SUMARIO

---

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de la Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las señoras diputadas y de los señores diputados.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Se informa al diputado presidente, que existen registrados previamente 273 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (11:20 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa de lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa de lectura al orden del día. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa de lectura.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año de Ejercicio.--- LXI Legislatura.

Orden del día

Jueves 3 de diciembre de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos

Por el que se establecen las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados. (Votación)

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

Con el que remite el informe de avance del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, correspondiente al tercer trimestre de 2009.

Con el que remite el informe trimestral respecto de la operación y gestión de Petróleos Mexicanos.

Oficio de la Secretaría de Desarrollo Social

Por el que remite la Información y Criterios para determinar los beneficiarios de los Programas sujetos a reglas de operación del Ramo 20, ``Desarrollo Social para el Ejercicio Fiscal 2009''

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de octubre de 2009.

Iniciativas

Que reforma los artículos 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 47 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 36 y 36 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Óscar González Yáñez , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 71 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, a cargo de la diputada María Antonieta Pérez Reyes , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2, 3, 4, 8 y 15 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo de la diputada María del Pilar Torre Canales , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión).

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Francisco Rábago Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 25 y 29 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barrón , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Ramón Jiménez López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad y de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Francisco Ramos Montaño , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Ramón Jiménez López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 28 de La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Janet Graciela González Tostado , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios que promueva un amplio proceso de consultas y elaboración de propuestas con los gobiernos locales y actores económicos y sociales de la frontera norte del país, que permitan impulsar el fortalecimiento y desarrollo integral de la región fronteriza desde una perspectiva sustentable y con visión de largo plazo, a cargo de la diputada Laura Elena Ledesma Romo , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres a iniciar, en coordinación con el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de esta Soberanía y el Instituto Mexicano de la Juventud, el protocolo general nacional de atención de crisis vía telefónica, así como el estudio de factibilidad y la propuesta técnica de la creación de un número único nacional de tres dígitos para la atención de víctimas de la violencia contra las mujeres, a cargo de la diputada Kenia López Rabadán , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a Liconsa, a través de la Sedesol, para reorientar el Programa de Abasto Social de Leche subsidiada por el de leche fresca y suspender la rehidratación y abastecimiento de leche en polvo, a cargo del diputado Ricardo Sánchez Gálvez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a establecer horarios a programas televisivos que atentan contra la moral y los derechos de las niñas y los niños, a cargo de la diputada Blanca Estela Jiménez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la integración del Registro Nacional de Ciudadanos y la emisión de la Cédula de Identidad Ciudadana, a cargo del diputado Javier Corral Jurado , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de atención a los derechos de los deudores del Infonavit, a cargo del diputado Amador Monroy Estrada , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y al Congreso del estado a solicitar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco que someta a plebiscito la ejecución de la obra de la línea 2 del Macrobús que forma parte del Proyecto de Renovación y Movilidad Urbana del gobierno del dicha entidad, a cargo de la diputada Ana Esthela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Banco de México y a la Comisión Organizadora de los Festejos Patrios del 2010, respecto de la emisión conmemorativa de los billetes de cien pesos, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal el pago inmediato a los productores beneficiarios de los recursos radicados en los Fideicomisos Estatales de Fomento Agropecuario, estén o no correspondidos con la parte comprometida por los gobiernos de los estados, a cargo del diputado Cruz López Aguilar , y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que convoque a una reunión de dicho órgano de gobierno, a fin de que se determine el procedimiento para la discusión de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2007 y su inscripción en el orden del día, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Gobierno del Estado de Guerrero a construir un hospital de especialidades para la atención de las mujeres de la ciudad de Tlapa de Comonfort de la región de la montaña de dicha entidad, a cargo del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a remitir informes detallados de las inversiones realizadas por la CFE para la instalación de su red de fibra óptica y sobre las consideraciones técnicas y económicas que sustenten el número de pares de fibra óptica que deben comercializarse, así como los términos y plazos en que dicha entidad recuperará la inversión realizada, a cargo del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a emitir, a través de la Semarnat y de la Conagua, y a los Gobiernos de los Estados de Jalisco y de Michoacán, un convenio de actividades para la implementación total de los acuerdos conseguidos en el Plan Interestatal para la Sustentabilidad de la Cuenca del Lago de Chapala, a cargo del diputado Felipe de Jesús Rangel Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Guerrero y a la Procuraduría de Justicia de la entidad a respetar la libertad de expresión del director del periódico el Sur de Acapulco, a cargo de la diputada Florentina Rosario Morales , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a dar cabal cumplimiento a la legislación ambiental para la ejecución del proyecto de rehabilitación de las playas en Cancún, Quintana Roo, a cargo del diputado Rafael Pacchiano Alamán , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a Capufe a implantar las medidas necesarias para solucionar el problema por la demora en el cobro de las casetas de San Marcos y San Martín de la carretera México-Puebla, a cargo del diputado Juan Pablo Jiménez Concha , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Veracruz a instrumentar, en el ámbito de su competencia, las medidas necesarias para que el Fonden otorgue con prontitud el apoyo económico para restablecer los caminos afectados por el frente frío número 9 y la onda tropical 30 en las Choapas, Veracruz, a cargo del diputado Leandro Rafael García Bringas , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a incorporar en la agenda de la Comisión de Intermediación el tema de la contratación colectiva de las y los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y la vigencia del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la situación financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social, a cargo del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar las Reglas de Operación del Programa Especial Concurrente, al seno del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, con la finalidad de garantizar una mayor accesibilidad a los programas de combate a la pobreza, al desarrollo productivo, de capacidades y generación de empleos, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho , y suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a realizar, de conformidad con la legislación aplicable y en coordinación con las autoridades competentes, las acciones necesarias para la captura de los gases de efecto invernadero que se producen en el relleno sanitario Bordo Poniente y se canalicen a la generación de energía eléctrica para los servicios de la Ciudad de México, cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barrón , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a brindar a esta soberanía, por medio de la Secretaría de Salud, un informe sobre las medidas sanitarias que ha de implementar por el rebrote de dengue en nuestro país y a informar adecuadamente de ello a toda la población, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Conagua para que aclare todo lo relacionado con el proyecto de construcción de la presa El Zapotillo, en el estado de Jalisco, a cargo del diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a realizar las negociaciones necesarias con la empresa concesionaria de la autopista Manzanillo-Armería para lograr que se elimine la caseta de peaje de la autopista ubicada en el tramo Armería-Manzanillo, en apoyo a la economía y seguridad personal de quienes la utilizan, a cargo del diputado Carlos Cruz Mendoza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exige la destitución inmediata del ingeniero Alfredo Elías Ayub, director general de la CFE, y del ingeniero Rogelio Gasca Neri, consejero ciudadano de Pemex, por los actos de corrupción en los que se les relaciona durante sus administraciones al frente de la CFE, a cargo del diputado Arturo Santana Alfaro , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a las comisiones ordinarias que, al dictaminar las iniciativas que les hayan turnado, incluyan todas las propuestas de cada legislador, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar las políticas públicas conducentes a fin de establecer la homologación de cargadores en teléfonos celulares en beneficio del medio ambiente y de la economía, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea una Comisión Especial a fin de investigar las presuntas irregularidades en la compra de 933 hectáreas a ejidatarios por parte del gobierno de Guanajuato que iban a ser destinadas a la construcción de la refinería Bicentenario, a cargo de la diputada Yulma Rocha Aguilar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implementar, a través de la SHCP, de la SE, de la Sener, de la Sedesol y de la CFE, un programa integral para que las madres solteras, separadas o viudas y adultos mayores de 70 años o más no paguen energía eléctrica, a cargo del diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar prioritaria la aplicación de la vacuna contra la influenza AH1N1 para los maestros de las instituciones educativas oficiales y de la iniciativa privada, debido a que es un sector social de alto riesgo en permanente contacto con toda la población estudiantil del país, a cargo del diputado Héctor Hernández Silva , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, a la Junta de Gobierno de la CFE y a la SHCP que reclasifiquen y autoricen la reducción de las tarifas eléctricas que se aplican en el estado de Campeche, una vez que conforme a derecho se hayan llevado a cabo los estudios pertinentes que justifican la viabilidad y factibilidad técnica, económica y social de esta propuesta, a cargo del diputado Óscar Román Rosas González , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Pleno de esta LXI Legislatura que haga un atento llamado a la CNDH para que investigue la situación de la señora Irma Crecencia Díaz Gómez, quien se encuentra recluida en el Cereso número 1 de la ciudad de Hermosillo, Sonora, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez , y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se condena el clima de inseguridad que ha obligado a diversos empresarios del estado de Nuevo León a abandonar el país, a cargo del diputado Guillermo Cueva Sada , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México a diseñar y ejecutar acciones y políticas efectivas para erradicar y sancionar el alto índice de feminicidios y delitos cometidos contra mujeres en municipios de dicha entidad, a cargo de la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades del Gobierno del Estado de Puebla a cesar el hostigamiento hacia los habitantes de San Andrés Azumiatla, a cargo del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la CNBV a resolver el desfalco a los ahorradores de la Caja Coofia, en el estado de Puebla, a cargo del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Sedesol a atender el problema de los niños jornaleros migrantes, procurándoles servicios de alimentación, salud y educación, a cargo del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de las entidades federativas, del Distrito Federal y municipales a colaborar responsable, honesta y solidariamente con el gobierno federal en el recibimiento de nuestros connacionales durante la próxima temporada vacacional navideña, así como en la implementación del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, recién aprobado por esta soberanía, a cargo de la diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a dictar, a través de la Cofepris, los lineamientos necesarios para que los establecimientos públicos que vendan bienes o servicios no exijan cantidad monetaria alguna por el uso del servicio sanitario de eliminación de excretas, a cargo del diputado José Torres Robledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Excitativa

A las Comisiones Unidas de Salud y de Economía, a solicitud de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efemérides

Con motivo del 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, a cargo de la diputada María del Pilar Torre Canales , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Con motivo del XX aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del Día de la Revolución Mexicana, a cargo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo del LXXXVII aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón, a cargo del diputado Emilio Andrés Mendoza Kaplan , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial para la Abolición de la Esclavitud, a cargo del diputado Gustavo González Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo del aniversario luctuoso del doctor Carlos Abascal Carranza, a cargo del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa de lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa de lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa de lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes primero de diciembre de dos mil nueve, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.

Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 292 diputadas y diputados, a las 11 horas con 15 minutos del martes 1 de diciembre de 2009, el presidente declaró abierta la sesión.

En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensó la lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior, y de la misma manera aprobó esta última.

Desde su curul la diputada Laura Itzel Castillo Juárez , del Partido del Trabajo, hizo comentarios en relación con el orden del día. El presidente realizó aclaraciones al respecto.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invitó a la ceremonia cívica conmemorativa del 180 aniversario del natalicio de Francisco Zarco Mateos, que tendrá lugar el próximo 4 de diciembre a las 9:00 horas. Se designó comisión de representación.

La Junta de Coordinación Política, informó que el diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Partido del Trabajo, se integraba en el lugar correspondiente a la delegación permanente que representará a la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura en la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. De enterado.

Oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remitió contestaciones:

a) Contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

b) Informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2009. Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social para su conocimiento.

Oficios de la Cámara de Senadores:

a) Con el que devuelve minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 19 y 27 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Justicia.

b) Con los que remitió minutas con proyectos de decreto por los que se:

Se recibió del diputado Roberto Gil Zuarth , del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía, y de Economía.

Se concedió el uso de la tribuna para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

Se recibió del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari , de Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal. Se turnó a la Comisión de Justicia.

Continuó la presentación de las iniciativas con proyectos de decreto los diputados:

Se reciben proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

Se concede el uso de la tribuna para presentar proposiciones con puntos de acuerdo a los diputados:

El Presidente informó a la asamblea de la presencia de la señora Georgina Te Heuheu, ministra de Desarme del Gobierno de Nueva Zelanda, quien acompañada por la señora Cecile Hillyer, embajadora de ese país en México, y les dio la bienvenida.

Se recibe del diputado César Augusto Santiago Ramírez , del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita una revisión a diversos actos realizados en la Comisión Federal, de Electricidad. Se turnó a la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación.

Se reciben solicitudes de excitativas de los diputados:

Conforme al artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excitó a las comisiones mencionadas para que emitan los dictámenes correspondientes.

Se refirieron al cambio climático los diputados: Eduardo Mendoza Arellano , del Partido de la Revolución Democrática; Alejandro Carabias Icaza , del Partido Verde Ecologista de México; Juan José Cuevas García , del Partido Acción Nacional; José Antonio Aysa Bernat , del Partido Revolucionario Institucional; Agustín Torres Ibarrola , del Partido Acción Nacional; Francisco Alberto Jiménez Merino , del Partido Revolucionario Institucional y César Daniel González Madruga , del Partido Acción Nacional.

El presidente informó a la asamblea del fallecimiento de la señora María del Socorro Vicente González madre de la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente , del Partido Revolucionario Institucional.

En referencia al tema relativo al conflicto de cribadores en la región del Evora en Mocorito, Sinaloa, intervinieron los diputados: Guadalupe Eduardo Robles Medina , del Partido Acción Nacional y Óscar Lara Salazar , del Partido Revolucionario Institucional.

Se refirieron al tema relativo al primero de diciembre, Día Mundial de la Lucha Contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, los diputados: María Teresa Rosaura Ochoa Mejía , de Convergencia; Paz Gutiérrez Cortina , del Partido Acción Nacional; Antonio Benítez Lucho , del Partido Revolucionario Institucional; Leticia Quezada Contreras , del Partido de la Revolución Democrática; Gabriela Cuevas Barrón , Oralia López Hernández y Javier Corral Jurado , en dos ocasiones, del Partido Acción Nacional; y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña , del Partido del Trabajo.

Desde su curul el diputado Miguel Ángel García Granados , del Partido Revolucionario Institucional, solicita verificación de quórum.

El presidente declaró la notaria falta de quórum, clausuró la sesión a las 16 horas con 58 minutos y citó para la que tendrá lugar el jueves 3 de diciembre de 2009 a las 10:00 horas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Proceda la Secretaría, en consecuencia, a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada el acta. Pido a la Secretaría que continúe con oficios de la Secretaría de Gobernación.

ESTADO DE TABASCO

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-9-00274 signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Balfre Vargas Cortez , presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGF/791/2009, suscrito por Rubem Hofliger Topete, director general del Fondo de Desastres Naturales, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la contingencia por las inundaciones acontecidas en los municipios de Cárdenas y Huimanguillo en Tabasco.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Licenciado Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero al oficio SEL/UEL/311/1953/09, de fecha 5 de noviembre de 2009, dirigido inicialmente a la licenciada Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil, y que fuera recibido en esta Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, DGF, el jueves 12 de noviembre del año en curso, por medio del cual hace de nuestro conocimiento que mediante oficio DGPL 61-II-9-00274, los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Balfre Vargas Cortez , presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunican a la Secretaría de Gobernación, Segob, el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el miércoles 4 de noviembre de 2009, y cuyos puntos resolutivos tercero y cuarto se reproducen a continuación:

Sobre el particular, nos permitimos comunicar a ese órgano legislativo que, aun y cuando el punto de acuerdo que nos ocupa se compone de cuatro puntos resolutivos, en el presente oficio esta DGF únicamente se pronunciará respecto de los antes transcritos, por tratarse de exhortos que resultan competencia de la Segob, y por ende, de esta Unidad Administrativa. Tal, pronunciamiento se efectúa en los siguientes términos:

• Por cuanto hace al resolutivo tercero:

Estimamos oportuno comunicar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que, aun y cuando la Segob ya ha emitido la ``declaratoria de desastre natural por la ocurrencia de lluvia severa los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2009, en 2 municipios de Tabasco'' (Cárdenas y Huimanguillo), que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el jueves 12 de noviembre de 2009, y que en términos de su artículo 2o. se dispone que ésta se expide para efectos de poder acceder a los recursos del Fonden , debemos precisar que la emisión de la citada declaratoria de desastre no constituye el único requisito a satisfacerse para el acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales, Fonden, toda vez que, para esos efectos, deben ser igualmente atendidos otros requisitos y formalidades establecidos en el ``Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales'' ¹ (en lo sucesivo las ROF).

A ese respecto mencionaremos que, de las disposiciones contenidas en el artículo 33 del Reglamento Interior de la Segob (que lista las atribuciones especificas de esta DGF) y aun de las acciones que a esta DGF le corresponde ejecutar en términos de las ROF para efectos de la implantación del Fonden, no se advierte, la existencia de atribuciones y facultades expresas que permitan a esta DGF acelerar trámites administrativos, agilizar la evaluación de daños ocasionados o el inicio de obras de reconstrucción, derivados de la ocurrencia de un fenómeno natural perturbador en particular, o bien, modificar, reducir o ampliar discrecionalmente los plazos ya establecidos en las propias ROF.

En ese sentido, diremos que el numeral 11 de las ROF, establece que para efectos de la atención de un desastre natural en el marco del Fonden debe necesariamente instalarse, a nivel estatal, un Comité de Evaluación de Daños, CED, (integrado por servidores públicos estatales y federales de los sectores afectados, y que funciona en subcomités agrupados por materia o sector ² , y que se ocupará exclusivamente de evaluar y cuantificar los daños producidos por el fenómeno natural perturbador de que se trate, en los sectores que sean materia de competencia de las entidades federativas, municipios u órganos político administrativos, según corresponda (numeral 13 de las ROF), debiendo entregar los resultados correspondientes y el diagnóstico de las obras y acciones a realizar, a más tardar en un plazo de diez -días hábiles contados a partir de la instalación del CED (plazo que a solicitud de los subcomités podrá ser prorrogable hasta por diez días hábiles más).

En ese orden de ideas, se precisa que (como se detallará en el aparatado correspondiente), para efectos de atender la ocurrencia de la lluvia severa que afectó a Cárdenas y Huimanguillo el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre de 2009, con fecha 7 de noviembre de 2009, se llevó a cabo la sesión de instalación del CED correspondiente, agrupándose en subcomités de los sectores carretero, educativo, hidráulico, vivienda, salud y monumentos históricos.

En dicha sesión, el CED acordó inicialmente que la entrega de resultados se llevaría a cabo en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la instalación del CED. Sin embargo, a petición de los subcomités de diversos sectores y en virtud de la imposibilidad técnica manifestada para evaluar y cuantificar los daños en los municipios afectados se autorizó, por única vez y con fundamento en lo dispuesto por el numeral 13, fracción II, de las ROF, la ampliación en el plazo para la celebración de dicha sesión de entrega de resultados hasta por 10 días más, siendo su fecha límite el lunes 7 de diciembre de 2009.

En tal virtud, y considerando que actualmente se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el numeral 13, fracción II, de las ROF para que se lleve a cabo la sesión de entrega de resultados , se estima que habrá que esperar, para conocer de qué manera y con qué montos el Fonden habrá de participar para atender a los municipios de Cárdenas y Huimanguillo, por los daños que dejó la ocurrencia de la lluvia severa presentada el sábado 31 de octubre y domingo l de noviembre de 2009.

Las aseveraciones anteriores se desprenden del procedimiento de acceso a los recursos que se autorizan con cargo al Fonden, a través del instrumento que denominamos Fonden Reconstrucción (que tiene como finalidad la autorización de recursos, ya sea del Programa Fonden o del Fideicomiso Fonden federal, destinados a la restitución, parcial o total, de los daños ocasionados en la infraestructura pública y sector vivienda de las entidades federativas, municipios y delegaciones del Distrito Federal, afectadas por un fenómeno natural perturbador), que para un adecuado entendimiento de la información que antecede y la que se proporcionará líneas adelante, se detalla a continuación:

Procedimiento de acceso a los recursos del instrumento Fonden Reconstrucción

Para acceder a los recursos con cargo al Fonden Reconstrucción, deberá observarse el procedimiento contenido en las ROF, que se encuentra descrito de manera gráfica en la dirección electrónica del Sistema Nacional de Protección Civil México, específicamente en el vínculo:

http//www.proteccioncivil.gob.mx/upLoad/Fonden/flujograma/Procedimiento_de_acceso_a_recursos_Fonden_e.swf

No obstante, para pronta referencia, a continuación se detalla tal procedimiento. Para esos efectos se transcribe en su totalidad el numeral 4 de las ROF:

Ahora bien, para poder acceder a los recursos del instrumento en estudio, se deberá observar el procedimiento siguiente:

Fonden Reconstrucción

Ocurrencia de lluvia severa los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2009, en 2 municipios del estado de Tabasco (Huimanguillo y Cárdenas).

Asimismo, y según se ha observado en el presente, en dicha sesión, el CED acordó que, en apego a lo establecido en el numeral 13, fracción II, de las ROF, la entrega de resultados se llevaría a cabo en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la instalación del CED. Sin embargo, a petición de los subcomités de diversos sectores y en virtud de la imposibilidad técnica manifestada para evaluar y cuantificar los daños en los municipios afectados se autorizó, por única vez y con, fundamento en lo dispuesto por el numeral 13 fracción II de las ROF, la ampliación en el plazo para la celebración de dicha sesión de entrega de resultados hasta por 10 días más, siendo su fecha límite el día 7 de diciembre de 2009.

En ese mismo acto, el gobierno de Tabasco, entregó al representante de la Segob, la solicitud de declamatoria de desastre natural, de conformidad con el numeral 9 de las ROF, por lo que dicha dependencia del gobierno federal, por conducto de la CGPC; emitió y publicó en el Diario Oficial de la Federación (con fecha 12 de noviembre de 2009) la ``declaratoria de desastre natural por la ocurrencia de lluvia severa los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2009, en 2 municipios del estado de Tabasco'' procediendo a declarar como zona de desastre a los municipios de Huimanguillo y Cárdenas (mismos municipios que el estado de Tabasco incluyó en su respectiva solicitud de declaratoria de desastre y que fueron corroborados por la Conagua como municipios afectados por la presencia de lluvia severa los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2009).

De igual manera, y con fundamento en lo establecido por los numerales 17 y 20 de las ROF, durante la misma sesión, la entidad federativa solicitó la autorización de recursos para el sector carretero, por concepto de Apoyos Parciales Inmediatos, Apin, con cargo al Fonden para la ejecución de las acciones, trabajos y obras prioritarias y urgentes, dirigidas a solventar la situación crítica derivada del desastre natural en cuestión, mismos que fueron autorizados de la manera siguiente:

En este punto, reiteramos que, tal y como se ha visto, actualmente se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el numeral 13, fracción II de las ROF para que se lleve a cabo la sesión de entrega de resultados del CED, por lo que habrá que esperar, para conocer de qué manera y con qué montos se atenderán y apoyarán, finalmente, los daños ocurridos en el estado de Tabasco, por la presencia de lluvia severa los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2009, en 2 municipios del estado de Tabasco.

Sin demérito de lo anterior, adelantamos que, atentos al numeral 44 de de las ROF, el Comité Técnico del Fideicomiso 1999. Fonden Estatal Tabasco, será el responsable de verificar que se cumpla el calendario de ejecución de las obras y acciones de las dependencias y entidades ejecutoras, en el entendido de que, de observarse retrasos constantes e injustificados hasta por un plazo de tres meses en el cumplimiento de dicho calendario, el comité técnico del Fideicomiso Fonden estatal deberá realizar las acciones necesarias para que, en su caso, se reintegre al patrimonio del Fideicomiso Fonden el remanente de la coparticipación federal.

Asimismo, dentro de las sesiones ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso 1999. Fonden Estatal Tabasco, los ejecutores del gasto invariablemente deberán presentar los avances físicos y financieros de sus programas de reconstrucción que se encuentren en ejecución y, en su caso, las problemáticas que éstos enfrenten.

De igual manera, en términos del numeral 46 de las ROF, será responsabilidad del fiduciario del Fideicomiso 1999. Fonden Estatal Tabasco, llevar el control detallado para la atención, recepción y desembolso de los recursos destinados a dicha entidad federativa que por concepto de coparticipaciones se les hayan entregado a través del Fonden, siendo corresponsables en ese control las dependencias y entidades normativas y ejecutoras, respectivamente, a través de las cuales se canalizaron los recursos al Fideicomiso Fonden Estatal para la atención del desastre natural.

• Por cuanto hace al resolutivo cuarto:

En atención al punto resolutivo que nos ocupa, esta unidad administrativa considera necesario hacer del conocimiento de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que, en cumplimiento a la instrucción recibida por parte del ciudadano presidente de la república, en apego al compromiso que se tiene con la población que ha resultado afectada, o que pudiera serio en virtud de la ocurrencia de un desastre natural, y consientes de que las ROF pueden ser perfectibles, en el mes de enero de 2008, la Segob comenzó con los trabajos tendientes a la elaboración y publicación de unas nuevas Reglas de operación del Fonden, mismo que dio como resultado que con fecha 27de mayo de 2009, se publicara en el Diario Oficial de la Federación el ``Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales''. Dicho trabajo fue encabezado por la DGF, en coordinación con la Unidad de Política y Control Presupuestario, UPCP, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, y se desarrolló en las siguientes etapas:

Debemos precisar que el inicio del proceso para llegar a las nuevas Reglas de Operación del Fonden comenzó por solicitar vía oficio, las opiniones y propuestas de todas las dependencias y entidades de la administración pública federal involucradas en los procesos de acceso a los recursos con cargo al Fonden, recibiendo de igual manera propuestas de las entidades federativas y de las Unidades Estatales de Protección Civil, dando como resultado las siguientes cifras:

Ahora bien, debemos mencionar que la emisión de las nuevas Reglas de Operación del Fonden, ha tenido como propósitos principales, entre otros, la inmediatez en la autorización de recursos para acciones urgentes, la simplificación de los procesos, la transparencia y el fortalecimiento de los mecanismos de control, la corresponsabilidad y la complementariedad de los distintos órdenes de gobierno, y cambiar la percepción del Fonden.

Los principales cambios que se pueden observar en las nuevas Reglas de Operación del Fonden son:

Sin otro particular, y esperando que la presente información sea de utilidad, le saludo cordialmente.

Notas: 1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de mayo de 2009.2 Los subcomités que se podrán constituir para cada uno de los sectores, son los siguientes: vivienda; infraestructura urbana; residuos sólidos; carreteras; hidráulico; educativo; salud; monumentos históricos, artísticos y arqueológicos; áreas naturales protegidas; pesquero y acuícola; forestal y de viveros, y zonas costeras (numeral 13, fracción I, de las ROF).3 Según se ha visto, aquellos entes facultados para corroborar la ocurrencia de un desastre natural en una fecha y lugar determinado.4 Entendiéndose estos, como los recursos destinados para la ejecución de acciones emergentes, así como los trabajos y obras de carácter prioritario y urgente, dirigidas a solventar la situación crítica del desastre natural, tales como el restablecimiento de las comunicaciones, los servicios básicos, la limpieza inmediata, remoción de escombros y todo aquello que coadyuve a la normalización de la actividad de la zona afectada, para evitar mayores daños y proteger a la población.5 Recursos autorizados para la ejecución de acciones emergentes, así como los trabajos y obras de carácter prioritario y urgente, dirigidas a solventar la situación crítica del desastre natural, tales como el restablecimiento de las comunicaciones, los servicios básicos, la limpieza inmediata, remoción de escombros y todo aquello que coadyuve a la normalización de la actividad de la zona afectada, así como para evitar mayores daños y proteger a la población (numeral 18 de las ROF).

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

PETROLEOS MEXICANOS

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 200.- 514/09, el licenciado Jordy Herrera Flores, subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, remite el * informe de avance del Programa para incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, correspondiente al tercer trimestre de 2009.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, remito para los fines procedentes copia del oficio al que me he referido y sus anexos.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Energía.

Contador Público Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Anexo al presente oficio del subsecretario de Hidrocarburos, el cual de conformidad con lo establecido en el artículo noveno transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007 (decreto), remite el informe del Programa para incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos (PEO), correspondiente al tercer trimestre de 2009, entregado por Pemex el 30 de octubre de 2009 a esta dependencia, así como las observaciones de la secretaría a este informe.

Lo anterior, con objeto de que, por su amable conducto, se haga llegar dicha información al honorable Congreso de la Unión, dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo noveno transitorio del decreto.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Energía.

Licenciado Jordy Herrera Flores, subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía.--- Presente.

De conformidad con lo establecido en la fracción II del artículo noveno transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007, por este conducto me permito enviarle el informe del Programa para incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, correspondiente al tercer trimestre de 2009, entregado por Pemex el 30 de octubre de 2009 a esta dependencia, así como las observaciones de la Secretaría de Energía a este informe. Lo anterior, con objeto de que se haga llegar dicha información al Congreso de la Unión, dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo noveno transitorio del decreto.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

«Observaciones de la Secretaría de Energía al tercer informe trimestral de 2009 del Programa para incrementar la Eficiencia Operativa de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios

Antecedentes

La Ley Federal de Derechos establece que Petróleos Mexicanos debe enviar al Congreso de la Unión, a través de la Secretaría de Energía (Sener), un informe trimestral durante febrero, mayo, agosto y noviembre de cada año, con el seguimiento del Programa para incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, el cual debe ir acompañado de las observaciones de la secretaría.

El informe elaborado por Pemex y enviado a través de la Sener al Congreso de la Unión presenta el avance de las acciones del programa y reporta los indicadores que reflejan el desempeño operativo de la paraestatal al tercer trimestre de 2009.

Las observaciones de la Sener a este informe trimestral se presentan en dos secciones:

1. Primera sección

Observaciones generales al informe

Con base en el análisis de la información presentada por Pemex, la Sener hace las siguientes observaciones generales al informe:

2. Segunda Sección

Observaciones a la información reportada por cada organismo subsidiario y el corporativo

Criterios de evaluación:

Para evaluar el cumplimiento de las metas de Pemex, se clasifican los principales indicadores de cada subsidiaria en cuatro categorías, tomando en consideración el avance de las metas, tanto en 2008 como en 2009.

Nivel de cumplimiento/Criterio

Pemex Exploración y Producción

En la sección ``Fortalecer las capacidades y habilidades de los recursos humanos'', Pemex amplió su información, pero aún falta que incluya la calendarización correspondiente.

La siguiente tabla muestra un resumen con el desempeño de los indicadores del organismo en el trimestre analizado:

Es importante destacar que el cumplimiento asciende a 50 por ciento de los indicadores reportados.

A continuación se presenta un análisis de los indicadores reportados por el organismo, de acuerdo con su comportamiento en el trimestre en cuestión, así como en 2008:

Nivel de cumplimiento 1

Nivel de cumplimiento 2

Nivel de cumplimiento 3

Nivel de cumplimiento 4

Pemex Refinación

En la siguiente tabla se muestra el desempeño de los indicadores del organismo en el trimestre analizado:

Nivel de cumplimiento 1

Es importante mencionar que la Sener considera que este nivel de aprovechamiento es comparable con los estándares internacionales.

Nivel de cumplimiento 2

Nivel de cumplimiento 3

Nivel de cumplimiento 4

Pemex Gas y Petroquímica Básica

En la siguiente tabla se muestra el desempeño de los indicadores del organismo para el trimestre analizado:

A continuación se presenta el análisis de los principales indicadores reportados por el organismo, de acuerdo con su comportamiento en el trimestre en cuestión, así como respecto a 2008:

Nivel de cumplimiento 1

Nivel de cumplimiento 2

Nivel de cumplimiento 3

Pemex Petroquímica

En la siguiente tabla se muestra el desempeño de los indicadores del organismo en el trimestre analizado:

A continuación se presenta un análisis de los principales indicadores reportados por el organismo, de acuerdo con su comportamiento en el trimestre en cuestión, así como en 2008.

Nivel de cumplimiento 1

Nivel de cumplimiento 2

• No se tienen indicadores en esta categoría.

Nivel de cumplimiento 3

Nivel de cumplimiento 4

Petróleos Mexicanos (corporativo)

El corporativo de Petróleos Mexicanos presenta en este informe trimestral un avance en la ejecución de las acciones del PEO, en el ámbito de sus competencias. Al respecto, la Sener tiene las siguientes observaciones:

En materia de planeación estratégica se solicita incluir un cronograma de la implantación del proceso de planeación estratégica.

Por otra parte, el corporativo de Pemex reporta 5 indicadores relacionados con los servicios médicos que provee la empresa. De estos indicadores, todos cumplen con la meta establecida, mostrando calificaciones de ``aceptable'' (esperanza de vida, tiempo de espera de primer nivel y porcentaje de satisfacción al cliente) y ``sobresaliente'' (porcentaje de surtimiento de medicamentos y mortalidad materna directa). En el informe inmediato anterior (segundo trimestre de 2009) los indicadores de porcentaje de surtimiento de medicamentos y porcentaje de satisfacción del cliente, se mostraron como insuficientes, debido a la contingencia sanitaria de influenza AH1N1. Sin embargo, para este informe se logró mejorar el desempeño de estos indicadores con base en la vigencia de contratos de medicamentos y el surtido en tiempo y forma al derechohabiente.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

PETROLEOS MEXICANOS

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 200.- 515/09, el licenciado Jordy Herrera Flores, subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, remite el tercer informe trimestral respecto de la operación y gestión de Petróleos Mexicanos.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les remito para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de sus anexos.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Energía.

Contador Público Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Anexo al presente oficio del subsecretario de Hidrocarburos número 500.-0152, con el que remite informe trimestral respecto de la operación y gestión de Petróleos Mexicanos, entregado por la Dirección General de la paraestatal el pasado 10 de noviembre.

Lo anterior, con el objeto de que por su amable conducto se haga llegar dicha información al honorable Congreso de la Unión, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Petróleos Mexicanos.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Energía.

Licenciado Jordy Herrera Flores, subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía.--- Presente

Anexo al presente me permito enviarle el informe trimestral respecto de la operación y gestión de Petróleos Mexicanos, remitido a esta dependencia por el director general de la entidad paraestatal, el 10 de noviembre de 2009. Lo anterior con el objeto de que, por su conducto, se haga llegar dicha información al Congreso de la Unión, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Petróleos Mexicanos.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

« Pemex.--- Dirección General.

Doctora Georgina Kessel Martínez, secretaria de Energía.--- Presente

Me permito hacer referencia a los informes trimestrales a que se refiere el artículo 71 de la Ley de Petróleos Mexicanos, que deberá presentar Petróleos Mexicanos a esa dependencia coordinadora de sector.

Adjunto sírvase encontrar el informe correspondiente al tercer trimestre de 2009, en atención al oficio número 500.-033/09, de fecha 20 de mayo de 2009.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Desarrollo Social.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Conforme al artículo 1 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercido Fiscal de 2009 (PEF 2009), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 28, fracción II, en lo conducente de enviar a la Cámara de Diputados, a más tardar el último día hábil de noviembre, la información los criterios y las memorias de cálculo mediante los cuales se determinaron los beneficiarios, me permito manifestar lo siguiente:

Conforme al artículo 5, fracción I, de la Ley General de Desarrollo Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004, se define a los beneficiarios como aquellas personas que forman parte de la población atendida por los programas de desarrollo social que cumplen los requisitos de la normatividad correspondiente y que toda persona tiene derecho a participar a beneficiarse de los programas de desarrollo social, de acuerdo con los principios rectores de la política de desarrollo social en los términos que establezca la normatividad de cada programa.

En estas condiciones, en los términos del artículo 10, fracción V, de la ley antes citada, los beneficiarios de los programas de desarrollo social tienen, entre otros derechos, el de recibir los servicios y prestaciones de los programas conforme a sus reglas de operación, salvo que le sean suspendidos por resolución administrativa o judicial debidamente fundada y motivada.

Por su parte, el artículo 19 del reglamento de la ley antes mencionada establece que el proceso de incorporación de los beneficiarios se apegará a los criterios de selección de localidades y de elegibilidad de beneficiarios que se establezcan en las reglas de operación de los programas de desarrollo social.

En este contexto, el artículo 2, fracción XLV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2006, indica que las reglas de operación son las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos federales con el objetivo de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados.

El instrumento normativo antes citado señala que los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, deberán sujetarse a reglas de operación con el objetivo de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia; de igual forma, se indica como uno de los criterios que las reglas de operación deberán contener para efecto del dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria el siguiente: i) deberán establecer los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o localidades objetivo. Estos deben ser precisos, definibles, mensurables y objetivos.

De lo anterior se desprende que el instrumento normativo que regula a los programas sociales son las reglas de operación, de tal suerte, que la información y los criterios para determinar a los beneficiarios deben ineludiblemente estar previstos en esos instrumentos. Razón por la cual se estima que la información o criterios deberán circunscribirse a los siguientes apartados de las reglas de operación:

En cumplimiento a lo anterior, se anexa al presente la información y criterios correspondientes a los Programas del ramo administrativo 20, ``Desarrollo social'', que aparecen listados en el anexo 18 del PEF 2009 de la siguiente manera:

20, ``Desarrollo social'', programas Hábitat; de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, SA de CV; de Abasto Rural a cargo de Diconsa, SA de CV (Diconsa); de Opciones Productivas; del Fondo Nacional de Fomento a los Artesanos (Fonart); de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa; 3x1 para Migrantes; de Atención a Jornaleros Agrícolas; de Conversión Social; de Empleo Temporal (PET); de Desarrollo Humano Oportunidades; de Vivienda Rural; de Apoyo Alimentario a cargo de Diconsa, SA de CV; de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas; para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres; de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras; de Rescate de Espacios Públicos; 70 y Más; de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares (Pasprah); para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y Alimentario para Zonas Marginadas.

Se aclara, que el artículo 8 transitorio del PEF 2009 señala la fusión del Programa de Apoyo Alimentario en Zonas de Atención Prioritaria (Programa Alimentario para Zonas Marginadas) con el Programa de Apoyo Alimentario a cargo de Diconsa, SA de CV.

Quedo a sus órdenes para atender las observaciones que tuviera sobre la información en cuestión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mi consideración.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 107, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito enviar la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes a octubre de 2009.

Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de éstas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con octubre de 2008.

De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para octubre de 2009.

Adicionalmente, se incluye la información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública a octubre del año en curso.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

ARTICULO 3O. CONSTITUCIONAL - LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pasamos al capítulo Iniciativas. Esta Presidencia recibió del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy el 47 de la Ley General de Educación.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Iniciativa que reforma los artículos 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 47 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino , del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 47 de la Ley General de Educación, a fin de incorporar en la currícula del nivel de educación básico la enseñanza y fomento de los ``valores'' fundamentales, con lo cual estaremos coadyuvando y contribuyendo a que la sociedad mexicana pueda desarrollarse en un contexto que favorezca a una convivencia plena y armoniosa, en virtud de la siguiente:

Exposición de Motivos

Durante las últimas tres décadas la sociedad mundial ha dado muestras claras y contundentes de una pérdida de los valores fundamentales que han permitido forjar a las naciones, es decir, la falta de identidad no es sólo un elemento que incluya aspectos nacionalistas, va más allá de eso, es contar con los ``principios'' básicos que permitan cohesionar a los diferentes grupos que integran a una sociedad.

La tolerancia y la inclusión han dejado de ser una prioridad dando paso a cuestiones materialistas y carentes de raciocinio social, familiar o afectivo. Como consecuencia de lo anterior hay casos en los cuales la descomposición social ha ocasionado tragedias en donde se han perdido vidas humanas, se han provocado daños de diversa índole, entre los que se pueden mencionar los ecológicos, institucionales, políticos, económicos, sociales, entre otros.

México no se encuentra exento de dicha problemática, por el contrario, con la globalización en pleno auge, se han diversificado y multiplicado los accesos a estereotipos sociales que no necesariamente reflejan o son la imagen que caracteriza a los mexicanos, hombres y mujeres.

Como referencia comparativa, cabe mencionar que la sociedad estadounidense, por la cercanía y por los lazos que nos unen, es el primer ejemplo de lo que puede generar dicha descomposición social, las muestras de ello son cuantiosas e incluyen a todos los sectores o grupos sociales. La falta de identidad ha devengado conflictos internos que han consternado al mundo.

Por mencionar un ejemplo, cabe mencionar que producto de los hechos violentos registrados en Estados Unidos entre el 5 de marzo y 4 de mayo, alrededor de media centena de personas murieron en ese país, ello como consecuencia de homicidios masivos perpetrados por individuos con armas de fuego.

Situaciones como la anterior han puesto a reflexionar a la sociedad estadounidense, siendo el tema central del debate, no sólo que hacer con las armas de fuego, sino saber qué está ocurriendo en la psicología de muchos norteamericanos que son incapaces de desactivar su propia furia y terminan asesinando a varias personas.

Si bien es cierto que el contexto es fundamental para el desencadenamiento de comportamientos atípicos, también deben considerarse las medidas preventivas que se pueden implementar para evitar dichas tragedias.

A la sociedad mundial, y a nosotros en particular aún más, nos preocupa saber que de acuerdo con estadísticas institucionales, alrededor del 60 por ciento de los asesinatos anuales registrados en los Estados Unidos son cometidos con armas de fuego. Se estima que es la nación con mayor número de armas en manos privadas: 60 millones de personas y un arsenal combinado de 200 millones de pistolas, rifles o escopetas.

Otro de los efectos de la ausencia de valores en la sociedad mexicana se muestra de manera notable en la corrupción, fenómeno que se encuentra presente en casi todos los actos institucionales y cotidianos. En este sentido, México es uno de los países en los que el soborno, el cohecho y la corrupción son cada vez más recurrentes.

El último reporte de Transparencia Internacional sobre la corrupción en el mundo, el cual fue presentado a mediados del mes de noviembre, México se ubica en el lugar 89, con una calificación de 3.3, de un total de 180 naciones evaluadas.

Es importante mencionar que la calificación que asigna Transparencia Internacional parte de recabar la percepción de corrupción de un país, es decir, la ``sensación'' de corrupción, no la corrupción como tal, en una escala que va de 0 (percepción de alta corrupción) a 10 (percepción de bajos niveles de corrupción).

En términos generales, es preocupante que la gran mayoría de los 180 países incluidos en el índice 2009 tienen una puntuación que está por debajo de 5 puntos.

Lo mencionado anteriormente nos permite tener un panorama general de los efectos negativos que se generan debido a la falta de una educación básica que pueda ser orientadora de la vida de las personas. Es decir, es prioritario recuperar los elementos básicos que han permitido construir sociedades cohesionadas, identificadas, solidarias y en armonía.

La educación es el componente fundamental que permite a una nación poder acceder a un nivel mayor de desarrollo, ya que una sociedad con un mayor nivel académico cuenta con mayores herramientas profesionales y humanas que le permitirán enfrentar de mejor manera los retos que implica el contexto mundial.

Los contenidos educativos o curriculares no sólo deben contener los mínimos que garanticen una formación académica completa, El sistema de educación básica no sólo debe procurar enseñar aspectos profesionales, es primordial recuperar los principios que permiten al ser humano un desarrollo integral óptimo, en donde los aspectos profesional y de convivencia deben estar fusionados.

Actualmente, el sistema educativo de educación básica nacional cuenta con una matrícula de 62.1 millones de educandos, quienes a pesar de su corta edad ya dan muestras de la desintegración y de una pérdida de valores que es preocupante.

Es por ello que se hace necesario iniciar un proceso de restauración o recuperación de lo que se denomina como valores humanos fundamentales, en donde se agrupan: la verdad, la belleza, la felicidad, la libertad, la honestidad, la responsabilidad, la igualdad, la disciplina, la puntualidad, la lealtad, la humildad, el respeto, la tolerancia y el dialogo, la solidaridad, la equidad, entre otros.

Los valores fundamentales mencionados permiten a una persona enriquecer su personalidad propia, de igual forma, otorgan al ser humano elementos que le permiten interactuar de mejor manera con el resto de la sociedad.

En el mismo sentido, la cultura de la legalidad debe ser uno de los principios rectores de las relaciones personales e institucionales, ello permitirá preservar y garantizar el Estado de derecho, componente primordial en cualquier estado-nación.

Como legisladores tenemos la responsabilidad de salvaguardar los derechos de los millones de habitantes que radican en el territorio nacional para lo cual es necesario implementar acciones que otorguen certidumbre y garanticen el desarrollo pleno de sus capacidades.

Lo anterior es posible gracias a la adecuación del marco normativo aplicable, en este caso particular, la reforma que se propone tiene por objeto modificar el marco legal que rige el sistema de educación básica, a fin de incorporar la enseñanza y fomento de los valores fundamentales en nuestras niñas, niños y adolescentes.

En razón de lo anterior, se pone a consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto

Primero. Se modifica el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado --federación, estados, Distrito Federal y municipios--, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, los valores fundamentales, por los que debe regirse el ser humano, así como la cultura de la legalidad y de la paz, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

I. ...

Segundo. Se modifica el artículo 47 de la Ley General de Educación, quedando de la siguiente manera:

Artículo 47. Los contenidos de la educación serán definidos en planes y programas de estudio.

En los planes de estudio deberán establecerse:

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Queda sin efecto cualquier normatividad que se contraponga a lo establecido en el presente decreto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se remite y turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos.

Se pospone la participación del diputado Óscar González Yáñez , del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto.

ARTICULOS 71 Y 135 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 71 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Agustín Carlos Castillo Marroquín: Con su venia, diputado presidente. Por economía parlamentaria, solicito se inserte íntegro el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, como es conocido de todos ustedes, la facultad de iniciar leyes o decretos corresponde al Ejecutivo federal, a las legislaturas de los estados y a nosotros, los representantes del Congreso de la Unión, como lo establece el artículo 71 de nuestra Carta Magna. Asimismo, ésta establece que las iniciativas presentadas por el presidente de la República y por las legislaturas de los estados pasarán a comisiones dictaminadoras de la Cámara, dándoles la propia Constitución prioridad para su análisis y dictamen correspondiente.

Ahora bien, con la transformación del sistema político mexicano y con la dinámica democrática que derivó de este proceso, es necesaria para su consolidación, una profunda apertura y pluralidad de los actores políticos, que exige adoptar mecanismos de colaboración entre los supremos poderes de la federación, en este caso en lo que respecta al Legislativo y al Ejecutivo.

En lo que se refiere al Ejecutivo como responsable de la acción de gobierno y como conductor de las políticas públicas, requiere para su manejo mecanismos legislativos eficaces que favorezcan un compromiso más acotado a tiempos definidos por parte del Legislativo para la revisión, discusión y votación de las propuestas de reformas que el país demande con urgencia y que sean presentadas por el titular del Ejecutivo federal.

Un sinfín de iniciativas presentadas ante el Congreso no son dictaminadas por diversas causas, sea por razones de índole política, por carga de trabajo o simplemente por indolencia, y se quedan en el olvido en la congeladora legislativa, durmiendo el sueño de los justos.

Por ello, esta iniciativa pretende encontrar el diseño constitucional que permita unir al acto de gobernar y al de legislar sin perder el balance. Esto es, se requiere instrumentar mejores relaciones entre ambos poderes que eviten el estancamiento y la obstrucción.

Señoras, señores diputados, nuestra realidad política nos obliga a actuar corresponsablemente en la toma de decisiones, con el Ejecutivo federal. Es inevitable que en este contexto de pluralidad en el Congreso, y que genera gobiernos divididos, tengan que darse los mecanismos para llegar a la formación de mayorías fortaleciendo el actuar del Ejecutivo, pero sin debilitar la función del Legislativo.

Este recurso de hecho existe ya en varias democracias consolidadas, como la francesa, la alemana, la chilena o la brasileña, con variaciones y matices particulares pero dotando al Ejecutivo de esta valiosa herramienta.

Consecuentemente, la presente iniciativa propone que el presidente de la República, como responsable de la acción de gobierno, tenga la facultad de presentar iniciativas de trámite legislativo preferente, con el objetivo que éstas sean resueltas por el Congreso en breve lapso.

La iniciativa de trámite legislativo preferente es una herramienta legislativa que pretende solucionar la problemática de posible parálisis y obstruccionismo legislativo, al mismo tiempo que representa un instrumento idóneo para el actuar del Ejecutivo federal en el que se proporciona mayor seguridad y certeza jurídicas en beneficio del gobernado.

Es importante señalar que el hecho de otorgar trámite legislativo expedito a las iniciativas presentadas por el presidente de la República, no implica una subordinación del Poder Legislativo frente al Ejecutivo, sino un espacio de preferencia en la agenda legislativa para que se discutan aquellos asuntos que por su naturaleza sean considerados prioritarios.

En este sentido, la iniciativa propone que el Ejecutivo federal pueda presentar hasta dos iniciativas de trámite legislativo preferente por cada periodo ordinario; que las pueda presentar solamente dentro de los 45 días siguientes al inicio del periodo de sesiones ordinarias; que el Congreso deba resolver a más tardar el último día del mismo periodo y, si no se dictamina en dicho plazo, que el presidente de cada Cámara la someta a consideración del pleno.

De no ser votada la iniciativa por el pleno ésta deberá entenderse por aprobada; es decir, procederá la afirmativa ficta. No podrán tener carácter de preferente las iniciativas en materia electoral ni de partido políticos; respecto de las reformas y adiciones de carácter constitucional, se establece un plazo de 30 días para que los congresos estatales la sometan a consideración del pleno y, de no hacerlo, se tendrán igualmente por aprobadas; procedería la afirmativa ficta.

En conclusión, la reforma permitirá la corresponsabilidad entre el Congreso de la Unión y el presidente de la República en la construcción de una democracia socialmente eficaz, simplificando el trámite legislativo de acciones gubernamentales y flexibilizando la discusión de temas prioritarios que requiera la nación. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 71 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Agustín Castilla Marroquín , diputado a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II; y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 71 y se adiciona el párrafo tercero al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 71 de la Constitución Política dispone que el derecho de iniciar leyes o decretos compete únicamente al presidente de la república, a los diputados y senadores al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados.

Se dispone, asimismo, que las presentadas por el presidente de la república y por las legislaturas de los estados pasarán, desde luego, a las comisiones dictaminadoras de la Cámara en las que se presente, dándoles la propia Constitución un trato preferencial.

De esta manera, el modelo presidencial adoptado por nuestro país establece claramente la división de podres y el equilibrio entre ellos, en lo que respecta al Ejecutivo y al Legislativo se hace necesaria la interacción de ambos poderes de manera compartida en algunas acciones fundamentales de gobierno, lo que a su vez generaría mayor responsabilidad entre estos.

Ahora bien, la transformación del sistema político mexicano que se dio a partir del año 2000 y la dinámica democrática que se derivó de este proceso, requiere, para su consolidación, de una profunda apertura y pluralidad de los actores políticos, por lo cual exige adoptar mecanismos de colaboración entre los supremos poderes de la federación, en este caso, en lo que respecta al Legislativo y al Ejecutivo.

En este sentido, y por lo que respecta al Poder Legislativo, se considera necesario que tenga mayor participación en la conducción de los asuntos de importancia del Ejecutivo federal, al mismo tiempo que el Ejecutivo tenga mayores responsabilidades frente al Congreso. Por ello, se requiere una fórmula que favorezca un compromiso más acotado a tiempos definidos por parte del Legislativo, para la revisión, la discusión y la votación de las propuestas de reformas estructurales que el país requiere con urgencia y que sean sometidas por el presidente de la república.

Ahora bien, el régimen político del siglo XX fue por algunas décadas un sistema de partido hegemónico que impidió la genuina y efectiva división de poderes. A nadie escapa que el partido predominante disponía de las mayorías suficientes en los ámbitos políticos y en las instancias de gobierno, garantizando, de ese modo, la aprobación de las iniciativas que presentaba el presidente de la República.

Se requiere, por el contrario, encontrar el diseño constitucional que permita unir el acto de gobernar y el de legislar sin perder el balance, ya sea del lado del Ejecutivo o del lado del Congreso. Esto es, se requieren instrumentar mejores relaciones entre ambos poderes que eviten el estancamiento y la obstrucción.

Es inevitable que en este contexto de pluralidad de fuerza políticas que convergen en el Congreso de la Unión y que generan gobiernos divididos en el que actualmente está inmerso nuestro país, se tengan que dar los mecanismos para llegar a la formación de mayorías, fortaleciendo el actuar del Ejecutivo, pero sin debilitar la función del Legislativo.

Es indispensable que con este tipo de acciones que generaría el Ejecutivo se respetaría en todo momento el equilibrio de los poderes del Estado y sobre todo los derechos fundamentales de las personas.

Es importante subrayar que el excluir en la propuesta de iniciativa de trámite preferente las materias de partidos políticos y de electorales, salvaguarda el carácter más reposado que amerita la valoración de este tipo de propuestas.

Consecuentemente, en la presente iniciativa se propone que el presidente de la república, como responsable de la acción del gobierno, tenga la facultad de presentar iniciativas de trámite legislativo preferente, con el objetivo de que éstas sean resueltas por el Congreso en un breve lapso.

La iniciativa de trámite legislativo preferente es una herramienta legislativa que pretende solucionar la problemática de posible parálisis y obstruccionismo legislativo, al mismo tiempo que representaría un instrumento idóneo para el actuar del Ejecutivo federal, en el que se proporcionarían mayor seguridad y certeza jurídicas en beneficio del gobernado.

El objetivo principal de esta iniciativa es brindar colaboración legislativa para facilitar la gobernabilidad y el desempeño del gobierno federal estableciendo tiempos para discutir y revisar las propuestas presidenciales, es decir, cooperar y ser corresponsables en el actuar público no abdicar de la facultad de legislar, sino colocar tiempos para que las propuestas sean revisadas, tal como es el caso del Presupuesto de Egresos.

Es de destacar, que en legislaturas anteriores se han presentado iniciativas en torno al tema, como es el caso de la anterior LX Legislatura, en la que el Senado de la República aprobó la propuesta de reforma constitucional y, en el proceso de colegislación, esta Cámara de Diputados no alcanzó la aprobación por las dos terceras partes.

En síntesis, lo que se propone es un instrumento que fortalezca la colaboración entre el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo federal. Se trata de prever la atención legislativa preferente de aquellas iniciativas que la ameriten, por su importancia y trascendencia, a juicio del presidente de la república.

Al mismo tiempo, el Congreso General conserva, intocada, su potestad de aprobar o rechazar las iniciativas del Ejecutivo; sin embargo, se busca inhibir la inacción frente a las reformas preferentes que el Poder Legislativo reciba.

Es importante señalar que el hecho de otorgar trámite legislativo expedito a las iniciativas presentadas por el presidente de la república no implica una subordinación del Poder Legislativo frente al Poder Ejecutivo, sino un espacio de preferencia en la agenda legislativa para que discutan aquellos asuntos que por su naturaleza representen prioridad nacional.

Ante tales circunstancias, es menester modificar el orden jurídico y dotar a los Poderes de la Unión --en particular al Ejecutivo y al Legislativo-- de mayores atribuciones que permitan instrumentar, de manera efectiva y pronta, las acciones de gobierno.

Por lo anteriormente expuesto, la presente iniciativa propone establecer el trámite legislativo preferente para las iniciativas que, con ese carácter, presente el Ejecutivo federal.

Además, la reforma tendrá el beneficio adicional de acreditar, ante la ciudadanía, la responsabilidad de los poderes en la construcción de un sistema democrático, que atienda las demandas sociales con eficacia y que produzca resultados en beneficio de las mayorías.

La propuesta planteada, en el sentido de crear el trámite legislativo preferente, existe, con variaciones y matices, en algunas democracias consolidadas, como Francia y Alemania, así como en varios países de América Latina como Uruguay, Chile, Colombia y Brasil.

El trámite legislativo preferente procederá ante la solicitud que formule el presidente de la república. Al respecto, conviene precisar que no se trata de un trato preferente respecto del contenido, de los argumentos o del sentido de la votación; por el contrario, la preferencia consiste exclusivamente en la obligación del Congreso de pronunciarse sobre la iniciativa en favor o en contra.

Con el objetivo de que el trámite legislativo preferente no se convierta en práctica común a disposición del Ejecutivo, se propone que puedan presentarse hasta dos iniciativas con carácter preferente dentro de los primeros 45 días del inicio de cada periodo ordinario de sesiones, y que no puedan ser objeto de este tratamiento preferencial las que pretendan reformar o adicionar leyes contenido electoral y de partidos.

Recibida la iniciativa en la Cámara de origen, ésta tendrá como límite para pronunciarse hasta el último día de sesiones ordinarias del periodo que corresponda y, en caso de que no lo haga, el presidente deberá inmediatamente someter a la consideración del pleno la iniciativa del Ejecutivo federal, de no hacerlo, las reformas se tendrán por aprobadas.

En este orden de ideas, la incorporación de la figura del trámite legislativo preferente constituirá, sin duda, un instrumento que fortalecerá la colaboración entre los poderes.

Asimismo, es necesario señalar que cuando el Ejecutivo federal proponga mediante una iniciativa de trámite legislativo preferente reformas de carácter constitucional, las legislaturas de los estados tendrán un plazo de 30 días para someter a consideración del pleno las reformas y adiciones, de no hacerlo se tendrán por aprobadas.

En conclusión, la reforma permitirá la corresponsabilidad entre el Congreso de la Unión y el presidente de la república, en la construcción de la democracia socialmente eficaz, simplificando el trámite legislativo de acciones gubernamentales y flexibilizando la discusión de temas prioritarios que requiere la nación.

En virtud de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta a esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 71, y se adiciona el párrafo tercero al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 71 y se adiciona el párrafo tercero al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 71. ...

Artículo 135.

...

...

Tratándose de iniciativas de trámite legislativo preferente a que se refiere el artículo 71, las legislaturas de los estados tendrán un plazo de 30 días para someter a consideración del pleno las reformas y adiciones, de no hacerlo se tendrán por aprobadas.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión y los Congresos estatales deberán adecuar la legislación a lo dispuesto en el presente decreto, dentro de los 180 días posteriores a su entrada en vigor.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado Castilla Marroquín. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 387 del Código Penal Federal.

El diputado Arturo Zamora Jiménez: Con su permiso, señor presidente. En un mundo globalizado y donde el comercio en línea es cada día mayor, los defraudadores y ladrones ya no buscan robarse una billetera para apoderarse del dinero, sino que para ellos es más lucrativo apropiarse de identificaciones para hacer uso indebido de tarjetas de crédito, de débito, de cheques y de cualquier documento que cuente con información personal.

La información confidencial les sirve a ellos para usurpar identidades y realizar actividades ilícitas en nombre de sus víctimas. El robo de identidad tiene lugar cuando alguien se hacer pasar por otra persona y utiliza información personal, de índole financiera, para solicitar préstamos, tarjetas de crédito o tramitar arrendamientos.

El problema es tan cotidiano, que el miércoles 18 de noviembre la Condusef emitió una alerta sobre supuestas reposiciones de tarjetas que pueden derivar en robo de identidad, o bien, del dinero completo de la cuenta del usuario, según explica la Condusef en ese comunicado.

Varios usuarios han reportado estar recibiendo llamadas telefónicas mediante las cuales se les informa que, para evitar problemas en el uso de su tarjeta de crédito durante la temporada de fin de año, se les enviará una reposición. Este ilícito es mucho más efectivo que el fraude tradicional, con medios de pago que ocurren cuando alguien usa ilegalmente la chequera, la tarjeta de débito o la de crédito de otra persona.

El robo de identidad permite al delincuente abrir cuentas de banco, obtener tarjetas de crédito y teléfonos celulares, arrendar autos e inclusive departamentos a nombre de la víctima, sin que ésta se entere. En promedio pasa un año antes de que el afectado descubra el robo de identidad, y por ello pocos defraudadores que utilizan el robo de identidades son detenidos.

El problema es tan grave en México, que instituciones de crédito como Banco Azteca han emitido alertas a sus clientes, tanto en sucursales como en su sitio de Internet. El 1 de abril del presente año la Procuraduría Federal del Consumidor emitió una alerta también sobre el robo de identidad para obtener créditos. La Profeco alertó en ese momento que defraudadores aprovechan descuidos de los consumidores para alterar sus identificaciones oficiales y así solicitar préstamos a entidades financieras, tiendas departamentales y supermercados.

De acuerdo con la información dada a conocer por funcionarios de la Condusef y del Buró de Crédito, en México se incrementan los casos de personas defraudadas mediante el robo de identidades. Ante estos hechos, la Profeco pidió a los ciudadanos tener especial cuidado en el manejo de documentos como la credencial de elector, el número de Seguro Social, el acta de nacimiento, la licencia de manejo, la cédula profesional, entre otros.

Por su parte, el Buró de Crédito también alertó que en México no existen cifras precisas, pero el crecimiento de transacciones comerciales o bancarias a través de Internet y la falta de protección a la información personal colocan a los consumidores en graves riesgos de que sus datos confidenciales sean sustraídos y utilizados para cometer fraudes.

Al hacer el análisis conjunto de estos elementos, así como de los delitos de robo, fraude, variación de nombre y falsificación de documentos, debe reconocerse la existencia de un vacío en la ley que no contempla específicamente como delictivo el comportamiento descrito en las líneas anteriores.

Al inicio de esta iniciativa, nosotros hemos informado a ustedes que esto se ha convertido en un grave problema, de tal manera que me permito proponer a esta soberanía la solución legislativa de acuerdo con lo siguiente.

Nos encontramos ante una figura llamada ``del delito medial''. El delito de fraude puede darse mediante la conducta de engaño que implica el ejercicio de una actividad por la cual se distorsiona la realidad con objetivo de producir en la víctima una falsa representación de la verdad.

Así entonces, en el Código Penal Federal, en el artículo 386, se tipifica el delito de fraude genérico a través de la conducta del que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se encuentra, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido.

Por tanto, es por lo que propongo a esta soberanía la adición en el capítulo sobre el delito de fraude, en el artículo 387, la adición de la fracción XXII que sería en los siguientes términos:

``El que para cometer este delito utilice indebidamente cualquier tipo de identificación o clave de identificación personal bancaria, o cualesquiera otro documento identificatorio que pertenezca a otra persona''. De tal suerte que en este sentido el delito de fraude se castigaría con penas de prisión desde los 3 días hasta los 12 años. Muchas gracias, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez , del Grupo Parlamentario del PRI

Arturo Zamora Jiménez , diputado a la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados iniciativa de ley para adicionar la fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal, relativo al robo de identidad con fines defraudatorios al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Ámbito sociológico

El robo de identidad, de acuerdo con investigaciones internacionales, es el delito de más rápido crecimiento en el mundo.

En un mundo globalizado y donde el comercio en línea es cada día mayor los defraudadores y ladrones ya no buscan robarse una billetera para apoderarse del dinero, sino que para ellos es más lucrativo apropiarse de identificaciones para hacer uso indebido de tarjetas de crédito, de débito, cheques y cualquier documento que cuente con información personal.

La información confidencial les sirve para usurpar identidades y realizar actividades ilícitas en nombre de sus víctimas.

El robo de identidad tiene lugar cuando alguien se hace pasar por otra persona y utiliza información personal de índole financiera para solicitar préstamos, tarjetas de crédito o tramitar un arrendamiento.

Los ladrones de identidad obtienen sus datos personales de las siguientes maneras:

El problema es tan cotidiano que el pasado miércoles 18 de noviembre, la Condusef emitió una alerta sobre supuestas reposiciones de tarjeta que pueden derivar en robo de identidad o bien el dinero completo de la cuenta del usuario. según explica la Condusef en el comunicado, varios usuarios han reportado estar recibiendo llamadas telefónicas, mediante las cuales se les informa que, para evitar problemas en el uso de su tarjeta de crédito durante la temporada de fin de año, se les enviará una reposición de ésta.

Cada vez más compras y robos de documentos oficiales son perpetrados por delincuentes que utilizan la Internet para cometer ilícitos. Sus herramientas preferidas son el engaño para obtener información privada y la invasión de computadoras de millones de usuarios incautos, con las cuales forman redes que propagan programas decodificadores de contraseñas.

El problema es tan grave en México que instituciones de crédito como banco azteca ha emitido alertas a sus clientes, tanto en sus sucursales, como en su sitio de Internet.

El 1 de abril del 2006 la procuraduría federal del consumidor emitió una ``alerta al consumidor'' respecto al robo de identidad para obtener créditos.

La Profeco alertó en ese momento que ``defraudadores aprovechan descuidos de los consumidores para alterar sus identificaciones oficiales y así solicitar préstamos a entidades financieras, tiendas departamentales y supermercados''.

Ante estos hechos, la Profeco pide a los ciudadanos tener especial cuidado en el manejo de documentos, como la credencial de elector, número de seguro social, acta de nacimiento, licencia de manejo y cédula profesional.

Por su parte el buró de crédito también alertó que: ``en México no existen cifras precisas, pero el crecimiento de transacciones comerciales o bancarias en Internet y la falta de protección a la información personal colocan a los consumidores en grave riesgo de que sus datos confidenciales sean sustraídos y utilizados para cometer fraudes''.

Exposición de Motivos Jurídicos

La legislación penal al crear modelos hipotéticos tiene como finalidad proteger a través de la amenaza penal bienes necesitados de tutela, tan es así que existen diferentes formas comisivas a través de las cuales se busca evitar comportamientos lesivos a diferentes bienes como son la vida, la libertad y el patrimonio entre otros.

En el ámbito de los delitos patrimoniales se encuentran previstos diferentes tipos delictivos que tutelan fundamentalmente el derecho de las personas a disfrutar libremente de su patrimonio.

El artículo 367 del Código Penal Federal establece que comete el delito de robo: el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley; por tanto los actos que suponen comportamiento de apropiación indebida se encuentran tutelados a través de tal disposición.

En este orden de cosas queda claro que el apoderamiento por si solo en los casos en que exista el ánimo de daño patrimonial y de enriquecimiento ilícito por parte del autor, aunado al resto de los requisitos del tipo penal consuma la figura de robo.

Sin embargo, cuando existe un comportamiento previo consistente en una disposición de documentos, identificaciones, tarjetas de crédito o cualquier documento de identidad, que lleva implícito en el ánimo de autor su utilización para llevar a cabo una conducta posterior, nos encontramos ante una situación atípica.

La citada conducta consistente fundamentalmente en el apoderamiento de identidad o datos de identidad con la finalidad de obtener en otro momento un lucro a través de argucias, o engaños, generando daño patrimonial a la víctima de engaño y por otro, descrédito a la persona cuya identidad se usurpa para obtener indebidamente un beneficio patrimonial.

En este sentido la doctrina establece la realización de los delitos continuados que de acuerdo al artículo 7 del código penal federal consiste en la discontinuidad en la conducta que lesiona un bien jurídico tutelado, con identidad de pasivo, de tal suerte que en el comportamiento descrito no se surte tal circunstancia habida cuenta que por un lado se trata de la lesión a bienes jurídicos tutelados en diferentes figuras hipotéticas y por otro, también se trata de conductas con finalidades totalmente diferentes.

Al hacer el análisis conjunto de los delitos de robo, fraude, variación de nombre, por falsificación de documentos se debe reconocer la existencia de un vacío de ley que no contempla específicamente como delictivo el comportamiento descrito al inicio de esta iniciativa, ante lo cual me permito proponer a esta soberanía la solución legislativa en base a lo siguiente:

Lo dispuesto en el artículo citado, es la forma genérica del delito de fraude que de acuerdo a los elementos del tipo del comportamiento básico puede acreditarse mediante la conducta de engaño, o bien mediante el aprovechamiento de error.

En efecto, el delito de fraude puede darse mediante la conducta de engaño que implica el ejercicio de una actividad por la cual se distorsiona la realidad, con el objeto de producir en la víctima una falsa representación de la verdad; sin duda, el engaño es el más significativo de los elementos previstos en el tipo básico, en consecuencia, será suficiente para integrar este delito cualquier clase de engaño con tal que causalmente sea suficiente para producir en la víctima una concepción errónea de la realidad, así podrá ser suficiente el mecanismo activo de aquel que miente o distorsiona toda la información inherente a una determinada situación incluyendo la relativa a la identidad.

El ``tipo objetivo'' en este delito constituye además de la conducta engañosa, el aprovechamiento de error, así como la disposición patrimonial, en tanto que, ``como elemento subjetivo del tipo'' lo constituye el ``enriquecimiento ilícito'', que es en realidad la finalidad de autor, de tal manera que el ánimo de lucro constituye el dolo como única forma de comisión del delito de fraude.

La conducta engañosa consiste en una simulación o disimulación capaz de inducir a error, a una o varias personas. Puede consistir tanto en la afirmación de hechos falsos, como en la simulación o desfiguración de los verdaderos, siempre y cuando los mecanismos sean suficientes para vencer la incredulidad engañando de tal manera a la víctima que voluntariamente realice la actividad esperada.

Al hacer el análisis de las 21 fracciones del artículo 387 del Código Penal Federal, en que se establecen las formas específicas de fraude, podemos destacar lo dispuesto en la fracción x en la que se establece como forma de comisión en el delito de fraude específico la simulación de un contrato, un acta o escrito judicial, ante lo cual es evidente que el comportamiento de sustracción para el uso de identidad con ánimo de engañar a otro y obtener lucro indebido, es una forma delictiva que no está específicamente tipificada en el derecho positivo, de tal suerte que es menester incorporar en la legislación una adición al artículo 387 a través de la creación de la fracción XXII para los efectos de tutelar adecuadamente dicho comportamiento lesivo, razón por la cual propongo a esta soberanía que se adicione al artículo 387 del Código Penal Federal, la fracción XXII en los siguientes términos:

Artículo 387. Comete el delito de fraude el que engañando a...

Bibliografía Antón Oneca, José. Estafa NEJ, número IX, Madrid, 1958. Bajo Fernández, M. El delito de estafa, comentario a la legislación penal. Volúmen II. Madrid, 1985. Carrara, Francesco. Programa del curso de derecho penal. Parte especial. Volúmen II. Tomo IV. Reimpresión de la cuarta edición. Editorial Temis, 1986. Cuello Calón Eugenio. Derecho penal. Parte especial. Tomo II. Novena edición. Editorial Bosch. Barcelona, 1955. Diccionario Jurídico Mexicano . Instituto de Investigaciones, UNAM. Editorial Porrúa, México, 1992. Huerta Tocildo, Octavio. La protección penal del patrimonio inmobiliario. Editorial Civitas. Madrid, 1980. Jiménez Huerta, M. Derecho Penal Mexicano. Tomo II. Editorial Porrúa. México, 1983. López Barja de Quiroga, Jacobo. Manual de derecho penal. Parte especial. Tomo I. Editorial Akal-lure. Madrid, 1990. Muñoz Conde, Francisco. Derecho Penal, parte especial, página 219 Sevilla, 1985. Rodríguez Devesa, José M. Derecho penal, parte especial, Madrid, 1992. página 415. Vives Antón T./cobo del rosal M./Carbonell Mateu/Boix Reig/Orts Berenger, Derecho penal. Parte especial, Valencia, 1990. Zugaldia Espinar. Los delitos contra la propiedad y el patrimonio, Madrid, 1988. Zamora Jiménez Arturo . Cuerpo del delito y tipo penal, Ángel editores, México DF, 2000. Zamora Jiménez Arturo . Análisis de los delitos en México, Ángel editores, México DF, 2000.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Justicia.

Tiene la palabra la diputada María Antonieta Pérez Reyes . Me informan que no se encuentra en el salón de sesiones, por tanto pasa al final del capítulo.

ARTICULOS 35, 36, 41 Y 89 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho: Con su permiso, diputado presidente; con el permiso de mis compañeros. Los primeros antecedentes en nuestro país, de consultas a la ciudadanía sobre decisiones de gobierno, se remontan al plebiscito realizado en marzo de 1824 que dio como resultado la incorporación de Chiapas a la federación y la convocatoria del 14 de agosto de 1867, en la cual Benito Juárez propuso que el Poder Legislativo se depositara en las dos Cámaras y que el Ejecutivo contara con la facultad de veto suspensivo a las resoluciones del Legislativo.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es uno de los tantos avances en materia de participación ciudadana, ya que en su artículo 5o., estableció por primera vez el concepto de derechos políticos. Esto es, hizo referencia por primera vez al derecho de los ciudadanos a votar y ser votados.

La participación ciudadana existe cuando hay sociedades vivas, cuando hay una ciudadanía fortalecida. La manera como los ciudadanos utilicen estas nuevas herramientas, contribuirá a definir el futuro de la participación ciudadana en nuestro país.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo establece, en su informe sobre la democracia en América Latina 2004, el concepto ``ciudadanía integral'', el cual implica que los ciudadanos puedan ejercer sin límites sus derechos civiles, sociales y políticos.

Un régimen que asegure estos tres tipos de derechos a su sociedad ya no es una democracia electoral, sino una democracia ciudadana.

Señores diputados, el pueblo mexicano no merece ser tratado como insumo político, merece una democracia de ciudadanía.

Implementar la democracia directa es una de las propuestas para establecer una democracia que cumpla con las expectativas de la sociedad y que, además de asegurar el sufragio, permita la participación de los ciudadanos en las decisiones políticas del Estado.

Ya desde el siglo XVIII, Rousseau consideraba que la soberanía reside en la identidad entre gobernantes y gobernados; que es inalienable e indelegable, y por tanto sostenía que debería suprimirse la democracia representativa para implementar la directa.

Existen mecanismos que combinan la base de la democracia representativa con algunos mecanismos de la democracia directa, como el referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato o la iniciativa popular. Actualmente hay una gran cantidad de países que ya cuentan en sus legislaciones con estas figuras. Es necesario promover los mecanismos de participación ciudadana para contribuir a una mejor democracia.

Por todo lo anterior, es innegable la importancia que tiene para cualquier país democrático contar con mecanismos de participación. Tenemos el honor, desde esta Cámara de Diputados, de construir ciudadanía y la oportunidad de ser parte de la evolución democrática de nuestro país.

La presente iniciativa de reforma constitucional está orientada a crear el referéndum a través de una prerrogativa ciudadana. En el artículo 35 se describen las prerrogativas del ciudadano; en su fracción I nos dice que una de ellas es votar en las elecciones populares. Dicha fracción I dispone únicamente la facultad del voto activo, agotando y limitando esta participación ciudadana con la emisión del sufragio. Por ello, es oportuno reformar el artículo para que incluya también, como prerrogativa del ciudadano, el voto de referéndum.

El mismo criterio aplica en el caso del artículo 36, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece las obligaciones del ciudadano. Lo anterior a efecto de que las leyes electorales sean sometidas a referéndum para legitimar su expedición y dar pauta a la construcción de ciudadanía.

La participación ciudadana debe ir de la mano de la difusión y comunicación. Los medios de comunicación deben estar a disposición de los ciudadanos y no solamente de los candidatos y de los partidos.

La sociedad mexicana busca una mayor participación en el proceso de creación de las leyes que rigen su vida. El Estado debe garantizar condiciones y oportunidades para que los ciudadanos puedan ser escuchados y participar en la creación de leyes como estructura jurídica que determina la dinámica social en el país.

Ésta es una iniciativa con un contenido eminentemente social; lo tiene porque parte del reconocimiento, como lo indica el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, y que conforme al artículo 41 el pueblo ejerce esta soberanía por medio de los Poderes de la Unión.

El Congreso de la Unión, depositario del Poder Legislativo, debe establecer mecanismos a través de los cuales el vínculo con los ciudadanos se haga más robusto, fortaleciendo también la representación de la ciudadanía.

Por su parte, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos describe el ejercicio popular de la soberanía a través de los Poderes de la Unión. En el artículo en comento se describe el proceso electoral, pero no se habla de referéndum. Es esta la razón por la que se propone adicionar una fracción VII, al artículo 41, en la que establece para el Instituto Federal Electoral la obligación de recibir la solicitud de referéndum, así como los requisitos que dicha solicitud debe cubrir.

El papel que juega el titular del Ejecutivo federal es de suma importancia ante el rol que desempeña en el proceso legislativo; el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla las facultades y obligación del presidente de la República.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pediríamos concluir, diputada.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho: ---Termino. Por ello, no ajeno a esta corresponsabilidad es necesario incluir la disposición normativa, por la cual el presidente sea partícipe en el procedimiento de referéndum a que se refiere el artículo 35, fracción VI de esta iniciativa.

Ante el Instituto Federal Electoral esta solicitud debe realizarse como se propone en un plazo de 20 días; en razón de que la fracción XX es el corolario del artículo 89, es necesario reformarla para inscribir la solicitud de referéndum que se comenta, adicionar el XXI para agregar el texto antes ubicado en la fracción XX.

Presidente, señor presidente de la Cámara, solicito se turne la presente iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Participación Ciudadana. Asimismo, le solicito se integre el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho , del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la que suscribe, diputada María Araceli Vázquez Camacho , integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, presenta ante esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 35, 36, 41 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El acceso efectivo de los ciudadanos a los procesos del origen del poder es limitado. Sólo el voto activo y la militancia en un partido político son las opciones para influir en la selección de los candidatos, en el diseño de las normas electorales, en los medios de comunicación y en los actos tendentes a la formación de los órganos constituidos del poder popular.

La legitimidad basada en el acto de elegir debe ser complementada para efectos prácticos por el control efectivo de las diversas etapas de los procesos electorales, sin que esto signifique que estos deban quedar en manos de los ciudadanos, con exclusión de los partidos, órganos, organismos e instancias públicas competentes en la materia.

En ninguna de las etapas el control del poder implica la sustitución de del poder público, sino la legitimación de los actos de gobierno en sentido amplio, por quien elige y es representado.

En congruencia con lo expuesto, la presente iniciativa de reforma constitucional en materia de prerrogativas y obligaciones de los ciudadanos y facultades del Ejecutivo federal, así como del Instituto Federal Electoral, que por su digno conducto presento a la consideración del Constituyente Permanente, se sustenta en las consideraciones siguientes

El acceso de los electores a los medios de comunicación masiva también es requisito indispensable en el contexto político actual, en razón de que favorece el contacto con sus candidatos. Aquéllos que determinan con su voto el destino del país deben tener la posibilidad de manifestar lo que desean sea resuelto y atendido por los candidatos, lo que piensan y dar testimonio de sus necesidades. Es incoherente hablar de ``democracia'' en una elección en la que los electores son excluidos del proceso democrático. Es necesario reforzar la participación ciudadana.

Estos medios de control pretenden devolver al electorado la potestad real de decisión, que no existe cuando los votos se depositan en condiciones de ignorancia, desconocimiento, desinformación, manipulación o exclusión que afectan la libre decisión de los ciudadanos, con la consecuente disminución de legitimidad en el origen del poder.

La sociedad mexicana busca una mayor participación en el proceso de creación de las leyes que rigen su vida. El Estado debe garantizar condiciones y oportunidades para que los ciudadanos puedan ser escuchados y participar en la creación de leyes, como estructura jurídica que determina la dinámica social en el país.

Ésta es una iniciativa con un contenido eminentemente social. Lo tiene, porque parte del reconocimiento de que, como lo indica el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y que, conforme al artículo 41, el pueblo ejerce esta soberanía por medio de los Poderes de la Unión. El Congreso de la Unión, depositario del Poder Legislativo, debe establecer mecanismos a través de los cuales el vínculo con los ciudadanos se haga más robusto, fortaleciendo también la representación de la ciudadanía.

El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos describe cómo ejerce el pueblo su soberanía: a través de los Poderes de la Unión. En el artículo en comento se describe el proceso electoral; pero no se habla del referéndum. Es ésta la razón por la que se propone adicionar una fracción VII al artículo 41, en la que se establece para el Instituto Federal Electoral la obligación de recibir la solicitud del referéndum, así como los requisitos que dicha solicitud debe cubrir.

El papel que juega el titular del Ejecutivo federal es de suma importancia ante el rol que desempeña en el proceso legislativo. El artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla las facultades y obligaciones del presidente de la Republica. Por ello, no ajeno a esta corresponsabilidad, es necesario incluir la disposición normativa por la cual el Presidente sea partícipe en el procedimiento de referéndum a que se refiere el artículo 35, fracción VI, de esta iniciativa ante el Instituto Federal Electoral. Esta solicitud debe realizarse, como se propone, en un plazo de 20 días. En razón de que la fracción XX es el corolario del artículo 89, es necesario reformarla para inscribir la solicitud de referéndum que se comenta y adicionar la fracción XXI para agregar el texto antes ubicado en la fracción XX.

De merecer la aprobación del Constituyente Permanente, la reforma que se plantea permitirá al Estado crear una Ley Federal en materia de Participación Ciudadana, que garantice el objetivo social de la presente reforma constitucional y de pauta a un nuevo rol de la participación ciudadana. Con ello, las legislaturas estatales estarían obligadas a ser consecuentes con dicha reforma constitucional y avanzar en la modernización del marco jurídico en materia de instrumentos de participación ciudadana.

Por lo expuesto, propongo a esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma la fracción I y se adiciona la fracción VI del artículo 35; se reforma la fracción III del artículo 36; se adiciona la fracción VII del artículo 41 con seis párrafos; se reforma la fracción XX y se adiciona la XXI del artículo 89, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República:

Artículo 41. ...

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, diputada Vázquez Camacho, insértese en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada María del Pilar Torre Canales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 3o., 4o., 8o. y 15 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

La diputada María del Pilar Torre Canales: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputados y compañeras diputadas, la juventud es concebida como una fase de transición entre dos etapas; un proceso de evolución en la que niños y niñas se preparan para convertirse en adultos autónomos, capaces de ejercer plena y responsablemente sus derechos y obligaciones.

En México son consideradas jóvenes las personas cuyas edades están comprendidas entre 12 y 29 años. El 32.7 por ciento de la población en México es joven y enfrenta, a pesar del amplio rango de edades, múltiples desafíos que complican e impiden su pleno desarrollo.

Uno de los mayores problemas que la sociedad mexicana presenta es la alta incidencia en discriminación, violencia e inequidad de género, que se vive tanto en la familia como en las escuelas y en la calle.

Gran parte de la juventud mexicana crece y aprende a vivir patrones de vida destructivos, que tienden a reproducirse en vida adulta y dañan gravemente su propio desarrollo y el de la sociedad en su conjunto.

Investigaciones como las encuestas nacionales de Exclusión, Tolerancia y Violencia en Escuelas Públicas y de Violencia en las Relaciones de Noviazgo revelan no solamente los altos niveles de intolerancia a la diversidad, sino que muestran un grave y preocupante panorama de violencia que viven y ejercen los jóvenes desde las primeras décadas de su vida.

Por ejemplo, 44.6 por ciento de los estudiantes hombres y 26.2 de las mujeres encuestados reconocieron haber abusado de sus compañeros, tanto física como psicológicamente; 16.3 por ciento declaró que la violencia forma parte de la naturaleza humana y 13 por ciento aceptó que los hombres pegan a las mujeres por instinto.

Más de la mitad manifestó que no le gusta tener como compañeros en la escuela a enfermos de Sida; que le desagrada compartir clases con personas homosexuales y que desaprueba trabajar con alumnos con alguna discapacidad.

Por su parte, la violencia en las relaciones de noviazgo es un hecho que no podemos dejar a un lado. El 76 por ciento de los jóvenes en México son víctimas de violencia psicológica por parte de sus parejas; 15 por ciento ha experimentado al menos un incidente de violencia física y 16.5 por ciento de las mujeres entrevistadas señalaron que han sufrido en el último año un evento de violencia sexual.

A pesar de ser generaciones jóvenes, 59 por ciento de las personas entrevistadas continúa creyendo que el papel de los hombres dentro de la familia es el de proveedores principales y que son los que toman las decisiones y que las mujeres nos tenemos que dedicar al hogar y a cuidar a los hijos.

Los resultados muestran, claramente, que si queremos combatir la violencia e inequidad que impera es necesario diseñar y reforzar los instrumentos y acciones para combatirlas.

Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza la educación e información son las únicas vías que la juventud tiene para tener pleno conocimiento de sus derechos y responsabilidades.

En este sentido, el Instituto Mexicano de la Juventud, como órgano encargado de diseñar y fortalecer las políticas federales dirigidas a la juventud, debe guiar su quehacer a través de la óptica del derecho a la no discriminación y la violencia.

Por ello, dentro de la ley que lo rige, debe establecerse que el instituto tendrá por objeto promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación, de conformidad con lo establecido en la Constitución mexicana, los ordenamientos legales y los tratados internacionales suscritos.

Asimismo, con el objetivo de fomentar una mayor igualdad de trato y oportunidades para todos los jóvenes, el instituto elaborará programas y cursos de orientación a la cultura de la no violencia, la no discriminación y la equidad de género.

Finalmente, la iniciativa tiene como objetivo, también, que dada la relación que guarda la juventud mexicana entre hombres y mujeres y el evidente impacto de la discriminación sobre ellos, es imprescindible que formen parte de manera permanente de la Junta Directiva del Instituto un representante del Instituto Nacional de Mujeres y otro del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Solamente si ponemos en práctica acciones que prevengan y aborden los problemas que enfrenta la juventud, podremos influir en la forma en que nos relacionamos y tomamos decisiones.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2o., 3o., 4o., 8o. y 15 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Por respeto al tiempo de mis compañeras y compañeros legisladores, omitiré la lectura del articulado y solicito a la Mesa Directiva que sea publicado de manera íntegra en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 2, 3, 4, 8 y 15 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo de la diputada María del Pilar Torre Canales , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

María del Pilar Torre Canales , diputada integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 3, 4, 8 y 15 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con la Organización Iberoamericana de la Juventud, la juventud es concebida como una fase de transición entre dos etapas; la niñez y la adultez. Un proceso de evolución, en el que niños y niñas se preparan para convertirse en adultos autónomos, capaces de ejercer plena y responsablemente sus derechos y obligaciones.

En general, se considera que esta etapa inicia con la capacidad de las personas para reproducir a la especie humana y termina con la asunción plena de las responsabilidades y autoridad del adulto. A pesar de que el rango definido por la Organización de las Naciones Unidas, para la juventud, es de los 15 a los 24 años, en México, como en otros países, los criterios son diferentes y la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud establece que se consideran jóvenes a las personas comprendidas entre los 12 y 29 años de edad.

La gran complejidad que presenta la juventud, tanto por el amplio rango de edades que cubre como por las diferentes necesidades y tipos de atención que requiere no imposibilita que los jóvenes enfrenten --de forma general-- problemas estructurales y emergentes que complican e impiden su pleno desarrollo. Por ejemplo, tal y como se menciona en el informe ``Juventud y cohesión social en Iberoamérica'' elaborado en 2008 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en proporción con su nivel educacional, la juventud se enfrenta en la actualidad con mayores niveles de desempleo. En cuanto al ámbito de la salud, el informe revela que si bien se consideran generaciones que se enferman poco, son quienes más mueren por causas externas y registran una muy alta incidencia de homicidios. La alta persistencia de maternidad adolescente pone un signo de interrogación sobre la titularidad efectiva de los derechos reproductivos entre las más jóvenes. Referente al abuso de sustancias nocivas y exposición a riesgos conexos, el informe indica que la juventud es el grupo de mayor prevalencia. En materia migratoria, muchos sufren, especialmente las mujeres, de tráfico de personas y explotación sexual. En el campo político la juventud se siente poco identificada con el sistema representativo y el aparato de Estado; las nuevas generaciones perciben que los criterios sectoriales, las lógicas corporativas y las burocracias consolidadas, según resultados del informe, entorpecen la satisfacción de sus demandas, en lugar de facilitarlas.

En México el 32.7 por ciento de la población enfrenta varias de las circunstancias antes descritas, en donde el acceso a derechos básicos como educación, salud, seguridad e igualdad de oportunidades y de trato, es limitado y en ocasiones llega a ser casi nulo. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de los 103 millones 263 mil 388 personas que habitaban en el país en el 2005, 33 millones 774 mil 976 eran jóvenes entre los 12 y 29 años de edad. Para 2009, si bien las estadísticas presentadas toman solamente en cuenta a los individuos que van de los 15 a los 29, este segmento continúa representando más de la cuarta parte de la población en el país con 27.2 por ciento, que se traduce en 29.2 millones de jóvenes.

Uno de los mayores problemas que enfrentamos como país es la alta incidencia de discriminación, violencia e inequidad de género que se vive tanto en la familia como en las escuelas y la calle. Gran parte de la juventud mexicana crece y aprende a vivir patrones de vida violentos y peligrosos que tienden a reproducirse en la vida adulta y dañan gravemente no sólo su desarrollo sino el de la sociedad en su conjunto.

Algunos de los resultados de la Primera Encuesta Nacional Exclusión, Tolerancia y Violencia en Escuelas Públicas, señalan que los niveles de intolerancia a la diversidad son altos. El 54 por ciento de los estudiantes manifestaron que no les gustaría tener como compañeros en la escuela a enfermos de sida; al 52.8 por ciento les desagradaría compartir clases con personas no heterosexuales; el 51.1 por ciento desaprueba trabajar con alumnos con alguna discapacidad y el 38.3 por ciento con jóvenes que tengan ideas políticas diferentes; mientras que el 35.1 por ciento con jóvenes que tengan una religión diferente.

El 16.3 por ciento de los estudiantes declaró que la violencia forma parte de la naturaleza humana y un 13 por ciento consideró que los hombres le pegan a las mujeres por instinto. El 44.6 por ciento de los hombres y el 26. 2 por ciento de las mujeres reconoció haber abusado de sus compañeros.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo 2007, muestra que el 15 por ciento de las y los jóvenes mexicanos han experimentado al menos un incidente de violencia física, en donde la mujeres representan el 61.4 por ciento y por ciento de los hombres. La violencia física tiene una mayor proporción en zonas urbanas (16.4 por ciento), en comparación con las zonas rurales (13.2 por ciento).

El 76 por ciento de los jóvenes son víctimas de violencia psicológica por parte de sus parejas y la mayor incidencia de ésta se da en áreas urbanas (76.3 por ciento) a diferencia del área rural (74.7 por ciento). Con respecto a la violencia sexual, el 16.5 por ciento de las jóvenes entrevistadas señaló haber sufrido un evento de violencia sexual por parte de su pareja. De acuerdo a los estereotipos sociales, el 59 por ciento de las personas entrevistadas cree que el papel de los hombres dentro de la familia es el de proveedores principales de la familia y los que encabezan la toma de decisiones, mientras que las mujeres deben encargarse del hogar.

La siguiente tabla muestra claramente ciertas actitudes discriminatorias que influyen, según resultados de la encuesta en comportamientos violentos.

Otro de los ámbitos donde el sector salud ha prendido focos rojos, es en el relacionado con las adicciones al tabaco, alcohol u otro tipo de drogas, ya que tienen un vínculo con las conductas violentas. El 8.2 por ciento de las personas entrevistadas, ha consumido drogas distintas al alcohol y el tabaco, siendo la marihuana, cocaína y crack las drogas que se consumen de manera significativa.

Los resultados arrojados tanto en Encuesta Nacional Exclusión, Tolerancia y Violencia en Escuelas Públicas, como en la Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo 2007 revelan la necesidad de diseñar instrumentos y acciones para combatir y prevenir la discriminación y la violencia.

El Instituto Mexicano de la Juventud es el órgano encargado de fortalecer y dar plena seriedad y continuidad a las políticas federales hacia las y los jóvenes. Creado el 6 de enero de 1999 de acuerdo a la Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación, el instituto tiene como misión promover, generar y articular políticas públicas integrales de juventud que surjan del reconocimiento de las y de los jóvenes en toda su diversidad, como sujetos y actores de su propio destino, que respondan a sus necesidades, propiciando el mejoramiento de su calidad de vida y su participación plena y desarrollo nacional.

Dada su importancia, este organismo debe guiar su quehacer a través de la óptica del derecho a la no discriminación, si en verdad se quiere que tenga una incidencia positiva en la calidad de vida de los jóvenes mexicanos. Por ello se considera como elemental que dentro de la ley que lo rige se haga especial énfasis en la no discriminación. Así se propone que se especifique claramente en la norma que la población cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años, que se encuentre en territorio nacional será objeto de los programas, servicios y acciones que el instituto lleve a cabo sin distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra.

Asimismo debe quedar plasmado que el instituto tiene por objeto, además de los citados en la ley, el de promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los ordenamientos legales y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Ello, a través de programas y cursos de orientación e información sobre la cultura de la no violencia, la no discriminación y la equidad de género con el objeto de que haya una mayor igualdad de trato y oportunidades para todos lo jóvenes y sus decisiones sean producto de una información completa y adecuada. Es imprescindible también, orientar las políticas, programas y acciones en ámbitos estratégicos con el fin de informar y desarrollar las capacidades y conocimiento de los jóvenes para que conozcan sus derechos, y los mecanismos para exigirlos.

De igual forma y dada la relación hombres-mujeres que guarda la población mexicana que se encuentra entre los 12 y 29 años y el evidente impacto de la discriminación sobre ellos y el significado negativo respecto del disfrute de sus derechos fundamentales, es necesario que formen parte de la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud de manera permanente un representante del Instituto Nacional de las Mujeres y otro del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Conapred. De esta manera se agregarían experiencias positivas, ampliamente probadas y profesionales, sin interferir en modo alguno en el proceso de toma de decisiones que caracteriza a instituciones como el instituto.

Por último, y basado en un Estudio del Conapred, se sugiere que el Consejo de Seguimiento de Proyectos y Programas del Instituto Mexicano de la Juventud, se integre de manera paritaria en cuanto al género de sus miembros, y no de manera equitativa como se menciona. Ello con el fin de hacer la norma menos ambigua y más clara, y enviar un mensaje contundente respecto de la igualdad entre los sexos que debe existir en el citado consejo. Disposiciones de este tipo permiten, según el estudio, avanzar en la protección de los derechos de las mujeres.

En una sociedad calificada como altamente discriminadora, la prevención se convierte es una herramienta imprescindible para lograr el pleno ejercicio y goce de los derechos fundamentales, Por ello la tarea antidiscriminatoria constituye una obligación del Estado que se presenta como inexcusable si se quiere combatir la violencia e inequidad que impera en nuestra sociedad.

Teniendo presente que las formas en que se prevengan y aborden los problemas que enfrenta la juventud es que se influye en las condiciones sociales y económicas actuales y en el bienestar y los medios de relacionarse de las generaciones futuras es que en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 2, 3, 4, 8 y 15 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Articulo Único. Se reforma el artículo 2; se adiciona una fracción I y se reforma la fracción II del artículo 3, recorriéndose en su orden las subsiguientes; se reforman las fracciones I, II, X y se adiciona una fracción XII al artículo 4, recorriéndose en su orden las subsecuentes y se reforman los artículos 8 y 15, todos de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 2. Por su importancia estratégica para el desarrollo del país, la población cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años, que se encuentre en territorio nacional, sin distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra; será objeto de los programas, servicios y acciones que el Instituto lleve a cabo.

Artículo 3. ...

Artículo 4. ...

Artículo 8. ...

Artículo 15. ...

El consejo se integrará con diez jóvenes mexicanos, cuyas edades se encuentren comprendidas entre los 18 y los 29 años y de manera paritaria en cuanto a su género, los cuales serán seleccionados por la Junta Directiva, a convocatoria pública formulada a las instituciones de educación superior, las organizaciones juveniles vinculadas con el trabajo comunitario, político o social y los sectores público o privado y a los pueblos y comunidades indígenas.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias diputada Torre Canales. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte.

VOLUMEN II

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA - LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS - LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS - CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado José Francisco Rábago Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicosy del Código Penal Federal.

El diputado José Francisco Rábago Castillo: Con su permiso, señor diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, qué pena y qué malo para nuestro país que exista el subejercicio presupuestal y no se sancione.

Todas las dependencias y entidades del servicio público cometen subejercicios. El subejercicio presupuestal, que no es más que el gasto presupuestado no ejercido de acuerdo con los calendarios preestablecidos de los recursos autorizados en el presupuesto de egresos, es un problema actual y real cuya dimensión debe ser considerada de manera muy seria, dado que cotidianamente existen diversas manifestaciones en las que se señalan los rezagos con los que los servidores públicos autorizados operan los recursos aprobados al campo, a la infraestructura y al desarrollo social, muchas de las veces de manera consciente, causando un grave daño administrativo y patrimonial a la nación.

Derivado de su facultad de fiscalización, la Auditoría Superior de la Federación determinó que, durante el ejercicio presupuestal de 2008, el fenómeno del subejercicio, en datos duros, alcanzó aproximadamente 5.4 por ciento del presupuesto del gobierno federal, sobre todo en: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 22.1 por ciento; Secretaría de Relaciones Exteriores, 13.2 por ciento; Tribunales Agrarios, 10.5 por ciento; la Consejería Jurídica, 21.7; Secretaría de Medio Ambiente, 7.3, y Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 4.8 por ciento.

El fenómeno incluye a gran parte de las paraestatales y secretarías. Y como causales encontramos la omisión, el oscurantismo presupuestal y la excesiva regulación.

En conclusión, no existe sustento legal o moral para el subejercicio, pues en un país en vías de crecimiento es un atentado a su existencia misma. Y no debemos aceptar bajo ninguna circunstancia la negligencia operativa de la aplicación presupuestal en los programas federales, pues además de los indicadores de desempeño, debería ser vigilado todo presupuesto federal en manos de funcionarios burócratas que operan fuera del marco normativo.

Son diversos los problemas que agravan al panorama del subejercicio, enmarcados por la Auditoría Superior de la Federación.

El primero es la incongruencia. Existe una falta de claridad, oportunidad y calidad en la información que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es necesario que sean explícitas las razones que sustentan las decisiones hacendarias, para saber cómo se están calculando perspectivas de ingreso y gasto, y por qué se están reasignando recursos con subejercicios importantes en rubros claves y en la atención a población en condiciones de vulnerabilidad. La información actual de subejercicios, sumado al anuncio reciente de recortes y economías, sugieren poca congruencia y una falta grave de planeación en la conducción de la política económica de país.

El segundo es la opacidad. Resultado asociado a la información incompleta es el ocultamiento del problema del subejercicio crónico. Ésa sería la primera parte.

La segunda es la reconducción de un monto significativo de recursos a fideicomisos opacos; monto que la autoridad hacendaria no hace público con oportunidad durante el ejercicio y que no puede estimarse sin el acceso que tiene la Auditoría Superior de la Federación.

Por un lado, no se tiene información exhaustiva y oportuna para conocer al detalle el subejercicio de cada dependencia y las razones por las cuales no se ejerce el total de los recursos programados; y, por otro lado, la información sobre los fondos y fideicomisos no permite saber con exactitud cómo se ejercen esos recursos, con qué oportunidad y cuáles son los resultados.

El tercero es la incapacidad para combatir la crisis. La persistente existencia del subejercicio representa un obstáculo para la recuperación económica en un contexto difícil, severo, como acontece.

El actual cuerpo jurídico en la materia no señala con claridad la responsabilidad administrativa, patrimonial y/o penal cuando los servidores públicos responsables tipifican la conducta en mención de no ejercer el gasto de acuerdo con el calendario o con la planeación, programación y presupuestación de los programas de apoyo al campo, sociales y de infraestructura.

Consecuentemente, los efectos en la utilización indiscriminada de la figura del subejercicio se utilizan como parte de una estrategia para las transferencias de recursos a fideicomisos, violentando toda la norma y facilitando con ello la utilización de recursos federales para otros fines distintos a los que originalmente fueron programados o autorizados. Y lo más grave: son aplicados en tiempos electorales.

La razón por la que presentamos esta iniciativa es con el objetivo que el Ejecutivo no caiga en la tentación del subejercicio y la acumulación de saldos y como una manera de contribuir a una efectiva rendición de cuentas de las dependencias y entidades federales, así como de las entidades federativas, los municipios y todo aquel servidor público corresponsable de observar los programas y las disposiciones que contempla la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria.

Con esta iniciativa que sometemos a su consideración, de ahora en adelante deberán observar y cumplir todo lo relativo a la publicación del calendario del presupuesto, ejercicios, subejercicios y evaluaciones; so pena, de no hacerlo, de las acciones patrimoniales, penales y administrativas determinadas por la autoridad competente. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federales de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Francisco Rábago Castillo , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal, José Francisco Rábago Castillo , en nombre propio y de los diputados federales de Tamaulipas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos, y 55 y 62, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de las Leyes Federales de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como del Código Penal Federal, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. Que el subejercicio presupuestal (gasto presupuestado no ejercido, de acuerdo a los calendarios preestablecidos) actualiza la hipótesis: ``...cuando por negligencia o ineficiencia del servidor público [...] causando un daño administrativo y patrimonial a la nación...''.

2. Que el subejercicio de los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos es un problema actual y real, cuya dimensión debe ser revalorizada, dado que, cotidianamente existen diversas manifestaciones en las que se señalan los rezagos con los que los servidores públicos autorizados, operan los recursos aprobados al campo, a la infraestructura y al desarrollo social, muchas de las veces, de manera consciente.

3. Que derivado de su facultad de fiscalización, la Auditoría Superior de la Federación determinó que durante el ejercicio presupuestal de 2008 el fenómeno del subejercicio (en datos duros) alcanzó aproximadamente 5.4 por ciento del Presupuesto del gobierno federal, sobre todo en las Secretarías de Comunicaciones y Transportes (con un 22.1 por ciento;), y de Relaciones Exteriores (13.2 por ciento); tribunales agrarios (10.5 por ciento); la consejería jurídica (21.7 por ciento); la Secretaría del Medio Ambiente (7.3 por ciento); la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (4.8 por ciento).

4. Que si el fenómeno incluye a gran parte de las paraestatales y secretarías, como causales encontramos la omisión, el oscurantismo presupuestal, excesiva regulación o burocratización.

En conclusión, no existe sustento legal o moral para que exista el subejercicio, pues en un país en vías de crecimiento, es un atentado a su existencia misma. Y no debemos aceptar por ninguna circunstancia la negligencia operativa de la aplicación presupuestal en los programas federales, pues además de los indicadores de desempeño, debería ser vigilado todo presupuesto federal en manos de funcionarios burócratas que operen fuera del marco normativo.

5 Que son diversos los problemas que agravan el panorama de subejercicio enmarcados por la Auditoría Superior de la Federación:

6. Es significativo señalar que los momios de subejercicio tienen dos vertientes; el presupuesto destinado al ejercicio autorizado, y también incluyen el presupuesto total autorizado a las dependencias sujetas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

7. El cuerpo jurídico vigente en la materia no señala con claridad la responsabilidad administrativa, patrimonial o penal, cuando los servidores públicos responsables tipifican la conducta en mención, de no ejercer el gasto de acuerdo al calendario, a la planeación, programación y presupuesto de los programas de apoyo al campo, sociales y de infraestructura; consecuentemente, los efectos en la utilización indiscriminada de la figura del subejercicio se utiliza como parte de una estrategia para la transferencia de recursos a fideicomisos, violentando toda la norma y facilitando con ello la utilización de recursos federales para otros fines distintos a los que originalmente fueron programados o autorizados y, lo más grave, que son aplicados en tiempos y con fines electorales.

8. Con objeto de que el Ejecutivo no caiga en la tentación del subejercicio y la acumulación de saldos y como una manera de contribuir a una efectiva rendición de cuentas de las dependencias y entidades federales, así como las entidades federativas, los municipios y todo aquel servidor público responsable de observar los programas y las disposiciones que consideran las Leyes Federales de Responsabilidad Hacendaria, de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos, así como el Código Penal Federal, deberán de observar y cumplir todo lo relativo a la publicación del calendario de presupuesto, ejercicios, subejercicio, y evaluaciones, so pena de que de no hacerlo, corresponderán las sanciones patrimoniales, penales y administrativas determinadas por la autoridad competente.

Por lo expuesto, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversos artículos de las Leyes Federales de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como del Código Penal Federal

Artículo Primero. Se reforman los artículos 3, párrafo segundo; 4, párrafos primero y segundo; 23, párrafos primero, octavo y noveno; 114, fracción IX, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 3. ...

Los servidores públicos adscritos a las dependencias y las entidades deberán observar las disposiciones generales que emitan las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, para dar correcta aplicación a lo dispuesto en esta ley y el reglamento. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y de los entes autónomos, sus respectivas unidades de administración podrán establecer las disposiciones generales correspondientes.

...

Artículo 4. El gasto público federal comprende las erogaciones que resulten con base al calendario de presupuesto correspondiente, por concepto de gasto corriente, incluyendo los pagos de pasivo de la deuda pública, inversión física, inversión financiera, así como la responsabilidad patrimonial que realizan los siguientes ejecutores de gasto:

...

...

Artículo 23. En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades se sujetarán estrictamente a los calendarios de presupuesto autorizados a cada dependencia y entidad, siendo sujetos de responsabilidad patrimonial y administrativa los servidores públicos responsables de ejercer el presupuesto anual autorizado por el subejercicio de los recursos programados, y por el incumplimiento de metas contenidas en los planes y programas presupuestados, con o sin compromiso formal de ejecución, en los términos de la presente ley y demás disposiciones aplicables, atendiendo los requerimientos de éstas.

...

...

...

...

...

...

La secretaría reportará en los informes trimestrales a la Cámara de Diputados los saldos en líneas globales por dependencia o entidad, por unidad responsable y por programa para evitar acumulación de saldos o subejercicios presupuestarios no autorizados por la presente ley.

Los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que resulten deberán oportunamente sancionarse patrimonial y administrativamente, en caso contrario, se dará parte a la Secretaría de la Función Pública para que se instruya el procedimiento administrativo inmediato en contra del servidor público responsable y se dé parte a las autoridades competentes por el incumplimiento a la ejecución de programas sociales y de infraestructura autorizados por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, ocasionándole con dicha omisión un daño patrimonial al país. La secretaría estará obligada a reportar al respecto oportunamente a la Cámara, así como hacerle llegar la información necesaria.

Artículo 114. Se sancionará en los términos de las disposiciones aplicables a los servidores públicos que incurran en alguno de los siguientes supuestos:

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 7, fracción VIII, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Artículo 7. Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho

Artículo Tercero. Se reforman los artículos 8, fracción II, y 13 fracciones XXIV y XXV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

...

Artículo 13. Las sanciones por falta administrativa consistirán en

Artículo Cuarto. Se reforma el artículo 217, fracción III, del Código Penal Federal.

Articulo 217. Comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades

Al que cometa el delito a que se refiere el presente artículo se le impondrán de seis meses a doce años de prisión, de cien a trescientos días multa y destitución e inhabilitación de seis meses a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El titular del Ejecutivo federal cuenta con un plazo de sesenta días a partir del presente decreto para realizar las modificaciones reglamentarias correspondientes.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Rábago Castillo.Túrnese a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, de Función Pública y de Justicia.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 25 y 29 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

La diputada Gabriela Cuevas Barrón: Con su venia, diputado presidente. La suscrita, diputada federal Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Comisión del, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el 55, fracción II, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos cuarto, quinto y sexto al artículo 25 y se reforma el artículo 29 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con el fin de redelimitar la aplicación y procedencia del fuero de no procesabilidad de los servidores públicos delDistrito Federal, con fundamento en la siguiente exposición de motivos:

Una de las actividades que más regulación requiere debido a la cantidad de atribuciones importantes que la Constitución y las leyes otorgan, es la función relativa al ejercicio del poder público, que debe ser realizada con estricto apego a los ordenamientos jurídicos, procurando siempre buscar el bienestar general en la población.

Aunado a ello, todos los servidores públicos del Distrito Federal deben seguir el imperativo moral que rige su función, ya que la ética es uno de los principales fundamentos del Estado moderno democrático, actitud que debe ser reforzada con el correspondiente apoyo legal. De ahí que se haya creado la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en respuesta a la llamada renovación moral de la sociedad, en el interés de combatir y erradicar la corrupción.

La enorme responsabilidad de los altos funcionarios del Distrito Federal señalados en el artículo 111 constitucional origina la creación de mecanismos protectores para que éstos desarrollen libremente las responsabilidades adquiridas tras la aceptación del cargo que desempeñan; y el llamado ``fuero constitucional'' es el principal mecanismo protector, al establecerse su inviolabilidad por las opiniones que manifiestan en el desempeño de sus cargos, por lo que jamás podrán ser reconvenidos por ellas, según lo previsto en el artículo 61 constitucional y en el 41 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

El motivo principal que determinó el establecimiento del fuero que se llama constitucional fue evitar que una falsa acusación sirviera de pretexto para eliminar a algún alto funcionario de los negocios que le están encomendados e impedir las repentinas acefalias de los puestos importantes de la administración pública.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se refirió al fuero como el privilegio que se confiere a determinados servidores públicos para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento, así como para mantener el equilibrio entre los Poderes del Estado dentro de los regímenes democráticos; es decir, es un impedimento legal para que quien goce de esta prerrogativa, no quede sometido a la potestad jurisdiccional.

Por todo lo anterior y con la finalidad de otorgar un mínimo de protección al desarrollo de las funciones, que al mismo tiempo evite la impunidad mostrada por determinados servidores públicos a través de la actual garantía de no procesabilidad penal, se proponen los siguientes cambios al régimen actual:

Sustituir y atenuar la garantía constitucional de no procesabilidad penal, por la garantía de procesabilidad en libertad.

Prever las siguientes dos excepciones a la garantía de no procesabilidad penal:

a) Cuando sea detenido en flagrancia cometiendo un delito calificado como grave por la ley penal federal, o que el juez que conozca el asunto libre orden de aprehensión contra el servidor público del Distrito Federal, cuando se le acuse por estos delitos.

b) Cuando se encuentre separado de su encargo por licencia o suspendido por cualquier otro motivo, y se le impute la comisión de un delito calificado como grave por la ley penal.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los párrafos cuarto, quinto y sexto al artículo 25 y reforma el artículo 29 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Primero. Se adicionan los párrafos cuarto, quinto y sexto al artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para quedar como sigue:

Artículo 25. Cuando se presente denuncia o querella por particulares, o requerimiento del Ministerio Público, cumplidos los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal, a fin de que pueda procederse penalmente en contra de los servidores públicos a que se refiere el artículo 111 de la Constitución General de la República, se actuará en lo pertinente de acuerdo con el procedimiento previsto en el capítulo anterior en materia de juicio político ante la Cámara de Diputados. En este caso, la Sección Instructora practicará todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional, cuya remoción se solicita. Concluida esta averiguación, la Sección determinará si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado.

Si a juicio de la Sección la imputación fuese notoriamente improcedente, lo hará saber de inmediato a la Cámara para que ésta resuelva si continua o se desecha, sin perjuicio a reanudar el procedimiento si posteriormente aparecen motivos que lo justifiquen.

Para los efectos del primer párrafo de este artículo la Sección deberá rendir su dictamen en un plazo de 60 días hábiles, salvo que fuese necesario disponer de más tiempo, a criterio de la Sección. En este caso, se observarán las normas acerca de la ampliación de plazos para la recepción de pruebas en el procedimiento referente al juicio político.

Por cuanto hace a los servidores públicos del Distrito Federal, a que se refiere el primer párrafo del artículo 111 de la Constitución General de la República, cuando se presente denuncia o querella por particulares o requerimiento del Ministerio Público, cumplidos los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal, no se actuará de acuerdo con el procedimiento para la declaración de procedencia. Sin embargo, no podrán ser privados de su libertad hasta en tanto exista sentencia firme de la autoridad judicial que así lo imponga.

Se exceptúa la posibilidad de libertad otorgada a los servidores públicos del Distrito Federal cuando incurran en alguno de los siguientes supuestos:

a) Tratándose de la comisión de delitos graves, así calificados por la ley penal federal, sea detenido en flagrancia, o bien, exista una orden de aprehensión dictada por un juez competente.

b) Se separe de su encargo por licencia o sea suspendido por cualquier motivo y se le impute la comisión de un delito calificado como grave por la ley penal federal.

En cualquiera de los dos casos anteriores, los servidores públicos podrán ser detenidos...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputada, por favor.

La diputada Gabriela Cuevas Barrón: ---Estoy por concluir, diputado presidente. ...podrán ser detenidos por la autoridad competente y sujetos al procedimiento penal que determina la ley.

Segundo. Se reforma el artículo 29 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para quedar como sigue:

Artículo 29. Con excepción de los servidores públicos del Distrito Federal, cuando se siga proceso penal a un servidor público, de los mencionados en el artículo 111 constitucional, sin haberse satisfecho el procedimiento al que se refieren los artículos anteriores, la Secretaría de la misma Cámara o de la Comisión Permanente librará oficio al juez o tribunal que conozca la causa, a fin de que suspenda el procedimiento en tanto se plantea y resuelve el lugar a proceder. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 25 y 29 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barrón , del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Gabriela Cuevas Barrón , Presidenta de la Comisión del e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos cuarto, quinto y sexto al artículo 25 y se reforma el artículo 29 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con el fin de redelimitar la aplicación y procedencia del fuero de no procesabilidad en los servidores públicos del Distrito Federal, con fundamento en la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las actividades que más regulación requiere debido a la cantidad de atribuciones importantes que la Constitución y las leyes otorgan, es la función relativa al ejercicio del poder público, que debe ser realizada con estricto apego a los ordenamientos jurídicos, procurando siempre buscar el bienestar general en la población.

Aunado a ello, todos los servidores públicos del Distrito Federal deben de seguir el imperativo moral que rige su función, ya que la ética es uno de los principales fundamentos del estado moderno democrático, actitud que debe ser reforzada con el correspondiente apoyo legal; de ahí que se haya creado la ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en respuesta a la llamada renovación moral de la sociedad en el interés de combatir y erradicar la corrupción.

La enorme responsabilidad de los altos funcionarios del Distrito Federal, señalados en el artículo 111 constitucional, origina la creación de mecanismos protectores para que éstos desarrollen libremente las responsabilidades adquiridas tras la aceptación del cargo que desempeñan, y en donde el llamado fuero constitucional es el principal mecanismo protector, al establecerse su inviolabilidad por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, por lo que jamás podrán ser reconvenidos por ellas, según lo previsto en los artículos 61 constitucional y 41 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

El motivo principal del establecimiento del fuero que se llama constitucional fue evitar que una falsa acusación sirviera de pretexto para eliminar a algún alto funcionario de los negocios que le están encomendados e impedir las repentinas acefalias de los puestos importantes de la administración pública.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se refirió al fuero como el privilegio que se confiere a determinados servidores públicos para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento, así como para mantener el equilibrio entre los Poderes del Estado, dentro de regímenes democráticos, es decir, es un impedimento legal para que quien goce de esa prerrogativa no quede sometido a la potestad jurisdiccional.

Asimismo, el máximo tribunal ha reconocido la existencia de diversos tipos de responsabilidades a que pueden quedar sujetos todos los servidores públicos federales según la conducta de que se trate, siendo éstas la responsabilidad penal, civil, administrativa y política, contando cada una de ellas con órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias, pudiendo, incluso, presentarse al mismo tiempo, y por tanto, el servidor público podrá ser sancionado en diferentes vías y con distintas sanciones.

Para el caso específico de la responsabilidad penal, se dice que el servidor público incurre en ella, cuando realice actos u omisiones tipificados como delitos por la legislación federal o local penal, por lo que únicamente las conductas que estén tipificadas como delictivas traen aparejada una responsabilidad de esta naturaleza.

Partiendo de aquel principio que establece que todos los hombres somos iguales ante la ley y que no hay cabida para fueros ni tribunales especiales, la responsabilidad penal responde al criterio de que los servidores públicos que cometan delito podrán ser encausados por el juez ordinario con sujeción a la ley penal como cualquier ciudadano y sin más requisito, solo cuando se trate de servidores públicos con fuero, de la declaración de procedencia que emita la Cámara de Diputados.

Esto es, los funcionarios sí son responsables por los delitos comunes y oficiales que cometen durante el desempeño de su encargo, solo que hoy, no se puede proceder contra ellos en tanto no se les despoje del fuero de que gozan y que es el impedimento para que queden sujetos a los tribunales que deban juzgarlos por el ilícito cometido.

Si se entiende la responsabilidad como la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente, la comisión de un delito es motivo suficiente para que ésta sea sancionada de acuerdo con los procedimientos existentes, por lo que, si un servidor público del Distrito Federal, de los señalados en el ya referido artículo 111 constitucional, es sorprendido cometiendo un delito grave del orden federal en flagrancia, estando o no en ejercicio de sus funciones, debe quedar sujeto al procedimiento penal correspondiente sin necesidad de que la Cámara de Diputados haya dado su autorización para que se pueda proceder penalmente contra él.

Los tiempos actuales que vivimos en la Ciudad de México, donde las organizaciones delictivas continúan corrompiendo a nuestras instituciones, hace necesario que se realice una nueva evaluación sobre la protección constitucional de la que gozan los servidores públicos del Distrito Federal. La necesidad de liberar a nuestras instituciones de aquellos elementos que ocupan sus cargos para ser cómplices de las prácticas más dañinas para los mexicanos no puede aguardar.

Sin embargo, tampoco debe existir duda respecto a que la figura del fuero se instituyó como una garantía constitucional de no procesabilidad penal, a efecto de fomentar la independencia y autonomía de los Poderes en el desarrollo de sus funciones, frente a presiones externas, que a través de la amenaza de denuncias de carácter penal, pretendían incidir en su proceso de toma de decisiones.

Por todo lo anterior, y con la finalidad de otorgar un mínimo de protección al desarrollo de las funciones, que al mismo tiempo evite la impunidad mostrada por determinados servidores públicos a través de la actual garantía de no procesabilidad penal, se proponen los siguientes cambios al régimen actual:

En caso de que la situación jurídica de un servidor público del Distrito Federal se actualice a cualquiera de las hipótesis señaladas los efectos consistirán en que éste podrá ser detenido por la autoridad competente y sujeto al procedimiento que determine la ley, recalcando, como excepción, que no procederá la garantía de enfrentar el proceso en libertad cuando se actualice la flagrancia o sea librada una orden de aprehensión por el juez que conozca del asunto tratándose de delitos graves del orden federal.

Con esta iniciativa, la suscrita, como integrante del Poder Legislativo refrenda su compromiso de elaborar normas justas apegadas a la legalidad.

El servidor público en el Distrito Federal debe tener claro que el fuero lo protege durante todo el periodo de su encargo, configurándole un status de inmunidad, más nunca de impunidad.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona los párrafos cuarto, quinto y sexto al artículo 25 y reforma el artículo 29 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Primero. Se adicionan los párrafos cuarto, quinto y sexto al artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 25. Cuando se presente denuncia o querella por particulares o requerimiento del Ministerio Público, cumplidos los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal, a fin de que pueda procederse penalmente en contra de los servidores públicos a que se refiere el artículo 111 de la Constitución General de la República, se actuará, en lo pertinente, de acuerdo con el procedimiento previsto en el capítulo anterior en materia de juicio político ante la Cámara de Diputados. En este caso la Sección Instructora practicará todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita. Concluida esta averiguación, la Sección determinará si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado.

Si a juicio de la Sección, la imputación fuese notoriamente improcedente, los hará saber de inmediato a la Cámara, para que ésta resuelva si se continúa o desecha, sin perjuicio de reanudar el procedimiento si posteriormente aparecen motivos que lo justifiquen.

Para los efectos del primer párrafo de este artículo, la Sección deberá rendir su dictamen en un plazo de sesenta días hábiles, salvo que fuese necesario disponer de más tiempo, a criterio de la Sección. En este caso se observarán las normas acerca de ampliación de plazos para la recepción de pruebas en el procedimiento referente al juicio político.

Por cuanto hace a los servidores públicos del Distrito Federal a que se refiere el primer párrafo del artículo 111 de la Constitución General de la República, cuando se presente denuncia o querella por particulares o requerimiento del Ministerio Público, cumplidos los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal, no se actuará de acuerdo con el procedimiento para la declaración de procedencia, sin embargo, no podrán ser privados de su libertad hasta en tanto exista sentencia firme de la autoridad judicial que así lo imponga.

Se exceptúa de la procesabilidad en libertad, otorgada a los servidores públicos del Distrito Federal, cuando concurran en alguno de los siguientes supuestos:

En cualquiera de los dos casos anteriores, los servidores públicos podrán ser detenidos por la autoridad competente y sujetos al procedimiento penal que determine la ley.

Segundo. Se reforma el artículo 29 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 29. Con excepción de los servidores públicos del Distrito Federal, cuando se siga proceso penal a un servidor público de los mencionados en el artículo 111 Constitucional, sin haberse satisfecho el procedimiento al que se refieren los artículos anteriores, la Secretaría de la misma Cámara o de la Comisión Permanente librará oficio al juez o tribunal que conozca de la causa, a fin de que suspenda el procedimiento en tanto se plantea y resuelve si ha lugar a proceder.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión tendrá un plazo de ciento ochenta días a partir de la publicación de este decreto, para adecuar la legislación respectiva de acuerdo a lo aquí dispuesto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada Cuevas.Túrnese a la Comisión de Función Pública.

Señoras y señores... Sí, diputada Gutiérrez.

La diputada Paz Gutiérrez Cortina (desde la curul): Para solicitar añadirme a la iniciativa de la diputada Gabriela Cuevas.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada Gabriela Cuevas, está solicitando la diputada adherirse a su iniciativa, ¿tiene usted algún inconveniente?

La diputada Gabriela Cuevas Barrón (desde la curul): Acepto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Bien. La diputada Cuevas acepta que se adhieran a su proposición. Todas las diputadas y todos los diputados que deseen hacerlo pasen a la Secretaría a suscribir el documento correspondiente.

Les informo, compañeras diputadas y compañeros diputados, que tenemos la visita del Liceo Américas Unidas, preparatoria y universidad, invitados por el diputado Canek Vázquez Góngora. Sean ustedes bienvenidos.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

El diputado Ramón Jiménez López: Gracias, señor presidente. La iniciativa de ley que presentamos hoy va orientada a resarcir parte de la injusticia que se cometió cuando se propuso a esta soberanía una nueva Ley del ISSSTE, que atenta contra los derechos adquiridos de los trabajadores al servicio del Estado y que afecta a ellos, junto con sus beneficiarios; aproximadamente 10 millones de mexicanos.

Por eso, en la exposición de motivos mencionaremos lo siguiente; además, solicito al presidente que quede el texto íntegro en el Diario de los Debates.

Quiero aprovechar esta oportunidad para seguir condenando la llamada nueva Ley del ISSSTE, vigente a partir del 1 de abril de 2007; ley que es absolutamente inconstitucional e injusta, y no cejaremos hasta que sea abrogada.

Hago un llamado a los trabajadores al servicio del Estado para continuar y fortalecer la lucha que lleve a la restitución de la seguridad social solidaria. En tanto logramos la abrogación referida, es indispensable atender los reclamos inmediatos de los trabajadores para el respeto de sus derechos mínimos; uno de los cuales es que sus jubilaciones y pensiones se cubran sobre el salario integrado, pues lo contrario los despoja de gran parte de los montos que les corresponde por estas prestaciones.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado a conocer una jurisprudencia por la cual los trabajadores al servicio del Estado verán reducidas sus pensiones en 60 e incluso hasta 80 por ciento de su monto, desde el momento en que tal jurisprudencia establece que el pago de las jubilaciones y pensiones se hará sobre el sueldo del tabulador regional, cuota diaria, y ya no sobre su sueldo integrado. Es decir, estamos frente a una nueva y gravísima agresión a los derechos de los burócratas, después de la imposición de la criminal Ley del ISSSTE.

La pensión es un derecho humano fundamental para los trabajadores. De ella depende la sobrevivencia con dignidad del trabajador y su familia, cuando aquél se retira del trabajo por razones de edad o incapacidad.

Además, haciendo una interpretación integral de la Constitución federal, ésta establece a favor de los trabajadores no solamente el derecho a una pensión, sino a una pensión remuneradora y suficiente, ya que a final de cuentas ésta sustituye al salario llegado el momento en que el trabajador se separa de su actividad laboral.

Recordemos que los trabajadores al servicio del Estado que optaron por el artículo décimo transitorio debían ser jubilados o pensionados con base a su sueldo integrado. Esto conforme a la jurisprudencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó en la sesión de su pleno celebrado del 17 al 20 de junio de 2008. Pleno que se encargó de definir la constitucionalidad de la nueva Ley del ISSSTE.

Recordemos lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en ese momento:

a) Si el trabajador escogía el artículo décimo transitorio debía entenderse que optaba por la anterior Ley del ISSSTE, la que fue expedida en 1983, pero sólo en cuanto al anterior régimen de pensiones y con las modalidades contenidas en tal artículo décimo.

En tal virtud, fuera de las jubilaciones y pensiones, la nueva ley se aplicaba en todos los demás aspectos a los trabajadores que escogieran el artículo décimo transitorio.

b) Lo anterior también se traducía en que las personas que optaran por el artículo décimo transitorio obtendrían como beneficio adicional, entre otros, que se les calculara su jubilación o pensión conforme al salario integrado previsto en el artículo 15 de la anterior ley y no con el sueldo del tabulador regional que se establece en el artículo 17 de la nueva Ley del ISSSTE.

Es decir, el salario cuota diario debía integrarse con el sobresueldo y compensaciones, resolución de la Suprema Corte sobre el sueldo integrado, que lo único que hacía era apegarse a los mandatos de la Constitución federal.

Sin embargo, hace unas semanas atrás, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver una contradicción de tesis entre los tribunales Primero y Cuarto en Materia Administrativa, dio marcha atrás al pago de las jubilaciones y pensiones sobre salario integrado.

Esto, además de legalizar la aplicación retroactiva de la nueva Ley del ISSSTE, echa por tierra el mismo criterio de la Suprema Corte, en tutela de los trabajadores.

Hay resoluciones esenciales tanto por el amplio numero de personas que afectan, como por la importancia de los derechos a que aluden, respecto de las cuales las autoridades deben hacer posible su estabilidad, y no como en el caso de que a unos cuantos meses de haberse dictado la primer jurisprudencia, la Corte echa por tierra su resolución inicial y vuelve a poner en predicamento el futuro de los trabajadores al servicio del Estado. Es decir, viene a aprisionar aún más las relaciones de trabajo del Estado con sus trabajadores.

La resolución de comento, además, deja a los trabajadores en total estado de indefensión, desde el momento en que es el patrón el encargado de notificar al ISSSTE el monto del sueldo básico...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido concluir, diputado, por favor.

El diputado Ramón Jiménez López: ---Ya concluyo, señor presidente. Y como sabemos, hay constantes fraudes a este respecto, como medio para que las dependencias y entidades paguen cotizaciones menores al ISSSTE.

Veamos la parte conducente al artículo 17 de la nueva Ley del ISSSTE, y con esto concluyo. Este artículo menciona que las dependencias y entidades deberán informar al instituto anualmente, en enero de cada año, los conceptos de pagos sujetos a cuotas o aportaciones que esta ley prevé.

De igual manera deberán comunicar al instituto cualquier modificación de los conceptos de pago dentro del mes siguiente al que haya ocurrido dicha modificación.

Es decir, hay el riesgo real, en el marco de la jurisprudencia, de que a los trabajadores ni siquiera se les cubran sus jubilaciones y pensiones sobre el ya de por sí precario sueldo base.

Por eso hacemos un llamado a esta soberanía para que obre en función de los intereses de los trabajadores al servicio del Estado y de sus familiares. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Ramón Jiménez López , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad concedida en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 62, 63 y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía iniciativa de ley con proyecto de decreto que adiciona a la Ley del ISSSTE, con objeto de que a los burócratas, a quienes les resulte aplicable el artículo 10o. transitorio de este ordenamiento, se les continúen calculando sus pensiones y jubilaciones sobre su sueldo integrado conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Introducción

Quiero aprovechar esta oportunidad para seguir condenando a la llamada nueva Ley del ISSSTE, vigente a partir del 1 de abril de 2007, ley que es absolutamente inconstitucional e injusta y no cejaremos hasta que sea abrogada. Hago un llamado a los trabajadores al servicio del Estado, para continuar y fortalecer la lucha que lleve a la restitución de la seguridad social solidaria. En tanto logramos la abrogación referida, es indispensable atender los reclamos inmediatos de los trabajadores para el respeto a sus derechos mínimos, uno de los cuales es que sus jubilaciones y pensiones se cubran sobre salario integrado, pues lo contrario les despoja gran parte del monto que les corresponde por estas prestaciones.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado a conocer una jurisprudencia por la cual los trabajadores al servicio del estado verán reducidas sus pensiones de 60 a 80 por ciento de su monto. Desde el momento en que tal jurisprudencia establece que el pago de las jubilaciones y pensiones se hará sobre el sueldo del tabulador regional (cuota diaria), y ya no sobre su sueldo integrado.

Es decir, estamos frente a una nueva y gravísima agresión a los derechos de los burócratas, después de la imposición de la criminal nueva Ley del ISSSTE.

La pensión es un derecho humano fundamental para los trabajadores, de ella depende la sobrevivencia con dignidad del trabajador y su familia, cuando aquél se retira del trabajo por razón de edad o incapacidad.

Además, haciendo una interpretación integral de la Constitución federal, ésta establece a favor de los trabajadores no sólo el derecho a una pensión, sino a una pensión remuneradora, suficiente, ya que a final de cuentas ésta sustituye al salario, llegado el momento en que el trabajador se separa del trabajo.

Y bien, recordemos que los trabajadores al servicio del Estado que optaron por el artículo 10o. transitorio, debían ser jubilados o pensionados con base en su sueldo integrado, esto conforme a la jurisprudencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó en las sesiones de su pleno celebrado del 17 al 20 de junio de 2008, pleno que se encargó de definir la constitucionalidad de la nueva Ley del ISSSTE. Recordemos lo que la SCJN resolvió lo siguiente:

a) Si el trabajador escogía el artículo 10o. transitorio, debía entenderse que optaba por la anterior Ley del ISSSTE (la de 1983), pero sólo en cuanto al anterior régimen de pensiones y con las modalidades contenidas en tal artículo 10o. En tal virtud, fuera de las jubilaciones y pensiones, la nueva ley se aplicaba en todos los demás aspectos a los trabajadores que escogieran el artículo 10o. transitorio (riesgos de trabajo, seguro de salud, vivienda, préstamos, etcétera).

b) Lo anterior, también se traducía en que las personas que optaran por el artículo 10o. transitorio obtendrían como beneficio adicional, entre otros, el que se les calculara su jubilación o pensión conforme al salario integrado previsto en el artículo 15 de la anterior ley y no con el sueldo del tabulador regional establecido en el artículo 17 de la nueva Ley del ISSSTE. Es decir, el salario cuota diaria debía integrare con el sobresueldo y compensaciones. Resolución de la Suprema Corte sobre sueldo integrado, que lo único que hacia era apegarse a los mandatos de la Constitución federal.

Sin embargo, hace unas semanas atrás, la SCJN al resolver una contradicción de tesis entre los tribunales primero y cuarto en materia administrativa, dio marcha atrás al pago de las jubilaciones y pensiones sobre salario integrado.

Esto además de legalizar la aplicación retroactiva de la nueva Ley del ISSSTE, echa por tierra el propio criterio de la Suprema Corte en tutela de los trabajadores.

Hay resoluciones esenciales, tanto por el amplio número de personas que afectan como por la importancia de los derechos a que aluden, respecto a las cuales las autoridades deben hacer posible su estabilidad, y no como en el caso de que a unos cuantos meses de haberse dictado la primera jurisprudencia, la Corte echa por tierra su resolución inicial, y vuelve a poner en predicamento el futuro de los trabajadores al servicio del estado. Es decir, viene a friccionar aún más las relaciones de trabajo del Estado con sus trabajadores.

La resolución de comento además deja a los trabajadores en total estado de indefensión desde el momento en que es el patrón el encargado de notificar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) el monto del sueldo básico y, como sabemos, hay constantes fraudes a este respecto como medio para que las dependencias y entidades paguen cotizaciones menores al ISSSTE. Veamos la parte conducente del artículo 17 de la nueva Ley del ISSSTE:

``Las dependencias y entidades deberán informar al instituto anualmente, en enero de cada año, los conceptos de pago sujetos a las cuotas y aportaciones que esta ley prevé. De igual manera deberán comunicar al Instituto cualquier modificación de los conceptos de pago, dentro del mes siguiente a que haya ocurrido dicha modificación.''

Es decir, hay el riesgo real, en el marco de esta jurisprudencia, de que a los trabajadores ni siquiera se les cubran sus jubilaciones y pensiones sobre el ya de por sí precario sueldo básico.

Análisis en detalle

1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a los trabajadores al servicio del Estado que deban ser jubilados o pensionados conforme al artículo 10o. transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente a partir de abril de 2007, emitió jurisprudencia por contradicción de tesis entre los tribunales primero y cuarto en materia administrativa, y por virtud de la cual en adelante el ISSSTE calculará el pago de dichas jubilaciones y pensiones sobre el simple sueldo del tabulador regional o salario cuota diaria, y ya no sobre su sueldo integrado previsto en el artículo 15o. de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 1983.

Lo que además de dejar sin efectos la jurisprudencia anterior de la propia SCJN que sostenía que dicho pago se haría sobre salario integrado, su aplicación mermará de 60 a 80 por ciento los montos de las pensiones y jubilaciones que en adelante perciban los trabajadores al servicio del Estado.

Esta jurisprudencia de la SCJN, emitida por contradicción de tesis, se opone a lo previsto por la Constitución federal que consagra, en una interpretación sistemática, el derecho a una pensión remuneradora, es decir, por un monto suficiente para atender las necesidades del trabajador y su familia, una vez llegado el momento de su retiro por razón de edad o incapacidad.

2. Debe preocupar cualquier acto de autoridad que se traduzca en la merma de los montos de las pensiones y jubilaciones, de por sí ya raquíticos, que perciben los trabajadores en general y, concretamente los trabajadores al servicio del Estado. Sobre todo cuando el gobierno federal aseguró, en el marco de la nueva Ley del ISSSTE, que se respetarían o incluso mejorarían los montos otorgados por concepto de estas prestaciones.

Hay que recordar que el pleno de la SCJN, en sus sesiones celebradas del 17 al 20 de junio de 2007, dictó en torno a las demandas de amparo interpuestas por los trabajadores al servicio del Estado contra la nueva Ley del ISSSTE, jurisprudencia en la que determinó que los trabajadores que optaran por el artículo 10o. transitorio de este ordenamiento, tendrían derecho a que sus pensiones y jubilaciones se calcularán sobre su salario integrado en los términos previstos por el artículo 15o. de la Ley del ISSSTE abrogada.

Es un principio elemental de la seguridad social, que el mismo salario que sirve de base para el pago de las cuotas, debe servir igualmente para el pago de las prestaciones a que acceden los trabajadores una vez cubiertos los requisitos exigidos por las leyes respectivas; prestaciones dentro de las cuales se encuentran las pensiones y jubilaciones. Así, por ejemplo, los trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social pagan sus cuotas sobre el salario base de cotización o integrado establecido en el artículo 27 de la Ley del Seguro Social y, sobre este mismo salario se le deben pagar sus pensiones.

Si acudimos al ISSSTE, podemos ver que conforme a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 1983, vigente hasta el 31 de marzo de 2007, el sueldo integrado previsto en su artículo 15o., servía tanto para el pago de las cuotas como para el pago de las prestaciones, incluido desde luego el cálculo de las jubilaciones y pensiones. Esto sin más límite que el sueldo máximo fijado en esta misma ley, al igual que en la Ley del Seguro Social.

Inclusive si vemos el texto de la nueva Ley del ISSSTE, vigente a partir de abril de 2007, nos encontramos que no debiera haber duda de que el pago de las jubilaciones y pensiones de los trabajadores al servicio del Estado debiera hacerse con base en el sueldo integrado y más específicamente conforme al sueldo previsto en el artículo 15o. de la Ley del ISSSTE abrogada, con base en los siguientes argumentos:

Y, precisamente, ``el sueldo básico establecido en la ley abrogada'' a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 6o. del reglamento antes referido, es precisamente el previsto en el citado artículo 15o., que a la letra dice lo siguiente:

Las cotizaciones establecidas en los artículos 16 y 21 de esta ley, se efectuarán sobre el sueldo básico hasta por una cantidad que no rebase diez veces el salario mínimo general que dictamine la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, y será el propio sueldo básico, hasta por la suma cotizable, que se tomará en cuenta para determinar el monto de los seguros, pensiones, subsidios y préstamos que otorga esta ley.

El sueldo básico de los trabajadores de los organismos públicos se determinará con sujeción a los lineamientos que fija el presente artículo.

La jurisprudencia de comento, dictada por contradicción de tesis, falta al deber de sujeción a la legalidad a cargo de toda autoridad del país, tal y como lo hemos demostrado; pero igualmente se distancia del artículo 123 constitucional, que prevé a las pensiones como tutela y dignificación de los trabajadores y sus familias, lo que únicamente se logra con el otorgamiento de jubilaciones y pensiones suficientes para atender de manera desahogada las necesidades de los trabajadores y sus dependientes.

Si las pensiones se otorgaran sobre el sueldo tabulador regional, sobre la simple cuota diaria, sin integración alguna, se mermaría de 60 a 80 por ciento las pensiones de los trabajadores, según cálculos de diversos especialistas en la materia.

La resolución de comento deja además a los trabajadores en total estado de indefensión, pues conforme al artículo 17 de la nueva Ley del ISSSTE son las dependencias y entidades las encargadas de notificar al instituto el monto del sueldo básico, siendo una constante los fraudes a este respecto como medio para que las dependencias y entidades paguen cotizaciones menores al ISSSTE.

Con base en todo lo expuesto, el Legislativo federal no puede permitir, en estricto apego a la Constitución federal y a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que la jurisprudencia de comento, dictada por la Suprema Corte, por contradicción de tesis entre los tribunales primero y cuarto en materia administrativa, arrebate derechos básicos de los trabajadores a servicio del Estado.

Ya que condena a los trabajadores al servicio del Estado que se jubilen o pensionen conforme al artículo 10o. transitorio de este último ordenamiento, a recibir estas prestaciones sobre el sueldo del tabulador regional o cuota diaria, negando su derecho al pago de las jubilaciones o pensiones sobre su sueldo básico integrado en apego al artículo 15o. de la Ley del ISSSTE vigente hasta el 31 de marzo de 2007.

Lo que mermará de 60 a 80 por ciento los ingresos de estos trabajadores; clara injusticia que viene a friccionar aún más las ya tensas relaciones entre el Estado y sus trabajadores. Por lo que para evitar una injusticia, se debe hacer reforma expresa en la Ley del ISSSTE, a efecto de que el pago de los trabajadores precisados se haga sobre salario integrado.

3. Aprovechamos para incorporar también en nuestra iniciativa otro de los criterios jurisprudenciales adoptados por la Corte en su pleno en junio de 2008, sobre de que el trabajador sólo requerirá mantenerse un año (y ya no 3 años como lo exige la fracción IV del artículo 10o. transitorio) en el mismo puesto y nivel, para que este salario sirva de base para el cálculo de su jubilación o pensión. Partiendo de lo anterior, se promediará el promedio del salario integrado del año anterior a la fecha de baja del trabajador

Por todo lo expuesto y fundado, propongo a esta soberanía la adición del párrafo IV del artículo 10o. transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en los siguientes términos:

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Transitorios Régimen de los trabajadores que no opten por el bono

Décimo. A los trabajadores que no opten por la acreditación de bonos de pensión del ISSSTE se les aplicarán las siguientes modalidades:

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los trabajadores a quienes a partir del 1 de abril de 2007 se les haya jubilado o pensionado, conforme a un salario menor al previsto en el presente decreto, tendrán derecho a que el instituto les pague la diferencia respectiva, dentro de los diez días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado Jiménez López. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates.Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.

LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidady de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

El diputado Francisco Ramos Montaño: Con su venia, señor presidente, muchas gracias. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada por la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 10 de diciembre de 1948, considerando que los principios de libertad, justicia y paz en el mundo son la base del reconocimiento de los derechos de dignidad e igualdad de todo ser humano.

El artículo 25 de dicha declaración, relativo a derechos sociales y económicos de las personas discapacitadas, determina que toda persona tiene derecho a gozar de un nivel de vida adecuado en la satisfacción de sus necesidades elementales de alimentación, salud, vestido y servicios sociales, sin menoscabo de su condición, entre otras, por enfermedad o invalidez.

Sin embargo, las personas con discapacidad a menudo siguen siendo excluidas de las principales actividades de la sociedad. Enfrentan situaciones de discriminación en diversas formas, como la limitación de oportunidades ocupacionales y laborales, tomando como barrera su limitación y su condición física.

La ONU ha enfrentado la misión de mejorar la posición social de las personas con discapacidad en la búsqueda de mejorar su calidad y condición de vida, interés superior que obedece a los derechos fundamentales de la humanidad, como los derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad entre los seres humanos.

De acuerdo con el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, en México hay 10 millones de personas con alguna discapacidad y cada año se reportan 265 nuevos casos; además, la mayoría vive aún en condiciones de marginación, pobreza y discriminación.

El 25 de junio de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de las Personas con Discapacidad, la cual establece las bases que permiten la plena inclusión de las personas con discapacidad en un marco de igualdad en todos los ámbitos de la vida.

Sin duda, esta ley ha significado una importante transformación en el marco jurídico nacional; la hace más incluyente y contribuye a la sociedad civil y a las instituciones del Estado y a sus políticas públicas para que promuevan una nueva cultura para entender la discapacidad como un asunto social y de salud pública.

Las personas con discapacidad siguen demandando mayor accesibilidad equitativa en los ámbitos de salud, educación, trabajo, información; esparcimiento, cultura, capacitación, deporte, asistencia jurídica y su reconocimiento pleno como sujetos de derecho y actores básicos en los cambios y transformaciones en la vida de nuestro país.

Datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revelan que en el mundo hay actualmente 386 millones de personas con discapacidad que se encuentran en edad de trabajar, cifra que representa cerca de 60 por ciento de la población mundial discapacitada.

El 9 de mayo de 1995 se estableció el Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, presidida por la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, con la participación de diversas dependencias del sector público y organismos privados, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el propósito, entre otros, de diseñar y coordinar las medidas de apoyo para promover la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como para fomentar mecanismos de asesoría integral y especializada para su desarrollo.

Innegablemente, la integración de las personas con discapacidad requiere tanto apoyos concretos de la sociedad como la participación del Estado con sus distintas dependencias, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de personas con discapacidad, instituciones de formación educativa, de salud, y las empresas con un componente global que puedan dar respuesta a esta problemática social.

Las personas con discapacidad son sujetos a ejercer sus derechos económicos, civiles, políticos y sociales. Por ello, con las presentes propuestas se busca dar mayor certidumbre a la inclusión e integración de las personas con discapacidades a la vida laboral, productiva y económica.

Por los motivos expuestos, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un párrafo a la fracción I del artículo 9o. de la Ley General de las Personas con Discapacidad, y la fracción IX al artículo 11 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de las Personas con Discapacidad; y para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Francisco Ramos Montaño , del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Francisco Ramos Montaño , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que adiciona las Leyes General de las Personas con Discapacidad, y para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Exposición de Motivos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 10 de diciembre de 1948, considerando que los principios de libertad, justicia y paz en el mundo son la base en el reconocimiento de los derechos de dignidad e igualdad de todo ser humano.

El artículo 25 de dicha declaración, relativo a derechos sociales y económicos de las personas discapacitadas, determina que toda persona tiene derecho a gozar de un nivel de vida adecuado en la satisfacción de sus necesidades elementales de alimentación, salud, vestido y servicios sociales, sin menoscabo por su condición, entre otras, por enfermedad o invalidez.

La Asamblea General de la ONU declaró 1981 como el primer Año Internacional de las Personas Discapacitadas, y en 1982 se estableció el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad. Una década más tarde, el 3 de diciembre de 1992, la Asamblea General lo estableció como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, como un acto en el que los gobiernos y la sociedad civil tomaran conciencia en el tema y los asuntos relativos a la discapacidad y en consecuencia enfrentar la lucha conjunta en la conquista en sus derechos a la igualdad, la dignidad, las oportunidades, el bienestar y su integración plena en los aspectos de la vida social, cultural, económica y política de las naciones.

La Unión Europea declaró 2003 como el Año Europeo de las Personas con Discapacidad, en una muestra mundial del nivel de conciencia y solidaridad sobre los problemas de las personas con discapacidad.

Sin embargo, las personas con discapacidad a menudo siguen siendo excluidas de las principales actividades de la sociedad. Enfrentan situaciones de discriminación en sus diversas formas, como la limitación de oportunidades ocupacionales y laborales tomando como barreras o limitaciones su condición física.

La ONU ha enfrentado la misión de mejorar la posición social de las personas con discapacidad en la búsqueda de mejorar su calidad y condición de vida, interés superior que obedece a los derechos fundamentales de la humanidad como los derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad entre los seres humanos.

En 1970, el concepto de los derechos humanos de las personas con discapacidad se hizo presente en organismos internacionales. En 1971, la Asamblea General aprobó la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental; en 1975, la Declaración de los Derechos de los Impedidos, donde se establecen los derechos para que las personas discapacitadas reciban un trato igualitario en su acceso a los servicios y en su inclusión e integración social; y en 1993, las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, como un instrumento para la elaboración y aplicación de políticas de cooperación técnica y económica.

Se estima que el número personas en el mundo con discapacidad asciende a 600 millones y la mayoría habita en países en vías de desarrollo; 80 por ciento de esta población vive en condiciones de pobreza.

De acuerdo con el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, en México hay 10 millones de personas con alguna discapacidad y cada año se reportan 265 nuevos casos. Además, la mayoría de ellas vive aún en condiciones de marginación, pobreza y discriminación.

El 25 de junio de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de las Personas con Discapacidad, la cual establece las bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, en un marco de igualdad en todos los ámbitos de la vida.

Sin duda, esta ley ha significado una importante transformación en el marco jurídico nacional: lo hace más incluyente, y contribuye a que la sociedad civil y las instituciones del Estado y sus políticas públicas promuevan una nueva cultura para entender la discapacidad como un asunto de social y de salud pública.

Las personas discapacitadas siguen demandando mayor accesibilidad equitativa en los ámbitos de la salud, la educación, el trabajo, la información, el esparcimiento, la cultura, la capacitación, el deporte, la asistencia jurídica y su reconocimiento pleno como sujetos de derecho y actores básicos en los cambios y transformaciones de la vida del país.

Datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revelan que en el mundo hay actualmente unos 386 millones de personas con discapacidad que se encuentran en edad de trabajar, cifra que representa cerca de 60 por ciento de la población mundial discapacitada.

Muchas personas con algún tipo de discapacidad tienen grandes potenciales, aptitudes y capacidades para desempeñar un trabajo permanente de manera decorosa y responsable. Ante ello, es preciso continuar buscando mecanismos sociales, económicos y políticos que dirijan los esfuerzos para proporcionar a este valioso sector social un desarrollo pleno, donde su inclusión e integración abarquen los aspectos básicos de la vida nacional en sus ejes social, económico y productivo.

Pese a ello, se mantienen deudas sociales pendientes con estas personas, ya que muchas veces siguen siendo objeto de discriminación, exclusión o explotación laboral; además, falta una integración clara en las políticas públicas gubernamentales para ser sujetos de capacitación especial y acreedores de apoyos económicos y financieros para desarrollar sus proyectos e iniciativas productivas, que les permitan ser independientes y contar con las mismas oportunidades que los demás.

El 20 de junio de 1983, la OIT promulgó el Convenio 159, sobre la readaptación profesional y el empleo, el cual fue firmado por México y exhorta a los países a establecer políticas de oportunidades laborales para las personas con discapacidad.

El 9 de mayo de 1995 se estableció el Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, presidido por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, con la participación de diversas dependencias del sector público y organismos privados en el ámbito de sus respectivas competencias, con el propósito, entre otros, de diseñar y coordinar las medidas de apoyo para promover la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como fomentar mecanismos de asesoría integral y especializada para su desarrollo.

Innegablemente, la integración de las personas con discapacidad requiere tanto apoyos concretos de la sociedad como la participación del Estado con sus distintas dependencias, las asociaciones civiles, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones de personas con discapacidad, las instituciones de formación educativa, de salud, y las empresas, como un componente global que pueda dar respuesta a esta problemática social.

Las personas con discapacidad son sujetos a ejercer sus derechos económicos, civiles, políticos y sociales. Por ello, con las presentes propuestas se busca dar mayor certidumbre a la inclusión e integración de las personas con discapacidades a la vida laboral, productiva y económica.

Por los motivos expuestos, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan un párrafo a la fracción I del artículo 9 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, y la fracción IX al artículo 11 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo a la fracción I del artículo 9 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 9. ...

Artículo Segundo. Se adiciona la fracción IX al artículo 11 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 11. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado.Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Economía.

Señoras diputadas y señores diputados, contamos con la visita de líderes del municipio de Ecatepec, estado de México, invitados por el diputado Martín Vázquez Pérez. Sean ustedes bienvenidos.

También nos acompañan alumnos de la licenciatura en administración turística de la Facultad de Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, campus Chignahuapan, invitados por el señor diputado Juan Carlos Lastiri Quirós . También, sean ustedes bienvenidos.

ARTICULOS 74, 78 Y 123 CONSTITUCIONALES - LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy de la Ley Federal del Trabajo.

El diputado Ramón Jiménez López: Gracias, señor presidente. Nuevamente solicito, con anticipación, que el texto íntegro de esta iniciativa quede inscrito en el Diario de los Debates. Leeré por economía de tiempo la exposición de motivos. Se refiere a lo siguiente.

Como es de su conocimiento, en días pasados me permití presentar ante el pleno de la Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo, con el objetivo de que se otorgue a los salarios mínimos un incremento por encima de la inflación.

Igualmente, para conformar un grupo de trabajo que elabore el paquete de reformas necesarias para que en adelante sea esta Cámara de Diputados la que fije los incrementos a los salarios mínimos, suprimiéndose, en consecuencia, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CNSM). Esto, por haber incumplido de manera reiterada su obligación constitucional de fijar salarios dignos a favor de la clase trabajadora, por lo que esta comisión ha sido factor deleznable por la expansión del empobrecimiento creciente del pueblo de México.

Y bien, para abonar con algunos elementos en la elaboración del paquete de reformas aludidas, me permito presentar la siguiente iniciativa de reformas.

La historia, cada vez con un mayor número de evidencias, tiene puesta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en el banquillo de las instituciones injustas e inútiles. Frente a la catástrofe sufrida por los salarios en el país, a partir de 1976, y concretamente por el salario mínimo, cada vez más sectores de trabajadores reclaman la desaparición de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en los siguientes argumentos:

1. Que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ha fijado salarios absolutamente insuficientes para recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios, actuando de manera inconstitucional y con toda insensibilidad social.

2. Que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos aplasta el interés de los trabajadores con los votos unidos de los representantes del gobierno y los patrones, y la actitud sumisa de los representantes charros y blancos, por lo que es sólo una simulación su estructura tripartita.

3. Que las resoluciones de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos carecen de seriedad, objetividad y profundidad técnicas, respondiendo a fines de carácter político.

4. Que los incrementos salariales son anuales, es decir, absolutamente insuficientes respecto de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

En tal razón exigimos la supresión de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que en adelante sea la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en su carácter de representante del pueblo de México y facultada para tomar decisiones en el campo económico, la que fijaría los salarios mínimos y su incremento; esto, con el apoyo técnico del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades.

Nuestra iniciativa propone, asimismo, que exista un solo salario mínimo constitucional, que aprobaría la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, previa recomendación del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, cuyos integrantes serían también designados por esta Cámara. Por tanto, desaparecería la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Así pues, en el centro de nuestras preocupaciones legislativas se encuentran los temas del salario y la productividad. Hasta ahora, el Poder Ejecutivo se ha reservado el control de los salarios mediante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, cuyo carácter tripartito no ha hecho sino reproducir las relaciones de sujeción observadas en el terreno de los derechos colectivos.

El gobierno federal ha defendido el salario mínimo sin que los trabajadores puedan incidir en esta variable decisiva para la economía del país. La determinación política de pasar a los trabajadores el costo social de la crisis ha significado un deterioro del salario real, inédito en la historia de México.

Después de 29 años de la caída ininterrumpida...

No, está bien, nos solidarizamos con el Sindicato Mexicano de Electricistas, claro que sí, y con los compañeros en huelga de hambre, aprovechamos este momento para enviarles un saludo fraternal y ojalá la insensibilidad del espurio pueda cambiar en beneficio de nuestra patria. Concluyo, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Por favor, diputado.

El diputado Ramón Jiménez López: Después de 29 años de caída ininterrumpida es necesario restablecer la vigencia del salario mínimo general como un salario suficiente como lo establece el artículo 123 constitucional federal.

Por ello, la propuesta de reforma, además de recuperar los imperativos de justicia, oscila, busca rescatar reformas, busca rescatar el papel del salario mínimo en la economía al permitir que con salarios suficientes se fortalezca el mercado interno, sin lo cual sería imposible sentar las bases de un crecimiento económico estable e integrado.

Este crecimiento estable e integrado, evidentemente que no les interesa a algunos de los diputados del Partido Acción Nacional, dejamos, señor presidente, el documento íntegro. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Ramón Jiménez López , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Ramón Jiménez López , diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 62, 63 y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permite someter a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Como es de su conocimiento, en días pasados me permití presentar ante el pleno de la Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo con objeto de que se otorgue a los salarios mínimos un incremento por encima de la inflación, y formar un grupo de trabajo que elabore el paquete de reformas necesarias para que en adelante la Cámara fije los incrementos de los mínimos, suprimiéndose en consecuencia la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CNSM), por haber incumplido de manera reiterada su obligación constitucional de fijar salarios dignos en favor de la clase trabajadora. Por ello, esta comisión ha sido factor deleznable para la expansión del empobrecimiento creciente del pueblo de México.

Y bien, para abonar con algunos elementos en la elaboración del paquete de reformas aludidas, me permito presentar la siguiente Iniciativa de reformas.

La historia, cada vez con un mayor número de evidencias, tiene puesta a la CNSM en el banquillo de las instituciones injustas e inútiles.

Frente a la catástrofe sufrida por los salarios en el país, a partir de 1976 y concretamente por el salario mínimo, cada vez más sectores de trabajadores reclaman la desaparición de la CNSM, con base en los siguientes argumentos:

Por razón exigimos la supresión de la CNSM para que, en adelante, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en su carácter de representante del pueblo de México y facultada para tomar decisiones en el campo económico, fije los salarios mínimos y su incremento, esto con el apoyo técnico del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades.

Nuestra iniciativa propone asimismo que exista un solo salario mínimo constitucional, que aprobaría la Cámara de diputados del Congreso de la Unión, previa recomendación del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades; cuyos integrantes serían también designados por esta Cámara; por tanto, desaparecería la CNSM.

Así pues, en el centro de nuestras preocupaciones legislativas se encuentran los temas del salario y la productividad. Hasta ahora el Poder Ejecutivo se ha reservado el control de los salarios mediante la CNSM, cuyo carácter tripartito no ha hecho sino reproducir las relaciones de sujeción observadas en el terreno de los derechos colectivos: el gobierno federal ha definido el salario mínimo sin que los trabajadores puedan incidir en esta variable decisiva para la economía del país. La determinación política de pasar a los trabajadores el costo social de la crisis, ha significado un deterioro del salario real, inédito en la historia de México.

Después de 29 años de caída ininterrumpida, es necesario restablecer la vigencia del salario mínimo general como un salario suficiente, tal como lo establece el artículo 123 de la Constitución federal. Por ello, la propuesta de reforma, además de recuperar los imperativos de justicia oscila, busca rescatar el papel del salario mínimo en la economía al permitir que, con salarios suficientes, se fortalezca el mercado interno, sin lo cual sería imposible sentar las bases de un crecimiento económico estable e integrado.

La iniciativa dispone, por tanto, que el salario mínimo deberá aumentar anualmente con base en la evolución del costo de la vida, y su vigencia podrá revisarse antes de este periodo de tiempo, en función del deterioro salarial sufrido, según lo determine la Cámara de Diputados o la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su caso, a propuesta del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades. Asimismo, este salario deberá incrementarse anualmente, en forma complementaria, con el propósito de establecer un aumento real que retribuya el incremento de la productividad media de la economía en ese periodo, con base en el porcentaje que determine la Cámara de Diputados, considerando las recomendaciones del instituto.

Una medida adicional y transitoria estaría orientada a que dicho instituto realice los estudios necesarios para proponer el monto y las modalidades de aplicación gradual de un factor de compensación por la caída histórica del salario mínimo general y profesional en las últimas dos décadas y media.

El Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades --como se explicó-- asumirá las funciones de la CNSM, organismo que con esta iniciativa desaparece. El Instituto estará integrado por un cuerpo colegiado de 5 miembros, por subcomisiones técnicas y por un consejo consultivo en el que participarán representantes de los trabajadores, los patrones y el gobierno federal, así como por investigadores de reconocido prestigio. La representación de los trabajadores deberá reflejar la pluralidad sindical del país. Los miembros del cuerpo colegiado serán electos por la Cámara de Diputados a propuesta de los grupos parlamentarios, cada siete años.

Por otra parte, con la inclusión de un capítulo nuevo sobre productividad se trata de impulsar medidas legales que permitan a los trabajadores enfrentar el reto productivo, con bilateralidad y retribución justa. La corresponsabilidad para mejorar la productividad supone involucrar al trabajador en el conocimiento integral del proceso productivo.

De este conocimiento y de la negociación bilateral resultarán programas de productividad por empresa y por rama de la actividad a partir de la creación de cámaras sectoriales.

Finalmente, la propuesta traslada las funciones de la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas igualmente al Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, y acorta los plazos para la presentación de los necesarios para conocer las condiciones generales de la economía nacional, los índices de productividad y la situación de los trabajadores. Sobre la base de estos estudios se propondrá a la Cámara de Diputados el porcentaje anual repartible. Ésta, a su vez, lo determinará cada cinco años. Los ingresos de los trabajadores por concepto de reparto de utilidades quedan, en esta iniciativa libres de todo gravamen.

Organización autónoma y democrática de la clase trabajadora

Desde luego, no habrá solución óptima, en tanto las reformas justas de carácter legal en materia colectiva no se complementen con un despertar de la clase trabajadora que dé nacimiento a sindicatos, contratos colectivos y huelgas, en general a una organización de los trabajadores con un carácter autónomo y democrático, de manera que la representación de los trabajadores en los organismos tripartitos sea real y en favor de sus intereses.

Con base en todo lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del trabajo

Artículo Primero. Se reforma el artículo 123, Apartado A, fracciones VI, salvo el párrafo segundo, y IX, incisos a), b) y e); y se adicionan las fracciones III del artículo 74 y IX al artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados

Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta de 37 miembros de los que 19 serán diputados y 18 senadores, nombrados por sus respectivas cámaras la víspera de la clausura de los períodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las Cámaras nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto.

La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes:

Título Sexto Del Trabajo y de la Previsión Social Capítulo VI Salario Mínimo

Artículo 123. ...

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 91, 92, 93, 94, 117 a 121, 126, fracción VI, 127, fracción III, 153 I, 153 J, 153 K, fracciones I, III, IV y V, y 153 L, M, O y T, y el último párrafo del artículo 153 V; se adicionan dos últimos párrafos al artículo 90, el Capítulo VII Bis al Título Tercero, el artículo 130 A, un segundo párrafo al artículo 153 M y las fracciones XIII y XIV al artículo 523; se derogan los artículos 95 a 97, y los artículos 563 a 590, correspondientes a los Capítulos VII a IX de la Ley Federal del Trabajo, en los siguientes términos:

Título Tercero Condiciones de Trabajo Capítulo V

Artículo 90. ...

Con tal propósito, el salario mínimo deberá aumentarse anualmente, con base en la evolución del índice nacional de precios al consumidor, y podrá revisarse e incrementarse antes de ese periodo de tiempo, en función del deterioro salarial observado durante su vigencia, como lo determine la Cámara de Diputados o la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, según sea el caso, a propuesta del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades. Asimismo, se deberá revisar anualmente con el propósito de establecer un aumento real que retribuya el incremento de la productividad media de la economía en ese periodo, con base en el porcentaje que determine la Cámara de Diputados, tomando en cuenta la recomendación que al efecto emita dicho instituto.

Los salarios mínimos se fijarán en diciembre de cada año y comenzarán a regir el primero de enero siguiente.

Artículo 91. El salario mínimo podrá ser general o profesional y se aplicará en todo el territorio nacional.

Artículo 92. El salario mínimo general regirá para todos los trabajadores del país , independientemente de las ramas de actividad económica en que se encuentren , profesionales, oficios o trabajos especiales.

Artículo 93. El salario mínimo profesional regirá para una determinada rama de actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales.

Artículo 94. Corresponde a los comités nacionales previstos en el artículo 153 K la facultad de elaborar y enviar al Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, las recomendaciones relativas a los porcentajes de incremento de los salarios mínimos profesionales en la rama de actividad de su competencia, para lo cual deberá tomar en cuenta la evolución de la productividad en dichas ramas, así como la necesidad de resarcir la pérdida del poder adquisitivo en el periodo previo, de darse el caso. El instituto valorará esas recomendaciones y, con las respectivas observaciones, a su vez, las turnará a la Cámara de Diputados.

Artículos 95 a 97. (Se derogan)

Artículo 98. ...

Capítulo VII Bis Productividad y Reparto de Beneficios

Artículo 116 A. Se entiende por productividad, para efectos de esta ley, el resultado cuantitativo y cualitativo de la actividad productiva con relación a los factores invertidos, comprendiendo también el conjunto de condiciones que influyen sobre dicho resultado, entre las que se encuentran las siguientes: inversión, tecnología planeación y organización del trabajo, capacitación de los trabajadores y de las gerencias de la empresa, ambiente laboral, administración, seguridad e higiene, calidad de vida, condiciones de trabajo y reparto de los beneficios.

Artículo 116 B. Corresponde a los patrones y a los sindicatos o, en su caso, a los trabajadores la definición y aplicación bilateral de las medidas que se consideren necesarias para obtener la productividad adecuada y repartir equitativamente sus resultados, sin menoscabo de los derechos consignados en esta ley y en la contratación colectiva.

Artículo 116 C. Los patrones están obligados a proporcionar a los representantes sindicales o, en su caso, a los trabajadores la información relativa a la situación tecnológica, organizativa, financiera y de mercado de la empresa, incluyendo los planes de inversión y de otro tipo que pudieran alterar el funcionamiento de la actividad. Esta obligación deberá cumplirse cada seis meses por lo menos o en el plazo o en el plazo que establezcan las partes. En caso de incumplimiento, los representantes sindicales o, en su caso, los trabajadores podrán reclamarlo ante la Inspección de Trabajo.

Artículo 116 D. De acuerdo con lo establecido en el artículo 153 I, en toda empresa o establecimiento deberán crearse una o más comisiones mixtas de productividad y capacitación, las que funcionarán de manera permanente y tendrán a su cargo el diagnóstico de los factores que inciden en la evolución de la productividad, la formulación de programas destinados a incrementarla, la evaluación de éstos, así como la adopción de los mecanismos destinados a fijar los beneficios que los trabajadores obtendrán de los resultados alcanzados.

Artículo 116 E. De acuerdo con lo establecido en el artículo 153 L, las cámaras sectoriales establecidas en forma permanente en cada rama de la actividad económica, deberán elaborar los diagnósticos y formular los planes y programas encaminados a aumentar la productividad, las oportunidades de capacitación, así como adoptar los mecanismos destinados a fijar los beneficios que los trabajadores obtendrán de los resultados alcanzados.

Artículo 116 F. Corresponde a las cámaras sectoriales proponer y enviar al Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades las recomendaciones relativas al incremento de los salarios profesionales en la rama de actividad en cuestión, tomando en cuenta la evolución de la productividad en la misma, en su caso, la necesidad de resarcir las pérdidas del poder adquisitivo del salario profesional en el periodo previo.

Artículo 116 G. El Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades deberá realizar estudios encaminados a apoyar los diagnósticos y la formulación del programa de productividad en el nivel de las empresas, los sectores y la rama de actividad, así como programas de incentivos para las empresas y trabajadores que se involucren en aquéllos.

Artículo 116 H. Los planes y programas de productividad, capacitación y distribución de beneficios deberán acodarse anualmente y contener, entre otros, los siguientes elementos:

Artículo 116 J. Los planes y programas sectoriales de productividad, capacitación y distribución de beneficios deberán acordarse cada dos años y contener:

Capítulo VIII Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas

Artículo 117. Los trabajadores participarán anualmente en las utilidades de las empresas, de conformidad con el porcentaje que determine la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a propuesta del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades.

Artículo 118. Para determinar el porcentaje a que se refiere el Artículo anterior, Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades efectuará por lo menos cada cinco años las investigaciones respectivas y realizará los estudios necesarios para conocer las condiciones generales de la economía nacional, los índices de productividad y la situación de los trabajadores.

Artículo 119. Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades podrá revisar el porcentaje que hubiese propuesto. Para tal efecto presentará a la Cámara de Diputados los estudios que sustentan dicha revisión en los términos previstos en el artículo anterior.

Artículo 120. El porcentaje fijado por la Cámara de Diputados constituye la participación que corresponderá a los trabajadores en las utilidades de cada empresa.

Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, más los ingresos por dividendos o utilidades en acciones, los intereses devengados a favor del contribuyente en el ejercicio, la fluctuación de moneda extranjera cuando se contratan deudas o créditos que no se pagan en el momento de su exigibilidad y cualquier otro concepto que pueda incrementar la ganancia de una empresa en un año fiscal, de acuerdo con la situación económica del país.

Artículo 121. El derecho de los trabajadores para formular objeciones a la declaración que presente el patrón a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se ajustará a las normas siguientes:

Artículos 122 a 125. ...

Artículo 126. Quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades:

Artículo 127. El derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades se ajustará a las normas siguientes:

Artículos 139 a 141. ...

Artículo 130 A. Los ingresos de los trabajadores por concepto de reparto de utilidades estarán libres de todo gravamen.

Capítulo 111 Bis De la Capacitación y Adiestramiento de los Trabajadores

Artículo 153 I. En cada empresa se constituirán comisiones mixtas de productividad y capacitación, integradas por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón, las cuales vigilarán la instrumentación y operación del sistema y de los procedimientos que se implanten para mejorar la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores, y sugerirán la medidas tendientes a perfeccionarlos; todo esto, conforme a la necesidades de los trabajadores y de las empresas.

Artículo 153 J. Las autoridades laborales cuidarán que las comisiones mixtas de productividad y capacitación se integren y funcionen oportuna y normalmente, vigilando el cumplimiento de la obligación empresarial de capacitar y adiestrar a los trabajadores.

Artículo 153 K. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social convocará a los patrones, sindicatos y trabajadores libres que formen parte de las mismas ramas industriales o actividades, para constituir comités nacionales de productividad y capacitación de tales ramas industriales o actividades.

Estos comités tendrán facultades para:

Artículo 153 L. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social fijará las bases para determinar la forma de designación de los miembros de los comités nacionales de productividad y capacitación por rama, así como las relativas a su organización y funcionamiento.

Artículo 153 M. En los contratos colectivos de deberán incluirse cláusulas relativas a la obligación empresarial de proporcionar capacitación y adiestramiento a los trabajadores, conforme a planes y programas que satisfagan los requisitos establecidos en este capítulo y podrá consignarse en los propios contratos el procedimiento conforme al cual el patrón capacitará y adiestrará a quienes pretendan ingresar a laborar en la empresa, tomando en cuenta, en su caso, la cláusula de admisión exclusiva.

Además, deberán incluirse las cláusulas relativas a los sistemas de productividad y calidad que deberán pactarse atendiendo los principios establecidos en esta ley.

Artículo 153 N. ...

Artículo 153 O. Las empresas en que no rija contrato colectivo de trabajo deberán registrar ante Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dentro de los primeros sesenta días de los años impares, los planes y programas de capacitación o adiestramiento que, de común acuerdo con los trabajadores, hayan decidido implantar. Igualmente, deberán informar respecto a la constitución y bases generales a que se sujetará el funcionamiento de las comisiones mixtas de productividad y capacitación.

Artículos 153 P a 153 S. ...

Artículo 153 T. Los trabajadores que hayan sido aprobados en los exámenes de capacitación y adiestramiento en los términos de este capítulo, tendrán derecho a que la entidad instructora les expida las constancias respectivas, mismas que, autentificadas por la comisión mixta de productividad y capacitación de la empresa, se harán del conocimiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de la correspondiente cámara sectorial o, a falta de ésta, a través de las autoridades del trabajo a fin de que la propia secretaría las registre y las tome en cuenta al formular el padrón de trabajadores capacitados que corresponda, en los términos de la fracción IV del artículo 537.

Artículo 153 U. ...

Artículo 153 V. ...

Si en una empresa existen varias especialidades o niveles de relación con el puesto a que la constancia se refiere, el trabajador, mediante examen que practique la comisión mixta de productividad y capacitación respectiva acreditará para cuál de ellos es apto.

Artículo 153 W. ...

Artículo 153 X. ...

Título Once Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales

Artículo 523. La aplicación de las normas del trabajo compete, en sus respectivas jurisdicciones:

Capítulo VI Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades

Artículo 551. EL Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades es un organismo público autónomo y descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Artículo 552. Es competencia del Instituto de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades

Artículo 553. El Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades se integra por

Artículo 554. Los miembros del cuerpo colegiado del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades deberán ser elegidos por mayoría simple de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a propuesta del presidente de la República. Los miembros del instituto durarán en su cargo cinco años y deberán satisfacer los siguientes requisitos:

Artículo 555. El presidente del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades será elegido por los miembros del cuerpo colegiado y tendrá las siguientes facultades:

Artículo 556. Es responsabilidad colectiva de los miembros del cuerpo colegiado del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades:

Con este fin, los miembros del instituto se apoyarán en un grupo de asesores especializados y en las subcomisiones técnicas que al efecto se creen.

Artículo 557. Las subcomisiones técnicas estarán facultadas para realizar estudios y elaborar propuestas relativas a los salarios de las profesiones oficios, trabajos especiales y actividades económicas, que serán sometidas para su ratificación por el pleno del cuerpo colegiado.

Cuando en una rama de la industria y el comercio se encuentre funcionando un comité nacional de productividad y capacitación por rama, según lo establece el artículo 153 K se estará facultado para hacer recomendaciones a las subcomisiones técnicas y al instituto acerca de los incrementos salariales en esa rama de la actividad.

Artículo 558. Las subcomisiones técnicas se crearán en las ramas económicas profesionales o trabajos especiales que determine el pleno del cuerpo colegiado estarán integradas por tres miembros designados por el pleno quienes deberán satisfacer los requisitos establecidos en esta ley.

Artículo 559. El consejo consultivo se integrará

Artículo 560. Los representantes de los trabajadores y los patrones deberán ser mexicanos, mayores de veinticinco años y estar en pleno ejercicio de sus derechos.

Artículo 561. Los representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de las instituciones académicas deberán cumplir los siguientes requisitos:

Artículo 562. El consejo consultivo dispondrá con toda oportunidad de los resultados de los estudios llevados a cabo para determinar la evolución de los índices del costo de la vida, productividad media y de las ramas económicas, así como para proponer el porcentaje de reparto de utilidades, con base en los cuales emitirá recomendaciones al cuerpo colegiado del instituto.

Podrá igualmente auxiliarse de asesores técnicos para elaborar sus propios estudios o verificar la calidad de los que le proporcione dicho cuerpo colegiado.

Artículos 563 a 590. (Se derogan)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado.Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y del Trabajo y Previsión Social.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El diputado Francisco Saracho Navarro: Ponemos a consideración de esta soberanía esta iniciativa. Al advertirse algún tipo de divergencia en las leyes secundarias de algún postulado constitucional es menester encauzarla hasta lograr que su contenido se torne congruente y, por ende, fielmente apegado a los referidos postulados.

Conforme a la iniciativa que nos ocupa, la Cámara de Diputados no sólo asume la calidad de garante del orden constitucional al proponer que el primer párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se ciña a lo establecido en el sexto párrafo del artículo 111 de nuestra Constitución de manera terminante, sino también considera razonable lo enunciado en dicho párrafo, pues sólo se justifica que el cargo o comisión pública deje de desempeñarse hasta que la autoridad judicial, que es la que verdaderamente cuenta con el conocimiento especializado en enjuiciamiento penal, determine jurídicamente, y exenta de cualquier consideración política, que el servidor público desaforado es probable responsable de la realización de una conducta determinada por ley como delito.

No debe perderse de vista que el llamado fuero, previsto en el artículo 111 de la Constitución, que propiamente es inmunidad procesal, tiene como finalidad posibilitar el funcionamiento normal del gobierno institucional dentro de un régimen democrático, lo que sólo se consigue garantizando que las funciones de más alto nivel no sean objeto de consignas políticas y sólo sean interrumpidas en condiciones excepcionales cuando jurídicamente sea determinada por el profesional del derecho, la probable comisión de un delito.

Por ende, si conforme se prevé en el primer párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el servidor público sujeto a juicio de procedencia es separado de su encargo o comisión, inmediatamente a la emisión de la resolución del desafuero. No se contaría con la certeza jurídica si el referido servidor es probable responsable de la comisión de un delito, pues el estudio que de ese aspecto se abordó por el jurado de procedencia no deja de implicar una decisión política, que además no prejuzga los fundamentos de la imputación.

Así, tenemos que la única determinación que válidamente justifica que un servidor público sea separado de su encargo o comisión es precisamente el auto de formal prisión o de sujeción a proceso penal, en virtud de que el hecho de haber sido declarado probable responsable de la comisión de un delito por la autoridad judicial tiene como consecuencia lógica que se encuentre imposibilitado para seguir desempeñando un cargo público cuya finalidad es cumplir los objetivos del Estado. Lo que necesariamente requiere que los servidores públicos sean personas cuya calidad moral no sea puesta en duda.

Lo anterior, la ratio legis en que se sustentó el Constituyente para determinar el sexto párrafo del artículo 111 de la Constitución Política, que hasta el momento en que el servidor público desaforado sea sujeto a proceso penal se separe de su encargo, porque se considera indigno para seguir ejerciéndolo.

Mientras que el párrafo sexto del artículo 111 constitucional establece que sólo hasta que el servidor público desaforado esté sujeto a causa penal será separado de su cargo. Por su parte, el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos señala que dicha separación se verificará de manera inmediata con la simple declaración de procedencia que emita la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

De lo anterior se infiere que el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades va más allá del párrafo sexto del artículo 111 constitucional.

Por lo expuesto, presento ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para reformar el primer párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar de la forma siguiente:

Artículo 28. Si la Cámara de Diputados declara que ha lugar proceder contra el servidor público inculpado, únicamente será separado del encargo que desempeñe en caso de que se decrete su sujeción a proceso penal y sólo podrá reasumirlo cuando por sentencia ejecutoria se determine su absolución.

De no ser sujeto a proceso penal, no habrá lugar a procedimiento ulterior mientras subsista el fuero, pero tal declaración no será obstáculo para que el procedimiento continúe su curso cuando el servidor público haya concluido el desempeño de su empleo, cargo o comisión. Muchas gracias, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro , del Grupo Parlamentario del PRI

Los diputados federales de la LXI Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Francisco Saracho Navarro , Hugo Martínez González, Melchor Sánchez de la Fuente , Rubén Moreira Valdez, Miguel Ángel Riquelme Solís , Héctor Fernández Aguirre , Héctor Franco López , Hilda Flores Escalera y Tereso Medina Ramírez , con fundamento en el artículo 71, fracción II, y artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Exposición de Motivos

No se puede refutar que dentro de las principales labores parlamentarias se encuentra la de propiciar la permanencia y continuidad de nuestra Ley Suprema, pues ésta determina la directrices esenciales en la que deben verificarse los actos necesarios para el funcionamiento del Estado mexicano.

Así, tenemos que el control de la constitucionalidad no sólo compete al Poder Judicial de la Federación, pues el órgano parlamentario, de manera espontánea y responsable, puede retomar el cauce que dicta la Constitución al advertir que alguna norma legal pudiera contravenir su texto.

Para contextualizar la presente iniciativa de ley, tomaremos como base la definición dada por Hans Kelsen, de lo que en su criterio significa Constitución: ``la Constitución es una norma fundamental de la que desciende por grados el resto del ordenamiento jurídico''. ¹

La Constitución dota de uniformidad, coherencia al actuar político y orden jurídico imperantes en un país a modo de que, constriñe a la autoridad, cualquiera que sea la tarea específica que desempeñe, a no propasar los lineamientos estipulados en dicho Código Supremo, es decir, las directrices determinadas por la decisión soberana del pueblo.

Para dotar de coherencia y validez ---desde el punto de vista formal--- al orden jurídico, es que se hace necesaria la supremacía constitucional, la cual significa ``un rango o valor superior al resto de las normas que integran el ordenamiento, en razón del cual éstas han de considerarse como inválidas, es decir, como antijurídicas, en la medida en la que vayan en contra de lo dispuesto por la Constitución, o no hayan sido creadas por los órganos en cada caso competentes y de acuerdo con el procedimiento previsto para ello''. ²

La uniformidad del orden jurídico se expresa en la coherencia del sistema de creación de normas de acuerdo con el proceso determinado en otra norma de escaño superior hasta llegar a la norma básica, la norma que es el soporte y razón última de la validez de todo ese sistema jurídico. ³

Entonces la norma suprema precisará el punto de partida del resto de la normatividad, cuya función primordial será el dotar de vida concretizada a los designios constitucionales, a fin de dar consecución a los mismos.

Si bien es cierto que el principio de supremacía constitucional es necesario en todo estado de derecho, también lo es que la legislación secundaria conferirá, dentro de las vertientes propuestas por la Ley Suprema, el significado específico y objetivo a la normas constitucionales.

Se plantea entonces, una situación de reciprocidad, pues la legislación secundaria para tener plena validez, dependerá de su apego a la ley constitucional; asimismo, la ley constitucional para gozar de eficacia, dependerá de la existencia de la legislación secundaria que precisará el sentido específico y alcances de lo que establece la Ley Fundamental.

Es por ello que, dentro de este contexto, debe entenderse la presente iniciativa de reforma al artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, dado que conforme a su actual redacción se propicia una contravención a lo que dispone el sexto párrafo del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cabe precisar que ambos preceptos refieren la etapa final del procedimiento de desafuero o juicio de procedencia que se establece en el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en caso de que se determine que ha lugar a proceder penalmente en contra de alguno de los servidores públicos que señala el primer párrafo del referido artículo, deberá determinarse qué sucederá con el cargo que desempeña.

Mientras que en el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Público se establece que, una vez que se ha determinado por la Cámara de Diputados, erigida en jurado de procedencia, que ha lugar a proceder penalmente contra el servidor público sujeto a juicio de procedencia, es decir, una vez que se ha removido su fuero, será separado inmediatamente de su empleo, cargo o comisión; por el contrario, el sexto párrafo, del artículo 111, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el efecto de dicha declaración, será que el servidor público quede a disposición de las autoridades competentes para que actúen conforme a la Ley y, solamente será separado de su cargo, hasta que se determine su sujeción a proceso penal por conducto del juez competente.

Es importante precisar en qué consiste, propiamente, el inicio del proceso jurisdiccional en el orden penal, pues es a partir de este momento, en el que se puede determinar que el sujeto inculpado queda bajo la potestad de la autoridad penal y pierde ciertas prerrogativas, como consecuencia de la determinación que realiza el juez penal en lo relativo a su probable participación en la comisión de un hecho que la ley señale como delito.

Ahora bien, sólo el juez penal que haya recibido la consignación del ministerio público y, en forma concomitante, la declaración de procedencia de la Cámara de Diputados del Congreso General, una vez que radique el expediente penal y ordene el desahogo de las pruebas aportadas durante el plazo constitucional (artículo 19 de la Constitución), dictará una resolución en la que definirá la situación jurídica del servidor público y, al analizar los elementos de convicción referidos, decidirá si hay suficientes elementos que acrediten la probable responsabilidad penal y los hechos que la ley señale como delito, por lo que determinará que el indiciado, quedará formalmente preso o sujeto a proceso penal, dependiendo de la gravedad y de la pena aplicable a ese delito.

Los efectos jurídicos de un auto de sujeción a proceso son meramente procesales y su emisión responde a la posible comisión de un delito que no merece penal corporal o se castiga con una alternativa, sin restringir la libertad del procesado, por lo que únicamente se le constriñe a comparecer ante la autoridad judicial para la realización de las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, dejando intocada la libertad personal.

Por su parte, el auto de formal prisión restringe la libertad del acusado y puntualiza los hechos delictuosos comprobados por los cuales tendrá forzosamente que seguirse el proceso.

Lo anterior puede advertirse del contenido de los artículos 161, 162 y 167 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Ahora, para el supuesto de un servidor público desaforado, el juez penal al dictar auto de formal prisión o de sujeción a proceso, le suspenderá de sus prerrogativas como ciudadano mexicano y lo separará del encargo, empleo o comisión que venía desempeñando, de conformidad con lo establecido en la fracción II del artículo 38, en relación con el párrafo sexto del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues ambos autos implican la sujeción a proceso penal a que se hace mención expresa en los preceptos constitucionales en comento.

En otras palabras, sólo hasta el momento en que se dicte auto de formal prisión o de sujeción a proceso, al servidor público desaforado, deberá determinarse la separación de su encargo, en virtud de que el hecho de haber sido declarado probable responsable de la comisión de un ilícito, por la autoridad judicial, tiene como consecuencia lógica que se encuentre imposibilitado para seguir desempeñando un cargo público, cuya finalidad es cumplir los objetivos del Estado lo que, necesariamente, requiere que los servidores públicos sean personas cuya calidad moral no sea puesta en duda; además de que en el caso que se haya dictado un auto de formal prisión y no tenga derecho a la libertad caucional se encontraría impedido físicamente para seguirlo desempeñando.

Lo anterior evidencia la ratio legis en que se sustentó el Constituyente para determinar en el sexto párrafo del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hasta el momento en que el servidor público desaforado, sea sujeto a proceso penal, se separe de su encargo, porque en el fondo se considera indigno para seguir ejerciéndolo.

Entonces, mientras que el párrafo sexto del artículo 111 constitucional establece que sólo hasta que el servidor público desaforado esté sujeto a causa penal, será separado de su cargo, por su parte, el artículo 28 de La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, señala que dicha separación de verificará de manera inmediata, con la simple declaración de procedencia que emita la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

La sola declaración de procedencia, no puede propiciar la separación del servidor público en el desempeño de su encargo, ya que el juez penal es el único facultado para decretar esa separación al dictar el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, conforme quedó anotado.

De lo anterior se infiere que el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, va más allá de lo que el párrafo sexto del artículo 111 constitucional establece.

Por lo expuesto, se presenta a esta H. Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 28. Si la Cámara de Diputados declara que ha lugar a proceder contra el servidor público inculpado, únicamente será separado del encargo que desempeñe, en caso de que se decrete su sujeción a proceso penal y, sólo podrá reasumirlo, cuando por sentencia ejecutoria, se determine su absolución. De no ser sujeto a proceso penal, no habrá lugar a procedimiento ulterior mientras subsista el fuero, pero tal declaración no será obstáculo para que el procedimiento continúe su curso cuando el servidor público haya concluido el desempeño de su empleo, cargo o comisión

...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Kelsen, Hans, Teoría general del derecho y del Estado , UNAM, México, 1988, p. 135.

2 Alvarado Esquivel, Miguel de Jesús, ``La inconstitucionalidad de algunas reformas constitucionales'', Revista Mexicana de Procuración de Justicia, volumen 1, número 5, junio, 1997, México, página 118.

3 Carpizo, Jorge, Estudios constitucionales, Editorial Porrúa, tercera edición, México, 1996, p. 6.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado Saracho Navarro.Túrnese a la Comisión de la Función Pública.

ARTICULOS 40, 41, 43, 71, 73, 115, 116 Y 117 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Samuel Herrera Chávez: Con su permiso, diputado presidente. Honorable soberanía, aprovechamos ante esta honorable soberanía para solidarizarnos con la huelga de hambre de las mujeres, sobre todo las electricistas, y ojalá pudiera haber sensibilidad para que se encuentre la solución a este justo reclamo.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 40, 41, 71, 73, 115, 116 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez , integrante del Grupo Parlamentario del PRD, en materia de fortalecimiento político del municipio.

El que suscribe, diputado Samuel Herrera Chávez , integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 73, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 40, 41, 43, 71, 73, 115, 116 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento político del municipio, al tenor de la siguiente exposición de motivos.

La Constitución Política de 1917 mantuvo un elemento fundamental, herencia inmediata e histórica del fallido federalismo de 1857 y las visiones de poder anteriores al mismo: el presidencialismo, mediante el ejercicio de sus facultades constitucionales, se transformó en el eje articulador no sólo del poder, sino de la política y sus formas de practicarla. Así, los regímenes posrevolucionarios se edificarían en torno a un modelo presidencial que funcionó como factor de unidad, cohesión y articulación de un sistema que comenzaba a edificar el ideario de años anteriores.

La centralización dejó su ámbito natural radicado en el ejercicio del poder presidencial para consistentemente irse situando en las estructuras del Estado. Durante el siglo pasado el municipio estuvo sujeto a las pretensiones políticas impuestas por la tradición central, surgiendo una burocratización extensa de la administración pública.

La centralización, un proceso histórico siempre en oposición a la descentralización, esencia del federalismo. La normatividad jurídica, a lo largo de los años, en nuestro país conformó una serie de intentos para adecuar en los diversos momentos históricos, la descentralización como fórmula para solucionar los desequilibrios generados por la centralización en aquellos momentos. En la actualidad la descentralización, en el ámbito gubernamental, adquiere una importancia de primer nivel.

La reforma al artículo 115 constitucional, en 1999, acrecentó significativamente las atribuciones municipales, pero quedó limitada sin lograr crear ese nuevo nivel de gobierno como un ente autónomo, dado que persistió lamentablemente en dejar a los municipios en manos de los estados.

México vive momentos críticos en materia económica que han venido provocando una considerable reducción de los ingresos públicos con impacto en los programas de desa-rrollo en los tres órdenes de gobierno. En ese sentido, en el marco de la reforma del Estado, la LXI Legislatura tiene la gran responsabilidad de la construcción de una nueva ingeniería constitucional que funja como respaldo jurídico para generar el desarrollo y fortalecimiento de la institución municipal en México.

Son evidentes las transformaciones que ha habido en nuestro país en la última década. Hoy existe más pluralidad y más participación política. No obstante, es relevante la necesidad de construir nuevos equilibrios entre competencias y atribuciones de los tres órdenes de gobierno.

Los ciudadanos reconocen que los gobiernos municipales no cuentan con las atribuciones y recursos necesarios para responder eficazmente a los requerimientos económicos, políticos y sociales de sus comunidades. Debemos concebir al municipio como una nueva definición constitucional más coherente con la estructura del Estado.

En ese sentido, el Grupo Parlamentario del PRD, así como lo hizo en la LX Legislatura, en congruencia con nuestra agenda legislativa, proponemos reformar los artículos 40 y 41 de nuestra Constitución, con el fin de que se reconozca la soberanía popular.

Lo anterior tiene mucho que ver con el planteamiento de un verdadero fortalecimiento de los municipios. Por otro lado, queremos que se considere a los municipios como una parte integrante de la federación, por ello planteamos en el artículo 43 que se les considere dentro del capítulo geográfico de la Constitución, así como están considerados los 31 estados de la República y el Distrito Federal.

Que el Congreso observe en todo momento, tanto en el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 73, y de manera particular en cuanto a leyes que establezcan las áreas de concurrencia y coordinación entre los tres órdenes de gobierno que se sujeten a los principios de un federalismo cooperativo que sea subsidiario y, a la vez, solidario.

Como parte fundamental de la presente iniciativa, proponemos que, en el artículo 115, a los municipios se les considere ya no como unidades administrativas carentes de un peso político específico, sino que para efectos de su organización política, administrativa y su división territorial, se integren posteriormente en entidades federativas.

Uno de los más importantes debates del municipalismo es la ampliación del periodo de gestión de los gobiernos municipales, aunado a este tema espinoso y controvertido de la reelección de los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, quienes, si bien es cierto son electos popularmente cada tres años, se ven impedidos en los hechos a implementar adecuadamente su programa de gobierno por la limitante temporal y la imposibilidad de presentarse ante la prueba de las urnas en el siguiente periodo inmediato.

Que a las legislaturas de los estados se les reconozca la facultad de resolver, a solicitud de los cabildos, el cambio de nombre de los municipios y residencia.

Por otro lado, se plantea el reconocimiento de las asociaciones de municipios y de gobiernos estatales como organismos de representación política de sus respectivos gobiernos, cuya representatividad debe ser debidamente regulada en la ley.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto.

Artículo Único. Se reforman los artículos 40, 41 y 43, el segundo párrafo del 71, la fracción III del artículo 73, la denominación del Título Quinto, las fracciones I, II y III del artículo 15; la fracción VII del artículo 116, la fracción I del 117; se adicionan la fracción IV del artículo 71, la fracción XXXI del artículo 73, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputado.

El diputado Samuel Herrera Chávez: Como es extenso el documento, pido a esta soberanía y al presidente que pueda inscribirse en forma completa el texto íntegro de la propuesta de iniciativa de ley, para que se ponga a consideración de esta soberanía esta reforma que es profunda, estructural y de fortalecimiento a los municipios de los estados; tendrán derecho de asociarse y coordinarse libremente entre ellos para la mejor promoción de sus intereses y el ejercicio de sus funciones. Las asociaciones de municipios y organismos estatales serán consideradas como organismos de representación política de sus estados y gobiernos.

Artículo 117. Los estados no pueden, en ningún caso:

I. Celebrar alianza, tratados o coalición con potencias extranjeras.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Y firman el diputado Samuel Herrera, Emiliano Velázquez, Luis Felipe Eguía, Guadalupe Acosta Naranjo , Martha Elena García, Rigoberto Salgado, Vidal Llerenas, Víctor Manuel Castro, Ramón Jiménez y los diputados del PRD.

Quiero pedirle, ciudadano presidente, que pueda inscribirse íntegramente el texto de la propuesta de iniciativa de ley que planteo; que se ponga en consideración para que pueda ser un instrumento importante de fortalecimiento a los municipios y que pueda considerarse dentro de los términos constitucionales. Gracias, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Samuel Herrera Chávez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 40, 41, 43, 71, 73, 115, 116 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento político del municipio al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución de 1917 mantuvo un elemento fundamental, herencia inmediata de la experiencia histórica del fallido federalismo de 1857 y las visiones de poder anteriores al mismo, ensalzó la figura del presidente de la república y, de forma indirecta, contribuyó a perpetuar un elemento que ha permanecido invariable a lo largo de los años: la centralización.

El presidencialismo, mediante el ejercicio de sus facultades constitucionales, se transformó en el eje articulador, no sólo del poder, sino de la política y sus formas de practicarla. Así, los regímenes postrevolucionarios se edificarían en torno a un modelo presidencial que funcionó como factor de unidad, cohesión y articulación, de un sistema que comenzaba a edificar el ideario de años anteriores.

Si en el texto constitucional se implantó una forma de gobierno republicano y federal, en la práctica, la herencia de vicios y deformaciones generados por siglos de centralización, continuaron existiendo y permeando las estructuras de la vida política y social.

La centralización dejó su ámbito natural radicado en el ejercicio del poder presidencial para consistentemente irse situando en las estructuras del Estado. La economía, cultura y la vida pública se vieron determinadas por ese fenómeno.

Más allá de la teoría que concibió al municipio como célula originaria y espacio de libertades públicas y cuna de la democracia deliberativa, donde figuras como la asamblea popular florecerían sin censura, fueron poco a poco soslayadas en el trayecto del siglo pasado, convirtiéndose el centralismo del poder político, prácticamente en la condición necesaria para profundizar la construcción de un nacionalismo que aún está en proceso de ser completado.

Durante el siglo pasado el municipio estuvo sujeto a las pretensiones políticas impuestas por la tradición central, surgiendo una burocratización extensa de la administración pública, ligada a un sin número de procesos políticos y programas horizontales que poco tenían que ver con el espíritu federal de la Constitución.

La centralización es un proceso histórico siempre en oposición a la descentralización, esencia del federalismo. La centralización impregna todos los niveles en los que se estructura una sociedad: política, cultura, economía y hasta la psicología de los individuos.

La normatividad jurídica, a lo largo de los años en nuestro país, conformó una serie de intentos para adecuar en los diversos momentos históricos, la descentralización como fórmula para solucionar desequilibrios generados por la centralización en aquellos momentos concretos.

En la actualidad la descentralización, en el ámbito gubernamental, adquiere una importancia de primer nivel, dados los avances recientes en la ciencia política, sobre todo en áreas fundamentales como la gestión y administración pública, las relaciones intragubernamentales y el cambio de visión en la manera de concebir al Estado.

Esta última consideración es realmente trascendente si se contempla a la luz de la reforma municipal realizada en 1983, pues a partir de aquel momento se dio un impulso fundamental al municipio, no sólo desde el marco jurídico, sino desde las distintas facultades que proponían al municipio como factor del desarrollo regional, dándole sentido, dirección y sustancia a la descentralización, no como una imposición central, sino como una práctica cotidiana de la vida que emerge lentamente desde la sociedad y para ella.

La reforma al artículo 115 constitucional, en 1999, acrecentó significativamente las atribuciones municipales, pero quedó limitada, sin lograr crear ese nuevo nivel de gobierno, como un ente autónomo dado que persistió, lamentablemente, en dejar a los municipios en manos de los estados.

México vive momentos críticos en materia económica que han venido provocando una considerable reducción en los ingresos públicos con impacto en los programas de desarrollo en todos los órdenes de gobierno, específicamente en el gobierno municipal, razón por la cual podemos afirmar categóricamente que ninguno de los problemas por los que atraviesa el país podrá ser resuelto satisfactoriamente y en beneficio de la sociedad sin la participación activa de las comunidades y sus gobiernos municipales.

En este sentido, en el marco de la reforma del Estado, la LXI Legislatura tiene la gran responsabilidad de la construcción de una nueva ingeniería constitucional que funja como respaldo jurídico para generar el desarrollo y fortalecimiento de la institución municipal en México.

Son evidentes las transformaciones que ha vivido nuestro país en la última década, hoy existe más pluralidad y más participación política; no obstante, es relevante la necesidad de construir nuevos equilibrios entre competencias y atribuciones de los tres órdenes de gobierno, con base en el análisis de los marcos jurídicos que sustentan el pacto federal; en la consolidación de la colaboración y el equilibrio entre poderes; en la revisión de la distribución de competencias entre éstos órdenes; y en la construcción de una coordinación fiscal más efectiva, sólo así se podrá detonar el potencial de las regiones y municipios de nuestro país y mejorar su contribución al desarrollo nacional.

Los ciudadanos reconocen que los gobiernos municipales no cuentan con las atribuciones y recursos necesarios para responder eficazmente a los requerimientos económicos, políticos y sociales de sus comunidades. Aunado a la demanda creciente de la ciudadanía, en relación con el incremento de servicios básicos (agua, alcantarillado, calles, banquetas y electrificación) que evidencian las condiciones de marginación y pobreza persistentes en el país.

Con el propósito de contribuir en la construcción de u nuevo marco jurídico que ayude a combatir dicha problemática, se han creado diversas agrupaciones de municipios, tales como la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm), la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC); la Asociación de Municipios de México, AC (Aamac); la Asociación Nacional de Alcaldes A.C.( ANAC) y la Federación de Autoridades de México (Fedamex), las cuales han realizado esfuerzos sobresalientes y tendido puentes de comunicación con los Poderes Legislativo y Ejecutivo federal, con los gobernadores y con los congresos locales, animados en el trabajo conjunto, en el estudio, análisis y solución de los numerosos y complejos problemas y temas de la agenda para el desarrollo municipal en México, quienes han planteado en diversos foros un sinnúmero de propuestas encaminadas a resolver este fundamental tema, algunas de las cuales, en la presente iniciativa, se tratan de incorporar con el objetivo que conjuntamente con los planteamientos realizados por varios legisladores sean presentadas ante esta soberanía.

Debemos concebir al municipio en una nueva definición constitucional, más coherente con la estructura del Estado y con el sistema federal mexicano; un municipio más evolucionado, con una estructura democrática, de resultados y con ejercicio transparente, que con bases sólidas promueva el ejercicio del autogobierno; un municipio más responsable, funcional y eficiente, que sea capaz de proveer en calidad, cantidad y equidad sus responsabilidades públicas, razón por la cual resulta necesario incorporar al marco normativo que rige esta célula básica de la nación.

En ese sentido el Grupo Parlamentario del PRD, como así lo hizo en la LX Legislatura en congruencia con nuestra agenda legislativa, propone reformar los artículos 40 y 41 de nuestra Constitución con el fin de que se reconozca que la soberanía municipal; es decir, que son también depositarios de ella y por lo tanto gozan de la capacidad de darse a sí mismos sus propias normas en todo lo concerniente a su régimen interior respetando en todo momento los principios que unen nuestra federación, de tal suerte que el pueblo pueda ejercer su soberanía, tanto a través de los Poderes de la Unión, en lo que toca a su competencia, como también a través de los estados y municipios, la cual se ejercerá en los términos establecidos por la Constitución federal y las particulares de los estados, lo que insistimos no contraviene las estipulaciones del pacto federal.

Lo anterior tiene mucho que ver con el planteamiento de un verdadero fortalecimiento de los municipios que no es otra cosa que el empoderamiento de este orden de gobierno, por lo que si se reconoce la soberanía municipal, la primera atribución que le es consustancial a esta característica, será de aprobarse la presente reforma, la de darse a sí mismo su propia ley orgánica municipal, que es actualmente atribución de los congresos locales; lo que se busca es que estas leyes orgánicas reconozcan su diversidad y especificidad, y promoverán, dentro de su esfera de competencia tanto el desarrollo económico y social, la participación ciudadana, estas leyes, desde luego, no contravendrán la presente Constitución, ni las particulares de los estados como tampoco las leyes que de ellas emanen.

Por otro lado, queremos que también se considere a los municipios como parte integrante de la federación, por ello planteamos, en el artículo 43, que se les considere dentro del capítulo geográfico de la Constitución como así están considerados los 31 estados de la república y el Distrito Federal.

Otro asunto medular en la presente iniciativa es la propuesta de reforma al artículo 71 que considera que no solamente las legislaturas de los estados en el marco del federalismo gocen del derecho de iniciar leyes o decretos , creemos conveniente incluir a las legislaturas de las entidades federativas, lo que incluiría por definición a todas las entidades federativas y ayuntamientos.

Que el Congreso observe en todo momento, tanto en el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 73 y de manera particular, en cuanto a las leyes que establezcan áreas de concurrencia y coordinación entre los tres órdenes de gobierno, que se sujeten a los principios de un federalismo cooperativo que sea subsidiario y a la vez solidario.

Que se reforme su Título Quinto para que se incluya como parte integral de nuestra propuesta a los municipios como parte de la federación.

Como parte fundamental de la presente iniciativa proponemos que, en el artículo 115, a los municipios se les considere ya no como unidades administrativas carentes de un peso político específico en las que se divide un estado, sino que, para efectos de su organización política, administrativa y su división territorial, se integren posteriormente en entidades federativas.

En cuanto al sistema electoral municipal, queremos plantear que el ayuntamiento se siga eligiendo directamente, pero que al ser integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que tienen funciones y responsabilidades distintas dentro del gobierno municipal sean elegidos de manera individual y por planilla separada en distritos municipales, con ello se persigue el objetivo de fortalecer al cabildo como órgano de representación ciudadana y se subrayé su carácter colegiado y legislativo, lo que ayudaría a distinguir su función, de la que ejerce el presidente municipal que es evidentemente una función ejecutiva.

Uno de los temas más importantes del debate municipalista es el de la ampliación del periodo de gestión de los gobiernos municipales, aunado a este el tema espinoso y controvertido de la reelección de los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos quienes, si bien es cierto son electos popularmente cada tres años, se ven impedidos en los hechos de implementar adecuadamente su programa de gobierno por la limitante temporal y la imposibilidad de presentarse ante la prueba de las urnas en el periodo inmediato, como un principio de rendición de cuentas que a su vez empoderaría de manera sustantiva a los ciudadanos. Sin embargo, para avanzar en el tema con una solución intermedia ponderando todos los elementos en pro y en contra de esta propuesta, propondríamos que se extendiera el periodo de gestión municipal a cuatro años, pensando también que con este periodo también se diferenciaría la elección municipal de las elecciones legislativas locales y desde luego las federales, lo cual contribuiría a fortalecer la singularidad y relevancia de la autoridad municipal.

Que a las legislaturas de los estados se les reconozca la facultad de resolver a solicitud de los cabildos el cambio de nombre de los municipios y residencia, respetando los usos y costumbres de sus habitantes, así como de erigir, suprimir o fusionar municipios, de conformidad a las disposiciones previstas en las Constituciones locales y, que en cualquier caso, deberá consultarse a los ayuntamientos de los municipios afectados.

En materia de asociacionismo proponemos que se precisen los procedimientos y condiciones que contendrán los convenios que celebren los municipios, ya sea con el Estado, la federación, otros municipios o con particulares, que los municipios cuenten con los instrumentos idóneos para impulsar la planeación regional, la inversión pública y el desarrollo social, así como también la libre asociación voluntaria de agrupaciones de municipios en asociaciones territoriales.

En los artículos 116 y 117 proponemos eliminar los candados que aún existen en la Carta Magna al derecho de asociarse con libertad, entre la federación y los estados, así como entre ellos en el ejercicio de sus funciones, para la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario y, en general, para la promoción de sus intereses, sin que por ello violen el pacto federal, dejando vigentes las otras hipótesis que sí la limitan en cuanto a la celebración de una alianza, tratado o coalición con potencias extranjeras.

Y por otro lado, se plantea el reconocimiento de las asociaciones de municipios y de gobiernos estatales como organismos de representación política de sus respectivos gobiernos cuya representatividad deberá ser debidamente regulada en la ley.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Proyecto de Decreto

Único. Se reforman los artículos 40, 41, 43, el segundo párrafo del 71, la fracción XXX del artículo 73, la denominación del Título Quinto, las fracciones I, II y III del 115, la fracción VII del 116 y la fracción I del 117, se adicionan la fracción IV del artículo 71, la fracción XXXI del artículo 73, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados y municipios libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados y de los municipios, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.

...

...

Artículo 43. Las partes integrantes de la federación son los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal; así como los municipios que los integran.

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

Título Quinto De las Entidades Federativas y Municipios de la Federación

Artículo 115. Los municipios para efectos de su organización política, administrativa y su división territorial se integrarán en entidades federativas, las cuáles adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y popular.

El municipio se regirá por su propia ley orgánica, la cual reconocerá su diversidad así como promoverá dentro de su esfera de competencia el desarrollo económico y social y la participación ciudadana conforme a las bases siguientes:

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

...

Artículo 117. Los estados no pueden, en ningún caso:

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Insértese en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Janet Graciela González Tostado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

La diputada Janet Graciela González Tostado: Gracias, señor presidente, con su permiso. Diputadas y diputados, iniciativa que reforma la Ley General de Salud.

La suscrita, diputada federal integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de acuerdo con lo siguiente.

Los trastornos alimenticios son enfermedades crónicas y progresivas que, a pesar de que se manifiestan a través de un cambio en los hábitos alimenticios, en realidad conllevan una serie de implicaciones sociales, físicas, psicológicas y de autoestima.

Los trastornos alimenticios deben ser considerados una prioridad del Estado mexicano; estos padecimientos patológicos pueden causar complicaciones cardiovasculares, digestivas, renales, hematológicas, óseas, dermatológicas, endócrinas y dentales.

La Guía de trastornos alimenticios, del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, establece que éstos se presentan cuando una persona no recibe la ingesta calórica que su cuerpo requiere para funcionar. Señala que debe verse como un problema de salud pública, que requiere ser estudiado y atendido de manera específica y urgente.

En México, las cifras van en aumento; y puede señalarse que en países desarrollados y en las grandes ciudades representan 4 por ciento de la población, según datos proporcionados por la Secretaría de Salud. Aproximadamente un millón de mexicanos sufre algún tipo de trastorno alimenticio como son la bulimia y la anorexia, el sobrepeso y la obesidad; éstos son detonadores de graves afecciones y, si tomamos en cuenta que a escala mundial nuestro país ocupa el segundo lugar en estos padecimientos, el panorama resulta gravemente alarmante.

De acuerdo con investigadores de la UNAM sobre trastornos alimenticios, más de la mitad de las mujeres de entre 9 y 25 años comienza a hacer una dieta a partir de 12 años, por razones estéticas, situación por la cual se estima que 200 mil mujeres mexicanas padecen algunos de estos trastornos. Sin embargo, no son enfermedades exclusivas de las mujeres, ya que cada vez son más frecuentes estos padecimientos en los hombres.

Según expertos en el tratamiento de la obesidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, si no se cambian los patrones de consumo de alimentos y se fomenta la actividad física, en 10 años 90 por ciento de la población en México padecerá sobrepeso u obesidad, lo que desencadenará una serie de enfermedades que merman la salud de los individuos y su productividad.

Resulta más conveniente prevenir este tipo de trastornos que los tratamientos de las enfermedades derivadas, más severas y por ende más costosas.

Expertos en el tratamiento de estos trastornos apuntan que al menos 20 por ciento de las personas en estas circunstancias pierde la vida por inanición, suicidio o diversas complicaciones médicas, ya que la no aceptación de su cuerpo los lleva a la depresión, a la baja autoestima, la pérdida de valores, y por ello hasta el suicidio.

En el Distrito Federal, las campañas en la materia han atacado el problema con el programa para la aplicación de un bypass gástrico con cargo al erario, para quienes sobrepasan 150 kilos.

Nuestro país requiere soluciones con visión de largo plazo, y el Grupo Parlamentario del PRI considera que un gobierno eficiente debe generar políticas públicas que eleven la calidad de vida de todos. Por ello, es urgente el tratamiento de los trastornos alimenticios que en los últimos años han llevado a la muerte a miles y miles de jóvenes, principalmente.

Es por lo anterior que consideramos pertinente crear un programa contra los trastornos alimenticios que sea coordinado por el Consejo de Salubridad General, toda vez que éste es el órgano del Estado mexicano establecido por el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dependiente del presidente de la República, presidido por el secretario de Salud, que tiene como mandato la emisión de disposiciones obligatorias en materia de salubridad general.

Ya que el consejo representa la segunda autoridad sanitaria del país, es su obligación desarrollar las medidas pertinentes en conjunto con las secretarías de Salud de los estados.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Salud, adicionando un capítulo V al Título Decimoprimero, se reforma el artículo 184-Bis y se adicionan los artículos 193-Bis y Ter.

Por obviedad de tiempo, solicito a la Presidencia que la presente iniciativa sea insertada íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Janet Graciela González Tostado , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

Los trastornos alimenticios son enfermedades crónicas y progresivas que, pese a que se manifiestan a través de un cambio de los hábitos alimenticios, en realidad conllevan una serie de implicaciones de diversa índole, como sociales, físicas, psicológicas o de autoestima; en sí, una grave distorsión de la imagen corporal.

La atención de los trastornos alimenticios debe ser considerada prioridad del Estado mexicano. Estas patologías pueden causar complicaciones cardiovasculares, digestivas, renales, hematológicas, óseas, dermatológicas, endocrinológicas y dentales.

Además, interfieren el funcionamiento normal de la vida social y laboral de quienes las padecen.

La Guía de trastornos alimenticios, del Centro Nacional de Equidad y Género de la Secretaría de Salud, establece que éstos se presentan cuando una persona no recibe la ingesta calórica que el cuerpo requiere para funcionar de acuerdo con la edad, la estatura y el ritmo de vida, entre otros aspectos. Además, señala que debe ser visto como un problema de salud pública, que requiere ser estudiado y atendido de manera específica con urgencia creciente.

En México, y en el resto del mundo, las cifras de personas que tienen este tipo de padecimientos van en aumento, aunque en realidad los números son poco precisos porque la mayoría de quienes padecen estas enfermedades no lo dice o no lo sabe. Pero se puede señalar que en países desarrollados y en las grandes ciudades del mundo representan alrededor de 4 por ciento de la población.

Según datos de la Secretaría de Salud, aproximadamente 1 millón de mexicanos sufren algún tipo de trastorno alimenticio, que puede ser bulimia, anorexia u obesidad.

El sobrepeso y la obesidad pueden ser un detonador de la bulimia o la anorexia. Si tomamos en cuenta que el país ocupa el segundo lugar de personas con obesidad, el panorama no resulta nada alentador.

De acuerdo con investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre trastornos alimenticios, más de la mitad de las mujeres de entre 9 y 25 años comienzan a hacer dieta a partir de los 12 años por razones estéticas, situación por la cual se estima que 200 mil mexicanas padecen alguno de estos trastornos. Sin embargo, no son enfermedades exclusivas de las mujeres, ya que cada vez son más frecuentes estos padecimientos en los hombres.

La anorexia consiste en una perturbación de la conducta alimentaria que supone una pérdida de peso provocada por la persona y lleva a un estado de inanición. Se caracteriza por el temor a aumentar de peso, y por una percepción distorsionada y delirante del propio cuerpo, que hace que el enfermo se vea obeso aun cuando su peso se encuentra por debajo de lo recomendado.

La bulimia es una enfermedad que se define por episodios recurrentes de ingestión excesiva de alimento, acompañados de una sensación de pérdida de control. Luego, la persona utiliza diversos métodos, como la inducción del vómito o el consumo de laxantes en exceso, para prevenir el aumento de peso.

La obesidad es otro desorden alimenticio que incluye a los comedores compulsivos. Estas personas tienen pérdida de control y no pueden parar de comer en un periodo.

Según expertos en el tratamiento de la obesidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, si no se cambian los patrones de consumo de alimentos ni se fomenta la actividad física, en 10 años 90 por ciento de la población en México padecerá sobrepeso u obesidad, lo que desencadenaría una serie de enfermedades que merman la salud de los individuos, además de que será insuficiente la actual infraestructura con que cuentan los servicios de salud para atender a los millones de mexicanos que se prevé padezcan este tipo de enfermedades.

Expertos en el tratamiento de trastornos alimenticios apuntan que al menos 2 de cada 10 personas en estas circunstancias pierden la vida por inanición, suicidio o diversas complicaciones médicas.

Además, según el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, aproximadamente sólo 40 por ciento de la gente que padece trastornos alimenticios se recupera de manera completa y al menos otra cantidad igual continúa con ellos toda la vida. Éstos se pueden reflejar en tres enfermedades: por un lado, la bulimia y la anorexia, que llevan a la pérdida de peso por falta de alimentos o, en sentido contrario, comer compulsivamente que en algunas ocasiones los llevan a una situación de obesidad grave.

El 23 de octubre de 2008 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley para la Prevención y el Tratamiento de la Obesidad y los Trastornos Alimenticios. Este marco normativo tiene como objeto desarrollar procedimientos y herramientas para prevenir y atender integralmente la obesidad, el sobrepeso y los trastornos alimenticios, así como promover entre los habitantes la adopción de hábitos alimenticios y nutricionales correctos.

Las recientes acciones tendentes a abatir estos problemas en la capital de la república demuestran la gravedad del asunto y evidencian la necesidad de actuar con celeridad y acierto, por tratarse de una situación grave de salud pública.

Se considera necesaria la aplicación inmediata de políticas públicas efectivas para enfrentar los problemas alimenticios que aquejan a miles de mexicanos. Por otro lado, al Estado resulta conveniente, pues prevenir y tratar este tipo de trastornos a tiempo es más acertado que los costosos tratamientos de algunas de las enfermedades que derivan de los trastornos alimenticios.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional considera que un gobierno eficiente debe generar políticas públicas que eleven la calidad de vida de los mexicanos. Por ello estimamos urgente el tratamiento de los trastornos alimenticios, que en los últimos años han llevado a la muerte a miles y miles de jóvenes principalmente.

Por lo anterior consideramos pertinente crear un programa contra los trastornos alimenticios, que sea coordinado por el Consejo de Salubridad General, toda vez que éste es un órgano del Estado mexicano, establecido en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dependiente del presidente de la República, presidido por el secretario de Salud, que tiene como mandato la emisión de disposiciones obligatorias en materia de salubridad general. Ya que el consejo representa la segunda autoridad sanitaria del país, creemos que es su obligación desarrollarlo con las Secretarías de Salud de los estados.

Por lo expuesto y fundado me permito someter a su consideración la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la Ley General de Salud, con la adición del Capítulo V al Título Décimo Primero, la reforma del artículo 184 Bis, y la adición de los artículos 193 Bis y Ter

Primero. Se reforma el artículo 184 Bis, para quedar como sigue:

Artículo 184 Bis. Se crea el Consejo Nacional contra las Adicciones, que tendrá por objeto promover y apoyar las acciones de los sectores público, social y privado tendentes a la prevención y combate de los problemas de salud pública causados por las adicciones que regula el presente título, así como proponer y evaluar los programas a que se refieren los artículos 185, 188, 191, 193 Bis y 193 Ter de esta ley. Dicho consejo estará integrado por el secretario de Salud, quien lo presidirá, por los titulares de las dependencias y las entidades de la administración pública federal cuyas atribuciones tengan relación con el objeto del consejo y por representantes de organizaciones sociales y privadas relacionadas con la salud. El secretario de Salud podrá invitar, cuando lo estime conveniente, a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas a asistir a las sesiones del consejo.

Segundo. Se adiciona el Capítulo V al Título Décimo Primero de la Ley General de Salud, adicionando los artículos 193 Ter y 193 Quáter, para quedar como sigue:

Capítulo V Programa contra los Trastornos Alimenticios

Artículo 193 Ter. La Secretaría de Salud federal, las Secretarías de Salud de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del Programa contra los Trastornos Alimenticios, que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

Artículo 193 Quáter. Para obtener la información que oriente las acciones contra los trastornos alimenticios y la adicción a la ingesta excesiva de alimentos, se realizarán actividades de investigación a cargo de las Secretarías de Salud federal y estatales, con el Consejo de Salubridad General, en los siguientes aspectos:

Transitorio

Único. Este decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada González Tostado. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Salud.

LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes: Gracias, señor presidente. Estimados compañeros, la trata de personas, como todos sabemos, es un delito que violenta los derechos humanos, además de que provoca una profunda preocupación internacional, involucra a factores de carácter económico, social, migratorio, discriminatorio, de delincuencia organizada, de corrupción y de tortura, y hace necesaria la creación de normas concretas y de la armonización legislativa que permitan prevenir, erradicar y sancionar de manera efectiva este delito.

Es a su vez el tercer negocio más lucrativo para la delincuencia organizada en el mundo, tan sólo debajo del tráfico de drogas y del de armas; se estiman ganancias anuales de 9 mil 500 millones de dólares.

La trata de personas, compañeros diputados, es una nueva modalidad de la esclavitud y una forma extrema de violencia contra las mujeres, los niños, los adolescentes, en la que el responsable no es únicamente el agresor, sino también el mercado y, en algunos casos, las autoridades y la sociedad misma al permitir o tolerar estos delitos.

México cuenta actualmente con dos importantes leyes, la Ley General de Población y la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Deben ser armonizadas, sin embargo, a los instrumentos internacionales a los que México se ha obligado en materia de la lucha contra la trata de personas.

Nuestro país es un país de origen, tránsito y recepción de migrantes, situación que ha contribuido a aumentar la vulnerabilidad de las mujeres, de los niños y de los adolescentes, quienes son principalmente las víctimas de este grave delito. El fin: la explotación sexual y la explotación laboral.

Por las fronteras de nuestro país, compañeros, entran y salen anualmente millones de personas. Algunas, lo sabemos, como turistas, visitantes locales o trabajadores temporales. Esto ha permitido que se incremente de manera significativa el tránsito por nuestro México de migrantes irregulares, sin olvidarnos del fenómeno de la migración interna.

Por todo lo anterior, la presente iniciativa plantea la reforma y adición a diferentes artículos de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, a fin de armonizar lo señalado con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las personas víctimas de este grave e inmoral delito, para quedar como sigue:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 5o., el último párrafo del artículo 6o., la fracción X del artículo 12 y el inciso c) de la fracción III del artículo 13; se adiciona un párrafo segundo al artículo 7o., un inciso h) a la fracción I del artículo 13, así como los artículos 21 y 22, todos de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Solicito, primero, la inclusión del texto íntegro en el Diario de los Debates, y también solicito, compañeros, el análisis y el dictamen pronto de de esta iniciativa contra este delito que tanto lastima a la sociedad. Gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, a cargo de la diputada María Antonieta Pérez Reyes , del Grupo Parlamentario del PAN

María Antonieta Pérez Reyes , diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La trata de personas es un delito que viola los derechos humanos de las personas y que provoca una profunda preocupación internacional, ya que involucra factores de carácter económico, social, migratorio, discriminatorio, de delincuencia organizada, de corrupción y de tortura, que hacen necesaria la creación de normas concretas y de la armonización legislativa de otras, que permitan prevenir, erradicar y sancionar de manera efectiva este delito.

Es, a su vez, el tercer negocio más lucrativo para la delincuencia organizada en el mundo, tan sólo por debajo del tráfico de drogas y el de armas con ganancias al año de aproximadamente 9 mil 500 millones de dólares.

La trata de personas es una nueva modalidad de esclavitud y una forma extrema de violencia contra las mujeres y la niñez en la que el responsable no es únicamente el agresor, sino también, el mercado, en algunos casos las autoridades y la sociedad misma al permitir o tolerar estos delitos

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados señala que actualmente miles de mujeres y niñas en todo el mundo son víctimas de la trata de personas, la explotación sexual comercial y del tráfico de migrantes. Éstas pueden estar huyendo de su país de origen debido a diversas razones y requieren protección internacional.

La Asamblea General de la Naciones Unidas adoptó en diciembre de 2000 la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, y México los ratificó el 22 de octubre de 2002.

Otros instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte y que también garantizan la protección de las personas víctimas de trata son los siguientes:

A raíz de estos compromisos internacionales, en nuestro país se creó y publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2007 la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, cuya finalidad fue incorporar al derecho nacional los lineamientos y principios internacionales para prevenir, tipificar y sancionar esta actividad en el ámbito federal.

Asimismo nuestro país también cuenta con dos importante leyes: la Ley General de Población y la Ley Federal para prevenir y sancionar la Tortura, que deben ser armonizadas a los instrumentos internacionales a los que México se ha obligado en materia de la lucha contra la trata de personas.

La relación existente entre estas tres leyes en el tema del delito de trata de personas tiene que ver con la interpretación y observación de los medios comisivos para la realización del delito de trata, así como por la forma en la que las personas que son víctimas de trata son atendidas por las autoridades responsables.

México es un país de origen, tránsito y recepción de migrantes, situación que ha contribuido a aumentar la vulnerabilidad de mujeres, niñas, niños y adolescentes quienes son las principales víctimas de la trata de personas, los cuales son utilizados principalmente, con fines de explotación sexual y laboral (Inmujeres 2006).

Por las fronteras de nuestro país entran y salen anualmente millones de personas, como turistas, visitantes locales o trabajadores temporales y se ha incrementado de manera significativa el tránsito por el territorio mexicano de miles de migrantes irregulares que se dirigen hacia Estados Unidos, procedentes otros países. Sin olvidarnos del fenómeno de la migración interna.

Todas estas realidades han favorecido a aumentar la vulnerabilidad de millares de personas, de manera específica de mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como a exponerlas a ser víctimas de la trata de personas, principalmente con fines de explotación sexual y laboral.

Según el informe del Departamento de Estado Norteamericano sobre Trata de Personas 2007, un número importante de mujeres, niñas y niños mexicanos son objeto de tráfico interno para ser explotados sexualmente, siendo extraídos con engaños de regiones urbanas pobres hacia zonas urbanas fronterizas y turísticas mediante ofertas falsas de empleo.

El delito de trata tiene formas y mecanismos diversos, así como finalidades diferentes, pero que al final confluyen en la explotación y el uso de las personas para propósitos ilícitos, además de ser a todas luces una violación inminente a los derechos humanos y una manifestación más de las inequidades de género, al ser las mujeres y las niñas las víctimas de éste en la mayoría de los casos.

Es también un problema transnacional que debe de ser observado y atendido como tal, empezando por la legislación nacional que aborda estos temas, como lo es la Ley General de Población.

Las cadenas de la trata de mujeres y niñas fluyen desde los países en vías de desarrollo hacia los países desarrollados, evidenciando la existencia de una demanda de mujeres y niñas para realizar ocupaciones o empleos en condiciones de esclavitud y violencia.

Por todo lo señalado, la presente iniciativa plantea la reforma o adición a diversos artículos de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas a fin de armonizarla a lo señalado en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las personas víctimas del delito de trata de personas.

Por lo expuesto, someto a esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas

Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 5, el último párrafo del artículo 6, la fracción X del artículo 12 y el inciso c) de la fracción III del artículo 13; se adiciona un párrafo segundo del artículo 7, un inciso h) a la fracción I del artículo 13, así como los artículos 21 y 22, todos de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas para quedar como sigue:

Artículo 5. Comete el delito de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, capte, traslade, transporte, entregue, reciba o acoja para sí o para un tercero a una persona por medio de la violencia física o moral, engaño o abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.

...

Artículo 6. A quien cometa el delito de trata de personas se le aplicarán

Artículo 7. ...

Las formas de autoría y participación se acreditarán y sancionarán de conformidad con el Código Penal Federal.

Artículo 12. ...

Artículo 13. ...

a) a c) ...

Artículo 21. Cuando lo solicite otro país, las autoridades correspondientes deberán verificar, dentro de un plazo razonable, la legitimidad y validez de los documentos de viaje o de identidad que haya expedido o presuntamente expedido, sospechosos de ser utilizados de manera ilícita.

Artículo 22. Las autoridades federales reforzarán los controles fronterizos; al efecto, implantarán medidas para que los prestadores del servicio de transportación vía terrestre, marítima y aérea, verifiquen que los pasajeros niñas, niños y adolescentes, cuenten con documentos de viaje o de identidad para salir o entrar del territorio nacional.

Transitorio

Único. El presente decretó entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada.Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pido a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de las diputadas y de los diputados presentes.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Pregunto a la asamblea si falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia.

Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento han registrado su asistencia 423 diputados y diputadas. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula. Es cuanto, señor presidente.

FRONTERA NORTE

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Esta Presidencia recibió de la diputada Laura Elena Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratoriosque promueva un amplio proceso de consulta y elaboración de propuestas con los gobiernos locales y actores económicos y sociales de la frontera norte del país.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios que promueva un amplio proceso de consultas y elaboración de propuestas con los gobiernos locales y los actores económicos y sociales de la frontera norte que permita impulsar el fortalecimiento y desarrollo integral de esa región desde una perspectiva sustentable y con visión de largo plazo, a cargo de la diputada Laura Elena Ledesma Romo , del Grupo Parlamentario del PVEM

Laura Elena Ledesma Romo , diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La crisis económica por la que actualmente atraviesa el país en general y en particular los diversos sectores productivos de las entidades fronterizas colindan con Estados Unidos de América, se ha convertido en un fuerte estimulo para promover diversas iniciativas y propuestas orientadas a recuperar el dinamismo y la competitividad necesarias, que les permitan recuperar su capacidad para atraer nuevas inversiones y generar los empleos que la creciente población reclama.

Como sabemos, la franja fronteriza del norte de México, que está compuesta por 80 municipios de seis estados (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), 39 de los cuales son limítrofes con Estados Unidos de América, desempeña importante papel en la generación del producto interno bruto, con 25 por ciento, generando 83 por ciento del empleo en la industria maquiladora.

Por su naturaleza, la franja fronteriza norte no solamente tiene grandes implicaciones en el ámbito del desarrollo económico sino que también es afectada fuertemente por el fenómeno migratorio, por los cambios que se registran en el ámbito internacional, por los graves problemas de seguridad pública, el deterioro del ambiente y la salud pública, el rezago en infraestructura y la ausencia de planeación eficaz del desarrollo urbano.

Todos estos factores se relacionan y forman una situación cada vez más difícil para la región, tal y como han sido expuestos a la opinión pública nacional, gracias a investigaciones periodísticas como las recientemente publicadas en el periódico El Universal.

Para el caso de Baja California, las previsiones formuladas por investigadores de El Colegio de la Frontera Norte en materia de crecimiento económico, permiten estimar que ``la tasa de desempleo aumente de la de 2.8 por ciento observada hacia el segundo bimestre de 2008, por encima de 3.5 por ciento en 2009 para el total del estado; mientras, Tijuana es posible que alcance una cifra histórica de desempleo que puede superar 4 por ciento de la población abierta. Estas cifras de desempleo serían la más altas registradas en el entidad en lo que va de la década''.

Este problema, de por sí grave para el bienestar de la población residente en la entidad y en particular en Tijuana, podría agudizar con el retorno de miles de migrantes que a principios de año buscar ingresar en Estados Unidos y ante la imposibilidad de lograrlo tratan de encontrar un empleo en la zona. Públicamente se ha dicho que un en caso de que la industria muestre signos de recuperación y comiencen a reactivarse algunas líneas de producción, dicho sector no tendrá la capacidad para dar empleo a las personas que lleguen a Tijuana a inicios del próximo año en busca de una oportunidad laboral.

Por ello, la desaceleración económica estadounidense, el nivel de inseguridad prevaleciente, la entrada en vigor de los ajustes fiscales, que hay que reconocer que a nadie dejo satisfechos, la lentitud en los cruces fronterizos agudizados con la implementación del sistema de aforo vehicular, que el gobierno federal ha establecido en los puntos de cruce de la frontera norte del país, y que es visto por algunos sectores como una ocurrencia, se han convertido en factores que están inhibiendo la dinámica económica de Baja California y para el caso de toda la franja fronteriza.

La crisis que hoy vivimos contiene elementos que pueden llevar a una recuperación económica de la franja fronteriza antes que esto se logre en el resto del país. Sin embargo, ello dependerá no sólo de recuperación del dinamismo económico de Estados Unidos sino, también, de las medidas que se llevan a cabo en forma coordinada por los tres órdenes de gobierno y los sectores productivos organizados de la franja fronteriza.

Nuestra postura es que ya no es posible ni correcto que se continúen tomando decisiones de corte centralista, que no recogen las propuestas o demandas de las regiones, apoyadas en estudios realizados por centros de investigación que conocen mejor que nadie la realidad local, como es el caso de la grave situación que se registra en la franja fronteriza.

Por ello, desde esta tribuna ponderamos el esfuerzo que realizan representantes de los sectores productivos que piden ser escuchados por las autoridades federales para promover opciones orientadas a contrarrestar el escenario adverso. Como representantes populares no podemos dejar de ver con simpatía y apreciar y valorar su gran sentido de responsabilidad y compromiso con el futuro de la frontera.

Igualmente, valoramos la capacidad creativa de las redes de gobiernos locales que agrupan a los gobiernos de los estados fronterizos y a los municipios de la región, que canalizan recursos para darle forma y sustento a propuestas y proyectos que buscan promover el desarrollo económico fronterizo, en coordinación con los estados vecinos del otro lado de la frontera.

En particular, hacemos nuestra la propuesta para crear zonas de manufactura segura, que pretende ser una alternativa para garantizar el flujo de mercancías, con una visión responsable y compatible con el ambiente.

Ponderamos el esfuerzo propositivo de quienes plantean la necesidad de crear zonas económicas estratégicas, para incrementar el nivel de competitividad de la región, gozando de un esquema arancelario más acorde con la nueva realidad.

Y no se diga de la propuesta que pretende desarrollar la planta productiva verde, apoyada en las fuentes de energía renovables que dan acceso a estímulos y recursos provenientes de bonos de carbono y otras fuentes de financiamiento que pueden ser de gran utilidad para la región.

En suma, consideramos urgente que desde la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acordemos abrir todos los espacios necesarios para promover la más amplia participación de los gobiernos locales, los sectores productivos , las instituciones de investigación y desarrollo tecnológico de la franja fronteriza del norte, en el debate que seguramente habremos de protagonizar en 2010 para construir nuevos esquemas hacendarios que nos permitan encauzar el esfuerzo nacional por una ruta de crecimiento económico, con justicia, equidad y sustentabilidad.

En mérito de lo expuesto y fundado, sometemos a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. En el marco de los trabajos para concretar una reforma hacendaria integral en el próximo periodo ordinario de sesiones, se instruye a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios para promover un amplio proceso de consultas y elaboración de propuestas con los gobiernos locales y actores económicos y sociales de la frontera norte del país que permitan impulsar el fortalecimiento y desarrollo integral de la región fronteriza desde una perspectiva sustentable y con visión de largo plazo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En la sesión anterior, señoras diputadas y señores diputados, la diputada Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de las Mujeresa que inicie, en coordinación con el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Génerode esta soberanía y el Instituto Mexicano de la Juventud, el protocolo general nacional de atención de crisis, vía telefónica, por lo que pido a la Secretaría proceda a dar lectura a los puntos de acuerdo, ya que se le dará el trámite de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres a iniciar en coordinación con el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de esta soberanía y con el Instituto Mexicano de la Juventud el protocolo general nacional de atención de crisis vía telefónica, así como el estudio de factibilidad y la propuesta técnica de creación de un número nacional único de tres dígitos para atender a víctimas de la violencia contra las mujeres, a cargo de la diputada Kenia López Rabadán , del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal en la LXI Legislatura Kenia López Rabadán , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, según los siguientes

Antecedentes

El 25 de noviembre fue designado por la Organización de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El documento Estudios a fondo sobre las formas de violencia contra la mujer, informe elaborado por el secretario general de la ONU, manifiesta que la eliminación de la violencia contra la mujer sigue siendo uno de los más importantes desafíos de nuestra época [...] persiste en todos los países del mundo como una violación generalizada de los derechos humanos y está considerada como el principal obstáculo para lograr la igualdad de género. Esta violencia es inaceptable, ya sea cometida por familiares o extraños, en el ámbito público o privado.

Así en 1974, en México se integró a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la reforma al artículo 4o., el principio fundamental de igualdad jurídica entre hombres y mujeres.

En 1975 destacan las reformas legislativas en pro de la igualdad jurídica, entre las que se encuentran la labor conjunta y de consenso de los partidos políticos, promovida por las mujeres legisladoras federales y locales, quienes, más allá de las posiciones partidistas, unieron esfuerzos para alcanzar un objetivo común: la equidad de género.

En 1980 se creó el Programa Nacional de Integración de la Mujer al Desarrollo, el cual propuso un conjunto de iniciativas específicas orientadas a promover el mejoramiento de la condición social de las mujeres.

En 1985, se instaló una comisión para coordinar las actividades y los proyectos sectoriales en la materia y preparar la participación de México en la tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer (Nairobi, 1985).

Todos los esfuerzos anteriores fueron reconocidos por el comité de la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en la presentación de los informes periódicos 3o. y 4o.

Finalmente, por iniciativa de varios partidos políticos y aprobada por la mayoría de todas las fracciones parlamentarias representadas por el Congreso de la Unión, el 12 de enero de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Es mediante esta ley que se crea una instancia para el adelanto de las mujeres mexicanas, como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión, teniendo como objeto promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país.

Los esfuerzos también se han reflejado en instancias como el Instituto Mexicano de la Juventud dando como resultado la primera Encuesta de Violencia en las Relaciones de Noviazgo, que permite visibilizar que la violencia resulta casi invisible para el grueso de la población que mantiene una relación personal. Los efectos y síntomas del maltrato durante el noviazgo son desconocidos para gran parte de los jóvenes, quienes al carecer de información certera sobre la violencia y sus diferentes vertientes, confunden con muestras de afecto conductas que agravan la desigualdad de género.

Consideraciones

La violencia contra las mujeres se vive principalmente en el ámbito doméstico o familiar --el más inmediato y en donde se establecen las relaciones más significativas--; no obstante, también tiene lugar en otros espacios tales como: la escuela, el trabajo, la calle y otros lugares públicos.

De acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares, 67 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia ya sea en su relación de pareja, o en los espacios comunitario, laboral, familiar o escolar. La violencia más frecuente es la ejercida por el actual o último esposo o compañero, declarada por 43.2 por ciento de las mujeres; le sigue la violencia en la comunidad padecida por 39.7 por ciento; la violencia en el trabajo representa 29.9 por ciento de las mujeres asalariadas; la familiar 15.9 por ciento; y la escolar 15.6 por ciento.

La violencia familiar, entendida como las agresiones o maltratos hacia las mujeres por parte de algún familiar consanguíneo o político (sin incluir al esposo o pareja), fue declarada por 15.9 por ciento de las mujeres de 15 años y más.

Su prevalencia por edad muestra una frecuencia muy parecida entre las mujeres de 20 años y más y ligeramente más alta entre las mujeres de 15 a 19 años de edad.

Entre los incidentes de violencia familiar más frecuentemente vividos por las mujeres están los de índole emocional (15.4 por ciento), mientras que 2.9 por ciento declaró haber sido objeto de violencia física y 1 por ciento económica.

En el territorio nacional, la violencia que viven las mujeres, ya sea de pareja, comunitaria, laboral, familiar o escolar, alcanza en diez entidades federativas niveles por encima del promedio nacional (67 por ciento de las mujeres de 15 años y más).

En este orden de ideas, la violencia conyugal es definida por la Organización Panamericana de la Salud como ``todo acto u omisión que tiene la intención de controlar o someter y que resulta en daño a la integridad física, emocional, sexual o económica, utilizado contra las mujeres adolescentes o adultas, por su pareja actual o anterior''.

Las cifras revelan que 43.2 por ciento de las mujeres de 15 años y más han vivido situaciones de violencia emocional, económica, física o sexual a lo largo de su relación de pareja. La violencia conyugal es la forma más frecuentemente vivida por las mujeres si se le compara con la comunitaria, laboral, familiar y escolar.

Las mujeres alguna vez unidas (divorciadas, separadas y viudas) reportaron mayores niveles de violencia conyugal (61.5 por ciento) que las casadas o unidas (46.6 por ciento), y que las solteras (26 por ciento), lo que sugiere que la violencia en el seno de la pareja puede ser un factor condicionante de la disolución de éstas.

La encuesta da a conocer que de cada cien mujeres de 15 años y más que tienen o tuvieron una relación de pareja: 38 han padecido violencia emocional (menosprecios, amenazas, prohibiciones, etcétera); 23 violencia económica (les niegan o condicionan el gasto, les prohíben trabajar, les quitan su dinero o bienes, etcétera); 19 violencia física (empujones, patadas, golpes, agresiones con armas, etcétera); y 9 violencia sexual (las obligan a tener relaciones sexuales o a realizar actos en contra de su voluntad).

De las mujeres alguna vez unidas, 55.4 por ciento declararon haber sufrido violencia emocional, 44.5 por ciento económica, 39.1 por ciento física y poco más de una quinta parte (22.8 por ciento) sexual. Las situaciones de violencia en la relación de pareja presentan diferencias por grupos de edad y estado conyugal de las mujeres.

La violencia más severa es la que provoca la muerte, de ahí la importancia de analizar las muertes intencionales como homicidios y suicidios de mujeres.

Según la misma encuesta, el número de muertes intencionales anual registrado en nuestro país oscila en 2 mil 11, de las cuales mil 298 fueron homicidios y 713 suicidios. Esto significa que diariamente mueren 6 mujeres por violencia: 4 por homicidio y 2 por suicidio.

Las muertes intencionales presentan un comportamiento diferencial de acuerdo a la edad de la mujer. En el caso de los homicidios, su tasa denota una tendencia ascendente conforme la edad aumenta.

Anualmente la tasa de suicidios presenta un comportamiento distinto; alcanza el nivel más alto, de 3.4 suicidios por cada 100 mil mujeres, en el grupo de 15 a 19 años, baja a 2.3 suicidios en el grupo de 20 a 24 años y continúa descendiendo conforme la edad de las mujeres aumenta.

Asimismo, la Encuesta de Violencia en las Relaciones de Noviazgo (Envinov), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a solicitud del Instituto Mexicano de la Juventud detectó que en las relaciones de noviazgo que establecen los jóvenes de entre 15 y 24 años hay expresiones de violencia sexual, física y psicológica.

De acuerdo a dicha encuesta, 15 por ciento de los jóvenes han experimentado al menos un incidente de violencia física en la relación de noviazgo que tenían al momento de la Envinov.

Los incidentes de violencia tienen una mayor proporción en zonas urbanas (16.4 por ciento), en comparación con las zonas rurales (13.2 por ciento). Es importante conceptualizar la violencia física desde una perspectiva de género, ya que la mayor proporción de personas que reciben violencia física, son las mujeres (61.4 por ciento de las mujeres y 46 por ciento de los hombres).

En relación a la violencia psicológica , el 76 por ciento de los jóvenes mencionaron haber sido afectados con abuso emocional, verbal, maltrato y menoscabo de la estima, detectándose una incidencia en áreas urbanas de 76.3 por ciento, a diferencia del área rural de 74.7 por ciento.

Por otro lado, 16 por ciento de las jóvenes entrevistadas señaló haber sufrido un evento de violencia sexual por parte de su pareja, sin mostrar diferencias entre zonas urbanas y rurales.

La invisibilidad que rodea a la violencia en el noviazgo deriva en una falta de apoyos para aquellos jóvenes, mujeres y hombres que se ven involucrados en situaciones conflictivas con sus parejas, que no saben como enfrentar o resolver y son los amigos los que muchas veces están en las mismas condiciones a los que recurren en busca de ayuda.

Actualmente, el Instituto Nacional de las Mujeres, en colaboración con la Secretaria de Seguridad Pública y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, elaboró un proyecto para contar con una línea de atención telefónica, ``vida sin violencia'', que ha operado como un servicio telefónico nacional, de atención las 24 horas, los 365 días del año, gratuito y confidencial de atención psicológica y asesoría jurídica, con la finalidad de orientar a las mujeres de todas las edades que viven violencia.

Sin embargo, la unificación de un número nacional dará certidumbre a las mujeres que padecen violencia en cualquiera de sus ámbitos.

Esta Cámara de Diputados debe trabajar con una visión de género que permita que las mujeres ya no se encuentren en un estado de vulnerabilidad por la violencia ejercida contra ellas.

Hoy, los diputados de la LXI Legislatura nos comprometemos a generar leyes que permitan proteger a mujeres jóvenes pues ellas serán las formadoras de las siguientes generaciones.

La violencia sólo genera violencia, por ello, hay que pronunciarnos y ocuparnos sobre este tema, el cual no puede quedarse sólo en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, debemos voltear la mirada a un tema de trascendencia como este. Sobre todo cuando, históricamente, esta legislatura cuenta con el mayor número de diputadas, las cuáles representamos 27.6 por ciento de esta Cámara de Diputados.

Por lo anterior, propongo con carácter de urgente y obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Que el Instituto Nacional de las Mujeres inicie, en coordinación con el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de esta honorable Cámara de Diputados y el Instituto Mexicano de la Juventud, el protocolo general nacional de atención de crisis vía telefónica, así como el estudio de factibilidad y la propuesta técnica de la creación de un número único nacional de tres dígitos para la atención de victimas de la violencia contra las mujeres.

Segundo. Que las entidades federativas integren en sus planes y programas de trabajo el fortalecimiento y, en su caso, creación de centros especializados de atención en crisis de violencia contra las mujeres, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Mexicano de la Juventud, la Procuraduría General de la República y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, creando un vinculo efectivo para proporcionar refugio, asesoría y acompañamiento.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica, se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En consecuencia, se considera de urgente resolución. Está a discusión la proposición. Al no haber oradores, pregunte la Secretaría si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Suficientemente discutida; por tanto, pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada. Comuníquese.

PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE SUBSIDIADA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Ricardo Sánchez Gálvez, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que, a través de Sedesol ( Secretaría de Desarrollo Social) instruya a Liconsa (Leche Industrializada Conasupo, SA) a reorientar el programa de Abasto Social de Leche Subsidiada por el de leche fresca. Suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Ricardo Sánchez Gálvez: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, el Plan Nacional de Desarrollo2007-2012 reconoce el carácter estratégico y prioritario del sector agropecuario y pesquero en el desa-rrollo económico del país, dado que provee los alimentos que consumen las familias mexicanas.

El gobierno federal reconoce en el Plan Nacional de Desa-rrollo que la pobreza rural, así como la cantidad de familias que continúan ligadas a la producción primaria hacen que sea necesario continuar con apoyos al sector para que mejore su productividad y promueva su sustentabilidad.

Cabe destacar que, según datos de la Sagarpa ( Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación), la producción de leche en nuestro país ha tenido un crecimiento de 10.3 por ciento en los últimos años, equivalente a 22 por ciento del valor total del sector pecuario.

No obstante, es conveniente señalar que nuestro país se ubica como el mayor importador de leche en el mundo.

Durante el sexenio pasado, la captación de leche fresca que realiza Liconsa, respecto de la producción nacional de leche, pasó de 0.26 por ciento en 2000 a 4.47 por ciento en 2006. No obstante, es importante destacar que dicho incremento es insuficiente y que se requiere instrumentar acciones adicionales que incrementen la demanda de leche fresca.

Es necesario tener en cuenta que la delicada situación de los productores nacionales de leche mejoraría a Liconsa si se convirtiera en un demandante de leche fresca, para generar el ordenamiento en el mercado, que hoy afecta a 220 mil productores.

Debemos recordar que nuestro país no tiene compromiso, más que con Estados Unidos, para la importación de leche en polvo. Por esta razón, resulta necesario que se imponga un arancel temporal a la importación de leche en polvo que permita ordenar el mercado y conocer la realidad de los inventarios nacionales.

Por esta razón resulta totalmente injusto que se ponga en riesgo la economía de 220 mil familias; que no se fortalezca la economía nacional y que se debilite el sector rural.

Es por ello que resulta imprescindible que el gobierno federal emprenda acciones encaminadas a fortalecer el sector productivo nacional fomentando la compra de leche fresca de los productores nacionales, para ponerla a disposición de las clases más necesitadas a través de su programa asistencial.

A la par de las acciones de política pública del Ejecutivo federal, esta soberanía se ha de empeñar en analizar la viabilidad de gravar con el impuesto al valor agregado a las fórmulas lácteas elaboradas por productos importados, dado que no contribuyen al fortalecimiento de la economía nacional al no pagar impuestos ni a la importación ni al consumo.

Por último, el argumento para que Liconsa no se abastezca de leche fresca siempre ha sido el tema presupuestal.

Aquí quiero ser enfático, amigas diputadas y amigos diputados, si incorporáramos al programa Oportunidades a los 220 mil productores de leche, que difícilmente encuentran demanda para su producción, el importe del subsidio sería de 2 mil 400 millones de pesos.

Con relación a lo anterior, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo:

Primero. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, instruya a Liconsa para reorientar el Programa de Abasto Social de Leche Subsidiada por el de leche fresca y suspenda la rehidratación y abastecimiento de leche en polvo, en la medida de lo posible, creando demanda a los productores nacionales, que tanto lo necesitan en este momento.

Segundo. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Economía, fije un arancel de carácter temporal sobre la importación de la leche deshidratada, exceptuando lo establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con la finalidad de coadyuvar a la estabilización del mercado nacional de leche.

Tercero. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Economía, se elabore un estudio sobre la viabilidad y las repercusiones económicas y jurídicas de la implantación de una cuota compensatoria o tasa arancelaria a la importación de leche en polvo, a fin de coadyuvar a los empresarios mexicanos al crecimiento y sustento de la industria lechera nacional.

Cuarto. Se hace un atento exhorto a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la honorable Cámara de Diputados, a que analice la viabilidad de gravar con el impuesto al valor agregado las fórmulas lácteas. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a Liconsa mediante la Sedesol para que reoriente el Programa de Abasto Social de Leche Subsidiada por el de leche fresca y suspenda la rehidratación y el abastecimiento de leche en polvo, a cargo del diputado Ricardo Sánchez Gálvez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, Ricardo Sánchez Gálvez , presenta ante la Cámara de Diputados puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobierno federal a instaurar mediante las Secretarías de Desarrollo Social, y de Economía políticas y acciones que coadyuven a la reactivación y protección de la producción lechera nacional y al rescate de los pequeños productores, con base en las siguientes

Consideraciones

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 sostiene que el sector agropecuario y pesquero tiene carácter estratégico y prioritario para el desarrollo del país dado que, además de ofrecer los alimentos que consumen las familias mexicanas, en éste vive la cuarta parte de la población del país en la cual, pese a los avances en la reducción de la pobreza alimentaria durante los años recientes en el sector, persiste un segmento relevante en tal condición.

El gobierno federal reconoce en el PND que la pobreza rural y la cantidad de familias que continúan ligadas a la producción primaria hacen necesario continuar los apoyos del sector para que mejore su productividad y se promueva su sustentabilidad.

Por esa razón se plantea la necesidad de garantizar el abasto de alimentos sanos a través del fomento de la producción de cultivos y productos básicos para la alimentación de la población, así como fortalecer su comercialización mediante la promoción y el ordenamiento de mercados. De acuerdo con el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la leche está considerada entre los productos básicos y estratégicos.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la producción de leche ha tenido un crecimiento de 10.3 por ciento en los últimos años, equivalente a 22 por ciento del valor total del sector pecuario, que lo ha colocado como el décimo quinto productor de leche a escala mundial.

No obstante lo anterior, es conveniente señalar que el país se halla también como el quinto importador de leche, dado que alrededor de 30 por ciento de su consumo total es adquirido, principalmente, de países como Nueva Zelandia, Irlanda, Uruguay y Argentina.

Con la finalidad de aprovechar las potencialidades del sector, el gobierno federal, a través de Liconsa, instaura el Programa de Adquisición de Leche Nacional, el cual persigue el objetivo de apoyar la comercialización del lácteo producido por pequeños y medianos ganaderos que enfrentan problemas de colocación de leche, además de reducir en forma gradual y parcial las importaciones.

En el sexenio pasado, la captación que realiza Liconsa respecto de la producción nacional de leche pasó de 0.26 por ciento en 2000 a 4.47 en 2006. No obstante, dicho incremento aún se considera insuficiente dado el crecimiento del sector, por lo que se requieren políticas y acciones adicionales que coadyuven a su reactivación y protección.

La delicada situación de los productores nacionales de leche se agravará aún más si no se pone un freno a las importaciones del alimento, dado que la inclusión de los 5 millones de litros de leche rehidratada por Liconsa diariamente genera una distorsión en el mercado que afecta a unos 220 mil productores.

Pese a que el país no tiene compromiso más que con Estados Unidos para la importación de leche en polvo, no se han impuesto aranceles a otros países, como es el caso de Nueva Zelanda. Por esta razón, resulta totalmente injusto que se ponga en riesgo la economía de 220 mil familias, que no se fortalezca la economía nacional y que se debilite al sector rural, sobre todo si tenemos en cuenta que Estados Unidos, la Unión Europea, Nueva Zelandia, Colombia, Brasil y Perú han adoptado la imposición de aranceles y cuotas de importación entre las políticas de apoyo de su sector lácteo.

Por ello resulta necesario que el gobierno federal emprenda acciones encaminadas a fortalecer el sector productivo nacional fomentando el consumo y la comercialización de leche fresca en el país a través de Liconsa, fijando un arancel de carácter temporal a la importación de leche deshidratada.

A la par de las acciones de política pública del Ejecutivo federal, esta soberanía se ha de empeñar en analizar la viabilidad de gravar con el impuesto al valor agregado las fórmulas lácteas elaboradas con productos importados, dado que no contribuyen al fortalecimiento de la economía nacional porque no pagan impuestos a la importación ni al consumo.

Por último, el argumento para que Liconsa no se abastezca de leche fresca siempre ha sido el tema presupuestal. No obstante, si orientáramos el programa Oportunidades a los 220 mil productores que difícilmente encuentran demanda para su producción, el importe del subsidio sería de 2 mil 400 millones de pesos.

Por lo expuesto y fundado, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, instruya a Liconsa para reorientar el Programa de Abasto Social de Leche Subsidiada por el de leche fresca y suspenda la rehidratación y abastecimiento de leche en polvo, creando demanda para los productores nacionales, que tanto lo necesitan en este momento.

Segundo. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Economía, fije un arancel temporal sobre la importación de leche deshidratada, exceptuando lo establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con la finalidad de coadyuvar a la estabilización del mercado nacional de leche.

Tercero. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Economía, se elabore un estudio sobre la viabilidad y las repercusiones económicas y jurídicas de la implantación de una cuota compensatoria o tasa arancelaria a la importación de leche en polvo, a fin de coadyuvar con los empresarios mexicanos al crecimiento y sustento de la industria lechera nacional.

Cuarto. Se hace un atento exhorto a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a analizar la viabilidad de gravar con el impuesto al valor agregado las fórmulas lácteas importadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 3 de diciembre de 2009.--- Diputados: Ricardo Sánchez Gálvez , Ma.Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Norma Sánchez Romero , Jorge Humberto López-Portillo Basave , José Luis Iñiguez Gámez , Alba Leo-nila Méndez Herrera, Juan de Jesús Pascualli Gómez , Sergio Arturo Torres Santos , Enrique Octavio Trejo Azuara , Javier Bernardo Usabiaga Arroyo , Gumercindo Castellanos Flores , María de la Paz Quiñones Cornejo , David Ricardo Sánchez Guevara , Reginaldo Rivera de la Torre , Uriel López Paredes , José M.Torres Robledo, Daniel Gabriel Ávila Ruíz, Sergio Gama Dufour , César Octavio Pedroza Gaitán , José Antonio Aysa Bernat , Alfonso Jesús Martínez Alcázar , Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira , Oralia López Hernández , Carlos Luis Meillón Johnston , Hernán de Jesús Orantes López , José Ignacio Pichardo Lechuga , Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez , José Narro Céspedes , J. Guadalupe Vera Hernández , Bernardo Margarito Téllez Juárez , José Ignacio Seara Sierra , Guillermo José Zavaleta Rojas , Mirna Lucrecia Camacho Pedrero , Ovidio Cortazar Ramos , Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza , Silvia Esther Pérez Ceballos , José Erandi Bermúdez Méndez , José Antonio Arámbula López , María Joann Novoa Mossberger , Sergio Tolento Hernández , Judith Fabiola Vázquez Saut , José Tomás Carrillo Sánchez , Luis Antonio Martínez Armengol , Paz Gutiérrez Cortina , Ana Estela Durán Rico , Adriana Fuentes Cortés , José Gerardo de los Cobos Silva , Lucila del Carmen Gallegos Camarena , Francisco Javier Ramírez Acuña , Carlos Cruz Mendoza , David Hernández Vallín , Manuel Cadena Morales , Óscar Lara Salazar , Aarón Irízar López , Francisco Alejandro Moreno Merino , José Manuel Agüero Tovar, Jaime Sánchez Vélez , Sergio Arturo Torres Santos , Luis Félix Rodríguez Sosa , José Manuel Hinojosa Pérez (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social. El diputado Cruz López desea hacer alguna manifestación.

El diputado Cruz López Aguilar (desde la curul): Señor presidente, para adherirme al punto de acuerdo presentado por el diputado Ricardo Sánchez.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Ricardo Sánchez, el señor diputado Cruz López desea adherirse. ¿Tiene usted inconveniente?

El diputado Ricardo Sánchez Gálvez: Con mucho gusto, señor diputado, es un honor. Invito además a los demás compañeros diputados de esta asamblea a formar parte de este punto de acuerdo para impulsar la industria lechera en el país.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Aquellos diputados y aquellas diputadas que deseen adherirse, favor de pasar a la Secretaría a suscribir el documento.

El diputado Ricardo Sánchez Gálvez: Señor presidente, sólo le solicito antes de que termine esta intervención, que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates y que la Mesa Directiva se digne a turnar esta proposición a la Comisión de Desarrollo Rural, a la Comisión de Agricultura y Ganaderíay, desde luego, también a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

PROGRAMAS TELEVISIVOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Blanca Estela Jiménez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernacióna establecer horarios a programas televisivos que atenten contra la moral y los derechos de las niñas y de los niños.

La diputada Blanca Estela Jiménez Hernández: Con su permiso presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso Generalde los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, diputada del Grupo Parlamentario del PRI, distrito IX de Puebla, somete a consideración ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

Objetivo general: dar un uso educativo a la televisión abierta aprovechando el efecto cautivador que despierta, proponiendo medidas que regulen la programación de la televisión mexicana como medio de comunicación, el cual influye en la niñez, en su desarrollo personal, familiar y social.

Antecedentes: históricamente, la televisión para niñas y niños ha estado cedida a la programación de empresas norteamericanas, mexicanas y últimamente japonesas. Al atardecer, ante la ramplonería melodramática de las telenovelas nacionales o extranjeras, o los programas de dibujos animados con un alto índice de violencia, de los cuales la población infantil es parte del teleauditorio, y toda vez que en proporción nocturna no se limitan a los horarios asignados, ya que éstos han sido sistemáticamente ignorados por efectos comerciales.

Exposición de motivos: en materia legislativa, el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano prevé, en lo conducente: ``Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento de delito.''

Examinando este artículo nos podemos dar cuenta que, si bien es cierto, a todos los medios de comunicación se les otorga la libertad de expresar sus ideas, la televisión sobrepasa la libertad de expresión, transmitiendo programas que no contribuyen a una buena educación de las niñas y los niños, cuyos derechos se derivan de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por México el 21 de septiembre de 1990.

Dentro de este acuerdo, el artículo 3o. señala que las niñas y los niños son lo primero, que los adultos debemos pensar lo que es mejor para ellos. Así también, el artículo 17 dice que las niñas y los niños tendrán acceso a la información que ayude a promover su bienestar.

El artículo 29 de ese mismo documento indica que en la educación de los menores debe permitirles desarrollarse al máximo de sus posibilidades y prepararlos para ser responsables, en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz e igualdad de condiciones.

Por eso, los padres de familia, legisladores, maestros y la sociedad en general debemos exhortar a la Secretaría de Gobernación a que regule o cambie horarios de televisión, para así evitar que la población infantil siga aprendiendo malos hábitos y violencia.

Por lo expuesto expongo el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se exhorta al secretario de Gobernación a que regule o cambie de horario algunos programas televisivos que generan violencia a la población infantil. Que se promuevan programas culturales de flora, fauna, educación cívica, historia de México, historia universal, así como documentales que eleven la cultura y la moral educativa de la población infantil. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a establecer horarios para programas televisivos que atentan contra la moral y los derechos de los niños, a cargo de la diputada Blanca Estela Jiménez Hernández , del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, distrito 09 de la ciudad de Puebla, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Objetivos

Motivar a la niñez al cuidado del ambiente como parte integrante de éste, a través de la educación, encaminándola a realizar actividades diversas destinadas al desarrollo de su comunidad.

(Fuente: Artículo 3o. de la Ley de los Derechos de los Niños.) Los niños son lo primero, por lo cual los adultos deben pensar qué es lo mejor para ellos.

Permitir que el niño se desarrolle, dando solución a los problemas, implantando en él una actitud participativa, respetuosa, propositiva y con miras a un mejor fututo, que se vislumbre en un país de primer mundo.

(Fuente: Artículo 6o. de la Ley de los Derechos de los Niños.) La vida de los niños debe ser respetada, igual que debe garantizarse su desarrollo.

Antecedentes

La Convención sobre los Derechos de la Niñez, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por México el 21 de septiembre de 1990 dispone que la educación esté encaminada al desarrollo de su personalidad, la tolerancia, a inculcar el respeto a sus padres, a su identidad cultural, a su idioma, a sus valores y al ambiente natural.

Problemática

Al paso del tiempo se ha ido descuidando la buena educación cívica cultural. Como consecuencia, los niños se han hecho muy rebeldes, irrespetuosos e irresponsables, teniendo como resultado su refugio en la drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, pandillerismo, lo que conlleva a la violencia intrafamiliar y a una juventud muy degenerada.

Debido a la misma problemática, no les ha importado participar para mejorar su medio social; todo lo contrario.

En el país, la participación de la juventud es poca, debido a que no se cuenta con los recursos económicos necesarios, y su nivel educativo es muy deficiente en comparación con el de niños de países del primer mundo, como Japón, Estados Unidos, Canadá o Alemania.

Soluciones

Los niños de quinto grado de primaria son más inquietos; todo lo que perciben a través de los sentidos tienden a imitarlo, buscando una identidad, por lo que es preciso motivarlos, proporcionando modelos a seguir por medio de pláticas informativas y de participación comunitaria, donde se reconozca su importancia como ser humano en el entorno social.

Se propone implantar en la formación educativa de estos individuos la integración comunitaria en la educación primaria para que se realicen faenas sabatinas de dos o tres horas, durante todo el año escolar, para inculcar en el niño principalmente una actitud de servicio hacia su comunidad, con el apoyo y la supervisión de los padres de familia y maestros, así como con la colaboración de las secretarías e instituciones de gobierno (federal, estatal y municipal).

(Fuente: Artículo 29 de la Ley de los Derechos de los Niños.) La educación de los menores debe permitirles desarrollarse al máximo de sus posibilidades y prepararlos para ser responsables en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia e igualdad de condiciones, y respetar el ambiente.

El servicio de integración puede ser

Además, que cada niño reciba una motivación a través de un reconocimiento o diploma de alguna dependencia de gobierno por haber cumplido su integración comunitaria de un año (servicio social).

Conclusiones

Que la niñez mexicana analice sus valores, su tipo de persona, niveles culturales y socioeconómicos, tanto padres de familia, niños más pequeños y jóvenes reflexionarán y tomarán conciencia gracias a la labor social que algún hijo, hermano o familiar de quinto año de primaria realizó en un año escolar y que probablemente lo acompañaron alguna vez a alguna faena, por lo que harán conciencia sobre la importancia de la participación en el desarrollo social. Las autoridades y la sociedad en general entenderán que el cuidado del ambiente no es responsabilidad única de los servidores públicos o de los políticos, como mucha gente dice, sino de todos; ``el cuidado y la preservación del ambiente'' es un tema muy fácil de explicar y entender, pero muy difícil de llevar a cabo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada.Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y a la Comisión de Gobernación.

Señoras diputadas y señores diputados, tenemos la visita del Colegio Woodstock, de Puebla, que fue invitado por el diputado Pablo Jiménez Concha.

Igualmente, tenemos la visita de alumnos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de su Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, invitados por el diputado Israel Madrigal Ceja , y visitantes del V distrito de Sonora, invitados por el diputado Manuel Acosta.

De igual manera, nos visitan, invitados por el diputado José Erandi Bermúdez Méndez , alumnos de la Universidad Politécnica de Pénjamo, Guanajuato.

El Grupo Parlamentario del PRI también invita a un grupo de 50 jóvenes integrantes del municipio de Tianguistengo, Hidalgo.

Sean todos ustedes bienvenidos.

Diputado Pérez de Alva. Adelante, diputado.

El diputado Roberto Pérez de Alva Blanco (desde la curul): Presidente, para solicitar atentamente a la ponente anterior, que me permita adherirme a su punto de acuerdo, agregando un brevísimo comentario, si lo permite también.

Que la diferencia de husos horarios en el país hace que los programas generados en el centro del país se vean en el norte con dos horas de anticipación, lo cual hace doblemente grave la situación que ella explica en su acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Pregunto a la diputada Blanca Estela Jiménez Hernández, si tiene inconveniente en la adhesión de nuestro compañero diputado.

La diputada Blanca Estela Jiménez Hernández (desde la curul): Sí estoy de acuerdo en que se sume.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias. Acepta la compañera diputada, así que todas aquellas diputadas y aquellos diputados que deseen suscribir la proposición de la diputada Blanca Estela Jiménez Hernández, pasen por favor a la Secretaría a suscribir el documento.

CEDULA DE IDENTIDAD CIUDADANA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la integración del Registro Nacional de Ciudadanos y a la emisión de lacédula deidentidadciudadana.

El diputado Javier Corral Jurado: Gracias, señor presidente.

Compañeras y compañeros, la cédula de identidad, desde nuestro punto de vista, es un instrumento fundamental y estratégico para el desarrollo de la seguridad nacional y la preservación de la seguridad pública en nuestro país.

Entre diversos actores políticos y sociales se comparte la idea de que el instrumento es necesario, y entre los beneficios que puede generar está ni más ni menos el relativo precisamente a la seguridad nacional.

Tan es así que el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad para 2011 lo marcó como uno de sus compromisos primordiales; la modernización y sistematización de procesos a través de la conformación de datos que dé lugar al Servicio Nacional de Identificación Personal.

Por eso, la Cámara de los Diputados resolvió asignarle los recursos necesarios para cumplir con las etapas del proyecto planteadas para el año que entra y dejó pendiente sólo la expedición del documento plástico.

Sin embargo, diversas preocupaciones se han expresado, y creo que son atendibles. Dejarlas a la deriva puede ocasionar que un proyecto relevante como la cédula de identidad sucumba por el cuestionamiento y la desconfianza natural que provoca el peculiar desarrollo político que hemos tenido en nuestro país.

Así, se advierte que la cédula de identificación ciudadana puede entrar en colisión con la credencial de elector y, lo que es más grave, que desanime la inscripción de los ciudadanos en el padrón electoral. Luego se señalan las insuficiencias legales que en materia de protección de datos personales existen en nuestro país y, finalmente, la preocupación de que una base de datos, que contará con los principales elementos biométricos de todos los ciudadanos, se administre por la Secretaría de Gobernación.

En la mayoría de los países del mundo que cuentan con esta identificación única, son los ministerios del Interior los que la conforman y operan. Estos son el equivalente a la Secretaría de Gobernación.

Pero, insisto, dadas las características propias de nuestro sistema político, en efecto, se hace pertinente que, sin crear más instancias burocráticas que incrementen el gasto público en servicios personales, pueda determinarse dentro de la actual estructura de la administración pública federal una entidad quizá más neutral, por decirlo de alguna manera. Obviamente esto implica un nuevo arreglo constitucional y legal en el tema.

El transitorio Segundo de la reforma constitucional electoral del 4 de abril de 1990, vigente a nuestros días, establece que en tanto no se establezca el servicio del Registro Nacional Ciudadano, los ciudadanos deberán inscribirse en los padrones electorales. Pero mientras esa reforma constitucional y legal se produce, no hay la menor duda de que debiéramos llevarla a cabo.

La coordinación entre el Instituto Federal Electoral, el Instituto Federal de Acceso a la Información y la Secretaría de Gobernación se hace indispensable.

En medio del proceso para expedir la cédula de identidad están valores muy importantes y muy caros a la lucha democrática. La confiabilidad del instrumento fundamental de nuestros procesos electorales y la debida salvaguarda y protección de la información personal.

De ahí que, mediante propuesta con punto de acuerdo, esté pidiendo que las comisiones de esta Cámara de Diputados puedan exhortar a la necesaria colaboración entre el Instituto Federal Electoral y la Secretaría de Gobernación, a efecto de llevar a cabo un convenio que permita no sólo despejar dudas, suspicacias, desconfianzas, sino entrar en una colaboración que permita la cédula de identificación ciudadana, y a la vez sirva ésta como credencial para votar.

Por el apoyo que puedan brindar en las comisiones de dictamen a esta propuesta con punto de acuerdo, muchas gracias y por su atención también. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, relativa a la integración del Registro Nacional de Ciudadanos y la emisión de la Cédula de Identidad Ciudadana, a cargo del diputado Javier Corral Jurado , del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Javier Corral Jurado , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, relativa a la integración del Registro Nacional de Ciudadanos y la emisión de la Cédula de Identidad Ciudadana, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. El artículo 36, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que la organización y funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía, son servicios de interés público y, por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley.

A su vez, el artículo 85 de la Ley General de Población dispone que la Secretaría de Gobernación tiene a su cargo el registro y la acreditación de la identidad de todas las personas residentes en el país y de los nacionales que residan en el extranjero; tal registro estará integrado por datos personales relativos a la identidad; esto es, la firma de las personas y aquellos derivados de las actas de nacimiento como el apellido paterno, el apellido materno y nombre, sexo, lugar y fecha de nacimiento, entre otros.

A partir de 1996, la Secretaría de Gobernación ha venido dando los pasos necesarios que permitan a las personas la acreditación fehaciente de su identidad a través de la emisión de la Clave Única de Registro de Población (CURP), en estrecha colaboración con los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, así como con otras instancias gubernamentales. A la fecha, se han certificado aproximadamente 94 millones de claves, al vincularlas con un acta de nacimiento asentada en libros del Registro Civil de todo el país. Como tal, la CURP vincula a la persona con los diferentes registros que existan de ella en cualquier dependencia o instancia gubernamental, identificándola individualmente y garantizando que tenga un acceso eficiente y seguro a los servicios proporcionados por las distintas instancias gubernamentales.

De acuerdo con el tercer informe de labores 2009 de la Secretaría de Gobernación, la presente administración federal ha puesto como reto primordial la modernización y sistematización de procesos a través de la conformación de datos que dé lugar al Servicio Nacional de Identificación Personal, como uno de los compromisos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad para 2011, a través de un nuevo documento oficial, la Cédula de Identidad Ciudadana, que quiere consolidar la protección al derecho de la identidad de la personas, garantizando su seguridad jurídica. El artículo 105 de la Ley General de Población señala que esta cédula tendrá un valor como medio de identificación ante las autoridades mexicanas, en el país o en el extranjero, y las personas físicas y morales con domicilio en el país.

La Cédula de Identidad Ciudadana contendrá los datos de identificación señalados en el artículo 107 de la Ley General de Población, generado así un documento que consigne la Clave Única de Registro de Población y el registro de cierta información biométrica de la persona, otorgando una certeza en la identidad de su poseedor del 99 por ciento.

La información biométrica que se integre al Registro Nacional de Ciudadanos será capturada a través de equipos móviles especializados, con la capacidad de tomar algunos datos biométricos de los ciudadanos, que serán las huellas digitales de los dedos de ambas manos, la fotografía del rostro y la imagen del iris de ambos ojos en blanco y negro. Dichos equipos se ubicarán en los módulos de registro. Asimismo, cabe mencionar que la Cédula de Identidad Ciudadana, de acuerdo con el artículo 109, fracción I, de la Ley General de Población, tendrá una vigencia que no podrá exceder de 15 años.

La información contenida en el Registro Nacional de Ciudadanos quedará sujeta al tratamiento de datos personales que prevé la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por lo que se garantiza la protección de dichos datos de conformidad con el artículo 16 constitucional.

Los elementos de identificación permitirían agilizar trámites y evitar la duplicación de requisitos de documentación, facilitar la recaudación fiscal en los tres órdenes de gobierno, la instrumentación eficiente de las políticas públicas y programas sociales que permitan la depuración de los padrones y duplicidades, impedir la suplantación de identidad de personas vivas o de fallecidos, evitar la creación de identidades falsas, la identificación expedita de personas que otorgue seguridad a sus patrimonios, la protección de los mexicanos en el exterior y, de manera importante, la identificación de niños y menores con un documento oficial que prevenga, por otro lado, el tráfico de personas y permita la identificación cierta de niños y niñas que se encuentren ausentes.

II. No obstante, en adición a lo anterior, es de tomar en consideración que actualmente los ciudadanos contamos con diversos documentos expedidos por las autoridades, siendo la credencial para votar con fotografía, emitida por el Instituto Federal Electoral, la de más amplia aceptación y confiabilidad para la identificación en la realización de diferentes trámites gubernamentales y financieros, además del ejercicio de los derechos electorales como es la emisión del voto.

El artículo 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que en la credencial para votar con fotografía se debe integrar la Clave Única del Registro de Población, además de que el legislador ha dispuesto en la normatividad electoral un período de vigencia para la credencial para votar por un término de 10 años a partir de la fecha de su emisión.

Si bien es cierto que para garantizar la identidad de las personas se necesita de un documento que así lo demuestre, es importante considerar los avances y beneficios que reporta la experiencia del IFE en la integración del padrón electoral y de la estructura que, a través de los años, ha consolidado para la emisión de la credencial para votar con fotografía.

Efectivamente, la credencial para votar ha venido tomando un lugar que podría ser equiparado a la de una cédula de identidad, siendo un instrumento ampliamente reconocido por los ciudadanos por lo que la introducción de una cédula nueva podría generar confusiones en la población que invaliden la importancia de un documento como el emitido por el IFE. Ya la reforma electoral de 2007 y la expedición de un nuevo ordenamiento electoral, como ha sido descrito, ha permitido la incorporación a la credencial de la CURP, uno de los pilares que constituyen el Registro Nacional de Ciudadanos.

Por otro lado, en tiempos de emergencia económica, y dado que la Secretaría de Gobernación comenzará el levantamiento de los datos biométricos de los ciudadanos, es conveniente analizar la disposición de recursos para tal dependencia de la administración pública federal relativos a la expedición de las Cédulas de Identidad Ciudadana; no debe pasar inadvertido que el IFE tiene una amplia experiencia en la emisión de credenciales para votar; asimismo, la ubicación de módulos y centros de expedición que se encuentran repartidos a lo largo y ancho de la geografía nacional permiten aprovechar los recursos humanos y la infraestructura establecida del instituto, lo que, en consecuencia, generaría ahorros que podrían ser destinados a otros programas prioritarios, especialmente los del combate de la pobreza.

III. De igual modo, es de tener en cuenta que el artículo 112 de la Ley General de Población señala que la Secretaría de Gobernación proporcionará al Instituto Federal Electoral la información del Registro Nacional de Ciudadanos que sea necesaria para la integración de los instrumentos electorales, siendo uno de estos la credencial para votar con fotografía, lo que permite al IFE contar con el respaldo que otorga el Registro Nacional de Ciudadanos y refuerza el criterio para que el propio IFE sea el que expida un documento de identificación ciudadana, que sea usado a su vez para la emisión del sufragio.

No pueden pasar desapercibidas, por un lado, las suspicacias que genera por un lado el hecho de contar con dos instrumentos que pudieran ser sustitutos para efectos de identificación ciudadana, uno emitido por la Secretaría de Gobernación y otro por el Instituto Federal Electoral; y por otro, el alto grado de aceptación y confianza con que cuenta la credencial para votar con fotografía entre la población en general.

IV. De los conceptos vertidos en los apartados previos, se extrae que:

Toda vez que la progresiva implementación de expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana tiene una programación en etapas que llevará al levantamiento de los datos biométricos para integrar el Registro Nacional de Población para que, finalmente, se proceda a la expedición de la cédula, se considera oportuno realizar un exhorto a la Secretaría de Gobernación, responsable de las políticas de población, para que, en el ámbito de su competencia, recopile e integre el Registro Nacional de Ciudadanos y, en colaboración con el Instituto Federal Electoral, ambas instancias celebren los convenios necesarios para que, de forma única, el Instituto Federal Electoral expida una credencial para votar con características de Cédula de Identidad Ciudadana, en donde se consignen, además de la CURP, los datos de identificación biométrica a los que haya lugar y que cuente con el respaldo del Registro Nacional de Ciudadanos, a cargo de la Secretaría de Gobernación, y de la experiencia e imparcialidad del IFE en materia de emisión de credenciales.

Por lo expuesto, el suscrito, diputado Javier Corral Jurado , somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que de acuerdo con las obligaciones derivadas de la Ley General de Población, aplique los recursos necesarios para la formación del Registro Nacional de Ciudadanos, que se integrará con los datos de identificación biométrica de los ciudadanos de la república.

Segundo. Con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad de los ciudadanos mexicanos y dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Ley General de Población en materia de emisión de la Cédula de Identidad Ciudadana, la Secretaría de Gobernación, en su calidad de dependencia encargada de la integración del Registro Nacional de Ciudadanos y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los recursos destinados para la emisión de la Cédula de Identidad Ciudadana mediante convenios de colaboración con el Instituto Federal Electoral, para que por medio de éste se emita y ponga a disposición de los ciudadanos el documento que acredite fehacientemente su identidad y sirva a la vez como credencial para votar.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado.Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Presupuesto y Cuenta Pública.

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Escudero Morales, dígame usted.

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Presidente, no quedó claro si está turnada a la Comisión de Presupuesto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Presupuesto y Cuenta Pública. A ambas comisiones es a las que se está turnando.

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Quisiéramos que se incluyeran la de Población y la de Función Pública, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le solicitaría, señor diputado, que nos haga la propuesta para hacer una revisión en la Mesa Directiva, y con mucho gusto lo estaríamos analizando.

COMISION ESPECIAL DE ATENCION A LOS DERECHOS DE LOS DEUDORES DEL INFONAVIT

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Amador Monroy Estrada, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión de atención a los derechos de los deudores de Infonavit.

El diputado Amador Monroy Estrada: Gracias. Con su permiso, señor presidente, con el permiso de todos ustedes, compañeros diputados y compañeras diputadas.

El que suscribe, diputado Amador Monroy Estrada , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en esta LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 71 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior de nuestro Congreso, presenta ante este pleno una propuesta con punto de acuerdo, por el que solicita la creación de la Comisión Especial de atención a los derechos de los deudores del Infonavit.

Antecedentes: el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ha emprendido una campaña de denuncias penales que derivan en órdenes de aprehensión contra los deudores que optan por organizarse y defender su propiedad ante el acoso de despachos de abogados sin escrúpulos que pretenden despojarlos de su único patrimonio.

Esta actitud es tan lesiva que muestra al gobierno federal como represor y no como debería ser: un protector del patrimonio familiar que facilite a los derechohabientes la solución a su problema, analizando en lo particular la situación que cada uno de ellos enfrenta.

Hoy, aproximadamente 190 mil familias están en riesgo de perder los inmuebles que obtuvieron por medio de un crédito del Infonavit, pues el instituto vendió a las empresas de capital estadunidense Pendulum Associates y SCRAP II (Sociedad Cooperativa para la Resolución de Activos de Propiedad) alrededor de 110 mil viviendas en esta condición, en todo el país, que se encuentran en cartera vencida.

Abogados encubiertos en corporaciones de rescate de cartera vencida iniciaron la escalada de despojo contra los derechohabientes y la política de despojo del Infonavit se hace acompañar con métodos que sugieren la pretensión de criminalizar la defensa de los derechohabientes.

Por lo expuesto, frente a la necesidad de que exista un órgano al interior de la Cámara de Diputados que se aboque a dar continuidad al procedimiento y adecuación del marco jurídico del instituto de vivienda, como lo es Infonavit, nace la presente inquietud.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a que, con fundamento en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, determine la creación de la Comisión Especial de atención a los derechos de los deudores del Infonavit.

Segundo. El objeto de la Comisión Especial será la revisión y actualización constante del marco jurídico en materia de protección al derechohabiente por parte de las autoridades competentes, de conformidad con el marco jurídico aplicable contra el hostigamiento que atentan hoy contra el trabajador.

Tercero. La Comisión Especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política en forma proporcional a la representación que hoy existe en esta Cámara de Diputados.

Cuarto. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha Comisión Especial podrá allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo en el ámbito de sus competencias.

Quinto. La Comisión Especial objeto del presente punto de acuerdo, funcionará de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Sexto. La duración máxima de los trabajos que realice la Comisión Especial será a agosto de 2012, sin perjuicio de que al cumplirse el objetivo para el cual será creada, se extinga en forma anticipada.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2009. Suscribe, Amador Monroy Estrada , a sus órdenes.

Solicito, señor presidente, que el texto del documento sea insertado de manera íntegra en el Diario de los Debates. Muchas gracias por su atención.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de atención a los derechos de los deudores del Infonavit, a cargo del diputado Amador Monroy Estrada , del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Amador Monroy Estrada , perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 71 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante este pleno una proposición con punto de acuerdo por la que se solicita se establezca la comisión especial de atención a los derechos de los deudores del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Antecedentes

El Infonavit ha emprendido una campaña de denuncias penales que derivan en órdenes de aprehensión contra los ciudadanos que optan por organizarse y defender su propiedad ante el acoso de despachos de abogados que buscan despojar a los derechohabientes de su patrimonio, acusando al gobierno federal de acudir a la represión judicial en lugar de atender y resolver los problemas de los derechohabientes para analizar los problemas que tienen con sus créditos y las acciones de defensa que emprenderán.

Aproximadamente 190 mil familias están en riesgo de perder los inmuebles que obtuvieron por conducto del Infonavit, pues el instituto vendió a las empresas de capital estadunidense Pendulum Associates y SCRAP II (Sociedad Corporativa para la Resolución de Activos y Propiedad) alrededor de 110 mil casas de todo el país que están en cartera vencida.

Abogados encubiertos en corporaciones de rescate de cartera vencida empezaron la escalada de despojo contra los derechohabientes y la política de despojo del Infonavit hoy se hace acompañar con métodos que sugieren la pretensión de criminalizar la defensa de los derechohabientes. El gobierno ha emprendido una jornada contra quienes se han inconformado con esa política de despojo que es terminar con la justicia social en materia de vivienda, actualmente la gente no sabe a quién pedirle ayuda o qué hacer.

Por lo anteriormente expuesto, frente a la necesidad de que exista un órgano al interior de la Cámara de Diputados que se aboque a dar continuidad al procedimiento y adecuación del marco jurídico del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que, con fundamento en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, determine la creación de la comisión especial de atención a los derechos de los deudores del Infonavit.

Segundo. El objetivo de la comisión especial será la revisión y actualización constante del marco jurídico en materia de protección al derechohabiente por parte de las autoridades competentes, de conformidad con el marco jurídico aplicable para el hostigamiento que atentan contra el trabajador.

Tercero. La comisión especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política, en forma proporcional a la representación en la Cámara de Diputados.

Cuarto. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha comisión especial podrá allegarse la información que considere pertinente; así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, en el ámbito de sus competencias.

Quinto. La comisión especial, objetivo del presente punto de acuerdo, funcionará de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Sexto. La duración máxima de los trabajos que realice la comisión especial será para agosto de 2012, sin perjuicio de que al cumplirse su objetivo para el cual fue creada, se extinga en forma anticipada.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado Monroy Estrada, como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE JALISCO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Ana Estela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador y al Congreso de Jalisco a que soliciten al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de ese estado que someta a plebiscito la ejecución de la obra de la línea 2 del Macrobús.

La diputada Ana Estela Durán Rico: Con la venia del señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el pasado 7 de abril el gobierno de Jalisco publicó en la gaceta oficial el decreto aprobado por el Congreso del mismo estado, en el que se autorizaban los recursos destinados al proyecto de movilidad y renovación urbana bajo la modalidad de proyectos de inversión y prestación de servicios del gobierno de Jalisco, en el cual se contempla la constitución de la línea 2 del Macrobús.

Los recursos destinados a las obras a las que hace mención el proyecto afectarán la partida presupuestal de proyectos de inversión y prestación de servicios, obligando al Ejecutivo a incluir dentro del presupuesto de egresos del gobierno del estado la suficiencia financiera de cada anualidad hasta 2025, para sufragar erogaciones que se deriven del contrato de proyectos e inversión y prestación de servicios.

Con base en lo anterior debe precisarse que el Congreso del estado se limitó a autorizar recursos necesarios para la ejecución de las obras mencionadas en el proyecto, siendo responsabilidad del Ejecutivo local la planificación, instrumentación y ejecución de las obras que habrán de impactar la vida de los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara.

Dentro de la exposición de motivos, el gobernador de Jalisco aseveró la importancia de la necesidad de implementar un sistema de transporte público que solucionará la problemática de la demanda de este servicio, mencionando en su propuesta la denominación del sistema del BRT (Bus Rapid Transit), el cual aparentemente ---menciona--- mejora las condiciones de movilidad, seguridad y ambiente, al emplearse en los principales corredores de la zona conurbada de Guadalajara.

No obstante, la iniciativa contempla acciones que pueden representar perjuicio a los habitantes, como la poda desmedida de árboles, con lo que se generaría un daño ambiental mayor; o la ampliación de banquetas y reducción de carriles de circulación de automóviles particulares con los que se impactaría el desarrollo de la actividad económica de los comercios ubicados en aquellos corredores en los que se pretende llevar a cabo la obra, lo que podría representar el cierre de negocios en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.

Esto último mantiene en un estado de indefensión a los dueños de negocios, quienes ya ven como una amenaza seria al Macrobús; que el Macrobús menoscabe sus ingresos y sus establecimientos puedan quebrar a causa de la disminución de la afluencia de consumidores.

Asimismo, debe reconocerse que se han hecho cuestionamientos por parte de algunos sectores de la sociedad y que hay oposición al proyecto de la línea 2 del Macrobús, lo cual estiman como un perjuicio a la ejecución de la obra, y diversos grupos de ciudadanos, en el uso de sus derechos, han instado de manera organizada por escrito al gobernador a que reconsidere y replantee el proyecto. Por ello, si se pretende ofrecer las condiciones para una mejor calidad de transporte, el gobierno debe comenzar a escuchar a los gobernados.

Por lo anterior se propone que este pleno exhorte al gobernador de Jalisco, licenciado Emilio González Márquez, y al honorable Congreso del estado, a que se solicite al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco que someta a plebiscito, en la zona metropolitana de Guadalajara, la construcción de la línea 2 del Macrobús, comprendida dentro del proyecto de renovación y movilidad urbana a que tiene autorizado el gobierno de Jalisco.

Punto de acuerdo. Primero. Se exhorta al gobierno de Jalisco y al Congreso del estado a que soliciten al Instituto Electoral de Participación Ciudadana que someta a plebiscito, en la zona metropolitana de Guadalajara, la construcción de la línea 2 del Macrobús.

Segundo. Se exhorta a todas las autoridades civiles de los tres niveles de gobierno, con jurisdicción en la zona metropolitana de Guadalajara, a que en el marco de la legalidad garanticen los derechos y libertades de los ciudadanos jaliscienses para que participen en el procedimiento previsto para el plebiscito que marca el Código Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco.

Tercero. Se exhorta al gobierno de Jalisco, al coordinador de la Operación Integral del Servicio de Transporte Público del estado, al Centro Estatal de Investigación de Vialidad y Transporte, así como al Sistema del Tren Eléctrico Urbano, a que en el ámbito de sus competencias informen a este órgano legislativo sobre los estudios de factibilidad topográfica, impacto ambiental, mecánica de suelos, vialidad, trazos ecológicos, movilidad urbana, protección civil, transporte y tránsito vehicular, así como la relativa a postores de licitantes y de procedimiento para la adjudicación del Proyecto de Renovación y Movilidad Urbana, bajo la modalidad de proyectos de inversión y prestación de servicios, por los que el Congreso del estado de Jalisco autorizó el endeudamiento en la ejecución de este proyecto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 3 de diciembre de 2009. Los diputados que anexan, son los diputados del estado de Jalisco por el PRI y el diputado Enrique Ibarra Pedroza, por el PT. Es cuanto, señor presidente.

Le solicito se inserte íntegra la propuesta aquí leída en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y al Congreso de Jalisco a solicitar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la entidad que someta a plebiscito la ejecución de la obra de la Línea 2 del Microbús, que forma parte del Proyecto de Renovación y Movilidad Urbana, a cargo de la diputada Ana Estela Durán Rico , del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales por el estado de Jalisco, por medio de la diputada Ana Estela Durán Rico , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la alta consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por el que se exhorta al honorable Congreso de Jalisco, así como al gobernador de esa entidad a solicitar al Instituto Electoral local que someta a plebiscito la fase dos del proyecto de renovación y movilidad urbana, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 7 de abril, el gobierno del estado de Jalisco publicó en la Gaceta Oficial del Estado el decreto aprobado por el Congreso local por el que se autorizaban los recursos destinados al proyecto de movilidad y renovación urbana, bajo la modalidad de proyectos de inversión y prestación de servicios del gobierno del estado, en la cual se contempla en la construcción de la línea 2 del Macrobús. Los recursos destinados a las obras de que hace mención afectarán la partida presupuestal de proyectos de inversión y de prestación de servicios, obligando al Ejecutivo a incluir en los presupuestos de egresos del gobierno de la entidad la suficiencia financiera cada anualidad hasta el año 2025 para sufragar las erogaciones que se deriven del contrato de proyectos y inversión y de prestación de servicios.

Con base en lo anterior, se debe precisar que el Congreso del estado se limitó a autorizar los recursos necesarios para la ejecución de las obras mencionadas en el proyecto, siendo responsabilidad del Ejecutivo local la planificación, instrumentación y ejecución de las obras que habrán de impactar en la vida de los habitantes de la m de Guadalajara.

Dentro de la exposición de motivos el gobernador de Jalisco aseveró la importancia sobre la necesidad de implementar un sistema de transporte público que solucionará la problemática de la demanda de este servicio, mencionando en su propuesta con vocablos ingleses la denominación del sistema como Bus Rapad Transit, el cual aparentemente menciona que mejorará las condiciones de movilidad, seguridad y medio ambiente al emplearse en los principales corredores para el transporte público masivo de la zona conurbada de Guadalajara, mediante la circulación de autobuses de alta capacidad con estaciones cada 500 metros en un camellón central.

No obstante, la iniciativa contempla acciones que pueden representar perjuicio a los habitantes como es la poda desmedida de árboles, con lo que se genera un daño ambiental mayor, la ampliación de las banquetas y reduciendo los carriles de circulación de automóviles particulares con lo que se afectaría el desarrollo económico de los locatarios ubicados en los corredores en los que se pretende llevar a cabo la obra, lo que podría representar el cierre de negocios en los municipios de Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá.

Esto último mantiene en un estado de indefensión a los dueños de los negocios, quienes ven como una amenaza seria que el Macrobús menoscabe sus ingresos y que sus establecimientos puedan quebrar a causa d la disminución de la afluencia de consumidores al no poder detenerse ni para un mínimo de tiempo para consumir.

Asimismo debe reconocerse que se han hecho cuestionamientos por parte de algunos sectores de la sociedad y que hay oposición al proyecto de la Línea 2 del Macrobús, lo cuales estiman como un perjuicio la ejecución de la obra por lo que diversos un grupos de ciudadanos jaliscienses en uso de sus derechos, han solicitado de manera organizada por escrito al gobernador del estado a que reconsidere y replanteé este proyecto.

Es por ello que si lo que se pretende es ofrecer las condiciones para una mejor calidad de vida a los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, el gobierno debe comenzar por escuchar a todos los gobernados, pues si bien es cierto han sido elegidos por el pueblo, no menos cierto es que la democracia no se limita a la elección de representantes, a las reglas de la competencia electoral y al funcionamiento normal de los poderes, sino que hay que transitar en la democracia participativa y directa, compartiendo el poder y las responsabilidades, para cumplir con el principio de mandar y obedecer. Dicho imperante democrático ha sido acogido por la legislación electoral del Estado de Jalisco al contemplar la figura del plebiscito como instrumento de participación ciudadana y de democracia directa mediante el cual, los ciudadanos pueden participar en la toma de decisiones trascendentales para el orden público o el interés social del estado constituyendo una verdadera manifestación de participación ciudadana.

Por lo anterior, se propone que este pleno exhorte al gobernador de Jalisco, licenciado Emilio González Márquez, y al honorable Congreso del estado a solicitar oportunamente al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco que someta a plebiscito la construcción de la Línea 2 del Macrobús comprendida dentro del proyecto de renovación y movilidad urbana que tiene autorizado el gobierno local.

No obstante, el mismo Código Electoral de la entidad concede el derecho de solicitar el plebiscito a los ciudadanos que se organicen, mediante el cumplimiento de ciertos requisitos, esto constituye un logro de la democracia al instituir el acceso a la participación democrática no solo a los gobernantes sino también a los particulares.

Con base en ello, el constituyente estableció en el artículo tercero de nuestra Carta Magna a la democracia como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. En este sentido, es obligación del Estado garantizar el acceso a este derecho concedido a todos los ciudadanos.

Por otra parte, debemos entender que el desarrollo urbano se debe reflejar en las respuestas eficaces que el gobierno dé a las demandas de los habitantes, y una tan importante como es la de mejorar el transporte público implica ser visto como un sistema complejo que incluye factores sociales, urbanos y ambientales que deben ser planeados como un todo, en función con las necesidades reales de la colectividad y las posibilidades de los individuos, siendo menester escuchar a las voces que se oponen al proyecto y como poder solucionar esas inconformidades mediante otras alternativas, pues es obligación nosotros como representantes de la nación aterrizar la voz de los habitantes que representamos en esta alta tribuna.

Asimismo, esta solicitud hecha por diputados federales jaliscienses suscritos tiene como base y sustento la justificación del compromiso del gobierno federal sobre el destino de los recursos del Fondo Nacional de Infraestructura, el cual es por la cantidad de 6 mil 171 millones de pesos, teniendo en cuenta que esta honorable Cámara de Diputados es la que aprueba el presupuesto de dicho fondo. Es así que se concluye que el plebiscito puede y debe representar una herramienta fundamental para legitimar un acto gubernamental de gran trascendencia, como es la ejecución de la obra mencionada en esta exposición de motivos.

Por lo fundado y expuesto, nos permitimos someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobernador de Jalisco y al honorable congreso de la misma entidad a solicitar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco que someta a plebiscito la construcción de la Línea 2 del Sistema Macrobús, la cual forma parte del proyecto de movilidad y renovación urbana, bajo la modalidad de proyectos de inversión y prestación de servicios del gobierno del estado de Jalisco.

Segundo. Se exhorta a todas las autoridades civiles de los tres niveles de gobierno con jurisdicción en la zona metropolitana de Guadalajara a garantizar, en el marco de la legalidad, los derechos y libertades de los ciudadanos jaliscienses que participen en el procedimiento previsto para el plebiscito que marca el Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

Tercero. Se exhorta al gobierno del estado de Jalisco, al Organismo Coordinador de la Operación Integral del Servicio de Transporte Público del estado, al Centro Estatal de Investigación de la Vialidad y el Transporte, así como al Sistema del Tren Eléctrico Urbano, en el ámbito de su competencia, a informar a este órgano legislativo sobre los estudios de factibilidad topográfica, impacto ambiental, mecánica de suelos, vialidad, trazos, ecológicos, movilidad urbana, protección civil, transporte y tránsito vehicular así como la relativa a postores de licitantes, y del procedimiento para la adjudicación del proyecto de renovación y movilidad urbana, bajo la modalidad de proyectos de inversión y prestación de servicios, por el cual el Congreso del estado de Jalisco autorizó el endeudamiento para la ejecución de dicho proyecto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Señoras y señores diputados, nos acompañan en este momento los alumnos de la escuela Resurgimiento, de Naucalpan, estado de México, invitados por el diputado David Sánchez Guevara.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Ibarra.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): Gracias, señor presidente. Sólo para ratificar el apoyo a la propuesta que hizo la diputada Durán, para pedirle al gobernador Emilio González Márquez que someta a plebiscito la decisión en materia de transporte del Macrobús, entre los habitantes de Guadalajara.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Así lo manifestó la diputada a la hora de dar lectura a su documento, el apoyo de usted, diputado. Gracias.

FOMENTO AGROPECUARIO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Cruz López Aguilar, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal el pago inmediato a los productores beneficiarios de los recursos radicados en los Fideicomisos Estatales de Fomento Agropecuario, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Cruz López Aguilar: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, a nombre de los diputados del Grupo Parlamentario del PRI, Fermín Montes Cavazos, Alberto Jiménez Merino, Manuel Humberto Cota Jiménez, David Hernández Vallín, Hilaria Domínguez Arvizu, Gerardo Sánchez Garcíay del mío propio, Cruz López Aguilar, someto a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal el pago inmediato a los productores beneficiarios de los recursos radicados en los fideicomisos estatales de fomento agropecuario, bajo las siguientes consideraciones:

Como es de todos conocido, la pobreza en México ha crecido de manera exponencial en la última década y, de acuerdo con el Inegi, el periodo de 2006 a 2008 fue el de mayor incremento. Esto sin considerar aún los efectos de la actual crisis nacional y mundial.

El medio rural ha sido uno de los sectores donde la crisis económica ha pegado con mayor fuerza y donde se ubica el mayor porcentaje de población marginada, altamente marginada y con menor índice de desarrollo humano.

Recientemente, la CEPAL confirmó que México fue el país donde la pobreza creció en mayor proporción, siendo en el sector rural donde más se resintió. Eso también se refleja en 2009, no sólo por los efectos nocivos de las crisis recurrentes, sino por fenómenos como la embestida del virus de la influenza AH1N1, los tres millones de desempleados, la creciente violencia del crimen organizado, la caída estrepitosa de las reservas, la baja de la producción petrolera y la caída en las remesas.

Siendo los anteriores verdades de todos conocidas, resulta preocupante e insensible que recursos que son fundamentales para la actividad productiva de miles de campesinos y pequeños productores del campo, como lo son los comprometidos en el Fideicomiso de Fomento Agropecuario, sean retenidos de manera arbitraria por el Ejecutivo federal.

No existen en el decreto del PEF 2009, ni en la Ley de Presupuesto ni en su reglamento, como tampoco en los convenios de coordinación que se suscribieron con los estados, así como en las mismas reglas de operación de Sagarpa, elementos que faculten al Ejecutivo federal a determinar unilateralmente los plazos de radicación de los recursos de los estados.

Resulta improcedente mantener en los fideicomisos recursos que son propiedad de los productores y, además, solicitar la devolución de estos recursos por la Tesorería de la Federación, toda vez que dejan de pertenecer a la Sagarpa y, como consecuencia, legalmente se les considera devengados, una vez que fueron transferidos a los estados.

Resulta claro que al pretender retirar los recursos de los Fofae no se está afectando a los estados; se está afectando a los productores, a los más pobres de este país, en un momento en el cual invertir cualquier recurso será siempre insuficiente para atender la enorme problemática de la pobreza.

Es claro que esta disposición dificulta el correcto ejercicio de los recursos, dado que el decreto del PEF 2009, en su artículo 35, fracciones V y VI, determina con toda precisión y mandata a la Sagarpa federalizar los recursos en términos precisos.

En el PEF 2009 la Cámara de Diputados aprobó recursos para los Fofae por un monto de 16 mil 100 millones de pesos, de los cuales, a principios de noviembre, se habían radicado 12 mil 800 millones de pesos. De esta cantidad, 72 por ciento corresponde a recursos federales y 28 por ciento corresponde a los estados.

Es realmente inconcebible que el Ejecutivo federal insista en recuperar esos recursos en virtud de que éstos no pertenecen al Ejecutivo, sino que ya han sido etiquetados para miles de campesinos y pequeños productores.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con puntos de acuerdo:

Primero. Se solicita al Ejecutivo federal el pago inmediato a los productores beneficiarios de los recursos radicados en los Fideicomisos Estatales de Fomento Agropecuario (Fofae), estén o no correspondidos con la parte comprometida por los gobiernos de los estados.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a que concluya con la publicación de los recursos asignados en los convenios de los Fofae entre Sagarpa y los gobiernos de las entidades federativas.

Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señores diputados y diputadas.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal el pago inmediato a los productores beneficiarios de los recursos radicados en los Fideicomisos Estatales de Fomento Agropecuario, estén o no correspondidos con la parte comprometida por los gobiernos de los estados, a cargo del diputado Cruz López Aguilar y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales Cruz López Aguilar , Fermín Montes Cavazos , Alberto Jiménez Merino , Manuel Humberto Cota Jiménez , David Hernández Vallín , Hilaria Domínguez Arvízu y Gerardo Sánchez García , del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, donde se solicita al Ejecutivo federal el pago inmediato a los productores beneficiarios de los recursos radicados en los Fideicomisos Estatales de Fomento Agropecuario (Fofae), estén o no correspondidos con la parte comprometida por los gobiernos de los estados según las siguientes

Consideraciones

1. Como es de todos conocido, la pobreza en México ha crecido de manera exponencial en el periodo de 2006 a 2008. Así lo demuestra la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el análisis del Consejo Nacional de Evaluación de los Programas Sociales.

2. El medio rural ha sido, tradicionalmente, uno de los sectores donde las crisis económicas pegan con mayor fuerza y donde se ubica el mayor porcentaje de población marginada y altamente marginada, con alto nivel de rezago y con menor índice de desarrollo humano.

3. Recientemente la Comisión Económica para América Latina y del Caribe, en su estudio Panorama social de América Latina 2009, confirma que México fue el país de la región donde la pobreza creció en mayor proporción, siendo el sector rural donde más se resintió.

4. Esto también se refleja en 2009, año que podemos considerar ``atípico'', no sólo por los efectos nocivos de las crisis recurrentes, sino por fenómenos, como la sorpresiva embestida del virus de la influenza A (H1N1), los 3 millones de desempleados, la creciente violencia del crimen organizado, la caída estrepitosa de las reservas y la producción petroleras, la caída de las remesas, etcétera.

5. Resulta preocupante e insensible que recursos que son fundamentales para la actividad productiva de miles de campesinos y pequeños productores del campo, como lo son los comprometidos en los Fideicomisos de Fomento Agropecuario, sean retenidos por el Ejecutivo federal.

6. Conviene mencionar que no existe en el decreto Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, ni en la Ley de Presupuesto y su Reglamento, como tampoco en los convenios de coordinación que se suscriben con cada estado, así como en las mismas Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, elementos que faculten al Ejecutivo federal a determinar, unilateralmente, los plazos de radicación de los recursos de los estados.

7. En consecuencia, resulta improcedente mantener en los fideicomisos recursos que son propiedad de los productores y además solicitar la devolución de estos recursos por la Tesorería de la Federación (Tesofe), toda vez que dejan de pertenecer a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y, como consecuencia, legalmente se les consideran ejercidos, una vez que fueron transferidos a los estados.

8. Estamos claros que, al pretender retirar los recursos de los Fofaes, no se está afectando a los estados, se está afectando a los productores, a los más pobres de este país; en un momento en el cual invertir cualquier recurso será siempre insuficiente para atender la enorme problemática de la pobreza.

9. Por otra parte, es claro que esta disposición dificulta el correcto ejercicio de los recursos, toda vez que el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 en el artículo 35, incisos V y VI, determina, con toda precisión, y mandata a la Sagarpa ``federalizar'' los recursos en términos precisos.

10. A mayor abundamiento, los artículos e incisos del decreto en comento son concluyentes en los términos siguientes:

11. Conviene mencionar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, la Cámara de Diputados aprobó recursos para los Fofae por un monto de 16.1 miles de millones de pesos, de los cuales, a principios de noviembre, se habían radicado 12.8 miles de millones de pesos. De esta cantidad, 72 por ciento corresponden a recursos federales y 28 por ciento de recursos estatales. No obstante, los recursos comprometidos ascienden a 12.4 miles de millones de pesos, correspondiendo a recursos federales 65 por ciento y estatales 35 por ciento.

Es realmente inconcebible que el Ejecutivo federal actúe de manera tan irresponsable e inconsciente, toda vez que estos recursos no pertenecen al Ejecutivo, sino ya vienen etiquetados para miles de campesinos y pequeños productores.

Por lo anterior, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita al Ejecutivo federal el pago inmediato a los productores beneficiarios de los recursos radicados en los Fideicomisos Estatales de Fomento Agropecuario (Fofae), estén o no correspondidos con la parte comprometida por los gobiernos de los estados.

Segundo. Se exige al Ejecutivo federal que concluya con la publicación de los recursos convenidos entre la Sagarpa y los gobiernos de los estados.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias a usted, señor diputado.Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

CUENTA PUBLICA DE 2007

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita al presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que convoque a una reunión de dicho órgano de gobierno a fin de que se determine el procedimiento para la discusión de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de 2007 y su inscripción en el orden del día.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros, quiero comenzar por decirles que no es la primera vez que hablo de este tema y quiero también confesarles mi frustración porque veo que por más que tratamos este asunto, después de las intervenciones, no sucede nada.

Yo no he tenido el gusto de encontrarme al presidente Ramírez Acuña en otras legislaturas, pero sé que es un hombre interesado en la trayectoria del Poder Legislativo y que conoce bien los ritos anuales de este poder tan importante.

Quiero decirles a todos ustedes que así como es importante discutir la Ley de Ingresos y pasar estas jornadas penosas que todos vivimos aquí, y después el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el antiguo régimen ---que así gustan calificar algunos--- el tercer evento era la revisión de la Cuenta Pública, que desde 2002 no lo hemos vuelto a realizar. Desde 2002.

Cómo se atreve el presidente de la República a proponer una reforma, dice, para que los diputados rindan cuentas, si desde 2002 no vemos la Cuenta Pública del gobierno federal.

Eran tres eventos, son tres eventos: es discutir los ingresos, es discutir el presupuesto y luego la revisión de la Cuenta Pública, que es una facultad consubstancial al desempeño del Poder Legislativo. Es una facultad exclusiva de la Cámara, no hay excusa. Es una responsabilidad que tenemos todos. Yo estoy haciendo lo que puedo; presionando con una iniciativa para que, si la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública no tiene tiempo, motivación o interés para discutir esto, deje que lo haga otra comisión.

Estoy urgiendo al presidente, y me da mucho gusto que esté la Mesa Directiva en pleno, porque ya que hay una intención de que la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos funcione; cumpla con su deber, tiene que programar cuándo vamos a discutir la Cuenta Pública.

Yo no quiero ser cómplice de lo que está pasando con el ejercicio de los dineros públicos y que simplemente lo dejemos pasar como si nada pasara.

Dejo aquí mi punto de acuerdo, con la petición al presidente de la Conferencia, que es al mismo tiempo al presidente de la Mesa Directiva; nos digan cuándo van a ordenar que este procedimiento se realice; con la seguridad, que si esto no ocurre regresaré otra vez para hacerle un exhorto. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que convoque a una reunión de dicho órgano de gobierno a fin de que se determine el procedimiento sobre la discusión de la Cuenta Pública de 2007 y su inscripción en el orden del día, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, César Augusto Santiago Ramírez , diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Cámara de Diputados, como una atribución exclusiva de control, la fiscalización de los recursos públicos, a través de la revisión de la Cuenta Pública, con el objetivo de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

Segundo. Que de acuerdo a dicho precepto, la Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 30 de septiembre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del informe del resultado de la entidad de fiscalización superior de la federación, sin que a la fecha se haya dado dicho proceso en el pleno de la Cámara.

Tercero. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General, el presidente de la Mesa Directiva velará por la eficacia en el cumplimiento de las funciones constitucionales de la Cámara; asimismo, hará prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares o de grupo. También, le corresponde dar curso a los asuntos y negocios y determinar los trámites que deban recaer sobre las cuestiones con que se dé cuenta a la Cámara.

Cuarto. Que en el marco del artículo 38 de la Ley Orgánica, a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos corresponde establecer el programa legislativo de los periodos de sesiones, el calendario para su desahogo, la integración básica del orden del día de cada sesión, así como las formas que seguirán los debates, las discusiones y deliberaciones.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. Se solicita al presidente de la Mesa Directiva, quien también preside la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, que, considerando lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso General, y en uso de las facultades que confieren los artículos 22 y 23 de la Ley Orgánica y 21 del Reglamento para el Gobierno Interior, convoque a una reunión de dicho órgano de gobierno, a fin de que se determine el procedimiento para la discusión de la Cuenta Pública de 2007 y su inscripción en el orden del día.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias a usted diputado.Túrnese a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

El diputado Salvador Caro Cabrera (desde la curul): Presidente...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El diputado Caro, desea hacer uso de la palabra.

El diputado Salvador Caro Cabrera (desde la curul): Ya no, gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Ya no.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Jaime Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Al diputado Augusto Santiago, si me permite adherirme a su propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pregunto al señor diputado César Augusto Santiago, si está de acuerdo en que se adhieran los señores diputados y las compañeras diputadas.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez: Estoy de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo; por tanto, todas aquellas legisladoras y todos aquellos legisladores que deseen adherirse, pasen por favor a la Secretaría a suscribir la documentación correspondiente.

ESTADO DE GUERRERO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno de Guerrero a que construyan un hospital de especialidades para la atención de las mujeres de la ciudad de Tlapa de Comonfort, de la región dela Montaña de dicha entidad.

El diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández: Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Ojalá que mi proposición con punto de acuerdo pueda ser valorada y atendida por este pleno, y que en verdad se pueda ser solidario con una de las regiones más pobres de este país y que podamos brindar una mayor atención a la salud.

La marginación y la pobreza son elementos que en la región de la Montaña de Guerrero han prevalecido en la historia de nuestra región; de muchas familias nacieron hijos, se desarrollaron, por circunstancias de la vida murieron, y lamentablemente nuestra realidad no cambia.

La marginación, la pobreza, el olvido, la ausencia de oportunidades para el desarrollo, la falta de una oportunidad para atender, en materia de salud, a las mujeres ha traído como consecuencia la mortalidad materna, que es muy notoria. Y ojalá el pleno de esta Cámara, las comisiones de Salud, de Desarrollo Social, de Grupos Vulnerables nos puedan apoyar.

Entendemos que la salud es un derecho universal de todos los seres humanos y que en México, diariamente, en promedio 50 mujeres mueren por cáncer cervicouterino y más por cáncer de mama. Un promedio de unas mil 300 mujeres mueren por causas relacionadas con el embarazo, con el parto y, sobre todo, con el parto por la falta de atención médica y, sobre todo, de una atención especializada que no tenemos en la región de la Montaña.

Una de las regiones más marginadas de este país es, precisamente, la región económica de la Montaña de Guerrero, donde se encuentran los municipios más pobres de nuestro país, como es Metlatónoc y Cochoapa. Ahí, en la Montaña está permanentemente la pobreza social, el olvido, la marginación. Tal pareciera que el que nace, nace con el destino de también morir en el olvido.

Los riesgos de enfermedades para las mujeres en la región de la Montaña pueden ser preventivos, pueden ser detectados, pueden ser tratados con éxito, siempre y cuando con oportunidad también puedan atenderse.

Lamentablemente, no hay suficiente infraestructura hospitalaria. La región de la Montaña comprende cerca de 17 municipios, y para atender a este gran universo de 17 municipios y de más de 3 mil comunidades, únicamente contamos con un hospital general y con el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense.

Por eso es que en la responsabilidad que traemos como representantes populares aspiramos, compañeros diputados, compañeras diputadas, aspiramos a más oportunidades en derecho a la salud y mayor atención en la infraestructura básica de los hospitales, equipamiento y sobre todo, atención médica con especialistas que nos ayuden a atender a las mujeres de la región de la Montaña, para que de esta manera podamos aspirar a una mejor forma de vida.

En la región de la Montaña se encuentran aproximadamente más de 85 por ciento de la población indígena del total de Guerrero.

La mortalidad materna es de las más elevadas en el país y requerimos de manera urgente de la atención especializada. No podemos esperar más. No podemos esperar a que venga otro proceso electoral de 2012 u otro proceso electoral de 2015 para que vayamos como candidatos de todos los partidos políticos con las promesas que después no se cumplen.

Por eso yo exhorto a este pleno a que, de manera responsable y objetiva, podamos en verdad atender este exhorto, podamos en verdad atender este punto de acuerdo. Que no sea uno más de los muchos que se suben a tribuna y que ni caso les hacemos; que ojalá sea en verdad la oportunidad para los pueblos y comunidades indígenas de la región de la Montaña de Guerrero; que sea en esta legislatura la gran oportunidad para más inversiones que permitan vivir con más oportunidad.

La salud es un derecho universal para el mejoramiento de la calidad de vida y para el desarrollo humano de todos los que aspiramos a vivir con más oportunidades.

Por eso presento, con toda responsabilidad, presento ante este pleno un punto de acuerdo con que se exhorta al Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Desarrollo Social, coadyuven presupuestalmente para la construcción de un hospital, un hospital de especialidades en la ciudad de Tlapa de Comonfort, de Guerrero, para atender a las mujeres indígenas que esperan una oportunidad del gobierno federal y de esta Cámara del Congreso de la Unión. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno de Guerrero a construir un hospital de especialidades para la atención de las mujeres de Tlapa de Comonfort, de La Montaña, a cargo del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que la pobreza y la marginación son dos grandes problemas que enfrenta México y de manera particular el estado de Guerrero. Estos elementos determinan que la población que la padece no tenga oportunidad de acceder a una vida digna.

Que en el caso de las mujeres, la marginación y la pobreza les confieren características particulares y las limitan de manera significativa en la educación, el empleo y la salud. Las desigualdades de género toman también un matiz diferente cuando se considera el contexto geográfico y cultural.

Que la salud es una condición y un derecho lejano para millones de mujeres en México. Diariamente mueren casi 50 mujeres por cáncer cérvico-uterino; 10 más por cáncer de mama y mil 300 mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto. En las regiones más marginadas de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Puebla, una mujer embarazada tiene más posibilidades de morir que en cualquier otro estado del país.

Que las mujeres mexicanas enfrentan graves peligros debido a la desatención del Estado, ya que no todos los hospitales del sector salud cuentan con infraestructura adecuada y moderna, personal especializado y medicamentos indispensables, para atender las enfermedades de la mujer.

Que las enfermedades que cobran la vida de las mujeres con más frecuencia son las cardiovasculares, diabetes e hipertensión, las cuales podrían haberse evitado a través de la prevención; también es importante poner atención en la salud reproductiva. La mayoría de los daños obstétricos y los riesgos para la salud de la madre y del niño pueden ser preventivos, detectados y tratados con éxito, sin embargo no hay infraestructura hospitalaria.

Que la falta de seguridad social para la mujer sigue siendo un problema importante en nuestro país, ya que cada vez son más mujeres que no tienen acceso a las instituciones de salud, lo cual las hace más vulnerables a padecer alguna enfermedad.

Quiero mencionar el caso de la ciudad de Tlapa, región de La Montaña del estado de Guerrero, donde sólo hay un hospital general que atiende entre 300 y 500 personas de 17 municipios.

Casi 96 por ciento de la población indígena en Guerrero no tiene acceso a servicios de salud por falta de hospitales con personal calificado y equipamientos básicos.

La Montaña tiene un hospital general en Tlapa con sólo tres ginecólogos, dos anestesistas y un pediatra contratados para cubrir un solo turno; además seis hospitales básicos comunitarios sin especialistas ni equipamientos básicos; y unas 166 unidades de salud, de las cuales más de la mitad no tiene ni siquiera un médico general, pues funcionan sólo con enfermeras y personal menos calificado.

Que en la entidad, la mortalidad materna es de las más elevadas en el mundo: En Guerrero, 281 mujeres indígenas mueren por cada 100 mil recién nacidos, mientras el promedio es de 151 en las mujeres indígenas en México y de 51 en las mujeres mexicanas.

Que la infraestructura hospitalaria en el estado de Guerrero es insuficiente para atender el número de mujeres que habitan ahí y que requieren urgentemente servicios médicos especializados.

Que la salud es esencial para el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo de las mujeres; la situación actual está marcada por los rezagos acumulados en cobertura y calidad, la desigualdad en los niveles de salud y distribución de recursos entre grupos sociales y regiones es exorbitante, por tal motivo es necesaria la construcción de un hospital de especialidades que atienda a las mujeres de Tlapa de Comonfort, de la región de La Montaña del estado de Guerrero.

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Guerrero a construir un hospital de especialidades para la atención de las mujeres de la ciudad de Tlapa de Comonfort, de la región de La Montaña del estado de Guerrero.

Presidencia del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado.Túrnese a la Comisión de Salud.

Señoras diputadas y señores diputados, se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Bicentenario de la Independencia.--- Centenario de la Revolución.--- LXI Legislatura.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo vigésimo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicitamos a usted, atentamente, consultar al pleno la modificación al orden del día para la inclusión correspondiente, en el primer turno posible, y con trámite de sólo turno a comisión de la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar la fracción XVI al artículo cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, contenidas en el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta; del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, y del Impuesto al Valor Agregado; del Código Fiscal de la Federación y del decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de abril de 1995, que presentan los diputados Felipe Solís Acero , del Grupo Parlamentario del PRI, y José de Jesús Zambrano Grijalva , del Grupo Parlamentario del PRD.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica, se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Iniciativa que adiciona una fracción XVI, al artículo cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta contenidas en el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación, y del decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995, aprobado por el Congreso de la Unión el 5 de noviembre de 2009, suscrita por los diputados Felipe Solís Acero y José de Jesús Zambrano Grijalva , de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PRD, respectivamente

Los suscritos, diputados vicepresidentes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Felipe Solís Acero y José de Jesús Zambrano Grijalva , con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para adicionar una fracción XVI, al artículo cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta contenidas en el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación, y del decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995, en los términos que a continuación se precisan.

Antecedentes

1. El 10 de septiembre de 2009, el Ejecutivo federal presentó ante la Cámara de Diputados la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales.

2. El 20 de octubre de 2009, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995.

3. El 22 de octubre de 2009 se recibió la minuta en el Senado de la República, misma que se aprobó el 27 de octubre de 2009, con modificaciones, ordenándose su devolución a la Cámara de Diputados.

4. Entre las modificaciones aprobadas se adicionó la reforma al artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con la finalidad de estimular la inversión en la producción cinematográfica.

5. El 30 de octubre de 2009, la Cámara de Diputados aprobó la minuta devuelta, aceptando algunas modificaciones realizadas por el Senado de la República y reiterando sus propuestas originales, lo que motivó la devolución de la misma al Senado de la República.

6. El 5 de noviembre de 2009, la Cámara de Senadores aprobó las propuestas legislativas de la Cámara de Origen, y remitió el decreto al Ejecutivo federal para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Exposición de Motivos

En el contenido normativo del artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta están establecidas con precisión las características legales del estímulo fiscal a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional (Eficine):

No obstante, el 12 de diciembre de 2008, el Servicio de Administración Tributaria dio a conocer a través de su sitio de Internet el criterio normativo 2/2008/ISR2, de cuyo texto se desprende que a criterio del SAT, al constituir el Eficine un ingreso en crédito y no encontrarse exceptuado, el estimulo fiscal al cine debe considerarse un ingreso acumulable para efectos del ISR.

Porque según la apreciación del SAT, el Eficine siempre modifica positivamente el patrimonio de los contribuyentes que lo aplican, pues disminuye la cuantía del ISR a pagar y, de esta manera, extingue parcialmente la obligación de pagar del ISR del ejercicio.

Aceptar la interpretación de considerar al Eficine como un ingreso acumulable implicaría que el estímulo deje de ser un beneficio para los contribuyentes que aportan para el desarrollo del cine mexicano, puesto que por un lado, el Estado no estaría asumiendo la carga contributiva respectiva y, por otro, el contribuyente no vería reflejada la disminución del impuesto correspondiente.

En efecto, la interpretación que pretende el Sistema de Administración Tributaria, se traduciría en que los contribuyentes que aportaran a un proyecto cinematográfico para acreditar 20 millones de pesos tendrían que desembolsar el 28 por ciento adicional, que equivale a erogar 5.6 millones de pesos, lo que indudablemente implicará la disminución sustancial del número de empresas dispuestas a utilizar el estímulo fiscal este año, produciendo un daño irreversible para la industria cinematográfica.

La experiencia de los años recientes y las cifras del Instituto Mexicano de Cinematografía demuestran que aún con las grandes dificultades que hubo que superar para lograr su instrumentación y aplicación, el Eficine ha sido trascendente para la industria cinematográfica.

El cine nacional constituye un arte que debe ser respaldado por el Estado mexicano. Constituye una expresión viva de la cultura y devenir histórico del país. La competencia a nivel internacional exige la entrega de recursos bastos que financien la producción cinematográfica en beneficio de la calidad de sus obras.

En razón de ello, y en aras de preservar y mantener todos los efectos positivos y multiplicadores producidos por el Eficine a favor no sólo de la industria cinematográfica sino de la cultura y de la economía nacionales, el Congreso de la Unión aprobó la reforma del artículo 226, para establecer de manera categórica y expresa que el estímulo fiscal al cine no constituye un ingreso acumulable para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Ello redundará en una clara reducción de la base gravable, al contar el contribuyente con un estímulo fiscal libre del pago de impuestos. Dicha reforma entrará en vigor a partir del año 2010. Sin embargo, los suscritos diputados consideramos que dado el estado actual que guarda la industria cinematográfica nacional, no es oportuno que los productores tengan que esperar hasta la conclusión del ejercicio fiscal de 2010, para disfrutar de los beneficios de la reforma. Aunado a ello, es de vital importancia que los productores cinematográficos disfruten lo antes posible de este beneficio, de tal suerte que puedan, según el caso, contar con saldo a favor o solicitar la devolución del impuesto que se haya pagado.

Paro ello proponemos que se adicione una fracción al transitorio cuarto de las disposiciones de vigencia transitoria de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el fin de establecer que los beneficios del artículo 226, aprobado y vigente en la actualidad sean aplicables a los ejercicios fiscales de 2008 y 2009. Es decir, estatuir un régimen de transitoriedad para aquellos contribuyentes que hubieran efectuado proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional durante los ejercicios fiscales 2008 y 2009, a efecto de que puedan acogerse a la reforma; precisando que tal aplicación queda limitada únicamente a aquellos contribuyentes que durante los citados ejercicios hubieran sido beneficiados con el estímulo fiscal previsto por el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esto redundará en dar mayores posibilidades de financiamiento a los contribuyentes para la producción de sus obras cinematográficas, al mismo tiempo, que incremente el patrocinio para ello.

Es importante resaltar que el espíritu de la presente iniciativa se encuentra plasmado en la propuesta de modificación al artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, adicionada en el Senado de la República, durante la revisión del proyecto que le remitió la Cámara de Diputados relativo a la miscelánea fiscal. La disposición que se pretende incorporar con una fracción adicional dentro de las disposiciones transitorias no altera en ningún momento la razón de ser de la reforma legislativa; en realidad perfecciona su sentido y alcance legal.

En la Cámara de Senadores, al discutirse y aprobarse la propuesta de reforma al artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se votó el texto de dicho artículo así como el transitorio materia de la presente iniciativa. Sin embargo, por un error de técnica legislativa se omitió adicionar la disposición transitoria a la minuta enviada a la Cámara de Diputados.

La Cámara de Origen coincidió plenamente con el sentido de las adiciones aprobadas por el Senado de la República; aprobó la reforma, sin embargo, no incluyó el artículo transitorio, con el fin de no conculcar el proceso legislativo establecido en la fracción E) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que sólo tenía facultades para aprobar o desechar las propuestas de la Cámara de Senadores.

Con base en lo anterior, es evidente que existe un pleno consenso entre ambas Cámaras respecto al sentido y alcance de la propuesta formulada por el Senado y se convalida la importancia de que la presente iniciativa sea aprobada para complementar adecuadamente el beneficio que aporta la reforma al artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Por lo anterior, se somete a consideración de la Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción XVI al artículo cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, contenidas en el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995, aprobado por las Cámaras del Congreso de la Unión el 5 de noviembre de 2009.

Único. Se adiciona una fracción XVI al artículo cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, contenidas en el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995, aprobado por las Cámaras del Congreso de la Unión el 5 de noviembre de 2009; para quedar como sigue:

Disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Cuarto. En relación con las modificaciones a que se refiere el artículo primero de este decreto, se estará a lo siguiente:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

RED DE FIBRA OPTICA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el señor diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a remitir informes detallados de las inversiones realizadas por la Comisión Federal de Electricidad.

El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, las telecomunicaciones como factor de desarrollo económico nacional, cohesión social y desarrollo humano son un tema al cual este Congreso siempre le ha dado una gran importancia.

Durante varios ejercicios, esta soberanía autorizó a la Comisión Federal de Electricidad ( CFE) a que por conducto de CFE-Telecom realizara inversiones por cerca de 170 millones de dólares para la instalación de una red de fibra óptica, cuyo objetivo fue dotar a la empresa de sistemas digitales de alta capacidad para la seguridad en la operación de la red eléctrica nacional.

Paralelamente, dicha inversión permitió desarrollar la segunda red de telecomunicaciones más grande del país, la cual ahora busca ponerse a disposición de la industria de telecomunicaciones, tal como fue anunciado el 19 de mayo del año en curso por el Ejecutivo federal, quien ofreció licitar las fibras oscuras de la Comisión Federal de Electricidad para hacer más eficientes las telecomunicaciones en nuestro país.

En tal tenor, la CFE celebró un convenio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el que se establece que dicha dependencia del Ejecutivo federal tendrá a su cargo la elaboración de las bases de licitación, los criterios económicos y de evaluación de las propuestas y la conducción de la propia licitación.

Considerando que la red de fibra óptica de la CFE dispone de capacidad de sobra en la materia, la CFE después de un amplio estudio técnico-económico determinó que la licitación de un par de fibra óptica oscura era suficiente para propiciar la disminución de tarifas, incrementar velocidades y ampliar la cobertura de servicios de banda ancha en el país.

No obstante que tal determinación de la CFE está sustentada en estudios técnicos y económicos, existe una corriente de opinión que propone que la licitación no se restrinja a un solo par de fibra óptica, sino que se ofrezca al mercado un mayor número de pares con el aparente objetivo de disminuir el costo del acceso a dicha red y permitir la participación de un mayor número de empresas.

Sin embargo, la introducción de un exceso de oferta de fibra oscura, más de un par de fibra óptica de la CFE, puede provocar una seria distorsión en el mercado de las telecomunicaciones, sobre todo tomando en cuenta que en el modelo de negocio de los nuevos oferentes no se necesitaría incluir la recuperación de la inversión; es decir, el subsidio estatal por el que su entrada tenderá a ser un tipo depredatorio y provocará competencia desleal, debido a que los oferentes establecidos sí deben recuperar sus costos de inversión y de operación en la provisión de sus servicios de telecomunicaciones. Pero fundamentalmente implicaría dudas sobre la capacidad de recuperar la inversión realizada y, sobre todo, la posibilidad de que pueda desaparecer CFE-Telecom.

Es por esto que hoy presento este punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Energía, remita un informe detallado de las inversiones realizadas por la Comisión Federal de Electricidad para la instalación de su red de fibra óptica.

Asimismo, que presente un informe sobre las consideraciones técnicas y económicas que sustenten el número de pares de fibra óptica que deben comercializarse y los términos y plazos en que dicha entidad recuperará la inversión realizada.

Y para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes remita un informe detallado con su opinión sobre las consideraciones técnicas y económicas que sustenten el número de pares de fibra óptica de la red de la CFE que deben comercializarse y sus posibles efectos en el mercado de las telecomunicaciones en el país.

Compañeros diputados, el asunto tiene importancia porque implicaría poner a disposición de empresas trasnacionales en materia de telecomunicaciones una infraestructura, cuya entrada en la puja puede ser del orden de 40 mil millones de dólares, a través de una inversión que hizo CFE para dotar de esta infraestructura al país, de la que debemos sacar el mejor provecho.

Espero que la comisión correspondiente atienda de inmediato este asunto para solicitar los informes, y estemos en condiciones de normar criterios sobre este importante asunto. Es cuanto, señoras diputadas y señores diputados.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a remitir informes detallados respecto a las inversiones efectuadas por la CFE para instalar su red de fibra óptica, a las consideraciones técnicas y económicas que sustenten el número de pares de fibra óptica que deben comercializarse, y a los términos y plazos en que dicha entidad recuperará la inversión realizada, a cargo del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga , del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga , diputado federal de la LXI Legislatura, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a remitir un informe detallado de las inversiones realizadas por la Comisión Federal de Electricidad para la instalación de su red de fibra óptica y presente un informe sobre las consideraciones técnicas y económicas que sustenten el número de pares de fibra óptica que deben comercializarse y los términos y plazos en que dicha entidad recuperará la inversión realizada.

Exposición de Motivos

Durante varios ejercicios, esta soberanía autorizó a la Comisión Federal de Electricidad ( CFE) a que por conducto de la CFE Telecom realizara inversiones por cerca de 170 millones de dólares para la instalación de una red de fibra óptica, cuyo objetivo fue dotar a la empresa de sistemas digitales de alta capacidad para la seguridad en la operación de la red eléctrica nacional.

Paralelamente, dicha inversión permitió desarrollar la segunda red de telecomunicaciones más grande del país, la cual ahora se busca poner a disposición de la industria de telecomunicaciones, tal como fue anunciado el 19 de mayo del año en curso por el Ejecutivo federal, quién ofreció licitar las fibras oscuras de la CFE para hacer más eficientes las telecomunicaciones en México.

En tal tenor, la CFE celebró un convenio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde se establece que dicha dependencia del Ejecutivo federal tendrá a su cargo la elaboración de las bases de licitación, los criterios económicos y de evaluación de las propuestas y la conducción de la propia licitación.

Considerando que la red de fibra óptica de la CFE dispone de capacidad de sobra en la materia, la CFE después de un amplio estudio técnico-económico determinó que la licitación de un par de fibra óptica obscura era suficiente para propiciar la disminución de tarifas, incrementar velocidades y ampliar la cobertura de servicios de banda ancha en el país.

No obstante que tal determinación de la CFE está sustentada en estudios técnicos y económicos, existe una corriente de opinión que propone que la licitación no se restrinja a un solo par de fibra óptica, sino que se ofrezca al mercado un mayor número de pares, con el aparente objetivo de disminuir el costo del acceso a dicha red y permitir la participación de un mayor número de empresas.

A este respecto, es conveniente mencionar que la licitación de más de un par de fibra óptica tendrá consecuencias desfavorables en la industria de las telecomunicaciones, ya que se traducirá en un desaliento en las inversiones del sector y en un bajo retorno de la inversión realizada por CFE, por las siguientes razones:

Son tres las rutas a licitar cada una con salida a Estados Unidos (totalizando 21,411 kilómetros a lo largo del país), cuya capacidad de transmisión de información representa varias veces la capacidad de todos los enlaces que actualmente se arriendan en el mercado nacional.

Utilizando las tecnologías ópticas actuales, un solo par de fibra tiene la capacidad de transmitir al menos 800,000 mega bites por segundo (mbps) bidireccionalmente, lo que significa que sumando las tres rutas se puede tener una capacidad de 2,400,000 mbps hacia Internet, lo que equivale a 6 veces el trafico actual de Internet entre México y Estados Unidos.

Como referencia adicional, si se compara esa capacidad contra el tráfico internacional a Internet de algunos países en el 2007, se obtiene lo indicado en la siguiente tabla:

* Fuente: http://earthtrends.wri.org/text/environmental-governance/variable-1496.html

Asimismo, por cada ruta, con un solo par de fibra, se tiene por lo menos 800,000 mbps de capacidad que equivalen a:

La capacidad de soportar 50 millones de conferencias simultáneas proporciona la posibilidad de cursar 7,200 millones de conferencias al día, considerando una duración promedio de 5 minutos por conferencia y 12 horas hábiles al día.

Para poner en perspectiva estos datos, basta recordar que la Comisión Federal de Telecomunicaciones reportó que en 2008 se realizaron en México 6,264 millones de conferencias de larga distancia nacional y 2,023 millones de conferencias de larga distancia internacional (de entrada y salida) dando un total de 8,287 millones de conferencias de larga distancia, lo cual equivale a cursar 22.7 millones de conferencias diarias.

Adicionalmente, se debe considerar que las actuales tecnologías ópticas permiten hacer un uso más eficiente de la fibra óptica y tener una mayor economía de escala al permitir, por ejemplo, que varios concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones por medio del establecimiento de un consorcio adquieran los derechos de uso o explotación de dicho par de fibra óptica, aprovechando de forma eficiente un bien público de la nación.

Por ello, se debe buscar que la licitación garantice la recuperación al estado de todos los costos de inversión y mantenimiento involucrados, a fin de evitar subsidios cruzados que distorsionen el mercado en competencia de servicios de telecomunicaciones de banda ancha de nuestro país, particularmente en las zonas donde ya existe infraestructura desplegada por otros operadores. Cabe recordar que tan solo para el bienio 2006-2007, se autorizó una inversión extraordinaria de 30 mil millones de pesos a la CFE, recursos que fueron destinados a construir 33 rutas de fibra óptica. Asimismo, se debe tomar en cuenta que de 2005 a 2009 la inversión para habilitar a CFE Telecom como operador de telecomunicaciones fue de aproximadamente 170 millones de dólares; es decir, las inversiones que ha realizado el estado mexicano en materia de fibra óptica no son cosa menor y ameritan que su utilización se realice en los términos establecidos en nuestra carta magna, procurando su eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que fueron destinados.

Compañeros diputados: como se puede apreciar por lo expuesto anteriormente, licitar más de un par de fibra óptica implicaría de facto la desaparición de CFE Telecom, y por ende el desaprovechamiento de los recursos invertidos en ella, debido a que no tendría cómo competir con diversos carriers que utilizarían los mismos cables de fibra óptica y proporcionarían servicios de transporte de señales en los mismo lugares que ella, por lo que se estaría echando por la borda todo el trabajo y la inversión que se hizo en CFE Telecom.

Es de destacarse el hecho de que en los lugares donde se licitará el par de fibra óptica de la CFE existe ya infraestructura, estos es, redes de fibra óptica de otros concesionarios como son la propia CFE-Telecom, Alestra, Axtel-Avantel, Bestel-Televisa, Telmex, Metrored, Marcatel y Protel.

La introducción de un exceso de oferta de fibra obscura (más de un par de fibra óptica de la CFE) puede provocar una seria distorsión en el mercado de las telecomunicaciones, sobre todo tomando en cuenta que en el modelo de negocio de los nuevos oferentes no se necesitaría incluir la recuperación de la inversión del despliegue de infraestructura (subsidio estatal), por lo que su entrada tenderá a ser de tipo depredatorio y provocará competencia desleal, debido a que los oferentes establecidos sí deben recuperar sus costos de inversión y de operación en la provisión de sus servicios de telecomunicaciones.

Asimismo, se corre el riesgo de que el Estado deje también de invertir en el despliegue de nuevas redes de fibra óptica debido a que no existirá un esquema de inversión sustentable, imposibilitando el cumplimiento del objetivo de incrementar la cobertura de los servicios de telecomunicaciones.

Al imposibilitar la recuperación de inversión se inhibe el despliegue de nuevas redes de transporte de banda ancha que garanticen una disponibilidad sustentable de servicios de telecomunicaciones en todo el país, sobre todo en zonas marginadas económicamente. Se debe considerar que en el país existen aproximadamente 190,000 localidades y la red de fibra óptica de CFE tiene presencia tan sólo en un poco más de 100 ciudades, siendo imposible que dicha red pueda servir para transportar tráfico de telecomunicaciones a todas las localidades del país, por lo cual se debe tener una política pública que en realidad incentive la inversión para la creación de infraestructura en zonas en donde actualmente no existe, permitiendo la recuperación de dicha inversión.

Al respecto, es conveniente tomar en cuenta la experiencia de países más avanzados en la materia, tal es el caso de la unión europea, quien recientemente emitió las directrices comunitarias para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue rápido de redes de banda ancha (diario oficial de la unión europea del 30 de septiembre de 2009) las cuales establecen claramente que las ayudas estatales no deben desplazar a la iniciativa privada en este sector, ya que podría afectar a las inversiones ya realizadas por los operadores privados y ``socavar significativamente los incentivos de los operadores de mercado para invertir en absoluto en banda ancha''.

Las directrices citadas distinguen tres zonas para discernir cuando debe permitirse la intervención estatal en estos mercados:

Las razones de las directrices citadas están fundamentadas en una sólida teoría y política de competencia económica, por ello es que se considera que arrojan claridad al caso de la infraestructura de fibra óptica de la CFE.

En este contexto, el caso de CFE, caería dentro de los supuestos de una zona negra antes descrita, debido a que el par de fibra óptica obscura que se pretende licitar se encuentra desplegada en lugares donde ya existen al menos dos operadores establecidos, a saber, CFE-Telecom, Telmex, Alestra, Axtel-Avantel, Bestel-Televisa, Metrored, Marcatel y Protel, entre otros, que tienen instaladas redes de fibra óptica.

Lo anterior, aplica también para la red de fibra óptica de la extinta empresa luz y fuerza del centro, debido a que está instalada en lugares donde ya existen por los menos redes de fibra óptica de 7 concesionarios privados de telecomunicaciones: Telmex, Alestra, Axtel-Avantel, Bestel-Televisa, Metrored, Marcatel y Maxcom.

El efecto de ampliar la oferta de fibra óptica obscura será el de competir con las redes ya instaladas de otros operadores, por lo que se manda una fuerte señal al mercado de que el Estado mexicano está dispuesto a inundarlo con capacidad ``innecesaria''. Las consecuencias de este escenario son:

Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Energía, para que remita un informe detallado de las inversiones realizadas por la Comisión Federal de Electricidad para la instalación de su red de fibra óptica; asimismo, que presente un informe sobre las consideraciones técnicas y económicas que sustenten el número de pares de fibra óptica que deben comercializarse y los términos y plazos en que dicha entidad recuperará la inversión realizada.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que remita un informe detallado con su opinión sobre las consideraciones técnicas y económicas que sustenten el número de pares de fibra óptica de la red de la CFE que deben comercializarse y sus posibles efectos en el mercado de las telecomunicaciones en el país.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Energía.

CUENCA DEL LAGO DE CHAPALA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Felipe de Jesús Rangel Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal, a través de la Semarnat y de la Conagua, y a los gobiernos de Jalisco y Michoacán, a que en conjunto emitan un convenio de actividades para la sustentabilidad de la cuenca del lago de Chapala.

El diputado Felipe de Jesús Rangel Vargas: Gracias, señor presidente, con su venia. Me presento en este recinto legislativo a nombre de 32 presidentes municipales de los estados de Jalisco y Michoacán, para exponer a ustedes la urgente necesidad de llevar a cabo el plan intersectorial e interestatal para la sustentabilidad de la cuenca propia del lago de Chapala.

El agua se sitúa cada vez más como un recurso estratégico, el gran reto, además de una exigencia, es disponer de agua en cantidad y calidad suficientes, en un contexto de utilización racional de recurso que permita su periódica renovación. Además, no hay que perder de vista el aspecto precautorio, ya que el cambio climático es capaz de modificar la disponibilidad y las necesidades de agua.

Por tanto, cualquier política pública que aborde la gestión del agua debe plantearse como objetivo que todos los mexicanos tengamos una vida digna, sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras. Esto, compañeros legisladores, es imperativo para el desarrollo integral de nuestro país.

A pesar de la claridad y contundencia de los compromisos contraídos para la conservación del agua, del avance logrado en la legislación, existe un creciente deterioro derivado de la contaminación, sobreexplotación y mal manejo de recursos que evidencia una falta de planeación generalizada.

Lo anterior debe llevar a promover la convergencia de planes e iniciativas bien estructuradas, en las que concurran los tres órdenes de gobierno, la academia y la sociedad civil.

Por su ubicación e importancia para el país, la cuenca propia del lago de Chapala representa un caso especial de atención, al ubicarse en la parte baja de la cuenca Lerma-Chapala se convierte en el vaso receptor de la polución y descargas de agua residuales no tratadas que derivan de la ciudad, de la industria y la agricultura, a lo largo del trayecto de más de 500 kilómetros del río Lerma hasta Chapala.

En este orden de ideas, 15 municipios del estado de Jalisco y 17 del estado de Michoacán han venido trabajando de manera coordinada en la búsqueda de soluciones a la problemática del agua que vive el lago de Chapala, el más importante del país.

En una serie de reuniones llevadas a cabo tanto en Jalisco como en Michoacán se fue integrando un equipo interdisciplinario y multiinstitucional, de cuyo trabajo se obtuvo como resultado el plan interestatal para la sustentabilidad de la cuenca propia del lago de Chapala.

En la elaboración del plan interestatal participaron investigadores de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional y del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social de Occidente; también confluyeron en este esfuerzo funcionarios de la Semarnat y de las comisiones estatales del agua de Jalisco y Michoacán.

De lo que se trata es de aportar, desde lo local, al objetivo central del gobierno federal de avanzar hacía un desarrollo humano sustentable en el país y en regiones como la cuenca propia del lago de Chapala.

Con las estrategias de acción planteadas en el plan interestatal estaremos iniciando el camino para garantizar que todas las poblaciones asentadas en la región de Chapala cuenten con agua suficiente y de calidad, que aseguren su bienestar actual y futuro y que la población con sus acciones cotidianas contribuya y se preocupe por la conservación y mejoramiento de nuestro ambiente.

Con aplicación de este plan estaremos beneficiando de manera directa una población que vive en conjunto de estos municipios y que asciende a más de un millón de habitantes.

Puntos de acuerdo. Primero. Se exhorta al gobierno federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua, a los gobiernos de Jalisco y de Michoacán, a través de las autoridades correspondientes, a que en conjunto emitan un convenio de actividades a desempeñar en el corto, mediano y largo plazo, que tenga por objeto principal la implementación total de los acuerdos conseguidos en el plan interestatal para la sustentabilidad de la cuenca propia del lago de Chapala.

Segundo. El citado convenio y conjunto de acciones deberá ser hecho del conocimiento de esta soberanía durante los tres primeros meses de 2010.

Señor presidente, de igual manera, le solicito se turne a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos, para que dicho plan sea integrado en sus programas y agendas de trabajo. Muchas gracias por su atención.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal --mediante la Semarnat y la Conagua--, de Jalisco y de Michoacán a emitir un convenio de actividades dirigidas a la implantación total de los acuerdos del Plan Interestatal para la Sustentabilidad de la Cuenca del Lago de Chapala, a cargo del diputado Felipe de Jesús Rangel Vargas , del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado Felipe de Jesús Rangel, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Presento en este recinto legislativo, en nombre de 32 presidentes municipales de Jalisco y Michoacán, la urgente necesidad de llevar a cabo el Plan Interestatal para la Sustentabilidad de la Cuenca Propia del Lago Chapala.

El agua se sitúa cada vez más como un recurso estratégico. El gran reto, además de una exigencia, es disponer de agua en cantidad y calidad suficientes, en un contexto de utilización racional del recurso que permita su periódica renovación. Además, no hay que perder de vista el aspecto precautorio, ya que el cambio climático es capaz de modificar la disponibilidad y las necesidades de agua. Por lo tanto, cualquier política pública que aborde la gestión del agua, debe plantearse como objetivo que todos los mexicanos tengamos una vida digna sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras. Esto, compañeros legisladores, es imperativo para el desarrollo integral del país.

A pesar de la claridad y contundencia de los compromisos contraídos para la conservación del agua y del avance logrado en la legislación, existe un creciente deterioro derivado de la contaminación, sobreexplotación y el mal manejo del recurso que evidencian una falta de planeación generalizada. Lo anterior debe llevar a promover la convergencia de planes e iniciativas, bien estructuradas, en las cuales concurran los tres órganos de gobierno, la academia y la sociedad civil.

Por su ubicación e importancia para el país, la cuenca propia del lago de Chapala representa un caso de especial atención. Al ubicarse en la parte baja de la cuenca Lerma-Chapala se convierte en el vaso receptor de la polución y descargas de aguas residuales no tratadas que se derivan de las ciudades, la industria y la agricultura, a lo largo del trayecto de más de 500 kilómetros desde el río Lerma hasta Chapala.

En este orden de ideas, 15 municipios de Jalisco y 17 de Michoacán han venido trabajando, de manera coordinada, en la búsqueda de soluciones a la problemática del agua que vive el lago más importante del país, Chapala. En una serie de reuniones llevadas a cabo tanto en Jalisco como en Michoacán, se fue integrando un equipo interdisciplinario y multiinstitucional, de cuyo trabajo se obtuvo como resultado el Plan Interestatal para la Sustentabilidad de la Cuenca Propia del Lago Chapala.

En la elaboración del plan interestatal participaron investigadores de las Universidades de Guadalajara, la Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional y del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social de Occidente. También confluyeron en este esfuerzo funcionarios de la Semarnat y las Comisiones estatales del Agua de Jalisco y Michoacán.

El Plan Interestatal para la Sustentabilidad de la Cuenca Propia del Lago Chapala es avalado por los siguientes 15 municipios de Jalisco: Jocotepec, Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jamay, Poncitlán, La Barca, Tizapán el Alto, Tuxcueca, La Manzanilla de la Paz, Arandas, Atotonilco el Alto, Tototlán, Ocotlán y Jesús María; y 17 municipios de Michoacán: Tangamandapio, Tangancícuaro, Tlazazalca, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa, Zamora, Sahuayo, Jacona, Purépero, Pajacuarán, Marcos Castellanos, Jiquilpan, Ixtlán, Chavinda, Cojumatlán de Régules y Briseñas.

Como se puede observar, el consenso que trae consigo el Plan Interestatal tiene mucho peso. El plan conjunta el esfuerzo de académicos, funcionarios municipales, estatales y federales de gran experiencia en el tema, sin importar la distinción partidista. Me queda claro que estamos frente a un modelo de gestión pública participativa que nos servirá de ejemplo para enfrentar otros problemas ambientales de otras regiones del país.

Somos concientes que hasta hoy, la degradación del lago no se ha detenido, a pesar de las acciones de saneamiento en proceso y el avance en la construcción y puesta en marcha de las plantas de tratamiento en diferentes localidades. Sin embargo, las afectaciones colaterales son bastantes: la afectación al sector agropecuario; el deterioro en la ganadería y sus derivados, la caída de la acuacultura y el sector pesquero tanto en las presas, como en ríos y el propio lago de Chapala; además de la baja en la producción forestal (meseta Purépecha y sierras), el estancamiento en la producción industrial (alimentos y otros productos) y el decremento de la actividad turística.

De lo que se trata es de aportar desde lo local al objetivo central del gobierno federal de avanzar hacia un desarrollo humano sustentable en el país y en regiones como la cuenca propia del lago Chapala. Con las estrategias de acción planteadas en el Plan Interestatal estaremos iniciando el camino para garantizar que todas las poblaciones asentadas de la región Chapala cuenten con agua suficiente y de calidad, que aseguren su bienestar actual y futuro y que la población con sus acciones cotidianas contribuya y se preocupe por la conservación y mejoramiento del medio ambiente. Con este plan avanzaremos en la recuperación de la salud del lago más importante del país, lo que a su vez incidirán en el mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos estrechamente vinculados al lago Chapala.

Con base en lo anterior, para promover el manejo sustentable de la cuenca, el equipo interdisciplinario y multiinstitucional, identificó seis líneas de acción estratégicas vinculadas a la construcción de infraestructura para el saneamiento de aguas, gestión institucional, investigación y monitoreo, normatividad, cultura ambiental y nueva cultura del agua y conservación y restauración ambiental.

Con la aplicación de este plan estaremos beneficiando de manera directa a una población que vive en este conjunto de municipios y que asciende a 1 millón 96 mil 661 habitantes, de los cuales 537 mil 885 viven en Jalisco y 558 mil 776 en Michoacán. De manera indirecta estaremos contribuyendo a la restauración de una de las cuencas más importantes el país, la cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico.

En virtud de lo expuesto y con base en los artículos 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno federal a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua, a los gobiernos de Jalisco y de Michoacán a través de las autoridades correspondientes, para que en conjunto, emitan un convenio de actividades a desempeñar en el corto, mediano y largo plazo, que tenga por objeto principal la implantación total de los acuerdos conseguidos en el Plan Interestatal para la Sustentabilidad de la Cuenca Propia del Lago Chapala.

Segundo. El citado convenio y conjunto de acciones, deberá ser hecho del conocimiento de esta soberanía durante los primeros tres meses del año 2010.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Muchas gracias, diputado Rangel Vargas.Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El diputado Carlos Luis Meillón Johnston (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: ¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Carlos Luis Meillón Johnston (desde la curul): Preguntar al diputado Rangel si me permite adherirme a su propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Rangel Vargas, ¿acepta usted la propuesta?

El diputado Felipe de Jesús Rangel Vargas (desde la curul): Acepto.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Está aceptando. Todos los señores diputados o diputadas que quieran adherirse pueden pasar a la Secretaría para firmar la iniciativa correspondiente.

Me permito informarles, señoras diputadas y señores diputados, que nos visitan alumnos y maestros del Instituto de Estudios Superiores del Altiplano, de Tlanalapa, Hidalgo, invitados por el diputado Jorge Romero Romero .

Igualmente, alumnos y maestros de la escuela primaria Mariano Riva Palacio, invitados por el diputado Roberto Rebollo Vivero .

También nos visitan alumnos y maestros de la Universidad del Valle, de Querétaro, invitados por el diputado Miguel Martínez Peñaloza .

Alumnos y maestros de la escuela secundaria técnica 30 Mártires de Uruapan, de Uruapan, Michoacán, invitados por el diputado Uriel López.

Nos visitan alumnos y maestros de la Escuela Libre de Ciencias Políticas y Administración Pública de Oriente, de Xalapa, Veracruz, invitados por el diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo .

Alumnos y maestros de la Unitec, campus Ecatepec, invitados por el diputado Sergio Octavio Germán Olivares .

También alumnos y maestros de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Facultad de Derecho, invitados por la diputada Marcela Torres Peimbert.

Igualmente me permito informarles, señoras diputadas y señores diputados, que se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política, de la cual pido a la Secretaría que se sirva dar cuenta.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Bicentenario de la Independencia.--- Centenario de la Revolución.--- LXI Legislatura.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo vigésimo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted, atentamente, consultar al pleno la modificación al orden del día para la inclusión correspondiente en el primer turno posible del siguiente asunto:

• Proposición con punto de acuerdo, relativo a las fallas detectadas en la operación de los puntos de revisión en carreteras federales del país, en lo particular en el ubicado en el municipio de Benjamín Hill, en Sonora, y en la forma en que afectan al comercio, turismo y otros sectores productivos, y al bienestar de los ciudadanos que hacen uso de las vías de comunicación referidas, a cargo del diputado Ernesto de Lucas Hopkins , y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica, se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa.

ESTADO DE SONORA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: En consecuencia, tiene la palabra el diputado José Luis Marcos León Perea, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a las fallas detectadas en la operación de los puntos de revisión en las carreteras federales del país, en particular en el ubicado en el municipio de Benjamín Hill, Sonora, y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI. Hará la presentación de la proposición el diputado Ernesto de Lucas.

El diputado Ernesto de Lucas Hopkins: Con su permiso, señor presidente, con el permiso de la Mesa Directiva. Honorable asamblea, los que suscribimos este documento, diputados Miguel Ernesto Pompa Corella, José Luis Marco León Perea, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, Onésimo Mariscales Delgadilloy Jesús Alberto Cano Vélez, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, en ejercicio del derecho de iniciativa previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a las fallas detectadas en la operación de los puntos de revisión en carreteras federales del país, en particular en el ubicado en el municipio de Benjamín Hill, Sonora, y la forma en que éstos afectan al comercio, turismo y otros sectores productivos y al bienestar de los ciudadanos que hacen uso de las vías de comunicación referidas.

Exposición de motivos: en Sonora por varios años se ha generado un problema con los puntos de revisión instalados en carreteras federales por parte de la Procuraduría General de la República y el Ejército mexicano, provocando una inconformidad cada vez mayor ante la actitud de los responsables de estos retenes y por la falta de agilización en dicha revisión, estimulando retrasos en el tránsito de los ciudadanos y ocasionando su irritación en un gran número de casos, llevando así a pérdidas económicas del comercio, por entrega fuera de tiempo en productos, al tener que realizar filas de algunas decenas de kilómetros.

La revisión a la que son sometidos miles de ciudadanos a diario por los cuerpos de seguridad mencionados causa, sin duda, actos de molestia en menoscabo de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo.

De lo anterior podemos manifestar que los actos de autoridad que cometen los servidores públicos que laboran en los comúnmente denominados ``Precos'' constituyen actos de molestia al ciudadano que se traducen en restricciones provisionales de sus garantías, pues se realizan revisiones en bienes personales, como equipaje o carga de particulares, sin orden girada por autoridad competente que funde y motive la razón que le da origen a tal procedimiento, violando los dispositivos constitucionales citados anteriormente.

Ahora bien, no es menester de esta proposición pugnar por la eliminación de los llamados retenes, dada la imperiosa necesidad de llevar a cabo los operativos encaminados a la erradicación del tráfico de enervantes, de armas de fuego e indocumentados y considerando que estos operativos han reportado importantes golpes al narcotráfico, al tráfico de armas y al tráfico de humanos, disminuyendo la delincuencia organizada en el país.

En cambio, se considera necesario que se establezcan mecanismos que regulen la operación en los puntos de revisión, en el sentido de que causen las menores molestias y pérdidas económicas posibles a los usuarios de las vías de comunicación afectadas.

Es de conocimiento público que el objetivo que tiene el gobierno federal es reubicar los puntos de revisión carretero a las fronteras del estado, con el objetivo de que sea el Ejército mexicano el encargado de realizar dichas revisiones y que se instalen equipos necesarios, tales como arcos de rayos gama, con lo que a su vez se buscaría hacer más ágil el proceso de revisión, en lugar de tener que revisar cada camión de manera física o manual.

Tal es el caso del punto de revisión ubicado en la carretera federal número 2, en el tramo de Hermosillo-Benjamín Hill, que a pesar de haber recibido una millonaria inversión para modernizar y agilizar la revisión sigue provocando los retrasos, las filas, las pérdidas económicas y molestias ciudadanas que existían antes de esta modificación tan costosa y desafortunadamente por los resultados tan inútiles a la fecha.

Por ello, para colocarnos a la vanguardia en esa lucha, pero sin continuar violentando nuestras garantías constitucionales, es urgente efectuar acciones que minimicen los contras que desgastan la tranquilidad y confianza.

En dicho tenor, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que, en caso de aplicar un plan específico para el combate al flagelo del narcotráfico en el cual sea necesario implementar revisiones a las personas en tránsito por el país, éstas se realicen mediante la utilización de la infraestructura tecnológica, humana y material adecuada para que el tránsito de personas y vehículos se desarrolle en forma ágil, procurando la menor afectación posible a la economía nacional.

Atentamente, diputado Ernesto de Lucas Hopkins , Miguel Ernesto Pompa Corella , José Luis Marco León Perea, Manuel Ignacio J. Gutiérrez, Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, Onésimo Mariscal Delgadillo, Jesús Alberto Cano Vélez . Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a las fallas detectadas en la operación de los puestos de revisión en carreteras federales, en particular el de Benjamín Hill, Sonora, y a la forma en que afectan el comercio, el turismo y otros sectores productivos, así como el bienestar de los usuarios, a cargo del diputado José Luis Marco León Perea y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscribimos este documento, diputados Miguel Ernesto Pompa Corella , Ernesto De Lucas Hopkins, José Luis Marcos León Perea , Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez , Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, Onésimo Mariscales Delgadillo y Jesús Alberto Cano Vélez , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXI Legislatura, en ejercicio del derecho de iniciativa previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a las fallas detectadas en la operación de los puntos de revisión en carreteras federales del país, en lo particular en el ubicado en el municipio de Benjamin Hill, Sonora, y la forma en que afectan al comercio, turismo y otros sectores productivos, y al bienestar de los ciudadanos que hacen uso de las vías de comunicación referidas.

Exposición de Motivos

En Sonora, por varios años se ha generado un problema con los puntos de revisión instalados en las carreteras federales por parte de la Procuraduría General de la República y el Ejército Mexicano, provocando una inconformidad cada vez mayor ante la actitud de los responsables de estos retenes y por la falta de agilización en dicha revisión, estimulando retrasos en el tránsito de los ciudadanos y ocasionando su irritación en un gran número de casos, pérdidas económicas del comercio por entregas fuera de tiempo en productos, al tener que realizar filas de algunos kilómetros en la revisión.

La revisión a la que son sometidos miles de ciudadanos a diario por los cuerpos de seguridad mencionados causan, sin duda, actos de molestia, en menoscabo de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, que a la letra establecen:

De lo anterior, podemos manifestar que los actos de autoridad que cometen los servidores públicos que laboran en los comúnmente conocidos como ``Precos'', constituyen actos de molestia al ciudadano que se traducen en restricciones provisionales de sus garantías individuales, pues se realizan revisiones en bienes personales, como equipaje o carga de particulares, sin orden girada por autoridad competente que funde y motive la razón que le da origen a tal procedimiento, violando los dispositivos constitucionales citados anteriormente, particularmente porque, al no tener la orden señalada, se actualiza el supuesto de la falta de atribución de la autoridad para realizar tales actos.

Ahora bien, no es menester de esta proposición pugnar por la eliminación de los llamados ``retenes'', dada la imperiosa necesidad de llevar a cabo los operativos encaminados a la erradicación del tráfico de enervantes, de armas de fuego e indocumentados, y considerando que estos operativos han reportado importantes golpes al narcotráfico, al tráfico de armas y de humanos, disminuyendo la delincuencia organizada en el país.

En cambio, se considera necesario que se establezcan mecanismos que regulen la operación en los puntos de revisión, en el sentido de que causen las menores molestias y pérdidas económicas posibles a los usuarios de las vías de comunicación afectadas, como son las familias, transportistas de perecederos, agricultores, comerciantes, turistas nacionales y extranjeros, por citar algunos.

Es de conocimiento público que el objetivo que tiene el gobierno federal es reubicar los puntos de revisión carretero a las fronteras del estado con el objetivo de que sea el Ejército Mexicano el encargado de realizar dichas revisiones y se instalen equipos necesarios tales como arcos de rayos gama, con lo que a su vez, se buscaría hacer más ágil el proceso de revisión, en lugar de tener que revisar cada camión de manera física y manual.

Tal es el caso del punto de revisión ubicado en la carretera federal número 2, en el tramo de Hermosillo a Benjamin Hill, que, a pesar de haber recibido una millonaria inversión para modernizar y agilizar la revisión, sigue provocando los retrasos, las filas, las pérdidas económicas y molestias ciudadanas que existían antes de esta modificación, tan costosa y, desafortunadamente por los resultados, tan inútil.

Por ello, para colocarnos a la vanguardia en esta lucha, pero sin continuar violentando nuestras garantías constitucionales, es urgente efectuar acciones que minimicen los contras que desgastan la tranquilidad y confianza de los ciudadanos; más aún cuando perturban la paz y ahuyentan al turismo nacional e internacional, así como también provocan cuantiosas pérdidas económicas a los sectores industriales y agrícolas del país y de Sonora.

En dicho tenor, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición de

Punto de Acuerdo

Único. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en caso de aplicar un plan específico para el combate al flagelo del narcotráfico en el cual sea necesario implementar revisiones a las personas en tránsito por el país, éstas se realicen mediante la utilización de la infraestructura tecnológica, humana y material adecuada para que el tránsito de personas y vehículos se desarrolle en forma ágil, procurando la menor afectación posible de la economía nacional.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.

La diputada Dolores del Río ha solicitado adherirse a su propuesta, señor diputado. ¿Está usted de acuerdo? Puede pasar la diputada Dolores del Río a firmar la propuesta.

ESTADO DE GUERRERO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Guerrero y a la Procuraduría de Justicia del estado a respetar las garantías de libertad de expresión del director del periódico El Sur, de Acapulco.

La diputada Florentina Rosario Morales: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, la suscrita, diputada federal de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de lo siguiente:

El Estado mexicano debe garantizar la defensa y protección intrínseca de la libertad de expresión de cada uno de los ciudadanos mexicanos y específicamente debe de proteger, sin miramiento, la integridad de los responsables de informar desde diversas trincheras de la comunicación lo que acontece en nuestro país.

Pero la inacción del Estado y la creación de la burocracia ineficiente devienen de la falta de investigación y sanción en contra de los responsables de la violencia contra periodistas. Con gran preocupación vemos que ésta es una constante y va en aumento.

Sólo en 2009 se han registrado más de 90 denuncias, de las cuales 80 por ciento son contra funcionarios públicos, lo cual hace que las investigaciones se vean entorpecidas por el sistema de corrupción que protege a muchos de ellos.

Las autoridades federales y estatales omiten prevenir, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de las violaciones del derecho a la vida, a la integridad personal y al trabajo, convirtiéndose en un aliciente para los agresores de periodistas.

Bajo este contexto, en días pasados se ha citado a declarar, por un artículo periodístico, al director del periódico El Sur, Juan Angulo Osorio, quien el 3 de septiembre, posterior al cobarde asesinato del presidente de la Cámara de Gobierno, el diputado local Armando Chavarría Barrera, escribió, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, sobre este crimen y hoy, ante esta supuesta pista, se le ha citado a declarar.

Lo anterior demuestra la grave falta de respeto a la libertad periodística y se confabula un grave atentado a la libertad de expresión contra un medio de comunicación y un periodista destacado.

No omito mencionar que ese crimen sigue impune y, ante la falta de resultados de la procuraduría estatal, se convierte esto en una ofensa grave ante las solicitudes de esclarecimiento.

No olvidemos que los medios de comunicación basan sus investigaciones periodísticas en la libertad de prensa, expresión y protección de fuentes. Éstos son derechos fundamentales que todo gobierno debe respetar.

Ante esto, diversas organizaciones de derechos humanos de Guerrero se han inconformado y presentado diversos recursos ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la cual dictó medidas cautelares a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, a fin de evitar la detención, con fines de presentación y declaración sobre el caso del homicidio del diputado local Armando Chavarría, al director del periódico El Sur, Juan Angulo, ya que de citarlo se aseguraría que puede proporcionar datos que esclarezcan dicho crimen; y hay que dejar en claro que no es testigo presencial, solamente un periodista que ejerce su derecho a expresarse.

Por lo expuesto, realizo la siguiente proposición con puntos de acuerdo:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, con total respeto a la división de poderes, al gobernador de Guerrero, contador público Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, a acatar las medidas cautelares dictadas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos sobre el director del periódico El Sur, Juan Angulo Osorio.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, con total respeto a la división de poderes, al encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, licenciado Albertico Guinto Sierra, a respetar y garantizar los derechos relativos a la libertad de expresión y dar garantías a los periodistas y miembros del periódico El Sur. Por su atención, gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y a la Procuraduría de Justicia de Guerrero a respetar la libertad de expresión del director del periódico El Sur de Acapulco, a cargo de la diputada Florentina Rosario Morales , del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita diputada federal a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Estado Mexicano debe garantizar la defensa y protección intrínseca de la libertad de expresión de cada uno de los ciudadanos mexicanos, y específicamente debe proteger sin miramientos la integridad de los responsables de informar desde diversas trincheras de la comunicación, lo que acontece en nuestro país.

Pero la inacción del Estado Mexicano y la creación de burocracia ineficiente, deviene en la falta de investigación y sanción en contra de los responsables por la violencia contra periodistas, con gran preocupación vemos que esto es una constante y va en aumento.

Sólo en 2009 se han registrado más de 90 denuncias de las cuales el 80 por ciento son contra funcionarios públicos, lo cual hace que las investigaciones se vean entorpecidas por el sistema de corrupción que protege a muchos de ellos.

Las autoridades federales y estatales omiten prevenir, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de las violaciones del derecho a la vida, a la integridad personal y al trabajo, convirtiéndose en un aliciente para los agresores de periodistas.

Bajo este contexto en días pasados se ha citado por un artículo periodístico a declarar al director del periódico El Sur, Juan Angulo, quien el 3 de septiembre posterior al cobarde asesinato del presidente de la Comisión de Gobierno, el diputado local Armando Chavarría, escribió, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión sobre este crimen, y hoy ante esa supuesta pista se le ha citado.

Lo anterior demuestra la grave falta de respeto a la libertad periodística y se confabula un grave atentado a la libertad de expresión contra un medio de comunicación y un periodista destacado.

No omito mencionar que ese crimen sigue impune y que ante la falta de resultados de la Procuraduría estatal se convierte esto en una ofensa grave ante las solicitudes de esclarecimiento.

No olvidemos que los medios de comunicación basan sus investigaciones periodísticas bajo la libertad de prensa, expresión y protección de fuentes, estos son derechos fundamentales que todo gobierno democrático debe respetar.

Ante esto diversas organizaciones de derechos humanos del estado de Guerrero, se han inconformado y presentaron diversos recursos ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la cual dictó medidas cautelares a la Procuraduría de Justicia del estado de Guerrero, a fin de evitar la detención con fines de presentación y declaración sobre el caso del homicidio del diputado local, Armando Chavarría, al director del periódico El Sur, Juan Angulo.

Ya que de citarlo se aseguraría que puede proporcionar datos que esclarezcan dicho crimen, y hay que dejar en claro que no es testigo presencial, solamente un periodista que ejerce su derecho a expresarse.

Por lo anteriormente expuesto realizo la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta con total respeto a la división de poderes al gobernador del estado de Guerrero, CP Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, a acatar las medidas cautelares dictadas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos sobre el director del periódico El Sur, Juan Angulo.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta con total respeto a la división de poderes al encargado de despacho de la Procuraduría General de Justica del estado de Guerrero, licenciado Albertico Guinto Sierra, a respetar y garantizar los derechos relativos a la libertad de expresión y dar garantías a los periodistas y miembros del periódico El Sur.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, diputada.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Señoras diputadas y señores diputados, les informo que nos visitan alumnos y maestros de la escuela primaria Mariano Riva Palacio, de la delegación Gustavo A. Madero, invitados por el diputado Roberto Rebollo Vivero .

Igualmente, invitada por su servidor, la doctora Francesca Agnetha, ex responsable de organizaciones no gubernamentales de cooperación para Argentina, Brasil y Ecuador, del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Italia.

Igualmente nos visitan alumnos y maestros de la Universidad Autónoma de Guerrero, invitados por el diputado Ilich Augusto Lozano Herrera.

Alumnos y maestros de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Autónoma del Estado de México, invitados por el diputado Ignacio Pichardo Lechuga.

Mandamos un saludo a todos nuestros visitantes.

LUZ Y FUERZA DEL CENTRO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Señoras diputadas y señores diputados, se recibió del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernacióna incorporar en la agenda de la Comisión de Intermediación el tema de la contratación colectiva de las trabajadoras y de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y la vigencia del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a incorporar en la agenda de la comisión de intermediación el tema de la contratación colectiva de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y la vigencia del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Francisco Hernández Juárez , diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en los artículo 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Gobernación a incorporar en la comisión de intermediación el tema de la contratación colectiva de las y los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y la vigencia del decreto de Luz y Fuerza del Centro, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A más de un mes del conflicto laboral derivado del decreto emitido por el Ejecutivo federal sobre la extinción de Luz y Fuerza del Centro, y de las diferentes vías que se han intentado construir con las instancias del gobierno federal competentes en la solución de este problema laboral, la disposición de la autoridad para abrir mecanismos para que el diálogo entre las partes en conflicto pueda encontrar la vía para los acuerdos, apenas empieza a mostrarse.

El Sindicato Mexicano de Electricistas sigue luchando por el respeto a los derechos laborales de sus integrantes, utilizando las vías pacíficas a su alcance para contrarrestar la campaña mediática del gobierno federal y lograr que la opinión pública conozca la situación real por la que atraviesa el sector eléctrico, y que la solución no pasa por responsabilizar a las y los trabajadores de las políticas que gobiernos anteriores y el actual han sostenido de subsidios cruzados, de falta de inversión para modernizar la planta, del despido de la noche a la mañana de más de 44 mil trabajadoras y trabajadores sin haber agotado las posibilidades de rescatar al sector eléctrico. El sindicato sigue buscando a través de los Poderes Judicial y Legislativo la vía de negociación.

El señor Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, propuso el lunes 30 de noviembre --a través de un medio televisivo--, la creación de una comisión de intermediación conformada por los coordinadores de los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN y PRD en el Senado, el director del Instituto Politécnico Nacional y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el objetivo de abrir un espacio de negociación que permita encontrar los acuerdos necesarios en el marco del respeto irrestricto de los derechos laborales y la contratación colectiva.

El gobierno federal, a través del secretario de Gobernación decidió ``tomar la palabra'' y aceptar ese espacio de intermediación; sin embargo, separó de la posible agenda a tratar temas fundamentales para las trabajadoras y trabajadores como es la contratación colectiva y la vigencia del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.

Aunque la propuesta está en la mesa y los interlocutores se dicen dispuestos a participar es fundamental que el diálogo propuesto rinda frutos; se ha dado el primer paso para encontrar los acuerdos, restablecer el estado de derecho y sentar las bases de un diálogo respetuoso entre los actores para la solución del conflicto, por eso consideramos fundamental que de entrada no se descarten de la agenda los aspectos centrales que originaron este conflicto y sin cuyo tratamiento la intermediación propuesta podría quedar nulificada. Proponemos que esta soberanía respalde políticamente el establecimiento de esta mesa diálogo y exhorte a las parte a no acortar de antemano un diálogo cuyos resultados serían alentadores para encontrar una solución fundamentada en la equidad y los derechos de las y los trabajadores electricistas.

Por lo expuesto y fundado, el suscrito diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática someto a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión manifiesta su respaldo a la instalación de una comisión de intermediación que coadyuve a través de una mesa de diálogo a encontrar por consenso las medidas que solucionen el conflicto laboral suscitado por el decreto de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.

Segundo. Asimismo, exhorta al gobierno federal a incluir en la agenda de la mesa de diálogo --a que se refiere el resolutivo anterior-- los temas referentes a la contratación colectiva de los trabajadores y las trabajadoras afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas y la vigencia del decreto de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Junta de Coordinación Política.

VIRUS DE LA INFLUENZA AH1N1

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Pasaremos al capítulo Excitativas. La Presidencia recibió de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD, solicitud de excitativa a las Comisiones Unidas de Salud y de Economía.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Excitativa a las Comisiones Unidas de Salud, y de Economía, a solicitud de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal , del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita diputada federal, Mary Telma Guajardo Villarreal , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, numeral 1, inciso e), 39 numeral 3, y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicita tenga a bien formular excitativa a las Comisiones Unidas de Salud, y de Economía, para que a la brevedad dictaminen el punto de acuerdo, que insta a la Secretaría de Salud a implantar una campaña nacional en los medios de información masiva, en particular en los hospitales públicos y privados, sobre la gratuidad de la vacuna contra la influenza AH1N1 y la facultad exclusiva de la dependencia federal para adquirirla y aplicarla, a fin de evitar que la población sea objeto de engaños o fraudes por la venta de vacunas falsas, y a la Profeco a vigilar que los establecimientos y giros comerciales no incurran en prácticas dolosas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. En la sesión del martes 6 de octubre de 2009, la suscrita presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo, por el que se que insta a la Secretaría de Salud a implantar una campaña nacional en los medios de información masiva, en particular en los hospitales públicos y privados, sobre la gratuidad de la vacuna contra la influenza AH1N1 y la facultad exclusiva de la dependencia federal para adquirirla y aplicarla, a fin de evitar que la población sea objeto de engaños o fraudes por la venta de vacunas falsas, y a la Profeco a vigilar que los establecimientos y giros comerciales no incurran en la prácticas dolosas.

Segundo. El punto de acuerdo de referencia fue turnado por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a las Comisiones Unidas de Salud, y de Economía, para su estudio y dictamen.

Tercero. El artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General establece que toda comisión deberá presentar su dictamen dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que haya recibido los asuntos turnados. Asimismo, el artículo 91 de dicho cuerpo normativo señala que cuando una comisión juzgase necesario o conveniente demorar o suspender el despacho de algún negocio lo manifestará a la Cámara antes de que expire el término de cinco días.

No obstante lo anterior, han transcurrido dos meses desde su presentación y turno correspondiente, pero las Comisiones Unidas de Salud, y de Economía no han presentado al pleno de la Cámara de Diputados el dictamen respectivo, incumpliendo con lo establecido por el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuarto. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados tiene la facultad, conforme a la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para excitar a las Comisiones Unidas de Salud, y de Economía a que presenten el dictamen correspondiente, toda vez que han transcurrido con exceso los cinco días después de aquel en que se les turnó un asunto.

Quinto. El punto de acuerdo en cuestión se deriva del ofrecimiento o la venta de vacunas falsas que, desde el pasado mes de octubre, comenzó, a inundar diversos espacios publicitarios con anuncios como los siguientes: ``¡Ya tenemos la vacuna contra la influenza, adquiérala aquí'' o ``Protégete contra la influenza, apártala con 100 pesos''; en otros casos, simplemente se proporciona los números telefónicos para adquirirla.

Al respecto, también desde octubre pasado, el titular de la Secretaría de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, admitió en los medios masivos de información que personas sin escrúpulos estaban vendiendo u ofertando a la población la adquisición de vacunas falsas contra la influenza, por lo que hizo un llamado para no caer en este engaño.

Sexto. Conviene precisar que desde el multicitado mes de octubre pasado, las autoridades de la Secretaría de Salud no han tomado las medidas necesaria para evitar la venta de vacunas falsas contra la influenza A (H1AN1), y prueba de ello es que el lunes 30 de noviembre, nuevamente por los medios de información se dio a conocer la persistencia de esa práctica fraudulenta.

La excitativa se fundamenta también en que la venta vacunas falsas no sólo implica un fraude económico a aquellas personas que caigan en el garlito de adquirirlas. Lo peor es que estarían poniendo en riesgo su salud y su vida, porque de nada les servirían para combatir el nuevo virus pandémico.

Por lo expuesto, solicito atentamente a usted ciudadano presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados que:

Único. Con base en los términos de las consideraciones expuestas y de conformidad con los preceptos legales invocados, se sirva excitar a las Comisiones Unidas de Salud, y de Economía de la Cámara de Diputados, para que a la brevedad presenten el dictamen correspondiente al punto de acuerdo, por el que se que insta a la Secretaría de Salud a implantar una campaña nacional en los medios de información masiva, en particular en los hospitales públicos y privados, sobre la gratuidad de la vacuna contra la influenza AH1N1 y la facultad exclusiva de la dependencia federal para adquirirla y aplicarla, a fin de evitar que la población sea objeto de engaños o fraudes por la venta de vacunas falsas, y a la Profeco a vigilar que los establecimientos y giros comerciales no incurran en la prácticas dolosas.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones mencionadas a emitir el dictamen correspondiente.

Pasamos al capítulo Efemérides. Se retira del orden del día la presentada por la diputada María del Pilar Torre Canales , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

REVOLUCION MEXICANA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del PAN, hizo llegar a la Mesa Directiva el texto de su intervención referente a la efeméride del aniversario de la Revolución Mexicana. Insértese en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Efeméride, con motivo del día de la Revolución Mexicana, a cargo de la diputada Maria de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con su venia diputado presidente, compañeras y compañeros diputados:

El Partido Acción Nacional, centra su pensamiento y acción en la primacía de la persona humana, busca el ejercicio responsable de la libertad de la democracia que conduzca a la justicia y a la igualdad de oportunidades para la consecución del bien común.

México celebra hoy uno de los mejores días de su historia, saludamos a todos aquellos soldados, ideólogos, combatientes que lucharon y murieron por la revolución y también a todos aquellos que hasta nuestros días han contribuido con su pensamiento y su acción a la justicia social, al bienestar de sus comunidades a la soberanía nacional, a los que ayer murieron y a los que hoy, en el trabajo afanoso de cada día, cumplen, las más de las veces anónimamente, en el deber de hacer algo por nuestro país.

Cuando hablamos de nuestra revolución no estamos usando palabras huecas. Estamos refiriéndonos a un gran movimiento popular, de profundo sentido progresista, vastas manifestaciones políticas, económicas y sociales, que ha tenido, tiene y seguirá teniendo una influencia decisiva en el destino de México.

Debemos tener siempre presente que la Revolución Mexicana fue el primer movimiento del siglo XX que culminó sus ideales de justicia social en la Constitución de 1917, la Revolución Mexicana es antes que nada una exigencia democrática, un grito contra la opresión política, el reconocimiento de que el problema de México tiene ondas raíces autoritarias que sólo con el impuso de una cultura de la democracia habrán de ser desterradas de una vez y para siempre.

La Revolución Mexicana no cumplió con todos los postulados que enarboló, ya que muchos de los vicios que existían en el gobierno se mantuvieron y los más beneficiados de la revolución fueron solo una pequeña parte: los jefes revolucionarios.

Muchos retos que enarboló la revolución no han sido conseguidos, es momento de replantearse nuevas estrategias para que podamos lograrlos, ya no por los medios violentos, sino por los medios que nos da la democracia y la participación democrática.

Condenamos a quienes niegan valor actual a nuestra revolución, a quienes desde el fondo de su frustración, de su egoísmo o de su miopía la consideran un hecho histórico liquidado. Afirmamos desde la más profunda entraña del pueblo mexicano, desde la raíz misma de nuestra historia, de nuestro presente y de nuestro futuro, que la Revolución Mexicana esta en pie, que no ha terminado; que sus realizaciones son evidentes, que solo la pasión sectaria pueden negarlo y que aun le falta mucho por avanzar para la consumación de sus objetivos superiores.

La causa de nuestro tiempo, la causa de nuestra vida, en nuestro país, es la revolución mexicana, porque representa las aspiraciones más nobles y generosas del pueblo y de la nación.

A un aniversario más de la Revolución Mexicana nuestra legislación es ya muy completa, es más existe una sobre especialización de leyes y derechos, se requiere más que nunca plasmarlos en el terreno de la aplicación, más que seguir exigiendo más leyes y derechos que de nada nos sirve tenerlos si no se aplican.

Por lo anterior compañeras diputadas y diputados, en virtud de que todos los partidos políticos representados en esta Cámara se han pronunciado a favor de la libertad, podemos concluir que existe una gran cantidad de personajes en nuestro país que han sido destacados como es el caso de los que participaron en la Revolución Mexicana. Muchas Gracias

CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI, para referirse a la efeméride con motivo del vigésimo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, a pesar de que esta efeméride pasó el 20 de noviembre, creo que siempre es oportuno poder hablar de los derechos de los niños. Y, hoy aquí, nos visitan niños de escuelas que están aquí acompañándonos, y con mayor razón me da mucho gusto participar en la efeméride del 20 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño.

La niñez puede ser un espacio de aprendizaje, juegos, descubrimiento del mundo, curiosidad, formación de la personalidad, adquisición de principios de vida, desarrollo de capacidades en un entorno de igualdad y establecimiento de relaciones humanas afectivas, pero también puede convertirse en un espacio de jornadas laborales ilegales y extenuantes, situación de calle, explotación sexual, trata, migración, violencia, desprotección e indiferencia.

Somos los adultos los responsables de un escenario o del otro. Conscientes de esto, en 1989, representantes de la mayoría de los países del mundo reunidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptaron la Convención sobre los Derechos del Niño. Justamente hace 20 años.

Este instrumento internacional, conocido como la ``revolución francesa de los niños'', por su paralelismo con aquél momento histórico en el que las demandas por derechos cobraron voz e hicieron eco en gran parte del mundo, propone nuevos aportes a los contenidos de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, avanzando de manera fundamental en el aspecto jurídico al hacer a los Estados parte jurídicamente responsables de su cumplimiento. Representa un compromiso vinculante para todos los estados que decidieron formar parte de la convención suscribiéndola y ratificándola.

A la fecha, es el instrumento internacional que más ratificaciones ha recibido en la historia del desarrollo del derecho internacional, faltando únicamente dos países: Estados Unidos y Somalia.

En la Convención de los Derechos del Niño se subraya de manera especial la responsabilidad primordial de la familia, en lo que respecta a la protección y asistencia. La importancia del respeto de los valores culturales, de la comunidad del niño y el papel crucial de la cooperación internacional para que los derechos de las niñas y de los niños se hagan realidad.

Si nos ponemos a pensar lo que tuvo que haber ocurrido para que las naciones del mundo se reunieran a fin de reconocer jurídicamente a las niñas y niños como sujetos de derecho, plasmado esto en un tratado internacional, tras 10 años de intensas negociaciones nos damos cuenta de que la gran importancia de este instrumento jurídico internacional radica en el consenso, así como en el marco de legalidad que crea para insertar en él todos los aspectos relacionados con la infancia.

Gracias a la convención, los Estados parte, como México, saben específicamente cuál es su responsabilidad con la infancia, los derechos que deben garantizarle; cuáles son las condiciones de vida que deben proporcionar a las niñas y a los niños para su correcto desarrollo; qué papel juega la familia en este desarrollo. Además, al aceptar las obligaciones de la convención, los gobiernos nacionales se comprometen a proteger y asegurar los derechos de la infancia y aceptar que se les considere responsables en este compromiso ante la comunidad internacional.

En este sentido, también quiero aprovechar este momento para hacer un llamado a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, a fin de que analice el punto de acuerdo presentado por la suscrita para crear la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias que en la LIX Legislatura fue una realidad, y así poder estar, nosotros, en posibilidad de dar continuidad a los trabajos que en esa ocasión se desarrollaron.

Agradezco mucho la atención, compañeras y compañeros diputados. Ojalá que todas y todos tengamos dentro de nuestra agenda legislativa la niñez. El tema de la niñez no es cosa menor, es un tema transversal en el que todos y todas debemos de trabajar. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, señora diputada. En virtud de que no existen oradores para comentar el punto anterior, pasamos al siguiente punto del orden del día.

RICARDO FLORES MAGON

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Emilio Andrés Mendoza Kaplan, del Grupo Parlamentario del PRI para referirse a la efeméride con motivo del 87 aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón.

El diputado Emilio Andrés Mendoza Kaplan: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, son tiempos de cambio, somos testigos y actores privilegiados de una época que cimentará el futuro de México y tenemos que decidir cómo participar en ella: si como pasivos espectadores o como sujetos activos; como promotores de un cambio que dé lugar a un país con una economía fuerte, con un sistema que garantice el empleo, la salud, la educación y la movilidad social para todos; un país de leyes que se apliquen sin regateos, con una democracia dinámica que permita la construcción de buenos gobiernos en un ambiente de paz y concordia; un México al que otras naciones vean con respeto, sin recelo o desconfianza.

Lo contrario sería hacernos cómplices de una inercia que nos sumerge cada vez más y nos hace retroceder. Contra eso se rebeló uno de los hombres de la Revolución menos estudiado y peor comprendido: Ricardo Flores Magón.

Oaxaqueño, nació en San Antonio de Eloxochitlán el 16 de septiembre de 1874 y murió el 21 de noviembre de 1922, en una prisión en Kansas.

Desde muy pequeño se nutrió de las costumbres comunitarias de los indígenas de la Sierra Mazateca y sin duda esas costumbres fueron fuente de inspiración de su pensamiento, que devino anarquista más por la necesidad de una teoría que de fundamento político y social.

Su padre, Teodoro Flores, militar que peleó al lado de Benito Juárez y Porfirio Díaz, fue un hombre de la Reforma; liberal, de profundas convicciones, que influyó en sus hijos y les transmitió su rechazo a la injusticia y la tiranía.

En su temprana adolescencia, Ricardo fue entendiendo la condición humana y supo de lo injusto que había sido el general Díaz con los hombres que lucharon junto a él, entre ellos su padre.

Un poco mayor, avecindado en la Ciudad de México, inició estudios de jurisprudencia, que interrumpió para dedicarse de lleno al periodismo y a la Revolución.

Para 1903 era ya un conocido opositor de la dictadura porfirista y fue en ese año cuando acuñó aquella frase devastadora que aún hoy nos provoca: ``La Constitución ha muerto''. Se refería a la Constitución de 1857, promulgada 60 años antes de la que hoy nos rige, a la que, por cierto, hay que tomarle con urgencia sus signos vitales.

Poco después, exiliado en Estados Unidos, continuó con sus actividades revolucionarias. Incansable activista del Partido Liberal, leyó a los grandes pensadores anarquistas y desde el exilio alentó la lucha armada en México.

Ricardo Flores Magón fue un mexicano liberal que encontró en el anarquismo un marco explicativo, más que un anarquista que haya encontrado tierra fértil en México.

En el levantamiento de 1910, Francisco I. Madero lo invitó a unirse al Plan de San Luis, pero Flores Magón declinó. Consideraba que el programa de Madero se limitaba a un cambio de gobernantes y no planteaba una transformación verdadera. La revolución política llevaba a la desaparición del Estado y el programa de Madero no incluía ni una cosa ni la otra.

Igualmente, Zapata le llamó a sumarse a su causa, pero recibió también su negativa. No repudiaba la lucha del líder sureño, al contrario, la admiraba y defendía, pero era algo tan limitado luchar sólo por la tierra que prefirió no ligarse al Plan de Ayala. Era un asunto de principios.

Francisco Villa nunca fue de sus simpatías, lo vio como la expresión violenta del movimiento maderista; es decir, el brazo armado de los hacendados del norte, corto de miras y de una inusitada brutalidad.

La vida de Ricardo Flores Magón transcurrió entre la libertad y la cárcel, pero siempre atento a los movimientos sociales en México y el mundo. Flores Magón fue un internacionalista por su convicción de que la revolución en México no era suficiente si no se modificaba también el entorno internacional. Una de las enseñanzas de su pensamiento y de la Revolución de 1910 es que si no consideramos al mundo en nuestros cambios, el mundo no nos dejará cambiar.

Hoy no tenemos un movimiento armado en la antesala, pero existen amenazas internacionales tan reales como la crisis que vivimos. Debemos sanear nuestra relación con el exterior e impedir que los descalabros del sistema financiero internacional se conviertan en una catástrofe económica para el país, pero antes debemos sanear nuestras propias relaciones internas. Un nuevo pacto nacional es necesario. Un pacto entre los principales actores políticos para definir el rumbo con precisión y de acuerdo con las circunstancias que prevalecen en el mundo.

Ahora que celebramos la Revolución Mexicana y que está próximo a conmemorarse el centenario de esta gesta propongo recuperar la figura y el pensamiento de Ricardo Flores Magón. Si contamos con un pensamiento con tanta vigencia, esta legislatura debe apoyar la difusión de su obra. Sus ideas son patrimonio del pensamiento político mexicano; nos pertenecen a todos. Hagamos un mejor uso de ese patrimonio antes que relegarlo a alguna vitrina del museo de la historia patria.

La muerte del pensador liberal de ningún modo significó la inhumación de sus ideas; por el contrario, hoy continúan iluminando la acción política de los mexicanos.

El Partido Revolucionario Institucional se enorgullece de nutrirse de lo mejor del liberalismo de México, en especial del pensamiento social de Ricardo Flores Magón, ilustre oaxaqueño, sin más, precursor intelectual de la Revolución Mexicana. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. Se ha registrado para referirse al tema el diputado Víctor Manuel Castro Cosío, del PRD. Tiene la palabra el señor diputado.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío: Compañeras y compañeros, muy buenas tardes. Señor Presidente. Quiero hacer alusión a uno de los personajes que efectivamente son patrimonio de nuestra historia y quiero vincular su pasado histórico con una realidad que hoy mismo aquí se ha tratado.

Don Ricardo Flores Magón estaría sin duda alguna al lado de los sindicalistas hoy que están luchando por sus plenos derechos. Don Ricardo Flores Magón estaría hoy seguramente encarcelado de nuevo por aquéllos que están conculcando los derechos humanos; los que están lesionando el interés patrio y solamente podemos recurrir al nombre histórico de don Ricardo Flores Magón; estaría apenado de ver la República hoy en las condiciones en que se encuentra esta República. El ejemplo más vivo de Ricardo Flores Magón fue su valor ético, su conciencia patriótica.

Quiero recordarles, diputadas y diputados, una anécdota. Cuando estaba en la cárcel don Ricardo Flores Magón, Porfirio Díaz le envió una misiva donde condicionaba su libertad a que dejara de escribir contra el porfiriato.

Cuando su madre se enteró de esta condición mencionó algo que viene muy a cuenta hoy para la integridad de los patriotas. Dijo la señora madre de los Flores Magón que prefería verlos colgados de un árbol antes que traicionaran sus ideas y traicionaran los ideales libertarios que habían logrado como una parte esencial de la vida de los Flores Magón.

Don Ricardo no sólo escribió, no sólo fundamentó sus ideas, sino que dio ejemplo de verticalidad. Hoy traerlo a la tribuna, a Ricardo Flores Magón, significa volver a recuperar la consecuencia que tanta falta hace en la vida política nacional. Hablar de Flores Magón nos obliga a ser consecuentes, a hacer realmente de la palabra un hecho consecuente; de la otra manera solamente lo traemos a la tribuna como se trae a tanto héroe nacional, pero que en la práctica se le traiciona día a día encarcelando periodistas, despidiendo a los obreros electricistas.

Flores Magón es letra viva hoy, compañeros, si de su ejemplo hacemos realidad en la vida cotidiana, de la otra manera solamente estamos trayéndolo a recordarlo con pena. Recordemos a Flores Magón con su ejemplo y entrega revolucionaria, recordemos a Flores Magón para que nuestros hijos, los estudiantes de este país, sepan que el patrimonio de Flores Magón está vivo y que su herencia la están levantando miles y miles de mexicanos y mexicanas, que con su ejemplo están luchando por una patria nueva.

Por ellos, por Flores Magón, vale la pena traerlo a cuenta, de la otra será sólo una simulación. Por Flores Magón vale la pena seguir luchando. Gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Para referirse al tema se concede la palabra al diputado Ramón Jiménez, del PRD.

El diputado Ramón Jiménez Fuentes: Gracias, señor presidente. Referirse a Ricardo Flores Magón es referirse, sin duda, a las causas que dieron origen a la Revolución Mexicana. Tres causas fundamentales generaron esta Revolución:

Primero, el acaparamiento de tierras de manera excesiva en unas pocas manos nacionales y extranjeras. En aquél tiempo todos recordamos cuando se le preguntaba al latifundista Terrazas: ``señor Terrazas, ¿usted es de Chihuahua?'' Él respondía ``qué va; Chihuahua es mío''. En los estados de Sonora y Sinaloa, la familia Green tenía también grandes extensiones de tierra. Una característica primordial de la Revolución Mexicana fue la lucha antifeudal.

Otra segunda característica a la que Ricardo Flores Magón hizo alusión de manera sistemática y permanente fue la lucha antiimperialista. En ese tenor, en manos de las empresas trasnacionales o extranjeras se encontraba toda la industria minera, la industria ferrocarrilera, el telégrafo, el teléfono, la extracción de petróleo, la generación de energía eléctrica, todas ellas fundamentales para el desarrollo de la vida nacional.

Pero además había una circunstancia especial a la que Ricardo Flores Magón siempre se refirió. Esta circunstancia especial es que a los obreros, técnicos o ingenieros extranjeros se les pagaba más por el mismo trabajo que hacían los mexicanos. Por eso uno de los frutos del pensamiento de Ricardo Flores Magón quedó plasmado en la Constitución Política mexicana, al afirmarse en la misma que, ``a trabajo igual salario igual''.

Pero esta lucha antiimperialista, sin lugar a dudas, fue coronada en uno de sus elementos más extraordinarios por el general Lázaro Cárdenas, al decretar la expropiación de Petróleos Mexicanos y rescatar esta fuente fundamental de energía para la patria y para la nación.

También la expropiación de Ferrocarriles Nacionales de México, así como la creación de la Comisión Federal de Electricidad, la expropiación de las minas, etcétera.

También otro elemento central de la Revolución Mexicana fue que fue una revolución democrática, puesto que por más de 30 años permanecía en el poder una casta burocrática, que era Los Científicos, encabezados por Porfirio Díaz. Cada vez que había reelección la gente decía: ¿quién va a quedar? La respuesta era: los mismos y don Porfirio.

Este triple elemento de las causas que motivaron la Revolución Mexicana, es decir, la lucha antifeudal, la lucha antiimperialista y la lucha democrática, hoy están plenamente vigentes. Estamos, en honor al pensamiento de Ricardo Flores Magón, retomando diez puntos fundamentales que son los siguientes:

1. Rescatar el Estado. México es una República aparente y simulada. Hoy hay poderes constitucionales, pero en los hechos un grupo los ha confiscado todos. Una vez logrado este propósito reintegrar las riquezas y los bienes públicos que han sido entregados o concesionados ilegalmente, fundamentalmente la minería, la industria eléctrica y el petróleo, que hoy debemos luchar por él, rememorando al extraordinario héroe nacional Ricardo Flores Magón.

2. Democratizar los medios de comunicación. Es decir, es inaceptable que un pequeño grupo posea el control de la televisión y de la radio, y administre la ignorancia en función de sus intereses.

Que quede claro, no hablamos de expropiación y mucho menos de censura, sino de que el Estado cumpla el mandato constitucional de garantizar el derecho a la información.

3. Cambiar la actual política económica que no ha dado resultados. México es uno de los países del mundo con menor crecimiento en los años recientes.

4. Combatir las prácticas monopólicas que encarecen bienes y servicios. Es inaceptable que paguemos por el cemento gris 146 por ciento más que los estadunidenses; 17 por ciento más por teléfono en línea fija; 240 por ciento más por llamadas de larga distancia nacional y 256 por ciento más por electricidad residencial de alto consumo. Todo ello a pesar de que el salario mínimo en México es nueve veces menor que el de Estados Unidos.

5. Abolir los privilegios fiscales. Luis Echeverría celebró un pacto secreto con el poder económico, que consiste en conceder a los grandes empresarios y banqueros el privilegio de no pagar o de devolver impuestos.

6. Ejercer la política como imperativo ético y llevar a la práctica la austeridad republicana. Hoy la política es sinónimo de engaño, arreglos copulares y corrupción.

7. Fortalecer al sector energético para detener la terrible crisis que se avecina por la caída de la producción petrolera y la salida de divisas para comprar gasolina y otros derivados en el extranjero.

8. Alcanzar la soberanía alimentaria, ya que desde 1983...

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Le suplicamos sea breve, señor diputado.

El diputado Ramón Jiménez Fuentes: ... se optó absurdamente por comprar en el exterior los alimentos que consumimos. Este año se destinará para ello 16 mil millones de dólares.

9. Establecer el Estado de bienestar. Hay que proteger a los pobres ante la desigualdad social. Debe garantizarse el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la alimentación y a la vivienda.

10. Promover una nueva corriente de pensamiento, sustentada en la cultura de nuestro pueblo, añadiendo valores como tolerancia, solidaridad y la protección del ambiente. Impedir el predominio del dinero, el engaño y la corrupción.

De llevar a la práctica estos 10 pensamientos que planteó el presidente legítimo de México el 22 de noviembre, en el Zócalo, estaremos honrando el pensamiento de Ricardo Flores Magón.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Para referirse al mismo tema se concede la palabra al señor diputado Jaime Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, señor presidente. Señoras diputadas, señores diputados. Es evidente, como aquí se ha dicho por los que me antecedieron en el uso de la palabra, que existe la vigencia, que hay una vigencia evidente de la lucha y del legado de los hermanos Flores Magón. Esa lucha libertaria a favor de la democracia y en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, a favor de la recuperación del patrimonio nacional, en pos del logro de la soberanía y de la independencia de México, es una lucha que está viva hoy en nuestro país.

Los momentos históricos que vivieron los Flores Magón durante la dictadura de Porfirio Díaz son en muchos sentidos similares a los que hoy vive nuestro país, a los que enfrenta la República. Tenemos una situación terriblemente injusta de desigualdad social, de inequidad. Los derechos económicos, sociales y culturales no son una realidad en México. Es más, durante este gobierno se ha incrementado en millones de personas el número de pobres.

Las instituciones de nuestro país tienen profundo déficit democrático, carencias democráticas que desvinculan al gobernante con el gobernado. En nuestro país no se respeta la Constitución, no hay supremacía de la norma suprema. Tampoco existen, como lo comprobamos hace algunos días, instrumentos para que las minorías parlamentarias defiendan adecuadamente los derechos de los trabajadores o los principios constitucionales. No hay suficientes mecanismos de defensa de la Constitución.

Los organismos internacionales que miden la corrupción en el mundo nos han reprobado. Tenemos una calificación nada honrosa de 3.3 como país. No hay instrumentos anticorrupción.

Estamos por tomar en esta Cámara una decisión fundamental para designar, para elegir al nuevo auditor superior de la federación. Espero que esta decisión, los grupos mayoritarios que integran la Cámara baja, la tomen con responsabilidad y se elija a una persona independiente tanto del PAN y del PRI, y de los demás partidos, y de cualquier tipo de interés.

En nuestro país los ciudadanos siguen sin tener participación activa en las decisiones públicas; no existen vías jurídicas a nivel federal para poder participar en los asuntos públicos.

Diputados de distintos partidos hemos presentado aquí iniciativas inútilmente, a favor de la iniciativa legislativa ciudadana, de la revocación del mandato, del presupuesto participativo, de la acción ciudadana de inconstitucionalidad y de las acciones colectivas para proteger intereses difusos y colectivos.

Lo más grave, lo que ya se señaló aquí: cómo la existencia de los poderes fácticos que han sustituido el poder del partido hegemónico hoy en día controlan y secuestran a las instituciones del país. Cómo los medios de comunicación electrónica tienen influencia en esta Cámara, en el Senado de la República, en el gobierno federal, en el Poder Judicial, en los gobiernos de los estados. Cómo unos cuantos monopolios se distribuyen la riqueza de México. Cómo los intereses transnacionales de las empresas de la energía eléctrica, de las empresas petroleras están como buitres esperando la oportunidad para apoderarse de los recursos naturales del subsuelo; los recursos que son parte del patrimonio nacional.

Por tanto, este recordatorio a la lucha, a la efeméride de los hermanos Flores Magón, es totalmente vigente. Y en nuestro país, en la clase política, desgraciadamente hacen falta luchadores como los hermanos Flores Magón. De esos luchadores necesita la patria, en pos de la democracia, en pos de la defensa de la soberanía y de la defensa de los recursos naturales.

Muchas gracias, compañeros, por su atención. ¡Vivan los hermanos Flores Magón!

DIA MUNDIAL PARA LA ABOLICION DE LA ESCLAVITUD

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Tiene la palabra el señor diputado Gustavo González Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Gustavo González Hernández: Con su permiso, señor presidente y muchas gracias a los compañeros diputados que todavía nos acompañan en esta sesión.

Hay tres razones por las cuales yo pedí que se anotara la conmemoración del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. La primera es una razón nacional y para los diputados de Jalisco es una razón regional, porque es precisamente en Guadalajara donde el padre de la patria, Miguel Hidalgo, decreta la abolición de la esclavitud en los siguientes términos.

Primero. Que todos los dueños de los esclavos deberán darles libertad dentro del término de 10 días, so pena de muerte, la que se les aplicará por transgresión a este artículo.

Segundo. Que cese para lo sucesivo la contribución de tributo respecto de las castas que lo pagaban y toda exacción que a los indios se les exija.

La segunda razón es una razón internacional, como todos debemos saber: el 2 de diciembre se conmemora el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.

Y fue precisamente el 2 de diciembre de 1949, mediante la resolución 317 que la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó el Convenio para la Supresión de la Trata de Personas y de la Explotación y de la Prostitución de Terceros.

Posteriormente, en 1996, la misma Organización de las Naciones Unidas decidió extender los alcances del convenio a toda forma de esclavitud moderna.

¿Pero cuáles son las formas modernas de esclavitud? Existen ciertos criterios para determinarla; uno de ellos es cuando una persona es obligada a trabajar a través de coerción física o psicológica. Otra es cuando se considera a la persona propiedad o es controlada por un patrón, generalmente a través de violencia o amenazas físicas o psicológicas. Otra es el que sea tratado como cosa, deshumanizado, o como un bien mueble cualquiera.

Pero la tercera razón para mí es la más importante. Es una razón partidista, porque es precisamente el Partido Acción Nacional, que tiene como principio fundamental y fundante el reconocimiento de la dignidad de la persona humana. Es fundante porque en 1939, hace 70 años, Acción Nacional nació a la luz, aprobando en su asamblea, dentro de sus principios de doctrina y afirmando con energía: el ser humano es persona con cuerpo material y alma espiritual, con inteligencia y voluntad libre, con responsabilidad sobre sus propias acciones y con derechos universales inviolables e inalienables.

Por su dignidad, los hombres no deben ser reducidos a la categoría de mero instrumento de personas, grupos o instituciones privadas o públicas.

Y es también un principio fundamental para nuestro partido, porque a partir de esta idea se articulan todos y cada uno de los principios restantes por los cuales los diputados de Acción Nacional estamos luchando.

Es por eso, pues, que propuse esta conmemoración y espero que todas las fracciones nos unamos en una sola voz para conmemorar y rechazar cualquier forma de esclavitud moderna. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Felipe Solís Acero

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, a usted, diputado González Hernández. Para referirse a este mismo tema, tiene la palabra la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, con el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud que se celebró ayer, 2 de diciembre, se recuerda la fecha en que la asamblea general de las Naciones Unidas aprobó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena.

No es un día especialmente para festejar; es un día en que la humanidad debe reconocer que la esclavitud es un problema que subsiste en todo el mundo y México no es la excepción, ya que en territorio mexicano existen trabajos que por las condiciones en que se realizan se asemejan a la servidumbre, además de las nuevas formas de esclavitud que cada día crecen y se convierten en el negocio más lucrativo del planeta, como el delito de trata de personas.

Las personas con mayor riesgo de convertirse en esclavas o víctimas de trata son las que se encuentran en situaciones de extrema pobreza o que han sufrido algún tipo de violencia, y ésta es una problemática que recae principalmente en las mujeres, niñas, niños y adolescentes, que sirven para abastecer redes de explotación laboral, sexual y redes de prostitución ajena, de trabajo doméstico o agrícola no remunerado. Todas éstas como nuevas formas de esclavitud.

Es necesario que el Estado mexicano garantice el cumplimiento del principio constitucional, que prohíbe cualquier forma de esclavitud en el territorio nacional.

Es necesario que se dé cumplimiento íntegro a los instrumentos internacionales de derechos humanos que ha firmado y ratificado nuestro país y que prohíben la trata de personas, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Entre estos documentos destacan: la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud; la Convención sobre los Derechos del Niño; el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Además, el Estado debe tomar medidas urgentes para proteger a las víctimas de trata de personas, medidas tendentes a proteger su identidad e informarlas sobre sus derechos para su recuperación física y psicológica, incluso generar oportunidades de empleo, brindar alojamientos y acceso a la justicia y a la reparación del daño, reconociendo las necesidades especiales de las víctimas de trata, con fines de explotación sexual, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Es necesario establecer medidas que incentiven la denuncia de las víctimas, tendentes a evitar que se les confunda o que se les juzgue como parte de la delincuencia organizada o por delitos de migración, que se les brinde protección y, de ser necesario, asilo, preparando a los funcionarios de migración con el fin de que puedan distinguir a una víctima de trata de persona, de un migrante.

La trata de personas se caracteriza por la coacción, el uso de la fuerza, el engaño, que tiene como fin la explotación del cuerpo de las personas y se equipara a la esclavitud. Los daños causados sobre las víctimas son impensables y se asimilan a las peores formas de tortura; sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil han manifestado la dificultad de que se sancione a los tratantes, miembros de redes de delincuencia organizada.

Esto a pesar de contar con una Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas desde 2007 y según el diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México.

La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) reporta que durante 2008 se iniciaron únicamente 24 averiguaciones previas por el delito de trata de personas, de las cuales, únicamente, se consignó el incongruente número de dos en todo el territorio nacional.

En este día es necesario recordar el trabajo pendiente que tenemos todas y todos los legisladores, tanto en el ámbito federal como en el local. Debemos trabajar para construir legislaciones eficaces que desincentiven la trata de personas en México y demás formas de esclavitud y que incluyan mecanismos de sanción a los funcionarios públicos que impidan el acceso a la justicia de las víctimas, por cualquier medio.

Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias compañeros y compañeras.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputada Camacho. Se concede el uso de la palabra al diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para referirse a este mismo tema.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Compañeros diputados y compañeras diputadas, el tema que ha sido presentado aquí es un tema de la mayor importancia.

Celebrar la lucha contra la esclavitud, la desaparición de esta forma de explotación es muy importante; no quiero dejar de señalar mi coincidencia con los dos diputados del Partido Acción Nacional que me han antecedido en la palabra. Han hecho intervenciones que ningún demócrata, ningún libertario podía rechazar.

Creo que el problema está en los hechos, en la manera en que combatimos no sólo la esclavitud y esta preocupación muy recurrente ---por cierto, me llama la atención en Acción Nacional--- sobre la explotación en el campo sexual; pero está la explotación en todos los campos de la vida pública nacional.

Hay un documental, ya lo he comentado aquí, Los herederos, que muestra la dureza del trabajo de niños de cinco o seis años trabajando como el que más, en condiciones brutales de trabajo, sin garantía de ningún tipo.

Podríamos recorrer prácticamente todas las áreas: mineros, metalúrgicos, obreros, desempleados, subempleados... Tenemos 11 millones en la miseria. Once millones de personas que están absolutamente lumpenizados, bajo diversas formas de explotación que la verdad es que han sido generadas por quien gobierna este país.

Ha sido la continuación de una política económica neoliberal la que ha generado 60 millones de pobres y 40 millones en extrema pobreza. Entonces, ¿cómo ligar el discurso con la acción política? Porque en esto coincidiríamos plenamente con los diputados de Acción Nacional.

Si hubiera consecuencia en lo que aquí se plantea en la tribuna, no tendríamos diferencia alguna en la acción política, en la acción de políticas económicas, en la acción de políticas públicas. El problema es la simulación; que conmemoramos héroes patrios, conmemoramos causas, conmemoramos fechas, pero en la realidad se hacen cosas totalmente diferentes a las que se dicen.

Sólo pondré una muestra que es una joya de lo que pasa en el país. La señora Margarita Zavala, de amplia militancia panista, dijo a las mujeres del Sindicato Mexicano de Electricistas que si los niños de la calle sobreviven en una, por cierto, brutal forma de explotación que se vive en este país, por qué no podrán sobrevivir los hijos de los electricistas, lanzados a la calle por un decreto no solamente inconstitucional, sino inhumano.

¿Cómo puede alguien que se plantee la lucha contra la esclavitud y contra las formas de explotación diversas que hay en el país, soltar semejante consideración? Me parece que hay una grave contradicción.

Por esto yo planteo, hago mío el llamado que hizo nuestro compañero diputado, a que todos los grupos parlamentarios coincidamos en los hechos, en crear políticas que modifiquen de raíz una República simulada y las diversas formas brutales de explotación que hoy sufre la inmensa mayoría de los mexicanos.

Me parece que si, reitero, se hace un compromiso en ese sentido, ahora sí que como se dice popularmente, otro gallo nos cantaría, pero como tampoco soy cándido, sé que son sólo palabras, son sólo discursos y mañana seguirán los trabajadores del SME en la calle y los mineros de Cananea con más de dos años en huelga y las explotaciones brutales que sufren y viven la inmensa mayoría de nuestros connacionales.

Qué lástima que sólo podamos ya, por primera vez en estas varias semanas de trabajo, coincidir en un punto, en un punto de fondo, en argumentos muy serios, pero que en los hechos sólo seamos los diputados demócratas, progresistas, comprometidos con el pueblo, los que votamos contra los impuestos, los que votamos en contra de que se repartieran el presupuesto, que sólo seamos ésos los que verdaderamente estemos luchando contra estas formas de explotación, llámeseles como se les llame.

Y ojalá podamos al final de esta legislatura, efectivamente, coincidir en que en los hechos luchemos contra todas estas formas de explotación del hombre por el hombre, que sumen en la desesperanza y la miseria a la mayoría de la población.

Muchas gracias, compañeros diputados y compañeras diputadas.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputado Fernández Noroña. Para referirse a este mismo tema, tiene la palabra el diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado José Manuel Agüero Tovar: Con su venia, señor presidente. Déjenme comentarles, compañeros, que en 1996 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que el 2 de diciembre sería el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, esto para conmemorar que en esta fecha, pero de 1949, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena.

En México, el 6 de diciembre de 1810, don Miguel Hidalgo y Costilla abolió la esclavitud mediante un decreto conciso y directo que reza que todos los dueños de esclavos deberán darles libertad, dentro del término de 10 días, so pena de muerte, la que se le aplicará por trasgresión de este artículo.

Llama la atención que no hace mucho tiempo, 1996 apenas, se haya decidido hacer memoria anualmente de un problema que parecía prácticamente erradicado, como es la esclavitud, y es que la prohibición legal de la esclavitud sólo ha sofisticado sus formas y es aún practicada, desgraciadamente, hasta hoy.

Como comentario. En junio dio la vuelta al mundo que en China liberaron a más de 450 esclavos, y lo sorprendente y triste es que de esos 450, la mayoría eran niños, quienes trabajaban más de 12 horas continuas, desde luego en las peores condiciones de salud, alimentación y hacinamiento.

Algunas investigaciones mencionan que el precio comercial de un esclavo en China es de alrededor de 45 euros. Repito, el precio comercial de un esclavo en China es aproximadamente de 45 euros, y peor aún, hay cifras que indican que en África se puede adquirir un niño por solamente 14 dólares, y eso en subasta, oferta. Tristemente ésta es la realidad.

Lo grave es que ése no es un problema que sólo abarque otras latitudes, los mexicanos, que forman parte de los más de 150 millones de migrantes de todo el mundo, son un foco de atención.

A sabiendas de su estado migratorio ilegal, miles de mexicanos del otro lado de la frontera son tratados como esclavos y olvidados por las leyes estadunidenses y de momento inalcanzables por las leyes mexicanas.

Pero la esclavitud desgraciadamente no sólo está ---insisto--- en otros países. En México los inmigrantes, en sus travesías para cruzar al otro lado de nuestra frontera también son tratados de maneras miserables y condenadas a la esclavitud. Estamos hablando a más de 200 años de su prohibición.

El problema no termina aquí, la trata de personas ha sido llamada por muchos como la esclavitud del siglo XXI. En 2007 la Organización de Estados Americanos y la Organización para las Migraciones llamaron la atención a México ---este es un dato muy interesante--- tras un estudio de caso en el que se determinó que en la región del Soconusco, en Chiapas, hay al menos nueve puntos donde se ejerce la trata.

En Tapachula prevalecen condiciones de alto riesgo, pues hay cinco expendios de bebidas alcohólicas por cada escuela. Repito: cinco expendios de bebidas alcohólicas por cada escuela y en cada uno se explota a niños de entre 8 y 14 años, adolescentes y mujeres, por lo que se calcula en cerca de 21 mil las víctimas.

Como pueden notar, compañeros legisladores, es un tema muy, muy importante. Lejos de ser un problema superado, la esclavitud es un problema tristemente vigente.

Desde el Grupo Parlamentario del PRI estamos conscientes de ello y queremos resolverlo de fondo; sí, con medidas que persigan a los infames delincuentes, miembros de las redes internacionales de tráfico de personas; pero también creando condiciones económicas que eviten a toda costa que algún mexicano, por necesidad, caiga en las garras del comercio de personas.

Que esta fecha nos sirva a todos para recordarnos que la esclavitud aún ronda entre nosotros; aún ronda entre los mexicanos.

Los 10 días que propuso Miguel Hidalgo, en los que todos los dueños de esclavos deberían darles libertad, se han extendido ya demasiado tiempo. Es momento, compañeros legisladores, de que ese periodo al fin termine. Que por fin llegue a su fin. Ojalá que pronto el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud sea sólo un recuerdo anacrónico de lo que el mundo era; y los invito, porque de todos nosotros depende. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Agüero.

CARLOS MARIA ABASCAL CARRANZA

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: El último tema inscrito en este apartado de la agenda política se refiere al aniversario luctuoso del doctor Carlos Abascal Carranza. Para hacer la presentación de este asunto tiene la palabra el diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. El 2 de diciembre de 2008, a los 59 años, dejó esta vida Carlos María Abascal Carranza, después de una dolorosa enfermedad enfrentada con gallardía, con actividad fecunda hasta los últimos momentos. Confortado con el amor de sus seres queridos, Carlos llegó a su meta en esta vida.

Carlos Abascal Carranza fue un hombre plenamente comprometido con el ser humano, con la dignidad de la persona, con el bien común. Su trayectoria gubernamental fue ejemplo de congruencia, de tolerancia, de diálogo y de entendimiento.

Es así que en su memoria, en este aniversario luctuoso, bien vale recordar algunos de los legados tangibles que nos dejó Carlos Abascal como servidor público.

Secretario del Trabajo y Previsión Social, después secretario de Gobernación, cargos que asumió con entrega, compromiso pleno y con esa peculiar vocación de servicio que resulta ejemplar.

Desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en donde tuve el privilegio de trabajar con él, Carlos Abascal promovió una nueva visión de las relaciones laborales que concretó en tres realizaciones: la nueva cultura laboral, la primera; el consejo para el diálogo con los sectores productivos, la segunda; y logró la concreción de una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, la tercera. Me referiré a estos tres temas que siguen teniendo una vigencia plena en estos momentos.

I. La nueva cultura laboral

Desde 1995, cuando la crisis económica del sexenio de Ernesto Zedillo ponía en peligro el desarrollo de México, Fidel Velázquez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, y Carlos Abascal, entonces dirigente de la Coparmex, intentaron poner fin a ese antagonismo histórico de lucha de clases e iniciar una etapa de colaboración, basada en nuevos valores y nuevas actitudes en el mundo del trabajo.

Para tal fin, Fidel Velázquez y Carlos Abascal se reunieron para firmar el documento denominado Por una nueva cultura laboral, en el que textualmente se menciona:

Considerando la difícil situación por la que pasa nuestro país, basándonos en nuestra convicción de que las crisis solamente se pueden superar si permanecemos unidos trabajando por el bien común, la nueva cultura laboral es un cambio positivo de mentalidad en las relaciones del trabajo que tiene el objeto de revindicar el valor del trabajo y la dignidad de las personas que lo realizan, superando la visión reduccionista que considera al trabajo y, en muchos casos, a las personas que lo realizan, como un insumo, como una mercancía, como algo material, y trascendiendo por completo la visión de antagonismo, de lucha de trabajadores y empresarios.

La nueva cultura laboral sublima la dignidad de la persona y considera que es ésta el fundamento que determina el valor del trabajo. Con una nueva cultura laboral se busca erradicar algunos vicios que todavía se viven en el mundo del trabajo, tratando de construir una nueva relación entre trabajadores, empresarios y gobierno, una cultura de unidad de esfuerzos y no de lucha de clases.

Para la nueva cultura laboral, el trabajo contribuye a la rea-lización personal y debe valorarse mediante el salario justo, tomando en cuenta la situación del trabajador y de su familia, así como las posibilidades de la empresa y las condiciones económicas del país.

La nueva cultura laboral busca mejores condiciones de vida para los trabajadores mexicanos a través de una mayor y mejor capacitación que les permita ser más productivos y participar más activamente en su empresa, para que las ganancias generadas se traduzcan en salarios más justos y en condiciones laborales más dignas hacia un México más competitivo.

Son ocho los objetivos centrales de la nueva cultura laboral:

1. Fomentar la revaloración del trabajo otorgándole la dignidad que le corresponde. No es un castigo, no es una maldición; el trabajo es una forma de contribuir al desarrollo de nuestras familias y del país.

2. Propiciar niveles de remuneración justos y equitativos.

3. Impulsar la capacitación de los trabajadores y empresarios. Los empleadores conscientes han descubierto que la mejor inversión que pueden hacer es en las personas, en la capacitación.

4. Favorecer el cuidado del ambiente y la aplicación integral de las disposiciones relativas a la seguridad de higiene.

5. Estimular la creación de empleos y la preservación de los existentes.

6. Consolidar el diálogo y la concertación como los métodos idóneos para que las relaciones obrero-patronales se desarrollen en un clima de armonía.

7. Promover el pleno cumplimiento de los derechos constitucionales, legales y contractuales de carácter laboral.

8. Reconocer la importancia de dirimir las controversias ante los órganos jurisdiccionales encargados de impartir la justicia laboral.

Sigue siendo un reto crear una nueva cultura laboral en México fundada en el respeto a la persona y a su plena rea-lización, para que nos acerquemos al objetivo que consiste en un mundo laboral más justo, más digno y, por ende, más competitivo en la globalización.

II. El consejo para el diálogo con los sectores productivos

Otra concreción de gran trascendencia de Carlos Abascal fue este consejo, que es un organismo de diálogo social reconocido por la Asociación Internacional de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Similares.

En los considerandos del Acuerdo que crea el Consejo para el Diálogo con los Sectores Productivos se reconoce:

Que México vive hoy una situación económica caracterizada por la globalización de la economía, lo que implica una mayor competencia para producir y vender bienes y servicios, lo que sólo se logra con la concurrencia armónica del gobierno, los factores de la producción y la sociedad.

Que frente a estas nuevas realidades económicas resulta inaplazable transitar a una nueva cultura laboral, que partiendo del reconocimiento de la dignidad de la persona y, por tanto, del trabajo como actividad que permite no sólo la satisfacción de las necesidades materiales del ser humano, sino también como un instrumento de dignificación de su existencia.

Que logre una mejor distribución de la riqueza mediante niveles salariales verdaderamente remuneradores.

Que impulse y promueva la capacitación para la productividad, la prevención de accidentes, la seguridad de higiene en los centros de trabajo, a la vez que profundice la conciencia de la sociedad, la impostergable necesidad de la conservación de nuestros recursos naturales, el cuidado de la ecología en su conjunto.

Pero también una cultura laboral que se funde en el diálogo, la concertación y los entendimientos entre las autoridades, trabajadores y empresarios. Señor presidente, le solicito me permita terminar mi intervención, me conceda usted unos cuantos minutos más.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Con mucho gusto, señor diputado. Continúe usted.

El diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Pero también una cultura laboral que se funda en el diálogo, la concertación y los entendimientos entre autoridades, trabajadores y empresarios, como las únicas vías para la solución de diferencias y el desarrollo sostenido en los centros de trabajo: la reforma a la Ley Federal del Trabajo.

Los esfuerzos que se realizaron en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social inspirados por la nueva cultura laboral, y animados por los encuentros del Consejo para el Diálogo con los Sectores Productivos, lograron que en colaboración con los empresarios y los trabajadores, diputados del PRI, del PAN y del Verde, de la LVIII Legislatura presentaran una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Trabajo, con la intención de mejorar el entendimiento entre trabajadores y empleadores, impulsar y eficientar la capacitación, aumentar la productividad, mejorar los salarios y flexibilizar las condiciones de trabajo, a fin de ofrecer más y mejores empleos, así como para promover la celeridad, la claridad y la transparencia.

Los diputados de esta legislatura, de esta LXI Legislatura, tenemos la invitación y el reto para darle a México una Ley Federal del Trabajo mejorada, que se adapte a la eminente necesidad de promover el empleo, de aumentar las posibilidades de contratación, de multiplicar las unidades productivas y darle al mundo del trabajo un dinamismo como nunca antes se ha visto en este país.

Amigas diputadas y amigos diputados, el mejor homenaje que podemos darle a Carlos Abascal será sobre todo seguir su ejemplo. Rescatar su legado es el verdadero honor que se le puede otorgar a un gran político que tuvo siempre en la mira a su México.

Carlos Abascal solía decir que el político tiene como misión la construcción del bien común y de la realidad temporal. Me parece evidente que en su vida como dirigente, como servidor público, expresión que él prefería a la de funcionario público, Carlos cumplió adecuada y honrosamente esa meta: construir el bien común y la realidad temporal. Carlos supo plasmar en acciones de gobierno, en instituciones, en el pensamiento político su fe, su amor a Dios y al prójimo, y su amor a la patria de manera fecunda.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, muchos de nosotros conocimos personalmente a Carlos Abascal, y creo que casi todos lo conocieron por su actuación a lo largo de su vida.

Yo sé que no siempre hubo completa coincidencia en ideas y planteamientos, pero nadie puede dudar de la bonhomía, de la integridad, de la congruencia, de la capacidad de Carlos Abascal, para generar consensos por el bien de México.

Carlos, a un año de tu regreso a la casa del Padre, te recordamos con respeto y con cariño. Muchas gracias.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias a usted, diputado Salazar Sáenz. Para referirse a este tema se han inscrito los diputados Castro Cosío y Fernández Noroña. En consecuencia tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Castro Cosío, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío: Muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros, yo quisiera reconocer el esfuerzo del compañero que me antecedió en la tribuna por enaltecer a uno de sus quizás amigos, o no sé colaboradores mutuos de un gobierno, que en sus intervenciones persiste en romper la columna vertebral del Estado laico.

Y creo que sí deberíamos ser muy respetuosos de este recinto, porque al rato, creo que vamos a enaltecer a figuras del gobierno, de sexenios... Y con todo respeto, hay mucha controversia en ese legado, donde tenemos millones de desempleados.

No puedo entender cómo se pueda hablar aquí de una cultura laboral mientras se despide, mientras se desemplea. No, no lo entiendo.

Estoy de acuerdo en que se recuerde a los amigos en el lugar donde sea, pero en este recinto, cada vez que fallezca alguien del sexenio, me parece inoportuno. Porque a contrahistoria no hay más que elementos que podríamos aquí incluso debatir, pero por respeto a la persona que murió no voy a hacerlo.

Pero sí voy a contradecir sus dichos aquí porque no se le ha aportado nada a una cultura laboral. Persisten los viejos vicios de dominio: sindicatos blancos, sindicatos que no defienden a los trabajadores; se da manga ancha a unos y a otros.

El día de mañana vendrá alguien y dirá: ``Lozano es un prohombre de este país''. Creo que no, ningún partido, ningún gobierno debiera hacer esto que hoy está haciéndose aquí.

A un año de la muerte de una persona, ni siquiera la historia nacional en lo más reciente podrá recoger algo que valga la pena en términos trascendentales para la nación.

Repito, por respeto a la persona, pero yo no podría guardar silencio frente a una realidad, terrible realidad de desempleo, de abuso de autoridad, de abandono de lo fundamental de una política laboral que cada vez está en crisis, poniéndonos a todos en una condición de debilidad.

Por eso yo respeto mucho. Él vivió en nuestra tierra, en Baja California Sur, y hay respeto. Pero de eso a lo otro, deja mucho que decir.

Los invito, compañeras diputadas y compañeros diputados, a que confrontemos la realidad nacional con lo que se viene a decir aquí en la tribuna, porque si no, creamos prohombres y prohombres en burbujas que terminan por reventarse a la primera crítica.

Cuán distinto es hablar de la personalidad y del legado que dejó Flores Magón, que tiene más de 100 años, que ha sido a contra todo; aquí está en letras de oro.

Al rato nos van a traer que pongamos con letras de oro a Lozano. Creo que no es eso. Aquí hay que respetar. No sé, a los que se te ocurran; a los que se te ocurran, porque así parecen ocurrencias. De veras, es faltarle al respeto a los muertos. Son ocurrencias.

Respetemos a todos. Yo no he propuesto nada; simplemente me parece desproporcionado lo que se ha dicho de la cultura laboral aquí, porque es un engaño más a la nación. No mientan más.

¿Cuál progreso, cuál avance, cuál salario justo? Venga usted y esfuércese en hacernos entender. Entiendan a los trabajadores del país que con un salario de hambre que han puesto no alcanza para lo fundamental. Es muy cómodo estar ahí, es muy cómodo y desproporcionadamente inmoral recibir los salarios de la alta burocracia, mientras hay salarios de hambre para los trabajadores. Eso es. Los salarios de la alta burocracia, los nuestros, he dicho. Aquí propusimos: recortémonos los salarios. Así dijimos.

Creo, compañeros, que provocaciones hay muchas, muchas. Solamente estoy diciendo algo que la gente sabe abajo, en todas partes. El campo destruido. ¿Cuál cultura laboral en el campo?

Compañeros, aquí han dicho cómo son explotados los niños en el campo; aquí, hace apenas unos minutos, y hoy se ensalza que tenemos muy bien a este país. No nos mintamos más, hombre, abordemos esto con la profunda responsabilidad que tenemos para cambiar esta nación en beneficio de la mayoría de la población. Eso es lo que debemos de hacer.

No nos engañemos con falsedades que caen por su propio peso. Allá afuera la realidad es terrible para la gente, y los que nos están viendo lo saben. Vean ustedes las colonias, los barrios donde vive la gente humilde que labora en las fábricas y recibe un salario mínimo que no le alcanza para lo más indispensable; ésa es la realidad. Lo otro es discurso. Muchas gracias.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputado Castro Cosío. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Compañeros diputados y compañeras diputadas. Cuando vi que el diputado Salazar incluyó este punto dije: ``Híjole, voy a tener que intervenir''. Y no quisiera; pero ¿cómo dejarlo pasar? Y luego, si alguna duda tenía, cuando escuché su intervención dije: ``Qué remedio. Tengo que hacerlo''.

Tengo que hacerlo, primero, porque no comparto la visión judeocristiana de que la muerte empareja, y a partir de que se muere, todo mundo es buenísimo, santo y todas estas cosas. La verdad es que yo, cuando me muera, prefiero que digan lo que dicen de mí y no que anden diciendo que yo era muy buena persona.

Además, quiero plantear que nosotros estamos agraviados por Abascal. Fue secretario de Gobernación del gobierno de Fox, que nos robó la Presidencia de la República. Él fue testigo cuando el dirigente del Partido Verde le dijo ahí, a Abascal, que Fox le había pedido que apoyara a Calderón. El Verde se sostuvo, se abrió una denuncia, fue muy fuerte el asunto y Abascal no hizo absolutamente nada.

Pero voy más lejos. Aquí se hacen invocaciones a Dios, que yo sostengo que no existe, y francamente que cada quien crea lo que quiera, pero que vengan aquí a casi decir misa sobre un asunto me parece totalmente incorrecto. Abascal tenía un Cristo de gran tamaño atrás de su escritorio, como secretario de Gobernación, violentando de manera brutal el Estado laico que debe privar en este país.

Las creencias personales y religiosas de cada quien son muy respetables, pero vivimos en un Estado laico, que costó una guerra y que costó la intervención de una potencia extranjera y que costó mucho trabajo restaurar la República para separar al Estado de la Iglesia en el siglo XIX.

Me parece que con todas estas cosas no podemos permitir una situación de este tipo. Qué bueno que no se les ocurrió venir aquí, también a un año del fallecimiento de Mouriño, a pontificarlo, porque eso sí hubiera sido el colmo.

El asunto de la nueva cultura laboral. La nueva cultura laboral es trabajos por honorarios, sin Seguro Social, sin salario, sin contrato colectivo, como los de la Cámara de Diputados, por cierto, como los de la limpieza, los outsourcing famosos; esa palabreja para decir que se les escamotean sus derechos a los trabajadores.

¿Cómo puede ser que en la casa del pueblo haya una compañía privada que superexplota a los trabajadores de limpieza y trabajadoras de limpieza? ¿Cómo puede ser que no haya un comedor para los trabajadores de la Cámara? ¿Cómo puede ser que estén de honorarios? ¿Cómo puede ser que no haya las garantías más elementales si ésa es la nueva cultura laboral que promovió Abascal? Porque Abascal era un empresario y tenía la visión de empresario, de explotador de los trabajadores, lo digo con todas sus letras. Entonces, de esto es de lo que estamos hablando.

Y hoy, con esa visión de la nueva cultura laboral, dicen que los trabajadores del SME tienen privilegios porque tenían un contrato colectivo. ¿Y los suyos? 150 mil pesos, la mayor parte de su salario disfrazado para no pagar impuestos; seguro privado en los mejores hospitales de este país. ¿A ésas, cómo se les llaman? ¿Prestaciones?

Cuando la gente está muriendo de hambre, cuando, sostengo, hay 11 millones de indigentes, reconocido por cifras oficiales, no por nosotros; 60 millones en la pobreza, 40 en la extrema pobreza, que literalmente están muriendo de hambre. Entonces, cómo dejar pasar un planteamiento de este tipo frente a una situación tan grave y tan lastimosa para la mayoría de los mexicanos.

Yo, por todas estas razones, pues cada quien. Yo, en lo personal, por cierto, Abascal era un tipo caballeroso, con bonhomía en el trato. Porque en política los asuntos no son personales. Yo, no me lo van a creer, pero Calderón no me da ni frío ni calor en el plano personal. Yo lo combato por lo que representa, y si renuncia, ya, a otra cosa, vámonos para adelante; porque no es un asunto personal, no es un asunto de esa naturaleza.

Y, cuando se muera, si yo intervengo en algún lugar diré lo que era: que había usurpado la Presidencia y se la había robado. Ni modo que venga a decir después: Ay, tan bueno que era. Era santo, era seráfico, era una dulzura de hombre. No, no. De veras tiene razón el compañero Víctor Castro, tenemos que irnos respetando, y la manera de respetarnos es que hablemos sin doblajes, sin simulación, con franqueza y que le digamos a las cosas, por su nombre. Y yo, pues insisto, en seguir en esa tarea en este espacio y lo ejerzo con absoluta libertad y con absoluta responsabilidad. Muchas gracias, compañeros y compañeras, diputadas y diputados.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputado Fernández Noroña. No habiendo más oradores inscritos, pido a la Secretaría continuar con el orden del día.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Estamos en efemérides no en agenda política.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: «Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año de Ejercicio.--- LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 8 de diciembre de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Felipe Solís Acero (a las 15:39 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 8 de diciembre a las 10 horas. El sistema electrónico estará abierto a partir de las 8: 30 horas.

--------------- O ---------------

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 4 horas 19 minutos
• Quórum a la apertura de sesión: 273 diputados
• Asistencia al cierre de registro: 423 diputados
• Oradores que participaron: 58
PRI 22PAN 16PRD 11PVEM 2PT 5NA 2
• Se recibieron o presentaron:
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernacióncon el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;
• 2 oficios de la Secretaría de Gobernaciónreferentes a Petróleos Mexicanos;
• 1 oficio de la Secretaría de Desarrollo Social;
• 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
• 6 iniciativas del PRI;
• 3 iniciativas del PAN;
• 4 iniciativas del PRD;
• 1 iniciativa de Nueva Alianza;
• 1 iniciativa del PRI y PRD;
• 15 proposiciones con puntos de acuerdo;
• 1 excitativa a comisiones;
• 5 efemérides.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Agüero Tovar, José Manuel (PRI) Día Mundial para la Abolición de la Esclavitud: 224
• Aguirre Maldonado, María de Jesús(PRI) Convención sobre los Derechos del Niño: 216
• Camacho Pedrero, Mirna Lucrecia(PAN) Día Mundial para la Abolición de la Esclavitud: 222
• Cárdenas Gracia, Jaime Fernando(PT) Cuenta Pública de 2007: 193
• Cárdenas Gracia, Jaime Fernando(PT) Ricardo Flores Magón: 221
• Castilla Marroquín, Agustín(PAN) Artículos 71 y 135 constitucionales: 96
• Castro Cosío, Víctor Manuel(PRD) Carlos María Abascal Carranza: 228
• Castro Cosío, Víctor Manuel(PRD) Ricardo Flores Magón: 219
• Corral Jurado, Javier(PAN) Cédula de Identidad Ciudadana: 178
• Cuevas Barrón, Gabriela(PAN) Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos: 122, 127
• De Lucas Hopkins, Ernesto (PRI) Estado de Sonora: 208
• Díaz Escárraga, Heliodoro Carlos(PRI) Red de fibra óptica: 199
• Durán Rico, Ana Estela(PRI) Estado de Jalisco: 185
• Escudero Morales, Pablo(PVEM) Cédula de Identidad Ciudadana: 182
• Fernández Noroña, José Gerardo Rodolfo(PT) Carlos María Abascal Carranza: 229
• Fernández Noroña, José Gerardo Rodolfo(PT) Día Mundial para la Abolición de la Esclavitud: 223
• González Hernández, Gustavo(PAN) Día Mundial para la Abolición de la Esclavitud: 221
• González Tostado, Janet Graciela(PRI) Ley General de Salud: 159
• Guajardo Villarreal, Mary Telma(PRD) Virus de la influenza AH1N1: 214
• Gutiérrez Cortina, Paz(PAN) Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos: 127
• Hernández Juárez, Francisco(PRD) Luz y Fuerza del Centro: 203
• Herrera Chávez, Samuel(PRD) Artículos 40, 41, 43, 71, 73, 115, 116 y 117 constitucionales: 151
• Ibarra Pedroza, Juan Enrique(PT) Estado de Jalisco: 188
• Jiménez Fuentes, Ramón(PRD) Ricardo Flores Magón: 219
• Jiménez Hernández, Blanca Estela(PRI) Programas televisivos: 176, 178
• Jiménez López, Ramón(PRD) Artículos 74, 78 y 123 constitucionales - Ley Federal del Trabajo: 136
• Jiménez López, Ramón(PRD) Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: 127
• Jiménez Merino, Francisco Alberto(PRI) Artículo 3o. constitucional - Ley General de Educación: 93
• Ledesma Romo, Laura Elena(PVEM) Frontera norte: 167
• López Aguilar, Cruz(PRI) Fomento agropecuario: 188
• López Aguilar, Cruz(PRI) Programa de Abasto Social de Leche Subsidiada: 175
• López Rabadán, Kenia(PAN) Violencia contra las mujeres: 168
• Meillón Johnston, Carlos Luis(PAN) Cuenca del Lago de Chapala: 206
• Mendoza Kaplan, Emilio Andrés(PRI) Ricardo Flores Magón: 217
• Monroy Estrada, Amador(PRI) Comisión Especial de atención a los derechos de los deudores del Infonavit: 183
• Pérez de Alva Blanco Roberto(Nueva Alianza) Programas televisivos: 178
• Pérez Reyes, María Antonieta(PAN) Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas: 163
• Quiñones Cornejo, María de la Paz(PAN) Revolución Mexicana: 215
• Rábago Castillo, José Francisco(PRI) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria - Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos - Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos - Código Penal Federal: 117
• Ramírez Hernández, Socorro Sofío(PRI) Estado de Guerrero: 193
• Ramírez Marín, Jorge Carlos(PRI) Carlos María Abascal Carranza: 230
• Ramos Montaño, Francisco(PRI) Ley General de las Personas con Discapacidad - Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa: 133
• Rangel Vargas, Felipe de Jesús(PAN) Cuenca del Lago de Chapala: 204, 206
• Rosario Morales, Florentina(PRD) Estado de Guerrero: 210
• Salazar Sáenz, Francisco Javier(PAN) Carlos María Abascal Carranza: 225
• Sánchez Gálvez, Ricardo(PAN) Programa de Abasto Social de Leche Subsidiada: 172, 175
• Santiago Ramírez, César Augusto(PRI) Cuenta Pública de 2007: 191, 193
• Saracho Navarro, Francisco(PRI) Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos: 147
• Solís Acero, Felipe(PRI) Ley del Impuesto sobre la Renta: 196
• Torre Canales, María del Pilar(Nueva Alianza) Ley del Instituto Mexicano de la Juventud: 110
• Vázquez Camacho, María Araceli(PRD) Artículos 35, 36, 41 y 89 constitucionales: 105
• Zambrano Grijalva, José de Jesús(PRD) Ley del Impuesto sobre la Renta: 196
• Zamora Jiménez, Arturo(PRI) Código Penal Federal: 100