relleno de playas en la zona hotelera de Cancún, pues al no existir una barrera natural que permita la regeneración natural de la arena se realizan estos trabajos para el mantenimiento de las mismas.

Las diversas posiciones de las autoridades en este tema están encontradas; pues el ayuntamiento local expresó públicamente su apoyo al sector pesquero del municipio, ya que en él fue interpuesto un recurso de amparo ante un juzgado del distrito de Cancún para evitar la extracción de la arena.

Debemos solicitar a las instituciones de investigación científica y biológica que realicen los estudios necesarios para mantener estos recursos marinos y que este tipo de trabajos de extracción no evite su renovación y durabilidad. Existe, por parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la suspensión de extracción de arena del banco norte de Cozumel llamado La Barracuda, como consecuencia de un recurso interpuesto por el grupo ambientalista Cielo, Tierra y Mar (Citimar).

Por tanto, el gobierno del estado determinó encauzar estos trabajos de extracción en Isla Mujeres, en el ya referido banco La Ollita. Se deben tomar las medidas necesarias para proteger el caracol rosa y las diversas especies de los ecosistemas de la zona de Isla Mujeres, e incluso crear y desarrollar nuevas reservas de diferentes categorías como podrían ser reservas de la biosfera, reservas regionales, parques marinos, en los cuales todos los animales y todas las plantas estén protegidas.

En estos lugares no podrá recolectarse ni pescar y deben ser reconsiderados como santuarios de reproducción.

Es momento de solicitar desde ésta, la máxima tribuna de la nación, la intervención de las autoridades para desarrollar una gran campaña de educación ambiental, dirigida en particular a la niñez, para explicar cómo viven las distintas especies del Caribe mexicano como el caracol rosa, de la misma manera se hace para la protección de la tortuga y para todas las especies sobreexplotadas en la zona que se encuentra en riesgo.

Por lo expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta al gobierno federal, al gobierno de Quintana Roo y a los gobiernos municipales de Benito Juárez, Isla Mujeres y Cozumel a coordinarse y realizar las acciones necesarias para la protección del ecosistema de la zona de La Ollita, así como a mantener informada a esta soberanía sobre el avance de tales acciones.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente federal y al gobierno de Quintana Roo que informen a esta soberanía sobre los riesgos que implica la extracción de arena de la playa La Ollita, y de la misma forma que se informe sobre las medidas que operan actualmente para salvaguardar a la población que vive en la cercanía de esta zona y propongan las medidas que deben tomarse para recuperar el daño provocado por estos trabajos.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente a que se convoque para el análisis serio, científico y público de este problema y así presentar alternativas con los mejores especialistas, así como que se impulse el desarrollo de una gran campaña de educación ambiental dirigida en particular a la niñez de nuestro país, para explicar cómo viven las distintas especies del Caribe mexicano. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal, de Quintana Roo, de Benito Juárez, de Isla Mujeres y de Cozumel a coordinarse y realizar las acciones necesarias para proteger el ecosistema de La Ollita, a cargo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo , del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de la Cámara de Diputados punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Señoras y señores legisladores: en días pasados se presentaron manifestaciones de parte de distintos grupos de pescadores de Isla Mujeres frente al banco de arena de la playa La Ollita, lugar en el que se extrae arena y material para el relleno de playas en la zona hotelera de Cancún, pues al no existir una barrera natural que permita la regeneración natural de la arena, se realizan esos trabajos para el mantenimientos de aquéllas.

Estos trabajos fueron planeados para la recuperación del tramo de playa que se encuentra ubicado en la zona de Punta Cancún, donde están aproximadamente 3 mil cuartos de hotel y una plaza comercial, pero se desconocen los resultados provocados en la región de La Ollita, debido a la extracción de arena. Estos trabajos de relleno artificial están enfocados hacia zona de Cancún y continuarán en la llamada Riviera Maya.

Evidentemente esta zona requiere de los trabajos, ya que podemos encontrar grandes desarrollos hoteleros, en donde el papel de las playas juega un papel muy importante en la actividad turística y económica. El problema surge cuando se observa el impacto ambiental al ecosistema de Isla Mujeres, siendo la pesca la principal fuente de sustento de ésta comunidad.

Las diversas posiciones de las autoridades en este tema están encontradas, pues el ayuntamiento local expresó públicamente su apoyo al sector pesquero del municipio, ya que fue interpuesto un recurso de amparo ante un Juzgado de Distrito de Cancún para evitar la extracción de arena.

Hay antecedentes que muestran los efectos directos en el ecosistema de la zona y en la actividad pesquera, reflejaron una disminución de la pesca en algunas especies de peces, camarón y langosta, además de la afectación que presenta la recuperación del emblemático caracol rosado, especie que vive en el Caribe desde hace mucho tiempo.

Debemos solicitar a las instituciones de investigación científica y biológica que realicen los estudios necesarios para mantener estos recursos marinos y que este tipo de trabajos de extracción no evite su renovación y durabilidad.

Existe por parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la suspensión de extracción de arena del banco norte de Cozumel llamado La Barracuda, como consecuencia de un recurso interpuesto por el grupo ambientalista Cielo Tierra y Mar, por lo tanto el gobierno del estado determinó reencauzar estos trabajos de extracción en Isla Mujeres, en el ya referido banco de arena de La Ollita.

Se deben tomar las medidas necesarias para proteger el caracol rosa y las diversas especies de los ecosistemas de la zona de Isla Mujeres e incluso crear y desarrollar nuevas reservas de diferentes categorías como podrían ser

Es momento de solicitar desde esta, la máxima tribuna de la nación, la intervención de las autoridades para desarrollar una gran campaña de educación ambiental dirigida en particular a la niñez; para explicar cómo viven las distintas especies del Caribe mexicano, por ejemplo, el caracol rosa, de la misma manera que se hace para la protección de la tortuga y para todas las especies sobreexplotadas en la zona que se encuentran en peligro.

Por lo expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los gobiernos federal, de Quintana Roo, y municipales de Benito Juárez, Isla Mujeres y Cozumel a coordinarse y realizar las acciones necesarias para la protección del ecosistema de la zona de La Ollita, así como a mantener informada a esta soberanía sobre el avance de tales acciones.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente federal y al gobierno del estado de Quintana Roo a informar a esta soberanía sobre los riesgos que implica la extracción de arena de la playa de La Ollita, y de la misma forma se informe sobre las medidas que operan actualmente para salvaguardar a la población que vive en las cercanías de esta zona y proponga las medidas que se deben de tomar para recuperar el daño provocado por estos trabajos.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a convocar a un análisis serio, científico y público de este problema y así presentar alternativas con los mejores especialistas en el tema, así como a impulsar el desarrollo de una gran campaña de educación ambiental dirigida en particular a la niñez de nuestra país, a fin de explicar cómo viven las distintas especies del Caribe mexicano, por ejemplo, el caracol rosa, de la misma manera que se hace para la protección de la tortuga y para todas las especies sobreexplotadas en la zona que se encuentran en peligro.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Quiñones Cornejo.Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

VIRUS DE LA INFLUENZA HUMANA AH1N1

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al pleno de esta soberanía que cite al titular de la Secretaría de Saluddel gobierno federal, con la finalidad de que exponga la situación actual y las acciones que se están llevando a cabo para hacerle frente a la pandemia de la influenza humana AH1N1.

La diputada Leticia Quezada Contreras: Gracias, señor presidente. La Secretaría de Saludinformó sobre la situación actual de la epidemia de la influenza humana que afecta al país. Nos encontramos con que existen 64 mil 322 casos confirmados de pacientes con influenza humana.

Desde la fecha de inicio de síntomas en marzo del año en curso, de la misma manera informó que se han confirmado 573 defunciones de personas que fueron atacadas por este padecimiento.

Ante el inminente rebote del virus, en México, el pasado 23 de noviembre llegaron al país las primeras 650 mil vacunas del total de 30 millones que se comprarán a los laboratorios europeos para prevenir el mal.

Según el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, con este primer lote de vacunas se pretende inmunizar a los grupos de mayor riesgo, personal de salud, mujeres embarazadas y personas con padecimiento crónico, a más tardar en marzo del próximo año.

El Ejecutivo federal, en su proyecto de Presupuesto de Egresos para 2010, asigna 875 mil 4 millones de pesos para tratar el padecimiento de la influenza, de los cuales se tiene poco conocimiento de cómo sería la redistribución.

El pasado miércoles, el Banco Mundial aprobó un préstamo de 491 millones de dólares para la prevención y control del virus, con la finalidad de buscar mejorar la habilidad del sistema de cuidado a la salud mexicano, para poder monitorear la propagación de los diferentes virus de la influenza, así como controlar la o las olas epidémicas en México.

Desde que se dio la noticia de la llegada de las vacunas a nuestro país temíamos que en el mercado negro se podrían comercializar los fármacos, y esto ya está sucediendo toda vez que desde ayer ha circulado en todos los medios de comunicación la noticia e información oficial de la venta en consultorios privados, por Internet, mercados sobre ruedas, en Tepito, inclusive, de una vacuna falsa y fármacos para tratar este padecimiento. Desde luego es falsa. Ante esto ya se ha pronunciado el titular de la Cofepris.

Es por ello la urgencia de conocer cuáles serán las acciones que tomará tanto la Secretaría de Salud, como la Cofepris, ya que estas conductas ilícitas ponen en grave riesgo la salud de las personas que, por ignorancia o temor, al no obtener una vacuna en el sector salud, se apliquen las que se están comercializando de manera irregular.

En virtud de lo anterior, es prioritario que el doctor José Ángel Córdova Villalobos, titular de la Secretaría de Salud, así como el titular de la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios, Miguel Ángel Toscano, comparezcan ante el pleno de esta honorable Cámara legislativa con la finalidad de proporcionarnos un amplio panorama de lo que representa en la actualidad la pandemia de este padecimiento que ha azotado al territorio nacional desde marzo del año en curso ---que se espera repunte en próximas fechas---, ahondando con información detallada y desagregada al respecto, así como de la utilización y comercialización de las vacunas falsas, respondiendo las dudas y cuestionamientos que existen ante las y los diputados que integramos esta soberanía.

Asimismo, también se sabe que muchas de estas vacunas pueden tener como reacción alergias. Es importante que de estas vacunas que están por llegar a nuestro país, explique cuáles de ellas provienen de qué laboratorios, y cómo o de qué forma serían las alergias que estarían provocando estas vacunas debido a que muchos de los padecimientos de las alergias a los niños menores de un año no se desarrollan ni tampoco se les presentan. Entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo esto?

Por lo anterior, pongo a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Único. Se acuerda llamar a comparecer ante el pleno de esta Cámara al doctor José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud del gobierno federal, y al titular de la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Miguel Ángel Toscano, con la finalidad de que expongan la situación actual y las acciones que están llevando a cabo para hacerle frente a la pandemia de la influenza en nuestro país, y conocer las acciones que se han llevado a cabo para detener la distribución y comercialización de vacunas y fármacos falsos en el territorio nacional.

Por economía, solicito la inserción íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al pleno de esta soberanía que cite al secretario de Salud del gobierno federal a fin de que exponga la situación actual y las acciones que se llevan a cabo para hacer frente a la pandemia de influenza AH1N1, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Leticia Quezada Contreras , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por medio del cual se solicita al pleno de la Cámara de Diputados que llame a comparecer al doctor José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud del gobierno federal; y al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Miguel Ángel Toscano Velasco, a fin de que exponga la situación actual y las acciones que llevan a cabo para hacer frente a la pandemia de influenza AH1N1 en el país, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. La Secretaría de Salud no informó de la situación actual de la epidemia de influenza humana que afecta al país hasta el pasado 20 de noviembre, y nos encontramos con que hay 64 mil 322 casos confirmados de pacientes con influenza AH1N1, desde la fecha de inicio de síntomas, en marzo del año en curso. De la misma manera, indicó que se han confirmado 573 defunciones de personas que fueron atacadas por este padecimiento.

II. Ante el inminente rebrote del virus de la influenza AH1N1 en México, el pasado 23 de noviembre llegaron al país las primeras 650 mil vacunas, de los 30 millones que se comprarán a los laboratorios europeos para prevenir el mal.

III. Según el secretario de Salud José Ángel Córdova Villalobos, con el primer lote de vacunas se pretende inmunizar a los grupos de mayor riesgo (personal de salud, mujeres embarazadas y personas con padecimientos crónicos) a más tardar en marzo próximo.

IV. En virtud de lo anterior, es prioritario que el secretario de Salud, doctor José Ángel Córdova Villalobos; y el titular de la Cofepris, Miguel Ángel Toscano Velasco, comparezcan ante el pleno de este órgano legislativo con la finalidad de proporcionarnos un amplio panorama de lo que representa en la actualidad la pandemia de la influenza AH1N1, que ha azotado el territorio nacional desde marzo del año en curso y que se espera repunte en fechas próximas, ahondando con información detallada y desagregada al respecto y respondiendo las dudas y las preguntas que haya entre los diputados que integramos esta soberanía, toda vez que el tema de la salud es prioritario para el desarrollo armónico e integral del país. Lo anterior lo realizo con fundamento en los artículos 93 de la Carta Magna y 53 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Genera de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dicen:

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se acuerda llamar a comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados al secretario de Salud del gobierno federal, doctor José Ángel Córdova Villalobos; y al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Miguel Ángel Toscano Velasco, con la finalidad de que expongan la situación actual y las acciones que llevan a cabo para hacer frente a la pandemia de influenza AH1N1 en el país.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Pido al señor secretario que consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica, se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, hay dos terceras partes por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En consecuencia, no se considera de urgente resolución yse turna a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE COAHUILA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Francisco Saracho Navarro, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Dirección General de Aduanas a solucionar el problema referente al Sistema de Supervisión y Control Vehicular instalado en la aduana de Ciudad Acuña, Coahuila, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Francisco Saracho Navarro: Muchas gracias. Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, los diputados federales de Coahuila, del Grupo Parlamentario del PRI, en ejercicio de la facultad que nos otorga la ley presentamos el siguiente punto de acuerdo.

Las aduanas en el ámbito nacional y mundial desempeñan un papel básico en la economía y la seguridad nacional, ya que por su naturaleza ejercen control de los bienes transportados internacionalmente.

México no es la excepción. En las 48 aduanas localizadas en territorio nacional se han implementado distintos sistemas para tratar de frenar el contrabando, la piratería y la corrupción. Uno de ellos es el Sistema de Supervisión y Control Vehicular; dicho sistema se compone de dispositivos que permiten al procesador hacer cruces de información y determinar si el vehículo es de riesgo y, en su caso, solicitar que sea revisado.

Este sistema fue instalado en la aduana fronteriza de Ciudad Acuña, Coahuila, provocando un severo caos vehicular, ya que solamente se cuenta con un solo carril vehicular y uno de autodeclaración, lo cual genera filas de vehículos que tardan hasta dos horas y media en poder cruzar.

Ciudad Acuña históricamente ha sido una ciudad turística que semanalmente recibía miles de visitantes extranjeros. Lamentablemente, a la fecha, debido a este sistema nuevo, se han cerrado más de 200 negocios y, en consecuencia, se han perdido miles de empleos. Las ventas han sufrido un desplome de 80 por ciento y la situación en esta frontera del norte de Coahuila requiere de soluciones urgentes que permitan a empleados y patrones sobrevivir.

Adicionalmente, a esta deplorable situación se suman los retrasos ocasionados por el sistema instalado para el cruce, que repercute directa y gravemente en la industria maquiladora y en la industria turística, principales fuentes de ingreso de esta ciudad.

Afectados ya por la mala imagen que se ha creado en nuestro país, debido a la inseguridad y ante la grave recesión económica por la que atravesamos, hace que estas medidas sean totalmente inoportunas y carentes de fundamentos reales y objetivos para determinar su instalación, sobre todo porque la infraestructura no es la adecuada y porque la lógica nos dice que los problemas no se solucionan ocasionando otros mayores.

Los sectores productivos y sociales de Ciudad Acuña han presentado ante la aduana local, en distintas ocasiones y por distintos medios, su reclamo ciudadano y alternativas de solución que no afecten el desempeño de esta dependencia federal y que agilicen el cruce, buscando beneficiar el rescate de la economía local. Sin embargo, y por demás lamentable, la respuesta ha sido siempre la indiferencia y la soberbia.

Los diputados federales de Coahuila, del Grupo Parlamentario del PRI, reprobamos la cómoda e indolente postura de Hacienda ante una situación que no requiere de decisiones extremas; requiere solamente de disponibilidad, de voluntad y de compromiso.

Preocupados por este problema y por la inminente temporada navideña en la que una gran cantidad de paisanos nos visita, presentamos ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

Que esta soberanía exhorte a la Dirección General de Aduanas para que de manera inmediata se solucione el problema referente al Sistema de Supervisión y Control Vehicular instalado en la aduana de Acuña, Coahuila. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Dirección General de Aduanas a solucionar el problema referente al Sistema de Supervisión y Control Vehicular instalado en la aduana de Ciudad Acuña, Coahuila, o --en su defecto-- a suspenderlo durante la temporada navideña, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los diputados federales, Rubén Moreira Valdez, Hugo Martínez González, Melchor Sánchez de la Fuente , Miguel Ángel Riquelme Solís , Héctor Fernández Aguirre , Héctor Franco López , Tereso Medina Ramírez e Hilda Flores Escalera, en voz del diputado Francisco Saracho Navarro , con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Las aduanas en el ámbito mundial son infraestructuras fundamentales para el intercambio comercial con el resto del mundo, las cuales desempeñan un papel básico en la economía y seguridad nacional ya que, por su naturaleza, ejercen control de los bienes transportados internacionalmente.

En las 48 aduanas localizadas en México existen múltiples ordenamientos en la materia para la modernización aduanera, que intervienen en la regulación del sistema aduanero, el esfuerzo ha sido poco, ya que se requiere una plataforma sólida para profundizar en la modernización de las aduanas y orientarlas como facilitadoras de la competitividad, del control y de la seguridad que contribuyan al aumento de los ingresos en el proceso de exportación y en el de importación, favoreciendo el combate al contrabando, la piratería, la corrupción y la no discriminación.

El Sistema de Supervisión y Control Vehicular (Siave) es uno de los proyectos de modernización que la dirección general de aduanas ha puesto en marcha en todas las aduanas del país.

Dicho sistema se compone de dispositivos que, en teoría, tardarían aproximadamente ocho segundos, para tomar el peso, dimensiones, placas, fotografía y tipo de vehículo, lo que permite al procesador central hacer cruces de información y determinar si es de riesgo y, en su caso, solicitar que sea revisado, como se muestra en la figura

El pasado 28 de mayo dicho sistema fue instalado en el aduana fronteriza de Ciudad Acuña, Coahuila, provocando un severo caos, ya que sólo se instauró un solo carril vehicular y uno de auto declaración lo cual genera filas de vehículos que tardan hasta dos horas y media en pasar procedentes de la vecina ciudad de Del Río, Texas, ciudad con quien se tienen relaciones comerciales y sociales estrechas. Aunado a esto, dicho sistema no ha sido del todo eficiente ya que ha suscitado diversos incidentes de fallas los cuales retrasan aún más el paso vehicular.

Los retrasos repercuten gravemente, no sólo en la industria maquiladora, principal fuente de ingresos de esta ciudad, sino en general en el comercio que ha visto disminuidas sus ventas. La mala imagen que se ha creado nuestro país debido a la inseguridad y la grave recesión económica por la que atravesamos hace que estas medidas sean totalmente inoportunas sobre todo porque se acerca la época navideña donde el flujo vehicular se incrementa notoriamente.

Como parte de las acciones encaminadas a resolver este problema, el pasado 12 de mayo del año en curso el Congreso de Coahuila aprobó un punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a retirar dicho sistema o en su defecto a implementar otros mecanismos de revisión que agilicen el flujo vehicular. Se han enviado diversos oficios al licenciado Ernesto Montiel Gómez, administrador local de la aduana; al ingeniero Juan José Bravo Moisés, administrador general de aduanas, signado tanto por las autoridades locales como por los organismo industriales como son la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), la Asociación de Maquiladoras y, en general, a la ciudadanía de Ciudad Acuña.

Las autoridades aduanales han dicho que el problema era la reubicación de un estacionamiento que impedía la ampliación de carriles en esta aduana.

Preocupados por el grave problema y por la inminente temporada navideña en la que una gran cantidad de paisanos nos visitan, presentamos el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Dirección General de Aduanas para que, de manera inmediata, solucione el problema referente al Sistema de Supervisión y Control Vehicular (Siave) instalado en la aduana de Ciudad Acuña, Coahuila, o en su defecto se suspenda su uso, durante la temporada navideña comprendida por el periodo noviembre 2009-enero 2010.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado Saracho Navarro.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Señoras diputadas y señores diputados, damos la más cordial bienvenida a la honorable señora Georgina Te Heuheu, ministra de Desarme del gobierno de Nueva Zelanda, quien acompañada por la excelentísima señora Cecile Hillyer, embajadora de ese país en México, nos honra con su visita. Hacemos votos para que su estancia en México sea de beneficio para ambas naciones.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de las Mujeresa que inicie, en coordinación con el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Génerode esta soberanía y el Instituto Mexicano de la Juventud, el protocolo general nacional de atención de crisis vía telefónica.

La diputada Kenia López Rabadán: Con su venia, diputado presidente. Quisiera agradecer a las compañeras y a los compañeros firmantes de este punto de acuerdo, así como a los diversos coordinadores de los grupos parlamentarios, a efecto de, si así lo consideran conveniente, pueda ser aprobado de urgente resolución conforme al artículo 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior que nos ocupa.

En 1999, el 25 de noviembre fue designado por la Organización de las Naciones Unidas como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El motivo que llevó a la República Dominicana a solicitar este día fue el asesinato de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas dominicanas, que sucedió precisamente el 25 de noviembre de 1960.

En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y es así que desde hace 10 años, el 17 de diciembre de 1999, la misma asamblea designó al 25 de noviembre como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) nos demuestra que 67 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia, ya sea en su relación de pareja o en los espacios comunitarios, laborales, familiares o escolares.

La violencia más frecuente es la ejercida por el actual o último esposo o compañero, declarada por más de 43 por ciento de las mujeres encuestadas; le sigue la violencia en la comunidad, que padecen más de 39 por ciento de las mujeres encuestadas, y la violencia en el trabajo, a casi 30 por ciento de las mujeres asalariadas. La violencia familiar reporta un índice de más de 15 por ciento y la escolar de más de 15.5 por ciento.

Asimismo, podemos encontrar encuestas recientes como la Encuesta de Violencia en las Relaciones de Noviazgo (Envinov) que realizó el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), a solicitud del Instituto Mexicano de la Juventud, que detectó que en las relaciones de noviazgo que se establecen entre las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes de nuestro país de entre 15 y 24 años hay expresiones de violencia física y psicológica.

Por ello, hoy ponemos a consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Que el Instituto Nacional de las Mujeres inicie, en coordinación con el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de esta honorable Cámara de Diputados y el Instituto Mexicano de la Juventud, el protocolo general nacional de atención a crisis vía telefónica, así como el estudio de factibilidad y la propuesta técnica de la creación de un número único nacional de 3 dígitos para la atención de víctimas de la violencia contra las mujeres.

Segundo. Que las entidades federativas integren en sus planes y programas de trabajo el fortalecimiento y, en su caso, la creación de centros especializados de atención a crisis de violencia contra las mujeres, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Mexicano de la Juventud, la Procuraduría General de la República y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, creando un vinculo efectivo para proporcionar refugio, asesoría y acompañamiento.

A todas las compañeras de los diversos grupos parlamentarios, y a los compañeros que en un acto de generosidad han firmado este punto de acuerdo, les agradezco. Muchas gracias, presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres a iniciar en coordinación con el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de esta soberanía y con el Instituto Mexicano de la Juventud el protocolo general nacional de atención de crisis vía telefónica, así como el estudio de factibilidad y la propuesta técnica de creación de un número nacional único de tres dígitos para atender a víctimas de la violencia contra las mujeres, a cargo de la diputada Kenia López Rabadán , del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal en la LXI Legislatura Kenia López Rabadán , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, según los siguientes

Antecedentes

El 25 de noviembre fue designado por la Organización de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El documento Estudios a fondo sobre las formas de violencia contra la mujer, informe elaborado por el secretario general de la ONU, manifiesta que la eliminación de la violencia contra la mujer sigue siendo uno de los más importantes desafíos de nuestra época [...] persiste en todos los países del mundo como una violación generalizada de los derechos humanos y está considerada como el principal obstáculo para lograr la igualdad de género. Esta violencia es inaceptable, ya sea cometida por familiares o extraños, en el ámbito público o privado.

Así en 1974, en México se integró a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la reforma al artículo 4o., el principio fundamental de igualdad jurídica entre hombres y mujeres.

En 1975 destacan las reformas legislativas en pro de la igualdad jurídica, entre las que se encuentran la labor conjunta y de consenso de los partidos políticos, promovida por las mujeres legisladoras federales y locales, quienes, más allá de las posiciones partidistas, unieron esfuerzos para alcanzar un objetivo común: la equidad de género.

En 1980 se creó el Programa Nacional de Integración de la Mujer al Desarrollo, el cual propuso un conjunto de iniciativas específicas orientadas a promover el mejoramiento de la condición social de las mujeres.

En 1985, se instaló una comisión para coordinar las actividades y los proyectos sectoriales en la materia y preparar la participación de México en la tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer (Nairobi, 1985).

Todos los esfuerzos anteriores fueron reconocidos por el comité de la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en la presentación de los informes periódicos 3o. y 4o.

Finalmente, por iniciativa de varios partidos políticos y aprobada por la mayoría de todas las fracciones parlamentarias representadas por el Congreso de la Unión, el 12 de enero de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Es mediante esta ley que se crea una instancia para el adelanto de las mujeres mexicanas, como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión, teniendo como objeto promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país.

Los esfuerzos también se han reflejado en instancias como el Instituto Mexicano de la Juventud dando como resultado la primera Encuesta de Violencia en las Relaciones de Noviazgo, que permite visibilizar que la violencia resulta casi invisible para el grueso de la población que mantiene una relación personal. Los efectos y síntomas del maltrato durante el noviazgo son desconocidos para gran parte de los jóvenes, quienes al carecer de información certera sobre la violencia y sus diferentes vertientes, confunden con muestras de afecto conductas que agravan la desigualdad de género.

Consideraciones

La violencia contra las mujeres se vive principalmente en el ámbito doméstico o familiar --el más inmediato y en donde se establecen las relaciones más significativas--; no obstante, también tiene lugar en otros espacios tales como: la escuela, el trabajo, la calle y otros lugares públicos.

De acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares, 67 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia ya sea en su relación de pareja, o en los espacios comunitario, laboral, familiar o escolar. La violencia más frecuente es la ejercida por el actual o último esposo o compañero, declarada por 43.2 por ciento de las mujeres; le sigue la violencia en la comunidad padecida por 39.7 por ciento; la violencia en el trabajo representa 29.9 por ciento de las mujeres asalariadas; la familiar 15.9 por ciento; y la escolar 15.6 por ciento.

La violencia familiar, entendida como las agresiones o maltratos hacia las mujeres por parte de algún familiar consanguíneo o político (sin incluir al esposo o pareja), fue declarada por 15.9 por ciento de las mujeres de 15 años y más.

Su prevalencia por edad muestra una frecuencia muy parecida entre las mujeres de 20 años y más y ligeramente más alta entre las mujeres de 15 a 19 años de edad.

Entre los incidentes de violencia familiar más frecuentemente vividos por las mujeres están los de índole emocional (15.4 por ciento), mientras que 2.9 por ciento declaró haber sido objeto de violencia física y 1 por ciento económica.

En el territorio nacional, la violencia que viven las mujeres, ya sea de pareja, comunitaria, laboral, familiar o escolar, alcanza en diez entidades federativas niveles por encima del promedio nacional (67 por ciento de las mujeres de 15 años y más).

En este orden de ideas, la violencia conyugal es definida por la Organización Panamericana de la Salud como ``todo acto u omisión que tiene la intención de controlar o someter y que resulta en daño a la integridad física, emocional, sexual o económica, utilizado contra las mujeres adolescentes o adultas, por su pareja actual o anterior''.

Las cifras revelan que 43.2 por ciento de las mujeres de 15 años y más han vivido situaciones de violencia emocional, económica, física o sexual a lo largo de su relación de pareja. La violencia conyugal es la forma más frecuentemente vivida por las mujeres si se le compara con la comunitaria, laboral, familiar y escolar.

Las mujeres alguna vez unidas (divorciadas, separadas y viudas) reportaron mayores niveles de violencia conyugal (61.5 por ciento) que las casadas o unidas (46.6 por ciento), y que las solteras (26 por ciento), lo que sugiere que la violencia en el seno de la pareja puede ser un factor condicionante de la disolución de éstas.

La encuesta da a conocer que de cada cien mujeres de 15 años y más que tienen o tuvieron una relación de pareja: 38 han padecido violencia emocional (menosprecios, amenazas, prohibiciones, etcétera); 23 violencia económica (les niegan o condicionan el gasto, les prohíben trabajar, les quitan su dinero o bienes, etcétera); 19 violencia física (empujones, patadas, golpes, agresiones con armas, etcétera); y 9 violencia sexual (las obligan a tener relaciones sexuales o a realizar actos en contra de su voluntad).

De las mujeres alguna vez unidas, 55.4 por ciento declararon haber sufrido violencia emocional, 44.5 por ciento económica, 39.1 por ciento física y poco más de una quinta parte (22.8 por ciento) sexual. Las situaciones de violencia en la relación de pareja presentan diferencias por grupos de edad y estado conyugal de las mujeres.

La violencia más severa es la que provoca la muerte, de ahí la importancia de analizar las muertes intencionales como homicidios y suicidios de mujeres.

Según la misma encuesta, el número de muertes intencionales anual registrado en nuestro país oscila en 2 mil 11, de las cuales mil 298 fueron homicidios y 713 suicidios. Esto significa que diariamente mueren 6 mujeres por violencia: 4 por homicidio y 2 por suicidio.

Las muertes intencionales presentan un comportamiento diferencial de acuerdo a la edad de la mujer. En el caso de los homicidios, su tasa denota una tendencia ascendente conforme la edad aumenta.

Anualmente la tasa de suicidios presenta un comportamiento distinto; alcanza el nivel más alto, de 3.4 suicidios por cada 100 mil mujeres, en el grupo de 15 a 19 años, baja a 2.3 suicidios en el grupo de 20 a 24 años y continúa descendiendo conforme la edad de las mujeres aumenta.

Asimismo, la Encuesta de Violencia en las Relaciones de Noviazgo (Envinov), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a solicitud del Instituto Mexicano de la Juventud detectó que en las relaciones de noviazgo que establecen los jóvenes de entre 15 y 24 años hay expresiones de violencia sexual, física y psicológica.

De acuerdo a dicha encuesta, 15 por ciento de los jóvenes han experimentado al menos un incidente de violencia física en la relación de noviazgo que tenían al momento de la Envinov.

Los incidentes de violencia tienen una mayor proporción en zonas urbanas (16.4 por ciento), en comparación con las zonas rurales (13.2 por ciento). Es importante conceptualizar la violencia física desde una perspectiva de género, ya que la mayor proporción de personas que reciben violencia física, son las mujeres (61.4 por ciento de las mujeres y 46 por ciento de los hombres).

En relación a la violencia psicológica , el 76 por ciento de los jóvenes mencionaron haber sido afectados con abuso emocional, verbal, maltrato y menoscabo de la estima, detectándose una incidencia en áreas urbanas de 76.3 por ciento, a diferencia del área rural de 74.7 por ciento.

Por otro lado, 16 por ciento de las jóvenes entrevistadas señaló haber sufrido un evento de violencia sexual por parte de su pareja, sin mostrar diferencias entre zonas urbanas y rurales.

La invisibilidad que rodea a la violencia en el noviazgo deriva en una falta de apoyos para aquellos jóvenes, mujeres y hombres que se ven involucrados en situaciones conflictivas con sus parejas, que no saben como enfrentar o resolver y son los amigos los que muchas veces están en las mismas condiciones a los que recurren en busca de ayuda.

Actualmente, el Instituto Nacional de las Mujeres, en colaboración con la Secretaria de Seguridad Pública y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, elaboró un proyecto para contar con una línea de atención telefónica, ``vida sin violencia'', que ha operado como un servicio telefónico nacional, de atención las 24 horas, los 365 días del año, gratuito y confidencial de atención psicológica y asesoría jurídica, con la finalidad de orientar a las mujeres de todas las edades que viven violencia.

Sin embargo, la unificación de un número nacional dará certidumbre a las mujeres que padecen violencia en cualquiera de sus ámbitos.

Esta Cámara de Diputados debe trabajar con una visión de género que permita que las mujeres ya no se encuentren en un estado de vulnerabilidad por la violencia ejercida contra ellas.

Hoy, los diputados de la LXI Legislatura nos comprometemos a generar leyes que permitan proteger a mujeres jóvenes pues ellas serán las formadoras de las siguientes generaciones.

La violencia sólo genera violencia, por ello, hay que pronunciarnos y ocuparnos sobre este tema, el cual no puede quedarse sólo en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, debemos voltear la mirada a un tema de trascendencia como este. Sobre todo cuando, históricamente, esta legislatura cuenta con el mayor número de diputadas, las cuáles representamos 27.6 por ciento de esta Cámara de Diputados.

Por lo anterior, propongo con carácter de urgente y obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Que el Instituto Nacional de las Mujeres inicie, en coordinación con el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de esta honorable Cámara de Diputados y el Instituto Mexicano de la Juventud, el protocolo general nacional de atención de crisis vía telefónica, así como el estudio de factibilidad y la propuesta técnica de la creación de un número único nacional de tres dígitos para la atención de victimas de la violencia contra las mujeres.

Segundo. Que las entidades federativas integren en sus planes y programas de trabajo el fortalecimiento y, en su caso, creación de centros especializados de atención en crisis de violencia contra las mujeres, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Mexicano de la Juventud, la Procuraduría General de la República y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, creando un vinculo efectivo para proporcionar refugio, asesoría y acompañamiento.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se da por recibida su propuesta, diputada, y se turna a la Comisión de Equidad y Género.

Tiene la palabra la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo...

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Ramírez Marín, dígame.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente, perdón, pero teníamos que el punto iba a ser planteado de urgente resolución. Le suplicamos que tome en cuenta la decisión de nuestro grupo parlamentario para el efecto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto, señor diputado. Sólo que no fue puesto a consideración desde el inicio por la propia Junta de Coordinación Política, y desde el tema que nos fue turnado está sólo turno a comisión; en ningún momento lo consideramos, y así fue como fue aprobado el decreto. Entonces, solicitándole solamente que con oportunidad se nos informe a la Mesa Directiva para efecto de que podamos transitarlo.

La diputada Kenia López Rabadán (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputada, dígame.

La diputada Kenia López Rabadán (desde la curul): Presidente, primero solicitarle, por supuesto, una afectuosísima disculpa. El punto de acuerdo se remitió para una resolución urgente. Por alguna etapa procedimiental así fue enviado y remitido, eso dice el acuse. Por alguna etapa procedimental, que entiendo no es imputable a ningún espacio.

Se había platicado ya, porque esta reunión o este punto estaba enlistado en la sesión anterior de la semana pasada, la factibilidad de que sí se pudiera aprobar de urgente u obvia resolución, a propósito de la conmemoración del día de la no violencia.

Si usted pudiera, en lo factible, ponerlo a consideración. Si no tuviera algún inconveniente, y si no fuera así, por supuesto que se turne a comisiones; solamente haciéndole la solicitud absolutamente respetuosa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Si así lo consideran los coordinadores de los grupos parlamentarios, la Mesa Directiva no tiene problema en ese sentido.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Ramírez Marín, dígame.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente, al respecto sólo me gustaría agregar que en la sesión pasada el punto sí aparece agendado como de urgente resolución; seguramente se trata de un error involuntario. Y, por supuesto, aceptando la autoridad de la Mesa Directiva, aceptaríamos la propuesta de la diputada en ese sentido.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Preguntaría a los grupos parlamentarios si quieren algún...

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado, en ese sentido, ¿propone usted algo?

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Dígame, diputado.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío (desde la curul): Creo que es de gran importancia lo que la diputada Kenia ha planteado; sin embargo, porque empezaríamos a romper las reglas en acuerdos de última hora, presidente, yo le propondría a Kenia y al compañero Ramírez, siendo algo tan importante, que sea el primer punto de la próxima sesión y nada más se ratifique para evitar entrar en próximos debates que a unos sí y a otros no, que éste fuera el acuerdo.

Yo le sugiero, muy atentamente, Kenia, que pase al primer punto. Yo estoy totalmente de acuerdo; no habrá ningún problema y estaríamos votando a favor de esta resolución todos los grupos parlamentarios.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada, ¿desea manifestar algo?

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Pérez.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): En el caso de la bancada de Acción Nacional, presidente, pedirle que pudiera considerarse someterlo a la votación. Quizá, como dice el diputado, el tema sería salvado en que no es un tema que estamos acordando en este momento, sino un tema que sí venía enlistado como de urgente u obvia resolución en la sesión pasada, y que seguramente, como dice el vicecoordinador del PRI, habrá habido algún error en el turno que a usted le están mencionando, pero sí revisamos en Gaceta y está registrado así en la anterior.

Por tanto, también nos sometemos a lo que usted determine, pero le pediríamos si pudiéramos avanzar con el trámite de urgente u obvia resolución.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Si les parece bien, señoras y señores diputados, me parece oportuno el comentario de no romper los acuerdos que se vienen presentando. La próxima sesión lo estaríamos presentando de urgente u obvia resolución, para que sea tratado como primer punto del capítulo correspondiente.

VIRUS DE LA INFLUENZA HUMANA AH1N1

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Saludy a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a que supervise, evalúe y verifique la correcta aplicación de la vacuna que previene la influenza humana AH1N1.

La diputada Leticia Quezada Contreras: Gracias, diputado. Me gustaría llamar su atención, diputados, diputadas, para que ojalá pudieran votar a favor de este punto, ya que son acciones, no se va a llamar a nadie, no se preocupen, a comparecer, aunque es lamentable porque es la salud de millones de mexicanos, que tenemos que hacer acciones para verificar.

Ante el inminente rebrote del virus, el pasado 23 de noviembre llegaron al país 650 mil vacunas de un total de 30 millones que comprarán a los laboratorios europeos para prevenir el mal.

En relación a lo anterior, el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) señaló que las vacunas serán sometidas al análisis y estudio de seguridad y eficiencia, como establece la reglamentación, con el objetivo de cumplir con lo que establecen las leyes mexicanas, agregando que está por de más comprobada la calidad y la seguridad de ese fármaco, que ya se ha aplicado ante la población de Europa y Estados Unidos, pero lo cierto es que estos fármacos se encuentran en varios lugares; hospitales privados, inclusive en Tepito, como ya ha salido a la luz pública.

Según el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, con este primer lote de vacunas se pretende garantizar el poder inmunizar a los grupos de mayor riesgo, a más tardar en marzo del próximo año.

El titular de la Cofepris ha dado cuenta de la venta en clínicas y consultorios privados, así como en el mercado negro, de una vacuna falsa, la cual es de fácil acceso para las personas, razón por la cual es urgente poner especial atención ante estos acontecimientos que ponen en riesgo la salud de las mexicanas y los mexicanos, que por ignorancia o temor de ser contagiados de la enfermedad adquieren y se aplican un fármaco falso, y que no cuenta con las medidas de seguridad mínimas para ser aplicada.

En virtud de lo anterior es prioritario que tanto el secretario de Salud como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios tengan especial atención en las vacunas que sean aplicadas entre la población, que cuenten con todas y cada una de las medidas de seguridad y eficiencia que se requieren, así como que éstas sean aplicadas de manera gratuita, verificando la efectiva aplicación de las mismas, poniendo énfasis en que dichas vacunas no sean comercializadas de manera ilegal en el mercado negro, aprovechándose de la gran demanda que existe entre la población.

Es por lo expuesto que someto a este pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a que en el marco de sus atribuciones evalúen, supervisen y verifiquen la correcta aplicación de la vacuna contra la influenza humana en los hospitales y clínicas del país, con la finalidad de comprobar la efectividad de la aplicación entre la población y, de ser necesario, emitir las medidas de seguridad y sanciones que procedan en caso contrario o cuando se presenten conductas irregulares en la distribución y aplicación del fármaco.

Por economía, y con fundamento en el artículo 184 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicito la inserción íntegra de esta propuesta en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a supervisar, evaluar y verificar la correcta aplicación de la vacuna antiinfluenza AH1N1, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Leticia Quezada Contreras , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por medio del cual se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que, en el marco de sus atribuciones, supervise, evalúe y verifique, la correcta aplicación de la vacuna que previene la influenza AH1N1 entre la población al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. La Secretaría de Salud informó la situación actual de la epidemia de influenza AH1N1 que afecta al país, hasta el pasado 20 de noviembre nos encontramos con que existen 64 mil 322 casos confirmados de pacientes con influenza AH1N1 desde la fecha de inicio de síntomas en marzo del año en curso, de la misma manera informó que se han confirmado 573 defunciones de personas que fueron atacadas por este padecimiento.

II. Ante el inminente rebrote del virus de la influenza AH1N1 en México, el pasado 23 de noviembre llegaron al país las primeras 650 mil vacunas del total de 30 millones que se comprarán a los laboratorios europeos para prevenir el mal.

III. En relación con lo anterior, el titular de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), Miguel Ángel Toscano, señaló que las vacunas serán sometidas al análisis y estudio de seguridad y eficiencia, como establece la reglamentación, con el objetivo de cumplir con lo que establecen las leyes mexicanas, agregando que está más que comprobada la calidad y la seguridad de este fármaco, que ya se ha aplica entre la población de Europa y Estados Unidos.

IV. Según el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, con este primer lote de vacunas se pretende garantizar el poder inmunizar a los grupos de mayor riesgo (personal de salud, mujeres embarazadas y personas con padecimientos crónicos) a más tardar en marzo próximo.

V. En virtud de lo anterior, es prioritario que tanto la Secretaría de Salud como la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) tengan especial atención en que las vacunas que sean aplicadas entre la población cuenten con todas y cada una de las medidas de seguridad y eficiencia requeridas, así como que estas sean aplicadas de manera gratuita, verificando su efectiva aplicación, poniendo énfasis en que dichas vacunas no sean comercializadas de manera ilegal o en el denominado mercado negro, aprovechándose de la gran demanda que existe entre la población.

VI. En relación con lo anterior, es necesario que las autoridades correspondientes apliquen de forma inmediata la legislación vigente para sancionar a quienes, aprovechándose de la demanda de este fármaco, realicen conductas que atenten contra la salud de la población o que lucren ilegalmente, obteniendo ganancias ilícitas con la comercialización de las vacunas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto ante el pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) a que, en el marco de sus atribuciones evalúen, supervisen y verifiquen la correcta aplicación de la vacuna contra la influenza AH1N1 en los hospitales y clínicas del país, con la finalidad de comprobar la efectividad de la aplicación entre la población y, de ser necesario, emitir las medidas de seguridad y sanciones que procedan en caso contrario o cuando se presenten conductas irregulares en la distribución y aplicación del fármaco.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica, se pregunta a la asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría es por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No se considera de urgente resolución, por lo tanto se turna a la Comisión de Salud.

ESTADO DE GUERRERO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federacióna que indique la partida presupuestal y establezca los lineamientos para que los municipios del estado de Guerrero puedan comprobar la adquisición del fertilizante que se subsidia a los campesinos.

El diputado Cuauhtémoc Salgado Romero: Con su permiso. Compañeras y compañeros diputados. Tocar el tema del campo para muchos es un asunto trillado, poco serio y hasta obsoleto. Obviamente quienes lo comentan es porque lo desconocen completamente. Pero para aquellos que es su fuente principal de ingresos, es un asunto de vital importancia.

El campo mexicano, sin el apoyo del gobierno, a través de sus diferentes programas, a estas fechas ya no existiría. En relación a la producción del campo, los registros que se tienen por parte de las dependencias de los tres órdenes de gobierno son alarmantes. Los estados más pobres por sus diferentes circunstancias, requieren de esfuerzos extraordinarios para que el campo produzca en una mínima escala.

El estado de Guerrero es de los que se encuentran en este escenario de pobreza y para poder estimular al campo implementó desde hace 16 años el Programa del Fertilizante Subsidiado. Este programa vino a darle un gran respiro al campo guerrerense. La población rural se motivó para sembrar sus tierras, por cierto, abandonadas por muchos años.

Con el transcurso del tiempo y con base en el interés del gobernante en turno, este programa sufrió modificaciones tanto en la participación económica del estado y los municipios, como en la cantidad de fertilizante que se otorga a cada campesino.

La aportación siempre ha sido tripartita. Actualmente el productor aporta 20 por ciento, el estado otro 20 por ciento y la carga mayor la recibe el municipio con 60 por ciento, lo que ha hecho que las autoridades municipales dejen de hacer obra pública para enfocar en algunos casos hasta 70 por ciento el presupuesto del Ramo 33 en el rubro del fertilizante.

En el caso muy particular de Guerrero, se suma un problema a los municipios: las observaciones que ya tienen por parte de la Auditoría Superior de la Federación, ya que a criterio de esa fiscalizadora no es factible que se compre este insumo con recursos del Ramo 33.

La pregunta es, ¿por qué partida se va a seguir adquiriendo el fertilizante? Éste es el motivo principal de mi intervención y de este punto de acuerdo y que se les marque el camino a seguir por parte de la Auditoría Superior de la Federación, toda vez que este programa por ningún motivo está en la mente de las autoridades municipales desaparecerlo. Pensarlo siquiera significa un levantamiento social de todos aquellos que se benefician.

Por lo antes expuesto, el suscrito, diputado federal, hace un atento llamado para que el gobierno del estado de Guerrero y los demás gobiernos que se encuentren en esta misma situación, la Auditoría Superior de la Federación, las auditorías generales de los estados y las dependencias correspondientes trabajen en conjunto para que atiendan el problema en cuestión y así se logre encaminar al campo para ser nuevamente factor importante en la economía y contribuya a la autosuficiencia alimentaria.

De esta manera, solicito, con base en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se someta a consideración de este pleno el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a indicar la partida presupuestal y establecer los lineamientos para que los municipios de Guerrero puedan comprobar la adquisición del fertilizante que se subsidia a los campesinos; asimismo, que indique el mecanismo a seguir para que queden liberados de las observaciones que ya tienen en relación a este rubro; y que dé informes al gobierno de Guerrero, al Congreso local del mismo y a la Auditoría General del estado, sobre dichos resultados para su procedimiento legal. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a indicar la partida presupuestal y establecer lineamientos que permitan a los municipios de Guerrero comprobar la adquisición del fertilizante que se subsidia a los campesinos; a señalar el procedimiento para que queden liberados de las observaciones que ya tienen respecto a este rubro; y a rendir informes al gobierno, al Congreso y a la Auditoría General de esa entidad sobre dicho resultado para su procedimiento legal, a cargo del diputado Cuauhtémoc Salgado Romero , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La estructura en la que se basa la economía mexicana involucra diversas actividades que son propias de las características que reúne nuestro país y las clasifica en primarias, secundarias y terciarias.

Por lo que se refiere a las actividades primarias, la agricultura destaca como factor principal en la aportación económica para las personas de las zonas rurales y, a la vez, desempeña un papel importante en el ámbito alimentario para la sociedad en general.

Podemos decir que la agricultura se encuentra en un régimen que no es estrictamente tradicional, ya que los sistemas de producción van modificándose según las necesidades de rendimiento, calidad y manutención. La mayoría de los sistemas agrícolas emplean las innovaciones tecnológicas combinadas con la tecnología local. La coexistencia de ambos sistemas otorga múltiples alternativas para el sustento de una agricultura que se encuentra en crisis.

En la actualidad, el campo es un contraste de su pasado, toda vez que en décadas anteriores contribuyó al desarrollo económico de la nación, logrando un crecimiento de 7.6 por ciento en producción, con el cual cubría las necesidades alimenticias de la población. Todo ello gracias a la buena y oportuna decisión del gobierno, al darle la importancia y los incentivos necesarios al campo para la mejora en la producción.

Hoy no es para nada un tema del que se pueda hablar con orgullo, muy lejano a lo que se vivió en esas épocas, la aportación del campo ha bajado de manera considerable, nos hemos estancado en la peor crisis que ha sufrido este sector, de tal manera que no somos autosuficientes y se tiene que recurrir a la importación de alimentos, provocando que la balanza agroalimentaria tenga un déficit considerable y que más del 50 por ciento de la demanda de alimentos sea cubierta con adquisiciones del exterior.

Solo un sector muy pequeño de productores ha logrado consolidarse en esta actividad y volverla redituable. Lo cual conlleva a que un gran número de campesinos abandone las tierras y parta con una esperanza de trabajo hacia el vecino país del norte, contribuyendo a que disminuya aún más la producción en este sector.

Si a esto le sumamos las limitaciones por la accidentada superficie, la constante irregularidad pluvial, el nivel económico bajo de las comunidades y limitados recursos tecnológicos, nos encontraremos siempre en la práctica de la agricultura de autoconsumo y sólo los pequeños excedentes serán comercializados en los mercados a nivel regional.

Con objeto de poner en igualdad de condiciones a los productores del campo, el gobierno ha implantado programas que buscan minimizar los gastos en los insumos de producción, tal es el caso del Programa de Subsidio al Fertilizante, el cual no ha logrado el objetivo para el que fue creado, ya que no cuenta con el presupuesto suficiente para satisfacer la demanda.

Además es importante mencionar que el precio de los fertilizantes se ha incrementado de manera notable; tan sólo el fosfato, en los últimos meses, subió más de 100 por ciento de su precio, al pasar de 4 mil pesos a 9 mil 691 pesos, lo cual deja en completo estado de indefensión a la población campesina, que en su mayoría son personas de escasos recursos y muchos de ellos no tienen acceso ni siquiera a la canasta básica.

Hoy día no se producen inversiones en el campo, por el contrario, se obstaculiza la producción agrícola de México. Una muestra de ello es la reciente decisión por parte de la Auditoria Superior de la Federación de negar a los ayuntamientos tomar recursos del ramo 33 para poder subsidiar la compra del fertilizante, argumentando que los fondos provenientes de ese ramo son única y exclusivamente para desarrollo en infraestructura. Sin importar que el subsidio de este insumo sea esencial e indispensable para la producción, dejando como resultado que la crisis agrícola pase de ser un fenómeno a una realidad.

A raíz de esta decisión, la problemática que enfrentan los productores del campo radica en la incertidumbre de no tener establecido el rubro del cual recibirán apoyo económico y los lineamientos a seguir para poder ser acreedores del recurso en mención.

La preocupación manifestada es de trascendental importancia porque, a criterio de un servidor, el subsidio a los campesinos para la obtención de fertilizante impulsa la competitividad sana entre los productores, porque así todos ellos podrán brindar productos de mayor calidad y, a la vez, se promoverá la reactivación de los campos olvidados.

Con esto se pretende recalcar que el potencial del campo se está menospreciando y que, de no darse una solución clara y objetiva, seguirán siendo afectados no sólo los campesinos, sino la sociedad en general, puesto que la sociedad presenta una demanda mayor a la que el campo puede ofertar, esto es, una insuficiencia en el abasto y por consecuente un aumento en el precio de los productos primarios.

Por lo antes expuesto, el suscrito hace un atento llamado para que el gobierno de Guerrero y los demás gobiernos que presenten esta problemática, la Auditoría Superior de la Federación, las auditorías generales de los estados y las dependencias correspondientes trabajen en conjunto para que atiendan el problema en cuestión y así se logre encaminar al campo a ser nuevamente factor importante en la economía y contribuya a la autosuficiencia alimentaria.

De esta manera, y con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva someta a consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a indicar la partida presupuestal y a establecer los lineamientos para que los municipios de Guerrero puedan comprobar la adquisición del fertilizante que se subsidia a los campesinos; asimismo, indique el mecanismo a seguir para que queden liberados de las observaciones que ya tienen con relación a este rubro y dé informes al gobierno de Guerrero, al Congreso local de éste y a la Auditoría General del Estado sobre dicho resultado para su procedimiento legal.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la.

COMISION ESPECIAL PARA IMPULSAR LA UNIFICACION DEL MARCO LEGAL ESTATAL EN MATERIA DE ADOPCION

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para impulsar la unificación del marco legal estatal en materia de adopción.

La diputada María Joann Novoa Mossberger: Con permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, como sabemos, la adopción es un compromiso social, pero sobre todo de humanidad. Hay que pensar que las personas que se encuentran en desamparo u orfandad nos obligan a todos nosotros a garantizar su derecho a vivir en familia.

En nuestro país, el Estado, a través de la figura jurídica de la adopción busca garantizar su derecho a ser parte de una familia permanente; es decir, cuando los menores no pueden vivir dentro de su propio núcleo familiar, ni aun con su familia extensa.

Cabe destacar que en México, a través de la regulación de esta figura, en cada uno de los distintos códigos locales, se observa claramente la diversidad de criterios en cuanto a la naturaleza jurídica de la adopción.

Según estadísticas oficiales para 2010 habrá en el país 29 mil 310 niños sin cuidados familiares e institucionales y, de acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), hasta 2005 había en México 1.6 millones de niños en situación de extrema vulnerabilidad. De acuerdo con el Segundo Conteo Nacional de Población 2005, en México hay 28 mil 107 niños y niñas, o adolescentes, que por algún motivo no pueden vivir con su familia de origen y están institucionalizados en las 657 casas hogar.

Consideramos urgente e imprescindible generar estrategias que hagan del proceso de adopción un procedimiento ágil y efectivo, sobre todo con mayor seguridad para los niños que se otorgan en adopción.

El objetivo principal de crear la Comisión Especial en el tema de adopción es que desde el Poder Legislativo encaminemos los esfuerzos para que el procedimiento legal, dentro de los gobiernos estatales, sea unificado, agilizando los trámites de adopción siempre en el marco de la legalidad, dando mayores oportunidades a cada niño y niña en este proceso para que pueda contar con una familia, base fundamental de nuestra sociedad.

La creación de esta Comisión Especial obedece a las demandas más sentidas de la sociedad, cuyos principios y congruencia social permitan realizar múltiples acciones desde el ámbito federal para solucionar dicha problemática. Por tanto, es indispensable promover la adopción con base en criterios unificados, darle la importancia que merece, impulsando los esfuerzos en conjunto con los tres órdenes de gobierno y así, de manera profunda, dar solución jurídicamente.

Por lo expuesto someto a consideración y aprobación del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a que, con fundamento en los artículos antes citados, determine la creación de la Comisión Especial para impulsar la unificación del marco legal estatal en materia de adopción, tendente a fortalecer el esfuerzo de los distintos órdenes de gobierno en el tema.

Segundo. La Comisión Especial cumplirá, en su integración, con los requisitos señalados en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para impulsar la unificación del marco legal estatal en materia de adopción, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger , del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica y los artículos 58, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo para crear la comisión especial para impulsar la unificación de los criterios de la adopción de conformidad con los siguientes:

Considerandos

La adopción es un compromiso social, pero sobre todo de humanidad. De ahí que pensar en las personas que se encuentran en desamparo u orfandad, por humanidad, nos obliga a todos nosotros a garantizar su derecho a vivir en familia, no sólo como una deuda social sino humana.

En nuestro país, el Estado, a través de la figura jurídica de la adopción, busca garantizar su derecho a ser parte de una familia permanente; es decir, cuando los menores no pueden vivir dentro de su propio núcleo familiar, ni aun con su familia extensa.

Como antecedente, la Cámara de Senadores aprobó en el año de 1998 el proyecto de dictamen que planteo la institución jurídica de la adopción plena, a través de reformas y adiciones al Código Civil para el Distrito Federal, en Materia del Fuero Común y para toda la República, en Materia del Fuero Federal; y al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

La adopción es un contrato solemne, que constata el Estado, por el cual una mujer o un hombre, o ambos, a los cuales se les llama adoptantes reciben al adoptado como si fuera su descendiente consanguíneo, en su familia o para integrar una familia.

La adopción es el estado jurídico mediante el cual se confiere al adoptado la situación de hijo del o de los adoptantes y a éstos los deberes y derechos inherentes a la relación paterno filial.

El Código Civil Federal y el Código Civil del Distrito Federal no definen a la adopción. En tanto que algunas entidades la catalogan como acto jurídico; por ejemplo, en algunos estados se define como: ``es un acto jurídico destinado a crear entre el adoptante y el adoptado los derechos y obligaciones resultantes de la patria potestad y, en su caso, la filiación'', o como un acto jurídico por el cual una persona o pareja matrimonial o concubinario asumen recíprocamente, respecto de uno o varios menores o incapacitados, los derechos y obligaciones inherentes a un hijo biológico o consanguíneo''..

Cabe destacar que en México a través de la regulación de esta figura, en cada uno de los distintos códigos locales, se observa claramente la diversidad de criterios en cuanto a la naturaleza jurídica de la adopción.

En nuestro país los servicios de asistencia social se conforman de acciones encaminadas a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad o desprotección; ejemplo de ello son los menores de edad, quienes por sucesos desfavorables se encuentran en estado de abandono y desamparo.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) es el encargado de autorizar o rechazar la demanda de adopción por parte de una pareja. Su misión se enfoca a proteger a las niñas, niños y adolescentes en desamparo, brindándoles albergue, alimentación, educación y los cuidados necesarios para su sano crecimiento, físico, mental y social, procurando reintegrarlos a un hogar como espacio natural e idóneo para su desarrollo armónico. Para lo anterior, es la primera instancia para iniciarlos en el proceso de adopción, una vez que se ha definido su situación jurídica y cuando no existe ningún tipo de vínculo con la familia biológica.

Según estadísticas oficiales, para el 2010 habrá en el país 29 mil 310 niños sin cuidados familiares e institucionales, y de acuerdo con la UNICEF hasta el 2005 había en México 1.6 millones de niños en situación de extrema vulnerabilidad.

Se estima que para el 2008 había más de 11 mil niños bajo custodia de los sistemas para el desarrollo Integral de la Familia (DIF) nacional y estatales, así como de casas hogar privadas; sin embargo, muy pocos reúnen las condiciones para ser adoptados.

De acuerdo con el II Conteo Nacional de Población 2005, en México hay 28 mil 107 niños, niñas y adolescentes que por algún motivo no pueden vivir con su familia de origen y están institucionalizados en las 657 casas hogar, existentes en la República; de ellos, 11 mil 75 se encuentran en situación de desamparo.

Con una proyección del DIF y basados en estimaciones del Consejo Nacional de Población, evalúan que de continuar las actuales tendencias sociodemográficas, para el año 2010 tendremos aproximadamente 29 mil 310 niños sin cuidados familiares e institucionalizados. Por lo que consideramos urgente e imprescindible generar estrategias que hagan el proceso de adopción un procedimiento ágil y efectivo.

Sin embargo, desafortunadamente nos podemos dar cuenta que el proceso de adopción, en muchos casos, jurídicamente es un proceso muy largo, complicado y costoso, tanto económica como emocionalmente; siendo este último el más significativo, dado que el desgaste emocional deja permanente desilusión en los adoptantes, por distintas circunstancias. Ejemplo de ello es el tiempo dedicado al proceso de adopción, cuando ha sido larga la espera y el resultado negativo.

La espera puede tardar meses o incluso años, un periodo angustiante y desgastante, pero cuando el resultado es positivo podemos afirmar que es como un milagro; sin embargo, podemos darnos cuenta que no para todos los menores el proceso termina tan feliz. Actualmente, en nuestro país hay miles de niños en adopción que aún no tienen familia.

El tema de la adopción tiene miles de dificultades que hacen desesperarse a los futuros padres; la pregunta es ¿por qué no agilizar y mejorar este proceso?

El objetivo trascendental de esta Comisión Especial es mejorar la cultura de la adopción en México, revisar y, principalmente, impulsar desde este recinto la homologación del marco legal en todos los niveles, buscando que los trámites sean más fluidos y rápidos; sobre todo con mayor seguridad para los niños que se otorgan en adopción.

Una vez creada la comisión especial, convocará a los Congresos estatales a un foro nacional sobre adopción, invitando también a las dependencias y organismos de la sociedad civil que tengan relación con el tema, con miras a aportar desde lo social sus propuestas; con la finalidad de elaborar un documento marco que permita delinear la estrategia a seguir para emprender las acciones de la unificación de un marco legal estatal en materia de adopción.

A partir de la estrategia mencionada, la comisión especial exhortará a las legislaturas estatales a realizar las modificaciones al marco legal que permita un esquema de adopción más ágil, eficaz y seguro en todo el territorio nacional, tomando como base las conclusiones del foro.

Igualmente importante es establecer términos para poder avanzar en tiempo y forma los trabajos para los que fue creada la comisión especial, por lo que se fijará un plazo razonable para recibir la retroalimentación de las legislaturas locales, con la cual se elaborará un documento que sirva como base primordial de conclusiones y así darles seguimiento en un segundo foro nacional sobre adopción, en el cual se discutirán los avances, dificultades o innovaciones que haya tenido con cada entidad en la tarea de unificación de un marco legal en la materia.

La comisión sistematizará la información de un segundo foro nacional sobre adopción y elaborará un documento de conclusiones, el cual enviará a todos los participantes del proceso, a fin de que realicen la unificación del marco legal en materia de adopción, quedando con este hecho concluida su labor.

El objetivo principal de la comisión es que, desde el Poder Legislativo, encaminemos los esfuerzos para que el procedimientos legal dentro de los gobiernos estatales sea unificado, agilizando los trámites de adopción, siempre en el marco de la legalidad, dando mayores oportunidades a cada niño y niña en etapa de adopción para que pueda contar con una familia, base fundamental de nuestra sociedad.

Señores legisladores, solicito que el tema de la adopción sea visible, pugnando desde esta comisión especial para que cambie la cultura de la adopción y sea una cultura de cariño y generosidad.

La figura jurídica de la adopción es la de dar un nuevo y mejor proyecto de vida al adoptado, lo que implica una seguridad jurídica para él y sus padres.

Esta comisión especial obedece a una de las demandas más sentidas de la sociedad, cuyos principios y congruencia social permitan realizar múltiples acciones desde el ámbito federal para solucionar dicha problemática; por tanto, es indispensable promover la adopción en base a criterios unificados; darle la importancia que merece impulsando los esfuerzos en conjunto con los tres órdenes de gobierno y así, de manera profunda, dar solución jurídicamente.

Por lo expuesto, de conformidad con los artículos 34, inciso c), 42 y 43, numerales 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración y aprobación del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que, con fundamento en los artículos antes citados a determinar la creación de la Comisión Especial para impulsar la unificación del marco legal estatal en materia de adopción, tendente a fortalecer el esfuerzo de los distintos órdenes de gobierno en el tema.

Segundo. La comisión especial cumplirá en su integración los requisitos señalados en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Novoa Mossberger.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Comité Técnico del Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a publicar la lista trigesimosegunda de beneficiarios.

El diputado Samuel Herrera Chávez: Con su permiso, diputado presidente. Honorable soberanía, punto de acuerdo de obvia o urgente resolución por el que se exhorta al Comité Técnico del Fideicomiso que administra el Fondo de Apoyo Social para los ex Trabajadores Mexicanos, a que publique la lista trigesimosegunda de beneficiarios, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD.

El que suscribe, diputado Samuel Herrera Chávez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de obvia o urgente resolución, con base en los siguientes antecedentes.

En el PEF de 2008 esta soberanía aprobó 700 millones de pesos que se radicaron a la fiduciaria en marzo del mismo año y que no se ejercieron en su totalidad en dicho periodo.

Del ejercicio fiscal 2008 y hasta el Informe del Comité Técnico del Fideicomiso 2106, del 31 de marzo de 2009, el fideicomiso tenía en disponibilidad 215 millones para aplicarse en beneficio de los ex braceros.

Se publicaron las listas 27, 28 y 29 en abril y junio que beneficiaron en total a 2 mil 285 ex braceros, ocupándose 86 millones de pesos, por lo que sobró una cantidad aproximada de 128 millones, todavía del presupuesto 2008.

La Cámara de Diputados aprobó para el ejercicio fiscal de 2009 700 millones de pesos y éstos se radicaron a finales de abril de 2009 en Banobras, por ser fiduciario del fideicomiso 2106; al sumarse, además, los 128 millones disponibles del ejercicio 2008 y, además, los intereses generados en toda esa cantidad a octubre de 2009, que son aproximadamente 15 millones de pesos, para noviembre de 2009 el fideicomiso 2106 contaba con disponibilidad de aproximadamente 833 millones de pesos.

Al modificar el Comité Técnico del Fideicomiso 2106 las reglas de operación e imponer el criterio de pagos o apoyos anuales, se estableció un primer apoyo de 4 mil pesos, publicándose las listas 30 y 31 en julio y noviembre de 2009, que sumadas benefician a 119 mil 27 ex braceros, para estos listados se aplican 476 millones de pesos, por lo que la disposición actual es de 367 millones de pesos.

El Comité Técnico del Fideicomiso 2106 tiene un retraso grave para los ex braceros de la primera etapa y también cuenta con un recurso para ex braceros; por lo que toca a la segunda etapa, después de siete meses de espera se publicaron la mayoría de los ex braceros.

El Comité Técnico del Fideicomiso no ha remitido a la Cámara de Diputados el listado definitivo de ex braceros de la segunda etapa, en términos del artículo cuarto transitorio de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

El Comité Técnico del Fideicomiso tiene que ejercer el total de los recursos del ejercicio fiscal 2009, a fin de beneficiar a todos los ex braceros.

Consideraciones: que dada la situación económica que vivimos y la falta de recursos por parte de los ex braceros, es necesario que reciban su recurso a la brevedad posible.

Que es necesario que se ejecute el presupuesto existente en las arcas de fideicomiso, con el fin de poder buscar en el siguiente año recursos adicionales a los 300 millones de pesos que aprobó esta soberanía en su presupuesto de egresos para 2010.

Por lo expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se solicita al Comité Técnico que administra el Fideicomiso de Apoyo Social de los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, que cumpla con su responsabilidad establecida en la ley y publique la trigesimosegunda lista, para ejercer los recursos disponibles desde 2008 hasta la fecha, en beneficio de los trabajadores ex braceros, antes de que concluya el ejercicio fiscal 2009.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados a los 24 días del mes de noviembre de 2009.

Solicito, señor presidente, se pueda publicar en sus términos y se someta a esta soberanía el punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución. Es cuanto. Gracias, ciudadano presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Comité Técnico del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos a publicar la trigésima segunda lista de beneficiarios, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Samuel Herrera Chávez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de obvia y urgente resolución, con base en los siguientes

Antecedentes

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 se aprobó por esta soberanía la cantidad de 700 millones de pesos, que se radicaron a la fiduciaria en marzo de ese año y que no se ejercieron en su totalidad en dicho periodo fiscal.

Del ejercicio fiscal 2008 y hasta el Informe del Comité Técnico del Fideicomiso 2106, del 31 de marzo de 2009 este tenía en disponibilidad 215 millones 611 mil 34.28 pesos para aplicarse en beneficio de los ex braceros.

Se publicaron las listas 27, 28 y 29 en abril y junio que beneficiaron en total a 2 mil 285 ex braceros, ocupándose 86 millones 982 mil pesos por lo que sobró una cantidad de 128 millones 629 mil 134.28 pesos, todavía del presupuesto 2008.

La Cámara de Diputados aprobó para el ejercicio fiscal de 2009, 700 millones de pesos y estos se radicaron a finales de abril de 2009 en Banobras por ser fiduciario del fideicomiso 2106, si sumamos además los 128 millones 629 mil 134.28 pesos disponibles del ejercicio 2008 y además los intereses generados por toda esa cantidad al mes de octubre del 2009, que son aproximadamente 15 millones de pesos, para el mes de noviembre del 2009 el fideicomiso 2106 contaba con disponibilidad de aproximadamente 833 millones 329 mil 134 pesos.

Al modificar el Comité Técnico del Fideicomiso 2106 las reglas de operación e imponer el criterio de pagos o apoyos anuales, se establece un primer apoyo de 4 mil pesos, publicándose las listas 30 y 31 en julio y noviembre del 2009, que sumadas benefician a 119 mil 27 ex braceros, para estos listados se aplican 476 millones 108 mil pesos, por lo que la dsiposición actual es de 367 millones 521 mil 134 pesos.

En las 37 mesas receptoras instaladas del 28 de noviembre del 2008 al 28 de enero del 2009, más los 51 Consulados Mexicanos en los Estados Unidos, se informó que en total se captaron 178 mil 367 ex braceros con documentos completos, actualmente se han publicado las listas 30 y 31, que sumándose beneficiaron a 119 mil 27 ex braceros, faltado 53 mil 147 personas, además de los ex braceros de la primera etapa que completaron su documentación en las mesas receptoras y que necesariamente tienen que ser beneficiados.

El Comité Técnico del Fideicomiso 2106 tiene un retraso grave de los ex braceros de la primera etapa y también cuenta con recursos para esos ex braceros, por lo que toca a la segunda etapa, después de 7 meses de espera se publicaron la mayoría de los ex braceros captados en las mesas receptoras recientes, además de que el recurso para esto no se ha aplicado totalmente.

El Comité Técnico del fideicomiso no ha remitido a la Cámara de Diputados el listado definitivo de ex braceros de la segunda etapa en términos del artículo cuarto transitorio de Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

El Comité Técnico del fideicomiso tiene que ejercer el total de los recursos del ejercicio fiscal 2009 a fin de beneficiar a todos los ex braceros incorporados al programa en las mesas receptoras recientes.

Consideraciones

Que es necesario atender a este grupo vulnerable de ex braceros y reivindicar el espíritu que generó la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social de los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Que dada la situación económica que vivimos y la falta de recursos por parte de los ex braceros, es necesario que reciban su recurso a la brevedad posible, dado que se trata de personas de la tercera edad y que presentan muchos de ellos las enfermedades propias de su etapa de vida.

Que es necesario se ejecute el presupuesto existente en las arcas de fideicomiso, con el fin de buscar en el siguiente año recursos adicionales a los 300 millones de pesos que aprobó esta soberanía en su Presupuesto de Egresos para 2010.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al Comité Técnico que Administra el Fideicomiso de Apoyo Social de los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, cumpla con su responsabilidad establecida en la ley y publique la lista trigésima segunda, para ejercer los recursos disponibles desde 2008, en beneficio de los trabajadores ex-braceros antes de que concluya el ejercicio fiscal de 2009.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Como lo solicita, le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica, se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No se considera de urgente resolución.Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LINEAS AEREAS COMERCIALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Jorge González Ilescas, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes, a que soliciten a la Secretaría de Comunicaciones y Transportesinforme a esta soberanía sobre la vigilancia, funcionamiento y operación de los servicios aéreos que prestan las líneas aéreas comerciales en México.

El diputado Jorge Venustiano González Ilescas: Muchas gracias, ciudadano presidente; honorable asamblea; compañeras y compañeros diputados: en uso de mis facultades me permito someter a ustedes el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones.

Primera. Con fundamento en la Ley de Aviación Civil, están facultadas la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la de Hacienda y Crédito Público, para fomentar, regular, vigilar, operar, fijar tarifas para el pago de usos y servicios de todo lo relacionado a la aeronáutica civil y servicios de transporte aéreo.

Segunda. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional desarrolló un análisis en 2008 en 21 terminales aéreas de América Latina. En dicho análisis se afirma que los aeropuertos mexicanos tienen las tarifas más altas del mundo.

El pago por aterrizajes y despegues, estacionamientos, iluminación, abordaje y desembarco de pasajeros, son casi 50 por ciento más caros en aeropuertos mexicanos que en otros del mundo.

Entre las razones que invocan los grupos aeroportuarios para justificar esas tarifas, están las condiciones adversas derivadas de las crisis internacionales, el encarecimiento del combustible, la caída de las rutas y la desaparición de aerolíneas de bajo costo, lo que incide en el precio de los servicios.

Tercera. Actualmente operan en México seis aerolíneas nacionales de transporte de pasajeros: Aeroméxico y Mexicana, que además son propietarias de Aeroméxico Connect, Click y Aeromar.

Estas dos empresas concentran 60 por ciento del mercado, mientras que Volaris e Interjet, administran 20 por ciento y dejan el restante 20 por ciento a Aerobus, Magnicharter y a las operadoras extranjeras.

Entre 2007 y 2009, desaparecieron cinco aerolíneas de bajo costo que favorecían la libre competencia, así como la oferta de tarifas accesibles a los usuarios de transporte aéreo. La desaparición de Aviacsa contribuye a la concentración del mercado en Aeroméxico y Mexicana, lo cual viola los principios de libre competencia y atenta contra los intereses de los usuarios que han visto en poco tiempo aumentar de manera descomunal los precios de los boletos de avión.

Cuarta. Uno de los problemas más graves es que las líneas aéreas comerciales nacionales han subido sus precios de los diferentes destinos nacionales a costos que están fuera de las condiciones en que vive actualmente nuestro país.

Quinta. Aparte del elevado costo del boleto de avión, los usuarios del servicio aéreo tienen que sufrir los altos costos de hora-trabajo que se pierden por causas imputables a las aerolíneas que, con cualquier pretexto, realizan los cambios de horarios de los vuelos sin justificación alguna. Y cuando alguien se acerca a pedir información al respecto, ésta no sólo es insuficiente, sino además el trato que recibe es despótico y de muy mala manera.

Por todo lo anterior, compañeras diputadas y compañeros diputados, propongo los siguientes puntos de acuerdo.

Primero. Que se exhorte a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes a solicitar a la secretaría del ramo un informe detallado sobre cómo se planean, formulan y conducen las políticas y programas para la regulación de las tarifas de los servicios aéreos.

Segundo. Cómo se realizan la vigilancia y verificación del funcionamiento y operación de la aviación comercial en el desempeño del trato de los empleados para con los usuarios.

Tercero. Se solicita a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes de la Cámara de Diputados que se integre una subcomisión que dé puntual seguimiento a la problemática de la materia; asimismo, que conozca las acciones y resoluciones emprendidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Cuarto. Solicito una modificación a un artículo de la materia ---para no darle lectura y abusar de su tiempo, me permito, señor presidente, solicitar que se inserte en el Diario de los Debates.

Quinto. La subcomisión tendrá la facultad de solicitar trimestralmente a la Comisión Federal de Competencia un informe y seguimiento de todo lo relacionado con la aeronáutica civil.

Sexto. Se solicita a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes que presenten iniciativa con proyecto de decreto a efecto de agregar una fracción al artículo 56 del Reglamento de la Ley de Aviación, para que se indique que la Comisión Federal de Competencia tendrá la obligación de entregar el informe trimestral de todas las quejas de los usuarios a la subcomisión. Es cuanto. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Transportes a solicitar a la SCT que informe a esta soberanía sobre la vigilancia, el funcionamiento y la operación de los servicios aéreos de las líneas comerciales, a cargo del diputado Jorge González Ilescas, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Jorge González Ilescas, diputado por el distrito electoral 3 de Oaxaca e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 85 y 87 de la Ley Orgánica del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de ustedes, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La Ley Orgánica de la Administración Publica Federal, en el artículo 36, establece que a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho entre otros asuntos de: fomentar, regular y vigilar su funcionamiento y operación, regular y vigilar la operación de la administración de los aeropuertos nacionales; fijar las tarifas para el cobro de los servicios públicos de comunicaciones y transportes y participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el establecimiento de las tarifas de los servicios que presta la administración pública federal de comunicaciones y transportes. La Ley de Aviación Civil establece que son atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, planear, formular y conducir las políticas y programas para la regulación de los servicios de transporte aéreo, otorgar concesiones y permisos, verificar su cumplimiento, prestar y controlar servicios a la navegación aérea, promover el desarrollo de la industria aeronáutica, de la aviación comercial, entre otras.

Segunda. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional desarrolló un análisis en el 2008 en 21 terminales aéreas de América Latina, en el que afirma que los aeropuertos mexicanos tienen las tarifas más altas del mundo. El pago por aterrizajes y despegues, estacionamientos, iluminación, abordaje y desembarco de pasajeros son casi 50 por ciento más caros en aeropuertos mexicanos que otros en el mundo. Entre las razones que invocan los grupos aeroportuarios para justificar esas tarifas, están las condiciones adversas derivadas de la crisis internacional, el encarecimiento del combustible, la caída de las rutas y la desaparición de aerolíneas de bajo costo, lo que incide en el costo de los servicios.

Tercera. Actualmente operan en México 6 aerolíneas nacionales de transporte de pasajeros. Aeroméxico y Mexicana (que además son propietarias de Aeroméxico Connect, Click, y Aeromar) concentran el 60 por ciento del mercado, mientras que Volaris e Interjet administran un 20 por ciento, dejando el restante 20 por ciento a Aerobus, Magnicharters y las operadoras extranjeras. Entre el 2007 y el 2009 desaparecieron 5 aerolíneas de bajo costo que favorecían la libre competencia, así como la oferta de tarifas accesibles a los usuarios de transporte aéreo; con la desaparición de Aviacsa, se contribuye a la concentración del mercado en Aeroméxico y Mexicana, lo cual viola los principios de libre competencia y se atenta en contra de los intereses de los usuarios que han visto en pocos días aumentar de manera descomunal los precios de los boletos de avión.

Cuarta. Uno de los problemas más graves es que las líneas aéreas comerciales nacionales han subido sus precios a los diferentes destinos nacionales a precios que están fuera de las condiciones económicas que vive el país, ya que los precios actuales son muy altos.

De acuerdo con el Banco de México, al analizar el comportamiento del precio de los boletos de avión durante el 2009, encontramos que las tarifas que pagaron los usuarios del transporte aéreo durante el mes de octubre pasado fueron 2.71 por ciento mayores a las que se ofertaban en octubre del año anterior.

Lo importante, es que las condiciones de las líneas aéreas comerciales mejore y que adviertan que el país necesita de esa comunicación, pero a precios accesibles y que permitan que un mayor número de personas pueda transportase, ya que en muchas ocasiones la gente prefiere viajar más al extranjero, puesto que es mucho más barato conocer otros lugares que viajar al interior de México.

Es decir, los boletos de avión son más caros de la Ciudad de México a Mexicali en viaje sencillo, tiene un valor de 4 mil 167.78 pesos (320 dólares); mientras que de la Ciudad de México a Las Vegas el precio es de 4 mil 20.92 pesos (309 dólares). (Véase Cuadro número 1).

De acuerdo con la información del Banco de México, los precios de los boletos de avión de los destinos antes descritos, en noviembre del año próximo pasado, son la Ciudad de México a Mexicali en viaje sencillo, tiene un valor de 3 mil 38.43 pesos (233 dólares); mientras que de la Ciudad de México a Las Vegas el precio es de 2 mil 931.26 pesos (225 dólares). (Véase Cuadro número 2).

Quinta. El elevado costo de las tarifas aéreas en México, se compone además del impuesto, de la sobrecuota del valor del boleto de avión, lo cual no corresponde con la baja observada en la caída de los precios internacionales de la turbosina.

Sexto. Aparte del elevado costo del boleto de avión, los usuarios del servicio aéreo, también tiene que sufrir los altos costos de hora-trabajo que tienen que perder por que las aerolíneas, no avisan con anticipación los cambios de horario. Con cualquier pretexto, las aerolíneas realizan los cambios de horarios de los vuelos de avión sin justificación alguna, y cuando se acercan a pedir información al respecto, los empleados del mostrador se muestran en una actitud despótica, como estuvieran haciendo un favor al usuario el otorgar el servicio aéreo.

Séptimo. Cuando los usuarios de los servicios aéreos deben transbordar de vuelo, de diferentes líneas comerciales, con frecuencia retrasan los segundos vuelos, sin previo aviso, por lo que los usuarios tienen que perder horas-trabajo, horas en el mismo aeropuerto, que pueden ser hasta días; se pierde en gasto de hotel y de alimentos, sin que algún empleado de las aerolíneas comerciales dé alguna explicación o responda por los gastos generados.

Por lo expuesto, someto a la consideración de este pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Transportes para que soliciten a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe detallado sobre cómo se planean, formulan y conducen las políticas y programas para fijar las tarifas para el cobro de los servicios públicos de transportes aéreos, los cuales se realizan con la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Segundo. Cómo se realiza la vigilancia y verificación del funcionamiento y operación de la aviación comercial, en el desempeño de la ineficiencia laboral de los empleados de mostrador hacia los usuarios de la industria aeronáutica.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tal como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates ytúrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes.

AVON COSMETICS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Sociala constituir una mesa de diálogo entre las denominadas ``representantes'' del servicio de Avon Cosmetics, SA de CV, y esta empresa.

La diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca: Con su venia, señor presidente. Como legisladores no podemos contemplar la injusticia sin caer en la complicidad; por tal motivo, de manera respetuosa insisto aquí sobre el asunto que es bien sabido y sigue pendiente: el de las mujeres representantes de Avon. Mientras no se demuestre lo contrario, esta empresa transnacional basa sus ganancias en condiciones laborales de legalidad dudosa.

De manera definitiva, las representantes de Avon son trabajadoras y no comisionistas mercantiles. Esta condición la otorga la Ley Federal del Trabajo a las personas que prestan un servicio subordinado, personal y de manera permanente.

Este estatuto laboral les fue reconocido por el Instituto Mexicano del Seguro Social el 9 de junio de 1994. Con esa fecha, el IMSS determinó que Avon Cosmetics debería regularizar su situación como instancia patronal y pagar las cuotas respectivas.

Así, por mandato directo del IMSS, Avon perdió por un tiempo el privilegio patronal del que extrañamente disfrutaba; sin embargo, el 30 de octubre de 2005, el director general en turno del IMSS firmó un convenio de transacción judicial con la empresa y la deslindó de sus obligaciones laborales. Así, de manera unilateral, sin contar con la aprobación del Consejo Técnico del IMSS, lo que ya en sí constituye un delito, se regresó a la empresa el privilegio de eludir sus obligaciones. De la noche a la mañana, casi medio millón de trabajadoras fueron privadas de los derechos que la ley les otorga.

Como era de esperarse, Avon solamente reconoció la existencia de 23 mil empleadas y el resto pasó a ser simplemente comisionistas mercantiles. Lo más grave del asunto es que este acto de prepotencia empresarial se dirigió contra mujeres bajo el signo de ancestrales esquemas discriminatorios; se dio, por supuesto, con el esquema de que con las mujeres trabajadoras se pueden permitir más abusos de los normales. La actitud discriminatoria se percibe también en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y en las autoridades judiciales que otorgaron una sentencia favorable a Avon.

Estas condiciones son preocupantes y obligan a los legisladores a tener una posición más comprometida con el derecho y la justicia para las trabajadoras. No podemos hacer más ominosa la injusticia con el silencio y la posición indiferente. No podemos abonar el terreno vergonzoso de las discriminaciones por razón de género.

Por eso mismo someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a constituir a la mayor brevedad una mesa de diálogo entre las denominadas ``representantes'' al servicio de Avon Cosmetics, SA de CV, y esta empresa. Se trata de que les sea reconocida a plenitud su calidad de trabajadoras y se respeten todos y cada uno de sus derechos laborales.

En primer término, ser afiliadas, sin distingos, al régimen obligatorio del Instituto Mexicano de Seguro Social. La aplicación de las leyes vigentes, en este caso particular, traerá beneficios a las trabajadoras y sus familias, a las finanzas del IMSS y del país en general; traerá el beneficio de hacer valer el estado de derecho.

Señor presidente, solicito que se inserte íntegro este punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a constituir una mesa de diálogo entre las denominadas ``representantes'' al servicio de Avon Cosmetics, SA de CV, y esta empresa para que les sea reconocida su calidad de trabajadoras, con respeto de sus derechos laborales, y se les afilie sin distingo en el régimen obligatorio del IMSS, a cargo de la diputada Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Magdalena Torres Abarca, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

Defender los derechos de las mujeres, es combatir la más profunda e insostenible de las injusticias; un compendio de agravios que han perdurado a través de milenios. Lo que permitirá abrir el camino para que la sociedad camine por fin a plenitud sobre sus dos pies, indispensable para otro mundo posible.

La violencia e injusticia hacia las mujeres tiene múltiples facetas, rostros; uno de ellos es la violencia de carácter económico, que se traduce, entre otros, en el desconocimiento de sus derechos humanos de carácter laboral. La mujer, especialmente en las actuales circunstancias de crisis económica, entra al mercado de la fuerza de trabajo y, por lo general, o no encuentra trabajo o sólo logra acceder a un empleo precario, básicamente en la informalidad o en alguna de las múltiples formas de simulación de la relación de trabajo; pero en ambos casos, es a costa de ver suprimidos sus derechos de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS), al Infonavit y al pago de sus prestaciones laborales mínimas.

Una de las empresas que con mayor rigor aplica el fraude laboral, en perjuicio de los trabajadores, son algunas de las trasnacionales que operan en nuestro país, quienes deberían ser las primeras en cumplir con nuestro estado de derecho, comenzando por el pleno respeto a los derecho laborales; esto si nuestra soberanía nacional no fuera otro espejismo en manos del actual gobierno federal.

Una de estas trasnacionales es precisamente Avon Cosmetics, SA de CV, que a diario se enriquece con el trabajo de más de 500 mil mexicanas, a quienes designa como ``representantes'', sujetándolas a un contrato de comisión mercantil que les niega su calidad de trabajadoras, lo que le permite evitar el pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, indemnización por despido injustificado, entre otras, y además omitir la afiliación de estas trabajadoras ante el IMSS y el Infonavit, salvo un reducido número de trabajadoras con relación al total, al que no se hizo extensivo el ilegal convenio del 30 de octubre de 2006, celebrado entre Avon y el Seguro Social, como adelante detallamos.

De manera incuestionable, las representantes de Avon son trabajadoras y no meras ``agentes de comisión mercantil independiente'' (es decir, comisionistas mercantiles reguladas por el derecho mercantil y no por el laboral); esto en razón de que la Ley Federal del Trabajo establece, lo que además ha sido ratificado por las autoridades de amparo, sobre que los comisionistas tienen naturaleza mercantil cuando realizan una actividad no personal (por conducto de otra u otras personas) o sólo realizan operaciones aisladas; contrariamente, el comisionista se conceptuará como trabajador cuando realiza su labor de manera personal y permanente. Como sabemos, las representantes de Avon prestan sus servicios de manera personal y permanente, lo que además de ser un hecho público, se desprende de que, de lo contrario, las representantes no alcanzarían las metas necesarias, no sólo para satisfacer sus necesidades económicas sino para pagar la mercancía que les entrega Avon para su venta con marcada periodicidad. En tal virtud, las representantes quedan amparadas conforme al Capítulo IX de la Ley Federal del Trabajo (LFT), ``Agentes de Comercio y Otros Semejantes'', precisamente del artículo 285 al 291.

Ratificando lo anterior, el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante oficio número 0952190500/1273, de fecha 31 de agosto de 2004, en estricto sujeción a derecho, dio por terminado de manera unilateral el convenio celebrado con Avon el 9 de junio de 1994, para la inscripción al seguro social de las ``agentes de comisión mercantil independiente'' llamadas ``representantes'', por traducirse en un ilegal e insostenible subsidio a favor de la patronal.

Este oficio número 0952190500/1273, que daba por terminado el convenio del 94, partía del reconocimiento pleno del IMSS al carácter de trabajadoras de las representes de Avon y ordenaba a esta empresa regularizar su situación dentro del régimen obligatorio, lo que le iba a significar pagar de manera completa las cuotas de este régimen (en bien de las finanzas del instituto y de las ``representantes''), como cualquier otro patrón, dejando de disfrutar de un régimen de privilegio en el pago de cuotas como sucedía bajo el convenio-94, esto en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 7o. transitorio de la nueva Ley del Seguro Social (Diario Oficial de la Federación --DOF--, 21 de diciembre de 1995, con vigencia diferida mediante decreto DOF del 21 de noviembre de 1996).

Las representantes, por su parte, mediante el oficio número 0952190500/1273, entrarían también al régimen obligatorio con toda la plenitud de derechos que esto implica, pero además les abría el camino para demandar y obtener el reconocimiento de su relación de trabajo con el patrón Avon con derecho por tanto a pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, prima de antigüedad, y demás prestaciones legales que a la fecha no perciben; en general obtener la tutela de la LFT.

Sin embargo de manera sospechosa, el 30 de octubre del 2006, a pocos días de que concluya el gobierno foxista y dejara su cargo el director general en turno, el IMSS firmó un convenio de transacción judicial (el IMSS y Avon se hicieron mutuas concesiones para dar por terminado un conflicto judicial quedando tal convenio elevado a la calidad de cosa juzgada), que fue absolutamente cuestionable:

Como si lo anterior fuera poco, en 2009 la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dictó laudo favorable a Avon, negándoles su calidad de trabajadoras al reducido grupo de representantes que se atrevió a demandar, que fue ratificado mediante sentencia de amparo. Esto ante la evidente parcialidad de las autoridades con Avon y a que la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y, en general, la defensa de las representantes ejerció una pésima defensa en su perjuicio.

A cinco años de lucha, las representantes de Avon siguen reclamando justicia, reclamo del que me hago eco en mi carácter de representante popular y como mujer.

Con base en lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorte a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a constituir a la mayor brevedad una mesa de diálogo entre las ``representantes'' al servicio de Avon Cosmetics, SA de CV, y esta empresa, a efecto de que les sea reconocida a plenitud su calidad de trabajadoras, respeto a todos y cada uno de sus derechos laborales, así como a ser afiliadas, sin distingos, al régimen obligatorio del Instituto Mexicano de Seguro Social, en beneficio de estas trabajadoras y sus familias, de las finanzas del IMSS y del fisco.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió del señor diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita una revisión a diversos actos realizados en la Comisión Federal de Electricidad.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita una revisión de diversos actos realizados en la Comisión Federal de Electricidad, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez , del Grupo Parlamentario del PRI

En ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 23, inciso f), y 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59, 60 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para que se solicite a la Auditoría Superior de la Federación que requiera a la Comisión Federal de Electricidad ( CFE) un informe de situación excepcional en relación con los presuntos actos de corrupción que involucran a servidores públicos de esa entidad paraestatal, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Los días 24 y 25 de noviembre pasados aparecieron publicadas diversas notas periodísticas, en diarios de circulación nacional, donde se informa que el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América llevó a cabo la detención del señor John Joseph O'Shea, arrestado el 18 de noviembre pasado, acusado de manejar y autorizar pagos a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad ( CFE) a cambio de contratos lucrativos, así como la de su socio en México, el mexicano Fernando Maya Basurto, quien era uno de los principales de una empresa mexicana que fungió como intermediaria en los negocios contratados por la paraestatal.

2. Señalan las notas que Maya Basurto se declaró culpable la semana pasada ante un tribunal de Houston reconociendo su papel para sobornar a funcionarios de la CFE, consistente en manejar, lavar y trasladar los fondos ilícitos y que ahora coopera con el Departamento de Justicia en la investigación.

3. La acusación versa en el hecho que una empresa en Texas administrada por O'Shea, subsidiaria de la empresa Suiza identificada como ABB, dedicada a la ingeniería eléctrica en varias partes del mundo, en diciembre de 1997 se le otorgó un contrato conocido como Sitracen; para modernizar ``la columna vertebral del sistema de la red eléctrica'' en México, el cual representó más de 44 millones de dólares para la empresa en Texas.

4. En octubre de 2003, la CFE otorgó a la empresa texana de O'Shea un contrato multianual conocido como Evergreen para el mantenimiento de la Sitracen. De acuerdo a la noticia publicada, para Evergreen, O'Shea, Maya Basurto, funcionarios de la CFE y ``otros'' acordaron que aproximadamente 10 por ciento de los ingresos que recibiría la empresa en Texas serían pagados a funcionarios de la paraestatal como parte del cohecho.

5. La nota periodística señala que también se hicieron pagos adicionales de ``comisión'' a Basurto y a su familia, los cuales fueron trasladados a por lo menos cuatro funcionarios de la CFE.

6. De acuerdo con los informes proporcionados por el Departamento de Justicia de Norteamérica, O'Shea autorizó más de 900 mil dólares en pagos producto de la corrupción a funcionarios de la paraestatal.

7. ABB, la empresa matriz suiza, informó en un comunicado que O'Shea fue cesado por la empresa en 2004. Los fiscales del Departamento de Justicia afirman que después de esto trabajó con funcionarios de la CFE en un intento de encubrir todo el negocio ilícito.

8. Maya Basurto se declaró culpable ante el Tribunal Federal el 16 de noviembre pasado, y admitió que conspiró para hacer pagos corruptos a funcionarios de la CFE, ayudó a blanquear los sobornos y participó en el intento de encubrimiento ante la investigación del Departamento de Justicia.

9. Forbes informa que la CFE ha sido un cliente lucrativo para ABB, empresa suiza, indicando que el caso podría provocar problemas para la correduría Merril Lynch, ahora parte de Bank of America, ya que según los fiscales que investigan el caso O'Shea y otros trasladaron los fondos ilícitos a través de una cuenta en esa firma.

10. La acusación formal hace referencia a cuatro funcionarios de la CFE de quien se desconoce su identidad.

11. El contrato celebrado en octubre de 2003 tiene carácter multianual, por lo que pudiera tener vigencia en el ejercicio fiscal en curso, motivo por el cual se solicita la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para que proceda a una revisión de situación excepcional sobre la Comisión Federal de Electricidad, atendiendo los conceptos denunciados para que le rindan un informe en donde se describan la procedencia de la denuncia así como sus actuaciones y las sanciones que hubiere impuesto a los servidores públicos involucrados en estos actos de corrupción.

12. Como es evidente, no ha sido la Cámara de Diputados muy eficaz en el ejercicio de su facultad para revisar las cuentas públicas. No sólo existe un desfase en la dictaminación de las cuentas anuales, sino que además existen pobres resultados en el procedimiento de responsabilidades para las frecuentes denuncias de corrupción en distintos ramos de la administración pública federal.

13. Resulta entonces por demás sintomático que sea a través de investigaciones periodísticas de otros países que conozcamos escandalosos asuntos que afectan el ejercicio del poder público en este país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación para que en pleno ejercicio de su autonomía técnica y de gestión, y en ejercicio de las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación le confieren, requiera a la Comisión Federal de Electricidad un informe de situación excepcional en relación con los presuntos actos de corrupción que involucran a servidores públicos de esa entidad, respecto del contrato multianual Evergreen, celebrado en octubre de 2003 y con su supuesta vigencia en el presente ejercicio fiscal de 2009 y los contratos diversos que haya celebrado con la empresa suiza ABB y su subsidiaria texana quien fuera representada por el señor John Joseph O'Shea durante el presente ejercicio fiscal y convenios relacionados.

Segundo. Se proceda por la misma entidad de fiscalización superior a la realización de un exhaustivo análisis del procedimiento y resultados de la contratación de la Comisión Federal de Electricidad de 1999 a la fecha para verificar la solvencia, legalidad y eficacia de esos contratos que involucran recursos públicos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la.

En virtud, señoras diputadas y señores diputados, de ser ya más de las 3 de la tarde y de acuerdo con los acuerdos celebrados, pasamos a los capítulos Excitativas y Agenda política.

ARTICULOS 73 Y 99 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Esta Presidencia recibió del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT, solicitud de excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia , del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y lo reglamentado en los artículos cuarto, párrafo cuarto, quinto, inciso i), y décimo quinto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación se solicita que formule una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para que a la brevedad dictamine la minuta de decreto por el que se reforman los artículos 73, fracción XXIX G, y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este último a efecto de que el texto vigente se integre en un apartado A, y se le adicione un apartado B, con base en los siguientes

Antecedentes

I. En la sesión del 8 de octubre del 2008, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se presentó el decreto por el que se reforman los artículos 73, fracción XXIX G, y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este último a efecto de que el texto vigente se integre en un apartado A., y se le adicione un apartado B.

II. Respecto a la iniciativa anterior se formuló una valoración de impacto presupuestario, en donde se establece que el impacto presupuestario inicial anual es de dos mil 670 millones de pesos.

III. Posteriormente, se rindió una opinión sobre el dictamen de valoración del impacto presupuestario de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 73, fracción XXIX G, y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En dicha opinión se argumenta que el impacto presupuestario no necesariamente debe ser de dos mil 670 millones de pesos y se establece que el monto aproximado, si se toman en cuenta los argumentos esgrimidos en dicho documento, es de un monto cercano para la creación de la jurisdicción nacional ambiental de 292 millones de pesos, 100 en el ámbito federal y 192 en el ámbito local.

IV. Desde la pasada legislatura, dicha iniciativa se encuentra sin dictaminarse y suspendida en cuanto a sus efectos constitucionales.

Consideraciones

En el desarrollo legislativo e institucional que ha tenido la materia ambiental y ecológica en México, durante poco más de tres décadas (desde 1971 a la fecha), podemos identificar las siguientes manifestaciones y tendencias.

Ciertamente, la legislación y las instituciones relacionadas con el medio ambiente y la ecología mexicanos han evolucionado positivamente durante las últimas tres décadas: Desde la primera ley federal para prevenir y controlar la contaminación ambiental que fue administrada por la Secretaría de Salubridad y Asistencia, a cuyo efecto se creó la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente en 1972; pasando por la creación de la Sedue a finales de 1971, con su Subsecretaría de Ecología; luego con la expedición de la Ley Federal de Protección al Ambiente en 1982 que amplió el objeto del ordenamiento en la materia a la protección, mejoramiento, conservación y restauración del ambiente, así como la prevención y control de la contaminación, administrada nuevamente por la Secretaría de Salubridad y Asistencia y que prevé que esta dependencia podía celebrar convenios con los gobiernos de los Estados y el Distrito Federal, para coordinar sus actividades en materia de ecología; el movimiento ambientalista institucional se consolida y fortalece con la reforma constitucional de 1987 que otorgó al Congreso de la Unión la facultad para legislar en la materia y establecer la concurrencia del gobierno federal, los estados y los municipios en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico, y hasta llegar a la publicación en 1988 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que con sus reformas de 1996 continúa vigente hasta nuestros días.

Formamos parte de una fuerte corriente de opinión que estima que debemos seguir avanzando en el proceso legislativo institucional de protección al ambiente y la preservación del equilibrio ecológico.

Compartimos la convicción de que contamos con un marco legal adecuado, conformado por normas nacionales e internacionales, que nos permite identificar con precisión y certeza la materia ambiental y ecológica, así como los bienes jurídicos a tutelar y los derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en las leyes secundarias.

Sin embargo, es generalizada la opinión de que las dependencias y organismos a quienes se ha atribuido la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la legislación ambiental y ecológica, no han sabido o no han podido responder adecuada y eficientemente al cumplimiento de su función.

En la actualidad, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el Instituto Nacional de Ecología tienen las atribuciones que corresponden a la autoridad ambiental del Poder Ejecutivo de la Federación. La primera, como la administradora directamente responsable de la materia, en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; los otros dos como órganos auxiliares de aquélla. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para recibir y tramitar la denuncia popular y realizar las diligencias de inspección y vigilancia con el propósito de determinar la existencia de actos, hechos u omisiones constitutivos de la denuncia, y cuyas resoluciones se limitan a hacer meras recomendaciones, no vinculativas, para promover ante la autoridad responsable, federal, estatal o municipal, la ejecución de las acciones procedentes; y el Instituto Nacional de Ecología para elaborar, conducir y evaluar la política general de ecología y de saneamiento ambiental. De esta manera, la facultad decisoria del acto administrativo permanece exclusivamente en el ámbito de autoridad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Las resoluciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales son impugnables mediante el recurso de revisión ante la misma Secretaría, y contra la resolución de éste, y mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

Finalmente, contra la resolución que se dicte en relación al recurso de revisión, procedería el juicio de amparo.

El esquema anterior se ha mostrado francamente ineficiente. Quien presenta una denuncia popular en contra de hechos, actos u omisiones que produzcan o puedan producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales, o contravengan las disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, entra a un laberinto de trámites, en ocasiones sin salida y sin esperanza, en el que intervienen la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a nivel federal y los gobiernos de los estados y de los municipios, sin que existan reglas claras de juego, ni siquiera en cuestión de distribución de competencias, de tal manera que las competencias se invaden, se traslapan y hasta se contradicen, formando una telaraña densa de intereses personales, regionales y de grupo, propiciando la irresponsabilidad, la corrupción y la impunidad.

Lo anterior se traduce inexorablemente en deterioro de los principios de seguridad y certeza jurídicas, pero sobre todo, de credibilidad y confianza en quienes tienen a su cargo la aplicación de nuestra ley ambiental, sobre todo porque se trata esencialmente de autoridades administrativas que no gozan de la autonomía que puede asistir a un órgano jurisdiccional. Se tiene conocimiento de que algunos juzgados de distrito han otorgado la suspensión en el juicio de amparo indirecto contra actos administrativos en materia ambiental, encontrando en esa vía la única posibilidad para tutelar eficazmente el derecho constitucional de toda persona a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, consagrado en el párrafo cuarto del artículo 4o. de nuestra Carta Magna.

Por todo ello se impone contar con los mecanismos procesales que permitan plantear las controversias en materia de medio ambiente y ecología ante un tribunal previamente establecido que tenga facultades para resolver sobre la existencia de derechos sustantivos del individuo, de la comunidad o de los órganos de gobierno de los tres órdenes que conforman nuestro federalismo, proveer a su reconocimiento y exigir su cumplimiento, restitución o, en su defecto, la reparación del daño.

Nuestra propuesta parte de la premisa de reconocer que el derecho al medio ambiente es un derecho garantizado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que vincula tanto a los órganos del Estado como a cualquier sujeto de derecho sometido al orden jurídico nacional, y que tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas locales han desarrollado un marco legislativo importante para proveer a la tutela de ese derecho. Para lograrlo, se plantea ahora como indispensable establecer una jurisdicción ambiental basada en la estrecha colaboración entre los Poderes Judiciales, federal y locales. Esta jurisdicción ambiental del derecho mexicano se conformaría como un subsistema de administración de justicia integral que conocería de los aspectos propios de constitucionalidad de las normas ambientales, así como de problemas de legalidad relacionados con su aplicación, incluyendo actos de autoridad y de particulares que pudieran vulnerar el derecho al medio ambiente y al equilibrio ecológico, en sus diversas expresiones y modalidades. También deberá conocer de los conflictos de competencia que puedan presentarse entre las diversas autoridades u organismos que tengan atribuciones en la materia que nos ocupa.

De esta manera, se propone una jurisdicción ambiental que sustituiría a los tradicionales juicios contenciosos administrativos y de amparo promovidos contra actos de las autoridades ambientales que afecten a los particulares que realicen alguna conducta que no se apegue al marco jurídico aplicable a la materia. Los juicios en materia ambiental y ecológica tendrían que extraerse necesariamente de la esfera competencial de los tribunales contencioso administrativo y de la jurisdicción de amparo y quedarían bajo el conocimiento de los jueces ambientales.

Los tribunales y jueces ambientales que se proponen podrían conocer, en resumen, dos tipos de juicios:

Atención especial merece definir la clase de interés que debe exigirse para el ejercicio de las acciones que pueden interponerse en los juicios ambientales antes enunciados. Desde luego, se identificaron los casos en que los gobernados tienen un derecho subjetivo a impedir una conducta administrativa susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación de hecho en la que se encuentra el interesado, o a impedir otra distinta, en cuyo caso se finca el interés jurídico para exigir a la administración y reclamar a los tribunales y jueces la observancia de las normas jurídicas cuya infracción puede perjudicarles. Tal es el caso de los actos en materia ambiental de un órgano de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal o del distrito Federal que afecte los derechos de cualquier persona física o moral, en materia ambiental.

Por otra parte, se tienen los casos de las acciones que tienen por objeto impugnar actos u omisiones de los órganos de gobierno o de los particulares que puedan generar un daño ambiental, en las que no puede exigirse el interés jurídico pero tampoco un interés simple que permitiera, por ejemplo, a un habitante de Baja California impugnar actos que afectan el entorno en Quintana Roo. Por ende, se introdujo el concepto del ``interés legítimo'', el cual sustenta la acción de impugnar conductas administrativas susceptibles de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación de hecho en que se encuentra el interesado, situación que es y debe ser tutelada por el derecho, como sucede en materia de medio ambiente y ecología.

En virtud de que las cuestiones ambientales y ecológicas tienen que ver con las tierras, aguas y aire o espacio aéreo, así como en las demás zonas en las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, pueden incidir en ámbitos o en áreas federales, estatales o municipales. En este contexto, se presenta como una tarea complicada y difícil el tratar de establecer a priori la competencia estricta y al detalle de los tres órganos de gobierno que componen nuestro sistema federal, en cuanto se refiere a las materias que afectan el medio ambiente y el equilibrio ecológico.

Una reforma con la importancia y trascendencia como la que se propone, requiere para ser viable jurídicamente y realizable prácticamente, de una reforma constitucional, porque establece nuevas reglas o amplía la aplicación de las existentes, en las relaciones de los tres órdenes de gobierno y por ello tiene que ver con los principios y normas constitucionales de nuestro federalismo.

Conforme a lo anterior, se propone la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo siguiente:

Un Tribunal Nacional Ambiental adscrito al Poder Judicial de la Federación y se integrará por:

Un Tribunal Estatal Ambiental por cada Estado de la República y uno local por el Distrito Federal, adscrito al Tribunal Superior de Justicia de cada entidad federativa y que se integrará por:

En la búsqueda de un sistema jurisdiccional adecuado, nos inspiramos en los principios y la estructura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de los Tribunales Agrarios, principalmente del primero, por tratarse de un tribunal autónomo, de plena jurisdicción, máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. De los Tribunales Agrarios nos inspiraron su orientación social y su carácter tutelar de los derechos de ejidatarios y de comuneros.

Por sus similitudes, principalmente en cuanto a su estructura en el ámbito federal y, sobre todo, la incorporación del Tribunal Nacional Ambiental al Poder Judicial de la Federación, consideramos pertinente incluir nuestra propuesta como un apartado del artículo 99 Constitucional, justamente al lado del Tribunal Electoral. Sin embargo, es oportuno mencionar algunas diferencias fundamentales: En materia electoral, en los términos establecidos en el artículo 41 de la Constitución, existen dos competencias perfectamente determinadas, la relativa a los poderes de la Unión y que corresponde a las elecciones federales: De diputados y senadores y de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y las elecciones locales que corresponden a los ayuntamientos y jefes delegacionales, diputados a los congresos de los estados y a la Asamblea del Distrito Federal y gobernadores de los Estados y Jefe de Gobierno del Distrito Federal. El único punto de confluencia es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene competencia para resolver, en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones de actos o resoluciones definitivas y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos. Fuera de esto, no hay otra concurrencia y las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales de la Federación y de las entidades, ejercen autónoma y separadamente el ejercicio de sus atribuciones.

En cambio, en materia de medio ambiente y equilibrio ecológico, la fracción XXIX G del artículo 73 Constitucional establece la concurrencia de la Federación, Estados y Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Había que respetar estos principios y el consecuente mandato constitucional y generar un modelo que respetando las respectivas competencias, promoviera la concurrencia, en aras de la economía procesal, la eficiencia, propiciar la cercanía y vinculación con los particulares y la sociedad civil en general, sin soslayar los principios de la seguridad y la certeza jurídica en la aplicación efectiva y cotidiana de la legislación ambiental.

De esta manera, se propone un sistema jurisdiccional nacional que se integra por dos órganos: El Tribunal Nacional Ambiental del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Estatal Ambiental de cada estado de la República y del Distrito Federal, adscrito cada uno al Tribunal Superior de Justicia de su entidad federativa.

En principio, cada uno de ellos tiene autonomía frente al otro y la competencia que separadamente les asignan esta Constitución, las constituciones estatales, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y sus respectivas leyes secundarias, pero tienen los siguientes puntos de confluencia:

También por ello, se prevé que cuando la Sala Superior del Tribunal Nacional Ambiental, las salas regionales federales o las salas superiores estatales o la local del Distrito Federal sustenten un criterio sobre la constitucionalidad de alguna disposición general o sobre la interpretación de esta Constitución, que pudiere ser contrario a uno sostenido por el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cualquier persona podrá denunciar la contradicción para que el pleno de la Suprema Corte de Justicia decida en definitiva qué criterio debe prevalecer. Por razones de seguridad y certeza jurídica, se prevé que las resoluciones que se dicten en tal supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos y para articular la jurisdicción ambiental con las diversas de carácter constitucional se precisa que a los tribunales ambientales les resulta obligatoria la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

E. Como un elemento esencial para la determinación de las competencias, federales y locales, se precisan en el proyecto de decreto que se somete a esta Soberanía, las acciones que se podrán ejercitar en materia ambiental, precisando sus efectos y sujetándolas a lo que establezca la legislación general procesal ambiental.

Con ello, se amplía y fortalece significativamente la participación que corresponderá a los ciudadanos y a la sociedad civil para actuar, corresponsabilizarse y ejercer acciones de defensa de las leyes en materia de medio ambiente y equilibrio ecológico. De esta manera, queda claro y explícito que las acciones se podrán enderezar en contra de autoridades y organismos de los tres órdenes de gobierno, pero también en contra de particulares que gocen de concesión o de diverso acto permisivo del Estado o que, sin ubicarse en este supuesto, realicen actividades que puedan causar daños de consideración al medio ambiente y a la ecología.

Adicionalmente, se prevé que en el caso de que en el municipio en el que se pueda causar el daño ambiental, no residiere un tribunal ambiental, la ley determinará el juez o tribunal ante el cual se podrá presentar el escrito de demanda, el que además podrá dictar las medidas cautelares que correspondan.

No debe soslayarse que para el establecimiento de una jurisdicción ambiental integral es indispensable prever un equilibrio procesal razonable entre los sujetos del derecho al medio ambiente y los particulares que realicen actividades sujetas a una concesión o diverso acto permisivo que puedan afectar al medio ambiente. Por ello, las medidas cautelares además de velar por el medio ambiente también deben permitir la suspensión de actos de autoridad que pudieran constituir violaciones notorias a los derechos fundamentales de esos concesionarios, permisionarios o licenciatarios. En estos casos corresponderá al juzgador ponderar entre los intereses en conflicto, optando por tutelar la prerrogativa fundamental que mayor daño pudiera sufrir de continuar la ejecución del acto impugnado o de la conducta del particular que generó el dictado de dicho acto.

H) En congruencia por lo dispuesto por el artículo 99, en relación al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se dispone en el Apartado B. que se propone adicionar a este artículo, que las sentencias que se dicten serán definitivas e inatacables, lo que determina que tampoco sean impugnables en otras vías las resoluciones que se dicten en el curso de esos juicios.

Dichas resoluciones considerarán, en los casos y términos que disponga la legislación general procesal ambiental, la reparación del daño ambiental o patrimonial que haya causado el acto materia del juicio; la revocación o suspensión del respectivo acto permisivo y cualquier actividad que resulte necesaria para prevenir, recomponer, reparar o indemnizar el daño ambiental efectivamente causado.

Como se ha precisado previamente, la jurisdicción ambiental no solo se establece como una vía exclusiva para conocer de las demandas promovidas para tutelar el derecho al medio ambiente sino también para impugnar los actos de las autoridades administrativas que tienen encomendada la tutela relativa, lo que conlleva a prever la posibilidad de que los particulares afectados por esos actos puedan demandar la reparación del daño patrimonial a que se refiere el párrafo segundo del artículo 113 constitucional.

Compañeros diputados y compañeras diputadas: el proyecto legislativo que presento a la consideración de ustedes no es el resultado de un esfuerzo personal o particular de un equipo o grupo sino que tiene la intención de ser la respuesta a un reclamo reiterado y generalizado de amplios sectores de la población mexicana, comunidades rurales y centros urbanos, productores agrícolas, pecuarios y pesqueros, organizaciones no gubernamentales y simples ciudadanos, que con sensibilidad y preocupación hemos sido testigos del deterioro progresivo e incontrolable del medio ambiente y la ecología, que hemos padecido los interminables e infructuosos trámites ante las autoridades administrativas o que simplemente nos hemos visto impedidos o limitados en el acceso y goce de las tierras, playas u otras áreas del dominio público en donde ejerce directamente su soberanía la nación.

Es también un proyecto que recoge las ideas y opiniones de investigadores, institutos especializados y líderes de opinión con sensibilidad y orientación social y nacionalista.

Estas inquietudes, ideas y reflexiones han sido igualmente recibidas con interés por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, para darles cauce, impulso y viabilidad, ha organizado el primer Encuentro Internacional sobre Jurisdicción Ambiental, que tuvo lugar en Puerto Vallarta, Jalisco, del 15 al 18 de octubre de 2008.

Por lo anterior expuesto, a usted, ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de manera pacífica y respetuosa solicito:

Único. En los términos de los antecedentes y consideraciones expuestas, así como de conformidad con los preceptos legales invocados, se sirva excitar e instruir día determinado, para que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, presente el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto decreto por el que se reforman los artículos 73, fracción XXIX-G, y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éste último a efecto de que el texto vigente se integre en un Apartado A y se le adicione un Apartado B.

LEY DE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Asimismo recibimos de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT, solicitud de excitativa a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Trabajo y Previsión Social.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Excitativa a las Comisiones Unidas de Vivienda, y de Trabajo y Previsión Social, a solicitud de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez , del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, diputada federal Laura Itzel Castillo Juárez , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y lo reglamentado en los artículos cuarto, párrafo cuarto, quinto, inciso i), y décimo quinto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación se solicita que formule una excitativa a:

LEY DE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De igual manera, se recibió una solicitud de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT, de una excitativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Vivienda.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Excitativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social, y de Vivienda, a solicitud de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez , del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, diputada federal Laura Itzel Castillo Juárez , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y lo reglamentado en los artículos cuarto, párrafo cuarto, quinto, inciso i), y décimo quinto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación se solicita que formule una excitativa a:

ña: Por lo que de conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones mencionadas a que emitan los dictámenes correspondientes.

CAMBIO CLIMATICO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pasamos al siguiente punto del orden del día. Para recibir los comentarios al tema de cambio climático, a cargo del diputado Eduardo Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.

El diputado Eduardo Mendoza Arellano: Con su venia, señor presidente. Señoras legisladoras y señores legisladores, la ciencia ha logrado un éxito al crear conciencia y al lograr un panorama casi unánime en torno al daño que le causamos a nuestro planeta con la emisión de los llamados gases de efecto invernadero.

La adicción de la humanidad a los combustibles fósiles no sólo está perturbando el clima en nuestro planeta; también se sabe que estas emisiones, en este momento, no sólo no afectan más a los países que son responsables, principalmente, sino que a la par los países pobres son quienes sufren las peores consecuencias de esta emisión de gases de efecto invernadero.

El planeta, de hecho, avanza ya hacia un mayor calentamiento. La contaminación generada durante la época de la Revolución Industrial, finalmente nos ha alcanzado.

Al no haber mecanismos para la mitigación y para el control de estas emisiones, al habernos enterado, prácticamente, a finales del siglo pasado, de los daños que le estábamos causando a nuestros ecosistemas, nos encontramos hoy con la realidad, con esta realidad que nos dice que aun cuando hoy lográramos frenar la emisión de estos gases, de cualquier manera tendríamos que pagar los costos del pasado.

El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo nos recomienda que se inviertan 86 mil millones de dólares a efecto de que pueda trabajarse en este problema global.

Sólo por hacer algunas comparaciones, quiero decir que esta cifra representa 0.2 por ciento del producto interno bruto de los países llamados ricos hacia 2015. Otro número importante para traer a esta tribuna es esta cifra que necesitamos para aliviar a nuestro planeta. No representa ni siquiera una décima parte de lo que estos países llamados ricos ocupan en gasto militar.

No sólo hay que otorgar dinero a los países en vías de de-sarrollo y los llamados países pobres, también hay que garantizar transferencia de tecnología y con ello, el elemento humano que sepa y pueda ponerla en práctica.

El Poder Ejecutivo federal, a finales de agosto, nos ha presentado y se ha publicado el Programa Especial de Cambio Climático, también comúnmente conocido como PECC. Este programa, que regirá de hecho de 2009 a 2012, sin duda es alentador.

Sin embargo, quiero hacer notar en esta tribuna que nuestro país se ha comprometido no sólo con nosotros, se ha comprometido con el mundo a reducir hacia 2050, a la mitad, la emisión de gases de efecto invernadero.

Por esto, podemos contrastar que es desde luego limitativo. Por un lado, este PECC sólo alcanzará hacia 2012 y, por otro lado, las metas que tenemos como país nos dan hacia 2050.

Si bien reconozco ---decía en esta tribuna--- que es un avance la publicación de este programa, también quiero comentar que es necesario que este programa vaya acompañado de otras medidas. El Grupo Parlamentario del PRD, conforme a su agenda legislativa, se ha propuesto impulsar una ley que verse sobre el cambio climático.

Pensamos que se requiere una ley que no sólo haga obligatorio este programa, sino que además pueda velar por la continuidad de programas subsecuentes; que pueda, además, desde luego, tener revisiones periódicas de los programas que se hagan; que incluya, además, un inventario de las emisiones de los gases de efecto invernadero y que, desde luego, nos pueda ir demostrando que las políticas que se aplican respecto de este tema sean certeras.

Necesitamos esta ley como una manera de regresar y de trabajar a favor de nuestro planeta, que tanto nos aporta.

Quiero hacer notar, además, en estos comentarios, que en septiembre de este año mi partido, el PRD, por mi conducto presentó a esta alta tribuna un punto de acuerdo, a efecto de que la Junta de Coordinación Política de esta Cámara constituya una Comisión Especial sobre el Cambio Climático que tenga como objetivo fundamental promover en este ámbito legislativo, las medidas y las acciones necesarias para estudiar, mitigar y adaptarse, sobre todo, a este fenómeno global que finalmente es una realidad.

Hoy son pocas o nulas las voces que pueden negar los efectos de ese fenómeno global. En unos días también ---vale la pena comentar--- conoceremos algunas respuestas de los países ricos respecto del reparto internacional que habrá y, además, de la forma en la que los países propondrán abatir la emisión de los gases de efecto invernadero.

En el caso de nuestro país, quiero comentar que el próximo año tendremos, sin duda, una convención hacendaria en la cual es necesario que quienes estamos interesados en el tema propongamos impuestos ecológicos. Es necesario que en esta tribuna las legisladoras y los legisladores comencemos a trabajar en este tema.

Quiero resaltar en este momento que en el régimen de derechos de Pemex, por ejemplo, se está imponiendo un derecho por merma, y que considero que éste debe recanalizarse para que vayamos creando estos impuestos de orden ecológico, y que la línea no sólo en nuestro país, sino en el mundo, debe ser: que pague más y que aporte más quien más contamine.

También quisiera referirme a la crisis económica que han sufrido las naciones en este tiempo. Quiero expresar que esta crisis económica no debe relegar el tema del cambio climático de las prioridades de los gobiernos del mundo. El tema ambiental no debe sufrir un daño colateral por la actual crisis financiera. Esta crisis ---quiero expresar--- es coyuntural, en tanto que el asunto ambiental es una cuestión estructural, así que no debe posponerse, por ningún motivo, acción alguna que tenga que ver con abatir este fenómeno global.

Por último, si nuestro sistema económico no es sostenible como tal, se nos presenta una oportunidad única para promover un modelo que nos permita transitar a un verdadero desarrollo sustentable. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado.

Nos visitan, compañeras diputadas y compañeros diputados, un grupo de taxistas de Ezequiel Montes, Querétaro, invitados por el diputado Miguel Martínez Peñaloza . Asimismo, nos visitan de la Universidad Pedagógica Nacional, invitados por el diputado Avelino Méndez Rangel ; y del Grupo Verde, AC, del estado de Morelos, invitados por el diputado José Manuel Agüero Tovar. Sean todos ustedes bienvenidos.

Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Carabias Icaza , del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

El diputado Alejandro Carabias Icaza: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, lacumbre de Copenhague en materia de cambio climático que se desarrollará en próximos días, sin duda será la gran oportunidad mundial de generar consensos, compromisos y acciones para que conjuntamente todas las naciones podamos tomar acción sobre este gravísimo problema.

El cambio climático constituye hoy, sin duda, la mayor amenaza para este planeta desde los episodios de la Guerra Fría y el entonces latente conflicto nuclear.

México, como participante en Copenhague, debe tomar un liderazgo razonable para comprometer acciones en materia de reducción de gases de efecto invernadero. Debemos asumir como nación la parte que nos corresponde en materia de combate al calentamiento global, porque México, aunque sólo genera 1.6 por ciento de las emisiones a escala mundial, por su ubicación geográfica y características naturales es de los países más expuestos a los fenómenos y efectos dañinos de este calentamiento global.

Pero hay otra razón de peso, compañeras diputadas y compañeros diputados, la soberanía y seguridad energética de México estará determinada en el futuro por nuestra capacidad de depender cada día menos de la generación de energía a partir de combustibles fósiles; de nuestra capacidad de llevar a cabo la transición tecnológica hacia la generación de energía a partir de fuentes renovables; y de nuestra capacidad de transformar a México en un país que aproveche de manera eficiente la energía que consume.

Todavía estamos muy lejos de poder lograrlo. Para tener éxito será indispensable crear un marco jurídico apropiado que facilite la enorme tarea de garantizar la soberanía y seguridad energética. Para esto, la discusión energética en este país debe dejar de centrarse en el petróleo, pues en el largo plazo es un enfoque inútil.

La cumbre de Copenhague será una prueba más para demostrar a todos aquellos que siguen pensando que la soberanía de este país está fundamentada en el petróleo, que se equivocan.

El compromiso del Partido Verde hacia la transición energética es real y está fuera de toda duda, pues hay trabajo que lo avala. Me permito recordar que en la reciente discusión de la reforma energética y de Pemex fue el Partido Verde el que con una visión de futuro introdujo a la discusión el fomento a las fuentes de energías renovables, tema ausente hasta ese momento.

Siguiendo este compromiso de crear un marco jurídico para el desarrollo de las fuentes de energía renovables, nuestro coordinador del grupo parlamentario, el diputado Juan José Guerra, presentó el martes pasado una iniciativa de reformas y adiciones en materia de energías renovables, que respetuosamente les solicitamos apoyar.

Iniciativa que establece metas razonables para limitar la participación de la generación de energía a partir de combustibles fósiles; iniciativa que va a empezar a permitir que se incorpore el costo de las externalidades para poder tomar decisiones racionales sobre los proyectos de generación de energía eléctrica en este país.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido Verde lanza un reto para que todos los grupos parlamentarios trabajemos juntos y seamos capaces de mejorar el marco legal para combatir el cambio climático y garantizar que este país, en el futuro, encuentre la seguridad y la soberanía energética para el desarrollo de nuestra nación. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Carabias. Tiene la palabra el diputado Juan José Cuevas García, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado Juan José Cuevas García: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la preocupación del mundo se centra hoy en los efectos que la naturaleza viene experimentando en consecuencia de los efectos negativos del cambio climático. El cambio climático es producto de la intervención del ser humano en actividades que modifican gradual y sustantivamente el delicado equilibrio del ambiente.

Este año nuestro país ha tenido graves consecuencias, producto de este fenómeno; en diversas regiones fuimos testigos del retraso en el inicio de la temporada de lluvias; la sequía activó las alarmas de las autoridades que debieron intervenir con programas de rescate a los productores del país; mientras que ayer y hoy, en 14 municipios de Chihuahua, en Durango, se encuentra nevando, en Nayarit, en Puerto Vallarta y la región está lloviendo en estos momentos.

Hemos tenido, en contraste, graves problemas, producto de inundaciones en Tabasco, Veracruz, Distrito Federal y Jalisco. No somos ajenos a los efectos el cambio climático cuando nuestra cosecha se pierde, porque no hay lluvia; cuando el agua se adentra en nuestras casas por inundaciones atípicas o cuando abrimos la llave de nuestra casa, y no hay agua. Estamos pagando las consecuencias de la intervención negativa del ser humano en el equilibrio ecológico.

Es imperativo que las autoridades federales, estatales y municipales atiendan las necesidades de infraestructura necesarias para paliar los efectos que producen sequías e inun- daciones; pero más allá de estas obras de previsión es fundamental intervenir para que se eliminen prácticas que afectan directamente al clima mundial. Esfuerzos, como el de la Agenda 21, deben ser considerados y elevados a rangos de la agenda, a rango de ley.

El desarrollo sustentable es el único camino viable para que desde la base, desde lo local, aportemos la parte que nos corresponde en el tema, que puede rescatar a la humanidad de sí misma.

Por lo anterior, los diputados y las diputadas debemos impulsar mecanismos que propicien el cuidado del ambiente. ¿Cómo? Primero, debemos evitar al máximo el uso y abuso de productos que no son biodegradables. Nos hemos preocupado por evitar el daño a la salud con leyes federales que prohíben, por ejemplo, fumar en lugares cerrados, pero no hemos sido estrictos en el diseño de leyes que prohíban o regulen el uso de elementos que contaminan irreversiblemente al planeta, principalmente el uso discriminado de bolsas y botellas de plástico.

Segundo. Durante años hemos visto muchas horas al aire millones de desplegados de prensa, espectaculares y espots de radio que conminan a los ciudadanos al ahorro del agua. Este año, en el valle de México, se ha vivido uno de los periodos de crisis por falta del vital líquido. En otras entidades, como Aguascalientes y Oaxaca, también han sufrido por falta de agua.

La falta de una conciencia ciudadana sobre cuidado del agua debe ser aparejada por un mecanismo legal que permita a la autoridad sancionar a quienes, por un lado, no pagan el agua, y por otro, a quienes la desperdician.

Tercero. La pasada legislatura aprobó una ley para el uso de biocombustibles. En esta legislatura debemos buscar la aprobación de una ley que impulse, mediante estímulos fiscales, a aquellas empresas que adapten su tecnología al uso de combustibles más amigables, al uso de tecnologías limpias o a nuevas alternativas de energías no contaminantes.

México debe propiciar también el uso de vehículos con motores eléctricos o híbridos; la autoridad puede estimular su uso con una legislación adecuada.

Señoras diputadas y señores diputados, la emisión de gases como el bióxido de carbono es lo que más propicia al cambio climático. Es hora que, desde aquí, desde este espacio legislativo pongamos manos a la obra para proveer nuevos y mejores esquemas para atención ante este grave problema.

Asumamos nuestra responsabilidad y hagamos lo posible por legislar a favor de nuestro ambiente. No robemos un buen futuro a nuestros jóvenes, a las niñas y los niños del futuro, la oportunidad de contar con un ambiente sano en el que puedan desarrollar todas sus capacidades y gozar de los recursos que nos ofrece esta tierra, como lo hemos hecho todos y cada uno de nosotros.

El responsable del deterioro del ambiente tiene dos palabras; el culpable directo del cambio climático tiene dos palabras: seres humanos.

Es cuanto, señor presidente. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Cuevas García.

Tiene la palabra el diputado Óscar Lara Salazar , del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado Óscar Lara Salazar: Con su permiso, señor presidente. La Comisión Nacional del Agua otorgó una concesión...

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente, están cambiando el tema. Están cambiando el tema.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No. Claro, nada más que nos pasaron, del Grupo Parlamentario, el nombre del diputado Óscar Lara Salazar.

Si nos permite el señor diputado, se concede el uso de la palabra al señor diputado José Antonio Aysa Bernat , del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado José Antonio Aysa Bernat: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, soy tabasqueño y he vivido en carne propia, como muchos de mis paisanos, los efectos del cambio climático. Desde 1995 hemos padecido inundaciones, y sequías últimamente. En los primeros días de noviembre de 2007 el río Grijalva y el río Carrizal se desbordaron con toda su furia, inundaron la capital tabasqueña y los municipios del centro de Tabasco como son Nacajuca y Jalpa de Méndez.

Los tabasqueños tuvimos una pérdida considerable, considerada por la CEPAL en más de 34 mil millones de pesos. Pero en 2008 nuestro gran río, el Usumacinta, también se desbordó sobre una vasta región de Chiapas, del sur de Campeche y desde luego de la zona de los ríos de Tabasco, afectando severamente a más de 10 municipios de la cuenca del Usumacinta.

Este año, en los primeros días de noviembre, la zona de la Chontalpa, la más rica de Tabasco por su producción agropecuaria y pesquera, fue severamente dañada por una inundación de más de 5 mil kilómetros cuadrados, así como también nuestra costa en Sánchez Magallanes se ha visto severamente afectada; y por las corrientes marinas el pueblo de Sánchez Magallanes tiende a desaparecer en la costa tabasqueña.

El cambio climático ya no es un tema de científicos, es una realidad y está entre nosotros, cambiando nuestra vida y nuestro entorno. Y voy a darles algunos datos que así lo demuestran:

Por un lado, las severas sequías que han azotado al país agravaron la crisis económica actual; por el otro, las inundaciones en muchas partes del territorio nacional han dejado miles de damnificados.

En el caso de la Ciudad de México se sufre por un severo problema de escasez del agua, y también por los excesos que hemos también tenido en los últimos días se desbordan los ríos, se invaden las colonias y se invaden las viviendas.

Tanto el exceso como la escasez extremas nos dejan algo en claro: el equilibrio se ha perdido. Las consecuencias provocadas por el cambio climático hoy nos han alcanzado.

Lo preocupante es que la estabilidad climática que el planeta ha conservado durante los últimos 25 mil años está a punto de romperse por el consumo excesivo y la producción sin control que el humano ha tenido en los últimos 100 años.

La emisión de gases a la atmósfera, como el bióxido de carbono o el metano, genera una capa densa de gases que deja entrar la luz y el calor pero ya no se les permite salir. A eso se le conoce como efecto invernadero.

El efecto invernadero aumenta la temperatura hasta el punto de romper el equilibrio en los ecosistemas; mueren las plantas y los animales que no se pueden adaptar al nuevo clima.

Los osos polares hoy están en peligro de extinción porque cada vez tienen que recorrer distancias más largas para encontrar alimento para su sustento.

Al respecto, la ONU encabezó el proceso de regulación de emisión de gases de carbono en 2005; se firmó el Protocolo de Kyoto, el cual crea un mercado de bonos de carbono y el cual permite que quien más gases produce más tiene que pagar, y quien más promueve ahorros energéticos puede obtener beneficios.

Para el Partido Revolucionario Institucional el compromiso por impulsar un desarrollo sustentable en el planeta y revertir el cambio climático es una prioridad de nuestra agenda y estamos convencidos de que es una tarea que requiere la concurrencia del sector público, la iniciativa privada y el sector social.

Invitamos a los legisladores de todas las fuerzas políticas a que le demos la prioridad que este tema necesita.

Dejamos como aporte para el análisis de esta legislatura el documento; desde una economía de alto carbono a una sociedad de bajo carbono, que contiene un conjunto de recomendaciones sobre políticas de Estado en la materia.

El PRI aporta su decisión política de que haya una prioridad nacional para atender este importante tema que hoy afecta a la humanidad entera. Muchas gracias. Señor presidente, hago entrega del documento.

«Desde una economía de alto carbono a una sociedad de bajo carbono Informe de la Comisión de la Internacional Socialista para una Sociedad Mundial Sostenible Septiembre de 2009

A. La creación de la Comisión de la Internacional Socialista para una Sociedad Mundial Sostenible

1. La Comisión de la Internacional Socialista para una Sociedad Mundial Sostenible fue creada de acuerdo con decisiones tomadas por el Consejo de la Internacional Socialista en reuniones en Santiago de Chile los días 6 y 7 de noviembre de 2006 y en Ginebra los días 29 y 30 de junio de 2007.

El Consejo destacó en estas reuniones que cambios trascendentales ocurridos en el mundo en décadas recientes han aumentado las oportunidades para avanzar la causa de la libertad, la democracia y los derechos humanos, pero que el necesario perfeccionamiento de la arquitectura de las instituciones globales, lo cual es requerido para superar los conflictos y rectificar las divisiones sociales y la desi-gualdad, aún no se ha logrado.

Al mismo tiempo, a medida que los conflictos se hacen más graves y surgen nuevas amenazas a la seguridad, hacen falta en el mundo instituciones multilaterales que puedan abordar efectivamente el calentamiento global y el cambio climático.

El Consejo decidió establecer la Comisión para una Sociedad Mundial Sostenible para hacer avanzar una visión socialdemócrata común y para abordar los nuevos desafíos políticos, sociales y medioambientales globales de hoy.

El trabajo de la Comisión es parte de la larga tradición de los esfuerzos de la Internacional Socialista por promover y asegurar la igualdad, las oportunidades económicas, la justicia social y el desarrollo sostenible.

La convicción de la Internacional en la existencia de un mundo interdependiente y una humanidad común, como también su presencia en cada continente, hace de ella una plataforma política única, revestida de una característica global capaz de concebir y llevar a cabo una estrategia mundial para alcanzar la paz y la preservación global.

El trabajo de la Comisión se ha enfocado alrededor de tres prioridades: a) evaluación de la amenaza del calentamiento global y el cambio climático y de nuevas políticas energéticas globales para responder a esa amenaza; b) formas de rectificar los desequilibrios sociales y la desigualdad económica a través de nuevas formas de gobernanza; y c) mejoramientos en la gobernanza global como una base para construir una sociedad mundial sostenible en todos sus aspectos.

2. La Comisión ha estado compuesta por miembros provenientes de diferentes regiones del mundo con una extensa experiencia de servicio público. Participaron en los trabajos de la Comisión sus dos co-presidentes Ricardo Lagos, ex presidente de la República de Chile (2000-2006) y enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y Goran Persson, ex primer ministro de Suecia (1996-2006), reconocido por su actividad en el campo de la política climática. Los otros miembros de la Comisión fueron Hilary Benn, secretario de estado para el Medio Ambiente, alimentos y Asuntos Rurales, Reino Unido; Elio Di Rupo, líder del Partido Socialista, Bélgica, ministro de estado y alcalde de la ciudad de Mons; Mohamed El Yazghi, ministro de estado, ex ministro de Planificación, Recursos Hidrídicos y el Medio Ambiente, Marruecos; Sigmar Gabriel, ministro federal para el Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear, Alemania; Aleksandr Kwasniewski, ex presidente de la República de Polonia (1995-2005); Sergei Mironov, presidente del Consejo de la Federación Rusa y presidente del Partido Una Rusia Justa; Cristina Narbona, ex ministra de Medio Ambiente de España (2004-2008) y embajadora de España ante la OCDE; Beatriz Paredes, presidenta del Partido Revolucionario Institucional, de México; Anand Sharma, ex ministro de estado para Asuntos Exteriores de la India (2006-2009); Marina Silva, senadora, ex ministra de Medio Ambiente de la República Federativa del Brasil (2003-2008); Martín Torrijos, ex presidente de la República de Panamá (2004-2009). Líder del Partido Revolucionario Democrático, PRD; y Nkosazana Dlamini Zuma, ex ministra de Relaciones Exteriores (1999-2009), actualmente ministra del Interior, República de Sudáfrica.

3. En su Consejo en Ginebra los días 29 y 30 de junio de 2007, la Internacional Socialista, al decidir la creación de la Comisión, subrayó que existía un número creciente de temas internacionales que no pueden solucionarse a nivel nacional, en particular el calentamiento global y el cambio climático, enfatizando que ellos eran ``el mayor desafío de nuestros tiempos. La zona de peligro no es algo que se presenta en el futuro. Está con nosotros ahora.''

En su primera reunión en Londres el 19 de noviembre de 2007, la cual fue acogida por el primer ministro Gordon Brown, líder del Partido Laborista Británico, la Comisión declaró, ``La Tierra demanda la atención de todos sus habitantes y este es el momento de tomar una acción decisiva que marque una diferencia. El calentamiento del sistema climático en el mundo es un hecho científico indiscutible. Igualmente, el impacto sustancial que produce la actividad humana en el deterioro de la atmósfera terrestre es innegable''. La Comisión destacó que abordar el cambio climático ``constituye la prioridad más vital que enfrentamos.''

A partir de entonces la urgencia de dar una respuesta ha crecido enormemente con la constante aparición de informes y estudios preparados por destacados científicos y especialistas climatólogos de alrededor del mundo, quienes han indicado que los efectos negativos del calentamiento global y el cambio climático están ocurriendo a un ritmo más rápido, produciendo un impacto de más largo alcance del que se pensó originalmente.

Ya no existe la menor duda de que las emisiones de gases de efecto invernadero deben ser reducidas radicalmente a fin de asegurar que el cambio climático que ya se manifiesta, no resulte en un deterioro catastrófico del clima, amenazando el delicado equilibrio que hace posible la vida humana en el planeta.

Una prioridad no menos importante es diseñar y llevar a cabo un programa global de adaptación a las ya inevitables consecuencias del cambio climático, en particular para los más pobres y vulnerables de este mundo que incluso ahora, en lo que puede mejor describirse como injusticia climática, son los que más sufren en medio de los acelerados cambios en la biosfera de la Tierra por los cuales ellos son a quienes cabe la menor responsabilidad, incluyendo pautas de clima cada vez más extremas y volátiles, sequías, desertificación y aumento en los niveles del mar.

4. El desafío de abordar el cambio climático se ha visto agravado por el trastorno financiero global que muy pronto se convirtió en una crisis socioeconómica mundial nunca experimentada en el mundo desde la Gran Depresión. Es una crisis que ha acarreado serias y severas consecuencias para la vida diaria de las personas en todas partes, y, una vez más, ha afectado especialmente a los sectores más pobres y vulnerables de la población mundial.

La desaceleración económica global en el corto plazo ha hecho más duro tomar las difíciles decisiones políticas que son necesarias si la humanidad desea contrarrestar efectivamente la amenaza del cambio climático, ya que ha existido presión para diluir políticas sobre cambio climático y abandonar compromisos ya contraídos.

Eso es un camino hacia un desastre. Pero aún más importante, se ignora el hecho de que la crisis económica en rea-lidad presenta a la humanidad la oportunidad de trazar un curso permanente de desarrollo sostenible verde, que serviría no solamente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y prepararse mejor para enfrentar el impacto del cambio climático, sino también para establecer una forma más justa y equitativa de globalización, donde los mercados sirvan a la gente y no la gente a los mercados.

Es alentador ver ya un giro hacia políticas energéticas más limpias y verdes por parte de la Unión Europea, de China, y más recientemente y de manera muy positiva, por parte de los Estados Unidos. Pero estos son solamente los pasos iniciales de una trayectoria que debe integrar efectivamente de manera global y coordinada los objetivos fundamentales de protección medioambiental y recuperación económica mundial.

El logro de estas tareas decisivas requiere no solamente de una determinación política, sino también de una recuperación de la confianza depositada por las personas en la gobernanza a nivel local, nacional e internacional.

El diseño de estrategias para la preservación global y el establecimiento de la maquinaria gubernamental e institucional para llevarlas a cabo será posible solamente con un compromiso común y compartido de todos nosotros como verdaderos ciudadanos globales.

Para elevar el nivel de conciencia de las personas en general se necesita poner un enfoque especial en la juventud, la educación y la percepción pública, ya que esto será la clave para transformar la manera de pensar y de vivir de la gente, ya que, en última instancia, el desarrollo sostenible con resguardo del planeta requiere de una manera de pensar sostenible.

El papel de la mujer debe ser reconocido e incentivado a cada nivel y en cada esfera de actividad en la lucha de las familias por sobrevivir dentro del actual descenso de la economía global, ya que ellas son capaces de contribuir a los esfuerzos de adaptación al cambio climático con su innato sentido de comunidad y preservación medioambiental, algo que no puede ser cuantificado por medio de ninguna escala científica pero que es indispensable si la humanidad desea tener un futuro en paz, justo y seguro.

B. Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero: estableciendo criterios para la reducción de emisiones de carbono por país

5. Las categorías de países parte de la CMNUCC - Anexo I y no Anexo I - deben ser refinadas y expandidas como parte de un nuevo acuerdo, pero persiste la cuestión de que para lograrlo es necesario avanzar en los temas centrales.

Los dos grandes bloques han demostrado ser entidades muy engorrosas que generalmente no toman en cuenta las diferentes necesidades y capacidades de los estados miembros. Este es especialmente el caso entre los países del no-Anexo I, en que países grandes como China, Sudáfrica y Brasil tienen perfiles muy diferentes a los de países más pequeños, tanto en términos de niveles de emisiones como de capacidad de mitigación, como también es el caso entre países del Anexo I.

En un esfuerzo por superar estas dificultades, el Plan de Acción de Bali aceptó, en principio, un compromiso sobre responsabilidades comunes pero diferenciadas de países en desarrollo, declarando ``Apropiadas acciones de mitigación a nivel nacional de los países en desarrollo partes dentro del contexto del desarrollo sostenible, apoyados y capacitados por medio de tecnología, financia miento y creación de capacidad, de una manera mensurable, susceptible de ser informada y verificada''.

La IS apoyó el Plan de Acción de Bali a este respecto, manifestando en el Congreso de la IS en Atenas en julio del 2008: ``Los compromisos de naciones individuales deberían basarse en niveles de emisiones pasadas, presentes y futuras y en la capacidad económica del país para reducirlas, bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y de capacidades respectivas. Las naciones más ricas con el mayor volumen de emisiones deberían ser las primeras en reducir sus emisiones en mayor cantidad.''

La IS declaró asimismo en el Congreso: ``La activa solidaridad entre el mundo desarrollado y en desarrollo debe incluir apoyo técnico y económico a aquellos países con menos posibilidades de reducir sus emisiones de gas y adaptarse a los impactos del cambio climático.'' Pero esto continúa siendo un mayor impedimento en las actuales negociaciones de la CMNUCC, y las líneas de división entre países industrializados y países en desarrollo siguen estando sobre los temas centrales que necesitan ser resueltos para que pueda haber acuerdo en Copenhague.

Por lo tanto, parece que aún cuando las categorías necesitan ser refinadas, deben lograrse primero importantes adelantos con respecto a los temas centrales, a través de un mayor sentido de comunidad mundial y un verdadero liderazgo por parte de los mayores emisores tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo.

6. Por la mayor parte del periodo de civilización humana la cantidad de dióxido de carbono, el gas de efecto invernadero más común, en la atmósfera fue de alrededor de 275 partes por un millón. A fines de los años 1950, ya alcanzaba 315 ppm y en el año 2008 había llegado a los 385 con un crecimiento de más de 2 ppm por año. Esto ha dado como resultado un aumento de la temperatura de cerca de 0,75 grados Celsius por sobre los niveles pre-industriales, y un alza adicional de 0,6 grados Celsius se considera inevitable dado a la cantidad de dióxido de carbono ya emitido.

Un alza de temperatura de alrededor de 2 grados Celsius por sobre el nivel preindustrial se considera generalmente como el máximo que la sociedad humana puede resistir. Solamente unos pocos años atrás se pensaba que el aumento de la temperatura podría mantenerse sin subir en más de 2 grados Celsius y los riesgos de los peores impactos sobre el cambio climático se reducirían substancialmente si los niveles de carbono en la atmósfera se estabilizaran entre 450 ppm y 550 ppm.

Ahora la mejor ciencia está indicando que el planeta está reaccionando más rápidamente de lo esperado a los pequeños aumentos en la temperatura global que ya han ocurrido, que si la humanidad desea evitar un cambio climático descontrolado y preservar un planeta hospitalario para la vida humana, los niveles de carbono necesitarán en realidad reducirse del actual 385 ppm, para llegar a niveles tan bajos como 350 ppm, o incluso más bajos aún. Esto significa que durante el periodo previo a Copenhague las naciones deben tratar de reducir sus emisiones de manera más profunda de lo que se discutió originalmente en ocasión de la Conferencia de Bali.

7. En el Congreso de Atenas en julio de 2008, la IS declaró su adopción del objetivo de los 2 grados Celsius como la piedra angular de un acuerdo integral a ser alcanzado en Copenhague en el 2009. y que dentro de los próximos 10 a 15 años, las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GHG) necesitarán adoptar un cambio consistente con el objetivo de los 2 grados Celsius.

Para alcanzar el objetivo de los 2 grados Celsius la propuesta del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (PICC) ha sido que los países industrializados reduzcan sus emisiones en un 25-40 por ciento por debajo de los niveles de 1990 para el año 2020. Sin embargo, los porcentajes actualmente bajo discusión están lejos de alcanzar la propuesta del PICC. Esto sigue siendo un importante punto de contención entre los países industrializados y en desarrollo, con muchos países en desarrollo presionando a los países industrializados a comprometerse a un 40 por ciento de reducciones, el punto tope de los límites propuestos por el PICC, con las naciones más pobres y los estados de islas pequeñas empeñándose en alcanzar el 45 por ciento.

Al mismo tiempo, nuevos estudios continúan siendo publicados, los que sugieren que la escala de 25-40 por ciento puede en realidad no ser suficiente para lograr el objetivo de los 2 grados Celsius. Por ejemplo en abril la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional de EE.UU. (NOAA) informó que las emisiones de gases de efecto invernadero continuaron aumentando en 2008, a pesar de la desaceleración económica global. También en abril, un estudio del Instituto para la Investigación del Impacto Climático de Potsdam en Alemania concluyó que, ``Menos de un cuarto de las reservas fósiles comprobadas pueden ser quemadas y emitidas entre ahora y el 2050, si se quiere limitar el calentamiento global a 2 grados Celsius.''

Las negociaciones de la CMNUCC desde Bali han dado como resultado pocos progresos substanciales sobre este tema clave y se han planteado serios cuestiona mientas sobre si los 2 grados Celsius pueden alcanzarse dado el gran aumento de las emisiones de carbono y las restricciones políticas. Una máxima determinación para alcanzar la meta de los 2 grados Celsius es y debe continuar siendo el objetivo central, al mismo tiempo que deberán continuarse los esfuerzos para la limitación del daño y la adaptación.

8. La reducción de gases de efecto invernadero es una responsabilidad común. Al mismo tiempo, los compromisos de países individuales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero deben basarse en niveles de emisiones presentes y futuras y en la capacidad económica del país para reducirlas bajo el principio de ``responsabilidades comunes pero diferenciadas'', como quedó establecido en el Protocolo de Kioto.

Bajo el Protocolo de Kioto, las naciones industrializadas debían reducir sus emisiones en un cierto porcentaje por debajo de la cantidad que estaban emitiendo en 1990, aún cuando la medida de 1990 tenía poca o ninguna relación con la ciencia del clima. Más aún, el principal método usado por los países desarrollados para cumplir los objetivos de reducción, comercialización de créditos de carbono en mercados internacionales del carbono, aún no han dado como resultado ninguna reducción substancial de las emisiones.

Al mismo tiempo, mientras los países industrializados han tratado con poco éxito bajo el Protocolo de Kioto de reducir las emisiones, los países en desarrollo en realidad han aumentado los niveles de emisión.

A medida que se acerca Copenhague, queda claro que los países ricos industrializados deberán acordar nuevos y más rigurosos objetivos para recortar las emisiones, en tanto que los países en desarrollo, en particular China e India, deben también comprometerse a hacer reducciones, aún cuando los objetivos sean numéricamente más bajos.

Recientes iniciativas por parte de China y otros países en desarrollo, la nueva dirección política sobre cambio climático en los Estados Unidos, y la aparente voluntad de estos dos países, los mayores emisores de gases de efecto invernadero en el mundo, para discutir las posibilidades de encontrar un camino común hacia la reducción de emisiones, son signos positivos.

9. Fijar objetivos de emisiones de manera justa para todas las naciones del mundo será clave para alcanzar acuerdo sobre un nuevo tratado sobre cambio climático. Una manera a seguir podría ser un sistema basado en emisiones per cápita, con objetivos nacionales basados en la población, la llamada fórmula de ``contracción y convergencia'' creada por el Global Commons Institute.

Otra alternativa, potencialmente más promisoria, está basada en los ``derechos de desarrollo de invernadero'' (GDRs) los cuales, según es presentado por EcoEquity y el Instituto del Medio Ambiente de Estocolmo, expande la agenda del clima para incluir el reconocimiento del derecho de los pobres del mundo a desarrollarse en países tanto del Sur como del Norte. Las obligaciones nacionales sobre el clima estarían determinadas mediante un ``umbral de desarrollo'' basado en niveles de pobreza y en las discrepancias de ingresos dentro de los países y en cuánto gas de efecto invernadero es producido por los países.

Cualquiera sea el método acordado, es claro que la negociación de los detalles y el acuerdo sobre la implementación serán arduos, con procesos complejos, y la comunidad internacional debe usar el tiempo que queda de la mejor manera posible antes de Copenhague para resolver este tema fundamental.

C. Reducción de gases de efecto invernadero en el consumo energético

10. El desafío es crear una política común de energía mundial que tome en cuenta los diferentes niveles de desarrollo económico a nivel nacional. Se debe realizar todo esfuerzo para promover el uso de fuentes renovables de energía, limpias y más eficientes como alternativas a la actual dependencia en la quema de combustibles fósiles, una práctica que no sólo es destructora del medio ambiente sino también una principal causa de tensión y conflicto geopolítico.

Asignar un precio apropiado a las emisiones de carbono y asegurar que éste sea pagado es fundamental para promover el cambio desde energía alta en carbono a energía baja en carbono, y al mismo tiempo para asegurar la seguridad del suministro de energía necesaria para un desarrollo económico sostenible.

Los mercados para la comercialización del carbono ofrecen algunas ventajas pero no han producido aún reducciones significativas en las emisiones, como se ha mencionado previamente, y han demostrado que los mercados por si solos, como en el caso de la economía global en su conjunto, son insuficientes y no darán el apoyo financiero y los recursos necesarios para lograr la requerida combinación de profundos recortes de emisiones, adaptación a las ya cambiantes condiciones climáticas, seguridad energética y un crecimiento económico equitativo y sólido medioambientalmente.

Otros instrumentos regulatorios de las emisiones que podrían establecerse a escala mundial deben ser considerados, incluyendo un impuesto sobre las emisiones de gas de efecto invernadero tanto a nivel nacional como global. Sin embargo, los impuestos al carbono deberían ser diseñados cuidadosamente para prevenir vacíos y, en particular, para evitar que las compañías que producen o queman combustibles fósiles transfieran sus altos costos a los sectores más pobres de la población.

11. La comercialización del carbono está siendo utilizada en Europa y es parte de la legislación que está siendo propuesta actualmente por los Demócratas en el Congreso de los EE.UU. Sin embargo, se han planteado algunas preguntas sobre su eficacia, no solamente como un instrumento nacional y regional sino especialmente con respecto a cuán bien podría funcionar globalmente, en particular con respecto a la urgente tarea de reducir emisiones a través del mundo.

En principio, un impuesto al carbono sobre las emisiones de gases de efecto invernadero (GHG) basado en la cantidad emitida alentaría a los emisores a reducir las emisiones y a los empresarios a crear alternativas. Inicialmente, un impuesto al carbono afectaría a los productores, pero a medida que el alza del costo del carbono pase a través de las economías, debería promover la transformación hacia tecnologías bajas en carbono y un uso eficiente de la energía a todo nivel.

Entre los objetivos se cuenta con que los impuestos al carbono harían posible predecir los precios de la energía y dar un incentivo de mercado más confiable para producir tecnología de energía limpia; podrían ser implementados más rápidamente que los complicados sistemas de cap-and-trade; son transparentes y fáciles de comprender y por lo tanto más capaces de atraer el apoyo del público; pueden ser implementados con mucho menos posibilidad de manipulación y explotación por parte de intereses especiales; los impuestos al carbono contemplan las emisiones de GHG en todos los sectores, no solamente de la industria de la electricidad como lo hacen algunos sistemas cap-and-trade; los ingresos generados por el impuesto al carbono podrían ser devueltos al público a través de dividendos o cambios tributarios progresivos - dicho de otra manera, los dineros canalizados hacia el funcionamiento de un mercado del carbono podrían ser usados de mejor manera para reducir los impuestos regresivos, protegiendo los hogares más pobres y ayudando a las familias a usar menos energía; los países tendrían mayores incentivos para hacer obligatorio el pago de estos impuestos y su cumplimiento presentaría menos problemas regulatorios como ocurre con los complicados y volátiles permisos de carbono y sistemas de compensación.

También se ha argumentado que un impuesto al carbono aplicado globalmente ofrece las mejores perspectivas para salvar la actual división entre países desarrollados y en de-sarrollo. La idea sería tratar de asignar al carbono el mismo precio en todas partes y de la manera más directa posible. El impuesto podría ser ajustado anualmente por un organismo global, posiblemente similar en estructura e intención a la corte internacional para el clima/medio ambiente discutida en este informe. De acuerdo con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, los países en desarrollo que se comprometan a un impuesto al carbono podrían recibir un porcentaje de los ingresos generados por el impuesto al carbono en los países desarrollados, para ayudar a financiar transferencias de tecnología, preservación forestal y adaptación al cambio climático que ya está ocurriendo. Además, para incentivar a pequeños países en desarrollo a tomar parte, se les podría permitir participar inicialmente dentro de un nivel más bajo o mínimo de impuesto al carbono.

Con respecto a una implementación eficiente, un impuesto global al carbono podría funcionar mejor si se aplicara en los puntos claves donde los flujos de carbono se encuentran más concentrados - por ejemplo, refinerías de petróleo, gaseoductos, plantas carboniferas, terminales de gas natural líquido, y plantas de acero, de aluminio y químicas. Con una tasa uniforme de impuesto sobre las emisiones de GHG aplicada a un número relativamente pequeño de sitios grandes, el monitoreo sería más gestionable y podría ser revisado dentro de las evaluaciones anuales de políticas económicas y fiscales que ya lleva a cabo el FMI.

Finalmente, dado a que un impuesto al carbono tiene el potencial de ser un sistema más transparente, confiable y equitativo, podría estar más de acuerdo con un enfoque global del cambio climático basado en un sentido de comunidad y solidaridad mundial, sin el cual el objetivo de preservación no se logrará, sea cual sea la manera en que se sumen las cifras.

12. También deben ser considerados los enfoques sectoriales por medio de los cuales similares estándares de control de emisiones son aplicados a través de industrias con similares estándares de producción, por ejemplo, aviación, acero y transporte marítimo.

El Plan de Acción de Bali hace referencia a ``enfoques cooperativos sectoriales y acciones específicas por sector'', como potencialmente parte de un régimen de mitigación de GHG post 2012. Pero el tema de un enfoque sectorial sigue siendo complejo y ha probado ser divisorio

Más que tomar en cuenta todos los sectores y tipos económicos de GHG bajo un régimen unificado, un enfoque sectorial contemplaría la creación de una serie de acuerdos internacionales para abordar separadamente varios sectores y gases. Los acuerdos a nivel de sector estarían basados en estándares globales para sectores o categorías específicas de fuentes de GHG. Los países en desarrollo estarían incluidos y se les podría ofrecer algunos tipos de incentivos para ayudarlos a dar cumplimiento, al mismo tiempo que las restricciones de comercio podrían ser usadas para hacer cumplir los acuerdos que gobiernan los sectores relacionados con el comercio.

Una ventaja primordial del enfoque sectorial, se argumenta, es que abordaría el tema del ``escape del carbono'', cuando la actividad económica en industrias de comercio global de intensa energía, tales como las del aluminio, del cemento y del acero se trasladan de una región con carbon-caps a una sin ellos. El beneficio al medio ambiente, si se pudiera hacer que las industrias en el mundo funcionaran respetando los mismos estándares, ha sido enfatizado. Por otro lado, un enfoque sectorial sería menos eficiente económicamente para algunos y más complicado de administrar que enfoques de amplio alcance económico. Más aún, muchos países en desarrollo se han mostrado preocupados de que un enfoque sectorial podría imponerles una reducción de objetivos sin garantías claras de una asistencia financiera o de transferencias de tecnología. Existe también la cuestión de cómo una serie de acuerdos separados basados en sectores, podrían ser coordinados y monitoreados para asegurar que se logren los niveles de reducción de emisiones necesarios para alcanzar la meta de los 2 grados Celsius.

Es posible que ciertos elementos de un enfoque sectorial sean incorporados de manera útil dentro de un acuerdo climático integral. Pero, dadas sus complejidades inherentes y sus efectos polarizadores hasta ahora, esto debería considerarse como secundario a la tarea fundamental de enfocarse en áreas de acuerdo y construir los puentes necesarios para asegurar un acuerdo global exhaustivo basado en compromisos compartidos y de amplio alcance en Copenhague.

13. Al mismo tiempo, se deben establecer incentivos para hacer de la producción energética renovable de bajo carbono, una proposición atractiva, y en esto el papel de la política, de los gobiernos y del sector público es crucial.

Los mercados son un componente dinámico de la economía mundial, pero la crisis financiera global ha dejado en evidencia que los mercados pueden ser sobrevalorados y, cuando no son regulados adecuadamente, perjudiciales, y el desafío de abordar el cambio climático demanda claramente fomentar un nuevo y muy necesario equilibrio entre gobiernos, mercados y sociedad.

Entre las más promisorias fuentes renovables de energía están la solar, la eólica y la geotérmica. Aprovechar el enorme poder del sol por medio de paneles solares y otras tecnologías, es una fuente comprobada e ilimitada de energía limpia. Aumentar la inversión pública en esta área, dando al mismo tiempo mayores incentivos para el uso y desarrollo en el sector privado puede aumentar substancialmente el porcentaje aún muy pequeño de energía que la humanidad obtiene actualmente del poder solar.

La potencia eólica es también una fuente de energía limpia y renovable en gran parte infrautilizada. Europa ha hecho avances en esta área, explotando particularmente los vientos a cierta distancia de la costa, y se propone generar un cuarto de toda su electricidad por medio de turbinas de viento en la costa en un plazo cercano a una década. Políticas públicas, como en este caso, que promueven el uso de la potencia eólica y la participación de empresas del sector privado en el campo de la generación de energía eólica pueden ayudar a definir el camino a seguir para otras regiones del mundo en sus esfuerzos por beneficiarse del potencial eólico.

También muy promisorio es el campo de la energía geotérmica, en particular en vista de los recientes descubrimientos de inmensas reservas de energía calórica en la corteza de la Tierra. Aún existen relativamente pocas plantas geotérmicas en operación hoy en el mundo, pero con el descubrimiento de nuevas reservas, y si se aplican las políticas e incentivos apropiados, el potencial es enorme.

Un desarrollo positivo ha sido la reciente fundación de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), con la participación inicial de cerca de cien países. IRENA tiene como fin asistir tanto a países en desarrollo como desarrollados para la transformación hacia economías de energía renovable, a través de apoyo financiero, práctico y tecnológico.

14. La energía nuclear ha recibido un renovado interés dentro del contexto de los temas climáticos como una fuente baja de carbono las veinticuatro horas del día. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), la energía nuclear provee actualmente el 14 por ciento del suministro global de electricidad.

No obstante, existen numerosas preocupaciones sobre la energía nuclear, incluyendo: continuos problemas con la seguridad y disponibilidad de almacenamiento de los desechos; potenciales temas de seguridad y riesgos medioambientales si los sectores de energía nuclear se expanden rápidamente; altos costos de capital que van en aumento, particularmente durante la actual crisis económica global, que generalmente exceden el costo de renovables, particularmente la energía solar; en algunos países obstáculos a la producción de componentes claves necesarios para la construcción de plantas; largos plazos para la construcción; y uso de inmensas cantidades de agua en momentos de creciente escasez de agua, particularmente debido al calentamiento global.

Estas preocupaciones sientan las bases para el argumento de que el mundo debería abocarse de manera singular ahora y en el futuro, al uso en gran escala de tecnologías solares, eólicas y geotérmicas, y a lograr los más altos niveles de eficiencia energética.

Al mismo tiempo, las circunstancias en algunos países se prestan para hacer un mayor uso de la energía nuclear, al menos en el presente. En estos países el continuo uso y alguna expansión de la generación de energía nuclear podría tener sentido, pero a corto y mediano plazo y con una mayor atención a la seguridad y al impacto medioambiental, y conjuntamente con esfuerzos por promover el máximo uso y expansión de renovables como las principales fuentes de energía en un mundo sostenible y bajo en carbono.

15. La crisis financiera y económica global no debe ser considerada un obstáculo sino una oportunidad para establecer los fundamentos de una economía global con resguardo de la Tierra y más equitativa, y para promover la transformación de economías de alto carbono a sociedades de bajo carbono.

Ahora es el momento de reconstruir el sistema financiero global, capaz de respaldar un desarrollo sostenible ecológicamente sano y preparar el camino a un futuro de crecimiento verde. Revertir el calentamiento global y limitar el cambio climático, si se financian y apoyan debidamente, pueden ser herramientas efectivas de crecimiento y de reducción de la pobreza.

En momentos en que los gobiernos buscan revitalizar las economías nacionales, ellos deberían diseñar e implementar políticas que vuelvan a enfocar y dirigir las inversiones y los mercados por una vía más sostenible, específicamente, estimulando la competencia privada para financiar una industria limpia. El potencial económico de la tecnología verde es enorme y sociedades público-privadas son vitales para nuevos modelos de desarrollo verde.

La industria de la energía renovable, incluyendo los programas para crear e implementar las necesarias tecnologías de conversión, es una comprobada creadora de puestos de trabajo de largo plazo, mientras que los paquetes de estímulo que simplemente ponen algo de dinero extra en los bolsillos de las personas son soluciones de corto plazo que resuelven muy poco y arriesgan promover un mayor consumismo no sostenible y un daño al medio ambiente.

D. Revertir la deforestación a través de la preservación y la reforestación

16. El tema de revertir la deforestación quedó excluido del Protocolo de Kioto. Sin embargo, la salud de los bosques, especialmente la selva tropical, es crítica debido al importante papel de los bosques en la remoción de los gases en la atmósfera que contribuyen al calentamiento global. La preservación y la reforestación deben ser incluidas en todo régimen sobre cambio climático que se acuerde en Copenhague.

Los bosques son los pulmones del planeta, ellos actúan como inmensos sumideros de carbono porque absorben las emisiones que la humanidad envía a la atmósfera. Ellos ayudan también a enfriar la atmósfera de la Tierra, generan la mayoría de las lluvias en el mundo y son una importante fuente de diversidad biológica. La pérdida de los bosques significa perder la batalla contra el cambio climático.

La actual tasa de deforestación es extrema y su impacto es inmenso. A comienzos del año 2009, entre un quinto y un cuarto de las emisiones mundiales de gas de efecto invernadero provenían de la tala y quema de las selvas tropicales. La peor deforestación está ocurriendo principalmente en naciones en desarrollo que luchan por encontrar un equilibrio entre necesidades económicas y las necesidades de preservación.

17. Con respecto al debate sobre si debe permitirse el uso de sumideros de carbono de la biomasa forestal para cumplir compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, queda un número de temas problemáticos que necesitan ser considerados.

En primer lugar, la falta de medidas precisas sobre cuánto carbono encierran o está siendo encerrado en los árboles, como también las dificultades para establecer cómo puede verificarse la reducción de las emisiones mediante la preservación forestal. Estas preocupaciones ya han surgido con respecto a la REDD (Reducción de Emisiones provenientes de la Deforestación y la Degradación Forestal en Países en Desarrollo), la que está siendo negociada como parte del proceso de la CMNUCC.

En segundo lugar, está la cuestión de la justicia porque los países difieren en su tamaño y en sus áreas forestales y algunos se beneficiarían en mayor medida al recibir crédito para preservar los sumideros de carbono de la biomasa. Una manera de plantear una iniciativa más equitativa sería estructurándola por región, por ejemplo, dando a todos los países de una región o continente que contribuyan a la preservación, un tipo de crédito compartido, aún cuando los países más grandes sean más capaces de preservar las áreas forestales más extensas.

En tercer lugar, y tal vez lo más importante, existe la creciente preocupación de que el cambio climático ya comienza a alterar de manera significativa la capacidad de los bosques para absorber el dióxido de carbono. Un reciente estudio multinacional patrocinado por la Universidad de Leeds (Reino Unido), encontró que durante un periodo de intensa sequía en el Amazonas en el 2005, el índice de extinción de árboles se duplicó y durante un tiempo la selva tropical se convirtió realmente en un productor neto de gases de efecto invernadero. Los investigadores manifestaron en marzo de 2009, al publicarse el estudio, que era el tipo de repentina e intensa sequía que era de esperar que ocurra cada vez más en un mundo con calentamiento global. Otra advertencia fue hecha en abril en un estudio coordinado por la Unión Internacional de Organizaciones de Investigaciones Forestales (Viena), los científicos participantes en este estudio expresaron que dados los efectos del calentamiento global que ya se evidencian, los bosques peligran transformarse de un sumidero neto en una fuente neta de carbono. Esto plantea la pregunta de si cualquier tipo de sistema de créditos de carbono, ya sea a través de REDD, que parece ser similar a la problemática del Mecanismo de Desarrollo Limpio (CDM), u otro procedimiento similar podría proveer una suficiente protección forestal lo suficientemente rápido como para preservar la capacidad de los bosques del mundo para actuar como sumideros de carbono.

18. La necesidad general de integrar los esfuerzos por abordar el cambio climático y erradicar la pobreza es clara, particularmente con respecto a la deforestación. Un número de naciones en desarrollo han establecido objetivos ambiciosos para preservar sus bosques y han diseñado programas promisorios. Pero crecientes presiones para el de-sarrollo, restricciones presupuestarias más estrictas y la implacable búsqueda de nuevos terrenos para poblaciones rurales y urbanas marginales hace más difícil llevar a cabo y poner en vigencia los programas de preservación.

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Bali acordó que la iniciativa de Reducción de Emisiones provenientes de la Deforestación y la Degradación Forestal en Países en Desarrollo (REDD) debería ser incluida en el sucesor del Protocolo de Kioto, y ha habido otras propuestas a este respecto provenientes de diferentes regiones.

También ha habido acuerdo general en las reuniones de Naciones Unidas desde Bali de que los países deberían ser recompensados si retardan o detienen la deforestación y si aumentan su suelo forestal. Sin embargo, las negociaciones sobre cómo dar financiamiento para tales esfuerzos han permanecido difíciles.

La iniciativa REDD propone, entre otras cosas, que el carbono almacenado en los bosques del mundo sea agregado a los mercados de carbono regulados globalmente que podrían posiblemente proveer incentivos en dinero efectivo, un proceso complicado y difícil. Debería realizarse una mayor investigación para determinar si reconocer los derechos a la tierra de los pueblos indígenas de la selva, aquéllos que viven en ella, se surten de ella y la protegen, sería menos costoso y más efectivo para la preservación de los bosques.

19. Las naciones del Norte y del Sur deben armarse de la voluntad política y el entendimiento mutuo para diseñar un sistema global de incentivos y puesta en vigencia haciendo que los bosques revistan más valor para los gobiernos, las comunidades y los individuos si se dejan en pie que talando los árboles. El fortalecimiento de las regulaciones nacionales e internacionales para revertir la deforestación debe ir acompañado de recompensas financieras que hagan económicamente viable la preservación, tanto a nivel nacional como a nivel local.

Los costos, incluyendo los aportes tecnológicos, serán altos, probablemente llegando a decenas de miles de millones de dólares. Pero considerando lo que está en juego y dado a que los bosques ofrecen la única y mejor oportunidad para reducir las emisiones de carbono con un costo efectivo e inmediato -algo que nos ha demostrado el Informe Stern y el Informe McKinsey- el compromiso puede y debe adoptarse al aproximarse Copenhague.

E. Transferencias de tecnología y creación de capacidad con respecto a mitigación y adaptación

20. Las transferencias de tecnología y creación de capacidad para los países en desarrollo son parte crucial para cerrar la brecha tecnológica Norte-Sur y asegurar una efectiva respuesta global de mitigación y adaptación al cambio climático y promover un desarrollo económico sostenible.

La intensidad y el ritmo del desarrollo de tecnología verde han sido positivos en los últimos años, pero deben refinarse nuevas tecnologías y ponerlas a disposición de los países en desarrollo, al mismo tiempo que los países en desa-rrollo deben aumentar rápidamente su capacidad de evaluar, adaptar y gestionar tecnologías medioambientales sanas.

21. El aprovechamiento de la ciencia y la tecnología y la transferencia de tecnologías climáticas limpias es un área amplia y compleja que incluye el desarrollo de nuevos medios de producción energética desde fuentes renovables, incluyendo la solar, la eólica y la térmica, para hacer más limpia la combustión de combustibles fósiles y para aumentar la capacidad de la población para adaptarse a los cambios climáticos que ya están ocurriendo.

La vulnerabilidad a los impactos con relación al clima, tales como la sequía y las inundaciones varían de país en país y en regiones dentro de los países. Una parte clave del proceso por lo tanto, es llevar a cabo evaluaciones de las necesidades de naciones individuales del mundo en desa-rrollo, que identifiquen y determinen sus prioridades específicas de tecnologías de mitigación y adaptación. Con respecto a la adaptación, esto debería incluir maneras de empoderar a las comunidades no solamente para hacer frente al cambio climático sino también para contribuir directamente a diseñar medidas más verdes para el desarrollo económico, a través de las cuales puedan superar la pobreza.

El esfuerzo debería ser incrementado con la creación de una institución internacional dedicada a dar asistencia para la acumulación, distribución y transferencia de tecnología verde, de acuerdo con el fortalecimiento de las instituciones globales en general y complementando a las diferentes agencias dentro del sistema de Naciones Unidas.

También es necesaria una mayor inversión pública y privada en innovación tecnológica. Ahora más que nunca el mundo debe tener a su disposición la mejor ciencia y recibir el beneficio de una investigación de mayor proyección y de programas de desarrollo. Debería también haber una mayor cooperación internacional en estándares de productos, una importante manera de estimular la eficiencia energética.

22. En relación a las perspectivas para la captura y almacenamiento del carbono (CCS), quedan preguntas con respecto a su viabilidad, su seguridad y si deberían ser incluidas en cualquier régimen de limitación de carbono en la atmósfera.

En primer lugar, plantas energéticas a base de carbón con CCS y otras similares son de alto costo, aún cuando la construcción misma de nuevas plantas de carbón y otras plantas energéticas ha llegado a ser cada vez más costosa.

En segundo lugar, está la cuestión del momento oportuno. Se han construido pocas plantas con CCS en el mundo y dadas las enormes reducciones de emisiones de carbono que necesitan hacerse ahora, se debería construir rápidamente y a un inmenso costo, un gran número de plantas de CCS y/o ser transformadas para CCS, para hacer posible una contribución significativa a la limitación del carbono en la atmósfera

En tercer lugar, la cuestión del monitoreo y la transparencia. Existe aún un limitado conocimiento y comprensión acerca de la manera cómo monitorear y verificar el almacenamiento de los gases de efecto invernadero (GHG) bajo la tierra, y la CCS requiere de claridad regulatoria y de una apropiada rendición de cuentas sobre los GHG, tanto dentro de las naciones como a nivel internacional.

En cuarto lugar, existen preocupaciones medioambientales y de seguridad con respecto al potencial de escape del GHG y a la actividad sísmica, incluyendo la necesidad de proteger los ecosistemas, la protección de las fuentes subterráneas de agua potable y de otros recursos naturales, y la protección de la salud humana, temas que aún no han sido abordados completamente.

En general, la CCS tiene un potencial de largo alcance para ayudar a reducir las emisiones, y la investigación y el desarrollo de la CCS deberían continuarse, esperando responder a las preocupaciones señaladas más arriba, especialmente en aquellos países que han hecho más progreso en el campo de la CCS. Sin embargo, el plazo es largo y dada la urgente necesidad de reducir las emisiones de manera substancial, y tan pronto como sea posible, el máximo énfasis y recursos deberían enfocarse en la eficiencia energética y en las fuentes renovables de energía, posiblemente en conjunto con el progresivo cierre de las plantas de carbón existentes, dependiendo de las circunstancias nacionales.

F. Financiamiento para transferencias de tecnología y creación de capacidad

23. El norte debe hacer mucho más para dar al sur apoyo técnico y financiero tanto para mitigación como para adaptación, si se desea lograr un adecuado acuerdo para la protección del clima en Copenhague. El financiamiento requerido es substancial, pero pequeño en comparación con la inversión en general y los flujos financieros de la economía global.

El financiamiento para las transferencias de tecnología y creación de capacidad es importante tanto en términos de cumplimiento con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas, como con respecto a la creación de confianza entre las naciones desarrolladas y en desarrollo, algo crucial para la solidaridad norte-sur.

24. Los países en desarrollo requieren de transferencias masivas y de una gran cantidad de asistencia técnica y de creación de capacidad para hacer un uso apropiado de las nuevas tecnologías. Esto es especialmente así en el caso de África, que es particularmente vulnerable a los efectos del cambio climático.

Los países desarrollados, sin embargo, a través de los mercados del carbono y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (CDM), una iniciativa tomada como resultado del Protocolo de Kioto, ha entregado mínimos flujos de financiamiento para apoyar un desarrollo bajo en carbono en el Sur. Más aún, el alto nivel de recursos requerido para aprobación de proyectos en los países en desarrollo ha limitado en general la efectividad de los costos del programa. Al mismo tiempo, parece haber habido un impacto positivo en la transferencia de tecnología.

El efecto neto de los CDM sobre las emisiones internacionales es dudoso, en gran parte porque ha sido casi imposible asegurar que las reducciones de emisiones no hubieran ocurrido sin llevar a cabo los proyectos de los CDM. Existe un proceso de revisión de la ONU pero no ha sido capaz de clarificar la materia, y la continua necesidad de asegurar la necesaria transparencia, evitar el fraude y encontrar medios confiables para medir las reducciones de emisiones bajo los CDM continúa siendo un enorme desafío regulatorio.

Los CDM como un mecanismo de mercado basado en proyectos que tiene como objetivo canalizar inversiones extranjeras para proyectos limpios en el mundo en desarrollo a cambio de créditos de carbono, ha servido para poner un precio a las emisiones. Sin embargo, el precio fluctúa según las tendencias del mercado, a veces con volatilidad, incluso durante la actual desaceleración de la economía global. Algunos de los encargados de llevar a cabo proyectos de CDM están aún recurriendo a contratos de protección financiera para cubrir pérdidas cuando baje el mercado de carbono. Esto hace al proceso aún menos transparente y plantea el peligro de una implosión de los contratos de CDM conectados a protección financiera, como los valores respaldados con hipotecas y derivados de créditos estructurados.

Los CDM y los mercados de comercialización del carbono generalmente deberían ser considerados como temporales o transitorios, y deben buscarse alternativas más sólidas para lograr el crítico objetivo de establecer efectivamente el precio de las emisiones y el financiamiento de las transferencias de tecnología.

25. La capacitación del Fondo de Adaptación, diseñado bajo el Protocolo de Kioto para financiar medidas de adaptación en el mundo en desarrollo, fue finalmente acordado en la Conferencia de Poznán en diciembre de 2008. Sin embargo, cuando claramente se necesitan decenas de miles de millones de dólares, la provisión inicial anticipada de 60 a 80 millones es insuficiente, como también lo es el financiamiento actual por medio de un impuesto del 2 por ciento a los proyectos del CDM.

Deberían considerarse otras opciones de financiamiento, incluyendo la cancelación de la deuda de los países más pobres; dando a los países más pobres un acceso ilimitado a los mercados para así disminuir las desigualdades entre las naciones; y transformar la deuda externa, o una porción de ella, de los países en desarrollo, en fondos ecológicos a ser usados solamente para programas de desarrollo económico verdes y de adaptación al cambio climático.

Además, si se acuerda alguna forma de impuesto al carbono a nivel internacional como parte del esfuerzo por reducir las emisiones de carbono incrementando el precio del carbón, una parte substancial de los ingresos provenientes del impuesto podría ser utilizada para establecer un fondo global para transferencias de tecnología verde y creación de capacidad, como también para generación de energía alternativa limpia y programas de conservación de energía.

Otra posibilidad es un programa en el cual las compañías que deseen realizar perforaciones para la extracción de petróleo o gas o explotar minas de carbón, deberían adquirir permisos que estarían estrictamente restringidos y de acuerdo a los límites de la ciencia climática. Los ingresos provenientes del impuesto irían igualmente a un fondo global que estaría encargado de distribuir los dineros de manera transparente y responsable, que incluiría de manera primordial a las comunidades afectadas con el perforado y la explotación de minas.

G. ¿Quién mide? Procedimientos y mecanismos relacionados con el cumplimiento

26. Debido a las dificultades en alcanzar los compromisos necesarios para un nuevo acuerdo global para abordar el calentamiento global y el cambio climático, ha habido un menor énfasis sobre la cuestión del cumplimiento y puesta en vigencia. Sin embargo, es claro que un sistema fuerte y efectivo de cumplimiento y verificación será necesario para asegurar que todo acuerdo sea implementado efectivamente.

27. El Plan de Acción de Bali subraya la necesidad de contar con compromisos tomados por las naciones en un nuevo acuerdo sobre cambio climático con respecto a la mitigación, en particular la reducción de las emisiones, un acuerdo que sea ``mensurable, sujeto a ser informado y verificable''. El desafío es encontrar una manera de hacerlo, que inspire confianza entre las naciones de que los compromisos son respetados.

El Protocolo de Kioto incluyó objetivos legalmente vinculantes y estableció un Comité de Cumplimiento para facilitar, promover y obligar el cumplimiento. El comité está dividido en una rama de facilitación y otra para asegurar el cumplimiento, y ambas están integradas por diez miembros, de una manera que intenta ser representativa de la comunidad global de naciones. Sin embargo, las sanciones establecidas en el Protocolo para el no cumplimiento no son particularmente fuertes, y cómo crear mayores incentivos en un acuerdo sucesor de Kioto continúa siendo una tarea crítica a medida que se acerca Copenhague.

28. Una manera que podría ser positiva para ayudar a asegurar el cumplimiento es que todo acuerdo incluya un mecanismo confiable, como por ejemplo una base de datos o un registro a través del cual los países pudieran compartir y monitorear los esfuerzos de cada uno para cumplir sus compromisos, estableciendo así la confianza a medida que avanza la implementación.

Esto requeriría de una métrica por la cual la implementación podría ser evaluada, informada y verificada, y se aplicaría tanto a los esfuerzos de mitigación de todos los países como también a los compromisos de países desarrollados para dar asistencia a los países en desarrollo para la mitigación y adaptación.

La responsabilidad mutua será crucial y la recolección de información sobre emisiones de alrededor del mundo debería ser conducida de manera que asegure la transparencia e incluya la revisión de expertos internacionales independientes.

29. Han habido propuestas de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, reconociendo la amenaza que representa el cambio climático a la paz y la seguridad internacionales, emita una resolución vinculante que asegure que los países cumplan con los compromisos para reducir las emisiones, bajo amenaza de sanciones para aquellos que no los cumplan. Tal curso de acción correría el riesgo de profundizar las divisiones entre las naciones y sería imposible sin una fundamental reforma y democratización del propio Consejo de Seguridad de la ONU.

Más promisorio sería aumentar los esfuerzos por fortalecer el movimiento global en favor de un enfoque progresivo para revertir el calentamiento global y el cambio climático a través de políticas, acciones cívicas, acercamiento al público y educación ciudadana, y empoderar una campaña internacional lo suficientemente fuerte para que pueda llevar a los gobiernos por la dirección correcta.

30. Una de las principales debilidades de Kioto ha sido el insuficiente e ineficaz cumplimiento de los mecanismos. Kioto posee un sistema de monitoreo para dar cuenta del carbono, gobernado por la ONU, y los países que no lo cumplen podrían ver sus cuotas de reducción aumentadas y/o ser excluidos del Sistema de Comercialización de las Emisiones (ETS). Sin embargo, la amenaza de tales medidas punitivas tiene poca influencia en países con poca o ninguna intención de reducir substancialmente sus emisiones en primer lugar.

Aunque las actuales negociaciones de la CMNUCC difícilmente han cubierto el tema del cumplimiento hasta ahora, es seguro que un acuerdo futuro en Copenhague debe insistir sobre mecanismos efectivos para hacer obligatorio el cumplimiento.

Existen diferentes ideas que se han planteado en la periferia del proceso de la CMNUCC. Una es un compromiso por parte de los países para inyectar fondos en una entidad central, como por ejemplo una agencia internacional, manteniendo los fondos en depósito pendientes del cumplimiento. A los países que no cumplan no se les devolverían sus fondos; en lugar de ello, esos fondos serían distribuidos entre aquellos países que den cumplimiento. Los niveles de financiamiento para países individuales podrían ser determinados de acuerdo al PIB o a la población nacional o una combinación de los dos.

Una segunda posibilidad sería crear un sistema de cumplimiento similar al establecido bajo el Protocolo de Montreal para reducir los hidroclorofluorocarbonos (HCFCs) de destrucción del ozono. El cumplimiento del Protocolo de Montreal se hace efectivo a través de restricciones comerciales. Sin embargo, el relativo éxito del Protocolo de Montreal fue el resultado de un básico acuerdo sobre lo severo de la amenaza de los HCFCs sobre la capa de ozono y los requerimientos para abordar el tema. Un acuerdo tan básico y fundamental aún no se ha alcanzado en las negociaciones de la CMNUCC y sin ello no puede haber acuerdo sobre la obligatoriedad del cumplimiento.

Una tercera posibilidad es la creación de algún tipo de autoridad global para hacer obligatorio el cumplimiento, que pueda determinarlo y aplicar sanciones por el no cumplimiento. El papel de la CMNUCC ha sido, y probablemente continuará siendo, el de facilitador de las negociaciones. Una alternativa sería una corte internacional similar a la Corte Internacional de Justicia, para actuar como la máxima autoridad legal con respecto al cumplimiento, sobre la cual se anticipe acuerdo en Copenhague. Podría estar dirigida por un número de jueces, de expertos sobre el cambio climático y de respetadas figuras internacionales, y podría incluir un órgano científico para apoyar el proceso de investigación y de adjudicación. Tal corte podría también tener jurisdicción sobre todas las leyes internacionales relacionadas con el medio ambiente, pero su principal labor sería la de asegurar el cumplimiento, con un acuerdo sobre la reducción de las emisiones de gases de tipo invernadero (GHG). La corte podría estar investida de autoridad para aplicar multas o impuestos a estados y empresas. Sin embargo, su máximo efecto estaría en exponer y hacer responsables frente a la opinión pública a aquéllos que no den cumplimiento. En esto, un importante papel complementario sería desempeñado por organizaciones cívicas y no gubernamentales, a nivel nacional e internacional, para hacer recordar la fundamental urgencia que reviste el cambio climático y para hacer destacar las ideas de interdependencia global y la necesidad de que todos contribuyan de manera cooperativa a la preservación de una Tierra acogedora de la vida humana.

H. Educación y llegar a la gente a nivel local, nacional e internacional

31. Llevar a cabo un efectivo programa global para revertir el calentamiento global y responder al cambio climático puede ser posible solamente con la plena comprensión de una humanidad compartida en nuestro mundo, un sentimiento entre las personas en todas partes de que ahora somos todos ciudadanos globales, un cambio de actitud desde una actitud basada en el consumismo a otra basada en una forma de pensar sostenible.

Esto requiere de concertados esfuerzos públicos y privados a todo nivel, para dar a la gente el conocimiento necesario que contribuya al esfuerzo e infunda vigor a las demandas populares para una acción que pueda hacer avanzar la dinámica política por el camino correcto, a nivel local, nacional e internacional.

Esto incluiría programas de inserción en las comunidades, designados para la difusión a través de todos los medios de información disponibles en países y regiones individuales y a través de la Internet, preparación y distribución de estudios medioambientales apropiados, programas para sistemas de educación escolar, comenzando a la más temprana edad, y diseño de proyectos sostenibles a ser implementados a nivel local con la participación directa de las comunidades afectadas, desarrollando de esta manera las mejores prácticas que puedan ser compartidas globalmente.

Todos estos esfuerzos deben asegurar que la gente comprenda perfectamente los puntos básicos del calentamiento global y del cambio climático, como también la verdadera relación entre los dos, asegurando que no haya confusión. Por ejemplo, en enero de 2009 el frío en Europa hizo que algunas personas cuestionaran la idea del calentamiento global, cuando se hubiera podido demostrar fácilmente que el frío en 2009 no representaba más que una pequeña fluctuación dentro de una tendencia de calentamiento que lleva décadas de duración. Al mismo tiempo, el calentamiento global es menos fácil de detectar día a día que el fenómeno que lo causa, es decir, el cambio climático que está caracterizado por trastornos en las pautas del clima y calamidades tales como tormentas más violentas y frecuentes, y severas sequías e inundaciones.

32. Es crucial que las mujeres, particularmente en el mundo en desarrollo, reciban educación, entrenamiento y oportunidades para que puedan integrarse plenamente a los esfuerzos en todas las esferas -política, cívica, económica y social- porque ellas tienden a ser marginadas de las decisiones que afectan a la política sobre el clima. Las mujeres, y sus hijos, son los que más sufren con el cambio climático, como también con las desigualdades y el conflicto, ellas tienen una inclinación más profunda a reducir el consumo energético y, si se les da la oportunidad, contribuyen más efectivamente a los esfuerzos de protección del medio ambiente y para lograr comunidades sostenibles.

Debe darse un fuerte enfoque a la juventud, particularmente a su formación a través de la educación y el cuidado de la salud, ya que es la generación más joven la que puede dar un gran impulso y energía a la lucha por mantener la habitabilidad de la Tierra, y es nuestra juventud la que heredará la tarea de continuar no solamente la lucha por preservar el planeta sino también los esfuerzos por reducir la pobreza y asegurar que el crecimiento económico se traduzca en empleo para todos, empleo digno y de verdadero apoyo a la vida.

I. Redefinir y reformar la gobernanza global y creación de instituciones internacionales

33. La gobernanza global ya no es un concepto sino una urgente necesidad. La política necesita ser global para garantizar paz, seguridad y estabilidad; para salvaguardar el medio ambiente; para generar desarrollo y cohesión social; y, para asegurar economías fuertes capaces de resistir las presiones especulativas y crear justicia y oportunidades para todos.

Ningún otro tema ilustra mejor la naturaleza sin fronteras y verdaderamente global de los desafíos a que se enfrenta el mundo de hoy y la necesidad de proponer respuestas comunes, que el calentamiento global y el cambio climático.

Las instituciones globales, como parte del conjunto del sistema multilateral, deben recibir más que nunca la capacidad, flexibilidad y autoridad para responder a las crecientes expectativas y demandas de los ciudadanos en todas partes, de un futuro seguro y viable.

La comisión comprende que muchas de las necesarias políticas y nuevas iniciativas no serán fáciles de implementar, que enormes obstáculos políticos deben ser superados. Pero, no hay otra manera posible de proceder ya que mayores retrasos podrían ser catastróficos.

34. Es vital que las instituciones internacionales que proveen el marco para los acuerdos globales con el fin de lograr una sociedad mundial sostenible aumenten su legitimidad y refuercen la confianza, siendo más representativas, transparentes y responsables.

Un aspecto central de realizar una forma más justa y efectiva de gobernanza global es la reforma de las Naciones Unidas, y los estados miembros de la ONU deben redoblar sus esfuerzos por revitalizar y dar nueva forma a esta indispensable institución basándose en más interacción democrática entre las naciones y en respuestas multilaterales más fuertes y más coordinadas, a los desafíos que enfrenta el mundo de hoy.

Fundamental para la reforma de las Naciones Unidas es la ampliación del Consejo de Seguridad de la ONU. El mundo ha cambiado substancialmente desde mediados del siglo pasado y el Consejo de Seguridad de la ONU debe reflejar la realidad global de hoy, incluyendo las importantes y destacadas voces provenientes de Europa, Asia, África y América Latina.

Específicamente con respecto al calentamiento global y al cambio climático, el Programa Medioambiental de la ONU debería transformarse en una agencia con la autoridad y con plenas capacidades de las Naciones Unidas, una Organización Medioambiental de la ONU, lo que está de acuerdo con la crucial importancia que ahora ha adquirido el tema en la agenda internacional.

35. La reforma de las Naciones Unidas debería también tener por objetivo una mayor convergencia de políticas y coherencia para asegurar que las políticas medioambientales, económicas, laborales, financieras y sociales de la institución estén integradas efectivamente dentro de un enfoque común de desarrollo sostenible.

La democratización de las Naciones Unidas debe ir unida a la democratización de otras instituciones internacionales y a una mayor cooperación y coordinación entre agencias y programas, para asegurar que se logren los objetivos internacionales acordados conjuntamente.

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en particular, necesitan tener una mayor representación proveniente de las economías emergentes y una relación substancialmente más justa con las naciones en desarrollo.

Llevar a cabo estas reformas requiere de un difícil proceso que incluye hacer concesiones y dar forma a compromisos. Pero es el único camino a seguir. Si se desean abordar efectivamente los desafíos de un mundo plenamente interdependiente y preservar a nuestro planeta, los órganos globales deben ser estructurados, empoderados y fundamentados en base a sacrificios compartidos y a una generosidad colectiva.

J. La visión de una sociedad mundial sostenible a largo plazo

36. La Internacional Socialista tiene su vista puesta en la construcción de una sociedad baja en carbono más que en una simple economía de bajo carbono, porque el desafío que enfrenta la humanidad no es solamente acerca de la economía, de ecuaciones científicas y decisiones tecnócratas.

El desafío es reestructurar y renovar sociedades como parte de un nuevo pacto con la naturaleza, un nuevo pacto que puede lograrse, llevarse a cabo y sostenerse solamente con la participación y contribución de buena fe de las personas en todo el mundo, norte y sur, mujeres y juventud, negocios y trabajo.

Es un desafío que continuará más allá de cualquier acuerdo que se logre en Copenhague, y será, en último término, la humanidad la que responderá por sí misma a la pregunta de cómo vivirá en el futuro con respecto a la Tierra y si la Tierra continuará albergando a la humanidad.

Trabajo y Reuniones de la Comisión

1. La Comisión ha seguido muy de cerca los cruciales esfuerzos de Naciones Unidas para lograr un sucesor del protocolo de Kioto, recogiendo al mismo tiempo opiniones y sugerencias provenientes de alrededor del globo sobre la mejor manera de llevar a cabo esta tarea.

La primera reunión de la comisión en Londres el 19 de noviembre de 2007, acogida por el Primer Ministro Gordon Brown, líder del Partido Laborista Británico, tuvo lugar en anticipación de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Bali en diciembre de 2007, ocasión en que más de 180 países acordarían la Hoja de Ruta de Bali y el plan de acción de Bali para lograr un nuevo régimen de cambio climático dentro de dos años.

Subrayando que este era el mayor desafío de nuestros tiempos, la comisión adoptó una declaración en Londres que destacó las prioridades y énfasis del trabajo a desarrollar y la agenda medioambiental con anterioridad a la Conferencia de Bali a fin de poner en marcha un nuevo conjunto de compromisos para más allá del 2012.

Partiendo de la base de que el calentamiento del sistema climático alrededor del mundo era un hecho científico indiscutible, se puso énfasis en que ningún país podía tratar este tema por sí mismo, tampoco el planeta podía permitirse dejar de lado a ningún país. Se tomó nota que para esta tarea debían converger dos enfoques fundamentales, por un lado el enfoque científico y por el otro, el político. La estrategia total para combatir el cambio climático debe incluir el apoyo técnico y económico para países con menos capacidad para reducir sus emisiones de gas, mientras que aquéllos con las mayores emisiones deben llegar a un acuerdo sobre como mitigarlas. La comisión también fue de opinión de que los esfuerzos para limitar las emisiones de la contaminación deben ir mano a mano con la lucha contra la pobreza en todo el mundo.

La comisión recalcó asimismo que se necesitaba un nuevo pacto con la naturaleza para rectificar el equilibrio en las relaciones entre los humanos y su medio ambiente, como también lo era un nuevo concepto de gobernanza para reflejar la importancia de esta interdependencia.

2. Tres meses después de la Conferencia de Bali, la Comisión se reunió en Santiago de Chile, el 24 de marzo de 2008. El encuentro incluyó la participación de S.E. Michelle Bachelet, Presidenta de la República de Chile, y estuvo presidido por el Co-Presidente de la Comisión, Ricardo Lagos.

La comisión expresó en Santiago que se sentía alentada por el entendimiento general alcanzado en Balí en el sentido de que toda demora en la reducción del calentamiento global llevaría a un aumento del severo impacto ejercido por el clima en los ya frágiles sistemas ecológicos, y saludó los acuerdos alcanzados, incluyendo la hoja de ruta de Bali y el plan de acción de Bali, que daba el marco de trabajo para las negociaciones en curso para lograr un nuevo régimen de cambio climático en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Copenhague en diciembre de este año.

La comisión reiteró la firme convicción de la internacional socialista de que toda agenda para abordar el cambio climático debe ir unida a la erradicación de la pobreza, y que, lo más pronto posible, las políticas de desarrollo nacionales e internacionales deben demostrar ser más verdes, más limpias, e incorporar de lleno las preocupaciones sobre el calentamiento global y el clima.

En conexión con la reunión de la comisión en Chile, un grupo de los participantes visitó la Antártica y la Patagonia en el extremo sur de Chile en los días previos a las discusiones en Santiago, del 21 al 23 de marzo, para adquirir una mayor comprensión sobre los efectos del cambio climático en esa parte del mundo. En la ciudad patagónica de Punta Arenas y en la Isla Magdalena en el Estrecho de Magallanes, morada de la colonia más grande de pingüinos bajo protección en el Cono Sur, se dieron a conocer al grupo los esfuerzos medioambientales que se realizan en esa región.

En la Antártica, en la Base chilena Eduardo Frei localizada en uno de los puntos críticos del calentamiento global en el continente blanco, el cual ha sufrido el efecto del calentamiento con más rapidez que en ninguna otra parte del Hemisferio Sur, el grupo observó de primera mano los drásticos y complejos efectos del cambio climático.

El grupo recibió información impartida por los responsables de la base, una de las más grandes en la región, donde unas cien personas se encuentran estacionadas permanentemente, incluyendo una importante investigación glaciológica que detalla los dramáticos y rápidos cambios de las circunstancias medioambientales en el continente que se ven afectadas por la actividad humana en otras partes del globo, dando como resultado la desintegración de las plataformas de hielo y una menor cantidad de hielo en áreas de la Antártica, donde el aire caliente y la exposición a las olas del océano están causando el desprendimientos del hielo.

Desde la Antártica, Ricardo Lagos, a nombre de 105 participantes, apeló a la comunidad internacional a emprender un nuevo camino para preservar y salvaguardar el planeta para las actuales y futuras generaciones. El grupo subrayó la importancia de una fuerte voluntad política y la plena participación de los ciudadanos, comunidades, instituciones y gobiernos, como también el papel vital que cumple la comunidad científica al monitorear los sistemas naturales del planeta y la necesidad de contar con mayores inversiones públicas y privadas en la investigación científica.

3. El tema principal del XXIII Congreso de la Internacional Socialista celebrado en Atenas del 30 de junio al 2 de julio de 2008, bajo el título de solidaridad global: la valentía de lograr la diferencia, fue actuando ya sobre el cambio climático: para lograr una sociedad mundial sostenible.

Siguiendo con el continuo trabajo de la comisión, el Congreso reafirmó el compromiso del movimiento socialdemócrata mundial para hacer avanzar una sostenibilidad común en nuestro mundo global cada vez más interdependiente.

El Congreso examinó las crisis financiera, alimentaria y de combustibles a medida que se extendían rápidamente de continente en continente como la más reciente evidencia de que las respuestas comunes son cruciales para abordar 105 desafíos, cuya naturaleza en el mundo de hoy no conoce fronteras.

Considerando las propuestas adelantadas por la comisión, se puso énfasis en que el cambio climático ya estaba creando un mundo con demandas que evolucionaban y eran cada vez más urgentes sobre 105 recursos de las naciones, con posibles focos críticos para conflictos relacionados con el acceso a la energía como también a recursos naturales, y un aumento de las tensiones vinculadas a más altos flujos migratorios medioambientales, la propagación de enfermedades contagiosas y otros problemas de salud, y las crecientes presiones en general sobre los países y regiones más pobres y vulnerables.

El Congreso declaró que asegurar un sistema internacional capaz de responder efectivamente requiere de liderazgo y de respeto mutuo entre naciones en desarrollo y desarrolladas, lo que necesitará un grado más alto de solidaridad del que se ha visto hasta ahora. Hizo destacar que una activa solidaridad debería incluir apoyo técnico y económico a aquellos países con menor capacidad para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los crecientes impactos que ejerce el cambio climático.

Refrendando lo propuesto por la comisión, el Congreso destacó que un área de acción particularmente crítica para lograr una respuesta global más unificada al cambio climático era la toma de conciencia por parte de la gente, comenzando por la educación. El aumento de la conciencia entre los ciudadanos en muchas partes del mundo era encomiable, pero se necesitaban mayores esfuerzos, particularmente entre la juventud, poniendo un especial énfasis en los intercambios de mejores prácticas y programas más extensos de ayuda al público, tanto en la esfera política como a nivel de comunidades.

El Congreso declaró que muchas de las necesarias políticas y nuevas iniciativas no serán fáciles de implementar, pero que no existe otra manera posible de proceder, que cualquier demora en las acciones comprometerá aún más la capacidad de la humanidad para responder al cambio climático. A este respecto, las instituciones globales, como parte del sistema multilateral en general, ahora más que nunca deberían contar con la capacidad, flexibilidad y autoridad para responder a las crecientes expectativas y demandas de los ciudadanos para lograr un mundo mejor.

4. En San Petersburgo los días 14 y 15 de Julio de 2008, la comisión celebró un seminario sobre cambio climático, reuniendo a miembros de la comisión y representantes de partidos con científicos y expertos rusos, para discutir temas de cambio climático.

Bajo la presidencia de los co-presidentes de la comisión Ricardo Lagos y Goran Persson, y contando como anfitrión con Sergey Mironov, Presidente del Consejo de la Federación Rusa, Presidente del Partido Una Rusa Justa y un miembro de la comisión, el seminario abordó tres temas principales: abordando el cambio climático con un crecimiento económico basado en equidad, empleo y respeto al medio ambiente; promoción de fuentes energéticas alternativas; y reforzando las regulaciones nacionales e internacionales de protección a los recursos hídricos y forestales. Miembros de las comunidades académicas y científicas de Rusia, hicieron presentaciones de fondo sobre cada uno de los temas.

Los participantes acordaron que lo que está en juego es nada menos que la habitabilidad del planeta y la paz y la estabilidad global, y que la humanidad tenía solamente unos pocos años para frenar el aumento de las emisiones de carbono a fin de evitar las consecuencias más severas del calentamiento global.

Se hizo hincapié en que se requiere de mayores esfuerzos para transformar economías basadas en el consumo de combustibles fósiles a economías de energía más eficiente basadas en fuentes energéticas alternativas. A este respecto, la comisión hizo un llamamiento a incrementar los esfuerzos nacionales y multilaterales para aumentar la producción y uso de energía solar, eólica, geotérmica y otras fuentes de energía renovable, como también programas para crear e implementar las necesarias tecnologías de conversión, todas las cuales pueden dar un gran estímulo a la economía y mejorar las perspectivas para la creación de empleos.

La comisión fue de opinión que esto solamente puede lograrse si los gobiernos, en coordinación con las empresas y sectores laborales, desarrollan e instituyen políticas que impulsen la investigación pública y privada y realicen las inversiones necesarias para llevar adelante el cambio hacia una producción energética alternativa y renovable.

Se subrayó la necesidad de establecer un sistema global integrado para monitorear y pronosticar cambios en el clima, un servicio internacional de rescate y un centro internacional para diseñar construcciones industriales ecológicamente sólidas, como asimismo la necesidad de mayores y mejores esfuerzos coordinados para mantener a los océanos limpios y sanos, asegurar la provisión de agua limpia y preservar los bosques como algo crucial para la supervivencia humana.

5. La Comisión se reunió en Estocolmo los días 5 y 6 de septiembre de 2008 contando como anfitriones con el Partido Socialdemócrata Sueco, SAP, y el co-presidente de la Comisión Goran Persson, para abordar el tema de las transferencias de tecnología y la creación de capacidad en los países en desarrollo como parte de la respuesta global para la mitigación y adaptación al cambio climático y promover un desarrollo económico sostenible, y cómo proveer el necesario financiamiento.

Al enfatizar que no debería permitirse que la crisis económica mundial retrase el ritmo de las negociaciones para lograr un nuevo régimen climático, la comisión advirtió sobre los riesgos de recurrir al incrementalismo y medias medidas y urgió a la comunidad internacional a realizar todo esfuerzo encaminado a producir resultados sólidos para lograr un acuerdo sobre el clima en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Poznán en diciembre de 2008.

La comisión tomó nota positivamente de que en las conversaciones sobre cambio climático de Naciones Unidas en Accra los días 21 al 27 de agosto de 2008, los países en desarrollo se involucraron más activamente y muchos ofrecieron planes de acción nacionales para alcanzar objetivos específicos que serían llevados a Poznan. También fue alentador el acuerdo en Accra para incluir la deforestación en países en desarrollo en un nuevo régimen para el clima, y el avance hecho hacia un acuerdo que limite las emisiones de carbono de industrias específicas, conocidos como enfoques sectoriales.

La comisión subrayó que es crucial unir la ciencia y la tecnología a la transferencia de tecnologías verdes al mundo en desarrollo, y urgió mayores y esfuerzos más concertados por parte de las naciones dentro del contexto de la cooperación norte-Sur y Sur-Sur, para determinar la mejor manera de elevar el nivel de las capacidades actuales y potenciar al máximo las nuevas tecnologías,

Notó que los países en desarrollo requerirían de transferencias masivas y de una gran cantidad de asistencia técnica y de creación de capacidad y que el financiamiento bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático está lejos de ser suficiente, especialmente en el caso de África, que es particularmente vulnerable a los efectos negativos del cambio climático

La comisión urgió enérgicamente a realizar todo esfuerzo por cerrar la brecha en el financiamiento de tecnologías verdes en el mundo en desarrollo, en particular con respecto a los países pobres y naciones de islas pequeñas y que debería hacerse un aporte substancial y una mayor cooperación entre los sectores público y privado a todo nivel, y entre los gobiernos nacionales y las agencias internacionales.

Subrayó que lograr el necesario grado de cooperación era un desafío político que requería que la voz del mundo en desarrollo, particularmente de los países y regiones más vulnerables sea escuchada con más fuerza a medida que avanzan las negociaciones hacia un nuevo acuerdo climático.

6. La comisión se reunió en ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 2 de marzo de 2009, teniendo como anfitriones al Presidente de la República Kgalema Motlanthe y al líder del ANC Jacob Zuma, para llevar a cabo discusiones enfocando la experiencia africana al abordar el calentamiento global y el cambio climático, y la perspectiva del continente con respecto a las negociaciones globales para lograr un acuerdo en Copenhague. Líderes y ministros de diferentes gobiernos encabezados por partidos miembros de la internacional socialista en África, participantes en la reunión, fueron unánimes en su mensaje: junto con ser a quien cabe la menor responsabilidad por el calentamiento global y el cambio climático, África sufre las peores consecuencias y el camino a seguir en las negociaciones globales requiere de una mayor solidaridad del norte al sur para ayudar al continente africano a enfrentar y adaptarse a los nuevos desafíos.

Los participantes en el encuentro subrayaron la interconexión existente entre justicia medioambiental, social y económica, haciendo notar que los más vulnerables de África sufren los peores efectos del calentamiento global, especialmente en áreas susceptibles a la sequía y en áreas costeras de bajo nivel sobre el mar, y que el cambio climático era por lo tanto, en gran medida, un tema de pobreza para el continente.

Se abordó igualmente el negativo impacto de los conflictos violentos sobre el medio ambiente, la infraestructura y la cohesión social en África, y la urgente necesidad de una mayor cooperación regional e internacional para ayudar a resolver los conflictos de manera pacífica dentro de un enfoque integral para responder al cambio climático.

Se puso énfasis en las críticas necesidades de las naciones africanas en las áreas de adaptación al cambio climático, y de que un elemento clave para la adaptación era la voluntad de las naciones del mundo desarrollado, en particular frente a la desaceleración de la economía global, de proveer una asistencia efectiva al continente en sus esfuerzos por incrementar su capacidad tecnológica.

Una tecnología y capacitación avanzada fueron también consideradas como esenciales para el esfuerzo africano para progresar en la transición hacia una energía renovable, especialmente mediante el uso de energía solar, eólica y térmica.

Con miras a Copenhague en diciembre, la comisión reiteró su posición de que tratar el tema del cambio climático no podía ser minimizado debido a presiones económicas globales, que no existe elección entre preservar el medio ambiente de la tierra y el rejuvenecer la economía global, que las dos tareas están plenamente entrelazadas y solamente pueden conseguirse cuando se consideran conjuntamente.

Lograr un nuevo modelo de interacción humana en una sociedad mundial sostenible, reafirmó la Comisión, requiere de un elevado nivel de solidaridad, particularmente desde el norte hacia el sur en el caso de África, pero también entre y al interior de todos los países del mundo en desarrollo. El desafío no es solamente acerca de la tecnología, sino también acerca de la educación y el reto de crear una cultura de conservación y protección medioambiental, desde el nivel local hacia el nivel global.

7. En Beijing los días 14 y 15 de mayo de 2009, bajo el título de discusiones de alto nivel sobre desarrollo sostenible, miembros de la comisión sostuvieron conversaciones con el Presidente Hu Jintao, con líderes del gobierno de la República Popular de China y del Partido Comunista Chino (PCP).

Durante estas reuniones los líderes de la IS y los funcionarios chinos, subrayaron la necesidad de abordar efectivamente de manera global los críticos e interconectados desafíos del cambio climático y lograr un desarrollo sostenible. Se acordó que todos los países debían contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, con compromisos basados en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, como quedó establecido en el Protocolo de Kioto. Se acordó además que el cambio climático presentaba una buena oportunidad para promover un crecimiento económico sostenible a través de inversiones y substanciales aumentos en el uso de fuentes energéticas renovables, con potenciales beneficios tanto para países en desarrollo como desarrollados.

Se discutieron igualmente modelos de desarrollo con resguardo de la tierra y nuevos marcos de gobernanza, especialmente a nivel internacional, para gestionar y preservar la riqueza común de la humanidad en formas que sean sostenibles para el planeta. Existía la obligación moral de todos los países de contribuir a una efectiva mitigación y adaptación al cambio climático, incluyendo las transferencias de tecnología a países en desarrollo de manera más justa. También se consideró la idea de promover un retorno a una cultura de armonía, en la cual se pone énfasis en relaciones de mutuo apoyo entre las personas y entre las personas y la naturaleza, aún si se persigue el crecimiento económico a través de mecanismos de mercado.

Los esfuerzos para lograr acuerdo en Copenhague deben estar basados, como se enfatizó, en una visión común de largo plazo que de apoyo a un futuro de desarrollo y crecimiento equitativo y ecológicamente sólido.

8. En la reunión del Consejo de la Internacional Socialista en Budva, Montenegro, los días 29 y 30 de junio de 2009, bajo el tema principal de trabajando por un nuevo marco global para la economía mundial, la paz y la seguridad, la democracia y el medio ambiente, el tema del cambio climático fue esencial, con debates informados por el trabajo de la comisión.

Mirando hacia adelante a la próxima Cumbre de Copenhague en diciembre, el Consejo refrendó la opinión de que el nuevo acuerdo a ser adoptado allí debe ser ambicioso y realista, pero al mismo tiempo debe estar fundado sobre una base más social de lo que estuvo el Protocolo de Kioto. La posición de la comisión de que los países desarrollados deben dar el ejemplo y hacer esfuerzos significativos para mostrar el camino a seguir y que el principio de responsabilidad común por nuestro futuro -basado en un enfoque adaptado a las respectivas capacidades de los países- debería guiar a los futuros protocolos internacionales, fue compartida por todos los miembros.

Sumándose a la contribución hecha por la comisión, el consejo subrayó la necesidad del apoyo de los países del norte a los del sur a fin de financiar las medidas necesarias para su adaptación al cambio climático, al mismo tiempo que asegurar las transferencias de tecnología y ayudar a poner en práctica estrategias nacionales para un desarrollo bajo en carbono en los países en desarrollo. También se hizo destacar la importancia de reconciliar de manera equilibrada los aspectos económicos, sociales, medioambientales y culturales del desarrollo, adhiriendo al mismo tiempo al concepto de desarrollo sostenible.

Se reiteró el urgente llamamiento a actuar ahora, en el interés de todos, para lograr un mundo más justo, más equitativo y más respetuoso del medio ambiente, sin crear nuevas desigualdades debido a las esenciales preocupaciones medioambientales.

9. Comentarios finales

A lo largo de su trabajo, la comisión se benefició de la contribución y perspectivas de quienes participaron en sus trabajos, provenientes de países grandes y pequeños, desarrollados y en desarrollo, ayudando a construir puentes y a establecer un entendimiento para la cooperación norte-Sur, crucial para lograr una respuesta global e integral al calentamiento global y al cambio climático. Como lo declaró la comisión en su primera reunión en Londres, es una responsabilidad común que debe estar basada en un ``activa solidaridad entre países ricos y pobres'' y en ``un nuevo espíritu de diálogo norte-sur''.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le agradezco mucho, diputado. Tiene la palabra el diputado Agustín Torres Ibarrola, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado Agustín Torres Ibarrola: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, vengo a plantear un asunto de la mayor relevancia para el futuro de nuestro país y de nuestro planeta.

¿Qué significa Copenhague? ¿Qué es lo que vamos a ir a discutir como país y como legisladores a esa cumbre tan importante? Significa poder demostrar la capacidad de la humanidad para gobernar al mundo; significa poder cumplir los compromisos que tenemos con el futuro.

Si alcanzamos los acuerdos necesarios en Copenhague vamos a lograr evitar que la temperatura mundial aumente dos grados; vamos a evitar llegar a las 450 partes por millón en la atmósfera.

Voy a hacer una analogía de la importancia de esos dos grados centígrados en la temperatura promedio del planeta. Nuestro cuerpo tiene una temperatura promedio de 37 grados. Quizá nos suene poco llegar a los 39, pero a esa temperatura estamos ya con una fiebre muy complicada. De eso se trata Copenhague, de evitar como país, de evitar como planeta esa crisis que nos compromete en el futuro y que compromete el futuro de nuestros hijos.

México llega a esa cumbre con avances importantes, con un liderazgo como país. Vamos a presentar el nuevo inventario de emisiones de 2006, vamos a ser el primer país que presente la Cuarta Comunicación Nacional y, además, vamos con una propuesta innovadora que al día de hoy ya es un éxito y que es el Fondo Verde.

Pero la pregunta de fondo, el tema que les quiero dejar hoy, señoras diputadas y señores diputados, es ¿cuál es la agenda después de Copenhague? ¿Qué vamos a hacer en esta legislatura una vez agotada esta cumbre tan importante?

Hay muchísimos temas. En primer lugar, debemos tener la capacidad, como legislatura, de crear una ley general de cambio climático, una ley que defina cuál es la política de Estado frente a este problema que no solamente implica al ambiente; es un tema de seguridad nacional, es un tema de nuestros recursos hidráulicos, es un tema que tiene que ver con la salud de los mexicanos y es un tema que debe tener una política de Estado que estamos obligados a generar a través de una ley general, que vincule no solamente a la federación, sino también que distribuya responsabilidades y facultades entre los estados y los municipios.

Debemos hacer algunas reformas estructurales que también nos van a permitir enfrentar el cambio climático, como es la reforma constitucional que permita la reelección consecutiva de presidentes municipales y de legisladores. Solamente con proyectos a largo plazo, como el ordenamiento territorial y de transporte, que solamente pueden ser planeados en horizontes de 6, de 12, de 18 años, vamos a poder combatir de manera eficiente el cambio climático.

Hay muchas cosas por hacer, pero les quiero dejar estas reflexiones. Tenemos que fortalecer las áreas naturales protegidas en nuestro país; debemos destinar más recursos a las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre. Y ése es el reto que tenemos como país.

Es muy importante Copenhague. Ojalá vayamos a hacer un papel digno como país. Estoy seguro de que lo vamos a lograr, pero el reto está en esta Cámara: cómo procesamos lo que se derive de esa cumbre tan importante. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Torres Ibarrola. Tiene la palabra el diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado Francisco Alberto Jiménez Merino: Con su permiso, señor presidente. Estimados diputados y diputadas, a la pobreza, a la desnutrición, a la falta de agua, hoy tenemos que agregarle también los efectos del cambio climático. La temperatura de la tierra se ha incrementado peligrosamente en los últimos años, está llegando ya a 2 grados más de la temperatura promedio.

Es así que el reto más importante de los líderes mundiales, de todos quienes tenemos responsabilidades locales y nacionales, es detener el incremento de la temperatura en 2 grados, que no se siga elevando porque los efectos son devastadores.

Desde la Revolución Industrial se han venido creando capas cada vez más gruesas de gases que provocan ese efecto invernadero; ingresan los rayos solares, se transforman en calor cerca de la tierra, y ya no puede salir ese calor. Eso es lo que ha venido alterando el ambiente.

Muchos huracanes y ciclones hemos vivido; muchos han afectado a millones de personas, a miles en nuestro país. Se nos han agotado las letras del alfabeto para irles poniendo nombre y tenemos que utilizar el alfabeto griego. Las sequías han sido cada vez más intensas. No se había vivido una sequía como la de 2009.

Más de 400 mil hectáreas afectadas; encarecerán los granos, escasearán los alimentos y las indemnizaciones son millonarias para el gobierno federal y para los gobiernos estatales; heladas fuera de tiempo, el deshielo de los polos amenaza con inundar los países y las comunidades que están cerca del nivel del mar.

El cambio climático es una realidad; dejó de ser un cuento, y por ello es urgente promover el uso de energías alternativas, aprovechar la energía solar para producir electricidad, por ejemplo; aprovechar la energía del viento en aquellas regiones donde esto es posible.

Así también transformar los desechos de mercados, la basura, las excretas de los animales en biogases como el metano, que es, por cierto, 21 veces más contaminante que el bióxido de carbono. Impulsar programas agresivos de reforestación con especies tan eficientes como el bambú, que fija cuatro veces más bióxido de carbono y que es la planta más eficiente conocida hoy.

Impulsar el aprovechamiento de biocombustibles, el etanol de la caña de azúcar, el biodiesel de la palma africana o del piñón mexicano. Urge un plan de producción con un orden lógico. Formar los recursos humanos, producir la semilla, establecer las plantaciones, instalar las industrias, hacer las transformaciones de los motores, convenir con la industria automotriz, crear el marco legal con plazos y compromisos finitos.

Necesitamos aplicar medidas más estrictas. Necesitamos un mayor compromiso de toda la sociedad. El cambio climático es también una oportunidad para impulsar el desa-rrollo del campo, elevando la rentabilidad de sectores que hoy no la tienen, y generar soluciones que aseguren la viabilidad de las futuras generaciones. Éste es uno de los compromisos del PRI. Muchas gracias. Buenas tardes.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado Jiménez Merino. Tiene la palabra el señor diputado César Daniel González Madruga, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado César Daniel González Madruga: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el cambio climático no es más una circunstancia futura a evitar. No es ya un fenómeno que podamos prevenir para evitar problemáticas futuras, sino que es un enorme reto que está modificando en este momento las condiciones naturales de equilibrio en nuestro planeta.

Hace 10 años, cuando se suscribieron los tratados de Kyoto, aún podíamos hablar de cómo frenar el cambio climático, y los esfuerzos necesarios por realizar no se atendieron. Ahora, ya no podemos frenar el cambio climático. Prueba de ello es que el planeta se encuentra ya un grado más caliente. Ahora debemos focalizar nuestros esfuerzos en mitigar y adaptarnos a un clima mucho más hostil para la vida del planeta.

El tema no es un tema de moda, tampoco es un proyecto que debamos tomar a la ligera. Las consecuencias del cambio climático son y pueden ser mucho más graves para un país como el nuestro que para la mayoría de los países del mundo, dada nuestra ubicación geográfica.

Es importante dejar claro que, de no hacer algo al respecto, podremos estar ante la mayor crisis sufrida de nuestro país. Los cambios que tenemos que impulsar, en su mayoría factibles, implican el compromiso de los gobiernos en todos los niveles, así como el de las empresas, organizaciones, instituciones y, de manera particular, el cambio en la conciencia de todos y cada uno de nosotros.

Implica, en primera instancia, regular e incentivar a las empresas para producir de manera sustentable y amigable con el ambiente. Y debemos ser capaces de legislar sin frenar la producción.

Sé que podemos encontrar esquemas para disminuir los gases contaminantes producidos en nuestro país sin afectar severamente la producción de bienes y servicios. Debemos también impulsar el consumo de energías de iguales características en todas las áreas de gobierno de nuestro país, modificar la manera en la que concebimos todas nuestras actividades con el fin de hacer un uso eficiente de los recursos materiales y energéticos en toda nuestra actividad cotidiana, desde los focos que usamos en nuestras oficinas, todos nuestros vasos de unicel que tardan años en desintegrarse naturalmente en los basureros, hasta el uso de los grandes vehículos para transportarnos, entre otros.

Manejar los recursos de manera sustentable no sólo presenta beneficios en el ambiente, sino también en nuestro bolsillo y en el bolsillo de los ciudadanos a los que representamos, que podrán ver los beneficios desde algo tan sencillo como el ahorro de luz en las dependencias públicas, hasta un ahorro propio en sus hogares si cambiamos los focos tradicionales por focos ahorradores. El reto mayor está en el cambio de nuestros hábitos, que sólo puede llegar en nuestras propias perspectivas respecto del ambiente.

De acuerdo con un estudio de la Organización Especializada en Cambio Climático 350, en México la población considera como numero 14 el tema de cambio climático, entre los temas prioritarios en la vida pública, mientras que en países como Canadá el mismo tema ocupa el lugar número 12 en las prioridades de la vida pública de la nación, aun cuando México se verá mucho más afectado, pues nuestro desierto sufriría una expansión hasta la zona de la Ciudad de México, y estados como Tabasco y Veracruz sufrirán severas inundaciones e incluso corren el riesgo de desaparecer.

Las corrientes científicas que han hecho proyecciones en la materia han encontrado consensos; en las corrientes más optimistas de escenarios futuros, la catástrofe ambiental, llegará a tener lugar en 2040, mientras que las más pesimistas lo pronostican para 2015. En cualquiera de los escenarios planteados, la problemática es preocupantemente próxima.

Varios de estos efectos los podemos observar y experimentar en la propagación de plagas como el mosquito del dengue, que se presenta ahora no sólo en zonas costeras, sino también llega a ciudades de clima más templado y de carácter urbano, como León y Guadalajara.

Ello requiere una serie de acciones intensivas y profundas en materia educativa, energética, laboral, fiscal, turística y prácticamente en cada ámbito de la esfera pública; y de manera específica en materia ambiental.

Ha habido esfuerzos notables en materia de este tema, como los que presentó la diputada Díaz de Rivera; a pesar de ello, no existe aún legislación alguna que atienda específica, clara y efectivamente la problemática de cambio climático.

En Acción Nacional nos inclinamos por una legislación transversal, que incluya todas las áreas y sectores que necesiten ser involucrados, pero que también incluya todos los niveles de gobierno. Invertir tiempo y recursos en la materia nos ahorrará múltiples problemas y recursos en el corto y largo plazo.

El tema es prioritario y urgente, no puede esperar nuestros tiempos políticos ni los trámites burocráticos. México simplemente no soportaría todos los estragos provocados por el cambio climático, necesitamos ya implementar los cambios urgentes. De nuestra actuación dependen la población de nuestro país y las futuras generaciones de mexicanos.

En Acción Nacional estamos decididos a trascender, a pasar a la historia como la generación que supo frenar y prevenir la catástrofe ambiental. Tenemos la gran oportunidad de hacerlo, comprometámonos ya a cambiar la historia. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado González Madruga.

Señoras y señores diputados, ha concluido el tema relacionado con el cambio climático. Han hecho uso de la palabra todos aquellos compañeros diputados y aquellas compañeras diputadas que desearon hacerlo en este tema. Pasamos al siguiente punto del orden del día.

MARIA DEL SOCORRO VICENTE GONZALEZ

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pero antes deseo participarles a todos ustedes, la Mesa Directiva participa a la asamblea el fallecimiento de la señora María del Socorro Vicente González, quien fuera madre de nuestra compañera, la diputada Mercedes Guillén Vicente. Le deseamos una pronta resignación y la acompañamos en este momento.

ESTADO DE SINALOA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Iniciamos el tema correspondiente al conflicto de cribadores de la región del Évora, en Mocorito, Sinaloa. Tiene la palabra el diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina, del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos.

El diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el río Évora, uno de los 11 ríos de la geografía sinaloense, que nace en la sierra de Los Parra, en Mocorito, situado en el noroeste del país y uno de los 18 municipios de Sinaloa, baña con sus aguas a tres municipios; el primero de ellos el ya mencionado y los otros, los municipios de Salvador Alvarado y Angostura.

Estas dos últimas demarcaciones, al construirse la presa Eustaquio Buelna, quedaron aguas abajo de la citada obra hidráulica, no así el municipio de Mocorito, por donde se siguen recibiendo avenidas de este milenario río.

Consecuencia de ello ha sido que en las riberas del río Évora, durante alrededor de 25 años se han establecido empresas dedicadas a la extracción de material pétreo, que es aprovechado por la industria de la construcción.

Las concesiones para la instalación de estas cribadoras han sido otorgadas por la dependencia correspondiente en el ramo, la Comisión Nacional del Agua, una vez que la secretaría encargada de revisar el impacto ambiental, Semarnat, entregó el visto bueno en aquellos años.

Sin embargo, al paso del tiempo esta situación generó un desorden ecológico al destruirse prácticamente la alameda y el secamiento de la vegetación riparia arbolada existente hasta hace unos años en las riberas del río Évora, en el tramo ubicado en la cabecera municipal de Mocorito, y la disminución de los mantos freáticos con los cuales se surte agua, tanto para el consumo humano, como para el riego de las parcelas agrícolas ubicadas en las zonas aledañas del río citado.

Ante esta situación, los mocoritenses desde hace tiempo pugnamos porque las dependencias federales, Conagua y Semarnat, reubiquen las empresas cribadoras en áreas donde dejen de ocasionar daños al entorno ecológico.

Hace aproximadamente 20 días las autoridades del municipio de Mocorito, conjuntamente con la sociedad civil, y después de utilizar recursos legales y solicitar en diversas ocasiones la intervención de las autoridades, como recurso extremo bloquearon la salida de los camiones que transportan el material pétreo por la carretera Mocorito-Guamúchil.

Esta situación ha generado que ayer y hoy los transportistas, en un número indeterminado, bloquean de manera total la citada carretera dejando aisladas entrada y salida a los habitantes del municipio de Mocorito, con el consiguiente daño ocasionado a toda la actividad agrícola, comercial, de servicios y, en general de quienes debemos trasladarnos a otros espacios en el estado de Sinaloa y en México entero.

Se entiende que la situación al conflicto no es tarea fácil, ya que los transportistas y cribadores reclaman la necesidad que ellos tienen de seguir trabajando para lograr el sustento de sus familias. Los mocoritenses, en general, por otro lado, reclamamos que deje de dañarse la ecología y que en un futuro nuestros hijos puedan disfrutar de un de-sarrollo ecológico sustentable; y lo que es más urgente aún, el poder seguir conservando el agua, elemento vital para los humanos.

Por todas las consideraciones anteriores, solicito, con carácter de urgente, la intervención inmediata de las dependencias Conagua y Semarnat, tanto a nivel local como a nivel central, a efecto de que se logre una solución inmediata al conflicto que anteriormente he relatado.

Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias a usted, diputado Robles Medina. Tiene la palabra el diputado Óscar Lara Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado Óscar Lara Salazar: Con su permiso, señor presidente. Voy a iniciar haciendo una parodia de un aforismo que ya aquí decían: Dios nos dio el río para todos los yaquis, no un pedazo de río para cada uno.

Creo que el río Évora, el de la problemática que estamos tratando del municipio de Mocorito, Sinaloa, debe ser para todos los habitantes de la región, y no un pedazo de río para algunos cribadores; pero aquí lo más grave, señores diputados, es que vamos a un conflicto que tiene atisbo de violencia.

La concesión que la Comisión Nacional del Agua diera a estos cribadores está presentando dos situaciones muy graves: una, que se está cometiendo un ecocidio sobre una reserva ecológica que es muy importante para este municipio y para la región centro de Sinaloa; y dos, todavía más grave o tanto como la primera, que la sobreexplotación afecta de manera tal los mantos freáticos, que ha provocado el desabasto de agua para esta municipalidad y para las comunidades circunvecinas.

Hay un estudio técnico-científico de la Universidad Autónoma de Sinaloa que se remitió a la Semarnat, donde revela la gravedad de este problema y propone la remoción inmediata de los concesionarios a otro lugar del mismo río. Semarnat remite este estudio a la Comisión Nacional del Agua, a la delegación en Sinaloa, para que tome las medidas pertinentes. En este marco y en esta problemática, compañeros diputados, con la Comisión de Recursos Hidráulicos estamos empujando que se canalicen 20 millones de pesos para restituir parte de esta reserva ecológica.

Pero aquí se presenta una situación por demás grave, que nos parece que hay que ponerle inmediata atención. Los señores cribadores han manifestado su disposición a cambiarse a otro lugar, aguas arriba de este mismo río, para desempeñar su trabajo; con lo que no estamos en contra.

Sin embargo, el delegado de la Conagua en Sinaloa, Jorge Miguel Ramírez Pérez, ha asumido una actitud arbitraria e insensible y así lo ha manifestado frente a las autoridades municipales, a los representativos de la municipalidad de Mocorito. Se niega a actuar y, de manera sospechosa, se empeña en que continúen explotando la concesión en ese lugar en perjuicio de este pueblo.

Es tan sospechosa la actitud, reitero, pues los mismos concesionarios han manifestado su disposición. El presidente municipal nos ha manifestado que se tiene información extraoficial de que lo que sucede es que se han dado otras concesiones río arriba y, por ello, no tienen entonces dónde reubicar a estos concesionarios que ya tienen tiempo trabajando.

Por ello, amigas y amigos, la bancada del PRI, sobre todo los diputados de Sinaloa, exigimos que la instancia federal Conagua y su director, José Luis Luege Tamargo, apliquen la ley. Se investigue al delegado de la Conagua en Sinaloa y se atienda la exigencia del pueblo de Mocorito. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Lara Salazar. Ha concluido la lista de oradores inscritos en el tema del conflicto de cribadores en la región del Évora en Mocorito, Sinaloa.

DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pasamos al siguiente punto de la agenda política que es comentarios relativos al 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el Sida ---sí, diputado Encinas---, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quien tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos.

La diputada Leticia Quezada Contreras (desde la curul): ¿Puede posponerse para la otra sesión?

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Porque tenemos inscritos ya otros oradores de otros grupos parlamentarios.

Tiene el uso de la palabra la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía , del Grupo Parlamentario de Convergencia.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Con su permiso, señor presidente. Señores diputados, señoras diputadas, este 1 de diciembre conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Las personas que en todo el mundo hoy unen esfuerzos para generar mayor conciencia de lo que representa el VIH/Sida muestran la solidaridad internacional ante esta pandemia.

Este día es una oportunidad para dar a conocer la situación e impulsar programas para lograr avances en materia de prevención, tratamiento y atención para las personas afectadas en todos los países con elevada prevalencia y en el resto del mundo.

Según cifras de 2008 publicadas por la Organización Mundial de la Salud, hay actualmente 33.4 millones de afectados de VIH. Se estima que este año resultaron infectados por el virus 2 millones 700 mil personas y 2 millones fallecieron por este mal.

Desde 1981 en que se descubrió el primer caso de infección de VIH/Sida, unos 60 millones de personas infectadas han muerto. ONUSIDA informa que, a escala mundial, menos de una persona de cada cinco en riesgo de infección por el VIH tiene acceso a los servicios preventivos básicos de salud. A mediados de 2006 sólo 24 por ciento de las personas que necesitaban tratamiento tenían acceso al mismo.

Después del compromiso contraído por el G-8 y posteriormente por los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre mundial de las Naciones Unidas, de la secretaría del ONUSIDA, junto con sus asociados, han iniciado consultas a fin de definir el concepto de acceso universal a la prevención del tratamiento y atención del VIH/Sida para 2010, así como para el marco que haga posible esta regulación.

La campaña mundial contra el Sida ha sido conocida por jugar un rol de partido y también con la sociedad civil apoyado por movimientos sociales relacionados con este mal, para presionar que se mantengan las promesas hechas.

Las alianzas con las sociedades y con otros grupos son claves para el éxito de este gran esfuerzo, para lograr asegurar a la comunidad el cumplimiento de estas promesas para combatir este galopante mal.

Para lograr esta estrategia, la campaña mundial ha enfocado sus esfuerzos a tareas prioritarias como apoyar a los defensores nacionales de la campaña contra el Sida, fortalecer las redes de la comunidad en sus campañas, proporcionar acceso a los recursos para facilitar sus esfuerzos de campaña.

A pesar de esos esfuerzos realizados por detener esta pandemia en México, durante los últimos años casos nuevos registrados se han incrementado, siendo la transmisión sexual el principal tipo de contagio, y ha disminuido en otros aspectos sensiblemente.

Sin embargo, la transmisión por contaminación sanguínea ha tenido un incremento; asimismo las principales líneas de prevención en nuestro país para lograr el análisis de ciento por ciento de la sangre donada, con el propósito de asegurar las transfusiones realizadas. Es importante no perder de vista este rubro y estar atendiéndolo y monitoreándolo minuciosamente.

En cuanto a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, de acuerdo con el Censida, se han integrado en los diversos programas, programas de condones, así también como la inversión para propiciar el acceso a la información y el tratamiento antirretroviral.

El Censida, en un grupo de población de 30 a 44 años y mujeres, ha seguido a la población y ha visto que 33.6 por ciento de mujeres está contagiado. Para el Grupo Parlamentario de Convergencia estas cifras no deben quedar ahí, ya que podemos hacer más para poder prevenir y evitar que se siga propagando este síndrome y así erradicar este mal.

Diputados y diputadas, es muy importante cerrar filas para atacar este mal, generando y apoyando una gran campaña para prevenir esta enfermedad; diseñada de tal forma que sea desde los centros escolares, en todos los niveles, públicos y privados, en una sola acción, incluyendo la educación media y superior, incorporando y difundiendo todos los acuerdos suscritos por México y por la Organización Mundial de la Salud. Es tiempo de actuar. No podemos permitir que siga creciendo este mal. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Ochoa Mejía. Tiene la palabra la diputada Paz Gutiérrez Cortina, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

La diputada Paz Gutiérrez Cortina: Con su venia, señor presidente. Hoy que conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra el Sida es importante reflexionar el curso que ha seguido esta pandemia y la necesidad de un posible cambio de estrategia para detenerla.

Actualmente, en el mundo hay 36 millones de personas infectadas con el VIH, lo que representa que diariamente más de 15 personas adquieren o contraen el virus. A la fecha se han registrado más de 18 millones de muertes, lo que equivale a 10 decesos por minuto en el mundo. En México los seropositivos suman ya 150 mil personas, que oscilan en edades de entre 15 y 49 años.

A pesar de los grandes esfuerzos realizados, nacionales e internacionales, para que los infectados por el virus de VIH no sean discriminados social, laboral, económica y hasta políticamente, y para procurar una atención óptima dentro del sector salud, para la atención de los pacientes, a partir de que se contrae la enfermedad el proyecto de cada vida se ve drásticamente afectado, para terminar, seguramente, con la muerte. Lo más preocupante es que la edad susceptible de contraer el virus oscila entre los 10 y los 24 años, siendo nuestros jóvenes y nuestros niños quienes resultan los más vulnerables.

Siendo la transmisión sexual, como bien dijo la diputada que me precedió, el principal medio de contacto, 90 por ciento de los padres ya se han manifestado porque sus hijos retrasen las relaciones sexuales y confían en que la educación sexual reforzará este mensaje. Sin embargo, no es así, por lo que es urgente la instrumentación de medidas educativas y de formación que permitan que los jóvenes tengan una información completa de acuerdo con su derecho, fomentando la cultura de la prevención, que es la única ciento por ciento segura para evitar el contagio.

La mayoría de los manuales sobre educación sexual omiten un dato importante, como lo es la mayor vulnerabilidad biológica de los jóvenes a las enfermedades de transmisión sexual, y tampoco advierten sobre las fallas del condón. No hace falta repetir que se trata de una información de vida o muerte a la que tienen derecho. Ocultar estas cosas es el colmo de la irresponsabilidad.

Soslayando el derecho a la información sobre prácticas de riesgo se limitan a repetir que la adolescencia es el tiempo idóneo para explorar nuevas prácticas sexuales o que los niños tienen derecho a expresar su sexualidad, en cualquiera de las formas que se les ocurra.

Para maximizar las posibilidades de éxito en la prevención de estas actitudes de riesgo promoviendo un ejercicio responsable de la sexualidad, deberíamos intentar actuar en un doble plano: la formación a nivel educativo que involucre a profesores, a padres de familia, así como a los propios adolescentes, y la creación de un clima social favorable en el cual tendrían que cooperar medios de comunicación, agentes sociales con el apoyo político e institucional.

Respecto del clima favorable cara a cara con los adolescentes, tanto en la escuela como en la familia, parece básico señalar que sólo una educación integral en valores puede aportar el marco apropiado para que se comprendan conceptos como la lealtad en las relaciones de pareja, el respeto hacia la otra persona, el autodominio en el control de la afectividad, la aceptación del compromiso como un valor positivo o la apertura hacia una posibilidad de una futura relación comprometida y estable.

Resulta imprescindible fomentar la madurez afectiva del adolescente para prevenir que las primeras relaciones sexuales obedezcan a presiones del grupo que les rodea para seguir una moda más o menos impuesta, pero no deseada, o como consecuencia de situaciones de alcoholismo o consumo de drogas de fin de semana.

Este último tipo de relaciones compulsivas, precipitadas, no reflexionadas, son las que pueden con mayor facilidad dejar secuelas psicológicas, dar lugar a embarazos no deseados o también engrosar el número de enfermos de Sida.

Esta visión integradora de la sexualidad debe ser respaldada por la sociedad para no crear un clima de esquizofrenia entre las enseñanzas recibidas en el entorno familiar del adolescente y lo que se percibe a través de otras fuentes de información.

De esto se deriva una gran responsabilidad para los poderes públicos que puedan propiciar un clima favorable para un ejercicio responsable de la sexualidad o favorecer que se considere como una simple actividad irresponsable. El diseño de campañas de salud sexual donde se recuerde a los adolescentes que las relaciones no son un juego puede favorecer la aceptación de normas de autocontrol por parte de los jóvenes, al crearse un clima favorable para ello, del mismo modo que se ha propuesto en relación con el abandono del tabaquismo o del consumo de drogas.

Mientras no se considere el aspecto educativo y formativo en el ejercicio de la sexualidad será difícil frenar esta pandemia que amenaza con destruir la vida de millones de niños y de jóvenes. Incluso hay que privilegiarlo como un medio idóneo para solucionar los problemas humanos en su totalidad. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Gutiérrez Cortina. Tiene la palabra el diputado Antonio Benítez Lucho, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado Antonio Benítez Lucho: Con su permiso, señor presidente. Señoras diputadas, señores diputados, la iniciativa de dedicar un día a la lucha contra el Sida surgió durante la Cumbre Mundial de Ministerios de la Salud de 1988. La fecha 1 de diciembre se adopta en conmemoración del primer caso propiamente diagnosticado como síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida, en 1981.

El tema de este año y desde 2005 es detener el Sida; mantener la promesa. Esta fecha se dedica a conocer los avances contra la pandemia y alertar sobre las acciones que deben emprenderse para combatirla.

Tenemos presente que en septiembre de 2010 la ONU revisará el avance en los Objetivos de Desarrollo del Milenio en una sesión de alto nivel, entre los cuales el combate al VIH/Sida ocupa el objetivo número seis, que abarca metas concretas: haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/Sida en 2015 y lograr para 2010 el acceso universal al tratamiento contra VIH/Sida para todas las personas que lo necesitan.

Son de llamar la atención los cambios en los patrones de transmisión del VIH/Sida y la consecuente modificación de las prevalencias de décadas anteriores. De acuerdo con el documento del VIH/Sida, en México, en 2009, de la Secretaría de Salud, la transmisión del VIH/Sida por vía sanguínea ha cesado; sin embargo, el número de casos de personas que viven con VIH/sida en usuarios de drogas inyectables ha aumentado, principalmente en la región norte del país.

En la población de hombres que tienen sexo con hombres se observa un descenso de la prevalencia, excepto en el grupo de hombres trabajadores sexuales, en el que existe un incremento.

Respecto de la población con prácticas heterosexuales se mantiene un crecimiento constante en el número de casos en mujeres, particularmente en las jóvenes, en las zonas rurales y en las comunidades indígenas.

De acuerdo con estimaciones realizadas por el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida (Censida), de manera conjunta con el ONUSIDA (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida), en México existen 220 mil personas adultas infectadas por el Sida, de las cuales 60 por ciento corresponde a hombres que tienen sexo con hombres, 23 por ciento a mujeres heterosexuales y 6 por ciento a clientes de trabajadoras sexuales, principalmente heterosexuales.

El 3.1 por ciento correspondió a trabajadoras sexuales y 2 por ciento a varones heterosexuales. Mientras que los usuarios de drogas inyectadas y las personas privadas de su libertad contribuyeron, cada uno, con 1.5 por ciento del total de personas que viven con VIH en México.

Un dato alarmante en México. 59 por ciento de las personas que se encuentran infectadas por el VIH no lo saben. Según estimaciones de organizaciones no gubernamentales, hay 130 mil personas que no han sido diagnosticadas en Latinoamérica; son personas que requieren tratamiento y no lo han recibido. Para 2015 serán 40 mil personas las que necesiten medicamentos.

Estas cifras nos hablan de la necesidad urgente de emprender acciones encaminadas a fortalecer la salud sexual y reproductiva, con medidas que contemplan no sólo los aspectos de la reproducción, como son las de atención materna-infantil o la prevención de embarazos no deseados; deben extenderse a prevenir eficazmente la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, con especial énfasis en el Sida y la hepatitis B.

Es necesaria una educación sexual, que forme e informe de manera suficiente, que ayude a derribar mitos y prejuicios, y que facilite a todos los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, a tomar decisiones responsables, especialmente sobre su vida sexual.

El Partido Revolucionario Institucional mantiene un compromiso con los derechos humanos de las personas portadoras del Sida; expresa su firme voluntad de aportar elementos de reflexión y acción que nos permitan abatir el estigma y la discriminación que sufren estas personas.

No podemos soslayar el hecho de que el perjuicio y el rechazo hacia las personas portadoras del Sida son todavía una realidad en nuestra sociedad. Aunque es alentadora la cifra en el mes pasado que presentó la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de que hay un descenso de 17 por ciento en contagio de Sida, a escala mundial. No podemos perder de vista el enorme riesgo para la salud pública que implica que un porcentaje superior a 50 por ciento de portadores de virus se mantenga sin diagnóstico ni tratamiento.

Sirva la ocasión para preguntarnos sobre el rumbo que debemos avanzar para trascender en el prejuicio y la ignorancia, para alcanzar los compromisos compartidos en los Objetivos del Milenio y sacar de la invisibilidad al porcentaje de personas que padecen el síndrome silencioso y solitario. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Leticia Quezada Contreras, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

La diputada Leticia Quezada Contreras: Gracias, señor diputado. 1 de diciembre: Día Mundial de la Lucha contra el Sida .

En días pasados el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/Sida (ONUSIDA) y la Organización Mundial de la Salud dieron a conocer el informe Situación de la epidemia de Sida 2009, en el cual detectan que más allá de la cumbre y el curso natural de la epidemia, los programas de prevención de VIH son los que están marcando la diferencia en el combate de la pandemia.

Según los últimos datos disponibles, actualmente el número total de personas que viven con el VIH es 33.4 millones y que, aunque en 2007 se infectaron 2 millones 700 mil personas, esta cifra representa un descenso de 17 por ciento en los últimos ocho años. Lamentablemente 2 millones de personas murieron por enfermedades relacionadas con el Sida en 2008.

Actualmente, por cada cinco personas que se infectan por el VIH en el mundo, sólo dos acceden al tratamiento. En este sentido, si se desea ver un cambio real en la vida, las aspiraciones y el futuro de las personas, es esencial que la respuesta al Sida sea frontal e integral.

Es urgente trabajar para poder controlar esta pandemia. El Sida avanza y evoluciona día a día; no así los programas de prevención, que no se adaptan a los cambios con la misma velocidad.

A escala mundial, los datos indican que hay pocos programas de prevención dirigidos a las personas mayores de 25 años, parejas casadas o en relaciones estables, viudos, viudas, mujeres y hombres divorciados, y que el financiamiento de los programas de prevención de la infección por el VIH figura entre los porcentajes más pequeños en los presupuestos asignados a la lucha contra el VIH/Sida de muchos países.

Es por ello, compañeras diputadas y compañeros diputados, que hoy me encuentro en esta tribuna para recordar que este tema es un pendiente en la agenda nacional, que no podemos ni debemos apartar la mirada de él, que hoy más que nunca debemos sumar esfuerzos para que exista aumento y se redireccionen las campañas de prevención del VIH, así como para que se incremente la cobertura de atención contra el VIH/Sida.

Trabajaremos en la creación de una legislación especial que atienda esta problemática, que no sea opresiva y que cuente con una perspectiva de derechos humanos. Reforcemos la inversión en nuestro país para aumentar el tratamiento al VIH/Sida, desde todos sus ángulos. Controlar la propagación del contagio del VIH, proporcionar la cobertura universal del tratamiento a las personas que viven con este problema, proporcionando así una mayor expectativa de vida, decorosa y digna, a quien padece esta enfermedad.

Abatir la discriminación y odio que sigue generándose por ignorancia contra este sector de la población y acabar con las muertes generadas por el Sida. Esto está en nuestras manos. No dejemos que se nos escape.

En el Distrito Federal es importante la construcción del hospital para prevenir el VIH/Sida en la delegación Iztapalapa. Éste cubrirá, junto con la Clínica de Especialidades Condesa, la atención y cobertura a un mayor número de personas que han sido infectadas.

Atentamente, Leticia Quezada. Palacio Legislativo de San Lázaro... Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Gabriela Cuevas Barrón, del Partido Acción Nacional, por cinco minutos.

La diputada Gabriela Cuevas Barrón: Con su venia, diputado presidente. Hoy, 1 de diciembre, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Esta lucha es de gran importancia para la humanidad, ya que involucra a hombres, mujeres, adolescentes y niños, sin distinción de clases sociales, edades y géneros.

Sabemos que aún no existe una vacuna contra el VIH-Sida y que se realizan grandes esfuerzos para encontrarla; sin embargo, la prevención es ahora nuestra mejor herramienta para evitar el contagio. México ha trabajado a favor de la prevención, el año pasado fuimos anfitriones de la Conferencia Internacional sobre Sida, en este mismo contexto se llevó a cabo la primera reunión de ministros de Salud y de Educación para detener el VIH en Latinoamérica y el Caribe, donde se firmó la Declaración Ministerial ``Prevenir con educación''.

También se celebró la V Reunión de la Coalición de Primeras Damas y Mujeres Líderes de América Latina sobre Mujer y Sida, en la que se firmó el pronunciamiento Mujer y Salud, para detener la feminización de la epidemia.

Es por lo anterior que debemos dar continuidad a estas declaratorias y pronunciamientos; no debemos claudicar esfuerzos en la prevención del VIH/Sida, ya que en México nacen al año más de 200 niños con VIH/Sida. Sin embargo, desde hace 15 años se puede prevenir este contagio madre-hijo mediante la prevención perinatal.

Según las estadísticas del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida (Censida), en México 21 mil 628 mujeres han sido notificadas con Sida, así como 102 mil 679 hombres. Por ello debemos impulsar el trabajo en materia de prevención mediante la educación, mejorando las campañas de información y prevención, e involucrando y haciendo corresponsables, tanto a la sociedad como a las autoridades, pero también tenemos que mejorar nuestro trabajo en este tema tan sensible.

Tenemos que destinar recursos a la investigación, a la prevención, detección y tratamiento. Debemos generar una mejor normatividad que proteja a quienes cada día son discriminados en su trabajo por haber sido contagiados y debemos brindar especial atención a las mujeres, a efecto de prevenir el contagio madre-hijo, pero también para cumplir con el compromiso de detener la feminización de esta cruel epidemia. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por su atención.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Oralia López Hernández, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

La diputada Oralia López Hernández: Gracias. Con su permiso, presidente. En México, al igual que en el resto de los países del mundo, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, Sida, se ha convertido en un problema prioritario de salud pública muy complejo, con múltiples repercusiones psicológicas, sociales, éticas, económicas y políticas, que rebasan el ámbito de la salud, que constituyen una amenaza para la seguridad nacional y para el desarrollo económico y social de las naciones.

A finales de 2009, el ONUSIDA estimó que a escala mundial existen 33.4 millones de personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana, de las cuales 31.3 millones son adultos; 15.7 millones corresponden al sexo femenino y 2.1 millones a menores de 15 años.

Cada día, 7 mil 400 personas se infectan por el virus de la inmunodeficiencia humana en todo el mundo; esto es, que 2.7 millones de personas contrajeron esta enfermedad en 2009.

Aproximadamente, 50 por ciento de las nuevas infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana se producen en jóvenes entre 10 y 24 años. Únicamente durante 2009 el Sida causó 2 millones de muertes. La región más afectada es África subsahariana, que concentra 67 por ciento de las infecciones de todo el mundo y en donde el Sida es responsable de una de cada cinco muertes, constituyendo la principal causa de mortalidad.

La segunda región en importancia es el sur-sureste de Asia con 13 por ciento de las personas infectadas; mientras que en tercer lugar aparece América Latina con 5 por ciento del total de personas que viven con el VIH en todo el planeta.

Estimaciones realizadas por el ONUSIDA indican que a escala mundial aproximadamente una de cada 12 personas adultas, de 15 a 49 años, vive con el VIH.

Entre 1990 y 1994 comenzaron a tomarse medidas de prevención propias; posteriormente se logró la inclusión de medicamentos antirretrovirales en el cuadro básico general y en 2001 se ha logrado el acceso universal a fármacos.

Entre las metas próximas, en el caso del VIH perinatal, se encuentra bajar la tasa de prevalencia de 0.6 por ciento y llegar a una cobertura total de ciento por ciento y un acceso universal al servicio médico garantizado en todas las entidades de este país.

Entre los retos que tenemos como mexicanos se encuentra que debemos buscar mayor atención en materia de lucha contra el Sida; que tenemos que buscar que la prevención, sobre todo en los sectores juveniles, sea mayor y que tengamos una mayor incorporación de las personas con el VIH a las tareas de prevención y una mayor visibilización de este fenómeno.

Además, ante el estigma y discriminación existentes dentro de la sociedad es necesario difundir una mayor cantidad de información que permita eliminar mitos que han surgido en torno a esta enfermedad y reducir las cifras que indican que más de 50 por ciento de la población juvenil debe tener esta prevención oportuna, debe tener esa posibilidad de una convivencia sana con la sociedad y una aceptación en todos los medios.

Si bien se han logrado avances en la materia, aún se requieren mayores esfuerzos para que decenas de personas que tienen esta enfermedad puedan ser aceptadas libremente y que tanto las organizaciones de la sociedad civil como las instituciones que existen en nuestro país tengamos por lema: ``Ni una muerte más por el Sida''. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. El diputado Gerardo Fernández Noroña ha cedido su espacio, no participa. Se le concede el uso de la palabra al diputado Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado Javier Corral Jurado: Señor presidente Ramírez Acuña, señor vicepresidente Solís Acero, señores coordinadores, don Francisco Rojas, Alejandro Encinas. Honorable Cámara de las curules vacías; grupo de diputados selecto de esta tarde, somos pocos pero selectos, porque nos interesa abordar desde distintos ángulos el tema de la pandemia del Sida.

He escuchado a varios de los oradores aquí mencionar cifras diversas. El acumulado de los 33 millones de personas que han muerto por el Sida en el mundo desde 1981 en que la enfermedad se detectó.

Se ha hablado aquí de cifras de la infección del VIH; hay dos datos escalofriantes de 2009: cada 13 segundos una nueva persona se infecta por el virus que causa el Sida y cada 15 segundos morirá una persona por causa del Sida.

El Sida es un problema de salud pública mundial y nacional. Hoy hay más de 33 millones de personas que viven con Sida en nuestro mundo; la mayoría de ellas sin saber que están infectadas, y ahí es donde está el problema fundamental al que el Estado mexicano tiene que referirse hoy y tenemos que dar una dimensión distinta a este día para que realmente no sea el día del sida, sino el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, e ir a la prevención, que es política de detección del Sida en México.

Las cifras oficiales muestran que se han documentado más de 30 mil casos de Sida en México; sin embargo, no es claro el número de personas en México que viven con el VIH y que no han tenido aún los síntomas del Sida.

Sabemos que tenemos el apoyo federal para otorgar gratuitamente los antirretrovirales a las personas con Sida, lo que sin duda ha mejorado muchísimo la supervivencia y la calidad de vida de los mexicanos afectados; sin embargo, hay evidencias convincentes de que el tratamiento se inicia tardíamente, cuando el virus ha destruido, muchas veces irreversiblemente, el sistema de defensa de la persona. Esto indica que los programas de detección temprana de la infección no son eficientes.

La pregunta que hoy nos tenemos que hacer surge en este punto: ¿cuántas personas que viven con VIH en México, aún sin saberlo, requieren el tratamiento antirretroviral? Es una pregunta, grupo selecto de diputados, que no tiene respuesta; es una pregunta que no tiene contestación, lo que es inaceptable, pues muchas vidas se salvarían si la infección es detectada tempranamente.

Un programa eficiente de detección de la infección por VIH evitaría la diseminación de la transmisión de la infección a otras personas. Un programa eficiente de detección evitaría también que los hospitales tuvieran que internar a las personas con Sida en México, como ocurre con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el instituto nacional de salud que hospitaliza la mayor cantidad de personas con Sida cada año, y donde ocurre, sí, la mayor cantidad de muertes por año, pues los enfermos que acuden ya van en una etapa avanzada de la enfermedad, debido en gran parte a deficientes programas de detección del virus en forma temprana. La mayoría de estos enfermos requieren de cuidados intensivos, un servicio clínico especial y de personal multidisciplinario y altamente calificado.

Por eso, me perece fundamental anunciar aquí que esta Cámara de Diputados, en una gestión extraordinaria, intensa e insistente del Grupo Parlamentario del PAN y de varios de sus miembros, logramos que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 se incorporara una cantidad importante de recursos para el desarrollo de la investigación de esta enfermedad en nuestro país, de este virus, canalizados a una de las mayores instituciones que ha generado investigación en materia de Sida en México, que es el Cieni (Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas), encabezado por uno de los grandes médicos de este país, que es Gustavo Reyes Terán. Uno de los grandes esfuerzos que se han realizado en torno de la investigación.

Si nosotros siguiéramos aplicando recursos a esta investigación. Si siguiéramos transfiriendo y trasladando recursos a una institución como el Cieni, dependiente del INER, estaríamos disminuyendo la alta mortalidad que aún se observa en el instituto nacional de salud, a pesar de ser el modelo de atención clínica y de investigación y enseñanza en VIH/Sida en México.

Concluyo, señor presidente. Este día, en el que se hacen señalamientos sobre cifras de muertes y de potenciales muertes en México, hay que convertirlo en una ocasión para incrementar las campañas de prevención.

Es fundamental que hagamos una promoción ejemplar de medidas de prevención, y acabar con la discriminación, la ignorancia y el prejuicio que sigue evitando el examen del Sida por relacionarlo sólo con el sexo de hombres con hombres, que es uno de los principales absurdos prejuicios que siguen generando una discriminación a la comunidad infectada.

Muchos jóvenes y niños de este país están infectados con el Sida. Por eso hoy es un día en que debemos recordarle a los médicos, a las instituciones que deben ya tomar la iniciativa y ofrecer a sus pacientes y a las personas que se rea-licen las pruebas de detección de VIH para obtener un diagnóstico temprano y ofrecer un tratamiento oportuno; pero también es hoy el día para recordar a los muertos por Sida en México.

Por los activistas que han muerto por VIH/Sida, y luchado y ayudado a conquistar los derechos de las personas que viven con VIH; por el activismo que permanece incorruptible en la lucha contra el Sida; por los millones de personas que ya no están por causa de esta pandemia también este día es día de recordación.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Fernández Noroña, dígame usted.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Sobre el mismo tema.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sobre el mismo tema, diputado, ah, pues, a ver, intervenga, por favor.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: La verdad es que, compañeros diputados, compañeras diputadas, en este pletórico salón de sesiones, quiero comentar. Yo ya había decidido no intervenir, porque me parece que las posiciones han sido muy claras y correctas, en términos generales, sobre la importancia de la lucha contra el Sida, que hoy se da una jornada mundial especial.

Me parece que es correcto plantear la importancia de esta enfermedad. Porque yo les pongo un ejemplo, nunca llegó a pandemia lo de la influenza. Nunca, cuando en la etapa más crítica andan con un desorden sobre el tema. Yo no sé en qué están ahora, pero sí vi a gente del Ejército repartiendo cubrebocas, y nunca los he visto repartiendo condones en las esquinas, a pesar de que el problema de salud pública que el Sida implica es mucho, pero mucho mayor: el número de muertos, el número de afectados, la gravedad del problema.

Y qué bueno que aquí todos coincidamos en el asunto de la prevención, en el asunto de la importancia de disponer recursos, en todas estas cosas.

Yo originalmente había solicitado la palabra, porque escuchando a la diputada Gutiérrez Cortina, que comparó al sexo con la adicción a las drogas y el tabaquismo, pues me pareció francamente un exceso, por decirlo suave.

O sea, me parece que está bien que haya una moral judeocristiana dominante, pero de ahí a que se le trate al sexo como adicción me parece un poco pasado el asunto. La verdad es que hay que superar esa visión culposa sobre el sexo que la visión judeocristiana impone, hay que darle, como dice la canción, ``gusto al gusto'' y vida al cuerpo, y hay que disfrutar la vida que es un regalo maravilloso. Y la parte del sexo es parte de esos regalos maravillosos de la vida. Vivirlo a plenitud sin problema ni complejo ni conflicto de tipo alguno.

Pero tampoco quise dejar pasarla, porque luego intervino la diputada Gabriela Cuevas bien, y dije ya, si la posición del PAN es en términos generales coincidente.

El diputado Corral. Yo suscribiría casi todo lo que dijo, excepto una cosa. Ahora que nos digan que al PAN es al que le debemos el presupuesto en la lucha contra el Sida me parece también un poquito excesivo, y no quise dejarlo pasar, la verdad sea dicha, porque me parece que, si además a sus electores les va a decir que les cobra más impuestos para financiar la lucha contra el Sida, es una ecuación complicada y que además no se la van a creer.

Me parece que es correcto el planteamiento general de la prevención, de la educación sexual, de la importancia de la información, del disfrute de la vida, de asumirla a plenitud y de que se destinen los recursos suficientes para un problema de salud pública que es ciertamente muy grave, porque como van las tendencias que están ---termino con ello---, con todos los asuntos de criminalizar la decisión de las mujeres sobre su cuerpo, faltaría que también en esta situación siguiera con una visión decimonónica atrasada sobre un problema de salud público tan fuerte como es el problema del Sida.

Así es que celebro las coincidencias, celebro las posiciones convergentes, la preocupación común por la salud de la población, y ojalá coincidamos no en los hechos, sino en el ejercicio cada quien de su vida, en la importancia del disfrute en todos los sentidos. La cultura del hedonismo debe estar más viva más que nunca y es una cultura responsable, es una cultura consecuente y es una cultura que deberíamos promover, sin duda, en cada uno de nuestros espacios. Muchas gracias, compañeros y compañeras diputados y diputadas.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Javier Corral.

El diputado Javier Corral Jurado: Ya nos vamos, Paco. Ya extrañaba a Noroña, en términos del debate y lo podemos dar incluso con una Cámara de Diputados, que hoy habla por su ausencia más que por su presencia, pero insisto en que las presencias son selectivas.

Ahora sí, para una rectificación de hechos, porque no dije que somos responsables del presupuesto para la lucha contra el Sida, que en México tiene varios instrumentos y partidas.

Lo que sí dije, y está aquí afortunadamente en mi descargo uno de los secretarios de la Comisión de Salud por parte del PRD, quien puede dar testimonio de que más allá de cualquier grupo parlamentario, varios insistimos en que a una institución como el Cieni no se le regatearan recursos que desde hace mucho tiempo viene pidiendo.

Creemos que la lucha contra el Sida debe tener también una vertiente muy importante en la investigación.

Decía Gabriela Cuevas hace un momento que el año pasado tuvimos la cumbre mundial sobre Sida y la verdad es que la ponencia o las ponencias de los investigadores mexicanos no desmerecieron en términos del avance científico de investigación sobre el virus.

Por eso creo, y por eso quise llamar la atención de esta Cámara de Diputados, porque es muy importante que ese programa frente al que se tuvo que luchar bastante para que se incorporara, sea una asignación permanente, porque no tiene sentido tomar incluso la tarde hablando de una pandemia como ésta si al principal programa de investigación del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, porque ahí se concentra ese centro de investigación, no se le asignan los recursos.

Más que una presunción, o tratar de llevar agua al molino, lo que yo quise destacar y señalar es que hay que dejar ese rubro ---lástima que no esté aquí Videgaray---, porque ese rubro es fundamental, va complementario a la lucha contra el Sida en materia de prevención.

¿Por qué? Porque las personas infectadas por Sida, cuando llegan a los centros hospitalarios, llegan ya mal, con problemas respiratorios, han perdido todo tipo de defensas y entonces requieren de cuidados especiales, de internación especial, de medicamentos especiales que incluso son, como todos sabemos, aún muy costosos.

El presupuesto al Cieni creo que honra a esta Cámara de Diputados en términos del esfuerzo plural que se hizo en la Comisión de Salud. Yo sí creo que en la Comisión de Salud hubo la sensibilidad para apoyar, para impulsar este presupuesto. ¿Saben de cuánto es?

La diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández (en la curul): Muy poco, casi nada...

El diputado Javier Corral Jurado: De 44.5 millones de pesos. Nada, bien lo dijo usted. Y están pendientes, Ifigenia, 43 millones de pesos para la consolidación de la modernización de la clínica del Cieni. Y si realmente el compromiso de esta Cámara es tal, y si realmente hay fondos generales de donde aún la Secretaría de Hacienda puede seguir disponiendo para terminar de hacer los ajustes necesarios, éste debiera ser uno de ellos. Lo digo sinceramente.

La pandemia del Sida es la que hoy por hoy causa más muertes en el mundo. No son ganas de pleitos, simplemente espíritu de aclaración para coincidir en una causa fundamental.

Y por supuesto, no sé si todos lo compartan dentro de mi grupo parlamentario, pero yo creo que el Estado laico, que laicidad viene de neutralidad positiva frente a las creencias religiosas, tiene que adoptar políticas públicas y de Estado en materia de prevención. Y el uso del condón es una de ellas. Y creo que el Estado tiene que promover el uso del condón frente a esta enfermedad.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, dígame usted.

ASISTENCIA

El diputado Miguel Ángel García Granados: Para dos favores. Uno, con base en el artículo 47, en razón de que tengo un pendiente, pido autorización para ausentarme. Dos, verificación de quórum, señor presidente. Me parece sinceramente grave que estemos un promedio de 40 diputados y la sesión continúe. Pero, repito, en principio, por respeto a los ordenamientos que le dan vida y gobernabilidad a esta Cámara, en razón de lo que establece el artículo 47, le pido autorización para ausentarme de la misma.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (16:58 horas): Con mucho gusto, diputado. Primero, tiene usted la autorización correspondiente y, segundo, es notoria la falta de quórum, por lo tanto levantamos la sesión. Muchas gracias. Se cita para el próximo jueves 3 de diciembre, a las 10 horas. El sistema electrónico estará abierto a partir de las 8: 30.

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RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 5 horas 43 minutos
• Quórum a la apertura de sesión: 292 diputados
• Asistencia al cierre de registro: 418 diputados
• Comisiones reglamentarias: 1
• Oradores que participaron: 83
PRI 29 PAN 22 PRD 19 PVEM 2 PT 8 NA 1 Conv. 2
• Se recibió o presentó:
• 1 invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno delDistrito Federala ceremonia cívica conmemorativa;
• 1 oficio de la Junta de Coordinación Políticacon el que comunica cambios en la integración de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea;
• 2 oficios de la Secretaría de Gobernacióncon el que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernacióncon el que remite informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro;
• 1 minuta para los efectos de la fracción D, artículo 72 constitucional
• 1 minuta para los efectos de la fracción E, artículo 72 constitucional
• 3 minutas con proyectos de decreto;
• 8 iniciativas del PRI;
• 3 iniciativas del PAN;
• 3 iniciativas del PRD;
• 2 iniciativas del PT;
• 1 iniciativa de Nueva Alianza;
• 1 iniciativa de Convergencia;
• 21 proposiciones con puntos de acuerdo;
• 3 excitativas a comisiones;
• 3 temas de agenda política

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Anaya Mota, Claudia Edith(PRD) Ley que crea el Sistema Nacional de Alerta Temprana sobre el Secuestro o Robo de Niñas y Niños en México: 75
• Aysa Bernat, José Antonio(PRI) Cambio climático: 225
• Bailey Elizondo, Eduardo Alonso(PRI) Ley de la Comisión Reguladora de Energía: 139
• Benítez Lucho, Antonio(PRI) Día Mundial de la Lucha contra el Sida: 251
• Benítez Treviño, Víctor Humberto(PRI) Ley General de Salud: 60
• Carabias Icaza, Alejandro(PVEM) Cambio climático: 223
• Cárdenas Gracia, Jaime Fernando(PT) Artículo 73 constitucional - Ley Reglamentaria de los Artículos 6 y 134 Constitucionales: 75
• Cárdenas Gracia, Jaime Fernando(PT) Artículos 73 y 99 constitucionales: 214
• Castilla Marroquín, Agustín Carlos(PAN) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 101
• Castillo Juárez, Laura Itzel(PRD) Orden del día: 15
• Castillo Juárez, Laura Itzel(PT) Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores: 221
• Castro Cosío, Víctor Manuel(PRD) Violencia contra las mujeres: 195
• Concha Arellano, Elpidio Desiderio(PRI) Ley General de la Infraestructura Física Educativa: 98, 101
• Corral Jurado, Javier(PAN) Día Mundial de la Lucha contra el Sida: 255, 257
• Cuevas Barrón, Gabriela(PAN) Día Mundial de la Lucha contra el Sida: 253
• Cuevas García, Juan José(PAN) Cambio climático: 224
• De la Torre Valdez, Yolanda (PRI) Ley que crea el Sistema Nacional de Alerta Temprana sobre el Secuestro o Robo de Niñas y Niños en México: 65, 75
• Díaz de Rivera Hernández, Augusta Valentina(PAN) Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía Eléctrica - Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos: 91
• Díaz Escárraga, Heliodoro Carlos(PRI) Artículo 115 constitucional: 144
• Escudero Morales, Pablo(PVEM) Cédula de Identidad Ciudadana: 168
• Fernández Noroña, José Gerardo Rodolfo(PT) Día Mundial de la Lucha contra el Sida: 256
• García Bringas, Leandro Rafael(PAN) Petróleos Mexicanos: 178
• García Granados, Miguel Ángel(PRI) Asistencia: 258
• Gertz Manero, Alejandro(Convergencia) Artículo 79 constitucional: 96
• Gil Zuarth, Roberto(PAN) Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica - Ley Federal de Protección al Consumidor: 40
• Gómez Caro, Clara(PRI) Estado de Jalisco: 159, 161
• González Hernández, Sergio(PAN) Estados de Puebla y de Tlaxcala: 172, 175
• González Ilescas, Jorge Venustiano(PRI) Líneas aéreas comerciales: 206
• González Madruga, César Daniel(PAN) Cambio climático: 246
• González Tostado, Janet Graciela(PRI) Estados de Puebla y de Tlaxcala: 175
• González Tostado, Janet Graciela(PRI) Sierra Negra: 181
• González Yáñez, Óscar(PT) Comisión Especial de análisis y estudios para la formación del estado 32, ``Del Valle de Anáhuac'': 156
• González Yáñez, Óscar(PT) Comisión Especial para la defensa de la economía popular: 157
• Gutiérrez Cortina, Paz(PAN) Día Mundial de la Lucha contra el Sida: 250
• Hernández Olmos, Paula Angélica(PRI) Fondo de Desastres Naturales: 162
• Herrera Chávez, Samuel(PRD) Ex trabajadores migratorios mexicanos: 203
• Ibarra Pedroza, Juan Enrique(PT) Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 119
• Jiménez Merino, Francisco Alberto(PRI) Cambio climático: 225
• Kahwagi Macari, Jorge Antonio(Nueva Alianza) Código Penal Federal: 87
• Lara Salazar, Óscar(PRI) Estado de Sinaloa: 248
• León Perea, José Luis Marcos(PRI) Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables: 121
• Leyva Hernández, Gerardo(PRD) Ley General de la Infraestructura Física Educativa: 101
• López Hernández, Oralia(PAN) Día Mundial de la Lucha contra el Sida: 254
• López Rabadán, Kenia(PAN) Violencia contra las mujeres: 190, 194
• Madrigal Díaz, César Octavio(PAN) Estado de Jalisco: 161
• Mendoza Arellano, Eduardo(PRD) Cambio climático: 222
• Novoa Mossberger, María Joann(PAN) Comisión Especial para impulsar la unificación del marco legal estatal en materia de adopción: 200
• Ochoa Mejía, María Teresa Rosaura(Convergencia) Día Mundial de la Lucha contra el Sida: 249
• Orozco , Rosi(PAN) Distrito Federal: 164
• Pérez Cuevas, Carlos Alberto(PAN) Violencia contra las mujeres: 195
• Quezada Contreras, Leticia(PRD) Artículo 4o. constitucional: 60
• Quezada Contreras, Leticia(PRD) Ley General para la Prevención, Atención Integral y Control del VIH/Sida: 110
• Quezada Contreras, Leticia(PRD) Día Mundial de la Lucha contra el Sida: 249, 252
• Quezada Contreras, Leticia(PRD) Virus influenza humana AH1N1: 154, 186, 196
• Quiñones Cornejo, María de la Paz(PAN) Estado de Quintana Roo: 184
• Ramírez Marín, Jorge Carlos(PRI) Cambio climático: 225
• Ramírez Marín, Jorge Carlos(PRI) Violencia contra las mujeres: 194, 195
• Robles Medina, Guadalupe Eduardo(PAN) Estado de Sinaloa: 248
• Rodríguez Martell, Domingo(PRD) Estado de San Luis Potosí: 175
• Salgado Romero, Cuauhtémoc(PRI) Estado de Guerrero: 198
• Santiago Ramírez César Augusto(PRI) Ley General de Salud: 50, 60
• Santiago Ramírez, César Augusto(PRI) Artículos 40, 108 y 130 constitucionales: 151
• Santiago Ramírez, César Augusto(PRI) Comisión Federal de Electricidad: 212
• Saracho Navarro, Francisco(PRI) Estado de Coahuila: 188
• Torres Abarca, Obdulia Magdalena(PRD) Avon Cosmetics: 209
• Torres Ibarrola, Agustín(PAN) Cambio climático: 245
• Vázquez Camacho, María Araceli(PRD) Código Penal Federal - Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos - Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: 130, 138
• Vázquez Góngora, Canek (PRI) Ley General de Población: 147